Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 269 diputados y diputadas, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés(a las 11:26 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 13 de febrero de 2014.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la diputada Flor de María Pedraza Aguilera

En relación a retiro de Iniciativa con proyecto de decreto.

Del Banco de México

Con el que remite Informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país, del periodo comprendido de octubre a diciembre de 2013.

Del Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

Minutas

Con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o., 22, 34 y 34 Bis y adiciona los artículos 5o. Bis, 5o. Ter y 5o. Quater a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, y adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 2 y 82; y adiciona la fracción XXI del artículo 2, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Relativo a la propuesta para la inclusión de los procedimientos que regularán el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. (Votación)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Iniciativas

Que reforma los artículos 335 y 337 y adiciona un artículo 335 BIS al Código Penal Federal, a cargo del diputado Humberto Armando Prieto Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Fernando Zamora Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 110 de la Ley Federal del Trabajo y 317 del Código Civil Federal, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 Bis-6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Fernando Zamora Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 260 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34, 35, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 Bis 18 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

De decreto por el que se aprueba la emisión de una moneda conmemorativa del 70 Aniversario del Museo Nacional de Historia, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 234 y 236 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Eduardo Neri Reynoso, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 202 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Marco Antonio González Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yenesia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 402 Bis y reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 111 y 113 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Laura Ximena Martel Cantú y Manlio Fabio Beltrones Rivera, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a que dentro de la cobertura nacional de la atención médica que se brinda a las pacientes durante el embarazo, el parto y el puerperio, se integren esquemas para el diagnóstico, cuidado, atención y tratamiento especializado de la salud mental-emocional de las mujeres, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, difunda las acciones concretas que llevaran a cabo para incorporar al comercio informal a la base tributaria, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que dé atención inmediata a las propuestas de la ASF, contenidas en su Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2011, para instruir al Comité Técnico del Fonadin en relación a la delimitación de las modalidades de financiamientos para otorgar apoyos recuperables, suscrito por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el seguimiento de los programas sociales destinados a los adultos mayores, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la actualización de las encuestas utilizadas por el Inegi y el Coneval, a cargo de la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para que realicen una revisión de la normatividad que atañe el desarrollo de los programas de apoyo a los adultos mayores, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Morelos, para que en coordinación con la PGR investigue el ataque realizado a la sede estatal del PRI en esa entidad, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que apoye la coordinación de las áreas responsables de la seguridad en Michoacán y se evite tomar acuerdos con personas que pertenecen a grupos delictivos, a cargo del diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob para que difunda el monto total y la aplicación del ejercicio de los subsidios transferidos a las entidades federativas como apoyo para la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, suscrito por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a la instalación de biciestacionamientos en establecimientos públicos, centros de Transferencia Modal, así como en las principales plaza públicas, mercados y vía pública, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SS y de las Secretarías de Salud Estatales, para garantizar los derechos humanos en materia de salud a las personas con VIH/SIDA, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SCT, de la SHCP y de la Conagua, para que difundan a la opinión pública, los recursos que destinarán para apoyar la realización de las obras de la Línea 3 del Metro de Nuevo León y el sistema de transporte Ecovía, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Segob, para que difunda las acciones que ha implementado a fin de transparentar los recursos del Subsemun, suscrito por los diputados José Luis Muñoz Soria, Javier Orihuela García y Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los 51 mexicanos sentenciados a muerte en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, para que implemente acciones para difundir en los centros de trabajo, los cambios contenidos en la reforma fiscal realizada sobre los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, para que en el ámbito de sus competencias, revise el cobro excesivo de las tarifas por concepto de suministro de energía eléctrica en Mazatlán, Sinaloa, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles doce de febrero de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos veintiséis diputadas y diputados, a las doce horas con doce minutos del miércoles once de febrero de dos mil catorce, el presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta derivada de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde su curul, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, hace comentarios respecto a la sesión. El presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la realización del Maratón Náutico del Río Balsas. Se remite a la Comisión de Deporte para su conocimiento.

b) De los gobiernos de Aguascalientes y de Guanajuato, con los que remiten contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la organización y desarrollo de un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.

c) Del Gobierno de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para incorporar la perspectiva de género en los Presupuestos de Egresos de los estados y del gobierno del Distrito Federal. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobernación:

- Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se considere la opinión de esta Cámara en la construcción de las Reglas de Operación. Se remite a la Comisiones de Agricultura y Sistemas de Riego, y de Desarrollo Social para su conocimiento.

- Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remite a los promoventes para su conocimiento.

- Con el que envía una nueva versión del cuarto Informe trimestral para el ejercicio fiscal de dos mil trece, de los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento, así como a la Cámara de Senadores.

e) De la Cámara de Senadores, con la que remite minuta con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

a) De Economía, que reforma el artículo ciento noventa y uno de la Ley de la Propiedad Industrial. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión al diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.

En su oportunidad y desde su curul el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, reitera la solicitud de integrar en el orden del día la proposición con punto de acuerdo relativa al caso del periodista asesinado en Veracruz, Gregorio Jiménez de la Cruz. Asimismo, solicita a la Presidencia que se guarde un minuto de silencio en su memoria. El presidente hace aclaraciones.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano;

En su oportunidad y desde sus respectivas curules los diputados Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional; Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; José Alejandro Montaño Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; y Roberto López González, del Partido de la Revolución Democrática, comentan respecto a la problemática de inseguridad en el estado de Veracruz y el asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; y Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática.

A las doce horas con cincuenta y ocho minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y un diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, y no habiendo artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto, el proyecto de decreto que reforma el artículo ciento noventa y uno de la Ley de la Propiedad Industrial. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El presidente invita a la asamblea guardar un minuto de silencio en memoria del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz.

b) De Gobernación, que reforma el artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Adán David Ruiz Gutiérrez.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen la diputada y los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática. Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación presentada por el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, que en votación económica se admite a discusión y de la misma manera se acepta.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos noventa y nueve votos a favor y ocho en contra, se aprueba en lo general y en lo particular en un solo acto, con las modificaciones aprobadas, el proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios sobre la falta de presupuesto y el despido de diez docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Chihuahua.

c) De Justicia, que reforma los artículos sesenta y uno, y setenta y uno de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro los diputados Ricardo Monreal Ávila, y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

Sin más oradores registrados y sin artículos reservados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos diecinueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos sesenta y uno, y setenta y uno de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El presidente instruye a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con el asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Se somete a discusión e intervienen para referirse al acuerdo los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática; y José Alejandro Montano Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional. Para rectificación de hechos intervienen los diputados Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Roberto López Suárez, y Yazmin de los Ángeles Copete Zapot, ambos del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputadoRicardo Anaya Cortés

En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas:

• Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, que adiciona un artículo ciento ochenta y nueve Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, que reforma el artículo ciento nueve de la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para dictamen.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, que reforma el artículo veintiséis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

De conformidad con el artículo ciento del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las proposiciones registradas en el orden del día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, revise y en su caso, proceda conforme a derecho, respecto a la transmisión y clasificación de los programas “Laura”, televisado en la frecuencia XEW-TV canal dos, y el titulado “Cosas de la Vida” de XHDF-TV canal trece, ante las violaciones a la legislación de la materia. Se turna a la Comisión de Radio y Televisión para dictamen.

• Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la desaparición del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, para que difunda las razones de la renuncia del ciudadano Carlos Morales Gil, ex director de Petróleos Mexicanos Exploración y Producción. Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.

• Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, intensifique las acciones de atención y prevención de la propagación del virus de influenza A (H1N1). Se turna a la Comisión de Salud para dictamen.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, implemente decisiones concretas para el buen desarrollo social de las familias en extrema pobreza. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social para dictamen.

• Humberto Armando Prieto Herrera, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Procuraduría General de la República, difunda los resultados que hasta el momento se tengan de la averiguación previa numero AP/PGR/TAMPS/ REY-IV3767/2012 adscrita en Reynosa, Tamaulipas, en relación con la explosión ocurrida el día dieciocho de septiembre de dos mil doce. Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.

• Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de implementar una partida presupuestal adecuada y permanente durante el presente sexenio, para el Fideicomiso que Administra el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a la Auditoria Superior de la Federación, investigue y difunda a la ciudadanía la información sobre las denuncias del supuesto fraude en la asignación de recursos federales del Programa Empleo Temporal y del Programa Empleo Temporal Inmediato dos mil trece de la Secretaría de Desarrollo Social, en el estado de Colima. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

• Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de Pemex, para que se transparente la información relativa a la reciente compra de la Planta de Agro Nitrogenados, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Energía para dictamen.

• Carmen Lucia Pérez Camarena, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los gobiernos federal y de Jalisco, para que se declare una alerta sanitaria en la entidad, por los casos elevados del virus de influenza A (H1N1). Se turna a la Comisión de Salud para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el presidente cita para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el jueves trece de febrero de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con treinta y seis minutos.»

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada.

Pasamos al siguiente asunto.

RETIRO DE INICIATIVA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— LXII Legislatura.

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados me dirijo a usted para solicitar sea retirada de las Comisiones de Seguridad Social, y Trabajo y Previsión Social, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 134 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que propone eliminar la condicionante de no tener trabajo, a los hijos del trabajador o pensionado, para que sea considerado familiar del derechohabiente y goce de los beneficios de seguridad social que la ley le otorga.

Dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 18 de septiembre de 2013 y presentada el 24 de septiembre del mismo año.

Sin otro particular a tratar, me despido, no sin antes agradecer la atención prestada a este documento.

Cordialmente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014.— Diputada Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

INFORME SOBRE LA INFLACION, LA EVOLUCION ECONOMICA Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES ECONOMICOS DEL PAIS EN EL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2013

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Banco de México.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Cámara el informe en el que se analiza la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre octubre-diciembre de dos mil trece, así como la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos por los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Ciudad de México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 2014.— Doctor Agustín Guillermo Carstens Carstens (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ENCARGADAS DE LA CUSTODIA, CUIDADO Y ATENCION DE LA NIÑEZ

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con Órganos de Gobierno Local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; ya lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; adjunto oficio número 100.121/14 de fecha, 28 de enero del 2014, suscrito por el procurador general de Justicia del Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta al acuerdo D.G.P.L -62-II-3-759, en donde se comunicó por parte de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 29 de abril de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de febrero de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Ciudadano Héctor Serrano Cortés, Secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención a su oficio número SG/7275/2013, en el que hace del conocimiento que en la sesión celebrada el 29 de abril de 2013, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolvió aprobar un punto de acuerdo, en el que se señala:

“ Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal. para que de manera coordinada vigilen y supervisen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez, y de ser el caso, suspenderlas de manera definitiva a las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente.

“Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en la materia a fin de contar con un registro público y una certificación más rigurosa de las mismas.”

Al respecto le comunico que en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, promovemos responsablemente la atención a la niñez, ya que en determinadas circunstancias se identifica como un grupo vulnerable, que debe contar con el mayor cuidado y protección posible, tomando en consideración que de acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el 2012 por el Inegi, en ese momento había en nuestro país 28.107 niños y niñas huérfanos.

En la Procuraduría capitalina, realizamos de manera permanente acciones y procedimientos tendientes al cuidado y protección de los menores de edad, ya que de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en su fracción I, se tiene competencia para proteger los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes.

El trabajo de protección a menores se realiza a través de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad; y de la Fiscalía Central de Investigación para la atención de Niños, Niñas y Adolescentes; de acuerdo con lo establecido en los artículos 77 fracción I, 87, inciso a); y 88, fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de nuestra dependencia.

Además, contamos con un centro de estancia transitoria para niños y niñas dependiente de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, que brinda atención especializada, integral y multidisciplinaria a niñas, niños y adolescentes víctimas de delito y opera bajo un modelo de atención que se encuentra apegado a las directrices de las Naciones Unidas, sobre las modalidades alternativas de cuidado de niñas y niños. Este centro albergó a 166 niños y niñas durante 2013.

En dicho centro, brindamos la atención de calidad que los niños necesitan y al efecto se les proporciona cuidado médico, psicológico, odontológico, nutricional, educativo, de estimulación temprana, y rehabilitación. Asimismo, contamos con un programa deportivo, recreativo y cultural.

Más allá de los cuidados que reciben los menores que albergamos, nos  preocupamos por reinsertarlos a un hogar, y para ello tenemos un “programa de reincorporación a la familia y a la comunidad”, mediante el que implementamos un “procedimiento de viabilidad de adopción para los diversos modelos de familia: gracias al cual el año pasado se favoreció la adopción de 7 niños y 5 niñas.

Al respecto, también hemos implementado diversos cursos y talleres para sensibilizar a las diversas familias en este tema, actividades a cargo de 131 personas capacitadas en el tema.

Somos conscientes de la importancia de velar por el interés superior del menor, en cada una de las actuaciones de la Procuraduría en las que se encuentran involucrados niños o niñas.

Puesto que este principio es una piedra angular en el sistema jurídico mexicano, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues se ha ponderado el interés superior de los niños sobre los derechos de los adultos, atendiendo a su condición de vulnerabilidad, y la esperanza de progreso y mejora social, que la niñez representa para la comunidad.

En este sentido para la implementación de medidas que aseguren el cuidado de los niños y niñas del Distrito Federal, también contamos con un sistema de registro de niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, con sus respectivos lineamientos de operación, establecido mediante el acuerdo A/006/2011.

También contamos con mecanismos para la protección de los niños y niñas que se encuentran en situación de abandono, conflicto, daño o peligro, para su canalización oportuna, ya sea a nuestro albergue o a instituciones públicas o privadas de asistencia social.

Es importante resaltar que contamos con los “Lineamientos de actuación de los servidores públicos  de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en las diligencias en que intervengan niñas, y niños víctimas de delito”. Estos fueron establecidos en el acuerdo A/014 /2008, y deben ser acatados por todos nuestros elementos.

Si bien es cierto que contamos con un centro de atención especializado, hay más órganos de esta dependencia que intervienen cuando algún menor de edad se relaciona en nuestros procedimientos, como la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales; la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes; la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares; y la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Asuntos Especiales y Electorales; cuya competencia se precisa en el acuerdo A/025/2010.

En este orden de ideas, para salvaguardar el Estado de derecho, cada una de las autoridades que integramos el gobierno del Distrito Federal debemos cuidar el bienestar de los menores, quienes no siempre se encuentran bajo la protección deseada. Para reforzar la vigilancia de los centros de custodia que se encuentran fuera de nuestra dependencia, se ha instruido a todas las agencias centrales que conforman esta Procuraduría, permanecer atentos a cada irregularidad que puedan advertir en cada indagatoria y en su caso, emprendan los procedimientos jurídicos correspondientes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 28 de enero de 2014.— Licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza (rúbrica), procurador general de Justicia del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, adjunto oficio D.G.P.L.62.II-3-759 y anexo de fecha 29 de abril de 2013, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el cual se hace del conocimiento que en esa misma fecha fue aprobado el Acuerdo de referencia.

Lo anterior, con la atenta solicitud de que se dirija a esta dependencia, la informaci6n necesaria para atender dicho planteamiento o en su caso, la relativa a las acciones que al respecto estime procedente realizar.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 14 de mayo de 2013.— Héctor Serrano Cortés (rúbrica), secretario de Gobierno del Distrito Federal.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Ciudadano Héctor Serrano Cortés, secretario de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Por instrucciones del ciudadano jefe de Gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, hago de su conocimiento que se recibió oficio número D.G.P.L.62-II-3-759, expediente número 1757, firmado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por medio del cual informa que en sesión celebrada el 29 de abril, se aprobó el siguiente punto de acuerdo que se anexa.

Lo anterior para su atención y efectos que estime procedentes, agradeciendo informar de las acciones realizadas, para conocimiento del ciudadano jefe de Gobierno.

Atentamente

México, DF, a 6 de mayo de 2013.— Luis E. Serna Chávez (rúbrica), secretario particular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

60 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MEXICO

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente adjunto el oficio número DGAM/DEPEPP/916/2013 mediante el cual el licenciado Pablo Enrique Salcedo Sánchez, director ejecutivo de Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas en la Delegación Gustavo A. Madero, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L 62-II-6-0944, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 22 de octubre del 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF., a 6 de febrero de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Hago referencia al oficio SG/CED/2611/13 de fecha 19 de noviembre del presente año, a través del cual se hace del conocimiento a este órgano político-administrativo el contenido del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mismo que se señala en su parte resolutiva lo siguiente:

Único.La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno del DF, a los congresos de las 31 entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del DF, así como a las entidades municipales y de las 10 demarcaciones territoriales del DF, a realizar actividades para conmemorar el 60 Aniversario del Voto a la Mujer único.

Sobre el particular, me permito informar a usted que el punto de acuerdo en referencia ya fue atendido y contestado con oficio DGAM/DEPEPP/0909/2013 de fecha 2 de diciembre de 2013.

No omito mencionar que, este órgano político-administrativo se pone a su disposición para cualquier aclaración, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma sobre el asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 3 de diciembre de 2013.— Licenciado Pablo Enrique Salcedo Sánchez (rúbrica), director ejecutivo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercido de la facultad conferida en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente; adjunto el oficio número DGDS/021/2014 mediante el cual la ciudadana Nessie Nancy Bañuelos Domínguez, directora general de Desarrollo Social en la delegación Azcapotzalco, remite respuesta al acuerdo D.G.P.L.62-II-6-0944, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 22 de octubre de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de febrero de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención al oficio SG/CED/2606/13, de fecha 19 de noviembre de 2013, mediante el cual envía copia del oficio D.G.P.L. 62-II6-0944, signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, solicitando se dé respuesta al punto de acuerdo aprobado que a la letra dice:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como a las autoridades municipales y de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a realizar actividades para conmemorar el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México.”

Al respecto informo a usted que el 22 de octubre de 2013 se llevó a cabo una plática por la Subdirección de Servicios Sociales, invitando a los comités vecinales y a la población en general; en la que se denominó Recuento de avances de las mujeres a 60 años del voto, Asimismo se enviaron trípticos con información sobre el voto de la mujer a los funcionarios públicos de esta demarcación para que a su vez lo socializaran con sus trabajadoras y trabajadores.

Atentamente

México, DF, a 16 de enero de 2014.— Nessi Nancy Bañuelos Domínguez (rúbrica), directora general de Desarrollo Social.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remiten a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA SUPERIOR

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 62-II-2-1019, signado por el senador Fernando Herrera Ávila, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0122/14, suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a incluir y difundir en los planes y programas de estudio en los niveles de la educación básica y media superior, el espíritu sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas, así como llevar a cabo procedimientos para la actualización curricular y la formación de maestras y maestros –inicial y en servicio– que incluya contenidos sobre los temas referidos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de febrero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/063/14, a través del cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el que exhorta incluir en los planes y programas de estudio de educación básica y media superior las asignaturas sobre los derechos humanos.

En virtud de lo anterior, envío copia del oficio número DGECyTM/DG/31/2014, suscrito por el ingeniero Ramón Zamanillo Pérez, director general de Educación en Ciencia y Tecnología de la Subsecretaría de Educación Superior y similar número SEB/UR300/CAS/02212014, suscrito por el licenciado Uladimir Valdez Pereznúñez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica, con los comentarios correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de febrero de 2014.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), coordinador de enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Doctor Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública .— Presente.

En respuesta a su oficio número 031, del pasado 13 de enero, relativo al exhorto que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprobó en su sesión del día 8, también del presente mes, me permito hacer el siguiente comentario general y los específicos a cada uno de los tres puntos planteados.

En consideración de que el principal propósito de la tarea educativa del Estado es el de la formación de ciudadanos (as), resulta no sólo pertinente sino encomiable la petición del Legislativo, por varias razones.

La primera es que se trata de un mandato constitucional inscrito en el marco de la pasada reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en junio de 2011 y que representa un cambio de paradigma, sobre todo en lo que se refiere al artículo 3o. de la Carta Magna, en donde se establece que “la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar arm6nicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

En segundo lugar, para asegurar que la futura ciudadanía respete las leyes y sus instituciones, se necesita que primero las conozcan y valoren, y para ello, la base se sitúa ahora en este nuevo marco de derechos humanos, cuyos instrumentos jurídicos internacionales también están incorporados constitucionalmente.

Además, se atraviesa por un momento oportuno, toda vez que el sistema educativo se encuentra inmerso en un proceso transformativo, situación que debe aprovecharse para cumplir con este mandato de forma más eficiente, como por ejemplo a través de los foros regionales y nacionales para la consulta de la evaluación del modelo educativo.

En cuanto a los puntos concretos:

Primero.Exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a incluir en los planes y programas de estudio en los niveles de la educación básica y la media superior una asignatura con contenidos sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas, durante los seis años de primaria y los tres de bachillerato, así como en los tres de los campos formativos de preescolar.

En virtud de la magnitud del tema de derechos humanos es pertinente, como lo expresa la propuesta parlamentaria, abarcar estos dos subsistemas: básico y media superior. De esta manera se procura un aprendizaje paulatino que consolide los valores cívicos, éticos y el sentido de pertenencia, como los resultados finales a obtener.

La propuesta señala los temas que son nodales para esta etapa de la vida del alumnado, y coloca el énfasis en aquellos en donde son más vulnerados sus derechos humanos como son los delitos, incluyendo el de trata de personas. Lo anterior se vincula y refuerza las tareas institucionales que se desarrollan a favor de la prevención y resiliencia, así como en contra de la violencia dentro del ámbito escolar.

Se reitera asimismo, la cuestión de la igualdad de género, que está llamada a ser una estrategia transversal de la presente administración federal, tal como lo indica el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018) el Programa Sectorial de Educación correspondiente.

Segundo. Exhortar a la Secretaría de Educación del gobierno federal y a las autoridades educativas locales a llevar a cabo procedimientos para la actualización curricular y la formación de maestras y maestro –inicial y en servicio– que incluya contenidos sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas.

Sobre este punto se requiere fincar una sólida política de sensibilización y capacitación en los mandos medios y superiores, para que conozcan y se apropien de la trascendencia de la reforma en materia de derechos humanos para el desarrollo de la gestión educativa.

Es imprescindible abarcar en esta tarea principalmente a las Escuelas Normales, la Universidad Pedagógica Nacional, los Centros de Maestros y a los Centros de Actualización del Magisterio.

Dado que la obligación del Estado mexicano es asegurar el respeto, promoción y garantía de los derechos humanos, se recomienda generar cursos de actualización con valor curricular a efecto de incentivar al profesorado en este conocimiento. El impacto que su actualización en esta materia se pueda alcanzar rebasará sin duda la propagación de una nueva cultura ciudadana, incluso fuera de las aulas.

En acompañamiento a lo anterior, se precisará generar material didáctico de apoyo a los y las maestras, que pueda ser utilizado ampliamente en los distintos niveles de escolaridad, y que guarden una orientación y lenguaje apegado estrictamente a lo que marcan los estándares internacionales de derechos humanos. De igual manera, se requiere complementar con programas de radio, televisión y demás medios de comunicación recurrentes en los ámbitos escolares.

Tercero. Exhortar a las Secretaría de Educación estatales o sus homólogas en las entidades federativas y el Distrito Federal para que al proponer los contenidos regionales para los planes y programas de estudio, consideren se incluyan los temas de la defensa y protección de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género, así como la prevención de la trata de personas, durante preescolar, la primaria y el bachillerato.

Toda vez que la garantía de los derechos humanos es una tarea de Estado y no sólo del gobierno federal, la propuesta es pertinente en tal sentido. Para la atención de este punto se necesita preparar una agenda de trabajo para llevar al pleno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Cabe hacer notar que no existe explícitamente dentro de la clasificación económica de los programas presupuestarios de esta Secretaría, ni en su estructura administrativa, una instancia específica para atender este enorme reto, aunque se tienen algunas actividades institucionales relacionadas, pero las distintas tareas se encuentran dispersas. Esto último, a pesar de que, de entrada, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 establece que:

La educación es un derecho humano fundamental que debe estar al alcance de todos los mexicanos. No basta con dar un espacio a los alumnos en las escuelas de todos los niveles; es necesario que la educación forme con dar un espacio a los alumnos en las escuelas de todos los niveles; es necesario que la educación forme para la conciencia, los derechos humanos y la responsabilidad social, el cuidado de las personas, el entendimiento del entorno, la protección del medio ambiente; la puesta en práctica de habilidades productivas y, en general, para el desarrollo integral de los seres humanos. Un buen sistema educativo debe ser incluyente, favorecer la equidad y nunca un medio para mantener o reproducir privilegios.

Como conclusión de todo lo anterior, se recomienda explorar la posibilidad de contratar a un grupo de expertas(os) en la reforma constitucional en materia de derechos humanos y en política educativa para el diseño de una estrategia integral para iniciar el proceso de institucionalización de la educación en derechos humanos, ya que por ejemplo, la profesionalización del magisterio debe hacerse de acuerdo con lo que estipula la Ley del Servicio Profesional Docente.

Sin otro particular, espero que estos comentarios contribuyan a dar un pronta respuesta al exhorto legislativo, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de enero 2014.— Ingeniero Ramón Zamanillo Pérez (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el Congreso de la Unión de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

En atención al oficio número UR 120 UCE/CECU/0015/ 14 REF.0002-P, se envían los comentarios debidamente rubricados relativos al punto de acuerdo suscrito por los diputados Crystal Tovar Aragón y José Luis Esquivel Zalpa, que señala lo siguiente: Exhorta a la SEP a incluir en los planes y programas de estudio en los niveles de educación básica y media superior una asignatura con los contenidos sobre el conocimiento y el respeto a los derechos humanos; y Tercero. Exhorta a las Secretarías de Educación estatales o sus homólogos en las entidades federativas y el DF y proponer contenidos regionales para los planes y programas de estudios, que incluyan los temas de la defensa y protección de los derechos humanos, igualdad de género, atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, así como la trata de personas, de preescolar al bachillerato.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de enero de 2014.— Maestro Uladimir Valdez Pereznúñez (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Uladimir Valdez Pereznúñez, coordinador de Asesores, SEB.— Presente.

En atención al volante de correspondencia número 1400058-01, mediante el que anexa copia del oficio número UR 120 UCE/CECU/0015/14, relativo al punto de acuerdo suscrito por los diputados Crystal Tovar Aragón y José Luis Esquivel Zalpa, que señala lo siguiente, Primero. Exhortar a la SEP a incluir en los planes y programas de estudio en los niveles de educación básica y media superior una asignatura con los contenidos sobre el conocimiento y el respeto a los derechos humanos; y Tercero. Exhortar a las Secretarías de Educación estatales o sus homólogas en las entidades federativas y del DF y proponer contenidos regionales para los planes y programas de estudios, que incluyan los temas de la defensa y protección de los derechos humanos, igualdad de género, atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, así como la trata de personas, de preescolar al bachillerato, al respecto me permito comentarle lo siguiente.

En cuanto al Primer exhorto es importante señalar que la Subsecretaría de Educación Pública, a través de la DGDC, en el marco de sus atribuciones ha llevado a cabo reformas al plan y los programas de estudio de educación básica incorporando una línea formativa para favorecer el desarrollo de una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos y, en particular, garantizar el ejercicio de derechos para mujeres y hombres.

En dicho proceso de reforma, algunos de los contenidos que se han incorporado permiten abordar, de manera explícita y puntual, el conocimiento y promoción de los derechos humanos con la finalidad de que los alumnos puedan asumir actitudes y valores propios de las sociedades democráticas, en especial aquellos que garanticen el respeto a la dignidad humana y a un desarrollo integral sano, así como el reconocer el derecho que tienen mujeres y hombres a un desarrollo con igualdad de oportunidades y libre de cualquier tipo de violencia teniendo como marco de referencia el favorecer en los alumnos una cultura de respeto a los derechos humanos y de equidad de género.

De manera específica, es a partir de la asignatura de formación cívica y ética, que se imparte en la educación primaria y secundaria, donde se ha incorporado un enfoque orientado a favorecer una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos y de equidad de género los cuales están presentes a través de los contenidos que se establecen en el currículo de la asignatura para el trabajo en grupo, por ejemplo, en tercer grado de primaria uno de los temas a trabajar en grupo es qué actividades realizan los hombres y las mujeres en mi comunidad. Por qué mujeres y hombres deben tener igualdad de oportunidades. Cuestionar las actividades que tradicionalmente se asignan a hombres y mujeres, entre otros.

Con relación al tema de la prevención del delito, en la educación básica se han incorporados contenidos que buscan favorecer en las niñas, niños y adolescentes una cultura de la prevención, orientada a prevenir conductas que atentan contra la integridad y la dignidad de los alumnos; que favorecen la capacidad de niñas, niños y adolescentes para elegir un estilo de vida sano, pleno y responsable; basado en el respeto y defensa de los derechos de la niñez que las niñas y los niños puedan identificar situaciones que atentan contra su dignidad e integridad personal; que los adolescentes sean capaces de decir no a la presión de familiares, amigos o adultos que atentan contra su integridad personal.

En este sentido, la educación que la sociedad demanda para niños y adolescentes del país es aquella que favorece el desarrollo de competencias para: la vida; que les brinde oportunidades equivalentes de formación, independientemente de su origen social y cultural; que contribuya a promover la disposición pata asumir compromisos en aras de la defensa y la promoción de la salud y los derechos humanos, el fortalecimiento de valores cívicos y éticos orientados a la convivencia; a enfrentar el riesgo y la incertidumbre; a plantear y llevar a buen término alternativas para la resolución de problemas y manejar el fracaso y la desilusión.

Para favorecer una educación integral en las niñas, niños y adolescentes del país se han impulsado un conjunto de acciones, una de las cuales ha sido favorecer el desarrollo de competencias a partir de los programas de estudio de las asignaturas de educación primaria y secundaria. En este marco es que los programas de la asignatura de formación cívica y ética, contribuyen al desarrollo de ocho competencias cívicas y éticas las cuales favorecen en los alumnos su capacidad para actuar y responder ante situaciones de la vida personal y social, en las que requieren tomar decisiones que involucren una toma de postura ética o la formulación de juicios de valor.

Las competencias cívica y ética que favorecen la reflexión y el desarrollo de habilidades y actitudes en favor de los derechos humanos, la equidad de género y la prevención de la violencia son:

Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Contribuye a que las personas ejerzan su libertad al tomar decisiones y regular su comportamiento de manera responsable y autónoma con base en el conocimiento de sí mismos, trazándose metas y esforzándose por alcanzarlas. Aprender a autorregularse implica reconocer que todas las personas pueden responder ante situaciones que despiertan sentimientos y emociones, pero también que poseen la facultad de regular su manifestación para no dañar la propia dignidad o la de otras personas.

Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad.Mediante el ejercicio de esta competencia se busca que los alumnos se reconozcan como miembros responsables y activos de diversos grupos sociales generando disposiciones para participar constructivamente en el mejoramiento del ambiente social y natural, interesarse en la situación económica del país, ‘cuestionar la indiferencia ante situaciones de injusticia y solidarizarse con las personas o grupos de diferentes latitudes y contextos.

Apego a la legalidad y sentido de justicia. Donde la legalidad se refiere al reconocimiento, respeto y cumplimiento de normas y leyes de carácter obligatorio para todos los miembros de una colectividad. Esta competencia alude a la capacidad del individuo de actuar con apego a las leyes e instituciones, siendo éstas producto del acuerdo entre los miembros de la comunidad, estableciendo derechos y obligaciones para ciudadanos y responsabilidades para servidores públicos.

Comprensión y aprecio por la democracia. Esta competencia consiste en comprender, practicar, apreciar y defender la democracia como forma de vida y de organización política y social, su ejercicio plantea que los alumnos participen en actividades de grupo, expresen sentimientos e ideas de manera respetuosa y consideren los puntos

En el caso de los programas de estudio pertenecientes al subcampo temático formación ciudadana :para una convivencia democrática en el marco de una cultura de la legalidad, se incorporan contenidos relativos a los derechos humanos, los derechos de los adolescentes, instituciones que salvaguardan los derechos humanos en las entidades; situaciones y actitudes que ponen en riesgo la integridad social de los adolescentes, la importancia del; respeto a normas y leyes para favorecer una convivencia democrática. Asimismo, se promueve el apego y asunción de valores para la vida democrática como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la igualdad, la equidad, la Justicia, la tolerancia, la reciprocidad y la cooperación. Con lo anterior se promueve en los adolescentes su capacidad para actuar con autonomía y responsabilidad, para reconocerse como sujetos con dignidad y derechos, al tiempo que respeten a los demás. Actualmente 31 entidades desarrollan programas de estudio de este subcampo.

En el subcampo temático educación sexual, se promueven contenidos que favorecen en los alumnos el conocimiento de sí mismos, en los aspectos biológicos, emocionales y éticos, con capacidad para reconocer y regular sus impulsos a favor de su bienestar y el respeto a su dignidad y la de quienes les rodean, así como establecer relaciones basadas en el respeto y la equidad de género. El género y la equidad de género son contenidos centrales de estos programas a fin de que los estudiantes reconozcan que la sexualidad es resultado de una construcción sexual en la que deben considerarse los derechos humanos de hombres y mujeres. Los programas de estudio de este subcampos imparten en cinco entidades del país.

El Catálogo Nacional de Programas de Asignatura Estatal se puede consultar en la página electrónica: http://basica. sep.gob.mx/dgde/sitio/start.php.

Como podrán ustedes observar, el exhorto está presente en los programas de formación cívica y ética de educación básica y el espacio curricular de la asignatura estatal de secundaria, por lo cual la propuesta está considerada en las acciones impulsadas por la Subsecretaría de Educación Básica, sin embargo, sería pertinente mencionar que, por la relevancia de los temas, podrían sugerirse acciones conjuntas con instituciones, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en el tema para favorecer una cultura de respeto a los derechos humanos y la equidad de género.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de enero de 2014.— Maestro Hugo Balbuena Corro (rúbrica), director general de Desarrollo Curricular.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Uladimir Valdez Pereznúñez, coordinador de Asesores de la SEB

Hago referencia al oficio número UR 120 UCE/CECU/0015/14, relativo a la sesión celebrada el pasado 8 de enero en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, donde fue presentada una proposición con punto de acuerdo, suscrita por los diputados Crystal Tovar Aragón y José Luis Esquivel Zalpa, que señala en segundo término: Exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y a las autoridades educativas locales a llevar a cabo procedimientos para la actualización curricular y la formación de maestras y maestros –inicial y en servicios– que incluya contenidos sobre el conocimiento y el respeto de los derechos humanos, la atención y prevención de delitos contra menores de edad y jóvenes, la igualdad de género y la prevención de la trata de personas; me permito proponer a usted lo siguiente:

La Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, a través del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio 2012-2013, ha ofertado las siguientes propuestas de formación en los temas antes citados:

Derechos Humanos

Curso “Educación integral de la sexualidad en educación secundaria”. De la Escuela Normal de Atlacomulco, estado de México.

Curso “Educación para la democracia y los derechos humanos”. De la Universidad de Quintana Roo.

Curso “El derecho a la no discriminación en México”. De la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio.

Curso “Ética profesional del magisterio”. De la Dirección de Actualización y Centros de Maestros, Distrito Federal.

Curso “Formación cívica y Ética en la educación básica 1”. De Nexos-Sociedad, ciencias y Literatura, Distrito Federal.

Curso “Educación en derechos humanos como elemento de innovación y calidad en educación indígena”. De la Dirección

General de Educación Indígena

Curso “Derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes”. De la Comisión de Derechos Humanos, Hidalgo.

Diplomado “Civismo y Ética basado en competencias”. De la Universidad Autónoma de Campeche.

Diplomado “Derechos Humanos de los niños y las niñas y educación para la paz”. De la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 112, Celaya, Guanajuato.

Diplomado “Diplomado en Derechos Humanos, Ética y valores”. De la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141, Guadalajara, Jalisco.

Diplomado “Educación en Derechos Humanos para maestras y maestros de educación básica”. De la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Especialidades “Especialidad para la profesionalización en y para los derechos de los niños y las niñas en primera infancia”. De la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 081, Chihuahua.

México, DF, a 27 de enero de 2014.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite al promovente, para su conocimiento.

PREPONDERANCIA DE LOS AGENTES ECONOMICOS INVOLUCRADOS EN LA RETRANSMISION DE SEÑALES RADIODIFUNDIDAS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1223 signado por el senador Fernando Herrera Ávila, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1.3.-065/2014 suscrito por el licenciado Adrián del Mazo Maza, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a resolver de manera prioritaria la preponderancia de los agentes económicos en el mercado de telecomunicaciones involucrados, directa o indirectamente, en la retransmisión de señales radiodifundidas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 10 de febrero de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/138/14 del 30 de enero de 2014, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 29 del actual, cuyo resolutivo cito:

“ Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a fin de que en el ámbito de sus facultades, intervenga para hace cumplir las condiciones establecidas por el constituyente permanente en el transitorio octavo, fracción I, del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, y en este tenor de ideas proceda a resolver de manera prioritaria la preponderancia de los agentes económicos en el mercado de telecomunicaciones involucrados, directa o indirectamente, en la retransmisión de señales radiodifundidas.”

Me permito informar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no se encuentra supeditado ni sectorizado al ámbito de competencia de esta secretaría, atendiendo a que el pasado 10 de septiembre de 2013 se constituyó oficialmente en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y competencia económica.

Por lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 28 constitucional, el citado instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; por tal motivo esta secretaría no es competente para comunicarle oficialmente el punto de acuerdo, mismo que se adjunta al presente para los fines conducentes.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de febrero de 2014.— Licenciado Adrián del Mazo Maza (rúbrica), director general de Vinculación.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se remite al promovente, para su conocimiento.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos E Históricos.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 28 TER A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el artículo 28 Ter a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 28 Ter. Las disposiciones sobre preservación e investigación en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos serán aplicables a los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, localizados en la zona marina de los Estados Unidos Mexicanos, que hayan estado bajo el agua parcial o totalmente, de forma periódica o continua, tales como: los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural; los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural; y los objetos de carácter prehistórico.

Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de Estados extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional.

Las autorizaciones para realizar investigación y exploración de los bienes a que se refiere el primer párrafo, se sujetarán a lo establecido en el artículo 30 de esta ley.

TRANSITORIO

ÚNICO.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., 22, 34 y 34 Bis y se adicionan los artículos 5o. Bis, 5o. Ter y 5o. Quáter de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5º, 22, 34 Y 34 BIS Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 5º BIS, 5º TER Y 5º QUÁTER DE LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 5°, segundo párrafo; 22, segundo párrafo; 34, segundo párrafo y 34 bis, tercer párrafo, y se adicionan los artículos 5° bis, 5° ter y 5° quáter, todos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen:

Artículo 5°. ...

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Educación Pública, previo procedimiento establecido en los artículos 5º bis y 5° ter de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5° bis. En los procedimientos de declaratorias que se inicien a petición de parte, la solicitud respectiva deberá presentarse ante el Instituto competente y reunir los siguientes requisitos:

a) El nombre, denominación o razón social de quién o quiénes la promuevan y, en su caso, de su representante legal;

b) Domicilio para recibir notificaciones;

c) Nombre de la persona o personas autorizadas para oír y recibir notificaciones;

d) La información necesaria que permita identificar inequívocamente el bien o zona objeto de la petición de declaratoria;

e) Nombre y domicilio de quienes pudieren tener interés jurídico, si los conociere, y

f) Los hechos y razones por las que considera que el bien o zona de que se trate es susceptible de declaratoria.

Artículo 5° ter. La expedición de las declaratorias a las que se refiere la presente ley se sujetará al siguiente procedimiento:

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, por conducto del titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último.

Tratándose de declaratorias seguidas a petición de parte, el Instituto competente revisará si la solicitud respectiva reúne los requisitos señalados en el artículo que antecede, en cuyo caso se admitirá a trámite. En caso contrario, dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, el Instituto competente prevendrá por una sola vez al promovente para que subsane las omisiones dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación. Transcurrido el término sin que la prevención haya sido desahogada, el trámite será desechado

II. El acuerdo de inicio de procedimiento de declaratorias de monumentos se notificará personalmente a quienes pudieren tener interés jurídico y, en su caso, al promovente con un resumen del acuerdo. Tratándose de declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, el Instituto competente procederá a realizar la notificación mediante publicaciones que contendrán un resumen del acuerdo, el área que abarque la poligonal, precisando sus límites, así como la identificación de los inmuebles incluidos dentro del área que se pretende declarar. Dichas publicaciones deberán efectuarse por tres días consecutivos eh el Diario Oficial de la Federación, en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la entidad en la que se localice la zona objeto de la declaratoria y en uno de mayor circulación nacional, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de dicho acuerdo.

Tratándose de declaratorias de monumentos artísticos o de zonas de monumentos artísticos, previo a la notificación de inicio de procedimiento, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura enviará el expediente del proyecto de declaratoria a la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos, para los efectos procedentes. En caso de que dicha Comisión Nacional emita opinión favorable respecto de la expedición de la declaratoria, el titular de dicho Instituto procederá en los términos establecidos en esta fracción. En caso contrario, el procedimiento se dará por concluido debiéndose emitir el acuerdo correspondiente por la autoridad que le dio inicio, por conducto del titular del Instituto competente. Si se tratara de una declaratoria seguida a petición de parte, el Instituto notificará la resolución al promovente dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha en que ésta se emita, concluyendo así el procedimiento.

III. Los interesados tendrán un término de quince días hábiles a partir de la notificación o de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción anterior, para manifestar ante el Instituto competente lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas y alegatos que estimen pertinentes.

IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario de Educación Pública el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de un plazo de treinta días hábiles.

V. Recibido el expediente por el Secretario de Educación Pública, si se tratara de una declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Educación Pública enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto Competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VI. Las resoluciones a que se refiere la fracción anterior únicamente podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

VII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Educación Pública, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El presente procedimiento no será aplicable en el caso previsto en el artículo 34 Bis de esta Ley.

Para lo no previsto en la presente ley se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 5° quáter. En los demás actos de autoridad a que se refiere la presente Ley, diferentes a los señalados en el artículo anterior, la garantía de audiencia se otorgará conforme a lo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 22. ...

La declaratoria de que un bien inmueble es monumento, deberá inscribirse, además, en el Registro Público de la Propiedad de su jurisdicción, en un plazo de quince días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 34. ...

La opinión de la Comisión será necesaria para la emisión de las declaratorias.

...

...

...

Artículo 34 Bis. ...

...

Dentro del plazo de noventa días que se prevé en este artículo, se dictará, en su caso, un Acuerdo de Inicio de Procedimiento y se seguirá lo previsto en el artículo 5° ter de la presente Ley. En caso centrarlo, la suspensión quedará automáticamente sin efectos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal publicará las reformas conducentes al reglamento correspondiente.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta;senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.—  Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55, y se adiciona el artículo 53 Bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2014.—  Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 Y 55, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 53 BIS A LA LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52 53, 54 Y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como siguen:

ARTÍCULO 47. Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTÍCULO 48. Al que valiéndose del cargo o comisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia o de la autorización otorgada por éste para la ejecución de trabajos arqueológicos, disponga para sí o para otro de un monumento arqueológico mueble, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a cinco mil días multa.

Si los delitos previstos en esta Ley los cometen funcionarios encargados de la aplicación de la misma, las sanciones relativas se les aplicarán independientemente de las que les correspondan conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

ARTÍCULO 49. Al que efectúe cualquier acto traslativo de dominio de un monumento arqueológico mueble o comercie con él y al que lo transporte, exhiba o reproduzca sin el permiso y la inscripción correspondiente, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie los actos descritos en este artículo, se le incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTÍCULO 50. Al que ilegalmente tenga en su poder un monumento arqueológico, o un monumento histórico mueble y que éste se haya encontrado en o que proceda de un inmueble a los que se refiere la fracción I del artículo 36, se le impondrá prisión de tres a nueve años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTÍCULO 51. Al que se apodere de un monumento mueble arqueológico, histórico o artístico sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la Ley, se le impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a tres mil días multa.

ARTÍCULO 52. Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado.

Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal

ARTÍCULO 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de tres mil a cinco mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.

ARTICULO 54. A los reincidentes en los delitos tipificados en esta Ley, se les aumentará la sanción desde dos tercios hasta otro tanto de la duración de la pena. La sanción para quienes resulten delincuentes habituales se aumentará de uno a dos tantos de la que corresponda al delito mayor.

Para resolver sobre reincidencia, habitualidad y determinación de multas, se estará a lo dispuesto en el Código Penal Federal.

...

...

ARTÍCULO 55. Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona el artículo 53 bis a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para quedar como sigue:

Artículo 53 bis. Al que introduzca al territorio nacional, saque del país o transfiera la propiedad de bienes culturales, infringiendo las disposiciones legales adoptadas en el país de origen de los mismos, se le impondrá prisión de tres a doce años y multa de dos mil a cuatro mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los bienes de que se trate serán incautados y quedarán a disposición de las autoridades del país de origen.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.—  Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 82; y se adicionan la fracción XXI del artículo 2, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes, y un segundo y tercer párrafos al artículo 20 de la Ley General de Protección Civil.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 Y 82; Y SE ADICIONAN LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EL ORDEN DE LAS FRACCIONES SUBSECUENTES, Y UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 20, DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 2, fracción XVI, y el artículo 82, asimismo se adiciona la fracción XXI, recorriendo el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2, y se añade un segundo y tercer párrafo al artículo 20, de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 2. ..

I. a XV. ...

XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o aquellos provenientes del espacio exterior, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

XVII. a XX. ...

XXI. Fenómeno astronómico: Eventos, procesos o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros. Algunos de éstos fenómenos interactúan con la tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos.

XXII. Fenómeno Natural Perturbador: ...

XXIII. Fenómeno Geológico: ...

XXIV. Fenómeno Hidrometeorológico: ...

XXV. Fenómeno Químico-Tecnológico: ...

XXVI. Fenómeno Sanitario-Ecológico: ...

XXVII. Fenómeno Socio-Organizativo: ...

XXVIII. Gestión Integral de Riesgos: ...

XXIX.Grupos Voluntarios: ...

XXX.Hospital Seguro: ...

XXXI.Identificación de Riesgos: ...

XXXII.Infraestructura Estratégica: ...

XXXIII.Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos: ...

XXXIV. Instrumentos de administración y transferencia de riesgos: ...

XXXV. Inventario Nacional de Necesidades de Infraestructura: ...

XXXVI. Mitigación: ...

XXXVII. Peligro: ...

XXXVIII. Preparación: ...

XXXIX. Prevención: ...

XL. Previsión: ...

XLI. Programa Interno de Protección Civil: ...

XLII. Programa Nacional: ...

XLIII. Protección Civil: ...

XLIV. Reconstrucción: ...

XLV. Recuperación: ...

XLVI. Reducción de Riesgos: ...

XLVII. Refugio Temporal: ...

XLVIII. Resiliencia: ...

XLIX. Riesgo: ...

L. Riesgo Inminente: ...

LI. Secretaría: ...

LII. Seguro: ...

LIII. Simulacro: ...

LIV. Sistema Nacional: ...

LV. Siniestro: ...

LVI. Unidad Interna de Protección Civil: ...

LVII. Unidades de Protección Civil: ...

LVIII. Vulnerabilidad: ...

LIX. Zona de Desastre: ...

LX. Zona de Riesgo: ...

LXI. Zona de Riesgo Grave: ...

Artículo 20. ...

En el caso de los Fenómenos Astronómicos, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia Espacial Mexicana, trabajarán conjuntamente y en el marco de sus atribuciones, a fin de crear y promover las políticas públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por objetos que provengan del espacio exterior.

Asimismo, el Sistema Nacional de Protección Civil coadyuvará a realizar las acciones necesarias de protección civil, de forma coordinada y eficaz, entre el Gobierno Federal, las entidades federativas, el Gobierno del Distrito Federal, los municipios, las delegaciones, los sectores privado y social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo específico derivado de un agente perturbador espacial.

Artículo 82. El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información climatológica, geológica, meteorológica y astronómica de que se disponga a nivel nacional.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil.

Atentamente

México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero y cuarto del artículo 63 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 63. Las disposiciones administrativas, regularán los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y demás requisitos para el acceso y ejercicio de los recursos de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, constituidos para tal efecto. En cuanto a la formulación y ejecución de las disposiciones administrativas, se atenderá a los principios establecidos en el artículo 5.

...

...

La aplicación, erogación, regulación, justificación, comprobación, rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados en los instrumentos financieros de gestión de riesgos se sujetarán a las reglas y demás disposiciones aplicables que garantizarán los principios de honradez, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.

...

...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 11 de febrero de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta;senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

PROCEDIMIENTOS QUE REGULARAN EL VOTO DE LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la propuesta para la inclusión de los procedimientos que regularán el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. Que desde finales de 1920 se inició la lucha por los derechos políticos de los mexicanos residentes en el extranjero, por lo que garantizar su derecho al voto es fundamental para el desarrollo de la democracia política y el fortalecimiento de la participación ciudadana.

2. Que abrir canales para la expresión y participación ciudadana de los mexicanos, independientemente de su lugar de residencia, es condición necesaria del ejercicio de la soberanía.

3. Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral.

4. Que uno de los capítulos pendientes a revisar y modificar es el relativo al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. La normatividad en la materia data de la reforma del 30 de junio de 2005 cuando se permitió por primera vez en México que los ciudadanos residiendo en el extranjero pudiesen votar por presidente a través de la modalidad del voto postal certificado.

5. Que si bien este paso significó un avance en la ampliación de los derechos cívicos de los mexicanos, los resultados de los dos procesos federales electorales en los cuales se ha implementado el voto a distancia (2005-2006 y 2011-2012) han demostrado con pruebas contundentes, que el modelo de registro y votación vía correo postal certificado es obsoleto , e incluso, inhibe el derecho al voto de los ciudadanos

6. Que la Reforma Electoral 2007-2008 no modificó el Libro VI del Cofipe dando pie a la implementación de un segundo proceso electoral federal con el mismo marco jurídico. El segundo ejercicio tuvo la fortuna de planearse con mayor antelación y permitió al IFE simplificar y flexibilizar ciertos procedimientos. Por ello, en 2012, se logró un incremento de la participación en un 24.8% y se redujeron los costos un 53% con relación a la anterior elección. A pesar del esfuerzo, los resultados continuaron siendo magros pues se obtuvieron 40 mil 737 votos válidos.

7. Que a ocho años de aprobado el voto a distancia y ante tales evidencias, se han presentado más de 13 iniciativas de reforma al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, existen al menos dos informes finales del Instituto Federal Electoral, un análisis de un comité de especialistas, diversos estudios académicos serios, conclusiones de foros migrantes con la participación de diversas fuerzas políticas y libros que plantean la necesidad de reformar el modelo actual a través de propuestas viables para transitar a un modelo más moderno; adecuado a México y a la realidad de los connacionales.

8. Que de prevalecer la reglamentación existente, se restringen los derechos de los ciudadanos y que los resultados se mantendrán o pueden incluso disminuir.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el inciso a), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Primero.La Junta de Coordinación Política acuerda, con el fin de revisar profundamente el voto de los mexicanos en el extranjero y de incluir un mecanismo viable en la ley electoral secundaria, la celebración de un foro de discusión sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero que inicie el 6 de marzo del 2014.

Segundo.De la revisión y análisis de las propuestas vertidas en el foro se procederá a la redacción de la normatividad del 7 al 14 del mes y año señalados.

Tercero.Se instruye a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Asuntos Migratorios la organización y celebración de dicho foro.

Cuarto.Se instruye al Comité de Administración brindar los apoyos necesarios para dicho evento.

Notas:

1 De acuerdo a la Unión Postal Universal y el Servicio Postal Mexicano, el correo postal certificado cada vez tiene menor cobertura mundial.

2 Ver Informe Final sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 2006, IFE, México, DF; Informe Final del Voto de los mexicanos residentes en el extranjero. 2012, IFE, México, DF; y, La segunda experiencia del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Aprendizajes y la agenda inmediata. 2012, IFE, México, DF.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco, Coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: ¿En qué sentido, diputado Monreal? ¿A favor o en contra?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra para hablar a favor el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos que componen este escaso quórum, éste es un tema trascendente para la vida del país. Sin embargo, debo de advertir que no obstante vamos a votar a favor para que se celebren estos foros para determinar el alcance y, en su caso, se contenga la propuesta del voto de los mexicanos en el extranjero. Los mecanismos para ejercer su derecho a sufragar.

Debemos señalar que este esfuerzo ha sido repetido en múltiples ocasiones. Quienes radican en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos de América cuyo origen es nacional, su origen es mexicano, tienen siempre en mente este reclamo para las Cámaras, para el Congreso de la Unión, que poco se hace por los derechos de los migrantes, que poco se hace para la atención a los problemas de los connacionales que radican en los Estados Unidos.

La comunidad mexicana que radica en los Estados Unidos es sumamente importante. Algunos estiman que oscila entre los 20 millones de ciudadanos, algunos ciudadanos, otros todavía con problemas de documentos, pero hay cifras que concuerdan —por estudiosos de la materia—, que expresan que hay más de 20 millones de mexicanos radicados en el exterior, y hay grandes franjas, ubicadas sobre todo en California, Texas, Illinois, incluso en Alaska. Han ido migraciones de mexicanos hacia allá.

Por eso me parece pertinente el que la Junta de Coordinación Política plantee, en este momento a la plenaria, se autorice la celebración de foros y que se faculte a las Comisiones de Gobernación y de Asuntos Migratorios, para llevarlos a cabo.

Nos parece pertinente, es correcta políticamente y es un reclamo de millones de mexicanos radicados en el exterior, para que su voz sea escuchada, para que se tome en cuenta el reclamo de ellos y de ellas, porque se sienten alejados de las políticas públicas, se sienten abandonados por su país y evidentemente con reclamos constantes y frecuentes para los legisladores nacionales.

Nosotros votaremos a favor, pero deseamos que no se engañe. y deseamos que no se repita la múltiple cantidad, la enorme cantidad de foros que se han celebrado a lo largo de la historia con este propósito y con este motivo y que en realidad no hay un reconocimiento pleno en la legislación y en la práctica política a todos aquellos que por necesidad han tenido que irse a radicar a Estados Unidos, a trabajar, a emplearse, a obtener lo que su propio país les ha negado. Por esa razón votaremos a favor.

En Movimiento Ciudadano nos alegra que esta iniciativa pueda prosperar. Aquí hay expertos en esta materia y hay gente vinculada con comunidades de mexicanos radicados en el extranjero que se organizan a través de clubes, a través de federaciones, a través de organizaciones que le sirven a su país, que contribuyen con su país, que ayudan a su comunidad y que hoy el Parlamento pudiera corresponder, aunque sea un poco, a estas exigencias de ellos que radican en el extranjero. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene el uso de la palabra, también para hablar a favor, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias presidente. Para celebrar este tipo de acuerdos de la Junta de Coordinación Política que tienden a oxigenar, airear la discusión sobre un tema trascendente, que es la parte del voto de los mexicanos en el extranjero en la correspondiente legislación electoral.

Nosotros creemos que las leyes tienen que ventilarse, no son nada más esfuerzos de gabinete o trabajos de conciliación política entre las cúpulas sino que tiene que escucharse a especialistas, sobre todo en un tema que demanda una gran complejidad. Mexicanos que por cuestiones económicas o sociales han tenido que emigrar, fundamentalmente de estados como Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, entre otros estados del país, se han convertido, en los hechos, en mexicanos de segunda, que no tienen un acceso pleno al ejercicio de sus derechos político-electorales, complicaciones de carácter técnico, falta de voluntad política en ocasiones se han conjuntado para simplemente cubrir el expediente en la legislación con la materia del voto de los mexicanos en el extranjero, pero haciéndolo inviable en los hechos.

También se han destinado, sin transparencia, millonarios recursos para alentar y promover este voto y los resultados en los últimos procesos electorales han sido verdaderamente pobres. Por esto consideramos que sí es un tema relevante, porque hay millones de mexicanos del otro lado de la frontera en Estados Unidos de América, pero también en otros lugares del mundo que tienen que tener a través de diferentes mecanismos en los consulados, en las embajadas, por medios de Internet con los correspondientes mecanismos de seguridad deben explorarse estas vías para que puedan participar electoralmente.

Al tiempo de estar a favor, también hacemos un llamado para que en la discusión de la reforma política-electoral se oxigene la discusión en otros temas, el tema del financiamiento, el tema del acceso a medios de comunicación, el tema de la democracia participativa; es decir, que no constriñamos estos foros simplemente a un tema que tiene que ver con el voto de los mexicanos en el extranjero.

Hacemos una exhortación a la Junta de Coordinación Política, a la propia Comisión de Gobernación y a las comisiones involucradas para que se promuevan foros sobre los diferentes temas. Este tema de la legislación electoral tiene que ser ampliamente debatido y de manera participativa, y por eso razón nosotros saludamos, como lo dijo nuestro coordinador, Ricardo Monreal, esta iniciativa, pero que no se quede nada más en el voto de los mexicanos en el extranjero.

Hay temas de la agenda político-electoral que tienen ser motivo de discusión con especialistas, académicos y actores involucrados desde la sociedad civil. Es cuanto. Gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz, la diputada Amalia García Medina, para referirse también al acuerdo.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, es pertinente que al hablar de los mexicanos en el exterior partamos de un concepto fundamental, no hablando solamente del Estado mexicano sino de la nación mexicana.

¿Qué concepto tiene los expertos sobre nación? La nación la constituyen las personas, los seres humanos. La nación mexicana no se termina dentro de nuestras fronteras, la nación mexicana está ahí en donde hay mexicanos y mexicanas.

En el caso de los mexicanos en el exterior, que están en diversas partes del mundo, los especialistas y los propios migrantes en Estados Unidos, migrantes mexicanos y mexicanas, señalan que hay alrededor de 33 millones de mexicanos y mexicanos de origen mexicano en Estados Unidos.

Indocumentados, sin documentos, se calculan alrededor de unos 12 millones; pero el tema sustancial es que la nación mexicana no termina solo en nuestras fronteras sino que también está presente en el exterior, ya nuestra Constitución les reconoce derechos a esos mexicanos que, sin estar en nuestro propio territorio, han ido a vivir a otro lugar.

Nuestra Constitución señala el derecho a la doble nacionalidad, es decir que alguien, no importa cuántos años haya estado fuera e incluso si adquirió otra nacionalidad, mantiene la nacionalidad mexicana. Esto es verdaderamente formidable, es un derecho sustancial que además es reconocido cada vez más en diversas partes del mundo a sus propios connacionales.

También hay que decir que estos mexicanos que están en el exterior, siguen contribuyendo con sus familias, con su región y con su país. Basta señalar que después de los ingresos petroleros el segundo ingreso más importante en divisas es de los mexicanos en el exterior, porque aportan en promedio cada año alrededor de 21 mil millones de dólares. ¿Qué pasaría con la economía mexicana sin la aportación de esos recursos? Pero si ellos aportan, cómo cumplimos nosotros con sus derechos.

Esta decisión que se ha tomado en la Junta de Coordinación Política resulta sustancial porque atiende a un derecho, aunque yo diría que todavía de manera parcial, el derecho de votar que es fundamental para los mexicanos se encuentren en donde se encuentren, en cualquier parte del planeta.

Y un grupo de expertos, en donde hay académicos, estudiosos, lo que han dicho es que ese derecho al voto no se ha aplicado correctamente porque el instrumento ha fracasado. No el deseo de los mexicanos en el exterior a votar, sino el instrumento.

Y que ha llegado la hora de que en la era de la tecnología, en la era de la comunicación, los mexicanos en el exterior puedan votar también vía electrónica. Esto lo que requiere es voluntad política.

Y en la decisión de la Junta de Coordinación Política precisamente de lo que se habla es de que a partir de estos foros se proponga un mecanismo viable a la ley electoral que permita esto.

Estoy segura de que este Congreso, la Cámara de Diputados, por supuesto, sin duda avalará que a partir de estos foros se instrumente la propuesta para que los mexicanos puedan ejercer su voto vía electrónica y con diversos mecanismos, lo pueden hacer también en los consulados, si desean hacerlo por correo, por escrito, pero la vía electrónica en la era de la comunicación es fundamental. Nos parece elemental que esto se realice.

Agregaría, sin embargo, también otro planteamiento de los propios mexicanos en el exterior, y llamo mexicanos en el exterior porque así desean que se les denomine, no sólo migrantes, que lo son, sino mexicanos en el exterior con derechos políticos.

Y para completar los derechos políticos de ellos, lo que proponen es también su derecho a ser elegidos y a estar formando parte de las decisiones del país.

Si bien es cierto —y termino con esto— ellos han propuesto la creación de una sexta circunscripción y quieren que eso se reflexione. Por lo pronto, lo que han planteado es que ya que se va a discutir una reforma política y electoral en el Congreso de la Unión en las próxima semanas, se contemple la posibilidad de que todos los partidos políticos incluyan necesariamente en cada una de las cinco circunscripciones, al menos en los primeros 12 lugares, a un migrante, a un mexicano en el exterior.

También creo que esto debería contemplarse en el foro, puesto que el foro lo que está planteando —y me parece acertadísima esa decisión de la Junta de Coordinación Política— es atender los derechos políticos de los mexicanos en el exterior: su derecho a votar y su derecho a ser elegidos y elegidas, y podemos hacerlo en la ley secundaria y en los partidos políticos y de esa manera la nación mexicana les daría todos sus derechos, señor Presidente, compañeras y compañeros.

Por supuesto que estamos dispuestos a participar en este foro por los derechos de todos y todas las mexicanas que están en el exterior. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Luis Alberto Villarreal García.

El diputado Luis Alberto Villarreal García:Muchas gracias, Presidente. Para Acción Nacional los derechos de los mexicanos en el exterior han sido más que discurso: acciones y propuestas.

Por eso saludamos y respaldaremos el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que podamos en los próximos días y en el marco de la discusión de las leyes secundarias en materia política y electoral, analizar con académicos, analizar con líderes migrantes, analizar con intelectuales cómo podemos pasar ya no del reconocimiento del derecho de los mexicanos a votar fuera de nuestro territorio, sino cómo hacerle para que esos mexicanos efectivamente puedan participar.

A nosotros no nos da miedo que más de un millón de mexicanos que no están en este país y que pudieran votar, puedan ejercer ese derecho en el 2018 y decidir el rumbo de este país por el que tanto sacrificio y esfuerzo permanente todos los días hacen y han hecho.

Hace unos años, en la LIX Legislatura aquí se legisló para reconocerse ese derecho. Sin embargo, en dos elecciones, la del 2006 y la del 2012, menos de 50 mil mexicanos han participado por la complejidad del sistema que ya mencionaron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.

¿Qué creemos? Creemos que tenemos que analizar a cabalidad la credencialización de los mexicanos que no están aquí y que no necesariamente tienen por qué venir a México a sacar una credencial que les permita ejercer su derecho, a decidir el destino de este país y quién lo gobierna.

Hay que analizar cómo poderle dar seguridad al padrón electoral y cómo limpiarlo, porque lo que sí sabemos es que muchos mexicanos que se van a perseguir el llamado sueño americano, en el paso dejan la credencial de elector y esa misma credencial de elector se utiliza para otros fines.

El hacer un sistema que nos permita actualizar el padrón electoral, saber quién vive aquí y quién está en otro país, con toda claridad, nos va a permitir, sin duda, tener una democracia con más certeza y con mejores resultados para todos.

Para nosotros este no es un tema, insisto, solamente de discurso. Por eso en las últimas cuatro legislaturas, sin necesidad de cuotas, Acción Nacional siempre ha tenido orgullosamente en su bancada algún líder migrante que alce la voz por los millones de mexicanos que no están aquí, pero que sí trabajan por este país.

Y por eso, porque estamos comprometidos con ellos, porque queremos conocer sus puntos de vista respecto al destino de este país, porque queremos no solamente que se le reconozca el derecho al voto, sino que todos puedan votar porque no le tenemos miedo a lo que opinen esos mexicanos, porque somos demócratas, por eso vamos a votar para que podamos llevar estos foros y podamos incluir, de a deveras y para siempre, el voto de los mexicanos en el exterior en la próxima discusión de la ley electoral y política de este país. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Lo anoto para rectificación de hechos al final de la lista, como dice el Reglamento. Y tiene la palabra el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana también para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, quería hacer uso de la palabra en este tema que me parece fundamental y de una reivindicación histórica para las mexicanas y para los mexicanos que residen en el exterior.

Los compatriotas que están allá, fuera de nuestras fronteras, no están allí por una voluntad personal, están por una necesidad muchas veces hasta de sobrevivencia y sin embargo mantienen fuertes vínculos con nuestro país y luchan por no renunciar a su cultura, a su gastronomía, a sus creencias, a su forma de ser mexicanos.

Por eso, para quienes militamos en la izquierda, y en particular para el PRD, es motivo de preocupación que finalmente aterricemos en un verdadero esquema que permita la verdadera participación electoral y política de los mexicanos residentes en el exterior.

En los últimos dos procesos electorales presidenciales ha habido un gasto millonario del IFE que no se ha visto reflejado en la participación electoral de nuestros connacionales en el exterior. En la última votación fueron alrededor de 40 o 50 mil mexicanos quienes hicieron uso de su derecho a voto desde el exterior, cuando queda claro que son millones de mexicanas y mexicanos que radican más allá de nuestras fronteras.

Por eso mi participación en esta tribuna es para dejar tres temas que pudieran servir al debate que hoy atinadamente propone la Junta de Coordinación Política.

Primero. Revisemos el mecanismo de empadronamiento de quienes residen en el exterior. No es posible que los obliguemos a tener que regresar a territorio nacional para poder tener una credencial para votar. Es ilógico, ponemos en riesgo hasta su permanencia en aquel país donde están buscando mejores oportunidades de vida.

Segundo. Revisemos la forma de votar. Hoy tenemos un mecanismo tortuoso que hace que nuestros connacionales tengan que inscribirse vía correo y que se les mande el formato por correo certificado, y que por esa misma vía se regrese a la autoridad electoral nacional. Eso es ilógico, es incongruente en pleno siglo XXI. Y veamos cómo otras naciones de América Latina permiten el voto de sus connacionales en las embajadas y en los consulados.

Y por último —y lo decía acertadamente la diputada Amalia García—, revisemos la oportunidad de que tengan presencia en esta Cámara de Diputados. No es una idea descabellada, pongo el ejemplo de las recientes modificaciones que hicieron los franceses a su Constitución Política y que hoy permite que en la Asamblea Nacional de Francia haya 11 diputados que representan a igual número de circunscripciones en las que se dividió el mundo, representando y llevando la voz de los franceses en el exterior.

Ojalá pudiéramos hacer algo similar y pudiéramos tener un acto de justicia hacia las mexicanas y los mexicanos en el exterior, no solamente permitiéndoles votar sino también que se escuche su voz en este recinto, que se supone debe representar a todas y todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Es común que a esta tribuna suba a exigirle a la Junta de Coordinación que cumpla con las leyes, con la Constitución. Inclusive hemos tenido algunas controversias judiciales que los inmiscuyen justamente con algunos temas de tipo electoral.

Sin embargo, hoy hay que reconocer que están actuando conforme la Constitución le pide a esta Cámara que actué permanentemente en transparencia, en consulta con los ciudadanos para leyes que son determinantes para la vida pública nacional, como es el caso.

Sin embargo, la propuesta que nos hacen es limitada para un tema importante, pero hay muchos temas en materia de la reforma electoral que vamos a ver que sería muy adecuado que este foro se abriera a la discusión de los ciudadanos.

Yo justamente la semana pasada presenté un punto de acuerdo en paralelo a un foro que las fracciones del PT, el MC y el diputado Durazo y un servidor como secretarios de la comisión de organización, hicimos sobre las prospectivas de la reforma electoral, y quedamos sorprendidos, la Presidencia de esta Cámara lo sabe, porque inclusive nos desbordó, los ciudadanos nos desbordaron con sus inquietudes.

El foro de dos días contó con la asistencia de más de 400 ciudadanos, 80 ponentes de diversos estados, más de 20 estados de la República, más de 40 universidades del país y del extranjero. Muchos miembros de los servicios electorales, de los tribunales, ciudadanos en general. Más de una docena de diputados, senadores, en fin, hay mucha inquietud sobre estas reformas.

Hemos procesado en la mesa directiva de la Comisión de Gobernación este punto de acuerdo y, hasta donde entiendo, tenemos la idea de convocar. Deberíamos luego entonces aprovechar este foro no tan sólo para tocar este tema nodal en el que estamos de acuerdo, sino para abrirlo al conjunto de los temas importantes que la reforma electoral va a tener.

Finalmente, decir que es importante que la Junta de Coordinación en estos temas se preste a la apertura de las opiniones.

Hemos estado viendo con preocupación que están buscando en la convocatoria, justamente para nombrar a los consejeros, le abran paso a los cuatro que ya están. Y en la propia ley, en el proyecto de convocatoria que han presentado no hay fundamento jurídico.

Por eso digo: qué bueno que la Junta hoy en este punto cumple la Constitución, pero que no se limite, porque de hacerlo, obviamente sería un foro muy acotado. Si bien es un tema importante, no es menos relevante que una decena de temas que deberíamos de estar consultando a los expertos y aprovechar este empuje ciudadano en esta materia.

Por lo tanto, me pronuncio porque abramos este foro, pero ampliado en temas que pudiéramos ver —como aquí se propone— en la Comisión de Gobernación y tratar en particular el de los residentes en el extranjero, con la de Asuntos Migratorios. Por lo tanto, estaríamos de acuerdo con el foro, pero que se ampliara, insisto, a muchas inquietudes que los ciudadanos tienen en la materia. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Javier Treviño Cantú.

Damos la más cordial de las bienvenidas a un grupo de alumnos y maestros de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que están hoy aquí invitados por la vicepresidenta, diputada Maricela Velázquez Sánchez. Bienvenidos a la sesión. Bienvenidos y bienvenidas a la Cámara de Diputados. Adelante, diputado.

El diputado Javier Treviño Cantú:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI y con el permiso de mi coordinador, quiero dar la bienvenida, el total apoyo a esta resolución de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con el fin de revisar profundamente el voto de los mexicanos en el extranjero y de incluir un mecanismo viable en la ley electoral secundaria y llevar a cabo este foro en los primeros días de marzo de este año. Esto es fundamental.

He escuchado con cuidado y con mucha atención a las diputadas y diputados que acaban de expresar sus puntos de vista en torno a este tema. Y efectivamente, fue en 1995, en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando por primera vez establece el gobierno de la República efectivamente que la nación mexicana va más allá de las fronteras de nuestro país.

Un cambio significativo en la visión de este gobierno, en la relación con las comunidades de los mexicanos en el extranjero. Pero no solamente es una visión política la que tenemos que estar dejando claro aquí desde esta tribuna, sino también tenemos qué hacer un reconocimiento a la gran labor de la comunidad mexicana más allá de nuestras fronteras, particularmente en los Estados Unidos de América.

Fue justamente durante esos años, del 94, 95, 96, cuando estuvimos elaborando y presentando ante esta soberanía —me tocó como subsecretario de Relaciones Exteriores— esa iniciativa fundamental para la no pérdida de la nacionalidad mexicana por parte de nuestros connacionales en el exterior.

Más allá de una visión política o de una visión electoral de corto plazo, lo que tenemos que estar tomando en cuenta y poner nuestra mayor atención es cómo logramos dar a nuestros connacionales las herramientas necesarias para proteger sus derechos humanos, cómo lograr que nuestros connacionales en el exterior puedan lograr sus aspiraciones y sus sueños y puedan mejorar la calidad de vida de sus familias. Tenemos que proteger los derechos de los mexicanos aquí y fuera de nuestras fronteras y darles todas estas herramientas.

Por eso, en este foro que vamos a llevar a cabo, el cual el PRI le da la bienvenida, vamos a participar para analizar, no con la visión solamente de los políticos de aquí, sino entendiendo realmente la necesidad de los mexicanos de allá.

Necesitamos ver y atender a la comunidad mexicana en el exterior, como lo hizo el programa de Comunidades de Mexicanos en el Extranjero o como lo hace hoy el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, y antes de atender los intereses políticos particulares de los partidos o de los diputados o de los senadores o de los gobernadores, debemos entender las aspiraciones, debemos entender bien los retos de los que viven allá día con día, millones de mexicanos en el extranjero que tratan de mejorar su calidad de vida.

Vamos a participar con gran entusiasmo y con todo nuestro conocimiento en estos foros, a fin de lograr avanzar en este tema de los derechos políticos de los mexicanos más allá de nuestras fronteras, y lograr que en la legislación secundaria podamos establecer el mejor de los mecanismos para su participación política. Pero antes, sí, vamos a entender claramente qué es lo que quieren nuestros connacionales que viven más allá de las fronteras. Muchas gracias, ciudadano presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Para presentar una propuesta de modificación ha solicitado y se le concede la palabra al diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Gracias, ciudadano presidente. Nuestra preocupación, ciudadanos legisladores, es que de nueva cuenta se les engañe a los mexicanos en el exterior y se les genere una expectativa falsa.

Aquí escuchamos discursos en los que todos estamos de acuerdo en expectativas, en propuestas, pero muchas de ellas no han sido traducidas en congruencia en el momento de plantearlas en la modificación de leyes.

La sexta circunscripción, por ejemplo, o la quinta, o la circunscripción única para migrantes o para mexicanos en el exterior, es un planteamiento que ya fue hecho hace décadas, la última reforma constitucional, fue planteado pero no fue aprobado ni por el PRI, ni por el PAN.

También el que se le reconozcan sus derechos políticos y el reconocimiento a domicilio binacional ha sido un planteamiento añejo que no han aceptado quienes componen la mayoría de esta Cámara, el PRI y el PAN.

La exigencia de ser votados y de pertenecer al Congreso, tampoco ha sido una realidad, por más que se intente decir que algún diputado que radique en el exterior esté aquí sentado o haya estado sentado en algún escaño o curul. Eso no es lo que quieren, lo que quieren los mexicanos en el exterior es que no sea una concesión graciosa, un acto voluntarista de algún dirigente político, sino que sea una disposición jurídica plasmada en la Constitución y en la ley.

Por eso, nosotros insistimos, es enorme el compromiso que tenemos con ellos, pero a pesar de que he escuchado discursos llenos de caminos comunes, no veo que se refleje en la realidad.

Deberíamos comenzar por otorgarles un trato digno. Para ellos representa un calvario regresar a su tierra de origen sufriendo vejaciones, extorsiones, secuestros, mordidas que se han agudizado en los últimos años, en los últimos gobiernos, cuando se trasladan a sus lugares de origen con sus familiares, a sus pueblos.

Las oficinas migratorias y aduanas, garitas, retenes, todas, en su mayoría, tratan muy mal a nuestros paisanos que radican en el exterior.

Hay material abundante, ciudadanos legisladores, y de una gran riqueza. Hay propuestas que no han sido tomadas en cuenta. Hay universidades, como la de Zacatecas. Hay académicos, como los investigadores de esta universidad, líderes sociales que han planteado múltiples propuestas que no han encontrado eco.

Yo quiero, ciudadano presidente, plantearle a la asamblea una modificación al punto de acuerdo, para que no solo sean estas dos comisiones, la de Gobernación y la de Asuntos Migratorios, las que celebren estos foros, que lleven a cabo estos foros sino que también esté una comisión que por su propia naturaleza y denominación debería estar, que es la de Asuntos Frontera Norte.

El problema es enorme y creo que la Comisión de Asuntos Frontera Norte debería estar en la organización de estos foros. Es importante que vayamos caminando, porque recuerden que solo tenemos un mes, 30 días antes de que se modifique la ley reglamentaria. Tendrán que tener conclusiones estos foros y, por tanto, yo espero que así sea y que como ahora, con lugares comunes y coincidencias, también en el momento de la aprobación de la ley hagamos nuestras las propuestas de los mexicanos en el exterior. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Antes de preguntar a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Monreal, sonido en la curul del diputado Raúl Gómez. Dígame, diputado.

El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Señor presidente, muchas gracias. Felicito a la Junta de Coordinación Política por tomar en cuenta a los mexicanos en el exterior.

Y sí quiero decirles aquí, en este curul, en el 139, hay un diputado migrante que defenderá los derechos de los mexicanos en el exterior, y que nosotros los migrantes estamos cansados de esos discursos mediáticos, que queremos acciones como las que va a tomar la Junta de Coordinación Política, que queremos ya el voto electrónico y la credencialización de los mexicanos en el exterior. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión la propuesta del diputado Monreal.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Ricardo Monreal Ávila. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José González Morfín: No se admite a discusión. En consecuencia le ruego a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobado el acuerdo. Comuníquese.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Presidente, nos hubiera gustado que nos cediera la palabra antes de someter a votación, pero de cualquier manera para dejar testimonio.

La propuesta del diputado Monreal era muy sensata, de que además de la Comisión de Gobernación y Asuntos Migratorios participará también la Comisión de Asuntos Frontera Norte. Me parece que el pleno por estar distraído, algunos legisladores no se dieron cuenta de la propuesta y la Secretaría no la volvió a leer.

Yo pediría que se pudiera rectificar nuevamente, que el secretario diera cuenta de la propuesta concreta y que se volviera someter a votación, toda vez que va en la orientación del punto de acuerdo, pero enriqueciéndolo con otra comisión que tiene que ver con el tema.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, lamentablemente el asunto ya está votado. El diputado Monreal terminó con su intervención explicando la propuesta, que era como usted dice muy sencilla, pero la asamblea no la admitió a discusión. El acuerdo está votado, aprobado y lo vamos a comunicar.

LEY DE AMNISTIA DE 1978

El Presidente diputado José González Morfín: Pasando al siguiente punto del orden del día. Tenemos la discusión del dictamen con proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa que abroga la Ley de Amnistía de 1978. a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81 numeral 2, 157 numeral I, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 7 de agosto de 2013, de la honorable Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa a cargo de los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. La cual propone abrogar la Ley de Amnistía de 1978. La iniciativa de referencia; materia del presente dictamen, plantea lo siguiente:

“Decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía

Único. Se abroga la Ley de Amnistía.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

2. En dicha sesión ordinaria, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la iniciativa para su análisis y dictaminación correspondiente a la Comisión de Justicia.

3. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada en fecha de dos mil trece, se aprobó en sentido positivopor mayoría de los presentes el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

II. Análisis de la iniciativa

La presente iniciativa pretende abrogar la Ley de Amnistía de 1978, en virtud de que a más de treinta años de su promulgación ha cumplido con el propósito de su creación, al reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes, así como aplicarse a los hechos y situaciones que le dieron origen, por lo que su prevalencia en el sistema jurídico mexicano resulta irrelevante. No obstante, resulta menester la creación de un nuevo ordenamiento que contemple las actuales situaciones políticas del país.

III. Consideraciones

Primera. La amnistía es el instrumento jurídico del Estado mexicano elevado a la categoría de ley por el que, como un acto de buena voluntad, asume la responsabilidad histórica de dar fin al enjuiciamiento, la persecución y los encarcelamientos de los luchadores sociales y de los que buscan el cambio social. Esto significa que la materialización de la amnistía implica que una de las partes, en este caso, la parte acusadora y perseguidora que es el estado, declara nulos los cargos y las sanciones punitivas impuestas a la otra parte perseguida, detenida, acusada y encarcelada o a quienes se encontraran procesados en todos los fueros por hechos de naturaleza político social.

Segunda. En nuestro país actualmente existen vigentes dos Leyes de Amnistía, la primera publicada el 28 de septiembre de 1978 y la segunda el 22 de enero de 1994, ambas creadas con un objetivo en particular y derivadas de los hechos sociopolíticos ocurridos en las épocas respectivas, tal es el caso que las disposiciones de dichas leyes establecen sus objetivos y aplicación a circunstancias particulares y momentos claramente delimitados.

Tercera. Se estima que la Ley de Amnistía de 1978 ha cumplido con el propósito por el cual fue creada, en razón de que de la lectura del artículo 1o. de dicho ordenamiento se establece que la amnistía será decretada en contra de las personas ante quienes se ejercitó acción penal hasta la fecha de entrada en vigor de la misma ley, por lo que aunado en lo dispuesto en su artículo 1o. transitorio la amnistía surtió efectos con su publicación en el Diario Oficial de la Federación , es decir el 28 de septiembre de 1978.

En ese sentido se considera que a través del simple curso del tiempo, la ley en comento ha cumplido con los efectos para los cuales fue creada, por lo que su abrogación resulta irrelevante para el orden jurídico mexicano en virtud de que por sí misma establece los alcances de sus efectos.

Cuarta. Dicho lo anterior, cabe agregar que la iniciativa en comento no viola tampoco ninguna otra disposición constitucional y resultaría procedente, en virtud de que la que quedaría vigente beneficia a quienes participaron en el levantamiento zapatista.

Se trata entonces de un procedimiento de técnica legislativa, que no debería representar mayor dificultad.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión se manifiesta por la necesidad de aprobar la iniciativa de mérito, por lo que presenta a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Amnistía

Artículo Único. Se abroga la Ley de Amnistía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de dos mil trece.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado, Cristina González Cruz (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Claudia Delgadillo González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz, la diputada Claudia Delgadillo González.

La diputada Claudia Delgadillo González:Buenos días, presidente. Señoras y señores legisladores. A nombre de la Comisión de Justicia me permito posicionar el dictamen que hoy se pone a su consideración, el cual propone se abrogue la Ley de Amnistía de 1978.

Jurídicamente, la amnistía entraña la extinción de la acción penal y las acciones impuestas respecto de los delitos que comprende; es decir, supone el perdón del delito en donde los individuos que habían sido culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por la desaparición de la figura delictiva.

Históricamente, esta ley tuvo origen para compartir las responsabilidades del quehacer nacional a quienes, formando parte de grupos de disidencia radical y con evidentes móviles políticos, incurrieron en conductas sancionadas por dicha ley penal.

Bajo este tenor puede apreciarse que la ley que hoy se propone abrogar cumplió cabalmente con el propósito para la cual fue creada, ya que resultó idónea para satisfacer las necesidades de la vida jurídica, social y política de la época y sirvió como base para lograr tranquilidad, concordia y paz en nuestro país.

Puesto que dicha ley establece su objetivo y aplicación a una circunstancia en particular y un momento claramente delimitado, su abrogación no causa perjuicio al origen jurídico mexicano, en virtud de que por sí misma establece los alcances de sus efectos.

En nuestro país actualmente existen dos Leyes de Amnistía. La primera es la de 1978 y la segunda es la del 22 de enero de 1994. Ambas creadas con un objetivo en particular y derivadas de hechos sociopolíticos específicos, en donde ésta última es la que quedaría vigente; beneficia a quienes participan en los levantamientos zapatistas.

En razón de lo anteriormente expuesto, exhorto a los compañeros diputados a que votemos el presente dictamen a favor, ya que es la abrogación de una ley que no tiene, actualmente, manera de aplicación jurídica. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

Está a discusión el dictamen y para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la voz la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Yo conocí de los movimientos sociales de los sesenta y setenta, evidentemente tarde, el día del final de la telenovela de El maleficio.

Escondida en un cuchitril, perseguida a mis 10 años por un gobierno municipal panista que nos buscaba a su servidora y a mis otros cuatro hermanos al momento, por el simple hecho de la actividad política de mi padre, Rubén Aguilar Jiménez, que era considerado entonces un activista social aparentemente peligroso porque quería cambiar el régimen.

Y fue a los 10 años que hasta entonces fui hija de Soledad Contreras y Erasmo Méndez y viví en la casa de hijos de guerrilleros y militantes activistas de izquierda.

Mi padre activista de estos movimientos, un joven que buscaba la reivindicación de la actividad política del gobierno y la igualdad de los derechos sociales de la población.

La abrogación de la Ley de Amnistía de 1978 no es solamente un procedimiento cualquiera, es el recordar que hubieron movimientos sociales serios que le cambiaron la cara a este país.

Algunos de nosotros los conocemos como parte de la historia y los vivimos porque nuestros padres fueron parte de ellos, algunos otros en esta Cámara de Diputados fueron parte de estos movimientos sociales.

No es un simple trámite, la Ley de Amnistía de 1978 nos remite a las leyes sociales de los 60 y 70 donde obreros, estudiantes, sobre todo jóvenes estudiantes, intelectuales, campesinos y ciudadanos conscientes de la terrible situación que guardaba un gobierno autoritario, casi fascista y que no permitía las ideas diferentes, entonces criminalizaba a aquellos que se atrevían a pensar diferente.

De estos movimientos evidentemente surgieron líderes que el Estado convirtió primero en perseguidos políticos y después en pesos políticos.

¿Por qué perseguidos políticos? Porque se atrevían a decir que el sistema no funcionaba, porque se atrevían a decir que en este país había la necesidad no solamente de equiparar los derechos económicos, sino también de equipar los derechos sociales relacionados con los derechos de salud, educación, vivienda, tierra e inclusive de las mujeres que participaron en estos movimientos, entre ellos mi madre, de los derechos a la equidad de género.

Era un proyecto de carácter de nación, era un proyecto político donde muchos dejaron la vida.

Y pareciera que a esta Cámara de Diputados no le importa porque pareciera que este México es así porque así es. No, compañeros diputados, muchos dejaron la vida y muchos dejaron la familia, dejaron todo lo que eran y lo que tenían por estos movimientos, para que en esta Cámara de diputados haya 500 diputados y siete partidos políticos representados.

La lucha democrática de este país está así escrita no solamente con movimientos en la calle, sino también con sangre. Estos luchadores fueron criminalizados no sólo por expresarse sino también por tratar de instalar un nuevo sistema político en el país.

Es por ello que se les instaló un proceso penal, entre ellos procesos federales, para meterlos a la cárcel. Unos murieron ahí. No olvidemos a Valentín Campa o a Vallejo, el viejo líder ferrocarrilero. Otros fueron asesinados y otros hoy están en los movimientos de izquierda o simplemente en movimientos civiles.

Creemos que la abrogación de la Ley de Amnistía nos da el espacio para recordar y reconocer a estos compañeros de los movimientos de izquierda que le cambiaron la cara a México, le cambiaron la motivación al gobierno y que finalmente lo obligaron, en 79, a hacer la reforma del Estado que permitiría la inclusión plural de distintas personas y grupos que quisieran expresarse políticamente a través de las instituciones.

En el 79, quien para los priistas es un gran héroe de la política, el señor Reyes Heroles, acordó abrir con los diputados del partido, como una gran paradoja, la participación de los distintos grupos sociales. Y digo que con una gran paradoja porque la reforma política que se ha aprobado en esta Cámara de Diputados va precisamente en el sentido contrario.

Cuando en los 70 y los 80 la reforma política pretendía sacar a la gente de la calle y bajarlos de la montaña, hoy la reforma política pretende mandar de nuevo a la gente a la calle y probablemente mandar a la montaña de nuevo a los movimientos sociales.

La abrogación de la Ley de Amnistía es un espacio para el reconocimiento a nuestros líderes de izquierda, a la gente que luchó porque esta Cámara fuera plural. Nuestro más grande reconocimiento para ellos.

Nosotros votaremos a favor de esta ley pero también hacemos un llamado a que ustedes piensen a lo que este proceso en la historia de México llevó y que no sea en vano la muerte de tanta gente y que no, con una reforma política de capricho, volvamos a la situación de autoritarismo que se vivía en los 60 y 70. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Mientras tanto le doy la más cordial bienvenida a un grupo de alumnos de la Telesecundaria Nezahualcóyotl del municipio de Texcoco, estado de México, así como a delegados de La Magdalena Panoaya, invitados por el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Bienvenidas y bienvenidos.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, Presidente. Amnistía proviene del griego amnesia, olvido, y para el caso que nos ocupa significa que el gobierno olvide los delitos que presuntamente cometieron los presos y les dé libertad. En ningún caso es perdón.

El término amnistía tiene un significado equivalente a la cancelación de la conducta ilícita y aparentemente disocial del preso para que se reintegre plenamente y jurídicamente al seno de la sociedad. Este concepto se encuentra recogido en la legislación mexicana, en el artículo 92 del Código Penal Federal.

Cuando se habla de amnistía para presos políticos en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de diferentes formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran recluidos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamental.

La amnistía ha sido una facultad exclusiva del Congreso de la Unión prevista desde la Carta Magna de 1824, las Siete Leyes de 1836, las Bases Orgánicas de 1843, así como las Constituciones de 1857 y 1917.

Por otro lado, son abundantes los casos donde fue decretado el olvido para subsanar heridas que causaron confrontación y angustia social.

En 1870, Benito Juárez promulgó una ley que buscaba restañar las heridas causadas por la guerra de intervención.

Sebastián Lerdo de Tejada hizo lo propio en 1873 para resolver el alzamiento armado que personificaba Porfirio Díaz.

En 1937, Lázaro Cárdenas cambió la estrategia política ante los restos del Movimiento Cristero.

En 1940, Manuel Ávila Camacho impulsó una amnistía para quienes expresaron su rechazo a las convulsas elecciones presidenciales de ese año.

Luis Echeverría en 1976, buscó superar la crispación derivada del conflicto estudiantil del 68 con una legislación que beneficiaría a 230 personas. Como la medida acabó por ser insuficiente, dado el activismo de los grupos guerrilleros, durante 1978 José López Portillo promulgó una ley mucho más amplia.

Si bien esta ley se aplicó en distintas etapas en el curso de los años 1978 y 1979, anulando la relevancia penal y, por ende, dando por extinta la responsabilidad punitiva de los responsables, si bien es cierto que la Ley de Amnistía de 1978 resultó idónea para satisfacer las necesidades de la vida jurídica, social y política de la época, y como base para lograr la tranquilidad, concordia y paz, también lo es que hoy, como parte del marco jurídico mexicano, resulta inaplicable.

Me explico: la amnistía es una forma de lograr la libertad del preso, sobre todo políticos, y que ha sido una exigencia de movimientos sociales alrededor del mundo, pero también es una realidad que en México la ley no es igual para todos, porque no todos los presos políticos están libres. Además hay una diversidad de presos políticos acusados por delitos que no son precisamente políticos. Por ejemplo, acusados de secuestro o ataques a las vías de comunicación.

Para ellos, la Ley de Amnistía no se les puede aplicar porque esta normatividad ya ha cumplido con todos sus efectos jurídicos; es decir, esta ley ya se aplicó para los hechos, situaciones que le dieron origen, tal y como lo establece el artículo 1o del ordenamiento, el cual expresamente reconoce el otorgamiento de amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal por delitos de sedición hasta la fecha de la entrada en vigor de esa ley.

La Amnistía surtió efectos con su publicación en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 1978 por lo que surge la necesidad de abrogar la Ley de Amnistía de 1978, porque a más de 35 años de su promulgación ha cumplido con el fin de reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes.

No obstante, no podemos dejar de mencionar que si bien esta ley ha cumplido su propósito, resulta menester la creación de un nuevo ordenamiento que contempla las actuales persecuciones políticas que vive el país, ya que cálculos de organizaciones no gubernamentales sostienen que más de mil personas en los últimos años han sido encarceladas por motivos políticos, se habla de activistas presos en por lo menos nueve estados, muchos de ellos son indígenas y las causas de la detención son de diversa naturaleza: campesinos en lucha por la tierra, obreros en defensa del empleo, promotores de derechos humanos, líderes de movimientos comunitarios, indígenas en defensa de su autonomía, quienes en su gran mayoría fueron apresados bajo grandes operativos político-militares pero a quienes esta Ley de Amnistía no se les puede aplicar.

En Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen, agradeciendo a la Comisión de Justicia y a sus integrantes la disposición para la aprobación del mismo. Felicitamos a los diputados Ricardo Mejía Berdeja, al diputado Ricardo Monreal y al diputado Alonso Durazo, autores de esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Rosa Elba Pérez Hernández:Con la venia de la Presidencia. Dicen, y dicen bien, que para viajar bien hay que viajar ligero. La figura jurídica de la amnistía es la extinción de la responsabilidad penal de un delito, esta acción jurídica es comúnmente ejercida por el Poder Legislativo y por lo general afecta a personas que en el pasado hayan sido culpables de infringir una ley.

Esta figura se encuentra plasmada en la fracción XXII del artículo 73 de nuestra Constitución, por lo tanto es una facultad exclusiva del Poder Legislativo y constituye un acto eminentemente democrático. Y éste es el momento que vive México, un momento eminentemente democrático.

Hay dos tipos de Leyes de Amnistía: La benéfica, que extingue las sanciones impuestas por la comisión de delitos, cuya tipificación es alguna violación a un derecho fundamental. Por ejemplo, en el caso de los activistas de Greenpeace en el Ártico, que en pleno ejercicio de su libertad de expresión participaron en una manifestación pacífica contra la empresa Gazprom, el parlamento ruso retiró los cargos y liberó a los presos detenidos para subsanar la violación a sus derechos.

Por otra parte están las amnistías excepcionales, que a pesar del mal que producen al absolver a violadores de derechos humanos son necesarias para crear condiciones propicias para lograr un acuerdo de paz y, de esta manera, restablecer la cohesión nacional. Por ejemplo, en este apartado está la amnistía que el Congreso hondureño aprobó a favor del depuesto presidente Zelaya, porque pudo bajar la tensión horas antes de la asunción del nuevo gobierno.

De la misma manera la Ley de Amnistía de 1978 en México, que hoy nos ocupa, pertenece a esta categoría, se creó a iniciativa del presidente López Portillo para decretar una amnistía a favor de todas aquellas personas en contra de quienes se había ejercido acción penal ante los tribunales de la federación por delitos de sedición, rebelión, conspiración y otros delitos cometidos al formar parte de grupos motivados por móviles políticos que sí intentaban desestabilizar la vida institucional del país en aquella década.

Se benefició a un gran número de miembros de las milicias urbanas y rurales acusados de atentar contra el régimen. Todo esto entre 1975 y 1979. En el Partido Verde estamos de acuerdo con la abrogación de la Ley de Amnistía de 1978, debido a que 30 años después de su promulgación ya ha cumplido su función al reincorporar y reinsertar a la vida pública a miembros de aquellos grupos insurgentes, muchos de ellos ahora académicos, periodistas e incluso políticos. Es necesario dar la vuelta a la página, seguir nuestro camino sin la pesada carga de eventos del pasado.

Compañeros, la historia tiene sus propios ritmos y como dijo mi amiga Lilia Aguilar, unos lo vivieron en carne propia, para otros aquellos años fueron sólo parte de comentarios que se escuchaban en el entorno familiar. Dicen, y dicen bien, que para viajar bien hay que viajar ligero, y eso es lo que hacemos con la abrogación de esta ley de los años 70 que ya cumplió su labor. México es otro. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra también para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente. El Grupo Parlamentario del PRD manifiesta su acuerdo con el dictamen de la Comisión de Justicia que aprueba la propuesta de nuestros compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978.

Coincidimos en que ha cesado el objetivo de esta ley, desistir sobre todas las causas que se iniciaron contra diversos militantes de movimientos sociales y opositores políticos que en las décadas de los 70 y 80 se organizaron para exigir un cambio de régimen político, fundamentalmente a partir de la respuesta represiva que se desató después de 1968 en el gobierno de Díaz Ordaz.

Sin embargo, la amnistía judicial a los opositores políticos fue tan sólo un gesto formal de un régimen que en la práctica continúo con la persecución de líderes incómodos, que restringió los derechos de reunión y expresión y que fue responsable de grandes violaciones a los derechos humanos en contra de grupos de población, como ejidatarios, sindicatos, organizaciones vecinales, partidos políticos, grupos de activistas o comunidades indígenas.

Durante la vigencia de la Ley de Amnistía que hoy se plantea abrogar tuvieron lugar cientos de vejaciones a cargo de criminales, como Miguel Nazar Haro. La extinta Dirección General de Seguridad registró datos personales de miles de personas cuyos expedientes fueron la base para actos de intimidación de dirigentes políticos.

La militarización en el estado de Guerrero tuvo por consecuencia la desaparición forzada de cientos de personas a cuyos familiares esta Cámara negó un presupuesto suficiente para recibir indemnizaciones. Y qué decir de las torturas que siguieron cometiendo elementos de la Policía Judicial a obreros, a los campesinos, a los estudiantes que formaron núcleos de actividad política, siempre orillados a la clandestinidad por un gobierno que no dejó un resquicio a la participación institucional de la oposición.

A diferencia de otras naciones de América Latina, en México no se ha sancionado a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante décadas. Estamos muy lejos de haber alcanzado el derecho a la justicia y el derecho a la verdad histórica.

Hoy pesan sobre las instituciones los saldos de la llamada guerra sucia que no se pueden minimizar, por más que las voces oficialistas sostengan que no es comparable con las dictaduras sudamericanas o las guerras civiles en Centroamérica.

Por supuesto, desde esta tribuna honramos de memoria de todas estas víctimas y de más de 500 militantes perredistas que fueron asesinados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Miles de personas afectadas que no pudieron ser beneficiarias de la amnistía, de la gracia de un Estado, que con una mano ofrecía la ley y con la otra aplicaba la fuerza bruta.

Hoy en día tenemos el reto de erradicar la intimidación contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunidades zapatistas, opositores a los megaproyectos, contra manifestantes en general, contra quienes decidieron poner un alto al crimen organizado.

Porque a diversos niveles y de distintas formas las autoridades aún conciben el poder como la aplicación discrecional de la fuerza, hagan uso o no de artificios legales, invoquen o no supuestas infracciones penales.

Hace unos meses esta Cámara aprobó una figura para permitir el indulto a petición del Poder Legislativo por violaciones a los derechos humanos de una persona sentenciada, por el que fue liberado el profesor Alberto Patishtán, reconocido como un preso de conciencia por numerosas organizaciones nacionales e internacionales.

Esta decisión nos permite vislumbrar un camino de reconciliación a través de la justicia, un camino de paz en el combate a la impunidad.

No es suficiente que el Estado reconozca la inocencia de quienes injustamente ha perseguido, torturado, desaparecido o encarcelado. Es necesario investigar las violaciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables, incluso si forman parte de un grupo político o económico. Sólo entonces el Estado podrá reconstruir sus vínculos con la sociedad y cumplir con las obligaciones pendientes que tiene con miles de ciudadanas y ciudadanos, a quienes se ha hecho daño, en lugar de respetar y proteger.

El voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor del dictamen por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978. Sin embargo, tenemos que decir que también hay que plantear la necesidad de la creación de un nuevo ordenamiento que considere la nueva realidad política de nuestro país.

No podemos decir que está resuelto el problema, sigue habiendo perseguidos políticos, siguen muriendo periodistas, sigue habiendo impunidad, sigue habiendo censura. Por eso la tarea no está terminada.

Hoy celebramos que se abrogue esta ley, pero queda una tarea muy importante qué atender, este nuevo ordenamiento que permita de verdad garantizar la libertad de los políticos, de los periodistas, de las organizaciones sociales, de los defensores y defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen la diputada Loretta Ortiz Ahlf.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. La Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978, se expide en el entorno de las negociaciones de la reforma política que se dio en el gobierno del presidente José López Portillo.

El propósito de esta ley fue que las personas que habían decidido a tomar las armas en contra del régimen no fueran perseguidos jurídicamente por los delitos que se hubieran cometido, y con ello se incorporaran a los cauces políticos institucionales que en ese momento se aprobaron.

Es de sobra conocido que la cerrazón política del régimen en la década de los 60 y la primera parte de los 70 propició grandes represiones en diversos sectores sociales. Los trabajadores ferrocarrileros, los movimientos de médicos, el asesinato del líder agrario Rubén Jaramillo, el Movimiento Estudiantil de 1968 y la masacre de Tlatelolco, así como la represión estudiantil del 10 de junio de 1971.

Muchos mexicanos creyeron que la única forma de combatir la arbitrariedad del régimen era a través de la vía armada. La Ley de Amnistía beneficio a muchos mexicanos, cancelando órdenes de aprehensión o poniendo en libertad a quienes estaban sujetos a procesos penales o ya sentenciados, dando como resultado su incorporación a la vida pública y política del país.

Cabe apuntar que aprobar el dictamen que se nos presenta es un acto de formalismo legislativo, porque quienes no se hayan acogido a los beneficios de la ley opera en su favor jurídicamente la prescripción de los delitos.

Sin embargo, es conveniente que nos preguntemos si las condiciones económicas del país, de pobreza, desigualdad, injusticia, que también motivaron gran parte de los movimientos guerrilleros, se han superado.

Debemos tener presentes, compañeras y compañeros legisladores, que la tendencia en materia penal hoy en día es a criminalizar la protesta social, como pretenden hacerlo con la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal; a su vez, incrementar las penas de los delitos establecidos en el Código Penal Federal, como calificar como terrorismo el delito cometido por una persona cuando en derecho comparado y derecho internacional, el terrorismo solamente lo pueden cometer organizaciones terroristas, como Al Qaeda, los Etarras, Sendero Luminoso, etcétera.

Hoy, más que nunca es necesario, habida cuenta de las dificultades que enfrenta el país, en donde millones de mexicanos viven en pobreza y no encuentran oportunidades para satisfacer las necesidades de sus familias, donde son miles los desaparecidos, no todos por razones del crimen organizado, algunos por ser opositores al régimen, que en este Poder Legislativo obremos con extrema cautela y sensibilidad política y social y se entienda que la intolerancia y la cerrazón al diálogo a nada conduce. No reeditemos etapas políticas ya superadas.

Por las consideraciones ya manifestadas, el Partido del Trabajo votará a favor y en lo personal también. Estoy totalmente de acuerdo en que se abrogue esta Ley de Amnistía, porque es un acto de justicia para todos los luchadores políticos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en pro, el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores, a más de 30 años de la promulgación de la Ley de Amnistía de 1978, hoy estamos intentando dar una explicación de por qué el movimiento de 1974 surgió, se fortaleció. Y por qué la represión oficial intentó desarticular estos movimientos rurales y urbanos que son un ejemplo de dignidad de los maestros rurales.

Hoy, a más de 30 años de distancia queremos ofrecer, como testimonio de homenaje, un reconocimiento a aquellos luchadores sociales a los que acogió la Ley de Amnistía del 78.

Hoy recordamos a Genaro Vázquez, a Lucio Cabañas, a muchos maestros rurales asesinados, maestros que pertenecían a la izquierda, pero también pertenecían a movimientos cristianos, que provocaron la creación de estos instrumentos legales.

Recordamos la Liga Comunista 23 de Septiembre y el desenlace con el secuestro de un empresario importante en Monterrey. Y todo esto que fue desatando la inconformidad social que surgió por la corrupción, por la exclusión social, por la persecución de dirigentes sociales.

Como ustedes bien saben, hoy nos encontramos ante nuevos escenarios. Si bien es cierto, hoy estamos planteando y discutiendo el tema de la conclusión del propósito de este instrumento jurídico concreto, no podemos cerrar los ojos al futuro dejando nuestra preocupación por este periodo que vivimos, y que tendrá, este Congreso, pronto que tratar el tema de Ley de Amnistía por los acontecimientos que se están viviendo con motivo de la inseguridad del país.

Desde que la cortina de humo provocada por estas contrarreformas, la difusión oficial que ha costado cientos de millones de pesos para tapar la realidad, para dar paso a esta embestida mediática mentirosa, el fenómeno de la inseguridad y de las autodefensas, policías comunitarios que existen en México. Se pone al descubierto lo errático de una estrategia diseñada hace seis, siete años y continuada en el actual gobierno.

Creo que éste es el tema de fondo, cómo lograr darle una visión objetiva a lo que está pasando en el país, hay 12 estados del país que tienen grupos de autodefensa, la situación se agrava en las comunidades indígenas y agrícolas del México rural, y la proliferación de problemas desgasta al tejido social por la falta de oportunidades.

Por eso ha llegado a niveles insólitos la presencia del crimen organizado como lo están planteando en el gobierno, creo que se están equivocando, es una actitud torpe la que están... Le pediría a los que chiflan que se abstengan de chiflar, o si no se abstienen de chiflar podrían ser más útiles en el campo, en el rancho, en la granja cuidando borregos. Tengan paciencia, es un tema muy complicado, es un tema muy delicado y habían tomado cordura.

El Bronx del PRI había actuado últimamente tranquilo, dos minutos, un minuto no les quita mucho tiempo, hoy es una sesión light porque los que mandan están haciendo las leyes reglamentarias y nos permiten discutir un poco más, porque aquí en este Congreso no se hace nada, en este Congreso solo se vota mecánicamente y estos provocadores del Bronx que habían mantenido una posición tranquila.

El Presidente diputado José González Morfín: Ruego a los presentes respeto al orador y también al orador que pueda ir concluyendo con su intervención.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ya ven, háganle caso al presidente, tengan respeto por el orador y déjenme concluir. Háganle caso al presidente, por favor.

Al Bronx del PRI con mucho respeto le digo que habían asumido una actitud tranquila en las últimas sesiones y que ahora se han desatado las pasiones de ese Bronx que no se mantiene impasible.

Presidente, yo le pediría insertar, plasmar íntegro un documento porque este tema es de reflexión, de verdad; no es solo dar por concluida una Ley de Amnistía, sino es pensar en la Ley de Amnistía que hoy requiere el país para muchos luchadores sociales que están siendo perseguidos por el gobierno, de nueva cuenta se recrudece y ustedes no quieren escuchar. Presidente, a usted por su tolerancia y por la llamada al Bronx, muchas gracias, y al Bronx ojalá y tengan un poco de cordura.

«Posicionamiento sobre el dictamen con proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

A más de treinta años de su promulgación, podemos asegurar que la Ley de Amnistía de 1978 ha cumplido con su principal propósito, el cual correspondió a la reincorporación en la vida pública de los grupos disidentes del movimiento de guerrilla originado por maestros rurales en 1974.

Es por ello que en Movimiento Ciudadano presentamos la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978, por lo que agradecemos a la Comisión de Justicia el respaldo a la propuesta a través de este dictamen.

Así como hemos puesto atención en los ordenamientos del pasado que carecen de vigencia, miramos al futuro con preocupación ante los que podrían necesitarse en el corto plazo, ya que, aun cuando esta ley ha cumplido con su objetivo, el tema de la amnistía es hoy más necesario que nunca.

Si bien la amnistía corresponde al “instrumento jurídico del Estado mexicano elevado a la categoría de ley por el que, como un acto de buena voluntad, asume la responsabilidad histórica de dar fin al enjuiciamiento, la persecución y los encarcelamientos de los luchadores sociales y de los que buscan el cambio social”, resulta claro que nuestro país requiere la implementación de dicho mecanismo de manera urgente.

Desde que la cortina de humo provocada por las contrarreformas terminó, el fenómeno de inseguridad y de autodefensas que aqueja a México, y principalmente a Michoacán, quedó al descubierto.

Aun cuando el titular del Ejecutivo ha afirmado de manera tajante que el Estado mexicano es la única instancia responsable para proporcionar y garantizar seguridad a la población, los grupos de autodefensa siguen creciendo en la nación a niveles alarmantes.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existen policías comunitarias y grupos de autodefensa en 11 entidades federativas del país, entre las que destacan Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el estado de México.

La situación se agrava en las comunidades indígenas y agrícolas del México rural, en donde la proliferación aumenta debido al desgaste en el tejido social que la falta de oportunidades ha provocado.

Lo previo ha llegado a niveles insólitos, ya que los grupos de autodefensa han permeado incluso en las redes sociales, lo cual se comprueba en Facebook, sitio en el que las policías comunitarias acumulan “likes” o “me gusta” que ascienden hasta 58 mil 96 personas, con rangos de edad que oscilan entre los 18 y 24 años de edad, principalmente.

¿A qué se debe este fenómeno? Entre los diversos factores que han contribuido al clima de inseguridad imperante en México debemos mencionar: la imposibilidad de los tres órdenes de gobierno para actuar de manera coordinada, la falta de respuesta de las policías estatales y municipales, el sometimiento pasivo a la delincuencia y la complicidad de las autoridades gubernamentales.

Existe un último detonante que ha hecho de la situación, un fenómeno insostenible; durante 13 meses el gobierno decidió, de manera deliberada, minimizar, contener y obviar un problema que hoy es impostergable.

Ya que el Ejecutivo ha ignorado la responsabilidad que tiene con los ciudadanos de brindarles protección y defensa, ya que ninguna de las diez reformas impulsadas en el “Pacto por México” consideró el tema de la inseguridad y ya que se crearon las condiciones que propiciaron la aparición y crecimiento de grupos de auto defensa ciudadana; lo menos que podemos hacer es poner atención al tema de la amnistía, nadie negará que la sociedad podría demandarlo en cualquier momento.

Notas:

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 http://www.adnpolitico.com/opinion/2014/01/23/ricardo-monreal-las-autodefensas- que-hacer

3 http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/crece-interes-por-autodefensas -en-redes­-979509.html.

México, DF, a 13 de febrero de 2014.»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. El documento se plasmará íntegro en el Diario de los Debates. Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Buenos días, diputado presidente. Compañeras, compañeros legisladores. En primer lugar quisiera reconocer públicamente el esfuerzo de los compañeros diputados de Movimiento Ciudadano, de Ricardo Monreal, de Ricardo Mejía y de Alfonso Durazo, por presentar esta iniciativa para abrogar la Ley de Amnistía de 1978.

Me parece que es un esfuerzo inteligente, lógico, por ir adelgazando un marco jurídico que a veces parece voluminoso frente a leyes que han cumplido ya, y en este caso con creces, el momento histórico para el cual fueron creadas. Lo digo con creces porque esta Ley de Amnistía de 1978 se convirtió en el instrumento jurídico que tuvieron quienes de manera muy visionaria impulsaron la reforma política de 1977 que, entre otras, cosas no solamente dio origen a esta Ley de Amnistía, sino que también dio origen a la famosísima Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales mejor conocida como la LOPPE, que permitió el reconocimiento de diversas fuerzas políticas que se encontraban en la clandestinidad y que permitió también el surgimiento de la representación proporcional, la incorporación de la representación proporcional a nuestra Carta Magna y por ende a nuestro Poder Legislativo para que las minorías pudieran también hacer escuchar su voz en esta máxima tribuna.

Por eso es fundamental que hoy que vamos a aprobar el hecho de abrogar esta Ley de Amnistía no quede simplemente en un mero trámite parlamentario, sino que tengamos oportunidad para reflexionar lo que trajo como consecuencia esa etapa coyuntural de la vida del país entre 1977 y 1978 en la cual, por ejemplo, muchas compañeras y compañeros de izquierda fueron beneficiados porque les permitió salir a la luz pública y expresar abiertamente sus ideas y también reflexionar sobre la necesidad de que el país nunca más vuelva a regresar a esa etapa oscura de la guerra sucia de los años 60 y 70.

Que nunca más se persiga a nadie por su manera de pensar. Que nunca más se condene a nadie a la clandestinidad por tener una ideología diferente. Que nunca más se encarcele a los opositores políticos. Que nunca más cometamos el error de penalizar la oposición política incorporando conceptos al Código Penal, como en su momento existía aquél famoso delito de disolución social.

Cuando todos éstos nunca más los hayamos concretado, entonces, compañeras y compañeros legisladores, nunca más tendremos necesidad de recurrir a una nueva Ley de Amnistía. Ojalá así sea por el bien de todas y de todos los mexicanos que tenemos derecho a manifestarnos, que tenemos derecho a expresar nuestras ideas. Ojalá también en este Congreso no se dé cabida a esa idea autoritaria y fascista de pretender regular la libre manifestación de las ideas y su expresión en la vía pública. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra finalmente para hablar en pro, el diputado Ricardo Mejía.

Aprovechando la oportunidad, saludamos al estudiante de Relaciones Internacionales José Luis Ayoub, ganador de una convocatoria de la Universidad Autónoma de Baja California, que está aquí invitado por el diputado David Pérez Tejada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Bienvenido a la sesión, José Luis.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Esta iniciativa de abrogación de la Ley de Amnistía que presentamos los diputados Ricardo Monreal, Alfonso Durazo y el de la voz, tiene como finalidad, además de actualizar nuestro orden jurídico nacional, llamar la atención sobre una etapa histórica del país, una etapa histórica cruenta de guerra sucia, de persecuciones y asesinatos, y de hostigamiento a diferentes movimientos sociales, a diferentes líderes que ante la cerrazón de un régimen político que mostraba claras señales de obsolescencia, demandaron por la vía armada, por la guerrilla, por la lucha social, tratar de abrir el ostión de un régimen cerrado, un régimen que había demostrado además en 1968, que no le temblaba la mano para masacrar a estudiantes indefensos, para un régimen que había sembrado terror y que había privilegiado el enquistamiento de grupos autoritarios en el poder.

Por eso en ese contexto de movilización de diferentes sectores magisteriales, ferrocarrileros, médicos, campesinos y estudiantes, se fue larvando en el país la necesidad de un cambio político profundo.

Y el gobierno respondió con actos de tortura, desapariciones forzadas que llevaron a diferentes grupos, sobre todo en Guerrero, a acudir a la montaña para organizar fuerzas insurgentes.

Esto provocó una etapa conocida como la Guerra Sucia en el país, fue en los periodos de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez.

Vino la década de los 70 en su etapa final con el nuevo gobierno, que tuvo un secretario de Gobernación sensible, un secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, el padre, el nacionalista, no el actual vendedor de Pemex, que tuvo la visión de impulsar una reforma política que abrió las vías institucionales para la participación política.

Esta reforma político electoral inauguró un ciclo de reformas que culminaron finalmente en la alternancia política en el 2000, una alternancia fallida, ciertamente, pero que finalmente fue un ciclo político en nuestra república.

Llamamos la atención hoy de esta ley y pedimos su abrogación porque es un ciclo concluido, pero no porque dejen de estar presentes circunstancias complejas en el país.

Las reformas electorales se trastocaron finalmente en reformas regresivas, la del 2007 y la del 2013, y hoy el país enfrenta nuevos desafíos en materia de derechos humanos y de apertura política.

Sigue la tortura, sigue la persecución política, siguen las desapariciones forzadas, sigue la criminalización de la protesta, siguen los asesinatos de dirigentes sociales como Rocío Mesino, en la Costa Grande de Guerrero, de periodistas en varias partes del país, por lo cual se demanda una transición política real, no la fallida del 2000, para frenar la involución y la restauración que hoy está en marcha.

Necesitamos tener esta reflexión porque hoy el país vive un momento complejo. Hoy ya hay movilizaciones frente a las reformas autoritarias, hoy hay movilizaciones frente a las reformas que están agraviando a sectores, hoy han surgido las autodefensas como una vía ciudadana frente a la descomposición social.

Por eso urge también una reforma constitucional para darle fundamento y base jurídica en nuestra ley fundamental a las policías comunitarias. Por eso elevamos la voz en esta tribuna para demandar un proceso real de apertura política. No es criminalizando las protestas, no es persiguiendo a los opositores y no es con ley de marchas como se va a frenar el enojo social que hoy vive el país. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores, ruego a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para votar el dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Se encuentran en el salón de sesiones unos invitados especiales del diputado Agustín Barrios Gómez, de Casa Tíbet. Tereluz Flores Tejeda, Marco Antonio Karam Lamadrid y Tsewang Phuntso. Bienvenidos a la sesión. Nos da gusto que nos acompañen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico. Señor Presidente, se emitieron 419 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos el proyecto de decreto que abroga la Ley de Amnistía de 1978. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

DIA MUNDIAL DE LA RADIO

El Presidente diputado José González Morfín: Antes de pasar al siguiente dictamen, sonido en la curul del diputado Eloy Martínez. Dígame, diputado, con qué objeto.

El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas(desde la curul): Señor presidente, muy buenas tardes. Con motivo de reconocer el trabajo el día de hoy que se celebra a nivel internacional por parte de la Unesco, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Día Mundial de la Radio.

Reconocer a todos los trabajadores de esta industria tan importante, pionera en la comunicación en México, que sigue jugando un papel fundamental en la comunicación de nuestro país.

En este día la Unesco le está dando un enfoque de género a esta celebración que ya tiene varios años de desarrollarse en todo el mundo, en búsqueda de la estabilidad laboral de las mujeres en la radio, la eliminación de todo tipo de estereotipos, así como concientizar a los dueños, directivos y periodistas de este medio sobre la necesidad de apostar por programas de género.

Cabe mencionar que en nuestro país debemos impulsar este tipo de políticas, aunado a que en las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que pronto vamos a abordar, estaremos tratando temas fundamentales como el hecho de generar una desconcentración de medios, ya que hay que recordar que en esta industria el 76 por ciento del sector de la radiodifusión está en manos de 14 familias y sólo cuatro empresas controlan en México el 50 por ciento de las estaciones de radio de un total de 11 mil 528. Así que creo que es pertinente ir tomando en cuenta todos estos datos y reiterar nuestra felicitación a todos los trabajadores que hacen posible la comunicación por radio, hoy el Día Mundial de la Radio.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 85, 157, numeral I, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado de Antecedentes se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes:

1. En sesión celebrada el día 22 de octubre de 2013 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Javier Filiberto Guevara González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa por la que se reforma el artículo 381 del Código Penal Federal.

2. En la fecha indicada con antelación, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa para su análisis y dictaminación correspondiente a la Comisión de Justicia.

3. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el 20 de noviembre de dos mil trece, se aprobó en sentido positivopor mayoría de los presentes el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

II. Análisis de la iniciativa

El diputado propone se reforme el artículo 381 del Código Penal Federal se contemple como una agravante al delito de robo, cuando este sea de cable de cobre; modificándose el párrafo tercero para que le sea aplicable una sanción mayor, ya que actualmente, el robo de cable o cualquier otro material mediante el cual se presta un servicio público se considera un robo simple, y el robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para el Gobierno Federal, y los gobiernos Estatales y Municipales, los cuales se ven obligados a reparar continuamente los daños, a fin de poder seguir brindando el servicio de alumbrado público a las comunidades.

De igual forma es un delito gravoso para los industriales y comerciantes, campesinos, comuneros y ejidatarios que utilizan en los terrenos destinados a la siembra con sistemas de riego mediante bombeo, extensiones considerables de cable para la alimentación de las bombas y que se han visto también afectados por el robo del cable, lo que representa pérdidas cuantiosas que perjudican su situación de por sí ya vulnerable.

El cobre encabezó la lista de metales no ferrosos que más se revalorizaron a nivel mundial. Esta situación hizo que no sólo el insumo pasara a representar el 30 por ciento del costo de fabricación de productos, cuando antes implicaba la mitad de ese monto, sino que multiplicó la modalidad delictiva del robo de cables de cobre. Este es uno de esos delitos que, antes no existían. Pero las condiciones de mercado ya expresadas, y la multiplicación de gente dispuesta a participar de su mercado negro, hicieron que el robo de cables de cobre estallara. Hoy está en pleno auge, de la mano del alza mundial del precio de este metal y de las organizaciones delictivas que se dedican a su comercialización.

En razón de lo expuesto es necesario que esta actividad tan lastimosa se considere como delito de mayor magnitud, considerando necesario que al tratarse del Cobre en particular se contemple como un agravante de este delito. Al mismo tiempo que se propone modificar el tercer párrafo de este artículo correspondiente a la sanción del delito de robo de manera grave.

Por lo anterior expuesto se proponemodificar el párrafo último, las fracciones XVI, XVII y se adiciona una fracción XVIII al artículo 381 del Código Penal Federaly para quedar de la siguiente manera:

Artículo 381....

I al XV...

XVI.Cuando se cometa en caminos o carreteras,

XVII.Cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, y

XVIII. Cuando el objeto del robo sea cable de cobre y a consecuencia de ello se produjera la interrupción de servicios públicos y básicos.

...

En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XVI, XVII y XVIII de dos a siete años de prisión.

III. Consideraciones

Los integrantes de esta comisión al hacer el análisis del contenido y alcance de la reformas propuesta al ordenamiento legal en comento, así como a los argumentos y valoraciones que se expresan en la exposición de motivos de la iniciativa, coinciden con ellos.

La propuesta, tiene como propósito adecuar la normativa federal que prevé los casos en que el delito de robo se considera como grave para que el mismo tenga una mayor sanción ante el incremento en los casos de robo de cable de cobre.

A lo largo de los últimos años, ha tenido lugar un incremento de las actuaciones delictivas relacionadas con el robo de cobre. Esto se debe al valor importante que ha adquirido el cobre, a causa de sus óptimas condiciones para el transporte de la energía eléctrica, pues su conductividad es muy elevada.

El material robado proviene de infinidad de sitios, como pueden ser: subestaciones eléctricas, campos agrícolas, alumbrado público, y, en general, cualquier tipo de instalación que posea cobre en su interior. Todo este material es vendido, posteriormente, en el mercado negro, por un valor muy inferior al que puedan pedir en otros sitios.

Pocas empresas en México son las que tienen candados para evitar la compra de metales, en específico el cobre, como el solicitar factura para los autos chatarra o solicitar copia de la credencial de elector de los vendedores de cobre u otros metales.

Hoy en día, existe un mercado clandestino de ventas de metales a nivel mundial, donde vendedores y compradores causan cuantiosos daños a establecimientos, oficinas, casas habitación y gobierno.

Nos damos cuenta entonces que estos robos que pudiéramos ver como “menores” conllevan un fondo mucho más grave de lo que pensamos, en medio de delitos aduanales, delincuencia organizada y hasta delitos fiscales.

Las medidas que se han adoptado hasta ahorita han sido inútiles, la mejor medida que se ha encontrado hasta hoy para evitar el robo, es el de instalar el cableado bajo tierra, sin embargo la instalación de esta manera es muy alto y el cambiar a este tipo de infraestructura subterránea en resultaría muy costoso y los trabajos se llevarían mucho tiempo.

En nuestro país, el gobierno ha organizado operativos de vigilancia y clausurado muchos de los establecimientos de chatarra, sin embargo, estos esfuerzos al parecer han sido en vano, ya que existe un fuerte rezago en la regulación de compra y venta del cobre y otros metales y hasta ahora todas las iniciativas de los tres niveles de gobierno, no han dado resultados satisfactorios y otras han quedado solo en palabras. Es por ello que se requiere de normas que faculten a las autoridades a realizar su cometido

En ese tenor de ideas, esta comisión coincide con la propuesta, toda vez que resulta necesario reformar el Código Penal Federal y con ello se contemple el delito de robo de cable de cobre como una agravante al delito de robo; modificándose el párrafo tercero para que le sea aplicable una sanción mayor.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura somete a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 del Código Penal Federal

Artículo Único.Se reforma el último párrafo y se adiciona una fracción XVIII al artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue

Artículo 381. ...

I. a XV. ...

XVI.Cuando se cometa en caminos o carreteras;

XVII.Cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los  bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, y

XVIII. Cuando el objeto del robo sea cable de cobre y a consecuencia de ello se produjera la interrupción de servicios públicos y básicos.

...

En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XVI, XVII y XVIII, de dos a siete años de prisión.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el diario Oficial de la Federación.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de noviembre de 2013.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas, Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Zuleyma Huidobro González, Lilia Aguilar Gil, secretarios; José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado, Cristina González Cruz, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Damián Zepeda Vidales, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González, Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene el uso de la voz para fundamentar el dictamen por la comisión el diputado Javier Filiberto Guevara González.

El diputado Javier Filiberto Guevara González:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, quiero en primer lugar agradecer a la Comisión de Justicia, a sus integrantes, secretarios y en especial al presidente de esta comisión, al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, por el interés mostrado para realizar un análisis exhausto a la iniciativa que presenté el pasado 22 de octubre del año 2013, misma que se dictaminó en sentido positivo.

La iniciativa trata del tema del robo de cobre, que en los últimos años ha cobrado relevancia por el costo económico que representa la pérdida de este material para los servicios públicos que brinda el Estado.

Por ello es necesario implementar medidas estrictas para prevenir y disminuir este delito. Este material se comercializa en los depósitos que se dedican a su compra-venta, pagando alto precio sin conocer su origen.

China es responsable de casi el 40 por ciento de la demanda global del cobre, estimada en 19 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos representa el 10 por ciento del consumo global.

Actualmente Chile mantiene su posición como mayor productor de cobre en el mundo, siguiendo la fuente de participación de Perú y México en la región. A pesar de ser una buena señal para nuestro país como productor de cobre, también tiene repercusiones por los altos índices de robo en los conductores eléctricos que prestan el servicio de alumbrado público de comunidades y en otros servicios.

A partir del cierre de labores de la mina de Cananea, la mayor productora nacional de cobre, su precio incrementó, afectando directamente a la Comisión Federal de Electricidad y a la red de comunicaciones, sumando a lo anterior el delito de robo de cobre que representa un gasto más para las compañías y un incremento en las tarifas de los servicios que prestan.

El robo de líneas de conducción eléctrica representan pérdidas millonarias para los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, quienes se ven obligados a reparar continuamente los daños ocasionados por los delincuentes con el fin de seguir brindando el servicio de alumbrado público a las comunidades y a los ciudadanos.

Es importante señalar que los delincuentes dedicados a esta actividad no sólo roban cobre, sino también otros materiales como el fierro, aluminio, acero, níquel y otros que —por su valor comercial— también son robados de la vía pública con el fin de ser comercializados y en perjuicio de particulares y del Estado mexicano.

Entre os principales factores que contribuyen al incremento del hurto de metales se encuentran los siguientes:

La fácil comercialización y alta demanda en su compra sin tener conocimiento de su procedencia. Es un negocio creciente por las altas ganancias que les dejan a los delincuentes y a los compradores, éstos sabiendo que están comprando algo que es robado.

La presente iniciativa tiene como propósito adecuar la normatividad federal que prevé los casos en que el delito de robo se considera grave, para que el mismo tenga una mayor sanción cuando el objeto del delito sea cobre, haciendo la modificación correspondiente al párrafo tercero del artículo 381 del Código Penal Federal para que deje de ser un robo simple.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, les pido su consideración a la presente propuesta, en la que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz la diputada Lucila Garfias Gutiérrez.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el cobre es un metal no precioso con buena conductividad eléctrica, ductilidad y resistencia mecánica. Estas características lo han convertido en el material más empleado, hasta ahora, para fabricar cables eléctricos que se utilizan en empresas, industrias y hogares.

Tan sólo en el país, hasta noviembre del año pasado, se produjeron más de 391 mil toneladas de este material, básicamente en el estado de Sonora con una participación del 73.3 por ciento del mercado.

Aunque la producción de este mineral disminuyó un 29 por ciento el año pasado coexiste un problema de amplia y más inmediata repercusión en la ciudadanía de tan grandes dimensiones que va en aumento cada día, el cual es tema de esta reforma al Código Penal Federal.

Desde hace más de cinco años se ha fortalecido un mercado clandestino de venta de metales a nivel mundial, donde vendedores y compradores causan cuantiosos daños a establecimientos, oficinas, casas habitación y gobierno. Entre estos metales se encuentra el cobre, que en el 2010 encabezó la lista de metales no ferrosos que más se revalorizaron en el mundo.

Lo anterior provocó que se multiplicaran los casos de robo clandestino de cableado o tubería de cobre, con amplios dividendos para los delincuentes y las personas que lo comercializan. Lo más lamentable son las facilidades con las que se comercializa el producto sustraído, lo que motiva y fomenta la reproducción del mercado negro donde es bien pagado sin reparar en la forma en que se haya obtenido.

En toda la República mexicana se puede observar este fenómeno delictivo, registrando pérdidas millonarias por el robo de cobre en instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, de gas, de equipamiento urbano, agrícolas e industriales sin distingo de que sean éstas públicas o privadas.

El más afectado de todos podríamos pensar que es la Comisión Federal de Electricidad, pero esta empresa es prestadora del servicio eléctrico por lo que los verdaderos afectados somos los ciudadanos, las empresas, la industria o el campo que deja de recibir el suministro energético necesario para nuestras cotidianas actividades.

Muestra de ello resultan los más de cinco mil apagones a consecuencia del robo, entre los años 2010 y 2011, de mil 200 kilómetro de cable de cobre, mismos que produjeron pérdidas económicas por más de 73 millones de pesos a esa institución. Nada, comparado con los presumibles 387 mil pesos recibidos por los delincuentes.

En esas pérdidas no se encuentran cuantificados los daños ocasionados a los usuarios finales de electricidad, en los que también debemos incluir a los cientos de planteles educativos en donde cada periodo vacacional los delincuentes aprovechan para llevarse todo el cableado, incrementando con ello el daño social que causa esta acción delictiva.

Atendiendo esta problemática, Congresos locales como el de Coahuila y Colima, han tipificado en sus Códigos Penales este delito por robo calificado, aumentando penas y estableciendo agravantes que impiden al inculpado la libertad bajo fianza.

Compañeras y compañeros legisladores, nuestro Grupo Parlamentario, Nueva Alianza, votará a favor de la presente reforma, pues esta medida beneficia directamente a la ciudadanía y con ella se pretende disuadir el robo, comercialización, enajenación, traslado y cualquier otra actividad delictiva relacionada con el robo de cable de cobre y que por consiguiente no se interrumpa la prestación de servicios públicos y básicos para la población, como son el alumbrado público, los servicios educativos o la misma prevención de la delincuencia.

Porque creemos que es un imperativo generar y apoyar medidas legislativas eficaces, preventivas y que fortalezcan la seguridad pública, y que con ello se eviten este tipo de delitos que afectan a la sociedad en general y causan graves daños a la economía familiar. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Hace precisamente una semana hablábamos de que no es la obligación del Estado el castigar a sus ciudadanos, primero, que es la base del derecho penal. Pero que además está comprobado que el aumento de las penas no disminuye la incidencia de los mismos.

Esta discusión la dimos en la Comisión de Justicia y lo dijimos insistentemente, el sentido afirmativo de este dictamen no disminuirá el robo de cobre. Está comprobado que los criminales, cuando están cometiendo un acto criminal no están pensando en las penas. Es más, no están pensando en que siquiera los van a atrapar, dado el sistema de seguridad de este país.

Entendemos que hay, no solamente en Tabasco, en Chihuahua, en Zacatecas una alta incidencia de robo de cobre y de instalaciones, como las telefónicas e inclusive instalaciones de servicios básicos.

El aumentar las penas no va arreglar este problema, necesitamos una solución integral. Castigar a quien compra probablemente podría ser más efectivo. Pero venir aquí en nombre de la Comisión de Justicia a decir que como hay una situación social que es el robo de cobre, el aluminio, el latón o el bronce, entonces se ha creado un mercado y que a través de la inclusión de una fracción al artículo 381 para tipificar —fíjense bien, compañeros diputados lo que estamos haciendo— tipificar el robo de cobre.

Es decir, no solamente le estamos dando una penalidad, sino que además estamos diciendo en el artículo 381, fracción XVIII: cuando el objeto del robo sea cobre y a consecuencia de ello se produjera la interrupción de servicios públicos y básicos.

El robo, para aquellos que saben de derecho penal —que no lo sé, pero habrá aquí expertos en el tema— el robo es robo. Las agravantes serán otras. Pero cuando se decide tipificar una acción criminal en concreto, es porque hay de verdad un fenómeno social.

Les voy a poner un ejemplo, que ha sido una lucha de mucho tiempo de las feministas de este país: el feminicidio. El feminicidio no se ha tipificado en todos los estados de esta República porque no se considera un fenómeno social grave, cuando es de verdad el último acto de violencia que se puede cometer contra una mujer. Y hay todavía expertos en materia penal que dicen que el feminicidio es homicidio contra una mujer y nada más.

Si en un tema tan sensible, que estructura a la nación y la relación que hay entre los hombres y las mujeres en este país no podemos ir adelante, ¿por qué pretender engañar a la ciudadanía y decir que el tipificar el robo de cobre va a acabar con esta actividad?

Con todo respeto, nosotros en el Partido del Trabajo creemos que no es así. Creemos que tenemos qué proponer cuestiones integrales, respuestas reales. Y que el tipificar el robo de cobre y además aumentar sus penas, solamente porque quien lo haya propuesto tiene buenas intenciones. Y si tenemos un fenómeno de robo de cobre incrementado en el país, que así lo vamos a solucionar, compañeros diputados, no es así.

Implementemos políticas públicas criminales contra estas actividades, castiguemos a quienes roban el cable de cobre y hagamos políticas públicas criminales serias en este tema, pero no engañemos a la ciudadanía aumentando las penas.

Comprobado está que el delincuente no está pensando cuántos años de cárcel le van a dar en este tema, ni mucho menos siquiera si va a caer a la cárcel. Entonces, nosotros nos pronunciamos en contra de este dictamen porque creemos que tenemos que ser congruentes, y como se ha dicho en esta tribuna, no draconianos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. El propósito de este dictamen está claro, aumentar la penalidad al fenómeno de robo de material de cobre utilizado para la transmisión de energía eléctrica, que durante los últimos años se ha convertido en una práctica ilícita recurrente y de crecimiento exponencial.

Este particular fenómeno delictivo no sólo está produciendo un daño patrimonial a los servicios públicos prestados por el Estado, sino también a los ofrecidos por particulares, vulnerando de esta forma las actividades diarias de los usuarios, con las constantes interrupciones de los servicios, debido a que actualmente se utiliza como transmisión de comunicaciones y como conductor de electricidad y calor.

Industriales, comerciantes y empresas enfrentan fuertes quebrantos económicos, en los que la reposición de cable implica pérdidas de tiempo, de construcción, de energía y de dinero.

Desafortunadamente, el crecimiento sostenido de la demanda ha tenido también un efecto negativo, el cual radica en el robo de dicho metal, delito que se comete de manera frecuente en la mayoría de municipios y estados del país, por lo que resulta cierto el argumento que la norma debe de establecer nítidamente y de manera inobjetable en la ley.

Vale la pena mencionar que las cantidades que representan los robos realizados no son cosa menor, como ejemplo tenemos en el que se hurtaron 20 toneladas de cable con un valor de 20 millones de pesos.

Es por ello que consideramos que la inclusión de medidas que permitan terminar con esta práctica ilícita resulta no sólo deseable, sino urgente. No obstante, consideramos que lo propuesto en la iniciativa no resuelve de fondo el problema, por el contrario, ofrece una solución acotada.

El documento plantea, a través de una modificación al artículo 381 del Código Penal Federal, fijar una sanción de dos a siete años de prisión a aquellos casos en los que el objeto del robo sea cable de cobre y a consecuencia de ello se produjera la interrupción de servicios públicos y básicos.

Como se observa, lo previo no soluciona el hecho de que son pocas las empresas en México que cuentan con candados que permiten evitar la compra de metales que provienen del mercado negro. En otros países, por ejemplo, como Alemania, han trabajado la creación de nuevas técnicas antirrobo de cobre, basadas en materiales de alta tecnología y aceros de altas aleaciones que ejercen un sistema de anclaje al terreno, de manera que resulta prácticamente imposible el hurto.

En Movimiento Ciudadano seguiremos insistiendo en que el aumento de penas y sanciones no se convierta en una salida fácil que no ataca los problemas de raíz, porque no viene acompañado de acciones paralelas y de un sistema de justicia eficaz. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde, el diputado Felipe Arturo Camarena García.

El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, presidente. El hablar del delito de robo, como es señalado actualmente en el Código Penal Federal, si en la modalidad del delito de robo de cable, y que como ya se ha dicho aquí, nosotros consideramos, independientemente que el Partido Verde Ecologista apoyará el presente dictamen, también quisiera yo hacer alguna connotaciones.

Es importante señalar que el robo, si bien es cierto hay quien piensa que va a ser una medida —el aumentar las penas y que no es la solución el aumentar— como vas a disminuir el delito en particular o en general, habrá quien esté de acuerdo con este posicionamiento y habremos quienes estemos en contra.

Hemos perdido, quizá desde la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo, a nivel federal, como en las entidades federativas, que el delincuente siempre está con la espera de que la conducta realizada por él jamás sea aprehendido y se pueda dar el cumplimento a la ley. Pero es importante señalar en ello que mientras no haya un cambio de esa cultura y prevengamos los delitos en particular las conductas seguirán dándose.

Si bien es cierto, se considera que el aumento de penas no va a solucionar el mismo, también habremos quienes consideramos que no podemos perder de vista que quien comete el delito debe ser castigado severamente.

Y es ahí donde nos pronunciamos y apoyamos esta iniciativa. Pero es importante señalar que la conducta del delito de robo de cable, como se ha venido dando, y no solamente prolifera en esa entidad federativa de la que su servidor proviene, que es el estado de Guanajuato. También ha proliferado muchísimo el robo de cable.

¿Qué sucede? Que habrá gente que ni siquiera se entera. Y quien compra y adquiere, a sabiendas que es robado, entonces hay una complicidad. Pero quién no tiene conocimiento no participa en el hecho delictivo ni como cómplice, ni como autor intelectual. Por qué no manejar una figura, como también lo hicimos en el estado de Guanajuato, del robo por receptoría.

Y no hablo solamente en cuanto al delito de robo de cable, sino en general. La obligación de quien adquiere bienes y los compra, tiene la obligación permanente de cerciorarse de que los objetos que está adquiriendo son lícitos, de lo contrario, caería su conducta en este robo por receptoría y no directamente en una complicidad en el delito de robo.

Eso es importante poderlo diferenciar, porque de lo contrario quedarían muchas conductas impunes, porque no hay esa participación dentro de la comisión del delito. Es por ello que nosotros consideramos que es necesario ampliar la tipificación de este delito para que en general en el Código Penal Federal se pueda manejar el robo en receptoría a quien adquiera a sabiendas y no se cerciore de que el objeto que está adquiriendo es de forma ilícita.

Creo que es importante lo que se ha señalado aquí, quienes han dicho lo que contribuye y lo que conlleva, y sobre todo el daño que se da en la prestación de servicios en este tipo de delito, porque sí hay una alteración a esa prestación del servicio en materia de electricidad, en las comunicaciones a través de la telefonía. Afecta lamentablemente a muchos ciudadanos.

Es por ello que mientras no entendamos que el delito en particular y se siga generando beneficios, porque por un lado nosotros hacemos las leyes y obligamos a que las penas sean mayores, pero en muchas entidades federativas —ustedes saben y en el mismo Código Penal Federal— quedan beneficios que otorga en muchos casos ya el secretario de seguridad o en otros casos el ejecutivo estatal de conceder beneficios para quienes se han comportado bien dentro de la cárcel.

Mientras sigamos pensando de esa manera seguiremos obligando que las instituciones de procuración de justicia queramos obtener que los responsables de la comisión de los delitos vayan a la cárcel, y por otro lado la incongruencia de los ejecutivos estatales, o en su caso hasta el federal, concediendo beneficios y alternativas para que salgan más pronto de la cárcel.

Lo dejo en la mesa, ojalá esta iniciativa pudiera ampliarse de mayor forma por parte de la Comisión de Justicia a través de otra iniciativa, que nosotros presentaremos, para que también sea contemplada la conducta de receptoría en el delito de robo y en el caso —sobretodo— de todos los delitos de robo, no en particular nada más el de cable.

Así que muchísimas gracias por su atención y espero que el voto de la mayoría sea para beneficio y que sepan los delincuentes que aunque estén esperando que no entren a la cárcel o no se cumplan las sentencias, sepan que es un castigo por la conducta desplegada como y en contra de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD, el diputado Catalino Duarte Ortuño.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Con su anuencia, señor presidente. Antes de fijar postura quiero aprovechar el espacio de esta tribuna para insistir al gobierno federal, al presidente de la República, que tal y como lo anunció en Guerrero libere el recurso que anunció para la reconstrucción de esa entidad.

En este momento tengo en mi poder —si algún diputado o diputada de cualquier fracción parlamentaria quiere verlos, con mucho gusto—, las que les puedo comprobar, que las empresas que están mandando del estado de México, están cobrando cinco millones de pesos para mejoramiento de tramos carreteros, para la construcción de puentes.

Fue un esfuerzo de esta Cámara asignar recursos para esa entidad y para otras, y no se vale que estas empresas con el consentimiento de algún funcionario federal estén cobrando esa cantidad. Jorrín, de Acapulco, tiene algunos datos y yo espero que también el diputado del PRI por Guerrero, de Acapulco, pudiera tomar cartas en el asunto y manifieste interés porque a Guerrero le vaya bien.

En el tema que nos ocupa, lo que tiene que ver con la tipificación del robo de cable de cobre, se está proponiendo en esta iniciativa sea considerado grave, adicionar una fracción que sería la XVIII al numeral 381 del Código Penal Federal, nos parece acertado. En la actualidad esta disposición, es decir el Código Penal Federal no considera este tipo de conducta como delito grave.

Después de hacer un análisis en la comisión y en este momento que se baja a pleno, se ha estado considerando que es necesaria la modificación de esta ley y que además sea considerado robo grave.

Yo estoy de acuerdo con la postura que ha fijado el Partido del Trabajo y otras fracciones en el sentido de que el tema de las conductas delictivas en este país no se va a resolver aumentando las penas, como se trae esa visión. Eso no es posible. Se requiere cambiar la visión que se tiene del gobierno federal en el tema de procuración y administración de justicia y atender, por supuesto con políticas públicas, la recomposición del tejido social a nivel nacional.

La postura de mi partido es apoyar esta iniciativa presentada por el diputado Filiberto Guevara, del estado de Puebla, al cual le reconozco.

Pero le pido al Presidente de la Mesa Directiva pueda hacer una consideración, pueda hacerse una adición, una modificación a esta iniciativa de ley, porque no sólo es suficiente castigar al que roba el elemento o lo que aquí se señala, el cobre; va más allá. Debe castigarse a quien lo compra, a quien lo comercializa.

Si no tenemos quien lo compre, quien lo comercialice, a ninguna persona le va a interesar comprar el cobre que ilícitamente se obtiene.

Por ello valdría la pena que pudiera adicionarse esta parte y que estoy seguro las fracciones parlamentarias de los diferentes partidos están de acuerdo. Esa sería nuestra postura.

Y aprovechar también muy rápido para decirle al pueblo de México que próximamente se van a discutir las leyes secundarias de telecomunicaciones...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, su tiempo se ha agotado y es otro tema el que está tocando.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: ...de competencia económica, de los nombramientos de los consejeros electorales en este país, de las leyes secundarias de transparencia, por supuesto de las leyes secundarias en materia energética.

Hago un llamado, primero pongo el conocimiento al pueblo de México; dos, hago un llamado a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para que la discusión de estas disposiciones legales se abran a todos los diputados y diputadas.

Hasta donde tengo conocimiento se están reuniendo en lo oscurito y la próxima semana pretenden presentarlas al pleno...

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado, le ruego que concluya con su intervención porque ese no es tema a discusión en este momento.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: ...y aprobarlas sin ninguna discusión. Estoy de acuerdo que no es el tema para el pleno y a la mejor ni para usted, pero para el pueblo de México es importante la discusión...

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido que concluya, diputado; el tiempo que le corresponde se ha agotado.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Está bien, estoy de acuerdo, compañero de Acción Nacional, estoy de acuerdo, compañeros del PRI, pero no me parece que sea incorrecto pedir que se abra la discusión y que lo podamos conocer todos los diputados. Creo que en eso estamos de acuerdo. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen, el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano:Con su permiso, señor Presidente. Rápidamente un llamado al Fonden para Guerrero. Es urgente el recurso. Insistimos, no hemos tenido comunicación todavía, a pesar de que se le solicitó a la Junta de Coordinación Política que se hiciera el exhorto para que llegara este recurso a Guerrero no hemos tenido comunicación.

Con el tema que nos corresponde en este momento, es un voto a favor personal, pero también quiero proponer que esta iniciativa, que es muy valiosa, se pueda discutir con más amplitud y se regrese a la Comisión de Justicia para que se vuelva a analizar.

Hay muchos temas que están en el aire, lo que implica no solamente afectar a las instituciones públicas, sino también afecta a las instituciones privadas. Afecta también a los gobiernos.

Veamos el caso de los municipios. En los municipios se están robando las coladeras, se están robando los transformadores y el cable en los domicilios, las tuberías de cobre en los domicilios. Entonces solamente se impone una pena de siete años, si es que afecta a la institución pública, pero son también afectados los usuarios, todos los que tienen cobre ya sea en su casa o en su empresa.

Aparte de esto, el robo no va a terminar solamente poniéndole la sanción a quien está haciendo el robo, sino también a quien lo compra, y eso no está incluido aquí. Habría que hacer una revisión con mayor profundidad para poder analizar hasta qué grado se pueden reformar los artículos y que no dejemos fuera poder incluir el beneficio a todos aquellos ciudadanos que son afectados por el robo.

Tenemos que analizar con mayor profundidad cómo viene la cadena del que roba, del que compra y del que roba bajo pedido. Cuando discutíamos en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estábamos analizando que muchas veces el que compra no sabe. Pero nos preguntamos: cuando se roban una escultura o un busto que es de bronce o de cobre ¿no se dará cuenta el que lo está comprando que es algo totalmente ilegal? Entonces tenemos que buscar cuáles son los esquemas para poder sancionar tanto al que compra como al que está efectuando el robo.

Por eso mi petición es que no se someta a votación en esta ocasión esta iniciativa y se regrese a la Comisión de Justicia para que sea analizada nuevamente. Esa es mi petición, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, también para hablar a favor del dictamen.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero Presidente. Este tema ha generado debate, discusión al seno del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en temas que no implican reformas que dañen al país, como es el tema educativo, el tema laboral, el tema energético, el tema financiero, hacendario, en temas que van ligados a la cotidianidad y a los problemas comunes de la gente, hay apertura para fijar nuestras posiciones.

Este tema ha planteado un debate. Si es con el incremento de penas como se van a resolver los delitos o si implica otras circunstancias. Soy un convencido que el contexto social y económico es parte de la conflictualidad que deriva en conductas atípicas, conductas antisociales, y que implican delitos. Sin embargo, no podemos soslayar que hay hechos que van surgiendo de la realidad social y que constituyen nuevos delitos o nuevas derivaciones de los delitos comunes.

Es el caso que nos ocupa con la iniciativa del diputado Filiberto Guevara, que en este debate yo le doy la razón, porque considero que sí hay un robo descarado de cable de cobre que está afectando los suministros de electricidad, que se está convirtiendo en un problema público.

Y por esa razón voy a votar a favor, pero no eludo comentar que hay que sancionar también —como aquí lo decía el diputado Duarte— a quienes compran, porque para que haya delito tiene que haber demanda, y tiene que haber una colusión o delincuencia organizada atrás de esta industria del saqueo del cobre.

Y esto tiene que combatirse también para el que compra, y tiene que revisarse si detrás de este escandaloso crecimiento del robo del cable de cobre no hay también complicidades dentro del sector eléctrico. No hay también funcionarios que son parte de esta red criminal para lucrar con un servicio público, con un suministro de materiales que le implica un bien social a la gente, pero que estos pillos lo utilizan para su beneficio.

Nosotros por eso vamos a acompañar. Hay quien dice que no es con el aumento de penas, yo le doy la razón en parte, pero aquí lo que se está haciendo es clasificar y subir la penalidad al establecer este tipo, esta derivación del robo para el cableado de cobre.

Por esa razón estamos a favor, y también vamos a proponer —como ya lo hemos hecho— algunas otras tipificaciones que faltan en nuestra legislación penal como es el delito de tortura, como es extender el feminicidio que hay todavía varios estados que no lo han legislado, o estados como Baja California Sur, que está vetado el tema de feminicidio por parte del Ejecutivo.

Es decir, vamos a actualizar nuestra legislación penal, pero entrémosle con todo, para que tengamos un Código Penal que responda a la nueva realidad social del país, y por el otro lado una legislación procedimental que respete los derechos humanos. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Corresponde el turno al diputado Ricardo Monreal Ávila, también para hablar a favor.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Córdova Bernal. Dígame, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal (desde la curul): Después, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: En términos del Reglamento tendré que preguntar si está suficientemente discutido, pero con mucho gusto lo hago.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Gracias, presidente. Miren, es un tema del que no deberíamos sustraernos. Nadie. Siempre que sucede este tipo de discusiones, de dictámenes he mantenido invariablemente una posición política, jurídica, filosófica.

Creo que no se va resolver la situación del país, los problemas del país, aumentando las penas. Se ha demostrado en todo el mundo, en las legislaciones de todo el mundo, que aumentando las penas no disminuyen los delitos.

Y por eso siempre recuerdo en estos pasajes a Dracón. Dracón era un legislador ateniense que promulgó un código penal severísimo: aplicaba la pena de muerte a disposiciones, violaciones leves. Y Dracón, aunque no fue el único, y hay códigos penales más antiguos que el que él generó hacia el siglo VI después de Cristo.

Después el pueblo mismo, Atenas, se convulsionó por la severidad de las leyes. Y Solón más tarde, siglo VII, derogó todas las disposiciones draconianas. Por eso el término usual en legislaciones cuando aumentan las penas, ya sean severas las penas, es un lenguaje común decir el draconiano. Es decir, aumenta penas pero no resuelve el problema.

Y, miren ustedes, sí es delicado desde mi punto de vista el problema del robo del cable de cobre, pero estamos llevándolo al extremo. Sí es grave —me lo han dicho presidentes municipales, funcionarios públicos, empresas privadas— cómo se ha multiplicado el robo de clave de cobre.

Pero esta reforma no sólo agrava la pena, sino que se establece un nuevo tipo penal. Un nuevo tipo penal que señala: Aparte de las penas que merecen los delincuentes o presunto responsable por el robo genérico también agrava la pena estableciendo una nueva fracción al artículo 381, la fracción XVIII, cuando dice que el objeto de robo sea cable de cobre y a consecuencia de ello produjeran interrupción de servicios públicos y básicos.

Tengo mis dudas, por eso decía Ricardo Mejía en efecto que éste es uno de los temas que dentro de la bancada de Movimiento Ciudadano hemos dado libertad para que algunos voten. Como siempre se hace ahí, una discusión abierta y al final no nos ponemos de acuerdo por mayoría y cada uno asume su responsabilidad personal frente a la nación. Creo que no es la solución.

Y siguiendo mi tradición política, mi posición política y mi congruencia, no estoy a favor, aunque hay compañeros de mi propia bancada que dicen que es tan grave el problema que es necesario legislar en esta materia, agravando el delito de robo de cable de cobre.

Más tarde tendremos quizás el robo de cerveza, robo de material de minas. O sea, no es lo deseable técnicamente, técnica jurídicamente es incorrecto. Sin embargo la mayoría creo que ya decidió, nosotros respetamos la decisión y simplemente no puedo sustraerme al debate porque es un tema, independientemente de que muchos lo consideran leve, no es así, es un tema grave para el país. Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tengo anotada a la diputada Córdova Bernal, pero en términos del Reglamento estoy obligado a preguntar, a pedir a la Secretaría que consulte en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Permítame un momento, desde su curul, diputada. Adelante.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal(desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Quiero comentarles que éste es un tema profundo porque es más que nada un problema de generación de empleo. Si bien no justificamos el robo, tampoco estamos de acuerdo en que se criminalice a los que son dueños de todo este tipo de negocios.

Está el que roba, está el que compra, y en los estados no hay una autoridad regulatoria precisamente en este tema, entonces tendríamos que hacer una revisión puntual a las autoridades, porque en muchas ocasiones hay una complicidad por parte de las autoridades hacia quien roba y hacia quien compra precisamente todo este tipo de materiales.

Entonces tendríamos que de verdad analizar profundamente este tema, porque no es el único tema de robo en el país. Muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta si está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Suficientemente discutido. En consecuencia le ruego a la Secretaría se abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Quiero aprovechar la oportunidad para saludar al diputado Javier Mendoza, diputado local de Chihuahua; al presidente municipal de Villa Ahumada, Chihuahua, Rogelio Acosta; al síndico del mismo ayuntamiento, Carlos Acosta, que están aquí hoy invitados por la diputada Crystal Tovar Aragón. Bienvenidos a la sesión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 387 votos a favor, 15 votos en contra y 8 abstenciones.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 381 del Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Fernando Belaunzarán. Dígame, diputado, ¿con qué objeto? Inmediatamente después preguntaré a la diputada Guadalupe Moctezuma. Dígame, diputado.

REGULACION DE LA MARIGUANA

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Gracias, presidente. En primer lugar, para dejar constancia. Vengo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Se presentó ahí una iniciativa muy novedosa, muy creativa, con un término que ha funcionado mucho en Europa para prevenir adicciones, que es la de reducción de riesgos y daños.

Es una iniciativa que trata sobre distintas sustancias problemáticas como el alcohol, el tabaco, los inhalables y, por supuesto, también la cannabis.

En este sentido, se avanza en un tema que está muy restringido por la ley federal, como todos sabemos, por lo centralista que es la Ley General de Salud.

Junto con esta iniciativa novedosa de reducción de riesgo y daño, que va a buscar que los usuarios y los consumidores no corran más riesgos y no se mezclen con sustancias más duras —que me parece un avance— se presentaron también iniciativas a nivel federal.

El senador Mario Delgado y un servidor las vamos a presentar aquí en el Congreso. Son complementarias a dos iniciativas que ya presenté, una en 2012 y otra en 2013. Lo que quería dejar establecido aquí es que hace muy poco el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió y dijo que estaba abierto al debate sobre la regulación de la mariguana. Este es el momento. Le quiero tomar la palabra y es momento en que la Secretaría de Salud no ha dicho ni pío; entonces, un exhorto también para que puedan dar su opinión.

Un punto clave de lo que vamos a discutir en el Congreso, que vamos a discutir por supuesto en el foro de política de drogas, que acordó la Junta de Coordinación Política, y lo haremos durante este periodo ordinario y que estableceremos ya próximamente el temario, etcétera.

El punto clave es que se reconozcan las propiedades médicas y terapéuticas de la mariguana. Es un artículo de la Ley General de Salud, el 245, de pasar del grupo uno al grupo tres al tetrahidrocannabidol. Con ese punto los mexicanos tendrían los mismos beneficios que los neoyorkinos, que los californianos, que los canadienses, que ya gozan de estas propiedades.

Negar los beneficios o las propiedades de la mariguana medicinal es como en el siglo XVI, la Inquisición le decía a Galileo que la tierra no se movía. Espero que la Secretaría de Salud no tenga una posición oscurantista y podamos avanzar en este tema sin prejuicios y poniendo los pies en la ciencia. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

Sonido en la curul de la diputada Guadalupe Moctezuma. Dígame, ¿con qué objeto, diputada?

VIOLENCIA EN VERACRUZ

La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo(desde la curul): Señor presidente, el día de hoy, a las 9:30 de la mañana, fue baleado en su casa el suplente del presidente municipal del municipio de Pueblo Viejo, José Luis Cervantes Cruz, quien acaba de morir en el Hospital de la Beneficencia Española de Ciudad Madero.

Era hermano de Fernando Cervantes Cruz, ex presidente municipal, quien a finales de noviembre del año pasado, aún siendo presidente fue secuestrado. Existe una averiguación, no se han girado aún las órdenes de aprehensión y ya está este asesinato de su hermano el día de hoy.

Exijo al señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, suspenda las funciones del secretario de Seguridad Pública, así como del procurador, en tanto no se esclarezcan los asesinatos cometidos de José Luis Cervantes Cruz, así como del compañero periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, y las desapariciones de menores de edad en toda la entidad. Solicito se nombre un comisionado.

Y no acabo ahí, el día de ayer también fue emboscado en la carretera Las Vigas-Tatatila, el ex síndico, quien murió, Fernando Huerta, y hay muchos heridos. Lo que queremos es que acabe la violencia en nuestro estado. Solicito un minuto de silencio para los compañeros fallecidos. Gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada. Le rogaría nos hiciera llegar una tarjetita con la información de las personas respecto de las cuales pide el minuto de silencio, para que en un momento más lo pudiéramos tramitar. Esperamos que nos haga llegar la tarjeta.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnado para estudio y elaboración del dictamen correspondiente, mediante el oficio número DGPL 62-II-7-729, el expediente número 2051, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud del análisis y estudio de la iniciativa que se dictamina, esta comisión, con base en las facultades que confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

a) En sesión ordinaria efectuada el día 29 de abril de 2013, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

b) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en esa fecha, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa, para análisis y dictamen, mismo que se recibió en la Comisión de Pesca el 14 de mayo del mismo año.

c) Con fecha 16 de julio de 2013 se solicitó a la Mesa Directiva prórroga del plazo para emitir dictamen, que se concedió el 22 de julio del mismo año.

Contenido de la iniciativa

El objeto de esta iniciativa es reformar la fracción V del artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a efecto de cambiar el vocablo procurar por garantizar.

Expone que con la finalidad de normar nuestra legislación acorde y en cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito y ratificado por México en 2001, se reformó el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en lo que a derecho de pueblos y comunidades indígenas dispone en relación con los derechos de uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan.

Con la reforma y actualización del marco jurídico vigente prevalece el aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas de los lugares donde habitan, con un par de limitaciones las referentes a las modalidades de la tenencia de la tierra y los derechos adquiridos por terceros.

La reforma de gran calado del artículo 2o. de la CPEUM sobre derechos indígenas consagró derechos vinculantes con el entorno ambiental y el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Asimismo, la presente busca mantener la armonía legal existente, pues en el artículo 64 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el párrafo segundo, establece:

Artículo 64 Bis 1. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios...

Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los predios en que se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas, tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivos.

El olvido de políticas públicas y una legislación que cubra los requerimientos de las comunidades indígenas sigue existiendo.

Tenemos entonces que el asunto indigenista es un tema de gran importancia pues es vinculante con el sector ambiental materia de la presenta iniciativa.

Un punto favorable lo establece el artículo 79, fracción X, de la LGEEPA que cita:

Artículo 79. Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre, se considerarán los siguientes criterios:

I. a IX. ...

X. El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así como los pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las áreas en que habiten.

Lo anterior deviene por considerar que los pueblos y comunidades indígenas al ser habitantes de zonas ricas en recursos naturales por siglos, son portadores de amplio margen de conocimiento heredado de generaciones y por lo cual el aprovechamiento de la biodiversidad y riqueza de los ecosistemas seria mayor por los grupos indígenas nativos de esas áreas, apostando por el cumplimiento del desarrollo sustentable.

Las políticas públicas que relacionan la materia ambiental e indígena deben tener como objetivo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a usar de forma preferente los recursos naturales del territorio que habitan, promoviendo la protección del conocimiento y capacidades tradicionales adquiridas, lo que permitiría el establecimiento del trabajo bajo una asociación basada en principios plenos e informados.

Tomando como base los elementos de información disponibles, así como la propuesta citada, la Comisión de Pesca se abocó al estudio para cumplir el mandato del pleno de la Cámara de Diputados, con base en los siguientes

Considerandos

Esta comisión coincide con lo que establece la diputada proponente respecto a que en el país la población más afectada por el control del uso de los recursos son a menudo los pueblos indígenas, cuyas tierras en las que habitan son una zona donde se localizan importantes riquezas naturales.

Y estamos conscientes de que la explotación de los recursos naturales genera conflictos por la competencia y las desigualdades en que se da ésta, afectando principalmente a las comunidades y pueblos indígenas por ser el grupo más vulnerable ante el imponente mercado, pero sobre todo porque a menudo los territorios con gran diversidad de recursos naturales coinciden con zonas habitadas por indígenas.

Así como se reformó el artículo 2o. de la CPEUM, a fin de normar la legislación acorde y en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito y ratificado por México en 2001, en lo que a derecho de pueblos y comunidades indígenas dispone en relación con los derechos de uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan. Ahora esta iniciativa cumpliendo así lo signado en el artículo 7o., fracción 4, del convenio 169 de la OIT, que dicta que los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan busca mantener la armonía legal existente, pues en el artículo 64 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en el párrafo segundo establece:

Artículo 64 Bis 1. La federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios...

Los núcleos agrarios, pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los predios en los que se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas, tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivos.

Coincidimos en que esta modificación no busca el derecho y uso preferente de los recursos naturales por parte de los pueblos y comunidades indígenas como una medida de favoritismos, sino que representa también una fuerte obligación para estos pueblos y comunidades pues por encima de todo están obligados a preservar el hábitat y mantener la integridad de esas tierras por considerarlas un punto clave y estratégico para su desarrollo y mantenimiento.

Por eso, esta comisión considera viable que en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que en el artículo 2o., fracción V, señala:

V . Procurar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, en los términos de la presente ley, de los lugares que ocupen y habiten;

Es conveniente introducir el término garantizar a fin de que estos derechos se lleven a cabo con uso y disfrute preferente y no meramente en sentido de procuración.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados someten a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único.Se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Son objetivos de esta ley

I. a IV. ...

V. Garantizarel derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, en los términos de la presente ley, de los lugares que ocupen y habiten;

VI. a XV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de noviembre de 2013.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica en contra), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo, Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Angélica Rocío Melchor Vázquez (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica en contra), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica en contra), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer, Salvador Ortiz García (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, María Fernanda Romero Lozano, Francisco Grajales Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos para hablar a nombre de la comisión, el diputado Alfonso Inzunza Montoya.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Comisión de Pesca pone a consideración de esta honorable asamblea el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El objeto de esta iniciativa tiene como propósito cambiar en la ley el vocablo procurar, por garantizar. Expone que con la finalidad de normar nuestra legislación, acorde y en cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito y ratificado por México en el año 2001, se reformó el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que a derecho de pueblos y comunidades indígenas dispone, en relación con los derechos de uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan.

Con la reforma y actualización del marco jurídico vigente prevalece el aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas de los lugares donde habitan.

El asunto indigenista es un tema de gran importancia, pues es vinculante con el sector ambiental, materia de la presente iniciativa. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece en el artículo 79, fracción X, lo siguiente: Para la preservación y aprovechamiento sustentable de la flora y fauna silvestre se consideran los siguientes criterios. El conocimiento biológico tradicional y la participación de las comunidades, así como de los pueblos indígenas en la elaboración de programas de biodiversidad de las áreas en que habiten.

Tomando como base los elementos de información disponibles, la Comisión de Pesca se abocó al estudio para cumplir con el mandato del pleno de esta Cámara de Diputados, con base en los siguientes considerandos.

Esta comisión coincide con lo expuesto por la diputada proponente, respecto a que en nuestro país, la población más afectada por el control del uso de los recursos son a menudo los pueblos indígenas, cuyas tierras en las que habitan son una zona donde se localizan importantes riquezas naturales. Y es consciente de que la explotación de estos recursos genera conflicto por la competencia y las desigualdades en las que se da ésta, afectando, principalmente, a las comunidades y pueblos indígenas.

Coincidimos, además, que en esta modificación no busca el derecho y uso preferente de los recursos naturales por parte de los pueblos y comunidades indígenas como una medida de favoritismo, sino que representa también una fuerte obligación para estos pueblos y comunidades de preservar el hábitat y mantener la integridad de estas tierras.

Por eso, esta comisión considera viable que la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable, que en su artículo 2o, fracción V, señala el término procurar en cuanto al derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas, de los lugares que ocupan y habiten, sea modificado por el término garantizar, a fin de que estos derechos se lleven a cabo con uso y disfrute preferente y no meramente en sentido de procuración.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de este pleno el siguiente decreto con el que se reforma la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y acuacultura sustentables para quedar como sigue:

Artículo 2o. Son objetivos de esta ley garantizar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas en los términos de la presente ley de los lugares que ocupen y habiten.

En la Comisión de Pesca de esta Legislatura consideramos sumamente importante la aprobación de esta iniciativa y agradecemos su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Alfonso Inzunza Montoya. Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea, el dictamen que propone reformar la fracción V del artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables consiste en garantizar en la ley el derecho de acceso a los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas.

Esto es un avance a favor de la conformación de cuerpos legales garantes del acceso a insumos tan esenciales como son los recursos hídricos. Aprobarlo el día de hoy implica resarcir deudas pendientes con decenas de miles de comunidades indígenas que habían sido relegadas del acceso a sus recursos naturales. Como también es reconocer el despojo que han padecido estas comunidades en su acceso a los recursos pesqueros y acuícolas por parte de empresarios, incluso autoridades por la inobservancia de la ley.

Estas prácticas perversas dieron lugar a la discriminación hacia los pueblos indígenas, impidiendo el goce de los derechos y la equidad que las leyes enarbolan.

Bajo este concepto entendemos las disposiciones a las que nos hemos comprometido desde la reforma al artículo 2o. constitucional, el cual ofrece mejores condiciones a nuestros pueblos originarios a partir de 2001, que mandata la obligación del gobierno en fortalecer la participación y representación de estas comunidades de acuerdo con sus tradiciones y normas internas.

De la misma manera la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, que firmó nuestro país en 2001, refrenda esta convicción por lo cual aprobar este dictamen que hoy discutimos armoniza las disposiciones que rigen al Estado mexicano.

Expreso que el objetivo es lograr que nuestras comunidades indígenas y todo el pueblo de México podamos contar con normas claras que eviten prácticas inadecuadas, sobre todo en litigios futuros que puedan afectar a nuestros hermanos indígenas. El sustituir el concepto procurar por garantizar el acceso de las comunidades indígenas mexicanas al uso y disfrute de los recursos pesqueros y acuícolas obliga a las autoridades a que hagan cumplir las leyes y que en sus resoluciones reconozcan a plenitud los derechos de las comunidades indígenas.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy damos un paso importante, pero falta mucho para poder resarcir los años de marginación y exclusión de nuestras comunidades indígenas. Basta ya de tratar a las comunidades y pueblos indígenas como clientelas políticas o como referentes retóricos de los discursos políticos.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, porque estamos convencidos que el desarrollo de los pueblos originarios solo será posible a través de una verdadera política de Estado que los reconozca como sujetos colectivos y al mismo tiempo como un actor estratégico para lograr una plena inclusión social en nuestro país. Es cuanto, y gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Angelino Caamal Mena.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida al señor Francisco González, al doctor Edgardo Haro y al señor Juan León. Todos invitados de León, Guanajuato, por la diputada Beatriz Yamamoto. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados.

Tiene el uso de la palabra, el diputado José Soto Martínez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Soto Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados. Las costas mexicanas tienen una longitud de alrededor de 11 mil 500 kilómetros de extensión, con cerca de tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva.

La producción pesquera del país proviene principalmente de la pesca por captura. La pesca en México tiene un valor económico, social y alimentario con fuerte impacto regional, en la que su elevado potencial de producción ha contribuido en la solución de problemas alimentarios y generación de empleos buscando siempre cumplir con el principio de sustentabilidad.

El anuario estadístico de acuacultura en pesca en 2011 de la Sagarpa indica que la producción pesquera nacional total produjo un millón 660 mil 755 toneladas de peso vivo, un millón 397 mil 620 de captura y 262 mil 855 de acuacultura, con un valor total de 17 millones 785 mil 719 millones de pesos, que son 10 millones 740 mil 567 por captura y siete millones 45 mil 152 por acuacultura.

Como bien sabemos, en la actividad pesquera la acuacultura es una actividad orientada hacia la búsqueda de mejores rendimientos a través del mayor desarrollo tecnológico, el cultivo de nuevas especies y la intensificación de las existentes. Desde finales de los 90 se le ha dado un fuerte impulso a esta actividad porque representa una alternativa real de política para ampliar la oferta alimentaria, la generación de divisas y la creación de fuentes permanentes de empleo estimulando el desarrollo regional.

El dictamen presentado se propone reformar el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para que se modifique la palabra procurar por garantizar. Una sola palabra que a veces nosotros, los de Movimiento Ciudadano, hemos tratado de modificar en muchísimas iniciativas de ley y no nos las han aceptado. Son dañinas para la población como esto. Procurar es, si quieren. Garantizar es que, deben, garantizar el derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros y acuícolas de las comunidades y pueblos indígenas.

La crisis ambiental forma parte ya de las agendas internacionales debido principalmente a las diferentes formas de explotación a las que son sometidos los recursos naturales, generando conflictos por la competencia y las desigualdades en las que se da ésta, afectando principalmente a las comunidades y pueblos indígenas por ser el grupo más vulnerable ante el imponente mercado, pero sobre todo porque a menudo los territorios con gran diversidad de recursos naturales coinciden con las zonas habitadas por nuestros indígenas.

Por lo anterior es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen y debido a que nosotros estamos en pro de los beneficios de la gente, consideramos que es fundamental proteger a nuestros grupos indígenas, así como garantizar la ejecución de sus derechos, promoviendo la igualdad y no discriminación.

Además afirmamos que es fundamental mantener e impulsar las actividades generadoras de empleo y activación económica en nuestro país pues es el sustento de miles de familias mexicanas.

Aprovecho este momento para pedirle a la Sagarpa, a la Secretaría de Economía y a las dependencias encargadas de la producción de hule que hoy en día se encuentran en muy malas condiciones. Me gustaría que le dieran un vistazo a la producción de hule porque está hasta el suelo el precio, igual que los demás productos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Soto Martínez.

Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a la presidenta municipal del municipio de Pedro Escobedo, María de los Ángeles Tiscareño Villagrán, a regidores, síndico y ex presidentes municipales también del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara de Diputados, invitados todos por la diputada Delvim Bárcenas Nieves. Bienvenida, bienvenidos.

Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén:Con su venia, diputado presidente. En virtud de que la cultura nacional posee profundas raíces indígenas, tanto la sociedad como el Estado mexicano tienen el derecho, la obligación y un gran compromiso con los pueblos originarios de México para preservar su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas y su visión del mundo.

Si bien es cierto que el Estado mexicano reconoce y protege los derechos humanos fundamentales de sus habitantes sin distinción de ninguna índole, no se puede soslayar el hecho de que algunos sectores sociales han sido vulnerados y han enfrentado un largo camino para alcanzar ese reconocimiento respecto de sus derechos y libertades fundamentales.

En el caso de los pueblos indígenas de México hay mucho que hacer en cuanto al ejercicio efectivo de los derechos que consagra nuestra Carta Magna, pues en la brecha existente entre aquello que se asienta en el marco jurídico y lo que sucede realmente, hay un camino muy grande todavía por recorrer.

Los pueblos indígenas del mundo habitan en territorios que se caracterizan por una gran cantidad de recursos naturales. No obstante también hay que reconocer que ese aislamiento deriva en una gran marginación y que son discriminados por las condiciones en que viven.

Derivado del hecho de que muchos de los territorios en los cuales han vivido tradicionalmente los pueblos indígenas son considerados como fuente de oportunidades para el desarrollo económico enfrentan diversas amenazas por empresas y por la iniciativa privada, porque no son reconocido plenamente como sujetos de derecho para defender sus territorios de la voracidad de estas transnacionales y corporaciones nacionales que no comprenden el valor que la tierra tiene para la cultura indígena.

La tierra constituye para los pueblos indígenas un elemento fundamental para su supervivencia tanto física como cultural. De acuerdo a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y de sus circunstancias específicas. Puede incluir el uso o presencia tradicional, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena y tribal, tal y como se establece en el acuerdo 169 de la OIT.

Bajo la lógica anterior, la garantía del derecho a la propiedad territorial resulta base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual y la subsistencia económica de las comunidades indígenas.

Por este motivo nuestro país ha emprendido esfuerzos destinados a proteger ese derecho. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la reforma que se incluyó en el año 2001 en nuestra Carta Magna, en el artículo 2, para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de aquellos lugares que ocupan y habitan.

En concordancia con el espíritu de esta reforma, consideramos muy importante realizar cambios al artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para marcar como uno de los objetivos de la misma, la garantía al derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros de las comunidades indígenas de los lugares que ocupen y habiten.

Como ya lo expresamos, los pueblos indígenas reclaman una inserción integral en la sociedad que les permita ejercer plenamente y de modo efectivo los derechos que reconoce nuestra Constitución para todos los mexicanos. En este sentido consideramos que el Estado debe fomentar la participación activa de las comunidades indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida.

En efecto, siendo la pesca y la acuacultura actividades productivas que generan alimento y fuentes de empleo para la población, la reforma propuesta tendrá la virtud de coadyuvar en el impulso del desarrollo comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas que viven de la pesca. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Mario Francisco Guillén Guillén. Tiene el uso de la palabra la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Yesenia Nolasco Ramírez:Con la venia de la Presidencia. Diputados y diputadas. El Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática y la de la voz saludan el dictamen que presenta la Comisión de Pesca a esta Cámara de Diputados.

La riqueza de los mares mexicanos es un impulsor de la generación de empleos, cuyo objetivo siempre ha sido buscar cumplir con el principio de sustentabilidad.

En términos económicos el sector pesquero forma parte de una fuente de estrategia para el desarrollo del país, contribuyendo a la oferta alimentaria para las familias mexicanas y con fuerte calidad de producción para la exportación.

Por la parte social y ambiental existe una explotación de recursos naturales, mismas que generan conflictos por la competencia y las desigualdades en las que se da, afectando principalmente a las comunidades y pueblos indígenas por ser el grupo más vulnerable ante el imponente mercado, pero sobre todo, porque a menudo los territorios con gran diversidad de recursos naturales coinciden con zonas habitadas por indígenas.

En cumplimiento y para enaltecer lo anteriormente citado, se reformó el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente al derecho de los pueblos y comunidades indígenas. En relación con los derechos de uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan, tal reforma nace del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, suscrito y ratificado por nuestro país en el año 2001 y que en el artículo 14, numeral 1, establece que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de la propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.

Por ello, con la finalidad de normar nuestra legislación y acorde en cumplimiento a nuestra Constitución y al Convenio 169 de la OIT, el presente dictamen promueve el aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades y pueblos indígenas de los lugares en donde ellos habitan.

De igual manera se armoniza lo establecido en el artículo 64 Bis-1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, que en su párrafo segundo establece:

Los núcleos agrarios de pueblos indígenas y demás propietarios o poseedores de los predios en los que se pretendan desarrollar las obras o actividades anteriormente señaladas tendrán preferencia para obtener los permisos, concesiones y autorizaciones respectivos.

Las poblaciones y comunidades indígenas son aportadores de un amplio margen de conocimiento, por lo cual el aprovechamiento de la biodiversidad y riqueza de los ecosistemas es mayor en los grupos indígenas nativos de esas áreas, promoviendo el cumplimiento del desarrollo sustentable.

Con el presente dictamen apoyamos a una causa loable incorporada en el cuerpo de la iniciativa, el respeto de las comunidades indígenas en el uso preferente de los recursos naturales, sabiéndola como necesaria y fundamental en beneficio de la economía, el medio ambiente y la sociedad.

Por lo anteriormente citado y en congruencia con las necesidades, los valores y compromisos del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Yesenia Nolasco Ramírez.

Agotada la lista de oradores pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.

La diputada Maricela Velázquez Sánchez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Se emitieron 397 votos a favor, 0 abstenciones y 3 en contra. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, y Federal de Procedimientos Civiles

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 85, 157, numeral I, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria del día 17 de octubre de 2013 de la Honorable Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes para reformar y adicionar diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, y Federal de Procedimientos Civiles. Dicha iniciativa fue suscrita por el diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro.

2. Los preceptos a que se refiere esta iniciativa son los siguientes: primer párrafo del artículo 149 Ter del Código Penal Federal; artículos 28, 31; 74; 87; 95, fracción III, 103 segundo párrafo, 124 Bis, 128, fracción IV, 141, fracción X, 154, 155 y 388, fracción II Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, y los artículos 107, 180, 271, y 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

3. En dicha sesión ordinaria, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

4. En la sesión plenaria de la Comisión de Justicia, celebrada el 20 de noviembre  de dos mil trece, se aprobó  en sentido positivopor mayoría de los presentes el proyecto de dictamen de la iniciativa en referencia.

II. Análisis de la iniciativa

En la iniciativa de mérito se menciona en síntesis que se pretende asegurar que las personas con discapacidad auditiva (sordos), silente (mudos) o discapacidad visual (ciegos), tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás, incluso mediante ajustes a los procedimientos de orden civil y penal, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

Lo anterior en virtud de que es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, ya sea en este caso la lengua de señas mexicana o el Sistema de Escritura Braille, sin restricción alguna en el ámbito público o privado, en cualquier forma, y en todas las actividades sociales, económicas, políticas, judiciales, religiosas y cualesquiera otras.

Para lo cual, las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, deben proveer lo necesario a efecto de que en cualquier juicio, las personas con alguna discapacidad, como los sordos o los ciegos, sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua, o forma de comunicación.

Por lo anterior se proponen las siguientes reformas y adiciones: Artículo 149 Ter del Código Penal Federal; artículos 28, 31; 74; 87; 95, fracción III, 103 segundo párrafo, 124 Bis, 128, fracción IV, 141, fracción X, 154, 155 y 388, fracción II Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, y los artículos 107, 180, 271, y 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles para que queden de la siguiente manera:

Del Código Penal Federal

Articulo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, discapacidad, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas.

I. a III. ...

Del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo 28. Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, o sean personas con alguna discapacidad, se les nombrará a petición de parte y de oficio, uno o más intérpretes o traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el traductor haga la traducción.

Cuando no pudiere ser habido un traductor mayor de edad podrá nombrarse a un menor que haya cumplido quince años.

Artículo 31. Si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona con discapacidad visual, auditiva y/o silente, se le proporcionará un intérprete que tenga conocimiento de su Lengua o medio de comunicación, siempre que sea mayor de catorce años; y en este caso se observará lo dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 74. Las citaciones podrán hacerse verbalmente, o por cédula, o por telégrafo, o mediante sistema de escritura braille, si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona con discapacidad visual, anotándose en cualquiera de esos casos la constancia respectiva en el expediente.

La cédula se asentará en papel oficial y deberá ser sellada por el tribunal o el Ministerio Público que haga la citación.

Artículo 87. Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas. En la diligencia de declaración preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor, y en su caso, el intérprete o la persona de su confianza que el inculpado puede designar, sin que esto último implique exigencia procesal.

En la audiencia final del juicio también será obligatoria la presencia del intérprete, del defensor y quien podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar.

En el supuesto a que se refiere el artículo 124 bis de este Código, no podrán llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el inculpado sin el intérprete o traductor a que dicho precepto se refiere.

Artículo 95. Las sentencias contendrán:

I. a II. ...

III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece, idioma o medio de comunicación, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión.

IV. a VI. ...

Artículo 103. Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las motiven.

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 72 de este Código, y asistiéndose de intérprete o traductor si la persona por notificarse presenta alguna discapacidad o no habla o no entiende suficientemente el idioma castellano.

Artículo 124 Bis. En la averiguación previa en contra de personas con discapacidad o que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un intérprete o traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor.

El juez, en su caso, de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor, intérprete o el traductor que mejoren dicha comunicación.

Tratándose de personas con discapacidad o pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente deberán tener pleno conocimiento de su lengua, medio de comunicación y cultura.

Artículo 128. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:

I. a III. ...

a) a f) ...

IV. Cuando el detenido sea una persona con discapacidad o perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un intérprete o traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de personas con discapacidad o indígenas, el intérprete o traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua, medio de comunicacióny cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y

V...

Artículo 141. La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes:

A. ...

I. a IX. ...

X. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, o tratándose de personas con discapacidad que les impida ver, oír o hablar;

XI. a XIX. ...

B...

I. a XI. ...

C. ...

Artículo 154. La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, la discapacidad que presente,el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.

Si el inculpado pertenece a un pueblo o comunidad indígenas, se le hará saber el derecho que tiene de ser asistido por un intérprete y por un defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura, en términos del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si el inculpado no hubiere solicitado su libertad provisional bajo caución, se le hará nuevamente conocedor de ese derecho en los términos del artículo 20 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 399 de este Código.

A continuación se le hará saber en qué consiste la denuncia o querella así como los nombres de sus acusadores y de los testigos que declaren en su contra, se le preguntará si es su voluntad declarar y en caso de que así lo desee se le examinará sobre los hechos consignados. Si el inculpado decidiere no declarar, el juez respetará su voluntad dejando constancia de ello en el expediente.

Igualmente se le harán saber todas las siguientes garantías que le otorga el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se le recibirán todos los testigos y las pruebas que ofrezca, en los términos legales, ayudándole para obtener la comparecencia de las personas que solicite, siempre y cuando estén domiciliadas en el lugar del juicio; así como que será sentenciado antes de cuatro meses, si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, o antes de un año si la pena máxima excediere de ese tiempo; y que le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

Acto seguido el juez le interrogará sobre su participación en los hechos imputados, y practicará careos entre el inculpado y los testigos que hayan declarado en su contra y estuvieren en el lugar del juicio, para que aquél y su defensor puedan hacerles todas las preguntas conducentes a su defensa, mismo derecho que también corresponde al Ministerio Público.

Artículo 155. La declaración preparatoria se rendirá en forma oral, escrita y en el caso de persona con discapacidad con auxilio de intérprete o persona que conozca su medio de comunicación, por el inculpado, quien podrá ser asesorado por su defensor. El inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible. Si fueran varios los inculpados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola audiencia. Cuando haya diversos inculpados que deban rendir declaración, el juez adoptará las medidas precautorias previstas en el artículo 257.

Artículo 388. Habrá lugar a la reposición del proceso por alguna de las causas siguientes:

I. a II. ...

II Bis. Por haberse omitido la designación del intérprete o traductor al inculpado con discapacidad o que no hable o entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos que señale la ley.

III. a XV. ...

Del Código Federal de Procedimientos Civiles:

Artículo 107. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje; pero, si el absolvente presenta alguna discapacidad o no hablare el español, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo pide, se asentará también su declaración en su propio idioma o con intervención del intérprete.

Cuando el que haya de absolver posiciones fuere un indígena y no hable el español, o hablándolo no lo sepa leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, asentándose su declaración en español y en su propio idioma.

Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, Lengua de Señas o Escritura Braille, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de un traductor o intérprete.

Artículo 180. Si el testigo no habla el castellano, rendirá su declaración por medio de intérprete, que será nombrado por el tribunal. Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete. Este último deberá, antes de desempeñar su encargo, protestar hacerlo lealmente, haciéndose constar esta circunstancia.

Si el testigo fuere indígena y no hable el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que rinda su testimonio, sea en su propia lengua o en español; pero en cualquier caso, el mismo deberá asentarse en ambos idiomas.

Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, Lengua de Señas o Escritura Braille, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete.

Artículo 271. Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero o Escritura Braille se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

Las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes sean indígenas, que no supieran leer el español, el tribunal deberá traducirlas a su lengua, dialecto o idioma con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

Las promociones que las personas con discapacidad, los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello. Las fechas y cantidades se escribirán con letra.

En las actuaciones dictadas en los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el tribunal deberá a petición de la parte que lo requiera, otorgar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada o de ayuda técnica respectiva.

Articulo 342. Concluida la recepción de las pruebas ofrecidas por las partes y de las decretadas por el tribunal, en su caso, el último día del término de prueba se verificará la audiencia final del juicio, con arreglo a los artículos siguientes, concurran o no las partes.

Si alguna de las partes, fuera indígena y no hablara el español, o hablándolo no lo supiera leer, deberá asistirle un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, a fin de que se conozcan fehacientemente todas las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia, sea en su propia lengua o en español; en cualquier caso, la misma deberá asentarse en ambos idiomas, si la naturaleza de la lengua lo permite.

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición de quien lo requiera, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, Lengua de Señas o Escritura Braille, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para las personas con discapacidad visual, auditiva o silente ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición.

III. Consideraciones

En México, cada 5 de 100 habitantes de su población tienen alguna discapacidad, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total, según datos proporcionados en el portal del INEGI con datos al 2010.

De ese porcentaje de población con alguna discapacidad, el 27 por ciento corresponde a la discapacidad visual, el 12 por ciento a la auditiva y el 8 por ciento a la discapacidad silente (mudos).

En el artículo primero de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad se establece que el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

Esas “barreras” que les impone el entorno social y cultural a las personas con alguna discapacidad pueden impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás, barreras que se manifiestan con rechazo, indiferencia, discriminación y el no reconocimiento de sus derechos y libertades fundamentales.

En el Glosario de Términos Sobre Discapacidad, Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos se advierten los siguientes conceptos:

• Discapacidad auditiva. Es la restricción en la función de la percepción de los sonidos externos, cuando la pérdida es de superficial a moderada, se necesita el uso de auxiliares auditivos pero pueden adquirir la lengua oral a través de la retroalimentación de información que reciben por la vía auditiva. Cuando la pérdida auditiva no es funcional para la vida diaria, la adquisición de la lengua oral no se da de manera natural es por ello que utilizan la visión como principal vía de entrada de la información para aprender y para comunicarse, por lo que la lengua natural de las personas con esta condición es la lengua de señas mexicana.

• Discapacidad visual. Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual, motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una deficiencia de la agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a su grado.

Las personas con discapacidad se encuentran reconocidas por diversos ordenamientos de carácter nacional (Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad) e internacional, entre los que destacan la “Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, y la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”, siendo que en el inciso a) del numeral 1 del artículo III de éste último instrumento, los Estados Partes se comprometen a promover la integración por parte de las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el acceso a la justicia.

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, el veintiséis de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de agosto del propio año y el instrumento de su ratificación firmado por el Ejecutivo Federal el seis de diciembre de dos mil, fue depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, el veinticinco de enero de dos mil uno.

En ese sentido, es muy significativo para los integrantes de ésta Comisión que se pretenda con esta iniciativa asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás, incluso mediante las precisiones del lenguaje que aquellas utilizan para comunicarse para adaptarlo en los procedimientos de orden civil y penal, lo que contribuirá al desarrollo de las funciones efectivas de las personas con discapacidad visual, silente y auditiva, ya como parte, ya como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

Destaca en las propuestas de reforma y adición, que en su gran mayoría se encamina a asegurar que las personas con discapacidad visual, silente y auditiva gocen de una adecuada comunicación en su lenguaje natural y para ello se propone el auxilio de un intérprete debidamente certificado y proporcionado gratuitamente por la autoridad en los procesos penales o civiles. También propone el reconocimiento legal de las formas de lenguaje denominadas: lengua de señas mexicana o sistema de escritura Braille.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece que por “Lenguaje”, se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal, definiendo a la lengua de señas mexicana, como “la lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral”.

De igual forma se reconocen como válidos al Sistema Braille, los modos, medios y los demás formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad; y define al Sistema de Escritura Braille, como el “sistema para la comunicación representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas ciegas”.

En efecto, en la iniciativa de mérito se advierten las siguientes modificaciones al Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y Código Federal de Procedimientos Civiles.

1) Reforma y adiciona el artículo 149 Ter en su primer Párrafo del Código Penal Federal dado que introduce la palabra “ discapacidad” y añade una coma después del texto “condición social o económica”.

Texto Vigente

189 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

Texto propuesto

189 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, discapacidad, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

2) Reforma y adiciona el artículo 28 en su primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce la frase “ o sean personas con alguna discapacidad” y añade una coma después del texto “ o no entiendan suficientemente el idioma castellano,” .

Texto vigente

Artículo 28. Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, se les nombrará a petición de parte o de oficio, uno o más traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el traductor haga la traducción.

Texto propuesto

Artículo 28. Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, o sean personas con alguna discapacidad, se les nombrará a petición de parte y de oficio, uno o más intérpretes o traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el traductor haga la traducción.

3) Reforma, deroga y adiciona el artículo 31 del Código Federal de Procedimientos Penales, dado que sustituye la expresión “sordomudo” por la de “persona con discapacidad visual auditiva y/o silente”. También reemplaza la frase “se le nombrará como intérprete a una persona que pueda comprenderlo” por la de “se le proporcionará un intérprete que tenga conocimiento de su Lengua o medio de comunicación”.

Texto Vigente

Artículo 31. Si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere sordo-mudo, se le nombrará como intérprete a una persona que pueda comprenderlo, siempre que sea mayor de catorce años; y en este caso se observará lo dispuesto en los artículos anteriores.

Texto propuesto

Artículo 31. Si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona con discapacidad visual auditiva y/o silente, se le proporcionará un intérprete que tenga conocimiento de su Lengua o medio de comunicación, siempre que sea mayor de catorce años; y en este caso se observará lo dispuesto en los artículos anteriores.

4) Reforma y adiciona el artículo 74 en su primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce la frase “ o mediante sistema de escritura braille, si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona con discapacidad visual, ” después del texto “ o por telégrafo,”.

Texto vigente

Artículo 74. Las citaciones podrán hacerse verbalmente, o por cédula, o por telégrafo, anotándose en cualquiera de esos casos la constancia respectiva en el expediente.

Texto propuesto

Artículo 74. Las citaciones podrán hacerse verbalmente, o por cédula, o por telégrafo, o mediante sistema de escritura braille, si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona con discapacidad visual, anotándose en cualquiera de esos casos la constancia respectiva en el expediente.

5) Reforma y adiciona el artículo 87 en sus tres párrafos del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce la frase “ intérprete”.

Texto vigente

Artículo 87. Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas. En la diligencia de declaración preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor y en su caso, la persona de su confianza que el inculpado puede designar, sin que esto último implique exigencia procesal.

En la audiencia final del juicio también será obligatoria la presencia del defensor quien podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar.

En el supuesto a que se refiere el artículo 124 bis de este Código, no podrán llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el inculpado sin el traductor a que dicho precepto se refiere.

Texto propuesto

Artículo 87. Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas. En la diligencia de declaración preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor, y en su caso, el intérprete o la persona de su confianza que el inculpado puede designar, sin que esto último implique exigencia procesal.

En la audiencia final del juicio también será obligatoria la presencia del intérprete, del defensor y quien podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar.

En el supuesto a que se refiere el artículo 124 bis de este Código, no podrán llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el inculpado sin el intérprete o traductor a que dicho precepto se refiere.

6) Reforma y adiciona el artículo 95 fracción III del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce la frase “ o medio de comunicación,” después del texto “ idioma,” .

Texto vigente

Artículo 95. Las sentencias contendrán:

I. ...

II....

III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece, idioma, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión.

Texto propuesto

Artículo 95. Las sentencias contendrán:

I. ...

II....

III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece, idioma o medio de comunicación, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión.

7) Reforma y adiciona del artículo 103 en su segundo párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce la frase “intérprete o” después del texto “ y asistiéndose de” . También introduce la frase “ presenta alguna discapacidad o” después del texto “ si la persona por notificarse”.

Texto vigente

Artículo 103. ...

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 72 de este Código, y asistiéndose de traductor si la persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente el idioma castellano.

Texto propuesto

Artículo 103. ...

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 72 de este Código, y asistiéndose de intérprete o traductor si la persona por notificarse presenta alguna discapacidad o no habla o no entiende suficientemente el idioma castellano.

8) Reforma y adiciona el artículo 124 Bis en sus tres párrafos del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce en el primer párrafo la frase “ con discapacidad o” después de la frase “ En la averiguación previa en contra de personas”. También introduce la frase “ un intérprete o” en el primer párrafo después de la frase “se les nombrará”. En el segundo párrafo añade la frase “ un intérprete o” después de la frase “ podrá nombrar el defensor” .En el último párrafo se introducen las frases “ con discapacidad o” y “medio de comunicación”.

Texto vigente

Artículo 124 Bis. En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor.

El juez, en su caso, de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor o el traductor que mejoren dicha comunicación.

Tratándose de personas pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente deberán tener pleno conocimiento de su lengua y cultura.

Texto propuesto

Artículo 124 Bis. En la averiguación previa en contra de personas con discapacidad o que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un intérprete o traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor.

El juez, en su caso, de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor, intérprete o el traductor que mejoren dicha comunicación.

Tratándose de personas con discapacidad opertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente deberán tener pleno conocimiento de su lengua, medio de comunicación y cultura.

9) Reforma y adiciona el artículo 128 fracción IV del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce las frases “ sea una persona con discapacidad o”; “un intérprete o”; “ personas con discapacidad o”; “ el intérprete o”; y “ medio de comunicación”en su texto.

Texto vigente

Artículo 128. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de indígenas, el traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y

Texto propuesto

Artículo 128. Cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, se procederá de inmediato en la siguiente forma:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Cuando el detenido sea una persona con discapacidad o perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un intérprete o traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de personas con discapacidad oindígenas, el intérprete o traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua, medio de comunicación y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y

10) Reforma y adiciona el artículo 141 fracción X del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce las frases “ o tratándose de personas con discapacidad”;y “ver”en su texto.

Texto vigente

Artículo 141. La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes:

X. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, o padezcan alguna discapacidad que les impida oír o hablar;

Texto propuesto

Artículo 141. La víctima o el ofendido por algún delito tendrán los derechos siguientes:

X. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, o tratándose de personas con discapacidad que les impida ver, oír o hablar;

11) Reforma y adiciona el artículo 154 en su Primer Párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce la frase “ la discapacidad que presente, ” después del texto “ también los apodos que tuviere,” .

Texto vigente

Artículo 154. La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.

Texto propuesto

Artículo 154. La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, la discapacidad que presente,el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.

12) Reforma y adiciona el artículo 155 del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce la frase “ y en el caso de persona con discapacidad con auxilio de intérprete o persona que conozca su medio de comunicación, ” después del texto “La declaración preparatoria se rendirá en forma oral o escrita” .

Texto vigente

Artículo 155. La declaración preparatoria se rendirá en forma oral o escrita, por el inculpado, quien podrá se asesorado por su defensor. El inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible. Si fueran varios los inculpados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola audiencia. Cuando haya diversos inculpados que deban rendir declaración, el juez adoptará las medidas precautorias previstas en el artículo 257.

Texto propuesto

Artículo 155. La declaración preparatoria se rendirá en forma oral o escrita y en el caso de persona con discapacidad con auxilio de intérprete o persona que conozca su medio de comunicación, por el inculpado, quien podrá ser asesorado por su defensor. El inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible. Si fueran varios los inculpados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola audiencia. Cuando haya diversos inculpados que deban rendir declaración, el juez adoptará las medidas precautorias previstas en el artículo 257.

13) Reforma y adiciona el artículo 388 fracción II Bis del Código Federal de Procedimientos Penales dado que introduce las frases “ intérprete o ” y “con discapacidad o”en su texto.

Texto vigente

Artículo 388. Habrá lugar a la reposición del proceso por alguna de las causas siguientes:

II Bis. Por haberse omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos que señale la ley.

Texto propuesto

Artículo 388. Habrá lugar a la reposición del proceso por alguna de las causas siguientes:

II Bis. Por haberse omitido la designación del intérprete o traductor al inculpado con discapacidad oque no hable o entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos que señale la ley.

14) Reforma y adiciona el artículo 107 en sus párrafos primero y tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles dado que introduce las frases “ presenta alguna discapacidad o” y “Lengua de Señas o Escritura Braille”en su texto.

Texto vigente

ARTICULO 107.En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje; pero, si el absolvente no hablare el español, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo pide, se asentará también su declaración en su propio idioma, con intervención del intérprete.

...

Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de un traductor o intérprete.

Texto propuesto

Articulo 107. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje; pero, si el absolvente presenta alguna discapacidad o no hablare el español, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo pide, se asentará también su declaración en su propio idioma o con intervención del intérprete.

...

Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, Lengua de Señas o Escritura Braille, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de un traductor o intérprete.

15) Reforma y adiciona el artículo 180 en su tercer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles dado que introduce la frase “ Lengua de Señas o Escritura Braille,”después de la frase “ estenografía proyectada”.

Texto vigente

Artículo 180. ......

Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete.

Texto propuesto

Artículo 180. ......

Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, Lengua de Señas o Escritura Braille, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete.

16) Reforma y adiciona el artículo 271 en sus párrafos primero y tercero del Código Federal de Procedimientos Civiles dado que introduce las frases “ o Escritura Braille” y “las personas con discapacidad , ”en su texto.

Texto vigente

Artículo 271. Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

...

Las promociones que los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

.......

Texto propuesto

Artículo 271. Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero o Escritura Braille se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

...

Las promociones que las personas con discapacidad, los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

....

17) Reforma y adiciona el artículo 342 en sus párrafos tercero y cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles dado que introduce las frases “ Lengua de Señas o Escritura Braille”después de la frase “la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada” y sustituye la frase “ para los discapacitados visuales, auditivos o silentes“ por la frase “para las personas con discapacidad visual, auditiva o silente”en su texto.

Texto vigente

Artículo 342. ......

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición de quien lo requiera, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para los discapacitados visuales, auditivos o silentes ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición.

Texto propuesto

Articulo 342. ...

...

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición de quien lo requiera, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, Lengua de Señas o Escritura Braille, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para las personas con discapacidad visual, auditiva o silente ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición.

CONCLUSIONES:

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura somete a consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales, y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo Primero.Se reforma el primer párrafo del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Articulo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, discapacidad, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas.

I. al III. ...

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Artículo Segundo.Se reforman los artículos 28, primer párrafo; 31; 74, primer párrafo; 87; 95, fracción III; 103, párrafo segundo; 124 Bis; 128,  fracción IV; 141, apartado A fracción X; 154, primer párrafo; 155; y 388, fracción II Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 28. Cuando el inculpado, el ofendido o el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no entiendan suficientemente el idioma castellano, o sean personas con alguna discapacidad, se les nombrará a petición de parte o de oficio, uno o más intérpretes o traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que hayan de transmitir. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del declarante, sin que esto obste para que el traductor haga la traducción.

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Artículo 31. Si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona con discapacidad visual, auditiva y/o silente, se le proporcionará un intérprete que tenga conocimiento de su lengua o medio de comunicación, siempre que sea mayor de catorce años; y en este caso se observará lo dispuesto en los artículos anteriores.

Artículo 74. Las citaciones podrán hacerse verbalmente, o por cédula, o por telégrafo, o mediante sistema de escritura braille, si el inculpado, el ofendido o algún testigo fuere persona con discapacidad visual, anotándose en cualquiera de esos casos la constancia respectiva en el expediente.

...

Artículo 87. Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de asistir a ellas. En la diligencia de declaración preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor, y en su caso, el intérprete o la persona de su confianza que el inculpado puede designar, sin que esto último implique exigencia procesal.

En la audiencia final del juicio también será obligatoria la presencia del intérprete, del defensor quien podrá hacer la defensa oral del acusado, sin perjuicio del alegato escrito que quiera presentar.

En el supuesto a que se refiere el artículo 124 bis de este Código, no podrán llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el inculpado sin el intérprete o traductor a que dicho precepto se refiere.

Artículo 95. ...

I. a II. ...

III. Los nombres y apellidos del acusado, su sobrenombre si lo tuviere, el lugar de su nacimiento, nacionalidad, edad, estado civil, en su caso el grupo étnico indígena al que pertenece, idioma o medio de comunicación, residencia o domicilio, y ocupación, oficio o profesión.

IV. a VI. ...

Artículo 103. ...

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 72 de este Código, y asistiéndose de intérprete o traductor si la persona por notificarse presenta alguna discapacidad o no habla o no entiende suficientemente el idioma castellano.

Artículo 124 Bis. En la averiguación previa en contra de personas con discapacidad o que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se les nombrará un intérprete o traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor.

El juez, en su caso, de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, podrá nombrar el defensor, intérprete o el traductor que mejoren dicha comunicación.

Tratándose de personas con discapacidad o pertenecientes a los pueblos o comunidades indígenas, tanto el defensor como el intérprete correspondiente deberán tener pleno conocimiento de su lengua, medio de comunicación y cultura.

Artículo 128. ...

I. a III. ...

IV. Cuando el detenido sea una persona con discapacidad o perteneciere a un pueblo o comunidad indígena o fuere extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el español, se le designará un intérprete o traductor que le hará saber los derechos a que se refiere la fracción anterior. Tratándose de personas con discapacidad o indígenas, el intérprete o traductor y el defensor que deberán asistirle, deberán tener además conocimiento de su lengua, medio de comunicacióny cultura. Si se tratare de un extranjero, la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda, y

V. ...

Artículo 141. ...

A. ...

I. a IX. ...

X. Ser auxiliados por intérprete o traductor cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, o tratándose de personas con discapacidad que les impida ver, oír o hablar;

XI. a XIX. ...

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B. y C. ...

Artículo 154. La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, la discapacidad que presente,el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.

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...

...

Artículo 155. La declaración preparatoria se rendirá en forma oral, escrita y en el caso de persona con discapacidad con auxilio de intérprete o persona que conozca su medio de comunicación, por el inculpado, quien podrá ser asesorado por su defensor. El inculpado podrá dictar sus declaraciones, pero si no lo hiciere, el juzgador que practique la diligencia las redactará con la mayor exactitud posible. Si fueran varios los inculpados por los mismos hechos, se les tomará declaración por separado, en una sola audiencia. Cuando haya diversos inculpados que deban rendir declaración, el juez adoptará las medidas precautorias previstas en el artículo 257.

Artículo 388. ...

I. a II. ...

II Bis. Por haberse omitido la designación del intérprete o traductor al inculpado con discapacidad o que no hable o entienda suficientemente el idioma castellano, en los términos que señale la ley.

III. a XV. ...

Artículo Tercero.Se reforman los artículos 107, párrafos primero y tercero; 180, párrafo tercero; 271, párrafos primero y tercero; y 342, párrafo tercero y cuarto, del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar como siguen:

Articulo 107. En ningún caso se permitirá que la parte que ha de absolver un interrogatorio de posiciones esté asistida por su abogado, procurador, ni otra persona; ni se le dará traslado, ni copia de las posiciones, ni término para que se aconseje; pero, si el absolvente presenta alguna discapacidad o no hablare el español, podrá ser asistido por un intérprete, si fuere necesario, y, en este caso, el tribunal lo nombrará. Si la parte lo pide, se asentará también su declaración en su propio idioma o con intervención del intérprete.

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Cuando el absolvente tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá a petición de la parte que lo requiera, ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, Lengua de Señas o Escritura Braille, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de un traductor o intérprete.

Artículo 180. ...

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Cuando el testigo tuviese alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, el juez de la causa deberá ordenar a petición del oferente de la prueba o de la persona que dará testimonio, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, Lengua de Señas o Escritura Braille, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de un traductor o intérprete.

Artículo 271. Las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española. Lo que se presente escrito en idioma extranjero o Escritura Braille se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.

...

Las promociones que las personas con discapacidad, los pueblos o comunidades indígenas o los indígenas en lo individual, asentados en el territorio nacional, hicieren en su lengua, dialecto o idioma, no necesitarán acompañarse de la traducción al español. El tribunal la hará de oficio con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

...

...

Artículo 342. ...

...

En caso de que una de las partes o ambas tengan alguna discapacidad visual, auditiva o de locución, será obligación del juez ordenar a petición de quien lo requiera, la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, Lengua de Señas o Escritura Braille, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o de traductor, a fin de que se conozcan fehacientemente todas y cada una de las actuaciones judiciales que tengan lugar en dicha audiencia.

Si para el desahogo de la audiencia no es posible contar con la asistencia requerida para los indígenas y para las personas con discapacidad visual, auditiva o silente ésta deberá suspenderse y ordenarse lo conducente para que tenga lugar en fecha posterior, a efecto de que se cumpla con tal disposición.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente Decreto se traducirá a las lenguas indígenas.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Cuarto. Todos los entes competentes deberán desarrollar las políticas públicas y acciones señaladas en el presente Decreto, adoptando medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos en congruencia con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de dos mil trece.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan, Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil, secretarios; José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya, Tomás Torres Mercado, Cristina González Cruz, Mirna Esmeralda Hernández Morales, Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Darío Zacarías Capuchino, Damián Zepeda Vidales, Fernando Zárate Salgado, Claudia Delgadillo González (rúbrica), Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales para hablar a nombre de la comisión.

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales:Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Nuestro sistema de procuración, aplicación e impartición de justicia enfrenta muchos retos para garantizar la igualdad y equidad de todos los mexicanos y mexicanas para acceder a él. Es cierto que muchos de esos retos se deben a la corrupción, pero también lo es la situación de que muchas leyes no han sido actualizadas y armonizadas con la rapidez y prontitud deseada.

Es por ello que este día la Comisión de Justicia —y agradezco al señor presidente, Ricardo Fidel Pacheco, y a todos los integrantes de la misma Comisión de Justicia la oportunidad de estar en esta tribuna—está presentando esta propuesta.

En esa ruta es que avanza el proyecto de modificaciones legales que se presenta en la máxima tribuna del país esta tarde, y que busca volver obligatorias las medidas de atención que dejaban al sentido común de los ministerios públicos, jueces y demás autoridades de la aplicación de la ley.

Si bien en México cinco de cada 100 habitantes sufren algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 5 por ciento de los 113 millones de mexicanas y mexicanos, también lo es que muchas de las leyes no contemplan esta realidad y dejan en desventaja a quienes padecen algún grado de discapacidad auditiva, visual o del habla.

Veintisiete por ciento de este 5 por ciento de mexicanas y mexicanos corresponde a una discapacidad visual, el 12 por ciento a una discapacidad auditiva y el 8 por ciento a una discapacidad del habla o silente. Por ello, mediante la modificación de 17 artículos de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles se asegura que las personas con discapacidad auditiva, silente y/o visual tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás.

Con estas modificaciones se vuelve obligatorio algo que hasta el momento se dejaba al sentido común y al libre albedrío de las diversas autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, como lo es garantizar el derecho de todo mexicano y mexicana con alguna discapacidad a que sean asistidos gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua o forma de comunicación y traduzcan fielmente las preguntas y contestaciones que haya que transmitir.

Asimismo se estipula como condición agravante el hecho de que la discapacidad sea objeto de atentar contra la dignidad humana o se anule o menoscaben los derechos y libertades de las personas.

En la Comisión de Justicia estamos seguros que estas modificaciones son de vital importancia para garantizar la equidad para nuestro actual sistema de impartición de justicia, y que puedan completar y contemplar los medios de citación y de audiencias adecuadas para las personas que padecen alguna de estas discapacidades.

Por ello, en el artículo 74 del Código Federal de Procedimientos Penales se propone contemplar otros medios de citación, en los casos que involucren a personas con discapacidad visual, como lo es mediante el sistema de escritura braille.

Asimismo, en el artículo 87 se propone contemplar la asistencia de un intérprete en las audiencias de declaración preparatoria, en las que sea parte una persona con discapacidad silente o auditiva, dejando en claro que sin la presencia del intérprete no podrá llevarse a cabo dicha audiencia.

Se trata, compañeras y compañeros, diputados y diputadas, de un acto de justicia a favor de todas las mexicanas y mexicanos, pues recordemos que ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir un accidente o enfermedad que menoscabe nuestras capacidades.

Por ello les pedimos, compañeras y compañeros en este pleno, su absoluta confianza para que estas reformas redunden en beneficio de cada uno de los habitantes de nuestro querido país. Muchísimas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales. Está a discusión en lo general. Tiene el uso de la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen a discusión es de vital importancia, pues se relaciona con el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, especialmente para quienes tienen alguna discapacidad visual, auditiva o del habla.

Propone este dictamen cambios para avanzar en la cultura de la inclusión en nuestro país que debemos de impulsar desde el Legislativo. El que las personas con discapacidad puedan contar con un traductor de lenguaje y señas mexicanas constituye en sí mismo un acto de justicia para el reconocimiento de sus derechos civiles.

Es importante materializar esta propuesta para que los juzgados civiles y penales, ministerios públicos y demás órganos de justicia cuenten con personas que conozcan el lenguaje de señas, brinden apoyo a personas con discapacidad auditiva, así como la expedición de documentos oficiales en braille.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en el año 2007, y que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo de 2008 establece en su artículo 3o. que las personas con discapacidad deberán tener acceso a la justicia en igualdad de condiciones que todos los demás, incluso mediante ajustes de procedimientos, como es el tema que hoy se vota.

En Nueva Alianza consideramos importantes no sólo las reformas que hoy se presentan, sino que como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debemos garantizar el acceso efectivo a la justicia, procurando a su vez la capacitación de quienes trabajan en la administración de justicia, incluyendo al personal policial y penitenciario.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, en México el 6.6 por ciento de la población reporta tener una discapacidad, y de ese total la dificultad para ver se cuantifica en 32.5 de prevalencia, siendo el segundo tipo de discapacidad más constante, seguido de la dificultad para oír, que representa un 16.5 por ciento, y la que se relaciona con la discapacidad para hablar o comunicarse alcanza el 8.6 por ciento.

Con esta reforma esta población mexicana será beneficiada si aprobamos el dictamen que hoy está a discusión. Compañeras y compañeros, transitemos responsablemente en la implementación de políticas públicas que incluyan a todos los sectores de la sociedad, tal y como lo marcan los objetivos del milenio, especialmente en el tema de las personas que padecen alguna discapacidad.

Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza dará su voto a favor de este dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia, el cual modifica diversos artículos de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, y Federal de Procedimientos Civiles para que nuestro sistema de justicia incluya el lenguaje de señas en el acceso a la justicia, así como la escritura braille.

Estas acciones refrendan nuestro compromiso con las personas con discapacidad y con todas las mexicanas y mexicanos. Es cuanto, y gracias por su atención.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado José Angelino Caamal Mena. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Aparentemente los dictámenes de Justicia han sido la salida perfecta para tener de qué hablar en estas sesiones, y es por eso que me ven con tanta continuidad en esta tribuna, soy secretaria de la misma, y creo que vamos a hablar hoy de un tema que es importante y en el que no ahondaré mucho porque quien me antecedió en la palabra ya ha dado los antecedentes correctos para votar a favor esta iniciativa.

Cuando hablamos del tema de justicia y de intérpretes y de la aplicación de la misma, evidentemente, siempre estamos pensando en los grupos indígenas. Sin embargo, hay un grupo de la población que es el 6 por ciento de los mexicanos o de la población mexicana que presenta una discapacidad para ver, caminar, escuchar, hablar o comunicarse. De ellos, 51.4 son adultos mayores, 33.7 son adultos entre 30 y 59 años y 7.6 son jóvenes de 15 a 29 años.

Es decir, en este país 8 de cada 10 personas con discapacidad son mayores de 29 años y en 19 de cada 100 hogares de este país vive al menos una persona con discapacidad, según encuestas del año 2012.

Es por eso que cuando hablamos del tema de justicia y cuando hacemos y queremos hacer que la justicia llegue a todas las personas y a todos los mexicanos de manera justa, no solamente debemos estar pensando en intérpretes de lenguas indígenas sino también en aquellos que por alguna discapacidad —como ya se ha registrado— en este país no pueden tener un proceso claro y no pueden tener un proceso digno.

Una de cada tres personas con discapacidad ha sentido que sus derechos no se han respetado por haber tenido alguna discapacidad en algún juicio, y la principal causa de denuncia de discriminación, atendida por la Conapred en 2013, fue precisamente la discapacidad.

Es por eso que debemos ser congruentes, porque México firmó el 30 de marzo de 2007 y ratificó el 17 de diciembre del mismo año, la Convención sobre las personas con discapacidad, de la cual fue uno de los principales promotores.

Con la firma y la ratificación de esta Convención nuestro país se compromete a promover y proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, inclusive de las personas con discapacidad.

Es por eso que esta iniciativa reviste de gran importancia, congratulamos a la iniciadora y damos nuestro voto a favor para que en los procesos haya pues traductores, no solamente de lenguas indígenas sino también de aquellos que tienen imposibilidad de hablar, escuchar o comunicarse de manera adecuada, para que la justicia sea para todos y para todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Lilia Aguilar Gil. Tiene el uso de la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de la propuesta que se está presentando, donde se reforman diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Felicitamos, por supuesto, a la diputada Alfa González, promovente de esta iniciativa. Sin embargo, no puedo dejar de resaltar que este dictamen fue aprobado por la Comisión de Justicia el 20 de noviembre, mucho tiempo antes de que fuera remitida la minuta del Senado referente al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y espero que se hayan dado cuenta, el Código Nacional de Procedimientos Penales que se acaba de aprobar no contempla ninguna de estas propuestas y en Movimiento Ciudadano lo lamentamos profundamente. Porque al considerar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos se impone la necesidad de realizar un importante esfuerzo para alejarnos de los estereotipos, los prejuicios y las actitudes excluyentes hacia las personas con discapacidad.

Por ello, como legisladores debemos dotar, entre otros, al sistema de justicia de las herramientas para la remoción de barreras socioculturales que excluyen a una parte importante de la sociedad y le impide ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Según el Inegi, en México existen más de cinco millones de personas que tienen alguna discapacidad, lo que representa el 1.5 por ciento de la población nacional. De acuerdo a la ONU, el 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en los países pobres y por ende existe un fuerte vínculo entre discapacidad y pobreza en la sociedad actual.

Si bien la sociedad ha dejado atrás la mayoría de abusos que ocurrieron a lo largo de la historia, todavía existen barreras que impiden a las personas con discapacidad alcanzar su máximo potencial. Las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos a su participación en la sociedad y se ven obligados a vivir en los márgenes de su propio contexto.

En este sentido, la instrumentación de una directriz de trato que debe procurarse a las personas con discapacidad que se acercan al sistema de justicia constituiría un avance significativo para superar la problemática. Las personas con discapacidad se encuentran con diferentes obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan en los procesos judiciales, ya sea por dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y en la forma de ejercerlos, trato no adecuado, y el desconocimiento por parte de los actores judiciales.

En lo esencial, la perspectiva basada en los derechos a personas con discapacidad equivale a considerarlos sujetos y no objetos; es decir, dejar de verlos como una carga y considerarlos poseedores de derechos, garantizándoles las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación.

El principio de no discriminación ayuda a que los derechos humanos en general sean aplicables en el contexto específico de la discapacidad. Por consiguiente la no discriminación y el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad son el tema predominante en la manera en que se examina en todo el mundo la cuestión de los discapacitados.

Sin embargo, dada las condiciones especiales de estas personas son acreedoras a consideraciones especiales para lograr un desarrollo más integral en una sociedad que por lo regular es obstáculo, al desconocer qué debe hacer y cómo debe interactuar con ellos.

El objetivo del presente dictamen es asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante ajustes a los procedimientos de orden civil y penal para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como participantes directos e indirectos, desde la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, incluyendo la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

En Movimiento Ciudadano reconocemos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los seres humanos. Asimismo el acceso a la justicia justamente en igualdad de condiciones que todos. Nosotros somos partidarios de la defensa de los grupos vulnerables.

Lo vuelvo a repetir, el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla esta materia, por lo que nuevamente se va a tener que reformar el código cundo entre en vigor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Zuleyma Huidobro. Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Sin duda alguna este tema es de gran relevancia para todas las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y desfavorecida del mundo. En la mayor parte de los casos este grupo tiene dificultades para acceder en igualdad de condiciones y de oportunidades al empleo, la educación, la salud, la cultura, la vida política, y en este caso, al sistema de procuración e impartición de justicia.

En México, el Censo de Población y Vivienda del año 2010 identificó aproximadamente seis millones de personas con alguna discapacidad física o mental, lo que representa el cinco por ciento de la población total del país.

Uno de los reclamos de la sociedad mexicana es que la procuración y administración de justicia dé certeza a los ciudadanos, por lo tanto es deber del Estado proteger a los llamados grupos vulnerables, en especial a las personas con discapacidad, ya que por su condición son más susceptibles de sufrir atropellos por parte de la autoridad.

A menudo se presentan violaciones a las garantías individuales y de procedimiento que en materia penal corresponden a aquéllos quienes presentan una limitación sensorial. Resulta por ello apremiante dar una solución a esta situación que a todas luces contraviene los preceptos constitucionales de brindar a todos los mexicanos justicia imparcial, equitativa e igualitaria.

Lamentablemente el personal encargado de procurar o administrar la justicia en nuestro país no cuenta con la capacitación necesaria y suficiente para atender de manera adecuada a las personas con alguna discapacidad, ya sea que se trate del inculpado, el ofendido o el denunciante, lo cual afecta sensiblemente el derecho de los ciudadanos a un juicio justo.

Un obstáculo más para la labor de procuración y administración de justicia es el hecho de no contar con normas claras y precisas que permitan a nuestro sistema disponer de los materiales y servicios requeridos por las personas con discapacidad, como son formatos en sistema braille o intérpretes que traduzcan el lenguaje a señas.

En este sentido, la reforma propuesta pretende obligar a las autoridades federales, encargadas principalmente de impartir la justicia, a proveer en cualquier juicio asistencia especial a las personas con alguna discapacidad.

La Organización de las Naciones Unidas cuenta con un manual sobre reclusos con necesidades especiales, en el cual se hace mención de las personas con discapacidad, y pide garantizar que éstas tengan acceso a la justicia en las mismas condiciones que los demás ciudadanos.

Del mismo modo, recomienda considerar a la sentencia del auto de formal prisión como el último recurso de la cadena procesal, sobre todo en aquellos casos en donde se trate de personas que hayan cometido delitos no violentos o no graves, considerando el nivel de cuidados que requerirían en prisión.

Por su parte la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 13, menciona que “los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia promoviendo la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario”.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde externamos nuestro apoyo a este proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, y Federal de Procedimientos Civiles tendientes a construir una sociedad más incluyente y libre de comportamientos discriminatorios.

Edificar un México más incluyente y justo, en el que se garantice la igualdad de oportunidades para los cerca de 6 millones de mexicanos con discapacidad, debe ser una de las prioridades del Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Ernesto Núñez Aguilar. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Con su venia, diputado presidente. Cuando René González tenía seis meses de edad los médicos le dijeron a sus padres que por ser sordo de nacimiento nunca hablaría, escribiría y menos podría acudir a la escuela. A 34 años de ese diagnóstico, hoy es doctor en ciencias de la educación.

Las personas con discapacidad suelen ser las últimas en obtener el respeto a sus derechos básicos, ello a pesar de que representan aproximadamente el 10 por ciento de la población. Son la minoría más numerosa y más desfavorecida a nivel internacional.

De acuerdo con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se considera bajo ese término a quien por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal.

También este sector de la sociedad al interactuar con las barreras que le imponen el entorno social y cultural se queda sin una inclusión plena y efectiva, sin una igualdad de condiciones. Esto es inconcebible en nuestro país en pleno siglo XXI.

Pese a que en los últimos años se ha hecho promoción de sus derechos todavía se les considera como objetos de beneficencia o de tratamiento médico y se les niegan las oportunidades para gozar de autonomía.

Por eso los legisladores debemos comprometernos para proteger la dignidad de las personas con discapacidad, disminuir la marcada desventaja social en que se encuentran. Debemos promover su participación en un plano de igualdad en los ámbitos civil, judicial, político, económico, social y cultural.

El dictamen que hoy está a discusión en este pleno buscar adoptar las medidas más pertinentes para hacer efectivos sus derechos humanos, velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto por las leyes, tratados y convenciones internacionales, brindándoles un trato digno y apropiado en los procedimientos civiles y judiciales donde se vean involucrados, además de prestarles la asesoría y representación jurídica gratuita.

La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos aporta un elemento para comprender mejor a la comunidad de los hablantes con lengua de señas mexicanas o sistema de escritura braille.

Toda comunidad lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como oficial y que las actuaciones judiciales y administrativas, los documentos públicos y privados y los asientos en registros públicos realizados en la lengua propia del territorio sean válidos, eficaces, y también tienen derecho a relacionarse y a ser atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos.

Por eso este dictamen servirá para asegurar a las personas con discapacidad el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, incluso mediante ajustes a los procedimientos de orden civil y penal para facilitar el desempeño de sus funciones efectivas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con la inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

El doctor René González, mencionado al principio, fue entrevistado por Animal Político hace unas semanas y asegura que para él la discapacidad no existe, que cada persona puede superarse. Dice: “nuestra discapacidad no nos pone límites, la sociedad sí”, aseguró.

Es por eso que los invito a eliminar los límites que como sociedad les hemos impuesto, y votemos a favor de esta iniciativa para avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa para todos y para todas.

Por lo tanto, el PRD votará favor del presente dictamen y agradezco la solidaridad y la unidad en la unanimidad en la votación en la Comisión de Justicia y reconozco a quien signara esta iniciativa, la diputada Alfa González, y el de la voz. Muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Luis Espinosa Cházaro. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para hablar a favor.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado Presidente. La discapacidad se ha definido como aquella condición en la cual alguna persona presenta capacidades diferentes que le pueden impedir su plena y efectiva integración en la sociedad y en igualdad de condiciones que los demás, sobre todo ante una sociedad demasiado ajena y ante un gobierno sin una verdadera atención ciudadana.

De conformidad con datos de la Organización Mundial de la Salud, poco más de mil millones de personas tienen capacidades diferentes, es decir, que un 15 por ciento de la población mundial tiene capacidades diferentes.

De conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país actualmente hay 5.1 millones de personas con capacidades diferentes, calculándose que al menos el 10 por ciento de la población en México tiene algún tipo de capacidad diferente que le provoca dificultad para caminar, moverse o comunicarse.

Las personas con capacidades diferentes durante el transitar de su vida enfrentan un sinnúmero de barreras que les impiden una inclusión efectiva en la sociedad, gobiernos insensibles que no adoptan ni regulan tampoco medidas para facilitar el mejor desarrollo de estas personas.

Son víctimas de discriminación en cuanto al acceso al mercado laboral, que no se ajusta a sus posibilidades reales. Un sistema educativo que difícilmente los contempla, como consecuencia indudablemente de un Estado que no genera las políticas públicas necesarias para garantizar el goce de sus derechos más elementales.

México ha contraído diversas obligaciones en materia de respeto y protección de los derechos fundamentales de estas personas a través de la suscripción de diversos instrumentos internacionales, entre los que destacan la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, entre otros.

Sin embargo, con tristeza podemos afirmar que las medidas y mecanismos que se implementaron en nuestro país para asegurar a este sector de la población la igualdad de condiciones en cuanto al goce y disfrute de sus derechos individuales y sociales han sido nulos.

Hoy el dictamen, objeto a discusión, busca que las personas con alguna discapacidad visual, auditiva o silente puedan ejercer efectivamente su derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita, que consagra el artículo 17 de la Constitución, a través de las modificaciones pertinentes a la ley sustantiva, garantizándoles la posibilidad de intervenir en procesos judiciales como participantes directos o indirectos en todas las etapas de un proceso, con el auxilio de un intérprete con expertis en el sistema o por medio del que el interesado se comunique.

Reconocemos que lo propuesto es un gran avance y lo apoyaremos tal y como siempre lo hemos hecho cuando se busque garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social para las personas con discapacidad.

No obstante, consideramos que la eficacia de las medidas propuestas necesariamente deberán ir acompañadas de la implementación de las políticas públicas que avalen debidamente el derecho de todo ciudadano a contar con un intérprete que le permita comunicar sus intereses dentro de un proceso judicial.

Es cuanto, y les comento que se oyen muy mal chiflando y gritando, es un tema muy importante para las personas con discapacidad. No sean insensibles.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Martha Beatriz Córdova Bernal.

Pido a la Secretaría, agotada la lista de oradores, abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tan pronto termine la votación le doy la palabra, diputada.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La diputada Maricela Velázquez Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Señor presidente, se emitieron a favor 372 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul de la diputada Paloma Villaseñor. Dígame, diputada, ¿con qué objeto?

DIA INTERNACIONAL DEL CANCER INFANTIL

La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Solamente para informar a este pleno que por gestión de la Comisión de Derechos de la Niñez y por acuerdo de la Junta de Coordinación Política este próximo sábado, 15 de febrero, esta Cámara de Diputados se iluminará de color dorado para celebrar el Día Internacional del Cáncer Infantil.

Esto, presidente y compañeros, para que la comunidad se sensibilice sobre la importancia y necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y tratamiento adecuado en el cáncer que sufren niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Al contrario, gracias a usted, diputada Paloma Villaseñor, y además queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

* INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 15:36 horas): Se levanta la sesión. Y se cita para la que tendrá lugar el martes 18 de febrero de 2014 a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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