Presidencia del diputado José González Morfín

ASISTENCIA

El Presidente diputado José González Morfín: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 403 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado José González Morfín(a las 12:03 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado José González Morfín: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias.— Segundo año de ejercicio.— LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 20 de marzo de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación con cambio de integrantes de comisiones.

De la Secretaría de Gobernación

Con los que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Minuta

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación, y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (Turno a Comisión)

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12; 17, primer párrafo; y 18 fracción III de la Ley Agraria.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones y un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, para prevenir riesgos en los asentamientos humanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 del Reglamento de la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que nombra la Plaza Central del Recinto Legislativo de San Lázaro, “Eduardo Neri Reynoso”, y se coloca un busto con su efigie.

Dictámenes a discusión

Negativos de iniciativas

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Bibliotecas, en materia de igualdad de oportunidades.

Iniciativas

Que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Asociaciones Políticas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 19 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Vicario Portillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 111 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Blanco Deaquino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, a cargo de la diputada Laura Ximena Martel Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 62 y 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3º del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2o. y 7o. de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, a cargo de los diputados Rosa Elba Pérez Hernández y Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 44, 47 y 49 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Flor de María Pedraza Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 45 y 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 42 de la Ley del Seguro Social y 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 19 y 21 de la Ley Minera, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 103 y 113 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Teresita de Jesús Borges Pasos, Yesenia Nolasco Ramírez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y reforma los artículos 2o. y 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 41 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos artículo 69, 89 y 95 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Julio Cesar Lorenzini Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y expide la Ley General de Prevención del Delito, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 381 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 y 16 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., 2o., 4o. y 8o. del Estatuto de las Islas Marías, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 51 y 54 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de las diputadas Loretta Ortíz Ahlf y Margarita Elena Tapia Fonllem, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática, respectivamente. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 282 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad y el Sobrepeso, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, a cargo del diputado Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 240, 345 y 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Minera, a cargo del diputado Luis Miguel Ramírez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 24 y 25 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma al artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 28 y 29 a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 9o. y 15 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para el Desarrollo de las Zonas Metropolitanas, a cargo del diputado Raúl Paz Alonzo y suscrita por el diputado J. Jesús Oviedo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta de los Hidrocarburos, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por las diputadas Margarita Elena Tapia Fonllem y Teresa de Jesús Mojica Morga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6o., 40 y 51 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 44 Ter a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Instituto de Fomento a la Educación e Inclusión Financiera, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 5o. y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 43 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular de la Secretaría de Salud, se tomen las medidas pertinentes para garantizar por obligatoriedad, que todo el personal dedicado a la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en las guarderías, cuente con los estudios específicos en la materia, comprobables y certificados por la institución educativa correspondiente, a cargo de la diputada Maria del Rocio Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través del Gabinete de Seguridad Nacional, conjuntamente con el Gobierno del Estado de México, diseñe e implemente una estrategia integral de seguridad pública, para el envío de fuerzas federales que coadyuven a restituir la paz, la seguridad y la confianza de las familias mexiquenses, en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, los Reyes la Paz y Ecatepec, a cargo del diputado Alberto Díaz Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SEP, STPS y de la SHCP, a fin de analizar y resolver el problema que afecta a los trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres, en reconocimiento del origen de la prestación que se describe en la cláusula 68 del Contrato Colectivo de Trabajo, a cargo del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del DIF y del INAPAM, para que incorporen en sus campañas de difusión componentes para la inducción de una cultura de respeto a las personas adultas mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, realice las gestiones y acciones necesarias para que el Puente Internacional Ferroviario Matamoros-Brownsville, Alternativa Poniente, inicie sus operaciones a la brevedad, a cargo del diputado Carlos Alberto García González y suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la CNDH, para que investigue violaciones a los derechos humanos en el caso de la masacre de 72 personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la SE y de la SHCP, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica, se realicen diversas acciones relativas a las condiciones de competencia en el mercado del cemento en México, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SCT, de la SHCP y de Capufe, para que revisen las tarifas y cuotas de peaje en las autopistas del estado de Michoacán, a fin de reducirse e incentivar el flujo de turistas a esa entidad, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quinta León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Conagua y de la empresa pública descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, para que difundan información detallada, respecto al proyecto hidráulico Monterrey VI, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo relativo al otorgamiento ilegal de permisos de construcción en el estado de Guerrero, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Victor Manuel Jorrín Lozano, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades estatales y municipales del estado de Puebla, para que adopten, apliquen y den publicidad a la Ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de sus Víctimas del Estado de Puebla, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión)

Efemérides

Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, a cargo del diputado Pedro Gómez Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo de los diputados Kamel Athie Flores y Marco Antonio González Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa su lectura, tomando en consideración que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura, dado que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles diecinueve de marzo de dos mil catorce, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con veintitrés minutos del miércoles diecinueve de marzo de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; acto seguido, se somete a discusión el acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Cámara de Senadores, por la que remite Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo ciento trece A, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos al dieciocho de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, la diputada y los diputados: Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; Genaro Carreño Muro, del Partido Acción Nacional; y Eligio Cuitláuac González Farias, del Partido Revolucionario Institucional. Desde su curul el diputado Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios con relación al tema.

A las doce horas con treinta y dos minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veinte diputadas y diputados.

En su oportunidad y desde su curul la diputada Angelina Carreño Mijares, del Partido Revolucionario Institucional, hace comentarios.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el formato para la Sesión Solemne para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz. Se concede el uso de la palabra para intervenir a favor del acuerdo a los diputados Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Defensa Nacional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado José Ignacio Duarte Murillo.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; Loretta Ortíz Ahlf, del Partido del Trabajo; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Mario Francisco Guillén Guillén, del Partido Verde Ecologista de México; Víctor Manuel Manríquez González, del Partido de la Revolución Democrática; José Alejandro Llanas Alba, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputadoMarcelo de Jesús Torres Cofiño

y Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos nueve votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) De Trabajo y Previsión Social, que adiciona un segundo párrafo al artículo veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo ciento veintitrés, en materia de permiso de paternidad. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Esther Salinas Quintana. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen la diputada y los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; José Arturo López Cándido, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Ramón Montalvo Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional;

El Presidente informa a la Asamblea de la presencia en el salón de sesiones del diputado Dieter Dombrowski, vocero de todas las fracciones parlamentarias de Alemania en el tema del medio ambiente.

y Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veinticinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo ciento veintitrés constitucional, en materia de permiso de paternidad. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputadoJosé González Morfín

c) De Cambio Climático, que reforma los artículos diecisiete, cuarenta y cinco, y ochenta y cuatro de la Ley General de Cambio Climático. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen la diputada y los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano; Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática; Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Partido Acción Nacional; y Gerardo Xavier Hernández Tapia, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro del dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos diecisiete, cuarenta y cinco, y ochenta y cuatro de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules las diputadas Rosa Elba Pérez Hernández, del Partido Verde Ecologista de México; y Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, hacen comentarios sobre diversos temas legislativos. El Presidente hace aclaraciones.

De conformidad con el artículo cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de las iniciativas y proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Diputados del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales y reforma el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Tomás Torres Mercado, Ana Lilia Garza Cadena y Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona un artículo doscientos treinta y cuatro Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Erick Marte Rivera Villanueva, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos once, doce, y diecisiete de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Elvia María Pérez Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero y adiciona un artículo tercero Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Paloma Villaseñor Vargas, y suscrita por diversos diputados integrantes de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, que expide la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Trastornos del Espectro Autista. Se turna a la Comisión de Salud con opinión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos cincuenta y cinco, ochenta y dos, noventa y uno, y noventa y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

b) Proposiciones con punto de acuerdo:

• Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo al fortalecimiento de Pemex en la extracción de hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, para que investigue y resuelva los hechos ocurridos en San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal de las Casas, asimismo, para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, preserve, mantenga y establezca el orden, la tranquilidad y seguridad pública en la comunidad. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la Sesión Solemne para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz, que tendrá lugar el día de mañana jueves veinte de marzo de dos mil catorce, a las once horas y, al término de la misma, a Sesión Ordinaria. Se levanta la sesión a las quince horas con veinticinco minutos.»

El Presidente diputado José González Morfín: Proceda la Secretaría a ponerla a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobada el acta.

SOLICITA RESPUESTA A LOS PUNTOS DE ACUERDO

El diputado Raúl Gómez Ramírez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul del diputado Raúl Gómez.

El diputado Raúl Gómez Ramírez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Señor presidente, siguen las denuncias de extorsión hacia las personas, con el engaño que les van a conseguir visas de trabajo. El año pasado un servidor presentó un punto de acuerdo en el caso Chambamex, hasta el momento no hemos obtenido resultados, no hay respuesta.

Solicitamos también a la PGR en otro punto de acuerdo, la investigación de los líderes sindicales. Hasta el momento no ha habido respuesta alguna. Pregunto, ¿hasta cuándo va a haber respuesta a los puntos de acuerdo? Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Su intervención ya quedó registrada.

Le pido a la Secretaría dar lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política que contiene cambios en integrantes de Comisiones ordinarias.

CAMBIOS EN COMISIONES ORDINARIAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada Laura Ximena Martel Cantú cause baja como integrante de la Comisión de Deporte.

• Que el diputado Arturo Escobar y Vega cause alta como integrante en la Comisión de Deporte.

• Que la diputada Laura Ximena Martel Cantú cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Lo anterior para los efectos que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo.— México, DF, a 18 de marzo de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. De enterado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

ASESINATO DEL PERIODISTA GREGORIO JIMENEZ DE LA CRUZ

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 62-II-8-3041, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0231/2014, suscrito por el maestro Jorge Nader Kuri, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al caso del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, asimismo solicita a esa Procuraduría que, en coadyuvancia a la investigación, con la Procuraduría del estado de Veracruz, determine si hay indicios de participación de la delincuencia organizada en el crimen perpetrado por las razones consignadas en la averiguación previa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 14 de marzo de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/204/14, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el día 12 de febrero del año en curso y que, en el resolutivo conducente, señala, en lo que atañe a esta institución:

“Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reprueba el asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y presenta a sus familiares y al gremio de periodistas su más sinceras condolencias.

”Segundo. Se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz a continuar con las investigaciones y se castigue a los responsables. Se solicita a la Procuraduría General de la República, en coadyuvancia a la investigación, que determine si hay indicios de participación de la delincuencia organizada en el crimen perpetrado por las razones consignadas en la averiguación previa.” (sic)

Sobre el particular, y con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, comunico a usted que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, informó a esta de mi cargo que:

“El 5 de febrero de 2014, un grupo armado privó de la libertad a Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de los periódicos Notisur y Liberal del Sur, al encontrarse en su domicilio particular ubicado en la comunidad de Villa Allende, del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Familiares y medios de comunicación denunciaron los hechos, por lo que La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, el Ejército Mexicano y Armada de México, implementaron un operativo para rescatarlo. Los familiares de Gregorio Jiménez fueron resguardados por Fuerzas Federales para evitar que sufrieran algún ataque.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión inició acta circunstanciada debido a la publicación de los hechos, misma que fue elevada a averiguación previa, al obtener diversos elementos probatorios relacionados con la privación ilegal de la libertad del fotorreportero Gregorio Jiménez de la Cruz.

El 11 de febrero fue localizado el cuerpo del reportero en una fosa clandestina ubicada en una casa de seguridad del municipio de Las Choapas, Veracruz, limítrofe con Tabasco, junto con dos cadáveres de otras personas.

Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos esta fiscalía se trasladaron a Veracruz para investigar los hechos constitutivos de delito cometidos en agravio a Gregorio Jiménez de la Cruz, con la finalidad de identificar a los probables responsables e incluso han colaborado con la Procuraduría Estatal, en la práctica de diligencias ministeriales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz consignó a seis personas, como probables responsables del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de Gregario Jiménez de la Cruz, a quienes el juez tercero de primera instancia les dictó auto de formal prisión por los hechos que fueron consignados.

Personal ministerial adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, continúa con la investigación de manera paralela a la que se realiza en el estado de Veracruz, allegándose de los elementos probatorios, para que es su caso establecer o no la participación de la delincuencia organizada.

La Procuraduría General de la República se encuentra realizando todos los esfuerzos para atender y resolver en el ámbito de su competencia los delitos cometidos contra la libertad de expresión y proteger a quienes se encuentran amenazados por ejercerla, buscando con ello erradicar la impunidad.” (sic)

Reciba un saludo afectuoso.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 12 de marzo de 2014.— Maestro Jorge Nader Kuri (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO Y LAS INVERSIONES CORRESPONDIENTES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-1641 signado por el diputado José González Morfín, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGGR/ 00498/2014 suscrito por el ciudadano José María Tapia Franco, director general para la Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al resultado sobre el ejercicio del gasto y las inversiones correspondientes a los recursos presupuestarios, definidos en el Anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para conocer el impacto obtenido y el esperado en cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, establecidas en el artículo 1o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 14 de marzo de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/300/204/14, dirigido  inicialmente al coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente Espinosa, por medio del cual informa que mediante oficio D.G.P.L.62-II-1-1641 el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hace del conocimiento de esta dependencia del gobierno federal el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 25 de febrero de 2014, y en cuyo punto resolutivo se señala:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta el Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Gobernación, los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en conjunto con los organismos descentralizados del Fondo de Desastres Naturales, del Fondo de Prevención de Prevención de Naturales, del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, hagan del conocimiento de esta soberanía, el resultado sobre el ejercicio del gasto y las inversiones correspondientes a los recursos presupuestarios, definidos en el Anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, para conocer el impacto obtenido y el esperado en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, establecidas en el artículo 1o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria...”

Al respecto y consideración que el asunto que nos ocupa fuera remitido a la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) para efectos de su debida atención, solicitamos atentamente a esa Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos ser el amable conducto para comunicar al vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión las siguientes consideraciones:

• Se señala que en términos del propio Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 (PEF), la Secretaría de Gobernación (Segob) no cuenta con recursos exclusivos para la implementación de medidas tendientes a la atención, mitigación y/o adaptación al fenómeno del cambio climático a través de los instrumentos toda vez que los recursos que asigna el anexo 15 del PEF a tales instrumentos financieros de gestión de riesgos que opera esta dependencia del gobierno federal, a saber el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), toda vez que los recursos que asigna el anexo 15 del PEF para tales instrumentos son los mismos que el Anexo 19 Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas que dicho ordenamiento, otorga a tales instrumentos. El Ramo 19 en comento es administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

• Cabe mencionar que el Ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del gobierno federal cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias no de las entidades; específicamente este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para i) el cumplimiento del balance presupuesto ii) el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en ingresos iii) la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario.

Las provisiones económicas y el programa salarial son programas propios del Ramo 23. En las provisiones económicas contenidas en el Anexo 15 del PEF se considera, entre otros, al Fonden y al Fopreden, así como lo correspondiente a los gastos de la Tesorería de la Federación por concepto de servicios bancarios y financieros. Estos programas inherentes al Ramo 23 comprenden las asignaciones que serán destinadas a acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente; a la atención a la población en caso de resultar afectada en su patrimonio por fenómenos naturales, así como para reparar o reconstruir la infraestructura física municipal, estatal o federal que haya sido dañada.

• Comunicamos que esta DGGR opera los instrumentos financieros aludidos, de conformidad con las disposiciones administrativas que regulan los procedimientos, fórmulas de financiamiento y cofinanciamiento y requisitos para el acceso a los recursos con cargo a tales instrumentos, mismos que referimos de forma sucinta:

Fonden

El Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (en lo sucesivo las Reglas Generales), normativa que actualmente rige la oportunidad del Fonden, señala que este fondo tiene como finalidad ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzcan los fenómenos naturales perturbadores, entendidos esos fenómenos como “...eventos generados por la naturaleza, que por sus características extremas, atípicas o severas, condiciona o genera una situación de desastre natural caracterizados por la ausencia relativa de la participación directa o indirecta del ser humano”.

Por su parte, consideramos oportuno mencionar que en términos del artículo 2, fracción VII de la Ley General de Protección Civil, el fenómeno del cambio climático está entendido como el “...Cambio en el clima, atribuible directa o indirectamente a la actitud humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante periodos comparables...”

A fin de lograr un mejor entendimiento de las características y alcances del Fonden, ofrecemos la información siguiente sobre los instrumentos que lo integran:

a) Fonden para la atención de emergencias (artículo 3, fracción I de las Reglas Generales), cuyo objetivo es proporcionar suministros de auxilio ante situaciones de emergencia, para responder de manera inmediata a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador (artículo 1 y 3 del “Acuerdo que estable los Lineamientos del Fondo para la Atención de emergencias Fonden”, en lo sucesivo los Lineamientos).

b) A través del Fonden y con base en los procedimientos establecidos en las reglas generales, también se autoriza recursos económicos destinados a la restitución parcial o total de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal o de las entidades federativas, municipios u órganos políticos-administrativos en el Distrito Federal, así como a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas.

Fopreden

De conformidad con el Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (en lo sucesivo las Rofopreden), normativa aplicable al Fopreden, este fondo tiene como objetivo la promoción y fomento a la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales, así como promover el desarrollo de estudios orientados a la gestión integral del riesgo para fomentar y apoyar la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en favor de la prevención de desastres y la mitigación de riesgos derivados de fenómenos perturbadores.

No obstante, precisamos que aún y cuando en los Rofopreden se contempla la posibilidad de financiar o confinanciar acciones preventivas orientadas a la identificación y evaluación de peligros, vulnerabilidades o riesgos, tales como estudios para reducción de riesgos y adaptación al cambio climático; durante el ejercicio Fiscal de 2013 y a la fecha, no se ha presentado ante la Segob ningún proyecto preventivo que tenga esa finalidad.

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Notas:

1. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010.

2. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012.

3. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2010.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 12 de marzo de 2014.— José María Tapia Franco (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

DAÑOS EN LA MONTAÑA DE GUERRERO CAUSADOS POR LA TORMENTA MANUEL Y EL HURACAN INGRID

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-3032, signado por el diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGANC/084/2014, suscrito por el ciudadano Alberto Cameras Woolrich, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales responden el Punto de Acuerdo relativo a hacer públicas las medidas extraordinarias que han adoptado y adoptarán para prevenir una crisis alimentaria en la montaña de Guerrero, como consecuencia de los daños causados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, así como se retome el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas de la montaña de Guerrero, a efecto de que a la brevedad brinde una respuesta puntual a sus propuestas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 19 de marzo de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Valentín Martínez Garza, encargado de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al atento oficio SELAP/UEL/311/199/14, de fecha 12 de febrero de 2014 por el cual se remitió en punto de acuerdo aprobado el 11 de febrero del año en curso por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en el que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que haga públicas las medidas extraordinarias que han adoptado y adoptarán para prevenir una crisis alimentaria en la montaña de Guerrero, como consecuencia de los daños causados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, así como se retome el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas de la montaña de Guerrero, a efecto de que a la brevedad brinde una respuesta puntual a sus propuestas.

Al respecto me permito anexar al presente copia simple de los oficios 613.UPRI/183/2014, de fecha 13 de marzo de 2014, signado por el licenciado Juan Manuel López Arroyo, jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, perteneciente a esta dependencia, el DGAO/ CNCH/031/2014, signado por el licenciado Joaquón Narro López, director general de Atención, Coordinación y Seguimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, el SJ/HCADA/0343/2014, signado por el licenciado Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre, subdirector Jurídico Corporativo de Liconsa, así como el similar UJ/GC/PAAA/393/2014, de fecha 6 de marzo de 2014, signado por el licenciado Pedro Antonio Almada Almada, gerente consultivo de la Unidad jurídica de Diconsa, sectorizadas a esta dependencia, mediante los cuales se da contestación al punto de acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 18 de marzo de 2014.— Alberto Cameras Woolrich (rúbrica), director general Adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Alberto Cameras Woolrich, director general Adjunto de Normatividad y Convenios.— Presente.

Hago referencia al oficio número DGANC/054/2014, a través del cual se adjunta copia simple del oficio número SELAP /UEL/311/199/14, en el que la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación hace de conocimiento el punto de acuerdo aprobado el 11 de febrero del año en curso por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

En éste, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a que haga públicas las medidas extraordinarias que han adoptado y adoptarán para prevenir una crisis alimentaria en la montaña de Guerrero como consecuencia de los daños causados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, así como que se retorne el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas de la montaña de Guerrero, a efecto de que a la brevedad se brinde una respuesta puntual a sus propuestas.

Con respecto a las acciones en materia alimentaria que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha llevado a cabo en las poblaciones damnificadas en el estado de Guerrero a causa de los daños ocasionados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, me permito informarle lo siguiente:

• La Sedesol ha implementado 255 comedores en 14 municipios de la región de la Montaña. Éstos atienden a 30 mil personas: principalmente infantes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o lactando, y adultos mayores’ en condición de desamparo o abandono. Los comedores les proporcionan raciones alimentarias (desayuno y comida), conforme a la norma oficial mexicana para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo (NOM-169-SSAl-1998).

Asimismo, en el periodo comprendido entre el 16 de septiembre y el 31 de diciembre de 2013, el abasto destinado para los 255 comedores antes mencionados alcanzó las 1,053 toneladas de insumos alimenticios con los que se prepararon de 60 mil raciones diarias. Durante el primer bimestre del presente año los insumos abastecidos a los 255 comedores alcanzaron las 264 toneladas de alimentos.

• De septiembre del 2013 a febrero del 2014, se han entregado a los comedores 1,317 toneladas de alimentos por parte del Programa de Abasto Rural operado por Diconsa, con un costo de $74.6 millones, a través del Programa de Comedores Comunitarios de la Sedesol.

• A partir de la contingencia meteorológica ocurrida en el estado de Guerrero, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) implementó acciones de asistencia humanitaria en alimentación, dirigidas a la población indígena de 17 q1unicipios del estado en comento. Asimismo, del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2103 se atendieron a 26,687 familias en riesgo, por lo cual se entregaron 1,084 toneladas de granos básicos; 806 toneladas de maíz (74 por ciento); 155 toneladas de arroz (14 por ciento) y 122 toneladas de frijol (12 por ciento), además de canalizar 11,927 despensas a damnificados durante la emergencia.

Durante el primer bimestre de este año se entregaron 533 toneladas de alimentos por medio del otorgamiento de 20 kilogramos de alimentos por familia en riesgo al mes (15 kilogramos de maíz, 4 de frijol, 1.2 de arroz y 300 gramos de sal por familia).

Respecto al exhorto para retomar el diálogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas de la montaña de Guerrero (Consejo), le informo lo siguiente:

• La interacción y el diálogo con los comisarios del Consejo como representantes comunitarios, ha sido y es permanente [de acuerdo a los comunicados del Consejo, éste agrupa a 200 comunidades de las 715 en las que se cuenta con Comités Comunitarios en los municipios de la región de la Montaña en Guerrero. A la fecha se han llevado a cabo tres reuniones de evaluación de avances en la atención a las comunidades y familias damnificadas de la región de la Montaña, en las que además, se ha realizado el análisis e implementación de las propuestas del Consejo, las cuales se describen a continuación:

– La primera reunión tuvo lugar el día 10 de febrero de 2014, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Ésta fue presidida por la secretaria de la Sedesol, la maestra Rosario Robles Berlanga y el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivera. Al término de la misma los representantes del Consejo entregaron los listados de 165 comunidades y de 17 mil familias damnificadas para ser comparadas con los listados de familias beneficiarias de los Programas de Ayuda Alimentaria del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Guerrero y de la CDI, con el objetivo de incorporar a la ayuda alimentaria directa a las familias en riesgo que no hayan sido atendidas.

– La segunda reunión se llevó a cabo el 17 de febrero de 2014 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y fue presidida por el Gobernador del estado de Guerrero, quien fue acompañado por los delegados federales de la Sedesol, CDI y Diconsa; durante la misma, se hicieron las observaciones a los listados entregados por el Consejo en la reunión anterior y se programó una mesa de trabajo en el municipio de Tlapa de Comonfort en Guerrero, para el día 19 de febrero.

– La tercera reunión se celebró el día 19 de febrero del presente año, en la ciudad de Tlapa de Comonfort, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. Al término de la misma, el gobierno del estado de Guerrero acordó complementar las dotaciones de alimentos autorizadas a la CDI, incorporando a las familias y comunidades faltantes a la ayuda alimentaria directa, con un volumen de hasta 18,908 toneladas de granos básicos (13,148 toneladas de maíz; 2,880 toneladas de frijol; 2,880 toneladas de arroz). Las toneladas complementarias de alimento se distribuirán por medio de la red logística y de tiendas comunitarias de Diconsa y a través de los Comisarios del Consejo, con base en el padrón de beneficiarios validado por las instituciones y por el Consejo.

Con base en lo anterior, no omito mencionar que la Sedesol, como dependencia rectora de la política social del país, se encuentra comprometida con garantizar el acceso de todos los sectores de la población a los derechos sociales básicos (con especial énfasis en la población vulnerable o en riesgo). Entre estos derechos, está el acceso a la alimentación. En este sentido, la Sedesol articula esfuerzos con las instituciones públicas y privadas para lograr dicho acceso, además de seguir otorgando los apoyos de los programas sociales a cargo de ésta en situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de marzo de 2014.— Juan Manuel López Arroyo, jefe de Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Alberto Cameras Woolrich, director general Adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social.

En atención a su oficio numero DGANC/057/2014 de fecha 21 de febrero de 2014 relativo al punto de acuerdo aprobado el 11 de febrero de año en curso, por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito informarle lo siguiente.

Con relación al punto primero, se informa que durante el 2013 la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, realizo la incorporación de 53,139 nuevas familias beneficiarias en el Programa Oportunidades, 7,026 nuevas familias beneficiarias en el Programa de Apoyo Alimentario, así como 18,915 nuevas familias beneficiarias en el esquema de apoyo alimentario sin­ hambre.

En segundo término se informa que los daños causados por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, nunca entorpecieron ni provocaron la suspensión o retraso en la entrega de apoyos para aquellas familias que ya formaban parte de dichos Programas.

Finalmente, se informa que por parte de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades se desplegó un operativo especial para apoyar a la Secretaria de Desarrollo Social en el levantamiento del censo de hogares y personas damnificadas por estos lamentables acontecimientos.

Por lo que hace al segundo punto, se informa que esta Coordinación Nacional no cuenta con facultades para retomar el dialogo con el Consejo de Comunidades Damnificadas de la montaña de Guerrero, pero estará al pendiente de los acuerdos que se alcancen entre este órgano colegiado y la Secretaria de Desarrollo Social se alcancen y sean competencia de la primera.

Atentamente

México, DF, a 4 de marzo de 2014.—Joaquín Narro Lobo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Alberto Cameras Woolrich, director General Adjunto de Normatividad y Convenios de la Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos de la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia.—  Presente.

En respuesta a su atento oficio número DGANC/055/2014, folio de sistema número 1549086 mediante el cual solicita información relativa a las medidas extraordinarias que se han adoptado y adoptarán para prevenir una crisis alimentaría en la montaña de Guerrero, como consecuencia de los daños causados por la tormenta Manuel y el Huracán Ingrid.

Al respecto me permito comentar a usted, que se han mantenido los Programas de Abasto Social en la entidad en comento.

Asimismo me permito remitir a usted, las evidencias y acciones que se han realizado o están por realizarse por parte de la Gerencia de Programa de Abasto Social Guerrero en poblados y colonias afectados por dichas contingencias climatológicas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 3 de marzo de 2014 SJ/HCADA/0343/2014.— Licenciado Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre (rúbrica), subdirector Jurídico Corporativo.»

El Presidente diputado José González Morfín: Se remite a las comisiones de Protección Civil y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA - LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Atentamente

México, DF, a 13 de marzo de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Artículo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 2o., se adicionan las fracciones XII, XIII, XIV y XV del artículo 4o. y se adiciona el Capítulo X de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 2o.

Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional  de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes:

I. ...

II. Promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación científica que se derive de las actividades de investigación básica y aplicada, el desarrollo tecnológico de calidad y la innovación, asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y, en su caso, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad;

III. a VIII. ...

Artículo 4o.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a XI. ...

XII. Repositorio, la plataforma digital centralizada que siguiendo estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la información científica, tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones, productos educativos y académicos.

XIII. Repositorio Nacional, el Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural.

XIV. Diseminación, la transmisión de información científica, tecnológica y de innovación desarrollada por parte de los investigadores o especialistas a sus pares, y que utiliza un lenguaje especializado.

Capítulo X

Del Acceso Abierto, Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación y del Repositorio Nacional

Artículo 64.

El Conacyt diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la Información Científica, Tecnológica y de Innovación, con el fin de fortalecer las capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general. La estrategia buscará ampliar, consolidar y facilitar el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e internacional a texto completo, en formatos digitales.

Las instituciones de educación superior y centros de investigación podrán constituir Repositorios por disciplinas científicas y tecnológicas u otros que se determinen, a fin de diseminar la información científica y tecnológica que se derive de sus productos educativos y académicos, y en general de todo tipo de investigaciones que realicen, cualquiera que sea su presentación, de acuerdo con criterios de calidad y estándares técnicos que emita el Conacyt. Dichos Repositorios podrán establecerse a nivel de las instituciones y centros de investigación o mediante la creación de redes o asociaciones con otras instituciones, por disciplinas, por regiones u otros. El Conacyt emitirá los lineamientos a que se sujetarán los Repositorios a que se refiere la presente ley.

Artículo 65.

Por Acceso Abierto se entenderá el acceso a través de una plataforma digital y sin requerimientos de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.

Artículo 66.

Por Acceso a Recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad, se entenderá al conjunto de técnicas utilizadas para buscar, categorizar y acceder de manera inequívoca, al texto completo de publicaciones reconocidas por los sectores de ciencia, tecnología e innovación, y que son resultado de la revisión por pares.

El acceso al que se hace referencia también incluye bases de datos que contienen los registros de citas e información bibliográfica de artículos de revistas científicas y tecnológicas, tesis y disertaciones, protocolos, memorias de congresos y patentes, entre otros.

Artículo 67.

El Acceso Abierto y el Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de Innovación, tendrán la finalidad de fortalecer la capacidad científica, tecnológica y de innovación del país para que el conocimiento universal esté disponible, a texto completo y en formatos digitales a los educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y población en general.

Artículo 68.

Para el adecuado funcionamiento y desarrollo del acceso a la información científica, tecnológica y de innovación de calidad, el Conacyt deberá:

I. Actualizar permanentemente la adquisición de recursos de información científica y tecnológica publicada;

II. Simplificar los procesos administrativos para la adquisición de bases de datos y colecciones de información científica y tecnológica en formato digital;

III. Promover la operación y uso de bases de datos de publicaciones electrónicas en las instituciones de educación superior y centros de investigación;

IV. Ampliar la cobertura temática de las publicaciones científicas y tecnológicas disponibles a los usuarios mediante el uso colectivo de las colecciones, y

V. Promover la capacitación a los usuarios, con el apoyo y seguimiento de las instituciones de educación superior y centros de investigación, con la finalidad de hacer mejor uso y aprovechamiento de los acervos.

Artículo 69.

Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría, doctorado y posdoctorado, cuya actividad de investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, por decisión personal podrán depositar o en su caso autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar en acceso abierto a través del Repositorio Nacional, comprobando que ha cumplido con el proceso de aprobación respectivo, lo anterior bajo los términos que al efecto establezca el Conacyt.

Artículo 70.

El Conacyt operará el Repositorio Nacional de conformidad con los lineamientos, bases de organización y demás disposiciones aplicables a fin de dar certeza a los contenidos y seguridad a los procesos de diseminación del conocimiento.

La principal función del Repositorio Nacional será el acopio, preservación, gestión y acceso electrónico de información y contenidos de calidad, incluyendo aquellos de interés social y cultural que se producen en México con fondos públicos.

El repositorio operará mediante el uso de estándares internacionales que permitan buscar, leer, descargar textos completos, reproducir, distribuir, importar, exportar, identificar, almacenar, preservar y recuperar la información que se reúna.

Artículo 71.

Los contenidos de información de calidad serán aquellos que resulten del proceso de publicación científica y tecnológica formalizado con revisión por los pares del autor y evaluadas por el Conacyt.

El presente capítulo y los lineamientos que de él se deriven, respetarán en todo momento la legislación aplicable, incluida aquélla en materia del derecho de autor.

Artículo 72.

En materia de acceso abierto y operación del Repositorio Nacional, el Conacyt deberá:

I. Crear, desarrollar, coordinar, dirigir, administrar y establecer las políticas que regulen la seguridad y sostenibilidad, así como la gestión y preservación a largo plazo de los recursos de información;

II. Establecer la normativa a nivel nacional, para acopiar, integrar, estandarizar, interoperar, almacenar y difundir la información derivada de investigaciones así como de material académico, científico, tecnológico y de innovación;

III. Crear y operar el Repositorio Nacional de acuerdo con normas internacionales impulsando la interoperabilidad con los demás repositorios a fin de garantizar la recuperación, autentificación y evaluación de la información.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción VIII del artículo 14 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 14.Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.

IX. a XIII. ...

...

Artículo Tercero.Se adicionan las fracciones XII y XVII del artículo 2o., recorriéndose las subsecuentes en cada adición, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para quedar como sigue:

Artículo 2o.

El Conacyt tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al Conacyt, a través de los órganos que establece esta ley y de sus representantes, realizar lo siguiente:

I. a XI. ...

XII. Promover y fortalecer el Repositorio Nacional y los repositorios, por disciplinas científicas y tecnológicas u otros que determine, a cuyo efecto emitirá los lineamientos a que se sujetarán los mismos. Establecer la conformación y funcionamiento del Repositorio Nacional a través de los lineamientos y reglas de operación que estime convenientes y de conformidad con las leyes aplicables a la materia, para incentivar la publicación en acceso abierto de las investigaciones, materiales educativos, académicos, científicos y de innovación, financiados con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.

XIII. Emitir los criterios generales, términos de referencia y parámetros de evaluación para medir el impacto, los resultados y beneficios de los recursos asignados a los programas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales que realicen investigación científica y tecnológica, así como de los apoyos otorgados para la investigación científica y tecnológica.

XIV. Dictaminar, administrar y evaluar los aspectos técnicos y científicos vinculados con la aplicación de los estímulos fiscales y otros instrumentos de fomento de apoyo a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico.

XV. Proponer para su aprobación ante la Junta de Gobierno la creación, transformación, disolución o extinción de centros públicos de investigación con base en criterios de oportunidad de desarrollo, vinculación con necesidades y prioridades, y a un sistema de evaluación de calidad y productividad institucional; debiéndose contar con la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

XVI. Promover y apoyar la conformación y funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación para definir estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concertar esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como definir los criterios y estándares de calidad institucional aplicados en los procesos de evaluación para ingreso y permanencia en dicho sistema.

XVII. Emitir los lineamientos y criterios generales para el funcionamiento, coordinación y evaluación de la información. Definir las políticas, instrumentos y medidas de apoyo para el acceso abierto y el acceso a la información científica, tecnológica y de innovación, así como para el funcionamiento del Repositorio Nacional.

XVIII. Promover y apoyar el desarrollo de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y los proyectos de investigación científica y tecnológica de las universidades e instituciones públicas de educación superior.

XIX. Formular estudios, programas y promover, conjuntamente con las autoridades competentes, planes de carrera orientados a ofrecer incentivos para la profesión de investigador y tecnólogo, fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad de investigadores entre centros, constituir nuevos centros e instituciones, incluyendo aquellos orientados a la formación de recursos humanos de alto nivel y especialización en áreas científicas y tecnológicas y crear redes en áreas estratégicas de propuestas de conocimiento. Dichos planes de carrera comprenderán catálogos de puestos y tabuladores de sueldos para los centros públicos de investigación.

XX. Diseñar, organizar y operar programas de apoyo y un sistema nacional de estímulos e incentivos para la formación y consolidación de investigadores y grupos de investigadores en cualquiera de sus ramas y especialidades, así como promover el establecimiento y difusión de nuevos premios y estímulos.

XXI. Aportar recursos a las instituciones académicas, centros de investigación y, en general, a personas físicas y morales, públicas, sociales y privadas, para el fomento y realización de investigaciones y desarrollos tecnológicos, en función de programas y proyectos específicos, en los términos de esta Ley, de la Ley de Ciencia y Tecnología y, en su caso, de los convenios que al efecto celebre el Conacyt con otros aportantes y con las instituciones o centros interesados, sin perjuicio de que dichas instituciones y centros sigan manejando e incrementando sus propios fondos y patrimonio.

XXII. Formular y financiar programas de becas y en general de apoyo a la formación de recursos humanos, en sus diversas modalidades y concederlas directamente, así como integrar la información de los programas de becas que ofrezcan para postgrado otras instituciones públicas nacionales o los organismos internacionales y gobiernos extranjeros, a fin de optimizar los recursos en esta materia y establecer esquemas de coordinación eficientes, en los términos de las convocatorias correspondientes.

XXIII. Operar en colaboración con las entidades federativas, el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica y el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología, y publicar la información estadística de dicho sistema.

XXIV. Apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en los aspectos técnicos y científicos que requieran para sustentar la formulación y modificación de sus esquemas regulatorios y sus funciones de normalización y metrología, y promover la certificación tecnológica de las empresas, así como promover y verificar el cumplimiento de las disposiciones que establezcan compromisos para la realización de actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, en coordinación con las autoridades competentes.

XXV. Promover las publicaciones científicas mexicanas y fomentar la difusión sistemática de los trabajos realizados tanto por los investigadores nacionales como por los extranjeros que residan en el país, mediante la utilización de los medios más adecuados para ello, así como publicar anualmente avances relevantes de la ciencia y la tecnología nacionales, sus aplicaciones específicas y los programas y actividades trascendentes de los centros públicos de investigación.

XXVI. Investigar en forma directa exclusivamente sobre el desarrollo y estado de la ciencia y la tecnología, para lo cual deberá:

A. Sistematizar y mantener actualizada la información de recursos humanos, materiales y financieros dedicados a la investigación científica y tecnológica y desarrollo tecnológico en el país;

B. Realizar estudios prospectivos para identificar las necesidades nacionales en ciencia y tecnología, estudiar los problemas que la afecten y sus relaciones con la actividad general del país, y

C. Promover la operación de servicios de información y documentación científica, en el marco del Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica.

XXVII. Coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas para el establecimiento, operación, integración, desarrollo y evaluación tanto de los consejos locales de ciencia y tecnología como de los programas estatales en estas materias.

XXVIII. En lo que se refiere a asuntos internacionales en materia de ciencia y tecnología:

A. Ejecutar programas y proyectos de cooperación científica y tecnológica internacional, obtener información y dar a conocer las acciones de cooperación científica y tecnológica pactadas y desarrolladas por el Conacyt o por dependencias y entidades que apoyen la formulación e instrumentación de la política nacional de ciencia y tecnología, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tales actividades deberán observar las disposiciones legales aplicables;

B. Remitir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su dictamen jurídico, los acuerdos y convenios internacionales que en ámbito de la ciencia y la tecnología requiera suscribir el Conacyt, así como concertar convenios con instituciones extranjeras y con agencias internacionales para el cumplimiento de su objeto, previa consulta jurídica con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participar conforme lo dispongan las leyes aplicables, en los organismos o agencias internacionales de los que México sea parte y que se relacionen con la materia de su competencia;

C. Fomentar programas de formación de recursos humanos de alto nivel y de intercambio de profesores, investigadores, técnicos y administradores, en coordinación con dependencias, entidades, instituciones académicas o empresas, tanto nacionales como extranjeras;

D. Concertar acuerdos de cooperación técnica que identifiquen y seleccionen oportunidades para establecer flujos positivos de conocimiento y recursos tecnológicos hacia las empresas nacionales, bajo criterios de asimilación inicial y posterior innovación;

E. Asesorar, al titular del Ejecutivo federal y a sus dependencias y entidades, la definición de posiciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a ser presentadas por el gobierno de México en los diversos foros y organismos internacionales en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

XXIX. Ejercer las funciones que conforme a las leyes y demás ordenamientos corresponden a las dependencias coordinadoras de sector, respecto de las entidades paraestatales que el Presidente de la República determine, en los términos de los artículos 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

XXX. Realizar las demás actividades inherentes al cumplimiento de su objeto en los términos de esta ley y de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Conacyt expedirá dentro de un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de este decreto, los lineamientos y disposiciones correspondientes para el funcionamiento del Repositorio Nacional.

Tercero. El Conacyt contará con un plazo no mayor a 18 meses a partir de la expedición de los lineamientos y disposiciones correspondientes, para capacitar, convocar, organizar y coordinar a las instituciones e instancias en materia de acceso abierto, diseminación de la información y funcionamiento del Repositorio Nacional.

El Conacyt procurará y promoverá la homologación de la normativa existente en los estados e instituciones que por su actividad estén sujetas a las disposiciones establecidas en este decreto, ésta homologación deberá ejecutarse en el tiempo señalado en el párrafo anterior.

Cuarto. El Conacyt dentro de su presupuesto anual, preverá los recursos necesarios para la creación, impulso y fortalecimiento de las plataformas tecnológicas, así como para el fortalecimiento del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, en lo conducente a las disposiciones establecidas en el presente decreto.

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Senadores.— México, DF, a 13 de marzo de 2014.— Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica), vicepresidenta; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado José González Morfín: Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología para dictamen, y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.

DOCUMENTOS DE LA SESION

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado Mejía, ¿con qué objeto?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja(desde la curul): Gracias, presidente. Para pedir que puedan circular los documentos relativos a la sesión ordinaria.

Entendemos que como se conjuntaron las dos sesiones, la solemne y la ordinaria, el personal de la Cámara no lo ha circulado. Pero para pedir que lo puedan agilizar, porque no hay en ninguna curul, hasta ahorita, documentación de la sesión, al menos no en esta parte de la Cámara.

El Presidente diputado José González Morfín: Sí, diputado, muchas gracias. En este momento ya están comenzando a circular todos los documentos, le llegan en unos segundos.

LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, EN MATERIA DE BEBEDEROS ESCOLARES

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82 numeral 1; 85, 176 y 95 numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 7 de noviembre de 2013, los diputados Adriana Fuentes Téllez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

2. El 13 de noviembre de 2013, el dictamen positivo se sometió a discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobándose con 481 votos. En esa fecha, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Senadores y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 14 de noviembre de 2013.

3. El 20 de febrero de 2014, el dictamen positivo con modificaciones se sometió a discusión y votación en el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobándose con 86 votos. En esa fecha, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, el 25 de febrero de 2014.

4. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Descripción de la minuta

La minuta presentada por los diputados Adriana Fuentes, Manlio Fabio Beltrones, Héctor Humberto Gutiérrez, Manuel Añorve y Marco Antonio Bernal pone de manifiesto que el sobrepeso y la obesidad de la población mexicana van en aumento, lo que representa un problema grave de salud.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la obesidad constituye la principal causa de mortalidad en los países miembros de la organización, y México es el segundo país con mayor índice de obesidad, ya que el 30 por ciento de su población adulta padece obesidad.

En lo que respecta a la población infantil de 5 a 11 años de edad, el índice de sobrepeso y obesidad en 2012 era de 34.4 por ciento (19.8 y 14.6 por ciento, respectivamente); es decir, representa alrededor de 5.6 millones de niños con ese problema.

Ante tal situación, los promoventes sugieren que en los planteles escolares se lleven a cabo medidas estratégicas para que los estudiantes formen hábitos alimenticios saludables y disminuir o erradicar el problema de sobrepeso y obesidad de la población infantil. Para ello, es necesario que “modificar su patrón de hábitos a partir de la disponibilidad de alimentos saludables y agua potable en forma accesible y constante”.

Cabe señalar, que por cada 100 pesos del gasto público federal en educación básica, sólo 7.40 pesos son destinados al agua potable, luz, teléfono y capacitación; es decir, que el gasto para la disponibilidad de agua potable es menor al 7 por ciento. Los bebederos en las escuelas presentan falta de mantenimiento y el agua que proviene de ellos no es idónea para el consumo de los estudiantes, lo cual representa un factor de riesgo para la salud.

Por tanto, uno de los objetivos de esta minuta es dar accesibilidad al agua potable, de manera gratuita, en los planteles escolares y garantizar que se proporcionen los recursos necesarios para su disponibilidad. Esto es una opción para que los alumnos consuman agua potable en lugar de las bebidas azucaradas para mejorar la salud de la población infantil.

Finalmente y de acuerdo con las consideraciones votadas favorablemente por el Senado de la República, la minuta contiene el proyecto de decreto que reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 7.La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado —federación, estados, Distrito Federal y municipios—, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.

...

Artículo 11.En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Artículo 19.Son atribuciones del instituto las siguientes:

I. a XI. ...

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.

...

XIII. a XX. ...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Con fundamento en el artículo 19, fracción I, de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá lineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional.

Tercero. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará una partida anual para efectos del cumplimiento de los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Cuarto.La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, emitirán en un plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11.

Quinto.El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa dará prioridad a las instalaciones educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Sexto. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del sistema educativo nacional cuenten con las instalaciones de bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto.

III. Consideraciones generales

En opinión de esta comisión dictaminadora, la minuta propone que los planteles escolares cuenten con bebederos idóneos para que los estudiantes consuman agua potable para su bienestar. De acuerdo con el artículo 4o. constitucional, los niños y las niñas tienen el derecho a satisfacer “sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Asimismo, toda persona tiene derecho al “acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal (...) en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible” (párrafo sexto del artículo 4o. constitucional).

La Ley General de Educación tiene como uno de sus fines el fomentar la educación en materia de nutrición, con la finalidad de crear conciencia sobre la preservación de la salud.

Sin embargo, los niños siguen presentando problemas de nutrición; de acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil,y el segundo en obesidad en adultos”. La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos de nutrición.

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria “Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad” que la Secretaría de Educación está llevando a cabo desde el año 2010, de manera conjunta con la Secretaría de Salud (SS); tiene como principal objetivo el de “promover una nueva cultura mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable, entre las que destacan las referentes a prevenir, revertir y disminuir el avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los alumnos de educación básica y, con ello, ofrecer mayores oportunidades para alcanzar mejores logros de aprendizaje”.

Entre los diez objetivos prioritarios del acuerdo, se encuentra el de aumentar la disponibilidad, accesibilidad y el consumo de agua simple potable. Por tanto, la SEP debe tener, una participación clave en la instalación y restauración de bebederos de agua simple potable gratuita y promover la valoración de dicho líquido vital para el consumo del ser humano.

Por tanto, la propuesta de los promoventes es necesaria para que se garantice la existencia de “bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública”.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 fracciones A y E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta  honorable Asamblea que el presente proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa sea remitido al Ejecutivo para efecto de que, si no tuviere observaciones qué hacer, lo publique inmediatamente.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma el artículo 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

Artículo Único. Se reforman los artículos 7 y 11, y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado —Federación, estados, Distrito Federal y municipios—, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.

...

Artículo 11.En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Artículo 19. Son atribuciones del instituto las siguientes:

I. a XI. ..

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.

Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas;

XIII. a XX. ...

Transitorios

Primero.Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Con fundamento en el artículo 19, fracción I, de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá lineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional.

Tercero. Los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. El cumplimiento de lo anterior estará supervisado por la autoridad competente.

Cuarto.El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará, con sujeción a la disponibilidad presupuestaria, una asignación para proveer bebederos con suministro de agua potable en los inmuebles escolares, en términos de los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Quinto. La Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, emitirán en un plazo de 90 días, los lineamientos previstos en el artículo 11.

Sexto.El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto.

Notas:

1UNICEF (2013) Salud y Nutrición. Recuperado el 06 de marzo de 2014, desde. http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

2  SEP (2010) Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad. Recuperado el 12 de febrero de 2014, desde:

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/1/images/programadeac cion.sept.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de marzo de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Raymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero,  Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), integrantes.»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para fundamentar el dictamen por la Comisión la diputada María Guadalupe Mondragón González, hasta por cinco minutos.

La diputada María Guadalupe Mondragón González: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f), g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 176 y 95, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, celebrada el 7 de noviembre de 2013, los diputados Adriana Fuentes Téllez, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Manuel Añorve Baños y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

El 13 de noviembre de 2013, el dictamen positivo se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados, aprobándose con 481 votos. En esa fecha, la iniciativa con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Senadores y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el 14 de noviembre de 2013.

El 20 de febrero de 2014, el dictamen positivo, con modificaciones, se sometió a discusión y votación en el pleno de la Cámara de Senadores, aprobándose con 86 votos. En esa fecha, la minuta con proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados y fue recibida para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente el 25 de febrero de 2014. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó la minuta en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

Consideraciones generales de esta comisión. En nuestra opinión, la minuta propone que los planteles escolares cuenten con bebederos idóneos para que los estudiantes consuman agua potable para su bienestar.

De acuerdo con el artículo 4o. constitucional los niños y las niñas tienen el derecho a satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

La Ley General de Educación tiene como uno de sus fines el fomentar la educación en materia de nutrición, con la finalidad de crear conciencia sobre la preservación de la salud. Sin embargo, los niños siguen presentando problemas de nutrición.

De acuerdo con cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo, en obesidad en adultos. La principal causa a la que se apunta, son los malos hábitos de nutrición.

El Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, que la Secretaría de Educación está llevando a cabo desde el año 2010 de manera conjunta con la Secretaría de Salud, tiene como principal objetivo el de promover una nueva cultura mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable, entre las que destacan las referentes a prevenir, revertir y disminuir el avance en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los alumnos de educación básica. Y con ello, ofrecer mayores oportunidades para alcanzar mejores logros de aprendizaje.

Por lo anterior expuesto, y una vez analizada la minuta en materia de este dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración de este pleno el siguiente decreto.

Proyecto de decreto que reforma el artículo 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa en materia de bebederos escolares.

Artículo Único. Se reforman los artículos 7 y 11 y la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa para quedar como sigue:

Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado.

Artículo 11. En la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la INFE deberán cumplirse las disposiciones de la Ley Federal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Asimismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

Artículo 19. Son atribuciones del instituto las siguientes:

XII. Construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de esta ley.

Queda prohibido destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Segundo. Con fundamento en el artículo 19, fracción I de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa en un plazo no mayor de 180 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto, emitirá lineamientos generales en materia de bebederos escolares y calidad de agua para consumo humano en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional.

Tercero. Los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita, en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. —Termino, presidente—. El cumplimiento de lo anterior estará supervisado por la autoridad competente.

Sexto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de tres años a partir de la publicación del presente decreto. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputadoMarcelo de Jesús Torres Cofiño

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Mondragón González.

Esta Presidencia saluda la visita de integrantes de la sociedad de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, invitados por el diputado Jorge Mendoza Garza y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI por el estado de Nuevo León. Sean ustedes bienvenidos.

Este dictamen está a discusión en lo general. Para fijar postura hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes que la instalación de los bebederos en las escuelas representa un compromiso fundamental si queremos mejorar la salud de los niños, niñas y adolescentes de este país. Estamos seguros que esta medida contribuirá a disminuir los índices de obesidad y a mejorar la salud de los estudiantes de educación básica en las escuelas públicas del país.

Por ello consideramos que los cambios aprobados por la Colegisladora refuerzan la norma, principalmente para atender a las escuelas públicas, ya que son las que mayor déficit de infraestructura tienen, y los recursos públicos deben dirigirse a abatir este evidente rezago en la materia.

Ratificamos nuestro compromiso para promover que los subsiguientes Presupuestos de Egresos de la Federación consideren de manera paulatina mayores recursos económicos para lograr atender con esta infraestructura a los más de 227 mil planteles que compone el Sistema Educativo Nacional Básico.

En ese sentido estamos conscientes de que será una obligación del Estado mexicano la instalación de estos bebederos, pero también el mantenimiento, el agua potable y la infraestructura física y educativa; obligación que implica destinar por parte de las autoridades educativas mayores recursos a las escuelas, ya que son insuficientes para atender la demanda de la comunidad escolar. Una educación de calidad no se logra sólo con buenas intenciones o preceptos normativos plasmados en la ley. La calidad educativa requiere de planteles y programas de estudio pertinentes pero también de la infraestructura física adecuada, con edificios, salones y baños en buen estado, así como materiales didácticos suficientes.

La inclusión y equidad social son principios que nos deben guiar en las reformas legislativas con las que buscamos beneficiar a los que menos tienen o se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

En consecuencia estamos de acuerdo en que se haya eliminado del dictamen el artículo sexto transitorio que aprobamos el pasado 13 de noviembre, el cual establecía la prioridad de atender a los planteles educativos con más de 100 alumnos para la instalación de los bebederos.

Esto constituía un factor de discriminación que profundizaba más la brecha de desigualdad entre las escuela públicas del Sistema Educativo Nacional, porque son precisamente las escuelas con menos alumnos las que sufren el abandono de las instalaciones y mantenimiento de una infraestructura educativa de calidad, acorde con las necesidades de los estudiantes.

Compañeras y compañeros legisladores, el ejercicio pleno de los derechos humanos consagrados en nuestra ley fundamental requiere no sólo de voluntad política sino de interés y compromiso de las autoridades encargadas de materializar estos derechos.

Disfrutar de un sano desarrollo integral es un compromiso del Estado con nuestra niñez mexicana. Salud y educación constituyen el núcleo central para que las futuras generaciones cuenten con las mejores oportunidades para alcanzar sus metas y contribuyan al bienestar general.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de los cambios propuestos por la colegisladora, ya que consideramos urgente que de manera inmediata se inicie la instalación de los bebederos en las escuelas del país, atendiendo al derecho humano de una educación de calidad, con equidad, oportuna y pertinente, así como al interés superior de la niñez.

En Nueva Alianza seguiremos legislando por el presente y el futuro de México, que son nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Es cuando, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Talamante Lemas. A continuación tiene el uso de la voz, para fijar postura por el Partido del Trabajo, el diputado Ricardo Cantú Garza.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.  La minuta que esta soberanía recibió de la colegisladora relativa a modificar la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares es plausible porque resuelve un problema de salud elemental para los educandos del país.

La minuta aborda un tema que incluye a las personas con discapacidad, garantizando la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se hace hincapié en asegurar la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa.

Para poner en contexto el contenido de la minuta en comento, es necesario mencionar una serie de argumentos que nos llevarán a concluir lo que el documento aludido presenta. Entre 1999 y 2006, el consumo de bebidas con alto contenido calórico se duplicó entre los adolescentes y triplicó entre los adultos mexicanos. Las bebidas azucaradas contienen productos de alta densidad energética, pero bajo aporte nutricional, incidiendo en el aumento de peso de quienes las ingieren.

Estadísticas elaboradas al efecto señalan que los mexicanos consumen alrededor de 163 litros de refrescos al año, superando en un 40 por ciento el consumo estadounidense que es de 118 litros anuales aproximadamente.

Por otra parte, tenemos que recordar que las recomendaciones y estudios a nivel internacional establecen que la formación de hábitos alimenticios se adquieren durante la edad escolar, y por ello es necesario modificar los patrones de conducta, de tal manera que la población expuesta tenga la disponibilidad de alimentos saludables y agua potable en forma accesible y constante. En ese orden de ideas es en los centros escolares donde se da la posibilidad de tomar hábitos alimenticios y cívicos.

En nuestro país la asignación de partidas presupuestales al efecto equivale a 7 pesos 40 centavos de cada 100 pesos asignados al gasto público federal en educación básica, referido a que las escuelas tengan agua potable, luz, teléfono y capacitación con lo que la partida para agua es necesariamente menor.

El objetivo plasmado en la citada minuta es el de que se modifique la Ley General de la Infraestructura Física Educativa mediante la reforma a los artículos 7, 11, y la fracción XII del artículo 19 de tal manera que en los inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado en el marco del sistema educativo nacional se incluyan las adecuaciones para prever la inclusión de bebederos escolares.

También se trata de asegurar la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se toman en cuenta las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ambientales ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

En suma, la materia de los bebederos escolares es un asunto de salud nacional en el ámbito de los estudiantes que acuden a tomar sus clases en los inmuebles erigidos al efecto. Y también habría que señalar que este dictamen complementa el acuerdo que tomamos en esta Cámara de Diputados dentro del Presupuesto de Egresos de destinar una partida especial para la construcción de estos bebederos.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la minuta que la colegisladora ha enviado al pleno de esta soberanía. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputado Cantú Garza. A continuación, para fijar postura por el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el agua está considerada como la esencia de la vida, su potabilización y saneamiento son fundamentales para la existencia y salud de todos los seres humanos, sin embargo se tiene estimado que más de 884 millones de personas en el mundo carecen de dicho recurso.

El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando con éste su esencial importancia para la realización de todos los derechos humanos.

Por lo anterior, el 8 de febrero de 2012 fue adicionada nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con un párrafo en su artículo 4o. que a la letra dice: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Sin embargo, no ha sido posible acabar con la mala distribución y la carencia de este recurso a lo largo y ancho del país. Se estima que existen aproximadamente entre 10.6 y 11 millones de mexicanos que aún no cuentan con el servicio de agua potable en México, focalizados en zonas rurales y suburbanas.

Como ejemplo, es paradójico que en Tabasco, siendo un estado con una abundante agua a sus alrededores, el 26 por ciento de la población no cuente con el acceso a este vital líquido. Esto ha sido aprovechado indiscutiblemente por la industria refresquera, la cual obtiene utilidades por más de 47 mil 82 millones de pesos anuales.

Es importante observar cómo las compañías refresqueras tienen canales de operación más efectivo para la distribución de este líquido que el gobierno federal con los programas sociales. El consumo de refresco en la población de nuestro país ha ido en aumento de manera alarmante. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública el consumo en adolescentes aumentó en 100 por ciento, y en mujeres el 300 por ciento.

En total, los mexicanos consumen un promedio de 163 litros por año, llegando a superar a Estados Unidos con un consumo de 113 litros en el mismo periodo de tiempo; candidatos naturales a la diabetes.

El Instituto Nacional de Salud Pública revela que el consumo de refresco aporta el 21 por ciento de calorías que se consumen a diario, cuando lo recomendado por la Secretaría de Salud es del 10 por ciento, lo que a la larga genera serios problemas de sobrepeso.

Esta ha sido una de las principales causas en el aumento del sobrepeso y obesidad en niños y adultos, además de otros hábitos alimenticios como el consumo de alimento con un alto contenido calórico.

México actualmente ocupa el primer lugar a nivel internacional en obesidad en niños y el segundo en adultos, por lo que es necesario implementar políticas que ayuden por un lado a garantizar el derecho al consumo del agua potable limpia y de calidad, y por otro lado a disminuir los índices de obesidad con los que cuenta nuestro país.

En este contexto, el dictamen nos parece un avance importante en la materia, ya que la instalación de la infraestructura hidráulica necesaria en las escuelas púbicas y privadas garantizará el libre acceso al agua potable y por lo tanto incentivará su consumo, más si consideramos que por cada 10 pesos del gasto público federal destinado a la educación básica, 7.40 pesos son destinados para servicios públicos, como agua, luz, teléfono, etcétera, lo que deja claro que el gasto para la disponibilidad de agua potable en escuelas públicas es menos del 7 por ciento.

Por lo anterior, la instalación de bebederos escolares permitirá modificar conductas inadecuadas de alimentación a partir de la disponibilidad de alimentos saludables y de la constante disponibilidad de agua potable. Con esta medida los alumnos formarán hábitos alimenticios saludables, que ayudan a disminuir o erradicar los problemas de sobrepeso y obesidad de la población infantil, además de actuar en estricta congruencia con la Ley General de Educación, la cual tiene dentro de sus prioridades fomentar la educación en materia de nutrición, con la finalidad de crear conciencia sobre la preservación de la salud.

Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Muchas gracias, diputada Vargas Pérez.

Para fijar postura hasta por cinco minutos en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, tiene el uso de la voz la diputada Judith Magdalena Guerrero López.

La diputada Judit Magdalena Guerrero López:Con su venia, presidente. Señoras y señores legisladores. En noviembre pasado cuando esta asamblea aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa se expusieron argumentos con los cuales concordamos los 481 diputados que estuvimos presentes entonces.

El serio problema de salud pública que enfrenta nuestro país, derivado de la emergencia de enfermedades relacionadas con el poco adecuado estilo de vida de los mexicanos, caracterizado fundamentalmente por una mala alimentación y por la falta de activación física, ha sido diagnosticado una y otra vez.

Ante la magnitud del problema que enfrentamos en los últimos años, se han propuesto múltiples medidas encaminadas a transformar esta lamentable situación que está poniendo en riesgo la viabilidad de nuestro sistema de salud, y que amenaza con colapsarlo en un futuro cada vez más cercano si no somos capaces de generar cambios significativos al respecto.

Ante tal situación recientemente han sido aprobadas por esta asamblea medidas con el objeto de enfrentar de manera más efectiva la problemática de la obesidad en nuestro país. Un ejemplo de ello fue el establecimiento a partir de este 2014 del impuesto especial a los refrescos y bebidas azucaradas cuya finalidad esencial, además de allegarle mayores recursos al Estado, es desincentivar el consumo de los mismos, pues se ha comprobado que este es una de las principales causas de la obesidad y el sobrepeso que aqueja a siete de cada 10 mexicanos.

En este sentido se hace necesario ofrecer una alternativa más saludable a quienes consumen bebidas con alto contenido calórico y grandes cantidades de azúcar. Esa es precisamente la intención de la iniciativa propuesta por los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, cuya aprobación garantizará en los planteles escolares el acceso gratuito al agua potable, a través de la instalación de bebederos.

Sin embargo, la colegisladora, en virtud del proceso legislativo señalado en el artículo 72 constitucional, ha realizado observaciones pertinentes y ha dispuesto modificar el texto del artículo 19 y el tercero transitorio.

Con respecto al artículo 19, las comisiones dictaminadoras del Senado de la República estimaron la conveniencia de mantener el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XII, a efecto de no legalizar mediante una excepción la transferencia de recursos públicos a particulares.

Esta modificación pretende garantizar que los recursos públicos destinados por la Secretaría de Hacienda para cumplir con el propósito de la reforma, sean destinados única y exclusivamente a las escuelas públicas y no así a las particulares.

Lo anterior tiene sentido, en cuanto al hecho de que son muchos los rezagos todavía existentes en el país, en lo que se refiere al acceso de agua potable, pues se estima que el 4 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas carecen del líquido, mientras que en el ámbito rural la cifra crece hasta el 13 por ciento y casi siempre se trata de personas con alto nivel de marginación, los cuales asisten en el mejor de los casos a escuelas de carácter público.

Además, cabe señalar que una estimación del Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa, de acuerdo a los datos de un estudio-diagnóstico realizado por la Secretaría de Educación Pública sobre los inmuebles escolares, estableció que sólo el 50.4 por ciento de los planteles educativos del Estado cuentan con bebederos.

Ahora bien, en virtud de las reformas propuestas por el Senado al artículo 19, resulta pertinente ampliar el plazo para que los planteles educativos particulares instalen bebederos bajo una supervisión de las autoridades competentes.

De este modo, la modificación al artículo tercero transitorio tiene el propósito de establecer 18 meses en lugar de 12, como plazo para cumplir con lo establecido en las leyes a partir de su entrada en vigor, por lo cual se estarían eliminando los pretextos para que pudieran surgir por parte de los particulares.

La bancada del Partido Verde apoya este tipo de propuestas y celebra que se dictaminen con prontitud, a fin de beneficiar siempre a nuestros niños. Es cuanto, presidente. Y a consideración de diputados y diputadas.

Presidencia del diputado José González Morfín

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Cuéllar Reyes, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Fernando Cuéllar Reyes:Con su venia, diputado presidente. Estimadas compañeras y compañeros, el día de hoy su servidor viene a esta tribuna a fijar posicionamiento por parte del Grupo Parlamentario del PRD, respecto al dictamen que reforma y adiciona los artículos 7,11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Educativa, en materia de instalaciones de bebederos.

Como ustedes saben, y esto fue parte de un debate que tuvimos en el marco del análisis del presupuesto para el 2014, ése debate de cómo poder garantizar, desde una política pública del Estado mexicano, que se pudieran instalar este tipo de bebederos.

Desde aquí quiero llamar la atención y la preocupación que me han manifestado varios compañeros y compañeras, que ya tuvieron la experiencia de ser diputadas o diputados locales en algunas legislaturas de los estados, que se etiquetó recurso, pero que no se resuelve sólo con el concepto de bebederos, porque definitivamente tiene que ver con las condiciones en que estén las escuelas con la infraestructura, en algunos lugares no tenemos ni agua y ahí es donde es necesario fortalecer que la infraestructura nos dé condiciones para llevarlo a cabo.

Por eso consideramos que respecto de este dictamen que estamos comentando, debemos de hacer mención, desde diferentes perspectivas, el tema de la salud de nuestras niñas y niños, que está en riesgo bajo los parámetros actuales. Como fuente el último dato emitido por la Secretaría de Salud, en lo que fueron evaluados alrededor de 7 mil niños y niñas de entre 13 y 12 años de edad, se observó que un 45 por ciento mostraba datos de obesidad y sobrepeso. Cabe mencionar que en referencia a esto, un 20 por ciento mostraba signos más alarmantes de tener obesidad mórbida.

Es de importancia señalar, que como país nos encontramos en el primer lugar a nivel mundial de sobrepeso y obesidad infantil. Si tal patología no es considerada en los compromisos y acciones actuales del Estado mexicano, pronto tendrá un impacto negativo en nuestro sistema de salud pública y también en términos económicos y sociales, por lo que se pondría en riesgo nuestra nación.

Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reconoce en esta iniciativa un compromiso con los niños y jóvenes mexicanos. Consideramos como una estrategia congruente y válida no sólo el limitar el consumo de bebidas azucaradas, comida chatarra y la colocación de impuestos a éstos, sino fomentar y alentar, en paralelo, el consumo de agua potable.

Sin embargo, para que esto sea posible, el Estado debe de asumir un papel activo y garantizar la existencia de bebederos en cada una de las escuelas existentes a lo largo y ancho de la República Mexicana tanto públicas como privadas.

Es necesario precisar que hoy en día la recaudación total del impuesto a la comida chatarra equivale, en cifras actuales, a poco más de 12 mil millones de pesos correspondientes a la recaudación hecha a las bebidas azucaradas y en cuanto a los considerados alimentos no básicos con alta densidad calórica, el equivalente a 5 mil 600 millones de pesos.

Debe tomarse en consideración que esta iniciativa, atinadamente incluye la participación de las dos dependencias implicadas en la materia: la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, que deben respectivamente asegurar la calidad del agua, y por otro, el acceso y construcción de infraestructura, como ya lo explicaba yo hace un momento, en los centros escolares.

Por lo que se requiere la instalación de 645 mil 217 bebederos, los cuales tendrían un impacto presupuestario que asciende a casi 10 mil millones de pesos por conceptos de gasto de inversión, más 961 millones de pesos anuales por consumo de agua. De hacerlo gradualmente, instalarse 215 mil bebederos por año, el impacto presupuestal, incluyendo el consumo de agua, sería de 3 mil 546 millones de pesos en un periodo de tres años.

La magnitud del impacto presupuestario para el erario federal podría ser menor en la medida en que el gasto por consumo de agua se distribuya en los tres órdenes de gobierno, conforme al régimen de sostenimiento de las escuelas.

Por otro lado, esta iniciativa es pertinente, pues estamos en tiempo de hacerla realidad vía la modificación en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Quiero finalmente comentar, compañeras y compañeros diputados, que las dos modificaciones que nos hizo la Cámara de Senadores a la iniciativa original, referentes a eliminar la inversión en infraestructura para escuelas particulares y extender la inversión a escuelas con menos de 100 años en su matrícula, consecuentemente, en la opinión de nosotros los legisladores del PRD, son totalmente congruentes con el principio de equidad y en este sentido llamamos a los distintos grupos políticos a que hagan especial énfasis en la revisión de los gastos en materia de educación, pues el escaso margen de inversión que tiene el gobierno federal hacia ésta, exige que el gobierno sea especialmente cuidadoso de invertir con eficacia.

En otras palabras, cuidemos que esos 10 mil millones de pesos, que es el compromiso que se tuvo con el Ejecutivo, efectivamente se apliquen progresivamente durante estos tres años y que ya en 2014 veamos de manera objetiva, en nuestras escuelas, en toda la República Mexicana, que se haga realidad la instalación de estos bebederos.

De acuerdo con estos argumentos, el Grupo Parlamentario del PRD llama a todas las diputadas y diputados aquí presentes a emitir su voto a favor de esta iniciativa que sin duda generará beneficios a nuestra niñez y juventud. Y también, finalmente felicitar a las Comisiones de Educación, que encabeza nuestro querido compañero Jorge de la Vega, y a la Comisión de Presupuesto, que se tuvo esta sensibilidad, con el diputado Manzur, por poder integrar en el análisis y con la corrida financiera, y en la plática que se tiene, en el diálogo que se tiene con el Ejecutivo, poder hacer realidad que este año comience la instalación de los bebederos y que se corrijan también muchas de las fallas estructurales que tienen nuestras escuelas, por el beneficio educativo de nuestras niñas y nuestros niños. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado Cuéllar.

Saludo a un grupo de ciudadanos de la Colonia Texalpa y de Ciudad Azteca del municipio de Ecatepec, estado de México. Que se encuentran aquí invitados por la diputada Norma Ponce Orozco. Bienvenidas y bienvenidos.

Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Consecuentes con la reforma al artículo 4o. Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de febrero de 2012, en el que se consagró el derecho de toda persona al acceso a la disposición y al saneamiento de agua para consumo personal y doméstico esta Cámara de Diputados, el 13 de noviembre de 2013, discutió y aprobó en su calidad de Cámara de origen, el dictamen con proyecto de decreto que tiene como fin garantizar el acceso al consumo y suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar.

En aquél entonces con una votación casi histórica, es decir, 481 votos a favor, estuvimos de acuerdo en aprobar las modificaciones a la Ley General de Infraestructura Física Educativa y así remitirla en términos del proceso legislativo a la Cámara de Senadores.

El 20 de febrero de 2014, los integrantes de la Cámara de Senadores discutieron y aprobaron, con modificaciones, la referida reforma, pero reconociendo la importancia para la generación de hábitos saludables; por ello nos encontramos aquí nuevamente en este pleno discutiendo las modificaciones propuestas por la Cámara revisora a la minuta enviada, por las que propone en primer lugar mantener el texto vigente del segundo párrafo de la fracción XII del artículo 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

Por otra parte, se plantea modificar el artículo tercero transitorio con el propósito de establecer un plazo máximo de 18 meses para que los planteles educativos instalen bebederos bajo la supervisión de las autoridades correspondientes, adecuación que Acción Nacional apoyará, porque creemos firmemente que establecer un plazo concreto para que las autoridades educativas realicen lo señalado contribuirá a que la ciudadanía y nosotros como sus representantes podamos monitorear y pedir cuentas a fin de preservar los derechos amparados en esta reforma.

Finalmente, la Cámara revisora propone eliminar el artículo sexto transitorio, a fin de descartar el criterio de prioridad que se establecía en la instalación de los bebederos de agua potable con el fin de no excluir a aquellas localidades marginadas y pobres que no cumplan con tal requisito, modificación que también nuestro grupo parlamentario votará a favor a fin de no profundizar los grandes rezagos que sufren las regiones más apartadas y menos pobladas que cuentan con instalaciones educativas de por sí precarias.

Compañeras, compañeros, es un gran desafío el cuidado de la salud pública, sin duda la falta de agua para beber en las escuelas representa y se vuelve una estrategia sumamente valiosa para conservar la salud de nuestros niños y de nuestras niñas, por lo que el impulso de acciones que contribuyan en ello debe ser considerado una prioridad de salud pública para el Estado.

Para Acción Nacional apoyar este dictamen es atender la urgencia de que los niños y las niñas de este país puedan tener acceso gratuito a agua purificada en sus escuelas como un derecho básico de la infancia y una obligación del Estado el garantizarlo.

Cabe apuntar que para nosotros, como Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el tema no es desconocido. Los integrantes de nuestro grupo parlamentario hemos insistido en el abordaje legislativo de las acciones necesarias para la conservación de la salud mediante diversos proyectos de iniciativa de ley.

Por ello y por nuestro compromiso doctrinario con la creación de condiciones para el pleno ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos es que votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Saludo la presencia y les doy la más cordial bienvenida a los alumnos del Centro Universitario Continental de la licenciatura en derecho, de Pachuca, Hidalgo, que están aquí invitados por la diputada Dulce María Muñiz Martínez. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Tiene ahora la palabra el diputado Roy Argel Gómez Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Roy Argel Gómez Olguín:Con su venia, señor presidente. Señores y señoras legisladores. El motivo de mi presencia en esta tribuna es para manifestar el posicionamiento de mi partido, el Revolucionario Institucional, respecto de un tema de vital importancia.

Me referiré al abasto de agua potable a nuestros niños y a nuestras niñas mediante la implementación de bebederos escolares, una iniciativa presentada y fundamentada en su momento por mi compañera y amiga, la diputada Adriana Fuentes Téllez.

¿Por qué digo que el tema del agua es de vital importancia? Si consideramos que el cerebro es 75 por ciento agua, que se necesita agua para exhalar, que además el agua regula la temperatura del cuerpo, el agua transporta nutrientes y oxígeno a todas las células en el cuerpo.

La sangre es 92 por ciento agua, el agua humedece el oxígeno para poder respirar, el agua protege y amortigua órganos vitales, el agua ayuda a convertir los alimentos en energía, el agua ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes, el agua se deshace de los desperdicios de nuestro organismo. Los huesos son 22 por ciento agua y que los músculos son 75 por ciento agua. Tenemos la respuesta concreta a esta pregunta. El agua es vida.

Tan es así, que algunas de las consecuencias por su falta pueden ser infección del tracto urinario, formación de cálculos renales, trastornos broncopulmonares, cáncer, estreñimiento, dolores de cabeza y migraña, incremento en la fatiga, pérdida de la memoria cuando se sufre una deshidratación moderada y alteraciones del sistema nervioso central, entre otros.

De ahí que reitero sea imperativo proporcionarles de manera gratuita y constante el abasto de agua potable a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas, para así evitarles los problemas de salud en la medida de lo posible.

Además de lo anterior sabemos la importancia que ha adquirido en nuestro tiempo el problema de sobrepeso y la obesidad en la población.

Por eso es necesario atender este tema y ha sido una preocupación constantes de nuestro presidente de la República, quien cumpliendo un compromiso de campaña en el sentido de velar por el bienestar de las familias mexicanas ha instruido al sistema de salud para que se aboque a combatirlo de manera preponderante.

Pero nos toca también a nosotros hacer equipo con el Ejecutivo para abatir ese flagelo que tanto afecta a nuestra sociedad.

Por eso es que el hecho de que los estudiantes tenga a la mano la posibilidad de consumir agua potable, sientan la necesidad de hidratarse, será una forma de contribuir a ese esfuerzo, toda vez que con esto serán propensas a desarrollar un hábito que contribuirá de sobremanera a mantenerse en el peso ideal al intercambiar la ingesta de este preciado líquido por aquellas bebidas azucaradas, aquellas bebidas con conservadores. Que entre otras consecuencias les generan graves problemas de sobrepeso.

No es desconocido para nosotros que la Organización Mundial de la Salud considera que el derecho a la salud consiste en que los gobiernos creen condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible.

Dichas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de los servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

De esta forma el organismo dependiente de la ONU establece que la prerrogativa en comento no debe entenderse únicamente como el derecho a estar sano.

Además, de acuerdo con la OCDE la obesidad constituye la principal causa de mortalidad en los países miembros de la organización y México es el segundo país con mayor índice de obesidad, ya que el 30 por ciento de su población adulta padece obesidad.

Por lo que respecta a la población infantil de 5 a 11 años de edad, el índice de sobrepeso y obesidad en 2012 era del 34.4 por ciento. Es decir, representa alrededor de 5.6 millones de niños con ese problema.

Por lo tanto, cualquier medida que tomemos con el afán de contribuir y disminuir esos índices, siempre será benéfica para nuestras familias; pero no bastará la simple implementación material de los bebederos para lograr este objetivo. Es importante que todos los actores sociales relacionados de manera directa con los estudiantes, con los niños y niñas, como son los padres de familia y los maestros se involucren en este esfuerzo conjunto buscando ese cambio de hábitos de hidratación, siendo lo más importante educar desde el seno de la familia y en las aulas a las niñas y los niños para que se percaten de la importancia que tiene para su salud física y mental que consuman una cantidad suficiente de agua potable al día.

Cabe resaltar que el tema de la preservación y tratamiento de agua potable ha sido motivo para la realización de distintos foros nacionales e internacionales y, dada su importancia, ha comenzado a ser tratado como un derecho humano. Tan es así que se dice que en un futuro no será el petróleo ni el oro lo que genere disputa entre las naciones, sino que lo será el vital líquido que a la fecha aún podemos proporcionar a nuestros niños y niñas sin controversias con terceras personas.

En la minuta que hoy tenemos a discusión, nuestra colegisladora coincidió en lo general con el proyecto que le fue remitido, aunque formuló dos cambios concernientes al artículo 19 de la ley en cuestión en donde propone que no se transfieran recursos públicos a entidades particulares y del tercer transitorio del decreto, en el cual amplía de 12 a 18 meses el plazo para que los planteles educativos particulares instalen bebedores, bajo la supervisión de las autoridades competentes.

Diputadas y diputados, por todo lo antes dicho es que el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional es a favor de que se apruebe el dictamen propuesto y por lo tanto se reforme la Ley General de  la Infraestructura Física Educativa, en los términos señalados, cumpliendo así con la obligación de beneficiar con nuestro esfuerzo a todas las familias mexicanas. Trabajando unidos, unidos somos más fuertes. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Quiero dar la más cordial bienvenida, a nombre de la Cámara de Diputados, a 32 alumnos destacados en la evaluación de la Olimpiada del Conocimiento en Matemáticas 2014, procedentes del municipio de Matamoros, Tamaulipas, invitados por el diputado Carlos García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

También le damos la bienvenida a la contadora Ivette Bermea, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Matamoros. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Tiene ahora la palabra, para hablar a favor, la diputada Socorro Ceseñas Chapa.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares representa un ordenamiento constitucional al que México llega tarde, pero debe ser un inicio para el mejoramiento de la salud de todas y de todos los mexicanos, principalmente de la niñez en nuestro país.

El tema que abordamos el día de hoy no es menor. La falta de acceso de al agua potable en el mundo, y en nuestro país particularmente, es un problema absolutamente real. Basta recordar que la falta de este preciado líquido con un correcto saneamiento y medidas de higiene adecuadas causa la muerte cada de día de mil 400 niños menores de cinco años en el mundo, de acuerdo al informe de la Unicef.

Nuestro país padece una crisis en materia de escasez del agua. Recientemente el titular de estudios y proyectos de agua potable y redes de alcantarillado de Conagua, señaló que en México a partir de 1990 y hasta el 2013, 10 millones de personas no tenían acceso al agua potable, principalmente en zonas como Aguascalientes, Coahuila, Colima, Tlaxcala y el Distrito Federal.

El agua, el oro azul como es llamado, ya conocido en muchos países, es un recurso de la mayor importancia para mantener la vida. México debiera realizar una declaratoria muy seria para la protección de los mantos acuíferos y el mantenimiento de las redes de distribución en todo el país.

El ordenamiento constitucional del artículo 4o. es muy preciso. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

El dictamen a discusión sobre la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares debiera traernos a la memoria que en la opinión de algunos expertos para el 2050 el consumo de agua en el mundo aumentará en 55 por ciento. Y más del 40 por ciento de la población mundial no tendrá acceso a ella o de plano habrá escasez.

La OCDE ha señalado recientemente que existen problemas serios de abasto de agua en nuestro país. A este fenómeno se destaca que el costo de las enfermedades producto de falta de acceso a este líquido le cuesta a México aproximadamente 500 millones de dólares. Si a esta cantidad sumamos el costo de las enfermedades causadas por el alto consumo de bebidas azucaradas, gaseosas, alcohólicas, el problema se vuelve mayúsculo.

Hace años el gobierno decidió sucumbir ante los intereses de las grandes empresas refresqueras y embotelladoras para convertir en un derecho de los mexicanos el uso de bajar este costo.

Es importante recordar que de acuerdo a la UNESCO, un litro de agua embotellada cuesta un promedio de mil veces más que un litro de agua de grifo. Por lo tanto debemos de seguir impulsando de que haya la posibilidad de la llegada del agua potable a todas y a todos los mexicanos.

La propia Cámara de Diputados ha decidido convertir este derecho en un bien o servicio que le cuesta millones de pesos. Recordemos que hemos insistido en la instalación de bebedores de agua potable, de tal manera que nos permita un gran ahorro millonario en esta Cámara de Diputados y en todas las instituciones del poder en el país.

Hago un llamado para que no confundamos derechos con servicios. Debemos reconocer que la comisión revisora en el Senado hizo modificaciones pertinentes que ya hicieron mención los compañeros que antecedieron el uso de la palabra para posicionar a favor.

La que más es de aplaudir es la que tiene que ver con la que se contradecía y era discriminatoria, señalar que solamente se instalarían bebederos, se iniciaría la aplicación de ellos y su instalación en las escuelas de una población estudiantil de 100 alumnos hacia arriba. Y eso, creo, que era discriminatorio y aplaudimos que se haya decidido.

Recordarles también que el peso quedará. Cada uno de los litros de las bebidas saborizadas pues generará 12 mil 500 millones de pesos, suficientes para poder no sólo en el plazo que viene estipulado en la reforma, sino en menor tiempo, puesto que el centro de investigaciones económicas de esta Cámara tiene la proyección para la instalación de bebederos de agua potable en un costo de 2 mil 500 millones de pesos, incluyendo a las escuelas donde están lejos de donde está el acceso a una llave de agua potable.

Aplaudimos obviamente. Podemos seguir avanzando aún más, siempre y cuando tengamos la disposición y el buen manejo del recurso que en su momento se destine para la instalación de estos bebederos en las escuelas en nuestro país. Gracias por su atención y buen día.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Y saludo con mucho gusto a un grupo de ciudadanos del municipio de Xico, Veracruz, que nos acompañan hoy, invitados por el diputado Ángel Abel Mavil Soto. Bienvenidas y bienvenidos, todos.

Tiene la palabra, para hablar a favor, la diputada Dulce María Muñiz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Dulce María Muñiz Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Amigos diputados y amigas diputadas, un reclamo recurrente de los padres de familia es que las condiciones en que se educan sus hijos mejoren y respondan a estándares de calidad que permitan en el futuro retribuir sus esfuerzos, de forma tal que logren el salto cualitativo generacional tan anhelado.

Ciertamente a ese reclamo acudimos responsablemente los legisladores con una reforma educativa que buscó hacer de la calidad un pilar fundacional del sistema mismo. La idea fue y sigue siendo clara: hacer que la población mexicana, que se educa en nuestro sistema, siga defendiendo y sirviendo a México, sin dejar de ser consciencia crítica de su pueblo, como lo vislumbra nuestro Nobel, el maestro Octavio Paz.

Hoy vengo a ratificar el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para con la niñez y la calidad educativa, misma que no resulta de esfuerzos aislados sino del trabajo integral y en equipo. Por ello hago manifiesta la posición a favor de la iniciativa que reforma los artículos, 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Con el cambio propuesto se hace posible la instalación de bebederos funcionales que oferten agua a más de 30 millones de alumnos en poco más de 240 mil escuelas. La calidad educativa también se acompaña de infraestructura que fortalezca al sistema.

Aprovecho la ocasión para reconocer y agradecer como docente de vocación que soy, a mi amiga y compañera diputada Adriana Fuentes Téllez, quien fue quien presentó y fundamentó en su momento esta iniciativa. Mi reconocimiento por supuesto a mis compañeras y compañeros de la Comisión de Educación y Servicios Educativos y a su presidente, y a todos los grupos parlamentarios que en su momento dieron su respaldo unánime. Su valioso apoyo e impulso materializará lo que hemos venido haciendo en esta histórica legislatura; reorientar al país para que tome la senda de la modernidad.

Amigas diputadas y amigos diputados, gracias a esta propuesta conjuntamos los esfuerzos institucionales para combatir el grave problema de la obesidad y el sobrepeso, el cual nos coloca en el octavo lugar en obesidad infantil en niños y en el cuarto en obesidad en niñas, conforme a lo reportado por la OCDE.

Una población sana con altas expectativas de vida empieza desde su formación inicial, la escuela, el espacio propicio para hacerlo. Una escuela de calidad forma valores para lograr una mejor sociedad.

Hoy votaremos una decisión responsable para un México que tiene futuro. Gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene finalmente el uso de la voz, para hablar a favor del dictamen, el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañeros presidente. Compañeras y compañeros legisladores, esta reforma fue aprobada por esta Cámara en el periodo ordinario pasado y hoy regresa de nuestra colegisladora. Nosotros en esa ocasión señalamos nuestro acuerdo por esta reforma que dispone que se establezcan bebederos suficientes en las instituciones de educación básica, con objeto de generar nuevos hábitos de consumo y como una medida para evitar también el consumo de refrescos en las escuelas del país.

Sin duda que no podemos dejar de estar a favor de este punto, es una medida trascendente, ¿por qué lo es? Porque definitivamente hay un problema de infraestructura de bebederos en el país, porque hay un problema grave de obesidad, del cual ya han dado cuenta quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Pero además refrenda la convicción que tenemos en Movimiento Ciudadano de que los hábitos de consumo de la población y particularmente de nuestra niñez, no se cambian por decreto ni se combaten con impuestos agresivos, sino con políticas públicas y medidas eficaces que respondan al entorno social.

Nos parece que esta medida es más trascendente que el impuesto del 8 por ciento sobre la producción y servicios a los alimentos llamados chatarra, que ha generado efectos inflacionarios en el país y que no es claro que haya permitido un combate genuino a la obesidad.

Nosotros estamos a favor de esta propuesta, pero queremos también aprovechar este espacio para que el gobierno rinda cuentas claras de qué se ha hecho con lo recaudado con el impuesto de un peso al litro de refresco y el impuesto del 8 por ciento a los llamados alimentos chatarra.

El Presidente diputado José González Morfín: Diputado Ricardo Mejía, permítame un segundo. El diputado Díaz Palacios desea formularle una pregunta, ¿la acepta usted?

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Al terminar la contestaré, con todo gusto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: El gobierno federal debe informar sobre los avances, el impacto, el destino de los recursos fiscales y la efectividad en materia de salud y reducción de obesidad de las medidas fiscales.

No puede ser que con el discurso de combatir la obesidad únicamente haya una medida recaudatoria que está generando inflación y está siendo además inhibitoria del crecimiento económico.

Nosotros sí creemos el combatir la obesidad. Y por eso esta medida que hoy se está aprobando es efectiva. Pero también, ya que entramos al debate de medidas efectivas para combatir la obesidad, que el gobierno federal informe cómo va el avance en este tema a partir de la reforma fiscal que puso impuestos sobre este tema. Esta sería mi intervención, y adelante, diputado.

El Presidente diputado José González Morfín: Puede formular su pregunta, diputado Díaz Palacios. Sonido, por favor.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios(desde la curul): Muchas gracias, señor diputado. Solamente para preguntarle —y aspiro a una respuesta con un simple sí o no— si está usted enterado que la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un estudio en donde demostró que a los y las mexicanas nos costó en atención a la obesidad infantil 68 mil millones de pesos, por supuesto, esto incluye la diabetes.

De ser sí su respuesta, señor diputado, entonces usted mismo se está contradiciendo porque se ha comprobado que la recaudación con ese impuesto, que por cierto usted no acompañó, se han recabado 12 mil millones de pesos. Por su respuesta y su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Yo lo que le puedo comentar, señor legislador, es que efectivamente nosotros no aprobamos ninguno de los nuevos impuestos de la reforma fiscal, porque está comprobado —y no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas, lo dice el Banco de México, lo dice Banorte, lo dice el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado— que estos impuestos están generando inflación en el país y están generando una limitación del crecimiento económico.

Además, son impuestos que le están pegando a los más desfavorecidos, como el impuesto mal llamado a los alimentos chatarra, que se ha convertido en un IVA disfrazado a los alimentos, porque todo ha subido, ha subido el huevo, ha subido el pan dulce, ha subido la cebolla. Por esa razón, le reitero, no estuvimos a favor antes ni estamos a favor ahora.

Lo cierto es que lo que queremos es transparencia. Que el gobierno informe cuál ha sido el impacto. Usted, sé que le interesa mucho este tema, pero la realidad es que el gobierno ha sido omiso, y a nosotros nos preocuparía que el gobierno no informara.

De lo demás, hay estudios en igual sentido. Hay unos que dicen que ayudan, hay otros que dicen que no ayudan las medidas impositivas. Pero aquí quien debe informar es el gobierno federal y la Secretaría de Hacienda ¿qué se ha hecho con los recursos? y la Secretaría de Salud ¿cómo ha repercutido en bajar la obesidad en el país? Ése es el tema de fondo.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Dígame, diputado.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios (desde la curul): Para rectificación de hechos, señor presidente, si usted no tiene inconveniente.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para rectificación de hechos. Le doy la más cordial bienvenida a un grupo de 59 jóvenes de la región norte del estado de México, integrantes de la Red Jóvenes por México, que están invitados aquí por el diputado Miguel Sámano Peralta. Bienvenidas y bienvenidos todos a la sesión.

El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Con su venia, señor presidente. Miren ustedes, compañeras y compañeros diputados, he sido verdaderamente respetuoso al escuchar todas y cada una de las intervenciones de mis compañeras y compañeros, lo que no se vale es venir con un tema y aludir otro.

Por eso claramente pregunté, si el estudio de la UNAM no dejaba satisfecho a quien me antecedió en el uso de la palabra. Son 68 mil millones de pesos, esto ya es grave, pero lo es todavía más, que México ocupe el nada honroso primer lugar en obesidad infantil y la diabetes.

¿Qué está pegando más a nuestra niñez? El consumo de los refrescos. Entonces, hoy que la gran mayoría de ustedes aprobó lo que la correligionaria nos hizo, porque nosotros íbamos con el 5 por ciento y la correligionaria nos dio el 8 por ciento. Pero además, ustedes mismos, compañeras y compañeros diputados, etiquetaron un recurso para que fuera a los bebederos, a las escuelas para que nuestros niños tuviesen la oportunidad, como en mi época fue, de que tuviese acceso al bebedero de agua potable.

Ojalá que realmente pensemos más en el bienestar de nuestros niños, de nuestra juventud y hagamos a un lado los proyectos personales o de grupo o de partidos, pues lo que está en juego en este momento es la salud de nuestros niños.

No hay un solo estudio nacional o extranjero que no nos ubique en el primer lugar, nada honroso, de obesidad infantil. Por su atención, por su solidaridad en este proyecto les doy las más agradecidas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Informo a la asamblea que han sido reservados los artículos tercero transitorio y también el sexto transitorio.

En consecuencia, le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación en lo general de los artículos no reservados en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado José González Morfín: Doy la bienvenida a esta sesión a un grupo de alumnos y maestros del Colegio San Francisco, de Guanajuato.

Y también a los estudiantes del segundo semestre de la carrera de administración pública de la Universidad Autónoma de Morelos, que nos acompañan aquí invitados por el diputado Víctor Reymundo Nájera Medina. Bienvenidas y bienvenidos todos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, se han emitido 399 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados en general los artículos no reservados por unanimidad.

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra para presentar su propuesta de modificación al artículo tercero transitorio el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Nosotros votamos a favor de esta reforma y nos da gusto que haya salido por unanimidad. Las buenas propuestas hay que apoyarlas cuando tienen soporte.

Pero aun cuando estamos a favor, hay algunos que son mandados para atacarnos porque no les gusta que les recordemos los fracasos de la política fiscal y hacendaria que hay en el país. El nulo crecimiento económico, el repunte de la inflación, la falta de creación de empleos, la pérdida del poder adquisitivo del salario, la falta de competitividad de los empresarios y comerciantes de la frontera del país por las medidas fiscales con relación a nuestro vecinos del norte.

Por eso nosotros vamos a seguir recordando este tema, porque se ha convertido el tema de la reforma hacendaria en un tema de desaceleración económica y en un problema de la macroeconomía y la microeconomía del país.

Si nosotros señalamos el tema del impuesto al refresco y el impuesto a los alimentos chatarra, es porque la gente además de agradecernos que hayamos votado en contra, nos dice que hoy les alcanza menos gracias a estas medidas fiscales y nosotros queremos que el gobierno rinda cuenta claras sobre qué se está haciendo con estos recursos que se dijo que eran para combatir la obesidad.

Desde luego que nosotros queremos que se vaya a fondo en esta pandemia que hoy vive el país, con el nada honroso primer lugar en obesidad infantil, pero no queremos que con pretextos el gobierno siga llenando las arcas públicas, mientras vacía los bolsillos de las familias más pobres del país. Ésa es nuestra posición y no vamos a claudicar.

En el sentido de la reserva se está planteando que las escuelas particulares en un plazo de 18 meses instalen bebederos, nos parece bien, nos parece bien también que se le revise. Pero nosotros proponemos que también se reconozca a las instituciones particulares de educación básica que están atendiendo esta medida legal, porque escuelas particulares hay de todas, desde las más caras, hasta las más modestas y desde luego que esto representa también una erogación, ellos no van a contar con recursos fiscales para introducir esta infraestructura.

Por esa razón el transitorio se dirige a que la autoridad reconozca a aquellas escuelas particulares que asuman este compromiso a favor de una nueva cultura respecto al vital líquido para una vida saludable en nuestro país. Ésa es la propuesta.

Es decir, no solamente apretar a las escuelas particulares para que apliquen esta medida, sino también reconocer a quienes se sumen a estas medidas a favor de cambiar los hábitos alimenticios y combatir efectivamente la obesidad en nuestro país. Es cuanto.

«Reserva al tercer transitorio del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de La ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6o., fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento al Pleno de esta Asamblea, la siguiente reserva a tercer transitorio del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares al tenor de la

Exposición de motivos

La obesidad infantil es un problema de salud en México, actualmente 4 millones de niños padecen de sobrepeso y obesidad.

Estudios de la Unicef  revelan que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, tan sólo en México, la obesidad contribuye a un número cercano a 200 mil muertes por año, al ser un importante factor de riesgo para padecer enfermedades crónico-degenerativas que provoca severas complicaciones.

La obesidad en México es una enfermedad que ha alcanzado el grado de pandemia, y sus principales víctimas son los niños. El problema se agudiza cuando los padres de los niños también padecen de obesidad y tienen antecedentes directos de este padecimiento. 35 millones de mexicanos adultos (7 de cada 10) padecen de sobrepeso u obesidad; que se traduce en un período de enfermedad de 18.5 años.

Uno de los detonantes de la obesidad en niños son los malos hábitos alimenticios que provocan que uno de cada cinco niños en edad de 4-15 años padezcan esta problemática.

La obesidad es resultado de una fallida política de nutrición que muestra sus dos vertientes en polos opuestos: desnutrición y obesidad.

El entorno escolar es propicio para consolidar los malos hábitos alimenticios.

El objetivo a lograr es promover una nueva cultura a favor del vital líquido “agua” dentro de los planteles escolares siendo este el espacio en el cual niños, niñas y adolescentes pasan el mayor tiempo, por lo tanto es necesario dotar a las escuelas de mayor infraestructura deportiva y bebederos con accesibilidad, disponibilidad y abastecimiento de agua potable.Tanto planteles públicos y privados deberán contar con dicha disposición, reconociendo a aquellos que se sumen al objetivo de promover una nueva cultura mediante el desarrollo de competencias para una vida saludable que tiene por objetivo prevenir, revertir y disminuir el índice de sobrepeso y obesidad infantil en los alumnos de educación básica.

Datos del Ensanut (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de la Asamblea, la siguiente reserva:

Único.Se reforma el tercer transitorio del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se aprueba la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

Tercero.Los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. El cumplimiento de lo anterior estará supervisado por la autoridad competente.

Texto del dictamen

Tercero. Los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. El cumplimiento de lo anterior estará supervisado por la autoridad competente.

Texto propuesto

Tercero. Los planteles educativos particulares instalarán bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto. El cumplimiento de lo anterior estará supervisado por la autoridad competente, dicha autoridad emitirá un listado de aquellos planteles educativos que cumplan el plazo establecido a fin de reconocer el compromiso a favor de promover una nueva cultura respecto del vital líquido para lograr una vida saludable.

México, DF, a 20 de marzo de 2014.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Mejía.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. En consecuencia se desecha. Tiene la palabra, el diputado Ricardo Monreal Ávila —también— para presentar una propuesta de modificación al sexto transitorio.

Quiero dar la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad de San Luis Potosí, que están hoy aquí invitados por el diputado Ricardo Monreal, a quien van a tener el gusto de escuchar en la tribuna.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Gracias, presidente. Los viejos adagios de la Corte de Castilla tenían uno en especial que a mí me gusta por la profundidad del mismo. Decían los reyes, las Cortes, por indicaciones de los reyes, en las monarquías absolutas. Obedézcase, pero no se cumpla.

Ésta es una de las leyes que me parece todos debemos apoyar, porque se trata de instalar bebederos gratuitos, suficientes —dice la ley— para que puedan acceder a ellos la población estudiantil en todos los niveles de educación. Pero la terca realidad es un obstáculo para cumplirse.

¿Sabían ustedes que hay incluso estados como en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero; incluso en Veracruz, en Papantla —de donde es mi amigo del Río Virgen— que el 70 por ciento de escuelas en el medio rural no tienen agua? Es un problema serio y por eso al iniciar la intervención repetí el adagio: obedézcase, pero no se cumpla.

Claro que la venta de refrescos, el consumo de refrescos en nuestro país en los últimos 30 años ha causado estragos a la salud. Obesidad, diabetes, hipertensión y enfermedades renales que son consecuencia de la diabetes.

La OCDE señala que México ocupa el segundo lugar de obesidad entre adultos y niños. Casi un tercio de los adultos, es decir el 32. 4 de mexicanos sufre obesidad, y al menos el 16 por ciento de los mexicanos entre 20 y 70 años son afectados por la diabetes, enfermedad relacionada con la obesidad. Cada año mueren 9 millones por hipertensión.

Les quiero comentar que del total de planteles de kínder, primaria y secundaria, un porcentaje muy alto no tiene ni pozos, ni manantiales, ni sistemas de agua potable. Algunos tienen aljibes, algunos otros reciben agua con pipas, y hay una cantidad impresionante de escuelas sin ningún servicio.

Esta reserva que hago es para modificar el plazo que tendrá el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para procurar que en las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa. Y establece un año, establece un plazo de dos años.

Recordarán ustedes que hay dos tipos de educación en México que se complementan: las instituciones educativas —concluyo— privadas y las instituciones educativas públicas. A las privadas se les dan 18 meses y a las públicas tres años. Aunque en técnica jurídica, presidente, ya no se podría modificar ésta porque proviene de la colegisladora y se supondría que las dos Cámaras ya aprobaron este artículo sin modificaciones.

Por último les digo que coincidimos en Movimiento Ciudadano con la prohibición de los refrescos en colegios y en escuelas. Actualmente la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de la SEP, está recomendando incluir a los refrescos como bebidas azucaradas prohibidas.

Me parece correcto, y deberíamos de aprobar este anteproyecto y trasladarlo a derecho vigente. Los refrescos deben de ser bebidas prohibidas en las escuelas. Ojala y prosperen estos lineamientos que se están planteando. Presidente, por su tolerancia, y a todos, muchas gracias por su atención.

«Reserva al sexto transitorio del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6o., fracción X, 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno de esta honorable Asamblea, la siguiente reserva al sexto transitorio del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

Exposición de Motivos

La prevalecía en las escuelas de los tradicionales bebederos ha desaparecido por dos factores: la falta de mantenimiento y la percepción de que el agua no necesariamente era apta para consumo humano.

Con el objeto de revertir esta apreciación y ofertar de nuevo agua bebible gratuita en las escuelas, la propuesta en su régimen transitorio establece que se requiere garantizar que el gasto en educación tenga recursos específicos destinados a asegurar la disponibilidad de agua potable para los alumnos, no sólo porque evita que opten por bebidas azucaradas por ser la de mayor disponibilidad, sino porque incide en sus hábitos de consumo durante su vida.

En este sentido, para la Cámara de Diputados es fundamental contar con una política de Estado para lograr cambios en los patrones de alimentación y actividad física de la sociedad mexicana con el objeto de instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes.

Si estamos siendo innovadores globales en fijar impuestos a los factores alimenticios de obesidad, debemos serlo también en rescatar la infraestructura de oferta de agua de calidad en las aulas en el menor tiempo posible, que formen hábitos alimenticios saludables en los planes educativos.

De hecho el artículo tercero transitorio, obliga a los planteles educativos particulares a instalar bebederos en cantidad suficiente a su matrícula inscrita en un plazo máximo de 18 meses a partir del día siguiente a la publicación del presente decreto.

Por ello, las medidas de ingreso y gasto deben de ser constantes, suficientes y consistentes a un solo objetivo mejorar la salud de la niñez, por lo que nuestra reserva va encaminada a reducir el tiempo para que en todas las escuelas públicas se pueda contar con bebederos escolares, en un plazo no mayor a dos años y no tres como se tiene contemplado, que serán la garantía de un mayor bienestar en el futuro de las familias y del país en su conjunto.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la Asamblea, la siguiente reserva al sexto transitorio del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares.

Único.  Reserva al sexto transitorio del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares, para quedar como sigue:

Sexto.El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 2 años a partir de la publicación del presente decreto.

Texto vigente

Sexto.El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto.

Texto propuesto

Sexto.El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 2 años a partir de la publicación del presente decreto.

México, DF, a 20 de marzo de 2014.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta del diputado Monreal.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. En consecuencia se desecha.

Ábrase el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal de los artículos tercero y sexto transitorios, en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos tercero y sexto transitorios, en los términos del dictamen.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, se emitieron 379 votos a favor, 0 abstenciones y 20 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobados por 379 votos los artículos tercero y sexto transitorios. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 11 y 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

MUJER EMBARAZADA QUE NO FUE ATENDIDA OPORTUNAMENTE EN OAXACA

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena. Dígame, diputada, con qué objeto.

La diputada Carmen Lucia Pérez Camarena(desde la curul): Gracias, señor Presidente. Simplemente quiero lamentar que una vez más ocurra un caso de una mujer embarazada que no ha sido atendida oportunamente en Oaxaca.

Ella tuvo que dar a luz a su hijo afuera de la clínica, donde le dijeron que no había médico. Es muy lamentable que en estos días el Ejecutivo federal dio una instrucción a la Secretaría de Salud para que se atendieran las emergencias obstétricas y sin embargo vemos nuevamente que todo queda en bonitas palabras.

Apelo de la sensibilidad de la secretaria y de todas las autoridades federales y estatales para que no se dé un caso más. Sería muy lamentable tener que enfrentar una situación peor. Las mujeres en México tienen derecho a la salud y éste debe ser cumplido a cabalidad. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención ha quedado registrada. Sonido en la curul de la diputada Fabiola Valencia. Dígame, diputada.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez(desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente, no es grato esto que está sucediendo. Estamos en contra de que no sean atendidas las mujeres en materia de salud.

Pero también quiero hacer un reclamo a la Secretaría de Salud del país porque hay un déficit en Oaxaca, especialmente en el tema de las plazas becarias. Si tuvieran sensibilidad, en Oaxaca ya se hubiera solucionado; sin embargo, por supuesto que nos sumamos a la indignación que tiene la diputada que me antecedió en el uso de la palabra y vamos a hacer todo un esfuerzo los oaxaqueños porque esto ya no se esté dando en nuestro estado. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Eva Diego. Dígame, diputada.

La diputada Eva Diego Cruz(desde la curul): Gracias, señor presidente. En realidad son indignantes estos casos que han pasado en Oaxaca. Pero también tenemos que tener claro que no nada más es voluntad política lo que se necesita.

En el pasado presupuesto estuvimos hablando con la Secretaría de Hacienda y con todos los coordinadores parlamentarios en esta Cámara de Diputados sobre el tema de salud en Oaxaca. Tenemos un déficit muy grande y no podemos salir adelante.

Tenemos 300 centros de salud en Oaxaca inconclusos, muchos son elefantes blancos y no se han podido terminar. De las 500 unidades de salud, 300 están inconclusas. Tenemos 6 mil empleados con plazas precarias que no tienen ningún apoyo laboral, y tenemos un déficit de más de 2 mil millones de pesos en Oaxaca en el tema de salud.

El presidente de la República fue a hacer un compromiso presidencial de ver por la salud de los oaxaqueños y porque esa red hospitalaria se termine, y sin embargo en el presupuesto no hubo ampliación.

Decirle a la Secretaría de Salud federal y también a la Secretaría de Hacienda que tomen cartas en el asunto, es indignante ver que no haya esa atención, pero también es más indignante que en el tema de recursos no se vean esos déficits que tenemos. Necesitamos en Oaxaca más recursos, no necesitamos nada más discursos.

Sí nos duelen estos temas, nos duele mucho a los oaxaqueños, pero nos duele también que en la Cámara de Diputados no refrendemos ese compromiso al momento de la repartición de los recursos para brindarle los mejores servicios a nuestras oaxaqueñas y a nuestros oaxaqueños. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Ya las intervenciones han quedado registradas en el Diario de los Debates.

Saludo ahora sí a los estudiantes de la licenciatura de derecho de la Universidad de San Luis Potosí, invitados por el diputado Ricardo Monreal, ahora sí ya están aquí en el pleno. Bienvenidas y bienvenidos todos.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día, a petición de los grupos parlamentarios, es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 8 de octubre de 2013, la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio numero D.G.P.L. 62-II-2-793, acordó se turnara para su dictamen a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 2791.

II. Análisis de la iniciativa

1. La iniciativa materia del presente dictamen, plantea el siguiente proyecto de

“Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 25. En caso de que alguna dependencia o entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos por esta ley, el instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente.

En ningún caso el instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

2. En su exposición de motivos, la iniciativa de referencia plantea lo siguiente:

a) La diputada proponente, alude que la seguridad social es el principal instrumento que las sociedades han desarrollado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. El estado es el responsable de garantizar los derechos de seguridad social e incorporar en su organización y financiamiento a los distintos actores sociales involucrados.

Menciona que la seguridad social se realiza a través de diversos mecanismos como seguros, servicios de salud, que permiten al trabajador y a sus familiares contar con una red de protección social que los protege en situaciones de enfermedad, accidentes, vejez, retiro o muerte. En el caso de los trabajadores al servicio del estado, los derechos de seguridad social adquieren una connotación especial, dado que los patrones son directamente entidades y dependencias públicas, que forman parte de la estructura administrativa estatal.

b) Manifiesta que la reforma que sufrió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 2007, suscitó reacciones importantes entre distintos sectores involucrados o interesados en el tema.

Una de las disposiciones introducidas en la reforma, establecida en el artículo 25 de la Ley del ISSSTE, señala que en caso de que una dependencia o entidad incumpla por más de 12 meses en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos, el instituto podrá suspender a los trabajadores los seguros, prestaciones y servicios que corresponda al adeudo, por lo cual esta disposición es claramente violatoria de los derecho laborales contenidos en el artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su aplicación causa perjuicios económicos, sociales y personales a los trabajadores.

Es evidente que el trabajador queda en un estado de indefensión, dado que el instituto puede suspender los servicios y seguros que conforman su red de protección en materia de seguridad social, no sólo vulnera los derecho laborables, sino que constituye una injusticia, debido a que en la hipótesis que plantea dicho artículo la suspensión de los seguros y servicios tendrían como causal el incumplimiento de las obligaciones por parte del patrón.

La proponente plasma en su iniciativa que la seguridad social conforme a la Organización Internacional del Trabajo es “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían, la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a la familia con hijos”, es por ello que el estado tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos de seguridad social de los trabajadores y sus familias con hijos.

El propósito de la iniciativa de la proponente se basa en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la cual declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley del ISSSTE, entre ellos el artículo 25 derivada de la reforma de este ordenamiento realizada en el 2007. De este modo, queda del todo claro que el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es violatorio de los derechos sociales del quejoso, al facultar sin fundamento alguno al ISSSTE para suspender total o parcialmente los seguros, prestaciones o servicios de sus derechohabientes, en los casos de incumplimiento de sus respectivos patrones del entero de las aportaciones, descuentos y cuotas al instituto.

c) La indicadora concluye que es impostergable realizar una reforma al artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el objeto de establecer con toda claridad que en ningún caso el ISSSTE podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar, pues ello vulnera la seguridad social de los trabajadores.

III. Consideraciones

1. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

2. Que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su artículo 25, conforme a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), vulnera los artículos constitucionales que alude la proponente, ya que al implementar dicho artículo en un caso concreto, deja en indefensión a todo aquel trabajador que labora para el estado al tenor del mismo transgrede a la familia, ya que los dejarán sin servicio de salud, por incumplimiento por parte del patrón, derecho que les otorga la constitución a todo mexicano.

Los que dictaminamos concretamente y con base en lo que alude la proponente de esta iniciativa es de señalarse y añadir al cuerpo del presente, la tesis de la Suprema Corte de Justicia, en la cual argumenta que el párrafo segundo y tercero del artículo 25 de la ley ya antes citada es violatorio de los artículos 40 y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:

ISSSTE. El artículo 25, párrafos segundo y tercero, de la ley relativa, al permitir la suspensión de los seguros obligatorios, es violatorio de los artículos 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Legislación vigente a partir del 1 de abril de 2007).

El derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4o. constitucional, consiste en la obligación del estado de establecer los mecanismos necesarios a fin de que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios de salud, que comprenden la asistencia médica y entre los que se encuentran los servicios que brindan a sus derechohabientes las instituciones públicas de seguridad social, supuesto en el que se ubica el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado respecto a los sujetos incorporados a su régimen. Asimismo, el artículo 123. Apartado B, fracción XI, de la propia Constitución,precisa que la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado, cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales, las enfermedades no profesionales, la maternidad y la invalidez, entre otras contingencias. En ese orden, si se toma en consideración que el segundo párrafo del artículo 25 de la ley del instituto, dispone que en los casos en que las dependencias o entidades incumplan con el deber de enterar total o parcialmente las cuotas, aportaciones y descuentos por más de 12 meses o dentro de un periodo de 18 meses, el Instituto podrá ordenar la suspensión de los beneficios de seguridad social que correspondan al adeudo, es evidente que se restringe o menoscaba el derecho de los trabajadores a la protección de la salud, al existir la posibilidad de que se les niegue el otorgamiento de los beneficios inherentes al seguro de salud, como lo es la atención médica y hospitalaria, asistencia obstétrica y suministro de medicamentos, aun cuando hayan cubierto sus cuotas oportunamente, lo que además contraviene la garantía de seguridad social, sin que obste a lo anterior que el último párrafo del referido artículo 25, establezca que la dependencia o entidad morosa asumirá su responsabilidad y las consecuencias legales que deriven por la suspensión de los beneficios de seguridad social que corresponden a los trabajadores, pues dicha previsión legal no garantiza de ninguna forma que se otorgarán esos beneficios cuando aquéllos los requieran, ya que es evidente que ello estará condicionado a que se acredite algún tipo de responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, imponiéndole al trabajador una carga que no le corresponde.

Pleno

Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de nueve votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de nueve votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagravíados. 19 de junio de 2008. Mayoría de nueve votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de nueve votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en Revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de nueve votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

El tribunal pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 188/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho.

3. Entendiendo la naturaleza jurídica del artículo es de considerarse que al párrafo primero debería incluirse que al momento de que alguna dependencia o entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos por esta ley, se sujeta a lo establecido en el artículo 22 de dicho ordenamiento, a efecto de que estipular con claridad el procedimiento a seguir para el cobro de dichas cuotas, aportaciones o descuentos correspondientes, velando porque el ISSSTE no quede en un estado de indefensión, que aunque ya está plasmado en la ley, es necesario estipular dicho artículo para no dejar a la interpretación.

4. Asimismo, el artículo 22 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece lo siguiente:

“ Artículo 22. Cuando las dependencias y entidades sujetas a los regímenes de esta ley no enteren las cuotas, aportaciones y descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de la fecha en que éstas se hicieren exigibles en favor del instituto o, tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en favor del trabajador, intereses moratorios a razón de uno punto veinticinco veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a veintiocho días. Asimismo, deberán cubrir la actualización de dichas cuotas, aportaciones y descuentos, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

Los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y descuentos serán responsables en los términos de ley, de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la dependencia o entidad para la que laboren, del instituto, de los trabajadores o pensionados, independientemente de la responsabilidad civil, penal o administrativa en que incurran.

Las omisiones y diferencias que resultaren con motivo de los pagos efectuados, el instituto las notificará a las dependencias y entidades, debiendo éstas efectuar la aclaración o el pago, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en caso contrario, deberán pagar la actualización y recargos a que se refiere este artículo.

Las dependencias y entidades mencionadas en este artículo tendrán un plazo de diez días hábiles a partir del requerimiento formulado por el instituto, para realizar ante el instituto las aclaraciones correspondientes.

Posteriormente, el instituto requerirá a la Tesorería de la Federación, los pagos correspondientes por los adeudos vencidos que tengan las dependencias y entidades con cargo a su presupuesto. La señalada tesorería deberá comprobar la procedencia del adeudo y, en su caso, hacer el entero correspondiente al instituto en un plazo no mayor de cinco días hábiles.

En el caso de los adeudos de las entidades federativas, de los municipios, o de sus dependencias o entidades, se podrá hacer el cargo directamente a las participaciones y transferencias federales de dichas entidades federativas.

En ningún caso se autorizará la condonación de adeudos por concepto de cuotas, aportaciones y descuentos, su actualización y recargos.”

5. Bajo esta tesitura, se propone la siguiente redacción:

Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 25. En caso de que alguna dependencia o entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos por esta ley, el instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente, así como a lo previsto en el artículo 22 de esta ley.

En ningún caso el instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar.

6. Abonando a lo anterior, esta comisión recibió de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social opinión respecto de la presente iniciativa bajo lo siguiente:

a) Se considera necesaria su aprobación, puesto que permitiría el cumplimiento de mandatos constitucionales y/o legales, que no se han regulado; o bien, mejoraría los mecanismos existentes para cumplir con dichos mandatos; o de acuerdo con su criterio hay otra razón que permita afirmar dicha necesidad.

b) Con dicha propuesta se garantizará el acceso a la seguridad social a la cual el trabajador tiene derecho.

c) La reforma no implica problemática operativa.

d) Se señala que la redacción actual del citado artículo restringe y menoscaba el derecho de los trabajadores a la protección de la salud, como lo es la atención médica y hospitalaria, asistencia obstétrica y medicamentos, además de contravenir la garantía de seguridad social a la cual también tienen derecho.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Único. Se reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:

Artículo 25. En caso de que alguna dependencia o entidad incumpla por más de seis meses en el entero de las cuotas, aportaciones y descuentos previstos en esta ley, el instituto estará obligado a hacer público el adeudo correspondiente, así como a lo previsto en el artículo 22 de esta ley.

En ningún caso el instituto podrá suspender, parcial o totalmente, los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1. [J] Novena época; pleno; S.J.F. y su Gaceta; tomo XXVIII, octubre de 2008; página 14.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días de diciembre de dos mil trece.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), José Arturo López Candido (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Carlos Humberto Aceves y del Olmo (rúbrica), Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal, Silvano Blanco Deaquino (rúbrica), José Alfredo Botello Montes (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa, Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Alfredo Zamora García (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Para fundamentar el dictamen, por la comisión, tiene la palabra la diputada Claudia Delgadillo González.

La diputada Claudia Delgadillo González:Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. La iniciativa que propone reformar el artículo 25 del ISSSTE, es una propuesta que busca que el Estado mexicano garantice los derechos de seguridad social a través de las dependencias y entidades.

Se busca que la seguridad social, a través de diversos mecanismos económicos, financieros y servicios de salud y de bienestar social, permita al trabajador y a sus familias contar con una red de protección social que les sirva de seguridad ante determinados eventos como enfermedades, accidentes, vejez y hasta la propia muerte.

Sobre todo, en lo que al sector público se refiere, tiene una connotación especial, ya que la parte patronal vienen siendo las entidades y dependencias públicas que forman parte de la estructura administrativa estatal.

Para todos nosotros, los derechos sociales de los trabajadores contenidos en nuestra Carta Magna son irrenunciables. Particularmente los de seguridad social, tal y como se preservan con la propuesta hecha por la iniciadora y reafirmada con el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Estimamos que esta propuesta que mejora el actual sistema de seguridad social en nuestro país no choca con nuestros principios, y más si se busca establecer normas que equilibren a los sectores de la producción que en dicho sistema participan. Tal es el propósito que busca esta propuesta, ya que como lo refiere el dictamen, la reforma que se propone al artículo 25 de la Ley del ISSSTE resolvería el problema de que las dependencias o entidades incumplan hasta por seis meses en el pago de sus cuotas, aportaciones y descuentos. Y que en lugar de obligarlas a su cumplimiento el Instituto en muchos casos suspende a los trabajadores los seguros, prestaciones y servicios correspondientes, lo cual a todas luces es violatorio de los derechos laborales contenidos en el artículo 123, apartado B de nuestra Constitución.

Con esta reforma es de resaltar que se atiende lo señalado por la OIT en el sentido de que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a la familia con hijos. Y con ello se estaría obligando al Estado a garantizar la plena vigencia de los derechos de seguridad social de los trabajadores y sus familias.

También se atienden los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha emitido jurisprudencia al respecto, en donde establece el artículo 25 de referencia que es institucional, ya que es violatorio de los derechos sociales de los trabajadores al servicio del Estado al facultar injustamente al ISSSTE para suspender total o parcialmente los seguros, prestaciones o servicios de sus derechohabientes en los casos de incumplimiento de sus respectivos patrones del entero de las aportaciones, descuentos o cuotas al instituto, por lo que bajo este tenor la propuesta que hoy presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social establece que en ningún caso el Instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios a los que éste está obligado.

Por estas razones expuestas invito a ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, a votar en sentido afirmativo el dictamen que hoy está a discusión. Agradezco mucho, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la voz el diputado José Angelino Caamal Mena.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. El dictamen a discusión modifica el segundo párrafo del artículo 25, con el objetivo de especificar en la Ley del ISSSTE que a los trabajadores no se les podrá negar los seguros, prestaciones o servicios por las diversas razones que ya se han planteado, pero una de las fundamentales es cuando sean las propias dependencias del gobierno quienes omitan entregar al Instituto las aportaciones retenidas a los trabajadores.

Consideramos correcta esta modificación, la ley tiene que proteger el bienestar social de los trabajadores del Estado, ése es el objetivo primordial de la Ley del ISSSTE. La reforma que se plantea tiene como motivo fundamental el garantizar que no se violen los derechos laborales contenidos en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no se causen perjuicios económicos, sociales y personales a los trabajadores.

Es evidente que con el artículo 25 de la Ley del ISSSTE vigente, el trabajador queda en un estado de indefensión dado que el Instituto puede suspender los servicios y seguros que conforman su red de protección en materia de seguridad social a través de lo que llaman desincorporación de las dependencias deudoras.

La situación no solamente vulnera los derechos laborales consagrados en la Constitución, sino que constituye claramente un acto de injusticia debido a que en la hipótesis que plantea dicho artículo, la suspensión de los seguros y servicios tendría como causa el incumplimiento de obligaciones por parte del patrón, causa que no es imputable al propio trabajador.

En este mismo sentido, en 2008 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del ISSSTE en diversas resoluciones a favor de los trabajadores. Por estas razones son las fundamentaciones que tuvo mi compañera la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, quien propuso esta modificación a la ley, y de esta manera dotar de certidumbre jurídica a todos los trabajadores al servicio del Estado, sin distinción de la dependencia donde laboren.

No obstante, queremos llamar la atención sobre la cuantiosa deuda que diversas instituciones en todo el país le deben al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores al Servicio del Estado. Si queremos contar con un Instituto con servicio, hospitales y clínicas de calidad y con abastecimiento suficiente de medicamentos no podemos permitir que persista esta deuda en perjuicio de los servicios prestados a los trabajadores. La deuda actualizada al 31 de julio de 2013, publicada por el ISSSTE, es de poco más de 3 mil 907 millones de pesos, situación que urge atender.

Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza expresa su reconocimiento a la voluntad de las diversas fuerzas políticas por haber confluido en la aprobación de esta modificación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social por unanimidad. Pedimos nuevamente su voto favorable para este dictamen ya que como se ha expresado el único propósito que tiene es preservar el respeto a las garantías y a la certidumbre de las y los trabajadores al servicio del Estado mexicano. Es cuanto, y gracias por su atención.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Saludo a los alumnos y maestros de la Escuela Primaria Maestro Andrés Juárez Santos, que están hoy aquí invitados por el diputado Israel Moreno Rivera. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, es de gran relevancia esta reforma que se pone a consideración, del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En verdad reiteramos nuestra felicitación a la promovente, porque aquí había una gran laguna y se dejaba desprotegidos a los trabajadores al servicio del Estado.

Los derechos laborales de un trabajador al servicio del Estado incluyen salud, prestaciones y demás servicios a los que los trabajadores tienen derecho al laborar en el sector público.

Sin embargo, nos hemos encontrado con varios casos, en donde las dependencias por cuestiones burocráticas-administrativas han retrasado el pago de cuotas, descuentos y aportaciones al ISSSTE.

Debido a lo anterior, existe un sinnúmero de trabajadores que por este tipo de atrasos administrativos se les han negado la atención en los servicios de salud y de prestaciones sociales, como son enfermedades, accidentes, vejez, retiro o muerte, no sólo al trabajador, sino a todas las personas que dependen de ellos.

Actualmente la Ley del ISSSTE menciona que si una dependencia incumple el pago de cuotas por más de 12 meses se retiran los servicios a los trabajadores, el cual viola gravemente el artículo 123, en su apartado B, por lo cual esta reforma se considera de gran importancia para no dejar en estado de indefensión a los derechohabientes de este instituto.

Sobre este tema en especial, se han llevado a cabo juicios, los cuales se han ganado por parte de los trabajadores, amparándose en el artículo 4o. y 123 constitucionales y lo establecido en el artículo 22 de la Ley del ISSSTE.

Por lo anterior es que consideramos en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo que debe existir una armonización de nuestra Constitución con la Ley del ISSSTE y por lo que votaremos a favor de esta reforma. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante.

La diputada Zuleyma Huidobro González: En las últimas décadas hemos sido testigos de la promoción de diversas reformas en materia laboral que han tendido únicamente a reducir los derechos de los trabajadores.

En la discusión de tales reformas han existido muchas voces que hemos denunciado la afectación e incluso la inconstitucionalidad de esas propuestas. Voces de las que se han hecho oídos sordos en los recintos de ambas Cámaras, bajo el argumento de ser voces regresivas y que impiden el progreso del país.

Hoy, con el dictamen que se somete a discusión se ha reivindicado la voz de denuncia del atraco a los trabajadores. Hoy, con la aprobación de esta propuesta y las consideraciones de la misma se acredita de forma clara que la modificación efectuada al artículo 25 de la Ley del ISSSTE, que fue aprobada en el marco a la reforma laboral del apartado B del artículo 123 constitucional en el 2007, es inconstitucional y atenta contra el derecho de la seguridad social de los trabajadores.

En el marco de la reforma de 2007, se aprobó que cuando existiera alguna dependencia o entidad que incumpla por más de 12 meses, o dentro de un periodo de 18 meses con las cuotas correspondientes al ISSSTE de sus trabajadores, se les despojaría a los mismos de los servicios que les corresponden por derecho.

Ese artículo que fue aprobado maltrata de forma grave los derechos laborales y atenta directamente contra el derecho constitucional a la salud, pues aún y cuando el trabajador no es el responsable por el entero de las cuotas que le corresponden, se le está convirtiendo en el único sancionado por la actividad indebida de una dependencia o entidad.

Lo anterior es sumamente grave, sobre todo si consideramos que el Instituto cuenta con mecanismos óptimos para hacer el cobro efectivo de las cuotas correspondientes. El propio artículo 22 de la ley en la materia, establece que el Instituto podrá solicitar a la Tesorería de la Federación los pagos pendientes con cargo al presupuesto de la entidad o dependencia morosa.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que este artículo, el 25, hoy vigente, es inconstitucional, pues hace nugatorio el derecho a la salud de los trabajadores que han cumplido en su otorgamiento de cuotas, cuando la morosidad en su entrega al Instituto escapa a su esfera de actuación.

Parecería que durante la discusión de la reforma a este precepto se omitió por completo el análisis de la conveniencia del mismo, en relación al mecanismo de retención y pago de las cuotas de seguridad social del ISSSTE, pues no es explicable, de ninguna forma, establecer la posibilidad de negar el servicio a los trabajadores que han pagado sus cuotas a una entidad o dependencia que incluso ilícitamente ha malversado ese recurso.

En 2007, Movimiento Ciudadano votó en contra de esta reforma, y hoy este dictamen nos da la razón porque se advirtió que era inconstitucional. Como se ha proclamado aquí que son diversas las reformas que se han hecho durante esta legislatura que son inconstitucionales.

Una vez más este dictamen constituye una prueba clara de lo que se ha mencionado una y otra vez en este recinto. La falta de diligencia y la prisa por despojar a los trabajadores de sus derechos nos han llevado a la aprobación de reformas inconstitucionales que alteran el ejercicio de derechos necesarios para el desarrollo social y económico del país.

Por supuesto que estamos a favor de este dictamen, pero no hacer una reflexión profunda de las motivaciones y consideraciones del mismo, provocará continuar en estos procesos de reforma atropellados, que vulneran a nuestros representados.

Votaremos a favor de este dictamen, en espera de la aprobación de muchos otros más que deriven de los artículos inconstitucionales que ustedes han aprobado en las reformas de este último año. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

Quiero dar la más cordial de las bienvenidas a los alumnos de secundaria y preparatoria y a los profesores que los acompañan, pertenecientes a la institución educativa Centro de Educación y Cultura Ajusco, que están aquí invitados por el diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Bienvenidas y bienvenidos hoy.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nivel mundial los sistemas de seguridad social prevén la protección en caso de desempleo, embarazo, enfermedad, accidente laboral, vejez, jubilación e invalidez. Dichas prestaciones son importantes para los trabajadores, y por supuesto, para sus familias, pues al proporcionar asistencia médica, seguridad de los medios de vida y servicios sociales, ayuda a la mejora de la productividad y contribuye a la dignidad y plena realización de los individuos.

A pesar de estas ventajas, la Organización Internacional del Trabajo señaló que tan sólo el 20 por ciento de la población mundial tiene una cobertura adecuada de seguridad social y más de la mitad no goza de ningún tipo de cobertura.

Por ello, dicha organización estableció las normas sobre seguridad social, mismas que prevén diversos tipos de cobertura con arreglo a los diferentes sistemas económicos y a las diferentes etapas de desarrollo, las cuales se llevarán a cabo a través de convenios que ofrecen una amplia gama de opciones y de cláusulas de flexibilidad que permiten que el objetivo de cobertura universal pueda alcanzarse gradualmente.

En el caso de México se crearon diversos institutos especializados para la atención de trabajadores que de acuerdo al tipo de sus empresas en las que laboran será la naturaleza de la institución que los respalde.

Para el caso que hoy nos ocupa, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que los derechos de seguridad social adquieren una connotación especial, dado que los patrones son directamente entidades y dependencias públicas que forman parte de la estructura administrativa estatal.

Dentro de dichas obligaciones, las dependencias o instituciones deberán generar las aportaciones y descuentos correspondientes. Y que la omisión de las mismas hoy en día genera la suspensión de los servicios y seguros que conforman la red de protección en materia de seguridad social.

Coincidimos con la presente iniciativa ya que dicha institución genera un alto estado de indefensión para el trabajador, ya que como bien señala, no solo son vulnerados los derechos humanos, laborales, sino que también se contribuye al incumplimiento de las obligaciones por parte de los patrones.

Es por ello que las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues consideramos que bajo ninguna circunstancia debe permitirse que el instituto suspenda parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar. Es cuánto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Margarita Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobamos por unanimidad la propuesta que tuvo a bien presentar la diputada Sanjuana del Partido Nueva Alianza, pues no podemos permitir que se sigan diluyendo los derechos sociales, esencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacadamente los derechos laborales y de la seguridad social.

Los ataques sistemáticos contra estos derechos han provocado que un puñado de empresarios sean dueños de la mayoría de la riqueza nacional mientras se mantiene la pobreza.

Este dictamen busca reformar el artículo 25 de la Ley del ISSSTE para evitar que los trabajadores al servicio del Estado y sus familias se vean afectados por la suspensión de los servicios médicos y demás seguros, prestaciones y servicios por razones de las que no son responsables. La no entrega de las cuotas, aportaciones y descuentos al ISSSTE de parte de las dependencias o entidades federativas respectivas titulares de las relaciones de trabajo.

Ésta es la situación de trabajadoras y trabajadores que se les descuentan oportunamente las respectivas cuotas y descuentos, pero el patrón no las entrega a la autoridad, en lugar de que se sancione a los titulares de las dependencias y entidades y demás funcionarios que han omitido sus obligaciones, en lugar de ello se sanciona a los trabajadores y sus familias con la suspensión de la atención médica, como ya se dijo, seguros, prestaciones y servicios.

Esta injusticia que podría detenerse con este dictamen fue denunciada inmediatamente después de que la nueva Ley del ISSSTE entró en vigor en el 2007, motivo por el cual fue materia de los cientos de miles de amparos que interpusieron los trabajadores al servicio del Estado contra dicha ley.

Acertadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó jurisprudencia declarando inconstitucional el segundo párrafo del artículo 25 de la Ley del ISSSTE que prevé tal suspensión de los servicios médicos.

Recordemos lo que prevé el artículo 25 de la Ley del ISSSTE. Transcurridos 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses de incumplimiento parcial o total del entero de cuotas, aportaciones y descuentos, el Instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que correspondan al adeudo para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la dependencia o entidad respectiva con 60 días de anticipación. La junta directiva y el director general del Instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta en el presente párrafo. Se cierra la cita.

Y bien, apoyamos plenamente el contenido de este dictamen que señala expresamente que el Instituto ya no podrá suspender parcial o totalmente este tipo de seguros y prestaciones que está obligado a dar. El Instituto en todo caso deberá ejercer sus facultades legales para cobrar sus cuotas y aportaciones y descuentos omitidos.

La Suprema Corte en respaldo señaló: Es evidente que al restringir los beneficios de la seguridad social existe la posibilidad de que se suspendan las prestaciones del seguro de salud como es la atención médica y hospitalaria, asistencia obstétrica y suministro de medicamentos aun cuando los trabajadores hayan cubierto sus cuotas oportunamente, lo que contraviene las garantías de salud y seguridad social.

Este dictamen equivale a corregir una pequeña parte de las injusticias, de las inconstitucionalidades que contiene la nueva Ley del ISSSTE, la cual aún requiere múltiples acciones legislativas para restituir la seguridad social solidaria e impedir que los ahorros de los trabajadores sean mermados por la corrupción, la ineficiencia y la intervención de los poderes financieros. El Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada.

Si me permiten, saludo a los alumnos de la preparatoria Colegio Margil, de Guadalupe, Zacatecas. Están aquí invitados por la diputada Bárbara Romo Fonseca.

También a los alumnos de la escuela Instituto para el Desarrollo en Robótica del Distrito Federal, que se encuentran aquí invitados por el diputado Jorge Sotomayor. Bienvenidas y bienvenidos todos.

Tiene ahora la palabra, la diputada Karina Labastida Sotelo, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Karina Labastida Sotelo:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. La seguridad social está claramente definida en los diversos instrumentos de la ONU y los convenios de la OIT como un derecho fundamental. En términos generales, es un sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos.

La seguridad social se ha convertido en un reto fundamental en nuestro país, pero ¿por qué es tan importante garantizar el acceso a la seguridad social a todos los ciudadanos? ¿Por qué debe ser vista como una garantía social y no como una concesión del gobierno o de los patrones? Simple y sencillamente porque hace posible que los trabajadores y sus familias tengan acceso a la asistencia médica y cuenten con protección contra la pérdida de ingresos, sea durante cortos periodos en caso de desempleo, maternidad o enfermedad; o durante periodos largos debido a la invalidez o a un accidente de trabajo. Incluso proporciona ingresos a las personas durante sus años de vejez.

En el país tenemos dos grandes instituciones de seguridad social. El ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social. La realidad es que actualmente pese a los esfuerzos de anteriores administraciones existe una importante proporción de la población que no tiene acceso a ella. Aproximadamente el 30 por ciento de las mexicanas y de los mexicanos no tienen acceso a la seguridad social por su estatus laboral.

Con la aprobación del presente dictamen se estaría subsanando una injusticia que coartaba el disfrute de ese derecho fundamental. El artículo 25 de la Ley del ISSSTE faculta a dicho instituto para suspender total o parcialmente los seguros, prestaciones o servicios de sus derechohabientes en los casos de incumplimiento de sus respectivos patrones del entero de las aportaciones, descuentos y cuotas al Instituto y vulnerando con ello el derecho a la seguridad social de los trabajadores, y a la salud, contenidos en nuestra Carta Magna, razón por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional.

Compañeras y compañeros legisladores, resulta de vital importancia reformar el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el propósito de establecer con toda claridad que en ningún caso el ISSSTE podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a otorgar.

En Acción Nacional estamos conscientes de que es necesario sentar las bases a fin de que las y los mexicanos que tienen la fortuna de tener derechohabiencia reciban atención con calidad y la calidez que se merecen. La situación de millones de mexicanas y mexicanos demanda acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con mejores posibilidades de bienestar.

Por todo lo anterior, las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional sin duda votaremos a favor el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Ponce Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Norma Ponce Orozco:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el ISSSTE ha sido uno de los más sólidos pilares de la seguridad social en nuestro país, el cual ha servido para consolidar los principios básicos de una seguridad social pública, integral, solidaria y redistributiva, que responda mejor a los compromisos históricos del Estado con sus trabajadores y a sus responsabilidades con el desarrollo de la nación.

En atención a lo anterior y a fin de rescatar a una institución bajo cuya responsabilidad se encuentra la atención de la salud de más del 10 por ciento del pueblo de México y que tiene también la tarea de asegurar a más de medio millón de jubilados un ingreso que les permita vivir con dignidad financiera, vivienda accesible, otorgar créditos con tasas bajas e impulsar para este sector programas sociales y culturales, legisladores de diversos grupos parlamentarios presentaron en marzo de 2007 una iniciativa cuya finalidad consistió en dar viabilidad y mayor autonomía financiera al ISSSTE.

Como consecuencia de lo anterior el 31 de marzo de ese mismo año se publicó la nueva Ley del ISSSTE, misma que fue objeto de un acucioso análisis de constitucionalidad por el Poder Judicial de la Federación, el cual tuvo como consecuencia que se reconociera en términos generales que el nuevo ordenamiento se ajustaba lo preceptuado en nuestra Carta Magna.

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su papel de legislador negativo declaró la inconstitucionalidad de los párrafos segundo y tercero del artículo 25 de la Nueva Ley del ISSSTE, los cuales señalan, por una parte, que “transcurridos 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses de cumplimiento parcial o total del entero de cuotas, aportaciones y descuentos, el Instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que corresponden al adeudo para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la dependencia o entidad respectiva, con 60 días de anticipación. La junta directiva y el director general del Instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta”, y por la otra: “que la dependencia o entidad morosa asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la referida suspensión de los beneficios previstos en la ley”.

El máximo tribunal de nuestro país arribó a esta conclusión toda vez que consideró que tales normas contrarían la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, así como la garantía al derecho a la salud tutelada en los artículos 4o., y 123 de la propia carta fundamental.

Lo anterior fue resuelto así toda vez que tales previsiones legales no garantizan de ninguna forma que se otorgarán los beneficios a los trabajadores cuando en el momento en que los requieran, pues es evidente que ello estará condicionado a que se acredite algún tipo de responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, imponiéndole al trabajador una carga que no le corresponde.

El tribunal pleno también observó que la suspensión de los derechos y prestaciones contraviene el derecho a la protección a la salud, así como la garantía de seguridad social, ya que se restringe o menoscaba el derecho de los trabajadores a la protección de la salud.

Al existir la posibilidad de que se les niegue el otorgamiento de los beneficios inherentes al seguro de salud como lo es la atención médica y hospitalaria, la asistencia médica y el suministro de medicamentos, aun cuando hayan cubierto sus cuotas oportunamente.

En esta tesitura, la corte consideró procedente conceder el amparo respecto a los dispositivos impugnados para efecto de que no se privase a los quejosos de los seguros, prestaciones o servicios que brinda el ISSSTE, sin que de manera previa se desarrolle un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

De esta forma, los efectos del amparo se tradujeron en que se permitiera a los trabajadores derechohabientes del Instituto seguir gozando de los seguros, prestaciones y servicios que se brindaban, aun cuando la dependencia o entidad para la cual laboran no haya efectuado los enteros respectivos, en la inteligencia de que ello no los eximía de cubrir las cuotas que les correspondían.

Compañeras y compañeros legisladores: las declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia deben ser cruciales para enmarcar las normas a lo que dicta nuestra ley fundamental.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera importante la aprobación de este dictamen, puesto que su finalidad principal es el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra, para hablar a favor, la diputada María Sanjuana Cerda Franco.

Saludamos a los universitarios del municipio de Apan, Hidalgo, invitados por el diputado Erick Marte Rivera Villanueva. Bienvenidas y bienvenidos todos.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social fortalece los derechos de seguridad social de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, así como de sus familias.

En general, con esta acción legislativa se otorga certidumbre a los derechos sociales consagrados en la Constitución. De manera particular el derecho a la salud establecido en el artículo 4 y el 123 en lo relativo a los derechos de seguridad social.

Es importante también que el Congreso de la Unión procese de manera consistente las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la inconstitucionalidad de disposiciones legales concretas, como es el caso del artículo 25 de la Ley del ISSSTE.

Presentamos la iniciativa correspondiente para que se establezca de manera categórica que en ningún caso el ISSSTE podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que está obligado a prestar.

En función de todo ello me permito, de manera muy respetuosa, agradecer a la Comisión de Trabajo y Previsión Social por la sensibilidad mostrada en el análisis y valoración de nuestra propuesta.

Las diputadas y los diputados de la comisión dictaminadora mostraron una generosa disposición para garantizar en la ley la efectividad de los derechos laborales. De igual forma es justo reconocer la opinión favorable emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y coincidimos ampliamente con dicha dependencia en el sentido de que la redacción actual del artículo 25 de la Ley del ISSSTE restringe y menoscaba el derecho de las trabajadoras y los trabajadores a la protección de la salud, además de contravenir la garantía de seguridad social a la cual también tienen derecho.

Con el voto a favor del presente dictamen corregimos una anomalía jurídica y otorgamos certidumbre a los derechos de seguridad social. Nuevamente muchas gracias por su comprensión y su aprobación de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene finalmente la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, también para hablar a favor.

El diputado Tomás Torres Mercado:Colegas yo les anticipo mi gratitud por su atención. He considerado pertinente hacer alguna reflexión sobre el tema que se está abordando, el dictamen, y lo hago con su autorización, señor presidente.

En ocasiones resulta sencillo decir que se advierten cosas cuando aquí se debate. Dicen: es que son contrarias a la Constitución. Todos los actos de autoridad de este país, todos, los del policía municipal de Fresnillo, Zacatecas o de su capital y los actos del Congreso y del presidente de la República los controla, en cuanto hace a su legalidad y constitucionalidad, el Poder Judicial de la Federación.

He hecho uso de la palabra para comentarles a ustedes que cuando se discutió el dictamen relativo a la reforma del artículo 123, apartado B de la propia Carta Magna, y específicamente la Ley del ISSSTE, y debo decirlo sólo por memoria, sin ninguna arrogancia que no tenga que ver con haber participado en ese proceso.

Un servidor —y hay que leer el Diario de los Debates— anticipó la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley del ISSSTE, porque si el organismo no puede realizar el descuento, no puede realizar el cobro de las cuotas u aportaciones, es su incapacidad, no la incapacidad de los trabajadores.

Recordemos algo que en seguridad social es fundamental, que es básico. Los derechos derivados de la relación del trabajo del patrón con su trabajador no sólo son del trabajador, son también de su familia, lo son también de sus ascendientes, de sus descendientes y, en general, en términos de la ley, de aquellos que tienen derecho por la condición de formar parte del núcleo del trabajador.

Finalmente quiero hacerles una reflexión, las cosas no son tan simples. No es solamente el descuento de cuotas y aportaciones de entidades y de dependencias. Hay convenios voluntarios, convenios que establecen la incorporación voluntaria de universidades y de otros entes públicos al régimen ordinario del ISSSTE, y hay problemas serios en el camino que han generado un debate que tenemos que atender.

He tomado el uso de la palabra porque tenemos un caso concreto por ahí pendiente en trámite, que es justamente la incapacidad tributaria de universidades públicas en el país para cumplir con obligaciones de seguridad social como ésta, y me refiero específicamente a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Vamos a tener que encontrar soluciones de fondo porque se arrastran déficit financieros, estructurales históricos, de modo que no sólo son entidades y dependencias; son entes públicos, repito, como universidades públicas del país, que deben ser abordados en el debate, pero también en la práctica y en la gestión política de esta Cámara. El Partido Verde va a votar evidentemente a favor en los términos del dictamen en materia de la discusión. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: Señor presidente, se emitieron 386 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

COMUNIDAD INDIGENA DE ZACUALPAN, EN COMALA, COLIMA

La diputada Patricia Lugo Barriga(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Sonido en la curul de la diputada Patricia Lugo. Dígame, diputada.

La diputada Patricia Lugo Barriga (desde la curul): Presidente, es para comentar acerca de una grave situación que está ocurriendo en la comunidad indígena de Zacualpan, en Comala, Colima. Ahí se ha pretendido instalar una mina desde hace mucho, pero para poderla instalar es requisito indispensable que la asamblea de comuneros esté de acuerdo.

Esta asamblea se ha reunido al menos en tres ocasiones y ha rechazado el proyecto, y sin embargo, no se ha hecho caso de esto. Inclusive ellos ya fueron al Registro Agrario Nacional para entregar todo lo conducente a esta asamblea y no se ha procedido, les dan largas, y aparte ya ha habido conatos de violencia y hostigamiento a personas de la comunidad.

El gobierno se comprometió, el gobierno del estado, a respetar, porque a demás esa área es el área que surte de agua potable a las ciudades de Villa de Álvarez y de Colima. Hago un exhorto desde aquí para que el gobierno del estado cumpla con su palabra y respete la decisión de la comunidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Su intervención ya quedó registrada.

LEY AGRARIA

El Presidente diputado José González Morfín: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 17, primer párrafo, y 18, fracción III, de la Ley Agraria.

El Secretario diputado Ángel Cedillo Hernández: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 17, primer párrafo, y 18, fracción III, de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. Con fecha 3 de octubre de 2013, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, mediante el oficio número DGPL 62-II-3-1008, turnó para dictamen a la Comisión de Reforma Agraria, el expediente número 2706, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. La Comisión de Reforma Agraria integra a través de su secretaría técnica las opiniones de sus integrantes y entra en el estudio de la iniciativa, con fundamento en el cual formula proyecto de dictamen para la consideración del pleno de las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión, para su estudio y aprobación, en su caso.

3. Con fecha 20 de noviembre de 2013 se reúne en pleno la Comisión de Reforma Agraria para conocer el proyecto de dictamen, estudiarlo, analizarlo y, en su caso, aprobarlo. Al examinar el proyecto de dictamen, además de los antecedentes que aquí se reseñan, se estudiaron de la iniciativa las siguientes motivaciones:

I. Antecedentes, exposición de motivos e iniciativa.Históricamente, la mujer rural mexicana ha desempeñado un papel importante en los principales movimientos sociales de la consolidación del Estado, tanto en la guerra de independencia y más tarde en la Revolución lucharon junto a los hombres con el objetivo de obtener el reconocimiento e igualdad de sus derechos humanos, específicamente el derecho sobre las tierras que la colonización española les había despojado.

Como resultado de ambos movimientos sociales, se promulgó la Constitución de 1917, y con ello la declaración de igualdad de todos los habitantes del naciente país, que el autor Francisco López Bárcenas calificó para ese momento “una forma soterrada de negar nuestros derechos pues no todos éramos iguales y no podíamos aspirar a serlo si no se creaban las condiciones para ello, lo cual hubiera implicado reconocer las múltiples diferencias culturales existentes”. En este sentido, el reconocimiento de los derechos para la mujer pasó inadvertido en dicho texto constitucional.

Sin embargo, esta situación no detuvo a las mujeres a seguir luchando por el reconocimiento de sus derechos humanos dentro del sistema normativo mexicano, y los primeros esfuerzos para alcanzar la igualdad jurídica obtuvo sus primeros frutos “el 17 de octubre de 1953, cuando se reformó el artículo 34 constitucional para reconocer la ciudadanía de las mujeres, más tarde en febrero de 1965, se reformó el artículo 18 constitucional que reconoció las necesidades específicas de las mujeres en prisión al permitir que éstas cumplieran sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, y la más importante reforma constitucional en beneficio de las mujeres tuvo lugar en 1974 con las reformas de los artículos 4, 5, 30 y 123 que promovió la igualdad jurídica de la mujer”.

A la par de estas reformas constitucionales, también hubo modificaciones a leyes secundarias entre ellas principalmente en materia agraria, las reformas a los “Códigos Agrarios de 1934, de 1940 y al Código Agrario de 1942”, que por primera vez consideraron ciertos derechos para la mujer al acceder a la tierra con limitaciones y condiciones que la mujer rural tenía que cumplir entre ellas ser viuda y tener hijos menores bajo su cuidado.

Con la entrada en vigor de la Ley Federal de la Reforma Agraria en 1971, se dio a la mujer campesina la posibilidad aparente de ser titular de derechos agrarios de manera igual que los hombres; sin embargo, y a pesar de ello, la mujer se siguió desempeñando como depositaria de los derechos agrarios hasta que su menor hijo alcanzara la mayoría de edad, y la aportación más importante para la mujer que ofreció este ordenamiento fue el establecimiento de la unidad agrícola industrial.

En el mismo sentido, con la reforma del artículo 27 constitucional y la Ley Agraria de 1992 se llevaron a cabo nuevos cambios pretendiendo mejorar las condiciones jurídicas de la mujer, cuya intención quedó plasmada textualmente en el artículo 12 de la Ley Agraria “ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos agrarios”.Empero, y pese a estos importantes avances por lograr el reconocimiento jurídico de la mujer rural, en la práctica actual estos derechos que se suponen se deben ejercer con igualdad, siguen siendo inoperantes, como consecuencia de los valores culturales que aún predominan en nuestro sociedad y sólo un mínimo de mujeres son las que gozan del acceso a la posesión de las tierras ejidales y a la representatividad de los ejidos.

II. La mujer rural en el derecho internacional

El marco jurídico internacional representa el mejor aliado para que en nuestro país y el mundo, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos sirvan de base para hacer exigible el reconocimiento verdadero de los derechos agrarios de las mujeres.

En este sentido, con la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 2011, que elevó a rango constitucional los derechos humanos, estableció la obligación del Estado mexicano para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos en beneficio de los Mexicanos, además de otorgar a los tratados internacionales la validez jurídica para interpretar las normas en la materia para su protección más amplia, lo que viene a brindar la posibilidad de generar las condiciones que permitan a la mujer rural garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Luego entonces, de acuerdo con el estudio legislativo sobre el marco jurídico en materia agraria desde la perspectiva de género, realizado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la honorable Cámara de Diputados, los instrumentos internacionales vinculados con los derechos de la mujer rural mexicana son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1966; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado en noviembre de 1988; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Convenio Internacional del Trabajo Numero 189 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la OIT en 1989; la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 2007; y el informe de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing, 1995.

Todos estos instrumentos tienen el objetivo fundamental de reconocer y proteger los derechos humanos de las mujeres rurales principalmente la salud, alimentación, educación gratuita, vivienda, al abastecimiento del agua, el derecho a la herencia, la propiedad y posesión de la tierra, su participación en la toma de decisiones, el derecho al crédito, a los recursos naturales, tecnología, así como establecer la obligación del Estado mexicano para emprender las reformas legislativas que permitan a la mujer rural el acceso pleno en “condiciones de igualdad” sobre la tierra y que además busquen en todo momento erradicar la discriminación y violencia que históricamente siguen padeciendo.

III. La situación actual de la mujer rural mexicana

En la última década, el papel de la mujer rural mexicana ha venido creciendo al grado de convertirse en el motor fundamental para el desarrollo de las principales actividades agrícolas del país. Pese a su productividad, las mujeres del campo siguen siendo objeto de discriminación y desigualdad en la posesión y propiedad de la tierra, como lo reflejan los datos del Instituto Nacional de la Mujer que estiman que de los 13 millones de mujeres que viven en las comunidades rurales, lamentablemente, sólo 610 mil del total se encuentran reconocidas como propietarias y en lo que corresponde a unidades de producción en el país del 30 por ciento que está a cargo de una mujer, sólo el 2 por ciento están registradas a su nombre, destacando su presencia principalmente en Veracruz, estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con datos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), más de 1 millón 200 mil mujeres campesinas de nuestro país, se han convertido en el principal sustento familiar como consecuencia generada por el fenómeno migratorio tanto de sus esposos como el de sus hijos.

Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, determinaron que el trabajo que realiza una mujer mexicana que vive en zonas rurales es 53 por ciento más que el desempeñado por los hombres y 4 horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas, al que hay que sumar la falta de seguridad social, la ausencia de un salario y cuando lo hay, éste suele ser incongruente con el trabajo desempeñado.

Pese a las condiciones de desigualdad, discriminación y violencia que enfrenta la mujer del campo mexicano, siguen mostrando su fortaleza para enfrentar la marginación y extrema pobreza que prevaleciente en sus hogares, y siempre buscan brindar la mejor atención a sus hijos, enfermos y adultos mayores, con el objetivo de lograr el equilibrio y el mejor progreso de sus familias.

En los diferentes pronunciamientos, el líder de la CNC, senador Gerardo Sánchez, ha expresado la necesidad de impulsar una nueva cultura de género que no segregue, y mucho menos demerite el género femenino, al cual manifestamos nuestra coincidencia y respaldo.

En el mismo sentido, miles de mujeres campesinas de diferentes asociaciones y organizaciones de todo el país, también han manifestando la necesidad de dejar atrás los perjuicios sexistas para transformarlos a una nueva visión de hacia la mujer que se construya bajo los principios del respeto, la igualdad y equidad. Como ejemplo de estas organizaciones encontramos la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas, integrada por 23 estados de la República, la Unión Nacional de Mujeres Indígenas y Campesinas, así como la propia Secretaria de la Acción Femenil de la CNC, mismas que están demandando la participación igualitaria de la mujer al acceso al financiamiento, al equipamiento agrícola, el derecho a la información, y sobre todo a que la mujer pueda hacer una realidad el derecho fundamental al acceso a la tierra.

IV. Objetivo de la iniciativa

Con la iniciativa se pretende solucionar la problemática actual de desventaja que se encuentran padeciendo las mujeres en el campo (niñas, jóvenes, madres o adultas) específicamente en los ejidos, mediante la revaloración y el reconocimiento de debe tener la mujer en “condiciones de igualdad” respecto al hombre en la posesión de la tierra ejidal, así como a sus derechos a la herencia, al considerar que es la única forma que nos permitirá lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico.

El texto actual del artículo 12 de la Ley Agraria establece que “son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales”. Tal redacción resulta incongruente, pues frecuentemente nos enteramos por medios de comunicación, talleres, foros públicos y declaraciones de organizaciones civiles nacionales e internacionales, cómo las mujeres rurales mexicanas continúan sufriendo vulneraciones a sus derechos humanos, discriminación, violencia y exclusión referente al tema de la posesión de la tierra. A lo anterior se suma la inexistencia de resolución presidencial en materia agraria a nombre de una mujer.

Lamentablemente, las dificultades que enfrenta la mujer campesina para tener la oportunidad de ser titulares de derechos ejidales nos motiva para proponer a la Cámara de Diputados, realizar una adecuación al texto vigente del artículo 12 de la Ley Agraria, nuestra propuesta va encaminada a plasmar el concepto de igualdad de condiciones, al texto vigente, con lo que considero se fortalecerá y ampliará la protección jurídica para la mujer rural, haciendo posible el ejercicio efectivo de los derechos ejidales que están demandando históricamente y lograremos una nueva cultura de género incluyente.

En el mismo sentido, la redacción actualmente del primer párrafo del artículo 17 del mismo ordenamiento establece que “el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de loshijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona”, esta disposición establece la facultad que tiene el ejidatario para decidir a quién puede suceder los derechos hereditarios en caso de llegar a fallecer, no obstante y de acuerdo con la redacción actual, la lista de posibles beneficiarios resulta omisa en virtud de que solamente contempla el término hijos y no el de “hijas”, al referirnos al término hijos podríamos deducir que se trata de hijo (varón) o hija (mujer). Sin embargo, para dar un mejor enfoque de género que permita salvaguardar con igualdad los derechos hereditarios de las hijas del ejidatario, juzgamos conveniente llevar el término “hijas”en la redacción del primer párrafo del artículo 17 y de igual forma a la redacción de la fracción III, del artículo 18 ambos de la Ley Agraria.

Finalmente, para resolver la problemática actual de desamparo que enfrentan todas aquellas personas que dependieron económicamente del ejidatario fallecido (hijas e hijos menores de 18 años no emancipados, impedidos para trabajar por alguna discapacidad, cónyuge, concubina, concubinario, padre y la madre),consideramos fundamental garantizar desde la ley en la materia, la obligación de los beneficiados de la herencia, para que brinden alimentación y educación a los dependientes del ejidatario fallecido.

Estamos en el mejor momento para examinar y armonizar la ley con miras a garantizar la igualdad de género, por lo que resulta urgente continuar con el impulso de reformas y políticas públicas que permitan la participación activa de las mujeres y pero que sobre todo contribuyan a lograr garantizar esa igualdad que ellas históricamente vienen demandando.

Por lo expuesto presento a la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria

Único. Se reforman los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 12.Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales en igualdad de condiciones.

Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos o hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

Al sucesor o sucesores que reciban los derechos del ejidatario fallecido, corresponderá la obligación de proporcionar educación y alimentos a los hijos e hijas menores de 18 años no emancipados, hasta en tanto no cumplan la mayoría de edad, así como a los impedidos para trabajar por alguna discapacidad total, al padre o a la madre que dependan económicamente del fallecido y a la cónyuge, concubina o concubinario hasta no contraer nuevo matrimonio o concubinato.

Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario:

III. A uno de los hijos o hijas del ejidatario;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 López Bárcenas, Francisco. Legislación y derechos indígenas de México, CEDRSSA, Cámara de Diputados, México, 2009, página 60.

2 Montaño V., Sonia. “Reformas constitucionales y equidad de género”, informe final sobre Seminario internacional Santa Cruz de la Sierra, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2006, página 168.

3 De León Aldaba, Marnay. Situación de la mujer campesina, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en http://www.juridicas.unam.mx

4 Almeida, Elsa. Informe de investigación Ejidatarias, posesión, avecindadas, mujeres frente a sus derechos de propiedad en tierras ejidales de México, Procuraduría Agraria, página 12, en http://www.pa.gob.mx

5 Artículo 12, decreto de la Ley Agraria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992.

6 Salgado Martínez, María de Lourdes. Estudio legislativo sobre el marco jurídico agrario desde la perspectiva de género, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Cámara de Diputados, México, 2012, página 9.

7 Comunicado FAO México número 4/2013, Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura por un Mundo sin Hambre, marzo de 2013, en http://coin.fao.org

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2013.— Diputado José Everardo Nava Gómez (rúbrica).

Considerando

Primero.Del estudio pormenorizado de la iniciativa del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y turnada a esta comisión el 3 de octubre de 2013 se advierte que la iniciativa en comento no contraviene ninguna disposición constitucional y que el objeto y motivaciones que la impulsan no se encuentran regulados en alguna otra ley secundaria, por lo que cumple los requisitos de fondo para su aprobación.

Segundo.  La situación y predominancia de la mujer en la vida de los ejidos y comunidades requiere de una reforma profunda para asegurar su participación dentro del ámbito agrario. El último censo ejidal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática realizado en 2007 arroja que la participación activa de la mujer en el ejido es mínima, pues 20 por ciento de los ejidatarios corresponde a mujeres; 23 por ciento de los posesionarios, a mujeres; y de los avecindados, 43 por ciento, al sexo femenino.

Tercero.  La reforma planteada no resuelve de fondo la problemática de la mujer en el ámbito agrario mexicano. Sin embargo representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios y en igualdad de condiciones con el género opuesto.

Cuarto. Referente al artículo 17 propuesto, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, esta secretaría da cuenta que se pretende eliminar la obligación de depositar la lista de sucesores en el Registro Agrario Nacional o su formalización ante fedatario público, lo cual representa dejar en la indefensión jurídica al o los sucesores del ejidatario que ha fallecido.

Por otra parte, la materia relacionada con el párrafo que expone el proponente en relación con la obligación de proporcionar educación y alimentos a los hijos menores de 18 años no emancipados del ejidatario tiene que ver con una rama del derecho privado, concretamente con el derecho familiar, materia regulada en las legislaciones civiles y familiares de las entidades federativas, la legislación civil federal y la propia del Distrito Federal, por lo que normar estos asuntos en una legislación del derecho social, como lo es el caso, resulta innecesario y contraproducente.

En efecto, el derecho hereditario en materia agraria no responde únicamente a los intereses particulares o propios de los ejidatarios; tampoco se refiere a las dotaciones de tierra con que cuenta cada una de ellos, sino que, por su propia y especial naturaleza, tiene que ver con un interés social y económico del ejido y que a la muerte de un sujeto agrario no se afecte la estructura socio-económica del núcleo de que se trate, ni que cesen las relaciones de aquél con los núcleos ejidales, ya que las interrupción de tales relaciones repercutiría perjudicialmente en la economía general del ejido.

Quinto.  En relación con el considerando anterior, se propone hacer una modificación al texto propuesto en lo referente al artículo 17, a fin de otorgar certeza a la declaración de la voluntad del ejidatario, proporcionar seguridad jurídica a los sucesores y que se cumplan con los requisitos de forma que actualmente exige la ley agraria para las sucesiones, con lo que el segundo párrafo se conserva tal y como existe en la ley vigente y se elimina de la propuesta final el párrafo que obliga a los sucesores de los derechos ejidales a proporcionar alimentos y educación a los hijos menores de edad del ejidatario.

Por lo expuesto, la Comisión de la Reforma Agraria somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 12; 17, primer párrafo; y 18, fracción III, de la Ley Agraria

Único. Se reforman los artículos 12; 17, primer párrafo; y 18, fracción III, de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 12.Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales en igualdad de condiciones.

Artículo 17.El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos o hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

...

Artículo 18. ...

I. y II. ...

III.A uno de los hijos o hijas del ejidatario;

IV. y V. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2013.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Omar Antonio Borboa Becerra, José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña, Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Tiene la palabra, para fundamentar el dictamen por la comisión, la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo.

La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo:Muchas gracias, presidente. Comentarle que hace unos minutos le solicité la voz desde mi curul para solicitarle que se respetara el orden del día, ya que este dictamen estaba enlistado en el primer punto y sin alguna razón votada dentro del pleno se cambió en el orden del día. Agradezco ahora su sensibilidad para que podamos discutir el dictamen y que no se haya movido nuevamente.

Con la venia de la asamblea. Histórica ha sido la triple explotación de la mujer como histórica ha sido la triple jornada de trabajo que ha tenido que desarrollar desde que el hombre vive en sociedades de dominación.

Desgraciadamente México no es la excepción, esta triple jornada de trabajo comienza con el cuidado y atención de los hijos, sigue con la jornada laboral sin la cual una familia promedio mexicana no podría subsistir, y termina con la lucha constante por obtener de las instituciones y de las leyes la igualdad de condiciones de la mujer rural en México.

De acuerdo con el Censo de 2010 de Población y Vivienda, en México existen 95 hombres por cada 100 mujeres. Aun y cuando esta relación se mantiene en los poco más de 24 millones de mexicanos que viven en el medio rural, en el medio agrario esta realidad es completamente diferente.

En México hay 5 millones 304 mil 195 sujetos agrarios, de los cuales un millón 369 mil 104 son mujeres ejidatarias o comuneras, 3 millones 935 mil 91 hombres. A su vez, las mujeres con más de 50 años son la población con mayores derechos agrarios, la desigualdad salta a la vista porque apenas el 25.8 de los sujetos agrarios en el país son mujeres, es decir uno de cada cuatro sujetos agrarios con derechos o títulos parcelarios son mujeres.

El presente dictamen refleja la lucha constante de la mujer en la construcción de la igualdad de condiciones a lo largo de nuestra historia. Desde las conspiradoras insurgentes en la guerra de Independencia, las miles de mujeres que empuñaron las armas en la Revolución, y que además se hicieron cargo del enorme aparato logístico que implicaba la guerra, hasta las mexicanas que dieron la batalla por el reconocimiento, primero de la ciudadanía y luego por el derecho a votar y ser votadas, por lo que no cabe la menor duda de que la mujer ha sido parte fundamental en la construcción de nuestro país.

Por esta razón, la Comisión de Reforma Agraria de forma unánime aprobó el presente dictamen, porque aunque la iniciativa que reforma los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria no resuelve en su totalidad el problema de desigualdad en cuanto al derecho de las mujeres en los núcleos agrarios, sí permite avanzar en este sentido porque genera condiciones de igualdad para que sean reconocidas como sucede con los varones en el rubro de la herencia, de los derechos y títulos parcelarios de los ejidos.

Por otra parte, esta modificación también corresponde con la importancia de fortalecer el papel preponderante que en la actualidad representa la mujer en el mundo rural ante la migración de los varones a Estados Unidos o a grandes ciudades, siendo la mujer rural en la actualidad la que ha tenido que asumir un rol cada vez más importante en las labores productivas, incluso en algunos casos convirtiéndose en el motor fundamental para el desarrollo de las principales actividades agrícolas en el país, y para sacar adelante a su familia.

Este fenómeno no sólo es en México, en todo el mundo la mujer avanza a grandes pasos en las diferentes actividades antes reservadas para el hombre. Cada vez hay más mujeres jefas de familia, cada vez hay más mujeres campesinas, cada vez hay más mujeres al frente de organizaciones del país de diverso tipo, desde empresas hasta gobiernos.

La mujer está demostrando con su liderazgo que puede hacer al igual que el hombre trabajos exitosos. En este sentido el dictamen propuesto que reforma los artículos 12, 17, primer párrafo y 18, fracción III, de la Ley Agraria, para quedar como siguen los artículos.

El artículo 12 dice. Son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales, y se agrega la frase: en igualdad de condiciones.

El artículo 17 dice: El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión, en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o al concubinario, en su caso, y a uno de los hijos —y se agregan lass palabras— o hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

El artículo 18 establece: Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia. En la fracción III establece a uno de los hijos — y se agregan la palabras— o hijas del ejidatario.

Esta reforma a los artículos 12, 17 y 18 de la Ley Agraria, que fue presentada por el diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI, es necesaria por justicia y por necesidad práctica, es una manera de garantizar que las mujeres podrán tener en los ejidos del país las mismas posibilidades que los varones para ser sujetos agrarios y para heredar esos derechos.

Sabemos que la lucha por el establecimiento de condiciones de igualdad en el medio rural no para con esta reforma, pero su aprobación nos permite seguir avanzando en la construcción de un México justo, al tiempo que le hacemos justicia a la mujer mexicana en su enorme papel como edificadora de esta nación.

Ojalá que no quede lejos el día en que la jornada diaria de la mujer se reduzca por igual que con el hombre a una doble jornada, la del cuidado de los hijos y la jornada laboral, con un marco jurídico que nos trate semejante ante semejantes trabajos. Es cuanto.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada.

Está a discusión el dictamen. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la voz la diputada Dora María Talamante Lemas.

Saludo a los jóvenes estudiantes de la Universidad Olmeca, del estado de Tabasco, que hoy están aquí acompañándonos invitados por el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana. Bienvenidos y bienvenidas.

También a un grupo de ciudadanos de Tlaxcala, Tlaxcala, que están aquí invitados por la diputada Leonor Romero. Bienvenidos todos a la sesión. Adelante, diputada.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a lo largo de la historia la contribución de la mujer en los procesos de producción para el desarrollo social y económico han sido subestimados. Durante años fue relegada de la esfera dominante en la toma de decisiones, consecuentemente su derecho de ser, actuar y poseer.

La lucha por lograr la igualdad de oportunidades no ha sido un camino corto ni fácil. Fue hasta 1945, con la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, que los Estados reafirmaron la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En México, con las reformas constitucionales de 1974, a los artículos 4o., 5o., 30 y 123 se estableció la igualdad jurídica de la mujer

Actualmente, en la mayoría de los países se han creado mecanismos especializados en el diseño e instrumentación de políticas que reconozcan el papel vital de las mujeres en el desarrollo de las naciones.

Desafortunadamente, pese a estos mecanismos las desigualdades entre hombres y mujeres subsisten, lo que impide, en gran medida, que el goce pleno de los derechos humanos de las mujeres sea una realidad.

En el sector rural durante muchos años el acceso a la tenencia de la tierra fue exclusivo para los hombres, sin la posibilidad de que las mujeres pudieran ser propietarias de la misma.

Las reformas al Código Agrario de 1942 consideraron, por primera vez, derechos para que la mujer pudiera acceder a la posesión de la tierra, pero con limitaciones y condiciones, de ser viuda y tener hijos menores bajo su cuidado.

Es con la entrada en vigor de la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971, que se dio a la mujer campesina la posibilidad, de manera formal, de ser titular de los derechos agrarios de manera igualitaria que los hombres, pese a ello, las mujeres del campo continúan siendo objeto de discriminación y desigualdad en la posesión y propiedad de la tierra.

Datos del Instituto Nacional de la Mujer estiman que los 13 millones de mujeres que viven en las comunidades rurales, sólo 610 mil se encuentran reconocidas como propietarias.

En cuanto a las unidades de producción, del total registradas en el país, el 30 por ciento está a cargo de una mujer, pero sólo el 2 por ciento están registradas a su nombre.

Los cambios sociales y económicos que se están experimentando en las zonas rurales infieren de manera directa en la vida de las mujeres. La globalización, la falta de empleo y de salarios bien remunerados, provoca una creciente migración rural masculina hacia zonas urbanas, lo que ha propiciado, en los hechos, una reestructura del sector agrario que convierte a las mujeres en cabeza de familia.

Cada día son más las mujeres que se encuentran frente a una familia, asumiendo una mayor participación en la producción agropecuaria y en el desarrollo de procesos organizativos al interior de sus comunidades.

Más de un millón 200 mil mujeres campesinas en nuestro país se han convertido en el principal sustento familiar, pero sin que ello signifique que son propietarias de la tierra. En este sentido se hace necesario reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios en la igualdad de condiciones que los hombres, tal como lo propone el presente dictamen de la Comisión de Reforma Agraria.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, porque creemos y reconocemos el papel fundamental de la mujer en el mantenimiento y mejoramiento de un medio rural dinámico y próspero.

Por ello, continuaremos trabajando para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se aplique en los hechos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Reforma Agraria ha presentado a este pleno su dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 17, primer párrafo, y 18, fracción III, de la Ley Agraria.

El objetivo del dictamen es el de dotar a las mujeres de igualdad de derechos con respecto a los hombres, para acceder y ser reconocidas como herederas y propietarias ejidales, y de esta forma lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico.

Las mujeres son fundamentales en el desarrollo de los pueblos, son las primeras educadoras, brindan protección y cuidado a los niños, realizan labores no remuneradas y mantienen los lazos de solidaridad social, estable y firme en sus comunidades.

También su participación en la vida social y económica en el país se ha incrementado notablemente. Ahora las mujeres son más del 50 por ciento de la población total y representan algo más del 38 por ciento de la población económicamente activa.

A pesar de lo anterior, su reconocimiento como sujeto de derecho tiene una historia muy reciente. Recordemos que hace poco más de sesenta años se les ha reconocido su derecho político a votar y ser votadas, y que apenas en el 2006 se decretó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Hoy, a pesar del avance de los valores democráticos de inclusión, igualdad y de paridad de género, aun hay lagunas por llenar en el camino de la igualdad entre hombres y mujeres, principalmente en el campo mexicano. Y sobre todo, en las comunidades indígenas, en donde en aras de usos y costumbres las mujeres son relegadas y marginadas.

La situación poblacional del campo mexicano se ha transformado debido al proceso de migración que se ha intensificado durante los últimos años. Este hecho tiene como consecuencia el aumento de mujeres cabeza de familia en el ámbito rural. Como señala el dictamen en su exposición de motivos, más de un millón de mujeres ahora son las responsables de su familia.

Sin embargo, las mujeres siguen siendo objeto de discriminación, exclusión y de una cultura machista al no reconocerles su derecho a la herencia y a la propiedad ejidal.

Por ello, el Partido del Trabajo lucha por erradicar todo tipo de discriminación contra la mujer, terminar con la cultura machista y respetar los derechos jurídicos, políticos, económicos y sociales de las mujeres.

Para lograrlo pugnamos porque el patrimonio familiar sea una copropiedad entre hombres y mujeres, lo que implica reconocer la igualdad entre ambos y el derecho que tienen las mujeres a la tierra y sus beneficios.

Vemos en la iniciativa hoy discutida una propuesta noble, un avance en la consecución de un Estado mexicano que respete a las mujeres, las defienda y les brinde el reconocimiento jurídico y de justicia que tanto tiempo se les ha negado.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya la minuta. Es cuánto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Históricamente las mujeres han desempeñado una función determinante en la economía rural, al desarrollar a la par de los hombres las actividades básicas del campo, como la siembra, el cultivo y la cría de animales, así como el suministro en el hogar de alimentos, agua y combustible.

Y por supuesto, las actividades que tradicional y equivocadamente han sido inherentes a su género, como la atención a los niños, los ancianos y los enfermos. A pesar del enorme trabajo, ellas son las más excluidas.

Su papel incluye ser madres y ayudar a sus esposos en las duras faenas de trabajo, todo sin recibir pago alguno. El drama del trato desigual entre hombres y mujeres en nuestro país se materializa prácticamente en todos los ámbitos de su vida.

En el caso de la mujer rural es aún más grave, ya que ésta siempre ha sido favorecida en comparación con la población masculina por diversas razones, como las costumbres tradicionales y patriarcales, falta de acceso directo a los recursos, organizaciones y servicios del desarrollo.

Para nadie es nuevo que el campo mexicano se ha visto hundido en una profunda pobreza, pero por más inverosímil que pareciera este efecto se ha acentuado con mayor fuerza en las mujeres, ya que éstas son quienes resultan aun más vulnerables, debido a que no solo han estado restringidas, sino en muchos casos excluidas de acceder a la tierra y a los diferentes medios de producción en igualdad de condiciones que el hombre.

En México, pese a los avances en materia de reconocimiento de los derechos agrarios a las mujeres éstas siguen siendo minoritarias respecto a los hombres. Tal parece que el razonamiento cultural e ideológico de los habitantes de las comunidades rurales, el cual supone que la agricultura es una actividad masculina, por lo que se da preferencia a este sexo en cuanto a la posibilidad de heredar y poseer la tierra común; ha ido incluso más allá de lo que la propia ley en materia ha establecido en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres de ser titulares de los derechos ejidales.

Ahora bien, este dictamen Movimiento Ciudadano por supuesto que está a favor de que sea votado porque hace falta atender a la mujer rural. Felicitamos al diputado proponente, al diputado Everardo, porque tiene pensamiento de mujer también. Por eso le hago un reconocimiento, porque es de mucho agrado que venga de un diputado.

Aprovecho por supuesto esta ocasión la tribuna para pedirle a la Mesa Directiva, como oaxaqueña que soy y que me honro ser, que el día, el próximo martes en la sesión se pueda hablar del natalicio de un gran hombre, don Benito Juárez García. Mañana cumpliría 208 años de su nacimiento y hoy no se ha tocado el tema de Juárez. No permitan que se extinga esta celebración, señores de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados.

Benito Juárez ha sido un gran ejemplo, un gran hombre, un gran oaxaqueño, un gran presidente para esta República. Los ejemplos de Juárez son los que tenemos que seguir. No omitamos esta celebración, se los pido a nombre de los oaxaqueños y las oaxaqueñas. Porque aquí en esta Cámara si no tocamos a Juárez, aunque sea en la tribuna, imagínense todo lo que hemos hecho, lo que se ha hecho en esta Cámara es traicionar los ideales de Juárez con estas reformas estructurales que se han aprobado sin ningún pensamiento para el pueblo. Porque si Juárez viviera con el pueblo estuviera.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El dictamen que hoy tenemos a discusión y que está a consideración de esta asamblea es de gran contenido.

Esto lo manifiesto toda vez que se está tratando con ello de adecuar el marco jurídico en materia de reforma agraria para llevar a cabo una trascendental reforma que tienda a cumplir con ese derecho humano fundamental de igualdad entre hombres y mujeres y, con ello, buscar su mayor y mejor desarrollo.

No olvidemos que de acuerdo a los objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, precisamente el tercer Objetivo del Milenio es el encontrar o alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Esto conlleva a la necesidad de ir adecuando el marco legal del país a fin de que las condiciones de equidad entre los géneros sean cada vez más igualitarias y con ello evitar esto que a lo largo de la historia de México ha sido culturalmente generado como es el patriarcado.

Todas las instituciones mexicanas se originaron desde la conquista española y desde nuestros ancestros mexicanos desde una cultura patriarcal. Esto ha hecho que la lucha constante que han llevado a cabo las mujeres que han encabezado —y que hoy hay una gran representación en esta Cámara y también en nuestra fracción del Partido Verde Ecologista, donde el 45 por ciento de nuestra bancada son mujeres— se esté manifestando esta precisa equidad de género.

Hay un tema fundamental en esta reforma. Esta reforma que tiene que ver con la materia agraria, materia que tiene que ver con el pilar fundamental del sustento económico de nuestro país que es la agricultura que, como ya lo decía la compañera que me antecedió, se cree que originalmente es una actividad propiamente de los hombres, pero hay que ver cómo se desarrolló la historia de la humanidad donde era el hombre quien salía a cazar y fueron precisamente las mujeres quienes desarrollaron la agricultura. Fueron las mujeres quienes sembraron el campo por primera vez y quienes dieron en un origen la sedentarización para la generación de la cultura humana.

Ahora bien, compañeros, a través de los diferentes usos y costumbres que se dan en nuestro país y aunque la ley ya prevé una equidad de igualdad, hemos visto en lugares como Chiapas, como Oaxaca y en algunas otras comunidades indígenas, que precisamente por estos usos y costumbres a las mujeres se les relega en el uso de los derechos y en el goce de los derechos parcelarios, ejidales y hereditarios de los mismos.

La reforma que hoy proponemos señala en primer término que esa igualdad de género en materia de derechos ejidales debe de ser contundente. La aplaudimos y vamos a votar en el Partido Verde a favor de ella.

Hay que recordar, compañeros, que darle a la mujer un pleno goce en los derechos de propiedad es generar una condición, una sociedad con condiciones de bienestar cada vez mayores. Mujeres y madres sin acceso a bienes de desarrollo, a propiedad, genera sociedades cada vez más pobres.

Por eso aplaudimos la reforma comento de hoy, porque con esto garantizamos el derecho de la propiedad social de las mujeres en la misma circunstancia que la de los hombres.

El Partido Verde Ecologista de México ha estado siempre y estará siempre a favor de la igualdad entre los géneros y es por ello que el día de hoy votaremos a favor, y sabemos que esta Cámara votará a favor la presente reforma por la gran trascendencia que la misma tiene. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Guillermo Sánchez Torres:Compañeras y compañeros legisladores, las mujeres mexicanas han tenido un papel fundamental en la historia de nuestra nación, habiendo participado activamente tanto en el movimiento de Independencia como en el de la Revolución.

En el México moderno continúan ejerciendo un papel relevante, tanto dentro de la familia como en el desarrollo económico nacional, y esto no sólo en las grandes ciudades sino también en el sector rural en donde han trabajado en el campo acompañando al hombre en sus labores desempeñando una gran variedad de tareas.

Apenas en 1942 la mujer obtuvo el derecho de ser propietaria de extensiones de tierra pero siempre y cuando cumplan con diversas condiciones, entre ellas, la de ser viuda.

En 1992 la Ley Agraria reconoce a las mujeres como titulares de derechos agrarios. Sin embargo debido en gran parte a nuestros valores culturales, son todavía pocas las mujeres que son poseedores de tierras ejidales.

Es fundamental asegurar que la mujer mexicana del sector rural cuente con sus derechos primordiales, entre ellos el correspondiente a la salud, la alimentación, la educación gratuita, la vivienda, el abastecimiento de agua, la herencia, la propiedad y posesión de la tierra con acceso pleno y en condiciones de igualdad.

Asimismo deben mantenerse los esfuerzos a favor de la erradicación de la discriminación y la violencia que continúan padeciendo, así como establecer las políticas y mecanismos mediante los cuales la mujer puede insertarse efectivamente en la vida social, económica y política de las comunidades agrarias y en particular las ejidales.

Desafortunadamente hoy en día la mujer del campo sufre de discriminación, violencia y exclusión con respecto a la posición de la tierra, entre otras afectaciones.

Estamos convencidos de que se ha avanzado en derechos de las mujeres en el sector agrario, así como que las reformas a la Ley Agraria que nos ocupan coadyuvarán en el mismo sentido.

Pero igualmente estamos convencidos de que falta todavía mucho por hacer para establecer la plataforma que permita detonar el gran potencial de la mujer del campo, que la mujer del campo puede ofrecer a la sociedad mexicana, tanto en su contexto social como en el económico, administrativo y político, todo ello dentro de un marco de respeto a sus derechos, los cuales deberán de ser siempre definidos en condiciones de igualdad, y es en esa tarea en la que los legisladores debemos concentrarnos a fin de cumplir con la parte que nos corresponde lo antes posible.

Es por ello que mi bancada, la del PRD y un servidor, nos adherimos al proyecto de decreto que nos ocupa, a la intención de insertar al concepto de igualdad de condiciones, con lo que se pretende posibilitar el ejercicio efectivo de los derechos ejidales de las mujeres.

Lo anterior seguramente coadyuvará en su participación activa dentro del ámbito agrario y particularmente dentro de los ejidos. Felicidades a las mujeres de los núcleos agrarios de la delegación Tlalpan, a la cual pertenezco. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Omar Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Omar Antonio Borboa Becerra:Gracias. Con su venia, Presidente. Compañeros, hace 117 años nació un hombre con lucidez, visión, compromiso social y amor por México que nos legó la altura de miras, la solidez y el ánimo de abrigar las causas justas y la fortaleza para combatir la autoridad intelectual y la desorientación política.

En honor a la memoria de don Manuel Gómez Morín y en consecuencia con los axiomas del humanismo político que nos distingue, los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen de la Comisión Agraria con proyecto de decreto que reforma los artículo 12, 17, primer párrafo, y 18, fracción III, de la Ley Agraria.

La mujer que vive en el medio rural ha tenido una significativa participación en el desarrollo y la consolidación de la grandeza mexicana. Nuestra patria sería menos gloriosa sin el importante y significativo papel que durante las diversas etapas de su historia ha jugado la mujer mexicana.

Por ello resulta impostergable erradicar la discriminación y la desigualdad en la posesión de la propiedad de la tierra que padece aún en nuestros días la mujer en el medio rural.

En el Laberinto de la Soledad, Octavio Paz, premio Nobel de Literatura, señala “La experiencia más honda que la vida ofrece al hombre consiste en penetrar la realidad como una totalidad que entre los contrarios pactan”.

Menciono las palabras del poeta mexicano que fue reconocido y que en este mes celebramos el centenario de su natalicio pues, como él escribió, muerte y vida son contrarios que se complementan. También que el hombre y la mujer no somos dos seres contrarios, sino el complemento del uno y del otro.

En este sentido, es menester aclarar que el voto del PAN será favorable a este dictamen porque responde a los logros que se alcanzarán con el mismo, pues por lo que señala el propio documento se pretende solucionar la problemática actual por la desventaja en que se encuentran las mujeres en el campo mexicano mediante la revaloración y reconocimiento de la mujer con condiciones de igualdad respecto a la posesión de la tierra, así como a los derechos a la herencia.

Sin embargo, es preciso recordar que esto es producto de la falta de conciencia de equidad y género, puesto que no sólo las mujeres campesinas, sino también los hombres rurales fueron traicionados por el partido que surgió de la Revolución y que actualmente detenta el Ejecutivo federal.

De modo alguno la aprobación del dictamen que se somete a consideración de esta soberanía nos permite olvidar las consecuencias que desde 1943 denunció Acción Nacional en la voz de Efraín González Luna: “en el programa agrario de 1915, hecho texto constitucional en 1917, y que ha fracasado como intento de la creación de campesinos propietarios con la libertad de bienestar y con el sistema de producción, lo cual resulta ser más contundente y demuestra la ineptitud social de la Revolución que dio vida al partido gobernante.

En este dictamen lo que se señala en el párrafo tercero y en la fracción III del 18 y en el primero del 17 y el 12, es incluir alguna frase, algunos argumentos en donde se señala que podrán ser heredados los ejidatarios y se le pone “y ejidatarias”, todo esto en el contexto de la equidad y la igualdad que se ha venido manejando durante esta legislatura en el cual el PAN siempre ha estado a favor de la motivación.

Siempre hemos consolidado un programa y un proyecto para que el hombre y la mujer sean equitativamente iguales ante la ley, equitativamente y con igualdad en el campo, igualdad en todos los ámbitos de desarrollo. Por eso que el voto de Acción Nacional será favor. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado José Everardo Nava Gómez: Con su permiso, señor presidente. Agradezco a la Comisión de Reforma Agraria, a su presidenta, la diputada Gisela Raquel Mota Ocampo, así como a mis compañeros diputados integrantes de esta comisión por la aprobación de este dictamen de la iniciativa de reforma que presentó un servidor a la Ley Agraria y que no es más que un justo reconocimiento a nuestras mujeres del campo.

Agradezco también la apertura de mi grupo parlamentario para fijar el posicionamiento del presente dictamen. Si una mujer no tiene la certeza de la propiedad del suelo que pisa y le provee de sustento difícilmente puede acceder a otras oportunidades de desarrollo.

Cómo situarse en una posición que facilite el acceso a derechos esenciales como el de la salud y la educación cuando no se tienen resueltas condiciones mínimas de subsistencia, como son las que proveen la certeza jurídica sobre la propiedad del medio de subsistencia. El ejercicio de derechos económicos, entre los cuales, el de propiedad es piedra angular, es condición indispensable para el ejercicio de todos los demás.

La iniciativa que hoy nos ocupa coloca el acento en un problema para cuya resolución evidentemente han sido insuficientes los esfuerzos emprendidos hasta ahora, tanto legislativos como de política pública.

No es la primera vez que en esta tribuna hablamos de los derechos de las mujeres campesinas. No es la primera vez que hacemos un recuento de las situaciones de discriminación, desventaja y atraso en el que muchas de ellas viven, y tampoco es la primera vez que se emprende un proceso legislativo encaminado a corregir esta situación.

No obstante, si es una ocasión singular la que plantea la aprobación de este dictamen, por varias razones: porque el primer paso para la solución de un problema es reconocerlo, y porque desde el proceso de promoción y hasta su aprobación, la entrada en vigor y aplicación, la generación de instrumentos jurídicos — recordemos— está destinada no solamente a crear o modificar las normas que nos rigen, sino también a informar, debatir y finalmente generar criterios orientativos de la conducta.

En el dictamen que nos presenta la Comisión de Reforma Agraria tenemos en primer lugar el reconocimiento del papel histórico de la mujer rural mexicana. Enseguida, una breve pero sustanciosa revisión de la evolución normativa de nuestro país sobre este tema, desde el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, hasta la reforma al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria de 1992 que significó el último eslabón, hasta ahora, de una cadena de reformas encaminadas al reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios en igualdad de condiciones.

En este recuento vemos la transformación sucesiva del paradigma que determina este reconocimiento jurídico y no lo de forma condicionada y después plena. Sin embargo, en el análisis vemos efectivamente que las cifras son contundentes, a revelar que a pesar de la evolución de la ley la realidad tenaz es que el reconocimiento de las mujeres campesinas como propietarias no es congruente con su proporción social ni con su participación en el campo.

Por economía de tiempo obviaré los datos aportados por el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Confederación Nacional Campesina, referidos en el documento y que son suficientes para poner de relieve esta situación en toda su magnitud.

Estamos ante un problema estructural que trasciende el ámbito de la ley y que hunde sus raíces en la cultura, ese ámbito donde son más difíciles y llevan más tiempo las transformaciones, sin embargo es útil la colocación del tema en la agenda legislativa y social, es útil reconocer el estancamiento para poder a partir de ahí generar acciones para un cambio efectivo, es útil perfeccionar la ley.

En este sentido destacamos, como señala la comisión dictaminadora, que esta reforma representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las mujeres como sujetos agrarios. De esta manera respaldamos la intención que anima la propuesta de reforma, como las adecuaciones realizadas por la comisión, de las que resulta una reforma con la que se señala específicamente que son ejidatarios tanto hombres como mujeres, titulares de derechos ejidales en igualdad de condiciones y para otorgar certeza en la sucesión, señalándose asimismo de manera explícita que tanto los hijos o hijas del ejidatario pueden ser titulares de derechos de sucesión.

Tomamos esta acción como un paso de arranque para reforzar las acciones tendientes a lograr la mejoría efectiva de las condiciones de vida de las mujeres de campo, a quienes tanto se debe y de quienes tanto esfuerzo reconocemos. Muchas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar a favor del dictamen, la diputada Yazmín Copete Zapot.

La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot:Gracias, diputado presidente. La iniciativa que hoy nos ocupa, que además fue presentada por el diputado Everardo Nava, sin duda alguna es de resaltarse. En el apartado de antecedentes de esta iniciativa se realiza un análisis muy puntual de los derechos que hemos conquistado las mujeres, sin duda alguna en el transcurso de la historia, misma que no han sido fácil.

Lo que olvida señalar la iniciativa, en un sentido de autocrítica al Congreso de la Unión, es que muchas de estas conquistas y logros legislativos han sido racistas y discriminatorias porque siempre se han olvidado de la mujer indígena. El camino ha sido arduo, lento y discriminatorio, porque se trata de mujeres indígenas. Las mujeres en el sector rural, seguramente todas lo sabemos, siguen siendo maltratadas, excluidas, incluso para dirigir los comisariados ejidales.

No obstante, que ante el desarrollo urbano y territorial anárquico que ha puesto en riesgo la supervivencia de los núcleos de población ejidal, la mujer rural ha sido principalmente defensora del ejido. Esta reforma, compañeras y compañeros diputados, debe abrir aún más los derechos de la mujer rural.

Hoy con esta reforma se pretende contribuir a la solución de la problemática actual de desventaja que se encuentran padeciendo miles de mujeres en el campo, niñas, jóvenes, madres o adultas, específicamente en los ejidos, mediante la revaloración y el reconocimiento que debe tener la mujer en condiciones de igualdad respecto al hombre en la posesión de la tierra ejidal, así como a sus derechos a la herencia, al considerar que es la única forma que nos permitirá lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico.

En el presente dictamen se destaca que tenemos que actualizar la legislación en materia de derechos humanos y proteger a la mujer en el mundo rural mexicano, sobre todo porque la reforma constitucional dada en 2011, que elevó a rango constitucional los derechos de la mujer, estableció la obligación del Estado mexicano para promoverlos, respetarlos, protegerlos y además garantizarlos en beneficio de los mexicanos, además de otorgar a los tratados internacionales la validez jurídica para interpretar las normas en materia para su protección más amplia, lo que viene a brindar la posibilidad de generar las condiciones que permitan a la mujer rural garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe determinaron que el trabajo que realiza una mujer mexicana que vive en zonas rurales es 53 por ciento más que el desempeñado por los hombres y cuatro horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas, al que hay que sumar la falta de seguridad social, la ausencia de un salario y cuando lo hay, éste suele ser incongruente al trabajo desempeñado.

Compañeras y compañeros, también es importante que sepamos que miles de mujeres campesinas de diferentes asociaciones y organizaciones de todo el país han afirmado que se requiere la participación igualitaria de la mujer al acceso al financiamiento, al equipamiento agrícola, al derecho a la información y sobre todo a que la mujer pueda hacer una realidad el derecho fundamental del acceso a la tierra.

Es importante también señalar que el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto para 2015 es de dotar de mayores recursos al desarrollo urbano y territorial, hasta ahí muy bien, lo malo es que sea a expensas de subordinar al desarrollo rural, en donde se siguen autorizando en la presente administración del PRI desarrollos habitacionales, minero y turístico sobre los núcleos de población ejidal, sin que se concluya la figura del dominio pleno.

Por lo anteriormente expuesto, de lo positivo de este dictamen, compañeras y compañeros diputados, el voto del grupo legislativo al cual pertenezco, el Partido de la Revolución Democrática, será a favor. Por su atención, gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputada. Tiene finalmente la palabra para hablar a favor, el diputado José Antonio Rojo.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado José González Morfín: Adelante, diputado.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba: Voy a centrarme en el tema que hoy nos ocupa, porque es un tema noble, es un tema de los que prácticamente nadie pudiera estar en contra y como se ha manifestado aquí debemos estar a favor. El de poderle dotar en la ley a las mujeres la posibilidad de tener derechos plenos en lo que tiene que ver con la Ley Agraria.

Vengo en nombre de la Confederación Nacional Campesina, de la diputación campesina del Grupo Parlamentario del PRI, a felicitar al diputado promovente Nava Gómez por esta iniciativa, iniciativa que la Confederación Nacional Campesina y que el Partido Revolucionario Institucional siempre han promovido, los derechos de las mujeres, porque sean plenos.

Si queremos que las mujeres estén en el campo, debemos de hacer que la actividad agrícola sea una actividad que tenga sustento económico. Y la reforma anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto tiene que caminar hacia allá.

Esos son los esfuerzos que el Grupo Parlamentario del PRI, que la diputación del PRI, las mujeres y los hombres de la Confederación Nacional Campesina que estamos aquí representados vamos a hacer.

Iniciativas como ésta merecen el apoyo de todos nosotros. Venir con un discurso distinto, me parece que no es lo conveniente, hay que venir a hablar de que queremos que las mujeres tengan derechos y por eso estamos hoy aquí.

Vengo a dejar claro que el Grupo Parlamentario del PRI, que la diputación campesina del PRI votará, promueve y ha promovido a favor de esta reforma. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores y no habiendo artículos reservados, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación. De viva voz. De viva voz.

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Señor presidente, se han emitido 341 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado José González Morfín: Muchas gracias. Aprobado por unanimidad, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 17, primer párrafo, y 18, fracción III, de la Ley Agraria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la diputada Leonor Romero Sevilla el 11 de diciembre de 2013.

En uso de las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2013, la diputada Leonor Romero Sevilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

2. Con oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1158, del 11 de diciembre de 2013 y con número de expediente 3466, la Mesa Directiva turnó para dictamen la iniciativa en comento a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; el expediente fue recibido el 16 de diciembre del mismo año.

3. Mediante oficio CDUYOT/019/14, de fecha 11 de febrero de 2014, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial solicitó prórroga para elaborar el dictamen, misma que le fue concedida por la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1309, de fecha 18 de febrero de 2014.

II. Objeto y descripción de la iniciativa

La proponente menciona que el objetivo de la iniciativa es “la defensa del patrimonio cultural de la nación”, considera que “no contamos con una protección legal eficiente sobre monumentos arqueológicos, históricos y artísticos”. De ahí que valore la conveniencia de analizar la legislación referida al desarrollo urbano y los asentamientos humanos para aportar nuevas disposiciones en la defensa del patrimonio.

Como elementos de diagnóstico la proponente señala, entre los principales, los siguientes: la existencia de 187 sitios arqueológicos abiertos al público de los cuales 47 cuentan con la protección que les confiere la declaratoria de zonas arqueológicas, artísticas e históricas; la urbanización desmedida sobre zonas arqueológicas y sitios con monumentos; y el que importantes zonas con vestigios arqueológicos hayan sido envueltas en la trama urbana.

En vista de estos elementos la proponente concluye que se “requiere una vinculación efectiva entre la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos con las leyes generales y federales que inciden tanto en la conservación del patrimonio cultural como en el ordenamiento territorial y en el desarrollo urbano”.

En consecuencia, propone como objetivo de la iniciativa “generar un marco jurídico y normativo que proporcione mayor fuerza en la gestión cultural relativa al patrimonio histórico”. De ahí que, según la proponente, sea necesario actualizar la Ley General de Asentamientos Humanos para garantizar la protección del patrimonio cultural.

Se propone adicionar una fracción XVI, al artículo 7o., para establecer la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el diseño e implementación de estrategias de protección, rehabilitación y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Se prevé una nueva fracción XV, al artículo 9o., para que los municipios tengan como atribución elaborar planes especiales para proteger zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos cuando los planes o programas de desarrollo urbano no contuviesen previsiones detalladas en esta materia.

Se reforma el artículo 13, en su fracción VII, para prever que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano contendrá estrategias para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano, regional y en los monumentos que forman parte del patrimonio cultural, originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Se adiciona un artículo 17 Bis, en el que se prevé que los planes o programas municipales de desarrollo urbano contendrán determinaciones para asegurar la aplicación de las normas contenidas en la ley; así como un artículo 19 Bis. Para que los mismos instrumentos de planeación establezcan directrices para ordenar el territorio con medidas para la protección y conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Se adicionan los artículos 54 Bis y 57 Bis, que prevén disposiciones relativas a las consecuencias que la declaración de monumentos o zona de monumentos tendrán para los municipios.

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, para la valoración de la iniciativa que es objeto del presente dictamen, propone agrupar los artículos propuestos en función de su orientación temática para constituir cuatro grandes apartados. Adicionalmente, para efectos de realizar un análisis detallado de la propuesta, se elaboró el siguiente cuadro comparativo:

Iniciativa de la diputada Leonor Romero Sevilla

Texto vigente

Artículo 7o. Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, las siguientes atribuciones:

I. a XV. ...

No hay correlativo

XVI.Las demás que le señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 9o. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I a XIV. ...

No hay correlativo

XV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Los municipios ejercerán sus atribuciones en materia de desarrollo urbano a través de los cabildos de los ayuntamientos o con el control y evaluación de éstos.

Artículo 13. El programa nacional de desarrollo urbano, en su carácter sectorial, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá:

I. a VI.

VII. Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano y regional originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

VIII. a XII. ...

No hay correlativo

No hay correlativo

No hay correlativo

No hay correlativo

Propuesta

Artículo 7. ...

I. a XV. ...

XVI. Coordinarse con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las entidades federativas y municipios para el diseño e implementación de estrategias de protección, rehabilitación y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

XVII.Las demás que le señale esta ley y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 9. ...

I. a XIV. ...

XV. Elaborar planes especiales con la finalidad de proteger las zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos para su conservación y mejora cuando los planes o programas de desarrollo urbano no contuviesen previsiones detalladas en esta materia.

XVI.Las demás que les señale esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

...

Artículo 13. ...

I. a VI. ...

VII. Las estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano, regional y en los monumentos que forman parte del patrimonio cultural, originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

VIII. a XII. ...

Artículo 17 Bis. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano o instrumentos análogos contendrán las determinaciones pertinentes para asegurar la aplicación de las normas contenidas en esta ley en lo que se refiere a medidas para la protección conservación y defensa de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos y zonas de monumentos de conformidad, con la legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto.

Artículo 19 Bis Los planes o programas de desarrollo urbano establecerán las directrices para la ordenación del territorio observando medidas para la protección y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. En ausencia de planes o programas de desarrollo urbano, o cuando éstos no contuviesen las previsiones oportunas podrán redactarse planes especiales con la finalidad de proteger las zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos para su conservación y mejora.

Artículo 54 Bis. La declaración de monumentos o zona de monumentos, determinará la obligación para el municipio o municipios en que se encontraren de redactar un plan especial de protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta ley establecidas. La aprobación de dicho plan requerirá el informe favorable de la instancia competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del plan.

Artículo 57 Bis. Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en una zona de monumentos declarados como tal deberá ser autorizada por la instancia competente para la protección de dichos bienes.

Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los municipios o, en su caso, la instancia competente en materia de protección de los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos podrán ordenar su demolición con cargo al responsable de la infracción en los términos previstos por la legislación correspondiente.

1. Constitucionalidad de la reforma propuesta

Como fundamento legal para que el Congreso de la Unión legisle en la materia la proponente señala el artículo 73, fracción XXV.

Al establecer que la materia de zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos sea prevista en la Ley General de Asentamientos Humanos, se genera un problema de constitucionalidad, ya que si bien el artículo 73, fracción XXIX-C, prevé que el Congreso podrá expedir leyes que “establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos”, en el mismo artículo 73 no se prevén facultades explícitas para legislar, en materia general, en lo relativo a zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, ya que la fracción XXV es clara en la distinción entre la facultad para legislar en materia general en lo tocante a la función educativa, y el resto de las materias previstas.

En el fragmento relevante de la fracción se distingue claramente entre la facultad para legislar en materia general, y la limitación de la misma en lo que se refiere a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, tal como se colige del texto que se transcribe a continuación:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XXIV. ...

XXV. “Para establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad [...]”.

A la luz de este artículo se explica que la materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos sea regulada por una ley federal y no por una ley general. En esta fracción en particular, los signos de puntuación sirven para separar materias y atribuciones diversas del Congreso de la Unión. Así, en una primera parte se prevé el servicio profesional docente; en una segunda parte la facultad para establecer y sostener escuelas en diversas modalidades, así como observatorios e institutos concernientes a la cultura general; en una tercera parte se prevé la facultad para legislar en la materia objeto del presente dictamen; en la cuarta, para distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa, siendo esta parte de la fracción, el fundamento para expedir una Ley General de Educación, ya que así está expresamente establecido.

De lo analizado se desprende que la proponente pretende insertar en una ley general, preceptos que son propios de una ley federal. Cabe señalar que no existen cláusulas constitucionales expresas para que el Congreso de la Unión legisle, distribuyendo competencias en la materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Esto se reafirma con las siguientes tesis:

Leyes Generales. Interpretación del artículo 133 constitucional

La lectura del precepto citado permite advertir la intención del constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la “Ley Suprema de la Unión”. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el constituyente o el poder revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales. (Número de Registro: 172,739. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Abril de 2007. Tesis: P. VII/2007. Página: 5. Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada).

Supremacía constitucional y Ley Suprema de la Unión. Interpretación del artículo 133 constitucional

A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de “supremacía constitucional” implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la Ley Suprema de la Unión, esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales. (Número de Registro: 172,667. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Abril de 2007. Tesis: P. VIII/2007. Página: 6. Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007. Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza.Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez. Nota: En la sesión pública de trece de febrero de dos mil siete, además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Mc Cain México, S.A. de C.V., se resolvieron los amparos en revisión 1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004, 1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006, 1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de los cuales el tema medular correspondió a la interpretación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada).

De igual forma, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en su artículo 2o. dispone lo siguiente:

Artículo 2o. Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación. Además se establecerán museos regionales.

De lo anterior se desprende que actualmente se encuentra ya legislado y definidas autoridades responsables de impulsar acciones de coordinación para que, de manera permanente, mediante campañas se fomente el conocimiento y respeto a monumentos arqueológicos, históricos y artísticos; se autorice a la sociedad civil en acciones que impidan el saqueo y se preserve el patrimonio cultural de la nación.

Aunado a lo anterior, se considera que las nuevas atribuciones que se le pretende dar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no son compatibles con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Artículo 41. A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y

e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país;

II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u otras autoridades en la materia;

III. Administrar el Registro Agrario Nacional;

IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas;

V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales;

VI. Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales;

VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades;

VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el presidente de la República en materia agraria, en términos de la legislación aplicable;

IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y programas para su óptimo aprovechamiento;

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la administración pública federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;

XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía;

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad;

XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan;

XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo;

XIX. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la administración pública federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento demográfico y su impacto en el ámbito territorial;

XXII. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia; y

XXIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

2. Coordinación de la Sedatu con el Instituto Nacional de Antropología e Historia

La proponente adiciona una fracción XVI, al artículo 7o., en los siguientes términos:

Artículo 7. ...

I. a XV. ...

XVI. Coordinarse con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las entidades federativas y municipios para el diseño e implementación de estrategias de protección, rehabilitación y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, se crea la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En el espíritu de la iniciativa presentada se prevé claramente que la coordinación de dependencias del gabinete recae en la Secretaría de Gobernación, tal como se desprende de la exposición de motivos, que a la letra señala: “se propone facultar al secretario de Gobernación para convocar, por acuerdo del Ejecutivo federal, a los titulares de las dependencias y entidades a las reuniones de los gabinetes, con el propósito de atender las tareas específicas que instruya el presidente de la República; de analizar asuntos prioritarios de la administración; de reunirse asimismo cuando las circunstancias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo ameriten; o de atender materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias o entidades de la administración”.

Adicionalmente, los fines de la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano quedan claros en la citada exposición de motivos que a la letra dicta: “impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos; la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las tierras ejidales, las comunidades, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, y los terrenos baldíos y nacionales; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país y su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios, además de la planeación habitacional, el desarrollo de vivienda y el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país”.

Finalmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no prevé competencia alguna de la secretaría en lo relativo a monumentos o zonas de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, por lo que al ampliar sus atribuciones a estas materias se incurre en una duplicidad innecesaria, ya que lo relativo a las materias que se pretenden regular, son objeto de otra ley. Así, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es clara en lo tocante a las atribuciones específicas de la secretaría, las cuales se consignan en el artículo 41 anteriormente descrito.

Las consideraciones expuestas se aplican también a la propuesta de reformas al artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, que implicarían que en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano se prevean estrategias generales para prevenir los impactos negativos en el ambiente urbano, regional y en los monumentos que forman parte del patrimonio cultural, originados por la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

3. Planes y programas municipales de desarrollo urbano

La proponente adiciona un artículo 17 Bis. En los siguientes términos:

Artículo 17 Bis. Los planes o programas municipales de desarrollo urbano o instrumentos análogos contendrán las determinaciones pertinentes para asegurar la aplicación de las normas contenidas en esta ley en lo que se refiere a medidas para la protección conservación y defensa de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos y zonas de monumentos de conformidad, con la legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto.

Existe una antinomia visible en lo que respecta a la ley vigente con la propuesta de la diputada Leonor Romero Sevilla, ya que la Ley General de Asentamientos Humanos, establece con toda claridad, que la formulación de los planes o programas municipales de desarrollo urbano serán atribución específica de los respectivos municipios, por lo que la determinación de sus contenidos debe ser definida por la propia autoridad municipal, tal como queda claro por el artículo 9o., fracción I, de la ley:

Artículo 9o. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local;

II. a XV. ...

...

Adicionalmente, es inconcuso que al establecer determinaciones de contenido para los planes o programas municipales se trasgrede el orden municipal, el cual tiene autonomía funcional y asignaciones competenciales propias, como dejó en claro la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Controversia Constitucional 96/2008, promovida por el municipio de Mérida, estado de Yucatán, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2012, cuyas ideas relevantes se transcriben a continuación:

“[...] la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas y los municipios, estableció en jurisprudencia firme y vigente, que el ámbito competencial de los estados se integra, en principio, por las facultades no expresamente conferidas a la federación o a los municipios, en cuanto a estos últimos las previstas en el artículo 115, de nuestra Carta Magna [a continuación se cita la siguiente tesis]

“Controversia constitucional. Los diversos órdenes jurídicos establecidos en la Constitución federal tienen autonomía funcional y asignaciones competenciales propias.Del contenido de los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44, 49, 105, fracción I, 115, fracción I, 116, primero y segundo párrafos, 122, primero y segundo párrafos, 124 y 133, de la Constitución federal, puede distinguirse la existencia de cuatro órdenes jurídicos dentro del Estado mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el constitucional. Cada uno de ellos cuenta con asignaciones competenciales propias que, por lo general, son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio a cargo de las autoridades correspondientes.”

Tesis P./J.95/99 de la Novena Época, con número de registro 193262, emitida por el Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Materia Constitucional, de Septiembre de 1999, visible a fojas 709.

Adicionalmente, en la citada controversia se recurre a la doctrina para explicitar los alcances de la reforma al artículo 115, quedando claro que una de las competencias de los municipios es formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal:

“Por su parte, es relevante destacar que la reforma al artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve es, quizá, la más importante en toda su historia. Contiene aspectos relevantes, algunos de ellos aplicables precisamente a la cuestión que se plantea en esta controversia constitucional.

“De los comentarios formulados a dicho precepto constitucional en la obra ‘Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada ’ del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Décima Sexta Edición, Editorial Porrúa, en lo que interesa, destaco lo siguiente, refiriéndome en todos los casos al numeral 115 de la Constitución Federal:

[...]

“4. La fracción V se modificó de tal manera que las materias concurrentes del municipio se señalan en incisos y no de manera continuada. Se faculta al municipio no solo para controlar y vigilar el uso del suelo sino para autorizarlo, así como para intervenir en la elaboración y aplicación de programas de transporte urbano, materia ecológica, protección al ambiente y planeación regional. Adicionalmente se establece que, en los términos de las leyes federales y estatales, los municipios están facultados, entre otras cosas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; para participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; para participar en la formulación de planes de desarrollo regional, obligando a los estados a asegurar la participación de los municipios cuando éstos elaboren proyectos de desarrollo regional”.

Los razonamientos anteriormente expuestos se aplican también a la propuesta de adicionar una fracción XV al artículo 9 de la Ley vigente en los siguientes términos:

Artículo 9. ...

I. a XIV. ...

XV. Elaborar planes especiales con la finalidad de proteger las zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos para su conservación y mejora cuando los planes o programas de desarrollo urbano no contuviesen previsiones detalladas en esta materia.

Esta disposición contradice de nueva cuenta lo preceptuado en el artículo 9o., de la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual prevé las atribuciones de los municipios, quienes de acuerdo a la fracción I, son libres para formular, aprobar y administrar planes municipales, sin que les sea prevista restricción alguna tanto en materia como en contenidos.

4. Declaración de monumentos o zona de monumentos

La proponente prevé adicionar un artículo 54 Bis, a la Ley General de Asentamientos Humanos, en los siguientes términos:

Artículo 54 Bis. La declaración de monumentos o zona de monumentos, determinará la obligación para el municipio o municipios en que se encontraren de redactar un plan especial de protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta ley establecidas.

La aprobación de dicho plan requerirá el informe favorable de la instancia competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del plan.

Ahora bien, este agregado entra en conflicto competencial con lo previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos ya que es en este reglamento donde mejor se podría ubicar la propuesta de la iniciante; cabe señalar, en particular, lo establecido en el artículo 9 del reglamento de la ley que a la letra dice:

Artículo 9. Las declaratorias de monumentos artísticos e históricos pertenecientes a la federación, Distrito Federal, estados y municipios, así como las declaratorias de zonas arqueológicas, artísticas e históricas serán expedidas o revocadas por el presidente de la República. En los demás casos la expedición o revocación se hará por el secretario de Educación Pública.

Las declaratorias de zonas arqueológicas, artísticas e históricas determinarán, específicamente, las características de éstas y, en su caso, las condiciones a que deberán sujetarse las construcciones que se hagan en dichas zonas.

Las declaratorias o revocaciones a que se refiere este artículo se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Cuando se trate de monumentos se notificará personalmente a los interesados y, en caso de inmuebles también a los colindantes. Cuando se ignore su domicilio, surtirá efectos de notificación personal una segunda publicación de la declaratoria o revocación en el Diario Oficial de la Federación. Además, se dará aviso al Registro Público de la Propiedad de la localidad y al Registro Público de Monumentos y Zonas competente, para su inscripción.

Conviene además señalar que la autoridad competente en este ámbito no es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sino la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tal como se colige de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. La ley, en su artículo 38, fracción XXI prevé lo siguiente:

Artículo 38.A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XX. ...

XXI.Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia;

XXII. a XXXI. ...

Asimismo, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública prevé, en su artículo 2, apartado B, fracción IV, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia es un órgano desconcentrado de la misma.

Similar argumento cabe en lo que respecta al nuevo artículo 57 Bis, propuesto por la iniciante, ya que prevé, en su párrafo primero que: “ Cualquier obra o remoción de terreno que se proyecte realizar en una zona de monumentos declarados como tal deberá ser autorizada por la instancia competente para la protección de dichos bienes”.

Ahora bien, dicha instancia competente es la prevista en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, y su Reglamento.

En consideración de lo anteriormente referido, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, considera improcedente la iniciativa materia del presente dictamen, por lo que sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el 11 de diciembre de 2013 por la diputada Leonor Romero Sevilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Segundo. Archívese el asunto y téngase como total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de marzo de 2014.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados:Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Silvia Márquez Velasco, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica), Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).»

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza

En uso de las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2013, el diputado Luis Antonio González Roldán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

2. Con oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1138, del 11 de diciembre de 2013 y con número de expediente 3497, la Mesa Directiva turnó para dictamen la iniciativa en comento a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; el expediente fue recibido 17 de diciembre de 2014.

3. Mediante oficio CDUYOT/019/14, de fecha 11 de febrero de 2014, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial solicitó prórroga para elaborar el dictamen, misma que le fue concedida por la Mesa Directiva mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1293, de fecha 18 de febrero de 2014.

II. Contenido de la iniciativa

I.El iniciante considera que en la historia reciente de México, ha sido común la proliferación de asentamientos humanos construidos en zonas y áreas territoriales poco propicias para el desarrollo sustentable y sostenido de sus habitantes, donde no se garantiza ni la seguridad física ni patrimonial de quienes allí habitan.

Estima que los mencionados asentamientos, crecieron hasta convertirse en extensiones de los propios centros urbanos y derivado de ello, señala el legislador, ocurrieron hechos trágicos, considera demás que asentamientos indebidamente edificados han generado impactos y afectaciones a zonas de alto valor ecológico.

El legislador en su iniciativa, hace mención de diversas situaciones que las refiere como ejemplo de la problemática que expone.

II.El diputado Luis Antonio González Roldán, en el apartado “Argumentos” explica que pretende en su iniciativa señalar qué ordenamientos jurídicos serían de aplicación supletoria a la Ley General de Asentamientos Humanos y por otro lado, dotar de nuevas atribuciones a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), buscando concordancia con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

Refiere el iniciante que con las nuevas atribuciones que se pretende dar a la Sedatu, esta Secretaría tendría la posibilidad legal de participar de forma activa en el ordenamiento del crecimiento de los centros de población y que se garantice seguridad e integridad patrimonial en los nuevos centros de población.

Propone incorporar un capítulo en el que se contemplen atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para supervisar la creación y desarrollo de nuevos centros de población y asentamientos humanos, así como la posibilidad legal de implementar procedimientos administrativos tendientes a sancionar a quienes incumplan disposiciones establecidas.

El iniciante propone incorporar a la Ley que nos ocupa un capítulo, relativo a la regulación de un procedimiento de verificación mediante el cual se respeten las garantías del debido proceso.

El legislador sintetiza el fin que persigue su iniciativa en el siguiente párrafo:

“Dotar de atribuciones a la autoridad para ordenar eficientemente el desarrollo urbano y territorial, a efecto de garantizar su mejor aprovechamiento y sustentabilidad, pero también que lleven a cabo acciones destinadas a evitar el crecimiento descontrolado de asentamientos humanos que pongan en riesgo la vida y el patrimonio de quienes se encuentran en la necesidad de adquirir un espacio en donde vivir con dignidad y así proteger íntegramente el derecho fundamental a la vivienda”.

II. Consideraciones

I. Esta comisión dictaminadora se solidariza con la intención del diputado Luis Antonio González Roldan, que busca fortalecer la seguridad e integridad de las personas en los centros de población, y buscar mecanismos para dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Es loable la propuesta de buscar diseños institucionales que fortalezcan el esfuerzo de regular y ordenar el crecimiento de los centros de población.

Para valorar a detalle la iniciativa que es motivo del presente Dictamen, la Comisión elaboró el siguiente cuadro comparativo:

Luego del análisis realizado por esta dictaminadora se considera que la iniciativa en cuestión es de no aprobarse por los razonamientos siguientes:

a) El iniciante propone incluir la definición de “Porciones territoriales adyacentes” en el artículo 2 de la Ley General de Asentamientos Humanos, definiendo el término de la siguiente manera: “terrenos y espacios físicos contiguos a asentamientos humanos y centros de población a los que estos pretendan ampliarse o extenderse”.

Este órgano parlamentario estima que la fracción XVI del artículo 2o., ya incluye el texto propuesto, en los siguientes términos:

XVI. Reservas:las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su crecimiento;

En este sentido, el concepto de reservas territoriales, no está definido limitativamente al espacio dentro del centro de población, sino por el contrario, es todo espacio que será utilizado para su crecimiento. De aprobarse la propuesta existiría una duplicidad de conceptos, en consecuencia la definición de la Ley vigente se considera amplia y suficiente.

b) En relación a la propuesta de actualización de la denominación de la Sedatu y de que las entidades federativas y municipios estén obligados a consultar a la Secretaría para ejercer algunas facultades, que desde el punto de vista constitucional y legal tienen facultad para normar de forma autónoma, se considera innecesario.

Cabe señalar que esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial aprobó, el 21 de marzo de 2013, el Dictamen de la iniciativa del diputado Abel Guerra Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con la que se actualizan las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la Ley General de Asentamientos Humanos. La Minuta enviada a la colegisladora fue turnada al Ejecutivo el 13 de diciembre de 2013, y las reformas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de enero de 2014.

En este sentido, la Ley vigente en su artículo 7o., otorga facultades a la Sedatu para: “Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales” además de “Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo sustentable de las regiones del país” dispositivos legales que son armónicos con los principios contenidos en el artículo 40 constitucional relativos a la soberanía de los Estados que constituyen la República.

En abono a lo anterior, no debe pasar por alto lo establecido en el artículo 73 constitucional fracción XXIX-C, respecto de la facultad del Congreso de la Unión para legislar sobre la Concurrenciadel Gobierno Federal, los estados y municipios en materia de asentamientos humanos, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Asimismo, se tiene en consideración lo que contempla nuestra Carta Magna en su artículo 122 al establecer que para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en materia de asentamientos humanos, sus respectivos gobiernos, podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas con las que concurran y participen con apego a sus leyes.

c) En lo relativo a la propuesta de un nuevo artículo 5o. bis que prevé la aplicación supletoria de diversos ordenamientos jurídicos, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial estima que es innecesario, toda vez que la Ley en comento contiene un diseño particular en materia de atribuciones y concurrencia con otros órdenes de gobierno.

d) En lo tocante a la propuesta del iniciante de que la Sedatu tenga la facultad para emitir opiniones de factibilidad de modificaciones de usos de suelo y planes o programas de desarrollo urbano y que éstas sean vinculatorias y deban ser observadas por las autoridades de las entidades federativas, los municipios y las delegaciones políticas del Distrito Federal, se considera que la Sedatu no tiene atribuciones específicas en la materia, tal como se desprende de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual sólo prevé la coordinación con las autoridades de los órdenes de gobierno estatal y municipal, tal como se colige del artículo 41, de la Ley en comento, que a la letra dice:

Artículo 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población;

b) La regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines productivos;

c) El desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

d) La planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y

e) El aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país;

II. Aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos, en lo que no corresponda a otras dependencias, entidades u otras autoridades en la materia;

III. Administrar el Registro Agrario Nacional;

IV. Conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas;

V. Conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras ejidales y comunales;

VI. Resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades estatales y municipales;

VII. Cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades;

VIII. Ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la República en materia agraria, en términos de la legislación aplicable;

IX. Administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como establecer los planes y programas para su óptimo aprovechamiento;

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, y coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la participación de los sectores social y privado;

XI. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XII. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con la participación de los diversos grupos sociales;

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración;

XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía;

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

XVI. Apoyar los programas de modernización de los registros públicos de propiedad;

XVII. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y municipios cuando así lo convengan;

XVIII. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional del desarrollo;

XIX. Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

XXI. Aportar diagnósticos y estudios al Consejo Nacional de Población en materia de crecimiento demográfico y su impacto en el ámbito territorial;

XXII. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia; y

XXIII. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

De lo anteriormente transcrito queda claro que la Sedatu no tiene atribuciones en los ámbitos estatal y municipal tal como el iniciante propone que se haga. Adicionalmente, las visitas de verificación que se regulan en los artículos 62 a 67, se enmarcan en el espíritu de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual tiene un ámbito de aplicación delimitado, que no puede extenderse a las entidades federativas, las cuales prevén sus propios procedimientos administrativos en leyes estatales. Para efecto de clarificación del ámbito de aplicación de la Ley citada, se transcribe el primer párrafo, del artículo 1, que a la letra dice: “Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte”.

Es así que la aplicación de un procedimiento administrativo de naturaleza central en el ámbito estatal, como propone el iniciante, es contraria al espíritu del artículo 40 constitucional.

Adicionalmente las acciones de la Sedatu en los ámbitos estatal y municipal sólo se pueden dar de forma coordinada. Cabe señalar además que las opiniones que se pretende sean vinculantes se aplicarían a materias propias del ámbito estatal y municipal, como es el caso de los planes o programas de desarrollo urbano y el uso de suelo, que por naturaleza corresponden al ámbito municipal, tal como lo prevé el artículo 115, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos incisos relevantes se transcriben a continuación:

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) a i). ...

...

Además la Ley no puede prever los contenidos específicos de los planes o programas urbano, como pretende el iniciante con el artículo 31 reformado, ya que esto crearía una antinomia con el artículo 9o., de la Ley vigente, que a la letra dice:

Artículo 9o.Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I.Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local;

II. a XV. ...

...

e) Respecto a la propuesta de establecer un capítulo específico de infracciones y sanciones para aquellas autoridades que incumplan con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, lo cual se considera innecesario por dos razones:

Primera: las diversas hipótesis que contempla el iniciante se prevén de manera explícita en la Ley General de Protección Civil. Así, de las propuestas de un nuevo capítulo undécimo, las fracciones II, III, IV, V y VI, están debidamente previstas en el artículo 84 de la Ley General de Protección Civil, que a la letra dicta que: “Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los Atlas municipales, estatales y el Nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente”.

Segunda: todo servidor público federal que incumpla o contravenga las normas jurídicas que le sean aplicables, puede ser acreedor a las sanciones contempladas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y para el caso de las autoridades locales que incumplan lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables, las propias leyes de la entidad de que se trate habrá de establecer las sanciones respectivas.

f) Referente a la propuesta consistente en que el Gobierno Federal, los estados, municipios y el Distrito Federal procuren en todo momento garantizar la seguridad e integridad de los centros de población, se considera innecesaria, ya que la Ley de referencia contempla en su artículo 3o., lineamientos específicos para mejorar la calidad de vida de la población urbana y rural. Para su pronta referencia se reproduce el dispositivo legal mencionado:

“Articulo 3o.- El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población;

II. El desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización;

II. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades económicas en el territorio nacional;

IV. La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población;

V. El desarrollo sustentable de las regiones del país;

VI. El fomento de centros de población de dimensiones medias;

VII. La descongestión de las zonas metropolitanas;

VIII. La protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas;

IX. La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de población;

X. La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre zonas de trabajo, vivienda y recreación;

XI. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;

XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos en los centros de población;

XIII. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos;

XIV. La preservación del patrimonio cultural de los centros de población;

XV. El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población;

XVI. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y popular;

XVII. La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del desarrollo regional y urbano, y

XVIII. La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos.

XIX. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que requieren las personas con discapacidad.”

De igual manera, la Ley General de Protección Civil establece un diseño institucional, lineamientos para la política pública en la materia, atribuciones específicas y autoridades competentes para aplicar lo establecido en materia de riesgos.

En mérito de las razones y consideraciones expuestas, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, consideran IMPROCEDENTE la iniciativa que es materia del presente Dictamen, por lo que sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el once de diciembre de dos mil trece, presentada por el diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Nueva Alianza.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, Distrito Federal, a los 13 días del mes de marzo de 2014.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados:Jorge Herrera Delgado (rúbrica), presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica), secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Silvia Márquez Velasco, Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica),  Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).»

LEY GENERAL DE BIBLIOTECAS

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Bibliotecas, en materia de igualdad de oportunidades

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión celebrada el día 7 de noviembre de 2013, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Bibliotecas (LGB).

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa presentada por la diputada Rocío Corona muestra preocupación por el fomento de la lectura en la población mexicana y en la “inclusión de personas con discapacidad a este derecho. La promovente menciona que el “ejercicio de la lectura es el que menos se practica sin importar incluso el nivel educativo de cada rubro poblacional”.

De acuerdo con estadísticas, en México se lee en promedio, un libro al año, mientras que en otros países se leen hasta 15 libros al año. En la Encuesta Nacional de Lectura de 2012, se muestra que un 46 por ciento de la población que lee por placer, presenta diez puntos porcentuales menos que en el 2005 (56 por ciento).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el Censo de Población y Vivienda de 2010, las personas con discapacidad representan el 5 por ciento del total de la población, es decir, son 5 millones las personas con algún tipo discapacidad. De estos 5 millones, el 58 por ciento presenta discapacidad para caminar o moverse, un 27 por ciento para ver y un 20 por ciento para escuchar y comunicarse. Aún con estas discapacidades las personas deben continuar con su educación, por lo que se deben generar normas y políticas que permitan la “plena inclusión y accesibilidad (...) en todos los lugares del territorio nacional”.

La diputada tiene la inquietud de que las bibliotecas públicas y privadas sean espacios que permitan garantizar la formación de todas las personas y que exista la accesibilidad universal y la atención profesionalizada para las personas con discapacidad. Por lo que las Bibliotecas deben ser “espacios que coadyuven en la inclusión social de las personas con discapacidad”.

Con base en los anteriores argumentos, la diputada propone la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

Único. Se reforman el artículo 2, las fracciones V y X del artículo 7 y la fracción IX del artículo 8 de la Ley General de Biblioteca, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por biblioteca pública todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carácter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que se encuentre destinado a atender en forma gratuita y sin discriminación alguna, a toda persona que solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas administrativas aplicables.

La biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso en igualdad de oportunidadesa los servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del saber.

Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general cualquier otro medio que contenga información afín y que sea también accesible para las personas con discapacidad.

Artículo 7. ...

I. a la IV. ...

V. Dotar a las nuevas bibliotecas públicas, en formato impreso y digital, de un acervo de publicaciones informativas, recreativas y formativas; así como de obras de consulta, publicaciones periódicas y de materiales accesibles para las personas con discapacidad y en función de ésta, a efecto de que sus acervos respondan a las necesidades culturales, educativas, de integración social y de desarrollo en general y en igualdad de oportunidades de los habitantes de cada localidad;

VI. a la IX. ...

X. Proporcionar entrenamiento y capacitación al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red, que incluya las habilidades necesarias para brindar una atención especializada a personas con necesidades específicas en razón de su discapacidad;

XI. a XVI. ...

Artículo 8. ...

I. a VIII.

IX. Dotar a sus bibliotecas de los locales y de instalaciones que garanticen la accesibilidad universal en las instalaciones y del equipo necesario para la presentación de los servicios bibliotecarios sin discriminación alguna y en igualdad de oportunidades.

III. Consideraciones generales

En opinión de esta comisión dictaminadora, la biblioteca pública es un tema de relevancia social ya que es una herramienta que apoya al Sistema Educativo Nacional ‘en el desarrollo integral de la persona. Los acervos bibliotecarios deben responder a (as “necesidades culturales, educativas y de desarrollo en general de los habitantes de cada localidad.”

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece un manifiesto a favor de las bibliotecas públicas. En este documento hace constar que la biblioteca pública es un elemento de gran importancia para la construcción de una “educación permanente, [de] las decisiones autónomas y [d]el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.

La biblioteca pública, es un establecimiento que presta sus servicios a todas las personas, debido a que es pública. Por tanto, el acceso a estos servicios no debe estar condicionado por la edad, raza, religión, sexo, nacionalidad condición social o idioma. Además de que se tiene que contar con servicios específicos para los grupos minoritarios como a las personas con discapacidad.

El concepto de biblioteca pública en la Ley General de Bibliotecas (LGB), señala que es un establecimiento con acervos impresos y digitales que se proporcionan de manera gratuita a toda persona. Así mismo menciona que la biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los servicios (artículo 2, LGB). El proporcionar de ‘manera democrática los servicios bibliotecarios significa que a todos los ciudadanos que integran y forman parte del todo social, se les debe respetar sus derechos al acceso y a la gratuidad de los servicios es decir, un régimen democrático debe procurar el respeto de los derechos humanos.

“La democracia (...) es el régimen que hace posible que se materialicen en la práctica los valores de libertad, igualdad y seguridad jurídica que conforman la columna vertebral del constitucionalismo”

En la fracción V del artículo 7 de la LGB, se menciona que se debe dotar a las nuevas bibliotecas públicas de acervo bibliográfico que responda a las “necesidades culturales, educativas y de desarrollo en general de los habitantes de cada localidad”, es decir, aquellas necesidades que sean comunes a todos los individuos. Por tanto, si es una necesidad de la población el instalar salas para discapacitados, ésta debe adaptarse a las exigencias de la localidad.

En la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad se establece en el artículo 13, que en el “Sistema Nacional de Bibliotecas y salas de lectura, entre otros, se incluirán equipos de cómputo con tecnología adaptada, escritura e impresión en el Sistema de Escritura Braille, ampliadores y lectores de texto, espacios adecuados y demás innovaciones tecnológicas que permita su uso a las personas con discapacidad”. De acuerdo con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) del país, una biblioteca ofrece de manera adicional y acorde con sus dimensiones, recursos y nivel de desarrollo, los servicios de: “colección de braille, videoteca, hermeroteca, ludoteca, sala de usos múltiples, sala juvenil, sala multimedia y módulo de servicios digitales con acceso a Internet”.

Actualmente, la Red Nacional de Bibliotecas opera con 7 mil 388 bibliotecas, las cuales están establecidas en 2 mil 281 municipios, es decir el 93.2 por ciento del total existente en el país.

En el primer informe de gobierno del Ejecutivo Federal, se informa que se instalaron 12 Bibliotecas Modelo distribuidas en diez estados de la República: Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Estas Bibliotecas cuentan con “colecciones más amplias y con nuevos servicios como son: ludoteca, sala para discapacitados, sala multimedia, sala juvenil, sala de usos múltiples, biblioteca automatizada y mobiliario funcional y ergonómico”.

Las Coordinaciones Estatales de las Bibliotecas Públicas entregaron a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas un total de 2 millones 470 mil volúmenes (libros, revistas, enciclopedias en formato impreso y digital, así como material lúdico, Braille y audiolibro), como parte de las actividades del programa México Lee.

Con lo anterior puede apreciarse que la preocupación de la promovente se encuentra atendida por las leyes generales, las cuales tienen la misma jerarquía normativa y las distintas dependencias del Ejecutivo facultad as para ello, por lo cual no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma el artículo 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Bibliotecas sea desechado y archivado como total y definitivamente concluido, para efecto de que no vuelva a ser presentado en las sesiones del año legislativo en curso.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 2o., 7o. y 8o. de la Ley General de Bibliotecas, en materia de igualdad de oportunidades.

Segundo. Archívese el presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión (2009) Ley General de Bibliotecas. Artículo 7o. Recuperado el 06 de julio de 2013, desde: http://www.diputados.gob.mx/LevesBiblio/index.htm.

2 UNESCO (s.f.) Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas. Recuperado el 06 de julio de 2013, desde: http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/líbramanes.html

3Carbonell, Miguel. (2013) Derechos fundamentales y democracia. Cuaderno no. 31 del Instituto Federal Electoral, marzo 2013. Recuperado el 06 de julio de 2013, desde:

http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Publicaciones_periodicas /

4Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (2013) Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Recuperado el 22 de febrero de 2014, desde: http://dgb.conaculta.gob.mx/info_detalle.php?id=10

5 Ídem.

6Gobierno de la República (2013) Primer Informe de Gobierno. Recuperado el 22 de febrero de 2014, desde: http://www.presidencia. gob.mx/informe/

7 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de marzo de 2013.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Jorge Herrera Delgado (rúbrica), Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente, Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado José González Morfín: Ninguno de los tres ha recibido reserva alguna. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José González Morfín: Gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos concluidos.

Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA - CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica, y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal.

El Presidente diputado José González Morfín: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES

El Presidente diputado José González Morfín: Compañeras y compañeros, en los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado José González Morfín (a las 15:42 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes 25 de marzo de 2014, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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