* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 6 de febrero de 2014, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 6 de febrero de 2014 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2014.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. De decreto, para inscribir en la plaza central del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Eduardo Neri Reynoso y colocar un busto con su efigie, suscrita por los diputados Luis Alberto Villarreal García, Marcos Aguilar Vega, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Silvano Aureoles Conejo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

2. Que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, en materia de testamento agrario y enajenación de derechos parcelarios, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar la nutrición como un derecho de nuestra niñez, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, para rendir un homenaje al intérprete de la música mexicana Vicente Fernández por su trayectoria artística, suscrita por los diputados Salvador Arellano Guzmán y Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a garantizar el cumplimiento de las normas, las políticas, las actividades y los elementos técnico-administrativos vigentes para la adecuada atención de los pacientes con enfermedades lisosomales, suscrita por los diputados Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Isaías Cortés Berumen y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a difundir la información referente al proceso de adquisición de Agro Nitrogenados, SA de CV, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a promover por sus Secretarías de Salud que los centros antirrábicos sean hospitales veterinarios, a cargo del diputado José Arturo López Cándido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a ampliar la red del Sistema de Protección Social en Salud, suscrita por los diputados Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Isaías Cortés Berumen y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Gobernación de esta soberanía a incorporar en su programa de trabajo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura la organización de foros públicos para recibir propuestas y opiniones sobre la reglamentación de la reforma constitucional en materia político-electoral, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.»

INSCRIBIR EN LA PLAZA CENTRAL DEL PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LAZARO EL NOMBRE DE EDUARDO NERI REYNOSO Y COLOCAR UN BUSTO CON SU EFIGIE

«Iniciativa de decreto, para inscribir en la plaza central del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Eduardo Neri Reynoso y colocar un busto con su efigie, suscrita por los diputados Luis Alberto Villarreal García, Marcos Aguilar Vega, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Silvano Aureoles Conejo, de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD

Los suscritos, diputados Luis Alberto Villarreal García y Marcos Aguilar Vega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en los artículos 2 y 9 de los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, presentamos Iniciativa con proyecto de decreto para realizar una inscripción de honor en la plaza principal del Recinto Legislativo de San Lázaro, con el nombre de “Eduardo Neri Reynoso”, así como para colocar un busto con su efigie.

Antecedentes

En el centro del conjunto que forma el Recinto Legislativo de San Lázaro existe una plaza que une los corredores que comunican a todos los edificios de esta construcción. Desde la inauguración del llamado Palacio Legislativo de San Lázaro, el 1 de septiembre de 1981, obra de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano y David Suárez,  ha existido esta plaza central, sin que sea ubicada con algún nombre en específico, salvo la referencia que existe en el artículo 9 de en los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, donde se llama Plaza Legislativa.

Por lo anterior, con esta iniciativa se busca inscribir el nombre de Eduardo Neri Reynoso y darle este nombre al patio central del Recinto Legislativo de San Lázaro, en reconocimiento a sus méritos e instalar dentro de esta plaza un busto con su efigie. Lo anterior, con el fin de que los legisladores, trabajadores y visitantes de este Recinto conozcan y mantengan viva la memoria de quien contribuyó, a través de su obra, al engrandecimiento de este Poder Legislativo, actuando y defendiendo con honor su razón de ser.

Es preciso recordar que, Eduardo Neri Reynoso fue un destacado jurista guerrerense que a sus 26 años de edad enfrentó con pundonor y compromiso con su país, al usurpador Victoriano Huerta, desde la Tribuna de la Cámara de Diputados, con el fin de defender la libertad y dignidad del Poder Legislativo, ante los asesinatos y desapariciones de algunos legisladores.

Con la aprobación del Reglamento de la Cámara de Diputados cuya vigencia comenzó a partir del 1 de enero de 2011, se estableció la competencia para la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de emitir los Criterios que debería atenderse para las inscripciones de honor en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados. Así, el 3 de octubre de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los Criterios para las Inscripciones de Honor en la Cámara de diputados.

A partir de la vigencia de los Criterios antes señalados, legisladores de diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados han presentado iniciativas, solicitando la inscripción con “letras de Oro” en el Muro de Honor de algún personaje o algún suceso histórico. No obstante, teniendo como norma los Criterios para las Inscripciones de Honor, es un hecho real que la LXI Legislatura no alcanzó los acuerdos necesarios para realizar alguna inscripción, aun cuando diversas propuestas se referían a personajes cuyo fallecimiento había ocurrido hace más de veinte años. Asimismo, en lo que va de la presente Legislatura, tampoco se han encontrado las coincidencias entre los grupos parlamentarios para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias emita un dictamen en sentido positivo, avalando la inscripción de alguna de las propuestas presentadas por los legisladores de esta LXII Legislatura.

Con los antecedentes expuestos, se considera oportuno presentar a la consideración del Pleno de esta Cámara, una propuesta que permita encontrar el consenso necesario para realizar la primera inscripción de honor al interior del Recinto Legislativo de San Lázaro en esta Legislatura y adicionalmente, darle  nombre a la plaza central.

Argumentos

Eduardo Neri Reynoso fue un mexicano cuyos méritos cívicos y políticos no están a discusión y son incuestionables. Sin embargo, hasta hoy no se le ha dado el lugar que merece en la historia de nuestro país, especialmente por el Poder Legislativo a quien defendió decididamente.

Hoy es oportuno tomar en cuenta la vida y obra de este mexicano ejemplar:

“Nació en la población de Zumpango del Río el 13 de octubre de 1887; murió el 22 de agosto de 1973 en la Ciudad de México.

Según él mismo relataba, aprendió a leer en silabario con el maestro Miguel Aldama en una escuela que se encontraba en la calle Andrés Quintana Roo, en Chilpancingo, Guerrero. La primaria la cursó en otra escuela erigida en el lugar donde hoy se levanta el edificio del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Con la muerte de su ilustre abuelo empezaron sus penalidades, pues cesó la única ayuda que recibían él y su señora madre; en consecuencia, tuvo que trabajar como peón en una finca rústica, para no suspender sus estudios.

En la misma escuela en que cursó la primaria, terminó también la secundaria bajo la dirección, sucesivamente, de los profesores Luis E. Puig, Lamberto Popoca y Arturo Sotomayor. La preparatoria la cursó en la escuela que se encontraba en la esquina que forman las calles de Benito Juárez y Galo Soberón, en la ciudad capital, y ahí mismo inició la carrera de leyes hasta el segundo año.

Don Eduardo Neri Reynoso  se trasladó a México con el fin de terminar sus estudios; sin embargo, no pudo inscribirse en la Escuela Nacional de Jurisprudencia debido a que el plan de estudios era diferente al que se seguía en Chilpancingo. En México, se enteró que la escuela de leyes de Jalapa, Veracruz, podía admitirlo y hacia allá se dirigió. Se graduó de Licenciado en Derecho en la escuela de Jalapa el 28 de septiembre de 1910”.

Otros hechos que son dignos de destacar en su vida, y que fueron considerados para que en 1969,  la Cámara de Diputados implementara la entrega de la Medalla que lleva su nombre, a ciudadanos que por sus méritos fueran dignos de reconocimiento, son los siguientes:

a) Fue soldado del General Canuto A. Neri, en su levantamiento contra el gobierno del General Díaz.

b) Participó en el movimiento Maderista, iniciado en 1910.

c) Invitado por el General Ambrosio Figueroa, dio la bienvenida en la ciudad de Iguala, en junio de 1911, a  Don  Francisco I. Madero en su visita a Guerrero y con motivo del cual pronunció un discurso, que motivó la felicitación personal del señor Madero.

d) Como miembro del Bloque Renovador de la XXVI Legislatura, estuvo preso en la Penitenciaria durante cinco meses e incomunicado dos meses, por órdenes del gobierno Huertista.

e) Según se acredita con la copia de una carta suscrita en diciembre de 1914 por el ciudadano don Venustiano Carranza, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista lo recomendó a su hermano don Jesús Carranza para que fuera su secretario particular en reconocimiento a sus méritos y actuación revolucionarios, señalando que realizaría ‘una labor patriótica y altamente beneficiosa’.

f) El general Julián Blanco le concedió el grado de coronel por su labor revolucionaria en Oaxaca, Guerrero y Colima; grado que le fue ratificado por el general Pascual Morales y Molina; grado militar que nunca ostentó.

Con base en lo antes mencionado, en  fecha 21 de octubre de 1969, un grupo de diputados federales propuso se rindiera un homenaje por la Cámara de Diputados al señor licenciado Don Eduardo Neri Reynoso y se le entregara una medalla conmemorativa con la siguiente leyenda: `Al valor cívico y defensor de la dignidad del Poder Legislativo.

La Comisión de Estudios Legislativos, Sección de Asuntos Generales, de la Cámara de Senadores; con fecha 2 de diciembre del presente año, rindió un detallado dictamen ampliando la iniciativa original para proponer un proyecto de Decreto que incluyera también la creación de la Medalla Eduardo Neri al Mérito Cívico.

Así surgió la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913” que actualmente es el máximo reconocimiento otorgado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que se entrega cada año, al ciudadano o ciudadana que por sus méritos se haya distinguido relevantemente  sirviendo a la colectividad nacional y a la República, por sus hechos cívicos o políticos.

Es preciso rendir un homenaje, cuando se han cumplido (el 9 de octubre de 2013), cien años de aquel valeroso discurso del diputado Eduardo Neri, cuyo contenido consta en el Diario de los Debates de esa fecha y que motivó que al día siguiente, Huerta reaccionara con un golpe de Estado, disolviendo al Congreso Mexicano. Neri Reynoso y 82 diputados fueron hechos presos en la penitenciaría de la Ciudad de México.

En la determinante arenga pronunciada por el diputado Neri, entre otras cosas, dijo que no parecían hombres los que habían asesinado al Senador Belisario Domínguez, sino “chacales”, pues “no contentos con quitarle la vida devoraron sus restos”. A partir de ahí, el dictador fue nombrado con el mote de “chacal”.

La historia está hecha no de especulaciones, sino de sucesos que ocurren en la vida de un país e inevitablemente generan efectos o producen resultados. Por ello, es justo reconocer que el derrumbamiento de Victoriano Huerta se inició con el trepidante discurso del diputado Eduardo Neri Reynoso expuesto en la tribuna de la Cámara de Diputados aquel 9 de octubre de 1913, día memorable en la historia del Congreso Mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguienteIniciativa con proyecto de

Decreto para realizar una inscripción de honor en la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro, con el nombre de “Eduardo Neri Reynoso”, así como para colocar un busto con su efigie en dicha plaza que llevará su nombre:

Artículo Primero.Realícese una inscripción de honor en la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro, con el nombre de “Eduardo Neri Reynoso”.

Artículo Segundo.Ubíquese en la plaza central del Recinto Legislativo de San Lázaro, un busto con la efigie de “Eduardo Neri Reynoso”.

Artículo Tercero.La Cámara de Diputados convocará a una Sesión Solemne para realizar la inscripción referida, así como para la develación del busto, referidos en los artículos anteriores.

Artículo Cuarto.El protocolo que rija dicha Sesión solemne será definido conjuntamente por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y por la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Artículo Quinto.El presente decreto será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva deberá expedir el bando correspondiente.

Transitorios

Único: El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Decreto por el que se expiden los Criterios para las Inscripciones de Honor de la Cámara de Diputados.

2 Reglamento de la Cámara de Diputados.  Artículo 262.

3 Consulta en línea: Gobierno del Estado de Guerrero. Eduardo Neri Reynoso. http://guerrero.gob.mx/articulos/eduardo-neri-reynoso-1887-1973-2/

4 Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”. Su creación.- Subdirección de Referencia Especializada. Colección Medalla al Mérito Cívico 1ª ed. 2006. Actualización 2012. Cámara de Diputados.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de febrero de 2014— Diputados: Silvano Aureoles Conejo, Luis Alberto Villarreal García, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Marcos Aguilar Vega, Elvia María Pérez Escalante, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY AGRARIA

«Iniciativa que reforma los artículos 17, 18 y 80 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 6, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 17,18, y 80 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

México tiene una superficie de 196 millones de hectáreas, de las cuales el 51 por ciento son de núcleos agrarios.

La tierra que en México pertenece a las familias rurales de ejidos y comunidades es equivalente a todo el territorio de Venezuela, a 1.3 veces el de Chile, a 1.5 veces el de Francia, a dos veces el de España, a 10 veces el de Corea del Sur y a 47 veces el de El Salvador, de ahí su importancia.

Durante el reparto agrario, que inició en el periodo revolucionario 1915 y concluyó en 1992, fueron entregadas a los campesinos 103.5 millones de hectáreas, y a 20 años de dicho reparto, sólo el 2.5 por ciento de la propiedad de ejidos y comunidades ha adoptado el dominio pleno, es decir, transitado de la propiedad social a la privada.

Las más de 100 mil hectáreas de propiedad social están organizadas en 31 mil 785 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 442 son ejidos y 2 mil 343 son comunidades.

El estado de la república con más núcleos agrarios es Veracruz, con 3 mil 714; seguido por Chiapas con 3 mil 112; Michoacán con 1 mil 873; Oaxaca con 1 mil 563 y Guanajuato con 1 mil 559.

En los ejidos y comunidades viven alrededor de 5 millones 222 mil sujetos agrarios aproximadamente, es decir, aquellos que son titulares de derechos agrarios reconocidos sobre la tierra, y sus familias.

Es por ello la importancia que para nuestro país tiene la tenencia de la tierra, como el reparto agrario de la misma, así como todos los principios y lineamientos, que han estado contenidos en el artículo 27 Constitucional, y algunos más que siguen consagrados en nuestra Carta Magna, permiten advertir las distintas épocas que han marcado el desarrollo del campo mexicano de nuestro país.

Del artículo 27 constitucional derivaron: las propiedades particulares, que se rigen por los Códigos Civiles de cada Entidad Federativa, la propiedad de la Nación, y la propiedad social de las comunidades agrarias y de los ejidos.

El espíritu del Constituyente de 1917 consideró vital insertar en forma lo que es el Derecho Agrario, y sus principios básicos en la Carta Magna, en donde quedaran plasmados los anhelos y esperanzas de justicia social que el pueblo reclamaba, de acuerdo con los diversos ideales sociales que en ese entonces eran demandados.

Este proceso se inició con la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, emitida por el Primer Jefe Constitucionalista Venustiano Carranza en Veracruz, la cual recogió el aspecto nodal de la lucha zapatista, pues ordenó la restitución de tierras arrebatas y estipuló la dotación para aquellos pueblos que carecieran de ella.

Desde la Ley de Ejidos, emitida por Obregón en 1920, quedó establecido que el límite de la propiedad privada inafectable por el reparto agrario sería de 50 hectáreas.

A muy grandes rasgos podríamos decir que la Reforma Agraria parte desde 1915 y 1917 cubriendo la necesidad más inmediata y urgente posterior a la Revolución de 1910 que fue la del reparto agrario.

En el periodo de 1915 a 1970, se fijaron los lineamientos jurídicos fundamentales del ejido como la institución predominante del campo mexicano, tarea que ocupó una era que va desde 1915 a 1934, fecha del primer Código Agrario que subsumió dichos lineamientos dispersos; después de esa fecha, comenzó la etapa consolidada del gran reparto agrario con Lázaro Cárdenas, era que se extendió en cifras de magna consideración hasta finales del sexenio del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en 1970.

La Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 nos abrió otra etapa de la Reforma Agraria al incluir un nuevo capítulo sobre organización agraria; desde entonces, en la historia rural hasta finales del siglo XX, reciente se observó la búsqueda de las formas organizativas para campesinos; así como en 1915 se inició la búsqueda de los lineamientos jurídicos de los derechos agrarios.

Para entender el origen y la intención que en su momento tuvo la naturaleza de los ejidos se expone lo siguiente:

Cuando se expidió la llamada Ley Fraga, fue con la intención de fijar al campesino a su parcela de cultivo, asegurándole que nadie podía moverlo de ella ni despojarlo de las mejoras que hiciera, con lo anterior se pretendió fomentar el interés del campesino para mejorar los rendimientos de los cultivos e incrementar la productividad, protegiendo a la pequeña propiedad individual del acaparamiento de la tierra por monopolizadores y usureros, sin embargo esto ocurrió en el año de 1925 y desde aquellos tiempos a la fecha la realidad de los ejidatarios ha cambiado.

Asimismo Cárdenas en su primer informe de gobierno en septiembre de 1935 señaló que: “...por el hecho de solicitar ejidos, el campesino rompe su liga económica con el patón, y en esas condiciones el papel del ejido no es el producir el complemento económico de un salario... sino que el ejido, por su extensión, calidad y sistema de explotación debe bastar para la liberación económica absoluta del trabajador, creando un nuevo sistema económico-agrícola, en un todo diferente al régimen anterior... para sustituir el régimen de los asalariados del campo y liquidar el capitalismo agrario de la República”.

Sin embargo, desde el inicio de la gesta revolucionaria de la que surgió la reforma agraria, las características demográficas y económicas de nuestro país han cambiado radicalmente, por tanto necesitamos cambiar la ley agraria no porque haya fallado, sino porque tenemos hoy una diferente realidad demográfica, económica y de vida social en el campo, que la misma reforma agraria contribuyó a formar y que ahora requiere nuevas adecuaciones a las necesidades de los campesinos acorde con estos tiempos.

Debemos actualizar nuestra reforma agraria para incrementar la libertad y la autonomía de todos los campesinos en la realización de sus aspiraciones de justicia.

Con la propiedad ejidal y comunal, se buscó dar respuesta al problema agrario, cuya caracterización principal estaba en la dicotomía —producto de la Conquista y la Colonia— de individuos sin tierra, sin derechos y sin trabajo por un lado, y de grandes latifundistas por otro.

En la terminología corriente, el concepto ejido se refiere a la comunidad de campesinos que han recibido tierras de esta forma (ejidatarios) y el conjunto de tierras que les corresponden. Su patrimonio está formado por tierras de cultivo (área parcelada), otras para satisfacer necesidades colectivas (uso común) y otra más para urbanizar y poblar (fundo legal), principalmente.

Legalmente no se pueden dividir los derechos ejidales. La Ley Agraria establece en su artículo 17 que “el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación...”. El artículo 18 prevé que en aquellos casos en los que el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, si “al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales”.

Es así, que el sector agrario cuenta, con un programa destinado a que los sujetos agrarios elaboren listas de sucesión de sus derechos, en la que designan quién habrá de heredarlos a su muerte.

Esto se concibe por los ejidatarios, al igual como se expresa en la ley, como un problema que hay que frenar. Se ha aludido a la existencia de una contradicción entre la ley, los propósitos explícitos del programa de sucesión y la práctica en materia de herencia.

Entre los conflictos que los ejidatarios tienen ante la negativa del fraccionamiento de las tierras por parte de las autoridades es la siguiente;

Los conflictos que se suscitan entre hermanos por la disputa de las tierras ejidales, por óbices en lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 80 de nuestra Ley Agraria.

Se han propiciado controversias entre los hijos del ejidatario fallecido con el heredero preferente, generando conflicto entre hermanos ya que no puedan heredar en igualdad de posturas una fracción de terreno de la parcela que les dejo su fallecido padre, además de que en caso de que el heredero estuviese dispuesto a cederles una fracción de terreno de dicha parcela, no se puede por lo que mandata actualmente la ley agraria.

Contraviniendo la ley agraria incluso lo en que en materia civil se dispone en materia de alimentos, la ley agraria actual no permite que se cumpla esta obligación de los padres hacia los hijos, de tal suerte que si un ejidatario fallecido teniendo hijos menores de edad que requieran alimentos (vestido, calzado, educación, atención médica, etcétera), y designó como sucesor preferente a una persona determinada, esta no queda obligada a proporcionar alimentos al hijo menor del ejidatario o los demás hijos, es por esta razón que el orden de preferencia que establece la ley Agraria en el artículo 17 genera y seguirá generando muchos conflictos al interior de las familias mexicanas que tengan una parcela.

Es por esta razón que la presente iniciativa uno de sus objetivos es que los ejidatarios tanto jóvenes y viejos puedan dejarle a sus hijos la certeza jurídica de que todos tendrán un documento que los acredite como legítimos herederos, y a su vez ejidatarios, para dar seguridad jurídica a las familias campesinas de todos los ejidos del país, teniendo todos estos el derecho de heredar una parte del ejido.

Como sabemos actualmente la parcela es susceptible de rentarla de permutarla o venderla, pero no es susceptible de heredarla en parte iguales, ni mucho menos venderla en fracciones, no se puede heredar a varios hijos, porque los legisladores conservan el espíritu de que las parcelas son un patrimonio familiar por lo tanto no son susceptibles de fraccionarse, porque hasta la fecha persiste esta modalidad de que las parcelas son indivisibles, por ser el patrimonio de las familias campesinas, y es verdad.

Sin embargo es por ese mismo motivo, por ser un patrimonio familiar, que debe permitirse que todos puedan ostentar un la presente iniciativa uno de sus objetivos es que los ejidatarios tanto jóvenes y viejos puedan dejarle a sus hijos la certeza jurídica de que todos tendrán un documento que los acredite como legítimos herederos, y a su vez ejidatarios, para dar seguridad jurídica a las familias campesinas de todos los ejidos del país, teniendo todos estos el derecho de heredar una parte del ejido.

Como sabemos actualmente la parcela es susceptible de rentarla de permutarla o venderla, pero no es susceptible de heredarla en parte iguales, ni mucho menos venderla en fracciones, no se puede heredar a varios hijos, porque los legisladores conservan el espíritu de que las parcelas son un patrimonio familiar por lo tanto no son susceptibles de fraccionarse, porque hasta la fecha persiste esta modalidad de que las parcelas son indivisibles, por ser el patrimonio de las familias campesinas, y es verdad.

Sin embargo, es por este motivo, por ser el patrimonio familiar, que deber permitirse que todos pueden ostentar pedazo de tierra si es por herencia o por compraventa, debemos tomar en cuenta que las familias campesinas de hace 30 o 40 años atrás eran numerosas, y nadie tenía acceso a un crédito, nadie tenía un tractor, 5 hectáreas producían lo que actualmente te produce una hectárea, quizás el legislador por ese motivo pensó que la pulverización de una parcela de 10 hectáreas, no alcanzaría para el sostenimiento económico de su familia, pero actualmente las familias se compone por 2 o 3 hijos, y hay ejidos que tienen parcelas hasta de 24 hectáreas, lo suficiente para sostener hasta tres o cuatro familias de 2 o 3 hijos cada una.

Asimismo el artículo 18 de la ley agraria dispone que cuando el titular de una parcela que haya fallecido, y que no haya hecho la lista de sucesores, los derechos parcelarios se transmitirán de acuerdo a un orden preferencia, colocando en primer lugar a la cónyuge, en segundo lugar a la concubina, en tercer lugar a uno de los hijos del ejidatario fallecido y en cuarto lugar a uno de sus ascendientes, y en quinto lugar a cualquier otra persona que dependa económicamente de él. Después dispone que si resultaren dos o más personas con derecho a heredar, estos gozaran de tres meses, para decidir, quién de ellos se quedara con la parcela.

No obstante difícilmente van a poder llegar a un acuerdo, difícilmente los hijos del fallecido se pondrán de acuerdo de quien de entre ellos se quedara con la parcela, ya que todos tiene derecho a ella, este punto a con llevado a un sinfín de conflictos al interior de las familias de los ejidos de todo el país, incluso problemas de homicidios entre los hermanos o de estos con sus padres, aunado a ello el último párrafo del artículo 18 dispone, que si no se ponen de acuerdo el Tribunal Agrario, pondrá en subasta pública la parcela, y repartirá el dinero en partes iguales entre las personas con derecho a heredar, y que en caso de que haya igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia para comprar la parcela, cualquiera de los herederos.

Es entonces contradictorio a lo que se dispone en materia civil referente a la figura del testamento, porque la ley Agraria, en sus artículos 17 y 18, no permite el fraccionamiento de una parcela ejidal, para el caso de que el titular de la parcela deje testamento, o no lo deje, luego entonces porque la Ley Agraria, no permite mejor la repartición de la tierra en partes iguales, que es lo que las partes en un conflicto agrario estarían dispuestos hacer para que cada uno de ellos le tocara un pedazo de tierra, ya que no es susceptible de fraccionarse y a consecuencia de ello se tiene que recurrir a una subasta pública, para terminar al final en la repartición del dinero en partes iguales, lo más idóneo es fraccionar la parcela en partes iguales y que el Registro Agrario Nacional les expidiera los certificados parcelarios, de acuerdo a la superficie de tierra que a cada heredero le corresponda, respetándose así el principio fundamental del testamento que es la libertad que tiene el testador para disponer de todos sus bienes.

Por último en el artículo 80 de la ley, se hace alusión a la venta de la parcela ejidal, y dispone que cuando el titular desee venderla lo podrá hacer tomando en cuenta que la esposa del ejidatario y los hijos de este, tienen preferencia para comprarla y que gozaran de treinta días para ejercer dicho derecho, y que en caso de no notificarles la venta podrá ser anulada, entonces porque permitir la venta total de la parcela, si la ley permitiera vender una hectárea o dos de acuerdo a la decisión personal de cada ejidatario, los campesinos pudieran vender 2 o 3 hectáreas, pero no tendrían que quedarse totalmente desamparados vendiendo todo el terreno, que en muchas ocasiones por tratar de solventar los estudios de sus hijos venden toda la parcela pudiendo vender solamente unas cuantas hectáreas de su terreno, es aquí en donde la ley agraria debe dar protección al patrimonio familiar de los ejidatarios, a que alude la ley, y la oportunidad de continuar con su sustento de vida.

Este tipo de acontecimientos no pueden y no deben de seguir prevaleciendo en nuestra ley agraria, es necesario realizar las reformas que los pueblos ejidatarios necesitan y demandan.

Los tiempos han cambiado y no podemos seguir así, lo que antes era una protección en el patrimonio familiar de los ejidatarios del país, hoy es un problema grave en el seno de sus familias de los ejidatarios, ante tal situación nosotros como legisladores tenemos la gran tarea de realizar las reformas necesarias para solucionar estos conflictos, ya que es uno de los problemas al interior de los ejidos del país más trascedentes en nuestra actualidad, y que han propiciado infinidad de conflictos en las familias de México.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, propongo iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 17, y se derogan las fracciones I, II, III, IV, y V y el último párrafo del artículo 18, y se reforma el artículo 80, todos de la Ley Agraria, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastara que el ejidatario formule una lista de sucesores en el que consten los nombres de las personas y la forma de como quedara repartida la unidad de dotación entre los herederos designados por el ejidatario, el cual deberá hacerse la adjudicación de acuerdo al porcentaje de tierra que este haya designado para cada heredero de los derechos agrarios a su fallecimiento. A falta de disposición expresa se aplicara supletoriamente las normas del Código Civil Federal Vigente.

...

Artículo 18. Cuando el ejidatario que no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en el testamento no pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán siguiendo las normas de la sucesión legítima como lo establece el Código Civil Federal.

I. (se deroga)

II. (se deroga)

III. (se deroga)

IV. (se deroga)

V. (se deroga)

... (se deroga)

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar en todo o en partes sus derechos parcelarios, a su esposa o concubina, a sus hijos, o a otros avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de dicho acto jurídico a que se refiere este artículo bastara la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro.

El cónyuge y los hijos del ejidatario, gozaran del derecho del tanto, el cual deberán ejercer en un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducara tal derecho si no hiciere la notificación la venta podrá ser anulada.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. www.sedatu.gob.mx

2. Artís Espriu, Gloria, Minifundio y fraccionamiento de la tierra ejidal parcelada, Análisis, Estudios Agrarios.

3. Assennatto Blanco, Salvador y de León Mojarro, Pedro, Análisis, La democracia interna en el ejido.

4. Gamboa Montejano, Claudia, “Articulo 27 Constitucional” Estudio teórico doctrinal, de antecedentes, derecho comparado, e iniciativas presentadas en la LXI Legislatura, enfocados al ámbito del Derecho Agrario, 2012, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, de la Cámara de Diputados.

5. Knowlton, Robert. J, El ejido mexicano en el siglo XIX, Wisconsin-Stevens Point University.

6. Sotomayor Garza, Jesús, El nuevo derecho agrario en México, 2a. edición, México, Porrúa, 2001.

7. Zúñiga Alegría, José G., La Revolución de 1910 y el mito del ejido mexicano, Centenario de la Revolución, México, 2010.

Palacio Legislativo, Ciudad de México, DF, a 6 de junio de 2013.— Diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

«Iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, diputada federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza  en  la LXII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, y 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 6, numeral 1, 77, 78 y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se por el que se reforma la fracción IV del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con base en el siguiente

Planeamiento del Problema

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), actualmente el comercio electrónico representa uno de los instrumentos más importantes para  el crecimiento de la economía, gracias, entre otros aspectos,  al bajo costo que engloba realizarlo y la inclusión para que pequeñas empresas puede llegar a clientes de todo el mundo con sus productos e información. Según esta organización,  en el año 2012  más de 2.5 mil millones de personas en todo el mundo utilizan internet habitualmente.

Son muchas las  bondades que se ofrecen para comprar mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, no obstante y debido a la propia naturaleza de este tipo de comercio, se  ofrece también  facilidad para que se cometan fraudes y simulaciones hacia los  consumidores que de manera frecuente o no utilizamos estos medios.

Las características y las condiciones en las que se realiza el comercio electrónico conllevan necesariamente a innovar y mejorar los mecanismos para garantizar a los consumidores, aspectos como la confidencialidad del proceso de compra, la claridad  y certeza de las características de los productos. Por ello, es urgente que  mediante reformas legislativas contribuyamos a garantizar este derecho. Asimismo, debemos atender a recomendaciones internacionales para la revisión y modificación del marco legal vigente,  con la finalidad de  asegurar que el orden jurídico sea justo para los consumidores y las empresas: que facilite el comercio electrónico y  permita a los consumidores disfrutar de un nivel de protección que no sea inferior al proporcionado en otras formas de comercio.

De acuerdo con el Estudio de Comercio Electrónico en México 2012 realizado por la  Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) que mide la  magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet, determinó que el comercio electrónico en nuestro país, presenta importantes logros y oportunidades y que los    principales retos son la falta de información del historial y confiabilidad de los proveedores que utilizan estos medios para ofrecer bienes o servicios,  y en algunos casos la dificultad en  los procesos de compra,  la poca diversidad en los métodos de pago  y el bajo nivel de  confianza en el consumidor.

Argumentación

El comercio es la actividad ancestral del ser humano, que ha evolucionado de muchas maneras, pero su significado y su fin es siempre el mismo. Según el diccionario consultor de economía, el comercio es “el proceso y los mecanismos utilizados, necesarios para colocar  mercancías, que son elaboradas en las unidades de producción, en los centros de consumo en donde se aprovisionan los consumidores.

A través del tiempo, han cambiado y evolucionado las diferentes formas de hacer comercio, el contexto actual sin el uso de internet es impensable, esta condición nos ha direccionado a incorporar nuevos usos y costumbres respecto a las actividades y roles que se integran a nuestro sistema económico, entre ellos el fomento de las transacciones mediante las vías electrónicas, o lo que conocemos como comercio electrónico.

La (OCDE) define al comercio electrónico como el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información, a través de las redes de comunicación y  representa una gran variedad de posibilidades para adquirir bienes o servicios ofrecidos por proveedores en diversas partes del mundo.

Algunas de las bondades que se ofrecen por la compra en estos medios, son;  reducción de costos operativos, comodidad, aumento de la productividad, respuestas más rápidas a los mercados en desarrollo, precios competitivos, nuevos productos y a los gustos cambiantes de los clientes. Las compras en línea crecen cada vez más en nuestro país, pues de acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor, en 2011, 51 por ciento de los internautas mexicanos compraron por internet a proveedores del área metropolitana, 44 por ciento lo hicieron a proveedores en el interior de la República y un 5 por ciento compró en el extranjero.

Como podemos observar, ésta forma de hacer negocios crece y se diversifica enormemente, hoy podemos comprar desde boletos de avión, pagar tarjetas de crédito, liquidar servicios, hasta adquirir bienes y servicios con pequeñas y medias empresas. Las compras de artículos y servicios por internet pueden resultar atractivas por la facilidad para rea-lizarlas, sin embargo, es importante que los ciberconsumidores tomen precauciones para evitar ser víctimas de prácticas comerciales engañosas.

En el año 1998, el Comité de Políticas del Consumidor de la  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos  (OCDE), inició a desarrollar un conjunto de directrices generales para proteger a los consumidores que utilicen el comercio electrónico, estas directrices representan una recomendación para los gobiernos con el propósito de promover un marco y un conjunto de principios que ayuden a los gobiernos en la revisión, formulación e instrumentación de políticas y leyes necesarias para la protección del consumidor en el contexto del comercio electrónico.

Dentro de las recomendaciones de la OCDE realiza a sus miembros, es la instrumentación de las directrices de forma que alienten el desarrollo de nuevos modelos comerciales y aplicaciones tecnológicas que beneficien al consumidor, y los alienten  a tomar ventaja de todas las herramientas a su alcance para fortalecer su posición como compradores.

Los principios generales de las directrices, se refieren a la protección hacia los consumidores y recomienda a los gobiernos, las empresas, los consumidores y sus representantes, trabajar conjuntamente para el logro de un alto grado de protección y determinar los cambios que pudieran ser necesarios para abordar las características especiales del comercio electrónico. Dichas directrices establecen lineamientos específicos para la información que se debe de ofrecer del producto, la empresa, el proceso de transacción, la forma  pago y la  confidencialidad.

En este sentido, la presente iniciativa, propone generar mayor certidumbre a los consumidores que utilizan los medios electrónicos para realizar transacciones, mediante una herramienta instrumentada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para la sistematización del monitoreo constante, practico y funcional que muestre primeramente, si la empresa está dentro de este  registro de la Profeco, así también, cuente con información objetiva respecto al comportamiento comercial que ha reflejado.

En 1976 se promulgó la  Ley Federal de Protección al Consumidor, que dio origen a la   Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como la institución encargada de proteger los derechos de los consumidores, prevenir abusos y garantizar relaciones de consumo justas. México se convirtió en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia. En la actualidad la Profeco cuenta con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones, lo cual suma 51 oficinas en toda la República.

Respecto al marco jurídico, la Ley Federal  de Protección al Consumidor establece un capitulo para los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y aplica para las relaciones comerciales que se realizan por estos medios, sin embargo las atribuciones de la Procuraduría, en cuanto al comercio electrónico, son paralelas con relación a cualquier tipo de medio para la realización del comercio.

Ley Federal de Protección al Consumidor, es el principal instrumento que promueve y protege los derechos de los consumidores y ahora el de los ciberconsumidores, en el principio de procurar la equidad y certeza en las relaciones entre proveedores y consumidores. A partir de su promulgación, se le han ido incorporando elementos con el objetivo de eficientar su cumplimiento, principalmente, en el sentido de garantizar seguridad jurídica en las relaciones de consumo. Recientemente se modificó esta ley, con el objetivo de mandatar la creación de una herramienta que permite a cualquier persona a través de la página de Internet de Profeco, tener acceso a información de las empresas que ofrecen bienes y servicios, las quejas que presentan, los procedimientos y contratos registrados ante la Procuraduría.

Actualmente la Procuraduría, a través de este Buró Comercial, recopila, elabora, procesa y divulga información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento del comportamiento que presentan los proveedores y de los bienes y servicios  que se ofrecen en el mercado, no obstante la presente iniciativa, propone que se integre un apartado, para de menara específica y diferenciada, en este mismo sentido, se realicen acciones similares para el comercio electrónico en nuestro país.

Es importante mencionar, que la Procuraduría, realiza un monitoreo de tiendas virtuales, que establece los sitios no confiables y poco confiables para comprar en línea, esta categorización debido a que no cuentan con seguridad en datos financieros,  carece de domicilio físico, no protege los datos personales u omite información al consumidor. Este monitoreo se presenta, en un cuadro en PDF que no está sistematizado,  también por ello  se   realiza esta propuesta, con la finalidad de ofrecer a los usuarios que lo consulta rapidez y eficiencia que garantice para este tipo de comercio transparencia  y certeza.

Debido a la naturaleza del comercio electrónico, y su crecimiento en los últimos años, es urgente establecer mecanismos eficientes que realmente faciliten a los consumidores  un mejor conocimiento de los proveedores que ofrecen bienes y servicios mediante el comercio electrónico, con el fin de asegurar una eficaz y transparente protección al consumidor en el contexto del continuo crecimiento de esta forma de hacer  transacciones.

Los gobiernos se enfrentan al reto de impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico basado en las tecnologías emergentes de las comunicaciones y de proporcionar a sus ciudadanos una protección eficaz y transparente en el contexto del comercio electrónico, por ello y por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma  la fracción IV del artículo 24 de Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. ....

II. ....

III. ...

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, diferenciando los que se ofrecen a través del uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de febrero de 2014.— Diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

ARTICULO 4O. DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Lucila Garfias Gutiérrez, diputada de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de Nueva Alianza,con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,somete a consideración de esta soberanía la siguienteiniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La desnutrición en el mundo a través de la historia ha tenido efectos devastadores. En la actualidad, está relacionada con más de una tercera parte de las muertes de niñas y niños en los países en desarrollo. Además, disminuye significativamente la capacidad intelectual y productiva de quienes sufren sus efectos.

En este entendido, resulta de gran importancia que las niñas y niños tengan una adecuada nutrición y una dieta sana para que su potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la adolescencia, el tener buenos hábitos alimenticios  y practicar ejercicio regular pueden llegar a marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define  a la nutrición como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición, es decir, una dieta suficiente y equilibrada, combinada con el ejercicio físico regular, es un elemento fundamental de la buena salud.

Por el contrario, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad ante las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, reducir la productividad y propiciar la obesidad y el sobrepeso.

Los expertos en salud han reconocido ya en varias ocasiones y, en diversos foros, la importancia de establecer prácticas de nutrición saludables durante la niñez y la adolescencia temprana. Adoptar una dieta balanceada durante esta etapa fundamental para el desarrollo, es de vital importancia para adquirir hábitos para toda la vida que, como ya se dijo, pueden marcar la pauta entre estar saludables o no.

Luego entonces, resulta de gran importancia hacer énfasis en que la nutrición ha sido considerada expresamente como un derecho en los instrumentos internacionales de derechos humanos aprobados desde 1924. Entre ellos, podemos enumerar diversas declaraciones que por desgracia no son vinculantes, pero también convenios y pactos que cuentan con la fuerza de la ley.

Ejemplo de lo anterior es la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicha Convención es el Tratado de Derechos Humanos que goza de mayor ratificación, y que eleva a categoría de ley internacional todos los derechos que garantizan la supervivencia, el desarrollo y la protección del niño y la niña. De ahí se desprende el artículo 28, el cual demanda a todos los Estados parte a que reconozcan el derecho de la niñez al disfrute del “más alto nivel posible de salud”, y a que adopten medidas para hacer realidad ese derecho.

Entre las medidas que destacan, se demanda a los Estados parte que proporcionen asistencia médica y atención sanitaria a las y los niños, haciendo especial hincapié en los servicios primarios de salud; a que combatan la enfermedad y la desnutrición, dentro del entorno de los servicios primarios de salud, mediante el abastecimiento de alimentos suficientemente nutritivos, agua potable y saneamiento apropiado, y que proporcionen a las familias información sobre las ventajas de la lactancia.

Cabe recalcar, que la desnutrición afecta básicamente a las lactantes y los lactantes y las niñas y los niños menores de 2 años, y que se manifiesta en retraso del crecimiento y anemia.

La desnutrición, que se presenta como retraso del crecimiento en talla baja para la edad, y peso inferior al normal, es a menudo un factor que aporta a la aparición de las enfermedades comunes en la niñez y, como tal, se asocia con muchas causas de muerte entre las y los niños menores de 5 años.

La desnutrición crónica, que se mide según el retraso del crecimiento, es la forma más frecuente de desnutrición en América Latina. Las características del riesgo de retraso del crecimiento específicas para la edad, desde el nacimiento hasta los 2 años, son similares en todos los países de Latinoamérica, a pesar de que su grado varía mucho.

Ahora bien, en lo que respecta al período de riesgo de desnutrición aguda, que va de los 3 meses a los 2 años de edad, si bien no es un problema grave en la región, después de ese periodo, los valores medios del peso para la edad –en América Latina– se ubican por encima de los valores de referencia, lo cual indica la presencia de sobrepeso.

Además, los problemas de desnutrición coexisten cada vez más con problemas de sobrealimentación. El sobrepeso y la obesidad son problemas en franco crecimiento que contribuyen a la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo II entre los adultos.

Las enfermedades no transmisibles, principalmente las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cánceres, se han convertido en la principal causa de mortalidad en nuestro país. Estas enfermedades tienen un denominador común en el sobrepeso y la obesidad, que resultan de un balance nutricional negativo, donde el consumo y ahorro de energía es superior a su gasto.

La mayor parte de los cambios ocasionados por las enfermedades crónicas en la morbilidad, tienen su origen en las modificaciones de los modelos de alimentación y actividad física de la población. Esto se refleja en la actual epidemia de obesidad en América. La prevalencia de sobrepeso en los niños en edad escolar, donde hay información, se sitúa entre el 25 y el 30 por ciento.

El sedentarismo, especialmente en las ciudades, es uno de los factores que favorece la obesidad en el mundo.

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. El 44 por ciento de la carga de diabetes, el 23 por ciento de la carga de cardiopatías isquémicas, y entre el 7 y el 41 por ciento de la carga de algunos cánceres, son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.

Al respecto, la OMS detalla lo siguiente:

• Desde 1980, la obesidad se ha más que doblado en todo el mundo.

• En 2008, 1,400 millones de adultos (de 20 y más años) tenían sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres, y cerca de 300 millones de mujeres, eran obesos.

• El 65 por ciento de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas que la insuficiencia ponderal.

• En 2010, alrededor de 40 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso.

• En 2008, más de una de cada 10 personas de la población adulta mundial eran obesas.

Si bien el sobrepeso y la obesidad desde hace tiempo ya eran considerados un problema propio de los países desa-rrollados, actualmente ambos trastornos se acrecientan en los países en desarrollo; en particular, en los entornos urbanos. En los países en desarrollo se estima que están viviendo cerca de 35 millones de niñas y niños con sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.

En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor número de defunciones que otro tipo de trastornos alimenticios. Ejemplo de lo anterior, es que el 65 por ciento de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas que otras enfermedades; cabe recalcar, que estos países incluyen a todos los de ingresos altos y la mayoría de los de ingresos medianos.

Queda claro que la causa principal del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. En este orden de ideas, a nivel mundial se ha producido:

• Un incremento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares, pero carentes en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y

• Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización.

A menudo, los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son resultado de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y la falta de políticas públicas de apoyo en sectores como el de la salud, la planeación urbana, el medio ambiente y la educación.

Es de subrayar, que la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura, algunos tipos de cáncer, cardiopatías, diabetes y problemas de discapacidad en la edad adulta. Asimismo, las y los niños con obesidad padecen hipertensión, y presentan cuadros prematuros de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos, entre otros.

La cruda realidad, es que muchos países de ingresos bajos y medianos, actualmente están afrontando una “doble carga” de morbilidad.

Mientras continúan batallando con la problemática que representan las enfermedades infecciosas y la desnutrición, gran cantidad de países están experimentando un aumento brusco en los factores de riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso; en específico, en los entornos urbanos.

Hoy en día no resulta extraño encontrar que los problemas que trae consigo la desnutrición y la obesidad coexisten en un mismo país, una misma comunidad e, incluso, en un mismo hogar.

En países en vías de desarrollo, las niñas y los niños son más propensos a recibir una nutrición prenatal insuficiente. A la par, se encuentran expuestos a alimentos hipercalóricos ricos en grasa, azúcar y sal, carentes de micronutrientes, que suelen ser poco costosos. Estos hábitos alimentarios, en conjunto con una escasa actividad física, como se ha venido mencionando, incrementan de manera irreversible la obesidad infantil.

En Nueva Alianza, conscientes de las problemáticas que afronta hoy en día nuestra niñez, hemos decidido trazar una ruta inequívoca e incluyente, con la finalidad de establecer y fortalecer Iniciativas y políticas públicas de vigilancia y cuidado en la materia.

Por ello, hoy presentamos esta Iniciativa que pretende ampliar el marco legal en lo que respecta a los derechos de las niñas y los niños de México, y así brindarles la prevención y el tratamiento requerido y adecuado en lo que concierne a las enfermedades no transmisibles mencionadas anteriormente, incorporando “la nutrición” como un derecho de nuestra niñez.

A sabiendas que una mala nutrición puede causar problemas de salud, sobrepeso y obesidad, y de que algunos de los padecimientos asociados con ella hay veces que son tan graves que pueden llevar a la muerte; en especial, cuando la niña o el niño crece y entra en la adolescencia y luego en la edad adulta, el ayudarlos y enseñarles hábitos alimenticios saludables puede no solo incrementar su nivel y calidad de vida, sino que a nivel macro: prevenir los casos de mortalidad en nuestro país.

No olvidemos que si nuestras hijas e hijos mantienen un peso saludable durante la niñez, tendrán más probabilidades de conservar un peso saludable en su edad adulta.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en los artículos 71.II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6.1.I, 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se reforma el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o....

...

...

...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, nutrición, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

...

...

...

...

Transitorio

Único. El siguiente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud-Nutrición

2 Organización Mundial de la Salud

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 5 de febrero de 2014.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

HOMENAJE AL INTERPRETE DE LA MUSICA MEXICANA VICENTE FERNANDEZ

«Proposición con punto de acuerdo, para rendir un homenaje al intérprete de la música mexicana Vicente Fernández por su trayectoria artística, suscrita por los diputados Salvador Arellano Guzmán y Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Salvador Arrellano Guzmán y Sergio Armando Chávez Dávalos, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La historia de la música en México se ha escrito gracias los grandes intérpretes que han dejado su marca en la memoria de un país. Tenemos que recordar a cantantes como José Alfredo Jiménez y Pedro Infante, personajes que a lo largo de los años siguen estando en la memoria de la gente. Sin embargo, al hablar de personajes de esta investidura, que no sólo por su trayectoria artística son importantes, sino por el cariño que la gente tiene hacia ellos, es que tenemos que recordar a Vicente Fernández Gómez.

Vicente Fernández, también conocido como el Charro de Huentitlán, el Ídolo de México o el Rey de la música ranchera, hijo de Ramón Fernández y Paula Gómez de Fernández, nació el 17 de febrero de 1940, en Huentitlán el Alto, Jalisco.

A pesar que desde los 6 años de su vida ya se interesaba por la música, no fue sino hasta los 14 que comenzó su historia dentro de esta disciplina, ello a raíz de un concurso de canto amateur, en el cual su voz lo hizo ganador del primer lugar, sin imaginar que éste sería el primero de muchos reconocimientos que obtendría a lo largo de su vida.

En 1963 sufre un fuerte golpe en su vida tras la muerte de su madre de 47 años de edad, sin embargo, ese mismo año contrae nupcias con María del Refugio Abarca Villaseñor, Cuquita.

Posteriormente, y en su afán de convertirse en un reconocido cantante, comienza a tocar en fiestas privadas y restaurantes, así es como a la edad de 24 años se une al mariachi Amanecer de México, de Pepe Mendoza, y posteriormente al mariachi de José Luis Aguilar.

Es así como posteriormente se muda a la Ciudad de México con la finalidad de impulsar su carrera de cantante, por lo cual comienza a tocar las puertas de las principales compañías discográficas sin obtener resultados favorables; empero, no se da por vencido y continúa trabajando, esta vez en la famosa plaza de Garibaldi.

Con el objetivo de no rendirse y continuar esforzándose por conseguir su objetivo, es que en el año de 1966 la compañía  discográfica CBS México (actualmente Sony Music) lo contrata para grabar su primer disco, con el cual comienza lo que hoy es un recopilado de más de 100 producciones discográficas y más de 65 millones de discos vendidos en el mundo.

Su voz ha sido y seguirá siendo escuchada en todo tipo de fiestas, ya que sin importar que se trate de niños, jóvenes y adultos su música sigue estando en el gusto de la gente, gracias a canciones tan memorables como Tu camino y el mío, La ley del monte, Volver, volver, Mujeres divinas, Cruz de olvido y El rey, entre muchas otras.

De igual forma, a partir de 1971 participó en diversas producciones cinematográficas, protagonizando más de 25 películas, entre las que se encuentran; Uno y medio contra el mundo, La ley del monte, Mi querido viejo y El hijo del pueblo, por mencionar algunas.

Su trayectoria lo ha hecho merecedor de un gran número de reconocimientos nacionales e internacionales, tales como:

• En 1977 recibe en Brownsville, Texas, la distinción de Mister Amigo, que se concede año con año a un mexicano prominente.

• Las llaves de la ciudad de San Antonio, Texas en 1982.

• Recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

• En 1998 es incluido al Salón de la Fama de la revista Billboard.

• En 2002 la Academia Latina de la Grabación lo nombró Persona del Año.

• En 2008, el entonces gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, declaró el 12 de julio como día de honor al artista (acto que se celebra cada año).

• Asimismo, ha sido acreedor en diversas ocasiones de premios Oye, Billboard y Grammy, entre los cuales se han destacado Mejor Álbum Ranchero y Artista Ranchero del Año.

Con base en lo anterior, proponemos se rinda un homenaje al artista Vicente Fernández, un ídolo del pueblo, del cual quedará su imagen plasmada junto a los grandes de la música mexicana, que por su pasión por la música ha puesto el nombre de México en alto, proyectándola a nivel internacional, convirtiéndose en uno de los máximos exponentes de este género musical, sin duda un personaje cimero en la historia de la música ranchera.

Es importante resaltar que su entrega a su público durante las más de cuatro décadas de trayectoria lo ha hecho destacar en los escenarios más importantes, entre los cuales se encuentran el Auditorio Nacional, la Plaza de Toros México, el Madison Square Garden y el Radio City Music Hall de Nueva York, entre muchos otros.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rinda un homenaje al intérprete de la música mexicana, Vicente Fernández, por sus más de 45 años trayectoria artística, con la cual ha dado a conocer por todo el mundo la música regional mexicana, colocando el nombre de México en alto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2014.— Diputados: Salvador Arrellano Guzmán, Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

ADECUADA ATENCION DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES LISOSOMALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a garantizar el cumplimiento de las normas, las políticas, las actividades y los elementos técnico-administrativos vigentes para la adecuada atención de los pacientes con enfermedades lisosomales, suscrita por los diputados Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Isaías Cortés Berumen y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Beatriz Yamamoto Cázares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición.

Consideraciones

En México el derecho a la protección de la salud está consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Salud y en la normatividad jurídica que se desprende de esta última. Para garantizar este derecho, el Estado mexicano ha integrado el Sistema Nacional de Salud, mismo que está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local.

Dentro del sistema nacional de salud sobresale por su historia, trabajo y esfuerzo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A 70 años de su creación, este instituto es responsable de la salud y seguridad social de sus 58 millones de derechohabientes y de 12 millones de beneficiarios del Programa IMSS-Oportunidades. En un día típico, según se reporta, el IMSS atiende 500 mil consultas, 200 mil niños en guarderías, 50 mil urgencias y cuatro mil intervenciones quirúrgicas diarias.

Las prestaciones y servicios que el IMSS otorga en los diferentes niveles de atención médica en que se organiza su sistema de unidades médicas es esencial para procurar el bienestar físico de los derechohabientes así como para prolongar y mejorar su calidad de vida. Destacan las prestaciones y servicios que se ofrecen en el tercer nivel de atención.

Este nivel, donde se atienden las enfermedades de mayor complejidad, está constituido por Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAES) que cuentan con la capacidad tecnológica y máxima resolución diagnóstica terapéutica. De acuerdo con cifras del IMSS, en el tercer nivel de atención se tienen 25 UMAES y 11 unidades médicas complementarias.

Como ya se ha dicho, las UMAES ofrecen servicios para la atención de patologías de alta complejidad diagnóstica y terapéutica. Entre estas patologías se incluye a las enfermedades raras (lisosomales).

Estos padecimientos, mejor conocidos como enfermedades huérfanas o de baja prevalencia, se presentan sólo en 5 de cada 10 mil personas. Tienen un origen genético y, de no tratarse de manera oportuna, conllevan un alto peligro de invalidez crónica y de muerte. Lo síndromes de Hurler (MPSI), Hunter (MPSII), Gaucher y Fabry son algunas ejemplos de este tipo de enfermedades.

El diagnóstico de las enfermedades lisosomales es complicado debido a que las manifestaciones clínicas se confunden fácilmente con otras patologías. Existen, no obstante, signos claros asociados a estas enfermedades: agrandamiento de órganos como el hígado, afectaciones neurológicas y musculares, declinación de la función cardiaca, alteraciones faciales, pérdida auditiva, entre otras.

Es importante mencionar que los efectos de estas enfermedades pueden aminorarse, e incluso revertirse, a través de un diagnóstico temprano y una atención continua. El tratamiento se imparte mediante una terapia de reemplazo enzimático donde se inyecta, vía intravenosa, la enzima faltante en el organismo.

Es claro que el IMSS realiza grandes esfuerzos para dar un servicio de calidad a todos sus derechohabientes, sin embargo, persisten diversas barreras relacionadas con la atención que el instituto le brinda a los enfermos lisosomales.

El primer obstáculo que enfrentan los pacientes lisosomales es la falta de un diagnóstico oportuno. Según la “Guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento en enfermedad de Fabry”, del propio IMSS, un paciente con enfermedad de Fabry, y en general un enfermo lisosomal promedio, visita a 8 especialistas y puede tardar meses o hasta años antes de recibir un diagnóstico correcto.

Una  vez identificada la enfermedad, los pacientes se enfrentan a otro problema. Para tener acceso al tratamiento, los pacientes tienen que esperar la aprobación del IMSS, que en promedio tarda entre 9 y 12 meses. A lo anterior hay que agregar que para recibir la aprobación es necesaria la valoración del grupo de expertos en enfermedades lisosomales.

Adicionalmente, los derechohabientes del IMSS a los que ya se les ha diagnosticado alguna enfermedad lisosomal y se les ha aprobado el tratamiento con reemplazo enzimático sufren con frecuencia la interrupción de sus tratamientos o reciben subdosificaciones. La privación parcial o total del tratamiento acarrea perjuicios  graves a la salud y expectativa de vida de los pacientes lisosomales.

Reconociendo que todas las barreras que afrontan los enfermos lisosomales derechohabientes al IMSS son contrarias a lo que dispone el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el efectivo derecho a la salud de todos los mexicanos, consideramos necesario que se tomen las necesidades pertinentes para que este instituto garantice el cumplimiento puntual de las normas, políticas, actividades, elementos técnicos y administrativos vigentes para la adecuada atención de los pacientes con enfermedades lisosomales.

Por lo anterior expuesto, me permito presentar el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a garantizar el cumplimiento puntual de las normas, políticas, actividades, elementos técnicos y administrativos vigentes para la adecuada atención de los pacientes con enfermedades lisosomales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2014.— Diputada Beatriz Yamamoto Cázares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

INFORMACION REFERENTE AL PROCESO DE ADQUISICION DE AGRO NITROGENADOS, SA DE CV

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a difundir la información referente al proceso de adquisición de Agro Nitrogenados, SA de CV, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En días recientes se dio a conocer que PMI, empresa filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió a mediados de enero una planta para producir fertilizantes ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz –empresa de Agro Nitrogenados, SA de CV, propiedad de Altos Hornos de México (AHMSA)–, por la cantidad de seis mil 300 millones de pesos, la cual contaba con una suspensión de pagos y estaba en concurso mercantil, es decir presentaba un estado financiero en quiebra.

Cabe destacar que “en los últimos dos años extrajeron 214 millones de pesos de inversión de la empresa y declararon a la Bolsa Mexicana de Valores que tenía cuentas incobrables por 545 millones de pesos.”1

En dicho contexto, la empresa presentaba una crisis financiera tal que hacía pensar que era inevitable su desaparición, sin embargo un mes antes del inicio de la nueva administración federal, se tomó la decisión de recuperar la planta e invertirle en su saneamiento para posteriormente ponerla a la venta “la dejaron lista para ser vendida entre febrero y abril del año pasado. Luego declararon que habían comenzado la negociación con Pemex ‘en el marco de la reforma energética’,”2 esto como resultado de la firma de un acuerdo de la empresa con sus acreedores para pagar en febrero de 2013, 921 millones de pesos para sacar a la compañía del concurso mercantil.

De tal forma que, como se mencionó anteriormente, a mediados de enero Agro Nitrogenados, SA de C V fue adquirida por Pemex en un precio seis veces mayor de lo que se invirtió en la rehabilitación de empresa (mil 200 millones de pesos); hecho que se dio a conocer mediante un boletín de prensa titulado Pemex reactivará la producción de fertilizantes en México, en el cual se contempla que:

El proyecto considera una inversión de hasta 475 millones de dólares, incluyendo la compra de activos existentes, así como la rehabilitación y renovación de la planta. La producción esperada de urea representa cerca de 75 por ciento de la demanda nacional actual de este insumo estratégico para el agro nacional.3

Es de mencionar que “esta cifra es casi el doble de lo que los privados invertirán en Pajaritos, una planta mucho más compleja y cuyos activos están en funcionamiento.

El Consejo de Administración de Pemex estaba consciente de la situación. Los mismos consejeros que aprobaron la enajenación de Pajaritos dieron el visto bueno a la compra de Agro Nitrogenados.”4

Asimismo, la paraestatal indicó que “con esta operación, Pemex cumple su compromiso con el campo mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo y con las iniciativas del presidente Peña Nieto de un México Próspero”5, a la par de hacer alusiones a la recién aprobada reforma energética y sus repercusiones en el sector a nivel nacional.

Pese a esta situación, la paraestatal no ha presentado el documento de avalúo que debe realizar el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) o algún dictamen correspondiente que justifique, por un lado, el valor real de la empresa o las razones para concretar dicha transacción.

Según Pemex, su compra podría significar que se sustituyera un gasto anual de 400 millones de dólares, costo actual de importar fertilizantes. ¿Cómo determinó Pemex el valor de Agro Nitrogenados? La respuesta ha sido el silencio.6

Por último resulta interesante notar los diversos conflictos que AHMSA ha presentado desde 1999 respecto a la situación financiera de la empresa, por tales razones “con el objeto de mantener su propiedad, sus acciones fueron adquiridas por Minera del Norte (Minosa), filial de AHMSA, según declaró el grupo empresarial a la Bolsa de Valores en su informe del tercer trimestre del año pasado”7.

Entre 2009 y 2011, Minosa inyectó capital en Agro. En diciembre de ese año decidieron “hacer exigibles a favor de Minosa el total de las aportaciones realizadas hasta esa fecha por un total de 214 millones de pesos”. AHMSA informó a sus accionistas en la Bolsa que había decidido declarar como incobrables 545 millones de pesos de la compañía “en virtud de que ésta se encuentra en concurso mercantil”. Entre 2011 y 2012 sólo inyectaron 89 millones de pesos a la empresa para mantener su propiedad [...] y en abril del año pasado Minosa erogó 300 millones de pesos más a Coahuila Industrial Minera, otra filial de AHMSA, para quedarse con más cantidad de créditos de Agro Nitrogenados. Con estos movimientos, Minosa se hizo del control total de Agro Nitrogenados y pudo venderlo a Pemex en más de seis veces el precio que había invertido en tener la empresa disponible para la transacción.8

Las precisiones previamente expuestas corresponden a la situación por la que atravesó la empresa propiedad de AHMSA por más de 10 años y que ahora Pemex se ve obligada a responder de manera pública las consideraciones que le llevaron a realizar su compra en miras de fortalecer el sector de fertilizantes en el país, a pesar de la situación financiera que prevalecía en Agro Nitrogenados, SA de CV.

Por tales motivos, consideramos pertinente presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, a hacer pública la información referente al proceso de adquisición de la empresa Agro Nitrogenados, SA de CV por parte de la paraestatal.

Notas:

1. Reporte Índigo, “‘Fertilizan’ a empresa en bancarrota”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/fertilizan-empresa-en-bancarrota?pa ge=3

2. Ídem.

3. Pemex, “Pemex reactivará la producción de fertilizantes en México”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.pemex.com/prensa/boletines_nacionales/Paginas/2014-005_nacional.aspx #.UvHHaz15NVo

4. Reporte Índigo, Op. Cit.

5. Ídem.

6. Ídem.

7. Ídem.

8. Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2014.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

PROMOVER QUE LOS CENTROS ANTIRRABICOS SEAN HOSPITALES VETERINARIOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y del Distrito Federal a promover por sus secretarías de Salud que los centros antirrábicos sean hospitales veterinarios, a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal José Arturo López Candido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 2, fracciones II y III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a todos los gobiernos estatales así como al Gobierno del Distrito Federal para que, por medio de sus Secretarías de Salud, promuevan que los centros antirrábicos de cada localidad sean hospitales veterinarios, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La mayor parte de los animales que se encuentran en cada una de las localidades de la Republica Mexicana no poseen un servicio médico por lo que en general pagan excesivas cuentas médicas y constantes servicios para tener a los animales en las mejores condiciones, siempre y cuando tengan dueño, por otro lado los animales que se encuentran en la calle no solamente no tienen servicio médico veterinario sino que son maltratados en los antirrábicos por ser un “grave problema de salubridad”.

Sin embargo no se cuenta con políticas públicas referentes a este tema, tampoco con una cultura de respeto, cuidado y adopción de animales “callejeros”, ni mucho menos un servicio de salud para animales en general, haciendo de los antirrábicos solamente un gasto paliativo tomando en consideración que únicamente prestan el servicio de vacunación contra la rabia, o bien el estudio sobre si tenía o no tenia rabia los animales que ahí llegan y el sacrificio de animales de la calle, ¿pero qué pasa cuando a un animal de calle o “mascota” lo atropellan?, únicamente se le orilla a la banqueta sin darle ningún servicio especializado.

Cabe señalar que lo que se sabe de medicina veterinaria se ha transmitido por conocimiento empírico ya que durante la edad media no hubo ninguna especialidad semejante a lo que ahora es la veterinaria moderna por ende no se tiene una sensibilización de los padecimientos de un animal, que al igual que los seres humanos sienten y se enferman.

Los centros antirrábicos en México se crea cuando se trae la vacuna contra la rabia por el doctor Liceaga, por el aumento en los casos de rabia tanto humana como canina entre 1988 y 1990, posteriormente se crea un instituto para controlar esta enfermedad y distribuir la vacuna en la población, logrando la disminución de de la misma de manera considerable.

Actualmente muchos centros antirrábicos están divididos de la siguiente manera:

• Consultorio para el servicio permanente de vacunación contra la rabia

• Área de oficinas

• Zona de jaulas dividida en tres secciones:

– Jaulas rojas para los perros clínicamente rabiosos.

– Jaulas amarillas para observar a los perros que mordieron a alguien.

– Las jaulas azules para los perros que esperan el sacrificio.

En el mejor de los casos los Centros antirrábicos cuentan con los siguientes programas:

• Programa de vacunación permanente.

• Programa es la recolección de perros en la vía pública.

• Programa es la recolección de animales que han lesionado a alguien

• Programa de envío de los cerebros al laboratorio, y

• Programa de esterilizaciones.

Pero dadas las circunstancias actuales no basta tener un centro antirrábico, ya que los animales necesitan una atención más especializada ya que como informa la Secretaría de Salud por medio del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades también llamadas Zoonosis que se transmiten de animales vertebrados al hombre como la brucelosis, la teniosis, la leptospirosis y rickettsiosis. Dado lo anterior los Centro Antirrábicos ya no son suficientes, ya que estas enfermedades se pueden prevenir y así también prevenir la transmisión hacia los humanos, si los animales tuvieran una atención preventiva de salud.

Parte de la problemática del abandono de animales son los costos que le implica a una familia mantenerlo, ya que llevar a nuestros animales con un veterinario privado es muy caro, en donde las consultas van desde los 300 pesos hasta los 1,000 pesos y además comprar su medicamento o tratamiento, según sea diagnosticado, se transforma no solamente en una cuenta impagable.

Esto no quiere decir que los gobiernos subsidien totalmente el gasto para la atención veterinaria a los animales, pero sí, que tenga un costo accesible para que una familia pueda pagar la tención médica a sus mascotas, desde un accidente, un parto, una enfermedad, revisiones mensuales, así como dar el servicio para aplicar otro tipo de vacunas, desparasitación, etc., aunado a que algunas organizaciones no gubernamentales, así como personas en forma individual se dedican al rescate y protección de animales de la calle y de esa manera también ante cualquier percance que llegase a sucederé pudieran tener una institución pública para rescatar, salvar y proteger a los animales, no obstante dado los programas ya establecidos no se van a hacer a un lado sino se intentarán adecuar para no gastar en balde más recursos.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado José Arturo López Candido, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a todos los gobiernos estatales así como al Gobierno del Distrito Federal para que por medio de sus Secretarías de Salud y las facultades que a ellas correspondan, promuevan que los Centros Antirrábicos de cada localidad, sean hospitales veterinarios.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de febrero de dos mil catorce.— Diputado José Arturo López Cándido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

AMPLIAR LA RED DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a ampliar la red del Sistema de Protección Social en Salud, suscrita por los diputados Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Isaías Cortés Berumen y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Beatriz Yamamoto Cázares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición:

Consideraciones

En los últimos años en México se han logrado avances importantes para alcanzar un efectivo derecho a la protección de la salud. Uno de ellos es el Sistema de Protección Social en Salud, comúnmente llamado Seguro Popular, cuya entrada en vigor el 1 de enero de 2004 ha permitido que la población sin un vínculo formal en el mercado laboral tenga acceso a los servicios de salud.

Aun cuando se ha logrado mucho en aras del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la situación social y económica que atraviesa nuestro país nos obliga a redoblar esfuerzos para responder eficaz y oportunamente a los retos en materia de salud. Uno de ellos está relacionado con la necesidad de ampliar la red del Sistema de Protección Social en Salud para lograr que el mayor número de mexicanos se beneficien de los servicios que se ofrecen dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) y el Fondo de Gastos Catastróficos.

En la medida en que exista mayor acceso a los servicios de salud del Seguro Popular, se estará impulsado el progreso y desarrollo social. Este es un motivo por el cual el fortalecimiento de acciones enfocadas a la atención de las demandas de la población, particularmente de aquella en situación de pobreza, adquiere un papel preponderante.

Para ampliar la red de prestadores de servicios del Sistema de Protección Social en Salud, en la Ley General de Salud se ha establecido un mecanismo de evaluación que permite incorporar a los establecimientos de salud dentro del Seguro Popular. A través de este mecanismo, denominado Acreditación, se evalúa un establecimiento de salud, fijo o móvil, para determinar si cumple un conjunto de criterios o estándares de capacidad, calidad y seguridad, necesarios para proporcionar los servicios definidos en el Causes y en el Fondo de Gastos Catastróficos.

Como coordinadora del Sistema Nacional de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud, por medio de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, realizar y promover el proceso de Acreditación en todo el país. Su compromiso es, en este sentido, fundamental para lograr que más mexicanos gocen de los servicios de salud del Seguro Popular, sobre todo de aquellos definidos dentro del Fondo de Gastos Catastróficos.

Este fondo tiene una gran importancia ya que se encarga de proteger a las familias no aseguradas ante enfermedades catastróficas. Una enfermedad catastrófica, cabe señalar, es aquella cuyo costo, derivado de tratamientos y medicamentos, es muy alto. Debido a su grado de complejidad y a la baja frecuencia con que ocurren, las enfermedades catastróficas son definidas y priorizadas por el Consejo de Salubridad General.

Una de las 17 variedades de enfermedades catastróficas que atiende el Fondo de Gastos Catastróficos son las enfermedades lisosomales en menores de diez años. Estos padecimientos, también conocidos como enfermedades raras, se definen como aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Se considera enfermedad rara aquella que sólo prevalece en 5 de cada 10 mil habitantes. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen alrededor de 7 mil enfermedades raras que vulneran la salud del 7 por ciento  de la población mundial.

De todas las enfermedades raras, las lisosomales son enfermedades geneticohereditarias, que se transmiten de padres a hijos. Se caracterizan por la deficiencia de alguna enzima lisosomal o de las proteínas transportadoras  de la membrana del lisosoma. Como consecuencia de dichas deficiencias se almacenan moléculas complejas de forma intralisosomal, produciendo graves  y crecientes alteraciones orgánicas  y funcionales de los órganos afectados, provocando altos niveles de morbilidad y mortalidad entre quienes las padecen. Según la OMS, existen 28 enfermedades lisosomales.

En México, los menores de 10 años que padecen alguna enfermedad lisosomal y que se encuentran afiliados al Seguro Popular deben acudir a alguna de las unidades médicas acreditadas para recibir el tratamiento apropiado. Sin embargo,  en todo el país sólo existen 18 establecimientos que cumplen con el proceso de Acreditación, lo que limita el alcance efectivo de los servicios de salud. La situación de los pacientes con enfermedades lisosomales se complica aún más porque el traslado de los enfermos a los establecimientos de salud acreditados representa un gasto adicional e insostenible para sus familias.

Ante esta problemática, es necesario pugnar para que en los estados de la República Mexicana se cuente con más unidades médicas acreditadas que puedan ofrecer servicios de salud para pacientes lisosomales. Es ahí, en el nivel estatal, donde deben surgir las respuestas a las demandas de la población. Lo más oportuno, en este sentido, es trabajar para que la red del Sistema de Protección Social en Salud cuente, por lo menos, con un establecimiento de salud acreditado por cada una de las entidades federativas.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, promueva el proceso de acreditación de los establecimientos de salud con el objeto de que se amplíe la red que integra el Sistema de Protección Social en Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2014.— Diputada Beatriz Yamamoto Cázares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ORGANIZACION DE FOROS PUBLICOS PARA RECIBIR PROPUESTAS Y OPINIONES SOBRE LA REGLAMENTACION DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Gobernación de esta soberanía a incorporar en su programa de trabajo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura la organización de foros públicos para recibir propuestas y opiniones sobre la reglamentación de la reforma constitucional en materia político-electoral, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, párrafo 1, fracción I, y 79, párrafo 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Con la reforma constitucional en materia político electoral, que promulgo el Ejecutivo Federal el pasado treinta y uno  de enero del año en curso, se reforma el artículo 73, fracciones XXI y XXIX-U, con lo cual el Congreso de la Unión contará con facultades para legislar a través de leyes generales sobre delitos electorales y la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos; organismos electorales y procesos electorales conforme a las bases previstas en la propia Constitución. En ese sentido el artículo Segundo Transitorio establece que el Congreso deberá expedir dichas normas a más tardar el día treinta de abril de dos mil catorce, precisando el contenido mínimo de la ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales; la ley general que regule los procedimientos electorales y la ley general en materia de delitos electorales que contendrá los tipos penales, sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación y las entidades federativas. Por otra parte, el artículo Tercero Transitorio mandata al mismo Congreso para expedir la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

Considerando que el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que en el proceso legislativo de dictamen la comisión por mayoría absoluta podrá acordar la realización de audiencias públicas o reuniones, en las que consulte:

I. La opinión de los especialistas en la materia;

II. A los grupos interesados, si los hubiere;

III. A los titulares de las entidades de la administración pública paraestatal, a las organizaciones, grupos, ciudadanos y a los titulares o representantes legales de las empresas de particulares que detenten una concesión del Estado;

IV. A las cámaras, consejos y organizaciones sociales conocedoras del tema que se discuta, y

V. Las opiniones de los ciudadanos.

El proceso legislativo de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia político electoral, en un ambiente político de crisis de legalidad de las instituciones electorales del país, exige una consulta amplia para legitimar propuestas que incidan en la construcción del Estado de Derecho frente a la demanda ciudadana de espacios de participación en el diseño del marco regulatorio de los procesos electorales federales y estatales.

En el marco de la cultura democrática y de la legalidad se hace necesario conocer la opinión de especialistas, investigadores, académicos y público interesado en la legislación de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia político electoral.

Por ello se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Exhorta a la Comisión de Gobernación para que dentro de su programa de trabajo, en el segundo periodo de sesiones ordinario del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, incorpore la organización de foros públicos para la recepción de propuestas y opiniones para la reglamentación de la reforma constitucional en materia político-electoral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2014.— Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.