Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 289 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín(a las 11:09 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 11 de marzo de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación a modificación de turno de iniciativa.

De la Junta de Coordinación Política

En relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, especiales y de organismos internacionales.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe del relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en el marco de la visita efectuada a nuestro país del 22 de abril al 2 de mayo de 2013.

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.

De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las Reglas de Operación de los programas de la Administración Pública Federal.

Solicitud de licencia

De la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez.

Toma de protesta

De las diputadas Ana Paola López Birlain y Saraí Larisa León Montero.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta De Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos al 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto que reforma el Tercer Párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.

De la Comisión de Seguridad Pública, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal.

De la Comisión de Igualdad de Género, con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Cambio Climático, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Cambio Climático, con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 17, 45 y 84 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, en materia de permiso de paternidad.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas y minutas

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2o., 86 Ter y 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Minera.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 62, 63 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 23 de la Ley de Puertos.

De la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto que reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 166 Bis y 166 Bis 1 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 301 y adiciona un artículo 307 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que declara al año 2013 como “Año Belisario Domínguez, de la Libertad y la República”.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Minuta con Proyecto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Iniciativas

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo del diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental, Reglamentaria de los artículos 6 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34, 35, 37 y 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 7o. y 8o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alejandra López Noriega y suscrita por los diputados José Enrique Reina Lizárraga y Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yenesia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, suscrita por los diputados Tomás Torres Mercado, Ana Lilia Garza Cadena y Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo de los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44, 47 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 19 y 21 de la Ley Minera, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 11, 12 y 17 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103 y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Teresita de Jesús Borges Pasos, Yesenia Nolasco Ramírez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 y adiciona un artículo 35 Bis a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

De Decreto, por el que se aprueba la emisión de una moneda conmemorativa del Centenario de la Firma de los Tratados de Teoloyucan, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Artega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos artículo 69, 89 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 72 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y expide la Ley General de Prevención del Delito, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 28 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 209 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 381 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 34 del Código Penal Federal y 188 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 8o. del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1168 del Código de Comercio, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 79 de la Ley General de Salud y 56 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de las diputadas Loretta Ortíz Ahlf y Margarita Elena Tapia Fonllem, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 282 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 430, 431, 432 y 433 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 284 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga y suscrita por el diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 420 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad y el Sobrepeso, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de los diputados José Arturo Salinas Garza y Marco Antonio González Valdez, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, se tomen las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad, que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el Gobierno del Estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, los Reyes la Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, STPS y de la SHCP, a fin de analizar y resolver el problema que afecta a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la clausula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del GDF, para que a través de la Secretaría de Transportes y Vialidad, realice las adecuaciones necesarias dentro del transporte público, en especial al interior del metro, en lo relativo a los espacios preferentes para los adultos mayores, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Segob y del INM, a fin de realizar patrullajes nacionales para verificar la situación de los inmigrantes que se encuentran mendigando en territorio nacional, a cargo del diputado Isaías Cortés Berúmen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SHCP, para que se agilicen las indagatorias para ubicar a los responsables de la serie de anomalías fraudulentas consumadas contra el Municipio de Cutzamala del Pinzón, en el estado de Guerrero, y se deslinde la responsabilidad de la Dirección General de Aduanas, dependiente de esa Secretaría, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al maltrato a la mujer en las salas de parto, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CNSF, a efecto de que se corrijan las anomalías por parte de las aseguradoras que ofrecen sus productos vía telefónica, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SS, de la SEP, de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, para que, de manera coordinada inicien campañas preventivas que disminuyan la incidencia de casos de embarazo en adolescentes, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, emita y publique recomendaciones para que los padres de familia puedan detectar oportunamente señales de acoso escolar o bullying y poder evitar daños, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, para que se proceda a realizar el pago de indemnización por los daños ocasionados en perjuicio de la corporación Rolmar SA de CV, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo a los casos de influenza AH1N1 en el estado de Zacatecas, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que transmita al Estado de Belarús la felicitación del Grupo de Amistad México – Belarús de la Cámara de Diputados, por los resultados obtenidos por ese país en los XXII Juegos Olímpicos de Invierno, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Sedesol, para que en las reglas de operación del programa “Seguro de vida para Jefas de Familia”, se incorporen, apoyen y consideren a los padres solteros, viudos o separados jefes de familia, a cargo de la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la STPS y de la Sedesol, para que promuevan políticas que garanticen una mejor redistribución del ingreso, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Sedesol, para que difunda la información referente al estado que guardan las metas establecidas en el Convenio de Concertación que suscribió la dependencia y la empresa Nestlé el 9 de abril de 2013, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Atención a Viviendas en Zonas de Riesgos Estructurales Hidrometereológicos y Geológicos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Finanzas, Salud, Desarrollo Social, Educación y Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, emprendan las acciones pertinentes que permitan establecer mejoras inmediatas en la política de juventudes en la entidad, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que se establezca la transmisión en Cadena Nacional de las sesiones del Congreso de la Unión, en las que se discutan las reformas a las leyes secundarias, derivadas de las reformas constitucionales estructurales, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Senadores, para que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inmunidad de servidores públicos, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaria que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves seis de marzo de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con quince minutos del jueves seis de marzo de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática y la diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Partido Revolucionario Institucional, solicitan a la Presidencia un minuto de silencio en memoria del filósofo y escritor Luis Villoro.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que su iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veintiuno de noviembre de dos mil trece, sea retirada de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación:

• Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Relativo a la realización de actividades para conmemorar los sesenta años del reconocimiento del derecho de las mujeres al voto en México. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

– Para declarar el próximo “dos mil catorce, Año de Octavio Paz” y se realicen diferentes actividades alusivas al poeta. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, se implementen políticas de control y combate al contrabando y piratería. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

• Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. Se remite a los promoventes, para su conocimiento.

c) De la Cámara de Senadores, con las que devuelve expediente de la Minuta con Proyecto de Decreto, para los efectos de la Fracción D del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

• Que adiciona un párrafo tercero al artículo trescientos quince Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Que reforma el primer párrafo del artículo trescientos noventa y cinco del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

A las once horas con veintidós minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos dieciocho diputadas y diputados.

Por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura al acuerdo de los grupos parlamentarios, relativo a la elección de la Presidencia y Primer Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para la conclusión del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura. En votación económica se aprueba el acuerdo. El Presidente declara vacantes la Presidencia y la Primera Vicepresidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En votación nominal por trescientos veintidós votos a favor; y diecinueve abstenciones, se declaran electos para ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a los diputados José González Morfín; y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, respectivamente, durante el lapso restante del Segundo Año de Ejercicio. Acto seguido, se toma protesta de Ley al Presidente.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

El Presidente toma protesta de Ley al Primer Vicepresidente electo, diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño.

El Presidente invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del filósofo y escritor Luis Villloro Toranzo.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación que expide la Ley Federal de Consulta Popular. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad. En votación económica se autoriza someter a discusión de inmediato el dictamen.

Acto seguido, se somete a discusión y votación el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Abel Octavio Salgado Peña. El Presidente informa a la Asamblea que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a los artículos: quinto, párrafo primero; sexto, fracciones tercera, cuarta y quinta; noveno, fracción primera; doce, párrafo segundo; catorce, párrafos primero y segundo; quince, párrafo primero, fracción cuarta, y párrafos segundo y tercero; veinte; veintiuno, fracciones cuarta y quinta; veinticinco, párrafo primero; veintiocho, fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, e inciso C), y fracción sexta; treinta, fracciones cuarta y quinta; treinta y dos, párrafo segundo; treinta y tres, fracción cuarta; cuarenta y uno, párrafos primero y tercero; sesenta y cuatro, párrafo segundo; y la adición de un artículo sexto transitorio. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Luis Antonio González Roldán; de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, quien acepta interpelación de los diputados Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, y Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Amalia Dolores García Medina, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Alfredo Rivadeneyra Hernández, del Partido Acción Nacional; y Leopoldo Sánchez Cruz, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra las diputadas y los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Uriel Flores Aguayo, y Javier Orihuela García, ambos del Partido de la Revolución Democrática; y en pro la diputada y los diputados: Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional; Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática; Faustino Félix Chávez, del Partido Revolucionario Institucional; Graciela Saldaña Fraire; Rodrigo González Barrios, y Fernando Belaunzarán Méndez, todos ellos del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: quinto; sexto; doce; veintiuno; treinta; treinta y tres; cuarenta y uno; sesenta y cuatro; y la adición de un Sexto Transitorio.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En votación nominal por trescientos sesenta y cuatro votos a favor; cincuenta y siete en contra; y cuatro abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular.

Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados:

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuestas de modificación a los artículos: quinto, doce, treinta y tres, y cuarenta y uno del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión y se desechan.

• Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos quinto y sexto del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática, informa a la Presidencia que declina presentar su reserva al artículo quinto del proyecto de decreto.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

Presidencia del diputadoMarcelo de Jesús Torres Cofiño

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• José Soto Martínez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sexto del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos: sexto, veintiuno, y treinta del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Carlos de Jesús Alejandro, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos: sexto, veintiuno, y treinta del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• María Fernanda Romero Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo doce del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo treinta y tres del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de orden los diputados Uriel Flores Aguayo y Roberto López González, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo sesenta y cuatro del proyecto de decreto, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

• Silvano Blanco Deaquino, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo sesenta y cuatro; y la adición de un artículo Sexto Transitorio, del proyecto de decreto, quien al final de su exposición retira sus reservas.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos treinta y cuatro votos a favor; cincuenta y cuatro en contra; y cuatro abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos reservados: quinto; sexto; doce; veintiuno; treinta; treinta y tres; cuarenta y uno; y sesenta y cuatro, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Consulta Popular. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Desde sus respectivas curules las diputadas Aída Ramírez Torres, del Partido de la Revolución Democrática; y Martha Gutiérrez Manríquez, del Partido Revolucionario Institucional, realizan comentarios sobre diversos temas legislativos.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el formato para la reunión de trabajo que sostendrán el Director General de Petróleos Mexicanos, y el Procurador General de la República con la Comisión de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y las Comisiones Especiales de Cuenca e Burgos, y de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en las Entidades Federativas donde se Ubican las Instalaciones de Pemex de la Cámara de Diputados. Se somete a discusión e intervienen en pro los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido y de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Arturo Escobar y Vega, Merilyn Gómez Pozos y Lourdes Adriana López Moreno, del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento Ciudadano, respectivamente, que adiciona un artículo sesenta Quáter y reforma el artículo setenta y ocho de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veinticinco de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión, Derechos de la Niñez, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo:

• Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, a realizar las modificaciones necesarias en materia de tránsito y vialidad para establecer como obligatorio el uso de cascos y chalecos estampados con el número de placa de los motociclistas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a otorgar recursos a Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, para el pago a ex trabajadores, de los laudos condenatorios derivados de juicios laborales. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Karen Quiroga Anguiano, del partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que promueva acciones para fomentar la cultura cooperativista mediante programas y talleres a nivel medio superior. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Instituto Nacional de Bellas Artes, para que realicen estudios sobre la pertinencia de llevar a cabo afectaciones a banquetas, asfaltos y otros bienes de las zonas de la Delegación Coyoacán en las que se están realizando las instalaciones de parquímetros. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, relativo a la adecuación de taxis para personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, a la Semarnat, a la Sener, a la Conagua, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que den publicidad a los trámites de la autorización del proyecto de prestación de servicios integrales para el autoabastecimiento de energía renovable para esa entidad. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María del Carmen García de la Cadena Romero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Cámara de Diputados felicita a las ciudadanas Linda Ochoa, Rosalía Domínguez, Brenda Merino y Aída Román, por haber obtenido medallas de oro en el campeonato mundial de tiro con arco, con la especialidad bajo techo, que se llevó a cabo en Nimes, Francia. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, haga del conocimiento público y aclare los incrementos acumulados de enero a septiembre de dos mil trece, correspondientes a las pérdidas, la deuda documentada y las cuentas de cobro dudoso. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, a resolver la situación de malos tratos, prevaleciente en las estaciones migratorias, en particular la establecida en el municipio de Acayucan, estado de Veracruz. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a diversas dependencias del Poder Ejecutivo federal, para llevar a cabo acciones tendientes a erradicar la presencia del clembuterol y otros agentes anabólicos en la alimentación del ganado para consumo humano en México. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Ganadería, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a dar atención a las propuestas de la Auditoria Superior de la Federación, contenidas en su informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública dos mil once. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de difundir el destino del presupuesto asignado al Plan Integral contra el Huanglongbing (HLB). Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, haga del conocimiento público los indicadores relacionados con el proceso de administración y seguimiento de procesos legales para la recuperación de la cartera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del conocimiento público el análisis que el Comité de Crédito Externo ha realizado sobre los préstamos contratados a partir del cambio de administración y seguimiento de los realizados con anterioridad. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita al titular de la Secretaría de Gobernación, haga del conocimiento público el monto total y la aplicación del ejercicio de los subsidios transferidos a las entidades federativas como apoyo para la implementación de la reforma del sistema de justicia penal, correspondiente al presupuesto asignado en dos mil doce. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes once de marzo de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con ocho minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.

MARIA FERNANDA VAZQUEZ QUIROZ

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Abel Salgado.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña(desde la curul): Gracias, Presidente. Para solicitarle un minuto de silencio en memoria de la joven estudiante María Fernanda Vázquez Quiroz, quien el pasado viernes falleció víctima de un accidente provocado por una unidad del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde resultaron lesionados 19 estudiantes más.

Decirle que la muerte de María Fernanda y las condiciones en las que ésta ocurrió han provocado indignación y molestia en diversas esferas de la sociedad jalisciense, y que los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Jalisco queremos expresar públicamente nuestro sentimiento de tristeza por este lamentable suceso que deja un dolor profundo y consternación general.

Al mismo tiempo deseamos también hacer nuestro reconocimiento de la política de cero tolerancia que ha implementado el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, en relación con este problema y que ha dado muestras muy claras para que se apliquen los recursos legales a la mano para garantizar a los usuarios del transporte público un servicio seguro, eficiente, organizado y de calidad.

En razón de lo anterior, señor presidente, reitero nuestra petición para guardar un minuto de silencio en memoria de esta joven estudiante.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Esta Presidencia hace suya la petición del diputado Salgado y ruego a todos los presentes ponernos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de la estudiante fallecida.

(Minuto de silencio)

Descanse en paz.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio por el que se comunica modificación de turno de iniciativas.

MODIFICACION DE TURNO DE INICIATIVA

La Secretaria diputada Angelina Carreño Mijares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno, de la siguiente:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y del Código Fiscal de la Federación, suscrita por los senadores Fernando Torres Graciano y Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 27 de febrero de 2014.

“Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión.”

México, DF, a 11 de marzo de 2014.— Diputado José González Morfín (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros Parlamentarios. Continúe la Secretaría.

CAMBIOS EN COMISIONES ORDINARIAS, ESPECIALES, Y ORGANISMO INTERNACIONAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Manuel Añorve Baños, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Fernando Charleston Hernández cause baja como integrante del organismo internacional Parlamento Latinoamericano.

• Que el diputado Luis Armando Córdova Díaz cause alta como integrante en el organismo internacional Parlamento Latinoamericano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, le reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño cause baja como presidente de la Comisión Especial de Minería.

• Que el diputado Máximo Othón Zayas cause alta como presidente en la Comisión de Minería.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que la diputada Alliet Marina Bautista Bravo cause baja como integrante de la Comisión de Igualdad de Género.

• Que la diputada Alliet Marina Bautista Bravo cause alta como integrante en la Comisión de Deporte.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause baja como secretaria de la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause alta como secretaria en la Comisión de Radio y Televisión.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause alta como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause baja como secretaria de la Comisión Especial de participación ciudadana.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause alta como secretaria en la Comisión Especial de participación ciudadana.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause baja como integrante de la Comisión Especial de desarrollo sustentable.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause alta como integrante en la Comisión Especial de desarrollo sustentable.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause baja como integrante de la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause alta como integrante en la Comisión Especial de fortalecimiento a la educación superior y la capacitación para impulsar el desarrollo y la competitividad.

• Que la diputada Roxana Luna Porquillo cause baja como integrante de la Comisión Especial de seguimiento a la regularización de los solares urbanos de las zonas metropolitanas del país.

• Que la diputada Aída Ramírez Torres cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento a la regularización de los solares urbanos de las zonas metropolitanas del país.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes movimientos, solicitados por el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Tomás Torres Mercado cause baja de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause alta en la Comisión Parlamentaria Mixta Estados Unidos Mexicanos-Unión Europea.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley, Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para el seguimiento de los programas sociales destinados a los adultos mayores, me permito comunicar la integración de la mencionada comisión.

1. Diputada Dulce María Muñiz Martínez (PRI), secretaria.

2. Diputada María Esther Garza Moreno (PRI), integrante.

3. Diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo (PAN), integrante.

4. Diputada Martha Leticia Sosa Govea (PAN), integrante.

5. Diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero (PRD), secretario.

6. Diputada Josefina Salinas Pérez PRO (PRD), integrante.

7. Diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (PVEM), presidenta.

8. Pendiente (Movimiento Ciudadano).

9. Diputada Rosa Elia Romero Guzmán (PT), integrante.

10. Diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza), integrante.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 10 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Aprobadas, comuníquense.Continúe la Secretaría.

INFORME DEL RELATOR ESPECIAL SOBRE LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS EN MEXICO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del oficio número DEP-0311/14, suscrito por el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales en el marco de la visita que efectuó a nuestro país del 22 de abril al 2 de mayo de 2013, el señor Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitradas, emitió su Informe sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Lo anterior, con el propósito de que, en su caso, emitan los comentarios u observaciones que se tengan sobre correcciones factuales o imprecisiones en el informe, así como cualquier información adicional que refleje avances posteriores a la visita del Relator Especial.

Cabe señalar que dicha información figuraría en un addendum que se publicará a la par del informe, en el marco del 26° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en junio del presente año; por lo que, se solicita de la manera más atenta que, en su caso, la información correspondiente nos sea remitida a más tardar e10 del actual.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de marzo de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado señor subsecretario.

Con fundamento en la fracción III del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me permito hacer de su conocimiento que, en el marco de la visita que efectuó a nuestro país del pasado 22 de abril al 2 de mayo de 2013, el señor Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, emitió su informe sobre las ejecuciones extra judiciales, sumarias o arbitrarias, en el que expone sus principales conclusiones y formula recomendaciones para una mejor protección del derecho a la vida en México (se anexa oficio de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia DDH/00911).*

Al respecto, en apego a las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, y de no mediar inconveniente, mucho se agradecerá ser el conducto para hacer llegar dicha solicitud a los órganos de gobierno de las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, con el propósito de que, en su caso, emitan los comentarios u observaciones que se tengan sobre correcciones factuales o imprecisiones en el informe, así como cualquier información adicional que refleje avances posteriores a la visita del Relator Especia1.

Cabe señalar que dicha información figuraría en un addendum que se publicará a la par del informe, en el marco del 26° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en junio del presente año; por lo que, se solicita de la manera más atenta que, en su caso, la información correspondiente sea transmitida a la Secretaría de Relaciones Exteriores a más tardar el 10 de marzo.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de marzo de 2014.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general.»

Nota:

* El anexo mencionado se puede consultar en la versión electrónica de este documento, en http://gaceta.diputados.gob.mx en “Comunicaciones”.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para: Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política

De: Alejandro Alday González, director general de Derechos Humanos y Democracia

Asunto: Informe del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias.

Hago referencia a la visita oficial a México del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, señor Christof Heyns, llevada a cabo del 22 de abril al2 de mayo de 2013.

Sobre el particular, el Relator Especial, remitió el pasado 21 de febrero su proyecto de informe sobre su visita a México, en el que formula una serie de recomendaciones al Estado mexicano.

En tal sentido, hago de su conocimiento que se remitieron oficios a los presidentes de las mesas directivas tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado de la República, ya que estas autoridades estuvieron invo1ucradas durante la visita del Relato Especial. Lo anterior, a fin de solicitar su apoyo para trasmitir a esta oficina los comentarios u observaciones que se tengan sobre correcciones factuales o imprecisiones en el informe, así como cualquier información adicional que refleje avances posteriores a la visita del Relator Especial a más tardar el 10 de marzo del presente año.

Cabe destacar que dicha información figuraría en una adición (addendum) que se publicará a la par del informe, en el marco del 26° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2014.

Se adjunta copia de las comunicaciones enviadas a las Cámaras y el proyecto de informe del Relator Especial.

Atentamente

México, DF, a 4 de marzo de 2014.— Alejandro Alday González, director general de Derechos Humanos y Democracia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Hago referencia a la visita oficial a México del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, señor Christof Heyns, efectuada del 22 de abril al 2 de mayo de 2013.

Sobre el particular, tengo el agrado de remitir el proyecto de informe del Relator Especial sobre su visita a México, en el que formula una serie de recomendaciones al Estado mexicano.

En tal sentido, mucho agradeceré su apoyo para trasmitir a esta oficina los comentarios u observaciones que se tengan sobre correcciones factuales o imprecisiones en el informe, así como cualquier información adicional que refleje avances posteriores a la visita del Relator Especial a más tardar el 10 de marzo del presente año.

Cabe destacar que dicha información figuraría en una adición (addendum) que se publicará a la par del informe, en el marco del 26° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2014.

Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más sincera y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 24 de febrero de 2014.— Alejandro Alday González, director general de Derechos Humanos y Democracia.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.— Presente.

Hago referencia a la visita oficial a México del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, señor Christof Heyns, efectuada del 22 de abril al 2 de mayo de 2013.

Sobre el particular, tengo el agrado de remitir el proyecto de informe del Relator Especial sobre su visita a México, en el que formula una serie de recomendaciones al Estado mexicano.

En tal sentido, mucho agradeceré su apoyo para trasmitir a esta oficina los comentarios u observaciones que se tengan sobre correcciones factuales o imprecisiones en el informe, así como cualquier información adicional que refleje avances posteriores a la visita del Relator Especial a más tardar el 10 de marzo del presente año.

Cabe destacar que dicha información figuraría en una adición (addendum) que se publicará a la par del informe, en el marco del 26° periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en junio de 2014.

Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más sincera y distinguida consideración.

Atentamente

Alejandro Alday González, director general de Derechos Humanos y Democracia.»

El Presidente diputado José González Morfín: Remítanse a la Comisión de Derechos Humanos, para su atención.

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ENCARGADAS DE LA CUSTODIA, CUIDADO Y ATENCION DE LA NIÑEZ

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-757, signado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0204/14, suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, Coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez, y de ser el caso, suspenderlas de manera definitiva a las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de marzo de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/699/13, a través del cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relacionado con supervisar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez.

En virtud de lo anterior, me permito remitir a usted copia del oficio número SPEP/SP/0049/2014, suscrito por la C. Virginia Pérez Cota, secretaria particular del subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, con los comentarios correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 28 de febrero de 2014.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Enrique del Val, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, me refiero a su oficio número UR 120 UCE/CECU/0185/13, Ref. 0110, del 7 de mayo de 2013, con el cual envía copia del Oficio número SEL/UEL/311/699/13, en el que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 29 de abril de 2013, el cual señala:

“ Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que de manera coordinada vigilen y supervisen el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas encargadas de la custodia, cuidado y atención de la niñez, y de ser el caso, suspenderlas de manera definitiva a las que de forma reiterada no cumplan con los lineamientos establecidos en la normatividad correspondiente.

(...).”

Sobre el particular, una vez analizado el punto de acuerdo mencionado, me permito comentar que el contenido de la proposición se refiere a las instituciones que atienden a los menores sin uno, los dos padres o tutor por hechos desafortunados, cuya atención especial está a cargo de los llamados “albergues”; es decir instituciones de asistencia social públicas y privadas, los cuales, de conformidad con el artículo 9o. de la Ley de Asistencia Social, son regulados por la Secretaría de Salud en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada;

La Secretaría de Educación Pública, como integrante del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, colabora de manera coordinada con las autoridades educativas en la prestación de servicios de educación especial, de conformidad con lo establecido en el artículo 4l de la Ley General de Educación.

Esta subsecretaría se da por enterada del punto de acuerdo que antecede y manifiesta su intención para colaborar en las acciones concretas que se determinen, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 27 de febrero de 2014.— Virginia Pérez Cota (rúbrica), secretaria particular.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

GRAFITI O ARTE CALLEJERO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-00668, signado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedente s, copia del similar número UR 120 UCE/CECU/0195/14, suscrito por el licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a emprender campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que se lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el garffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de marzo de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SEL/UEL/311/797/13, a través del cual la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, hizo del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relacionado con las campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero.

En virtud de lo anterior, me permito remitir a usted copia del oficio número SPEP/SP/0039/2014, suscrito por la ciudadana Virginia Pérez Cota, secretaria particular del subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, con los comentarios correspondientes.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 27 de febrero de 2014.— Licenciado Adrián Guerra Yáñez (rúbrica), coordinador de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Enrique del Val, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, hago referencia a su oficio número UR 120 UCE/CECU/0192/13, Ref. 0116, del 10 de mayo de 2013, mediante el cual remite copia simple del Oficio número SEL/UEL/311/797/13 del 8 de mayo de 2013, en el que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación comunica el Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 30 de abril de 2013, que en su resolutivo dice:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, a efecto de que emprendan campañas de concientización de la ciudadanía a nivel nacional sobre el graffiti o arte callejero; y para que lleven a cabo las acciones conducentes con objeto de recuperar los espacios públicos y privados afectados por el graffiti y abran espacios públicos especiales para esta práctica.”

Sobre el particular, una vez analizado el punto de acuerdo, es necesario recordar que el gobierno federal, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, procura que la educación impulse las competencias y las habilidades integrales de cada persona mientras que, en el ámbito de la educación, se transmiten y fomentan principios éticos enmarcados en el respeto a los derechos humanos y los valores para la convivencia democrática en la asignatura de Formación Cívica y Ética que se imparte de 1o al 6o de primaria y 2o y 3o de secundaria.

Por otro lado, me permito mencionar que las acciones que promuevan la participación social y comunitaria en el rescate, conservación y mantenimiento de espacios públicos, así como las dirigidas a la construcción, rehabilitación, ampliación y mejoramiento de los mismos, corresponden a la Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano Marginadas de la Secretaría de Desarrollo Social.

Asimismo, los gobiernos locales implementan acciones de apertura de espacios públicos para dicha práctica, como lo ha sido, entre otros, el caso del Distrito Federal.

Esta Subsecretaría se da por enterada del Punto de Acuerdo citado y estará atenta ante cualquier acción que pueda realizar en el ámbito de su respectiva competencia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 25 de febrero de 2014.— Virginia Pérez Cota (rúbrica), secretaria particular.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para su conocimiento.

HECHOS DELICTIVOS EN IGUALA, TELOLOAPAN, APAXTLA DE CASTREJON, CUETZALA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-2-1194, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 1105.-1369, suscrito por el licenciado Amado Treviño Abatte, director general adjunto de Apoyo Jurídico Institucional de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual se da por enterado el punto de acuerdo relativo al exhorto para que se continúe de forma exhaustiva con la atención, prevención e investigación respecto a los diversos hechos delictivos, entre otros, aquellos que obstruyen la administración pública de los municipios de Iguala, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso y Pilcaya, del estado de Guerrero.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 7 de marzo de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo »

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Valentín Martínez Garza, director general adjunto de Proceso Legislativo, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/282/14, de fecha 27 de febrero último, por virtud del cual comunicó el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 25 del citado mes, por el que se exhorta “al Ejecutivo federal para que se continúe de forma exhaustiva con la atención, prevención e investigación respecto a los diversos hechos delictivos, entre otros, aquellos que obstruyen la administración pública de los municipios de Iguala, Teloloapan, Apaxtla de Castrejón, Cuetzala del Progreso y Pilcaya, del estado de Guerrero”.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que se ha tomado debida nota del contenido del Acuerdo de referencia y se están realizando las gestiones necesarias conforme a las atribuciones legales otorgadas a esta dependencia.

Sin más por el momento, reciba las seguridades de mi atenta y distinguida consideración

Atentamente

México, DF, a 6 de marzo de 2014.— Licenciado Amado Treviño Abatte (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

JAVIER VILLARREAL, EX TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE COAHUILA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-0662, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0181/2014, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a solicitar a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villarreal, ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de marzo de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SEL/UEL/311/767/13, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 30 de abril del año en curso y que, eh el resolutivo conducente señala, en lo que atañe a esta Institución:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que por el conducto de la Procuraduría General de la República, solicite a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, una vez que se hayan concluido los procesos penales en desarrollo, la entrega al gobierno de México, de los más de 2 millones de dólares que le fueron detectados en las Islas Bermudas a Javier Villarreal, ex titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila.” (sic)

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, comunico a usted que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, informó a esta de mi cargo que en relación al punto de acuerdo antes citado ha procedido a solicitar la información conducente a la instancia competente de la Procuraduría General de la República.

Finalmente en lo que respecta al contenido de las indagatorias, no es posible abundar en virtud de que la información pertinente es de carácter, no sólo confidencial sino reservado. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 40, fracción XXI, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 225, fracción XXVIII, del Código Penal Federal; 16 del Código Federal de Procedimientos Penales 14, fracciones I, III y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 97, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 5, 6 y 63, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Reciba un saludo afectuoso.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 3 de marzo de 2014.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

DEVOLUCION DE IMPUESTOS A LAS PERSONAS QUE SE DEDICAN A ACTIVIDADES AGRICOLAS, SILVICOLAS, GANADERAS O PESQUERAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1320, signado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 100.-III.-044/2014, suscrito por el licenciado Flavio Varela Pineda, titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo al establecimiento de un procedimiento expedito para la devolución de los impuestos a las personas que se dedican exclusivamente a.tas actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de marzo de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En relación con el oficio número SELAP/UEL/311/152/14, le remito a usted para su conocimiento el oficio número 349-A-031, que hace llegar al suscrito, el doctor Rodrigo Barros, titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios de la Subsecretaría de Ingresos, dando respuesta al punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 29 de enero de 2014, mediante el que se “exhorta al Ejecutivo federal, a través del Sistema de Administración Tributaria, para que establezca un procedimiento expedito para la devolución de los impuestos a las personas que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganadera o pesqueras”.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 4 de marzo de 2014.— Licenciado Flavio Varela Pineda, titular de la Unida de Enlace.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Flavio Varela Pineda, jefe de la Unidad de Enlace con el Congreso de la Unión, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Me refiero al oficio número l00.-III.-024/2014 del 4, de febrero de 2014, mediante el cual hace del conocimiento de esta Subsecretaría el oficio número SELAP/UEL/311/ 152/14, del 30 de enero de 2014, del Maestro Valentín Martínez Garza, jefe de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, quien comunica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los siguientes puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en la sesión celebrada el 29 de enero de 2014:

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a considerar incluir en el “decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa”, una lista amplia de insumos y artículos esenciales para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras, con el objeto de que se les aplique la tasa del 0 por ciento del impuesto al valor agregado. Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través del Servicios de Administración Tributaria, a establecer un procedimiento expedito para la devolución de los impuestos a las personas que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras”.

Conforme a las facultades establecidas en el artículo 42, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esta unidad tiene el punto primero del acuerdo mencionado con antelación.

Al respecto, le comento que existe una política tributaria de apoyo a los productores del sector primario en materia de impuestos indirectos, la cual se establece en el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismo que prevé que la enajenación de una amplia gama de bienes y servicios que son insumos de los productores del sector primario están sujetos a la tasa del 0 por ciento.

Los bienes y servicios para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras que están sujetas a la tasa del 0 por ciento son los siguientes:

• La enajenación de tractores para accionar implementos agrícolas (excepto los de oruga), las llantas para dichos tractores; motocultores para superficies reducidas; arados; rastras para desterronar la tierra arada cultivadoras para esparcir y desyerbar; cosechadoras; aspersoras y espolvoreadoras para rociar o esparcir fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas; equipo mecánico, eléctrico o hidráulico para riego agrícola; sembradoras; ensiladoras, cortadoras y empacadoras de forraje; desgranadoras; abonadoras y fertilizadoras de terrenos de cultivo; aviones fumigadores; motosierras manuales de cadena; embarcaciones para pesca comercial; fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura o ganadería; invernaderos hidropónicos y equipos integrados a ellos para producir temperatura y humedad controladas o para proteger los cultivos de elementos naturales, así como equipos de irrigación.

Debe mencionarse que se aplica la tasa de 0 por ciento a toda maquinaria y equipo que tenga una denominación distinta a la mencionada en el párrafo anterior, siempre que su función cumpla exclusivamente con los supuestos previstos, conserven su carácter esencial y no puedan ser destinados a otros fines (artículo 9 del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado).

Cabe mencionar que la importancia de los bienes antes mencionados está exenta del pago del IVA.

•La prestación de los servicios por la perforación de pozos, alumbramiento y formación de retenes de agua; suministro de energía eléctrica para uso agrícola aplicados al bombeo de agua para riesgo; desmontes y caminos en el interior de las fincas agropecuarias; preparación de terrenos; riego y fumigación agrícolas; erradicación de plagas; cosecha y recolección; vacunación, desinfección e inseminación de ganado, y los servicios de captura y extracción de especies marinas y agua dulce; los de molienda o trituración de maíz o de trigo; los de pasteurización de leche, los prestados en invernaderos hidropónicos, los de despepite de algodón en rama; y los de sacrificio de ganado y aves de corral.

• El uso o goce temporal de la maquinaria y equipo para usos agrícolas anteriormente mencionados.

La aplicación de la tasa 0 por ciento en el IVA a estos bienes y servicios es consistente con el hecho de que los alimentos también están sujetos a la tasa 0 por ciento del IVA, ya que a través de este diseño se evita que los productores del sector primario enfrenten la carga financiera y administrativa que representaría pagar el IVA por la adquisición de sus insumos o la contratación de servicios y enajenar sus productos a tasa 0 por ciento, para posteriormente solicitar la devolución del IVA que les fue trasladado.

Conforme a lo anterior, se estima que en la actualidad ya tienen un tratamiento preferencial los insumos y artículos esenciales para el sector primario. Por otro lado, ampliar la aplicación de la tasa 0 por ciento a bienes que no sean esenciales y de uso exclusivo del sector primario implicaría beneficiar a contribuyentes diferentes a los del sector primario con el costo recaudatorio que ello implica.

Adicionalmente, aun y cuando los bienes y servicios que no son esenciales y de uso exclusivo del sector primario están gravados con la tasa general del IVA, dichos contribuyentes no soportan este impuesto, ya que debido a la, aplicación de la tasa del 0 por ciento del IVA a la enajenación de los alimentos y vegetales y animales no industrializados que producen, los contribuyentes están en posibilidad de acreditar en su totalidad el IVA que les haya sido trasladado en la adquisición de bienes y servicios y recupéralo mediante devolución de los saldos a favor.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 4 de marzo de 2014.— Doctor Rodrigo Barros (rúbrica), titular.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

DICTAMEN DE LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACION CLINICA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1239, signado por la senadora Lisbeth Hernández Lecona, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/35/2014, suscrito por el licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responden el punto de acuerdo relativo a informar sobre el estatus actual que guarda la habilitación de terceros autorizados a cargo de esa Secretaría cuya función es servir como auxiliares en el control sanitario para la elaboración del dictamen de los protocolos de investigación clínica, así como informar sobre los tiempos de autorización de dichos protocolos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida

Atentamente

México, DF, a 6 de marzo de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Oficina del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente

Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/128/14, de fecha 30 de enero del 2014, mediante el cual informa que en la sesión de fecha 29 de enero del 2014, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía sobre el estatus actual que guarda la habilitación de terceros autorizados a cargo de la Secretaría de Salud cuya función es servir como auxiliares en el control sanitario para la elaboración del dictamen de protocolos de investigación clínica.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud, informe a esta Soberanía, sobre los tiempos de autorización de los protocolos de investigación clínica. Se solicita que la información en la materia a que se refieren los párrafos anteriores, se remita a la brevedad a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/1/OR/104/2014, suscrito por el licenciado Leonardo Menes Solís, coordinador general Jurídico y Consultivo de Cofepris.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de marzo de 2014.— Licenciado Rodrigo Reina Liceaga (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Rodrigo Reina Liceaga, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 bis, fracción IV de la Ley General de Salud; 2 inciso C, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaria de Salud; 3, fracción VII, y 18, fracción XVI, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; y en atención a su oficio número 170/UCVPS/ DGAVS/62/2014, mediante el cual remite a esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a través del cual se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud informe el estatus actual que guarda la habilitación de terceros autorizados a cargo de la Secretaría de Salud cuya función es servir como auxiliares en el control sanitario para la elaboración del dictamen de protocolos de investigación clínica, así como se informe sobre los tiempos de autorización de los protocolos de investigación clínica.

Al respecto le informo que actualmente se está trabajando el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud, a efecto de atender lo dispuesto por el “decreto por el que se reforman los artículos 100, fracción IV, y 103; y se adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 102 y un artículo 102 Bis a la Ley General de Salud”, en materia de terceros autorizados para la dictaminación de protocolos de investigación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2012, encontrándose dicho proyecto en revisión por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, para consideración y firma del titular del Ejecutivo federal, tal y como lo establece el “acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite del reglamentos del Ejecutivo federal”.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el “acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011, esta Comisión Federal cuenta con tres meses para la atención de las solicitudes de autorización de protocolos de investigación en seres humanos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 27 de febrero de 2014.— Leonardo Menes Solís (rúbrica), coordinador general jurídico y consultivo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite al promovente, para su conocimiento.

REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.— Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.

En alcance a nuestro oficio número COFEME/13/1420 de fecha 18 de abril de 2013, y en atención al similar con número D.G.P.L 62-II-3-665, recibido en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) el l0 de abril de 2013, por el cual se solicita que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y la Cofemer, emitan ciertos lineamientos dirigidos a todas las Reglas de Operación de los programas de la Administración Pública Federal, se comunica lo siguiente.

Como parte de un trabajo conjunto, y un compromiso trilateral entre la SHCP, el Inmujeres, y la Cofemer, se adjunta a la presente comunicación la propuesta normativa de los lineamientos en comento, a fin de que los mismos reciban la consecuente valoración por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y de esta manera se promueva el avance de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Adicionalmente, se remite de manera conexa el oficio número 312.A.000439 de la SHCP, por el cual se convalida la versión consensuada entre el Inmujeres y la Cofemer de los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación y su anexo único.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar le un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de marzo de 2014.— Maestro Virgilio Andrade Martínez (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— México.— Gobierno de la República.—  Instituto Nacional de las Mujeres.

Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación y su anexo único

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Instituto Nacional de las Mujeres. Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y Virgilio Andrade Martínez, director general de la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria, con fundamento en los artículos 17 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 y 16, fracción III, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; 8, fracción III, así como 43, fracciones I y V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres; 69-E, fracción VIII y 69-G, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, inciso C, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 3, fracción VII, y 9, fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diverso 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Considerando

Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone en su artículo 1o. que la administración de los recursos públicos federales deberá realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género;

Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que en el Presupuesto de Egresos se señalarán los programas a través de los cuales se otorguen subsidios que deberán sujetarse a reglas de operación y los criterios generales a los cuales se sujetarán éstas; asimismo, dispone que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que corresponde al Gobierno Federal conducir la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres; así como coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género; entre otras;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aprobado por Decreto, publicado el 20 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, tiene como una de sus estrategias transversales la perspectiva de género, la cual se considera fundamental para garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres;

Que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2018 establece la necesidad de diseñar acciones afirmativas desde las reglas de operación para que las mujeres puedan acceder a programas federales de subsidio;

Que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene dentro de sus objetivos, el promover la igualdad jurídica y de oportunidades entre toda la población mexicana, por medio de estrategias y políticas públicas que garanticen la distribución equitativa de los recursos, al igual que el ejercicio pleno de sus derechos;

Que el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, establece que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en conjunción con el Instituto Nacional de las Mujeres revisará las reglas de operación de los programas establecidos en su Anexo 12 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los términos de las disposiciones aplicables; por lo que hemos tenido a bien expedir los siguientes:

Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación y su anexo único

Capítulo I

Disposiciones generales

Primero. Los presentes Lineamientos tienen por objeto incorporar la perspectiva de género en los programas federales que otorguen subsidios y que estén sujetos a reglas de operación.

Segundo. Las dependencias y las entidades de la Administración pública Federal responsables de la emisión de reglas de operación de aquellos programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, en las modificaciones a aquellas que continúen vigentes, deberán cumplir con los presentes Lineamientos.

Tercero. Para efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por:

I. Perspectiva de género: concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

II. Lenguaje sexista: la forma de expresión excluyente que refuerza la situación de discriminación hacia las mujeres, y promueve la generación de estereotipos;

III. Lenguaje incluyente: la manera de redactar las reglas de operación, eliminando o modificando aquellas expresiones sexistas que invisibilizan a las mujeres, las subordinan, las humillan y/o las estereotipan;

IV. Visibilización de las mujeres: la manera de hacer explícita la realidad que enfrentan las mujeres para acceder al subsidio, con la finalidad de que se consideren las problemáticas ligadas a su condición de mujer, así como sus necesidades e intereses, pero sin que se refuercen o reproduzcan los estereotipos y/o roles de género perniciosos; y

V. Acciones afirmativas: el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

Capítulo II

De la perspectiva de género

Cuarto. La perspectiva de género se incorporará en las reglas de operación de los programas federales, con el propósito de contribuir a que las mujeres tengan igualdad de oportunidades para acceder a los subsidios que otorgan estos programas, y en su caso, a través de medidas afirmativas que aceleren dicha igualdad.

Quinto. Los elementos de perspectiva de género que deberán considerarse para las reglas de operación son los siguientes:

I. Lenguaje incluyente;

II Visibilización de las mujeres;

III. Registros administrativos e indicadores de resultados desagregados por sexo, excepto en aquellos programas que se dirijan únicamente a mujeres; y,

IV. Acciones afirmativas en la ejecución del programa federal, principalmente en el mecanismo de acceso al subsidio.

Sexto. El lenguaje incluyente deberá aplicarse a lo largo de toda la regla de operación. Por lo tanto, en su redacción deberá evitarse el uso de acotaciones o frases que establezcan que los términos utilizados en masculino contienen implícitamente la referencia a mujeres y a hombres por igual.

Séptimo. Para incorporar la visibilización de las mujeres en las reglas de operación, deberán considerarse los factores sociales, económicos y culturales que obstaculizan su acceso al subsidio, a efecto de que sean contrarrestados por acciones afirmativas.

Octavo. Para la inclusión de acciones afirmativas en las reglas de operación, se tomará en cuenta la visibilización de las mujeres, así como las evaluaciones realizadas al programa federal en términos de equidad de género, y en su caso, la opinión del Instituto Nacional de las Mujeres. Esta opinión podrá insertarse como complemento al dictamen regulatorio que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en términos de lo previsto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En los programas federales que tienen como población objetivo a las mujeres no se requerirán acciones afirmativas, ya que estos programas por sí mismos constituyen una acción afirmativa para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

Noveno. Los formatos y registros utilizados por el programa federal en sus procesos de ejecución, deberán incluir la variable sexo.

Décimo. Los informes que se elaboren, publiquen y difundan con respecto a los avances y resultados del programa, deberán incluir datos desagregados por sexo de manera sistemática.

Transitorios

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional de las Mujeres trabajará de manera conjunta con .las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de la emisión de reglas de operación para brindar la capacitación y asesoría necesarias en materia de perspectiva de género.

México, DF., a X de enero de 2014. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y el Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Rúbrica.

Anexo único

Este anexo único tiene como propósito brindar una orientación general en materia de perspectiva de género, a las y los responsables del diseño de las reglas de operación.

La perspectiva de género busca principalmente:

• Desarraigar las explicaciones sobre las diferencias entre mujeres y hombres, basadas en la idealización de los aspectos biológicos y la negación de la influencia social.

• Comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales, las cuales terminan por limitar el acceso equitativo a los recursos económicos, políticos y culturales de las mujeres.

• Identificar vías y alternativas para modificar la desigualdad de género, a fin de promover la equidad e igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

• Visibilizar la experiencia de las mujeres en su condición de género, para contribuir a una mirada más integral de sus necesidades, intereses y contribuciones al cambio.

A continuación se describen los elementos establecidos en el artículo quinto de los Lineamientos para incorporar la perspectiva de género:

a) Lenguaje incluyente

El lenguaje, como parte de la cultura y herramienta de comunicación, juega un papel en la persistencia de la desigualdad. A través de las palabras o del discurso, se refleja la concepción del mundo y se encasillan las imágenes de las personas y/o de los grupos sociales.

La intención de expresamos de manera incluyente es que el lenguaje –en conjunto con otros mecanismos– sea un medio para promover la eliminación de la discriminación. Por lo que aunque no vulnere directa e inmediatamente los derechos y oportunidades de las personas, el uso del lenguaje sexista es grave porque afecta la autoestima y la dignidad, además de ser discriminatorio.

Una primera recomendación es hablar en todo momento de las mujeres y no de la mujer, usando el sustantivo en plural para reflejar la diversidad de las mujeres que hay en nuestro país.

El siguiente cuadro enlista algunos ejemplos de uso de lenguaje incluyente.

El lenguaje incluyente no representa en sí mismo una garantía de que las mujeres van a participar de los beneficios de un programa federal, o de que se generarán cambios que disminuirán las brechas entre las mujeres y los hombres; sin embargo, es una acción inicial que contribuye a reforzar la presencia de las mujeres.

b) Visibilización de las mujeres en la estructura de las reglas de operación

A continuación se describen algunas estrategias para hacer visibles a las mujeres dentro de la estructura de las reglas de operación.

c) Registros administrativos e indicadores de resultados desagregados por sexo

• Incluir la variable sexo en los formatos y registros administrativos, pues son una fuente de información valiosa, con la ventaja de que no se requieren procedimientos adicionales para recolectarla.

• Definir indicadores desagregados por sexo. El cálculo debe hacerse tanto para mujeres como para hombres para identificar las brechas.

• Establecer que los informes que se presentan incluyan estadísticas desagregadas por sexo de manera sistemática.

• Ofrecer evidencias sobre la situación diferenciada de mujeres y hombres para comprenderla mejor.

• Elegir temas y ámbitos de acción de mayor prioridad.

• Hacer planes de trabajo de manera informada. Por ejemplo, si se requiere fijar metas por sexo, primero es necesario saber a cuántas mujeres y a cuántos hombres se está atendiendo.

• Monitorear el impacto social de las políticas públicas.

d) Acciones afirmativas en la ejecución del programa

Las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Por definición son provisionales, ya que en el momento en que desaparezca la situación de desigualdad, las medidas también lo harán.

Algunas acciones afirmativas que pueden incorporarse en las reglas de operación son:

A partir de la implementación de los cuatro elementos descritos anteriormente, se facilitará el acceso de las mujeres a los programas federales de subsidio, y al mismo tiempo se desarrollarán sus capacidades de agencia para un control efectivo de los recursos productivos, lo que les permitirá lograr su desarrollo económico en mejores condiciones y finalmente alcanzar su autonomía.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

Le ruego a la Secretaría dar lectura a la solicitud de licencia de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez.

DIPUTADA QUE SOLICITA LICENCIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Juan José González Morfin, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Distinguido diputado:

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos normativos 6o. numeral 1, fracción XVI, 12, numeral 1, y 13 del Reglamento vigente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vengo a solicitar ante esta soberanía me sea concedida licencia indefinida a partir del día 7 de marzo del presente año al cargo que ostento como diputada federal integrante de esta LXII Legislatura; en virtud de encontrarme en la situación prevista en el artículo 12, numeral 1, fracción I, del citado ordenamiento.

Sin otro particular por el momento, le agradezco todas las atenciones otorgadas para una servidora y le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de marzo de 2014.— Diputado Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Solicito a la Secretaría someter a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia, por tiempo indefinido, a la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados. Comuníquese.

DIPUTADAS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, se encuentran a las puertas de este recinto las ciudadanas Ana Paola López Birlain y Saraí Larisa León Montero, diputadas federales electas en la segunda y tercera circunscripciones plurinominales respectivamente.

Se designa en comisión para que las acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y a los siguientes diputados: Celia Isabel Gauna Ruiz de León, María Elena Cabañas Aparicio, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Consuelo Argüelles Loya, José Luis Oliveros Usabiaga, Marcos Aguilar Vega, José Alfredo Botello Montes, Carol Antonio Altamirano, Joaquina Navarrete Contreras, Ricardo Astudillo Suárez y Fernando Bribiesca Sahagún.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su encargo)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

El Presidente diputado José González Morfín: Ciudadanas Ana Paola López Birlain y Saraí Larisa León Montero, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Las ciudadanas Ana Paola López Birlain y Saraí Larisa León Montero: Sí protesto.

El Presidente diputado José González Morfín: Si así no lo hicieran, que la nación se los demande.Muchas felicidades. Bienvenidas, compañeras diputadas.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y dejo la conducción de esta sesión en manos de mi compañera vicepresidenta, Maricela Velázquez.

Presidencia de la diputada Maricela Velázquez Sánchez

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Se concede el uso de la palabra a la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Buenos días, señora presidenta. Señoras, señores legisladores, quiero iniciar mi participación con una cita del maestro Octavio Paz, hoy que celebramos su centenario de nacimiento, donde se refiere a una gran figura de nuestras letras, a una mujer que abrió camino para las mujeres.

Dice la cita: Sor Juana Inés de la Cruz era una política sagaz, conquistó la confianza de varias virreinas, pero Sor Juana no pudo resistir las fuerzas unidas de la intolerancia eclesiástica, la misoginia de aquella sociedad y la envidia colectiva. Ella fue la primera en lengua española y la primera en América que afirma y defiende el derecho de las mujeres a participar de la cultura. Fin de la cita. Es de Pequeña crónica de grandes días, de Octavio Paz, 1990.

El Día Internacional de la Mujer, instaurado en 1977, tiene como referente histórico un acto de barbarie cometido contra mujeres trabajadoras que estaban en pie de lucha para exigir derechos laborales iguales a los de los hombres. Esa lucha histórica ha cambiado radicalmente el panorama de las relaciones de los géneros en casi todo el mundo.

Hoy las mujeres tienen más presencia en el ámbito laboral, profesional, académico, artístico, político, empresarial y cultural. Sin embargo, es evidente que todavía falta por recorrer un largo y sinuoso camino para hacer realidad la igualdad sustantiva, para superar los obstáculos ancestrales que se empeñan en reproducir la relación de dominio y desequilibrio basada en el género.

El 8 de marzo debe ser una jornada de acción y reflexión para impulsar propuestas que permitan superar las desventajas estructurales que en diversos ámbitos experimentan las mujeres. El avance de las mujeres depende de múltiples factores políticos, culturales, sociales, económicos. Y así lo reconocemos.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos convencidos de que el pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres es un factor fundamental para generar las condiciones necesarias y lograr la igualdad sustantiva. Para que los intereses, la visión y las propuestas de las mujeres puedan incorporarse como prioridad en la agenda nacional es indispensable su presencia paritaria en los espacios donde se toman las decisiones políticas. Esta paridad es indispensable para construir una democracia incluyente en México. Quiero recordar los postulados de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en ella se establece que la paridad es una medida especial de carácter temporal para el reconocimiento de la ciudadanía plena de las mujeres en un marco de democracia sustantiva.

Por lo tanto, la paridad no se reduce a las cuotas para las mujeres en las candidaturas electorales. Se trata de un asunto que se inscribe en un proceso histórico, político, social y cultural, que abarca las esferas públicas y privadas de la vida humana.

Es necesario consolidar y mejorar las acciones afirmativas, porque son indispensables para generar condiciones de igualdad sustantiva entre los géneros. La paridad es una de las principales acciones afirmativas al respecto.

La paridad incluye las cuotas de género, pero no se agota en ello. Las cuotas de género no son discriminatorias hacia los hombres, pues son una medida compensatoria y provisional dadas las desventajas que históricamente experimentan las mujeres y que aún lamentablemente persisten.

Por lo tanto, hablar de paridad es plantearse el objetivo de establecer condiciones para la igualdad entre mujeres y hombres. La presencia equitativa de las mujeres en los espacios políticos debe generar un cambio significativo en las formas de hacer política, de construir una nueva cultura política sin la preponderancia avasalladora de valores masculinos.

Por ello tenemos que preguntarnos también, ¿para qué queremos el poder, las mujeres? Las mujeres en el poder debemos generar una revolución que contribuya a hacer de México un país más justo y menos violento.

Las mujeres con representación política, como nosotras, debemos incorporar a la agenda nacional las demandas e intereses de las mujeres, sin egoísmo, sin exclusión, sin protagonismos.

La paridad es un instrumento para promover mejor la redistribución del poder entre los géneros, en todos los ámbitos, incluyendo la vida familiar. Por lo tanto, debemos contribuir a construir un equilibrio de responsabilidades entre hombres y mujeres.

Es decir, debemos plantearnos la necesidad de construir un proyecto político, social y cultural de y para las mujeres. Una cosmovisión que identifique con claridad las condiciones legislativas, institucionales, culturales, laborales, económicas y políticas que deben construirse para hacer realidad la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Que elimine la discriminación en todos sus sentidos. Que elimine la violencia a niñas, a mujeres, adolescentes, a indígenas y a trabajadoras. No podemos repetir la historia ni reproducir políticas y estructuras excluyentes.

Por eso debemos plantearnos también la forma en que vamos a armonizar un proyecto de y para las mujeres, con un proyecto de nación incluyente y democrático, donde ningún género padezca condiciones de marginación, pobreza e inseguridad.

Las diputadas y diputados de Nueva Alianza consideramos que el compromiso de construir un mejor país para las futuras generaciones debe basarse en la idea de la democracia sustantiva, donde las naturales diferencias de género enriquezcan la convivencia y fortalezcan la igualdad.

Ése es nuestro compromiso. Ésa es nuestra visión. Es cuánto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias a usted, diputada Cerda Franco. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nuevamente esta fecha, como cada año, nos invita a enaltecer a la mujer y pugnar por su igualdad plena en todos los ámbitos de la vida.

Iniciaría diciendo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 1o,, señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Y en su artículo 2o. indica que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición.

Sin embargo, a pesar de ello sabemos que aún persisten marcadas diferencias entre los hombres y las mujeres por diversos motivos; de ahí que el artículo 1o. de la Carta de las Naciones Unidas haya incluido como propósito de esta organización realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y el estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, lo que dio pauta para que en la ONU se constituyera ONU Mujeres como una entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Esta institución nos revela cifras que nos muestran el hecho de que hasta julio de 2013, que son las estadísticas últimas que nos presentan, solo un 20.9 por ciento de las y los parlamentarios nacionales éramos mujeres, lo que significa que esta proporción de la participación de mujeres parlamentarias ha venido creciendo; sí, es verdad, pero de una manera muy lenta, desde 1995 que éramos el 11.6 por ciento, de tal forma, que del 1995 a 2013 solamente hemos avanzado en un 9.3 por ciento en el posicionamiento de mujeres en el ámbito de los parlamentos.

En el ámbito ejecutivo también a junio de 2013 solamente 8 mujeres eran jefas de Estado y había solo 14 jefas de Gobierno, de tal manera que ésta revisión de números, además sin contar el triunfo de Michelle Bachelet en Chile, quien el día de hoy —por cierto— se sumará al reducido grupo de jefas de Estado y de gobierno en el mundo cuando asuma su segundo mandato, por lo que desde esta tribuna le enviamos nuestra felicitación y nuestros mejores deseos porque su desempeño al frente del gobierno sea de beneficio y prosperidad para el pueblo chileno.

Cabe referir que en mayo de 2012 un país africano, Ruanda, era el país que contaba con el mayor número de parlamentarias. De hecho las mujeres ahí representan la mayoría. Tienen un 56.3 por ciento de los escaños de la Cámara baja ocupados por mujeres. En otros ámbitos de gobierno, en los cargos ministeriales o secretarías, sólo el 17 por ciento han estado ocupados por mujeres, fundamentalmente en los ámbitos o secretarías social, educativo y de salud.

La representación de las mujeres en los gobiernos locales alrededor del mundo, según revela también la ONU Mujeres, ha sido un ámbito de gobierno altamente satisfactorio en términos de la cada vez mayor participación de mujeres.

En nuestro país la presencia cada vez mayor del número de mujeres en la política, ha sido resultado de la lucha de mujeres que nos han antecedido y de las acciones afirmativas que han logrado que —como en nuestro caso, en esta Legislatura— seamos la LXII Legislatura la de más alta representación en escaños ocupados por mujeres, cerca del 38 por ciento.

Sin embargo, no basta pues, este 38 por ciento. Tenemos que seguir trabajando e impulsando para que logremos la paridad de la participación de las mujeres en nuestro país en todos los ámbitos de la política y no nada más el Legislativo, sino en los tres órdenes de gobierno: el Ejecutivo federal, en el estatal y el municipal.

Es por ello que debemos continuar impulsando en el Congreso federal los cambios a nuestra legislación con la intención de procurar el impulso de la participación en mayor medida de la mujer en la política.

En el seno de los partidos también es un tema pendiente. Hay que impulsa r las reformas estatutarias que al interior de los institutos políticos faciliten la participación de la mujer en la postulación a cargos de elección popular desde una perspectiva de género igualitaria.

Hay voces, sin embargo, que se alzan para desalentar la participación de la mujer en la política con el argumento falso de que no es factible conciliar la vida familiar, el trabajo y creo entonces que sería conveniente callar esas voces con los testimonios de todas ustedes, compañeras mujeres aquí presentes, quienes a diario demostramos que podemos atender nuestros hogares y desempeñar un cargo público.

Ejemplos notables de esto tenemos por ejemplo a María Lavalle Urbina y a Alicia Arellano Tapia, mujeres destacadas que ocuparon por primera vez un escaño en el Senado de la República logrando la abogada Lavalle Urbina, ser la primera mujer en presidirlo en 1965.

Y ahí está también en los anales de nuestra historia, la primera gobernadora del país, doña Griselda Álvarez Ponce de León. Y no puedo dejar de mencionar a otra destacada mujer, a Cecilia Soto, quien en 1994 fue nuestra candidata del Partido del Trabajo a la Presidencia de la República.

Pudiéramos seguir hablando compañeras, compañeros, más sobre el tema de la participación cada vez mayor y de la necesidad de que las mujeres participemos más activamente en la política, pero hay un tema y un punto que habremos también de no descuidar: el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Me parece que este es un tema en el que tenemos mucho que hacer y que no se trata solamente de ley, que se trata también de la construcción de una cultura del respeto, de una cultura de vernos como iguales y de que todas y todos tenemos el derecho a vivir libres de violencia.

Así es que con motivo de este Día Internacional de la Mujer, hago un recuento de las acciones que se han hecho y de lo mucho que nos falta por hacer. Muchísimas gracias. Es todo, señora presidenta.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señora presidenta. En el siglo XIX comenzó un gran auge por incluir a las mujeres en el mercado laboral, sobre todo en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Rusia.

Sin embargo, los derechos laborales no se reconocían; se les sometía a una extenuante jornada, se les daba menor salario respecto al de los hombres y la discriminación nunca faltaba. Motivos suficientes para que la lucha de dignificación de la mujer fuera cada vez más fuerte en todo el mundo.

El Día Internacional de la Mujer data de 1911, pero no fue sino hasta el 8 de marzo de 1975 que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas lo formalizó haciendo un reconocimiento mundial.

En esa fecha es cuando se conmemoran los logros de las mujeres, que van aunados con mayor rigor y fuerza a través de los años. La sensibilidad que posee una mujer es inigualable, es admirable la capacidad, el intelecto, la sabiduría, la intuición, la lealtad y la pasión que ponemos las mujeres en cada cosa que nos proponemos.

Somos madres, somos hijas, somos esposas, somos novias, somos compañeras y todas desempeñamos un rol importantísimo en esta sociedad.

Existen alrededor de tres mil 500 millones de mujeres en el mundo. Se registra que sólo un 40 por ciento tienen trabajo remunerado económicamente. Estos datos son sin contar a las que trabajan en el cuidado del hogar y que los hijos, a veces muy ingratos, dicen: mi mamá sólo es ama de casa. Si no existiera la mamá en casa, la casa seguramente estaría de cabeza.

Sin embargo, hay muy poco que celebrar, ya que es una realidad muy lamentable que ahora se están incrementando las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, las violaciones a los derechos políticos de las mujeres. Está incrementándose la trata de mujeres. Por eso creo firmemente que en México todavía tenemos que seguir trabajando para construir una sociedad más justa para nuestras mujeres.

Y a las que hoy estamos en algún puesto de elección popular, las que hoy están como secretarias de Estado, las que hoy están como presidentas municipales, las que hoy ostentan un cargo en donde se están tomando decisiones, las invito a que cuando tomemos una decisión lo hagamos pensando como mujeres y no porque nos den línea política.

Precisamente por eso es que en México todavía no terminamos de erradicar la violencia contra la mujer. A veces nosotras mismas estamos permitiendo la violencia, incluso en la toma de decisiones en esta Cámara. Si pensáramos como mujeres, todas las que hoy están viendo esperando algo de nosotras tendrían seguramente más esperanzas para seguir avanzando para construir esta sociedad más justa.

Si somos el 51 por ciento de mujeres en el censo de población y vivienda y somos mamás del 49 por ciento restante, por qué no entonces tener la igualdad, por qué no entonces erradicar la violencia contra nosotras.

En México se están dando pasos, sin embargo, falta mucho por hacer. En la cuestión laboral, las mujeres todavía están asumiendo cargos mal pagados, tienen sueldos que no se pueden comparar con los sueldos de los hombres y esto solamente es un reflejo de lo que dicen las encuestas.

También en México hace un mes celebrábamos el 60 aniversario del voto femenino en México. Déjenme compartirles compañeras y compañeros, que todavía hay municipios en donde las mujeres ni siquiera pueden votar. Tenemos 113 municipios al menos en mi estado natal Oaxaca en donde las mujeres todavía son violentadas, ahora mismo se están llevando fiestas en la zona de los Cajonos, en donde las mujeres apenas son consideradas para hacer las tortillas y atender al mayordomo, pero cuando ellas quieren participar en una asamblea, todavía se les niega ese derecho. En esta ocasión no puedo celebrar con gusto este Día Internacional de la Mujer.

Ahora, en la agenda política, hasta hoy trasladaron para conmemorar este día; había temas más importantes. ¿Acaso no somos importantes las mujeres? Ahí se los dejo como reflexión.

Y en Movimiento Ciudadano nosotras, las que hoy somos diputadas, vamos a seguir luchando y contribuyendo porque estas mujeres que hoy esperan de nosotros en este país sean reconocidas algún día.

Sueño con un México en donde algún día solamente en los libros de historia nuestras niñas y nuestros niños se preguntarán: ¿a poco sí existió la desigualdad? Creo justo que ya las mujeres tomemos también decisiones importantes para vivir felices, para tener familias felices.

Si pensáramos todos como mujeres, créanme que haríamos y diseñaríamos políticas públicas pensando en las mujeres. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Maricela Velázquez Sánchez: Gracias a usted, diputada Valencia Ramírez. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Ana Lilia Garza Cadena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, “si quieres que se diga cualquier cosa, pídeselo a un hombre. Si quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer”. La anterior es una frase de la ex primer ministra Margaret Thatcher, que sin duda nos pone un reto muy alto, pero que al mismo tiempo todas debemos de considerar.

Como todos sabemos, desde 1975 se celebra oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y en este marco como mujer y como legisladora me honra hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, y ser parte de este reconocimiento a todas las mujeres que por su valiosa contribución a la sociedad han logrado.

Sin embargo, creo que más allá de la celebración, este espacio también es una oportunidad para evaluar la situación de las mujeres en todo el mundo y exigir se respeten nuestros derechos.

El Día Internacional de la Mujer es un reconocimiento a la enorme cantidad de luchas sociales que miles de mujeres en todo el mundo han llevado a cabo a lo largo de la historia, haciendo valer nuestro derecho a ser tratadas con igualdad.

No debemos olvidar que hasta hace no pocas décadas el papel de la mujer se limitaba casi exclusivamente a las labores domésticas y a la crianza de los hijos, que si bien son labores muy importantes, deben ser compartidas por los hombres en condiciones equitativas, para que todos en igualdad de circunstancias podamos desarrollarnos personal y profesionalmente.

A pesar de los obstáculos sociales las mujeres gracias a nuestra fuerza y tenacidad hemos logrado cada vez mayores espacios en todos los terrenos, con lo cual hemos ayudado al avance de nuestra sociedad.

Actualmente las mujeres tenemos mayores oportunidades de crecimiento y hemos alcanzado puestos laborales de alto nivel, participando así activamente en la construcción de un mejor futuro y una mejor sociedad.

Sin embargo, veo dos grandes temas en los que el Estado mexicano encuentra aún áreas de oportunidad en lo que respecta a nosotras las mujeres. Por un lado se tiene que erradicar la violencia en cualquiera de sus formas que se ejerza en contra de nosotras.

No podemos olvidar que la representante en nuestro país de ONU Mujeres declaró en el 2012 que en México siete de cada 10 mujeres han reportado haber sufrido alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Ésta es una situación inaceptable a la que se le tiene que poner fin cuanto antes.

Por otra parte, el Estado mexicano tiene el deber de lograr que la perspectiva de género sea una parte integral en todas las esferas de la administración pública. Estoy consciente de los enormes esfuerzos que el gobierno federal ha hecho en ambos casos y reconozco que se han conseguido grandes avances. Estoy segura que estos logros se mantendrán y lograremos alcanzar la equidad social que todas las mujeres mexicanas merecemos.

Hoy quiero sumarme a la celebración del Día Internacional de la Mujer, y quiero reiterar el compromiso del Partido Verde para impulsar la equidad de género y el trato igualitario entre hombres y mujeres.

Y para muestra de lo anterior estamos orgullosos de poder afirmar que en nuestro grupo parlamentario somos 12 diputadas y 16 diputados, lo cual significa que las mujeres en el Partido Verde representamos casi el 45 por ciento de nuestra bancada. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Ahora le damos el uso de la palabra a la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Muy buenos días, diputadas, diputados. Con su permiso, señora presidenta. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer surge a consecuencia de los movimientos sociales de principios del siglo XX, que tuvieron lugar en diversos escenarios a nivel internacional, y específicamente como una propuesta emanada del Partido Social Demócrata, encabezado por Clara Zetkin, quien en el marco de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, efectuado en 1910 en Copenhague, Dinamarca, pretendió reivindicar los derechos laborales y políticos de las mujeres.

Otro evento emblemático que dio lugar a esta importante fecha aconteció el 8 de marzo de 1911, cuando un grupo de obreras murieron en una fábrica de textiles en Nueva York en su afán por lograr mejores condiciones de trabajo.

Estos eventos convirtieron el 8 de marzo de cada año en un espacio donde las demandas de las mujeres de todo el mundo se hicieron visibles, siendo las feministas de la década de los años 70 del siglo XX quienes colocaron con mayor fuerza las demandas de las mujeres en la agenda internacional.

En nuestro país, la adopción de los compromisos del Estado mexicano y la interlocución de las organizaciones civiles de mujeres con éste generaron la creación de nuevas leyes así como de políticas públicas encaminadas a lograr la igualdad de las mujeres. Esta fecha simbólica es un espacio para hacer un balance de los avances y pendientes que el Estado mexicano tiene con las mujeres.

Entre los avances importantes en materia legislativa podemos señalar la creación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; las modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para introducir el sistema de cuotas que ya ampliamente ha sido comentado por la diputada Sanjuana.

La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de Éstos Delitos; algunas disposiciones de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, así como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y su respectiva ley y la creación de la Comisión de Equidad de Género en ambas Cámaras, hoy llamadas de Igualdad de Género; la creación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Hombres y Mujeres y otras.

Cabe señalar que éstas –hemos mencionado no todas, pero éstas–, las más importantes, fueron posibles a casi 100 años de haberse instaurado esta fecha emblemática, significando un avance para el adelanto de las mujeres. Sin embargo, persisten desigualdades de género en varios ámbitos de la sociedad.

Por señalar también sólo algunas diré que la violencia hacia las mujeres persiste en el ámbito familiar, laboral, escolar y comunitario. Según el estudio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres realizado en 2012, los feminicidios aumentaron en todas las entidades del país, el problema de violencia hacia las mujeres no cesa. Además que son las víctimas, la impartición de justicia es sin perspectiva de género.

Tenemos el caso reciente de Yakiri Rubí Rubio, quien fue encarcelada por asesinar a su agresor y que tuvo que pagar fianza después que es claro el caso de que el asesinato fue en defensa propia.

En términos de igualdad laboral sustantiva aún persiste la diferenciación salarial, la segregación ocupacional, la ocupación de puestos secundarios y las prácticas discriminatorias para la contratación y permanencia en el empleo, como son la exigencia de exámenes de ingravidez y los despidos por embarazo

Las responsabilidades familiares siguen recayendo en las madres trabajadoras. No existen políticas públicas para la conciliación familia-trabajo. Hay déficit de guarderías. Y persiste la doble jornada de trabajo. Es decir, hay muchos problemas aún.

En lo que se refiere a la paridad política, ha aumentado la participación de las mujeres en puestos de decisión. Ya lo han comentado también las diputadas que tomaron la palabra antes de mí.

De acuerdo a la problemática mencionada es posible concluir que mientras persista el modelo cultural patriarcal, que reproduce los distintos tipos de violencia hacia las mujeres, las dobles y las triples jornadas, los salarios menores, la inestabilidad en el empleo, las pocas oportunidades de ascenso y dependencia económica, las mujeres no gozaremos de la igualdad sustantiva. Necesitamos elaborar leyes más armonizadas con los instrumentos internacionales de derechos humanos, de políticas públicas más susceptivas y con perspectiva de género, que eliminen la violencia hacia las mujeres y ponderen sus derechos humanos.

Por ello concluyo que la mejor manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer es asumiendo el compromiso de eliminar la discriminación, el sexismo y la violencia en contra de las mujeres y defender los derechos que hemos logrado. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Es el turno de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Por favor, diputada.

La diputada Blanca Jiménez Castillo:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, conmemorar el Día Internacional de la Mujer es recordar para actuar, para hacer, para transformar, para cambiar una realidad indignante que hoy continúa lacerando a muchas mujeres en nuestra sociedad, una realidad que a los ojos de la transición democrática que aún atravesamos es insostenible para el avance del desarrollo nacional.

Por ello, hoy con más rigor, pero con la misma fuerza con la que trabajamos a diario las mujeres y hombres en el compromiso de una sociedad más igualitaria recordamos que en la construcción histórica de nuestras sociedades hombres y mujeres no partimos del mismo piso de derechos y obligaciones. Muchas de ellas socialmente se nos han asignado como labores al cuidado y sostenimiento social y deben ser compartidas y no repartidas únicamente a nosotras. Del mismo modo, muchos de los derechos políticos, sociales y económicos se nos condicionaron, restringieron y limitaron.

Penosamente, la igualdad entre hombres y mujeres es un derecho humano que nuestra sociedad aún no ha conquistado y cuyas consecuencias negativas afectan visiblemente la vida de muchas mujeres.

Basta con mirar alrededor y consultar los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo. El 43.5 por ciento de las mujeres de 14 años y más, forman parte de la población económicamente activa del país. El 91.9 por ciento de ellas combina trabajo y estudio con quehaceres domésticos, situación contrastante con la de los varones, entre los cuales el 54.5 por ciento cumple con esta condición.

Al cierre del segundo trimestre del 2013, el porcentaje de la población ocupada en el país fue de 41.9 por ciento y principalmente masculina. El 25.8 por ciento son hombres y el 16.1 por ciento son mujeres.

Respecto a los ingresos, las diferencias de género también son identificables, a pesar de que sólo el 7.5 por ciento de la población ocupada total recibe más de 5 salarios mínimos. La mayor parte de este porcentaje, el 5.2 por ciento son hombres y el 2.3 por ciento son mujeres.

Según el Índice de Discriminación Salarial 2012, las mujeres que trabajan ganan en promedio 5 por ciento menos que el de los hombres, a pesar de que el 40 por ciento de los hogares mexicanos dependen del ingreso de una mujer.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, revela que la violencia contra las mujeres perpetrada por la pareja llega al 46.1 por ciento a nivel nacional y que el porcentaje de mujeres que señaló haber tenido algún incidente de discriminación laboral en el último año es del 20.6 por ciento.

Finalmente, en este recorrido por la situación de las mujeres en nuestro país hay que anotar que, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, las mujeres ocupan el 31 por ciento de los puestos de alta dirección en México y 7 por ciento de los miembros de la Junta Directiva de empresas mexicanas y sólo, sólo el 2 por ciento de las mujeres mexicanas son empresarias.

Como se observa, nuestro país aún está caracterizado por una escasa presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión, por desigualdad laboral, usos desiguales de los tiempos, mayor dedicación a las tareas domésticas y de cuidado de personas, y por la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo.

Es por ello que en el Día Internacional de la Mujer, en Acción Nacional refrendamos el compromiso de que las cifras mencionadas adquieran una dimensión que sobrepase el dato estadístico y se conviertan en políticas sociales que alienten la igualdad de género, y en acciones para concientizar a la población en general sobre las diferencias y los factores que menguan la equidad y la calidad de la población femenina del país.

Hoy es un día para alzar la voz frente a la simulación en la atención de los problemas de discriminación y desigualdad que enfrentan las mujeres. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hacemos un llamado al Ejecutivo federal para que deje de relegar a funciones administrativas, de rango medio, en instituciones con capacidades limitadas la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Acción Nacional reconoce que las democracias necesitan de las mujeres en la toma de decisiones ahora, no dentro de 30, 40 o 50 años. Por ello, exhortamos al Ejecutivo a impulsar cambios sustanciales, a comprometerse a través de una verdadera política pública a cambiar la cultura prevaleciente de abusos e impunidad contra las mujeres, mediante compromisos públicos y acciones decisivas, y dejar de lado la postura retórica sobre compromisos internacionales.

México tiene la posibilidad de avanzar hacia la igualdad sustantiva, garantizar la presencia femenina en política y fomentar el liderazgo de las mujeres en la administración pública. Al respecto, la demanda de las mexicanas de participar en condiciones de igualdad en la vida política del país se abrió paso luego de que en el Congreso de la Unión aprobamos incluir en el artículo 41 constitucional la obligación de los partidos a garantizar la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo y federal.

Compañeras y compañeros, las mujeres jamás debemos renunciar a la aspiración de ocupar un puesto directivo. Por ello debemos apostar por acciones y políticas a favor de la igualdad, porque la igualdad permite que tanto mujeres como hombres podamos desarrollar todas nuestras capacidades y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles y estereotipos de género. Porque la igualdad propone cambiar el epicentro de nuestro mundo poniendo la vida de las personas en el centro.

Así, la igualdad supone más democracia, más bienestar, más reconocimiento y más respeto. Con la firme convicción de valer por ser personas y por ser profesionales, las legisladoras y los legisladores de Acción Nacional reafirmamos éste y todos los días el derecho de las mujeres a vivir dignamente, a la participación y a la dirección de organizaciones públicas y privadas, a un salario digno e igual y una percepción como personas y no como objetos. Es cuánto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Por último, tiene la palabra la diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Lourdes Eulalia Quiñones Canales:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reviste gran importancia no solo por la historia de lucha que lleva a cuestas sino por el futuro que se avizora para nuestro género y para la sociedad en su conjunto.

Este día nos reunimos, nos hermanamos y nos solidarizamos para celebrar el hecho mismo de ser mujeres. Es una fecha propicia para compartir nuestros anhelos, para celebrarnos y celebrar a otras mujeres y también para hacer un recuento de las múltiples conquistas logradas.

En este sentido, es preciso reconocer que en México, desde los tres Poderes del Estado se ha realizado un esfuerzo institucional en pro de la igualdad y la justicia. La perspectiva de género ya no es solo una noción, sino un concepto que se aplica de manera transversal en los programas públicos y en el Plan Nacional de Desarrollo. En la esfera política estamos a punto de alcanzar la paridad y en el ámbito privado son cada vez más las mujeres que han logrado conquistar nuevos y mejores espacios.

En suma, el andamiaje institucional y legal en nuestros días responde de manera más efectiva a las demandas y necesidades de las mujeres mexicanas. Desde luego, sabemos también que en materia de igualdad de oportunidades para el avance efectivo de las mujeres no todo está dicho y no todo está hecho, la problemática que enfrentamos las mujeres de todas las edades aún es una constante y es diversa.

Por ello, es menester tomar en cuenta que a los viejos prejuicios, roles y problemáticas se suman nuevos fenómenos sociales que nos están afectando como género de manera significativa, prueba de ello es la alta prevalencia en las adicciones.

En este sentido es preciso asumir que solas y de manera aislada no podemos seguir en la lucha, la problemática de las mujeres debe ser posicionada como prioridad en las agendas públicas y tener clara la necesidad de impulsar una nueva cultura que la comunidad nacional haga suya. Una cultura que rompa con los viejos estigmas, que erradique la violencia y que resignifique las relaciones de poder. Una cultura que sustituya los moldes tradicionales donde se dio vida a los constructos sociales para dar paso a nuevos entendimientos y mecanismos que atiendan a los géneros desde una perspectiva dinámica humanista y humanitaria.

Para visibilizar a las mujeres y sus demandas es necesario adoptar nuevos paradigmas, ampliar la visión, renovar nuestros discursos y tener una actitud aún más incluyente, dicho de otra manera, descentralizar el tema para que la propia pluralidad y diversidad lo enriquezcan.

Las mujeres y los hombres estamos obligados a construir en unidad los nuevos modelos de sociedad, de relaciones interpersonales, de relaciones familiares y de relaciones laborales. Modelos que deben tener como base la libertad, la independencia, la autonomía y el respeto hacia las otras y también hacia los otros.

En estos tiempos no deben tener cabida las visiones centralistas ni personalistas, no existe una receta ni una directriz a seguir porque las mujeres de México, como las del mundo, somos diversas como lo son también nuestras necesidades, expectativas e ideales.

Desde la gratitud profunda y desde la memoria ética es justo y preciso reconocer a las grandes mujeres que nos han antecedido, pero también es necesario recordar que todas las mujeres sean famosas o no, reconocidas o no, han sido también artífices de la historia y piezas fundamentales en el establecimiento de una sociedad cada vez más democrática.

Todas las mujeres desde nuestra propia historia personal y desde cualquier rincón de México hoy estamos en condiciones de trazar un mejor destino para nosotras y para las generaciones que vienen. Cada una desde su trinchera, desde sus talentos, desde sus virtudes y desde sus recursos está haciendo lo conducente, a su ritmo y a su tiempo, pero lo está haciendo.

He escuchado a mis compañeras legisladoras que me han antecedido en el uso de la palabra y encuentro grandes coincidencias. La estadística y las cifras de la violencia me mueven y me conmueven de igual manera. La realidad de las mujeres en nuestro país está llena de claroscuros. Las cifras están a la vista, por ello, quienes tenemos la fortuna de acceder a espacios de poder como es nuestro caso, estamos obligadas no sólo a entender esta realidad en toda su dimensión sino también a habilitarla.

Por ello en el Grupo Parlamentario del PRI, las y los legisladores, hemos coincidido en que las mujeres de México no están solas. Más allá de la retórica es importante hacer conciencia de que hoy el Estado no se mantiene neutral frente a la desigualdad, frente a la violencia y frente al desequilibrio social. El Estado ha dejado de ser neutral y, por lo tanto, ha roto el statu quo en beneficio de los derechos de las mujeres.

Desde esta tribuna y en este día las invito —y los invito también— a dejar atrás las formas añejas y adoptar una nueva visión del mundo, de los seres humanos, de las mujeres, de las familias y de los hombres. La calle, los espacios, las oportunidades, el territorio, los anhelos y el mundo mismo son de todas las personas y nos corresponde por igual.

Nuestro reconocimiento a todas las heroínas anónimas de esta Cámara, de este país y del mundo entero. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, diputada. Con esto culminamos la agenda política.

FEMINICIDIOS EN CIUDAD JUAREZ

La diputada Julisa Mejía Guardado(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Me está pidiendo la palabra la diputada Julisa Mejía. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Con el objeto de dar una información, diputada presidenta. Diputada presidenta, compañeros diputados, diputadas, el día de ayer estuve en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez. Ahí me entrevisté con los familiares de las víctimas de desaparecidas y muertas de Ciudad Juárez. Traigo 116 boletines de mujeres desaparecidas desde hace más de 20 años algunas y otras muy recientes.

La información que quiero dar es que los familiares han solicitado la alerta de género particularmente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Traigo la firma de los familiares y una solicitud al sistema para que active la alerta de género en esa ciudad. Ésa es una de las informaciones que tengo y la vamos a presentar a través de la Comisión Especial para dar seguimiento exhaustivo e investigación de los feminicidios en México, en conjunto con los familiares de las desaparecidas y muertas de Ciudad Juárez.

También, señora presidenta, traigo un mensaje de mi jefe, de mi jefe el pueblo de México, y el mensaje es el siguiente. Me entrevisté con vecinos de las colonias más pobres de Ciudad Juárez. La situación que viven los vecinos de esas colonias es una situación muy grave y muy complicada. Ahora con el aumento del IVA del 11 por ciento al 16 por ciento la situación de despidos masivos se ha estado dando, últimamente han estado cerrando empresas y mucha gente se está quedando sin empleo.

El mensaje es el siguiente: a todos los diputados, diputadas que votaron a favor de la reforma hacendaria, de la reforma energética y de la reforma político electoral, el mensaje es el siguiente: no representan a los ciudadanos de Ciudad Juárez, con los que me entrevisté ayer. Y solicitan que así como votaron la reforma político electoral a favor de la reelección, ojalá y puedan votar también a favor el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada; toma nota la Presidencia.

RECURSOS DEL FONDEN PARA GUERRERO

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: También ha pedido la palabra el diputado Víctor Manuel Jorrín. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Para hacer una pregunta a la directiva: si ya se recibió el informe que se solicitó del Fonden y de Conagua. Es urgente tener este informe para poder vigilar los recursos que se están asignando al estado de Guerrero y a otras entidades federativas. Esa es una pregunta si ya se recibió.

La segunda es comentar en relación al tema de los migrantes. Tienen muchos días en la parte exterior del Congreso esperando que se les resuelva y se les atienda. Creo que es importantísimo que se les atienda de inmediato y no estemos mostrando una insensibilidad para atender los reclamos a los cuales tienen derecho. Es cuanto, ciudadana presidenta, muchas gracias. Nada más saber si tenemos respuesta del Fonden y de Conagua.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con mucho gusto lo revisamos en la directiva, diputado y le haremos de su conocimiento la respuesta que tengamos de Gobernación y del propio gobierno del estado.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Diputada Beatriz Verónica Juárez, ¿con qué objeto?

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña(desde la curul): Gracias. En principio para sumarme a todas las expresiones que tuvieron mis compañeras que hicieron uso de la palabra en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Y decirles también que en el marco de este día es indispensable que visibilicemos a las niñas del mundo y particularmente a las niñas de México, quienes lamentablemente también sufren a diario discriminación, que sufren violencia en la escuela, que sufren violencia en la familia, que sufren violencia en el noviazgo. Que tenemos matrimonios a temprana edad, que tenemos embarazos de adolescentes.

El tema de la ONU este año fue La igualdad de las mujeres, progreso para todas y para todos. Pero esto no lo podemos alcanzar si no empezamos desde las niñas y los niños. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Diputado Carlos de Jesús ¿con qué objeto?

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Gracias, presidenta. Con el mismo objeto de sumarme, sin duda, a las posiciones y a las reivindicaciones que se han hecho por el Día Internacional de la Mujer, pero particularmente quiero complementar lo que ha dicho la diputada Verónica, también por las mujeres indígenas.

Y vale la pena recordar que en esta honorable soberanía hace justamente 13 años arribó a esta ciudad de México la Marcha del Color de la Tierra, encabezada por los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todos ellos indígenas del estado de Chiapas, tzotziles, tzeltales, tojolabales, mames, y a ellos se les sumó una gran diversidad de representantes indígenas del país. De Guerrero particularmente marchamos cinco mil indígenas nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos y coincidimos en el Zócalo de este país para reclamarle a esta nación esta deuda histórica sobre la que tanto hemos hablado en el discurso en esta soberanía para que se reconocieran nuestros derechos.

Vinimos a exigir en aquel entonces al Congreso de la Unión, zapatistas y Movimiento Indígena Nacional, que se aprobara la Ley Cocopa, que había alcanzado los consensos mínimos y la aprobación de los hermanos del EZLN, de los pueblos indígenas del país y de académicos, investigadores y actores políticos de la gran diversidad y pluralidad política de este país.

Todos sabemos cuál fue el resultado final: se mutiló la Ley Cocopa y se aprobó una ley en materia de derechos y cultura indígenas. Se reformó el artículo 2o. de la Constitución en agosto de 2001, que dejó pendiente reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, que dejó pendiente reconocer nuestro derecho de libre determinación y autonomía como pueblos indígenas, que dejó pendiente reconocer nuestras tierras, nuestros territorios y el acceso y disfrute colectivo de los recursos naturales.

Justamente quien nos reivindicó en ese momento como movimiento indígena nacional fue la comandanta Esther, que desde esa alta tribuna pronunció un gran discurso para buscar la sensibilidad de todos los actores políticos. Ella también merece que le hagamos un reconocimiento por esta labor del movimiento indígena que la comandanta Esther hizo en su momento.

Vale la pena, por último, decir que también quiero resaltar que sigue existiendo una gran injusticia hacia muchas mujeres luchadoras, discriminadas, de las que hemos dado cuenta aquí con una gran diversidad de puntos de acuerdo.

Algunas mujeres han abortado porque no fueron atendidas a tiempo, se han mantenido los niveles de las muertes maternas y se ha intensificado el hostigamiento hacia las mujeres.

En particular quiero conminar a todos los diputados y diputadas de este honorable Congreso, pero particularmente a mis compañeros guerrerenses y compañeras guerrerenses, para que enarbolemos e iniciemos un proceso de lucha para lograr la liberación de nuestra compañera Nestora Salgado, cuyo único delito fue darle seguridad a sus comunidades en el municipio de La Montaña Alta de Guerrero, de Olinalá.

Ojalá también reivindiquemos lo que en el discurso se dice sobre la lucha de las mujeres en general y de las indígenas en particular. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Quedan registradas sus intervenciones en el Diario de los Debates. El diputado Alfredo Zamora. Con qué objeto, diputado.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidenta, gracias. También sumarme al reconocimiento que se está haciendo hacia las mujeres. Me parece que una forma de dar cumplimiento y de realmente en los hechos demostrar el reconocimiento a ellas es que en la legislación, las leyes, las propuestas de iniciativa cuando se aprueben, se discutan ampliamente de tal suerte que sí tengan beneficios, que en esta propuesta de ley sobre el seguro de desempleo tenga un enfoque muy positivo a favor de las mujeres trabajadoras.

Me parece que el mejor reconocimiento que les podemos hacer a las mujeres es que en los hechos, en la legislación realmente vaya la defensa de sus derechos, de sus intereses.

También quiero, aprovechando, hacer un llamado a las autoridades de medio ambiente sobre lo que está sucediendo en Baja California Sur. La población está preocupada porque hay proyectos mineros en áreas protegidas, especialmente en la Sierra de la Laguna, donde es esta parte la que surte o la que enriquece los acuíferos de toda la zona sur de Baja California Sur, y que hoy existen permisos ya, desde 1997, concesiones para posibles explotaciones, así lo advierto.

Es una gran preocupación de la población de Baja California Sur, porque de darse esta explotación minera contaminaría precisamente los mantos acuíferos y causaría con ello un daño irreversible a la población.

Por ello el llamado a las autoridades de medio ambiente federales, para que tomen cartas en la materia y no permitamos esto, y de igual manera subrayar que en la zona limítrofe de Baja California Norte, Baja California Sur, está también un proyecto minero denominado El Arco, que también está generando una preocupación por la posible afectación a los yacimientos, o mejor dicho, a los acuíferos y que me parece que es importante que las autoridades federales sean sensibles y que los desarrollos sean en zonas donde no se afecte el medio ambiente, de tal manera que tengamos una explotación sustentable, cuidando nuestros recursos naturales. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado.

FACILIDADES PARA EL ACCESO A LA CAMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por último el diputado Gerardo Villanueva, por favor, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán(desde la curul): Muchas gracias diputada Aleida Alavez. Para dos cosas que tienen que ver con lo mismo. Cada vez que alguien viene a ver alguna gestión conmigo, particularmente, hay oposición en los accesos para que puedan entrar a hacer las cosas que vamos trabajando.

Está Moctezuma Madrigal en la puerta 7 y le dicen que solamente con una autorización de no sé quién puede acceder. Yo le quiero pedir, diputada presidenta, que ayude a comprender al personal de Cámara, y hago un llamado respetuoso al Secretario General, que ésta es una oficina pública, que la Cámara de Diputados es la casa del pueblo, que tiene que haber respeto para que la gente acceda libremente a él.

Dos —y le pido que me escuche diputada, por favor—, el día de mañana tenemos un foro con locatarios y comerciantes, particularmente del centro del país, que se están organizando en torno a la acción de inconstitucionalidad que 172 diputados interpusimos y a 24 mil amparos que ellos, por su cuenta, han interpuesto.

Mañana tenemos un foro a las 11 de la mañana y quiero saber si los van a dejar pasar, porque si vamos a tener esta circunstancia, díganos qué medidas tenemos qué hacer o tengo que ir a la puerta para que cada vez que me busque alguien le den acceso.

Le pido a usted, se lo ruego con mucho respeto, y le exijo a la Secretaría General que tome cartas en este asunto porque no puede ser que se le dé ese trato a la gente, y menos a un legislador. Aquí me acaba de decir la diputada Socorro Ceseñas, que no es el único caso. Entonces yo exijo que se le dé un trato respetuoso al pueblo que nos viene a visitar, porque vienen a trabajar con nosotros, no a otra cosa. Muchas gracias, diputada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Con mucho gusto en estos momentos tomamos cartas en el asunto, diputado, para facilitarle el ingreso a las personas que vienen a trabajar, y para el foro que mañana también llevarán a cabo.

Queremos darles la bienvenida a los alumnos, maestros y padres de familia de la escuela oficial Telesecundaria número 414, Justo Sierra, de la comunidad de Choteje, municipio de San Felipe del Progreso, estado de México, invitados por el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández. Bienvenidos y bienvenidas a este recinto.

También se encuentra con nosotros el ciudadano César Benítez Chaparro, presidente municipal del municipio de Loma Bonita, Oaxaca, y la ciudadana María Aída Zuccolotto Zanatta, presidenta del DIF municipal de Loma Bonita, Oaxaca, invitados por la diputada Saraí Larisa León Montero, del Grupo Parlamentario del PRD. Bienvenidos.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Y, bien, vamos a dar curso al orden del día. El siguiente punto es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. En sesión celebrada el 28 de noviembre de 2006, el senador Ulises Ramírez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado, turnó el proyecto a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos Primera, para emitir dictamen, y a la Comisión de Desarrollo Municipal para su opinión.

2. El 19 de noviembre de 2009, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 6studios Legislativos Primera y la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores, después de hacer un análisis a la iniciativa antes citada, aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. El 24 de noviembre de 2009, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándolo a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

4. En sesión de 26 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió el expediente de la minuta con proyecto de decreto antes mencionada, turnándola para los efectos de ley a la Comisión de Puntos Constitucionales.

II. Contenido de la minuta

Esta Comisión de Puntos Constitucionales, antes de entrar al estudio del presente dictamen, considera prudente transcribir el contenido de la minuta, que es del término siguiente:

“Estas comisiones unidas coinciden con la propuesta en estudio en cuanto a la inclusión de los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos como responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales, ya que como bien se señala en la exposición de motivos, la función pública del gobierno como tenedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones y el éxito para el control del ejercicio de dicha función se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado son situaciones que se encuentran debidamente contempladas en el Título Cuarto de nuestra Carta Magna y es precisamente en los párrafos primero y tercero del artículo 108 que se regula:

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados, y, en genera~ a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.”

Como se observa, el texto constitucional no considera expresamente sujetos de responsabilidades por manejo indebido de fondos federales a los presidentes municipales, ni a las demás autoridades de los ayuntamientos.

Pese a que no los incluya, dentro del régimen de responsabilidad previsto en el citado artículo 108, el legislador los sujeta mediante una ley secundaria que incluye a quienes manejen recursos públicos federales, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público:

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales.

Por lo que, se considera que la inclusión expresa en la Constitución sobre la responsabilidad que los servidores públicos municipales señalados, por el indebido manejo de los fondos y recursos federales es consecuente con el marco legal vigente, no sólo con la ley federal referida, sino también con la Ley de Coordinación Fiscal, que en el último párrafo del artículo 49 prevé que “las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda, de conformidad con sus propias legislaciones.

Cabe señalar, que estas comisiones dictaminadoras recibieron la opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, en la cual se consideró a la iniciativa en estudio como pertinente por cuanto a que se pretende incluir a los Municipios (y consecuentemente a sus ayuntamientos, como responsables de su gobierno), como unidades administrativas autónomas cuyo ejercicio gubernamental, siendo distinto y diverso de los entes federales y estatales, es susceptible de responsabilidad independientemente de la entidad federativa en que se encuentre.

En términos generales los integrantes la comisión referida, emitieron opinión favorable de la iniciativa en estudio para que sea aprobada en sus términos. Cabe señalar que dicha opinión ha sido considerada en la elaboración del presente dictamen.

En este sentido, también debe señalarse que en materia de responsabilidades el Distrito Federal tiene un régimen y un tratamiento distinto al de los Estados de la Federación, ya que como se advierte de la lectura del Título Cuarto constitucional (arts. 108 y 109), a estos últimos se les faculta para crear regímenes de responsabilidades internos, situación que no acontece en el Distrito Federal, ya que por ser la sede de los Poderes de la Unión su regulación está sujeta a lo dispuesto en la legislación federal, es decir, a los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Distrito Federal se les aplican las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de conformidad con el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002.

III. Cuadro comparativo

IV. Consideraciones

Esta Comisión dictaminadora, después de haber efectuado un análisis exhaustivo de la minuta señalada en el apartado anterior, llega a la convicción de emitir dictamen en sentido positivo, en atención a las siguientes consideraciones:

De la lectura a la minuta, se advierte como propuesta principal la incorporación de los integrantes de los ayuntamientos como sujetos responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

En México, a nivel constitucional se contienen las disposiciones relativas a los tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, mismas que pueden ser de carácter civil, administrativo, político y penal.

• La responsabilidad civil del servidor público, se manifiesta en la reparación pecuniaria.

• La responsabilidad administrativa se presenta para sancionar actos y omisiones de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en la administración pública.

• La responsabilidad política, objeto del juicio político, se refiere a actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.

• La responsabilidad penal, será aplicable sólo después de una declaración de procedencia.

Al respecto, Gabino Fraga señala que la falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública da nacimiento a la responsabilidad del autor, mismo que puede ser de orden civil, de orden penal o de orden administrativo. Dicho de otra forma, cualquier falta cometida por el empleado en el desempeño de sus funciones lo hace responsable administrativa mente, sin perjuicio de que pueda originarse además una responsabilidad civil o penal, pudiendo ser sancionables todas de manera independiente por la autoridad competente.

Por su parte, Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, señala que cuando los servidores públicos provocan daño o lesionan valores protegidos por las leyes penales, la responsabilidad en que incurren es penal y les serán aplicables las disposiciones y los procedimientos de esa naturaleza; cuando realizan funciones de gobierno y de dirección y afectan intereses públicos fundamentales o el buen despacho de los asuntos, dan lugar a la responsabilidad política; y cuando en el desempeño de su empleo, cargo o comisión incumplen con las obligaciones que su estatuto les impone para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el ejercicio de la función pública, la naturaleza de la responsabilidad es de carácter administrativo.

El artículo 108 de nuestra Carta Magna, señala que los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

De lo anterior, se observa que este precepto constitucional no considera sujetos de responsabilidad administrativa a los miembros de los ayuntamientos, aún cuando el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, señala como sujetos de la misma a “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos federales”.

Para esta Comisión, es importante señalar que la naturaleza jurídica del municipio corresponde a la de un poder estatal junto con los tradicionales órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Asimismo, es importante señalar que técnicamente el Estado debe contar con suficientes recursos económicos para financiarse a sí mismo y financiar las necesidades del pueblo, además de contar con suficiente poder. No obstante, desafortunadamente esos elementos han generado en nuestro país una tendencia negativa de diversos servidores públicos de diferentes épocas con propósito de beneficiarse de dichos recursos y poder, provocando actos de corrupción que laceran a los gobernados. Pero lo más lacerante es que ante estos actos subsiste todavía en México la impunidad.

Ante esta situación se requiere analizar más a fondo la eficacia de nuestras variadas disposiciones legales respecto a los supuestos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos para poder aplicarlas correctamente y no caer en . errores como hasta ahora parece que ha ocurrido.

El establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos ha sido una preocupación constante en todo sistema democrático constitucional y una de las características esenciales de todo Estado de Derecho para evitar el abuso de poder.

Así, se ha buscado que los trabajadores del Estado estén sujetos a una regulación especial en razón de su participación en el ejercicio de la función pública debido a la particular situación que presentan. En este sentido, cuando en el ejercicio de sus funciones incumplen con las obligaciones que la ley les impone, provocan responsabilidades a favor de los sujetos lesionados o del Estado, que van de acuerdo a los órganos que intervienen, al régimen legal aplicable, a los procedimientos para su aplicación y a la jurisdicción cuya competencia corresponde.

Por ello, los miembros de esta comisión dictaminadora consideran necesaria la reforma al artículo 108 constitucional, que tiene como finalidad establecer como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos municipales que administren y manejen indebidamente los recursos otorgados por el gobierno federal.

De lo anteriormente expuesto, esta Comisión coincide con lo expresado por el Senado de la República, en el sentido de que el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático, así como una de las características esenciales de un verdadero Estado de Derecho. En ese tenor es menester que las personas que en su función pública manejen o apliquen fondos y recursos federales, los utilicen –tal y como lo establece el artículo 134 constitucional– con eficiencia, economía, transparencia, honradez y exclusivamente para los fines que les son propios.

Asimismo, esta colegisladora coincide con la propuesta en estudio en cuanto a la inclusión de los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos como responsables por el manejo indebido de fondos y recursos federales, ya que como se señala en la exposición de motivos que dio origen a la minuta que se analiza, la función pública del gobierno como tenedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones y el éxito para el control del ejercicio de dicha función se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.

Finalmente, este órgano dictaminador no pasa por inadvertido el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 7 de febrero de 2014, mediante la cual se reformó el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Fundamental, razón por la cual se procedió a realizar adecuaciones de estilo, con la finalidad de integrar al precepto constitucional vigente la propuesta contenida en la minuta con proyecto de decreto materia del presente dictamen, sin que ello implique una modificación o adición que implique una nueva discusión de la Cámara de origen.

Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Puntos Constitucionales, somete a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ÚNICO: Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 108. (...)

(...)

Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

(...)

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones que contravengan el presente decreto quedarán sin efecto.

Palacio Legislativo de San Lázaro , a 19 de febrero de 2014.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Julio César Moreno Rivera (rúbrica), presidente; Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Fernando Rodríguez Doval (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica), Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Carlos Angulo Parra (rúbrica), secretarios; José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Jorge Sotomayor Chávez (rúbrica), Ricardo Villarreal García, Damián Zepeda Vidales (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), Míriam Cárdenas Cantú (rúbrica), Rocío Adriana Abreu Artiñano (rúbrica), Arely Madrid Tovilla (rúbrica), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Ricardo Cantú Garza, Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Fernando Zárate Salgado (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Por la comisión, para fundamentar el dictamen, tiene la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera hasta por 10 minutos.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la acción del Estado se instrumenta con la función pública de gobierno. La función pública del gobierno como tenedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos suficientes para el ejercicio de sus funciones, y el éxito para el control del ejercicio de dicha función se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos.

El fenómeno de la corrupción se presente específicamente en el ejercicio de la función pública y en la aplicación de los recursos económicos, porque en ambos se relacionan directa o indirectamente los gobernantes con los gobernados. Es por ello que la sociedad demanda mecanismos de control eficaces, pues en la actualidad esta sociedad está más atenta y participativa en los asuntos públicos, por lo que exige mayor transparencia y rendición de cuentas de la gestión de los gobiernos.

La responsabilidad administrativa de los servidores públicos y la responsabilidad patrimonial del Estado, prevista por el artículo 108 de la Constitución, establece una amplia cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad por infringir a la ley fundamental y las leyes federales, así como por el manejo indebido de los fondos y recursos federales.

Sin embargo, tratándose de este último caso relativo a la gestión de recursos económicos no se contempla a las y a los servidores públicos que integran los gobiernos municipales, siendo que estos también reciben recursos de la federación.

En este sentido, el artículo 108 constitucional vigente no considera sujeto de responsabilidad administrativa a los miembros de los ayuntamientos, no obstante que el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala como sujetos de la misma a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos y federales.

De acuerdo con datos estadísticos, sólo 16 por ciento de los municipios cuentan con información clara y completa sobre sus trámites y servicios, además que en el 50 por ciento de estos municipios la información fue limitada o inexistente. Asimismo, como lo reflejan los informes de la Auditoría Superior de la Federación, la gestión de los fondos federales operados por los municipios presenta problemas, insuficiencias e irregularidades recurrentes que inciden directamente en los resultados del ejercicio gubernamental, destacando los siguientes aspectos.

En el Fondo de Infraestructura Municipal una tercera parte se concentra en pavimentos, en detrimento de servicios básicos prioritarios como agua, drenaje, salud e infraestructura educativa, además de que dicho gasto se concentra en las cabeceras municipales, dejando en el abandono a las localidades con alto y muy alto rezago social. Este mismo fondo presenta un recurrente 15 por ciento en el no ejercicio de los recursos.

Con dificultades financieras, los municipios realizan transferencias de recursos a otras cuentas y en el mejor de los casos, en que se devuelva posteriormente, retrasan el ejercicio de estos recursos y en el peor de los casos no se devuelven los recursos. La falta de documentación comprobatoria es un problema estructural.

Otros problemas registrados son conceptos de obra que se paga pero no se ejecuta, obras de mala calidad, pagos en exceso en la adquisición, así como irregularidades de la adjudicación de contratos, entre otros.

En el caso del Fortamun, el destino de sus recursos es para el gasto corriente y pago de deuda y es mínimo lo que se asigna para proyectos de acto impacto para el desarrollo y finanzas municipales y delegacional. Es por ello que la propuesta contenida en el dictamen de la minuta con proyecto de decreto a discusión tiene dos directrices.

La primera consiste en que el marco de un estado de derecho, la rendición de cuentas se instituya para todas las instancias de gobierno, particularmente en lo que toca al manejo de recursos económicos.

La segunda, que siendo la Carta Magna el referente inmediato de los derechos y obligaciones de los mexicanos, así como de los gobernantes, se consagre en ésta la responsabilidad en que incurren los tres órdenes de gobierno por el manejo indebido de los fondos y recursos federales.

En consecuencia, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales estiman conveniente reformar el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución, para señalar que los integrantes de los ayuntamientos serán responsables por la aplicación indebida de fondos y recursos federales, ya que cada vez más el referido orden de gobierno, derivado del proceso de descentralización de la administración pública maneja y administra fondos federales, por lo que no podía quedar este vacío en nuestra ley fundamental.

Avancemos con esta legislación de nuestro marco normativo, buscando que se puedan consignar a personas que en el ejercicio de sus funciones abusen de los recursos púbicos. Evitemos que existan casos graves de corrupción en donde los presupuestos de municipios o de estados estén siendo utilizados como botín. Recordemos que la corrupción es un reflejo de las fallas en el sistema mexicano.

Finalmente, es preciso señalar que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales no pasamos por inadvertido el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de febrero de 2014, mediante la cual se reformó el párrafo tercero del artículo 108 de la Ley Fundamental.

Razón por la cual se realizaron las adecuaciones pertinentes, con la finalidad de integrar al precepto constitucional vigente la propuesta contenida en el dictamen que ahora se discute.

Como lo dijo el economista Andrés Roemer: la corrupción no distingue filiación partidista ni posición ideológica, es un problema para todos los partidos, para el gobierno. Pero es, ante todo, una grave ofensa contra la ciudadanía mexicana. Por ello, compañeras y compañeros diputados, es que los invito a votar a favor del dictamen. Muchas gracias.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, de nueva cuenta nos encontramos en este recinto en otra modificación sustancial a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, erradicando cualquier tipo de exclusión que pueda encontrarse en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de un tema trascendental, como lo es la responsabilidad administrativa.

Incorporando a literalidad, para que no quede más duda en cualquier interpretación a todos los servidores públicos que se desempeñan como presidentes municipales, como regidores, como síndicos en los cabildos. Eso nos conlleva a que es un desafío imprescindible de todo sistema democrático, el que la ciudadanía esté en todo tiempo y en todo momento garantizada al ejercicio eficiente y transparente del manejo de los recursos públicos, a través de una clara e incesante rendición de cuentas, acompañada irrestrictamente del sentido de responsabilidad de los gobernantes.

Con esta reforma constitucional se va cerrando toda la brecha a nivel constitucional en cuanto al manejo eficiente y transparente de los recursos, en cuanto a la rendición de cuentas, reforma no muy añeja. Y al día de hoy, al sentido de responsabilidad de los servidores públicos en relación a los manejos de los recursos federales, con eficiencia, con transparencia, con probidad.

La rendición de cuentas cobra aquí un papel determinante, como elemento toral de la democracia supone la capacidad de cualquier institución pública para hacer responsable a los gobernantes, sean del nivel que sean, federales, estatales o municipales, de todos sus actos y decisiones en estos niveles de gobierno.

De conformidad con el 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un servidor público siempre y en todo momento debe conducirse con probidad, con responsabilidad, con profesionalismo, con honestidad, y sobre todo, con lealtad al Estado.

Todo régimen que procura ser democrático requiere la adecuación del orden jurídico para dar plena vigencia a principios constitucionales que robustecen nuestro estado de derecho, así como para prevenir y sancionar toda conducta de gobernantes que lo pudieran quebrantar.

Cabe señalar que a nivel constitucional se encuentran inmersas disposiciones relativas a tipos de responsabilidades en los que puede incurrir cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, mismas que pueden ser desde el carácter civil, administrativo, político, o en su caso, penal.

La falta de responsabilidad deteriora el estado de derecho y actúa contra la democracia cuando se genera ilegalidad, inmoralidad, inmoralidad social y corrupción. Como aquí se ha dicho, la función pública del gobierno como poseedor legítimo del poder público requiere de recursos económicos, bastantes, para la realización de sus funciones y el financiamiento de las necesidades del pueblo, y su éxito se sustenta en un esquema eficiente y eficaz de la responsabilidad de los servidores públicos, a eso nos convoca el decreto que se discute.

En Nueva Alianza, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos la importancia de contar con un régimen adecuado de responsabilidad de los servidores públicos que involucre a todos, pues es una preocupación constante de todo sistema democrático constitucional el evitar cualquier abuso de poder.

Ante lo anterior, es necesario reforzar los mecanismos de control que inhiban conductas perniciosas en la administración pública y responsabilice a quienes las cometen. Cabe referir que el municipio, el municipio tiene un lugar peculiar en el régimen de restricción de cuentas del Estado mexicano.

Por ello, es de suma importancia que las personas que en su función pública manejen o apliquen fondos y recursos federales los utilicen tal y como lo establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, con esa eficiencia, con esa economía, con esa transparencia, con esa honradez y exclusivamente para los fines que le son propios.

El artículo 108 de nuestro ordenamiento constitucional establece una amplia cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad por la violación a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos.

No obstante, en este último elemento de responsabilidad que atiende la gestión de los recursos económicos no se incorpora a los gobiernos municipales, siendo que éstos también son receptores de recursos federales.

En mi Partido Nueva Alianza consideramos que el proyecto de dictamen que hoy se nos presenta, en el sentido de incluir de forma expresa en la Constitución la responsabilidad que los servidores públicos municipales por el indebido manejo de los fondos y recursos federales es y debe de ser procedente, toda vez que en el momento en que el municipio fue reconocido como instancia de gobierno adquirió una responsabilidad social con sus gobernados, por ser éste la instancia de gobierno más cercana a la gente.

Aunado a que esta reforma es consecuente con el marco legal vigente, no sólo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, sino también con la Ley de Coordinación Fiscal.

Hemos de destacar que se ha venido buscando que los empleados públicos se encuentren sujetos a una regulación especial en razón de su participación en el ejercicio de la función pública debido a la particular situación que presentan.

En este tenor, cuando en el ejercicio de sus funciones incumplen con la obligación que la ley les impone provocan responsabilidades a favor de los sujetos lesionados o del Estado, que van de acuerdo a los órganos que intervienen, al régimen legal aplicable, a los procedimientos para su aplicación y a la jurisdicción cuya competencia corresponde.

La principal obligación del Estado es satisfacer las necesidades colectivas y esto solo se logra si a través de la función pública el Estado se organiza para dar fin y realizar de manera eficiente y transparente esa función. Dotar de todos y cada uno de los satisfactores a la ciudadanía, a la población, a todos y cada uno de los habitantes.

Motivamos nuestra postura como Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en sentido afirmativo respecto a esta iniciativa que nos ocupa.

De esta forma estamos convencidos que coadyuvaremos a garantizar a la ciudadanía el ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos en los tres niveles de gobierno.

Todo régimen que se precie de ser democrático debe tener como baluarte el control y la responsabilidad de sus servidores públicos. Es cuánto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene ahora la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente y con la venia de la asamblea. La minuta que la colegisladora remite a esta soberanía no solamente es atendible en virtud a que aborda un tema de relevancia especial para acotar aspectos de corrupción que agreden a las instituciones del país.

El día de ayer, precisamente en la visita, que no comparecencia, del director de Pemex y del procurador de la República hablábamos del tema de la corrupción y de cómo premios Nobel de Economía, aunque neokeynesianos, opinan que el gran problema de México es la corrupción.

En consecuencia, la visión que propone la adición de la Comisión de Puntos Constitucionales mediante un proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos merece el apoyo del Grupo Parlamentario del PT.

La minuta tiene como punto central el de la incorporación de los ayuntamientos como sujetos responsables en el manejo indebido de fondos y recursos federales. Pero en lugar de que yo pueda seguir argumentando de manera jurídica este dictamen permítanme compartirles experiencias, y por qué creemos que este tema es de fundamental importancia.

Como algunos de ustedes saben, su servidora fue diputada local en Chihuahua en el año 2004. Antes de eso fui asesora de la Comisión de Vigilancia, y siendo diputada, además estuve sentada en esta comisión como integrante de la misma. Me tocó revisar un sinnúmero de cuentas públicas; cuentas públicas de municipios y cuentas públicas que observaban recursos federales de manera constante.

Me tocó la transición en la que la Auditoría Superior de la Federación hizo un acuerdo con los estados para que fuesen las auditorías de los estados quienes revisaran los recursos de la federación que llegaban a los estados y que se iban a los municipios como participaciones o aportaciones federales.

¿Qué era lo que se veía en la mesa? —y lo digo con mucho respeto para quienes fueron legisladores conmigo— intercambio de cuentas públicas. Intercambio de favores para no señalar a presidentes municipales, y sobre todo, intercambio de tapar cuentas públicas contra cuentas públicas para que no solamente los recursos estatales, sino también los recursos federales pasaran de lado y no se revisaran. Eso es lo que sucede en la auditoría en los estados. Eso es lo que sucede en la auditoría con los municipios.

Muchos de ustedes, señores diputados, son expertos en el tema, han trabajado ya en la revisión de cuentas públicas municipales y estatales y saben que lo que hablo es cierto. La no responsabilidad de los municipios en la revisión de las participaciones y las aportaciones federales tiene una gran trascendencia.

¿Por qué? Primero porque al municipio se le trata como el niño pequeño de esta República, pareciera no solamente que no tiene capacidad de tomar decisiones o de cobrar impuestos, como se ha considerado en muchos casos y como hemos centralizado muchas de las actividades, como el tema del predial en esta Cámara de Diputados, sino que además también se les considera incapaces de enfrentar responsabilidades, no solamente administrativas sino también penales en el mal uso de los recursos públicos.

Y déjenme contarles sobre esta otra anécdota, la primera cuenta pública que me toca revisar. El presidente municipal de un pueblo muy pequeño en Chihuahua había comprado un tractor, hubo un cambio de administración y este presidente municipal que había considerado que había dado demasiado por el pueblo se había quedado con el tractor. No había forma, compañeras y compañeros diputados, en que el Congreso del estado siquiera pudiera solicitarle al ex presidente municipal que devolviera el tractor a la presidencia municipal porque lo había reportado como robado, aunque todo el mundo sabía que estaba trabajando en su rancho.

Estos son los excesos reales que se viven con el gasto federal y muchas veces con el gasto estatal en los municipios.

Esta reforma pretende acabar no solamente con estos excesos al dar responsabilidades a las presidencias municipales para que sean corresponsables en el gasto público federal, sino que también tiene la intención de que el municipio se fortalezca en atribuciones. Sin embargo —y esto lo ponemos entre comillas— no es suficiente darles responsabilidad a los presidentes municipales. No es suficiente. Necesitamos una fiscalización efectiva.

Necesitamos que la Auditoría Superior de la Federación no solamente firme contratos con las auditorías superiores de los estados —que regularmente están manejadas por los gobernadores— que auditan y fiscalizan primero a tiempo muerte, y después a conveniencia de los gobernadores.

Necesitamos que estas auditorías realmente fiscalicen a los municipios. Necesitamos que estas auditorías realmente ejerzan su facultad constitucional y su responsabilidad constitucional de velar por la adecuada aplicación de los recursos en los municipios y en los estados de esta República Mexicana.

Es decir, esta reforma constitucional no quedará completa hasta que la Auditoría Superior de la Federación pueda no solamente firmar convenios con las auditorías de los estados, sino obligar a que estas auditorías de los estados apliquen la ley a conciencia, a que estas auditorías de los estados no hagan fiscalizaciones selectivas, sino que hagan su trabajo de manera adecuada.

Así pues, las sanciones que promueve esta reforma no solamente serán pecuniarias, sino como lo dije, de otro tipo. Entonces tendremos presidentes municipales que podrán ser inhabilitados en el servicio público mediante inclusive el encarcelamiento de los responsables y no solamente el titular del ayuntamiento y la recuperación del daño, dependiendo del grado del incumplimiento hasta que las sanciones inclusive podrán ser mixtas.

La reforma de la que hoy estamos hablando tiene sí profundidad, pero tiene que ser completada. En esto no solamente instamos a esta soberanía, sino anunciamos que presentaremos esta reforma para que esta reforma constitucional no quede incompleta, porque tenemos que analizar con mayor profundidad la eficiencia de nuestras variadas disposiciones legales respecto a responsabilidades en que puedan incurrir los servidores públicos para aplicarlas correctamente.

No vale solamente reformar la Constitución y dejarlo en letra muerta. Necesitamos estructurar el sistema legal y normativo de la República para que se aplique de manera adecuada.

Es por eso que consideramos la coincidencia con la colegisladora en el sentido de que el establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático, así como las características del estado de derecho.

En los Presupuestos de Egresos que se aprueban no solamente en esta Cámara de Diputados sino que se aprueban posteriormente en los estados, que sean aprobados por la materia de coordinación fiscal o por otros conceptos se han destinado múltiples recursos.

Muchos de ustedes han buscado que se bajen distintos recursos a sus municipios. ¿Cómo garantizamos que estos recursos lleguen verdaderamente a la ciudadanía? No existe otra manera más que haciendo responsables y corresponsables al último nivel de gobierno en este estado federado que serán las presidencias municipales o los ayuntamientos.

Es por eso, compañeros diputados, que diría, el PT va a favor de esta reforma porque consideramos que la transparencia, que la rendición de cuentas, y como consecuencia la contraloría social que se pueda dar posteriormente es necesaria, pero sí consideramos que a esta reforma le faltan cosas, y le faltan cosas en el tema de vigilancia y de rendición de cuentas, y que es esto responsabilidad de esta Legislatura completarlo y concretarlo adecuadamente, porque no vale legislar solamente en la Constitución para dejarlo en letra muerta.

Votaremos a favor pero nos quedamos y dejamos a ustedes el gran pendiente de hacer real esta reforma constitucional y que realmente —valga la redundancia—, se haga responsable a los ayuntamientos por el mal manejo de los recursos, no solamente por el desvío de los mismos, sino por el abuso en la aplicación de los mismos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Saludo y les doy la más cordial bienvenida a un grupo de ciudadanos del municipio de Tultitlán, estado de México que se encuentran hoy aquí en el salón de sesiones invitados por el diputado Marco Antonio Calzada Arroyo. Bienvenidas y bienvenidos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Con su permiso, compañeros legisladores. En México el fenómeno de la corrupción se ha enraizado en las prácticas políticas y en el ejercicio de gobierno en los diferentes niveles del país.

Ayer precisamente durante la comparecencia del director general de Petróleos Mexicanos comentamos que el caso de Oceanografía no es un caso aislado, es la constante.

Quizás hoy ante la coyuntura política y ante la magnitud del escándalo, el tema ha tenido que abordarse de manera obligada y ayer fue reconocido por el propio procurador general de la República que no es un asunto entre particulares, es un asunto del más alto interés público porque Petróleos Mexicanos es una empresa patrimonio del país, y hoy que se discuten las reformas energéticas mal se haría en no abordar el tema de la corrupción que golpea despiadadamente a esta empresa.

Pero este fenómeno de la corrupción se vive en diferentes niveles, desde la cúspide del poder que auspició estos manejos, desde el contratismo, el tráfico de influencias, el coyotaje, en los moches como política de Estado, pasando desde luego por las entidades federativas y los ayuntamientos.

Todavía espera en el Senado de la República la minuta que se envió desde septiembre pasado sobre la responsabilidad hacendaria de los estados y los municipios y es fecha que el Senado no dictamina esta minuta a efecto de que queden claras las restricciones a los endeudamientos de los estados y los municipios.

Hoy la deuda sub-nacional asciende a más de 480 mil millones de pesos, casi medio billón de pesos. Es una cifra escandalosa que sigue creciendo para perjuicio de los estados y los municipios. Además hay una total impunidad porque gobernadores y alcaldes que saquearon sus estados y sus municipios se pavonean con sus riquezas inmorales.

Por eso creemos que es pertinente esta reforma al artículo 108 de la Constitución federal para que quede muy claro que también son responsables los ayuntamientos, las autoridades municipales, de violaciones a la Constitución, a las leyes federales y a la aplicación y al manejo indebido de recursos federales. Para que además la Auditoría Superior de la Federación tenga no sólo la atribución que ya ejerce para revisar los gastos federales en los ayuntamientos, sino para ir más a fondo en la corrupción en este nivel de gobierno.

Los ayuntamientos son la célula básica de la organización política y territorial del país, pero son los más golpeados por la crisis y por la insuficiencia de recursos. A veces no tienen ni para las nóminas ni para los servicios primarios ni mucho menos para atender el flagelo de la inseguridad pública.

Pero además de otorgárseles mayores recursos como una prioridad se debe también establecer con toda contundencia en nuestra Ley Fundamental la responsabilidad de los servidores públicos municipales. No debe haber ningún resquicio para que eludan su responsabilidad.

Nos parece pertinente que se atienda este tema y que quede claramente asentado en el artículo 108 de nuestra Constitución

Pero no podemos tampoco soslayar ni dejar de mencionar la gran paradoja que enfrenta el país. Mientras más se invierte en fiscalización, mientras más órganos de control internos y externos revisan las cuentas públicas y los gastos gubernamentales, más corrupción hay en nuestro país.

Por eso urge también la comisión anticorrupción que se mencionó con bombo y platillo, con un gran despliegue propagandístico, y que todavía aguarda el proceso legislativo para que finalmente se instaure.

No se deben repetir más casos como el de Oceanografía, pero no solamente atenderse y revisarse, sino poner frenos reales al abuso del poder y a la corrupción en el país. ¿Cuántos dictámenes han pasado por este recinto en esta legislatura que atienden al tema de la transparencia, y sin embargo, cada día aparecen nuevos casos de corrupción?

Por esa razón, compañeras y compañeros legisladores, hacemos un llamado a que se combata a fondo, y que no solamente se revisen casos de coyuntura, sino que se haga todo un inventario de los expedientes abiertos de los casos de corrupción en el país, y no solamente federal, sino también estatales y municipales que todavía aguardan justicia y que son motivo de indignación de nuestra sociedad.

Quiero, de igual manera, una vez que hablamos del tema del municipio, externar todo nuestro respaldo y solidaridad a la compañera Delfina Gómez, alcaldesa de Texcoco en el estado de México, por los actos arbitrarios, intolerantes y represivos de que ha sido objeto por parte del gobierno del estado de México en la realización de una actividad de alto contenido social y de entretenimiento, no solamente para el estado de México, sino para el país.

Para Delfina Gómez nuestra solidaridad, y el reclamo al gobernador Eruviel Ávila que deje trabajar a los ayuntamientos más allá de los colores partidistas. El pueblo ya votó, hay autoridad municipal y que se le deje atender su mandato sin presiones ni restricciones. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Ernesto Núñez Aguilar, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, señor presidente. Con el permiso de los compañeros diputados, compañeras diputadas. Por supuesto, en la fracción del Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de este dictamen porque es muy importante para la vida de este país que siempre abonemos a temas de transparencia.

Como bien se ha mencionado, como bien lo decía el diputado Ricardo Mejía, siempre los municipios son la base de los gobiernos, es donde acude primeramente el ciudadano y son los municipios los que tienen más necesidades, los que vienen careciendo de muchos elementos para ser un buen gobierno.

Sabemos que existen muchas leyes que ya vienen regulando en el tema de transparencia, de manera específica uno que complica muchísimo a los municipios es el tema de coordinación fiscal, que ha sido muy discutido aquí, que también lo han dicho muchos compañeros diputados, que viene con normas muy estrictas que ha sido casi imposible cumplir por parte de los municipios, porque hay municipios donde ni siquiera hay computadoras, ni siquiera hay internet, y esto, por supuesto, los tiene en grandes complicaciones.

Como sabemos, el tema de armonización contable ha sido de verdad una piedrita en el zapato, porque tiene ahí elementos que les exige a los municipios y que están imposibilitados de cumplir en la actualidad.

Pero sin duda alguna, cada vez que veamos elementos —repito— de transparencia vamos a estar a favor. Por eso hoy hay coincidencia en que tiene que reformarse este artículo 108 para que se hagan responsables los servidores públicos municipales. Pero también creo que es momento de que hagamos una reflexión. Lo hemos planteado, que tengamos también mayores elementos para capacitar a los presidentes municipales, para capacitar a todos sus cabildos, incluso hemos presentado propuestas para que sea desde el momento de que son electas las autoridades municipales.

Hay lapsos en que un presidente municipal llega a durar hasta siete meses, en algunos estados, en los que son autoridades electas y no entran en función. Y en esos momentos es cuando deberíamos estar capacitando a las autoridades municipales para que puedan cumplir perfectamente con estas normas, para que cada vez tengamos presidentes municipales que tomen mejores decisiones de cómo gastar mejor lo poco que se tiene, de cómo bajar recursos federales, de cuál es el perfil que deben tener los funcionarios municipales que les acompañan en su administración, es decir, todos esos elementos que nos permitan hacer un buen gobierno.

Hoy debe castigarse —como siempre— a los malos funcionarios de todos los niveles, y por supuesto, aquí no pueden quedar fuera las autoridades municipales. Repito, está en leyes secundarias, es muy importante que se eleve a rango constitucional, por eso nosotros estaremos a favor de este dictamen.

Es muy importante, como siempre lo hemos platicado también, la coherencia que debe darse en los marcos normativos, y en este caso las leyes administrativas municipales y las leyes del servicio estatal, así como las Constituciones de las diferentes entidades de la República.

Por eso, en la fracción del Partido Verde, repito, estamos a favor de este dictamen, pero invitando a esa reflexión del apoyo que tienen que tener los municipios de todo el país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Manriquez González, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Víctor Manuel Manriquez González:Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el artículo 108 de nuestra Carta Magna señala que los gobernadores de los estados, los diputados a las Legislaturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

De su lectura se observa con toda claridad que en su texto no considera sujetos de responsabilidad administrativa a los servidores públicos de los ayuntamientos. Y ello es una laguna constitucional, ya que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 2, señala como sujetos de la misma a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos federales, con lo cual estarían de alguna manera comprendidos.

Sobre todo esto cabe aclarar, desde nuestro punto de vista, a diferencia de lo que señala el propio dictamen de la comisión, que la naturaleza jurídica del municipio corresponde a la de un poder estatal junto con los tradicionales órganos legislativo, ejecutivo y judicial.

Nosotros consideramos que es un verdadero orden de gobierno, el más cercano a la ciudadanía y que por lo tanto sus servidores públicos cumplen con una función de Estado, que siendo parte del Estado una de sus atribuciones es precisamente la de ejercer recursos presupuestales que le permitan financiar su ejercicio de gobierno y que, como bien se reconoce en el dictamen, desafortunadamente se ha generado en nuestro país una tendencia negativa derivada de la actuación de diversos servidores públicos en innumerables casos, que han buscado beneficiarse del manejo discrecional de recursos públicos y del abuso del poder, provocando actos de corrupción que vulneran a las instituciones y lesionan gravemente el interés púbico, todo ello en total impunidad.

Que por ello es necesario establecer un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos. Acorde con la realidad actuante y cambiante del ejercicio de la función pública. Que nos permita arribar a un verdadero estado de derecho cuya característica fundamental sea la de combatir el abuso del poder.

En razón de ello consideramos necesaria esta reforma constitucional que tiene como finalidad establecer como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos municipales que administren y manejen indebidamente los recursos otorgados por el gobierno federal.

Coincidimos con la colegisladora en que el establecimiento de un eficaz régimen de responsabilidades de los servidores públicos constituye un imperativo fundamental de nuestro sistema democrático. En la lógica de que las personas que en ejercicio de su función pública manejan o apliquen fondos y recursos federales, que los utilicen como lo establece el artículo 134 constitucional, con eficiencia, economía, transparencia y honradez.

Reiteramos que nuestro Grupo Parlamentario, el del Partido de la Revolución Democrática, coincide con la propuesta del dictamen para incluir a los presidentes municipales, los regidores y los síndicos de los ayuntamientos en el artículo 108, como parte de la construcción de un eficaz sistema de responsabilidades de los servidores púbicos. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Quiero agradecer la presencia aquí en el salón de sesiones de un grupo de ciudadanos vecinos de diferentes comunidades del municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, que están hoy aquí invitados por la diputada Brenda Alvarado, del distrito 11. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

Tiene ahora el uso de la voz el diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Marcos Aguilar Vega:Con el permiso de esta Presidencia. México ocupa el lugar 106 de 177 países registrados en la OCDE, en materia de percepción en corrupción.

Hablar de historia en materia de corrupción en nuestro país, es un tema sin duda alguna muy importante y trascendental, es —diría yo— una de las reformas estructurales que le hacen falta a nuestro país.

Hoy estamos haciendo un análisis, discusión en relación al artículo 108 de nuestra Carta Magna, un artículo que ha sido reformado tres veces en su historia desde su creación.

En el año 1982 —reza la historia— un candidato a la Presidencia de la República recorrió todo el país. En ese recorrido identificó que uno de los problemas más importantes que se detectaban en México era el de la corrupción. Para ese efecto, propuso una reforma en materia constitucional, particularmente al Título Cuarto de la Constitución Política mexicana y que integra los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de México. En estos artículos se encuentra integrado un apartado especial que refiere a los servidores públicos de toda la nación.

En aquel tiempo, Miguel de la Madrid, por un lado propuso la creación de nuevos modelos de responsabilidad, entre ellos los que integraban la responsabilidad penal, la civil, la administrativa y la política. Y por el otro, propuso un nuevo modelo, mediante el cual la administración pública pretendía enfrentar la problemática, creando la primera Secretaría de la Contraloría General de la República en México. Han pasado ya muchos años de aquella reforma en 1982.

Hoy día, esta reforma que hoy estamos discutiendo, y que proviene de una minuta del Senado de la República, sin duda alguna llega en un momento muy importante para México, cuando se están discutiendo reformas estructurales y en las que particularmente el tema de corrupción no se está atendiendo.

Cuando nos referimos a estos cuatro tipos de responsabilidades hay que hacer un señalamiento particular. Si nos referimos a la responsabilidad política nos referimos a aquellos casos de servidores públicos con una calidad especial que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los derechos e intereses públicos fundamentales o del buen despacho del Estado. Cuando nos referimos a la responsabilidad penal, nos referimos a aquellos casos de servidores públicos que incurren en la comisión de delitos establecidos en el Código Penal.

La responsabilidad civil se refiere a los daños y perjuicios ocasionados por servidores públicos en el desempeño de una función que afecta a la administración pública federal, estatal o municipal.

Finalmente, la responsabilidad administrativa, cuando un servidor público atenta contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observados por todos los servidores públicos de la nación.

El artículo 108 hace referencia particular a aquellos sujetos de responsabilidad en nuestro país, particularmente se refiere a todos aquellos servidores públicos en el ámbito federal, estatal y municipal de esta República Mexicana que se encuentren en un supuesto de corrupción, y que sean sujetos de un procedimiento especial dependiendo del tipo de conducta que hayan desplegado.

Cabe destacar que en uno de los párrafos, particularmente el tercero del 108 de la Constitución, existe una omisión en la que no han sido incluidos ni los presidentes municipales ni los regidores ni los síndicos municipales, cuando éstos en el ejercicio de sus funciones violen la Constitución o las leyes federales o hagan uso indebido de los fondos y recursos federales que le hayan sido asignados para el desempeño de su función.

Ésta sin duda es una reforma importante para México. Es una reforma que viene a contribuir a enfrentar de manera clara y situar a estos servidores públicos en el supuesto de ser sujetos de responsabilidad en cualquiera de los cuatro especiales que existen en este Título Cuarto de la Constitución.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional respalda contundentemente la propuesta incluida en esta minuta y se adhiere a lo que ha propuesto y aprobado el Senado de la República, para que estos tres funcionarios sean sujetos de responsabilidad y sean adicionados al texto de la Constitución.

Hay que destacar con puntualidad que no será suficiente el hecho de contar con una adición al artículo 108 de la Constitución. Es necesario entrar, como en un futuro sucederá, a la discusión del nuevo modelo anticorrupción, aquel que propuso Miguel de la Madrid y que falló, aquel que modificó Vicente Fox y falló, el de hoy debe ser un nuevo modelo para enfrentar el problema de corrupción que existe en nuestro país.

La minuta que aprobó el Senado de la República sin duda alguna no da respuesta la problemática que tiene México en esta materia. Hoy existe una gran oportunidad para dar paso a una nueva Comisión Nacional Anticorrupción, para dar paso a un Consejo Nacional para la Ética Pública, y al mismo tiempo dar paso a un nuevo Tribunal Federal de Responsabilidades Administrativas que de una vez por todas rompa con esa circunstancia que desde el 82 constituyó el principal error en la reforma que propuso Miguel de la Madrid, el de ser el órgano de control, un órgano dependiente jerárquicamente del Poder Ejecutivo.

Hoy necesitamos un nuevo modelo que constitucionalmente dependa del texto supremo, jurídicamente hablando, y que desde ahí pueda sancionarse a todos los servidores públicos que están contemplados en el artículo 108 constitucional.

Demos paso a una reforma como la que hoy se plantea y demos paso a la discusión que propone la Comisión de Puntos Constitucionales, a través de la invitación a miembros del sector privado, social, académico y público, para que haya un gran debate en la Cámara de Diputados que nos permita corregir la deficiente minuta que ha enviado la Cámara de Senadores y que hoy, sin duda alguna, no resolvería el problema de corrupción que existe en México.

Señoras y señores diputados, que sea ésta la legislatura de las grandes reformas constitucionales, y que en ella incluyamos la reforma constitucional para enfrentar uno de los males endémicos que tiene nuestro país, el problema de la corrupción. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cordial bienvenida a un grupo de distinguidos comunicadores de San Luis Río Colorado, que están hoy aquí invitados por la diputada Leslie Pantoja. Bienvenidas y bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Y también saludar a los estudiantes de la escuela primaria Lauro Aguirre, de la delegación Venustiano Carranza, que nos acompañan hoy aquí invitados por el diputado Israel Moreno Rivera. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Tiene, finalmente, el uso de la voz el diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda:Con la autorización de la Presidencia. Honorable asamblea, la transparencia y la rendición de cuentas se constituyen como elementos fundamentales para la consolidación del Estado democrático.

Igualmente, estos elementos, estos principios son indispensables para robustecer el estado de derecho en la sociedad contemporánea. Por ello resulta imperativo que llevemos a cabo, que realicemos todos los actos legislativos que tiendan a fortalecer los principios antes citados: transparencia y rendición de cuentas.

Es cierto, debo reconocer que el solo y simple compromiso ético de cumplir de forma espontánea y voluntaria con el mandato de la ley por parte de los servidores públicos resulta insuficiente para garantizar plenamente el uso adecuado y legal de los recursos del Estado mexicano, y en general, del principio de legalidad.

Por ello, en el Estado contemporáneo, desde su génesis se han establecido normas, principios e instituciones que limitan los apetitos indebidos de quienes ejercen la función pública y que se traducen en actos que lesionan el interés social.

Así, localizamos a lo largo de la historia del Estado contemporáneo el principio de separación de funciones del poder público, establecemos también que los servidores públicos a lo largo de su ejercicio se mantengan como sujetos responsivos y responsables como una forma, como un instrumento de proveer fortaleza a la función de gobierno, con reglas que ayuden a poner en acción a la democracia, tal y como lo señaló en su momento José Antonio Aguilar Rivera.

En México, y de manera muy especial en el Poder Legislativo, en la presente legislatura, hemos avanzado en estos temas de transparencia y rendición de cuentas. Es cierto, nos faltan aun tramos largos por recorrer para poder consolidar un Estado plenamente ajeno a la corrupción, ajeno a estas prácticas y usos que dañan la función pública, pero no podemos cegarnos y no podemos cerrar los ojos al avance que hemos tenido.

Por ejemplo, a las diversas reformas y adiciones que en esta Legislatura hemos aprobado a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Creo que tenemos que reconocer que si bien es cierto nos falta camino por avanzar, también hemos levantado polvo y hemos hecho brecha en este camino.

Por otra parte, el federalismo y los postulados que han dado vida al municipio han estado hasta cierto punto limitados en cuanto al reconocimiento pleno del municipio como un orden de gobierno. La reforma del municipio libre de 1982, impulsada por el presidente Miguel de la Madrid, consolida al municipio como un orden de gobierno que acompaña y que colabora con el orden federal y con los órdenes de las entidades federativas.

Y, ciertamente, en este artículo 108 de la Constitución, específicamente en tratándose de las responsabilidades de los servidores públicos, la Constitución, la ley suprema, había sido omisa en considerar responsabilidad de índole civil, administrativa, penal, política a los servidores públicos municipales, a los miembros del ayuntamiento.

Pues bien, en este sentido creo que la minuta que proviene del Senado nos ayuda a corregir esta omisión, nos ayuda a otorgar el carácter de sujetos de responsabilidad a los miembros de los ayuntamientos que ejerzan recursos de orden federal. Creo que esto va a contribuir y va a dar un impulso importante precisamente a la transparencia, a la rendición de cuentas en este orden de gobierno que por antonomasia se constituye como el más cercano a la sociedad, como aquél que resuelve de forma directa e inmediata las principales y las más elementales necesidades de los miembros de la sociedad.

Y por ello es indispensable, es necesario que quienes ejercen estos recursos lo hagan con pulcritud, lo hagan con transparencia, lo hagan apegándose a todos y cada uno de los principios legales que regulen este ejercicio de recursos públicos.

Esta modificación, necesaria a juicio del Grupo Parlamentario del PRI, lleva en su espíritu el imperativo de inhibir y corregir las malas prácticas gubernamentales, pues de suyo deja en claro que el uso de los recursos públicos implica su manejo, aplicación y destino delimitando cualquier intento de uso discrecional, insisto, sujetando el uso de los recursos públicos al imperativo de la ley.

Los recursos públicos deben ser aplicados con puntualidad y pulcritud para los fines que se encuentran expresamente señalados, de acuerdo a la planeación que se realice al tenor de la ley suprema de las Constituciones de los estados, de las leyes orgánicas de los municipios, lo cual todo debe tener como objetivo único y fundamental el desarrollo de la sociedad mexicana.

Así, es preciso anotar que la reforma planteada fortalece al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, dotándolo de congruencia, tapando huecos que existían indebidamente, lo cual, insisto, permite el establecimiento de nuevos y mejores mecanismos que combatan la corrupción y fortalezcan el estado de derecho. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a invitados del diputado Israel Moreno Rivera, niños de la Escuela Primaria Lauro Aguirre de la delegación Venustiano Carranza. Bienvenidos, bienvenidas.

También se encuentra con nosotros el diputado Roberto Dávalos Flores, integrante del Congreso del estado de Baja California, invitado por el diputado Roberto López Suárez. Bienvenido, diputado.

Saludo con mucho gusto a un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad Londres, de la Facultad de Derecho, que están aquí invitados por el diputado Marcos Aguilar. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:¿Faltó alguna diputada o diputado por emitir su voto? De viva voz.

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (desde la curul): A favor.

La diputada Ana Paola López Birlain (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 438 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los servidores públicos municipales. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

LEY DE LA POLICIA FEDERAL

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. Con fecha 19 de septiembre de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, integrante del  Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y adiciona el segundo del artículo 3o. de la Ley de la Policía Federal, la cual fue también suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

2. Con misma fecha la Mesa Directiva turnó a esta comisión dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

1. El problema que plantea la iniciativa en turno tiene como marco la Reforma Constitucional de junio de 2011, en materia de derechos humanos, que al entrar en vigor amplió la esfera de éstos para las personas que se encuentran en el territorio nacional.

Con esa referencia, el autor hace mención de cómo, desde el año 2006, se dio un aumento en la presencia de las fuerzas de seguridad de carácter federal por todo el territorio mexicano; y parte de la premisa de que del periodo comprendido de diciembre de 2006 al mismo mes de 2012 se presentaron 3,851 quejas por violaciones a derechos humanos en contra de la Policía Federal, así como declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos donde se reporta incremente del cincuenta por ciento de las quejas frente a presuntas violaciones a derechos fundamentales por parte de dicha institución de seguridad pública.

2. El objeto de la iniciativa consiste en reformar el artículo 3o. de la Ley de la Policía Federal, con la finalidad de ampliar dentro de los principios rectores del cuerpo de seguridad que regula, el respeto a los derechos humanos, para que no solamente comprenda los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también los que registran los tratados internacionales celebrados por nuestro país.

Así mismo, pretende establecer que la Policía Federal, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, capacite a los elementos policiacos en torno al respeto a los derechos humanos y su relación con las tareas de seguridad; debiendo ser emitido un programa de los cursos de capacitación respectivos dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del decreto correspondiente, de acuerdo al Segundo de los transitorios propuestos por el iniciante.

3. El contenido de la iniciativa se ilustra a continuación, comparándose con la norma jurídica vigente:

A) Ley de la Policía Federal

Texto vigente

Artículo 3. Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de prevención y combate de los delitos le competen a la Policía Federal, los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Texto propuesto 

Artículo 3. Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de prevención y combate de los delitos le competen a la Policía Federal, los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.

En colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se capacitará a los elementos policiacos respeto a los derechos humanos y su relación con las tareas de seguridad.

  III. Proceso de análisis

1. Esta Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos y doctrinales, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de la iniciativa

a) En cuanto a los argumentos del autor

Primera. Se coincide con el iniciante en que, a partir de 1946, la tendencia internacional en materia de derechos humanos ha sido el reconocimiento de una esfera cada vez más amplia de protección a las personas, así como con su afirmación de que la reforma constitucional de junio de 2011 tuvo como objeto, entre otros, el de hacer más extensiva la tutela de las personas dentro del territorio nacional, comprendiendo, además de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, también aquellos que se encuentran dentro de los tratados internacionales celebrados por México.

Segunda. Se admite como una de las consecuencias de la citada reforma constitucional, el que existe un cambio en el paradigma de la relación de la autoridad frente a los gobernados, siendo esto parte también del avance democrático de nuestro País.

Tercera. De la cita de 3.851 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en contra de la Policía Federal, se corrobora la cifra por informe presentado por la entonces Secretaría de Seguridad Pública, a finales de 2012.

Cuarta. Respecto de las declaraciones del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, en cuanto a un aumento del cincuenta por ciento de las quejas contra la Policía Federal, no se encontró la fuente de dicha cifra; sin embargo, en julio de 2013 fueron publicadas aseveraciones del mismo funcionario en cuanto a la existencia de un incremento en las mismas.

Quinta. En cuanto a la aseveración del autor de que los efectos de la reforma de 2011 no son ostensibles, se concuerda parcialmente, en el sentido de que, aun existiendo avances en la materia, la protección a los derechos humanos de las personas requiere de constancia y exhaustividad; y para ello, una de las herramientas que debe orientarse para tal fin es la legislación secundaria.

b) En cuanto a los textos normativos propuestos

Sexta. En cuanto a la reforma propuesta al párrafo primero del Artículo 3 de la Ley de la Policía Federal, se valora como positivo el que busque armonizarse la doctrina de la Policía Federal con el texto constitucional, y en concreto con el artículo 1, que acrecienta el bloque de derechos fundamentales de las personas con la incorporación de los tratados internacionales como fuente de derechos humanos reconocida por México.

Séptima. Respecto del párrafo segundo que se pretende adicionar, se estima encomiable el propósito del legislador; pero a la vez se considera restrictivo el limitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como la única fuente de capacitación en el tema; a la vez de que resulta insuficiente la redacción del dispositivo al no establecer el instrumento o mecanismo a través del cual se realizaría la relación interinstitucional para los cursos de capacitación proyectados.

Octava. Del análisis del transitorio segundo planteado, deriva la observación de que por técnica legislativa, se razona que la exigencia de una obligación a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como resultado una reforma a la Ley de la Policía Federal, no debe existir; además de que limita la flexibilidad para la integración de contenidos programáticos formativos, para que se incorporen otras instituciones y la misma experiencia de la Policía Federal.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 3 y 10, fracción V, de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:

Artículo 3. Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de prevención y combate de los delitos le competen a la Policía Federal, los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano.

Artículo 10. ...

I. a IV. ...

V. Promover la realización de cursos, seminarios o eventos con instituciones nacionales y extranjeras similares a la Policía Federal , así como celebrar convenios para la formación y actualización permanente en materia de derechos humanos y su aplicación en las tareas policiales para los integrantes de la misma;

VI. a XX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2013.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos, José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene el uso de la voz el diputado José Guillermo Anaya Llamas.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública nos presentamos en esta asamblea para presentar un dictamen de reforma a los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal, para refrendar el compromiso que hemos sostenido al analizar las iniciativas y proposiciones que inciden en los derechos humanos de los mexicanos.

En este caso toca el estudio de la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Las fuerzas policiales en México han sufrido, con razón a veces, sin razón a veces, un desprestigio generalizado. Afirmar que todos los policías son malos, es juzgar a una profesión, a una vocación de servicio por la minoría de sus elementos que sucumben a veces en la tentación del abuso de su autoridad y de su poder.

Sin embargo, por naturaleza humana también es común el tomar el muestreo poco representativo de los elementos corruptos pero que son más visibles mediáticamente e ignorar el esfuerzo que cada día realizan los verdaderos policías que entienden lo esencial de su labor y arriesgan su vida prácticamente todos los días.

Por ello, reconocemos que la democracia en México es joven y que las llagas que ha dejado el autoritarismo del siglo pasado hacen que el uso legítimo de la fuerza como monopolio con el que cuenta el Estado para mantener la soberanía interior se vea hoy todavía con recelo.

Por ello nuestra Carta Magna, la primera Constitución social del mundo, recogió desde su inicio de vigencia un capítulo dirigido a la tutela de los derechos fundamentales conocidos como garantías individuales.

En su redacción original nuestra Constitución marcaba que “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”.

Con el tiempo dichas garantías fueron ampliándose tanto en los primeros 29 artículos de la misma como a través de los instrumentos internacionales firmados con nuestro país.

Sin embargo es con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 que se le da un reconocimiento legal pleno a estos últimos en el mismo artículo 1o. que dice: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajos las condiciones que esta Constitución establece”.

Amigas y amigos, el respeto a estos derechos humanos en un inicio corresponde a la autoridad, lo cual es relevante sobre todo frente a la falsa dicotomía de la seguridad frente a las libertades humanas que sale a relucir sobre todo en el servicio público relativo a la seguridad consagrada en el numeral 21 constitucional.

Por ello es necesario que para restaurar el respeto inherente a la función policial se comience por los fundamentos de su actuación y de su interacción con quienes son el objeto de su función. De proteger y de tutelar que los integrantes de las instituciones de seguridad pública tengan un conocimiento cabal de los límites de su actuación, que comienzan con el eminente respeto a la dignidad humana.

Por ello la Comisión de Seguridad Pública considera atendible la intención del iniciante de homologar los principios que deben atender la Policía Federal con la reforma constitucional de 2011, además de contemplar la posibilidad de que celebren convenios institucionales para que se enriquezca la formación en la carrera policial con una base sólida de derechos humanos. De esta manera se impacta directamente a los mexicanos al mejorar no de forma superficial, sino sustancialmente a los cuerpos policiacos.

Por ello es que a nombre de la comisión que presido, de Seguridad Pública, venimos a pedirles su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputado Anaya.

Está a discusión en lo general. A continuación tiene la palabra la diputada Sonia Rincón Chanona, del Partido Nueva Alianza, para fijar postura, hasta por cinco minutos.

La diputada Sonia Rincón Chanona:“Los principios dejan de ser ideas y se convierten en fuerzas históricas cuando se encarnan en realidades sociales concretas”, Octavio Paz.

Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos declara que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

El Estado desde su formación ha tenido como una de sus principales funciones velar por el bienestar, la justicia y la seguridad de los ciudadanos en el llamado pacto social. Para cumplir con esta misión el Estado cuenta con las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos.

El dictamen que nos ocupa se refiere al actuar de la Policía Federal. El objetivo de ésta es salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas, aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de los delitos, y prevenir que se continúen cometiendo vejaciones por el uso indebido o excesivo de la fuerza, por la aplicación de técnicas y procedimientos sin diferenciar los casos en los que produzcan daños y prejuicios a la población. Todo esto denota una carencia de principios y de valores éticos y morales en la actuación policial que se evidencia en el fuerte desapego al respeto de los derechos humanos.

No olvidemos el caso tan sonado del profesor indígena Alberto Patishtán, sentenciado a 70 años de prisión por supuestamente participar en una emboscada a policías, quien permaneció injustamente más de 10 años en la cárcel, violando totalmente sus derechos humanos. El presidente de nuestro país, en ejercicio de sus facultades contenidas en la Constitución y el Código Penal Federal, determinó otorgar el indulto al profesor Patishtán y notificarle su libertad inmediata, reconociendo así que se estaba cometiendo un acto de injusticia.

Es por ello que coincidimos plenamente con el sentido del presente dictamen, toda vez que es necesario vincular la Ley de la Policía Federal con la Constitución Política, así como con los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, también celebramos que ahora se sumarán a las atribuciones del comisionado general de la Policía Federal el realizar convenios para la formación y actualización permanente en materia de derechos humanos y su aplicación en tareas policiales.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal, toda vez que los mexicanos merecemos una Policía Federal bien capacitada y que su actuar siempre sea apegada a los derechos humanos.

Hoy esta Cámara de Diputados está cumpliendo con su responsabilidad de actualizar las leyes para garantizar a los mexicanos el respeto pleno de sus derechos humanos. Esperamos que el Ejecutivo federal haga lo propio en la práctica, ya que muchas veces no basta con actualizar las leyes si en la vida cotidiana no se pone en práctica la legislación vigente. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias, diputada. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal, hasta por cinco minutos, del Partido del Trabajo.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Pública por el que se reforman los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal.

La reforma que se hace a dichos artículos va en el sentido de que los integrantes de la Policía Federal tengan presente en su actuación los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, según se establece en el artículo 3, y en el artículo 10 que la institución de Policía Federal pueda celebrar convenios para la formación y actualización permanente en materia de derechos humanos y su aplicación en las tareas policiales para los integrantes de la misma.

Durante muchos años, la sociedad mexicana se ha pronunciado en el sentido, de que los integrantes de las corporaciones policiacas respeten los derechos humanos previstos en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha celebrado y que son de aplicación en todo el territorio nacional.

Es más, el artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone entre los principios que deben regir la actuación de las instituciones de seguridad pública la del respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

En el dictamen que nos presenta la comisión se aterriza el precepto constitucional a la Ley de la Policía Federal, específicamente en los artículos 3 y 10, en la fracción V.

A los legisladores que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no nos pasa desapercibido que en algunos casos, como el de San Salvador Atenco o el desalojo en la ciudad de Oaxaca hace algunos años, se cometieron excesos por parte de la Policía Federal y que muchos de ellos se constituyeron en violaciones de derechos humanos en perjuicio de la población civil.

Por ello, más allá de establecer la obligación del respeto a los derechos humanos también debemos promover el que se diseñen los protocolos de actuación de las corporaciones policíacas, para que sin agraviar a la población civil en sus derechos fundamentales puedan los integrantes de estas corporaciones realizar sus tareas de prevención del delito.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en los actuales tiempos por los que atraviesa el país a nadie le conviene que se cuente con una corporación policiaca que funde su actuación en la represión de los ciudadanos, antes, al contrario, a todos nos conviene contar con corporaciones policíacas capacitadas y preparadas en el conocimiento de los derechos con los que cuentan los ciudadanos, y que precisamente el respeto a esos derechos humanos debe ser el límite de actuación de las corporaciones policiacas.

Por estas consideraciones nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Magdalena Núñez Monreal. Damos la bienvenida a un grupo de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes fueron invitados a este pleno por el diputado Guillermo Sánchez Torres. Bienvenidos, jóvenes, que tengan una excelente estancia en este órgano legislativo.

A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Partido Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos para fijar postura.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, en efecto, el motivo que impulsó la reforma constitucional de 2011 fue el establecer un sistema que garantizara la mayor protección a los gobernados. En esta reforma se incluyó el criterio pro persona y se incorporó a la norma constitucional el reconocimiento y protección de los derechos humanos consagrados en instrumentos internacionales firmados y suscritos por México.

El cambio del paradigma en materia de derechos de los gobernados ha obligado a un esfuerzo del Estado para adecuar el marco normativo al nuevo parangón constitucional. Parte de ese esfuerzo ha sido el que se ha impulsado una y otra iniciativa para poder mejorar este marco jurídico.

Esta iniciativa que hoy se plasma en el dictamen que está en discusión fue presentada por un servidor, fue presentada por Ricardo Mejía y por un servidor, en donde se solicita que a través de los actos de la Policía Federal se observen los derechos humanos no sólo los consagrados en la Constitución sino también en los tratados internacionales celebrados por México como Estado nacional.

Debemos reconocer que las fuerzas de seguridad son quienes deben velar en primera instancia por los derechos de los gobernados, pues sus actos se encuentran íntimamente ligados al necesario respeto de los derechos humanos.

Asimismo, ha correspondido para la presentación de esta iniciativa que se plasma en el dictamen, la realidad imperante en nuestro país donde hemos observado cómo los cuerpos de seguridad, la Policía Federal se ha convertido en un elemento esencial en el ejercicio de tareas de seguridad en distintas poblaciones de las entidades federativas.

Esta participación activa ha ocurrido en mayor medida por la llamada lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, emprendida en el año 2006 y provocándose que desde diciembre del año 2006 a estas fechas se han presentado miles de quejas por violaciones a los derechos humanos en contra de esta institución de seguridad pública.

En 2013, con motivo de la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Pública se argumentó que este organismo rector de la seguridad federal se apegaría estrictamente a la protección de los derechos humanos. Sin embargo, fue precisamente la Comisión, esta Comisión de Seguridad la que más recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo este año, y entre las recomendaciones están el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la tortura e incluso la privación ilegal de la libertad y la privación de la vida.

El incremento de las quejas contra las acciones de la Policía Federal corresponde al uso de esa fuerza policial para el combate diario del crimen organizado y la carencia de capacitación de los elementos policiales en materia de derechos humanos de los gobernados. Tales violaciones de derechos humanos impactan de forma negativa desde dos perspectivas. En primer lugar, vulnerando la esfera más esencial de los derechos de los gobernados. Y en el segundo lugar, la alteración de los procesos jurisdiccionales, sometiendo a la valoración de los jueces posibles violaciones de derechos humanos.

Ahora bien, en este dictamen que está a consideración de esta asamblea se consideró que la capacitación de los elementos policiales en materia de derechos humanos correspondiera a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tratarse del órgano especializado en el tema. No obstante, en aras de enriquecer la propuesta, se determinó por la dictaminadora que no se restringiera a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fuera el único órgano capacitador, estableciendo una facultad amplia para que participen organismos diversos.

Por esa razón, capacitar a nuestras fuerzas policiales en el respeto de los derechos de los gobernados corresponde a un Estado moderno y garantista de la libertad ciudadana y de los principios democráticos.

Por eso propusimos modificaciones a los artículos 3 y 10 de la ley en comento, que hoy puede tener la suerte de ser aprobada para que se plasmen en derecho vigente estas normas que son indispensables en materia de derechos humanos, para el propio comportamiento y actuación de los órganos de seguridad pública federales en el país. Por su atención, a todos, muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchísimas gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila. Para fijar postura, hasta por cinco minutos, por el Partido Verde Ecologista, tiene el uso de la voz el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro régimen constitucional y legal ha sido un régimen perfectible en todo momento. Así quedó consagrado en nuestra Carta Magna, cuando quedó estipulado en él un proceso de Constituyente Permanente, que permite que se vayan haciendo las adecuaciones y los cambios que son necesarios para el desarrollo social y para que las leyes estén adecuadas a la actividad nacional y a la realidad del pueblo mexicano.

Es así como en el 2011 se lleva a cabo la reforma constitucional, que cambia de aquel paradigma de garantías individuales al de derechos humanos universales. Con ello se logra una mayor protección en los derechos humanos, poniendo en todo momento al individuo como centro de los derechos fundamentales a través del principio pro homine, que no es más que establecer que todo individuo será protegido por sobre todas las cosas en el uso irrestricto de sus derechos.

Esto, además, se concatenó con el hecho de que las autoridades mexicanas respetarían todos aquellos tratados internacionales en los que México fuera parte y que hayan sido aprobados por el Senado de la República.

Con ello, todas las disposiciones normativas internacionales de las cuales México es parte es texto vigente en nuestra legislación, y nuestras autoridades judiciales y también las administrativas deben de aplicarlas.

Pero esta reforma constitucional genera, como ya lo dijeron compañeros que me antecedieron, la imperiosa necesidad de que se adecúen otros ordenamientos jurídicos que tengan a su vez el poder materializar estos importantes derechos.

En el Partido Verde Ecologista de México somos respetuosos de las instituciones, somos respetuosos de todos aquellos mecanismos e instrumentos de los cuales el Estado se hace valer para proteger el estado de derecho.

Pero así como tenemos como premisa fundamental la salvaguarda del estado de derecho, también hemos de saber que las personas, los individuos que forman parte de estas instituciones necesitan tener a la mano las herramientas que les permitan a ellos mismos respetar estas instituciones, y hablo de estos derechos humanos fundamentales.

Es por eso que hoy celebramos, aplaudimos y votaremos a favor esta reforma, esta reforma que tiene como finalidad el poder transformar los artículos 3 y 10 de la Ley Federal de la Policía Federal para que, en primer término, los miembros de la Policía Federal puedan ser capacitados a fin de que conozcan los derechos humanos que México ha signado en los tratados internacionales, aparte de los ya plasmados en la Constitución, y en su actuar diario, en sus actividades de vigilancia, en sus actividades de protección a la ciudadanía, en sus actividades de salvaguarda del orden, primeramente respeten los derechos fundamentales de cada individuo que se encuentre en nuestro territorio. Y en un segundo momento, pues el tema de que pueda ser el comisionado de esta dependencia de la Policía Federal quien celebre convenios con diversas instituciones para poder llevar a cabo esta capacitación.

Estamos seguros que esta reforma redundará en beneficio de la ciudadanía, pues tendrá elementos de seguridad mejor capacitados que respeten los derechos humanos y con ello que se respeten las instituciones del país.

Sabemos que los derechos de todos terminan donde empiezan los derechos de los demás, pero asimismo sabemos que el respeto irrestricto a los derechos humanos es necesario para poder desarrollar un Estado democrático. Muchas gracias por su atención. Es todo, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Castellanos Mijares. A continuación tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar postura por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero.

El diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero:Con su venia, diputado presidente. Apreciables legisladoras y legisladores, en atención a la reforma constitucional de junio de 2011, en materia de derechos humanos, se amplió la esfera de protección para las personas siguiendo el principio proporcional, es decir, que esa esfera de derechos se desarrolla de manera continua en razón de la búsqueda del mayor beneficio posible para las personas.

Con esa reforma constitucional se dio un cambio en el paradigma de la relación de la autoridad frente a los gobernados, siendo esto parte también del avance democrático de nuestro país.

Coincidimos en señalar que con el avance de la delincuencia organizada y la militarización de la seguridad pública se incrementaron las violaciones a derechos humanos desde 2006.

Cabe recordar que como parte de ese contexto el sexenio pasado se presentaron 3 mil 851 quejas por violaciones a derechos humanos en contra de la Policía Federal, lo que da cuenta de la magnitud del problema que ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Por otro lado, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos reporta el incremento del 50 por ciento de las quejas frente a presuntas violaciones a derechos fundamentales por parte de dicha institución.

Con el objeto de atemperar dicha situación es que la iniciativa presentada propone reformar el artículo 3 de la Ley de la Policía Federal, con la finalidad de ampliar dentro de los principios rectores de ese cuerpo de seguridad el respeto a los derechos humanos, para que no solamente comprenda los reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino también los que registran los tratados internacionales celebrados por nuestro país.

Y también pretende establecer que la Policía federal, en colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos capacite a los elementos policíacos en torno al respeto a los derechos humanos y su relación con las tareas de seguridad, con un programa de capacitación.

Cabe recordar que entre los principios rectores que rigen la actuación de la Policía Federal se encuentran los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías individuales y a los respetos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En cuanto a la reforma propuesta al párrafo primero del artículo 3 de la Ley de la Policía Federal, coincidimos en señalar como positivo el que se busque armonizar la doctrina de la Policía Federal con el texto constitucional.

Y en concreto, tomando en cuenta también los derechos fundamentales de las personas en los tratados internacionales como fuente de derechos humanos reconocida por México, y en ese contexto es imprescindible que se capacite a los elementos policíacos respecto a los derechos humanos y su relación con las tareas de seguridad.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del  presente dictamen. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero. A continuación tiene el uso de la palabra para fijar postura, hasta por cinco minutos, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN acudimos ante esta representación nacional para presentar nuestro posicionamiento sobre el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal.

Para Acción Nacional son de suma importancia todas las iniciativas y proposiciones que tengan que ver en la protección de los derechos humanos de todos y cada uno de los mexicanos, independientemente de su situación jurídica.

Como ya se sabe los derechos humanos se remontan al reconocimiento formal en la Declaración Universal de 1946, de forma que todos los Estados nacionales deben reconocer la existencia de un núcleo elemental de derechos fundamentales para los ciudadanos, y comprometerse a garantizar el ejercicio de los mismos.

México se ha incorporado al sistema internacional de protección de los derechos humanos mediante la firma y ratificación de diversos tratados, declaraciones, pactos y convenciones, dentro de los cuales se encuentran diversas disposiciones protectoras en concreto de la seguridad jurídica y personal de la denominada primera generación de los derechos humanos.

Los integrantes de las instituciones de policía, consideramos, son el primer bastión para la tutela de estos derechos, ya que se encuentran en una situación especial en este rubro. Son, por una parte, los encargados de proteger a las y los mexicanos en el goce de los mismos, pero a su vez en el ejercicio de sus funciones están en la posibilidad de violarlos al ser el instrumento de la fuerza pública.

La labor del policía como servidor público es estar en contacto con los ciudadanos y alcanzar un clima de paz, convivencia y respeto entre los gobernados y esto no solamente tiene que ver con el número de policías en la calle, sino con la cercanía entre los mismos y los ciudadanos. Que protege en el tránsito del paradigma de la seguridad pública como un medio de control estatal a la seguridad como un derecho de la ciudadanía con una perspectiva humana.

En nuestro país, en medio de ese proceso de cambio, las fuerzas policiales han sufrido un desprestigio generalizado que no corresponde con la realidad, ni con el deber ser de estas corporaciones. Se ha generado rechazo de una figura que debiera ser respetada, digna, y que al encontrarla en el entorno cotidiano inspire paz y no zozobra. Es común ignorar el esfuerzo que día a día realizan los policías que entienden lo esencial de su labor en una sociedad democrática.

Sin embargo, son más visibles los elementos que participan en operativos cuestionables. Lo ideal de un policía es que no se note su presencia, porque esto implica un estado de orden y de una labor de inteligencia y respeto a los derechos. Sin embargo, resaltan a diario en diarios y noticieros aquellos elementos que están involucrados en actividades delictivas, en actitudes de abuso de poder o incluso de represión y violación de los propios derechos humanos.

Desde luego esta problemática comienza desde los filtros de ingreso y permanencia en las instituciones de seguridad pública, y sin embargo más allá de adoptar una actitud determinista en cuanto a un policía y negar su posibilidad de cambiar, hay que entenderlo como una persona humana, susceptible de transformar su actuación y de encauzarla al bien común.

Las instancias públicas estamos en el vórtice de una transformación cultural en materia de derechos humanos. La reforma constitucional de 2011 incorporó al sistema mexicano de manera expresa la tutela de derechos fundamentales contemplados, ya no solamente en la legislación interna sino también en los instrumentos internacionales.

Esto amplia la esfera jurídica de los particulares, pero también regula la actividad del poder público de manera distinta a los habituales, por lo que los funcionarios que han dedicado una trayectoria a la seguridad pública y ciudadana, aun cuando lo han hecho bien, deben ajustarse a nuevos parámetros y nuevas exigencias.

Por ello Acción Nacional considera viable el argumento central de esta iniciativa, la necesidad de una formación especializada a nuestros cuerpos policíacos para que no cedan ante la tentación de violentar los derechos fundamentales de las personas que deben ser las protegidas y no las vulneradas.

Así, a través de las negociaciones de arreglos institucionales puede alcanzarse para las y los policías una actividad formativa de calidad en materia de derechos humanos, ya sea a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las diferentes organizaciones especializadas de la sociedad civil o instituciones académicas.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional admite viables las reformas a los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal, por lo que votaremos a favor de esa reforma. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Darío Zacarías Capuchino, hasta por cinco minutos, para fijar postura por el Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Darío Zacarías Capuchino:Con la venia de la Presidencia. Las reformas constitucionales publicadas en junio de 2011 constituyeron un verdadero hito y un cambio radical sobre la concepción que teníamos de las prerrogativas fundamentales, toda vez que a través de éstas se dotó a nuestra Carta Magna de los elementos y mecanismos necesarios para garantizar la máxima protección de los derechos humanos, así como para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que en esta materia ha adquirido nuestro país tras la firma y ratificación de diversos tratados.

Al desecharse el término garantías individuales e incorporarse de manera diáfana el término derechos humanos a nuestra Ley Fundamental, se fortaleció el Estado democrático garantizándose así la mayor protección de las personas.

Con la nueva redacción del artículo 1o. constitucional se introdujeron también las obligaciones que el Estado debe asumir frente a los derechos humanos, comprendiéndose entre éstas las de prevenir, investigar y sancionar cualquier transgresión en este rubro, para así también abatir el fenómeno de la impunidad.

Si partimos de la idea que la Constitución no se agota en sí misma sino que se proyecta a través de las leyes ordinarias, entonces resulta más que pertinente trasladar el contenido de la Norma Fundamental hacia aquellas disposiciones que la reglamentan, por lo que entonces resulta adecuado el contenido del dictamen que en este momento se pone a consideración de la asamblea.

Esto, en virtud de que la Constitución contempla en su primer artículo que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en ésta y en los tratados internacionales suscritos, ratificados por el Estado mexicano, mientras que se pretende que en la Ley de la Policía Federal se establezca que será un principio rector en el ejercicio de sus funciones el respeto a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, por lo que estamos frente a un ejercicio de armonización legislativa, útil y necesario.

Aunado a lo anterior, nos congratulamos que el dictamen contemple la posibilidad de que la Policía Federal celebre convenios para la formación y actualización permanente de sus elementos en materia de derechos humanos. Esto en virtud de que tal adición dará efectividad a un rubro que había señalado con anterioridad que es el de la prevención en la comisión de violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos.

El involucramiento de las fuerzas federales en el combate a los delincuentes requiere no sólo la efectividad en la actuación de sus elementos, sino de la aplicación de rigurosos estándares que permitan evitar cualquier abuso contra la población, ya que esto permitirá la correcta integración de los averiguaciones, el mejor procesamiento de los inculpados y el esclarecimiento de los hechos sujetos a investigación.

Conciliar la efectividad policíaca con el respeto a los derechos humanos no resulta excluyente sino que es una condición básica para el mantenimiento del estado de derecho. Al incluirse en los principios que rigen la actuación de las fuerzas del orden el respeto a las prerrogativas contenidas en los tratados internacionales se avanza en la seguridad de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Darío Zacarías Capuchino.

Agotada la lista de oradores y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El diputado José Alberto Benavides Castañeda (desde la curul): A favor.

El diputado José Sergio Manzur Quiroga (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 429 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 429 votos el proyecto de decreto que reforma los artículos 3 y 10 de la Ley de la Policía Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Le pido a la Secretaría dé cuenta de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Solamente el punto resolutivo, si me hacen favor.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - BANCO NACIONAL DE MEXICO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realice una amplia y profunda investigación sobre posibles violaciones a la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por parte de la institución de crédito Banco Nacional de México (Banamex) en menoscabo del interés público

La Junta de Coordinación política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realice una amplia y profunda investigación sobre posibles violaciones a la normativa de la CNBV por parte de la Institución de Crédito Banco Nacional de México (Banamex) en menoscabo del interés público, lo anterior derivado del caso de la documentación apócrifa dada en garantía a Banamex, por parte de la empresa Oceanografía, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Está a discusión el acuerdo. Tengo registrados oradores de distintos grupos parlamentarios. En primera instancia tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para referirse al acuerdo de la Junta de Coordinación Política. También están anotados el diputado David Pérez Tejada, del Partido Verde, el diputado Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Aurora Aguilar, del PAN, el diputado Javier Treviño Cantú, del PRI.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores. El exhorto que se plantea y del que ha dado cuenta la Secretaría de la Cámara es oportuno y en la lógica política y jurídica no admite posición contraria.

El que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realice una amplia y profunda investigación sobre posibles violaciones a la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por parte de la institución financiera de crédito Banamex en menoscabo del interés público, derivado del caso de la documentación apócrifa dada en garantía a Banamex por parte de la empresa Oceanografía es correcto. Banamex, perteneciente a Citigroup y acreedor de la empresa Oceanografía, le emitió a Pemex una revisión y cotejo de las facturas y contratos que la empresa le presentaba y que acreditaba supuestas ventas por cobrar. De ahí se deriva la denuncia ante la PGR, y en consecuencia la determinación de asegurar a la empresa de forma inmediata por probables conductas tipificadas como delito.

México es un país de corrupción, de impunidad, de complicidad, de oprobio y de injusticia. Este exhorto, que pareciera ser tardío, obliga a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a indagar sobre esta situación.

En contraste con el gobierno que aquí nos mal gobierna, en Estados Unidos, a través de la Oficina Federal de Investigación FBI y de la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores, que muchos de ustedes conocen, la Securities and Exchange Commission encargada de hacer cumplir las leyes federales en el tema de los valores, se encuentran investigando a Citigroup por estos mismos hechos, por fraude contable, además de estar indagando sobre prácticas de corrupción en el extranjero.

Incluso calificadoras de riesgo como Moody’s, ha concluido que la sólida capacidad de generación de ingresos por parte de Banamex se vio neutralizada por los recientes efectos negativos y consideró que fallaron los controles del banco, que aumentaron el riesgo de cargos adicionales contra ganancias.

Se afectó la capacidad de la institución para mantener sanos los niveles de capitalización y limitaron su capacidad para crecer su negocio y beneficiarse del mejor entorno operativo del país.

Con esta información que estamos requiriendo mediante exhorto, ¿qué pretendemos, se preguntarán algunos? Lo primero que debería preocuparle al Congreso sería proteger y preservar el trabajo y los derechos de los trabajadores de la empresa y establecer las responsabilidades penales que en su caso correspondan. Recuperar los fondos desviados por quienes cometieron estos delitos, pero sobre todo, restituir los daños y proteger la operación ordinaria de una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores.

¿Qué es lo que se debe aclarar? Los actos delictivos. Además de aclarar la inquietud de que el patrimonio nacional ha sido afectado y, sobre todo, los problemas que pueden derivarse del perjuicio sobre una de las principales instituciones financieras de México.

Es indudable, por encima de lo que digan Lozoya y otros personeros del gobierno, que los hechos y actos a que se refiere este exhorto han causado daño al interés público jurídicamente protegido por el Estado mexicano. Implican un grave riesgo al patrimonio nacional, a la seguridad pública, a las sanas prácticas de los mercados financieros, a la economía pública y a la probidad en el servicio público prestado por el Estado.

Resulta creíble, les pregunto, que se brinde un crédito por esa cantidad de 585 millones de dólares por Banamex a una empresa sin verificar la autenticidad de los contratos. ¿Cómo poderle creer a Banamex que fue engañado? ¿Es Banamex el único banco involucrado en estas facturas apócrifas? No lo es. También Bancomext, en el 2003, entregó créditos millonarios a esta empresa. El consejo directivo de Bancomext, bajo la dirección de Reyes Retana, autorizó los préstamos.

La empresa también recibió, Oceanografía, créditos por parte de Bancomer, Santander, Serfín, HSBC y Banorte, todos ellos amparados por contratos de Pemex, y seguramente falsos y apócrifos. Era un modus operandi de la empresa que quedó al descubierto. Nosotros no creemos que sólo sea Oceanografía y que sólo sea Banamex, creemos que son muchas más.

La Comisión Nacional Bancaria también ha incurrido en responsabilidad por su omisión. Tiene la facultad de indagar, investigar, supervisar, incluso corregir, citar a distintas personalidades, que no lo ha hecho. Hoy, mediante este exhorto, estamos intentando mover a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informe a este Congreso lo que ha pasado en Oceanografía. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias a todos por su atención y por no chiflar.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado David Pérez Tejada Padilla:Muy buenas tardes, honorable asamblea. Con su venia, señor presidente. Nosotros apoyamos este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que estamos exhortando a que a través de la Secretaría de Hacienda se convoque a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comisión que tendrá que convocar a esta institución de crédito, Banamex de Citigroup, y que estamos totalmente de acuerdo a lo que comentó ahorita el diputado Monreal, si están involucrados algún otro tipo de instituciones financieras o bancarias creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias.

El día de ayer compareció aquí el titular de la PGR, nuestro amigo el procurador Murillo Karam, comentaba acerca de las elevadas estimaciones de la falsificación que hubo de algunos documentos, y hay que llegar hasta las últimas consecuencias. No nos cabe la menor duda que la Procuraduría General de la República está haciendo su labor, está haciendo su tarea de investigación.

Y lo único que se está pidiendo aquí por parte de la Junta de Coordinación Política es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores coadyuve a esta investigación y se llegue hasta las últimas consecuencias y se castigue con el peso de la ley a quien se tenga que hacerlo. Porque los mexicanos ya estamos cansados, cansados de que empresas como ésta, Oceanografía, hayan estado evadiendo al fisco o en otros casos a instituciones recaudatorias como el Infonavit y el Seguro Social, violando con ello los derechos de los trabajadores que dependían de ellos como patrones.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a través de un servidor se une a este exhorto, a este punto de acuerdo por el cual estaremos votando a favor en unos instantes. Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias a usted, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya:Buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué bueno que se realice una amplia y profunda investigación sobre el asunto de este crédito que le dio, que le estuvo otorgando Banamex a Oceanografía, porque lo que es increíble es: cualquier tarjetahabiente le debe a Banamex 300, 400 pesos, 500 pesos, lo despiertan, no lo dejan dormir, lo buscan temprano para que les conteste, y cómo es posible que le sean prestados 585 millones de dólares y no se hayan dado cuenta que estaban cometiéndoles un fraude. Simplemente no es creíble.

¿Dónde está el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? El órgano encargado de regular, de vigilar ese tipo de cosas, ¿dónde está? ¿Qué están haciendo, dónde andaban? ¿Por qué no hicieron lo que les corresponde, lo que la ley les mandata? Para que pudieran proceder a investigar de fondo y a alertar sobre una situación como la que se está generando en el caso de la relación Banamex-Oceanografía.

Es de veras inaudito que incluso el mismo día de ayer, cuando estuvieron aquí presentes el procurador y el director de Pemex, entonces se presenta el asunto y se dice, un funcionario ex director de Perforación, Exploración y Perforación de Pemex firmó el 5 de diciembre una adenda, ya no siendo funcionario, de 2012, y entonces aceptan que efectivamente eso aconteció, pero se aplican unas medidas administrativas y la denuncia se presenta apenas el día de ayer. Uno dice, ¿de qué se trata?

Que no le están pagando. Oceanografía le debe alrededor de mil millones de pesos a, entre Infonavit y el Seguro Social, e Infonavit apenas ayer presentó la denuncia contra Oceanografía por lo que no le ha estado pagando de las aportaciones de los trabajadores.

Si esto no implica en serio una red de complicidad yo no entiendo. Díganme ustedes, con toda honestidad, compañeras y compañeros, qué hacen entonces los delegados, por ejemplo, del IMSS o del Infonavit en Campeche. ¿No ameritarían ser cesados inmediatamente por una acción de esta naturaleza?

Me da mucho coraje que nos quieran ver la cara de tontos, que nos piquen los ojos con este tipo de cosas, negando la participación, la complicidad de una red de funcionarios y ex funcionarios en hechos de corrupción, como esto que está aconteciendo. Y en donde se nieguen, no acepten, se nieguen a aceptar que evidentemente dentro de la paraestatal sigue habiendo gente que protege este tipo de prácticas, porque si no las hubiera no se darían, simplemente no existirían.

Y entonces, vamos a respaldar —en el caso de la fracción parlamentaria del PRD—  este punto de acuerdo para que se haga la investigación que debe hacerse, que se vaya a fondo y que no quede impune un hecho de esta naturaleza. Porque el problema es que se destapa y prácticamente se abre la caja de Pandora y empiezan a aparecer un conjunto de intereses por todos lados, salpicadero de gente por la vía de la corrupción, algunos por moches, otros por comisiones, otros por directamente entrega de contratos, por diferentes cosas, pero el hecho es que ahí está. Y frente a eso, compañeras y compañeros, creo que no debemos permitir que vuelva a acontecer.

¿Cuántas empresas como Oceanografía hay que no le pagan al Seguro? ¿Cuántas empresas hay que no le pagan al Infonavit? ¿Cuántas empresas hay como éstas que tienen créditos y que están cometiendo fraude? Si acontece con una empresa de esta naturaleza puede acontecer con varias más, y entonces el problema es que tomemos medidas para que esto realmente no vuelva a suceder y no se estén poniendo en riesgo el patrimonio nacional y la seguridad nacional misma de nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias a usted, diputado. Tiene la palabra la diputada Lilia Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias. Con la venia de la asamblea. El día de ayer, en la comparecencia, perdón, reunión de trabajo de Pemex y de la Procuraduría General de la República, quedaron — diría—  tres grandes lecciones aprendidas. Primero, que el director Lozoya declaró claramente que no iban a bajar los precios de los hidrocarburos, específicamente la gasolina, que creo que ha sido una de las grandes mentiras de esta reforma energética, pero sí una de las grandes lecciones que tuvimos el día de ayer.

Pero con respecto a este tema de Oceanografía, creo que el procurador fue muy claro. Y él dijo: hay tres grandes preguntas que yo también tengo, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo se dio el fraude y cómo se ha venido repitiendo el fraude? Y, ¿cómo se da tanto dinero así como así?

Este acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que en el PT no solamente celebramos, sino que creemos que es necesario, viene a acabar con este mito de que este asunto de Oceanografía era un problema entre particulares, que además el día de ayer finalmente se aclaró.

Éste no es un tema entre particulares, es un problema que daña al Estado mexicano, pero claro que en este asunto es importante saber cómo Banamex le suelta tanto dinero a una empresa, no solamente que no ha pagado sus cuotas en el IMSS, en el ISSSTE, sino que además está mal calificada financieramente por las empresas respectivas, pero que además había enfrentado 21 juicios en Estados Unidos por malos manejos financieros. ¿Cómo Banamex se atreve a prestar este dinero?

El procurador mismo lo dijo el día de ayer, yo no sé si en deslinde de esta administración hacia las administraciones pasadas y esta empresa, pero, ¿cómo diablos se suelta tanto dinero sin verificar? Y, ¿cómo diablos ahora estamos buscando y verificando las firmas de los funcionarios de Pemex que validaron finalmente estas transacciones?

Me parece que es prudente, no solamente este acuerdo, sino decir fuerte y alto, el tema de Oceanografía no es el único tema de corrupción en Pemex. El tema de Oceanografía, sea por casualidad o por casualidad causada, viene a ser la punta del iceberg de todos los actos de corrupción y de estas empresas, que inclusive se pueden considerar monopólicas de los contratos y de haber sido los consentidos de mucho tiempo de los contratos de Pemex.

Nosotros, con este acuerdo, creemos que la Cámara de Diputados avanza en decir no queremos solamente investigar lo que la PGR va a investigar, sino queremos que Banamex dé y diga lo que es responsable.

No es posible, compañeras y compañeros diputados, que una institución financiera que ha participado por mucho tiempo de aval, y que ha prestado este monto de dinero a una empresa como Oceanografía, hoy venga a lavarse las manos y pida que los mexicanos seamos quienes respondamos y quienes le respondamos a esta empresa y a sus trabajadores, que serán los más afectados después de toda la riqueza que se ha creado con los contratos que esta empresa hizo con Pemex.

Que caigan los responsables, no solamente dentro de Ocea-nografía, no solamente dentro de Pemex, sino también en Banamex y en las instituciones financieras que fueron parte de estos actos de corrupción. Que no solamente están en la paraestatal, porque están en la paraestatal, sino también en estas instituciones financieras. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Aurora Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez:Con su venia, señor presidente. En Acción Nacional celebramos este acuerdo, lo celebramos porque Acción Nacional siempre ha estado a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.

Fue hasta que Acción Nacional asumió su papel como gobierno federal cuando se empezó a hablar de rendición de cuentas. Fue en el gobierno de Acción Nacional cuando se creó el Ifai y cuando se ha fortalecido en toda la historia de México la cultura de la rendición de cuentas.

Claro que queremos que se aclare el caso de Oceanografía. Por supuesto que sí. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias a cualquier funcionario, ya sea de gobierno, de Pemex o de Banamex que haya estado involucrado en ese fraude. Y por supuesto que lo exigimos hasta las últimas consecuencias.

La preocupación es ¿por qué este caso se tiene que destapar por las oficinas centrales de Banamex en Nueva York, por Citigroup? ¿Por qué no conocimos de este caso por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿En dónde estaba la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mientras se gestaba este fraude de dimensiones inimaginables?

Nosotros queremos sumarnos a este punto de acuerdo, y nos preocupa muchísimo, porque hay no solamente dinero público involucrado, hay trabajadores que están afectados, hay empleos que se están afectando, hay contratos irregulares o inclusive presunto lavado de dinero.

En Acción Nacional le exigimos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sumándonos a este acuerdo, que a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se lleve a cabo la investigación hasta las últimas consecuencias, y por supuesto, a la Procuraduría General de la República para que no quite el dedo del renglón. Que se investigue a todo aquel que haya estado involucrado, independientemente de su filiación partidista. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Javier Treviño Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Javier Treviño Cantú:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI considera que las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República se están realizando con toda seriedad en el caso de la empresa Oceanografía, y que en ese contexto seguramente se actuará con todo rigor en el supuesto de que en el presunto fraude perpetrado por directivos de esa empresa en contra de Banamex se encuentren involucrados funcionarios o directivos de esa institución bancaria, o incluso, funcionarios públicos.

No tenemos la menor duda de que se aplicará estrictamente la ley si en el transcurso de las indagatorias se comprueba que existió alguna violación a la normatividad que rige al sistema bancario nacional.

Ayer mismo el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó en esta Cámara que se llegará hasta donde sea necesario y se detendrá a quien sea culpable. También se refirió el señor procurador a las supuestas facturas falsas y nos aclaró que lo que se falsificó fueron las estimaciones que hacen los contratistas, ya que las instituciones crediticias les prestan a plazos cortos de 40 o 50 días con base en esas estimaciones. Fue el elevado número de estimaciones lo que alertó a Citibank y solicitó a Pemex información para cruzarla con la del banco y fue ahí que detectaron que el valor de las estimaciones auténticas era de alrededor de 200 millones de dólares y otro tanto correspondía a estimaciones falsas.

Nosotros confiamos en el profesionalismo y la eficacia con que actúa la Procuraduría General de la República, que en este tiempo ha dado muestra de realizar un trabajo impecable. Sin embargo, también consideramos el exhorto que se propone, no obstante que redunda en un tema que ya está en manos del ministerio público, pues procede en términos de las facultades que tienen las autoridades hacendarias, en particular la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para investigar el cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de las instituciones bancarias en casos como el de Oceanografía.

Los legisladores del PRI compartimos la indignación que se ha generado por los hechos de este caso y nos unimos a la exigencia para que se castigue ejemplarmente a los responsables. Estamos a favor de que se aclare este tema en todos sus ángulos, porque es la mejor forma en que la ciudadanía constatará que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está cumpliendo su compromiso con la transparencia y con la aplicación estricta de la ley en la protección del interés público. Por tanto votaremos a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tres compañeros diputados me han solicitado el uso de la voz para hechos. Voy a darles el uso de la voz a los tres y después consultaré a la asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Son los diputados Ricardo Mejía, Carlos Angulo y  Manuel Huerta. Tiene la palabra para rectificación de hechos, el diputado Ricardo Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Estamos de acuerdo en esta propuesta, refleja el interés y sobre todo la atención de la opinión pública nacional sobre este caso de corrupción e impunidad en Oceanografía y en Petróleos Mexicanos.

Lo comentábamos, la corrupción corroe todo el edificio institucional del país, y en el caso que nos ocupa creemos que los 585 millones de dólares que prestó Banamex son apenas la punta del iceberg de una gran corrupción. Se ha señalado que 360 millones correspondieron a estimaciones apócrifas, pero como aquí se ha dado cuenta fue Banamex, fue Bancomext y fueron otros bancos. Sin embargo, desde el gobierno y desde Pemex les seguían generando uno y otro contrato, una y otra adjudicación directa a la empresa Oceanografía. Ya en el 2005 la Auditoría Superior de la Federación alertó sobre esta situación, sin embargo se siguieron dando estos préstamos.

Nosotros queremos que se vaya a fondo, que se investigue a Roberto Hernández, que ha sido intocable en este país, y recordemos que Banamex ha estado en el centro de la corrupción.

Cuando se hizo la operación con Citigroup por 12 mil 500 millones de dólares no pagaron un solo centavo de impuestos, y hoy aparece Banamex en el centro de la corrupción de Oceanografía. Para nadie es desconocida la relación entre Roberto Hernández, Francisco Gil Díaz —ex secretario de Hacienda— y Vicente Fox Quesada. Y Martín Díaz, sobrino de Francisco Gil, es parte de los accionistas de Oceanografía. Es decir, es todo un entramado de complicidades familiares y comerciales entre este grupo que fue tolerado y auspiciado desde la Presidencia de la República con Fox y con Calderón.

Queremos que se vaya a fondo en este tema y que se vean también las nuevas Oceanografías que ya empiezan a surgir en el país. Ayer en la comparecencia le preguntamos directamente a Emilio Lozoya si era cierto que OHL, Obrascón Huarte Lain, la empresa española de la que fue miembro del consejo de administración Emilio Lozoya, había ya recibido tres contratos. Una planta de hidrógeno, la terminación del gasoducto en la refinería de Cadereyta, en Nuevo León y la construcción de una planta de cogeneración de 35 megavatios en Madero, Tamaulipas. Él contestó —el director de Pemex— que sí, que había sido casualmente por contratos y que habían ganado los concursos.

Alertamos desde ahora que OHL, con toda la bendición de la cúpula del poder actual, puede ser la nueva Oceanografía del país porque ya está acaparando contratos. Señalamos ayer también — y no se nos contestó— que en la operación de la segunda fase del gasoducto Los Ramones, que implica más de tres mil millones de dólares, ya se le asignó directamente a la empresa Sempra, que es parte de un conglomerado donde aparecen otros personajes, donde el director general es otro ex director de Pemex, Carlos Ruiz Sacristán, que también fue parte de OHL.

Por eso nosotros celebramos que se busque este acuerdo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no sea tapadera de esta corrupción, pero también no vamos a dejar de señalar que hay nuevas Oceanografías en el horizonte y que más allá de la disputa palaciega de poder, lo que nos interesa es que se vaya a fondo en la corrupción y que no haya discusión de la reforma energética secundaria si antes no se combaten todos los casos de corrupción. El pueblo de México tiene derecho a conocer la verdad. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. También para rectificación de hechos tiene el uso de la voz el diputado Carlos Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Carlos Fernando Angulo Parra:Muchas gracias, presidente. A raíz de las comparecencias, o las juntas de trabajo para ser más técnico, que hubo ayer del director de Pemex y el procurador general de la República quisiera aclarar varias situaciones: que estas operaciones fueron operaciones de crédito y según aparece en los diferentes reportes que hemos recibido, uno de ello es una operación de crédito de factoraje, factoraje financiero.

El factoraje financiero es una estructura aprobada por la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito mediante la cual de una manera más o menos masiva, vamos a llamarle así, existe una compraventa de cuentas por cobrar en donde el vendedor de las cuentas por cobrar es el acreedor de una operación comercial, en este caso sería Oceanografía, y en donde el comprador de estas cuentas por cobrar es Banco Nacional de México.

En estas operaciones de factoraje financiero hay una situación muy clara, y lo que es claro es que las operaciones de factoraje financiero se dan en cuentas por cobrar líquidas, cuentas líquidas que tienen una finalidad: adelantar el pago de un adeudo, un adeudo por parte de un deudor.

¿Quién es el deudor en este caso? Es Petróleos Mexicanos. Entonces si estuviéramos hablando de una operación de 1 millón de dólares, una cosa así por el estilo, se pudiera entender que pudiera haber alguna maña que se hubiera pasado algún documento apócrifo o alguna cosa así por el estilo; pero estamos hablando de cientos de facturas multimillonarias que ascienden a alrededor de 400 millones de dólares ya con las deducciones correspondientes.

Ahí es muy difícil que haya una situación de esta naturaleza, que se vaya a los extremos del engaño como se ha mencionado.

Otra operación de crédito que se pudo haber realizado es la operación de un préstamo directo de Banamex a Oceanografía garantizado por cuentas por cobrar también líquidas y que se utilizan como fuente de pago del préstamo.

Normalmente cuando hay estas operaciones se hace un fideicomiso que está manejando toda la cuestión circular de la operación, de operaciones mercantiles de toda índole, ya sea arrendamientos de buques, prestación de servicios, etcétera, que van generando estas cuentas por cobrar que se meten a un fideicomiso y de una manera circulante se van utilizando como fuente de pago de los créditos.

Entonces es inaudito que no haya habido un control de esta naturaleza. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene que revisarlo.

El procurador general de la República dijo que eran estimaciones, que no eran facturas. Cosa rara. Si hay una estimación no hay una cuenta líquida, es una aproximación de lo que ya se hizo. La prestación de un servicio, se presenta la estimación a Pemex y Pemex la revisa, en ese caso no son líquidas las cuentas. Por eso se me hace muy raro que el procurador haya dicho que eran estimaciones; luego el director de Pemex habla de factoraje financiero. Hay muchas cosas que dilucidar en este caso.

Yo insto a esta Cámara de Diputados a que en los análisis que se hagan se tome en consideración, y se reciba,, información de Pemex en el sentido de qué clase de operación fue, y cómo fue posible que no hubiera habido una colusión entre funcionarios de Pemex, Oceanografía y Banamex, porque los montos son excesivos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Finalmente tiene la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Este acuerdo de la Junta de Coordinación Política más parece ser un control de daños en términos de la opinión pública. La Cámara de Diputados queda lejos de las expectativas de la sociedad.

Imagínense, tanto brinco para que ayer el procurador nos informe que un empleado de quinto nivel de Pemex es el que está involucrado en un fraude de la magnitud que, desde nuestro punto de vista, está muy claro que involucra a altos personajes de la vida política: ex presidentes, sus esposas y actuales servidores públicos también. Hay que decirlo porque no se trata de engañar a la gente. Ahora nada más falta que la próxima vez, ahora que van a investigar a Banamex, nos digan que el responsable fue el cajero de la ventanilla número nueve; nada más falta que lleguen a ese nivel.

El pasado 28 de febrero se dio a conocer a través de los medios de comunicación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investiga posibles irregularidades e incumplimientos de las leyes financieras por parte de Banamex, en el caso de créditos hacia Oceanografía.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que actuará con diligencia y oportunidad para detectar, en su caso, posibles delitos financieros y procederá trabajando en coordinación con autoridades judiciales y administrativas.

Por otra parte, Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, señaló en conferencia de prensa que tomarán el control de las instalaciones de Oceanografía, la proveedora de Petróleos Mexicanos acusada de fraude por Banamex, por lo que el exhorto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se limita en sus alcances.

Si verdaderamente se quiere llegar a la verdad de los hechos, el mando de la denuncia y la investigación recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia Procuraduría General de Justicia.

Esto es así, porque de acuerdo a los delitos financieros contemplados en las leyes financieras, recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la capacidad legal para solicitar la persecución de los mismos. Por ejemplo, el artículo 161 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras determina: los delitos previstos en esta ley únicamente se perseguirán a petición de la Secretaría, previa opinión de la comisión supervisora.

Es por esto que nosotros hemos estado insistiendo que el PRI es sinónimo de corrupción, y el PAN anda en las mismas. Inclusive, yo creo que ya empataron ahí, pues sí, el PRI siempre es más, pero el PAN anda en las mayores.

Es mucha la impunidad, mucha la corrupción. ¿O qué? ¿A poco van a ir sobre Roberto Hernández? ¿A poco van a ir sobre Fox y su familia? ¿A poco van a ir sobre Calderón? ¿Sobre Gil Díaz y su familia? Sobre tantos que están inmiscuidos en estos asuntos.

Yo he dicho que la impunidad y la corrupción es una cola que llega, ya no de aquí al malecón de Veracruz, al malecón de Acapulco, del otro lado del mar; cruza los océanos. Culmino presidente.

Miren, aquí por eso la sabiduría popular es genial, dicen en la calle: Hay tanta impunidad, tanta corrupción que si actuaran, ¿quién cierra la puerta? Si volaran los corruptos, viviríamos la noche eterna.

Entonces, la verdad dudamos que la acción de justicia vaya a caer sobre los verdaderamente responsables, y no dudamos que luego estén festinando aquí que va a llegar el cajero número 6 de una sucursal de Banamex como el responsable de todo esto que hicieron.

Ojalá las cosas cambiaran. Hay mucho, ahí está Roberto Hernández, ahí está Salinas, ahí está Aspe, ahí está Fox, ahí está Calderón, mucha tela de donde cortar, de mucho bandidaje y corrupción en este país.

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobado, comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la H. Asamblea, el presente dictamen, de conformidad, con los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión del 18 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor que presentó el diputado Alfonso Inzunza Montoya del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, determinando turnarla a la Comisión de Economía

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3887-IV, de fecha 17 de octubre de 2013.

3. La iniciativa fue recibida en la Comisión de Economía el día 21 de Octubre de 2013.

4. Con fecha del 15 de Enero de 2014, la Mesa Directiva otorgó prórroga de 90 días para elaboración del dictamen por parte de la Comisión.

Objeto de la iniciativa

Reformar la ley a efecto de dotar a la Procuraduría Federal del Consumidor de las facultades jurídicas suficientes para actuar cuando se presenten situaciones de especulación de precios en situaciones de desastre ocasionados por fenómenos naturales.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. La iniciativa del diputado Alfonso Inzunza Montoya es tendente a incorporar en la Ley Federal de Protección al Consumidor las facultades expresas que le permitan a la Procuraduría Federal del Consumidor intervenir inmediatamente cuando las empresas y comerciantes incurran en la especulación de precios en los productos de la canasta básica y productos y servicios de primera necesidad, como consecuencia de desastres señalados en la Ley General de Protección Civil o cualquier otra causa que haya puesto en peligro o perturbado el desarrollo de la vida cotidiana, como lo fueron las recientes tormentas, Ingrid y Manuel, que se presentaron en el mes de septiembre del año dos mil trece en el estado de Guerrero, fenómenos meteorológicos que al decir del diputado generaron especulación de precios en artículos de primera necesidad.

3. La especulación debe entenderse como la compra y acumulación de ciertos productos para venderlo posteriormente con la intención de obtener un beneficio monetario adicional a los contemplados, apoyándose en las variaciones de los precios en el tiempo. De igual manera se considera a la especulación Como un acto premeditado y deliberado de los empresarios y comerciantes que se finca en los conocimientos sobre el comportamiento de los mercados y los movimientos de la oferta y la demanda de las mercancías.

4. La situación que el diputado proponente describe en su exposición de motivos, tiene que ver más con escasez de productos, principalmente los conocidos, como él señala, de primera necesidad, cuando en determinadas regiones geográficas se presentan situaciones catastróficas, en su mayoría por la presencia de fenómenos naturales, en donde empresarios y comerciantes de manera abusiva incrementan los precios de los productos, empeorando aún más la situación de la población que padece en esos momentos los embates de la naturaleza.

5. Actualmente, existe el marco regulatorio suficiente para que la autoridad pueda actuar cuando malos empresarios y comerciantes cometen actos de abuso frente al consumidor, como los que el diputado Alfonso Inzunza Montoya ha planteado en su iniciativa.

6. Es facultad de la Secretaría de Economía regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios; establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular.

7. Dentro de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor está el de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones identifique aumentos de precios, restricciones en la cantidad ofrecida o divisiones de mercados de bienes o servicios derivados de posibles prácticas monopólicas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría, en representación de los consumidores, podrá presentar ante la Comisión Federal de Competencia la denuncia que corresponda.

8. Para el caso de que haya abusos por parte del proveedor hacia el consumidor por el incremento de precios no autorizado, la misma Ley Federal de Protección al Consumidor señala los procedimientos para que cualquier persona pueda denunciar ante la Procuraduría las violaciones a las disposiciones que ésta establece, así como a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

9. Esta Comisión dictaminadora considera de gran interés las opiniones que sobre los asuntos que le corresponden abordar le formulan distintas instituciones, ya sean públicas o privadas, en su afán de emitir decisiones más certeras que equilibren los intereses sociales. En esta tesitura, la Secretaría de Economía, al emitir su opinión, se manifiesta en contra de la iniciativa al señalar, entre otras consideraciones lo siguiente:

“A juicio de esta Secretaría, la especulación de precios, per se, no es una práctica comercial abusiva, ya que sólo podría ser considerada como tal, en la medida de que transgreda los principios básicos de las relaciones de consumo. El artículo 1 de la LFPC establece que el objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procura la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

El tercer párrafo de dicho artículo 1 establece los principios básicos en las relaciones de consumo. De los principios ahí numerados, se desprenden en la LFPC las conductas específicamente determinadas como prohibidas, tales como el incumplimiento de precios o tarifas exhibidos; el condicionamiento de la venta de bienes o de servicios; el incumplimiento de ofertas y promociones; por conductas discriminatorias y por publicidad o información engañosa.

Uno de esos principios básicos procura que exista equidad en las relaciones entre consumidores y proveedores, lo cual si bien es cierto implica un concepto jurídico indeterminado, atendiendo a las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se desarrolla una conducta por parte de un proveedor se podría determinar si se atenta contra dicha equidad y en consecuencia dicha conducta pudiera ser sujeta de sanción.

En el caso concreto no es viable considerar a la especulación de precios en los productos de la canasta básica o en productos y servicios de primera necesidad como una conducta o práctica abusiva, como se plantea en la iniciativa al pretender reformar el segundo párrafo del artículo 25 de la LFPC.

Lo anterior toda vez que la especulación de precios no es una práctica que en si misma pudiera generar inequidad en las relaciones entre consumidores y proveedores, salvo que la práctica se lleve a cabo sobre precios o tarifas fijas previamente determinadas por autoridad competente o en circunstancias que coloquen al consumidor en situaciones de desventajas por acontecimientos ajenos a él o al proveedor.

Por otra parte, las definiciones de -canasta básica, productos y servicios de primera necesidad- son conceptos que no se encuentran contemplados en la LFPC ni en ninguna otra ley, por lo que dejar un concepto tan relevante para interpretación traería como consecuencia discrecionalidades que se podrían traducir en barreras para la comercialización de bienes y servicios con la consecuente afectación a consumidores y proveedores.

El concepto de canasta básica es utilizado por el Banco de México para determinar un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del índice nacional de precios al consumidor (INPC). El INPC es un indicador económico global cuya finalidad es la de medir, a través del tiempo, la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos urbanos. El INPC es el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación.

El concepto de canasta básica es utilizado como indicador del Banco de México (Banxico) no como un término jurídico para poder realizar el cálculo de inflación. En este sentido, Banxico agrupa a 80 productos de la canasta básica y los compara con el ingreso-gasto de las familias promedio del país, por lo que su terminología es más bien como el indicador que como concepto jurídico y su aplicación se encuentra fuera de la legislación vigente.

Si derivado de un entorno de desastre, de origen natural o humano, el proveedor lleva a cabo conductas en perjuicio de un grupo de consumidores aprovechándose de dicho entorno, que comúnmente conlleva escasez o dificultad para abastecerse de bienes o de prestación de servicios, dicha conducta ya es considerada por particularmente graves, para efecto de la LFPC, lo cual ya provoca una sanción pecuniaria, por lo cual se estima que la ley vigente ya contempla lo que el legislador pretende con la iniciativa.”

10. Del estudio y análisis de la iniciativa para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor, materia del presente dictamen, se concluye que lo expuesto por el diputado Alfonso Inzunza Montoya en su propuesta, carece de elementos que determinen que hay especulación de precios a los productos de primera necesidad con motivo de las catástrofes originadas por fenómenos naturales que se presentan en el país.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Economía de la Sexagésima Segunda Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proponemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 Bis y 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor que presentó el diputado Alfonso Inzunza Montoya del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Economía, en su reunión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2014.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Fernando Salgado Delgado, Eloy Cantú Segovia, José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica en abstención), Adolfo Orive Bellinger, Rubén Benjamín Félix Hays, Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 86 Ter y 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos2o., 86 Ter y 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que presentaron los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea, el presente dictamen, de conformidad, con los siguientes:

Antecedentes:

1. En la sesión del 8 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 86 y 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que presentaron los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, determinando turnarla a la Comisión de Economía, para efectos de dictamen.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3878-VI, de fecha 8 de octubre de 2013.

3. La iniciativa fue recibida en la Comisión de Economía el día 9 de octubre de 2013.

4. Con fecha del 15 de enero de 2014, la Mesa Directiva otorgó prórroga de 90 días para elaboración del dictamen por parte de la comisión.

Objeto de la iniciativa

Adicionar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que en una situación de incumplimiento por alguna de las partes en los contratos de adhesión, el consumidor pueda rescindir el mismo sin tener que estar obligado a pagar una penalización, o cuando lo amerite, recibir una indemnización.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. De la propuesta que plantean los iniciantes de adicionar una fracción IV, y la actual recorrerla subsecuentemente, al artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor para dejar establecido el termino de Clausula Abusiva señalando: Clausulas Abusivas: son todas las condiciones, requisitos o consecuencias que el proveedor puede establecer en un contrato, que coloquen al consumidor en una situación de desventaja, desigualdad o anulen sus derechos, es decir, vayan contra la buena fe, causándole un perjuicio, podemos destacar que en ella hay una falta de claridad, en cuanto a que no se precisa a qué tipo de contrato se refiere; ello generaría situaciones de obscuridad en la ley.

3. La propuesta, en los términos en que ha sido planteada para modificar el artículo 2o. de la ley, materia del presente dictamen, repetiría dos veces el término Secretaría, al dejarlo en la fracción III y señalarla nuevamente en la fracción V; de igual forma se considera que la definición que se está proponiendo para los términos Clausulas Abusivas no debe de ir en este artículo.

4. En cuanto a la adición de la palabra básicos en la fracción III del artículo 86 de la ley Federal de Protección al Consumidor, esta es improcedente en virtud de que dicho artículo se refiere de manera exclusiva a los servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico, y que al incluir la adición se estaría generando una contradicción, ya que por una parte establece “Dar por terminada la prestación de los servicios básicos y adicionales, especiales o conexos al servicio básico, situación que generaría confusiones al consumidor. Por cuanto a la adición de un segundo párrafo en esta fracción la Secretaría de Economía ha formulado su opinión al respecto señalando: “incluir condiciones tales como la interrupción del servicio de manera continua, total o permanente, implicaría que toda prestación de servicios en el país requiera de una regulación específica en ley, reglamento o en alguna norma oficial mexicana a fin de fijar las condiciones de calidad en la que se prestan, a fin de poder determinar cuándo se está en la presencia de interrupciones total o permanente.

En el caso de ciertos servicios, como por ejemplo telecomunicaciones, si existe regulación específica que obliga a proveedores de servicios a cumplir con determinados estándares de calidad, sin embargo existe un sinnúmero de servicios que no existe regulación específica sobre estándares de calidad.

También es pertinente resaltar que el hecho de dar por terminado de manera inmediata la prestación del servicio que deviene de un contrato de adhesión no es lo óptimo, toda vez que se debe de dar un finiquito adecuado en el cual se haga referencia a las obligaciones pendientes entre .las partes, si las hubiera, por medio de un instrumento idóneo, de preferencia, como pudiera ser un contrato de terminación o de transacción, a fin de dejar en claro las consecuencias precisas de dicha terminación”.

5. Con respecto a las adiciones de las fracciones VI, VII y VIII al primer párrafo del artículo 90 de la ley materia del presente dictamen que se han propuesto, esta comisión ha considerado pertinente retomar la opinión que sobre este asunto a emitido la Secretaría de Economía, misma que se ha planteado en contra de la iniciativa:

“con relación a la adición de la fracción VI, consistente en las cláusulas que –establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma específica–, se contrapone con lo establecido en el artículo 86 de la LFPC el cual dispone lo siguiente:

Artículo 86. La secretaría, mediante normas oficiales mexicanas podrá sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento.

Las normas podrán referirse a cualesquiera términos condiciones excepto precio.

Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la Procuraduría.

En este sentido, la Profeco en congruencia con el marco jurídico vigente, no puede pronunciarse sobre incrementos de precio en las cláusulas de los contratos de adhesión, en razón de que las normas oficiales mexicanas que los sujetan no pueden hacer referencia a los precios, además de que no tiene facultad para establecer un control de precios, en virtud de que es el propio consumidor, con base en sus necesidades y requerimientos el que puede decidir en la negociación con el proveedor o aceptación del precio en el contrato.

No omitimos mencionar que para poder fijar precios en México, en adición a ciertas industrias reguladas, ya existe un marco jurídico de referencia para dicha fijación. La Ley Federal de Competencia Económica establece la forma y términos en que la fijación de precios deberá hacerse, la cual involucra tanto a la Comisión Federal de Competencia Económica, para poder determinar si existen o no condiciones de competencia efectiva, así como a la secretaría, quien participa en dicho procedimiento administrativo para dar la opinión que corresponda.

Respecto de la adición de la fracción VII, consistente en las cláusulas que –pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos sean imputables al oferente–, que la adición es inconducente, en virtud de que la redacción es ambigua, ya que la frase –pongan de cargo del consumidor–, no proporciona una idea clara de cuál es la intención del legislador.

También resulta imprecisa, en razón, de que habla de -efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos-, pues no se puede determinar cuáles son los efectos que se pueden producir. Además, de que emplea la palabra -oferente-, sin embargo, dicho término no es utilizado por la LFPC.

De igual forma, la adición de la fracción VIII, consistente en las cláusulas que ­incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato-, no es la idónea, pues el hecho de que aparezca un espacio en blanco en una cláusula no necesariamente implica que el mismo debe ser llenado, pues en muchos casos los procesadores de textos automáticamente dan los espacios, por lo que la adición citada pudiera causar dificultades prácticas en su aplicación.

Por último, el articulado propuesto en la Iniciativa, no corresponde al expresado en la exposición de motivos, pues no justifica la propuesta de reforma y adición, ni es congruente con el planteamiento expuesto por los diputados cuando señalan que –la iniciativa propone adicionar (sic) la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que en una situación de incumplimiento por alguna de las partes en los contratos de adhesión, el consumidor pueda rescindir el mismo sin tener que estar obligado a pagar una penalización, o cuando lo amerite, recibir una indemnización–; sin embargo, en ningún momento se hizo alusión a alguna penalización o indemnización.

6. Esta comisión dictaminadora coincide, de los análisis realizados a la propuesta legislativa, en considerar que la iniciativa de reformas propuesta por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, es improcedente por los argumentos ya formulados.

Por todo lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Economía de la Sexagésima Segunda Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proponemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 2o., 86, Ter y 90 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que presentaron los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Economía, en su reunión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2014.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Fernando Salgado Delgado, Eloy Cantú Segovia, José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica en abstención), Adolfo Orive Bellinger, Rubén Benjamín Félix Hays, Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica).»

LEY MINERA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley Minera

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 66 y 68 de su reglamento, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Minera, que presentaron los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea, el presente dictamen, de conformidad, con los siguientes:

Antecedentes:

1. En la sesión del 10 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Minera que presentaron los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, determinando turnarla a la Comisión de Economía, para efectos de dictamen.

2. La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3880-VI,’ de fecha 10 de octubre de 2013.

3. La iniciativa fue recibida en la Comisión de Economía el día 11 de octubre de 2013.

4. Con fecha del 16 de Enero de 2014, la Mesa Directiva otorgó prórroga de 90 días para elaboración del dictamen por parte de la comisión.

Objeto de la iniciativa

Incorporar a la Ley Minera la obligación que deban tener los concesionarios de informar, a la Dirección General de Regulación Minera, sobre cualquier movimiento corporativo que realicen, a efecto de que la señalada dirección pueda conocer de los actos o contratos relativos a la transmisión de la titularidad de concesiones o de los derechos que de ellas deriven, los de promesa para celebrarlos, los gravámenes u obligaciones contractuales que constituyan en relación con las mismas, así como los convenios que los afecten.

Consideraciones

1. La Cámara de Diputados está facultada para conocer Y resolver la iniciativa enunciada en los antecedentes de este dictamen, de acuerdo con lo que señala el artículo 71, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Dentro el despacho de los asuntos que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le ha encomendado a la Secretaría de Economía se encuentran precisamente las de formular Y conducir la política nacional minera –fracción XXVII– del artículo 34.

3. En el ejercicio de sus atribuciones, el Secretario de Economía se auxilia de diversas instancias administrativas, entre las que se encuentran la Coordinación General de Minería, la que conjuntamente con la Dirección General de Regulación Minera, ejecutan las acciones relacionadas al Registro Público de Minería, incluso esta dirección general se auxilia, a su vez, de la Dirección del Registro Público de Minería y Derechos Mineros, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

4. En su iniciativa, los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja reconocen expresamente que “actualmente, la Secretaría de Economía, a través del Registro Público de Minería, lleva a cabo la inscripción de los títulos de concesión y asignación minera, los actos administrativos que le afecten, así como dar fe de los otros actos y contratos sujetos a inscripción para que surtan efectos legales ante terceros y también ante la propia dependencia, situaciones que se encuentran desarrolladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía

5. Esta comisión dictaminadora coincide, de los análisis realizados a la propuesta legislativa, en considerar que la iniciativa de reformas propuesta por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, es improcedente en razón de formular situaciones de carácter estrictamente reglamentario en la Ley Minera, mismas que ya se encuentran consideradas en el reglamento Interior de la Secretaría de Economía. “Únicamente debe ser materia de ley lo que en estricto sentido corresponde fijar al legislador, y dejar al reglamento las disposiciones que desarrollan lo que de manera general se estableció en la ley”.

La Secretaría de Economía al expresar su opinión sobre este asunto, coincide con esta comisión al señalar que:

“es innecesaria la reforma del segundo párrafo del artículo 46 de la Ley Minera, recorriendo el actual segundo párrafo para convertirlo en un tercer o último párrafo de dicho artículo, toda vez que la obligación .de registrar los actos ante la Secretaría ya existe y de acuerdo a su reglamento interno, dicha Dirección General de Regulación Minera ya cuenta con la atribución.

La Dirección General de Regulación Minera no es en sí mismo un ente administrativo autónomo, sino que depende de la Coordinación General de Minería, quien como unidad administrativa depende directamente del Secretario de Economía.

Por tanto, si la Secretaría de Economía ya cuenta con la facultad de administrar el Registro Público de Minería y ya delega dicha facultad a la Coordinación General de Minería y en última instancia a la Dirección General de Regulación Minera, resulta ocioso modificar la Ley Minera para otorgarle la facultad expresa a dicha dirección general, sobre todo porque al día de hoy no existe una problemática específica que atender y resolver respecto a la labor que se realiza en dicho registro público.

Por lo anterior, la Secretaría emite opinión en contra por las consideraciones expuestas.”

Por todo lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Economía de la Sexagésima Segunda Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, proponemos a la consideración del pleno de esta asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Minera que presentaron, los diputados Diputado Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Carlos Sempé Minvielle; Técnica legislativa y desregulación. Editorial Porrúa, SA. 1a. edición, México, 1997, pág. 40.

Así lo resolvieron los diputados integrantes de la Comisión de Economía, en su reunión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2014.

La Comisión de Economía, diputados:Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), presidente; Amira Gricelda Gómez Tueme (rúbrica), Salvador Romero Valencia (rúbrica), Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Rubén Acosta Montoya (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Noé Hernández González (rúbrica), secretarios; Fernando Salgado Delgado, Eloy Cantú Segovia, José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica en abstención), Adolfo Orive Bellinger, Rubén Benjamín Félix Hays, Edilberto Algredo Jaramillo, Carlos Augusto Morales López (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica).»

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 62, 63 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para la resolución de la Comisión Dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

I.1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 26 de noviembre de 2013, la diputada Leslie Pantoja Hernández,-integrante del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 62, 63 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

I.2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-1-1392, expediente 3289.

I.3. Durante las dos siguientes semanas, se llevó a cabo la investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

I.4. Del 9 al 20 de diciembre de 2013, se convocó a quienes estuvieran interesados en esta iniciativa a enviar los comentarios respectivos.

I.5. Con fecha 29 de noviembre de 2013, la Comisión de Transportes solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Publicas de la honorable Cámara de Diputados, realice los estudios de impacto presupuestario que resulten de esta iniciativa.

I.6. Con fecha 12 de diciembre de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a las Subcomisión de Transporte Carretero de Pasaje, para la elaboración del predictamen correspondiente, a la presente iniciativa.

I.7. Con fecha 28 de enero de 2014, mediante oficio Número CTr/LXII-2/0486/14, la Junta Directiva de esta comisión solicitó autorización de prórroga a la Mesa Directiva.

1.8. Con fecha 31 de enero de 2014, la Mesa Directiva mediante oficio número DGPL 62-II-1-1587, autorizó prórroga de 45 días para dictaminar dicha iniciativa.

II. Contenido de la iniciativa

La diputada promovente, señala en su exposición de motivos respecto de la preocupación de propiciar que se den mayores condiciones de seguridad a fin de salvaguardar el patrimonio, la integridad física y sobre todo la vida de todos y de cada uno de los mexicanos.

La Legisladora argumenta que está convencida de la importancia de fortalecer la seguridad y sabiendo que en el servicio de autotransporte federal de pasajeros es propicio para que la delincuencia cometa fechorías, puesto que los trayectos largos y en caminos prácticamente poco transitados o bien aprovechando la poca vigilancia, abordan los camiones para llevar a cabo robos, que en la mayoría de los casos los efectúan con violencia poniéndose en riesgo no solo los bienes de los pasajeros sino hasta su vida.

Para avalar lo anterior, se desprende que los delitos cometidos en el transporte y ocurridos en carreteras no son menores y que estos desafortunadamente se cometen con agresión física, y en la mayoría de los casos, con portación de armas; de manera que, es imperativo tomar medidas de prevención para evitar que siga ascendiendo el índice delictivo en cuestión y en lo posible no sólo disminuir dicha tasa delictiva sino que se debe procurar erradicar el delito.

Además, señala que el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal, el planear, y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los servicios de autotransporte federal; otorgar los permisos a que se refiere dicha Ley, y vigilar, verificar e inspeccionar que los servicios de autotransporte cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

Así también argumenta, que el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que a la Secretaría de Gobernación le corresponde proponer políticas, acciones y estrategias de coordinación, en materia de prevención de delito.

Asimismo, estima que los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo no solo deben proteger a los viajeros sino que debe ser su responsabilidad asegurar la seguridad de los usuarios, y por ende que quienes ponen su confianza en sus servicios, tengan la tranquilidad de que llegarán con bien a su destino.

Propone la siguiente redacción a los artículos:

“Artículo Único. Se reforman los artículos 62, 63 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como siguen:

Artículo 62. Los concesionarios a que se refiere esta Ley están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso. Asimismo, los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo serán responsables de la seguridad de los viajeros y su equipaje por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio, para ello, estarán obligados a tomar medidas de seguridad y preventivas para asegurar dicho fin.

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Artículo 63. Las personas físicas y morales autorizadas por los gobiernos de los estados y del distrito federal para poder operar autotransporte público de pasajeros, y que utilicen tramos de la vías de jurisdicción federal, serán responsables de implementar medidas de seguridad y preventivas que permitan el traslado seguro de los viajeros, desde el abordaje hasta la llegada a su destino final. Asimismo, garantizarán su responsabilidad, en los términos de este capítulo, por los daños que puedan sufrir los pasajeros que transporten, sin perjuicio de que satisfagan los requisitos y las condiciones para operar en carreteras de jurisdicción federal.

Artículo 70 Bis. La Secretaría y la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinaran en la vigilancia, verificación e inspección de los servicios del autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado. Además, implementaran en coordinación, medidas de seguridad y preventivas que fortalezcan la seguridad de los usuarios de dichos servicios.”

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora concuerda con la diputada promovente respecto de la importancia de la seguridad de las personas que utilizan el transporte público en carreteras federales, salvaguardando su patrimonio, integridad física y sobre todo su vida, sin embargo se considera que el tema de seguridad por el uso del autotransporte de pasajeros se encuentra regulado por el artículo 62 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el cual a la letra manifiesta:

“Artículo 62. Los concesionarios a que se refiere esta Ley están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir eón motivo de su uso. Asimismo, los permisionarios de autotransporte de pasajeros y turismo protegerán a los viajeros y su equipaje por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio.

La garantía que al efecto se establezca deberá ser suficiente para que el concesionario ampare al usuario de la vía durante el trayecto de la misma, y el permisionario a los viajeros desde que aborden hasta que desciendan del vehículo.

Los concesionarios y permisionarios deberán otorgar esta garantía en los términos que establezca el reglamento respectivo.”

Con lo anterior, tanto el concesionario como el permisionario están obligados a proteger a los usuarios por los daños que sufran con motivo de la prestación del servicio.

La legisladora promovente propone obligar y hacer responsable a los permisionarios de los tres órdenes de gobierno para tomar medidas de seguridad para garantizar el traslado de los usuarios, lo cual obligaría a los transportistas a contratar a cuerpos de seguridad para tal hecho, mismo que redundaría en modificar la logística y por ende, aumentar el precio del pasaje, además de que en varios de los casos de seguridad escapan totalmente a la naturaleza del servicio prestado, como es el caso de vandalismo.

Asimismo, respecto a la propuesta de que la SCT y la Secretaría de Gobernación (Segob), en su conjunto implementen medidas de seguridad y preventivas que fortalezcan la seguridad de los usuarios de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, se considera que conforme lo establece el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde sólo a la Segob el proponer políticas, acciones y estrategias de coordinación, en materia de prevención de delito, por lo que se considera improcedente dicha propuesta.

Por otro lado, La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que estipula que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución señala. Con lo anterior, se demuestra que es materia de otra normatividad lo propuesta por la promovente.

Derivado de todo lo anterior, esta comisión considera improcedente las reformas propuestas a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal que propone la Legisladora promovente.

Por lo antes expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Transportes, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, los siguientes:

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 62, 63 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por la diputada Leslie Pantoja Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, expediente 3289.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu, Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva, Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Asueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

LEY DE PUERTOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Ley de Puertos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157; 158 y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para la resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo Contenido de la iniciativa se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo Consideraciones se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

I.1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 26 de noviembre de 2013, el diputado Rodimiro Barrera Estrada, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa por la que se reforma el artículo 23 de la Ley de Puertos.

I.2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dictó trámite “Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen”, mediante oficio número DGPL 62-II-5-1234, expediente 3306.

I.3. Durante las dos siguientes semanas, se llevó a cabo la investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

I.4. Con fecha 29 de noviembre de 2013, la Comisión de Transportes solicita al Centro de Estudios de las Finanzas Publicas de la honorable Cámara de Diputado realice los estudios de impacto presupuestario que resulten de esta iniciativa.

I.5. Del 9 al 20 de diciembre de 2013, se solicitó a quienes estuvieran interesados en esta Iniciativa a enviar los comentarios respectivos.

I.6. Con fecha 12 de diciembre de 2013, el pleno de la Comisión de Transportes acordó turnar a las Subcomisión de Transporte Marítimo para la elaboración del predictamen correspondiente, a la presente iniciativa.

I.7. Con fecha 28 de enero de 2014, mediante oficio número CTr/LXII-2/0486/14, la junta directiva de esta comisión solicitó autorización de prorroga a la Mesa Directiva.

I.8. Con fecha 7 de enero de 2014, el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas, mediante oficio número CEFP/DG/0015/14, envió “valoración de impacto presupuestario” CEFP/IPP/328.3/2013, mediante el que informa que la iniciativa no tiene impacto presupuestario.

I.9. Con fecha 31 de enero de 2014, la Mesa Directiva, mediante oficio número DGPL 62-II-5-1419, autorizó prorroga de 45 días para dictaminar la iniciativa.

II. Contenido de la iniciativa

El promovente menciona que al otorgarse las concesiones para la administración portuaria integral de forma directa a sociedades mercantiles de participación estatal mayoritaria, resulta de interés público saber a quién o a quienes se les está otorgando, más allá de que el ciudadano de manera particular pueda solicitar la información, está por encima a dicho interés personal, el interés de la colectividad, el saber a qué organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, se les ha encargado la concesión directa de cuya titularidad corresponde originalmente al estado.

Asimismo, la disminución del periodo de concesión dado a los operadores de los puertos en materia de construcción y prestación de servicios, es sólo una pequeña contribución, pero contribución al fin, para evitar algún tipo de monopolio que pudiera darse en estas actividades portuarias.

Asegura el promovente que de seguirse otorgando concesiones por cincuenta años, y con la oportunidad de que pueda prorrogarse este tiempo, es un factor que pudiera desorientar la competitividad de diversos actores que desean participar en las áreas estratégicas del gobierno, mediante la figura de la concesión.

En su exposición de motivos, el promovente refiere que de acuerdo con lo previsto por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación mexicana tiene la propiedad de las tierras y aguas que se encuentran dentro de los límites del territorio de nuestro estado, en consecuencia tiene la facultad de decidir la forma en que pueden ser aprovechados los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el único objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

De ahí, la trascendencia que tiene las concesiones y los permisos que otorgue el Estado mexicano a los particulares para poder explotar, usar y aprovechar los bienes del dominio público en los puertos y terminales marinas, para la construcción de obras, y para la prestación de servicios portuarios. Concesiones que por cierto únicamente podrán ser otorgadas a sociedades mercantiles mexicanas.

El desarrollo portuario de nuestro país, es vital para el crecimiento económico y comercial de nuestra nación y por consecuencia en el bienestar social y económico de nuestra sociedad.

Acorde a su naturaleza jurídica, forma parte de la administración pública federal paraestatal, por lo que su atención y vigilancia es necesaria a efecto de lograr modelos de eficiencia, eficacia y productividad que la modernización reclama, y es precisamente que resulta importante observar la figura de la concesión para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público en los puertos, terminales y marinas.

Se entiende por concesión “acto de la administración en virtud del cual se otorga, mediante determinadas condiciones, a un servicio de interés general realizado por un particular, carácter de servicio público como si fuera realizado por la administración”.

Actualmente las condiciones que otorga el Estado, a través en este caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acorde a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Puertos, son hasta por cincuenta años, pudiéndose prorrogar por un periodo igual, lo cual hoy en día, ante el contexto actual de competitividad y transparencia, el tiempo de concesión resulta un exceso, en razón de que si bien es cierto que más de un concesionario cumple en tiempo y forma con los requerimientos que exige la normatividad aplicable al caso concreto, lo cierto es también que en la búsqueda de una mayor transparencia y competitividad debería de transparentarse en los portales de internet de todos y cada uno de los puertos del país, de todos y cada uno de los concesionarios que están vigentes y durante cuánto tiempo han permanecido con dicha concesión y con ello evitar la especulación y suspicacias de cómo, cuándo y de qué forma es que muchos concesionarios han seguido manteniendo sus concesiones.

Claro está, de que a pesar que dichas concesiones son otorgadas previo concurso público, es hoy día por demás necesario que la información sea pública, en atención a que estas obedecen a la facultad de la nación para imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público y para concesionar el uso, explotación y aprovechamiento de los bienes y recursos del dominio público, así como la prestación de servicios de este carácter, que se contempla en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que al otorgarse los concesiones para la administración portuaria integral de forma directa a sociedades mercantiles de participación estatal mayoritaria, resulta de interés público de todos los que integramos el estado, saber quien o quienes se les están otorgando, más allá de que el ciudadano de manera particular pueda solicitar  la información, está por encima a dicho interés personal, el interés de la colectividad, el saber a qué organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, se les ha encargado la concesión directa de  cuya titularidad corresponde originalmente al estado.

Es menester que la rectoría del desarrollo económico nacional que ejerce el Estado, y en el cual convergen el sector público, el sector social y el sector privado, debe de ser atendido, revisando la normatividad vigente para el efecto de evitar posibles actos monopólicos por parte de algunas entidades en este caso del orden paraestatal.

Finalmente, es de señalarse que seguir otorgando concesiones por cincuenta años, y con la oportunidad de que puede prorrogarse este tiempo, es un factor que pudiera desorientar la competitividad de diversos actores que desean participar en las diversas áreas estratégicas del gobierno, mediante la figura de la concesión.

El promovente propone la siguiente redacción para el artículo a reformar:

“Único. Se adiciona un párrafo segundo, recorriendo el actual segundo en el mismo orden para quedar como tercero y se adiciona un último párrafo al artículo 23 de la Ley de Puertos, para quedar de la siguiente manera:

Articulo 23. La Secretaría podrá otorgar las concesiones hasta por un plazo de treinta años, tomando en cuenta las características de los proyectos y los montos de inversión. Las concesiones podrán ser prorrogadas hasta por un plazo igual al señalado originalmente. Para tales efectos, el concesionario deberá presentar la solicitud correspondiente durante la última quinta parte del periodo original de vigencia y a más tardar un año antes de su conclusión. La Secretaría fijará los requisitos que deberán de cumplirse.

Las únicas concesiones que pueden ser prorrogadas son las referentes a la prestación de servicios portuarios, referidos en el artículo 44 de esta ley.

La Secretaría contestará en definitiva las solicitudes de prórroga a que se refiere el párrafo anterior, dentro de un plazo de 120 días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la misma.

Una vez otorgadas las concesiones deberán de ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación y en los medios electrónicos conducentes, a efecto de que la ciudadanía tenga conocimiento a qué tipo de empresas fue concesionada la obra.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las dieciséis administraciones portuarias  vigentes en el país, contarán con un plazo de ciento ochenta días naturales, para publicar en los medios electrónicos conducentes las concesiones que actualmente están vigentes.

Tercero. En cumplimiento del principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, las nuevas prorrogas o concesiones que se otorguen a partir de la entrada en vigor del presente decreto, estarán sujetas a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 23 de esta ley.”

III. Consideraciones

La Comisión de Transportes, de acuerdo a la normatividad vigente procedió a la consulta de diversos actores del transporte marítimo a fin de conocer su opinión respecto a la reforma de ley propuesta por el diputado Rodimiro Barrera Estrada, obteniendo las siguientes consideraciones:

1. El plazo de otorgamiento y prórroga de las concesiones previstas en el artículo 23 de la Ley de Puertos vigente, considera el monto de la inversión y la amortización para el fomento de la inversión para el desarrollo de grandes proyectos, por lo que su disminución a 30 años según el texto propuesto, impactaría el desarrollo del sector.

2. Por lo que respecta a la adición del segundo párrafo del citado artículo, relativo a que las únicas concesiones que pueden ser prorrogadas son las referentes a la prestación de servicios portuarios, también es improcedente, en razón de que en términos del artículo 20 de la Ley de Puertos, los servicios portuarios se otorgan a través de la figura de permisos.

3. Por lo que se refiere a que las concesiones se publiquen en el Diario Oficial de la Federación con la finalidad de difundir su otorgamiento, dicha obligación ya se encuentra establecida en los títulos de la concesión, mismas que corre a costa del concesionario y quien cuenta con noventa días naturales para su cumplimiento, contados a partir de la fecha del otorgamiento del respectivo título de concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 fracción I de la Ley General de Bienes Nacionales.

Esta comisión dictaminadora, considera improcedente la Iniciativa en estudio, en virtud de que el plazo de otorgamiento y prórroga de las concesiones previstas en el artículo 23 de la Ley de Puertos vigente, se establece en razón del monto de la inversión y la disminución del plazo a 30 años impactaría en el desarrollo del sector; además de que la prestación de servicios portuarios aplica el otorgamiento de permisos no de concesiones y por último, los títulos de concesión prevén la obligación para los concesionarios de publicar el título correspondiente, dentro de los 90 días naturales para su cumplimiento, contados a partir de la fecha del otorgamiento del respectivo título de concesión, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, fracción I, de la Ley General de Bienes Nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Transportes someten a la consideración de la honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Puertos, presentada por el diputado Rodimiro Barrera Estrada, del Partido Revolucionario Institucional, expediente 3306.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu, Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Transportes, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario

Honorable Asamblea:

La Comisión de Transportes, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84, numeral 1; 85; 157, 158 y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. En el capítulo de “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y del trabajo previo para la resolución de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo referido al “Contenido de la iniciativa”, se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “Consideraciones”, se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de esta comisión dictaminadora.

I. Antecedentes

I.1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de junio de 2011, el diputado Alejandro del Mazo Maza integrante del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, presentó iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario, en esta misma sesión la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Transportes.

I.2. En la decimoctava reunión ordinaria de la Comisión de Transportes celebrada el 29 de noviembre de 2011, se aprobó el dictamen a favor de la iniciativa antes mencionada.

I.3. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2011, fue aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa y se envió al Senado para sus efectos constitucionales.

I.4. En sesión celebrada el 1 de febrero de 2012, la Cámara de Senadores recibió minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley de Reglamentaria de Servicio Ferroviario y el 10 de marzo de 2012, la Mesa Directiva de dicha Cámara turnó la minuta a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos, Segunda para el dictamen de ésta.

I.5. En sesión de la Cámara de Senadores, celebrada el 14 de noviembre de 2013, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, Segunda por el que no se aprueba el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario y se regresó a la Cámara de Diputados, para sus efectos constitucionales.

I.6. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 20 de noviembre del 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió la minuta y la turnó a la Comisión de Transportes para su dictamen, con oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1014.

1.7. Con fecha 5 de diciembre de 2013, en reunión ordinaria, la comisión dictaminadora turno la presente minuta a la Subcomisión de Transporte Ferroviario, a fin de que elabore el predictamen correspondiente.

1.8. Del 9 al 20 de diciembre, se llevó a cabo la investigación documental para allegarse de los elementos necesarios a efecto de elaborar el dictamen respectivo.

1.9. En las dos primeras semanas de enero de 2014, se solicitó a quienes estuvieran interesados en esta minuta, a enviar los comentarios respectivos.

1.10. Las dos últimas semanas de enero pasado, se realizaron los trabajos de investigación y análisis por parte de la Subcomisión de Transporte Aéreo, para definir el dictamen que a su juicio corresponde a la minuta en estudio.

II. Contenido de la minuta

La minuta con proyecto de decreto se basa en la iniciativa del diputado Alejandro del Mazo Maza, en donde se expone una falta de adecuado ordenamiento territorial, aunado a que un acelerado crecimiento ha propiciado que asentamientos irregulares invadan el derecho de vía del sistema ferroviario, el cual es una actividad económica prioritaria. Agrega que a pesar que el ferrocarril es un sistema de transporte seguro en sus operaciones y con niveles reducidos de accidentes, no está exento de ellos, por lo que es indispensable que el derecho de vía se encuentre totalmente libre, en caso de que se presente un descarrilamiento.

El promovente señala sobre el derecho de vía, que la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario lo considera como la franja de terreno que se requiere para construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características son fijadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT.

Por lo anterior, el promovente plantea incluir dentro de la jurisdicción federal el derecho de vía como parte integral de las vías generales de comunicación ferroviaria para que por medio de la SCT se verifiquen y se cumplan las disposiciones aplicables.

Por otro lado, la SCT cuenta con el trámite “aviso de invasiones que realicen en el derecho de vía ferroviaria” cuya homoclave es SCT-04-027, misma que contempla el mecanismo para informar a la dependencia sobre invasiones que ocurran en el derecho de vía ferroviario. A saber cuándo los concesionarios se percaten de la invasión al derecho de vía ferroviario, deberán presentar un escrito dirigido al director general del Transporte Ferroviario.

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados de la LXI, consideró pertinente la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para que la SCT tenga a su cargo la verificación del derecho de vía, que el servicio ferroviario cumpla con las disposiciones aplicables, a fin de otorgar certeza y seguridad continua a los usuarios del servicio de transporte ferroviario, toda vez que, el aviso al que están obligados los concesionarios, sólo tiene ese carácter, por lo que en caso de una invasión a esa área que represente un peligro para la prestación del servicio, los concesionarios no pueden proceder de manera alguna, al ser una zona de jurisdicción federal.

Por lo anterior, la Comisión de Transportes sometió a la consideración del pleno la reforma a la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativo, Segunda del Senado de la Republica de la LXII Legislatura difieren de las consideraciones con las que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, por lo que la colegisladora consideran que debe desecharse el proyecto al tenor de los siguientes argumentos:

La Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario, objeto del presente Dictamen establece en su artículo 5 que a la falta de disposición expresa en esta Ley o en los tratados internacionales vigentes, se aplicarán:

I. La Ley de Vías Generales de Comunicación

...

La aplicación supletoria de una ley respecto de otra, procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes, la colegisladora manifestó que la Ley de Vías Generales de Comunicación contempla de manera clara la propuesta por el diputado promovente y por lo tanto acordaron desechar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV al artículo 6 de la Ley de Servicio Ferroviario devolviendo a esta Cámara en términos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Consideraciones

El último párrafo del artículo 3 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario establece que son parte integrante de la vía general de comunicación ferroviaria “el derecho de vía”, los centros de control de tráfico y las señales para la operación ferroviaria, y el artículo 4 de dicho ordenamiento, señala que son de la jurisdicción federal las vías generales de comunicación ferroviaria, el servicio público de transporte ferroviario que en ellas opera y sus servicios auxiliares.

Asimismo, es oportuno mencionar que el artículo 3o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación, señala que las vías generales de comunicación quedan sujetas exclusivamente a los Poderes federales.

Se concluye que si el derecho de vía es parte integrante de la vía general de comunicación y esta es de jurisdicción federal, entonces el derecho de vía adquiere también, un carácter federal, de tal suerte que con ello, se tiene cubierta la inquietud del legislador proponente.

En cuanto a la reforma del artículo 6 de la Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario, se estima innecesaria, debido a que los concesionarios están obligados a vigilar el derecho de vía, de conformidad con el artículo 31 segundo párrafo del Reglamento del Servicio Ferroviario, mismo que a la letra dice:

“los concesionarios deberán dar aviso inmediato a la Secretaría y demás autoridades competentes, de las invasiones que se realicen al derecho de vía”.

Lo anterior, tiene sustento en las obligaciones contraídas en los títulos de concesiones correspondientes, los cuales establecen que se sujetaran a las disposiciones aplicables entre las que se encuentra el reglamento en comento.

El artículo 31 del Reglamento del Servicio Ferroviario y Multimodal, tiene entre sus atribuciones la de recibir el aviso de invasiones que se realicen en el derecho de vía ferroviario con el propósito principal de que se preserve y conserve ese derecho de vía que es propiedad del Gobierno Federal, así mismo, garantizar que los servicios ferroviarios se realicen en condiciones de calidad, competitividad, seguridad y permanencia coadyuvando a elevar la seguridad y eficiencia en el transporte ferroviario, buscando con ello tanto la protección para el usuario como la satisfacción de interés público.

En virtud de lo anterior, después del análisis de la minuta con proyecto de decreto por el cual se pretende reformar el artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se estima que resulta improcedente la propuesta legislativa, en virtud de que el derecho de vía forma parte integrante de las vías generales de comunicación, las cuales son de jurisdicción federal, según lo dispuesto en la Ley de Vías Generales de Comunicación y Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Por lo expuesto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, remitida el 20 de noviembre de 2013.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados:Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez (rúbrica), Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu, Luis Manuel Arias Pallares, Valentín González Bautista (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva, Víctor Rafael González Manríquez, Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores, Jesús Morales Flores, Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz, Humberto Armando Prieto Herrera, Hugo Mauricio Pérez Anzueto (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 11 de diciembre de 2013, el diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Salud, para dictamen; y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

III. Contenido

La iniciativa tiene como objetivo asentar que el Programa Nacional de Prevención, Atención y Control de la Diabetes es materia de salubridad general.

IV. Consideraciones

Primera. El término diabetes mellitus proviene del latín diabétes (que significa “correr a través” o “atravesar”), como término para referirse a la enfermedad caracterizada por la eliminación de grandes cantidades de orina (término médico denominado poliuria). La palabra del griego mellitus (con significado “miel”) se agregó en 1675 por Thomas Willis cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía sabor dulce (debido a que la glucosa se elimina por la orina).

El origen de la enfermedad permaneció desconocido durante mucho tiempo, hasta que Paul Langerhans, en el siglo XIX, descubrió en el páncreas unos grupos de células, conocidas hoy como islotes de Langerhans, que creyó vinculados a la diabetes. Pero fue sólo a comienzos del siglo XX cuando se determinó que en esos islotes se produce una hormona llamada insulina, la sustancia que regula el nivel de azúcar en la sangre.

La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia (nivel elevado de glucosa en sangre) resultante de defectos en la secreción de insulina, defectos en su acción, o ambos.

Se clasifica en dos tipos:

Tipo 1. El cuerpo no puede producir insulina porque el sistema inmunitario (las células que se encargan de la defensa de nuestro cuerpo) destruye las células que producen insulina, llamadas células beta, localizadas en el páncreas. El tratamiento consiste en aplicarse insulina, de manera inyectada, de por vida. De 100 personas con diabetes 10 son tipo 1. Las células quedan sin energía o glucosa o el azúcar de los alimentos y el nivel de glucemia en sangre se eleva.

Tipo 2. Al momento del diagnóstico las células beta que producen insulina, han muerto en 50 por ciento y cada año que pasa siguen en su proceso de destrucción 5 por ciento de estas células muere. Además, todos los pacientes con diabetes tipo 2 son resistentes a su propia insulina, eso significa que las células tienen una serie de puertas que se abren cuando llega la insulina cargada de glucosa (estas se llaman receptores), desconocen la insulina que el propio cuerpo produce y deciden no aceptarla, por ende la células no abren sus puertas, quedan sin energía y el nivel de glucosa se eleva.

La diabetes tipo 2 se puede prevenir en muchos casos, ayudando y alentando a aquellos en riesgo a mantener un peso saludable y realizar ejercicio frecuentemente.

Entre los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de la enfermedad destacan a) la herencia, tener padres hermanos o hijos con diabetes, b) sobrepeso u obesidad, c) triglicéridos y colesterol elevados, d) sedentarismo, e) hipertensión o enfermedades cardiovasculares, f) tolerancia anormal a la glucosa, g) haber tenido diabetes gestacional o un hijo mayor de 4 kilogramos de peso al nacer (para las mujeres), h) que se le haya diagnosticado síndrome metabólico, e i) que se le haya diagnosticado ovario poliquístico.

Cifras de la Federación Internacional de Diabetes estiman que en el mundo hay 371 millones de personas con diabetes, lo que implica que 8.3 por ciento de la población padece esta enfermedad. De manera alarmante, también se presume que la mitad de las personas con diabetes no sabe que tiene este padecimiento.

Como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo, se instauró el Día Mundial de la Diabetes por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991. Es celebrado en más de 160 países de todo el mundo, todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, así como todas las asociaciones y organizaciones, empresas, profesionales sanitarios y personas con diabetes y sus familias. Es una campaña que presenta cada año un tema elegido por la Federación Internacional de Diabetes para centrarse en distintos aspectos relacionados con la comunidad internacional de la diabetes. Se celebra el 14 de noviembre, para conmemorar el nacimiento de Frederick Banting, quien concibió la primera idea que condujo al descubrimiento de la insulina, en 1922.

En virtud que las personas con diabetes son responsables de 95 por ciento de la atención que necesitan, es de suma importancia que reciban una continua educación a la medida de sus necesidades y proporcionada por profesionales de la salud calificados.

Segunda.La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo hay 346 millones de personas con diabetes, cifras que muy probablemente, de no mediar intervención alguna, para 2030 se habrá más que duplicado. De las personas que padecen la enfermedad, 50 por ciento no está diagnosticado o no sabe que tiene la enfermedad. En 2012 se atribuyeron a diabetes 4.8 millones de fallecimientos y 471 miles de millones de dólares en gastos sanitarios.

Cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes. Casi 80 por ciento de las muertes por diabetes se producen en países de ingresos bajos o medios. La mitad de los fallecimientos atribuibles a la diabetes ocurre en personas con menos de 60 años.

Los gastos sanitarios para el tratamiento y control de diabetes resultaron más altos en América del Norte y el Caribe que en cualquier otra región. En América Central y del Sur sólo 5 por ciento de los dólares utilizados en el tratamiento y control de diabetes fueron gastados en esta región. 1 de cada 3 dólares utilizados en el tratamiento y control de diabetes fueron gastados en Europa. Uno de cada 3 adultos con diabetes vive en la región Asia-Pacífico. Seis de los 10 primeros países en prevalencia de diabetes se encuentran en la región de islas del Pacífico. La región africana tiene la tasa de mortalidad por diabetes más alta del mundo.

Las tablas incluidas a continuación indican la epidemiología, expresada en número de pacientes por país (tabla 1) y la prevalencia, expresada en número de casos pro 100 habitantes adultos (tabla 2):

Tabla 1. Países con mayor número de pacientes con diabetes

País                 Número de personas (millones)

China                                                        92.3

India                                                         63.0

Estados Unidos                                        24.1

Brasil                                                        13.7

Rusia                                                        12.7

México                                                     10.6

Indonesia                                                   7.6

Egipto                                                        7.5

Japón                                                          7.1

Pakistán                                                      6.6

Tabla 2. Prevalencia (número de casos por 100 habitantes)

País                            Prevalencia (porcentaje)

1. Estados Federados de Micronesia       37.2

2. Nauru                                                   30.1

3. Islas Marshall                                      27.1

4. Kiribati                                                 25.5

5. Tuvalu                                                  24.8

6. Kuwait                                                 23.9

7. Arabia Saudita                                     23.4

8. Qatar                                                    23.3

9. Bahrein                                                 22.4

10. Vanuatu                                             22.0

Tercera. A escala nacional, los datos son los siguientes: casos de diabetes: 10.6 millones. Se calcula que hay 3.4 millones de personas con diabetes no diagnosticada. La prevalencia comparativa de diabetes (porcentajes) estándar de la OMS es de 15.59. En 2012, los fallecimientos por diabetes ascendieron a 73 mil 347, ocupando el primer lugar de causas de muerte en México. Cada 2 horas mueren 5 personas a causa de complicaciones originadas por la diabetes.De cada 100 pacientes con diabetes, 14 presenta alguna complicación renal. De los problemas de pie diabético, 30 por ciento termina en amputación. De cada 5 pacientes con diabetes, 2 desarrollan ceguera y problemas cardiovasculares. La media de gastos ocasionados por persona afectada por año es de 815 dólares.

Los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 arrojan que del total de diabéticos diagnosticados, 14.2 por ciento (poco más de 900 mil), dijeron no haber acudido al médico para el control de la diabetes en los 12 meses previos a la entrevista, es decir, se puede considerar que no se encuentran en tratamiento y, por tanto, retrasan acciones de prevención de complicaciones.

Cuarta. Ante estas cifras, es obvio que la diabetes mellitus es un padecimiento de alta prioridad, considerado un problema de salud pública. Como la promovente señala, la prevención y control de la enfermedad son muy complejos y van desde las acciones de prevención, detección oportuna, así como la educación en salud, el tratamiento médico, psicológico, nutricional, integral, las acciones de rehabilitación, y la atención de las secuelas o complicaciones.

Para enfrentar esta situación, la Secretaría de Salud como órgano rector en materia de salubridad en nuestro país ha desarrollado e implementado medidas para la prevención, atención y control de la enfermedad. Tales medidas incluyen la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, “Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus”, así como el programa de acción específico Diabetes Mellitus 2007-2012, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. En estos documentos se establecen los criterios diagnósticos, la clasificación de la enfermedad, la competencia de las instituciones, la organización de las mismas, y el modelo de tratamiento y control de la enfermedad.

Quinta.Al tomar como base la Ley General de Salud, máximo ordenamiento de referencia en materia de sanidad, esta comisión considera que la presente iniciativa es inviable en virtud que duplica lo dispuesto en la Ley General de Salud. A continuación se enuncian los motivos.

Este ordenamiento considera a la diabetes mellitus de manera genérica dentro del espectro de las enfermedades no transmisibles. De esta manera, se considera a la enfermedad como prioritaria y materia de salubridad general, como indica el artículo 3o., fracción XVI. De igual manera, el artículo 27 establece que la atención y el control de las enfermedades no transmisibles más frecuentes (entre las cuales se encuentra la diabetes mellitus) deben considerarse como servicios básicos de salud.

Asimismo, establece en el capítulo III, título octavo, “Prevención y control de enfermedades y accidentes”:

Enfermedades no Transmisibles

Artículo 158. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen.

Artículo 159. El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles comprenderá las siguientes medidas:

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la evaluación del riesgo de contraerlas;

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos;

III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento;

IV. La realización de estudios epidemiológicos; y

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, recomendados por la propia secretaría; y

VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.

Artículo 160. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

Artículo 161. Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud deberán rendir los informes que la autoridad sanitaria requiera acerca de las enfermedades no transmisibles, en los términos de los reglamentos que al efecto se expidan.

De manera complementaria, el proceso de atención y control de la diabetes se debe asimismo ajustar a la siguiente normatividad:

• Norma Oficial Mexicana 017-SSA2-1994, “Para la vigilancia epidemiológica”.

• Norma Oficial Mexicana 168-SSA1-1998, “Del expediente clínico”.

• Norma Oficial Mexicana 174-SSA1-1998, “Para el manejo integral de la obesidad”.

• Norma Oficial Mexicana 030-SSA2-2009, “Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica”.

• Norma Oficial Mexicana 037-SSA2-2002, “Para la prevención y control de las dislipidemias”.

• Norma Oficial Mexicana 043-SSA2-2005, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación”.

• Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, “Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales”.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, Diario Oficial de la Federación 19 de enero de 2004. Reforma DOF, 29 de noviembre de 2006.

• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, DOF 14 de mayo de 1986.

• Reglamento de Insumos para la Salud. D.O.F. 04-II-1998. Reforma D.O.F. 19-IX-2003.

• Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, DOF 28 de mayo de 1997 y 27 de mayo de 2003.

Ante estas consideraciones, la comisión dictaminadora toma a bien desechar la propuesta en virtud que duplica lo ya contenido en la Ley General de Salud y normatividad vigente.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero.Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el asunto como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 International Diabetes Federation. http://www.idf.org

2 International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, sexta edición, Bruselas, Bélgica: International Diabetes Federation, 2013. http://www.idf.org/diabetesatlas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f),  y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1, fracción I y 158 numeral 1 fracción IV, y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha el 11 de Diciembre de 2013, la Diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa que reforma el artículo 51 de la Ley General de Salud

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para dictamen

III. Contenido

El objetivo de la iniciativa es otorgar el derecho a los usuarios de elegir, de manera libre y voluntaria, al médico general o especialista que los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención o del nivel de especialidad de la unidad del segundo o tercer nivel de atención que les corresponda por domicilio.

Para ello, propone modificar el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley General de Salud, como se expone en la siguiente tabla comparativa.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 51....

Los usuarios tendrán el derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, al médico que los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención que les corresponda por domicilio, en función del horario de labores y de la disponibilidad de espacios del médico elegido y con base en las reglas generales que determine cada institución. En el caso de las instituciones de seguridad social, sólo los asegurados podrán ejercer este derecho, a favor suyo y de sus beneficiarios.

Propuesta de modificación

Artículo 51. ...

Los usuarios tendrán el derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, al médico general o especialista que los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención o del nivel de especialidad de la unidad del segundo o tercer nivel de atención que les corresponda por domicilio, en función del horario de labores y de la disponibilidad de espacios del médico elegido y con base en las reglas generales que determine cada institución, lo cual no deberá tener el efecto de conculcar este derecho. En el caso de las instituciones de seguridad social, sólo los asegurados podrán ejercer este derecho, a favor suyo y de sus beneficiarios.

IV. Consideraciones

Primera. El Programa Nacional de Salud destaca la importancia del respeto a los derechos de los pacientes, fomentando una cultura de servicio orientada a satisfacer sus demandas, lo que entraña respetar su dignidad y autonomía, garantizar la confidencialidad de la información generada en la relación médico-paciente y brindar una mejor atención.

Todos alguna vez en nuestra vida hemos necesitado o necesitaremos utilizar algún servicio de salud, ya sea público o privado. En el mejor de los casos, siguiendo el tratamiento adecuado y las indicaciones del médico, recuperaremos nuestro bienestar y continuaremos con nuestra vida con absoluta normalidad. El asunto puede complicarse si sufrimos algún inconveniente con el servicio, como trato indigno o irrespetuoso, negligencia o impericia por parte del médico, carencia de material o medicamentos, y negativa a proporcionarnos información sobre el estado de salud de algún familiar en estado grave o a darnos un resumen clínico para solicitar la opinión de otro especialista. Todos somos pacientes potenciales, por eso es muy importante que conozcamos nuestros derechos para evitar estas situaciones o, en su momento, saber enfrentarlas.

Segunda. Resulta ineludible avanzar en el fortalecimiento de una cultura que fomente la participación social y la corresponsabilidad en el cuidado de la salud, por lo cual es preciso destacar las prerrogativas que las disposiciones sanitarias regulan en beneficio de los pacientes. Es por ello que se encomendó a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, Conamed, esta tarea, encaminada a coordinar los esfuerzos institucionales para definir un proyecto que fuera puesto a consideración de las organizaciones sociales. En él se plantearon los derechos de los pacientes frente al médico que le brinda atención, que concluyó con el diseño de la Carta de los Derechos Generales de las Pacientes y los Pacientes. En la construcción de esta carta participaron, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Subsecretaría de Innovación y Calidad, la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica, la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, la Subdirección General Médica del ISSSTE, la Comisión Interinstitucional de Enfermería y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.

La Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, publicada en diciembre del 2001, contiene las prerrogativas de cualquier persona cuando, en su carácter de paciente, recibe atención médica.

Los derechos de los pacientes no están estrictamente relacionados con la mala práctica médica, sino que abarcan toda la atención médica, por lo que deben estar a la vista en los hospitales, las clínicas y los consultorios, con el fin de que el paciente los pueda leer antes de ser atendido.

Los derechos de los pacientes se enumeran a continuación (en cursivas se indica el marco jurídico de cada uno de los derechos):

1. Recibir atención médica adecuada

Los pacientes tienen derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención; así como a ser informados cuando requieran referencia a otro médico.

Ley General de Salud Artículos 51 y 89.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 21 y 48.

2. Recibir trato digno y respetuoso

Los pacientes tienen derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica, se identifiquen y les otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presenten, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes.

Ley General de Salud Artículos 51 y 83.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 25 y 48.

3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz

Los pacientes, o en su caso el responsable, tienen derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se exprese siempre en forma clara y comprensible; se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 29 y 30.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Numeral 5.6

4. Decidir libremente sobre su atención

Los pacientes, o en su caso el responsable, tienen derecho a decidir con libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículo 80.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Numerales 4.2 y 10.1.

5. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado

Los pacientes, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tienen derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico.

Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos.

Ley General de Salud. Artículos 100, fracción IV, 320 y 321.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios médicos. Artículos 80 y 81.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Numerales 4.2 y 10.1.

6. Ser tratado con confidencialidad

Los pacientes tienen derecho a que toda la información que exprese a su médico, se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria; lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Numerales 5.5.1 y 5.7

Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Artículo 36.

Ley General de Salud. Artículos 136, 137 y 138.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 19 y 35.

7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión

Los pacientes tienen derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 29 y 30.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Numerales 4.10 y 5.7

8. Recibir atención médica en caso de urgencia

Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, los pacientes tienen derecho a recibir atención de urgencia por un médico, en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones.

Ley General de Salud. Artículo 55.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 71 y 73.

9. Contar con un expediente clínico

Los pacientes tienen derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciban sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa en un expediente que deberá cumplir con la normativa aplicable y cuando lo soliciten, obtener por escrito un resumen clínico veraz de acuerdo al fin requerido.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículo 32.

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico

10. Ser atendido cuando se inconforme por la atención recibida

Los pacientes tienen derecho a ser escuchados y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconformen por la atención médica recibida de servidores públicos o privados.

Asimismo tienen derecho a disponer de vías alternas a las judiciales para tratar de resolver un conflicto con el personal de salud.

Ley General de Salud. Artículo 54.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 19, 51 y 52.

Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Artículos 2, 3, 4 y 13

Tercera. La promovente puntualiza en la exposición de motivos que el derecho a elección del médico que el usuario determine mejoraría la calidad de la atención médica al generar empatía del usuario con el profesional correspondiente, de igual manera generaría mayor confianza a las instituciones y mejor apego a tratamiento. Sin embargo, indica también que este derecho a la libre elección del médico se ve limitada con la redacción vigente del mismo artículo. Esto debido a que mismo precepto condiciona el derecho a las cuestiones de horarios de labores y de disponibilidad del médico elegido, y basadas en las reglas generales de cada institución, lo que ocasionaría la posibilidad de conculcar este derecho de parte de las instituciones y los prestadores de los servicios de salud.

Esta limitación tiene su fundamento en que las instituciones que ofrecen servicios de atención médica tienen un número limitado de personal profesional de la salud, y éstos se deben adoptar a las necesidades y condiciones de su patrón (relación a la cual se refiere la Ley Federal del Trabajo), que en este caso es la institución en la que labora. Si no se establece esta limitación existiría la posibilidad de un colapso en la calidad de la atención médica en las áreas de especialidades, como se ejemplifican en los siguientes supuestos:

Supuesto 1: un médico que es cirujano, es contratado por la institución para realizar intervenciones de urgencia. Si un paciente decide que para la realización de una cirugía no urgente (v. gr. colecistectomía) sea este médico en comento, estaría afectando la organización de la institución, así como la atención de los pacientes que ameriten una cirugía de urgencia.

Supuesto 2: un médico que es adscrito a unidad de terapia intensiva, se solicita atención en consulta externa, y desprotegería su servicio, dejando sin atención a los pacientes graves.

Supuesto 3: un médico con especialidad en pediatría, con subespecialidad en nefrología, es socorrido por un paciente neonato, lo cual puede ser de su competencia, pero dejaría sin atención a los pacientes con enfermedades renales, que posiblemente requieran diálisis.

Supuesto 4: un especialista en medicina interna, con subespecialidad en infectología, que atiende pacientes con sida, es solicitado por un usuario diabético, hipertenso, o nefrópata, y dejar sin atención a los primeros.

Como se puede notar en los supuestos anteriores, dejar abierta la posibilidad de elegir al médico sin tomar en cuenta las necesidades, disponibilidad, y las reglas generales de las instituciones facilitaría la desorganización de los servicios de atención médica en las clínicas y hospitales.

En independencia de lo anterior, con el texto vigente, el paciente aun tiene el derecho de elegir su médico dentro de las posibilidades que la institución y la disponibilidad lo permitan.

Adicionalmente, expone que existen médicos que son adscritos a más de una institución de salud, y con ello se desatiende a la población en alguna de estas instituciones. En este sentido, la Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 134 como obligación del trabajador que se cumplan las disposiciones de las normas de trabajo aplicables y ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. De igual manera, el artículo 135 de la misma Ley establece que los trabajadores tienen prohibido faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón y suspender las labores sin autorización del patrón. En el supuesto que se manifiesta en la exposición de motivos en el que un trabajador abandona su lugar de trabajo para acudir a otra actividad profesional, estaría contraviniendo las disposiciones establecidas en los artículos 134 y 135 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley General de Salud, presentada por la Diputada Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 166 Bis y 166 Bis 1 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157 fracción I y 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el pasado 21 de noviembre de 2013, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 166 Bis y 166 Bis 1 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido

Garantizar una muerte digna evitando la práctica de obstinación terapéutica, cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural. Establecer como concepto de “enfermo en etapa terminal”, a la persona que tiene un padecimiento y o enfermedad incurable, irreversible y mortal, y que por caso fortuito o causa de fuerza mayor tiene una esperanza de vida inferior a seis meses y se encuentra imposibilitado para mantener su vida de forma natural, con base en que presenta diagnóstico de enfermedad avanzada, irreversible, progresiva, incurable y o degenerativa; presenta imposibilidad de respuesta a tratamiento especifico; y o tiene presencia de numerosos problemas y síntomas secundarios o subsecuentes. Incluir los conceptos de “ortonasia”, “sedación controlada” y “tanatología”.

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 166 Bis, la fracción IV del artículo 166 Bis 1, y se adicionan las fracciones VI, VII y VIII recorriendo las subsecuentes del mismo artículo de la Ley General de Salud.

IV. Consideraciones

Primera. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Actualmente la Ley General de Salud en el artículo 3, fracción XXVII Bis, contempla como materia de salubridad general, el tratamiento integral del dolor.

Tercera. Por otra parte el artículo 33, fracción IV establece que las actividades de atención médica serán entre otras las paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.

Cuarta. La Ley General de Salud contempla un Capitulo Octavo Bis, denominado “De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal” por medio del cual se establece de manera general salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, necesarios para ello.

En este sentido el artículo 166 Bis 18, establece que para garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios.

Por lo anterior esta comisión considera pertinente desechar la modificación a la fracción II del artículo 166 Bis de la Ley General de Salud ya que duplica preceptos que actualmente se encuentran contenidos por el mismo ordenamiento jurídico.

Quinta. Referente a la reforma y adición al artículo 166 Bis 1 fracción IV, es necesario señalar que en la fracción II del mismo ordenamiento ya se establece dentro de la definición de enfermedad en estado terminal a todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor a 6 meses; así como también en la misma fracción IV, por lo que se estima innecesaria la reforma al presente ordenamiento.

Sexta. Las adiciones de las fracciones VI, VII, VII referente a incluir en el capitulo Octavo Bis, las definiciones de ortotanacia, sedación controlada, y tanatología, esta comisión dictaminadora lo estima innecesario ya que actualmente el presente ordenamiento no establece en su cuerpo normativo dichas figuras.

Séptima. Bajo esta premisa el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica en su Capítulo VII Bis denominado “Disposiciones para la Prestación de Servicios de Cuidados Paliativos” el cual tiene por objeto establecer los procedimientos generales para la prestación de cuidados paliativos adecuados a los usuarios de cualquier edad que cursan una enfermedad en estado terminal.

Derivado de lo anterior la norma oficial mexicana PROY-NOM-011-SSA3-2007, establece criterios para la atención de enfermos en fase terminal a través de cuidados paliativos, teniendo por objeto, establecer los criterios y procedimientos mínimos que permitan otorgar, a través de equipos interdisciplinarios de salud, la aplicación de cuidados paliativos adecuados a los pacientes que cursan una enfermedad en fase terminal, que les proporcionen bienestar y una calidad de vida digna hasta el momento de su muerte, promoviendo conductas de respeto y fortalecimiento de la autonomía del paciente y su familia, previniendo posibles acciones y conductas que tengan como consecuencia el abandono o la prolongación de la agonía, así como de la aplicación de medidas que potencialmente sean susceptibles de constituirse en actos desproporcionados. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria para todos aquellos establecimientos y prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado que de manera específica oferten o cuenten con un área o servicio para la atención de cuidados paliativos a pacientes que cursan una enfermedad en fase terminal.

Por lo expuesto, los integrantes de Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 166 Bis y 166 Bis 1 de la Ley General de Salud, presentada por el Diputado Ricardo Mejía Berdeja, y suscrita por el Diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el asunto como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada con fecha 15 de enero de 2014, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del mismo grupo parlamentario.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud para dictamen

III. Contenido

El objetivo de la iniciativa es el siguiente:

• Implantar en las acciones encaminadas a la planificación familiar, información y orientación educativa para disminuir el riesgo reproductivo y las complicaciones durante y después del embarazo así como la inconveniencia del embarazo tanto en el ámbito de salud así como en el psicosocial antes de los 20 años, o bien después de los 35.

Para ello propone reformar el primer párrafo del artículo 67 de la Ley General de Salud, como se expone en la siguiente tabla:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad.

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta ley, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran.

En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.

Propuesta

Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo y las complicaciones durante y después del embarazo se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo tanto en el ámbito de salud así como en el psicosocial antes de los 20 años , o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

...

...

...

IV. Consideraciones

Primera. El concepto integral de salud reproductiva es relativamente reciente. En la Organización Mundial de la Salud se iniciaron debates a finales de la década de los ochentas, sobre la conveniencia de ampliar el enfoque de los programas de planificación familiar, incorporando las demandas de grupos amplios de la sociedad que abogaban por los derechos sexuales y reproductivos de toda la población.

En el plano personal, la salud reproductiva se refiere a un continuo que empieza antes de la concepción, incluye la educación a edades tempranas, abarca el desarrollo del adolescente y pasa por el período de la fecundidad y la reproducción hasta que, en la mujer, desemboca en la menopausia y el climaterio y, en el hombre, en la andropausia. En el plano colectivo, es parte integrante del desarrollo sostenible de un país y se basa en los derechos y deberes humanos individuales y sociales.

Esta definición dicta: “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”. De esta manera, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, y de procrear; y la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su elección, así como a otros métodos para la regulación de la fecundidad, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables; el derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos.

En armonía con esta definición, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y bienestar reproductivos al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. Incluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales y no meramente el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y de enfermedades de transmisión sexual.

Teniendo en cuenta la definición que antecede, los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas. Estos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos.

La salud reproductiva es un proceso de toda la vida y parte integrante del desarrollo humano. Tiene que ver con la preparación, antes de la concepción, para tener un bebé sano y, más tarde, con velar por que el embarazo, el parto y el puerperio sean seguros. Luego tiene que ver con el niño pequeño, a medida que se van formando sus actitudes acerca de las relaciones entre los sexos, el comportamiento sexual y la reproducción. Más adelante, concierne al adolescente, cuando los conocimientos y actitudes se transforman en prácticas y se busca protección contra las enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto, tiene gran importancia para el adulto que piensa en formar su familia y se preocupa por la posible aparición de problemas crónicos. Por último, tiene que ver con el anciano frente a los cambios hormonales y de las relaciones familiares.

Segunda. Los Objetivos del Desarrollo del Milenio, provenientes de la Declaración del Milenio, adoptada en 2000 por 189 países, ofrecen un marco institucional para evaluar los progresos realizados hacia el desarrollo sostenible y la eliminación de la pobreza. De los ocho Objetivos, tres (mejorar la salud materna, reducir la mortalidad y combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades) están directamente relacionados con la salud reproductiva y sexual, mientras que otros cuatro (erradicar la pobreza y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer y garantizar la sostenibilidad del medio ambiente) guardan una estrecha relación con la salud. Entre las metas específicas figuran

• Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes;

• Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años; y

• Haber tenido y comenzado a reducir, para 2015, la propagación del VIH/sida.

En 1999, en el vigésimo primer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, se acordó una serie de parámetros adicionales para evaluar la ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Así por ejemplo, para 2015, la proporción de partos asistidos por personal calificado debería alcanzar una media mundial de 90 por ciento y situarse al menos en 60 por ciento en los países con altas tasas de mortalidad materna.

En publicación de 2011 [Salud Pública Mex 2011;53 (S3):S312], el Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP) plantea una estrategia regional que permita enfrentar los problemas de salud de la región mediante acciones coordinadas entre los países, que fortalezcan su capital humano y sus sistemas de salud, inicialmente en cuatro áreas temáticas: nutrición, inmunizaciones, enfermedades transmitidas por vector y salud materna, reproductiva y neonatal (SMRN). Se entiende por Mesoamérica la región que abarca a los países centroamericanos –Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá– y a nueve estados del sur de México (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán).

El panorama epidemiológico en SMRN en la región indica que aunque ha habido avances en indicadores de mortalidad materna y neonatal, pero aún hay tasas de mortalidad inaceptablemente altas. Esto hace altamente relevante el trabajo en esta área, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Mileno 4 y 5, relacionados con la mortalidad materna e infantil.

Como conclusión, el SMSP establece que las tasas de fecundidad han disminuido durante los últimos diez años en todos los países de la región. Al mismo tiempo, la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos ha aumentado. Además, las tasas de fecundidad entre los adolescentes han disminuido más lentamente que en otros grupos etarios. El acceso a la anticoncepción sigue siendo limitado y los métodos no siempre se ofrecen en un contexto que aliente la elección libre e informada mediante el ofrecimiento de información completa, asesoría o ambas.

Tercera.Una adecuada educación de la sexualidad, desde la infancia, puede resultar en una poderosa y eficaz medida preventiva para evitar las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, lo que debe sumarse al gran auxilio que prestan ciertos instrumentos de probada eficacia como: la utilización adecuada de métodos anticonceptivos, la consejería genética, la educación para la salud, así como el trabajo psicológico y educativo en temas de autoestima, comunicación y asertividad (Perinatol Reprod Hum 2000; 14: 206-216).

Según el Consejo Informativo y Educativo de Estados Unidos de América sobre Sexualidad, una educación amplia de la sexualidad debe abarcar las siguientes áreas: desarrollo sexual, salud reproductiva, relaciones interpersonales, afecto, intimidad, imagen corporal y funciones de género. Los padres son los educadores primarios de sus hijos a través de su comportamiento, de la transmisión de valores, de las relaciones familiares y del ámbito social.

Aunado a esto, los profesores y el personal de salud, así como organizaciones también juegan un papel importante en la educación de la sexualidad. En este sentido, diversos organismos gubernamentales, como el Consejo Nacional de Población y algunas organizaciones no gubernamentales (como Meifam, Coda, Imifap) se han interesado en formar y capacitar recursos humanos que promuevan una adecuada educación sobre sexualidad. Estas organizaciones han llevado a cabo programas de capacitación dirigidos a niños y niñas púberes y adolescentes, así como a profesores y padres de familia y han publicado gran variedad de materiales educativos para dicho fin.

La Secretaria de Educación Pública, desde 1998, ha incluido información sobre educación sexual en los libros de texto de Ciencias Naturales, de quinto y sexto año de primaria, con una perspectiva de género. Por su parte, en los tres años de educación secundaria se abordan temas de sexualidad en la materia de formación cívica y ética. Hay gran disponibilidad de información visual e impresa con los beneficios que ha traído la computación y en particular el uso del Internet. Asimismo, se ha incrementado la oferta de servicios en instituciones públicas y privadas que trabajan en la formación y capacitación sobre sexualidad. Sin embargo, queda mucho por hacer.

Cuarta. Cada país tiene políticas y normas nacionales en el área de salud materna, reproductiva y neonatal, y éstas suelen estar bien diseñadas y actualizadas. No obstante, los mecanismos para garantizar que todas las actividades incluidas en estos planes se implementen son limitados, así como lo son los sistemas de monitorización, supervisión y evaluación. En consecuencia, muchas de las actividades y programas prioritarios pueden no realizarse de forma efectiva.

La situación de los recursos humanos existentes y los sistemas de salud muestran importantes necesidades. En el área de salud materna, existe una baja capacidad en lo que se refiere a recursos humanos para la atención obstétrica básica de emergencia, la existencia de bancos de sangre y medicamentos, infraestructura y entrenamiento del personal en primer y segundo nivel. En el área de salud neonatal también hay limitaciones importantes de personal entrenado en servicios de primer nivel y en la comunidad, así como en la coordinación entre la comunidad y los servicios de salud. Hay también limitaciones en el abastecimiento de medicamentos y unidades de cuidados intensivos neonatales equipadas con recursos materiales y humanos. Por último, en el área de salud reproductiva y planificación familiar, también hay una capacidad débil en lo que se refiere a entrenamiento de proveedores y administradores, así como trabajadores sociales para entrenar a la comunidad en cuanto al mejoramiento de su participación. Hay también limitaciones en insumos y en los sistemas de monitoreo y evaluación.

En resumen, si las reducciones de la mortalidad materna y neonatal continúan al mismo paso observado en años recientes, es probable que no se alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio 4 y 5.

Quinta. El embarazo no intencionado, tanto el no planificado como el no deseado, en adolescentes es un problema de salud pública común en todo el mundo. Los embarazos repetidos en este grupo también ocurren con frecuencia y están relacionados con mayores riesgos de resultados adversos para madres adolescentes y sus bebés. Las muertes relativas al embarazo y al parto representan la causa número uno de muerte en mujeres de 15 a 19 años de edad en todo el mundo. Al menos 2 millones más de mujeres jóvenes, como consecuencia del embarazo y el parto, desarrollan una enfermedad crónica o una discapacidad, que puede hacerles padecer sufrimiento de por vida, vergüenza o abandono. Las mujeres primerizas más jóvenes, físicamente inmaduras y, a menudo, con pocos recursos, tienen el mayor riesgo. Además, cada año, de 2.2 a 4 millones de adolescentes recurren a un aborto no seguro. El noventa por ciento de las muertes maternas ocurre en lugares en vías de desarrollo, y la mayoría se puede prevenir.

En México, el número de mujeres adolescentes se incrementó de manera importante durante los últimos treinta años. En 1970 había aproximadamente 5.7 millones, para 2000 esta población casi se duplicó al llegar a 10.7 millones. En contraste, durante este mismo periodo la tasa de nacimientos en madres adolescentes descendió de forma considerable, mientras que en 1970 había 58 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, para 1998 se redujo a 36 nacimientos por cada mil.

Las adolescentes representan 19.1 por ciento de las mujeres en edad reproductiva. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica en México de 2009, la edad media a la primera relación sexual de las mujeres de 15 a 49 años son los 18 años, lo que las ubica entre las mujeres expuestas al riesgo de concebir un embarazo.

El embarazo en mujeres adolescentes es prematuro en función de su desarrollo biológico, fisiológico, psicológico y social. El riesgo de tener algún problema o complicación durante el embarazo, parto o puerperio es mayor para las mujeres adolescentes, sin dejar de lado las condiciones de nutrición y salud previas al embarazo y el tipo de atención prenatal que reciben que son factores de riesgo para todas las mujeres.

Sexta. En la exposición de motivos, los promoventes hacen mención que el embarazo durante la adolescencia es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un embarazo de riesgo, debido a las repercusiones que tiene sobre la salud de la madre y el producto, además de las secuelas psicosociales, particularmente sobre el proyecto de vida de los jóvenes.

Las principales causas de muerte materna en México son los trastornos hipertensivos del embarazo y las hemorragias durante el embarazo, el parto y puerperio. En las zonas urbanas casi la mitad de las muertes maternas se debe a complicaciones del embarazo, dentro de las que destaca la preclampsia. El reto es mejorar el acceso, la calidad y la oportunidad de atención de parto y puerperio. Un problema que es necesario atender de manera prioritaria es el de los embarazos en adolescentes. En las instituciones públicas de salud 21 por ciento de los partos atendidos en 2005 fueron en menores de 20 y casi 7 mil 289 ocurrieron en niñas de 10 a 14 años de edad. El riesgo de morir de las adolescentes que se embarazan es de 1.2 veces mayor que el de las embarazadas mayores de 20 años.

El indicador que a la fecha mejor refleja la magnitud de este problema en México es el porcentaje de partos en menores de 20 años en las instituciones públicas. En 2005 se registraron 1 millón 174 mil 209 partos en estas instituciones, 21 por ciento de los cuales correspondió a menores de 20 años.

Por lo anterior uno de los retos es crear espacios de Medicina de primer nivel a donde los adolescentes puedan acudir sin necesidad de un adulto para responder a las inquietudes respecto a su sexualidad.

Séptima. La comisión dictaminadora ve con optimismo este tipo de exhortos, al considerar de gran relevancia que otras instancias que no sean exclusivamente la Secretaría de Salud en todos sus niveles, se están sumando al interés y la atención para mantener visible y vigente el enfoque multidisciplinario de este problema de salud pública que representa en México los embarazos no planeados en la población adolescente, esto fortalece el abordaje integral con las secretarías del Estado directamente relacionadas en su atención y resolución, porque involucra y vincula íntimamente a los diferentes sectores y niveles de gobierno, así como la población en su conjunto.

Es evidente que la Secretaría de Salud ha hecho y continúa realizando grandes esfuerzos para enfrenar este difícil desafío y se han obtenido grandes resultados pero quedan muchos retos por enfrentar, por lo que este exhorto posiciona y fortalece el interés y la atención en el desarrollo de las acciones que se requieren y, que además de la Secretaría de Salud, se sumen a este esfuerzo las secretarías y los institutos que puedan apoyar a la solución del problema.

Octava.La comisión dictaminadora coincide con los promoventes en señalar que las adolescentes embarazadas se encuentran en un estado de vulnerabilidad que amerita atención prioritaria, y por ello evitar embarazos no deseados debe ser fundamental.

Al respecto, la legislación vigente contiene preceptos que abordan el tema:

El artículo 4o. constitucional establece el derecho a decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos, es decir, es el fundamento jurídico de la planificación familiar, sin embargo, también regula los derechos de los niños y niñas –entre los que se incluyen los adolescentes– a la salud y a la educación:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

El Consejo Nacional de Población regulado por la Ley General de Población será el órgano encargado de la planeación demográfica, en ese sentido está facultado para llevar a cabo las políticas y programas de planificación familiar de conformidad con lo que establece el artículo 4o. constitucional.

Ley General de Población

Artículo 5o. Se crea el Consejo Nacional de Población que tendrá a su cargo la planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que plantean los fenómenos demográficos.

Para cumplir los objetivos de la Ley General de Población el Ejecutivo Federal emitió el reglamento correspondiente, en cuya sección segunda se reglamenta lo correspondiente a la planificación familiar, además de prever sobre el número y espaciamiento de los hijos se señala que deberá darse a conocer los beneficios que genera concebirlos en la edad adecuada.

Reglamento de la Ley General de Población

Artículo 13.Para efectos de este reglamento, la planificación familiar, en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el ejercicio del derecho de toda persona a decidir, de manera libre, responsable e informada, sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a obtener la información especializada y los servicios idóneos.

Artículo 18.La educación e información sobre planificación familiar deberán dar a conocer los beneficios que genera decidir de manera libre y responsable sobre el número y espaciamiento de los hijos y la edad para concebirlos. Asimismo, deberán incluir la orientación sobre los riesgos a la salud que causen infertilidad y las estrategias de prevención y control. El consejo pondrá especial atención en proporcionar dicha información a los jóvenes y adolescentes.

Con objeto de dar cabal cumplimiento al mandato constitucional y a la Ley General de Población y desde el punto de vista sanitario en la Ley General de Salud establece en el capítulo VI, “Los servicios de planificación familiar”, que ésta tiene carácter prioritario, y contiene puntos relevantes como: otorgar orientación educativa en materia de sexualidad a adolescentes y disminuir el riesgo reproductivo a través de la información que se le proporcione a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años:

Ley General de Salud

Artículo 3o.En los términos de esta ley, es materia de salubridad general

V. La planificación familiar;

Artículo 67. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo reproductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja.

Artículo 68. Los servicios de planificación familiar comprenden

I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo Nacional de Población;

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar;

III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población;

IV. El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;

V. La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar;

VI. La recopilación, sistematización y actualización de la información necesaria para el adecuado seguimiento de las actividades desarrolladas.

Artículo 69. La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población para la prestación de servicios de planificación familiar y de educación sexual, definirá las bases para evaluar las prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a su prevalecencia y a sus efectos sobre la salud.

Artículo 70. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule el Consejo Nacional de Población, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Población y de su reglamento, y cuidará que se incorporen al programa sectorial.

Artículo 71. La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional.

En el caso de la ley que protege a la niñez y a la adolescencia, con relación al derecho a la salud, prevé la coordinación en los tres niveles de gobierno para que se establezcan medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos,además de establecerse la diferencia entre niños y adolescentes atendiendo a rangos de edad.

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Capítulo Octavo

Del Derecho a la Salud

Artículo 28.Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud. Las autoridades federales, del Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, se mantendrán coordinados a fin de

...

H.Establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos.

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud establece que son jóvenes los comprendidos en un rango de edad de entre 12 y 29 años, por lo que atendiendo a la edad que corresponde a los adolescentes, éstos quedan comprendidos dentro de esta ley y, por tanto, se hacen acreedores a los derechos que se protegen y otorgan a éstos, a través del Instituto Mexicano de la Juventud quien tiene atribuciones para que en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública, elabore programas y cursos de orientación e información sobre educación sexual y salud reproductiva.

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 2.Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra.

Artículo 4.Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

...

XIII.Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la Administración

Pública Federal, programas y cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y vivienda;

En consecuencia, al analizar la legislación vigente en la materia, se establece que existe suficiente sustento jurídico para destacar que el embarazo en la adolescencia es un tema prioritario y debe atenderse.

En este sentido, se advierte que la propuesta de reforma del artículo 67 de la Ley General de Salud es inviable. En primer lugar, hacer énfasis en las complicaciones durante y después del embarazo es redundante e innecesario, toda vez que éstas forman parte del riesgo reproductivo del cual se hace mención en el mismo artículo. Es decir, las complicaciones obstétricas están implícitas cuando se trata de los riesgos reproductivos. En segundo lugar, hacer distinción de los ámbitos de salud y psicosocial en relación con las inconveniencias del embarazo en edades no óptimas para éste, se advierte también que es reiterativo, en vista que la salud es un amplio espectro de bienestar físico, social y psicológico, como se define por la OMS.

En virtud de lo anterior, la Comisión de Salud de la LXII Legislatura somete a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero.Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, presentada por Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Adolescence: a time that matters. New York: UNICEF, 2002.

2 Olukoya, P., et al. “Unsafe abortion in adolescents”, en International Journal of Gynecology and Obstetrics 2001; 75:137-147.

3 Bale JR, Stoll BJ, Lucas AO, editores. Improving birth outcomes: meeting the challenge in the developing world. Washington, DC: The National Academies Press, 2003

4 Wagstaff A, Claeson M. The Millennium Development Goals for health: rising to the challenges. Washington, DC: The World Bank, 2004.

5 Conapo 1998.

6 La Encuesta Nacional de Violencia en el Noviazgo 2007 señala como edad media a la primera relación sexual los 17.4 años. La diferencia radica en que el universo de esta encuesta son las jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. De las mujeres de este grupo de edad, 15-24, que habían tenido relaciones sexuales, 20.6 por ciento las tuvo a los 15 años.

7 “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Organización Mundial de la Salud. 2014. http://www.who.int/suggestions/ faq/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 301 y adiciona el 307 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

1. Con fecha 7 de noviembre de 2013, la diputada María Sanjuan Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó iniciativa que reforma  el artículo 301 y adiciona un artículo 307 Bis a la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

Contenido de la iniciativa

Incluir a las bebidas no alcohólicas con azúcar dentro de los productos cuya publicidad sobre existencia, calidad, características, así como para promover su uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud debe autorizarse por la Secretaría de Salud. Establecer los requisitos a que debe sujetarse la publicidad, venta, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas con azúcar nacionales o de procedencia extranjera. Facultar a la Secretaría de Salud para dispensar el requisito sobre la leyenda relativa a los riesgos a la salud derivados del consumo de esos productos cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad, claridad, impacto y duración, se advierta sobre los daños o repercusiones en la salud que se derivan del consumo excesivo o frecuente de este tipo de bebidas.

Se reforma el artículo 301 y adiciona el artículo 307 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud, la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta Ley en materia de publicidad.

Iniciativa

Artículo 301. Será objeto de autorización por parte de la Secretaría de Salud la publicidad que se realice sobre la existencia, calidad y características, así como para promover el uso, venta o consumo en forma directa o indirecta de los insumos para la salud, las bebidas alcohólicas , las bebidas no alcohólicas con azúcar, así como los productos y servicios que se determinen en el reglamento de esta ley en materia de publicidad.

Artículo 307 Bis. La publicidad, venta, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas con azúcar nacionales o de procedencia extranjera deberá sujetarse a los siguientes requisitos:

I. Presentar la información sobre las características, calidad y técnicas de elaboración de estos productos;

II. Estos productos no podrán presentarse como generadores de bienestar, salud, valor intangible o asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas;

III. No se podrá asociar estos productos con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, hacer exaltación de prestigio social, virilidad o femineidad;

VI. El mensaje visual, auditivo o visual y auditivo deberá contener la siguiente leyenda: “El consumo frecuente o excesivo de este producto contribuye al aumento de peso, lo cual incrementa el riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares”.

VII. En el mensaje deberá apreciarse con claridad, en forma visual o auditiva, según el medio publicitario que se emplee, la leyenda que se refiere en la fracción anterior.

VIII. Todas las bebidas no alcohólicas con azúcar en presentación líquida, en concentrado para preparar líquido o en polvo deberán contener en su etiquetado o contra etiquetado la leyenda establecida en la fracción VI de este artículo.

IX. En el caso de los menús, cartas, catálogos, pizarrones o medio a través del cual los establecimientos mercantiles ofrecen éste tipo de productos tendrán que sujetarse a lo establecido en las fracciones VI y VII del presente artículo.

La Secretaría de Salud podrá dispensar los requisitos previstos en las fracción VI y VII del presente artículo, cuando en el propio mensaje y en igualdad de circunstancias, calidad, claridad, impacto y duración, se advierta sobre los daños o repercusiones en la salud que se derivan del consumo excesivo o frecuente del tipo de bebidas a que hace referencia este artículo.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para su aplicación.

Tercero. Se concede un plazo de trescientos sesenta y cinco días naturales, contados a partir de la entrada en vigor para que fabricantes, embotelladores, comercializadores, distribuidores o establecimientos mercantiles que ofrecen bebidas no alcohólicas con azúcar o sustancia afín para que puedan hacer las adecuaciones pertinentes en el etiquetado, contra etiquetado o envase de este tipo de productos, así como las modificaciones en la publicidad a fin de acatar lo establecido en el Artículo 307Bis.

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en su párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecera la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Ley General de Salud en su Capítulo II  denominado “Alimentos y Bebidas no Alcohólicas” Articulo 215, fracción II, establece que para los efectos de esta Ley se entenderá como bebida no alcohólica, cualquier líquido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición.

Por otra parte, el artículo 115 de la Ley General de Salud establece en su fracción IV lo siguiente:

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. a III. ...

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

En este sentido el Titulo Décimo Tercero denominado “Publicidad” de la misma ley, establece en su artículo 300, que con el fin de proteger la salud pública, será competencia de la Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refiera a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabilitación de las personas con discapacidad, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a los productos y servicios a que se refiere esta ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Economía, Comunicaciones y Transportes y otras dependencias del Ejecutivo federal.

Bajo ésta premisa el artículo 307 del mismo Título establece que tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas. Así como también que la  publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, ni atribuir a los alimentos industrializados un valor superior o distinto al que tengan en realidad y deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada.

En consecuencia se estima pertinente desechar la reforma al Artículo 301 ya que el objeto que se persigue ya se encuentra previsto en los artículos anteriormente descritos.

Tercera. A lo que se refiere la adición de un Artículo 307 Bis en materia de publicidad, venta, distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas con azúcar  nacionales o de procedencia extranjera, es importante mencionar  que la Ley General de Salud en el Artículo 210 establece que los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.

Por otra parte, el artículo 212 de la misma Ley, establece que la naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI del artículo 115.  Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, y tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

Cuarta. En relación a la adición de la fracción IX del mismo artículo, se señala que en el artículo 199 de la Ley General de Salud, establece que corresponde a los gobiernos de las entidades federativas ejercer la verificación y control sanitario de los establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezclados, preparados, adicionados o acondicionados, para su consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, basándose en las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan.

Quinta. Actualmente existe un Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el control sanitario de la publicidad de los productos, servicios y actividades a que se refiere la Ley General de Salud, estableciendo en su Titulo Tercero, denominado “Publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas” en el que se establece lo siguiente:

Artículo 20. La publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas no deberá desvirtuar ni contravenir las disposiciones que en materia de educación nutricional, higiénica y de salud establezca la secretaría.

Artículo 21. La publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas no podrá presentar a estos productos como estimulantes ni modificadores del estado físico o mental de las personas, excepto aquellos casos que así hayan sido reconocidos por la Secretaría.

Artículo 22. La publicidad de alimentos, suplementos alimenticios y bebidas no alcohólicas, no deberá:

I. Inducir o promover hábitos de alimentación nocivos para la salud;

II. Afirmar que el producto llena por sí solo los requerimientos nutricionales del ser humano;

III. Atribuir a los alimentos industrializados un valor nutritivo superior o distinto al que tengan;

IV. Realizar comparaciones en menoscabo de las propiedades de los alimentos naturales;

V. Expresar o sugerir, a través de personajes reales o ficticios, que la ingestión de estos productos proporciona a las personas características o habilidades extraordinarias;

VI. Asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas o tabaco, y

VII. Declarar propiedades que no puedan comprobarse, o que los productos son útiles para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico.

Capítulo II

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Artículo 23. La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir mensajes precautorios sobre la condición del producto, así como mensajes promotores de una alimentación equilibrada o de fomento de buenos hábitos higiénicos.

El anunciante tendrá la opción de no incluir mensajes en audio, cuando en el propio anuncio se promuevan los aspectos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 24. El anunciante de alimentos y bebidas no alcohólicas podrá sustituir los mensajes a que se refiere el artículo anterior por mensajes informativos que cumplan con los siguientes requisitos:

I. Que los haya convenido expresamente con la Secretaría;

II. Que el contenido de los mensajes informativos se refiera, según lo determine la Secretaría, a los riesgos para la salud que representa el producto o servicio, a la promoción de hábitos nutricionales o higiénicos, a la prevención de accidentes, a la lucha contra las adicciones o a otros contenidos que, por su importancia o interés, determine la propia Secretaría;

III. Que el número de los mensajes informativos esté acordado previamente con la Secretaría de conformidad con el número total de anuncios comerciales de la campaña publicitaria, el producto o servicio a publicitar, el medio que se utilice y el alcance de éste.

En ningún caso la proporción que se acuerde podrá ser menor al cinco por ciento para los mensajes que promuevan hábitos higiénicos o nutricionales;

IV. Que la difusión de los mensajes se haga a través del mismo medio de comunicación y con iguales características de producción que sus anuncios publicitarios, de conformidad con lo siguiente:

a. En anuncios en medios impresos deberán tener una presencia equivalente en ubicación y visibilidad y

b. En anuncios en medios electrónicos deberán tener la misma duración que su anuncio publicitario más prolongado, y difundirse en el mismo horario que éste, y

V. Que en dichos mensajes el anunciante incorpore únicamente su razón social para efectos de identificación por parte de la Secretaría y sin fines comerciales.

El convenio que en términos de este artículo se celebre tendrá una vigencia de seis meses y podrá prorrogarse, previa presentación de los documentos que acrediten el cumplimiento de los compromisos asumidos por el anunciante.

La secretaría celebrará los convenios en condiciones de equidad para los productos, servicios y actividades comprendidos en una misma categoría.

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, el anunciante deberá, sin excepción, incluir en la publicidad los mensajes correspondientes en los términos del artículo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondan.

Sexta. El pasado 10 de febrero de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana NOM-218-SSA1-2011, Productos y servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, sus congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas con cafeína. Especificaciones y disposiciones sanitarias. Métodos de prueba. Esta norma establece las disposiciones y especificaciones sanitarias que deben cumplir las bebidas saborizadas no alcohólicas (incluye bebidas para deportistas), sus congelados, los productos concentrados para prepararlas y las bebidas adicionadas con cafeína. Esta norma no aplica a productos que cuenten con una regulación sanitaria particular, los cuales deben ajustarse a las especificaciones sanitarias que para cada uno de ellos determine la Secretaría de Salud, la cual es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación. La cual es complementaria de las siguientes Normas Oficiales Mexicanas, sus modificaciones o las que las sustituyan: Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006. Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes, Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994. Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales, Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Salud ambiental, agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización, Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995. Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometido a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias, Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002. Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias, Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009. Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.

Vistas las reformas que se han descrito y conocidos los razonamientos que se manifiestan con la intención de justificar la oportunidad de su vigencia, la iniciativa de mérito resulta innecesaria toda vez que el objeto que se persigue con la propuesta del legislador ya se encuentra previsto en el marco jurídico vigente.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Resolutivos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el se reforma el artículo 301 y adiciona un artículo 307 Bis a la Ley General de Salud, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo, a los 12 días del mes de febrero de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Isaías Cortés Berumen (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song, Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Raquel Jiménez Cerrillo, María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

DECRETO QUE DECLARA 2013 COMO AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ, DE LA LIBERTAD Y DE LA REPUBLICA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que declara 2013 como Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para estudio, análisis y dictamen correspondiente la minuta con proyecto de decreto por el que se declara 2013 como Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71 y 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

1.El 6 de febrero de 2013, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Luis Alberto Villarreal García, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Silvano Aureoles Conejo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; y Lucila Garfias Gutiérrez, coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto a fin de declarar 2013 como Año de la Libertad y de la República, conmemorativo del centenario de las muertes del presidente Francisco I Madero, del vicepresidente José María Pino Suárez, del senador Belisario Domínguez Palencia y de los diputados Serapio Rendón, Gustavo A Madero y Adolfo C. Gurrión quienes, con miles de mexicanos más, ofrendaron la vida por los ideales de una república libre, justa, democrática, constitucional, y con ese motivo se realicen actividades cívicas, culturales y académicas en su honor.

2. En la misma fecha, el pleno de la Cámara de Diputados dispensó los trámites al proyecto de decreto al que se ha hecho mención, aprobándose con 411 votos y remitiéndose la minuta al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.

3. El 7 de febrero de 2013, el pleno del Senado de la República dio cuenta de la minuta de referencia turnándose a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos para estudio y dictamen correspondiente.

4. El dictamen de las comisiones unidas del Senado sobre la minuta materia de este documento fue aprobado el 20 de marzo de 2013, ordenándose su remisión a la Cámara de Diputados para los efectos precisados en el artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. La minuta correspondiente fue recibida por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 15 de octubre de 2013, siendo turnado a la Comisión de Gobernación para estudio y dictamen.

6. El 19 de febrero de 2014, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exponen el contenido de la minuta, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A) En lo general

1. Las consideraciones del dictamen de la colegisladora estiman de especial relevancia el significado histórico de 2013 en virtud de del centenario de hechos fundamentales para el desarrollo institucional al conmemorarse los hechos de la Decena Trágica y los magnicidios del presidente Madero, del vicepresidente Pino Suárez, de los diputados Serapio Rendón, Gustavo A Madero, Adolfo C. Gurrión y del senador Belisario Domínguez.

2. La colegisladora señala que no se puede ignorar la declaratoria del Senado de la República para considerar 2013 como Año de Belisario Domínguez, a propósito del sesquicentenario de su nacimiento y del centenario de su sacrificio. La colegisladora considera que a un siglo de las muertes descritas, es necesario los mexicanos recuerden a estos ilustres próceres de nuestra historia como hombres que forjaron con su sangre una nación de instituciones y de leyes al servicio de la patria y del pueblo.

3. Esta comisión considera loables los propósitos de la iniciativa y las consideraciones de la colegisladora con el fin de rendir el tributo debido a los próceres quienes, un siglo atrás en 1913, ofrendaron su vida por los ideales de la libertad para una república fundada en instituciones democráticas.

4. No obstante, esta comisión, al haber recibido la minuta en octubre de 2013 para estudio y dictamen, así como el inicio de un año distinto del correspondiente al proyecto decreto, estima que su propósito ha caducado, por lo que no sería posible cumplir cabalmente la serie de homenajes y de las inscripciones de la leyenda señalada en la correspondencia oficial, además de que, a lo largo de 2013, se realizaron actos cívicos conmemorativos, particularmente en el Congreso de la Unión, que recordaron el centenario de los hechos que nos ocupan.

5. De igual forma, el 29 de marzo de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Congreso de la Unión que estableció las características de una moneda conmemorativa del 150 aniversario del natalicio y 100 aniversario luctuoso de Belisario Domínguez Palencia.

6. Si bien la moneda, con un valor de 20 pesos, se dedicó al legislador mártir, esta comisión la considera coincidente con el propósito de la que se dictamina en el presente documento, por lo que al ser dedicada a los próceres, especialmente al senador Belisario Domínguez, queda satisfecha además de haber sido superada en el tiempo para ser acuñada durante 2013 dedicado a la libertad y a la república.

Por lo expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos, los integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura someten a consideración del pleno de esta asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta proyecto de decretopor el que se declara 2013 como Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República.

Segundo.Devuélvase a la Cámara de Senadores para los efectos precisados en el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 2014.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica en abstención), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica en abstención), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica en abstención), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en abstención), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica en abstención), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios (rúbrica en abstención), Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Simón Valanci Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto que adiciona la fecha 5 de junio “Aniversario del nacimiento, en 1878, del General Francisco Villa, prócer de la Revolución” al artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada por el pleno del Senado de la República, el 11 de septiembre de 2012, se dio cuenta del oficio por el que el Congreso de Chihuahua por el que se propone la adición al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha y conmemoración del nacimiento del general Francisco Villa.

2.En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso que la iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera para su estudio y dictamen correspondiente.

3.El Senado de la República, en sesión del ocho de octubre de dos mil trece, aprobó el dictamen correspondiente, instruyéndose la remisión de la minuta correspondiente a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.La minuta correspondiente fue recibida por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión del diez de octubre de dos mil trece, siendo turnado a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

5.El diecinueve de febrero de dos mil catorce, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la minuta al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A) En lo general

1. La identidad nacional ha sido el resultado del tránsito de México por la historia común, legando al país un conjunto de valores referidos al fomento y cuidado de nuestra independencia y soberanía; de la libertad y justicia; de la democracia y del amor a la patria.

2. Esta identidad y valores quedan representados en los símbolos patrios cuyo respeto y veneración refrenda la unidad y afianza la identidad del pueblo de México en afirmación de su conciencia histórica, misma que festeja y conmemora los acontecimientos realizados por los hombres y mujeres que dieron su talento y vida con el fin de formar nuestra identidad como mexicanos.

3. El objeto de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales es regular las características, uso y ejecución de cada uno de los símbolos patrios, fomentando su respeto y veneración por las cuales se sustenta la unidad y los valores más importantes de la república. Uno de esos símbolos es nuestra Bandera Nacional que refleja las características culturales y sociales del pueblo mexicano y que es un motivo de unidad y de cohesión social de nuestra nacionalidad.

4. Las valoraciones históricas realizadas por la colegisladora relativa a la adición al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales de la fecha “5 de junio: Aniversario del nacimiento, en 1878, del general Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana, señalan la importancia de este proyecto de decreto a fin de rendir homenaje al general Francisco Villa, uno de los pilares de nuestra patria como afirma en el capítulo de consideraciones y que se transcribe a continuación:

Estas comisiones dictaminadoras comparten el sentido y alcance de la propuesta objeto del presente dictamen, toda vez que estiman necesario hacer una merecida distinción al general Francisco Villa con la reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que determina las formas en que, mediante el uso de la Bandera Nacional, se rinda homenaje a las personas que con sus acciones le brindaron los pilares a nuestra patria

5. Esta comisión coincide con la legisladora y afirma el gran legado de Francisco Villa como uno de los grandes líderes revolucionarios, lo que deriva en la adición propuesta a la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; sin embargo, los integrantes de esta comisión advierten del lamentable evento ocurrido en esta fecha, el 5 de junio de 2009, cuando un incendio en la guardería ABC de Hermosillo, en Sonora, cobró la vida de 49 niñas y niños y 75 infantes resultaron lesionados

6. En efecto, el movimiento de la sociedad civil, particularmente de los padres de familia quienes fueron afectados de forma directa por esta tragedia lamentable, obligó al Ejecutivo federal a expedir un decreto publicado el tres de junio de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación por el que se decreta como un día de luto nacional al 5 de junio, “ consciente de que lo acontecido constituye una herida profunda y una pena que embarga no sólo al pueblo de Sonora, sino a todos los mexicanos”. En este sentido, el decreto determina:

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 15 y 19 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

Considerando

Que el 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, se registró un incendio en las instalaciones de la “Guardería ABC, Sociedad Civil”, a raíz del cual fallecieron 49 niñas y niños y 75 infantes resultaron lesionados;

Que la magnitud de la tragedia conmueve y une al pueblo de México, refrendando la solidaridad para con los padres y familiares de los menores que perdieron la vida y que resultaron heridos;

Que el gobierno de México, al tiempo que reitera que se continúa trabajando para evitar que tragedias tan lamentables se repitan en nuestro país, está consciente de que lo acontecido constituye una herida profunda y una pena que embarga no sólo al pueblo de Sonora, sino a todos los mexicanos, y

Que en testimonio a dicha tragedia, he tenido a bien expedir el siguiente

Acuerdo

Artículo Primero. Se declara día de duelo nacional el 5 de junio, por la tragedia ocurrida en la “Guardería ABC, Sociedad Civil” en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

Artículo Segundo. En señal de duelo nacional, se acuerda el izamiento de la bandera nacional a media asta el día 5 de junio de cada año.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

7. De acuerdo con la anterior, esta comisión, si bien resalta la gran herencia dada al México de hoy legada por el prócer Francisco Villa, es también de destacar que la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, marcó la historia de nuestro país, especialmente por la pérdida de vidas inocentes y las consecuencias que, a partir de la desgracia, expusieron fallas graves en los servicios de las estancias y guarderías, revelando insuficiencias y carencias que deben ser remediadas a fin de que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir, especialmente sobre los niños y niñas quienes, desde su tierna edad, deben ser protegidos en el goce de sus derechos obedeciendo al principio del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la minuta proyecto de decreto no se considera viable.

8. Sin embargo, los integrantes de esta comisión estiman que, a través de una nueva iniciativa con proyecto de decreto que adicione el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, pueda proponerse la adición de una fecha conmemorativa distinta que rinda homenaje al héroe revolucionario, el general Francisco Villa, especialmente al cumplirse el centenario de diversos hechos que dieron paso al orden constitucional que nos rige actualmente.

Por lo expuesto, y para los efectos del artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura, someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la minuta proyecto de decreto que adiciona la fecha 5 de junio: Aniversario del nacimiento, en 1878, del general Francisco Villa, prócer de la Revolución Mexicana al artículo 18, inciso a) de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Segundo. Se devuelve a la Cámara de Senadores para los efectos precisados en el artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 2014.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica a favor y en contra), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Rodrigo González Barrios (rúbrica), Luis Antonio González Roldán, Francisco González Vargas (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), Julio César Moreno Guzmán (rúbrica), Amoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández  (rúbrica), Simón Valancini Buzali, José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: D«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para dictamen la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

La Comisión de Asuntos Indígenas, con las atribuciones que le confieren el artículo 72, fracción E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, y 45, numerales 6, incisos e), y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 80, numeral 1 fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 84, 85, 95, numerales 1 y 2, incisos c), d) y e) 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numerales 1, 2 y 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 30 de abril del 2012, el diputado Edgardo Chaire Chavero del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Segundo. El 27 de febrero de 2013, la Comisión de Asuntos Indígenas, en su Primera Reunión Extraordinaria, aprobó por mayoría absoluta el Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Tercero. El 14 de marzo de 2013, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se aprobó con 431 votos a favor, el Dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, turnándolo a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Cuarto.El 19 de marzo de 2013, fue recibida en la Cámara de Senadores la Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, turnándola a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, para dictamen.

Quinto. El 8 de octubre del 2013, la Cámara de Senadores aprobó con 101 votos a favor, la Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, devolviéndola a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el 10 de octubre de 2013, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas el expediente y la Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, para dictamen.

Séptimo. El 18 de febrero de 2014, mediante oficio No. D.G.P.L. 62-II-6-1263, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, concedió prorroga para emitir el dictamen de la Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Consideraciones

Con fecha 8 de octubre de 2013, la H. Cámara de Senadores devolvió a esta Cámara de Diputados para los efectos de la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, planteando adicionar un segundo supuesto a la fracción XI del artículo 13 de la Ley en comento.

Esta comisión dictaminadora antes de iniciar el análisis de la Minuta considera pertinente transcribir lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional que a la letra dice:

“Artículo 72. ...

E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.”

En relación con lo anterior, la minuta remitida por esta Cámara de Origen a la Cámara Revisora para reformar la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, quedó aprobada en sus términos, por lo tanto, esta ya no puede ser alterada de manera alguna, de conformidad con lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional. En consecuencia, la reforma a la fracción XI del artículo 13, quedó aprobada en los términos siguientes.

Artículo 13. ...

I. a X. ...

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español;

XII. a XV. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo Federal contará con un plazo de 60 días para hacer las adecuaciones reglamentarias necesarias, de acuerdo a lo previsto en el decreto.

Con esta reforma a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, le corresponderá al Estado en sus distintos órdenes de gobierno apoyar en la formación y acreditación profesional de defensores públicos en lenguas indígenas nacionales y español.

Esta comisión dictaminadora reconoce a la colegisladora por la aprobación de la Minuta, ya que esta ayudara a zanjar la brecha de desigualdad que aún siguen sufriendo los indígenas de México al momento de acceder a la jurisdicción del Estado, ya que comúnmente se les viola y discrimina en su perjuicio el derecho constitucional a una defensa adecuada y sobre todo a un debido proceso legal.

Con base en lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 constitucional, esta Comisión dictaminadora sólo se avocará al análisis y discusión sobre la propuesta de adicionar un segundo supuesto a la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la cual fue aprobada por la colegisladora el pasado 8 de octubre del 2013. La modificación que propone la colegisladora es la siguiente:

Artículo 13. ...

I. a X. ...

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español. Para ello, propiciara(SIC) la formación en Derecho para acceder a cargos de Ministerio Público, Jueces y Magistrados en la procuración y administración de justicia.

XII. a XV....

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas reconociendo el trabajo de la colegisladora procedimos a analizar puntualmente la propuesta de adición de un segundo supuesto a la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

En este contexto y en ejercicio pleno de nuestras atribuciones constitucionales deseamos manifestar lo siguiente respecto a la propuesta de adición remitida por la colegisladora:

I. Es importante mencionar que las Comisiones dictaminadoras del Senado de la República solamente emitieron dictamen respecto a la Minuta remitida por esta Cámara de Origen, el cual fue aprobado en los términos en que fue enviada a la colegisladora, pero en la discusión ante el pleno de la Cámara de Senadores, celebrada el 8 de octubre del 2013, dicho dictamen fue modificado a propuesta del senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, adicionándose con ello un segundo supuesto a la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, lo cual implica que dicha adición no fue analizada y discutida por las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, sino sometida inmediatamente a discusión ante el pleno del Senado para su aprobación. Ello no significa que se haya violentado el proceso legislativo, pero sí que no hubo un análisis real al momento de votar la propuesta de adición hecha por el senador Fidel Demédicis Hidalgo, lo cual motivó que la Minuta fuera devuelta a esta Cámara para los efectos de la fracción E del artículo 72 de nuestra Carta Magna.

II. Los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, después de haber hecho un análisis exhaustivo de la Minuta, consideramos que la propuesta de modificación hecha por la colegisladora es sin lugar a dudas loable, pero no compartimos que la adición que se propone en la Minuta para “ propiciar la formacion(sic) en Derecho para acceder a cargos de Ministerio Público, Jueces y Magistrados en la procuración y administración de justicia,”deba mandatarse en la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, derivado de que esta Ley, tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas,como se dispone en su artículo 1°:

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.”

Así también, el artículo 5, de la Ley, dispone que el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, Federación, Entidades Federativas y municipios, en los ámbitos que sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.

De igual manera, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, dispone en su artículo 14 lo siguiente:

“Artículo 14.Se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia.Para el cumplimiento de este objeto, el Instituto tendrá las siguientes características y atribuciones:

a)Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.

b)Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas indígenas nacionales.

c)Ampliar el ámbito social de uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento; estimular la preservación, conocimiento y aprecio de las lenguas indígenas en los espacios públicos y los medios de comunicación, de acuerdo a la normatividad en la materia.

d) Establecer la normatividad y formular programas para certificar y acreditar a técnicos, intérpretes, traductores y profesionales bilingües. Impulsar la formación de especialistas en la materia, que asimismo sean conocedores de la cultura de que se trate, vinculando sus actividades y programas de licenciatura y postgrado, así como a diplomados y cursos de especialización, actualización y capacitación.”

...

En esta tesitura, la Minuta devuelta por la colegisladora busca adicionar un segundo supuesto a la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el cual dispone lo siguiente:

“Artículo 13. Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales de la presente Ley, y en particular las siguientes:

XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español;”

De lo anterior se desprende que el espíritu de lo que se mandata en el artículo 13, es que los tres órdenes de gobierno, deberán generan políticas públicas para dar cumplimiento al objetivo de la Ley que es el de regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. En consecuencia, la propuesta de adición que remite la colegisladora no encuentra cabida y sustento legal para reformar la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, ya que de ser así, esta contravendría el objeto por el cual fue creada la Ley, es decir, no es el ordenamiento legal adecuado para establecer que el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, además de apoyar la formación y acreditación de defensores públicos, interpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español, tenga que propiciar la formación en Derecho para acceder a cargos de Ministerio Público, Jueces y Magistrados en la procuración y administración de justicia.

En conclusión, esta Comisión dictaminadora considera que aun cuando la propuesta hecha por la colegisladora es valiosa en el sentido de que su finalidad es buscar que las y los indígenas puedan formarse como Licenciados en Derecho para acceder a cargos de Ministerio Público, Jueces y Magistrados en la procuración y administración de justicia, consideramos que esta debe ser formulada y planteada en otros ordenamientos jurídicos, para así darle certeza y certidumbre jurídica a su implementación en la vida práctica, así también, coincidimos que para darle aplicabilidad a la modificación que plantea la colegisladora, se deben de generar políticas públicas tendientes a incentivar que los nuevos Ministerios Públicos, Jueces y Magistrados, salgan de las mismas comunidades indígenas. En consecuencia, los integrantes de esta Comisión de Asuntos Indígenas coincidimos en el sentido de desechar la Minuta remitida por la colegisladora para adicionar un segundo supuesto a la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y con ello sea devuelta a la Cámara de Senadores para su revisión, y en dado caso que el dictamen de la colegisladora sea en el mismo sentido, se remita al Ejecutivo Federal el proyecto de decreto que fue aprobado por ambas Cámaras, para reformar la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, lo anterior para los efectos de la fracción A del artículo 72 constitucional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Indígenas, y para los efectos de lo dispuesto en las fracciones D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero.Se desecha La Minuta con Proyecto de Decreto, que reforma la Fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, remitida por la Cámara de Senadores el 8 de octubre del 2013.

Segundo.Devuélvase el expediente a la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones D y E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salón de sesiones de la Comisión, Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 27 de febrero de 2014.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González, Vicario Portillo Martínez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera, Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado (rúbrica), Emilse Miranda Munive (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara, Néstor Octavio Gordillo Castillo, Othón Zayas Máximo, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Teresita de Jesús Borges Pasos, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera.»

El Presidente diputado José González Morfín: No ha sido reservado para su discusión ninguno de ellos en lo particular. Por lo cual pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos. Por lo que se refiere a los tres últimos asuntos, devuélvanse a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional.

*INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín(a las 15:16 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 13 de marzo de 2014 a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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