Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

ASISTENCIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 266 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés (a las 11:27 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 5 de marzo de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del Congreso del Estado de Michoacán

Con el que remite decreto por el que se expide la Ley de Educación para el Estado de Michoacán de Ocampo.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con los que remite dos contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la conmemoración de los 60 años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo al graffiti o arte callejero.

Del Gobierno del Estado de San Luis Potosí

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se garantice en todo el país la plena accesibilidad y movilidad en las instalaciones de las bibliotecas públicas.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para desarrollar un sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres.

Minuta

Con proyecto de decreto que Expide la Ley Federal de Consulta Popular, para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional. (Dispensa de trámites, discusión y votación)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 18 Bis-6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34, 35, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yenesia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Laura Ximena Martel Cantú y Manlio Fabio Beltrones Rivera, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Tomás Torres Mercado, Ana Lilia Garza Cadena y Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo de los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44, 47 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 19 y 21 de la Ley Minera, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 12 y 17 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103 y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Teresita de Jesús Borges Pasos, Yesenia Nolasco Ramírez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 y adiciona un artículo 35 Bis a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 234 y 236 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

De decreto, por el que se aprueba la emisión de una moneda conmemorativa del Centenario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Artega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos artículo 69, 89 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 72 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, se tomen las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad, que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el Gobierno del Estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, los Reyes la Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, STPS y de la SHCP, a fin de analizar y resolver el problema que afecta a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la clausula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de Pemex, ordene la práctica de una auditoría a la construcción del Puente denominado “La Unidad”, en el municipio de Carmen, Campeche, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, para que en apego a la resolución del Tribunal Colegiado en materia penal y administrativa del Décimo Séptimo Circuito de Chihuahua, en favor del ejido Benito Juárez, someta el principio de preferencia de la industria minera al respeto de los derechos humanos, en materia de otorgamiento y cancelación de concesiones, a cargo del diputado Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y al Juzgado Décimo Primero de Distrito en materia Civil en el Distrito Federal, para que evalúen las capacidades requeridas para elegir a los inversionistas idóneos para la adquisición y capitalización de la Compañía Mexicana de Aviación S.A. C.V., a cargo del diputado José Arturo López Candido, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Conaculta y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de presidente y vicepresidente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, para que incorporen a su órgano de gobierno a un legislador de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Efeméride

Con motivo del 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, a cargo de la diputada María de Lourdes Amaya Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

DELINCUENCIA EN MORELOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Luis Miguel Ramírez. Dígame diputado, con qué objeto.

El diputado Luis Miguel Ramírez Romero(desde la curul): Presidente, muy buenos días a todos los compañeros y a usted.

El día de ayer los medios nacionales dieron cuenta de un suceso muy lamentable en Cuernavaca. Fallece una cajera en pleno día y es ejecutada por un mando de policía. Cuando antier seis sujetos entraron a un restaurante a tan sólo tres calles de la casa de gobierno del gobernador, y ante el fallido mando de policía único que él ha tratado de implementar.

Los cuernavacenses nos han pedido a sus representantes que alcemos la voz aquí en el Congreso de la Unión, para pedir urgentemente la intervención de las fuerzas federales. A 18 meses de que el gobernador prometió seguridad para Morelos, somos el primer lugar en secuestro y extorsión y el tercer lugar en delitos del orden común. Somos el último lugar de territorio de paz medido a nivel nacional e internacional por las diferentes áreas.

Señor presidente, solicito se escuche fuerte este llamado de urgencia. Consideramos un error que el gobierno municipal de Cuernavaca entregue la policía al mando de policía único cuando ha demostrado que no sirve para nada. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

DENUNCIAS DE EXTORSION POR PARTE DE POLICIAS FEDERALES HACIA MEXICANOS MIGRANTES QUE REGRESAN AL PAIS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez Ramírez. Dígame diputado, con qué objeto.

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Gracias, señor presidente. Con el objeto de denunciar algunos agentes de la Policía Federal ministerial, toda vez que en repetidas ocasiones desde la curul hemos hecho exhorto al titular para que se investiguen las diferentes denuncias de extorsión por parte de estos agentes hacia nuestros connacionales que retornan a nuestro país.

El día de hoy, en una televisora muy conocida del país se hizo una denuncia de extorsión por parte de agentes de la Policía Federal ministerial a un connacional de Aguascalientes. Una extorsión al parecer de más de mil 500 dólares, argumentando que no podía circular o conducir el vehículo de procedencia extranjera.

Esta gente desconoce totalmente que dentro de lo que es la Ley Aduanera, el artículo 106, el 139 del Reglamento y la regla de carácter general 4.2.7, puede este ciudadano conducir el vehículo cuando se cuente con la debida documentación, en este caso con el permiso de internación temporal vigente y demostrando su residencia, el cual lo hizo, además de una copia del acta de matrimonio.

Por eso, desde este curul exhortamos al procurador general de la República, para que se investigue y se proceda conforme a ley, porque ya basta de estos robos a los ciudadanos. Es tanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Raúl Gómez Ramírez. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Alfonso Durazo. Dígame, señor diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Gracias, presidente. Con el que objeto de pedirle pudiera usted considerar el retiro del primer punto de la agenda, que es la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular, para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, en virtud de que viene anotada aquí con dispensa de trámite, discusión y votación, y no ha sido turnada a la comisión correspondiente.

El planteamiento es, concretamente, pedirle que se le dé el turno que corresponda a las comisiones que usted estime conveniente, de tal manera que podamos debatirla suficientemente y posteriormente regrese al pleno.

Si allá la mayoría la aprueba en los términos que fue remitida por el Senado, que así sea, y posteriormente sea sometida a la votación del pleno, pero no excluyendo el debido procedimiento parlamentario.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Alfonso Durazo. Con fundamento en el artículo 65 del Reglamento, estaremos atentos a lo que disponga la Junta de Coordinación Política sobre la modificación del orden del día, y por supuesto, el trámite sí lo pondremos a consideración del pleno.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Sí, presidente, es para reiterar. Es muy grave lo que está ocurriendo con el debate que se pretende dar de la consulta popular.

Estamos viendo ahorita, inclusive suponiendo sin conceder, que tuviera que iniciar el debate y a la hora de proponer nuestras reservas nos las objetan, y ahorita de última hora, de albazo, nos presentan un control de cambios de la ley. O sea, no ha pasado por comisiones. Esto es muy grave, sería una violencia grave al Reglamento.

Esta minuta debe de pasar a la comisión, es lo que le estamos suplicando. Usted ha hecho un papel medianamente o muy digno. No se marche usted manchándose con este tipo de arbitrariedades que se pretenden hoy por el pleno. Ojalá no permitan esta salvajada de querer presentar albazos legislativos de esta manera.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. No omito señalar al pleno que la solicitud de dispensa de trámites es producto de un acuerdo de la Junta de Coordinación de Política, que por supuesto, en última instancia resolverá el pleno de la Cámara de Diputados.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Me ha pedido la palabra el diputado Sebastián de la Rosa y después consultaré al diputado Durazo, con qué objeto quiere hacer uso de la palabra. Dígame, diputado de la Rosa. Sonido en la curul del diputado Sebastián de la Rosa.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (desde la curul): Presidente, hace unos 15 días diputados de Guerrero presentamos a esta soberanía un punto de acuerdo parlamentario en donde se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Hacienda a dos cosas, pero una de ellas es a contratar a los empresarios de la construcción de Guerrero en los programas de la reconstrucción del estado.

Han recibido amenazas los constructores locales de parte del gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en el sentido de que no serán contratados, de que no serían contratados.

Y este fin de semana que estuve recorriendo mi distrito fui encontrando a los constructores, quienes me expresaron que el gobierno federal les ha establecido ya procedimientos de carácter penal en la PGR y no han sido siquiera notificados algunos de ellos, y menos aun, escuchados en un procedimiento administrativo.

Este punto de acuerdo que nosotros presentamos, lo hicimos precisamente porque ya se había recibido en Guerrero la amenaza de que no serían contratados los empresarios locales.

Esto, honorable soberanía, atenta todavía más contra la grave situación que vive Guerrero y la falta de los recursos que no han llegado, porque al no contratar a los empresarios locales, no solamente está en detrimento del desarrollo económico de Guerrero, sino también está en contra de la generación de empleos, porque las empresas que están yendo del estado de México, simple y sencillamente no están contratando la mano de obra local, y ahora más, los empresarios se están viendo acosados a través de la PGR, sin siquiera haber sido atendidos.

Ojalá que el punto de acuerdo que hemos presentado pueda pasar a este pleno para ser discutido y los empresarios locales de Guerrero, los empresarios de la construcción no estén siendo amenazados y acosados como hasta el momento. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Sebastián de la Rosa; queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido nuevamente en la curul del diputado Alfonso Durazo. Dígame, diputado Durazo, ¿con qué objeto?

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Presidente, con el objeto de reiterar, usted va a someter a consulta del pleno un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pero es una disposición reglamentaria que todo tema sujeto a consideración del pleno, o toda minuta sujeta a consideración del pleno pase por la comisión correspondiente.

Yo le quisiera pedir, reiterar este planteamiento. Creo que para obviar este trámite no hay absolutamente ninguna urgencia, ninguna justificación, ni ningún argumento en el contenido de la minuta que pudiera llevarnos a considerar la dispensa de trámite. Pero el asunto es, presidente, que este tipo de atropellos al procedimiento parlamentario es recurrente y lo que queremos es ponerle un alto a cualquier violación al procedimiento parlamentario venga de donde venga, particularmente si procede de la Junta de Coordinación Política que se ha empeñado en atropellar el procedimiento. Así es que, presidente, le pido que reconsidere y sea remitido a la comisión correspondiente.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Manuel Huerta. Enseguida le doy respuesta, diputado Durazo. Dígame, diputado Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Es que no es cualquier cosa lo que está planteando el diputado Durazo. Mire, el día de hoy están presentando en la Gaceta Parlamentaria un control de cambios, algo muy novedoso en el proceso legislativo. Esto no fue producto de ninguna comisión.

Apenas aquí nos quieren ilustrar sobre qué es lo que se modificó del Senado a la Cámara. Es evidente que por ese motivo los muchachos de la mesa —sus asesores— no quieran recibir ni siquiera las reservas en el hipotético caso que fuéramos a iniciar el debate.

Pero ése es un problema de fondo. En efecto, no hay necesidad de la urgencia. Se han cometido graves deficiencias en el proceso legislativo. Vamos a aprobar cosas que inclusive no van a funcionar aun en el caso de que gane la propuesta que ustedes están suscribiendo.

Entonces no merece ser discutido esto, mándese a comisiones y, con el debido respeto, ya que la Junta de Coordinación no quiera tener en sumisión al pleno y que la Mesa Directiva se ponga en su papel de hacer respetar la Constitución y el Reglamento interno.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención, diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Carlos de Jesús Alejandro. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Con el mismo objeto, presidente. Primero, reiterar también y ratificar la intervención y la demanda del diputado Sebastián de la Rosa en nombre de todos los diputados guerrerenses.

Segundo. Esta Cámara se está viciando de origen. Sistemática y reiteradamente hemos estado violando el Reglamento interno. No es posible que los dictámenes que provienen del Senado no pasen, como lo establece el Reglamento, no pasen a las comisiones respectivas.

¿Qué razón —pregunto entonces— tienen de ser estas comisiones legislativas de este honorable Congreso? Que son espacios de deliberación, de discusión, de aportes, pero también de consensos y acuerdos. No estamos de acuerdo que se siga violentando esta soberanía, señor presidente.

Por ello es necesario reponer el proceso, que tengan razón de ser nuestras comisiones respectivas para discutir los dictámenes que provengan del Senado. Entonces, presidente, por favor pedimos corregir esta situación.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado. Queda registrada su intervención. Reitero que tenemos una solicitud expresa de la Junta de Coordinación Política que por supuesto resolverá en definitiva el pleno de la Cámara.

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de marzo de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del martes cuatro de marzo de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Desde sus respectivas curules los diputados Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Partido Revolucionario Institucional; Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática; María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Roberto López González, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, Teresa de Jesús Mojica Morga, y Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática, realizan comentarios sobre diversos temas legislativos y sobre el Orden del Día. El Presidente hace comentarios y en relación con los diversos premios Oscar obtenidos por el director Alfonso Cuarón, el fotógrafo Emmanuel Lubezki y la actriz Lupita Nyong’o hace suyas las felicitaciones vertidas, expresa un reconocimiento en nombre de la Cámara por sus logros, e invita a los presentes a brindarles un merecido aplauso.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que se comunica que se recibió dictamen con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

b) De los diputados:

• Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos ochenta y uno, y ochenta y dos de la Ley General de Cambio Climático, presentada el veintinueve de octubre de dos mil trece, sea retirada de la Comisión de Cambio Climático.

• Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos primero, diez y once de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, presentada el treinta y uno de octubre de dos mil trece, sea retirada de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) Del Consejo Nacional de Armonización Contable, con la que remite el Informe Anual de la Armonización Contable en México, en el que incluye las recomendaciones pertinentes para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

• Por la que informa que en el mes de enero de dos mil catorce, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de enero de dos mil catorce, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de enero de dos mil trece, la evolución de la recaudación para el mes de enero de dos mil catorce y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública al mes de enero del año en curso. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite información complementaria correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece, de los Organismos Descentralizados coordinados por la Subsecretaría de Educación Media Superior. Se remite a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

f) De la Auditoría Superior de la Federación, con la que remite el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de dos mil doce. De enterado, se remite a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis para consulta de los diputados.

g) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Cuarto Informe Trimestral dos mil trece, respecto de la Operación y Gestión de Petróleos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

• Con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remiten a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

• Con la que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) en México, durante el periodo enero-diciembre de dos mil trece. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

–· Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que organice e instale el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, para que sea instalado antes del primero de Diciembre. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública para que establezcan una estrategia nacional de prevención infantil contra abusos producto de la navegación insegura de las niñas, niños y adolescentes en Internet; asimismo se exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que legislen en la materia. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

– Para solicitar a los titulares de la Comisión Nacional del Agua y del Fondo de Desastres Naturales, remitan un informe de los avances que han tenido respecto a la atención a los damnificados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid y Manuel” que afectaron al país. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

• Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

h) De la Comisión Nacional del Agua, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a los desastres naturales ocasionados por el ciclón “Manuel” y la tormenta tropical “Ingrid”. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento,

i) De la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remiten a los promoventes, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del recinto la ciudadana Aída Ramírez Torres, diputada federal electa en la Cuarta Circunscripción Plurinominal. El Presidente designa una comisión para acompañarla a su ingreso al salón para rendir protesta de Ley, y entra en funciones.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

En su oportunidad y desde su curul el diputado Gerardo Carreño Muro, del Partido Acción Nacional hace comentarios. El Presidente realiza aclaraciones.

• Por el que se formulan preguntas por escrito dirigidas al titular de Petróleos Mexicanos. Se somete a discusión e intervienen en contra la diputada y los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro la diputada y los diputados: Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; Laura Ximena Martel Cantú, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veintinueve diputadas y diputados.

y José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional. En su oportunidad y desde su curul para responder alusiones personales interviene la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática; y para rectificación de hechos la diputada y los diputados: Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; y Javier Treviño Cantú, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido. Acto seguido, se da lectura a la propuesta de adición presentada, que en votación económica se acepta y de la misma manera se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que constituya una Mesa de Diálogo y negociación con los trabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación, a fin de preservar la fuente de trabajo, y en general respetar sus derechos laborales y de seguridad social. Se concede el uso de la palabra para fijar postura de sus respectivo grupos parlamentarios a las diputadas y a los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Manuel Arias Pallares, del Partido de la Revolución Democrática; Karina Labastida Sotelo, del Partido Acción Nacional; y Francisco González Vargas, del Partido Revolucionario Institucional; y para rectificación de hechos interviene la diputada Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa a la Asamblea de la presencia en el Salón de Sesiones de la señora Laila Ghannam, Gobernadora de Ramallah y Al Bireh, provincia del estado de Palestina, acompañada por el señor Munjed Saleh, Embajador de la Delegación Especial de Palestina en México, quienes sostuvieron una reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Palestina, presidido por la diputada Crystal Tovar Aragón, y expresa un saludo en nombre de la Asamblea.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Puntos Constitucionales, que reforma la fracción tercera del apartado A del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo infantil. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza;

El Presidente informa a la Asamblea la presencia en el Salón de Sesiones del señor Thomas Wissing, Director de la Organización Internacional del Trabajo México-Cuba, a quien da la bienvenida al salón de sesiones.

Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Judit Magdalena Guerrero López, del Partido Verde Ecologista de México;

El Presidente informa a la Asamblea la presencia en el Salón de Sesiones del señor Mogens Lykketof, Presidente del Parlamento del Reino de Dinamarca, acompañado por los Vicepresidentes de la Mesa Directiva del Parlamento Danés: el señor Bertel Haarder, la señora Pia Kjaersgaard y la señora Camila Herson, así como de la Embajadora de Dinamarca en México, señora Susanne Rumohr, quienes han participado en una reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Dinamarca, así como con la Comisión de Relaciones Exteriores.

Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática; José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional; y Fernando Salgado Delgado, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión e interviene en pro del dictamen el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos veintisiete votos a favor; y siete abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción tercera del apartado A del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo infantil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

b) Unidas de Juventud, y de Gobernación, que reforma los artículos tres Bis, y nueve, fracción décimo cuarta, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y el artículo setenta y tres, primer párrafo, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México; Carla Guadalupe Reyes Montiel, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional; y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos noventa y cuatro votos a favor; seis en contra; y veintiún abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos tres Bis y nueve, fracción décimo cuarta de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y el artículo setenta y tres, primer párrafo, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes en sentido negativo con puntos de acuerdo por los que se desechan las iniciativas con proyectos de decreto de las Comisiones:

a) De Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación.

b) De Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma el artículo treinta y tres de la Ley General de Educación, en materia de equidad.

c) De Trabajo y Previsión Social, que reforma el artículo trescientos cincuenta y tres-D de la Ley Federal del Trabajo.

d) De Turismo:

• Que adiciona una fracción vigésimo segunda al artículo tercero de la Ley General de Turismo.

• Que reforma los artículos treinta y nueve, cuarenta y ocho, y cincuenta y cuatro de la Ley General de Turismo.

e) De Derechos Humanos, que reforma el artículo 53 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

f) De Salud:

• Que expide la Ley General de Salud Mental.

• Que expide la Ley Federal para la Prevención, Tratamiento y Mitigación de la Diabetes.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Paulina Alejandra del Moral Vela, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y José Alberto Rodríguez Calderón, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos veintidós, y doscientos veintidós Bis del Código Penal Federal y trece de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Mónica García de la Fuente, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento doce de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo doscientos setenta y seis de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo:

• Gerardo Francisco Liceaga Artega, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para Conmemorar el Centenario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Isaías Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General, para que actualice del cuadro básico y el catálogo de insumos del sector salud, a fin de incluir nuevos medicamentos para el tratamiento de cáncer en México. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de que se pague a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social el monto completo de su prima de antigüedad con base en los fondos de la “cuenta secreta”. Se turna a la Comisión de de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se revise la expedición de permisos y concesiones para realizar las actividades de exploración y explotación del lote minero Las Espejeras, en Tetela de Ocampo y la región de afectación del Estado de Puebla, y en caso de que así sea procedente, se declare su cancelación. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a resolver el caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Gobernador del Banco de México, para que difunda la información respecto de la cantidad asignada como pensión vitalicia para el ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Maricela Velázquez Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Cámara de Diputados felicita a Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Lupita Nyong’o, por haber conseguido el premio Óscar que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Isaías Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que a través de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a fin de agilizar los procesos de acreditación de unidades hospitalarias Federales y en los estados de la república para el tratamiento de los pacientes que atienda el Seguro Popular. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Juana Bonilla Jaime, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Auditoria Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública, investiguen el uso de programas sociales, en particular del Programa Pensión para Adultos Mayores sesenta y cinco y Más, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consideren al ciclista y a las empresas promotoras de movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de subsidios. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita al titular de la Secretaría de la Función Pública, al titular del Órgano Interno de Control de Pemex, y a la Auditoría Superior de la Federación, para que investiguen las presuntas irregularidades ocurridas en los años dos mil doce y dos mil catorce, durante el proceso de licitación en la pep norte, por las que resultaron triunfadoras las empresas Sepec Well Services, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Petrodata Services, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Cámara de Diputados felicita y reconoce la extraordinaria labor de los organizadores del Abierto Mexicano de Tenis, Vigésimo Primera Edición, llevada a cabo en Acapulco, Guerrero. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Isaías Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, para que se emita el nuevo Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con las entidades federativas, realicen un diagnostico de los casos en que el personal médico con nombramientos de honorarios y semejante, realice funciones de estructura en los servicios de salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a fin de establecer aranceles competitivos sobre especies de mariscos vivos exportados a China. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que difunda la información relativa al origen de los recursos que se destinaran al programa de recuperación del estado de Michoacán. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a los humedales y manglares del estado de Campeche. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Francisco Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, del Instituto Nacional de Pesca, y de las autoridades pertinentes, se atienda la problemática de la pesca de sardina en el estado de Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, difunda el avance del “Programa Escuelas de Tiempo Completo”, en relación con los Presupuestos de Egresos de la Federación dos mil doce y dos mil trece. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la necesidad de evitar que se sigan suscitando agresiones en contra de periodistas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Alberto Coronado Quintanilla, del Partido Acción Nacional, para que esta Soberanía aplique un ajuste de deducción del diez por ciento al presupuesto que le fue asignado al gasto corriente en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil catorce. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de Petróleos Mexicanos, difunda la información sobre la construcción del Muelle en la Residencia de Operaciones Portuarias de la Paz, Baja California Sur. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que difunda las condiciones y razones que motivaron la ampliación de la concesión hasta por treinta años, de la autopista Manzanillo-Guadalajara en su tramo Manzanillo-Armeria, en el estado de Colima, para la promotora y operadora de infraestructura (PINFRA). Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud y de Comisión Nacional de Protección Social en Salud, difundan la información sobre los recursos del denominado Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del conocimiento público los instrumentos financieros que ha emitido para la cobertura de riesgos catastróficos de dos mil cinco a la fecha. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el cual se solicita al titular de Petróleos Mexicanos, haga del conocimiento público el pago por la movilización de la plataforma “MENADRIL I”. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del conocimiento público los estados de variación de la Hacienda Pública y de Flujos de Efectivo, con corte al treinta de junio del año en curso, correspondientes a los poderes de la unión y a los entes públicos federales. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, haga del conocimiento público el ejercicio de los recursos Presupuestales de dos mil doce y subejercicios correspondientes a los programas “Habilidades Digitales para Todos” y “Aulas Telemáticas en Primaria”. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, haga del conocimiento público el avance del Proyecto de Modernización del Servicio Meteorológico Nacional de México, en relación al cumplimiento de metas y recursos financiados y presupuestarios ejercidos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, haga del conocimiento público el total de los programas anuales de trabajo e indicadores del ejercicio dos mil doce, correspondiente a las unidades responsables ejecutoras: “Oficialía Mayor”, “Sexta Visitaduría General” y “Dirección General de Seguimiento de Recomendaciones”. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de Petróleos Mexicanos, haga del conocimiento público el número de gasolineras a las cuales les ha revocado la franquicia por despachar litros incompletos y cuantos procedimientos ha iniciado al respecto, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor el número de estaciones y ubicación de los despachos de gasolina que ha clausurado. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la titular de Secretaría de Desarrollo Social haga del conocimiento público el avance y cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Nacional para la Cruzada Nacional contra el Hambre, así como de la distribución, control, supervisión y ejercicio del presupuesto en cada uno de los setenta programas de la Administración Pública Federal vinculados. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, publique en su página web oficial el uso y distribución de los recursos económicos destinados al Sistema de Protección Social en Salud, correspondiente a los ejercicios dos mil doce y dos mil trece, así como de la compra, calidad y distribución de los medicamentos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, haga del conocimiento público el gasto erogado para la construcción de los Centros de Investigaciones Federales dos y tres, así como de la procedencia de los recursos económicos utilizados. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, hagan del conocimiento público el avance del plan y proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, haga del conocimiento público el avance del programa “Impulso al Desarrollo Regional y Territorial”. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, haga del conocimiento público las medidas implementadas para proteger a los usuarios de las fallas generalizadas que presentan las instituciones financieras y bancarias en sus sistemas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a los titulares de las secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas, a dar atención inmediata a las propuestas contenidas en el informe emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acerca de los hospitales psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y de los estados. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación haga del conocimiento público y en su portal de internet el origen, distribución, aplicación y comprobación de los recursos asignados al padrón único de beneficiarios, así como las evaluaciones correspondientes a los ochenta y siete programas institucionales dirigidos a la población migrante de los ejercicios dos mil doce y dos mil trece. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, haga del conocimiento público, a través de la página de internet las cuotas de afiliación vigentes, padrón de beneficiarios y los resultados periódicos del Programa Seguro Medico Siglo XXI. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que en base al diagnóstico de los últimos años en materia de Derechos Humanos, implemente acciones que permitan el cumplimiento de los tratados y las normas internacionales para prevenir y combatir la violencia contra la mujer, los defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Procuraduría General de la República, haga pública la información relativa al avance en el cumplimiento de las observaciones realizadas por la Auditoria Superior de la Federación, en su informe del resultado de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública dos mil doce, respecto a la aplicación eficiente de los recursos federales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo y de la Fondo Nacional del Fomento al Turismo, a fin de proteger y conservar la zona de la Bahía de Cacaluta, en el estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Aleida Alavez Ruiz y Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se crea la Comisión Especial de Humedales, Espacios y Expresiones Protegidas. Se turna a la Comisión Junta de Coordinación Política, para dictamen.

• Luis Ángel Xavier Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, para que aclare las observaciones que la Auditoria Superior de la Federación realizó sobre el préstamo de vivienda por quinientos millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana miércoles cinco de marzo de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con treinta minutos.»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría.

LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo.— Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, por este conducto nos permitimos remitir a usted, minuta número 292, que contiene decreto por el que se expide la Ley de Educación para el estado de Michoacán de Ocampo. Lo anterior para su conocimiento y efectos conducentes.

Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Morelia, Michoacán de Ocampo, a 27 de febrero de 2014.— Diputado Alfonso Jesús Martínez Alcázar (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva; diputado José Eleazar Aparicio, primer secretario; diputada Daniela de los Santos Torres (rúbrica), segunda secretaria; diputado Sarbelio Augusto Molina Vélez (rúbrica), tercer secretario.»

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Remítase a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

60 AÑOS DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS MUJERES AL VOTO EN MEXICO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente; adjunto el oficio número DGAM/DEPEPP/0909/2013 mediante el cual el licenciado Pablo Enrique Salcedo Sánchez, director ejecutivo de Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas en la delegación Gustavo A. Madero, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L.62-II-6-0944, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 22 de octubre de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador General de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

Hago referencia al oficio D.G.P.L. 62-II-6-0947 de fecha 22 de octubre del presente año, a través del cual se hace del conocimiento a este órgano político-administrativo el contenido del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), mismo que se señala en su parte resolutiva lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe de gobierno del DF, a los congresos de las 31 entidades federativas, a la Asamblea Legislativa del DF, así como a las entidades municipales y de las 16 demarcaciones territoriales del DF, a realizar actividades para conmemorar el 60 Aniversario del Voto a la Mujer.

Sobre el particular, me permito informar a usted que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) , plantel Azcapotzalco, realizó un foro para conmemorar el 60 Aniversario del Voto de la Mujer, denominado Avances y perspectivas de la mujer gobernante en el Distrito Federal, donde la jeta delegacional, licenciada Nora del Carmen Bárbara Arias Contreras, habló sobre los retos que ha enfrentado la mujer para acceder al gobierno, los avances de los partidos políticos en materia de equidad y los proyectos y logros en el gobierno delegacional.

No omito mencionar que, este órgano político-administrativo se pone a su disposición para cualquier aclaración, con el fin de dar cumplimiento en tiempo y forma sobre el asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 2 de diciembre de 2013.— Licenciado Pablo Enrique Salcedo Sánchez (rúbrica), Director Ejecutivo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente; adjunto el oficio número DGDS/782/13 mediante el cual la maestra Margarita María Martínez Fisher, directora general de Desarrollo Social en la delegación Benito Juárez, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L.62-II-6-0944, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 22 de octubre del 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador General de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, Coordinador.— Presente.

En respuesta al oficio D.G.P.L 62-II-6-0944 informo las actividades que se realizaron para conmemorar el 60 aniversario del derecho al voto de las mujeres en México.

Se impartió una conferencia y un diplomado de “Metamorfosis al éxito, empoderamiento de la mujer” con temas para fomentar su independencia, tomar buenas decisiones, aumentar el autoestima, así como informar sobre los derechos que tienen las mujeres. El diplomado tiene una duración de tres meses consecutivos y se ha beneficiado a más de 300 mujeres asistiendo a las conferencias y al diplomado. El diplomado es impartido por María Esther Erosa autora del best seller, De Oruga a Mariposa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 12 de diciembre de 2013.— Maestra Margarita María Martínez Fisher (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remiten a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

GRAFITI O ARTE CALLEJERO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente, adjunto el oficio número DGDS/1127/2013 mediante el cual el ciudadano Édgar Alfonso González Olivares, director general de Desarrollo Social en la delegación Milpa Alta, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L.62-II-6-0670, en donde se comunicó por parte de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 30 de abril del 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 21 de febrero de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador General de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del DF.— Presente.

En atención y respuesta a su oficio SG/CED/01008/2013, mediante el cual solicita información referente a las acciones que ésta a mi cargo ha realizado a fin de dar atención al punto de acuerdo aprobado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, referente a emprender campañas de concientización sobre el grafiti.

En tal sentido, hago de su conocimiento que la delegación Milpa Alta lanzó una convocatoria de concurso de grafiti titulada Un espacio de expresión gráfica contra las adicciones, esto en el marco del Día Mundial sin Tabaco, efectuado los días 30 y 31 de mayo del presente año, proporcionando espacios públicos especiales para esta práctica.

Cuyo objetivo es encauzar estas expresiones artísticas que manifieste su sentir, pensar y experiencias, brindando espacios para tal efecto; asimismo, se tiene programado seguir realizando estas actividades por lo menos 2 veces al año derivado de la gran aceptación y participación de los jóvenes milpaltenses, se adjuntan evidencia fotográfica.

Sin otro particular, espero que las acciones efectuadas cubran las expectativas del punto de acuerdo indicado.

Atentamente

Milpa Alta, DF, a 16 de octubre de 2013.— Édgar Alfonso González Olivares (rúbrica), director general de Desarrollo Social.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En alcance a mi oficio SGG/1175/2013, me permito enviar a usted para su conocimiento copia de oficio número 003/CEFIM/2014, signado por la ciudadana María Magdalena Vega Escobedo, coordinadora estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, mediante el cual informa las acciones llevadas a cabo en relación al punto de acuerdo enviado mediante su oficio D.G.P.L. 62-II-8-2759.

Sin más por el momento, reitero a usted mi consideración y solidaridad.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 14 de enero de 2014.— Licenciado Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Secretario General de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

Licenciado Cándido Ochoa Rojas, Secretario General de Gobierno.— Presente.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2, fracción VIII, y numeral 11, fracción XI, de nuestro reglamento interior y en atención a su similar número SGG/1174/2013, con el que remite a su servidora el diverso signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relativo al acuerdo con el que respetuosamente se exhorta a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas para realizar las adecuaciones pertinentes como parte fundamental de sus programas de cultura y modernización educativa, para garantizar la plena accesibilidad y movilidad de las personas con discapacidad en las instalaciones de todas sus bibliotecas públicas, así como a facilitar la capacitación al personal que labora en ellas, en la atención especializada y profesional para personas con discapacidad y en razón de esta; al respecto y debido a que la Institución a mi cargo no presta este servicio al público, buscando la mayor difusión a tan loable proyecto, con fecha 06 de enero del actual, la suscrita giró oficio a los ayuntamientos del estado, solicitándoles que con respeto a su autonomía, observen en lo posible lo anteriormente expuesto, requiriéndoles además informen sobre las medidas adoptadas al efecto.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 7 de enero de 2014.—María Magdalena Vega Escobedo (rúbrica), coordinadora estatal.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

Diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En alcance a mi oficio SGG/1183/2013, me permito enviar a usted para su conocimiento copia de oficio DG-0023/2013, signado por la C ESP Andrea Saldaña Rivera, directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, mediante el cual informa las acciones llevadas a cabo en relación con punto de acuerdo enviado mediante su oficio D.G.P.L. 62-II-2-955.

Sin más por el momento, reitero a usted mi consideración y solidaridad.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, a 21 de enero de 2014.— Licenciado Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Secretario General de Gobierno.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

Licenciado Cándido Ochoa Rojas, Secretario General de Gobierno.— Presente.

En atención a su similar oficio número SGG/1182/13, de fecha 16 de diciembre de 2013, le informo que la Ley para la Creación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se publicó el 19 de septiembre de 2009, conformándose el mismo el 21 de junio de 2010, además de que por ley ya se encuentra aprobado en el Presupuesto de Egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 14 de enero de 2014.— ESP Andrea Saldaña Rivera (rúbrica), directora general del IMES.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Oficio de la Cámara de Senadores con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se instruye que la minuta de referencia sea turnada a la Comisión de Gobernación.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Continuamos con la presentación de iniciativas. Tiene la palabra la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 Bis 6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, señor Presidente. Los bancos mexicanos se mantienen como los más caros...

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Permítame, diputada. Ruego al pleno escuchemos con el respeto que se merece a la oradora. Adelante diputada.

La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: ...no sólo frente a las subsidiarias de países desarrollados, sino dentro de América Latina.

José María Arámburu, director general de Análisis de Productos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), reveló que las tasas de interés de los plásticos se ubican entre el 32 y 66 por ciento, mientras el costo anual total, que es el indicador que incluye los cargos inherentes al préstamo, comisiones y tasas, se encuentra entre el 40 y el 113 por ciento.

Los banqueros han justificado el alto costo de los plásticos en México y aseguraron que éste se debe a diversas razones. El riesgo-país, la falta de seguridad jurídica para recuperar las garantías y el crecimiento de la cartera vencida, pero hay analistas que lo atribuyen al poder monopólico que tienen las instituciones bancarias para fijar las tarifas.

La Condusef declaró que la tarjeta de crédito en el país, es un producto caro. En este sentido, el catedrático Raúl Aníbal, analista del Centro de Investigación de Docencia Económica (CIDE) consideró que las causas de las altas tasas de interés para tarjetas de crédito, se explica por una mezcla de varios factores:

La primera, porque lo pueden hacer, debido al control monopólico que se ejerce en este país.

Enrique Castillo, presidente de la Asociación de Bancos de México aclaró que el diferencial de las tasas de tarjetas se debe al factor de riesgo-país, como en las naciones desa-rrolladas por el crecimiento de la cartera vencida. Pero no todos los banqueros comparten la misma opinión, Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de Banamex, reconoció que las tasas de interés de las tarjetas de crédito son muy altas.

Las tasas de interés que cobran en promedio los bancos en México a préstamos de consumo son 20 veces superiores a las que obtienen los ahorradores que depositan su dinero en esas instituciones.

Para un ahorrador que deposite 10 mil pesos durante cinco años en una cuenta de ahorro tradicional, las tasas de interés promedio anual, en el mejor de los casos, será de 2.15 por ciento de acuerdo a la Condusef.

Por ejemplo, en los tres principales bancos del sistema como Banamex, por el depósito de 10 mil pesos le pagará un rendimiento anual de 0.93 por ciento para que al final de cinco años tenga un saldo de 10 mil 475.79 pesos; Bancomer paga una tasa anual de 1.06 por ciento por lo que al concluir los cinco años tendrá 10 mil 544.05 pesos. Y en Santander, se paga una tasa de 1.11 por ciento, y al final se tendrán 10 mil 570.02 pesos.

Ahora, si una persona solicita un crédito personal de 10 mil pesos, tendrá que pagar en Banamex una tasa anual de 43 por ciento y en Santander del 38 por ciento. Lo anterior significa que no hay incentivos reales para que el público aumente sus niveles de ahorro y el enorme diferencial que existe entre las tasas pasivas y activas.

Informes del Banco de México señalan que en los pasados siete años el costo anual total de los clientes de tarjetas de crédito se ha ubicado alrededor del 30 por ciento en tanto que el de los créditos hipotecarios está en un 15 por ciento. En cambio el rendimiento que reciben los ahorradores en los instrumentos de captación, como pagares o rendimientos liquidables de 28 días, es cercano al 1.3 por ciento. El de los instrumentos líderes del mercado, los Cetes de 28 días, está ubicado entre el 4 y 4.5 por ciento.

Si a estos niveles de tasas de interés que obtienen los ahorradores se les descuenta el índice inflacionario que se ha mantenido en los últimos siete años promedio encontramos que es entre 3 y 4 por ciento. Entonces, el público ahorrador obtiene rendimientos reales negativos por sus recursos depositados en los bancos.

Lo anterior sin contar las comisiones de saldos mínimos que se deben mantener en el ahorrador para no recibir ninguna penalización que podría derivar en la pérdida de recursos. Al cierre de 2012 el acumulado neto de la banca obtuvo ganancias por 87 mil millones de pesos.

Esto es lo que motiva a que nosotros estemos presentando esta iniciativa, que tiene que ver con que se regulen los intereses y en este sentido que los créditos, préstamos, financiamientos, revolventes asociados a las tarjetas de las entidades que otorguen sólo podrán cobrar intereses sobre los saldos netos diarios insolutos, comprendidos durante el periodo del cálculo de intereses del estado de cuenta de que se trate, y se anexa que dichos intereses no podrán exceder el 12 por ciento anual, al igual que se está llevando a cabo en la banca internacional. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 18 Bis-6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputadaMariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, presenta iniciativa en los siguientes términos: iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega un último párrafo al artículo 18 Bis-6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Considerandos

Los bancos mexicanos se mantienen como los más caros, no sólo frente a subsidiarias de países desarrollados, sino dentro de América Latina. José María Aramburu, director general de análisis de productos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reveló las tasas de interés de los plásticos se ubica en niveles de entre 32 y 66%, mientras que el Costo Anual Total (CAT) que es el indicador que incluye los cargos inherentes al préstamo -comisiones y tasas- se ubica entre 40 y 113%.

Los Banqueros justificaron el alto costo de los plásticos en México y aseguraron que éste se debe a diversas razones: el riesgo-país, la falta de seguridad jurídica para recuperar las garantías y el crecimiento de la cartera vencida, pero hay analistas que lo atribuyen al poder monopólico que tienen las instituciones para fijar tarifas.

Carlos Slim Helú, presidente de Grupo Carso, criticó las excesivas tasas de interés que cobran las instituciones. Y dijo que los réditos están 10 veces por arriba de lo que se capta, cuando lo adecuado sería entre tres y cuatro veces. ?Aramburu consideró que sí hay margen para bajar las tasas. El diferencial que se registra entre el CAT más alto y el más bajo es de 70 puntos, por lo que los intermediarios pueden hacer un esfuerzo por reducir los réditos. Si uno puede, ¿por qué los otros no?, dijo. ?Afirmó que con base en  diversos análisis, el país se ubica entre los rangos más elevados, aún frente a economías similares. Por ejemplo, en Chile las tasas se ubican entre 47% y 53% como máximo, en Colombia los réditos varían entre 28% y 36%, en Perú se mueven de 24% a 60%, mientras que en Venezuela se ubican en 33%. ?Y la cifra es aún mayor respecto a países como Canadá, en donde las tasas van de entre 18% y 20%; en España entre 8% y 25% y en Estados Unidos entre 8% y 16%.

El directivo de la Condusef insistió que la tarjeta de crédito en el país es un producto caro.?

Raúl Aníbal, analista y catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que las causas de las altas tasas de interés para tarjetas de crédito se explica por una mezcla de varios factores: en primera, “porque lo pueden hacer”, debido al control monopólico que ejercen en el país.

Además, no hacen una adecuada discriminación entre sus clientes cumplidos y los que no pagan.

Enrique Castillo, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) aclaró que el diferencial de tasas en tarjeta se debe al factor de riesgo-país respecto a naciones desarrolladas y por el crecimiento en la cartera vencida. ?Al tener que reservar más y realizar gastos extraordinarios para recuperar las garantías, es más caro el costo de los plásticos.

Insistió que en el mercado hay tasas distintas y para distintos perfiles de clientes. Pero no todos los banqueros comparten la misma opinión. Alfredo Harp Helú, presidente del consejo de Banamex, reconoció que las tasas de interés de las tarjetas son muy altas.

Las tasas de interés que cobran en promedio los bancos en México a los usuarios de préstamos al consumo son hasta 20 veces superiores a las que obtienen los ahorradores que depositan su dinero en esas instituciones, quienes incluso obtienen beneficios menores a la inflación, lo que se traduce en una pérdida en el valor de sus recursos, revelan informes del Banco de México, la CNBV, Condusef y Banco Mundial.

Para un ahorrador que deposite 10 mil pesos durante cinco años en una cuenta de ahorro tradicional, su tasa de interés promedio anual, en el mejor de los casos será de 2.15 por ciento de acuerdo con la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef).

Por ejemplo, en los tres principales bancos del sistema, como Banamex, por ese depósito de 10 mil pesos le pagará un rendimiento anual de 0.93 por ciento para que al final de los cinco años tendrá un saldo de 10 mil 475.79 pesos; Bancomer paga una tasa anual de 1.06 por ciento por lo que al concluir los cinco años tendrá 10 mil 544.05 pesos y en Santander, que paga una tasa de 1.11 por ciento, al final tendrá 10 mil 570.02 pesos.

Ahora, si una persona solicita un crédito personal por 10 mil pesos tendrá que pagar en Banamex una tasa anual de 43 por ciento y en Santander de 38 por ciento.

Lo anterior significa que no hay incentivos reales para que el público aumente sus niveles de ahorro por el enorme diferencial que existe entre tasas pasivas y activas. La tasa pasiva es la que se le paga a quienes depositan su dinero en el banco. Por el otro lado, las tasas activas son las que los bancos cobran a sus a acreditados. Así, la tasa activa es siempre mayor a la pasiva, ya que de ese diferencial o margen de intermediación los bancos obtienen parte de sus ganancias.

Pese a que la banca que opera en México se mantiene sólida y rentable, de acuerdo con las autoridades y los propios bancos, los usuarios que utilizan los servicios financieros enfrentan un alto costo del crédito y un bajo rendimiento de los productos de ahorro tradicionales.

Informes del Banco de México señalan que durante los pasados siete años el costo anual total de los clientes de tarjetas de crédito se ha ubicado alrededor de 30 por ciento; en tanto que el de los créditos hipotecarios ha rondado 15 por ciento.

En cambio, el rendimiento que reciben los ahorradores en instrumentos de captación como los pagarés con rendimiento liquidable en 28 días ha sido cercano a 1.3 por ciento, y el de los instrumentos líderes en el mercado de dinero, los Cetes a 28 días se ha ubicado entre 4 y 4.5 por ciento, en promedio.

Si a estos niveles de tasas de interés que obtienen los ahorradores se les descuenta el índice inflacionario, que se ha mantenido en los últimos siete años en un promedio de entre 3 y 4 por ciento, entonces el público ahorrador obtiene rendimientos reales negativos por sus recursos depositados en los bancos.

Lo anterior, sin contar las comisiones y los saldos mínimos que debe mantener un ahorrador para no recibir ninguna penalización que podría derivar en la pérdida de sus recursos.

Al cierre de 2012, el resultado acumulado neto de las banca comercial revela que obtuvo ganancias por 87 mil 700 millones de pesos.

Por otro lado, México también se encuentra rezagado en lo que se refiere a la utilización de cuentas de ahorro. Informes del Banco Mundial revelan que en el país 6.7 por ciento de la población mayor de 15 años ahorró en alguna institución financiera durante el último año; mientras que en el caso de países como Haití fue de 18.05; Bolivia 17.07 y República Dominicana con 15.97 por ciento. En el caso de países con desarrollo económico similar a México como Brasil y Chile, los porcentajes fueron de 10.3 y 12.4 por ciento, respectivamente.

Otro aspecto es la gran concentración que persiste en el sistema bancario mexicano.

De acuerdo con informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre de marzo de 2013, de los 44 bancos comerciales que operan en el país, los siete principales concentraron 78.8 por ciento de los activos totales.

Estas mismas siete instituciones participaron con 84.1 por ciento de la cartera total de crédito; 83.03 por ciento de la captación total; 78.01 por ciento de la inversión en valores y 89.4 por ciento de las utilidades del sistema.

Debido al gran crecimiento de la economía informal un gran número de pequeñas y medianas empresas no tienen acceso al crédito bancario, por lo que los proveedores se constituyeron como la principal fuente de financiamiento para 83.2 por ciento de las empresas encuestadas por el Banco de México, en su Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, a diciembre de 2012.

Lo anterior cobra especial relevancia si recordamos que el pasado 8 de mayo el Ejecutivo federal y el Consejo Rector del Pacto por México presentaron ante la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma financiera.

En México las instituciones bancarias aplican a sus clientes 21 comisiones que no cobran en sus países de origen, en otros casos éstas resultan ser más caras hasta 10 veces

De hecho en el país el ingreso total que registran los bancos por el cobro de comisiones aplicados a los usuarios es superior al que obtienen en Francia, Brasil, Inglaterra y España.

Los ingresos por el cobro de comisiones en México se han incrementado en los últimos 15 años, con lo que pasaron de 13% en 1991 a 31% en 1999, y en 2004 se colocaron en 39%. Mientras que los ingresos de la banca comercial en Brasil e Inglaterra son de 36%, en Francia de 33%, España de 33% y en primer lugar se ubica Estados Unidos con 44%.

El grupo español BBVA dio a conocer que al menos un tercio de sus ganancias mundiales proviene de su filial Bancomer ubicada en México, en parte, informó, por un aumento de sus ingresos por el cobro de comisiones, lo que justificó con un número mayor de clientes y de los servicios que presta.

Es por eso que debe de limitarse el cobro excesivo por parte de las Instituciones bancarías en el país, sujetándose éstas a los estándares internacionales, y minimizando las cargas a los usuarios de dichas instituciones, es por esos que presentamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa:

Ley General para la Trasparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo 18 Bis 6. En los créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta que las Entidades otorguen, sólo podrá cobrarse intereses sobre los saldos diarios insolutos comprendidos dentro del período de cálculo de intereses del estado de cuenta de que se trate.

Se anexa:

Dichos intereses no podrán exceder del 12 por ciento anual.

Artículo Transitorio

Único. Las reformas al artículo 18 Bis 6 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, contenidas en el presente decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de febrero de 2014.— Diputados: Mariana Dunyaska García Rojas, Erick Marte Rivera Villanueva, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Patricia Guadalupe Peña Recio, María Elia Cabañas Aparicio, Ernesto Núñez Aguilar, Gabriela Medrano Galindo, Rosalba de la Cruz Requena, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Juan Carlos Uribe Padilla, Graciela Saldaña Fraire, Zita Beatriz Pazzi Maza, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Juan Isidro del Bosque Márquez, Ricardo Medina Fierro, Genaro Ruiz Arriaga, José Pilar Moreno Montoya, María Elena Cano Ayala, Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Lucila Garfias Gutiérrez, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Carlos Sánchez Romero, Roberto Ruiz Moronatti, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Verónica Sada Pérez, Mario Alberto Dávila Delgado, Raquel Jiménez Cerrillo, María Carmen López Segura, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Mayra Karina Robles Aguirre, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, María Esther Garza Moreno, Francisco González Vargas, Víctor Hugo Velasco Orozco, Alliet Mariana Bautista Bravo, Martha Edith Vital Vera, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Leonor Romero Sevilla, Germán Pacheco Díaz, Alberto Curi Naime, Judit Magdalena Guerrero López, Irazema  González Martínez Olivares, Rafael González Reséndiz, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Alfonso Inzunza Montoya, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Raymundo King de la Rosa, Felipe Arturo Camarena García, Adriana Fuentes Téllez, Cecilia González Gómez, José Luis Márquez Martínez, Leobardo Alcalá Padilla, Laura Barrera Fortoul, Abel Octavio Salgado Peña, Adriana Hernández Iñiguez, José Luis Cruz Flores Gómez, Luis Armando Córdova Díaz, Luis Olvera Correa, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Emilse Miranda Munive, Dulce María Muñiz Martínez, Darío Badillo Ramírez, Mirna Esmeralda Hernández Morales, María del Rocío Corona Nakamura, María del Carmen García de la Cadena Romero, María de Jesús Huerta Rea, Silvia Márquez Velasco, Cristina González Cruz, Patricia Lugo Barriga, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Raúl Gómez Ramírez, Alberto Díaz Trujillo, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Alfredo Zamora García, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Gabriel Gómez Michel, Benito Caballero Garza, Adán David Ruiz Gutiérrez, María Fernanda Schroeder Verdugo, Xavier Azuara  Zúñiga (rúbricas.)»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Mariana Dunyaska García Rojas. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Alfredo Zamora. Dígame, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar primeramente a la diputada Mariana Dunyaska por esta iniciativa, que me parece que va a beneficiar mucho a los usuarios en caso de ser aprobada por esta soberanía, porque es claro que actualmente los bancos tienen ganancias extraordinarias en perjuicio de la ciudadanía y que con esta iniciativa que se está proponiendo, seguramente la discusión amplia que se pueda dar que, podamos claramente legislar a favor de la gente y que estos intereses que actualmente son exorbitantes se puedan regular.

Felicitar a la diputada y por otro lado pedirle si nos permite también suscribir su iniciativa. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: De no tener inconveniente la diputada, la Secretaría la pondrá a su disposición. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO - CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY DEL SEGURO SOCIAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa presentará tres iniciativas en un solo acto. Adelante, diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Efectivamente son tres iniciativas que han venido siendo agendadas desde el periodo pasado y todo lo que va de este periodo ordinario. Una de ellas tiene que ver con el fondo, con la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro de las y los trabajadores.

Otra tiene que ver con una reforma constitucional al artículo 123, que ha habido ya reclamos y llamamientos de los diferentes sectores, no solamente del sector de las y los trabajadores, sino del mismo secretario del Trabajo, donde demanda una reforma al artículo 123, a la Ley Federal del Trabajo y que tiene que ver con las dificultades que han enfrentado por no alcanzar los objetivos que se plantearon desde la reforma laboral en el primer periodo de sesiones.

Una tercera tiene que ver con un tema muy sentido que nos habla de la seguridad social de las y los trabajadores, y que siempre ha sido de manera reiterativa el planteamiento por parte de la patronal, por parte inclusive del gobierno federal y de algunas y algunos legisladores, donde manifiestan que el sistema de Seguro Social, el sistema de seguridad social para las y los trabajadores está en riesgo, porque hay un exceso de personas, hombres y mujeres, ya en el estatus de pensionados y jubilados. Pero nunca hablan de que ese riesgo de no contar con lo suficiente para garantizar la seguridad social y sus pensiones y jubilaciones, no se debe al exceso de personas que se encuentran en ese estatus, sino a los malos manejos y a la mala administración, y a la baja en las aportaciones que hacen de parte de los patrones, porque registran siempre con el salario mínimo, de tal manera que se ahorren esas cantidades.

Es importante señalar que estas tres iniciativas presentadas serán turnadas a las comisiones correspondientes y esperamos la participación de las y los legisladores en las mismas, para que de manera muy seria y responsable, en ese primer ámbito de discusión parlamentaria se dé el debate necesario, se den los argumentos suficientes que nos permita llegar al más amplio consenso en los tres temas que he estado presentando: el seguro de ahorro, en lo de la seguridad social y lo que tiene que ver con las reformas en el 123.

Es muy importante decirles que hay algunas comisiones y una de ellas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde estamos representadas todas las fuerzas políticas de este pleno, de esta LXII Legislatura, nos hemos dado a la tarea de discutir, de analizar a fondo y, en su momento, darnos el tiempo suficiente para que lo que resulte de esta Comisión sea realmente la que responda a la expectativa, no solamente de la clase trabajadora, sino que los que en su momento los patrones estarán solicitando y demandando, priorizando el equilibrio, priorizando el sector que hasta este momento ha estado más desprotegido y que es el de la clase trabajadora.

Es importantísimo si queremos garantizar una gobernabilidad, si queremos garantizar una estabilidad social, si queremos garantizar un aporte de la reconstrucción del tejido social en este país, que está muy descompuesto por el abandono que se tiene de la clase trabajadora.

Creo que es el momento de hacer las propuestas de hacer las propuestas suficientes y necesarias que pongan en su justo equilibrio a las y los trabajadores de los diferentes sectores del país, que ya se han visto muy afectados con esta reforma laboral aprobada en el primer periodo de sesiones de esta LXII Legislatura.

El sector de los trabajadores y trabajadoras de Petróleos Mexicanos, que ya se estarán viendo afectados, cuando en su momento estén listas las leyes reglamentarias de esa reforma energética, que viene a arrancar los recursos energéticos de nuestro país y deja en el caso de las y los trabajadores en total abandono.

No tienen legisladores y legisladoras en su mayoría, pero sí hay un grueso de legisladores y legisladoras, que no solamente es el sector de trabajadoras de Petróleos Mexicanos, sino de todos los sectores de este país estamos en la mejor disposición de entrar en el debate, entrar en la discusión y generar los acuerdos y consensos que traigan como resultado iniciativas, reformas necesarias que generen realmente el equilibrio y la reconstrucción del tejido social en este país.

Es cuanto, señor presidente. Y agradezco su atención a todas y todos ustedes, compañeros. Y que las comisiones correspondientes se nutran, se enriquezcan y salgan en tema positivo las iniciativas presentadas. Es cuanto. Gracias, por su atención.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 6o., fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que propone reformas de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al tenor del siguiente

Planteamiento de problema

En lo que las Afore son suprimidas del mundo jurídico del país, se hace indispensable tomar las medidas necesarias para evitar que estas empresas sólo busquen el lucro a costa de los derechos de los trabajadores, comenzando por la injusticia y sean éstos los que deban absorber las “minusvalías”, y en los hechos se transforman en pérdidas, lo que paralelamente fortalecerá la soberanía financiera del país y, por tanto su desarrollo económico y humano.

Argumentos

Las Afore, a la fecha, administran ya casi 2 billones de pesos; y serán muchos más recursos, en el caso de que se apruebe el seguro de desempleo, que quita a los trabajadores, tanto del Apartado A y como del B, 3 por ciento de sus ahorros de vivienda (que en la actualidad están ahorrados con seguridad y rendimientos en manos del Infonavit y Fovissste), para entregarlos, mayoritariamente, al riesgos de las Afore (que no garantizan la devolución intocada de tales ahorros y menos un rendimiento), y para que en consecuencia, ellos mismos, los propios trabajadores con ese 3 por ciento, sufraguen tal seguro de desempleo. Es decir, la iniciativa peñista es una simulación y, por tanto una nueva versión de la reforma, que modificó el artículo 191 de la Ley del Seguro Social, para que los trabajadores en de-sempleo se autopagarán un apoyo con sus ahorros del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Luego, el publicitado seguro de desempleo no es una nueva prestación, a cargo de los patrones y el Estado, sino una maquinación jurídica para arrebatar a la seguridad social 60 por ciento de los recursos de vivienda para inyectarlos al capital financiero.

En tal virtud, ante la crisis que vive el sistema económico mundial, y los constantes vaivenes de las bolsas en el mundo, acentuado por la recesión que ya padece la economía nacional, es el peor momento para llenar aún más las manos de las Afore, con los dineros de los trabajadores que administran exitosamente el Infonavit y el Fovissste; pues hay un riesgo real de que se pierdan en mayor o en menos medida, y los trabajadores y el supuesto seguro de desempleo, se quedan con mermas importantes de tales ahorros. Por lo visto, el capital financiero es el supremo dios a que debe sacrificarse todo.

Baste ver que de mayo a julio de 2013, las Afore (mayoritariamente de capital extranjero) perdieron 155 mil millones de pesos. A la afirmación de la Consar de que no son pérdidas, sino “minusvalías”, hay que contestar, que en primera, no estamos hablando de una “crisis” en los particular, que se superará y se regresará a la normalidad, sino de una crisis, que sólo es un eslabón en la cadena de crisis cíclicas, cada vez más frecuentes, largas y fuertes que son esenciales al sistema económico mundial. En segundo, muchos de los trabajadores que se pensionen o simplemente se retiren, tendrán que retirar sus dineros antes de que se dé el milagroso trueque de “minusvalía”, a “recuperación de la minusvalía”; esto sin menoscabo de que las inversiones en los títulos basura jamás se recuperarán.

Porque sí, la relación jurídica que se construyó para las Afore es de una absoluta iniquidad (de absoluto privilegio). Las Afore no tienen ninguna obligación sustancial: ni de mantener íntegros los ahorros (los pueden perder todos y no están obligadas a restituirlos tampoco el Estado, sino sólo el trabajador a sufrirlos, esto se puede prestar a manejos turbios de saqueo premeditado), no deben garantizar un rendimiento mínimo en favor de los ahorros de los trabajadores; y mucho menos deben garantizarles una pensión al trabajador. En cambio, cuando el SAR aún no pasaba a las Afore, el gobierno federal garantizaba la integridad de los ahorros y un rendimiento mínimo.

Las Afore al recibir los ahorros se cobran a lo chino sus cuotas, y lo demás es un riesgo a cargo de los trabajadores, a los que nunca se consultó, ni se les consulta, si querían entrar a este régimen atroz. Y del que no pueden salir, pues es un ahorro forzoso, salvo cuando se pensionen o se retiren a los 60 años, y otros casos de retiros parciales.

Las Afore son pues una peste para destruir la seguridad social, a fin de transferir masivamente los recursos de ésta, al lucro del capital financiero; y nutrir con sus recursos al Estado y a las grandes empresas. Es decir, es una expropiación masiva de recursos en perjuicio de los trabajadores, para el enriquecimiento de unos cuantos. Las Afore ya recibieron los abultados recursos de los sistemas de pensiones IMSS e ISSSTE, y ahora van por los fondos de vivienda y, en unos días se planteará pasar los recursos de los servicios médicos de la seguridad social, a estos mismos grupos financieros vía sus instituciones de seguros. En suma, se acerca el total desmantelamiento de las instituciones de seguridad social. Incluso el artículo 123, ordena que el IMSS maneje el seguro de desempleo, bajo el nombre de seguro de cesantía, pero ello hubiera implicado que el Seguro Social, recibiera los dineros relativos, lo que hubiera sido un pecado contra el neoliberalismo, y luego los dineros mayoritariamente van a parar a las Afore.

Lo más indignante es que hagan una maquinación de un supuesto seguro de desempleo para engañar a la gente; cuando esto es el telón para arrebatar los ahorros de vivienda hacia el capital financiero.

Luego, urge que a las Afore se someta a mínimas obligaciones y limitaciones, para una mayor protección de los derechos de los trabajadores y, del Estado, pues si las administradoras pierden millonadas de los ahorros, y los trabajadores llegan a sumar las cotizaciones suficientes para acceder a una pensión mínima garantizada, las misma quedarán a cargo del gobierno vía recursos presupuestales. Con mayor razón en la coyuntura de que se aprobara la maquinación llamada “seguro de desempleo”.

En armonía con lo dicho, se prevé el mecanismo para que los trabajadores sean restituidos de las pérdidas (capital e intereses legales), que mañosamente la Consar y las Afore llaman simples minusvalías.Así cuando se presenten minusvalías, se incumpla o no el régimen de inversión, la Afore las cubrirá con cargo a la reserva especial constituida en los términos previstos en esta ley, y en caso de que ésta resulte insuficiente, lo deberá hacer con cargo a su capital social. Si estos conceptos resultan insuficientes, se podrá hacer aplicación del fondo previsto en el artículo 28 Bis.

Este fondoserá de carácter irrevocable, al cual deberán aportar las administradoras de fondos para el retiro, en la forma y términos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito a propuesta del Banco de México. Éste se encargará de la administración de este fondo.

Si a la “minusvalía” sigue la recuperación de las mermas, las Afore las transferirán al fondo de mención, pero que la incertidumbre quede a cargo de las administradoras y no de los trabajadores.

Como sabemos, las comisiones sobre flujo fueron suprimidas mediante decreto del 15 de junio de 2007. Sobre esto señalamos, en resumen, que pese a este desplante jurídico, se mantienen las onerosas comisiones que cobran las Afore.

La supresión de las comisiones sobre flujo respecto a los burócratas, careció de significado, ya que a diferencia de las cuentas individuales abiertas en las Afore pertenecientes a los trabajadores del Apartado A (en 1997) y que partieron de cero saldo, ya que los ahorros del 2 por ciento del SAR ahorrados de 1992 hasta el 30 de junio de 1997, aunque se traspasaron a una Subcuenta de las Afore, se sujetaron en su manejo e inversión a la legislación anterior como procedía en derecho. Contrariamente las cuentas individuales de los burócratas no partieron de cero sino de un saldo más o menos abultado producto de los ahorros del anterior SAR (2 por ciento), lo que concretamente se tradujo en aproximadamente 58 mil millones de pesos y que violando la Constitución por tratarse de derechos adquiridos por los trabajadores, se transfirieron para su manejado e inversión a Pensionissste y a las Afore; es decir, están siendo administrados conforme a la nueva Ley del ISSSTE, lo que se traduce en la utilización de Siefore, bolsa de valores, sin garantía de que los ahorros de los trabajadores quedarán intocados, y sin que se les garantice en adelante un rendimiento real mínimo de 2 por ciento; saldos sobre los que las Afore comenzarán ya a cobrar sus onerosas comisiones.

En suma, el sistema de las Afore en el Apartado B comenzó ya con un saldo más o menos abultado. Si a esto sumamos que en 2007 los saldos de las cuentas de los trabajadores afiliados al IMSS, los del Apartado A, ya también eran abultadas, con mayor razón nos daremos cuenta de que en tales momentos las comisiones de saldo eran y son las que más convienen a las Afore, no a los trabajadores.

A esto se adiciona que las Afore fijan sus comisiones a su gusto (la autorización de la Consar es sólo una pantomima), al suprimírseles las comisiones de flujo, las Afore han ido elevando el porcentaje de las comisiones sobre saldo para seguir obteniendo todo el dinero del mundo.

En tanto desaparecen las Afore, ante la fuerza de los hechos y la presión de los trabajadores y las reformas que debe impulsar el Legislativo federal, el único camino para que haya equidad en el cobro de comisiones será, como lo proponemos en esta iniciativa, que sólo se permitan las comisiones sobre rendimiento real, cuya tasa además estaría sujeto a un tope que fije el legislativo, que debiera ser similar a la que se cobraba a los trabajadores en el marco del anterior SAR, es decir, por alrededor de 0.5 por ciento.

Para evitar abusos, proponemos la supresión de todo tipo de comisiones fijas, o para decirlo en otros términos: fuera de la comisión por el manejo de la cuenta individual las administradoras no podrán cobrar ninguna otra comisión.

En armonía con todas las propuestas hasta aquí expresadas, la asignación de los trabajadores que no seleccionen Afore debe realizarse a favor de las administradoras que tengan el mayor rendimiento real.

Por otro lado, no se puede permitir que las Afore no garanticen un rendimiento real mínimo como sucedía antes del nacimiento de las Afore. La obtención de un interés mínimo real y un tope máximo a las comisiones, permitirá que los ahorros de los trabajadores alcancen saldos que les permitan al final de su vida laboral obtener una pensión, preferentemente digna. De lo contrario estaremos en presencia de un Fobaproa de la seguridad social que deberá de pagarse con recursos fiscales a fin de entregar a los trabajadores sus Pensiones Mínimas Garantizadas, como ya antes señalamos; o lo peor el trabajador perderá su derecho a una pensión obteniendo sólo un ahorro más o menos mermado por las usureras comisiones de las Afore (¡y eso si les regresan tal ahorro!).

Esto no se puede permitir, pues nos estamos jugando el futuro de la seguridad social, es decir el futuro de los trabajadores del país y el equilibrio de las finanzas públicas. Luego el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para evitarlo.

En armonía con lo anterior, lo que debe impulsarse entre las cuentas de los trabajadores no es la obtención de un rendimiento neto; es decir, rendimientos menos comisiones, sino un rendimiento real, descontando las comisiones y también la inflación; lo cual además hará transparente a los trabajadores el rendimiento que obtienen en su Afore y podrá compararlo con el otorgado por el resto de las Administradoras, tomando decisiones más informadas y realmente en su beneficio. También esto proyectará con claridad la negatividad de las Afore, el grado de su despojo. No más rendimientos disfrazados, a las que se acogen las Afore y sus partidarios para justificar la continuación de este inequitativo sistema de pensiones. Rendimientos reales, no sólo netos, menos nominales.

Es también indispensable que se fije un término perentorio para que las Afore regresen los ahorros de retiro a los trabajadores, fuera del cual deberán cubrir intereses. Con eso se coadyuvará a que las Afore entreguen la totalidad de tales ahorros, y no sólo una parte (robo sistemático contra los trabajadores).

En este sentido, todos sabemos de la importancia que tiene la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar) en el nuevo sistema de pensiones, baste recordar que en el artículo 5o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se señalan como atribuciones de este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decisiones esenciales como las de otorgar y revocar las autorizaciones de funcionamiento a las administradoras de fondos para el retiro (Afore) y las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro (Siefore), expedir las circulares donde se define mediante disposiciones generales y detalladas la operación de los sistemas de ahorro para el retiro y de los participantes en estos sistemas y llevar a cabo su supervisión, administrar la base de datos nacional SAR, autorizar la estructura de comisiones a las Afore, determinar el régimen de inversión de los recursos de los trabajadores, por citar algunas.

Esto significa que la Consar es el rector en gran parte del destino de estos recursos que constituyen el respaldo de los trabajadores al momento de pensionarse, en general al momento de su retiro laboral. Por tanto si estos dineros son propiedad de los trabajadores y están afectos a fines de seguridad social, lo lógico es que en la toma de las decisiones prioritarias sobre estos recursos que administran las Afore –que comprenden un gigantesco monto de más de 1 935 517.9 millones de pesos a agosto de 2013( sin sumar las aportaciones de vivienda y bono de pensión ISSSTE , más las “minusvalías” que estos saqueadores deben regresar a los trabajadores y sus familias)–, debe prevalecer ante todo los puntos de vistas de los asegurados y, no como sucede actualmente en que los órganos de gobierno de la Consar están integrados mayoritariamente por funcionarios del gobierno federal pertenecientes a áreas financieras y por representantes patronales, lo que provoca prácticamente la instauración de una dictadura en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la patronal, de manera que hasta la más que simbólica representación de los trabajadores en la junta de gobierno es designada por esta secretaría.

Todo eso lleva a la conclusión de que los recursos de seguridad social de los trabajadores son hundidos en esquemas, normas y criterios meramente financieros, en decir, a los intereses de los neoliberales nacionales y extranjeros; por lo que los intereses de los trabajadores quedan reducidos a un accesorio de lo principal. Es decir, lo importante es que las Afore y Siefore recojan increíbles rendimientos, que el gobierno y sector empresarial obtengan recursos frescos para la consecución de sus objetivos; en tanto que los trabajadores desde la barrera se quedan mirando cómo los demás disponen de sus ahorros y se enriquecen con su manejo, sin esperanza de acceder a una pensión, mucho menos a pensiones dignas.

Si bien es importante escuchar la opinión de la SHCP, de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores y de Seguros y Fianzas y del Banco de México en tanto los sistemas de pensiones mantengan ligas con la operación del sistema financiero mexicano, el órgano que gobierne el destino de los sistemas de ahorro para el retiro debe tener un perfil esencialmente laboral y social y, no hacendario y financiero, lo que permitirá que busque ante todo el beneficio de los trabajadores y no de las Afore, así como el cumplimiento de la esencia de la seguridad social y no del sistema financiero.

Con este objeto, mi propuesta va en el sentido de que la Consar se transforme en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que el Presidente de la Consar sea designado por la Cámara de Diputados de una terna que le presente el presidente de la República; la junta de gobierno será integrada por el presidente de la Consar, quien la presidirá y tendrá voto de calidad en caso de empate; en cuanto a los vocales, nueve serán representantes de los trabajadores: dos con el carácter de especialistas destacados y con compromiso de defensa de la clase trabajadora en las áreas de derecho laboral, seguridad social y finanzas y siete como representantes de las organizaciones nacionales de los trabajadores, en ambos casos, conforme a las bases que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, de manera que ninguna organización de trabajadores pueda tener más de un representante, lo cual abrirá esta representación a una designación más apegada a los intereses de los trabajadores y a su pluralidad.

Otros nueve vocales de la junta de gobierno serán el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y, un representante de los patrones nombrado por las organizaciones nacionales de carácter empresarial conforme a las bases establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión.

De esa manera, sin descuidar el aspecto financiero que involucra a los sistemas de ahorro para el retiro, se darán pasos sólidos para que éstos recobren su esencia laboral y de seguridad social.

Con el mismo propósito se cambia la integración del Comité Consultivo y de Vigilancia: 14 representantes de los trabajadores: 4 especialistas destacados en las áreas laboral, seguridad social y finanzas y con reconocido compromiso en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y, 10 representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, en ambos casos designados por la junta de gobierno de la Consar; otros integrantes del Comité Consultivo serán: dos representante de los patrones, también designados por la Junta de Gobierno, el Presidente de la Consar y uno por cada una de las siguientes dependencias y entidades: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Banco de México.

Sólo así se comenzará a poner remedio a la irracionalidad de que un pretendido órgano tripartito, esté aplastantemente en manos de patrones y la burocracia básicamente financiera; y los trabajadores, de cuyos dineros y destino se trata, estén prácticamente borrados o marginados a meros adornos justificativos.

La otra parte de la reforma tiene que ver con ilegalidad prevaleciente en el manejo de las Siefore, en las cuales no obstante que los trabajadores son los dueños y accionistas mayoritarios del capital variable de estas sociedades de inversión no tienen injerencia alguna en la toma de decisiones, contrariando los principios jurídicos que presiden a las sociedades anónimas y a las sociedades de inversión en general, en apego a los cuales los accionistas integran la asamblea de socios y toman las decisiones más importantes de la sociedad mercantil relativa. Es decir, el derecho privado otorgaría más derechos a los trabajadores que la “nada jurídica” que se consagra en la vigente Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; los trabajadores no intervienen en la toma de decisiones ni en la vigilancia de su sociedad de inversión.

Para intentar tapar esta total ilegalidad y antidemocracia, la Ley del SAR prevé que en la Afore intervendrán consejeros independientes y un contralor normativo, pero su papel se limita a vigilar el cumplimiento del marco jurídico aplicable, lo que es absolutamente insuficiente. La participación de los trabajadores en su carácter de socios no sólo permitiría que la Afore y las Siefore tomen el camino de respeto e impulso de sus intereses, sino que los trabajadores se vayan involucrando en una cultura financiera que les es ajena. ¿Por qué las Afore y Siefore sí quieren el dinero de los trabajadores, mas no aceptan su participación en la toma de decisiones de su vida corporativa, como lo hace cualquier otro tenedor de acciones?

En suma, se trata de respetar los derechos mínimos que como accionistas les corresponde a los trabajadores, democratizando la toma de decisiones en las sociedades de inversión que manejan el dinero de los trabajadores. Desde luego que la participación no tendría que ser en asambleas tradicionales ante el enorme número de socios, sino usando las nuevas tecnologías de la comunicación.

La reforma del 15 de junio de 2007 del SAR suprimió el derecho de los trabajadores de traspasar su cuenta individual a otra Afore cuantas veces quisieran, con el límite de que la nueva Afore cobrara una comisión menor. Volviéndose al periodo anual para poder ejercer este derecho, salvo que el trabajador, por una sola vez, cambie a otra administradora con un mayor rendimiento neto (rendimiento, menos comisiones), en la que deberá permanecer 12 meses, salvo que la Consar establezca un periodo menor para los traspasos (esto es más que relativo, ya que todos sabemos que esta Comisión está absolutamente inclinada hacia las Afore, por lo que será este interés pervertido, y no la objetividad y el beneficio de los trabajadores la que la guiarán en este tipo de decisiones).

Cuando algunos trabajadores comienzan a saber más del SAR y a involucrarse en su cuenta individual, les quitan nuevamente su derecho a cambiar de Afore cuantas veces lo reclame su interés. El reclamo de los dueños de las Afore, de estos negociantes extranjeros, no puede estar por encima de los intereses de la clase trabajadora y el país. Se habla de abusos de Afore y promotores: pues que se les sancione y controle, pero esto no es causa para perjudicar a los trabajadores. Se agrega que el solo monto de comisión que se cobra no es criterio suficiente para determinar el mayor beneficio para el trabajador: pues que se sujete el traspaso al rendimiento real y no al monto de la comisión, pero que esto tampoco sea pretexto para suprimir la libertad de los trabajadores de cambiar de Administradora cuantas veces lo determine, ni para reducir la competencia entre las Afore. Con el restablecimiento del traspaso anual se trata de proteger a las Afore que monopolizan el mercado y que suelen ser las más caras. Con base en esas razones, nuestra iniciativa se vuelve a consagrar la libertad del trabajador a cambiar de Afore, tantas veces como lo exija su interés; pero para evitar fraudes, este cambio se sujeta a que la Afore respectiva tenga un mayor rendimiento real.

Pese a todas las distorsiones e inconstitucionalidades, no debemos olvidar que cuando hablamos de las Afore, no sólo hablamos de un negocio de enorme lucro para el capital financiero trasnacional, sino que entramos al campo de lo social, de la seguridad social, por lo que en su manejo nunca debe faltar la preparación y la sensibilidad hacia los derechos de los trabajadores. Es por tanto insuficiente que a los directores generales de las Afore sólo se exijan conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa. Las personas que ocupe este cargo deben contar también con experiencia en materia laboral y de la seguridad social.

Para perfeccionar en su carácter de norma jurídica al artículo 66 Bis, es necesario agregar que si alguna persona ocupa el cargo de director general sin cumplir los requisitos, además de ser removido de inmediato será sujeto de las responsabilices, incluidas las penales, que procedan.

Sobre los promotores de las Afore caen los más negros argumentos, que se resumen a señalar que son unos abusivos que cometen todo tipo de arbitrariedades e ilegalidades con el fin de lograr que un mayor número de trabajadores se inscriban o traspasen las cuentas a su Afore.

Desde luego, los responsables y sus Afore cómplices deben ser sancionados; pero el problema requiere algo más que sanciones. Exige un enfoque de justicia social.

Nunca se debe olvidar que los promotores son trabajadores con una injusta situación laboral. Y concretamente, si los promotores actúan de esta forma poco legal, se debe a que ganan un salario por comisión. Urge pues, consagrar el derecho de los promotores a un salario básico digno, en general a un salario remunerador de manera que esta tranquilidad económica les permita desempeñarse de manera más justa en relación al resto de los trabajadores.

En tal virtud, no basta señalar que la Consar fijará las reglas generales sobre la remuneración de las Afore a sus promotores. En tal sentido nuestra propuesta va en el sentido, de que se fije a favor de los promotores un salario mínimo equivalente a seis salarios mínimo generales vigentes en el Distrito Federal, dejando claro que las comisiones sólo podrán incrementar tal percepción mínima. Esto además permitirá avanzar en su profesionalización.

Beneficiarios de los ahorros voluntarios

En lugar de alentar la desprotección de los familiares del trabajador; siguiendo los principios del derecho social, debe señalarse en la Ley del SAR, que aun tratándose del ahorros voluntario, los familiares legales serán reconocidos como beneficiarios en primer término, armonizando la Ley del SAR con lo que a este respecto marcan las Leyes del Seguro Social, y del ISSSTE.

Las Afore cada vez con mayor fuerza muestran su carácter expoliador en contra de los ahorros de los trabajadores. Argentina y Bolivia han optado por su extinción.

En nuestro caso, no va a pasar mucho tiempo, para que se tenga que reconocer por el Legislativo federal que las Afore han sido una de las reformas más negativas para la seguridad social y las finanzas públicas; reduciéndose a un sistema expoliador, tiendas de raya moderna que succionan los ahorros de los asegurados, por lo que al final otra vez será el pueblo de México el que con sus impuestos deberá cubrir las pensiones a los trabajadores, mientras estas empresas, casi en su totalidad trasnacionales, habrán hecho el negocio del siglo.

En este inicuo intercambio jurídico, debemos ir buscando los caminos para deshacernos de las Afore y volver a una seguridad social integral y solidaria. Entretanto, proponemos que se avance en el rescate de derechos mínimos de los trabajadores frente a estas administradoras que hasta el derecho común y financiero les otorgarían a éstos, pero de los que alevosamente han sido despojados por la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro. Debemos impedir pues el actual estado de marginación e indefensión de los trabajadores.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Artículo Único. Se reformanel artículo 2o., artículo 3o., fracción V Bis, párrafos segundo y tercero, artículo 5o., fracción XII, artículo 7o., párrafos primero, segundo y cuarto, artículo 10, párrafo primero, artículo 15, párrafos primero y tercero, artículo 18, fracciones VIII y IX, artículo 26, párrafo primero, artículo 37, párrafos primero, segundo, cuarto y dieciocho, artículo 43, primer párrafo, artículo 47, primer párrafo, artículo 66 Bis, fracción II, artículo 74, sexto párrafo, artículo 76, y el artículo 79, penúltimo y último párrafos; se adicionanla fracción XIII Ter al artículo 5o., un último párrafo al artículo 7o., el artículo 28 Bis, un segundo párrafo a la fracción V del artículo 41 y un último párrafo al artículo 44; sederoganel artículo 4o., tercer párrafo, del artículo 7o., la fracción X del artículo 12, segundo párrafo del artículo 15, segundo párrafo del artículo 26, del segundo al sexto párrafos del artículo 47, fracción X del artículo 48 y un último párrafo al artículo 66 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los siguientes términos:

Artículo 2o. La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro están a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 3o. ...

I. a V. ...

V Bis. Rendimiento neto, en singular o en plural, a los indicadores que reflejan los rendimientos menos las comisiones, que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las sociedades de inversión.

Rendimiento real, en singular o en plural, a los indicadores que reflejan los rendimientos, menos las comisiones y la inflación, que hayan obtenido los trabajadores por la inversión de sus recursos en las sociedades de inversión.

La junta de gobierno de la comisión deberá autorizar la metodología que se establezca para construir los indicadores de rendimiento neto y rendimiento real, fijando en dicha metodología el periodo para su cálculo.

VI. a XIV. ...

Artículo 4o. (Se deroga)

Artículo 5o....

I. a XI. ...

XII. Dictar reglas de carácter general para determinar la forma en que las administradoras deberán remunerar a sus agentes promotores, ya sea que éstos tengan una relación laboral con la administradora, lepresten sus servicios a través de terceros, o sean independientes.No obstante lo anterior, los agentes promotores deberán gozar de una remuneración mínima equivalente a seis salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, misma que podrá incrementarse con comisiones o cualquier otra cantidad o prestación.

XIII. y XIII Bis. ...

XIII Ter. Con la finalidad de que los trabajadores puedan tener información oportuna sobre las comisiones que se cobren a sus cuentas individuales, la comisión deberá informar bimestralmente a través de los medios electrónicos de comunicación y por escrito en el domicilio de cada trabajador con los estados de cuenta que entregan las administradoras, sobre las comisiones que cobran y su rendimiento real. La comisión deberá garantizar que dicha información sea expresada en lenguaje accesible que permita a los trabajadores comparar las comisiones que cobran las administradoras y su rendimiento real.

XIV. a XVI. ...

Artículo 7. La junta de gobierno estará integrada por el presidente de la comisión, quien la presidirá, dos vicepresidentes y dieciocho vocales.

De los vocales representantes de los trabajadores, dos deberán tener el carácter de especialistas destacados y con compromiso en la defensa de los derechos de la clase trabajadora en las áreas de derecho laboral o seguridad social o finanzas y, siete representantes de las organizaciones nacionales de los trabajadores, en ambos casos, conforme a las bases que establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; los restantes nueve vocales serán el secretario de Hacienda y Crédito Público, el gobernador del Banco de México, el secretario del Trabajo y Previsión Social, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y, un representante de los patrones designado por las organizaciones nacionales de los mismos conforme a las bases que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

(Tercer párrafo se deroga)

En ausencia del presidente de la comisión, lo suplirán, de manera alternativa, cada uno de los vocales que representen a los trabajadores en la comisión.

...

...

El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberá establecer con criterios de pluralidad, las bases para determinar las organizaciones de trabajadores que deberán intervenir en la designación de los miembros de los órganos de gobierno de la comisión, de manera que ninguna de estas organizaciones tenga más de un representante. Igualmente establecerá las bases respecto a las organizaciones patronales.

Artículo 10. La Cámara de Diputados nombrará al presidente de la comisión, de una terna que le presente el Ejecutivo federal.

...

I. a V. ...

...

Artículo 12. Serán facultades y obligaciones del presidente de la comisión

I. a VIII. ...

IX. (Se deroga)

X. a XVI. ...

...

Artículo 15. El Comité Consultivo y de Vigilancia se integrará por veintitrés miembros: catorce representantes de los trabajadores, cuatro especialistas destacados en las áreas laboral, seguridad social y finanzas y con reconocido compromiso en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y, diez representantes de las organizaciones nacionales de trabajadores, en ambos casos designados mediante las bases que establezca la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; dos representante de los patrones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las bases para determinar la forma de designar a los representante de las organizaciones nacionales de los patrones, también integrará a este comité el presidente de la comisión y uno por cada una de las siguientes dependencias y entidades: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Banco de México.

(Segundo párrafo se deroga)

Uno de los representantes de los trabajadores, comenzando por los especialistas, presidirá, sucesivamente, por períodos anuales, el Comité Consultivo y de Vigilancia.

...

Artículo 18. ...

...

Las administradoras tendrán como objeto

I. a VII....

VIII. Pagar los retiros parciales o totales, en los términos de las leyes de seguridad social, con cargo a las cuentas individuales de los trabajadores, máximo en los cinco días hábiles siguientes de hecha la solicitud, de lo contrario deberá pagar un interés anual de 20 por ciento;

IX. Entregar los recursos a las instituciones de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia, máximo en los cinco días hábiles siguientes de hecha la solicitud, de lo contrario deberá pagar un interés anual de 20 por ciento;

X. y XI. ...

...

Artículo 26. Para efectos de lo dispuesto por el artículo anterior, y con el propósito de mantener un adecuado balance y equilibrio en los sistemas de ahorro para el retiro, ninguna administradora podrá tener más de quince por ciento de participación en el mercado de los sistemas de ahorro para el retiro.

(Se deroga)

Artículo 28 Bis. Se constituye un fondo de carácter irrevocable, al cual deberán aportar las administradoras de fondos para el retiro, en la forma y términos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito a propuesta del Banco de México, con cuyos fondos se deberán cubrir las minusvalías que sufran los ahorros de las cuentas individuales de los trabajadores, dentro de los tres días hábiles siguientes a que tengan lugar estas minusvalías. El Banco de México se encargará de la administración de este fondo.

Si con posterioridad se recuperan de manera parcial o total los recursos relativos a las minusvalías a que se refiere el párrafo anterior, las Administradoras deberán transferirlos a dicho Fondo al tercer día de aquel en que se recuperen total o parcialmente.

Artículo 37. Las administradoras sólo podrán cobrar a los trabajadores con cuenta individual la comisión con cargo a esas cuentas que establece el párrafo siguientede conformidad con las reglas de carácter general que expida la comisión.

La comisión máxima que podrá cobrarse por administración de las cuentas individuales será de 0.5 por ciento sobre rendimiento real. Fuera de lo anterior, las administradoras no deberán cobrar ninguna otra comisión.

...

Cada administradora deberá cobrar la comisión sobre bases uniformes, cobrando las mismas comisiones en sociedades de inversión del mismo tipo, sin discriminar contra trabajador alguno, sin perjuicio de los incentivos o bonificaciones que realicen a las subcuentas de las cuentas individuales de los trabajadores por su ahorro voluntario, o por utilizar sistemas informáticos para realizar trámites relacionados con su cuenta individual o recibir información de la misma.

Párrafos 5 a 17...

Asimismo, la comisión determinará la forma y términos en que las administradoras deberán dar a conocer a los trabajadores sus comisiones, y tomará medidas para garantizar que la información sea oportuna, objetiva y en lenguaje accesible.

Artículo 41. ...

V. ...

En virtud de tal participación en su capital social variable los trabajadores tendrán el carácter de socios de esta sociedad de inversión en proporción al monto de sus ahorros, debiéndoseles respetar sus derecho dentro de la asamblea de accionistas, la administradora podrá usar al efecto los medios tecnológicos más adecuados para informar a los trabajadores los temas materia de decisión para la asamblea y recabar sus votos.

VI. a VIII. ...

Artículo 43. El régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores, de manera que se garantice a los trabajadores un rendimiento mínimo real anual de 2 por ciento.Asimismo, el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen preponderantemente, a través de su colocación en valores, a fomentar

...

a) a e) ...

...

...

...

...

...

Artículo 44. ...

...

...

Cuando se presenten minusvalías, se incumpla o no el régimen de inversión, la administradora que opere la sociedad de inversión de que se trate, las cubrirá con cargo a la reserva especial constituida en los términos previstos en el artículo 28 de esta ley, y en caso de que ésta resulte insuficiente, lo deberá hacer con cargo a su capital social. Si estos conceptos resultan insuficientes, se podrá hacer aplicación del fondo previsto en el artículo 28 Bis.

Artículo 47. Las administradoras podrán operar varias sociedades de inversión, cuya cartera estará integrada fundamentalmente por los valores cuyas características específicas preserven el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores, así como por los otros que a juicio de la Junta de Gobierno se orienten al propósito mencionado.

(El resto del artículo se deroga)

Artículo 48. Las sociedades de inversión tendrán prohibido lo siguiente:

I. a X. ...

XI. (Se deroga)

XII. ...

Artículo 66 Bis. ...

I. ...

II. Haber prestado por lo menos cinco años sus servicios en puestos de alto nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimientos y experiencia en materia financiera, administrativa, de seguridad social y laboral.

III. a V. ...

...

Las personas que ocupen este cargo sin cumplir con estos requisitos, deberá ser destituido por la comisión, con independencia de las responsabilidades que legalmente procedan, incluida la penal, en su caso. A este respecto será procedente la denuncia popular ante la comisión.

Artículo 74. ...

I. a IV. ...

...

...

...

...

Los trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta individual de un administradora a otra las veces que lo decidan siempre que traspasen su cuenta individual a una administradora cuyas sociedades de inversión registren un mayor rendimiento real.

(Se deroga)

(Se deroga)

...

...

...

...

Artículo 76. Las cuentas individuales de los trabajadores que no hayan elegido administradora, serán asignadas a las administradoras que hayan registrado un mayor rendimiento real, de conformidad con los criterios que para tales efectos determine la Junta de Gobierno.

Artículo 79. ...

(Párrafos dos a ocho)...

En caso de fallecimiento del trabajador, tendrán derecho a disponer de los recursos de sus subcuentas de ahorro voluntario de la cuenta individual, sus beneficiarios legales conforme a la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en general la ley que resulte aplicable. Para el caso de que falten los beneficiarios legales el trabajador deberá designar beneficiarios sustitutos. A falta de los beneficiarios legales y sustitutos, dicha entrega se hará en el orden de prelación establecido en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo.

Para que los beneficiarios reciban los recursos de la cuenta individual, bastará que presenten solicitud acompañada de las documentales que conforme a la legislación civil acrediten su vínculo con el trabajador fallecido. Presentada la solicitud la administradora deberá hacer entrega de estos recursos máximo en cinco días hábiles. En caso de incumplimiento y en tanto no se entreguen estos recursos las administradoras deberán pagar una tasa de interés de 20 por ciento anual.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 37, párrafo séptimo del artículo 74 y primer párrafo del artículo 76, que entrarán en vigor cuarenta días naturales después a la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.La comisión no podrá autorizar un cambio en la estructura de comisiones que cobren las administradoras cuando éste implique un incremento respecto a las vigentes.

Artículo Tercero. La Junta de Gobierno y el Comité Consultivo y de Vigilancia continuarán funcionado con los miembros que actualmente los integran, hasta que, máximo en cuatro meses de la entrada en vigor del presente decreto, sean designados sus nuevos integrantes conforme a lo previsto en el presente decreto.

Artículo Cuarto. Máximo en seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las administradoras de fondos para el retiro deberán de aplicar las medidas administrativas y tecnológicas necesarias para la participación de los trabajadores en las decisiones de las sociedades de inversión especializada de fondos para el retiro en su carácter de socios conforme al artículo 41, fracción V, párrafo segundo, del presente decreto.

Artículo Quinto.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando al Banco de México, dictará las medidas necesarias para que máximo en dos meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se constituya el fondo a que se refiere el artículo 28 Bis de éste.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.— Diputados: Socorro Ceseñas Chapa, Erick Marte Rivera Villanueva, Alliet Mariana Bautista Bravo, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada María del Socorro Ceseñas Chapa. Por cuanto ve a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 6o., fracción II, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Se busca dar base constitucional a la existencia del IMSS y del ISSSTE, a fin de detener los embates de los neoliberales que pretenden desaparecer a ambos institutos, como culminación de un proceso que los ha ido despojando de sus seguros y los dineros relativos, todo para transformar la materia de la seguridad social, en un enorme mercado en busca del lucro egoísta de unos cuantos, por encima de todo, del capital financiero, en perjuicio de los intereses de la enorme mayoría del pueblo de México y del desarrollo de nuestro país. Destacadamente, ante el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la próxima reforma integral y privatizadora de la salud en el país, incluida la que es atribución del IMSS e ISSSTE, lo que no es una novedad, sino nos regresa al intento de contrarreforma de 1995 de los servicios de salud, esto, en el marco de la aprobación de la nueva Ley del Seguro Social.

Argumentos

El 25 de septiembre de este año, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher Linartas, señaló que en los primeros días de 2014 el Ejecutivo federal presentará una iniciativa de reformas al sector salud del país que involucra al IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y a la Secretaría de Salud. Esto concuerda con el hecho de que en la “23 Convención Nacional de Aseguradores de México” (celebrada el martes 7 y miércoles 8 de mayo de 2013), al titular del Ejecutivo se le hicieron entrega de diversas propuestas para profundizar la participación de las instituciones de seguros en el área de la salud (igual en materia de pensiones).

Frente a la intención neoliberal de seguir desmantelando al IMSS e ISSSTE hasta su extinción, se les debe fortalecer a estos institutos; lo que pasa necesariamente, por no ceder más atribuciones a favor del lucro de la privatizaciones, por recuperar las ramas de aseguramiento, así como los consecuentes recursos millonarios de los que han sido inconstitucionalmente despojados. Otra medida, y es la propuesta de esta iniciativa, es la de consagrar la existencia jurídica de ambos institutos en la Carta Magna, de manera que su existencia no quede a capricho del gobernante en turno.

Nuestro país, no sería el mismo en ausencia de estas dos importantes instituciones. El IMSS y el ISSSTE hicieron realidad el derecho a la salud, para amplísimos sectores de la población, baste ver que en la actualidad el IMSS atiende a más de 58 millones de derechohabientes, y el ISSSTE a alrededor de 10 millones, en total 68 millones, que bajo una misión humanista, reciben la tutela de la seguridad social; pero que, bajo otra visión, es un tentador mercado para la medicina privada vía las instituciones de seguros.

También el IMSS y el ISSSTE hicieron posible que los trabajadores, accedieran a diversas pensiones, desde aquellas nacidas por un riesgo de trabajo, o invalidez, o por fallecimiento, o por razón de edad en el marco de la cesantía en edad avanzada o vejez, o incluso una jubilación.

Es evidente, que si los trabajadores y sus familias, tienen salarios y pensiones dignas, no es un pecado social, sino la mejor política de un país, para la dignificación y el desarrollo de su pueblo, esencia de una nación. Para no hablar del fortalecimiento del mercado interno, impulso a la productividad, control de la violencia, y demás efectos positivos de carácter social, económico y político, de la seguridad social.

Claramente, una masa de trabajadores saludables, es una aportación, no sólo para su bienestar, sino indispensable para la productividad y competitividad de un país. Además, estos Institutos, apoyaron la incorporación de las mujeres al trabajo, elemento fundamental de la democracia y del desarrollo de un pueblo, mediante el seguro de guarderías.

Mas en el Tsunami neoliberal que arranca en nuestro país desde los primeros años de la década de los ochentas, el IMSS y el ISSSTE representaban demasiados recursos económicos, para que fueran olvidados por la ambición de hacer millonarios negocios en bien de unos cuantos. Así, en el marco del neoliberalismo, la contrarreforma a la seguridad social, comenzó, en febrero de 1992, bajo la égida del capital financiero y su obsecuente, imponiendo el Seguro de Ahorro para el Retiro, como una cuenta bancaria individual para cada trabajador, lo importante, era que los trabajadores se acostumbraran a algo que iba contra la naturaleza de la seguridad social: la presencia de los bancos, del capital financiero en el terreno de la seguridad social, aceptada esta situación, ya más adelante sería más fácil, hablar de una especie de bancos especiales, las Afores y meter en su lucro desmedido a los dineros del sistema de pensiones, recursos que en derecho les corresponden al IMSS y al ISSSTE. Esto representó un golpe brutal a las finanzas del IMSS, no obstante, todavía hablan de que el IMSS tiene problemas financieros, como si fuera sorprendente e inexplicable, siendo que ha sido un proceso de despojo premeditado.

Pero no se detuvo ahí la ambición del gobierno federal, en contra de la letra expresa de la Ley del Seguro Social, se comenzaron a subrogar los servicios de las guarderías, lo que metió a la usura hasta la vida y desarrollo de nuestros niños; el incendio de la guardería ABC, no fue un accidente, sino consecuencia lógica de esta nueva política de ilegalidad, complicidad y menosprecio a la vida de los trabajadores y sus familias. Estos funcionarios obsesionados por el lucro, meten a las y los niños de los asegurados a estancias, más bien trampas de muerte, en las que desde luego, ellos no meterían ni por un minuto a sus hijos o nietos.

Ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como antes referimos, ha anunciado el golpe final de desmantelamiento al IMSS y al ISSSTE, la privatización de sus servicios de salud, o más bien su profundización. La primera pregunta, es ¿por qué la Secretaría de Hacienda hace este anuncio crucial y no el IMSS, el ISSSTE, o por lo menos la Secretaría de Salud? Porque es una nueva inyección de recursos al capital financiero vía las aseguradoras de salud, o afores de salud, o administradoras de servicios de salud. Es decir, que los servicios de salud del IMSS e ISSSTE, y luego los recursos que operan al efecto estos institutos, se entregarán a las empresa de seguros privados, que no sólo administrarán los seguros privados de salud, sino que con instituciones médicas propias o por medio de convenios con la medicina privada, también prestarán los servicios médicos. Esta situación antinatural, deviene de las reformas que sufrió la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros el 3 de enero de 1997, para que las aseguradoras se encargaran de atender la “salud” (como sabemos esta ley tendrá vigencia hasta 2015, dando paso a la nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, que por cierto reproduce lo que así se señala) Siendo las aseguradoras entidades que protegen frente a siniestros (realización de un riesgo futuro e incierto); por lo que las reformas aludidas abren la puerta a actividades ajenas a su esencia: la salud, la medicina preventiva y la atención integral en salud.

Luego, las aseguradoras proporcionarán los servicios médicos, actualmente a cargo del IMSS y el ISSSTE, a cambio de recibir las toneladas de dinero que esto representa y, sin que la medicina privada sea garantía de mayor calidad, pues tiene por objeto el lucro. Es decir, las aseguradoras sustituirán, por eso se habla de subrogación, al IMSS e ISSSTE en sus funciones. Acabando con una de las más importantes tutelas de la medicina pública en nuestro país.

En el gobierno federal, trabajan a largo plazo; lo que nos permite comprender a cabalidad la razón de que Ernesto Zedillo, injusta e irracionalmente, con el apoyo del Legislativo Federal haya bajado las cuotas del IMSS para el seguro de enfermedades y maternidad en la nueva Ley del Seguro Social, había que desfinanciarlo, para que surgieran o se agravaran problemas en la atención a los derechohabientes (desabasto de medicinas, esperas inhumanas para la atención en los diversos niveles, falta de equipo médico, etcétera) y así justificar ahora su privatización.

Sin embargo, las aseguradoras tienen un problema: su alto costo, es decir, no todos los trabajadores podrán entrar a los servicios médicos de las aseguradoras, sino sólo entrarán aproximadamente 10 millones, los trabajadores de altos ingresos, que sin embargo, al llevarse los recursos mayoritarios, dejarán en serios problemas económicos al IMSS, que tendrá que seguir atendiendo a la mayoría de los trabajadores y sus familias, pero con muchos menos dineros, lo que reducirá aún más la calidad del servicios, a niveles absolutamente insuficientes estilo Seguro Popular (prácticamente reducir la seguridad social a la beneficencia pública), como hace mucho hemos sostenido; esto por el momento, pues de ahí a que se extingan los servicios médicos del IMSS, igual los del ISSSTE, y se lance a sus derechohabientes al Seguro Popular, hay sólo un paso.

Obvio que si al IMSS y al ISSSTE a la par de los recursos del sistema de pensiones, se les quita el dinero del seguro de enfermedades y maternidad, más el de guarderías que ya se entregan cada vez más a las guarderías subrogadas, quedarán como una nada jurídica y en la realidad de los hechos. Estos Institutos sólo quedarán como mecanismos administrativos para auxiliar a las empresas privadas en su desenfreno por obtener lucro a costa de la seguridad social, de toda la nación.

Este desmantelamiento de la seguridad social que se va ahondando, representa un crimen social, pues equivale a dilapidar recursos financieros, materiales y humanos, que la seguridad social construyó en más de 70 años. Pero también constituye un fraude para los propios patrones, que durante más de 70 años cotizaron y cotizan para mantener derechos mínimos en favor de sus trabajadores en vista de la paz en su empresa y la productividad.

En suma, México perderá la soberanía en materia de salud, la salud se transformará en una mercancía, se encarecerá, rompiéndose la espina dorsal del sistema de salud en México; los índices de salud se irán para abajo y el derecho humano a la salud, quedará cada vez más lejos de su realización.

La rueda de la historia, va en reversa, al pasar de los seguros sociales a los seguros privados; siendo que aquéllos, dialécticamente, representaron un enorme avance para extender los beneficios en favor de la población de un país.

Aún es tiempo de detener este desmantelamiento. El primer paso es establecer en la Constitución la existencia del IMSS y del ISSSTE, para que no los puedan suprimir. Luego, insisto, luchar por que se les devuelvan seguros y recursos, para reconstruir una seguridad social solidaria.

IMSS e ISSSTE

Respecto al IMSS y al ISSSTE, nos permitimos transcribir parte de su historia, como pioneros de la seguridad social en el país. Para que valoremos el esfuerzo del pueblo de México en su surgimiento.

a) IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social, cumplió 70 años el 19 de enero de 2013. Toda vez que en esta fecha, pero del año 1943, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que le dio vida jurídica. Desafortunadamente, no se han hecho las celebraciones que esta fecha merece.

¿Cuántos de nosotros o nuestros hijos o nietos han nacido en los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Cuántos de nosotros o nuestros vecinos o familiares, deben su salud o su vida a la atención de sus médicos y enfermeras?¿Cuántos de los mexicanos gozan de una de sus pensiones? Es evidente, que el IMSS, se ha transformado en parte consustancial de la realidad del país.

La seguridad social no debe responder a ciclos sexenales, sino tener garantizado su pleno respeto y realización, en su carácter de derecho humano, conforme lo marca nuestra Carta Magna y diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, comenzando por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Nuestra Constitución, en el artículo 123 constitucional, Apartado A, ordena:

...

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

...

Si bien, durante el régimen de Lázaro Cárdenas, se elaboraron varios proyectos para constituir al IMSS, no fue sino hasta el gobierno del Manuel Ávila Camacho, que se aprobó por el Congreso de la Unión y fue expedida la Ley del Seguro Social.

Esta Ley de 1943, ya preveía la aportación tripartita, establecía los seguros de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; enfermedades no profesionales y maternidad; pensiones de invalidez, vejez y muerte y cesantía involuntaria en edad avanzada. Siendo el licenciado Santos Guajardo, su primer director general. Su artículo primero, declaraba que el “Seguro Social constituye un servicio público nacional, que se establece con carácter obligatorio...”

Viendo hacia atrás, no podemos sino decir, pese a sus deficiencias que urge superar, que el IMSS se ha constituido en un pilar fundamental para el crecimiento económico, la justicia y la paz social; que se ha transformado en un eje esencial para la salud en el país; que millones de trabajadores y sus familias han recibido la tutela de alguna pensión ya sea por riesgos de trabajo, en razón de edad, o por invalidez o vida. Por citar algunos.

Y pese a diversos golpes privatizadores, en abierta violación a nuestra Constitución y a la esencia de la seguridad social, este Instituto, sigue siendo básico para la tutela laboral y humana de los mexicanos.

No podemos admitir, que en el 2013, que en el año en que el IMSS cumple 70 años de la publicación de su Ley, lo agobien los nubarrones, hacia su privatización total, hacia su desmantelamiento total.

Muy por el contrario el Legislativo, en estos 70 años del IMSS, debe tomar las medidas necesarias, en el marco de sus facultades, para la pervivencia y fortalecimiento de este instituto.

b) ISSSTE

El IMSS, llevaba 16 años de vida, cuando el presidente Adolfo López Mateos presentó una iniciativa para la aprobación de la primera Ley del ISSSTE. Sin embargo, ésta ya tenía antecedentes en la Ley de Pensiones y de Retiro (11 de agosto 1925) y, en la Ley de Pensiones Civiles (1947).

La primera Ley del ISSSTE fue publicada el 30 de diciembre de 1959, los trabajadores aportaban 8 por ciento de sus salarios, regulándose entre otros seguros y prestaciones:

Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, seguro de enfermedades no profesionales y maternidad, jubilación, seguro de vejez, seguro de invalidez, seguro por causa de muerte, indemnización global, servicios de reeducación y readaptación de inválidos, servicios que eleven los niveles de vida del servidor público y de su familia, arrendamiento de habitaciones económicas propiedad del instituto, préstamos hipotecarios, préstamos a corto plazo, para mejorar la preparación técnica y cultural y que activen las formas de sociabilidad del trabajador y de su familia, créditos para la adquisición en propiedad, de casas o terrenos para la construcción de éstas, destinados a la habitación familiar del trabajador.

El bienestar múltiple que el ISSSTE ha otorgado en favor de los trabajadores al servicio del Estado, es invaluable.

Por lo expuesto, someto a consideración la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX del Apartado A, y un último párrafo a la fracción XI del Apartado B, del artículo 123 constitucional

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIX del Apartado A, y un último párrafo a la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos.

Título Sexto Del Trabajo y de la Previsión Social

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

...

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

La administración de los seguros, prestaciones, servicios y demás derechos de seguridad social, en general la aplicación de la ley a que se refiere el párrafo anterior, es atribución del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional. Este instituto es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones y, con el carácter de organismo fiscal autónomo.

...

B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

...

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

...

La administración de los seguros, prestaciones, servicios y demás derechos de seguridad social a que se refiere este artículo, será atribución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el instrumento básico de la seguridad social para las relaciones de trabajo comprendidas en el apartado B) de este artículo, establecido como un servicio público de carácter nacional. Este Instituto será un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por representantes del Gobierno Federal y de los trabajadores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.— Diputados: Socorro Ceseñas Chapa, Elvia María Pérez Escalante (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Por cuanto ve a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6o., fracción II, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Dar una base jurídica sólida al conocido como Seguro Facultativo o de Salud para Estudiantes que opera el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mismo que favorece a los estudiantes de nivel medio superior y superior en los planteles del Sistema Educativo Nacional de todo el país, ya que sólo encuentra como base de su existencia jurídica un decreto presidencial. Esto ayudará a llenar este vacío jurídico que existe en la tutela de los derechos de los jóvenes.

Argumentos

No podemos permitir que se siga enterrando la seguridad social bajo la mal llamada “seguridad social universal”, que no es otra cosa que la privatización de la seguridad social pública, y su degradación a negocio, por una parte, y por la otra, permite el surgimiento de algo más cercano a la beneficencia pública, con niveles mínimos en todas las prestaciones, que más que otorgar derechos y dignidad, condiciona servidumbre y manipulación electoral. Debilitando o extinguiendo uno de los pilares centrales de la nación: la seguridad social.

A millones de jóvenes se les niega el derecho a estudiar o trabajar, es decir, se les niega el derecho a la esperanza, al desarrollo. En un contrasentido, se les niega a estos jóvenes la juventud, como etapa de fijar sus ideales en pos de su realización.

Los millones de jóvenes que habitan nuestro país, en lugar de aprovecharse como palanca para el engrandecimiento del país, el llamado bono demográfico, se les deja como mano de obra barata para empleos precarios, ofertada a los grupos del crimen, a la dolorosa migración como si no formaran parte de nuestra nación, o peor, sólo encuentran salida a su triste situación en la depresión y en el suicidio.

Nunca debemos olvidar que el derecho prioritario de los jóvenes es a la educación, que no puede ser compensada por su inserción en el mercado laboral de los trabajos precarios. Además de que la incorporación de los jóvenes a los estudios, es una de las mejores formas de alejarlos de todo tipo de adicciones. Por lo que urge cuestionar la exclusión y maltrato hacia los jóvenes, y se apliquen en el marco de la coordinación de todos los niveles del gobierno políticas públicas coherentes, estratégicas, continuas y eficaces.

Así, pues, uno de los sectores que exige más tutela del estado son los jóvenes. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, en nuestro país en 2012, residían 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años, es decir, representan 26.5 por ciento de la población total. Y en referencia a la educación de este sector de la población, este mismo instituto señala que:

“Uno de los aspectos que ayuda a potencializar el desarrollo de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto es la educación.” Los países que ya han experimentado importantes y ejemplares procesos de desarrollo, han apostado todos, por la educación. Aunque resulta ser una piedra angular en el desarrollo de la población, en nuestro país residen jóvenes que no cuentan con escolaridad (1.7 por ciento) o que sólo tienen hasta tres años aprobados en educación primaria (2.5 por ciento); a estos últimos se les considera analfabetas funcionales toda vez que tienen una alta probabilidad de convertirse en analfabetos por desuso.

Por tanto, cualquier medida que coadyuve a apoyar el esfuerzo de los jóvenes por superarse en el campo de la educación debe ser conservado y fortalecido.

La Ley del Seguro Social de 1973, derogada por la Ley del Seguro Social en vigor a partir de julio de 1997, establecía los seguros facultativos, cercanos en su naturaleza al actualmente denominado Seguro de Salud para la Familia, a este respecto el ordenamiento derogado señalaba:

Artículo 224. El instituto podrá contratar individual o colectivamente seguros facultativos para proporcionar prestaciones en especie del ramo del seguro de enfermedades y maternidad, a familiares del asegurado que no estén protegidos por esta ley o bien para proporcionar dichas prestaciones a personas no comprendidas en los artículos 12 y 13 con las salvedades consignadas en los artículos 219 y 220 de esta ley.

En este marco jurídico, el 10 de junio de 1987, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto del entonces presidente Miguel de la Madrid, por el cual se incorporaban al Seguro Facultativo del Seguro Social, todos los estudiantes que cursaran los estudios de nivel medio superior y superior en planteles públicos oficiales del Sistema Educativo Nacional, siempre y cuando no contaran con protección equivalente en materia de seguridad social (estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma Metropolitana, universidades locales, etcétera). Quedando a cargo del gobierno federal el pago íntegro de las cuotas necesarias para sufragar los gastos de este seguro. En aplicación de lo anterior, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, dictó el acuerdo 1041/87 del 6 de julio de 1987, en el cual fijó en detalle las bases de aseguramiento para el caso concreto.

Como podemos ver, los servicios médicos para los estudiantes son una de las pocas medidas en beneficio específico de los jóvenes, que buscan hacer realidad los derechos humanos de los jóvenes.

El decreto antes referido, fue abrogado por el decreto publicado el 14 de septiembre de 1998, con el fin de darle al otorgamiento de los servicios médicos a favor de estos estudiantes una base jurídica en el marco de la nueva Ley del Seguro Social vigente a partir del primero de julio de 1997, nueva ley que ya no preveía los seguros facultativos (sin embargo en la práctica muchas autoridades escolares y estudiantes, le siguen denominando Seguro Facultativo ). Sobresale en el decreto de 1998, que los estudiantes son incorporados al régimen obligatorio de este instituto.

Luego, desde 1987, aproximadamente 5.2 millones de estudiantes, mayoritariamente de entre 15 y 19 años de edad, que cursan de la educación media superior y superior de todo el país en planteles, se han visto beneficiados con servicios gratuitos de consulta médica, análisis de laboratorio y rayos X, servicios de hospitalización, asistencias farmacéutica, hospitalaria y, en su caso, obstétrica de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Son invaluables los resultados, en bien de la salud de estos jóvenes, y al propio tiempo representan un gran estímulo para evitar la deserción escolar, impulsar un aprovechamiento escolar y la dignificación del estudiantado.

Sin embargo, el IMSS en diversos informes ha señalado que existe un déficit en las finanzas de este seguro, que para 2012 fue comprensivo de más de 4 mil 200 millones de pesos, por lo que el propio Seguro Social, propone que la prima estatal para el Seguro de Salud para Estudiantes se incremente de 1.725 por ciento a 7.6 por ciento. Trabajadores de este instituto por su parte, han denunciado que se busca suprimir el Seguro de Salud para Estudiantes, con los terribles impactos negativos que acarrearía para estos jóvenes.

Sin exagerar, se rompería la espina dorsal de la atención médica para los estudiantes.

Desde luego deben incrementarse los recursos para financiar este seguro y que por ley son a cargo del gobierno federal, para equilibrar las finanzas del IMSS en este seguro y mejorar la calidad del servicio que reciben los estudiantes. Aumento del desembolso del Estado mexicano que será una de las mejores inversiones para la salud y la educación en bien de los jóvenes.

Los jóvenes como sabemos, son uno de los sectores de la población más marginados y más vulnerables, por lo que nos oponemos abiertamente a toda medida que busque reducir o suprimir este derecho de los jóvenes. Por el contrario debe fortalecerse mediante su consagración expresa en la Ley del Seguro Social e, insisto, aumentar los recursos presupuestales a este efecto.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción III, y la actual fracción III pasa a fracción IV del artículo 12; el artículo 95 Bis, y el artículo 106 Bis a la Ley del Seguro Social

Artículo Único. Se adicionan una fracción III, y la actual fracción III pasa a fracción IV del artículo 12; el artículo 95 Bis, y el artículo 106 Bis, todos de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos.

Título Segundo Del régimen obligatorio Capítulo I Generalidades

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. ...

II. Los socios de sociedades cooperativas;

III. Todas las personas que cursen estudios del nivel medio superior y superior en planteles públicos oficiales del sistema educativo nacional, siempre y cuando no cuenten con la misma o similar protección por parte de otra institución de seguridad social; y

IV. Las personas que determine el Ejecutivo federal a través del decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes.

Capítulo IV Del seguro de enfermedades y maternidad Sección Primera Generalidades

Artículo 95 Bis. El Seguro de Salud para Estudiantes establecido en la fracción III del artículo 12 de esta ley, da derecho a las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, comprensivas de la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, así como la asistencia obstétrica.

Artículo 106 Bis. Respecto del Seguro de Salud para Estudiantes previsto en el artículo 12 fracción III de esta ley, el gobierno federal cubrirá en forma integral, y entregará al Instituto Mexicano del Seguro Social y éste se encargará de su administración, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por el aseguramiento de los estudiantes. Para tal efecto enterará al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los primeros diecisiete días de cada uno de los meses del año, las cantidades proporcionales respecto de la estimada como costo de operación anual. Dentro de los tres primeros meses de cada año se realizarán los ajustes que procedan, cubriéndose en su caso, las diferencias.

Las cuotas se determinarán tomando como base el monto del salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de la inscripción elevado al año y, aplicado a éste el factor del siete punto seis multiplicado por el número de estudiantes asegurados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las personas a que se refiere el presente decreto y que gozan actualmente de los beneficios del Seguro de Salud para Estudiantes, continuarán disfrutándolos en los mismos términos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de febrero de 2014.— Diputados: María del Socorro Ceseñas Chapa, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Por cuanto ve a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud.

La diputada María de las Nieves García Fernández:Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Hoy presento ante ustedes esta iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 245 de la Ley General de Salud, bajo el siguiente razonamiento.

La salud mental se entiende como el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales. Las enfermedades mentales son condiciones graves que pueden afectar la manera de pensar, el sentido del humor y el comportamiento. Estas enfermedades se han convertido en un problema de salud pública, debido a que se encuentran dentro de los 10 padecimientos más incapacitantes.

Afortunadamente los avances de la medicina han permitido producir medicamentos que coadyuvan en controlar esta enfermedad y sus síntomas, facilitando se integren plenamente a la sociedad.

En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental depende en gran parte de la realización exitosa de acciones de política pública, para prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que padecen alguna enfermedad mental.

Dichas acciones deben estar encaminadas a lograr un verdadero acceso general a medicamentos, sobre todo, a personas de escasos recursos económicos. Por tal motivo, la iniciativa que presento ante esta honorable representación, tiene por objeto excluir del listado de medicamentos controlados, contemplados en el artículo 245 de la Ley General de Salud, a la risperidona, para lograr que las personas tengan acceso a dicho medicamento en conocimiento de que el grado de adicción es prácticamente nulo.

La risperidona es una substancia con beneficios importantes en el tratamiento de diversos padecimientos mentales, como la esquizofrenia o los síntomas en niños con autismo, entre otros, causando un escaso número de efectos secundarios.

Una de las principales dificultades para la continuidad de dichos tratamientos en pacientes que utilizaron medicamentos de primera generación, es que los efectos secundarios que se presentaban son de tal índole que el paciente rehuía a tomar su medicina, lo que ocasionaba el abandono del tratamiento, el regreso de la sintomatología y de las consecuencias nocivas en la vida de la persona.

Sin embargo, a pesar de las ventajas de la risperidona, y los evidentes beneficios que conlleva a para los pacientes y sus familias, es frecuente que la disponibilidad del medicamento en farmacias sea mucho menor que la demanda.

Un factor que influye en gran medida para este desabasto, es el hecho de que la risperidona sea considerada como una sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud que tiene valor terapéutico y que constituye un problema de salud pública.

Este hecho no solamente genera un impacto directo en la salud del paciente sino también en su economía.

Cada día de hospitalización psiquiátrica repercute en un gasto considerable, ya que en promedio, una hospitalización por recaída puede llegar a ser hasta de 30 días. Un paciente que no esté controlado debidamente por falta de medicamento puede presentar varias recaídas psicóticas al año, a veces hasta tres o cuatro.

Una causa para la recaída es la pobre adherencia terapéutica tanto al medicamento como al seguimiento clínico. Con cada recaída el paciente pierde funcionalidad y se hace más difícil el control de la sintomatología.

A manera de ejemplo, cabe señalar que la olanzapina, un medicamento antipsicótico, utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia y trastorno bipolar, no es considerada como sustancia psicotrópica por la Ley General de Salud, factor que ha redundado en beneficios importantes en materia de disponibilidad para los pacientes que experimentan el desorden bipolar.

En el caso de risperidona, los pacientes con esquizofrenia enfrentan un desabasto importante en las farmacias, debido a que ésta sí se considera sustancia psicotrópica.

Si bien es cierto que la risperidona tiene propiedades psicoactivas, también es cierto que el peligro de abuso o dependencia de ésta es poco factible, en virtud de que los efectos psicológicos que genera no resultan adictivos, lo cual la aleja de ser una droga que produzca placer o algún tipo de sintomatología que induzca su autoprescripción.

Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, la risperidona no encuadra en alguno de los supuestos para considerarse como sustancia psicotrópica.

En la revisión del marco jurídico internacional no se tienen considerados los antipsicóticos de este tipo como sustancias potencialmente abusivas o que generen dependencia, más aun en el prospecto de risperidona aprobado por la FDA se consigna expresamente que es sustancia no controlada.

En virtud de lo anterior, se concluye que la risperidona no debiera estar en el listado de sustancias psicotrópicas, contenido en el artículo 245 de la Ley de Salud, ya que primero es un medicamento que requiere ser utilizado por muchos pacientes de por vida, y que por las circunstancias actuales, frecuentemente no es posible que tengan acceso a dicho medicamento en las farmacias.

Dos. No existe evidencia que documente que dicho fármaco cause adicción.

Tres. Diversos antipsicóticos con la misma indicación terapéutica que la risperidona no se han considerado en el listado antes mencionado y por tanto, se encuentran en la fracción IV del artículo 226 de la Ley General.

Y cuarto. No afectaría su venta o suministro al público.

A la luz de lo anterior y en virtud de lo extenso del articulado, ruego a esta Presidencia la iniciativa sea plasmada íntegramente en el Diario de los Debates y les pido a mis compañeras y compañeros diputados, que pueda esta iniciativa ser aprobada. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María de las Nieves García Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción 1, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno

Exposición de Motivos

De acuerdo con lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental en el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.

Lamentablemente, cuando ese bienestar y buen funcionamiento se ve alterado por distintas circunstancias, aparecen las enfermedades mentales como patologías traducidas en uno de los principales problemas de salud pública en México y en el mundo.

Dichas enfermedades pueden afectar considerablemente las relaciones de una persona con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás personas relacionadas, en el sentido de que pueden influir en su libre determinación, en su capacidad de tomar decisiones, en su capacidad de retención y aprendizaje y en su desempeño laboral, entre muchos otros.

Las enfermedades mentales se presentan tanto en niños como en adultos mayores. Asimismo, son presentadas como morbilidades asociadas a otras (la depresión causada por una enfermedad mortal) y pueden presentarse con morbilidades independientes, cuyo desarrollo en la persona desencadena, a su vez, morbilidades asociadas (discapacidad motriz presentada como resultado de la esquizofrenia).

Todos estos padecimientos son crónicos y algunos se encuentran dentro de las primeras diez enfermedades más discapacitantes. En el caso de la esquizofrenia, 82 por ciento de los pacientes presenta una recaída después del primer episodio psicótico y 78 por ciento presenta una segunda recaída a lo largo de 5 años. Es por ello que se recomienda tratamiento farmacológico de mantenimiento de por vida para aquellos pacientes con más de dos episodios psicóticos en 5 años.

Afortunadamente, los avances de la medicina han permitido producir medicamentos que coadyuvan a controlar la enfermedad, controlar sus síntomas e integrarse plenamente a la sociedad. Los logros alcanzados son considerables, en particular para los pacientes que han tenido la oportunidad de experimentar su recuperación, la mejoría de las condiciones discapacitantes derivadas de la enfermedad mental y los beneficios de la reinserción a la vida productiva.

Lograr que la población conserve la salud mental, depende en gran parte, de la realización exitosa de acciones de política pública para prevenir, tratar y rehabilitar a las personas que padecen alguna enfermedad mental. Las acciones de tratamiento deben estar encaminadas a lograr un verdadero acceso a medicamentos a las personas, sobre todo aquellas de escasos recursos que en ocasiones no tienen posibilidad de pagar las consultas para la obtención de recetas médicas para la obtención de medicamentos que tienen que consumir diariamente y de por vida.

Por tal motivo, la iniciativa que se presenta ante esta representación tiene por objeto excluir de la lista de medicamentos considerados en el artículo 245 de la Ley General de Salud la risperidona para lograr que las personas tengan acceso a dicho medicamento, ya que es casi nula la posibilidad de que dicha sustancia pueda causar adicción.

La risperidona es una sustancia con beneficios importantes en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia (y otras enfermedades mentales) y en el tratamiento de los síntomas en niños con autismo. La risperidona es un medicamento antipsicótico de “segunda generación” que actúa sobre los sistemas cerebrales de neurotransmisión de dopamina y serotonina y no de “primera generación” que únicamente tienen efecto en dopamina.

Otro beneficio de gran importancia para los pacientes derivado de la risperidona es el escaso número de efectos secundarios que genera. Uno de los principales frenos para la continuidad de un tratamiento de esquizofrenia en pacientes que utilizaban medicamentos de primera generación era que los efectos secundarios de éstos se presentaban de tal índole que el paciente rehuía tomar su medicina, lo que ocasionaba el abandono del tratamiento, el regreso de la sintomatología y de las consecuencias nocivas en la vida de la persona.

Pese a las ventajas de la risperidona y los evidentes beneficios que conlleva para los pacientes y sus familias, es frecuente que la disponibilidad del medicamento en farmacias sea mucho menor a la demanda. Un factor que influye en gran medida para este desabasto es el hecho que la risperidona sea considerada sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud.

Este hecho no sólo genera un impacto directo a la salud del paciente, sino también a su economía, ya que está clínicamente demostrado que si un paciente con esquizofrenia tiene un buen nivel de apego a su tratamiento, el gasto por recaídas psiquiátricas se reduce considerablemente. Cada día de hospitalización psiquiátrica repercute en un gasto considerable, ya que en promedio, una hospitalización por recaídas puede llegar a ser de 30 días. Un paciente que no está controlado debidamente por falta de medicamento puede presentar varias recaídas psicóticas al año (hasta tres o cuatro). Con cada recaída las posibilidades de recuperación del paciente se hacen más remotas, aunado a las estancias hospitalarias cada vez más prolongadas.

La principal causa para la recaída psicótica es la pobre adherencia terapéutica, tanto al medicamento como al seguimiento clínico.

La falta de adherencia se asocia, en el caso de esquizofrenia, con: mayor riesgo de recaídas. Con cada recaída el paciente pierde funcionalidad, se hace más difícil el control de síntomas. También las recaídas se asocian con hospitalizaciones, uso de servicios de urgencias, intentos suicidas, episodios de agresividad y vagabundeo.

A manera de ejemplo, cabe señalar que la olanzapina, un medicamento utilizado en el tratamiento de la esquizofrenia y trastorno bipolar, no es considerada sustancia psicotrópica en la Ley General de Salud, factor que ha redundado en beneficios importantes en materia de disponibilidad para los pacientes que experimentan el desorden bipolar. En el caso de la risperidona, los pacientes con esquizofrenia enfrentan un desabasto importante en las farmacias, debido a que ésta sí se considera sustancia psicotrópica.

Otros medicamentos como la ziprasidona, quetiapina, aripiprazol, paliperidona y sertindol que están indicados (al igual que la risperidona) como antipsicotrópicos para el tratamiento de la esquizofrenia y otros trastornos mentales, que fueron clasificados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en la fracción IV del artículo 226 de la Ley General de Salud por no estar contenidos en la lista de sustancias psicotrópicas del artículo 245 de la Ley General de Salud.

La Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, “Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones”, menciona que una sustancia psicoactiva o psicotrópica es aquella que tiene la posibilidad de dar origen a una adicción. Si bien la risperidona, un antipsicotrópico atípico, tiene propiedades psicoactivas, el peligro de abuso o dependencia a ésta es poco factible en virtud de las siguientes consideraciones científicas.

Los efectos psicológicos y los potenciales eventos adversos que genera no resultan atractivos, lo cual aleja de ser una droga que produzca placer o algún tipo de sintomatología que induzca su autoprescripción. A nivel de sistema nervioso central, la risperidona antagoniza los procesos de gratificación y placer, lo cual es fundamental en la adquisición del hábito de consumo. Por el contrario, la risperidona ha sido evaluada para el tratamiento de las adicciones en distintos estudios clínicos En ninguno de los sistemas de clasificación de las enfermedades mentales (OMS y DSM-IV-TR) existe un trastorno por consumo de sustancias asociado con los antipsicóticos como tal. En este sentido, no hay motivo para que la risperidona sea considerada sustancia psicotrópica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, la OMS podrá considerar como sustancias psicotrópicas aquéllas que se compruebe puedan producir (i) Un estado de dependencia, (ii) Estimulación o depresión del sistema nervioso central, que tengan como resultado alucinaciones o trastornos de la función motora o del juicio del comportamiento o de la percepción o del estado de ánimo y (iii) Un uso indebido análogo y efectos nocivos parecidos a los de una sustancia de la lista I, II, III o IV –listas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, entre las cuales no figura la risperidona.

La risperidona no produce ninguno de los efectos antes mencionado. Además, la dependencia a una sustancia se genera cuando ésta exacerba el estado de ánimo de una persona, generando placer, o cuando elimina el dolor, generando alivio y, por tanto, un sentimiento placentero. La risperidona no tiene ninguna de estas dos consecuencias.

En la revisión de la normativa internacional (FDA, Food and Drug Administration; Emea, European Medicines Agency; DEA, Drug Enforcement Administration; y NIDA, National Institute of Drug Abuse) no se tienen considerados a los antipsicóticos atípicos como sustancias potencialmente abusivas o que generen dependencia. Más aún, en el prospecto de risperidona aprobado por la FDA se consigna expresamente que es sustancia no controlada.

Las guías de tratamiento de esquizofrenia nacional e internacionales recomiendan a los antipsicóticos atípicos como primera línea de tratamiento y en ninguna de ellas hace referencia al riesgo de abuso o dependencia.

La tolerancia de risperidona es considerable y ha sido probada en distintos grupos de pacientes debido a que cuenta con amplios usos terapéuticos indicados en información para prescribir: esquizofrenia, trastornos de la conducta en pacientes con demencia, trastorno bipolar, trastornos conductuales en niños, adolescentes y adultos con coeficiente intelectual bajo o retardo mental y autismo.

Si bien la risperidona deberá ser usada con precaución en combinación con otros fármacos de acción central, esta misma advertencia se hacer en general para el resto de antipsicóticos atípicos como olanzapina, quetiapina, ziprazidona, entre otros. Es la risperidona el único antipsicótico en fracción III.

En los estudios (7, 10, 11) para el tratamiento de adicciones con risperidona se ha observado reducción en la conducta adictiva y no se han registrado casos de muerte, resultado de la combinación de estas sustancias con risperidona.

Por otra parte, la coadministración de risperidona y alcohol no es usual, ya que la risperidona no es una sustancia que los usuarios de droga consuman ni por su efecto adictivo ni para contrarrestar los efectos de las mismas drogas. En caso de combinar ambas sustancias se pueden incrementar los eventos adversos de la risperidona: mareo, hipotensión, síntomas extrapiramidales (rigidez muscular, enlentecimiento de los movimientos; además de salivación excesiva e inquietud). Estos mismos eventos adversos no placenteros son los que alejan a los usuarios de drogas a consumir cualquier antipsicótico como risperidona.

Es importante destacar que la Asociación Psiquiátrica Estadounidense recomienda en su Guía de Tratamiento de Abuso y Dependencia a Alcohol el uso de antipsicóticos durante episodios psicóticos secundarios durante o después del consumo prolongado de alcohol. En caso de que la coadministración fuera potencialmente peligrosa la Asociación Psiquiátrica Estadounidense no sugeriría esta modalidad de tratamiento.

De lo anterior se puede concluir que no hay evidencia en la bibliografía que vincule los antipsicóticos como risperidona y sus derivados con un trastorno por consumo de sustancias (abuso o dependencia) y que si bien se recomienda tener precaución al combinarla con sustancias de acción central, la tolerancia de este fármaco ha sido considerable en los estudios donde se ha evaluado para el control de las adicciones.

La eliminación de la risperidona de las sustancias consideradas en el artículo 245 de la Ley General de Salud no afectaría su venta y suministro al público, el cual sería regulado en el artículo 226 del mismo ordenamiento.

En virtud de todo lo expuesto se concluye que la risperidona no debería estar en listado de sustancias contenida en el artículo 245 de la Ley General de Salud, ya que (i) es un medicamento que requiere ser utilizado por múltiples pacientes de por vida y que por las circunstancias actuales no es posible tener acceso a dicho medicamento en las farmacias, (ii) no causa adicción, (iii) diversos antipsicóticos con la misma indicación terapéutica que la risperidona no se han considerado en el listado antes mencionado y (iv) no afectaría su venta o suministro público.

A la luz de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta asamblea de la siguiente iniciativa con

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se reforma el artículo 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 245. ...

I. y II. ...

III....

Benzodiazepinas:

Ácido barbitúrico (2, 4, 6 trihidroxipiramidina)

Alprazolam

Amoxapina

Bromazepam

Brotizolam

Camazepam

Clobazam

Clonazepam

Cloracepato dipotásico

Clordiazepoxido

Clotiazepam

Cloxazolam

Clozapina

Delorazepam

Diazepam

Efedrina

Ergometrina (erfonovina)

Ergotamina

Estazolam

1-Fenil-2-propanona

Fenilpropanolamina

Fludiazepam

Flunitrazepam

Flurazepam

Halazepam

Haloxazolam

Ketazolam

Loflacepato de etilo

Loprazolam

Lorazepam

Lormetazepam

Lormetazepam

Medazepam

Nimetazepam

Nitrazepam

Nordazepam

Oxazepam

Oxazolam

Pemolina

Pimozide

Pinazepam

Prazepam

Pseudoefedrina

Quazepam

Temazepam

Tetrazepam

Triazolam

Zipeprol

Zopiclona

...

Otros:

...

IV.y V. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Haddad, P., et al. (eds.). Oxford University Press, 2011, Nueva York, Estados Unidos de América.

2 Hamer S., Hadad PM. “Adverse effects of antipsychotic as outcome measures”, en British J Psychiatr, 2007; 191:s64-s70.

3 Shatzberg AF., Nemeroff CB (Eds.). Essentials of Clinical Psychopharmachology. 2006. American Psychiatric Publishing. EE.UU.

4 Nejtek VA., Avila M., Chen LA, Zielinski T., Djokovic M., Podawiltz A., Kaiser K., Bae S., Rush AJ., Do atypical antipsychotics effectively treat co-ocurring bipolar disorder and stimulant dependence? A randomized, double – blind trial. J Clin Psychiatry. 2008 Aug;69(8):1257-66.

5 Meredith CW., Jaffe C., Yanasak E., Cherrier M., Saxon AJ., An open-label pilot study of risperidone in the treatment o methamphetamine dependence. J Psychoactive Drugs. 2007 Jun;39(2):167-72.

6 Wachtel SR, Ortengren A, de Wit H. The effects of acute haloperidol or risperidone on subjective responses to methamphetamine in healthy volunteers. Drug Alcohol Depend. 2002 Sep 1;68(1):23-33.

7 Uzbay TI. Atypical antipsychotic drugs and etanol witdhdrawal syndrome: a review. Alcohol Alcohol. 2012;47(1):33-41.

8 Kelly TM, Daley DC., Douaihly AB. Treatment of substabce abusing patients with comorbid psychiatric disorders. Addict Behav 2012;37(1):11-24.

9 Sevy S, et al. Olanzapine vs risperidone in patients with first-episode schizophrenia and lifetime history of cannabis use disorders: 16-week clinical and substance use outcomes. Psychiatry Res, 2011;188(3):310-4.

10 Worbrock T et al. Pharmacotherapy of schizophrenia with comorbid substance use disorder-reviewing the evidence and clinical recommendations. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2008;32(6):1375-85.

11 Ingram K et al. Risperidone reduces limited access alcohol drinking in alcohol-preferring rats. Eur J Pharmacol, 2003;468(2):121-7.

12 OMS: CIE-10 Trastornos Mentales y del Comportamiento. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1992.

13 American Psychiatric Association (1994) Diagnostic and statical manual of mental disorders (cuarta edición) Washington, DC, EU.

14 US Department of Health & Human Services. Food and Drug Administration. http://www.fda.gov/Drugs/default.htm.

15 European Medicines Agency (EMEA) http://www.ema.europa.eu/ ema/index.jsp?curl=/pages/home/Home_Page.jsp&jsenabled=true.

16 National Institutes of Health. National Institute on Drug Abuse (NIDA). http://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/medicamentos-de-pre scripcion-abuso-y-adiccion.

17 American Psychiatric Association. Treatment of patients with shcizophrenia. Treatment Guideline. http://psychiatryonline.org/guidelines.aspx. Consultado 9 de marzo de 2012.

18 Asociación Psiquiátrica Mexicana, Asociación Psiquiátrica de América Latina. Guía de Tratamiento de Esquizofrenia, 2007. México.

19 British Psychopharmacology Association, Schizophrenia Treatment Guideline, 2011. UK.

20 American Psychiatric Association. Treatment of patients with substance use disorders. Treatment Guideline. http://psychiatryonline.org/ guidelines.aspx. Consultado 9 de marzo de 2012.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de febrero de 2014.— Diputados: María de las Nieves García Fernández, Elvia María Pérez Escalante, Patricia Guadalupe Peña Recio, Gabriela Medrano Galindo, Ernesto Núñez Aguilar, Rosalba de la Cruz Requena, Eligio Cuitláhuac González Farías, Alma Marina Vitela Rodríguez, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Graciela Saldaña Fraire, Marcelo Garza Ruvalcaba, Adán David Ruiz Gutiérrez, Juan Isidro del Bosque Márquez, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Ricardo Medina Fierro, Genaro Ruiz Arriaga, María Elena Cano Ayala, Martha Beatriz Córdova Bernal, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Josefina Salinas Pérez, Joaquina Navarrete Contreras, Aída Ramírez Torres, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Verónica Carreón Cervantes, Jorge del Ángel Acosta, Regina Vázquez Saut, Verónica Sada Pérez, Mario Alberto Dávila Delgado, María del Rocío García Olmedo, Mayra Karina Robles Aguirre, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Raymundo King de la Rosa, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Francisca Elena Corrales Corrales, María Esther Garza Moreno, Víctor Hugo Velasco Orozco, Francisco González Vargas, Mariana Dunyaska García Rojas, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Roberto Ruiz Moronatti, Carlos Sánchez Romero, José Luis Flores Méndez, Luis Armando Córdova Díaz, Luis Olvera Correa, Blanca María Villaseñor Gudiño, Alberto Curi Naime, Judith Magdalena Guerrero López, Irazema González Martínez Olivares, Rafael González Reséndiz,  Rocío Adriana Abreu Artiñano, Alfonso Inzunza Montoya, Miguel Sámano Peralta, Marco Antonio Calzada Arroyo, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Maricela Velázquez Sánchez, José Luis Márquez Martínez, Leobardo Alcalá Padilla, Laura Barrera Fortuol, Abel Octavio Salgado Peña, José Noel Pérez de Alba, Adriana Hernández Íñiguez, Mirna Esmeralda Hernández Morales, María del Rocío Corona Nakamura, María del Carmen García de la Cadena Romero, María de Jesús Huerta Rea, Cristina González Cruz, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Silvia Márquez Velasco, Blanca Estela Gómez Carmona, Adriana Fuentes Téllez, Cecilia González Gómez, Zita Beatriz Pazzi Maza, Paulina Alejandra del Moral Vela, Martha Gutiérrez Manrique, José Pilar Moreno Montoya, Gabriel Gómez Michel, Benito Caballero Garza, Emilse Miranda Munive, Petra Barrera Barrera, Dulce María Muñiz Martínez, Darío Badillo Ramírez, Miriam Cárdenas Cantú, María Elia Cabañas Aparicio, Irma Elizondo Ramírez, Esther  Angélica Martínez Cárdenas, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, María del Carmen Ordaz Martínez, Marco Alonso Vela Reyes, Marco Antonio González Valdez, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Mirna Velázquez López, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Issa Salomón Juan Marcos, Adolfo Bonilla Gómez, Julio César Flemate Ramírez, Antonio de Jesús Díaz Athié, Salvador Ortiz García, María Fernanda Schroeder Verdugo, Lizbeth Loy Gamboa Song, Mónica García de la Fuente (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada María de las Nieves García Fernández. Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, la diputada Ximena Martel Cantú, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita también por el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, ella del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y él del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Laura Ximena Martel Cantú:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. Como lo dijo el rey Dominick: Hombre justo y honrado es aquél que mide sus derechos con la regla de sus deberes.

Hoy vengo a presentar en nombre del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera y a nombre propio, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta refrenda la vocación garantista del Estado al pretender fortalecer la garantía de seguridad jurídica para los gobernados, la cual busca proteger esencialmente la dignidad humana, el respeto a los derechos personales, patrimoniales y civiles, así como su interacción con la autoridad, garantía que hoy pretende extenderse también frente a los particulares, tomando en consideración la realidad actual y particularmente la paralela evolución que se debe dar en el derecho y la sociedad.

El derecho humano de acceso a la justicia en materia penal puede ser ejercitado mediante denuncia o querella, por lo tanto hay delitos que se persiguen de oficio y otros que se persiguen a petición de parte, y es precisamente estos últimos los que son el objeto central de la presente iniciativa.

La fracción I del apartado A, del citado artículo a la letra señala: El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Sin embargo este ideal de justicia no se cumple a cabalidad. No se cumple porque si bien el artículo 20 constitucional, en el apartado B, enumera las garantías que toda persona imputada debe tener, y en el apartado C establece las garantías de la víctima u ofendido, la ley fundamental no prevé la posibilidad de que el imputado que ha sido sujeto del proceso penal, una vez que se le determine sentencia absolutoria ejecutoriada se convierta en víctima u ofendido. Víctima u ofendido que no cuenta con los mismos derechos, perrogativas y garantías que los demás.

Debemos ser conscientes que la victimización de aquella persona que se encuentra inmersa en el sistema penal como victimario no culmina al demostrarse su inocencia, pues una vez dictada la sentencia absolutoria se enfrenta a una victimización, donde el factor más importante es la exteriorización del individuo frente a sí mismo y frente a la sociedad, además del menoscabo económico y el daño psicológico causado.

Si bien es cierto que el Código Penal Federal, en su artículo 49 y en el 96, señala que al emitirse una sentencia absolutoria el sentenciado podrá, a título de reparación, solicitar el reconocimiento de su inocencia mediante la publicación de la sentencia en uno o dos periódicos que circulen en la localidad, siendo éste el único medio por el cual la ley prevé que el sentenciado sea enmendado o resarcido, omite la indemnización económica o moral a la que tienen derecho, dando paso a lo que los teóricos denominan como una victimización terciaria. Es decir, se omita resarcir el daño económico y moral al que fue sujeto como parte del procedimiento penal.

A mayor abundamiento, es de señalarse que el procesado que se ubica en el hipotético planteado tiene como única opción de indemnización la de promover en materia civil un juicio ordinario civil, a efecto de que sea resarcido por el daño moral y material de que ha sido objeto. Sin embargo tiene la carga de la prueba para acreditarlo, lo cual implica erogar más recursos e invertir tiempo lo cual muchas veces no se está en condiciones de realizar.

Señoras y señores legisladores, ¿qué pasa con el sentenciado cuando ha obtenido al final del proceso una sentencia absolutoria? ¿Qué garantía le otorga la Ley Suprema después de que ha sido dañado y violentado en sus derechos?

De conformidad con datos del Consejo de la Judicatura Federal, en el 2013 el total de sentencias absolutorias pronunciadas a nivel nacional en las causas penales por los juzgados de distrito fue de dos mil 38, lo que equivale al 5.78 por ciento del total de sentencias emitidas.

Aunque en términos porcentuales la cifra puede parecer pequeña, consideremos que aunque se tratase de una sola persona el hecho es de primordial trascendencia, porque en todo estado de derecho la legalidad y la equidad deben de ser principios rectores que respalden el actuar de los órganos jurisdiccionales, así como de los sujetos que solicitan su intervención. Nadie debe utilizar los medios legales sin que exista fundamento cierto y verdadero y su actuar quedara impune.

Mientras exista la posibilidad de perfeccionar el andamiaje jurídico a efecto de garantizar a todos y cada uno de los mexicanos certeza sobre el respeto irrestricto a sus derechos, así como la debida protección jurídica y el acceso oportuno y expedito a la impartición de justicia, es nuestro deber actuar en consecuencia.

Por ello la presente iniciativa pretende proteger a la persona falsamente acusada que al final del proceso resulta ser la víctima de su denunciante, asegurando su derecho al resarcimiento de daños y perjuicios evitando así el uso abusivo del derecho, inhibiendo la construcción y utilización de artilugios que pretendan usar al sistema de impartición de justicia para violentar derechos de terceros.

En este sentido, se pretende que toda la fuerza de la ley recaiga por igual en el victimario y que la nobleza de la ley alcance también a todas las víctimas. En otras palabras, se pretende romper el desequilibrio existente, facultando al juzgador para pronunciarse respecto de la reparación del daño en los mismos términos que lo hiciera con la víctima u ofendido.

La evolución del sistema jurídico nos exige abrirnos a nuevos paradigmas, a nuevas y mejores posibilidades de justicia cuyo objeto central sea la persona humana. La justicia debe permear en cada rincón de país y en todos los actos y hechos jurídicos que impacten al derecho.

De ahí que la obligación de la reparación de daños y perjuicios, tanto para las víctimas de los delitos como para quienes han sido sujetos de una sentencia absolutoria y se han convertido en víctimas de su querellante, debe ser una premisa fundamental de nuestro sistema jurídico mexicano, siguiendo el principio de que es justo dar a cada quien lo que le corresponde.

En este sentido, proponemos adicionar una fracción X al apartado B del artículo 20 constitucional en los siguientes términos. Fracción X: “Toda persona que haya sido sujeta a un proceso penal derivado de delitos presentados por querella, salvo aquellas que formulen las autoridades fiscales competentes en donde el juez emita una sentencia absolutoria ejecutoriada, ésta deberá contener la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios causados por el querellante durante el procedimiento penal, de conformidad con lo que establezcan las leyes en la materia.”

“El juzgador no podrá absolver al querellante de dicha indemnización si ha emitido una sentencia absolutoria ejecutoriada”.

Compañeras y compañeros diputados, como escribió el novelista Paul Auster: “si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario no sería justicia”.

De ahí que la garantía que hoy ponemos a su consideración pretender impedir que el sistema penal tienda a convertirse en un escenario propicio para las acusaciones falsas.

La letra de la ley no puede ni debe tener resquicio alguno por el cual se filtre la injusticia.

La ley contiene postulados éticos que deben de ser fortalecidos una y otra vez hasta dotar de total certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía.

La ley y la justicia deben de estar al servicio de cada hombre y cada mujer. Para ello es necesario adecuarla a las necesidades y a la realidad social con una auténtica vocación jurídica pero también con un alto sentido humanista.

Por un México más justo, por un México de más y mejores garantías es que hoy presentamos esta iniciativa.

Estamos convencidos de que la ley debe infundir respeto a los miembros de la sociedad, temor a los culpables y aliento a los inocentes. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Laura Ximena Martel Cantú y Manlio Fabio Beltrones Rivera, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI, respectivamente

Quienes suscriben, Laura Ximena Martel Cantú, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 62, numeral 2 del artículo 68, artículo 69, numeral 1 del artículo 76, numeral 1, fracción II, del artículo 77, artículo 78, numeral 2 de artículo 89, así como los artículos 97, 102, 105 y 239 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran consagradas a favor de los ciudadanos garantías y derechos humanos. El término garantía, se puede traducir en un sinónimo de asegurar, proteger, defender o salvaguardar los derechos de los gobernados frente a otros gobernados y frente al Estado.

Burgoa Orihuela señala que “la palabra garantía en el derecho público ha significado diversos tipos de seguridades o protecciones a favor de los gobernados dentro de un estado de derecho,” asimismo cita que los elementos que integran a las garantías individuales son: “1.Relación jurídica de supra a subordinación entre el gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus autoridades (sujetos pasivos), 2. Derecho público subjetivo que emana de dicha relación a favor del gobernado (objeto), 3. Obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en respetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo (objeto) y 4. Previsión y regulación de la citada relación por la ley fundamental (fuente).”

Dentro de las garantías otorgadas por nuestra Ley Suprema, se encuentran las denominadas garantías de “seguridad jurídica”, las cuales salvaguardan que la autoridad no aplique arbitrariamente el orden jurídico, encontrándose consagradas en el artículo 20 constitucional, que tiene como antecedente a la Constitución de 1857, en donde por primera vez de manera sistemática, se citan las garantías individuales que se otorgaban a favor del acusado.

La doctrina señala que “la garantía del derecho humano de seguridad jurídica protege esencialmente la dignidad humana y el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los particulares en sus relaciones con la autoridad, como compendio o resumen de las principales garantías específicas (...) e incluye un conjunto bastante extenso de prevenciones constitucionales que tienden a producir en los individuos la confianza de que en sus relaciones con los órganos gubernativos, éstos no procederán arbitraria ni caprichosamente, sino de acuerdo con las reglas establecidas en la ley como normas del ejercicio de las facultades de los propios órganos, los cuales necesitan estar creados en una disposición legislativa y sus atribuciones necesitan a su vez estar definidas en textos legales o reglamentarios expresos.

El aludido conjunto comprende principalmente la exigencia de una orden fundada y motivada, por escrito de autoridad competente, para toda molestia a las personas y el debido proceso o juicio formal...”

Actualmente, el artículo que se pretende adicionar se encuentra dividido en los siguientes apartados: a) los principios generales, b) los derechos de toda persona imputada y  c) los derechos de la víctima u ofendido.

Bajo el anterior orden de ideas, es de señalarse que, el derecho adjetivo penal señala que existen delitos que se persiguen de oficio y otros a petición de parte conocidos como “querella”. En estos últimos, la actividad investigadora es impulsada por la persona ofendida conocida como querellante, que es quien hace del conocimiento del Ministerio Público, ya sea Federal o Local, un hecho que puede ser constitutivo de delito.

Por medio de la querella, la víctima ejerce ya sea de forma escrita u oral, su derecho de solicitarle al Ministerio Público, su intervención para que investigue y persiga delitos tales como el hostigamiento o acoso sexual, el estupro, violencia familiar, peligro de contagio (en los términos del artículo 199 Bis del Código Penal Federal), etcétera, o bien, delitos de carácter patrimonial, tales como el abuso de confianza, el daño en propiedad ajena, robo (en los términos del artículo 399 Bis Código Penal Federal), fraude y despojo, abuso de confianza, etcétera Es decir, los delitos que se persiguen por querella “tienen relación con lo más íntimo y próximo de las personas”, es decir que el Ministerio Público, da inicio a la investigación, cuando la persona ofendida lo autoriza y otorga su consentimiento; de ahí, a que ésta pueda renunciar a que continúe la investigación y la persecución del mismo, otorgando “el perdón”.

Delitos los anteriores que por su naturaleza jurídica y características particulares son el objeto central de la presente Iniciativa.

A mayor abundamiento y con el ánimo de contextualizar las argumentaciones esgrimidas, es de señalarse que el probable responsable (imputado) desde el inicio del procedimiento goza a de nueve garantías que otorga la Constitución, en el apartado B del artículo 20, mismas que deben ser respetadas durante el procedimiento, a saber:

“I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; y

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención”.

Una vez agotado el proceso respectivo, el juez dictará la sentencia que resuelva el caso concreto, la cual puede ser condenatoria o absolutoria. El maestro Colín Sánchez da una amplia definición de las sentencias y las define como: a) sentencia condenatoria “la resolución judicial que, sustentada en los fines específicos del proceso penal, afirma la existencia del delito y, tomando en cuenta el grado de responsabilidad de su autor, lo declara culpable, imponiéndole por ello una mediad de seguridad” y b) sentencia absolutoria, la que “determina la absolución del acusado, en virtud de que, la verdad histórica, patentiza la ausencia de conducta, la atipicidad; aún siendo así las probanzas no justifican la existencia de la relación de causalidad entre la conducta y el resultado”.

De acuerdo a datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información, señalan que en el 2012, el total de sentencias absolutorias pronunciadas a nivel nacional en las causas penales por los Juzgados de Distrito, por sentenciado, fue de un total de 2,585, que equivalen al 6.99 por ciento del total de sentencias emitidas. Es decir, un porcentaje que podríamos considerar como mínimo, pero no por ello resulta intrascendente.

Al contrario, es de fundamental trascendencia porque la legalidad y la equidad deben ser principios rectores que respalden el actuar de los órganos jurisdiccionales así como de los sujetos que solicitan su intervención, de tal forma que nadie utilice los medios legales sin que exista fundamento cierto y verdadero o utilice la ley para cosa distinta que no sea para alcanzar la justicia.

Mientras exista la posibilidad de perfeccionar el andamiaje jurídico a efecto de garantizar a todos y cada uno de los mexicanos, el respeto irrestricto a sus derechos, así como la debida protección jurídica y el acceso oportuno y expedito a la impartición de justicia, es nuestro deber actuar en consecuencia.

Por ello, la presente Iniciativa pretende evitar el uso abusivo del derecho, inhibir la construcción de artilugios que pretendan usar la ley para violentar a otros en sus derechos fundamentales, al tiempo que pretende proteger al imputado que al final del proceso en realidad resulta ser la víctima de su denunciante, garantizándole el resarcimiento de daños y perjuicios.

En el pasado y en la actualidad, una preocupación constante del legislador originario y permanente, ha sido la adecuada aplicación de la justicia y la protección a las víctimas en cualquiera de sus modalidades.

No en vano, como da cuenta el Diario de Debates del 1 de diciembre de 1916, Venustiano Carranza, afirmó: “el artículo 20 de la Constitución de 1857 señala las garantías que todo acusado debe tener en un juicio criminal, pero en la práctica esas garantías han sido enteramente ineficaces, toda vez, que sin violarlas literalmente, a lado de ellas se han seguido practicas enteramente inquisitoriales, que dejan por regla general a los acusados sujetos a la acción arbitraria.”

Hoy en día pese a los múltiples adelantos en la materia, y a pesar de existir claramente definidas nueve garantías en favor del procesado, en caso de delitos perseguidos por querella en donde el juzgador emita sentencia absolutoria, el acusado continúa siendo, en ocasiones, víctima de acusaciones infundadas.

Paradójicamente, respecto a lo antes señalado, ninguna de las garantías constitucionales se ocupa del sentenciado que ha sido absuelto.

¿Qué pasa con el sentenciado cuando ha obtenido al final del proceso una sentencia absolutoria?

¿Qué garantía le otorga la Ley Suprema, después de que ha sido dañado y violentado en sus derechos, después de que ha visto menoscabada su condición económica, social y psicológica, debido a un infundio?

Para hacer evidente el desequilibrio existente, basta señalar que: cuando un juez penal dicta una sentencia condenatoria, la ley prevé la facultad para que éste condene, al sentenciado al pago de una reparación del daño a favor del ofendido. Sin embargo, en el caso contrario, cuando el procesado obtiene una sentencia absolutoria el derecho no es recíproco. La desigualdad y disparidad es evidente, ya que el juzgador penal no está facultado para pronunciarse respecto de la reparación del daño, lo que en las más de las veces deja desprotegido al procesado que ha sido absuelto.

Si bien es cierto que el Código Penal Federal en sus artículos 49 y 96 señala que, al emitirse una sentencia absolutoria, el sentenciado podrá a título de reparación, solicitar el reconocimiento de su inocencia mediante la publicación de la sentencia en uno o dos periódicos que circulen en la localidad, siendo éste el único medio por el cual la ley penal prevé que el sentenciado sea enmendado o resarcido, omite la indemnización económica o moral a la que tiene derecho dando paso a lo que Gerardo Landrove Díaz denomina como una “victimización terciaria”, es decir, se omite resarcir el daño físico, económico, psicológico a que fue sujeto como parte del procedimiento penal.

Así, los sentenciados en términos absolutorios, son sujetos de una victimización, entendida ésta como el agravio que sufre una persona en alguno de sus derechos, afectando con ello su esfera jurídica, por causa de una supuesta conducta ilícita que lo hace convertirse en víctima.

La victimización de aquella persona que se encuentra inmersa en el sistema penal como victimario, no culmina al demostrarse su inocencia púes una vez dictada su sentencia se enfrenta a la llamada victimización postpenitenciaria, donde el factor más importante es la exteriorización del individuo frente a la sociedad, además del menoscabo económico y el daño psicológico causados.

A mayor abundamiento, en la actualidad, el procesado que se ubica en el hipotético planteado, tiene como única opción de indemnización, la de promover en materia civil un juicio ordinario civil a efecto de que sea resarcido por el daño moral y material que le ha sido causado, sin embargo, tiene la carga de la prueba para acreditar dicho daño, lo que implica erogar recursos e invertir tiempo, lo cual, muchas veces no está en condiciones de realizar, dado la merma económica y anímica sufrida, tras haber enfrentado un proceso penal.  Es de precisarse además, que existe la posibilidad de que en caso de que decida emprender la acción civil, puede no obtener una sentencia favorable.

Es importante tomar en consideración que un alto porcentaje de los sentenciados absueltos, carecen de los medios económicos suficientes que los animen a emprender una nueva acción jurídica, además de que muchas veces no cuenta con el estado anímico para ello, debido al largo tiempo que duró su proceso.

Desde luego que la medida propuesta aplica por igual a los más favorecidos y a los que menos tienen, sin embargo, debemos estar conscientes que para el caso concreto, son los ciudadanos más vulnerables y los de menos recursos quienes padecen con más agudeza las injusticias y sus lamentables consecuencias.

En este sentido, consideramos que al no existir delito, la justicia penal debe pronunciarse y asegurar la reparación del daño causado al procesado; garantía que es congruente con la idea de que la justicia penal debe tener como prioridad la reparación del daño y lograr la paz social.

La evolución del sistema jurídico, debe animarnos a construir una legislación penal y procesal que vaya más allá de la sanción, y desde luego con un alcance mayor a la declaratoria de inocencia o culpabilidad, es menester proponer un nuevo paradigma centrado en la persona, en su calidad de ser humano y lo que ello implica. Por lo cual, la justicia debe permear en cada rincón del país y en todos los actos y hechos jurídicos que impactan al derecho. De ahí, que debemos impulsar normas justas como la obligatoria reparación del daño tanto para las víctimas de los delitos como para quienes han sido sujetos de una sentencia absolutoria y que como ya se ha mencionado con anterioridad se han convertido en víctimas de su querellante, teniendo como fundamento el principio de que es “justo dar a cada quien lo que le corresponde”

Por lo antes expuesto, resulta trascendental que nuestro máximo ordenamiento reconozca como derecho humano la garantía para el procesado a ser indemnizado cuando obtenga una sentencia absolutoria, en la cual el Juez deberá plasmar dicha indemnización.

A manera de conclusión, se refrenda que el objeto de la presente iniciativa es establecer como garantía del procesado que en el caso de que el juzgador penal emita una sentencia absolutoria en un juicio impulsado por un delito perseguido por querella, una vez que la misma cause ejecutoria, el absuelto tenga la plena garantía reconocida por la Ley Suprema de que será indemnizado por los daños causados al haber sido sujeto a un procedimiento penal, de acuerdo a lo que las leyes en la materia determinen.

Bajo este orden de ideas, es dable señalar que el establecimiento de esta nueva garantía para el inculpado, por un lado inhibiría las acusaciones falsas y dolosas con el fin último de perjudicar al acusado, así mismo evitará que el procesado quede desprotegido ante los abusos de la parte acusadora, impidiendo con ello su doble victimización, dejando que los gastos, perjuicios, daños y molestias causadas, así como el descredito social que fue expuesto, queden impunes.

Propuesta de modificación

Texto vigente

Artículo 20. ...

A...

I a X...

B...

I. a IX...

...

...

C...

I. a VII.

Texto propuesto

Artículo 20. ...

A...

I a X...

B...

I. a IX...

...

...

X. Toda persona que haya sido sujeta a un proceso penal derivado de delitos presentados por querella salvo aquellas que formulen las autoridades fiscales competentes, en donde el juez emita una sentencia absolutoria ejecutoriada, ésta deberá contener la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios causados por el querellante durante el procedimiento penal, de conformidad con lo que establezcan las leyes en la materia.

El juzgador no podrá absolver al querellante de dicha indemnización si ha emitido una sentencia absolutoria ejecutoriada.

C...

I. a VII.

Decreto

Único.Se adiciona la fracción X del artículo 20 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 20. ...

A...

I a X...

B...

I a IX...

...

...

X. Toda persona que haya sido sujeta a un proceso penal derivado de delitos presentados por querella, salvo aquellas que formulen las autoridades fiscales competentes, en donde el juez emita una sentencia absolutoria ejecutoriada, ésta deberá contener la indemnización correspondiente por los daños y perjuicios causados por el querellante durante el procedimiento penal, de conformidad con lo que establezcan las leyes en la materia.

El juzgador no podrá absolver al querellante de dicha indemnización si ha emitido una sentencia absolutoria ejecutoriada.

C...

I. a VII...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones correspondientes en la legislación procesal penal.

Notas:

1 Burgo Orihuela, Ignacio. Las garantías individuales. 36 Edición. Editorial Porrúa. México, 2003, página 167, 187.

2 http://www.diccionariojuridico.mx/; término 1750, autor: Luis Bazdresch; fuente: Libro Garantías Constitucionales.

3 Colín Sánchez, Guillermo. Derecho Mexicano de Procedimientos Penales. Editorial Porrúa. 17 Edición., página 583, México, 1998.

4 Ídem.

5 Landrove Díaz, Gerardo.  La moderna victimología. Editorial Tirant lo blanch. Valencia, 1998, página 191.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2014.— Diputados: Laura Ximena Martel Cantú, Faustino Félix Chávez, Angelina Carreño Mijares, María del Rocío Corona Nakamura, Leobardo Alcalá Padilla, Alma Marina Vitela Rodríguez, Flor Ayala Robles Linares, Landy Margarita Berzunza Novelo, Sonia Catalina Mercado Gallegos, María Fernanda Schroeder Verdugo, Leticia López Landero, María Elia Cabañas Aparicio, Fernando Alfredo Maldonado Hernández, Miguel Sámano Peralta, Consuelo Argüelles Loya, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Leslie Pantoja Hernández, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Felipe de Jesús Almaguer Torres, María Celia Urciel Castañeda, Enrique Alejandro Flores  Flores, Elvia María Pérez Escalante, Joaquina Navarrete Contreras, Marco Antonio Calzada Arroyo, Fernando Zamora Morales, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Judit Magdalena Guerrero López, Martha Edith Vital Vera, Ernesto Núñez Aguilar, Javier Treviño Cantú, Blas Ramón Rubio Lara, Martha Berenice Álvarez Tovar, Cristina González Cruz, Alberto Curi Naime, Rosalba de la Cruz Requena, María Esther Garza Moreno, José Alejandro  Llanas Alba, José Noel Pérez de Alba, Héctor García García, Francisco Alberto Zepeda González, Noé Barrueta Barón, Eloy Cantú Segovia, Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Socorro de la Luz Quintana León, Mirna Velázquez López, Juan Manuel Carbajal Hernández, Raúl Santos Galván Villanueva, Abraham Montes Alvarado,  Esther Quintana Salinas, Verónica Carreón Cervantes, José Ignacio Duarte Murillo, Zita Beatriz Pazzi Maza, José Pilar Moreno Montoya, Luis Alfredo Murguía Lardizábal, José Luis Flores Méndez, Adriana Fuentes Téllez, Maricruz Cruz Morales, Benito Caballero Garza, Omar Antonio Borboa Becerra, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, María del Carmen Ordaz Martínez, Marco Alonso Vela Reyes, Salvador Avellano Guzmán, Rafael González Reséndiz, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves, Lizbeth Loy Gamboa Song, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Irma Elizondo Ramírez, Gabriel Gómez Michel, María Guadalupe Velázquez Díaz, Eduardo Román Quian Alcocer, Erika Yolanda Funes Velázquez, Mauricio Sahui Rivero, Ricardo Medina Fierro, Benjamín Castillo Valdez, Adán David Ruiz Gutiérrez, Jaime Chris López Alvarado, Dulce María Muñiz Martínez, Víctor Hugo Velasco Orozco, Darío Badillo Ramírez, María Angélica Magaña Zepeda, Luis Olvera Correa, Miriam Cárdenas Cantú, Salvador Ortiz García, Francisco González Vargas, Emilse Miranda Munive, Oscar Bautista Villegas, María Elena Cano Ayala, Esther Angélica Martínez Cárdenas, Jorge Herrera Delgado, Gabriela Medrano Galindo, David Pérez Tejeda Padilla, Norma Ponce Orozco, Ricardo Villarreal García, María del Rocío García Olmedo, Sue Ellen Bernal Bolnik, Roberto Ruiz Moronatti, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Laura Guadalupe Vargas Vargas, Minerva Castillo Rodríguez, Julio César Flemate Ramírez, Martha Gutiérrez Manrique, Silvia Márquez Velasco, Aurora Denisse Ugalde Alegría, Miguel Ángel Aguayo López, Rafael Acosta Croda, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, Irazema González Martínez Olivares, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Ossiel Omar Niaves López, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Rosalba Gualito Castañeda, Francisco Javier Fernández Clamont, María del Carmen García de la Cadena Romero, Mario Miguel Carrillo Huerta, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Adriana Hernández Iñiguez, Laura Barrera Fortoul, Cristina Ruiz Sandoval, Tomás López Landero, Patricia Guadalupe Peña Recio, Graciela Saldaña Fraire, Marcelo Garza Ruvalcaba, Regina Vázquez Saut, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Juan Isidro del Bosque Márquez, Genaro Ruiz Arriaga, Dora María Talamante Lemas, Lucila Garfias Gutiérrez, Carlos Sánchez Romero, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Jorge del Ángel Acosta, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Alfonso Inzunza Montoya, Raymundo King de la Rosa, Felipe Arturo Camarena García,  Francisca Elena Corrales Corrales, Abel Octavio Salgado Peña, José  Noel Pérez de Alba, José Luis Cruz Flores Gómez, Luis Armando Córdova Díaz, Blanca María Villaseñor Gudiño, Banca Estela Gómez Carmona, Cecilia González Gómez, Ana Lilia Garza Cadena, José Luis Márquez Martínez, Petra Barrera Barrera, Mirna Esmeralda Hernández Morales, María de Jesús Huerta Rea (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Ximena Martel Cantú. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, una de las instituciones más importantes con las que debe de contar un país democrático es aquella que tenga como principios, como propósitos, garantizar el ejercicio de los derechos político electorales, promover la cultura de la representación y organizar comicios federales que se encuentren enmarcados por la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad.

Con el afán de cumplir con dichos fines, en nuestro país se han realizado múltiples intentos a lo largo de la historia que han buscado el desarrollo óptimo de la cultura democrática y el eficiente desempeño de los procesos electorales.

Así, desde la promulgación de la Constitución el 5 de febrero del 17; desde 1946 que se promulgó la Ley Federal Electoral y se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, así como otras reformas que fueron en su momento discutidas con amplitud, como la de 1987, donde se introduce el criterio de representación proporcional. Luego más tarde, la de 1990, que expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, y más tarde se hicieron otras reformas también en 1993, en 1996 y la que recientemente se realizó en materia constitucional el año retro próximo.

Desde la polémica elección del 2006, la cual vino acompañada de la percepción de fraude e incertidumbre, el IFE dejó claro que no se debía a la ciudadanía, sino a los intereses partidistas; actuó como complaciente súbdito a ellos y su autonomía quedó reducida a los caprichos de unos cuantos.

En el 2012 el comportamiento del instituto continuó sobre la misma línea ante una elección caracterizada por la compra del voto sin precedentes por parte del PRI y por la introducción ilegal en las urnas de miles de boletas a favor de su candidato. No tan sólo se incumplió la obligación de sancionar delitos, sino incluso de actuó como tapadera de ellos.

Se interpusieron infinidad de recursos jurídicos, administrativos, penales y ninguno prosperó porque había un contubernio de los órganos electorales y del tribunal para no sancionar la elección de 2012.

El 31 de enero del 2014, hace unos días, se promulgó la reforma política electoral que contempla 30 artículos constitucionales modificados y también contempla la creación del Instituto Nacional Electoral.

Si algo caracterizó a dicha reforma fue el grado de rapidez con la que fue discutida. Se esperaría que ante tema tan importante para la estructura democrática del país se diera un debate profundo, un análisis serio que incluyera las diversas voces que componen a la nación. No obstante lo anterior, no sucedió de ninguna manera.

Consideramos que hay inconsistencias y plazos inconvenientes en la reforma política electoral. Hemos sostenido que la aprobación de esta reforma constitucional no respondió a la corrección de deficiencias en el sistema; por lo contrario, se constituyó como una simple moneda de cambio que el PAN utilizó para que la propuesta en materia energética se consolidara y se convalidara.

Debido a lo anterior, existen aspectos fundamentales de la legislación secundaria, pero creemos que no se han incluido porque no conocemos ninguna propuesta. Ayer conocimos que el PRD presentó una propuesta de reforma reglamentaria en materia electoral y creemos que debiera hacerse un compás de discusión amplia.

Pero además, el artículo segundo transitorio estipula que a más tardar el 30 de abril del 2014, es decir, en un mes, mes y medio, dos meses, deberán expedirse las leyes que armonicen las disposiciones constitucionales. Con seriedad les podría preguntar ¿creen que esto pueda ocurrir?

Aunado a lo anterior, en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución se señalan las elecciones el primer domingo de junio, en lugar del de julio. Es decir, estamos contra el tiempo.

Esta iniciativa que estoy presentando está orientada a regular el trabajo de este Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a los cargos de consejeros electorales. Es un comité técnico que está funcionando.

¿Sabían ustedes, ciudadanos legisladores, que hasta ahora se han inscrito cerca de 334 nombres para ser consejeros electorales? 234 han tomado ya la decisión de inscribirse y 93 más están solicitando la entrevista para inscribirse.

Nosotros queremos proponer que dada la discusión de la ley reglamentaria podamos hacerlo con seriedad y con responsabilidad. Hoy quisiera reiterar, sería un despropósito, lo digo desde esta tribuna, que siendo el último día este miércoles, sería un despropósito que los cuatro consejeros electorales que restan en el Consejo General del IFE, tengan la osadía de inscribirse como nuevos integrantes del INE. Podría suceder que se repita ese adagio de que las manzanas podridas contaminan a las manzanas aparentemente buenas.

Hacemos un exhorto a los consejeros electorales para que no cometan la osadía de quererse inscribir para ser consejeros del nuevo INE. Ellos son los responsables de este enorme atraco que sufrió la nación, son los responsables de haber violado la Constitución y el grupo de diputados de Movimiento Ciudadano les reclama que por valor civil, que con autoridad moral los ciudadanos les pidan que no se inscriban, es el último día para inscripción.

Esta iniciativa tiene que ver con la regulación del trabajo que realiza el consejo técnico de evaluación. Y por tanto, presidente, le pediría que plasme íntegra en el Diario de Debates esta iniciativa.

Quiero decirles a esos que gritan, a esos que están atrás del PRI, del Bronx, y también del PAN, del Bronx, que me siento muy apenado por el discurso de su presidente, Peña Nieto. Eso de decir que lleva dentro y fuera del corazón su partido, no lo sitúa en un estadista, lo sitúa en un dirigente de barrio, en un líder de callejón, no en un estadista. El país requiere de estadistas.

Los del PAN que gritan, no se sientan tan contentos, que Oceanografía los va a tocar, porque hay una enorme madeja de corrupción que seguramente van a salir, muchos de los que están sentados aquí, muchos de sus compadres, muchos de sus amigos, porque es enorme la corrupción de Oceanografía y no tienen autoridad moral ni el PAN ni el PRI para estar chiflando y gritando.

Deberían, esos del PAN, tener dignidad y callarse como muchos de sus compañeros y compañeras lo hacen, y no situarse en esos gritos anónimos que sólo implican descultura, incultura e ignorancia política. Ojalá y tengan dignidad para asumir los costos de estos actos inmorales de corrupción, que estos ladrones, Fox y Calderón, hicieron en este país.

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja,integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título quinto Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a los Cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las instituciones más importantes con la que debe contar un país democrático, es aquélla que tenga como principales propósitos: garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales, promover la cultura de representación y organizar comicios federales que se encuentren enmarcados por la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y la objetividad.

Con el afán de cumplir con dichos fines, en nuestro país se han realizado diversos intentos a lo largo de la historia que han buscado el desarrollo óptimo de la cultura democrática y el eficiente desempeño de los procesos electorales.

Así, desde la promulgación el 5 de febrero de 1917 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instituyeron: la Junta Empadronadora, las juntas computadoras locales y los colegios electorales, como los órganos reguladores de los procesos de elección para el presidente de la República y para los miembros del Congreso de la Unión.

En 1946 se promulga la Ley Federal Electoral y se crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, la cual modificó su nombre en 1973 a Comisión Federal Electoral, teniendo como principal cambio la participación con voz y voto de los representantes de todos los partidos políticos con registro legal.

Las reformas constitucionales de 1987 introducen el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral, mientras que las de 1990 expiden el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y ordenan la creación del Instituto Federal Electoral (IFE).

Desde ese momento, grandes batallas se ganaron a través de las reformas que buscaron la ciudadanización y el impedimento de la partidización del instituto durante el periodo que comprendió de 1993 a 1995, para culminar con el más grande de todos los propósitos en 1996, la consolidación del IFE como un órgano electoral autónomo y ciudadano.

Si bien en sus primeros años el instituto contó con la confianza y la credibilidad de la ciudadanía; desgraciadamente, desde hace mucho tiempo la imparcialidad de la institución se ha visto empañada por las voluntades de los partidos políticos.

Desde la polémica elección de 2006, la cual vino acompañada de la percepción de fraude e incertidumbre, el IFE dejó claro que no se debía a la ciudadanía, sino a los intereses partidistas, actuó para complacerlos a ellos, su autonomía quedó reducida a los caprichos de unos cuantos.

En 2012, el comportamiento del instituto continuó sobre la misma línea, ante una elección caracterizada por la compra de votos sin precedentes, por parte del Partido Revolucionario Institucional, y por la introducción ilegal en las urnas de miles de boletas a favor de Enrique Peña Nieto; el IFE, no tan sólo incumplió su obligación de sancionar delitos, sino su deber de prevenirlos.

Se interpusieron infinidad de recursos administrativos antes, durante y después de la elección, y ninguno fue resuelto de manera satisfactoria; la respuesta siempre involucró tácticas dilatorias o elusivas, cuando no claro contubernio y encubrimiento de las mayorías partidistas.

Así, una de las instituciones que tomó más tiempo construir, que representó un enorme gasto público y que gozaba de gran credibilidad; fue aniquilada por los sujetos de los que debía ser árbitro, los partidos.

El 31 de enero de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma Político-Electoral, la cual contempla, dentro de las modificaciones hechas a 30 artículos constitucionales, la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), el cual sustituirá al IFE.

Si algo caracterizó a dicha reforma, fue el grado de rapidez con la que fue discutida. Se esperaría que ante temas tan importantes para la estructura democrática del país se diera un debate profundo y un análisis serio que incluyera las diversas voces que componen a la nación; no obstante, lo anterior no sucedió.

¿Por qué existen tantas inconsistencias y plazos insostenibles en la Reforma Político-Electoral? Muy sencillo, su aprobación no respondió a la corrección de deficiencias en el sistema; por lo contrario, se constituyó como la moneda de cambio que el PAN utilizó para que la propuesta en materia energética se consolidara.

Debido a lo anterior, existen aspectos fundamentales que la legislación secundaria debería incluir y que, por la premura y exigencia de los plazos, se resolverán sin la seriedad y el estudio que las problemáticas demandan.

El artículo segundo transitorio estipula que a más tardar el 30 de abril de 2014 deberán expedirse las leyes que armonicen las disposiciones constitucionales. ¿Podemos esperar que en dos meses se obtenga una reglamentación secundaria de calidad, cuando no se ha recibido siquiera el proyecto de las mismas?

Aunado a lo previo, la reforma establece en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que las elecciones se realizarán el primer domingo de junio del año que corresponda, adelantando un mes lo previsto anteriormente.

Como consecuencia, el proceso electoral federal, que hasta antes de las modificaciones comenzaba en octubre, deberá iniciar en el mes de septiembre de este año, preservando así una temporalidad mínima de 9 meses.

Para poder aplicar las nuevas leyes a los procesos electorales con jornada comicial en 2015, es necesario que se respete un plazo de promulgación y publicación de por lo menos 90 días, lo cual obliga al legislador a aprobar la reglamentación secundaria a finales de mayo; es decir, se tienen ocho semanas para crear el nuevo marco que reglamentará la vida electoral en nuestro país ¿acaso es tiempo suficiente para tan importante tarea?

Desafortunadamente, este no es el único vicio que se presenta en la reforma. En el artículo 41, Base V, apartado A, quinto párrafo, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció que:

“La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución.”

En primer lugar, las propuestas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tienen el carácter de inconstitucionales por estar expresamente señalado en el artículo 102 que este órgano es incompetente tratándose de asuntos electorales.

En segundo lugar, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ni el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ni la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, cuentan con la experiencia en materia electoral como para designar a los miembros del Comité Técnico de Evaluación, organismo que funge como evaluador del cumplimiento de requisitos por parte de los aspirantes a cargos de consejeros electorales y que selecciona a los mejor evaluados.

Lo anterior se agrava al no existir elementos mínimos que deberán cumplir los miembros del comité; el único requisito impuesto es contar con “reconocido prestigio a nivel nacional”, lo cual traerá serias repercusiones en la designación de los candidatos, ya que se enfocarán más en juicios de valor que en aspectos técnicos.

Por otra parte, se contempla que la Junta de Coordinación Política es el organismo encargado de impulsar y privilegiar la construcción de acuerdos entre los grupos parlamentarios para seleccionar a los candidatos, con lo que se perpetúan las cuotas partidistas en la construcción del INE, tal como ocurría en el IFE.

Si se desea eliminar esta distorsión, es necesario que la designación de los funcionarios se realice por medio de la insaculación, ya que la conformación de las listas de candidatos prevé los requisitos mínimos que los candidatos deberán reunir.

¿Qué podemos hacer ante los vicios descritos? ¿Cómo podemos aminorar las deformaciones y retrocesos que la reforma significó para el sistema electoral mexicano?

En Movimiento Ciudadano denunciamos las inconsistencias presentadas, cuando las modificaciones en materia político-electoral se discutieron; no obstante, sabemos que nuestra labor no termina ahí, por lo contrario, es nuestro deber armonizar los ordenamientos vigentes, corregir las distorsiones y establecer criterios mínimos, con el afán de lograr un instituto que se deba a la ciudadanía y no a los partidos.

Derivado de lo anterior, someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que seadiciona un título quinto Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a los cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Único. Se adiciona un título quinto Comité Técnico de Evaluación de los aspirantes a los cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Título primero al título cuarto.. Título QuintoComité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a los Cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Capítulo Único

Artículo 65. De conformidad con lo establecido enel artículo 41, Base V, apartado A, quinto párrafo, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el instituto deberá nombrar, siguiendo los lineamientos establecidos en el acuerdo para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales emitido por la Cámara de Diputados, a dos personas de reconocido prestigio que integrarán el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a los Cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 66.Las personas nombradas por el instituto para integrar el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a los Cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, deberán cumplir y acreditar de manera fehaciente y oportuna los siguientes requisitos:

A)Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

B)Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía, vigente;

C)Tener más de treinta años de edad al día de la designación;

D)Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura, y contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral que les permitan el desempeño de sus funciones;

E)Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

F)Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la república por un tiempo menor de seis meses;

G)No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

H)No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

I) No ser secretario de estado, ni procurador general de la república, o de alguna otra entidad federativa; subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o de alguna entidad federativa; jefe de gobierno del Distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de gobierno o su equivalente a nivel local, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento, y

J)No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral, ni de su equivalente a nivel local, durante el último proceso electoral federal o local ordinario.

Texto vigente

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Título primero al título cuarto...

No existe correlativo

Reforma propuesta

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Título primero al título cuarto...

Título Quinto

Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a los Cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral

Capítulo Único

Artículo 65. De conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, quinto párrafo, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el instituto deberá nombrar, siguiendo los lineamientos establecidos en el acuerdo para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales emitido por la Cámara de Diputados, a dos personas de reconocido prestigio que integrarán el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a los Cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Artículo 66. Las personas nombradas por el instituto para integrar el Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a los Cargos de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, deberán cumplir y acreditar de manera fehaciente y oportuna los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

b) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía, vigente;

c) Tener más de treinta años de edad al día de la designación;

d) Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de nivel licenciatura, y contar con los conocimientos y experiencia en materia electoral que les permitan el desempeño de sus funciones;

e) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial;

f) Haber residido en el país durante los últimos dos años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República por un tiempo menor de seis meses;

g) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

h) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

i) No ser secretario de estado, ni procurador general de la república, o de alguna otra entidad federativa; subsecretario u oficial mayor en la administración pública federal o de alguna entidad federativa; jefe de gobierno del Distrito Federal, ni gobernador, ni secretario de gobierno o su equivalente a nivel local, a menos que se separe de su encargo con cuatro años de anticipación al día de su nombramiento, y

j) No ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral, ni de su equivalente a nivel local, durante el último proceso electoral federal o local ordinario.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, realizará las adecuaciones que resulten necesarias a su marco jurídico y normatividad interna, a fin de hacer efectivas las disposiciones del mismo.

Nota:

1. http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/menuitem.cdd858023b32d 5b7787e6910d08600a0/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2014.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Sonido en la curul del diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): Gracias, presidente. Para reiterar y adherirnos a la solicitud que hace el diputado Monreal, para que hoy que se cierra el registro de aspirantes ninguno de los cuatro consejeros electorales del IFE actual busquen reelegirse, toda vez que el descrédito de esta institución tiene que ver precisamente con su actuación. Y nosotros reiteramos que ni uno de los cuatro participe, para no viciar aún más el nacimiento del Instituto Nacional Electoral.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, Martin Luther King en uno de sus celebres discursos señaló: La esperanza de un mundo seguro y digno de ser vivido recae en los inconformistas.

Y precisamente si algo caracteriza al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta Cámara es nuestro inconformismo constructivo para transformar a México, inconformismo para defender la libertad en todas sus manifestaciones: de expresión, de elección, de decisión, para combatir la pobreza y la ignorancia, para revelarnos contra la corrupción y para contribuir al bienestar de la nación.

Los legisladores del Partido del Trabajo sí estamos inconformes con las arbitrarias reformas a la Constitución General de la República, porque si bien fueron impuestas violentando el propio procedimiento legislativo, éstas no han contribuido a detener el deterioro de nuestras instituciones, la opresión de los más débiles, el abuso del poder, la acepción de personas y día a día se profundiza en las comunidades la depauperación social por la falta de empleo, el incremento de la inflación, los bajos salarios y las escasas oportunidades de desarrollo para los jóvenes.

Lamentablemente la política no ha sido suficiente para encauzar al país en el camino del desarrollo social y el crecimiento económico, ahí están los indicadores a la vista de todos, y ello es así porque el interés supremo de quienes gobiernan ha sido solamente obtener el poder por el poder mismo; lograron recuperarlo para servirse de él, no para servir a México.

La ambición material desmedida de otros ha sido también el factor de desequilibrio social que ahonda las desigualdades, pues quienes detentan el poder económico y financiero en el país se niegan a invertir lo necesario para crear las fuentes de trabajo que tantas familias necesitan para subsistir y vivir con dignidad.

Muchas han sido desde el 5 de febrero de 1917 las enmiendas al texto constitucional con el afán de encontrar soluciones a los problemas de México, inclusive el Constituyente Permanente se ha atrevido a alterar los principios fundamentales consagrados en la Carta Magna, como recientemente hemos sido testigos de ello, prometiendo al pueblo beneficios económicos que difícilmente llegarán a quienes más lo necesitan.

Ahí están como ejemplo las enmiendas en materia de trabajo. Se nos aseguró que con ellas habría más y mejores empleos mejor remunerados, y el resultado es catastrófico. No hay creación de fuentes de empleo, la economía no crece y por lo tanto aumenta el cierre de negocios y en consecuencia el desempleo. El incremento al salario mínimo ya no digamos fue irrisorio, sino fue una burla a la clase trabajadora.

¿Qué nos ha traído la reforma fiscal? Solamente incremento de impuestos, inflación, más pobreza y angustia a las familias mexicanas. Se nos aseguró que con la reforma energética habría más gasolina, más barata y que los recibos de luz serían menos onerosos y no vemos para cuándo. Deberían siquiera darle un bajoncito, aunque sea chiquito, para que se las crean.

¿Qué recurso le queda al pueblo frente a estas arbitrariedades? Yo solamente veo dos; la protesta social de las masas y encauzar el inconformismo a través del derecho, y es precisamente en ese sentido que se sustenta la iniciativa que hoy someto a su consideración.

El artículo 8o constitucional contiene una garantía a favor de los gobernados denominada derecho de petición. Si los ciudadanos hacemos uso del derecho de solicitar algo a las autoridades, sean éstas que pertenezcan al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, éstas tienen la obligación de dar respuesta a los peticionarios, y si no lo hacen los ciudadanos tenemos la posibilidad de obligarlos a que nos den una respuesta a través del juicio de amparo.

Por lo tanto, los ciudadanos podemos someter a control constitucional a nuestras autoridades atendiendo a lo que dice la Constitución en el artículo 8o; dirigirnos de manera escrita a los funcionarios y empleados públicos, entre los que encontramos a los titulares de los órganos administrativos; a los mismos legisladores y sus propios órganos de gobierno; a los jueces y todos estamos obligados a dar una respuesta escrita a toda petición que formule, en breve término y hacerla del conocimiento de quien suscriba la petición de manera personal.

No dar respuesta a una petición ciudadana planteada por escrito es violatorio de la garantía del derecho de petición, y un juez de distrito puede obligar a cualquier autoridad de los tres Poderes a que le dé respuesta al ciudadano.

Si le concede el amparo y protección de la justicia federal, y si la autoridad señalada como responsable dentro del proceso constitucional se niega a cumplir con lo ordenado por el juez de distrito, puede llegarse inclusive a la destitución del servidor público y a su consignación por el delito de abuso de autoridad.

¿Qué sucede entonces si los ciudadanos tenemos tan efectivo instrumento constitucional a nuestro alcance para hacernos respetar por parte de las autoridades y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones? Que no hacemos uso de él, quizá porque lo desconocemos o tal vez porque se nos ha hecho creer que es un procedimiento complicado y que se requiere siempre de un abogado, o porque simplemente ignoramos cómo redactar una demanda de amparo por violación al artículo 8o constitucional y en dónde iniciarla.

Vale la pena destacar en esta exposición de motivos la importancia que reviste para la vida democrática del país lo que señala el propio artículo 8o constitucional en materia política. El precepto indica que en materia política sólo podemos hacer uso del derecho de petición los ciudadanos de la república, lo que significa que cualquier asunto relacionado con la política del país también puede ser sujeto de control constitucional, y para ejercer este derecho solamente necesitamos dirigir un escrito que reúna dos características: que se presente de manera pacífica y respetuosa.

Lo anterior indica que las autoridades responsables de los asuntos políticos del país ante los ciudadanos que les hagan alguna petición por escrito, el que ésta les responda de la misma forma; por escrito y también de manera pacífica y respetuosa.

En la práctica el uso del derecho de petición en materia política trae como consecuencia el que si un ciudadano desea escribirle al propio presidente de la República, al gobernador de su estado o al presidente municipal, a un diputado federal o local o a un senador o a cualquier otra autoridad política, ésta tiene la obligación constitucional de darle respuesta y esa respuesta tiene que ser como lo precisa la jurisprudencia; coherente, es decir que la respuesta a las peticiones ciudadanas no sean de mero trámite, sino que respondan verdaderamente al fondo de sus peticiones y al propio tiempo fundando y motivando la respuesta que recaiga a la petición formulada.

Precisamente como es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que establece que para que se considere como jurídicamente correcta una respuesta de la autoridad, ésta, además de ser por escrito debe ser coherente, además de fundada y motivada, y emitida por la autoridad competente.

Es entonces que someto a la consideración de esta soberanía incluir en el texto constitucional lo que consigna la jurisprudencia, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de esta reforma y lograr que las autoridades den respuesta a las solicitudes ciudadanas que reciban de manera integral. Es decir, cumpliendo con todos los requisitos que establece la jurisprudencia para que los órganos jurisdiccionales constitucionales consideren como correctamente atendida la petición ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito, coherente, fundado y motivado de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Magdalena Núñez Monreal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Artículo Octavo Constitucional al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Martin Luther King, en uno de sus célebres discursos señaló: “La esperanza de un mundo seguro y digno de ser vivido recae en los inconformistas”.

Y precisamente si algo caracteriza al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta Cámara es nuestro inconformiso constructivo para transformar a México. Inconformismo para defender la libertad en todas sus manifestaciones: de expresión, de elección, de decisión; para combatir la pobreza y la ignorancia; para rebelarnos contra la corrupción y para contribuir al bienestar de la nación.

Los legisladores del Partido del Trabajo si estamos inconformes con las arbitrarias reformas a la Constitución general de la República porque si bien fueron impuestas violentando el propio procedimiento legislativo, éstas no han contribuido a detener el deterioro de nuestras instituciones; la opresión de los más débiles, el abuso del poder, la acepción de personas y día a día se profundiza en las comunidades la depauperación social por la falta de empleo, el incremento de la inflación, los bajos salarios y las escasas oportunidades de desarrollo para los jóvenes.

Lamentablemente, la política no ha sido suficiente para encauzar al país en el camino del desarrollo social y el crecimiento económico, ahí están los indicadores a la vista de todos, y ello es así porque el interés supremo de quienes gobiernan ha sido solamente obtener el poder por el poder mismo, lograron recuperarlo para servirse de él, no para servir a México.

La ambición material desmedida de otros ha sido también el factor de desequilibrio social que ahonda las desigualdades, pues quienes detentan el poder económico y financiero en el país se niegan a invertir lo necesario para crear las fuentes de trabajo que tantas familias necesitan para subsistir y vivir con dignidad.

Muchas han sido desde el 5 de febrero de 1917 las enmiendas al texto constitucional con el afán de encontrar soluciones a los problemas de México, inclusive el Constituyente Permanente se ha atrevido a alterar los principios fundamentales consagrados en la Carta Magna, como recientemente hemos sido testigos de ello, prometiendo al pueblo beneficios económicos que difícilmente llegarán a quienes más lo necesitan.

Ahí están como ejemplo las enmiendas en materia de trabajo, se aseguró que con ellas habría más y mejores empleos, mejor remunerados y el resultado es catastrófico, no hay creación de fuentes de empleo, la economía no crece y por lo tanto aumenta el cierre de negocios y en consecuencia el desempleo. El incremento al salario mínimo ya no digamos fue irrisorio, fue una burla a la clase trabajadora.

¿Qué ha traído la reforma fiscal? Pues, solamente incremento de impuestos, inflación, más pobreza y angustia a las familias mexicanas.

Se aseguró que con la reforma energética habría gasolina más barata y que los recibos de luz serían menos onerosos y pues no vemos para cuando, siquiera deberían de darle un bajoncito, aunque sea chiquito para que nos la creamos.

Qué recursos le quedan al pueblo frente a estas arbitrariedades, pues yo solamente veo dos: la protesta social de las masas y encauzar el inconformismo a través del derecho.

Y es precisamente en ese sentido que se sustenta la iniciativa que hoy someto a su consideración.

El artículo octavo constitucional contiene una garantía a favor de los gobernados denominada derecho de petición.

Si los ciudadanos hacemos uso del derecho de solicitar algo a las autoridades, sean estas que pertenezcan al poder ejecutivo, legislativo o judicial y en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, el federal, estatal y municipal, éstas tienen la obligación de dar respuesta a los peticionarios y si no lo hacen, los ciudadanos tenemos la posibilidad de obligarlos a que nos den una respuesta a través del juicio de amparo.

Por lo tanto, los ciudadanos podemos someter a control constitucional a nuestras autoridades, atendiendo a lo que dice la Constitución en el artículo octavo: dirigirnos de manera escrita a los funcionarios y empleados públicos, entre los que encontramos a los titulares de los órganos administrativos, a los mismos legisladores y sus propios órganos de gobierno, a los jueces, y todos,  estamos obligados a dar una respuesta escrita a toda petición que se formule, en breve término y hacerla del conocimiento de quien suscriba la petición de manera personal.

No dar respuesta a una petición ciudadana planteada por escrito es violatorio de la garantía del derecho de petición y un juez de distrito puede obligar a cualquier autoridad, de los tres poderes, a que  le dé respuesta al ciudadano, si le concede el amparo y protección de la justicia federal y, si la autoridad señalada como responsable dentro del proceso constitucional se niega a cumplir con lo ordenado por el juez de distrito puede llegarse inclusive a la destitución del servidor público y a su consignación por el delito de abuso de autoridad.

¿Qué sucede entonces, si los ciudadanos tenemos tan efectivo instrumento constitucional a nuestro alcance para hacernos respetar por parte de las autoridades y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones?

Pues que no hacemos uso de él, quizás porque lo desconocemos, o tal vez porque se ha hecho creer que es un procedimiento complicado y que se requiere siempre de un abogado, o porque simplemente ignoramos cómo redactar una demanda de amparo por violación al artículo octavo constitucional y en donde iniciarla.

Vale la pena destacar en esta exposición de motivos, la importancia que reviste para la vida democrática del país, lo que señala el propio artículo octavo constitucional en materia política.

El precepto indica que, en materia política, sólo podemos hacer uso del derecho de petición los ciudadanos de la República, lo que significa que cualquier asunto relacionado con la política del país también puede ser sujeto de control constitucional y para ejercer este derecho solamente necesitamos dirigir un escrito que reúna dos características: que se presente de manera pacífica y respetuosa.

Lo anterior implica para las autoridades responsables de los asuntos políticos del país ante los ciudadanos que les hagan alguna petición por escrito, el que éstas les respondan de la misma forma, por escrito y también de manera pacífica y respetuosa.

En la práctica, el uso del derecho de petición en materia política trae como consecuencia el que si un ciudadano desea escribirle al propio presidente de la República, al gobernador de su Estado, al presidente municipal, a un diputado federal o local, y a un senador, o a cualquier otra autoridad política, ésta tiene la obligación constitucional de darle respuesta y esa respuesta tiene que ser como lo precisa la jurisprudencia: coherente, es decir, que la respuesta a la peticiones ciudadanas no sean de mero trámite, sino que respondan verdaderamente al fondo de sus peticiones, y al propio tiempo fundando y motivando la respuesta que recaiga a la petición formulada.

Precisamente, como es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que establece que para que se considere como jurídicamente correcta una respuesta de la autoridad ésta además de ser por escrito debe ser coherente, además de fundada y motivada y emitida por autoridad competente, es que someto a la consideración de esta soberanía incluir en el texto constitucional lo que consigna la jurisprudencia, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de esta reforma y lograr que las autoridades den respuesta a las solicitudes ciudadanas que reciban de manera integral, es decir, cumpliendo con todos los requisitos que establece la jurisprudencia para que los órganos jurisdiccionales constitucionales consideren como correctamente atendida una petición ciudadana.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa siguiente con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito, coherente, fundado y motivado, de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Dado en el recinto parlamentario de San Lázaro, a 6 de febrero de 2014.— Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Leonor Romero Sevilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales.

La diputada Leonor Romero Sevilla:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados y diputadas, me presento a nombre de la Comisión Especial de Programas Sociales para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En México la política social debe incluir aquellas acciones públicas cuya finalidad explícita sea la de contribuir a elevar el bienestar social de la población. La ciudadanía en general merece la atención inmediata de sus necesidades, sin importar su color, credo, situación económica, o algún distintivo que induzca a la discriminación, en especial aquella población que no tiene acceso a los satisfactores más apremiantes para saldar las necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar.

Los programas sociales en México son el medio que tiene el Estado para distribuir los recursos y satisfacer las necesidades que la población en general demanda. Por lo tanto, debemos asegurar que los programas sociales sirvan para lo que han sido creados, lograr que la ciudadanía cumpla los requisitos de cada uno de ellos, disfrute y tenga acceso a estos apoyos para satisfacer sus necesidades.

En México, la política social y las políticas públicas son esquemas diseñados con una visión, con tendencia unilateral por parte del gobierno, ya que se soslayan aspectos esenciales que perjudican a la sociedad, que es princialmente el objetivo para lo que fueron creadas, descuidando aspectos, como lo es la simplicidad en las reglas de operación.

La complejidad de las reglas de operación no se limita solamente a la heterogeneidad en el orden de sus numerales de contenido, sino que se agudiza al encontrar que existen reglas de operación que contienen hasta seis programas sociales y sus distintos componentes en un solo documento, resultando publicaciones con más de 400 páginas en una sola sección, razón por lo que la población objetivo encuentra complicada la interpretación de los contenidos.

Muchas veces las dependencias ejecutoras de programas sociales al elaborar los proyectos para las respectivas reglas de operación no toman en cuenta los principios dictados en diferentes ordenamientos para que las reglas de operación sean simples y precisas, con el objeto de facilitar la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos y operación de los programas.

Pero el problema no termina ahí, sino que los dictámenes regulatorios que emite la Cofemer no tienen carácter vinculatorio, lo que permite que las observaciones que ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía les hace llegar a las dependencias, por medio de dichos dictámenes, no contribuyan a la mejora contínua, por lo que los contenidos de las reglas de operación no son corregidos antes de su publicación, de tal manera que las dependencias sólo cumplen con conseguir un dictamen regulatorio, que aunque le señala observaciones para atender, de todas formas esa situación no impide su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo tanto, así como es necesario que las reglas de operación, desde que son anteproyectos, sean elaboradas con altos índices de simplicidad, es imperante que las dependencias que las confeccionan cuenten con contenidos de homogeneidad y asuman la obligación de atender las observaciones que la Cofemer consigne a los dictámenes regulatorios correspondientes.

De aprobarse la presente iniciativa, que muestra las acciones necesarias para contribuir y hacer de las reglas de operación de los programas sociales documentos que verdaderamente cumplan con principios de simplicidad y fácil interpretación por parte de la población objetivo, de paso estaremos eliminando o abatiendo un porcentaje alto de actos de corrupción, intermediarismo y abonando al principio de transparencia en la aplicación de los recursos.

Además de que al volver obligatoria la atención de las observaciones que la Cofemer realiza por medio de los dictámenes regulatorios correspondientes a las dependencias que operan programas sociales y elaboran sus reglas de operación, estaremos coadyuvando a la mejora contínua de los procedimientos administrativos que intervienen en los procesos antes descritos. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de programas sociales

Los diputados José Francisco Coronato Rodríguez, Ruth Zavaleta Salgado, José Alejandro Montano Guzmán, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Leonor Romero Sevilla, Cristina Olvera Barrios, Jessica Salazar Trejo, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Carol Antonio Altamirano, Angelina Carreño Mijares, Víctor Serralde Martínez, Darío Badillo Ramírez, Alma Marina Vitela Rodríguez y Juan Francisco Cáceres de la Fuente, presidente, secretarios e integrantes, respectivamente, de la Comisión Especial de Programas Sociales en la LXII Legislatura, de conformidad con la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Toda política social debe ser una decisión construida a partir de la convergencia de las capacidades institucionales del Estado y las demandas y aspiraciones de la sociedad que requiere de satisfactores de bienestar general. Esta decisión está estrechamente determinada por el modelo de desarrollo que planifica el Estado mismo.

Por lo tanto la política social, debe incluir aquellas acciones públicas cuya finalidad explícita será la de contribuir a elevar el bienestar social de la población y a eliminar todos los obstáculos para el logro de éste fin, asimismo toda política social se expresa en leyes, reglamentos, planes, metas normas y disposiciones estratégicas que deben reconocer la deuda social histórica, que el Estado tiene con la población y el derecho que la población tiene para demandar los satisfactores a sus necesidades.

Sin embargo, es común observar que a la aplicación de medidas de ajuste estructural le acompañan políticas sociales y programas sociales remediativos que no buscan resolver el “problema social” de fondo, como los que se aplican para atender a los sectores más pobres de la sociedad, es decir los tradicionalmente excluidos. Son programas de carácter netamente paliativo, asistencialista y compensatorio. Estos programas tienen la finalidad de amortizar los efectos perturbadores que los ajustes estructurales económicos tienen sobre la población.

Los programas sociales clasificados como Universales, deben atender a los ciudadanos que tengan cierta condición o cumplan ciertas características para ser beneficiarios del impacto del programa social. Entendiéndose aquí que el beneficio está dirigido a todos los integrantes de una población que mantengan una o varias características específicas que los convierte en posibles candidatos para recibir los apoyos que se otorgan por medio de programas sociales.

En México la ciudadanía en general, merece la atención inmediata de sus necesidades sin importar su color, clero, situación económica o algún distintivo que induzca a la discriminación, en especial aquella población que no tiene acceso a los satisfactores más apremiantes para saldar las “necesidades humanas y los derechos básicos que todos los individuos del planeta deberían poder disfrutar: ausencia de hambre y pobreza extrema; educación de buena calidad, empleo productivo y decente, buena salud y vivienda; el derecho de las mujeres a dar a luz sin correr peligro de muerte; y un mundo en el que la sostenibilidad del medio ambiente sea una prioridad, y en el que tanto mujeres como hombres vivan en igualdad”.

Los Programas Sociales en México, son el medio que tiene el Estado para distribuir los recursos para satisfacer las necesidades que la población en general demanda en su legítimo derecho que les asiste el ser integrantes de nuestra sociedad.

Según cifras del Coneval con información del INEGI, en base a los indicadores dados por las dimensiones denominadas: Ingreso Corriente per cápita, Rezago educativo, Acceso a servicios de salud, Acceso a seguridad social, Calidad y espacios de la vivienda, Acceso a servicios básicos en la vivienda, Acceso a la alimentación y grado de cohesión social; existen 25.3 millones de personas con carencia por acceso a los servicios de salud, 15.9 millones de personas con carencia por calidad y espacios en la vivienda y 23.5 millones de personas con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo según metodologías del propio Coneval, situación que presenta una área de oportunidad para que por medio de los subsidios entregados a través de diferentes programas sociales sean atendidos y subsanar las necesidades de esa población. Por lo que se configuran los grados de vulnerabilidad de acuerdo al número de carencias de las que son objeto los miembros de esa población y por lo tanto, se convierten en población objetivo de dichos programas sociales.

Actualmente, debemos asegurarnos que los Programas Sociales sirvan para lo que han sido creados y lograr que la ciudadanía que cumpla con los requisitos de cada uno de ellos, disfrute y tenga acceso a estos apoyos para satisfacer sus necesidades y asegurar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados para tal fin.

Por otro lado, cuando los discursos alrededor de la democracia abunda en los distintos sectores de la política; en un México donde se presume que los procesos electorales se realizan libremente; donde la firma de tratados internacionales y las propias leyes internas luchan por buscar el bienestar humano más allá de intereses egoístas, existen casos documentados en los que se ha condicionado el apoyo a las personas, obligando a éstas a votar o realizar acciones en pro de algún candidato o partido político en particular.

El uso indebido de los programas sociales es un problema que debe ser erradicado. Es fundamental que estos programas puedan desarrollarse libremente, sin que se lucre con ellos y que se permita a la sociedad y población en general que encuentren el camino fácil y claro para poder tener acceso a los subsidios sin condiciones ni trampas de ninguna especie.

Asimismo, en México, la política social y políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, por medio de los subsidios entregados vía programas sociales, son esquemas diseñados con una visión con tendencia unilateral por parte del gobierno; ya que se soslayan aspectos esenciales que perjudican a la sociedad que es potencialmente objetivo para lo que fueron creadas, descuidando aspectos como lo es la simplicidad en las reglas de operación y con esto provocando la heterogeneidad en los formatos de contenido de las mismas, lo que dificulta verdaderamente la interpretación por parte de la ciudadanía, de los documentos que contienen las reglas correspondientes.

Lo anterior, es una situación que incentiva la intervención en muchos de los casos por no decir que en la mayoría, de intermediarios que se aprovechan de la ciudadanía que no cuenta con la experiencia previa en este tema o con los recursos intelectuales necesarios para interpretar documentos complejos y en algunos casos con un porcentaje alto de ambigüedad.

Y por otra parte desalienta en buena medida, a la población objetivo, para seguir con la búsqueda del acceso a los apoyos ofrecidos por este medio.

La complejidad de las reglas de operación no se limita solamente a la heterogeneidad en el orden de sus numerales, sino que se agudiza al encontrar que existen hasta 6 programas sociales y sus distintos componentes, en un solo documento resultando publicaciones en el diario oficial de la Federación de reglas de operación con más de 400 páginas en una sola sección.

Lo anterior, encuentra sus causas en que las Dependencias ejecutoras de programas sociales al elaborar los proyectos para las respectivas reglas de operación, no toman en cuenta los principios dictados en diferentes ordenamientos en función de la obligación de que las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y operación de los programas con la finalidad de generar las condiciones de simplicidad, fácil acceso y entendimiento para los beneficiarios, para que posteriormente, sean sometidas al dictamen regulatorio por parte de la Comisión de Mejora Regulatoria que permita la publicación de las mismas en el Diario Oficial de la Federación.

Pero el problema no termina ahí sino que los dictámenes regulatorios que emite la Cofemer, no tienen carácter vinculatorio, lo que permite que las observaciones que ese órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía les hace llegar a las dependencias por medio de dichos dictámenes, no contribuyan a la mejora continua por lo que los contenidos de las reglas de operación no son corregidos antes de su publicación, de tal manera, que las dependencias solo cumplen con conseguir un dictamen regulatorio que aunque les señala observaciones para atender, de todas formas esa situación no impide su publicación en el diario oficial de la Federación.

Por lo tanto, así como es necesario que las reglas de operación desde que son anteproyectos sean elaboradas con altos índices de simplicidad, es imperante que las dependencias que las confeccionan en principio cuenten con ciertos contenidos de homogeneidad, y asuman la obligación de atender las observaciones que la Cofemer consigne en los dictámenes regulatorios correspondientes, de tal manera que sea condición la atención de dichas observaciones para continuar con el proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente motivado y fundado, sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Primero.- Se reforma la fracción VIII y se adicionan las fracciones IX y X así como la adición de un segundo párrafo al artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 69-E.-

I a la VI...

VII.Expedir, publicar y presentar ante el Congreso de la Unión un informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Comisión y los avances de las dependencias y organismos descentralizados en sus programas de mejora regulatoria;

VIII. Dictaminar las Reglas de operación a que se refiere el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, verificar su observancia;

IX. Aplicar sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de esta ley y demás ordenamientos aplicables a la materia, en el ámbito de su competencia; y

X. Las demás que establecen esta ley y otras disposiciones.

Para el despacho de los asuntos que correspondan a su competencia, la comisión podrá, en todo momento, solicitar a las dependencias y entidades sujetas a la aplicación del Título Tercero A de esta ley, la evidencia que contribuya a la emisión de disposiciones transparentes, que generen máximo beneficio para la sociedad, procurando el eficiente y oportuno intercambio de información, considerando los principios de economía, claridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, en el cumplimiento de sus objetivos y metas.

Artículo Segundo. Se adicionan un tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno párrafos al artículo 77, recorriéndose en su orden los demás párrafos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 77. ...

...

I. ...

II. ...

Los datos básicos de cada programa deberán de aparecer invariablemente en los primeros numerales de cada regla de operación con el fin de homogenizar los conceptos de contenido, por lo que además de los datos a los que se refiere la fracción II de este artículo, los conceptos que se deberán incluir al principio de cada regla de operación y el orden que deberán guardar son los siguientes:

1. Introducción

2.

2Antecedentes

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

3.2 Objetivos Específicos

4. Lineamientos

5. Fechas de apertura y cierre de ventanilla

6. Requisitos del programa

7. Igualdad de Género

8. Transparencia

9. Quejas y Denuncias

10. Glosario de términos

Una vez que se hayan especificado los conceptos anteriormente listados con su respectivo desglose, se deberá especificar las particularidades de cada programa y el desarrollo de los numerales y contenido a que haya lugar a criterio de cada dependencia ejecutora cuidando utilizar lenguaje común hasta donde sea posible.

Con el fin de coadyuvar a la facilidad de interpretación, las reglas de operación se deberán emitir de forma individual por cada programa social evitando en la medida de lo posible elaborar documentos en los que se incluyan varios programas a la vez.

Las dependencias coordinadoras de sector, en su caso y las entidades no coordinadas, deberán atender las recomendaciones que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en términos del dictamen regulatorio a que se refiere la fracción II de éste artículo previa publicación de la reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación.

La Cámara de Diputados, a través de las comisiones ordinarias que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación en los términos de éste artículo. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de éste artículo.

En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el último día hábil de febrero de cada año, con excepción de aquellos años en que exista el cambio de sexenio en el que deberá de ser el último día del mes de marzo, se entenderá como opinión favorable.

El Ejecutivo federal, por conducto de las dependencias a cargo del programa sujeto a reglas de operación correspondiente, dará respuesta a la Cámara de Diputados en un plazo que no excederá de 30 días naturales posteriores a la recepción de la opinión respectiva, realizando las adecuaciones que procedan.

Nota: los tres últimos párrafos propuestos, se encuentran consignados en la fracción II del artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2013.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 González, Lissette (1996), “Política Social en Venezuela”, Curso de Formación Sociopolítica. 31

2 Stahl Karin (1994),“Política Social en América Latina. La Privatización de la Crisis”.  53-54

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de febrero de 2014.— Diputados: José Francisco Coronato Rodríguez, Ruth Zavaleta Salgado, José Alejandro Montano Guzmán, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Leonor Romero Sevilla, Cristina Olvera Barrios, Jessica Salazar Trejo, Héctor Hugo Roblero Gordillo, Carol Antonio Altamirano, Angelina Carreño Mijares, Víctor Serralde Martínez, Darío Badillo Ramírez, Alma Marina Vitela Rodríguez, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Tanya Rellstab Carreto, Erick Marte Rivera Villanueva, Francisca Elena Corrales Corrales, Mariana Dunyaska García Rojas, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Martha Edith Vital Vera, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Germán Pacheco Díaz, Felipe de Jesús Muñóz Kapamas, Carlos Sánchez Romero, Roberto Ruiz Moronatti, José Angelino Caamal Mena, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Eloy Cantú Segovia, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, Verónica Carreón Cervantes, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Verónica Sada Pérez, Mario Alberto Dávila Delgado, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Raquel Jiménez Cerrillo, María Carmen López Segura, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Juan Luis Martínez Martínez, José Soto Martínez, José Pilar Moreno Montoya, Dora María Guadalupe Talamantes Lemas, Lucila Garfias Gutiérrez, Martha Beatriz Córdova Bernal, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Alberto Díaz Trujillo, Joaquina Navarrete Contreras, Aida Fabiola Valencia Ramírez, Aída Ramírez Torres, Gabriel de Jesús  Cárdenas Guízar, Martha Leticia Sosa Govea, Patricia Guadalupe Peña Recio, Nelly del Carmen Vargas Pérez, María Elia Cabañas Aparicio, Ernesto Núñez Aguilar, Gabriela Medrano Galindo, Leticia López Landero, Gerardo Peña Avilés, Graciela Saldaña Fraire, Juan Carlos Uribe Padilla, Adán David Ruiz Gutiérrez, María Fernanda Schroeder Verdugo, Xavier Azuara Zúñiga, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Eufrosina Cruz Mendoza,  Jorge Rosiñol Abreu, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, María Beatriz Zavala Peniche (rúbricas).»

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 234 y 236 del Código Penal Federal.

La diputada Sonia Rincón Chanona:La definición del hombre como un ser que trabaja debe cambiarse por la del hombre como un ser que desea. Octavio Paz.

Con su venia, diputado presidente. Estimadas diputadas y diputados, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, inciso a), fracción I, dice: el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Como podemos explicar a las personas que están y que han estado en la cárcel por muchos años injustamente que las leyes mexicanas tienen como objetivo primordial salvaguardar los derechos de la gente inocente, cuando en ocasiones la falta de especificación en esa misma ley protectora es la que se encarga de privarles de su libertad.

Recordemos el caso de la señora Esperanza Reyes Aguillón, condenada a más de 5 años de cárcel por pagar involuntariamente con un billete falso, por comprar un cuaderno para las tareas de su hija.

Experiencias de injusticia como ésta no son únicas. Recordemos también el caso sonado de David Herrera Martínez, del municipio de Ocotlán, Jalisco, quien adquirió un sombrero de paja de 70 pesos y pagó con un billete de 500. Fue detenido y acusado del delito de uso de moneda falsa. De nada sirvió que explicara que ese billete se lo dio un cliente que le compró mariscos por la mañana.

El 30 de noviembre de 2011 el juez quinto de distrito en materia penal en el estado de Jalisco lo sentenció a 5 años de prisión, pena que purga en el centro penitenciario de Puente Grande, un penal de máxima seguridad. El señor Herrera sigue en prisión injustamente.

Según cifras del Banco de México, cerca de 80 mil personas al año en el país son víctimas de los falsificadores, porque de alguna manera llegan a tener un billete falso en sus manos, así que de no modificar el Código Penal Federal se continuarán llenando las cárceles de gente inocente.

Cuando una persona no sabe que tiene en sus manos un billete falso y quiere pagar con él en cualquier lugar está cometiendo un delito, toda vez que los artículos 234 y 236 del Código Penal establecen una pena de 5 a 12 años de prisión, hasta 500 días de multa a quien use o circule monedas o billetes falsos.

La propuesta de reforma al Código Penal Federal que presento es que se exima de esa sanción a las personas que no hayan tomado las medidas necesarias para verificar la autenticidad del billete. Con esta modificación estaremos dando justicia a las personas que por circunstancias ajenas a ellos, como los casos que he mencionado anteriormente, son encarcelados por años sin ser culpables de tal delito.

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Artículo único. Se modifica el párrafo cuarto del artículo 234 y el párrafo primero del artículo 236 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 234, párrafo cuarto. La pena señalada en el primer párrafo de este artículo también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada, salvo a quien no haya tomado las medidas pertinentes para verificar la autenticidad de la moneda.

Artículo 236, primer párrafo. Se impondrá prisión de cinco a 12 años y hasta 500 días de multa al que altere moneda, igual sanción se impondrá al que a sabiendas circule moneda alterada, salvo a quien no haya tomado las medidas pertinentes para verificar la autenticidad de la moneda. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 234 y 236 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, diputada Federal Sonia Rincón Chanona, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifican el párrafo cuarto del artículo 234 y el párrafo primero del artículo 236 del Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, inciso A, fracción I, dice “el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”.

Como podemos explicar a las personas que están y que han estado en la cárcel por muchos años injustamente, que las leyes mexicanas tienen como objetivo primordial  salvaguardar los derechos de la gente inocente, cuando en ocasiones esa misma ley protectora es la que se encarga de privarles de su libertad.

Recordemos el caso de la señora Esperanza Reyes Aguillón, condenada a más de 5 años de cárcel por pagar con billete falso.

La señora Reyes es una mujer que no terminó la primaria; que pasó toda su infancia en un rancho del municipio de la huasteca potosina; vivió todo el tiempo con sus padres y su hermana hasta que se casó a los 32 años; poco después fue abandonada por el esposo; tiene dos hijos, su hija tiene una discapacidad mental; es una trabajadora doméstica que gana 500 pesos a la semana.

La señora no es una asesina serial, ni una narcotraficante, ni líder de una banda de roba coches, ni una sicaria, ni lava dinero, ni le roba al fisco; tampoco ha secuestrado a alguien, ni es una funcionaria malversadora de millones de pesos.

Aun así, estuvo presa durante dos años de cinco en total que recibió como sentencia, once meses de esos dos años de cárcel los pasó en las Islas Marías. Fue detenida por dos agentes de la policía, en respuesta a la llamada de la dueña de una papelería cercana a su casa, porque intentó pagar un cuaderno para las tareas de su hija con un billete de cien pesos que resultó falso. Para esta mujer no hubo miramientos ni tardanzas en la aplicación de la ley. Por el delito de uso de moneda falsa se le encontró culpable. Fue sentenciada por un delito que cometió, no obstante que ella fue una víctima de las circunstancias.

Finalmente, el miércoles 29 de enero pasado, la comisión dictaminadora del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación aprobó dejar en libertad anticipada a la señora Esperanza Reyes.

Casos de injusticia como éste no son únicos, recordemos también el caso sonado de David Herrera Martínez, del municipio de Ocotlán, Jalisco, quien adquirió un sombrero de paja de 70 pesos y pagó con un billete de 500, fue detenido y acusado del delito de uso de moneda falsa, de nada sirvió que explicara que ese billete se lo dio un cliente que le compró mariscos por la mañana.

El 30 de noviembre de 2011, el juez quinto de distrito en materia penal en el estado de Jalisco lo sentenció a 5 años de prisión, pena que purga en el centro penitenciario de Puente Grande, un penal de máxima seguridad.

El 4 octubre de 2012, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en Jalisco, confirmó la sentencia. El Tribunal Federal estimó que era irrelevante que el sentenciado declaró que no sabía que se trataba de un billete falso.

El caso del señor Herrera no ha contado con la misma suerte de la señora Reyes, porque él sigue en prisión injustamente.

Según cifras del Banco de México, cerca de 80 mil personas al año en el país son víctimas  de los falsificadores, porque de alguna manera llegan a tener un billete falso en sus manos, así que, de no modificar el Código Penal Federal, mañana se continuará llenando las cárceles de gente inocente.

Las personas tenemos que hacer compras todos los días, desde amas de casa, hasta los grandes empresarios, lo que nos lleva a tener que manejar diariamente billetes desde 20 pesos hasta los de 1000 pesos.

Hoy día no es fácil reconocer los billetes falsos, aún cuando el Banco de México ha hecho esfuerzos significantes para instalar marcas en los billetes para evitar su falsificación, no obstante, los delincuentes falsificadores hacen todo lo posible para dejarlos lo más parecidos, cosa que hace muy difícil que la gente ordinaria pueda identificar con facilidad un billete falso.

Argumentos

El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entró en vigor el once de junio de dos mil once, establece: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Dicha porción normativa contiene un derecho reconocido a los gobernados consistente en un principio de interpretación tanto conforme con los derechos humanos contemplados por la propia Constitución, como aquellos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, siempre en busca de lo más favorable para la persona.

No obstante lo anterior, tal derecho es un principio de interpretación pro persona que implica que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de acuerdo con la propia Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, constituyendo así, una herramienta hermenéutica para lograr la efectiva protección de los gobernados en relación, siempre, con un derecho humano que se alegue vulnerado.

Esto es, si bien es cierto que tal principio interpretativo está reconocido en nuestra Constitución, también lo es que no es válido sostener su vulneración o transgresión autónoma, pues ésta siempre habrá de referirse al contenido y alcance de diverso derecho humano.

En tales condiciones, es insuficiente que se invoque como argumento para estimar que el acto reclamado transgrede un derecho humano, el que no se observó el principio pro persona o se omitió llevar a cabo una interpretación conforme, pues tal expresión no puede ser, por sí sola, suficiente para estimar que se violó un derecho humano, sino que es necesario que se vincule con la vulneración de un derecho de esa naturaleza contenido en nuestra Constitución o en un tratado internacional que haya sido ratificado por nuestro país a efecto de que la autoridad jurisdiccional proceda a analizar si se da tal transgresión para, en su caso, proceder a realizar una interpretación conforme o en aplicación del control de convencionalidad atendiendo a lo que más favorezca al agraviado.

Para el caso que nos ocupa, cuando una persona no sabe que tiene en sus manos un billete falso y quiere pagar con él, en cualquier lugar, está cometiendo un delito, toda vez que en los  artículo 234 y 236 del Código penal federal establece una pena de 5 a 12 años de prisión y hasta quinientos días multa, a quien use o circule monedas o billetes falsos.

Esta misma sanción se aplica para quien lo produzca o lo almacene. Es precisamente aquí donde se encuentra la injusticia, porque ¿cómo se puede castigar de la misma forma a una persona que produzca o almacene los billetes falsos?, quienes son realmente los autores del delito de falsificación y son los que se enriquecen ilícitamente;  a diferencia de estos delincuentes, la gente ordinaria quien tiene en sus manos un billete, pero que no sabe que es falso, se convierte en una víctima del delito, ya que ellos han obtenido de una manera honesta lo equivalente a ese billete y por causas ajenas a ellos ahora poseen un billete falso y su implicación judicial.

La propuesta de reforma al Código Penal Federal que presento, es que se exima de esa sanción a las personas que no hayan tomado las medidas necesarias para verificar la autenticidad del billete, es decir, si una persona paga con un billete falso, pero no tuvo la precaución de revisarlo, a esta persona no se le aplicará las sanciones de ir a la cárcel y de pagar una multa por pagar con ese billete.

Con esta modificación, estaremos dando justicia a las personas que por circunstancias ajenas a ellos, como los casos que he mencionado anteriormente, son encarcelados por años sin ser culpable de tal delito.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública.

Decreto

Artículo Único. Se modifican el párrafo cuarto del artículo 234 y el párrafo primero del artículo 236 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Decimotercero Falsedad Capítulo I Falsificación, alteración y destrucción de moneda

Artículo 234. Al que cometa el delito...

Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo...

Comete el delito de falsificación de moneda...

La pena señalada en el primer párrafo de este artículo, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada , salvo a quien no haya tomado las medidas pertinentes para verificar la autenticidad de la moneda.

Artículo 236. Se impondrá prisión de cinco a doce años y hasta quinientos días multa al que altere moneda. Igual sanción se impondrá al que a sabiendas circule moneda alterada , salvo a quien no haya tomado las medidas pertinentes para verificar la autenticidad de la moneda.

Para los efectos de este artículo se entiende que...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 marzo de 2014.— Diputados: Sonia Rincón Chanona, Felipe Arturo Camarena García, Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Martha Edith Vital Vera, Aída Ramírez Torres, Patricia Guadalupe Peña Recio, Gabriela Medrano Galindo, María Elia Cabañas Aparicio, Ernesto Núñez Aguilar, Rosalba de la Cruz Requena, Alma Marina Vitela Rodríguez, Adán David Ruiz Gutiérrez, Graciela Saldaña Fraire, Sonia Catalina Mercado Gallegos, Marcelo Garza Rubalcaba, Juan Isidro del Bosque Márquez, José Pilar Moreno Montoya, Genaro Ruiz Arriaga, Lucila Garfias Gutiérrez, Dora María Guadalupe Talamantes Lemas, María Elena Cano Ayala, Josefina Salinas Pérez, Joaquina Navarrete Contreras, Víctor Manuel Jorrín Lozano, Aída Fabiola Valencia Ramírez, Verónica Carreón Cervantes, Alma Jeanny Arroyo Ruíz, Jorge del Ángel Acosta, Elizabeth Vargas Martín del Campo, María Carmen López Segura, Mayra Karina Robles Aguirre, Zita Beatriz Pazzi Maza, Gaudencio Hernández Burgos, Noé Hernández González, Leonor Romero Sevilla, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Germán Pacheco Díaz, Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, Carlos Sánchez Romero, Roberto Ruiz Moronatti, Gerardo Xavier Hernández Tapia, Rocío Adriana Abreu Artiñano, José Angelino Caamal Mena, David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbricas).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal.

El diputado Javier López Zavala:Gracias, señor presidente. Con su venia, compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta alta tribuna a presentar iniciativa que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, para separar el delito de falsificación de moneda del de intento de circulación de moneda falsa y a proponer excluyente del delito para que no se repitan casos como el de Esperanza Reyes Aguillón, quien recientemente recibió un indulto presidencial.

Todos conocimos por los medios de comunicación de casos de personas que fueron juzgadas por comprar artículos con billetes falsos. Sin embargo, coincidimos que el tema central es que la defensa no fue la adecuada y que la ley sanciona del mismo modo a quien fabrica, distribuye o circula billetes o monedas falsas.

La mayoría de tipos penales establecido en el Código Penal Federal, cuenta con agravantes, atenuantes y excluyentes del delito, como refieren diferentes autores de la teoría del delito. Sin embargo, en la circulación de moneda falsa no es suficientemente claro el tipo y la sanción que se puede registrar como excesiva, aun si la persona no tiene el dolo o la mala fe y menos el conocimiento de que está realizando una conducta ilícita.

El artículo 234 del Código Penal Federal vigente refiere que comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público por ser confundibles con monedas emitidas legalmente.

Sanciona a quien cometa ese delito en grado de tentativa de cuatro a ocho años de prisión y hasta 300 días de multa. Esta misma pena también se impondrá a quien a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.

El caso de Esperanza Reyes, que en el 2011 fue condenada a cinco años de cárcel por intentar usar un billete falso de 100 pesos, y que recibió la libertad anticipada por indulto presidencial, fue el caso más sonado en los medios de comunicación. Esta mujer, de escasos recursos, que no sabe leer ni escribir, quiso pagar una libreta en una papelería con un billete falso. La historia todos la conocemos. Lo grave es que solamente tuvo una mala defensa o simplemente un desconocimiento de la ley y fue a dar a la cárcel.

Podemos ver que existe un vacío legal, ya que según datos periodísticos, en México hay 196 personas en la cárcel por hacer circular billetes falsos, aunque de éstos en 176 de los casos los acusados intentaron distribuir más de tres billetes apócrifos. Entonces podemos deducir en estos datos periodísticos que 20 personas se encuentran actualmente en una situación similar a la de Esperanza.

Estos casos menores no deberían de ser considerados un delito, simplemente deberían establecer que el billete se cancela, por eso estoy considerando agregar al Código Penal Federal causales de exclusión del delito como son:

Primero. Que la persona no haya sido juzgada por el mismo delito.

Segundo. Que la moneda que haya intentado circular sea notoriamente deteriorada a causa de su circulación previa.

Tercero. Que la persona tenga diagnosticada alguna discapacidad física o mental que no le permita verificar la autenticidad de la moneda.

Cuarto. Que la persona se encuentre en condición de vulnerabilidad por condición económica o social, a fin de que en estos actos no vuelvan a suceder casos como los que actualmente están expuestos en los medios de comunicación.

Sin embargo no son todos, y podemos decir que muchas personas inocentes actualmente se encuentran bajo proceso o son extorsionadas en las agencias del ministerio público con cifras negras que todavía no las conocemos.

Porque es algo muy común que recibamos en alguna operación comercial algún billete falso y sin percatarnos lo utilicemos para pagar en otro establecimiento, sin embargo no por ello somos falsificadores ni delincuentes.

Por eso hago esta invitación y someto a consideración de esta honorable asamblea, y considero de vital importancia darle elementos al juzgador para que él determine en qué casos hay dolo y en qué caso fue simplemente un error y pueda destruirse el billete, y que la sanción para quien no obtuvo el aseo, el cuidado de revisar ese billete, sea solamente la destrucción del mismo y no la cárcel.

En caso de que el asunto llegue a los tribunales, su defensa cuente con elementos excluyentes del delito. Que no haya ni una sola persona inocente en la cárcel por una ley imprecisa. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 234 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del PRI

Javier López Zavala, integrante de la LXII Legislatura, y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 234 del Código Penal Federal, a fin de que se clarifique el delito de circulación de moneda falsa y se consideren excluyentes del delito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En últimos días, todos conocimos por los medios de comunicación casos de personas que fueron juzgadas por comprar artículos con billetes falsos, sin embargo coincidimos que el tema central es que la defensa no fue la adecuada y que la ley sanciona del mismo modo a quien fabrica, distribuye y circula billetes o monedas falsas.

En materia penal, el juzgador debe apegarse a la literalidad de la ley, sin embargo quienes elaboramos o reformamos las leyes, debemos darles elementos para que su criterio al juzgar pueda separar el dolo o la afectación que cada una de estas acciones tienen.

La mayoría de tipos penales establecidos en el Código Penal Federal cuenta con agravantes, atenuantes y excluyentes del delito, como refieren diferentes autores de la teoría del delito. Sin embargo la circulación y de moneda falsa no es suficientemente claro el tipo y la sanción se puede registrar como excesiva, si la persona no tiene el dolo o la mala fe y menos el conocimiento de que está realizando una conducta ilícita.

El artículo 234 del Código Penal Federal vigente refiere que comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente.

Sanciona a quien cometa este delito en grado de tentativa, de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa. Esta misma pena también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.

Podemos ver que existe un vacío legal, ya que según datos periodísticos de la página animal político, en México hay 196 personas en la cárcel por hacer circular billetes falsos, aunque de estos en 176 de los casos los acusados intentaron distribuir más de tres billetes apócrifos.

El caso de Esperanza Reyes Aguillón, quien en 2011 fue condenada a 5 años de cárcel por intentar usar un billete falso de 100 pesos y que recibió la libertad anticipada por un indulto del presidente Enrique Peña Nieto, fue el que más sonó en los medios de comunicación.

Esta mujer de escasos recursos, que no sabe leer ni escribir, quiso pagar una libreta en una papelería con un billete falso. La historia la conocemos, la encargada avisó a la policía y Esperanza fue condenada por tener una “actitud sospechosa” y mostrarse nerviosa en cuanto llegaron los agentes.

Estos casos menores no deberían de ser considerados un delito, simplemente debería establecerse que el billete se cancela, por ello estoy considerando agregar al Código Penal Federal, causales de exclusión del delito, como son

I. Que la persona no haya sido juzgada y sentenciada por algún delito similar;

II. Que la moneda que haya intentado circular se vea notoriamente deteriorada a causa de su circulación previa y que se trate de una sola moneda la que se intentara circular;

III. Que la persona tenga diagnosticada alguna discapacidad física o mental que no le permita verificar la autenticidad de la moneda; y

IV. Que la persona se encuentre en condición de vulnerabilidad por condición económica o social.

A fin de que no vuelvan a suceder casos como los que actualmente están expuestos en los medios de comunicación, sin embargo, no son todos y podemos decir que muchas personas inocentes actualmente se encuentran en la cárcel, porque es algo muy común que recibamos en alguna operación comercial algún billete falso y que sin percatarnos lo utilicemos para pagar en otro establecimiento, sin embargo no por ello somos falsificadores ni delincuentes.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en la fracción III y el primer párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 234 del Código Penal Federal

Único.Se reforma y adiciona el artículo 234 del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 234.Al que cometa el delito de falsificación de moneda se impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.

Se entiende por moneda para los efectos de este capítulo, los billetes y las piezas metálicas, nacionales o extranjeros, que tengan curso legal en el país emisor.

Comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.

Se impondrán de 3 a 8 años al que a sabiendas circule moneda falsa. Para los efectos de este artículo, se entiende que circula moneda falsa a quien de manera dolosa, utiliza monedas falsas para el pago de alguna actividad.

Para la aplicación de las sanciones del párrafo anterior, no se considerará que alguien circule moneda falsa, cuando se verifiquen dos o más de las siguientes circunstancias.

I. Que la persona no haya sido juzgada y sentenciada por algún delito similar;

II. Que la moneda que haya intentado circular se vea notoriamente deteriorada a causa de su circulación previa y que se trate de una sola moneda la que se intentara circular;

III. Que la persona tenga diagnosticada alguna discapacidad física o mental que no le permita verificar la autenticidad de la moneda; y

IV. Que la persona se encuentre en condición de vulnerabilidad por condición económica o social.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de febrero de 2014.— Diputados: Javier López Zavala, María del Rocío Corona Nakamura (rúbricas).»

Presidencia del diputado Ricardo Anaya Cortés

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Javier López Zavala. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

La diputada Adriana González Carrillo:Muchas gracias, presidente. Antes de iniciar la presentación de mi iniciativa, quiero reconocer su liderazgo y su servicio a la nación durante el ejercicio de su presidencia, compañero Ricardo Anaya. Muchas felicidades.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputada.

La diputada Adriana González Carrillo: En nombre de los compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional vengo a presentar iniciativa para modificar el artículo 4o., de nuestra Constitución, para incluir la pensión a personas con discapacidad, así como la creación del registro nacional que clasifique esa discapacidad y pueda apoyarse según corresponda.

La atención a personas con discapacidad tradicionalmente se ha enfocado en el aspecto de salud de los individuos a través de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Sin embargo Naciones Unidas hace ya varios años propuso un enfoque distinto al poner en el centro del debate la inclusión social de este grupo de la población.

Con ello se genera una visión más amplia de lo que deben incluir las políticas dedicadas a las personas con discapacidad las cuales, además de los servicios de salud y rehabilitación,  incluyan el acceso a la asistencia social, educación y empleo.

Asimismo dentro de este concepto se incluye a todos los actores involucrados en la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a la sociedad; se reconoce a la familia tanto como medio de soporte económico, como de apoyo en el cuidado y la rehabilitación.

Las redes sociales conforman el siguiente círculo de apoyo que muchas veces son vínculos informales y otras son instituciones establecidas dentro de la sociedad civil.

La sociedad en su conjunto tiene un papel muy importante para la inclusión de este grupo de la población, al evitar la discriminación y favorecer una efectiva inclusión en los distintos ámbitos sociales como son los espacios públicos y de esparcimiento, así como en escuelas y centros de trabajo.

Como reconoce la ONU. y especialmente la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre Discapacidad, esta condición genera costos económicos y sociales para las personas, familias, comunidades y naciones.

Por ello resulta fundamental trabajar en dos frentes, el primero, el económico, buscando compensar a las familias por los costos adicionales que enfrentan; y el social, buscando una mayor conciencia en la población para evitar la discriminación y favorecer la inclusión en la sociedad.

Esta iniciativa incluye particularmente esos dos elementos que cita el informe de la OMS. En dicho informe una de las propuestas que se hace es apoyar a este grupo de la población a través de programas de transferencias monetarias condicionadas. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud elaborada por la OMS ha permitido clasificar a las personas en cinco grupos de discapacidad, además de incluir en cada uno de ellos el grado de independencia que puedan tener estas personas, de acuerdo a la severidad del problema.

En varios países esta clasificación, además de ser una herramienta para los servicios de salud, se ha empleado en compañías de seguros, esquemas de seguridad social, sistemas laborales, educación, política social, legislación y modificaciones urbanas.

En México, a pesar de que la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad instruye al gobierno federal para que se expidan cédulas que contengan esta clasificación, en la práctica no se ha llevado a cabo.

La información de las personas con discapacidad en el mundo es muy variada, tanto por distintas formas de clasificar este grupo poblacional como por los procesos demográficos y sociales de cada país.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2012, en México el porcentaje de personas con discapacidad era de 5.1 por ciento de la población. La discapacidad que se presenta con mayor frecuencia es la de caminar o moverse, que es el 58 por ciento, seguida de la discapacidad visual, del 27 por ciento, y la incapacidad de comunicarse o escuchar, del 21.3 por ciento.

Las principales causas de la discapacidad son las adquiridas ya sea por alguna enfermedad, por avanzada edad o accidente, mientras que las provocadas desde el nacimiento sólo representan el 16.3 por ciento de los casos.

La distribución por edad de las personas con discapacidad es muy importante, ya que la intervención requerida es distinta. En 2010 el 41 por ciento de las personas con discapacidad tenía más de 60 años y otro 33 por ciento entre 30 y 59 años. Este fenómeno obliga a que la atención se concentre en la prevención de enfermedades y accidentes, así como en la readaptación social y laboral de estas personas.

Al analizar la incidencia de pobreza entre las personas con discapacidad, se observa que en los hogares donde se encuentran estas personas aumenta la probabilidad de estar en situación de pobreza en 4 por ciento respecto a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.

Quienes tienen mayor porcentaje de personas en pobreza son los hogares con presencia de alguna persona que no puede poner atención o aprender, seguido de los que no pueden escuchar y quienes no pueden atender su propio cuidado personal. Estos grupos tienen a más del 59 por ciento de los hogares en situación de pobreza.

Por un lado, la situación de discapacidad genera gastos adicionales en las familias de este grupo de la población, además de demandar mayor tiempo de cuidado, lo que a su vez provoca que tanto ellos como sus familiares dediquen menor tiempo a trabajar, lo que reduce aún más el ingreso disponible de las familias.

El promedio de horas destinado al cuidado de familiares cuando los hogares tienen algún miembro con discapacidad puede llegar a ser igual que cuando hay niños menores de seis años —34 horas a la semana— o adultos mayores, 24 horas semanales.

En cambio, en hogares donde no hay niños menores de 6 años ni personas mayores de 65 el promedio de horas semanales dedicado al cuidado es de 18 horas.

La Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con el Banco Mundial, en el Informe Mundial sobre la Discapacidad propone a los países la creación de programas de transferencias monetarias condicionadas para las personas con discapacidad.

En México este tipo de programas han sido ejemplo a nivel internacional. Sin embargo, las personas con discapacidad no han sido consideradas dentro de ellos. Por ello se propone que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, lleve a cabo un programa con estas características, y en justicia especialmente a quienes más lo necesitan y siendo solidarias con las personas que tienen una persona entre sus miembros con alguna discapacidad. Es urgente y necesario que consideremos esta reforma constitucional para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias, señor presidente, y nuevamente muchas felicidades.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana González Carrillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La atención a personas con discapacidad tradicionalmente se ha enfocado en el aspecto de salud de los individuos, a través de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.  Sin embargo, Naciones Unidas hace ya varios años propuso un enfoque distinto al poner en el centro del debate la inclusión social de este grupo de la población.  Con ello, se genera una visión más amplia de lo que deben incluir las políticas dedicadas a las personas con discapacidad, las cuales además de los servicios de salud y rehabilitación incluyen el acceso a asistencia social, educación y empleo.

Asimismo, dentro de este concepto se incluye a todos los actores involucrados en la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a la ciudad.  Busca empoderar a las personas que sufren esta condición poniéndolas como actores fundamentales de las decisiones que los involucran, tanto a nivel privado como público.  Por otro lado, se reconoce a la familia tanto como medio de soporte económico como de apoyo en el cuidado y la rehabilitación.  Las redes sociales conforman el siguiente círculo de apoyo que muchas veces son vínculos informales y otras son instituciones establecidas dentro de la sociedad civil.  La sociedad en su conjunto tiene un papel muy importante para la inclusión de este grupo de la población al evitar la discriminación y favorecer una efectiva inclusión en los distintos ámbitos sociales como son los espacios públicos y de esparcimiento así como escuelas y centros de trabajo.

Como reconoce la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre la Discapacidad, esta condición genera costos económicos y sociales para las personas, familias, comunidades y naciones.  Por ello resulta fundamental trabajar en los dos frentes: el económico buscando compensar a las familias por los costos adicionales que enfrentan y el social buscando mayor conciencia en la población para evitar la discriminación y favorecer la inclusión en la sociedad.  En dicho informe una de las propuestas que se hacen es apoyar a este grupo de la población a través de programas de transferencias monetarias condicionadas.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que las personas con discapacidad pueden realizar productivamente casi cualquier tipo de trabajo, en un ambiente adecuado.  Sin embargo, las personas con discapacidad en edad de trabajar registran tasas de ocupación considerablemente menores.  Ello se debe a numerosos factores como la falta de acceso a la educación y capacitación profesional, la falta de acceso a recursos financieros, la falta de accesibilidad en el lugar de trabajo y la percepción de los empleadores acerca de la discapacidad. Éstos son puntos que retoman las recomendaciones del documento para promover la inclusión de las personas con discapacidad.  Por ejemplo, el informe defiende a la educación inclusiva como esquema más adecuado para prestar asistencia a la mayoría de los niños con discapacidad y evitar que queden aislados de sus familias y comunidades.

La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud elaborada por la Organización Mundial de la Salud ha permitido clasificar a las personas en 5 grupos de discapacidad además de incluir en cada uno de ellos el grado de independencia que pueden tener estas personas de acuerdo a la severidad del problema.  En varios países esta clasificación además de ser una herramienta para los servicios de salud se ha empleado en compañías de seguros, esquemas de seguridad social, sistemas laborales, educación, política social, legislación y modificaciones urbanas. En México, a pesar de que la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad instruye al gobierno federal para que se expidan cédulas que contengan esta clasificación en la práctica no se ha llevado a cabo.

La información de las personas con discapacidad en el mundo es muy variada tanto por las distintas formas de clasificar a este grupo poblacional como por los procesos demográficos y sociales de cada país.  Un porcentaje elevado de esta población es mayor a 60 años, por lo que en los países con mayor envejecimiento también hay más personas con discapacidad, como es el caso de Canadá, Estados Unidos, Alemania y España donde entre 8.5 y 15 por ciento de la población se encuentra en esta situación.  En México, este porcentaje es de alrededor de 5  por ciento de la población y se incrementará a medida que aumente la edad promedio de la población.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 el porcentaje de personas con discapacidad en México era de 5.1 por ciento de la población.  La discapacidad que se presenta con mayor frecuencia es la imposibilidad de caminar o moverse (58 por ciento), seguida de la discapacidad visual (27 por ciento) y la incapacidad de comunicarse o escuchar (21.3 por ciento).  Las principales causas de la discapacidad son las adquiridas ya sea por alguna enfermedad, por edad avanzada o accidente mientras que las provocadas desde el nacimiento sólo representan el 16.3 por ciento de los casos.

La distribución por edad de las personas con discapacidad es muy importante ya que la intervención requerida es distinta.  En 2010, el 41 por ciento de las personas con discapacidad tenía más de 60 años y otro 33 por ciento tiene entre 30 y 59.  Este fenómeno obliga a que la atención se concentre en la prevención de enfermedades y accidentes así como en la readaptación social y laboral de estas personas.

Al analizar la incidencia de pobreza entre las personas con discapacidad se observa que en los hogares donde se encuentran estas personas aumenta la probabilidad de estar en situación en pobreza en 4 por ciento respecto a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.  Quienes tienen mayor porcentaje de personas en pobreza son los hogares con presencia de alguna persona que no puede poner atención o aprender, seguido de los que no pueden escuchar  y quienes no pueden atender su propio cuidado personal, estos grupos tienen a más del 59 por ciento de los hogares en situación de pobreza.

Por un lado, la situación de discapacidad genera gastos adicionales en las familias de este grupo de la población además de demandar mayor tiempo de cuidado, lo que a su vez provoca que tanto ellos como sus familiares dediquen menor tiempo a trabajar lo que reduce aún más el ingreso disponible de las familias.  El promedio de horas destinado al cuidado de familiares cuando los hogares tienen algún miembro con discapacidad puede llegar a ser igual que cuando hay niños menores de 6 años (34 horas semanales) o adultos mayores (24 horas semanales).  En cambio, en hogares donde no hay ni niños menores a 6 años ni personas mayores a 65 el promedio de horas semanales dedicado al cuidado es sólo de 18.

Por otro lado, el acceso a empleos de estas personas es muy escaso.  La población económicamente activa sin ningún tipo de discapacidad es de 47 por ciento, mientras que este porcentaje es entre 8 por ciento y 36 por ciento dependiendo el tipo de discapacidad.  Una de las causas fundamentales de esta situación es la menor, ya que las personas entre 6 y 59 años de edad con discapacidad que no tienen instrucción oscila entre el 8 por ciento y el 53 por ciento, mientras que para el resto de la población este porcentaje es sólo de 3 por ciento.

Los aspectos que dificultan la inclusión de estas personas son tanto físicos como sociales.  La falta de adaptación física y tecnológica de los espacios públicos, recreativos, educativos y laborales dificulta la inserción en actividades productivas.  Asimismo, la discriminación es una constante que sufre este grupo de la población tanto por parte de autoridades y empleadores como por compañeros escolares y laborales.

En México, al igual que en el resto del mundo, en la atención a personas con discapacidad ha predominado la visión de la salud y la rehabilitación.  Los años ochenta marcan el inicio formal de la atención a las personas con discapacidad a partir de la promulgación de la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social y la creación del Programa de Rehabilitación siendo el Sector Salud el responsable de esta atención.

A partir del 2001 comienza la transformación hacia un criterio de inclusión social con la creación del Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis)  y la promulgación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sin embargo, esta visión no se ha consolidado ya que orgánicamente el tema siguió siendo parte de la Secretaría de Salud.

Con la aparición del Conadis se buscó ampliar el ámbito de acción al designarle la tarea de coordinación interinstitucional en la materia, velando por la no discriminación y el acceso a políticas sociales, educativas y laborales.  Sin embargo, esta coordinación ha sido escasa, en parte por estar adscrito a la Secretaría de Salud y en parte a la falta de recursos financieros y humanos.

La política del Conadis de 2007 a 2012 se basó en dos programas:

• Programa de Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana.

Este programa ha tenido algunos avances para la atención de este grupo de la población, sin embargo, no se hicieron programas similares para otro tipo de discapacidades.

• Programa de Atención Integral a la Salud de Personas con Discapacidad

La mayoría de las acciones que integra este programa están incluidas en otros programas de salud púbica.

El enfoque de ambos programas ha sido de salud, por lo que puede decirse que el Conadis no cumplió los objetivos para los que fue creado que estaban basados en el concepto de inclusión social.

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social ha considerado a las personas con discapacidad como un grupo vulnerable más dentro de sus programas ordinarios sin tomar en cuenta las necesidades particulares de estas personas.  Hoy en día existen programas de asistencia social para distintos grupos de la población donde las personas con discapacidad quedan fuera.  Para fomentar la permanencia escolar y la prevención en materia de salud de las personas en pobreza Oportunidades otorga transferencias en efectivo condicionadas.  Las personas mayores de 65 años reciben asistencia económica regular para ayudar a su cuidado y manutención.  Las madres trabajadores reciben apoyo para mandar a sus hijos pequeños a estancias infantiles mientras ellas trabajan.  Sin embargo, para las personas con discapacidad y sus familias no existe ningún programa que permita compensar los gastos adicionales en los que incurren estas familias ni el tiempo destinado a su cuidado.

La Organización Mundial de la Salud conjuntamente con el Banco Mundial en el Informe Mundial Sobre la Discapacidad proponen a los países la creación de programas de transferencias monetarias condicionadas para las personas con discapacidad.  En México este tipo de programas han sido ejemplo a nivel internacional, sin embargo, las personas con discapacidad no han sido consideradas dentro de ellos. Por ello se propone que el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social lleve a cabo un programa con estas características.

Si bien cada tipo de discapacidad necesita cosas distintas, en todos los casos las familias incurren en gastos adicionales.  En algunos casos se necesitan terapias físicas o aprendizaje de elementos particulares; en otros se requiere acceso a herramientas tecnológicas o de apoyo físico; en otros más es necesario el cuidado profesional o familiar.  Estos aspectos son variables de acuerdo a la edad de las personas con discapacidad, el tipo de discapacidad, el arreglo familiar e incluso la localidad en la que habitan.  Lo que es común es que en todos los casos existen gastos adicionales que disminuyen el poder adquisitivo de las familias.

Las transferencias monetarias para las personas con discapacidad ayudarían a compensar los gastos adicionales que realizan estas familias y permitiría que fueran los propios afectados quienes decidieran el mejor destino de estos recursos de acuerdo a sus necesidades más urgentes.  Algunas de las cosas a las que podría contribuir este beneficio son:

• Acceso a bienes, tecnología y servicios específicos para cada tipo de discapacidad.

• Compensar los gastos de cuidado derivados de la disminución de las actividades laborales de los familiares que realizan estas actividades.

• Pago de personas encargadas del cuidado o instituciones de apoyo.

• Terapias de rehabilitación o para el aprendizaje de habilidades especiales.

• Aprendizaje de herramientas que faciliten el acceso a educación regular.

• Acceso a programas de capacitación laboral especializados.

• Apoyo en el gasto en transporte.

Un aspecto importante de los programas de transferencias monetarias es la corresponsabilidad que adquieren los beneficiarios al momento de recibir el apoyo.  Se considera que en este caso también deben existir elementos de corresponsabilidad, como son:

• Asistencia a pláticas de nutrición y cuidado de la salud, así como a consultas médicas.  Si bien esto puede considerarse que no es un elemento particular del tipo de condición, se ha visto que este grupo poblacional recibe menor atención médica en general, por lo que se considera relevante que tengan un cuidado integral de salud.

• Asistencia a terapias físicas o aprendizaje de elementos particulares ya sea en instituciones de salud, del DIF, organizaciones de la sociedad civil u otros.

• Asistencia a escuelas regulares.  La Ley General de Educación establece que las escuelas deben ser inclusivas, permitiendo la entrada de personas con cualquier tipo de discapacidad con la finalidad de que estas personas se integren a la sociedad y se fomente la tolerancia por parte de compañeros y autoridades escolares.  Se reconoce que este aspecto requiere capacitación específica para los docentes así como herramientas pedagógicas especiales, sin embargo se debe presionar para que el espíritu de la ley se cumpla.

• Asistencia a cursos específicos para la utilización de herramientas tecnológicas, metodológicas o físicas que faciliten la incorporación a escuelas regulares o a otros cursos de capacitación.

• Asistencia a cursos de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  Uno de los programas que han sido evaluados positivamente por el Coneval ha sido el de capacitación e inclusión laboral del gobierno federal, por ello, se sugiere que las personas con discapacidad accedan a estos cursos.

• Asistencia tanto de las personas con discapacidad como de sus familiares a grupos de ayuda de la secretaría de salud, DIF, organizaciones de la sociedad civil u otros.

Se sugiere que el programa tenga dos vertientes de apoyo monetario:

1. Apoyo monetario bimestral de compensación a los gastos recurrentes y periódicos.  Por razones de equidad en la seguridad social se sugiere que este monto sea igual al que reciben las personas del programa 65 y más (1,050 pesos bimestrales).

2. Apoyo de una única vez para la adquisición de herramientas físicas o tecnológicas que faciliten la movilidad en los espacios públicos así como la inserción de los individuos en las escuelas y centros de trabajo.  Se sugiere que este monto sea variable para cada tipo de discapacidad y exista una lista de productos a los que se puede acceder como son el software para personas invidentes, sillas de ruedas, aparatos auditivos, entre otros.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) es el instrumento coordinador intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia.  Sin embargo, a partir de su creación ha estado adscrito a la Secretaría de Salud y ha tenido tanto una estructura orgánica como presupuesto raquíticos, lo cual le ha impedido cumplir sus funciones de coordinación.  Se exhorta al gobierno federal a resectorizar este Consejo a la Secretaría de Desarrollo Social, institución que de acuerdo a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene la atribución de “fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad”.  Asimismo, se exhorta a reforzar este organismo con una estructura humana y recursos suficientes para poder llevar a cabo su encargo de forma adecuada.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad prevé la creación de un sistema de Clasificación Nacional de Discapacidades que no ha sido realizado.  Sin embargo, para la operación de este programa será necesario implementar dicho sistema con el fin de identificar a los beneficiarios del Programa.  Se sugiere que el Conadis cree procedimientos adecuados para que distintas instituciones puedan proveer estos certificados ya sea que dependan del DIF, de la Secretaría de Salud o de Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en la atención de personas con discapacidad.

Este programa deberá proveer vínculos entre las personas con discapacidad y los centros de rehabilitación, instituciones de salud u organizaciones de la sociedad civil.  Para ello, se exhorta al gobierno federal a tener actualizado un directorio de estas instituciones y promover su vinculación con el fin de generar esquemas de atención integral y complementaria entre las distintas instituciones.  Esta vinculación será indispensable para poder promover una inclusión efectiva de las personas con discapacidad a las escuelas regulares así como a los centros de trabajo.

El programa deberá mantener una estrecha relación con el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (Conapred) para promover el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y evitar la discriminación en la prestación de servicios.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Articulo 4o El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

El Estado garantizará los derechos de los adultos mayores; y de las personas con discapacidad; velará por que reciban servicios de salud; y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad. Establecerá mecanismos de prevención y sanción de todo tipo de violencia o discriminación en su contra.

Los adultos mayores y las personas con discapacidad tendrán el derecho a recibir una pensión para apoyar sus gastos básicos de manutención durante la vejez, las personas incluidas en el Registro Nacional con discapacidad tendrán derecho a una pensión según la clasificación de su discapacidad, en los términos que determinen las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de febrero de 2014.— Diputados: Adriana González Carrillo, Luis Alberto Villarreal García, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Juan Pablo Adame Alemán, Damián Zepeda Vidales, María Guadalupe Mondragón González, Margarita Saldaña Hernández, Flor de María Pedraza Aguilera, María  Beatriz Zavala Peniche, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Martha Leticia Sosa Govea, José Martín López Cisneros, Fernando Rodríguez Doval, José Arturo Salinas Garza, Isaías Cortés Berumen, Carla Alicia Padilla Ramos, Sergio Augusto Chan Lugo, María Carmen López Segura, Angélica Rocío Melchor Vásquez, Ricardo Medina Fierro, Tomás López Landero,  Patricia Guadalupe Peña Recio, María Elia Cabañas Aparicio, Ernesto Núñez Aguilar, Gabriela Medrano Galindo, Rosalba de la Cruz Requena, Sonia Catalina Mercado Gallegos, José Angelino Caamal Mena, Rocío Adriana Abreu Artiñano, David Cuauhtémoc  Galindo Delgado, Eloy Cantú Segovia, Alma Jeanny Arroyo Ruíz,  Verónica Carreón Cervantes, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Raquel Jiménez Cerrillo, Eligio Cuitláhuac González Farías, Alma Marina Vitela Rodríguez, Adán David Ruiz Gutiérrez, Lizbeth Loy Gamboa Song, María Fernanda Schroeder Verdugo, Mónica García de la Fuente (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada. Adriana González Carrillo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

LEY DE INVERSION EXTRANJERA - LEY DEL MERCADO DE VALORES

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores.

El diputado Víctor Manuel Bautista López:Con su permiso, diputado Presidente. Honorable asamblea: diferentes medios de comunicación, entre los cuales destaca el New York Times, han investigado la comisión de hechos de corrupción que involucran a funcionarios del corporativo Walmart de México.

Se ha tratado del uso de sobornos para que funcionarios públicos de nuestro país falsifiquen documentos que forman parte de los requisitos legales para la integración de expedientes de gestión para la instalación de tiendas comerciales de ese corporativo en zonas restringidas por la legislación local. Lo que ocurrió en el caso de la construcción y funcionamiento de una tienda en Teotihuacán, estado de México.

Conocemos de esas reprobables acciones por el empeño de los medios de comunicación que han dado seguimiento a los casos, documentando las acciones y difundiendo las investigaciones emprendidas en los Estados Unidos de América, así como las sanciones impuestas en aquella nación, lo que lamentablemente contrasta con las nulas consecuencias jurídicas en nuestro país.

Estos actos de corrupción muestran la activa participación de los más altos mandos del corporativo aquí y en el extranjero. La asignación permanente de recursos en su presupuesto para la comisión de esas conductas, la lentitud con que se implementan mecanismos internos de corrección e inhibición de dichas acciones, y lo más importante, las nulas consecuencias esos actos.

Que en el mejor de los casos podrían ser sancionados de manera individual afectando a los agentes directos que lo cometen, pero no a quienes se ven finalmente beneficiados por los negocios realizados como consecuencia de las prácticas de corrupción.

Las acciones de los agentes de las empresas trasnacionales no pueden limitarse simplemente a su calificación como acciones aisladas de cohecho, soborno y corrupción, tipificadas penalmente y con alcances individuales, ya que su propia naturaleza conduce a identificar a esos sucesos como una afectación clara al desempeño honrado de la función pública, principio esencial del régimen democrático del país, lo que debilita la vigencia del estado de derecho en su conjunto, y como consecuencia afecta a la soberanía nacional, principios constitucionales todos.

A lo anterior debemos agregar otros actos realizados también por los agentes de las trasnacionales beneficiados por las acciones gubernamentales, y que en más de una ocasión han provocado la reacción de las personas y comunidades afectadas directamente con la instalación de establecimientos. Personas y comunidades que se han organizado para exigir el imperio de la ley, el respeto a sus derechos y la congruencia de la autoridad con los principios que norman el desarrollo y que han reconocido legalmente.

Además de las operaciones iniciales de corrupción y cohecho, los consorcios internacionales han recurrido a otras prácticas, financiadas también con cuantiosos recursos para enfrentar a los críticos de sus acciones indebidas, otorgando toda clase de apoyos a autoridades auxiliares y grupos sociales cuya afinidad es literalmente comprada, motivándolas así para que manifiesten el apoyo social a los proyectos de las empresas extranjeras y se opongan por todos los medios y no en pocas ocasiones, incluso, a través de enfrentamientos físicos a las protestas ciudadanas que ejercen sus derechos al denunciar los actos iniciales de corrupción.

Estas operaciones evidentemente debilitan la paz de la sociedad, afectan la seguridad y con motivos e intereses del capital extranjero, fomentan la división y discordia de los mexicanos, teniendo como tema de confrontación la realización de hechos de corrupción de autoridades para expedir permisos o licencias a los que la empresa legalmente no tendría derecho o no podría acceder.

Por lo que dichas conductas constituyen una afectación al pleno ejercicio de derechos humanos reconocidos en nuestro país como los de petición, manifestación, organización de toda clase de asuntos y particularmente en temas del orden público, y en los casos más graves se atenta contra la dignidad, la integridad y la vida de las personas.

A pesar de que estas no son acciones aisladas e individuales, sino que forman parte de la planeación financiera de la empresa, permite advertir que no se trata exclusivamente de un asunto entre particulares, sino que las repercusiones de dichos actos tienden a debilitar principios esenciales en la organización del Estado nacional, como el respeto al derecho a las personas, la probidad de nuestros funcionarios públicos, el estado de derecho en su conjunto, pilares esenciales del estado constitucional de derecho.

La presente iniciativa no pretende impulsar un nacionalismo hueco y sin sustancia que se oponga a las tendencias de libertades que rigen en el mercado. No se trata de imponer restricciones. Pero sí enfatiza la necesidad de reconocer que las inversiones extranjeras que se autoricen al constituirse como sociedades bursátiles son sujetas y deben apegarse su actuación a la legislación nacional.

De ningún modo se pretende imponer cargas, gravámenes u obstáculos a la inversión, pero sí precisar la obligación de respetar los principios constitucionales antes señalados y cuya vulneración constituye una afectación directa a la seguridad nacional en su conjunto, lo que debiera ser en realidad la seguridad de las personas que constituimos a la nación mexicana.

Es importante destacar que la obligación de observar y respetar las disposiciones legales de un país receptor es un imperativo incluso para los agentes diplomáticos, según lo establece el artículo 41 de la Convención de Viena de 1961, por lo que si aún las personas a las que dicho ordenamiento internacional otorga privilegios e inmunidad deben respetar dichos ordenamientos, cuanto más la inversión extranjera, a los que se otorgan plenas libertades y menores decisiones en su circulación, pero no privilegios o inmunidades que sólo reconocen para los representantes oficiales de las naciones.

Lo que se pretende obtener con la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores es otorgar plena certidumbre a la inversión extranjera en el sentido de señalar que en el país se les reconoce, se les protege y que las instituciones públicas fomentan la adopción de medidas que garantizan plenamente su establecimiento, su desarrollo y sus ganancias, como lo son: el propio imperio de la ley, el efectivo combate a la corrupción, la estabilidad en el funcionamiento de las instituciones públicas, elementos valorados en los diferentes estudios y mediciones de la competitividad en nuestras entidades federativas y del país.

Mientras que la posible comisión de prácticas de corrupción genera un efecto perverso en las empresas al encarecer las propias inversiones y sobre el Estado en su conjunto al debilitar a las instituciones democráticas y erosionar las condiciones de competitividad. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Inversión Extranjera, y del Mercado de Valores, a cargo del diputado Víctor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72, 73, fracciones XIV y XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el suscrito, diputado Víctor Manuel Bautista López, y los diputados adherentes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la honorable LXII Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Diferentes medios de comunicación internacionales, entre los cuales destaca The New York Timeshan realizado acuciosas investigaciones, a las que la prensa nacional ha dado especial seguimiento, vinculadas con la comisión de hechos de corrupción que involucran a funcionarios del corporativo WalMart de México.

El fondo de las investigaciones se centra en el uso de sobornos para que funcionarios públicos de nuestro país, incluso falsifiquen documentos que forman parte de los requisitos legalmente establecidos para la integración de los expedientes de gestión para la instalación de tiendas comerciales de este corporativo en zonas restringidas por la legislación local, lo que ocurrió en el caso de la construcción y funcionamiento de una tienda de dicha cadena en el municipio de Teotihuacán, estado de México.

Debe destacarse que la opinión pública conoce de estas reprobables acciones por el empeño que los medios de comunicación, internacionales y de nuestro país, que han dado seguimiento a los casos, documentado las acciones y difundido las investigaciones emprendidas en los Estados Unidos de América así como las sanciones impuestas en aquella nación, lo que lamentablemente contrasta con las nulas consecuencias jurídicas que dichas acciones han tenido en México.

Lo que las investigaciones han permitido advertir no sólo es la realización de estos actos de corrupción sino la activa participación de los más altos mandos del corporativo en nuestro país y en el extranjero, la asignación permanente de recursos en su presupuesto de funcionamiento para la comisión de estas conductas, la lentitud con que se implementan mecanismos internos de corrección e inhibición de dichas acciones y, lo más importante, las nulas consecuencias a estos actos que, en el mejor de los casos, podrían ser sancionados de manera individual afectando a los agentes directos que los cometen pero no a quienes se ven finalmente beneficiados por los negocios realizados como consecuencia de las prácticas de corrupción.

Al valorar este tipo de graves irregularidades debemos señalar que los hechos cometidos por los agentes de las empresas transnacionales no pueden limitarse simplemente a su calificación como acciones aisladas de cohecho, soborno y corrupción, tipificadas penalmente y con alcances individuales, ya que su propia naturaleza conduce a identificar las conductas en su propia y especial connotación.

La realización de estos sucesos, financiados y auspiciados por el consorcio internacional, tendientes a obtener licencias, permisos o dictámenes de impacto ambiental, a los que legalmente no tendría derecho, como en el caso de Teotihuacán o incluso a modificar Planes de Desarrollo Urbano o Regional, como ha ocurrido en otros casos, alentados por el otorgamiento de beneficios económicos directos para los funcionarios públicos, afectando así el desempeño honrado de la función pública, principio esencial del régimen democrático del país, lo que debilita la vigencia del estado de derecho en su conjunto y tiene como consecuencia la afectación de la soberanía nacional, elementos que forman parte de los principios constitucionalmente definidos.

A lo anterior debemos agregar que los actos posteriores que realizan las transnacionales beneficiadas por las acciones gubernamentales, conseguidas como resultado de los acontecimientos individuales de corrupción y cohecho que han fomentado, en más de una ocasión han provocado la reacción de las personas y comunidades afectadas directamente por la instalación de tiendas o establecimientos. Personas y comunidades que se han organizado para exigir el imperio de la ley, el respeto a sus derechos y la congruencia de la autoridad con los principios que norman el desarrollo y que se han reconocido legalmente.

Además de las operaciones iniciales de corrupción y cohecho, los consorcios internacionales han recurrido a otras prácticas, financiadas también con sus cuantiosos recursos, para enfrentar a los críticos de sus acciones indebidas, otorgando toda clase de apoyos a autoridades auxiliares y grupos sociales cuya afinidad es literalmente comprada, motivándolas así para que manifiesten el apoyo social a los proyectos de las empresas extranjeras y se opongan, por todos los medios y no en pocas ocasiones incluso a través de enfrentamientos físicos, a las protestas de los ciudadanos que ejercen sus derechos al denunciar los actos iniciales de corrupción.

Estas operaciones evidentemente debilitan la paz de la sociedad, afectan la seguridad y, con motivos e intereses del capital extranjero, fomentan la división y discordia de los mexicanos, teniendo como tema de confrontación la realización de hechos de corrupción de autoridades para expedir permisos o licencias a los que la empresa legalmente no tendría derecho o no podría acceder. Por lo que dichas conductas constituyen una afectación al pleno ejercicio de derechos humanos reconocidos en nuestro país como los de petición, manifestación, organización en toda clase de asuntos y particularmente en temas de orden público y, en los casos más graves, se atenta contra la dignidad, integridad y la vida de las personas, todo ello utilizando a otras personas mexicanas motivadas por el financiamiento destinado por las empresas transnacionales con esos fines precisos y en detrimento de quienes con toda razón y en pleno derecho se oponen a las consecuencias de las acciones iniciales de corrupción.

Advertidas las verdaderas dimensiones y la gravedad que representa la comisión de conductas de corrupción y cohecho que han fomentado empresas transnacionales como WalMart, es que debemos valorar la debilidad estructural que se aprecia si en un lado de la balanza colocamos a un funcionario público, con un ingreso de entre tres mil o diez mil pesos quincenales, que bajo ningún tipo de justificación debería alejarse de sus obligaciones legales y que proceden de esta manera en una total carencia de la cultura de la legalidad, o a una comunidad en condiciones de vulnerabilidad cuyas circunstancias son débiles para resistir la tentación que ofrece el otro lado de la balanza en el que se encuentran los sobornos ofrecidos por empresas cuyo capital social se ubica en millones de dólares y que para tales efectos aprueban presupuestos millonarios.

Apreciar que estas no son acciones aisladas o individuales, sino que forman parte de la planeación financiera de la empresa, permite advertir que no se trata exclusivamente de un asuntos entre particulares, sino que las repercusiones de dichos actos tiende a debilitar principios esenciales en la organización del Estado nacional como el respeto a los derechos de las personas, la probidad de nuestros funcionarios públicos, el estado de derecho en su conjunto, pilares esenciales del sistema representativo y, finalmente, de la propia soberanía nacional.

La presente iniciativa no pretende impulsar un nacionalismo hueco y sin sustancia, que se oponga a la tendencia de libertades que rigen al mercado actualmente, no se trata de imponer restricciones, pero si enfatiza la necesidad de reconocer que las inversiones extranjeras que se autoricen en nuestro país, al constituirse como sociedades bursátiles, son sujetas y deben apegar su actuación a la legislación nacional.

De ningún modo se pretende imponer cargas, gravámenes u obstáculos a la inversión, pero si precisar la obligación de respetar los principios constitucionales antes señalados y cuya vulneración constituye una afectación directa a la seguridad nacional en su conjunto que debería ser, en realidad, la seguridad de las personas que constituimos a la nación mexicana.

Estas medidas son proporcionales y congruentes con las disposiciones que existen y prevalecen en otros países ya que si alguna inversión mexicana establecida en los Estados Unidos de América, por poner un ejemplo, desacatara disposiciones legales o administrativas que regulan u organizan a aquel país, sería sujeta por tanto de las sanciones correspondientes, ya sea que decidieran comerciar con la República de Cuba, rompiendo el embargo declarado unilateralmente por el gobierno de aquel país y sancionado por sus propias leyes, entre ellas la Helms Burton o si contratara a trabajadores mexicanos residentes en aquel país al margen de los controles migratorios respectivos, sin que pensemos por ello que, en estos casos, el hacer valer las disposiciones de orden interno constituyen una restricción oprobiosa al libre comercio, por más que no compartamos sus fines.

Es importante destacar que la obligación de observar y respetar las disposiciones legales de un país receptor es un imperativo incluso para los agentes diplomáticos según lo que establece el artículo 41 de la Convención de Viena, por lo que si aún las personas a las que dicho ordenamiento internacional otorga privilegios e inmunidad, deben respetar dichos ordenamientos, cuánto más la inversión extranjera a la que si bien se tiende a otorgar plenas libertas y menores restricciones en su circulación, pero no privilegios o inmunidades que sólo se reconocen para los representantes oficiales de las naciones.

Lo que se pretende obtener, con la presente iniciativa, es otorgar plena certidumbre a la inversión extranjera en el sentido de señalar que en este país se le reconoce, se le protege y que las instituciones públicas fomentan la adopción de medidas que garantizan plenamente su establecimiento, su desarrollo y sus ganancias, como lo son el propio imperio de la ley, el efectivo combate a la corrupción, la estabilidad en el funcionamiento de las instituciones públicas, elementos valorados en los diferentes estudios y mediciones de la competitividad de nuestras entidades federativas y de los países y que la posibilidad de la comisión de prácticas de corrupción genera un efecto perverso en las empresas al encarecer las propias inversiones y sobre el Estado en su conjunto al debilitar a las instituciones democráticas y erosionar las condiciones de competitividad.

Para situar adecuadamente la viabilidad de la iniciativa que se somete a su consideración vale la pena señalar antecedentes recientes en la materia, entre los que se destacan la identificación de tres etapas en la actitud que, sobre la inversión extranjera, han tenido los gobiernos de nuestro país según Thalía Denton Navarrete:

Una primera iniciada en 1940, de tipo casuístico, que permitió la expedición de permisos de diversas dependencias y conforme a la cual se resolvieron los casos como se fueron presentando, autorizando la inversión extranjera previo permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores; la segunda de 1973, que pretendió someter a la inversión extranjera a reglas y resoluciones generales para adecuarla en forma global al desarrollo económico y social del país; y una tercera, en 1988, calificada como liberal, después de largas crisis económicas, y con el propósito de aglutinar en una legislación, los diversos acuerdos y disposiciones dispersos y la supresión de algunas reglas de autorización atribuidas a diversas dependencias del Ejecutivo Federal.

Estas diferentes fases han propiciado la expedición de diversos ordenamientos legales, iniciando por el decreto del 29 de junio de 1944, en el contexto de las llamadas leyes de emergencia dictadas con motivo de la Segunda Guerra Mundial, y que estableció el permiso a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución o modificación de sociedades mexicanas que tuvieran socios extranjeros.

El siguiente paso lo constituye el decreto del 23 de junio de 1947 mediante el cual se crea la Comisión Consultiva Intersecretarial para coordinar la aplicación de las diferentes disposiciones legales relativas a la inversión de capitales nacionales y extranjeros y que funcionó del 3 de septiembre del mismo año y hasta el 5 de octubre de 1953, con la participación directa de los Secretarios de Gobernación, Hacienda, Economía, Agricultura y Ganadería, y un representante de la Presidencia.

Posteriormente fue emitido el acuerdo de la Presidencia de la República del 29 de abril de 1971 que faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para otorgar permisos a las instituciones nacionales de crédito para adquirir, como fiduciarias, el dominio de bienes inmuebles destinados a la realización de actividades industriales o turísticas en fronteras y costas, permitiendo su utilización y aprovechamiento con esos fines, lo que ante la carencia de inversión nacional suficiente permitió la entrada de inversión extranjera. El decreto precisó la constitución de una nueva Comisión Consultiva Intersecretarial con la participación de representantes de las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Industria y Comercio y el Departamento de Turismo.

La primera ley en la materia de los tiempos recientes data del 09 de marzo de 1973 y es la Ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, la que, en su artículo tercero, incorpora la Cláusula Calvo, señalando que los extranjeros que adquieran bienes en el país, aceptan considerarse como nacionales respecto a esos bienes y a no invocar la protección de su gobierno al respecto, lo que significa, a diferencia de lo planteado en el artículo 27 fracción I de la Constitución General de la República, una presunción legal de sumisión y una presunción legal de renuncia a la posibilidad de invocar la protección de su gobierno. La ley además sustituye a la Comisión Consultiva Intersecretarial por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

La actual Ley de Inversión Extranjera fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1993 y se caracteriza por impulsar la apertura a la inversión y responde al cambio estructural de la economía, sus diferentes modificaciones aprobadas e incluso las presentadas recientemente por el Titular del Ejecutivo Federal, se encaminan a reducir tanto las funciones estratégicas exclusivas del Estado así como las actividades con porcentajes máximos fijos de inversión extranjera.

Aun cuando no se requiera autorización para invertir, todas las inversiones extranjeras y las empresas mexicanas con participación extranjera deben inscribirse en el Registro Nacional de Inversión Extranjera que mantiene la Secretaría de Economía. En caso de no cumplir con este requisito, en su debido tiempo, se impone una multa o sanción.

En esta Ley permanece la figura de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, integrada por diez Secretarías de Estado y presidida por el Secretario de Economía, tiene dentro de sus facultades el dictaminar los lineamientos de política en materia de inversión extranjera y diseñar mecanismos para promover la inversión en México. Otra de sus atribuciones consiste en aprobar los términos y condiciones de la participación de la inversión extranjera en las actividades y adquisiciones sujetas a regulaciones específicas en la ley, atendiendo a los siguientes criterios: el impacto sobre el empleo y la capacitación de los trabajadores; la contribución tecnológica; el cumplimiento de las normas en materia ecológica; y la aportación para incrementar la competitividad de la planta productiva nacional. Al resolver sobre una solicitud de aprobación, la Comisión sólo puede imponer requisitos que no distorsionen el comercio internacional, además puede impedir adquisiciones, por parte de la inversión extranjera, por motivos de seguridad nacional. Toda solicitud que no sea resuelta en un período de 45 día hábiles debe ser considerada como aprobada en los términos presentados.

El Examen de las Políticas Comerciales de nuestro país, realizado por la Organización Mundial de Comercio WT/TPR/S/195, publicado el 7 de enero de 2008, da cuenta del sentido de las restricciones existentes en nuestro país en materia de inversión extranjera, al respecto señala:

29. México ha adoptado disciplinas en materia de inversión en el marco de tratados de libre comercio (TLC) y de los Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones. Por regla general, los capítulos de inversión incorporados en los TLC establecen disciplinas sobre liberalización sectorial, trato nacional, trato NMF, nivel mínimo de trato, prescripciones de resultados, movimientos de capitales, expropiación y mecanismos de solución de diferencias (incluyendo entre inversionista y Estado). Salvo el acuerdo con Israel, todos los acuerdos de libre comercio suscritos por México incorporan un capítulo relativo a las inversiones o el compromiso de fomento a la inversión entre las Partes, como es el caso de los acuerdos concluidos con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC).

...

35. Según un estudio de la OCDE sobre el índice de restricciones a la IED, México se encuentra entre los cinco países miembros de la OCDE con el más alto índice de restricciones a la inversión extranjera directa. La mayor parte de las restricciones toma la forma de límites a la participación del capital extranjero en las empresas, y los sectores más afectados son la electricidad, el sector financiero, los transportes y las telecomunicaciones. Estos sectores son también los más restringidos en el conjunto de los países de la OCDE. El mismo estudio señala que México figura entre los cinco países de la organización cuyos índices de restricción experimentaron una modesta reducción en el período 2000-06.

Es muy importante destacar, con respecto a dicho informe, que las restricciones se sitúan en la definición de sectores exclusivos y porcentajes de participación de la inversión pero bajo ningún aspecto se hace mención a la obligación de los inversionistas de cumplir las disposiciones legales del país o al otorgamiento de condiciones de excepción al respecto.

En virtud de lo antes señalado se considera oportuno proponer una serie de reformas y adiciones a la Ley de Inversión Extranjera y a la Ley del Mercado de Valores con la finalidad de establecer con precisión la condición del cumplimiento de las disposiciones de orden interno de nuestro país, que es de por sí una presunción legal fundamental, precisando la prohibición de cometer actos de corrupción y cohecho para efecto de obtener beneficios relacionados con la actividad a la que se destine la inversión.

No está por demás señalar que las propuestas que se formulan son congruentes con las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente lo señalado en el primer párrafo de su artículo 25 y en el 134.

Por lo que corresponde a las modificaciones que se proponen a la Ley de Inversión Extranjera, se pretende enfatizar la obligación de los inversionistas de respetar los principios constitucionales ya señalados, prohibir y sancionar las prácticas de corrupción que vulneran la probidad de nuestros funcionarios públicos y debilitan al estado de derecho, con penalidades que incluyen multas equivalentes hasta en el mismo monto de las inversiones realizadas al amparo de los permisos, licencias o dictámenes obtenidos al margen de la ley, así como la revocación de la autorización otorgada por la Comisión Nacional de Inversión Extranjera.

En lo tocante a las adiciones propuestas a la Ley del Mercado de Valores, se promueve en consecuencia individualizar las sanciones que corresponderían a los miembros y secretarios de los consejos de administración de las sociedades anónimas bursátiles cuando en el desempeño de sus actividades aprueben o autoricen tanto presupuestos como informes de gestión que incluyan apartados relacionados con las conductas que se regulan en el texto del decreto que se presenta y que han sido descritas ya.

Las adiciones al ordenamiento antes señalado servirán para generalizar la sanción y proceder también contra empresarios de origen nacional ya que la práctica de estas reprobables conductas no es exclusiva sólo de las empresas transnacionales, a esos procedimientos al margen de la ley también recurren inversionistas nacionales que serían susceptibles de la aplicación de las disposiciones propuestas.

Es en mérito de los elementos antes descritos que se somete a la elevada consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera y de la Ley del Mercado de Valores

Artículo Primero. Se reforma el artículo 29 en sus fracciones III y IV, 37 en su primer párrafo y 38 en sus fracciones V y VI y se adicionan un cuarto párrafo al artículo 4, las fracciones V y VI al artículo 29 y las fracciones VII y VIII al artículo 38, todos de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4o....

...

...

Los inversionistas deberán sujetarse a las disposiciones legales de carácter nacional y estatal de nuestro país, particularmente en lo que corresponde a los principios constitucionales de derechos de las personas, se abstendrán de realizar o apoyar a terceros para la comisión de actos que limiten, obstaculicen o entorpezcan el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos o clases sociales, debiendo abstenerse también de realizar acciones tendientes a debilitar la soberanía nacional, su régimen democrático y el desempeño honrado de los funcionarios públicos.

...

Artículo 29.Para evaluar las solicitudes que se sometan a su consideración, la Comisión atenderá a los criterios siguientes:

I.a la II....

III.El cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental contenidas en los ordenamientos ecológicos que rigen la materia;

IV. Los compromisos que adquiera el solicitante para sujetarse a las disposiciones legales de carácter nacional y estatal de nuestro país, particularmente en lo que corresponde a los principios constitucionales de no ofensa a los derechos de la sociedad, abstenerse de realizar acciones tendientes a debilitar la soberanía nacional, su régimen democrático y el desempeño honrado de los funcionarios públicos.

V. La declaratoria formal que, para tal efecto se requiera, y que registre el compromiso de no realizar o apoyar a terceros para la comisión de actos que vulneren los derechos de las personas reconocidos en el marco jurídico nacional del país y particularmente aquellas que limiten, obstaculicen o entorpezcan el ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos o clases sociales.

VI.En general, la aportación para incrementar la competitividad de la planta productiva del país.

La Comisión, al resolver sobre la procedencia de una solicitud, sólo podrá imponer requisitos que no distorsionen el comercio internacional.

...

Artículo 37.Cuando se trate de actos efectuados en contravención a las disposiciones de esta Ley o a los elementos considerados por la Comisión para evaluar las solicitudes , la Secretaría podrá revocar las autorizaciones otorgadas.

...

Artículo 38.Las infracciones a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias, se sancionarán de acuerdo a lo siguiente:

I.a la IV. ...

V.En caso de simulación de actos con el propósito de permitir el goce o la disposición de bienes inmuebles en la zona restringida a personas físicas o morales extranjeras o a sociedades mexicanas que no tengan cláusula de exclusión de extranjeros, en contravención a lo dispuesto por los Títulos Segundo y Tercero de esta Ley, se sancionará al infractor con multa hasta por el importe de la operación;

VI. En caso de simulación de actos, falsificación o alteración de documentos oficiales o de la realización de actos que fomenten la corrupción de funcionarios públicos con el propósito de obtener cualquier tipo de licencia, autorización o visto bueno o cualquier decisión de similar naturaleza, expedida por autoridad administrativa de cualquier orden de gobierno y relacionada con la actividad autorizada por las disposiciones de la presente ley , se sancionará a la persona jurídica colectiva beneficiada con multa hasta por el doble del importe de la operación realizada al amparo de la acción fraudulenta, independientemente de las sanciones que establezcan otros ordenamientos legales para el caso de las personas involucradas;

VII. En caso de realizar directamente o apoyar a terceros para cometer acciones que vulneren los derechos de los trabajadores o empleados mexicanos contratados en los proyectos de inversión autorizados al amparo de la ley, que ofendan los derechos de la sociedad o que limiten, obstaculicen o entorpezcan el ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos o clases sociales, se sancionará a la persona jurídica colectiva con la revocación de la autorización otorgada por la Comisión.

VIII. En caso de las demás infracciones a esta ley o a sus disposiciones reglamentarias, se impondrá multa de cien a mil salarios.

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 35 en su tercer párrafo y se le adicionan al segundo párrafo las fracciones VIII, IX, X y XI, de la Ley del Mercado de Valores para quedar como sigue:

Artículo 35. ...

...

I. a VII. ...

VIII. Aprueben o autoricen presupuestos o informes financieros que incluyan recursos destinados a fomentar prácticas de corrupción en funcionarios públicos con el propósito de obtener cualquier tipo de licencia, autorización o visto bueno expedido por autoridad administrativa de cualquier orden de gobierno y relacionada con las actividades relacionadas con la sociedad.

IX. Aprueben o autoricen presupuestos o informes financieros que incluyan recursos para que empleados de la sociedad realicen directamente o para financiar a terceros que ofendan los derechos de la sociedad o que limiten, obstaculicen o entorpezcan el ejercicio de la libertad y dignidad de individuos, grupos o clases sociales.

X. Aprueben informes de gestión que incluyan acciones realizadas por los directivos de la sociedad o cualquier persona con mando y responsabilidad en la misma y que vulneren los derechos de los trabajadores o empleados mexicanos contratados por la sociedad, sin instruir la realización de investigaciones internas efectivas para determinar responsabilidades e imponer correctivos internos.

XI. Quien teniendo conocimiento de investigaciones realizadas por los organismos internacionales de la sociedad por la comisión de actos realizados en nuestro país y relacionados con las conductas señalas en las fracciones VIII, IX y X del presente artículo, no de parte a las autoridades nacionales poniendo a su disposición la documentación que se encuentre en su poder para efectos de lo dispuesto en el artículo 38 fracciones VI y VII de la Ley de Inversión Extranjera.

Lo previsto en el primer párrafo de este artículo, así como en las fracciones V a XI del mismo, también será aplicable a las personas que ejerzan poder de mando en la sociedad.

...

Artículos Transitorios

Artículo Primero. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Notas:

1 Denton Navarrete, Thalía. “Los procedimientos administrativos en materia de inversiones extranjeras”. Revista Alegatos No. 37-38, 1997-1998. UAM Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Derecho.

2 La Comisión está integrada por los secretarios de Estado de: Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Comunicaciones y Transportes; Trabajo y Previsión Social, y; Turismo.

3 Artículos 29 y 30 de la Ley de Inversión Extranjera, si bien la ley no precisa qué debe entenderse por seguridad nacional, para tal efecto debe considerar lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 3°, que define este concepto como las acciones destinadas a mantener la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado Mexicano.

4 OCDE (2006b).

5 http://www.derechocomercialinternacional.com/doctos/Documento%2020%20In forme%20de%2 0 la%20Secretar%C3%ADa%20-%20M%C3%A9xico.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 1o. de febrero de 2014.— Diputados: Víctor Manuel Bautista López, Erick Marte Rivera Villanueva, Joaquina Navarrete Contreras, Josefina Salinas Pérez, Aída Ramírez Torres (rúbricas).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado Víctor Manuel Bautista López. Túrnese a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

MODIFICACION AL ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Se acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita se integre en el orden del día dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se autoriza.

LEY DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Honorable Asamblea:

La  Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I, 81, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente dictamen.

I. Antecedentes

A. El 31 de octubre de 2012, el senador Pablo Escudero Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en lo relativo a las ausencias definitivas de quienes integran el Consejo Consultivo de ese organismo nacional.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó dicha iniciativa con proyecto de decreto a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos, ambas de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen.

2. El 27 de noviembre de 2012, el senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa más, con proyecto de decreto, para reformar y adicionar el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para plantear la posibilidad de que quienes integran el Consejo Consultivo de dicha comisión puedan volver a hacerlo.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara Alta turnó la Iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, para su estudio y dictamen.

C. El 4 de diciembre de 2012, el senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó nuevamente otra iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para determinar que sólo serán dos cambios anuales en el Consejo Consultivo de ese organismo.

En esa fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó dicha Iniciativa con proyecto de decreto a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos del Senado de la República, para su estudio y dictamen.

D. El 30 de abril de 2013, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó por 92 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el dictamen que recayó a las iniciativas de mérito.

En esa misma fecha, mediante el oficio número DGPL-2P1A.-4855 el vicepresidente del Senado, senador José Rosas Aispuro Torres, remitió a esta Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

E. El 3 de septiembre de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó la minuta en comento a la Comisión de Derechos Humanos para dictamen.

II. Contenido de la minuta

A. La minuta con proyecto de decreto que se analiza propone, por una parte, reformar el párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –LCNDH–, a efecto de especificar en tal precepto que sólo se podrán realizar dos cambios anuales de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –CNDH-, en razón de su mayor antigüedad en el cargo.

B.Por otra parte, se propone también en la minuta adicionar al mismo precepto un párrafo tercero, a fin de determinar el proceso a seguir para la designación, en caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. En ese contexto, se precisa que dicho proceso iniciará con una notificación que deberá realizar de inmediato el presidente del organismo a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente y tramitarse de acuerdo a lo señalado por el artículo 18 de la ley que regula a la Comisión Nacional, determinándose que dicho procedimiento será independiente al de renovación anual de los dos consejeros con mayor antigüedad en el cargo y, especificándose que quienes suplan a los integrantes del Consejo por falta absoluta lo harán por todo un período completo y no solamente por el tiempo que le restaba al consejero que se suple.

C.También se contempla en la minuta la adición de un párrafo cuarto al artículo 17, con el propósito de establecer la posibilidad de que quienes participen en el proceso para la designación de las personas que integran el Consejo Consultivo de la CNDH, puedan volver a hacerlo en aquellos casos en que se celebre un nuevo proceso dentro del mismo año natural, siempre y cuando hayan cubierto los requisitos de aquel en el que hayan participado.

D.Se propone adicionar, además, un párrafo quinto para, en sintonía con el cuarto párrafo adicionado,  establecer que en los casos de que quienes hayan sido candidatos y deseen volver a participar en otro proceso de selección y designación dentro del mismo año natural, bastará solamente que manifiesten su voluntad por escrito antes de que fenezca el plazo para registrarse de acuerdo con la convocatoria correspondiente, sin necesidad de realizar algún trámite de registro adicional.

La colegisladora sustenta su minuta en lo siguiente:

1.Cita el artículo 102, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Federal, a fin de fundamentar que ésta determina que será la ley secundaria la que precise sobre el procedimiento a seguir para la presentación de las propuestas de candidatos a miembros del Consejo Consultivo de la CNDH, así como para dar cuenta del principio de renovación anual que debe regir en la sustitución de los dos consejeros con mayor antigüedad en el cargo.

La colegisladora destaca que la última parte del párrafo segundo del artículo 17 de la LCNDH, establece que en el mes de octubre de cada año serán sustituidos los dos consejeros con mayor antigüedad en el cargo y determina que en el caso de que hayan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo Consultivo el que propondrá el orden cronológico que deba seguirse.

Respecto a esto, la colegisladora da cuenta de que existe un supuesto jurídico en la LCNDH que puede dar lugar a confusión e incertidumbre, debido a que la redacción vigente de la última parte del párrafo segundo del artículo 17 puede dar pauta a interpretar una concepción errónea que infiera la posibilidad de realizar más de dos sustituciones anuales –de los consejeros con mayor antigüedad- en función de un orden cronológico determinado.

Para solucionar lo anterior, la Cámara Alta estima necesario clarificar y reiterar la obligatoriedad en la LCNDH de que sólo se sustituya a dos consejeros anualmente –de los de mayor antigüedad en el cargo-, a pesar de que más de dos integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH puedan encontrarse en tal supuesto. Lo anterior, conforme a lo establecido por el principio de renovación anual contemplado en el artículo 102, Apartado B, párrafo sexto de la Carta Magna.

2.Respecto al supuesto en el que sea necesario realizar un proceso de selección extraordinario –por falta absoluta de algún miembro del Consejo Consultivo de la CNDH– para designar un nuevo integrante, el Senado da cuenta que la LCNDH no contempla dicha hipótesis, ya que conforme al texto vigente de la misma –e inclusive de la Constitución–, solamente se regulan los supuestos para la designación de miembros de dicho órgano al realizarse la renovación anual de los integrantes con mayor antigüedad.

Adicionalmente, la colegisladora destaca que conforme a la normatividad vigente [...] no se desprenden elementos que permitan determinar con claridad si la designación de una persona que sustituye a otra en el cargo de integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe sujetarse al periodo para el cual había sido designada la persona en un primer momento o si, en su caso, dicha designación debe ser para un periodo completo [...].

En ese orden de ideas, la Cámara Alta concluye que esa ambigüedad e incertidumbre en la norma generan  que  el órgano responsable de la designación –Senado de la República o, en su caso, la Comisión Permanente– deba interpretar cuál es el periodo al que quedará sujeto el nombramiento de la persona que sea designada para sustituir a otra en el cargo de consejero y, para ello, considera necesario establecer en el artículo 17 de la LCNDH, que [...] en caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, se realizará el procedimiento establecido en el artículo 18 de la misma ley, dentro de los 90 días posteriores a la notificación del suceso que se haga a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente; independientemente de la renovación anual a que se refiere la Constitución y en procedimiento por separado [...] Adicionalmente, la colegisladora coincide con el senador iniciante, en establecer que dicha designación será por un periodo completo y no solamente por el tiempo que le restaba al consejero sustituido.

3.Sobre la propuesta para establecer en la LCNDH que en los casos en que se realicen más de un procedimiento de selección y designación de miembros del Consejo Consultivo en el mismo año natural, el Senado determinó que un candidato podrá participar en los mismos, siempre y cuando haya cubierto los requisitos de aquel proceso en que participó en primer término y manifieste su deseo de volver a participar antes de que perezca el periodo para registrarse conforme a la convocatoria respectiva.

Lo anterior, sustentado en la praxis, ya que ese fue precisamente el criterio que adoptaron las comisiones dictaminadoras de la colegisladora en la selección de candidaturas al Consejo Consultivo de la CNDH en 2012. Asimismo, se destaca que esta adición, tiene como propósito adicional promover e incentivar la participación de aquellos hombres y mujeres con perfiles adecuados y trayectorias destacables que no resultaron elegidos en un primer proceso.

III. Consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos

Quienes integran la Comisión de Derechos Humanos estan ciertos de la importancia que reviste, en la operación y funcionamiento de la CNDH, su Consejo Consultivo, en virtud de las altas responsabilidades que tienen encomendadas en la propia ley sus integrantes, por lo que, precisar reglas claras para su conformación, resulta fundamental.

Por lo anterior, este órgano legislativo manifiesta su respaldo con las propuestas que posibilitan optimizar su desempeño y conformación, así como resolver sobre aquellas disposiciones que presentan vacíos jurídicos que puedan derivar en problemas de ambigüedad, incertidumbre o antinomias.

En este sentido, las y los diputados de esta comisión dictaminadora, aprobamos el 20 de junio de 2013, un dictamen a la minuta con proyecto de decreto que adicionaba un último párrafo al artículo 17 de la LCNDH –es decir, un tercer párrafo-, a fin de regular en tal disposición lo relativo a la ratificación de integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH que deseen contender para un segundo periodo en los mismos términos de los demás participantes que aspiren ser designados para tal cargo.

Cabe precisar, que con posterioridad, dicho dictamen fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 26 de septiembre del año en curso y, el pasado 7 de noviembre de 2013, cubiertos los trámites legislativos correspondientes, el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Sabedores que la minuta que se dictamina armonizará su contenido con la recién publicada reforma que se acaba de citar y, conforme a las enmiendas planteadas, se procede a desglosar las consideraciones de este órgano legislativo en razón de las propuestas que la minuta plantea:

A. La renovación anual del Consejo Consultivo de la CNDH

Como bien lo expresa la colegisladora, nuestra Carta Magna en su artículo 102, apartado B, párrafo sexto, establece que anualmente serán substituidos los dos integrantes del Consejo Consultivo con mayor antigüedad en el cargo, salvo que sean propuestos y ratificados para un segundo periodo.

En ese sentido, esta dictaminadora considera que la ley suprema establece de manera indubitable que el número de consejeros que anualmente se habrá de sustituir por razón de su mayor antigüedad, es de dos, independientemente de que existan más integrantes en el mismo supuesto.

Adicionalmente, como se expone en el dictamen de la colegisladora, el texto vigente del párrafo segundo del artículo 17 de la LCNDH puede dar lugar a confusión e incertidumbre, por lo que se coincide con ella en el sentido de acotar su alcance para establecer en dicho precepto, de manera más clara, que independientemente de que más de dos miembros del Consejo Consultivo se encuentren al mismo tiempo en el supuesto de mayor antigüedad, sólo se pueda sustituir a dos anualmente, tal como lo establece el mandato contenido en el artículo 102, apartado B, párrafo sexto constitucional.

En virtud de lo anterior, se estima oportuno aprobar la reforma planteada para el párrafo segundo del artículo 17 de la LCNDH.

B. Sobre la ausencia en la ley de la CNDH del procedimiento para la  sustitución de consejeros en los casos de falta absoluta, así como de la determinación del período en que habrán de durar en su cargo quienes los sustituyan

Las y los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden en que, ante la ausencia de normas que lo regule, es necesario prever en la LCNDH el procedimiento para suplir a un consejero en caso de falta absoluta del mismo.

Como bien identifica en un primer momento el senador iniciante y, posteriormente lo concluye el Senado, la falta de regulación de ese procedimiento deviene en una laguna jurídica, puesto que la ley en vigor omite determinar cómo habrá de actuarse en aquellos casos en que se pudiera presentar la ausencia definitiva de un consejero, por lo cual, se considera procedente adicionar al artículo 17 un párrafo tercero que defina de manera clara el proceder, así como las reglas y los tiempos a que deberá de ajustarse el procedimiento de sustitución de algún integrante del Consejo Consultivo de la CNDH en caso de falta absoluta del mismo.

Adicionalmente, no se puede pasar por alto, que desde la ley se debe detallar de manera precisa cuál será el periodo que durarán en el cargo aquellas personas que suplan a otra en el Consejo Consultivo y, por tal circunstancia, se estima viable la propuesta contenida en la minuta, ya que así se solucionará sobre la ambigüedad de la norma vigente y se pondrá fin a la incertidumbre jurídica a la que tiene que hacer frente el Senado de la República a la hora de decidir cuál es el periodo al que debe quedar sujeto el nombramiento de quien supla a algún integrante del Consejo Consultivo de la CNDH.

C. Sobre la posibilidad para participar en uno o más procesos de elección de miembros del Consejo Consultivo dentro del mismo año natural

En consonancia a las consideraciones que anteceden, los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos estiman que las adiciones propuestas en los párrafos cuarto y quinto, contribuirán a promover la participación de los mejores perfiles que deseen postularse para el cargo de consejero consultivo de la CNDH, toda vez que, como indica la colegisladora, cada año en los procesos de selección participan una gran cantidad de personas con perfiles y trayectorias destacables y, para posibilitar que las mismas puedan volver a participar en las convocatorias subsecuentes que, en su caso, se emitan dentro del mismo año natural, la propuesta de la colegisladora sin duda alguna abonará a incentivar la participación de aquellos perfiles que no hayan sido elegidos en un primer proceso, posibilitando así, que su experiencia y trayectorias, puedan ser consideradas en uno o más procesos posteriores, lo cual redundará en procesos más democráticos y con mayor cantidad de candidatos de mejor nivel.

No pasa por alto, que el Senado de la República es el órgano encargado de llevar a cabo los procesos de renovación, selección y designación de consejeros consultivos, por lo que esta codictaminadora, toma como referente orientador los criterios empleados por dicha soberanía en tales procesos –y de los cuales da cuenta en su minuta–, por ser precisamente la instancia que ha aplicado en el plano material tales criterios y que ahora son recogidos a manera de proyecto de decreto.

D. Adecuación del proyecto de decreto con las reformas recientemente publicadas al artículo 17 de la LCNDH.

Como se señaló anteriormente, el pasado 7 de noviembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación –DOF– el decreto mediante el cual se adicionó un último –tercer– párrafo al artículo 17 de la LCNDH.

Cabe precisar que de aprobarse las reformas contempladas en el presente dictamen, el actual tercer –y último– párrafo del artículo 17 de la LCNDH, sería recorrido en su orden, pasando a ser el sexto –último– párrafo del precepto de referencia.  Ahora bien, es importante mencionar que esta disposición, relativa a la ratificación de integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, no es contraria a las contenidas en este dictamen.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos estima procedente la aprobación del presente dictamen a la minuta con proyecto de decreto aprobada por el Senado en los términos que propone, sin embargo y en razón de la adición del tercer párrafo al artículo 17 de la LCNDH publicada en el DOF el pasado 07 de noviembre de 2013, se hace necesario adecuar el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen, para que se precise en el mismo que dicho párrafo se recorre en su orden.

Por los argumentos antes expuestos, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto, recorriéndose el orden del actual párrafo tercero del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 17. ...

El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del Consejo Consultivo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán honorarios. A excepción de su presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio Consejo quien disponga el orden cronológico que deba seguirse; sin que puedan ser más de dos nombramientos, derivados por el principio de renovación anual a que se refiere este artículo.

En caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, el presidente de la Comisión Nacional notificará inmediatamente a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente; y se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 18 de esta ley, dentro de los 90 días siguientes, independientemente de la renovación anual a que se refiere este artículo y por procedimiento separado. Esta designación será por un periodo completo.

De realizarse más de un procedimiento de selección y designación de miembros del Consejo Consultivo, en el mismo año natural a aquel en que haya participado un candidato, éste podrá acudir al segundo o ulteriores procedimientos, siempre que haya cubierto los requisitos en aquel en que participó.

En tal caso, bastará con que manifieste su deseo e interés de volver a participar, por escrito, sin necesidad de realizar trámite de registro adicional, siempre que su manifestación se realice hasta antes de que fenezca el periodo para registrarse conforme a la convocatoria correspondiente.

...

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2013.

La Comisión de Derechos Humanos, diputados:Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica), presidenta; Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Verónica Sada Pérez (rúbrica), María de Lourdes Amaya Reyes, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Martha Edith Vital Vera (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez, Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Roberto López Suárez (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda, María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), José Luis Muñoz Soria (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Tiene la palabra el diputado Carlos Castaños Valenzuela, para hablar a nombre de la comisión.

El diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela:Con el permiso de la Presidencia. Señoras legisladoras y señores legisladores, en esta ocasión fundamento ante esta asamblea, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, el dictamen correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Deseo resaltar que la minuta emitida por el Senado fue aprobada por la colegisladora por unanimidad y de igual manera la Comisión de Derechos Humanos la votó con el mismo consenso. En el dictamen que presento se aprueba que en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se especifique que anualmente sólo se podrán realizar dos cambios de miembros de su Consejo Consultivo, en razón de su mayor antigüedad. Ello para armonizar el texto de la ley con lo que establece el artículo 102, apartado B, de la Constitución.

Adicionalmente y de manera independiente al proceso de renovación anual por mayor antigüedad, en el dictamen que se presenta se adiciona un párrafo tercero que contempla un nuevo proceso de selección extraordinario, que deberá de seguirse en los casos de falta absoluta de miembros del Consejo Consultivo de la CNDH, esto con el fin de designar a los nuevos integrantes que habrán de entrar en su lugar.

Asimismo, se precisa que dicho proceso iniciará con una notificación que deberá realizar de inmediato el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Cámara de Senadores, o en su caso a la Comisión Permanente, precisándose que tal proceso deberá realizarse dentro de los 90 días siguientes.

En complemento de lo anterior se especifica que quienes suplan a los integrantes del Consejo Consultivo en los supuestos de falta absoluta, lo harán por todo un periodo completo y no solamente por el tiempo que le restaba al consejero que sustituye.

Por otra parte, en el dictamen contempla la posibilidad de que aquellas personas que hayan sido candidatas en un proceso de elección de miembros del Consejo Consultivo puedan volver a participar en los futuros procesos de elección que eventualmente pudieran realizarse dentro del mismo año natural, y en ese supuesto se establece que será suficiente que dichas personas cumplan los requisitos del proceso para el que participaron y manifiesten su interés de volver a participar a través de un escrito. Ello con el propósito de promover e incentivar la participación de aquellos hombres y mujeres con perfiles adecuados y trayectorias destacables que no resultaron elegidos en un primer proceso.

Señoras y señores legisladores, como sabemos los derechos humanos nacieron con la finalidad de reconocer las garantías a los seres humanos y son fundamento para la evolución y crecimiento de una sociedad que se considera civilizada. En este sentido las enmiendas propuestas abonarán al fortalecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que facilitarán que en la realización de los procesos para la conformación de su Consejo Consultivo se cuente con disposiciones claras que eviten problemas de antinomias e interpretaciones.

Por último, no omito mencionar que de aprobarse el dictamen que hoy se somete a su consideración estaremos dando continuidad al aprobado por esta soberanía el pasado 26 de septiembre de 2013, mismo que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, y en el cual se estableció la regulación de la ratificación de integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH que deseen contender para un segundo periodo.

A nombre de la Comisión de Derechos Humanos agradezco a todas y a todos su atención y esperamos el respaldo que puedan dar a este importante dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Carlos Castaños Valenzuela. Tiene el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Con el permiso de todos ustedes. La lucha por el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en nuestro país ha recorrido un largo camino.

Hace algunas décadas resultaba imposible abordar el tema de los derechos humanos de manera abierta ante la cerrazón de un régimen autoritario. Hoy los derechos humanos se han convertido en un indicador de gobernabilidad democrática y de gestión gubernamental.

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde su creación en 1992, es el órgano del Estado mexicano que vela por el respeto, defensa, promoción y protección de los derechos esenciales de las y los ciudadanos. Con el paso de los años este máximo órgano de protección de los derechos humanos ha logrado importantes avances en el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas.

Con el cambio de paradigma jurídico aprobado por el Constituyente Permanente el 10 de junio de 2011, la CNDH se ha convertido en pieza fundamental de este largo recorrido que han efectuado los derechos humanos en nuestro país.

En el desempeño de la Comisión el Consejo Consultivo constituye un elemento vital en el funcionamiento del órgano protector de los derechos humanos, debido a que funge como el mecanismo de vigilancia en la actuación y en el desempeño del ombudsman de la nación.

La importancia de este Consejo Consultivo radica en la integración de 10 ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en la sociedad, los que componen a tan importante órgano y quienes representan un contrapeso imprescindible en el funcionamiento eficaz de la CNDH.

Otros aspectos relevantes de este consejo radican en que al menos siete de estos integrantes no deben ser funcionarios públicos. Y también depende del carácter honorario que reviste el asumir dicho cargo. Asimismo nuestra Carta Magna establece que la elección de estos consejeros deben ser aprobados por el voto de dos terceras partes del Senado de la República, o en sus recesos por la Comisión Permanente.

De igual forma, nuestra Constitución establece que la ley secundaria habrá de fijar los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas, así como la sustitución anual de los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, con la salvedad de poder ser propuestos y ratificados para un segundo periodo.

Sin embargo, actualmente la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no regula de manera precisa el procedimiento a seguir ante el supuesto de la falta absoluta de algún integrante del Consejo Consultivo.

El dictamen que nos ocupa en esta presente discusión representa un significativo avance en el fortalecimiento del máximo órgano de protección de los derechos humanos, precisamente al regular el procedimiento a seguir ante la ausencia de algún integrante del Consejo Consultivo, estableciendo la inmediata notificación al Senado para emitir la convocatoria e iniciar el procedimiento de auscultación de los candidatos, su votación y su eventual designación.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera que esta medida legislativa resulta oportuna, toda vez que actualmente existe una medida legal que genera incertidumbre jurídica a quienes desean ser sujetos de una eventual designación como consejero consultivo ante una vacante anticipada de este cuerpo colegiado.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor de este dictamen, en virtud de que dicha propuesta fortalece el esquema de funcionamiento eficaz del Consejo Consultivo y de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al incluir la hipótesis normativa de la falta absoluta de un consejero, cuestión que sin duda abona en la participación ciudadana dentro del máximo órgano de protección de los derechos humanos de nuestro país.

La importancia que reviste el realizar medidas legislativas eficaces en materia de derechos humanos beneficia, sin duda, a la ciudadanía en el alcance máximo de sus libertades fundamentales y abona en el fortalecimiento del estado de derecho.

Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputado René Fujiwara Montelongo. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Derechos Humanos ha presentado a este pleno su dictamen al proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El proyecto legisla en torno a la elección y renovación de los miembros del Consejo Consultivo de la comisión. La propuesta se fundamenta en el artículo 102 de la Constitución federal, el cual define que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por 10 consejeros y que anualmente se sustituirán a los dos integrantes de mayor antigüedad.

Para dar cumplimiento a lo anterior la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene establecido en su Capítulo Tercero los fundamentos para la integración y facultades de dicho consejo, y particularmente en su artículo 17 el mecanismo por medio del cual se intenta cumplir con la Constitución en cuanto a la renovación anual de dicho consejo.

Sin embargo, en el ejercicio de revisión y constante mejora de nuestras instituciones se ha visto que el artículo citado deja vacíos legales que es necesario solventar para garantizar el respeto y cumplimiento de nuestra Constitución.

Debemos considerar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es tal vez la institución que más responde a las exigencias de la sociedad civil, ya que la protege y defiende de los abusos cometidos en su contra, ya sea por servidores públicos, autoridades u otros actores con poder fáctico.

Es por ello, que mantenerla libre de intereses particulares y grupos de poder es uno de los principales retos que tiene esta institución. Nosotros como legisladores debemos construir y dotarla de los instrumentos necesarios para blindarla contra este tipo de amenazas.

Asimismo, garantizar el funcionamiento, imparcialidad y eficacia, en sus órganos de gobierno y dirección es un requisito necesario para consolidar un Estado democrático, social y de derecho, que respete como piedra angular a los derechos fundamentales, los derechos humanos.

Por ello, el proyecto presentado por la colegisladora nos parece pertinente, ya que por una parte busca cumplir con el precepto constitucional de renovación de dos consejeros anualmente, planteando una regla clara en cuanto a la posibilidad de conflicto por antigüedad de los consejeros, y por otra, define un mecanismo para integrar, en caso de que exista la falta absoluta, un consejero al Consejo Consultivo.

Sabemos que la construcción de este proyecto fue fruto de una discusión amplia que incluyó la opinión de expertos y de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, elemento que le da una mayor validez.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la minuta y votaremos a favor. Es cuánto, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, diputada Loretta Ortiz Ahlf. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en base a su mandato constitucional, se encarga de atender las quejas formuladas en contra de actos violatorios a derechos humanos.

El objetivo de este organismo es de protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

La Comisión Nacional se integra por un presidente, una secretaría ejecutiva, visitadores generales, y personal profesional técnico y administrativo. Para el mejor desempeño de sus responsabilidades cuenta con un Consejo Consultivo. El presidente es el encargado de ejercer la representación legal del organismo. Después del presidente se encuentra el Consejo Consultivo, que se integra por 10 consejeros que son elegidos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional establece expresamente: anualmente, durante el mes de octubre serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan dos consejeros con la misma antigüedad será el propio Consejo quien proponga el orden cronológico que deba seguirse.

Dos de los diez consejeros de la Comisión Nacional deben ser sustituidos anualmente por orden de mayor antigüedad, sin embargo, existe un supuesto jurídico en el presente artículo que da lugar a confusión e incertidumbre.

La redacción vigente en el artículo infiere a la posibilidad de realizar más de dos sustituciones anuales, debido al concepto de mayor antigüedad y la falta de precisión al método de elegir la sustitución de los consejeros.

La iniciativa presente pretende reformar y adicionar el artículo 17 de la ley de esta Comisión para reducir la variedad y ambigüedad existente en dicho precepto, y así clarificar y reiterar la obligatoriedad de la ley de la Comisión, de que solo se sustituya a dos consejeros anualmente, a pesar de que más de dos integrantes del Consejo tengan la misma antigüedad en el cargo.

Asimismo, adicionar al artículo los pasos a seguir si es que se vuelve a elegir al mismo consejero.

El Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano estamos a favor de la iniciativa propuesta, a fin de reducir toda vaguedad existente en el artículo 17, y así el Consejo Consultivo desempeñe mejor su trabajo y los 10 consejeros integrantes de esta comisión cumplan cabalmente con sus responsabilidades.

Es importante recalcar que nuestro país se encuentra entre los primero países del mundo, desafortunadamente, donde se pasan por alto los derechos del hombre, del ser humano. Nos encontramos con la negligencia médica, por ejemplo. Donde no existe la cultura del respeto y protección a los migrantes. Mayor índice en trabajo infantil, millones de niños trabajan en México, de ellos 870 mil son menores de 13 años. El maltrato a la mujer. Barreras que impiden al máximo el desarrollo de las personas con discapacidad, entre otros.

Si seguimos hablando podríamos tardarnos días y llegar a un sinfín de adeudos que tiene el Estado mexicano con sectores sociales. Es pertinente, en consecuencia, que los integrantes del Consejo Consultivo estén bien informados, capacitados y educados en cuestión de los derechos humanos, por eso, el tender a su profesionalización es de la mayor importancia y trascendencia.

No basta con adecuar artículos para un mejor funcionamiento y en ello estamos claros, sino también el actuar y ser más críticos y exigentes con quienes tienen ese derecho y ese deber de respetar y promover los derechos humanos de los miembros de nuestra sociedad mexicana. Es cuanto, compañeros y compañeras.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Francisco Coronato Rodríguez. Tiene el uso de la palabra, el diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo:Con la venia de la Presidencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el órgano encargado de la protección, defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro país, en especial ante abusos cometidos por autoridades estatales, posee autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonios propios.

Gracias a la autonomía de gestión y presupuestaria, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene libertad de actuación frente a los poderes públicos para defender de manera eficaz los derechos humanos de los mexicanos. Sus recomendaciones, cuya fuente de poder reside en la legitimidad ciudadana, es su principal herramienta para que los órganos del Estado respeten los derechos de las personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está integrada por un presidente y Consejo Consultivo, el cual está integrado por 10 consejeros, sus cargos son honorarios. Tres funciones principales recaen ahora sobre el Consejo Consultivo; el apoyo crítico les corresponde a los consejeros, revisar el programa anual de trabajo de la comisión, así como opinar sobre las recomendaciones generales y los informes especiales.

Control. Corresponde a los consejeros revisar el estado financiero de la CNDH, así como dar su aval para la presentación del informe anual de dicho organismo y el Reglamento de la CNDH. Aprobar tanto el Reglamento interno como el Reglamento de transparencia de la CNDH es una obligación de los consejeros.

Debido a la gran importancia que reviste en la operación y funcionamiento de la CNDH la elección de los 10 consejeros del Consejo Consultivo, es primordial precisar reglas claras para su conformación. Su selección se realiza mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes en la Cámara de Senadores o, en sus recesos, con la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Debido a lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde ve con agrado este proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la finalidad de dar certidumbre en la elección de los consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH.

Con la presente adición y reforma al artículo 17 se establece que sólo se sustituyan a dos consejeros anualmente. En caso de un proceso de selección extraordinario se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 18 de esta ley dentro de los 90 días siguientes, independientemente de la renovación anual, y por último un candidato que haya participado con anterioridad, podrá acudir a un segundo o ulteriores procedimientos siempre que haya cubierto los requisitos en aquél en que participó.

Aprovechamos esta tribuna para reconocer la importante labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que trabaja por una sociedad mexicana democrática, moderna, incluyente y respetuosa tanto de los derechos humanos como del estado de derecho, porque estamos convencidos que este es el camino correcto para lograr nuestros objetivos políticos y económicos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias, diputado Francisco Coronato Rodríguez. Perdón. Gracias, diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Muy buenas tardes a todas y a todos los legisladores. Con su venia, señor presidente. Al igual que el dictamen aprobado por esta Cámara en el anterior periodo ordinario de sesiones, en esta ocasión se resuelven diversos vacíos jurídicos en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que permite contar con mayor certeza en los procesos de renovación de los asientos del Consejo Consultivo de la comisión.

La relevancia de este órgano reside en las facultades de las consejeras y los consejeros que van desde establecer los lineamientos y normas internas hasta solicitar información de los asuntos y emitir opinión acerca del informe anual y el Presupuesto.

Actualmente existe un vacío jurídico, ya que se instruye sustituir anualmente a sólo dos consejeros o consejeras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, anualmente por razón de su antigüedad, independientemente de que haya más que se encuentren al mismo supuesto.

Es necesario reformar el texto legal, de acuerdo a lo que propone el dictamen, pues la sustitución de dos asientos es lo único que permite el texto constitucional y resulta deseable a fin de garantizar la continuidad de los trabajos de la comisión.

Por otro lado se estipula el procedimiento para nombrar al consejero o consejera en caso de falla o falta absoluta, pues hasta este momento solamente existía un procedimiento inequívoco para la selección tras el vencimiento del periodo en el cargo.

A este respecto compartimos el planteamiento de la comisión dictaminadora para que la persona integrante del consejo se desempeñe en éste por un periodo completo después de su asignación por parte de una mayoría calificada del Senado o de la Comisión Permanente, ya que el proceso del nombramiento ante el Congreso le permite reunir la legitimidad suficiente para asumir el cargo plenamente y de esta forma no se limitaría a ser un consejero provisional.

Otra modificación del dictamen es la precisión de que de presentarse en más de una convocatoria para elegir a una persona integrante del consejo en el mismo año, exista la posibilidad de que una persona pueda postularse en un proceso posterior sin comenzar un nuevo trámite, sino tan sólo manifestando su deseo de participar nuevamente.

El Grupo Parlamentario del PRD manifiesta su convicción de que se requieren eficacia e independencia del órgano nacional de protección de derechos humanos para sortear la difícil situación en la materia que atraviesa nuestro país, lo que significó más de 180 recomendaciones en el reciente Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, muchas de las cuales ya se habían planteado en el anterior ejercicio y no han sido atendidas debidamente. Estas cualidades se refieren tanto al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como a los integrantes de su consejo consultivo, pues comparten la alta tarea de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos de posibles actos u omisiones por parte del Estado que vulneren sus derechos.

A este respecto no podemos dejar de mencionar que tenemos la certeza de que el ombudsman nacional cumplirá dignamente con su responsabilidad en la reciente solicitud que le ha hecho esta soberanía. Me refiero a la solicitud de opinión respecto al dictamen aprobado irregularmente por dos comisiones de esta Cámara el 10 de diciembre pasado, con lo que se admitió sin discusión, ni respeto a los procedimientos, una propuesta de ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal que cancele el ejercicio de los derechos de reunión, expresión, asociación y petición, entre otros.

Asimismo consideramos que las y los integrantes del Consejo Consultivo deberían de ser personas con una trayectoria destacada en la defensa, promoción, protección y estudio de los derechos humanos, y que se debe animar el debate público en la sociedad civil y la opinión pública sobre el desempeño de la comisión y su consejo.

Por ello estas reformas deberán redundar en procesos más justos y transparentes de selección del Consejo Consultivo, gracias a los cuales esperamos que los representantes de la iniciativa privada sin experiencia en estas áreas no se vean favorecidos en detrimento de personas que legítimamente y con valentía defienden y promueven los derechos humanos en todos los rincones del país, lo que en ocasiones por cierto pone en riesgo su integridad o su vida.

Por tales razones, invitamos a todas las legisladoras y legisladores a emitir su voto a favor. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Margarita Tapia Fonllem. Finalmente tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia González Gómez, para fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Cecilia González Gómez:Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI deseo externar el respaldo de nuestra fracción parlamentaria a la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En ese sentido, las y los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos ciertos de la relevante importancia que reviste el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que consideramos de vital importancia la aprobación de enmiendas que coadyuven a precisar con mayor claridad las reglas de su conformación.

Por ello coincidimos con las reformas y adiciones propuestas en este dictamen, ya que las mismas dotarán de mayor certidumbre jurídica la realización de los procesos de conformación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al establecerse disposiciones claras que eviten problemas de interpretación.

Al mismo tiempo, de aprobarse este proyecto de dictamen se armonizará el texto vigente de la ley con el artículo 102, apartado B de la Constitución, dando mayor certidumbre jurídica al precisar que únicamente podrán realizarse dos cambios anuales de aquellos consejeros con mayor antigüedad, como lo han mencionado quienes me antecedieron en la palabra.

También se determinará cómo habrá de procederse en aquellos casos en que se presente la falta absoluta de algún miembro del Consejo Consultivo, resaltando que esta situación a la fecha constituye una laguna jurídica de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es de suma importancia resaltar que en esta iniciativa también se propone adicionar al mismo precepto un párrafo tercero, a fin de determinar el proceso a seguir para la designación en caso de falta absoluta de cualquier integrante de este Consejo Consultivo.

En este contexto se precisa que dicho proceso iniciará con una notificación que deberá realizar de inmediato el presidente del organismo a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente. Esto fortalece la intervención del Poder Legislativo en el proceso, lo que además garantiza el respeto y salvaguarda de los derechos humanos de la población.

México, en los últimos años ha desempeñado un papel muy activo en el fomento de una cultura en pro de la defensa de estos derechos y libertades fundamentales. El 10 de junio del 2011, el Constituyente Permanente reformó 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con los cuales se incorporó a nuestra ley fundamental el catálogo de los derechos humanos reconocidos y protegidos por los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

De igual forma, se redundó en el fortalecimiento de la autonomía de los organismos de protección de derechos humanos en cada uno de los estados y también del Distrito Federal.

Ciudadanizó aún más la elección de sus titulares y otorgó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y federales que vulneren los derechos humanos.

La importancia en la selección de los integrantes del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es de suma importancia porque con ellos se garantiza su salvaguarda.

En nuestro grupo sabemos que aún queda mucho trabajo por hacer para prevenir, sancionar y erradicar las violaciones de los derechos humanos. Gradualmente habremos de consolidar el estado de derecho y la vigencia de los derechos y libertades civiles, políticas, económicas y culturales que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al cual orgullosamente pertenezco, externa su apoyo a favor de este dictamen que posibilitará optimizar el desempeño y la conformación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, compañeros. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Gracias a usted, diputada Cecilia González Gómez.

Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 401 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría.

DIPUTADO QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se procede a dar cuenta de la licencia del diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de esta Cámara.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente

Con fundamento en la normatividad aplicable, solicito se someta a la consideración y aprobación del pleno la presente solicitud de licencia para separarme de mis funciones como diputado federal, misma que surtirá efectos a partir del 6 de marzo del presente año.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2014.— Diputado Ricardo Anaya Cortés (rúbrica).»

Cumplida su instrucción, diputado presidente.

El Presidente diputado Ricardo Anaya Cortés: Muchas gracias, secretario. Muy estimadas compañeras diputadas, muy estimados compañeros diputados, presidir la Cámara de Diputados ha sido el máximo honor de mi vida. Ustedes me permitieron conducir históricas sesiones. La de hoy será la última.

Se ha dicho, y es cierto, que el primer deber es agradecer, y tengo mucho que agradecer a cada una y a cada uno de ustedes. A los grupos parlamentarios y a sus coordinadores agradezco su confianza. A la Mesa Directiva agradezco su acompañamiento generoso.

A mi equipo de trabajo, a nuestro gran equipo de trabajo en la Cámara de Diputados agradezco su profesionalismo. A las compañeras y a los compañeros de la fuente les agradezco que hayan estado siempre atentos a nuestro quehacer y a nuestros pendientes. A todas y a todos ustedes muchas gracias.

Creo en la libertad, en la tolerancia, en el diálogo y en los acuerdos. Mi reconocimiento a quienes han tenido el valor para ponerse de pie y hablar, y mi reconocimiento también a quienes han tenido el valor para permanecer sentados y escuchar. Siempre he estado orgulloso de mi militancia partidista, y desde ese orgullo procuré serenidad, prudencia e imparcialidad.

Procuré representar la unidad de la Cámara a partir de su valiosa pluralidad. Procuré representar y defender a las instituciones del Estado mexicano. Procuré alentar el debate, jamás ahogarlo. Y con todas mis limitaciones hice mi mayor esfuerzo por representarlas y representarlos dignamente a ustedes, a la Cámara de Diputados y al Congreso de la Unión.

Sé que falta mucho por hacer, y lejos de cualquier actitud triunfalista mantengo la convicción de que esta Legislatura con las reformas aprobadas ha escrito ya una de las páginas más brillantes en la historia moderna del Congreso.

Compañeras y compañeros, despedirse nunca es fácil, asumiré con pasión y con emoción nuevas responsabilidades, pero nunca olvidaré lo que de ustedes y con ustedes he aprendido. Aquí aprendí que quien piensa diferente no es enemigo; aquí aprendí, parafraseando a Víctor Hugo, el valor de tener amigos valientes y leales, y el valor también de tener adversarios que cuestionen nuestras propias certezas.

De manera muy especial agradezco a mi familia, a mi esposa Carolina, a mis tres hijitos; Santiago, Mateo y Carmen. Me voy con la frente en alto y les digo que el honor que me han confiado lo guardaré celosamente, porque sé que no es sólo mío sino de nosotros cinco.

Me voy agradecido, alegre y con muchos amigos. Me voy con más esperanza en el futuro de México que cuando llegué. Me voy convencido de que lo mejor para México está por venir.

Sé que nos reencontraremos en el camino luchando por México, porque como dice Benedetti, la vida es eso; continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo; y porque aún hay fuego en nuestra alma, aún hay vida en nuestros sueños.

De todo corazón, muchas gracias, y hasta pronto.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Antes de someter a la consideración del pleno la licencia, diputado Villarreal, ¿con qué objeto?

El diputado Luis Alberto Villarreal García(desde la curul): Gracias, presidente.

Quisiera, si la asamblea me lo permite, agradecer y hacer un reconocimiento público a nuestro compañero, al diputado Ricardo Anaya Cortés, porque durante estos meses estoy cierto, ha presidido este Congreso y se ha destacado por su actitud republicana y su profundo sentido de Estado, ha enaltecido en todo momento la función del Poder Legislativo.

Su Presidencia se ha caracterizado por la serenidad, la tolerancia, la inclusión, la paciencia y, desde luego, el respeto a este Poder y a cada uno de los que integramos esta Cámara de las y los diputados.

Puedo afirmar que su buena conducción desde la Mesa Directiva nos ha permitido generar los acuerdos y los consensos que le dieron paso a las reformas más profundas y más importantes de la vida de este país en las últimas décadas.

Estoy cierto —y así estoy seguro coincidimos todas y todos en este recinto— que el presidente Ricardo Anaya ha representado a este Poder de la Unión con pulcritud, con amabilidad, pero siempre con firmeza, lo que le otorga dignidad a este Poder, que representa verdaderamente a todos y cada uno de los ciudadanos de este país.

En lo personal, querido Ricardo, y a nombre de tu Grupo Parlamentario del PAN, debo decirte que nos sentimos muy orgullosos de ti. Tu trabajo inspira a millones y millones de mexicanos, y particularmente de jóvenes, no solamente a los de tu partido, sino a los mexicanos que todos los días hacen un esfuerzo por alcanzar el éxito y que en ti se reflejan y se inspiran.

No miento cuando afirmo que te has convertido para muchos mexicanos en un referente de lo que México es y quiere ser, en un ejemplo. Te has convertido en un liderazgo que en todo momento supo anteponer los intereses de todos los mexicanos por encima de los intereses partidistas.

Te deseo el mayor de los éxitos para el camino que hoy emprendes. De mi parte y de tu grupo parlamentario queda la amistad, la gratitud y el reconocimiento a tu trabajo. Mucho éxito.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Manlio Fabio Beltrones.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara quiere hacer un reconocimiento a quien ha sido el tercer presidente de esta Legislatura, en la cual mujeres y hombres valiosos han sabido trabajar con una visión que alcanza sobre todo el mejor futuro para los mexicanos.

Y que este presidente se suma a dos presidencias anteriores, como la de Jesús Murillo Karam y la de Francisco Arroyo Vieyra, que han actuado con enorme talento, respetando el Reglamento, haciéndole frente siempre a las circunstancias que de una u otra manera se viven en una asamblea tan dinámica, como a la que pertenecemos, y que nos ha permitido debido a ello alcanzar grandes acuerdos, dentro de nuestras diferencias, que le sirven a México.

El diputado Ricardo Anaya, quien ha solicitado licencia, adicionalmente le ha puesto, y es de reconocerse, serenidad, inteligencia y talento al manejo de la Presidencia, lo cual le permitió no imponer nunca lo que ha sido su voluntad, sino ganar autoridad política, con la cual hemos podido avanzar en la mayor de las concordias.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, el reconocimiento va porque no es fácil el poder conducir esta asamblea, y lo saben y lo sabemos todos los que hemos presidido, hemos tenido el honor de presidir esta Cámara, pero tampoco resulta fácil el encontrar soluciones como las que aquí se han dado para poder garantizar el trabajo legislativo.

Le deseamos la mejor de las suertes, y sobre todo, el día de hoy en el que hemos vivido vicisitudes similares a otros días, de una sesión tan intensa, estoy seguro que nos va a extrañar y nosotros también a él. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado Silvano Aureoles.

El diputado Silvano Aureoles Conejo(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quiero, en primer lugar, expresar nuestro reconocimiento a nuestro amigo el diputado Ricardo Anaya, reconocerle por una actitud incluyente, tolerante y que le dio una conducción acertada al pleno de la Cámara de Diputados, con un agregado que hay que destacar, Ricardo es un hombre joven, que con esa energía y con ese talante pudo hacer de la Presidencia de la Cámara, en estos meses que llevamos, el espacio adecuado para encauzar las discusiones y el debate.

Sin duda que siempre hay expresiones, resultado de la natural diferencia, las diferencias que se expresan en esta Cámara, en sus grupos parlamentarios, resultado de una pluralidad, que sin duda vive el país, vive México y que la Cámara, siendo la expresión ciudadana por excelencia, popular, más bien, es el reflejo de lo que vive la sociedad mexicana.

Por ello, expresamos este reconocimiento a Ricardo, un hombre joven, talentoso, que sin duda le esperan muchos éxitos para adelante, pero que ese reconocimiento es a su capacidad y a su actitud en los momentos difíciles que vivió este pleno y la Cámara, en momentos apenas superados.

Por ello, estimado amigo Ricardo, enhorabuena. Éxito en lo que la vida le depare y nuestro reconocimiento estará por siempre. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Ricardo Astudillo.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. A nombre de todo nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y muy en especial de nuestro coordinador, Arturo Escobar, también queremos hacer un amplio reconocimiento a la persona de Ricardo Anaya Cortés, en este tiempo que fue el representante de todos los diputados.

Este trabajo que sin duda no fue fácil, como lo han mencionado nuestros compañeros, un trabajo que se caracteriza por haber sido imparcial, por haber tenido un trato justo a todos los partidos, por lo menos así lo percibe y lo siente el Partido Verde Ecologista de México.

Pero algo muy importante, amigas y amigos, que sin duda estos dos periodos se recordarán en la historia de nuestro país. Por su juventud, por la frescura, por el entusiasmo y también por el trabajo limpio y el desempeño de hoy, de nuestro compañero Ricardo Anaya Cortés.

Todos estos ingredientes fueron los que dieron como resultado el haber tenido las reformas estructurales más importantes en la historia reciente de nuestro país. Y como queretano y amigo, Ricardo, yo te puedo decir que has puesto muy en alto el nombre de nuestro estado. Has puesto muy en alto la responsabilidad legislativa en la historia de todos los queretanos que han ocupado algún lugar en esta Cámara de Diputados.

La historia, tuya y mía, nos ha puesto en diferentes cargos públicos en los que hemos compartido las diferentes responsabilidades. Siempre hemos contado con tu apoyo y siempre contarás con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, no solamente como legisladores sino como amigos, que a eso venimos a esta Cámara, a construir amistades que perduren y que nos sirvan en un futuro. Muchas gracias a todos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Alfonso Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Para sumarme también, para expresar una felicitación a nuestro compañero diputado, o ex, bueno, diputado aun porque no se ha sometido a votación, compañero Ricardo Anaya.

Por una razón fundamental, porque puso su conocimiento del derecho parlamentario al servicio de la apertura y la flexibilización del debate. Y es precisamente esa flexibilidad y apertura la causa de los reconocimientos que hoy le expresamos.

Quiero aprovechar para decirles a todos los compañeros, compañeras y compañeros diputados, pero particularmente a los coordinadores parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, que no debemos detener al debate abierto y flexible, como el que nos permitió Ricardo Anaya bajo la conducción de las asambleas de este pleno.

Que al contrario, cada vez que expresó su flexibilidad lo hizo para enriquecer, finalmente, el producto legislativo. Y que si los coordinadores parlamentarios requieren o buscan merecer mayor reconocimiento de este pleno, tienen un ejemplo en la flexibilidad y apertura que aquí mostró el compañero diputado Ricardo Anaya, a quien expreso, reitero mi reconocimiento y expreso mis parabienes en su siguiente tarea política. Gracias y felicidades.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Doña Lilia Aguilar.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero unirme a este reconocimiento, no solamente a título personal, sino a nombre de diputados del PT. En el reconocimiento, Ricardo, que durante tu presidencia te caracterizaste por escuchar, por moderar, pero sobre todo —y creo que esto hay que reconocerlo— por atendernos como pares, con serenidad y flexibilidad como ya se ha dicho, pero con estabilidad y control.

Creo que el diputado Anaya representa en esta Cámara no solamente que el país ha cambiado y que tenemos una nueva generación de políticos, que aunque nos encontremos en un espectro ideológico distinto debemos de reconocer en el diputado Ricardo Anaya que cada una de sus intervenciones fuese en esta Cámara de Diputados o en eventos, siempre dio muestras de control y de notable cultura.

Yo terminaría diciéndole a Ricardo, que a contrapelo de la apuesta por la pasividad de los jóvenes ha surgido una nueva generación que no estamos dispuestos a rendirnos a los amagos del poder. Creo que aunque en distintos espectros de la ideología estamos igualmente en esta convicción. Y yo te felicito y te felicito por tu apertura y por tu serenidad y madurez. Muchas gracias.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don René Fujiwara.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Igualmente, a nombre de mi grupo parlamentario, de su coordinadora, la maestra Sanjuana Cerda Franco, me gustaría sinceramente reconocerte, apreciarte, agradecerte también estos momentos que hemos vivido juntos, que sin duda alguna serán por el bien del país, que han sido momentos con una carga histórica y con una relevancia muy significativa para las siguientes generaciones.

A título personal también reconocer la juventud y evidentemente el papel que has desempeñado como Presidente de la Cámara de Diputados, el estatus también que le has dado a la juventud a lo largo de estos meses, de este desempeño que has tenido y sin más por el momento de verdad reconocerte, agradecerte esos momentos y dejarte nuestro reconocimiento como grupo parlamentario.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Yo lo que quiero es compartir una reflexión sobre el valor de la Mesa Directiva, y aunque a muchos les duele, hay que decirlo, que la Mesa Directiva es el órgano que mandata este pleno y que no se puede permitir que la Junta de Coordinación Política se convierta en una dictadura, que obvie los derechos de los diputados y de los ciudadanos, que violente la Constitución.

Yo quiero el día de hoy reconocer a las dos docenas, decenas de diputados, que en un marco de defensa de nuestros derechos hoy no permitimos que se convirtiera una arbitrariedad; y reconocer en esa medida, en los contrastes que tengo que reconocer del diputado Ricardo, que él hoy supo manejar esta sesión con prudencia, como en otras ocasiones, y que contrasta mucho con los anteriores presidentes que hemos tenido en esta Cámara —como el que hoy dirige— que han sido una dictadura de su partido.

Tal vez la única recomendación es que hoy necesitamos no hombres de partido como en el régimen se da. Ricardo, ojalá más que hombre de partido, algún día seas un hombre de Estado. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muy bien. Don Fernando Zárate.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Gracias, presidente. Sobre todo quisiera basarme en hechos, no en adjetivos calificativos. Hay dos que trascienden respecto de la Presidencia de mi compañero Ricardo Anaya.

Uno. Es evidente que su Presidencia le trajo un aire de frescura a nuestro país, a nuestras instituciones y sobre todo a esta Cámara de Diputados que cada vez más México debe ir transitando en una premisa de pluralidad, en una premisa de democracia, en una premisa de tolerancia, incluso con los comentarios que el que antecedió en la palabra los hizo, ofendiendo o no ofendiendo, sin embargo aquí se está escuchando.

Número dos. Desde lo que a nosotros nos correspondió, que es Relaciones Exteriores, fue impecable la defensa de la República y de la soberanía que hizo Ricardo Anaya con los Estados Unidos de América y con Canadá.

En dos interparlamentarias representó al país dignamente y eso hay que reconocerlo. No forzó las relaciones y sí con un gancho izquierdo bastante sólido hizo valer la soberanía nacional.

Éste es un reconocimiento desde la izquierda y sobre todo es una inspiración para todos los jóvenes que pretendemos también continuar con este relevo generacional.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Gracias, presidente. Prácticamente todo se ha dicho. Yo también me uno al reconocimiento a la extraordinaria labor que hizo el diputado Ricardo Anaya al frente de la Cámara de Diputados. Demostró, por supuesto, tolerancia, apertura; demostró convicción democrática frente incluso a acciones que no lo eran así, y es algo que se reconoce.

Por supuesto, ser presidente de la Cámara es un gran orgullo, un honor. Pero él creció —y me da mucho gusto que haya crecido— no por haber ocupado la Presidencia, sino por haberlo hecho muy bien en la Presidencia. Muchos diputados nos sentimos reconocidos e identificados con sus discursos, discursos que me parecen muy buenos, con mucha intensidad, con mucho brío.

Qué bueno que haya jóvenes políticos que destaquen. Yo nada más puedo reconocerle. Y por supuesto que hemos tenido otros dos buenos presidentes de la Cámara muy experimentados, tanto Murillo Karam como Francisco Arroyo Vieyra. No era fácil suplir a gente tan experimentada y ahora le deja la vara muy alta, aunque estoy seguro que también lo hará José Gonzáles Morfín.

Mi reconocimiento. Espero que tenga un gran éxito en las próximas labores mi amigo el diputado Ricardo Anaya.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Jhonatan Jardines Fraire, lo escuchamos.

El diputado Jhonatan Jardines Fraire(desde la curul): Seré breve, señor presidente en turno, por ya la mayor cantidad de diputados que han hablado. Ricardo, cuando tomaste el cargo, yo te dije que para mí era un orgullo que como joven estuvieras ahí arriba. Muchos de los que hoy te están felicitando en aquél entonces nos chiflaron.

Reconocemos mucho de lo hiciste. Tu libertad, tu tolerancia, los mismos principios que tú dijiste que habías defendido, nos consta que así fue. Nos consta que a veces no se tiene la imparcialidad que quisiéramos, pero también algunas veces tu mismo partido te reclamó cuando no caíste en un favoritismo que ellos pedían.

Lo único que pediríamos ahora a todos los demás presidentes que les toca presidir nuestra Cámara de Diputados es que puedan tener un poco de la tolerancia que se mantuvo en esta presidencia, que no vaya a ser una presidencia de hierro la que venga a sustituir a Ricardo, porque todavía nos quedan muchas reformas muy importantes, y a mí en lo personal, sin nada al futuro presidente que veo allá arriba, ojalá pudiera reconsiderar en su partido que se quedara Ricardo. Gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña María del Socorro Ceseñas Chapa.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Gracias, señor presidente. Diputado Ricardo Anaya Cortés, compañeras y compañeros diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, el órgano de gobierno de esta Cámara, su Mesa Directiva, todas y todos sus integrantes y en particular su presidencia, demanda de varios principios y valores y formas de ser y de actuar, entre ellas, entre ellos, el valor de ser imparcial, de ser tolerante, de ser respetuoso y otras y otros o más principios, mismos que desde mi punto de vista muy en particular, y de otras y otros compañeros parlamentarios del PRD, coincidimos que fueron cumplidas, que fueron cubiertas y eso habla bien de ese órgano de gobierno de quien presidió y hasta dentro de un momento dejará de presidir; pero también habla bien de todas y todos los diputados.

Por eso creo y aprovecho la oportunidad para decir lo siguiente: es necesario dignificar el trabajo parlamentario desde las responsabilidades que se tienen, desde la conformación de los que están en los órganos de gobierno y del resto de las que estamos y de los que estamos en las curules.

En la medida en que hagamos nuestro máximo esfuerzo para ponderar esos principios, esos valores y sobre todo el respeto entre todas y todos, creo que podemos abonarle a la dignificación que tanta falta le hace al trabajo parlamentario de esta Cámara de Diputados.

Diputado Ricardo, enhorabuena por toda su estadía, el tiempo que estuvo presidiendo este pleno y enhorabuena para el futuro que se le avecina en las próximas responsabilidades que usted tendrá. Gracias; un saludo fraterno.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Aída Fabiola Valencia Ramírez.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Muchas gracias. Diputado Ricardo Anaya, déjame reconocerte el respeto que has tenido con nosotras en este pleno. Definitivamente hemos sentido tu cobijo y sería muy injusto que partieras de esta Cámara hoy sin decírtelo.

Reconozco también tu juventud, que tu juventud le trajo frescura efectivamente a este pleno. Ojalá y de esa misma forma te pueda seguir viendo.

Creo que te vas porque te necesitan. Aquí también te necesitamos las mujeres. Qué pena que te retires ahora, qué pena porque has dignificado tu papel allá arriba; ahí es donde nos has demostrado que sí se puede lograr el respeto.

Ojalá y el próximo presidente que vaya a estar allá arriba, también haga lo mismo, también tenga tolerancia con todos los grupos parlamentarios.

Hoy te vas con honores, déjame decírtelo, porque hoy hiciste valer el respeto a las minorías con el hecho de haber ejercido tú el poder allá arriba al no permitir que la Jucopo volviera a atropellar la técnica legislativa. Demostraste que eres un hombre congruente, un hombre de mucho valor.

Por eso te expreso mi reconocimiento. Lo hago a nombre propio. Seguramente más de una diputada estaría diciéndote lo mismo. Te agradezco toda tu paciencia, tu tolerancia y tu enseñanza. Que te vaya muy bien y felicidades.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Nelly del Carmen.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): Gracias, Presidente. Quiero hacer un reconocimiento personal el día de hoy, en esta partida, al diputado Ricardo Anaya.

Ricardo, te reconozco tu gran talento, tu gran objetividad en el manejo de la asamblea, ese gran conocimiento parlamentario, pero sobre todo te reconozco que eres un hombre bien formado, que eres un profesionista de alta calidad.

Creo que las 184 mujeres que hay en esta Cámara de Diputados estamos de acuerdo en que fuiste muy respetuoso con nosotras, que fuiste un caballero. En lo personal de lo agradezco y te deseo muchos éxitos en el sueño inmediato que se está por cumplir. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Domitilo Posadas.

El diputado Domitilo Posadas Hernández(desde la curul): Muchas gracias. Ricardo, un honor compartir contigo esta responsabilidad institucional que el pueblo mexicano nos otorgó.

Solamente decir un par de cosas. La primera es compartir plenamente lo que ha señalado Silvano Aureoles, nuestro coordinador parlamentario del PRD, agregando que una de las experiencias o lecciones o mensajes que nos deja la función de Ricardo como Presidente de esta Mesa Directiva es que la imparcialidad no está reñida con la militancia política.

Desde su militancia panista, como Presidente de esta Legislatura ha dado prueba de lo que aquí se ha dicho de pluralidad y reconocimiento a la existencia de los demás.

Finalmente, también con su trabajo al frente de esta legislatura nos has mostrado que la experiencia, la capacidad y valores democráticos no son patrimonio de la biología, sino que son valores que se aprenden y se instrumentan plenamente cuando se ejerce una responsabilidad como la que has cumplido.

Por eso creo que, como él ha parafraseado a Benedetti, como ese autor uruguayo lo señaló: a los viejos se les niega la posibilidad de asumir responsabilidades por la edad y a los jóvenes se les niega la oportunidad porque les falta experiencia.

Ricardo nos ha demostrado que un joven puede tener la experiencia y la fuerza para conducir un órgano legislativo como el actual. Muchas gracias, enhorabuena y muchos éxitos en tus tareas.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente Carlos Reyes Gámiz, finalmente.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz:Quiero solamente compartirle al diputado Anaya que a mi modo ver y por el corto tiempo en que conocí su desempeño, los valores de la democracia, transparencia, objetividad, certeza están plenamente confirmados en su actuación política.

Y como dijo el poeta Lluís Llach, que tengan buen viaje los guerreros que son fieles a su pueblo, el Dios de los vientos favorezca el velamen de su barca. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Finalmente doña Esther Quintana.

La diputada Esther Quintana Salinas:Ricardo, te habla alguien de tu bancada. Yo sé que ya habló el señor coordinador. No soy muy afecta a los elogios, y además aquí ya te los han dicho todos, pero quiero decirte que me siento muy orgullosa, muy orgullosa de verdad. El trabajo que hiciste en días muy aciagos para este Congreso, para esta Cámara de Diputados.

Lo que yo quiero decirte nada más, es que nunca te permitas levitar; que siempre te mantengas con los pies sobre la tierra. Eso te va a dar mucha consistencia, eres un hombre muy joven y tienes mucho camino que andar, pero no te olvides de esto. Es muy fácil escuchar cantos de sirena, te van a sobrar los elogios porque eres un hombre muy talentoso, pero nunca te olvides tú de quién eres. Te felicito por tu tolerancia, por tu prudencia, porque eres un joven muy, muy talentoso y me siento muy orgullosa de que estés en la bancada de Acción Nacional. Muchas felicidades y enhorabuena.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la solicitud de licencia del diputado Ricardo Anaya.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Punto de acuerdo.

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Ricardo Anaya Cortés, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la segunda circunscripción plurinominal, a partir del 6 de marzo del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.

CONVOCATORIA A REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE GOBERNACION

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Honorable asamblea, los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza han solicitado a esta Presidencia que consulte a la asamblea una autorización expresa para que, con fundamento en el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Gobernación sea citada y reunida con carácter de extraordinario, a las 18:00 horas, para todos los efectos que correspondan, con el objeto de discutir y dictaminar la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular, devuelta por la Cámara de Senadores con modificaciones.

Por lo tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que la Comisión de Gobernación sea citada y reunida con carácter de extraordinario hoy, a las 18:00 horas, para emitir el dictamen correspondiente.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si es de aceptarse que hoy se reúna la Comisión de Gobernación con carácter extraordinario a las 18:00 horas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Cítese a la Comisión de Gobernación a las 18:00 horas.

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(a las 14:38 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 6 de marzo de 2014 a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30.