Comisión Permanente
Correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de EjercicioSUMARIO
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de noviembre de 2014, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2013. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de noviembre de 2014, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores
Del Instituto Tecnológico de Sonora, con el que remite el informe de Resultados de las Auditorías Externas a sus Matrículas del segundo semestre de 2014, en cumplimiento de la fracción III, del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Se remite a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
De la Universidad Autónoma del Estado de México, con el que remite el informe de Resultados de las Auditorías Externas a sus Matrículas del segundo semestre de 2014, en cumplimiento de la fracción III, del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. Se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados
De la Dirección General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con el que remite el Informe Semestral de Labores del Instituto,correspondiente al periodo del 1o. de junio al 15 de noviembre de 2014. Se remite a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el lunes 5 y martes 6 de enero de 2015, a afecto de atender la invitación que le hiciera el presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de Senadores, y a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente
De la Secretaría de Gobernación, con los que remiten tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Comisión de Bioenergéticos, se refuerce la política nacional de bioenergéticos, así como los programas y demás acciones que marca la ley de la materia. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados
Por el que se exhorta a las secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Economía y de Trabajo y Previsión Social, para que implementen mejores estrategias y políticas públicas encaminadas a brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes. Se turna a la Comisión de Juventud, de la Cámara de Diputados
Por el que se solicita al Ejecutivo federal, realice las gestiones necesarias a fin de emitir el decreto expropiatorio respecto del predio que ocupa el Centro Cultural Polyforum Siqueiros. Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la Cámara de Diputados
Del Gobierno del Distrito Federal, con los que remiten cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:
Dos, por los que se exhorta al GDF, a fin de conminar a los delegados de Tlalpan, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, a implementar un programa de desazolve, a fin de prevenir y evitar desastres en la próxima temporada de lluvias. Se remiten a la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Por el que se exhorta a los titulares de las 16 delegacionales del Distrito Federal, para que lleven a cabo acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos sobre presentar condiciones de abandono y deterioro. Se remite a la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Relativo a la instalación de biciestacionamientos en establecimientos públicos, centros de transferencia modal, así como en las principales plaza públicas, mercados y vía pública. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se garantice la accesibilidad, la inclusión y no discriminación de niñas y niños con discapacidad. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para llevar a cabo un análisis de factibilidad para la creación de salas especializadas en materia de comercio exterior. Se remite a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Del Congreso del estado de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para implementar campañas de información y concientización relativas a la importancia de mantener el respeto a las personas adultas mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento
Del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del PRI, por el que solicita licencia para separarse del cargo como diputado federal por tiempo indefinido a partir del 19 de diciembre de 2014. Aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados
Del diputado Salvador Arellano Guzmán, del PRI, por el que solicita licencia para separarse del cargo como diputado federal por tiempo indefinido a partir del viernes 26 de diciembre de 2014. Aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados
De la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del PRI, por el que solicita licencia para separarse del cargo como diputada federal por tiempo indefinido a partir del 27 de diciembre de 2014. Aprobado, comuníquese a la Cámara de Diputados
De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente del primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura. Aprobado, comuníquese
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y suscrita por legisladores de los diversos grupos parlamentarios, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo y suscrita por el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 33 y 34 de la Ley de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, para dictamen
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 88 y 107 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se remite a la Comisión contra la Trata de Personas de la Cámara de Senadores, para dictamen
El diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, para dictamen
El diputado Leobardo Alcalá Padilla, a nombre propio y del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el Capítulo VI de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se remite a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados, para dictamen
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo y suscrita por el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para dictamen
El senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas. Se remite a la Comisión de Asuntos Indígenas, de la Cámara de Senadores, para dictamen
El diputado José Rubén Escajeda López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre propio y de los diputados y senadores de diversos grupos parlamentarios, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que decrete que el año próximo se declare “2015, Año de la Ley Agraria”, y en ese marco se emita una moneda, estampillas postales, billetes de lotería y se inscriba dicha leyenda en la papelería oficial de los Poderes de la Unión
Para hablar a favor y en contra de la proposición, interviene:
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del PRD, a favor
Aprobado, comuníquese
El diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al GDF, para que atiendan las solicitudes de información formuladas por los habitantes de los pueblos y colonias afectados por la construcción del Tren Interurbano de Pasajeros México-Toluca, asimismo se suspenda la ejecución de la obra y sean atendidas las recomendaciones de la CDHDF
Para hablar a favor y en contra de la proposición, interviene:
La diputada Aleida Alavez Ruiz, del PRD, a favor
Aprobado, comuníquese
La senadora María de los Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo, a fin de convocar a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores, para discutir y, en su caso, aprobar las reformas constitucionales en materia de la reforma política del Distrito Federal.
Desde su curul, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN, para referirse al periodo extraordinario de la Cámara de Senadores
Desde su curul, la senadora María de los Dolores Padierna Luna, del PRD, para referirse al periodo extraordinario de la Cámara de Senadores
Para hablar a favor y en contra de la proposición, participa:
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN, en contra
La senadora María de los Dolores Padierna Luna, del PRD, a favor
El diputado Fernando Rodríguez Doval, del PAN, en contra
El senador Isidro Pedraza Chávez, a favor
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN, para rectificar hechos
La diputada Aleida Alavez Ruiz, del PRD, para rectificar hechos
No se aprueba la proposición de la senadora María de los Dolores Padierna Luna
De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del primer receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura. Aprobado, comuníquese
La diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se convoca a comparecer al comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en el estado de Michoacán. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen
El diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, se dispongan medidas para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico solo pueda exhibirse dentro de bolsas negras y con advertencias. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo, para dictamen
Comentarios relativos a la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de América
Para referirse al tema, hace uso de la palabra:
El diputado José Luis Flores Méndez, del PRI
El diputado José Angelino Caamal Mena, de NA
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de MC
El senador Manuel Bartlett Díaz, del PT
El diputado David Pérez Tejada Padilla, del PVEM
La senadora María de los Dolores Padierna Luna, del PRD
La diputada Adriana González Carrillo, del PAN
La senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del PRI
El diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, anuncia que las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo no presentadas serán turnadas a las comisiones respectivas, publicándose su turno en la gaceta parlamentaria
ASISTENCIA
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:Con su permiso, presidente, procedemos a pasar lista de asistencia.
Señor presidente, hay una asistencia de 24 legisladoras y legisladores.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Fala de pasar lista el diputado Angelino. Quien no haya pasado lista, por favor.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:Por lo tanto, presidente, tenemos la presencia de 26 legisladores. Hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 11:22 horas): Se abre la sesión de la Comisión Permanente y les damos la bienvenida a las senadoras y senadores, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente, sean bienvenidas y bienvenidos.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se dispensa la lectura.
«Primer receso del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Orden del día
Lunes 22 de diciembre de 2014
Lectura del acta de la sesión de instalación.
Acuerdos de la Mesa Directiva
Relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente.
Relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
Comunicaciones
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas, correspondiente al mes de noviembre de 2014, desagregada por tipo de fondo, efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2013.
Por el que informa que en el mes de noviembre de 2014, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Del Instituto Tecnológico de Sonora y de la Universidad Autónoma del Estado de México
Con los que remiten los informes de resultados de las auditorías externas a sus matrículas del segundo semestre de 2014, en cumplimiento de la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.
De la Dirección General del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
Con el que remite el informe semestral de labores del instituto, correspondiente al periodo del 1o. de junio al 15 de noviembre de 2014.
De la Secretaría de Gobernación
Por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el lunes 5 y 6 de enero de 2015, a efecto de atender la invitación que le hiciera el Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama
Con los que remiten tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Del Gobierno del Distrito Federal
Con los que remiten cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Del Congreso del Estado de Nuevo León
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que se garantice la accesibilidad, la inclusión y no discriminación de niñas y niños con discapacidad.
Del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para llevar a cabo un análisis de factibilidad para la creación de salas especializadas en materia de comercio exterior.
Del Congreso del Estado de México
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para implementar campañas de información y concientización relativas a la importancia de mantener el respeto a las personas adultas mayores.
Solicitudes de licencia
De los diputados Luis Armando Córdova Díaz, Salvador Arellano Guzmán y María Rocío Corona Nakamura.
Iniciativas
Que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de las Autoridades, suscrita por la diputada Arely Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas, suscrita por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 44 bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 88 y 107 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un Capítulo Sexto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por el diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por los diputados Ramón Antonio Sampayo Ortíz y Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 9 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por el diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 8o. y 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 26 y adiciona un artículo 42 bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Ramón Antonio Sampayo Ortíz y Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, suscrita por diputados y senadores de diversos Grupos Parlamentarios.
Que reforma el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alfredo Zamora García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del SEP para que en la educación básica, se introduzca la inducción de la cultura de respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, suscrito por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Titular de la SRE, para que explique la posición del Estado Mexicano en el exterior, respecto del caso de Ayotzinapa, suscrito por la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Segob y de la PGR, para explicar los resultados de las acciones implementadas por el gobierno federal en los estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México, frente al incremento de los índices de violencia en esas entidades, suscrito por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Aleida Alavez Ruiz, Roxana Luna Porquillo, Jessica Salazar Trejo y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en el Estado de Michoacán, suscrito por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SEGOB, se dispongan medidas para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico solo pueda exhibirse dentro de bolsas negras y con advertencias, suscrito por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedesol y a la Sectur para que promuevan las artesanías de los estados de Oaxaca y Chiapas durante los eventos organizados en los Pabellones México que participaran en las ferias internacionales a celebrarse el próximo año en Madrid, España y en Berlín, Alemania, suscrito por el senador Eviél Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de Capufe, para que informe sobre la situación que prevalece en las autopistas bajo su jurisdicción, tras los bloqueos y presencia de manifestantes y la afectación que éstos provocan a los usuarios, así como los daños y perjuicios a terceros, suscrito por el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo a fin de convocar a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores, para discutir y, en su caso, aprobar las reformas constitucionales en materia de la reforma política del Distrito Federal, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que exhorta al Conaculta y al Comité Técnico del Fideicomiso para el Uso y Aprovechamiento del Auditorio Nacional, a fin de que destine dos fechas al año a la Cámara de Diputados para la exhibición gratuita de un evento cinematográfico, artístico o cultural, suscrito por la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Inapam y del DIF, a fin de sumar esfuerzos para la creación de albergues temporales para recibir a menores de edad y adultos mayores en la temporada invernal, suscrito por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales a aplicar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y a los congresos locales a armonizar sus legislaciones con el citado ordenamiento, suscrito por la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, para que incluya temas de cultura contributiva en los libros de texto gratuito, suscrito por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, al Comisionado General de la Policía Federal y a la Sedena, para que hagan publica la información y aclaren los hechos e indagatorias iniciadas por los sucesos acontecidos en Ayotzinapa, suscrito por los diputados José Luis Muñoz Soria y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al presidente del Comité Técnico del Fideicomiso del Río Sonora y al subsecretario de Planeación y Política Ambiental, suscrito por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la SEP y las autoridades educativas de las entidades federativas, para que difundan los mecanismos mediante los cuales cada uno de las y los trabajadores de la educación federalizados, pueden verificar la información correspondiente a su nómina, suscrito por los diputados Dora María Guadalupe Talamante Lemas y José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la ASF y a la Contraloría Interna del DF, informen sobre el avance en las investigaciones derivadas de las irregularidades observadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa la preocupación por los hechos que llevaron a la muerte de Zaid Abu Ein, Ministro para Asuntos de las Colonias y el Muro de Palestina, suscrito por los senadores Gabriela Cuevas Barron y Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su beneplácito ante el restablecimiento oficial de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos de América y la República de Cuba, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que decrete que el año próximo se declare “2015, Año de la Ley Agraria”, y en ese marco se emita una moneda, estampillas postales, billetes de lotería y se inscriba dicha leyenda en la papelería oficial de los Poderes de la Unión, suscrito por diputados y senadores de diversos Grupos Parlamentarios.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en su próximo encuentro solicite al Presidente de los Estados Unidos de América, que promueva la observancia de la ley en materia de exportación ilegal de armas y respecto de juicios a mexicanos condenados a la pena de muerte, suscrito por la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SRE, se reconozca la competencia del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, para recibir comunicaciones de parte de víctimas, suscrito por los diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Víctor Reymundo Nájera Medina y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la SFP remita un informe al Senado de la República sobre los contratos que la administración pública federal realizó durante los años 2003-2012 con el Grupo Tradeco, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la PGR, para que informe, agilice y finque las responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas por el INE, suscrito por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su beneplácito por el anuncio de restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Delegación Tlalpan del Distrito Federal para que lleve acciones para fortalecer la seguridad en la zona del Ajusco, suscrito por los diputados Leopoldo Sánchez Cruz, María del Carmen García de la Cadena Romero y José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, para que retire a los servidores públicos de la Policía Federal y del INM, que se encuentran instalados en las garitas clausuradas, especialmente la de Las Yescas, ubicada en el kilómetro 59 de la carretera Matamoros-Ciudad Victoria, suscrito por el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a fin de implemente un programa que permita la regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados o importados, en el territorio mexicano, suscrito por los diputados José Luis Esquivel Zalpa y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría Interna del DF, investigue el destino de los recursos que genera la operación de parquímetros en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y al GDF, para que atiendan las solicitudes de información formuladas por los habitantes de los pueblos y colonias afectados por la construcción del Tren Interurbano de Pasajeros México-Toluca, asimismo se suspenda la ejecución de la obra y sean atendidas las recomendaciones de la CDHDF, suscrito por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo relativo a la situación de violencia e inseguridad que se vive en el Estado de Michoacán, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE para que fortalezca acciones, programas y campañas para la producción y compra de juguetes artesanales, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP para que modifique las reglas de operación del programa PROMAJOVEN a fin de incluir a las madres jóvenes y jóvenes embarazadas estudiantes del nivel medio superior, suscrito por los diputados Alliet Mariana Bautista Bravo y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la Sectur a llevar acciones que fortalezcan los programas y operativos de seguridad pública que protejan a los vacacionistas en esta temporada de fin de año, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Sener y de la SHCP para exponer la estrategia del Ejecutivo federal ante la caída internacional en los precios del petróleo, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Sedesol el diseño e implementación de un Plan Nacional de Accesibilidad, suscrito por la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP dé cumplimiento a lo establecido en el decreto de egresos 2015 y se agilice la entrega de los recursos destinados a las entidades federativas y municipios, suscrito por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se solicita información relativa a la absolución de Raúl Salinas de Gortari por el delito de enriquecimiento ilícito, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a la protección del área de valor ambiental de la zona denominada “Barrancas de Tarango”, suscrito por los diputados Fernando Zárate Salgado y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT para que informe sobre el proceso de análisis y modificaciones a la NOM de pesos y dimensiones máximos, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SCT y de Capufe, a fin de agilizar los trabajos que se llevan a cabo en la ampliación de la autopista México-Puebla, suscrito por los diputados Juana Bonilla Jaime y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Profeco a reforzar las acciones de supervisión, monitoreo y vigilancia durante la temporada navideña y el primer bimestre del año 2015, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los Estados y a la ALDF, para que revisen sus códigos penales en materia de abandono de niñas y niños y de la pérdida de la patria potestad, suscrito por los diputados Joaquina Navarrete Contreras y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob para que informe el estado que guarda el mandato constitucional derivado de la reforma del sistema de justicia penal, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en el Estado de Michoacán, para que informe sobre las investigaciones que realiza por los hechos sucedidos en el poblado de La Ruana, en esa entidad, suscrito por la diputada Aleida Alavez Ruiz y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Banco de México, para que intervenga en el restablecimiento del tipo de cambio del dólar y coadyuvar a mantener el equilibrio presupuestal 2015, suscrito por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sener, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la SHCP, a fin de suspender la licitación de la “Ronda Uno”, suscrito por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Agenda política
Comentarios relativos a la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de América, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto es la lectura del acta de la sesión de instalación. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, por encontrarse ya publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión de instalación, tomando en cuenta que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de instalación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el lunes quince de diciembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.
Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo ciento dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente designa como secretarios provisionales a la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Partido Revolucionario Institucional, y el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Partido Acción Nacional.
Con la asistencia de treinta y dos legisladores, a las veinte horas con cincuenta y un minutos del lunes quince de diciembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ciento veinte de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Acto seguido se da lectura al acuerdo suscrito por los representantes de los grupos parlamentarios para elegir una vicepresidencia adicional en la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura, en votación económica se aprueba. Se procede a la elección de la Mesa Directiva por cédula. Realizados el escrutinio y cómputo correspondientes, por treinta y un votos, resultan electos los siguientes legisladores: diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, como Presidente; senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional; y senador Javier Lozano Alarcón, del Partido Acción Nacional, como Vicepresidentes; diputada Irazema González Martínez Olivares, del Partido Revolucionario Institucional, diputado Sergio Augusto Chan Lugo, del Partido Acción Nacional, senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, y diputado David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México, como Secretarios. Los legisladores electos toman posesión de sus cargos y entran en funciones.
Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo
Puestos todos de pie, el Presidente declara:
“La Comisión Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión se declara legalmente instalada”.
El Presidente designa a los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para informar de la instalación de la Comisión Permanente al Presidente de la República e instruye a la Secretaría comunicarlo por escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Presidente levanta la sesión a las veintiún horas con seis minutos y cita para la que tendrá lugar el día veintidós de diciembre de dos mil catorce a las once horas.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda ahora a poner a discusión el acta de la sesión de instalación.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta. Continúe la Secretaría.
COMUNICACIONES
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente a noviembre de 2014, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mismo mes de 2013.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
México, DF, a 15 de diciembre de 2014.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por medio del presente y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, le informo que, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) , a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de noviembre de 2014, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:
• Alimentos y bebidas sin alcohol; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios; productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.
El total de bienes destinados en el mes de noviembre de 2014 fue de 107,432 bienes; los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, litro, par y kilogramo, se anexa al presente el informe respectivo.
Sin otro asunto por momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 16 de diciembre de 2014.— Maestro Juan Carlos Garduño Gamboa (rúbrica), administrador central de Destino de Bienes.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:«Escudo.— Instituto Tecnológico de Sonora.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 41, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, me permito enviar a usted los siguientes documentos:
1. Informe de resultados de la auditoría externa a la matricula del segundo informe semestral 2014 del Instituto Tecnológico de Sonora, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC.
2. Informe de matrícula del segundo semestre de 2014.
3. Variación de la matrícula del segundo semestre de este año respecto al mismo periodo del año anterior.
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me es grato reiterar a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Doctor Armando García Berumen (rúbrica), director de Planeación Institucional.»
«Informe de matrícula
Segundo semestre de 2014
Informe de resultados de la auditoría externa al segundo informe semestral de matrícula 2014 del Instituto Tecnológico de Sonora
Doctor Isidro Roberto Cruz Medina, rector del Instituto Tecnológico de Sonora.— Presente.
Con base en las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2014, las consideraciones para el cumplimiento de los artículos del presupuesto de egresos de la federación en relación a la matrícula emitidos por la SEP y en su solicitud para que la AMOCVIES, AC, auditara el segundo informe semestral de matrícula y su variación con respecto al año anterior, la Universidad de Guadalajara fue designada como auditor externo AMOCVIES, AC, para efectuar la auditoría a la matrícula del Instituto Tecnológico de Sonora. Al concluir la revisión, presentamos a usted el Informe de resultados de la auditoría externa a la matrícula de su Institución.
Objetivo de la auditoría
Verificar la confiabilidad de los datos reportados en los informes de matrícula del segundo semestre en cumplimiento de las disposiciones que aplican del artículo 41 del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014.
Alcances de la auditoría externa
Recibida la información de la matrícula conforme a las indicaciones y formatos determinados por la SEP, cuyo contenido es responsabilidad de la Dirección de Planeación Institucional del Instituto Tecnológico de Sonora, se analizó de la siguiente manera:
I. Se realizó el cálculo de una muestra representativa de los expedientes de alumnos con base en la fórmula proporcionada por AMOCVIES, AC. La estratificación se realizó por programa educativo. El total de matrícula de la universidad es de 15 mil 492 alumnos y la muestra que se revisó es de 96 expedientes.
II. La auditoría consistió en la confrontación de la evidencia que soporta las cifras de la matrícula reportadas en el segundo informe semestral de matrícula en consideración al artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, con base en el esquema determinado por la AMOCVIES, AC, comprometiéndose a presentar los resultados de dicha auditoría externa con todo profesionalismo, imparcialidad y objetividad.
Resultados
Resultado número 1. Concordancia entre las cifras del Informe de matrícula SEP y Servicios Escolares
Sin observaciones
Se encontró un 100 por ciento de concordancia entre las cifras de matrícula reportada en el Informe de matrícula SEP (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la base de datos de la matrícula del Departamento de Registro Escolar.
Resultado número 2. Soporte de aspirantes a la institución
Sin Observaciones
Los programas educativos de la Institución cuentan con soporte documental en formato electrónico de los aspirantes registrados.
Resultado número 3. Concordancia entre las cifras del Informe de matrícula SEP y las cifras reportadas por las facultades y escuelas
No aplica debido a la existencia de un sistema escolar centralizado.
Resultado número 4. Análisis de duplicidad en alumnos registrados
Sin observaciones.
El 100 por ciento de los 15 mil 492 alumnos registrados no presenta duplicidad.
Resultado número 5. Revisión de expedientes de alumnos registrados
Sin observaciones.
Los expedientes de los alumnos de la muestra revisada cuentan con el 100 por ciento de los documentos señalados en la normativa correspondiente.
Resultado número 6. Concordancia entre las cifras del Informe de matrícula SEP y la estadística 911.
Sin observaciones.
Se encontró un 100 por ciento de concordancia entre las cifras de matrícula reportada en el Informe de matrícula SEP (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la estadística 911 (2014).
Resultado número 7. Resumen de matrícula
Resumen de matrícula con fecha de corte al 30 de septiembre de 2014.
Resultado número 8. Variación de la matrícula
Se encontró que la variación entre los indicadores de matrícula del Instituto Tecnológico de Sonora a la fecha de corte con respecto al año anterior septiembre de 2014-septiembre de 2013 es por la cantidad de 46 alumnos, como se muestra en el cuadro siguiente:
Conclusión
De acuerdo al objetivo de revisión, se desprende que la información emitida por el Departamento de Registro Escolar del Instituto Tecnológico de Sonora es razonablemente confiable, determinando, en promedio, un 100 por ciento de congruencia entre los datos contenidos en el segundo informe semestral de matrícula 2014 en consideración al artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 y las evidencias presentadas por el Instituto Tecnológico de Sonora.
Atentamente
Ciudad Obregón, Sonora, a 28 de noviembre de 2014.— Maestra María Asunción Torres Mercado (rúbrica), presidenta del Consejo Directivo de la AMOCVIES, AC; maestro Érick Carrizales Moyron (rúbrica), secretario de la Contraloría General de la Universidad de Guadalajara.»
Variación total de la matrícula: 0.30 por ciento
Doctor Armando García Berumen (rúbrica), director de Planeación Institucional.
« Nota sobre la variación de la matrícula del segundo semestre de 2014 con respecto al segundo semestre del año anterior
En el semestre julio-diciembre de este año se consiguió un ligero incremento de la matrícula total con respecto al mismo semestre de 2013. Si bien el aumento fue pequeño, gracias a un incremento significativo en el número de alumnos de nuevo ingreso en el periodo julio-diciembre 2014, se alcanzó detener la disminución de la matrícula total que se registró el año anterior.
Toluca, México, a 9 de diciembre de 2014.— Doctor Armando García Berumen (rúbrica), director de Planeación Institucional.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:«Escudo.— Universidad Autónoma del Estado de México.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.
Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y comentar que en cumplimiento del artículo 41, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), me permito enviar lo siguiente:
• Informe de resultados de la auditoría externa sobre el segundo informe semestral de matrícula 2014 de la Universidad Autónoma del Estado de México;
• Resumen de matrícula del segundo semestre de 2014;
• Tabla resumen sobre la ampliación de matrícula;
• Variación de matrícula: explicación cualitativa; e
• Informe de matrícula.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes agradeciendo su fina atención.
Atentamente
Maestro en Ciencias Juan Carlos Matadamas Gómez (rúbrica), director de Control Escolar.»
« Informe de resultados de la auditoría externa sobre el segundo informe semestral de matrícula de 2014 de la Universidad Autónoma del Estado de México
Doctor en Derecho Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México.— Presente.
Con base en las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, las consideraciones para el cumplimiento de los artículos del Presupuesto de Egresos de la Federación con relación a la matrícula emitidos por la SEP y en su solicitud para que la Amocvies, AC, auditara el segundo informe semestral de matrícula y su variación respecto al año anterior, la Universidad Veracruzana fue designada como auditor externo Amocvies, AC, para efectuar la auditoría a la matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de México. Al concluir la revisión, presentamos a usted el informe de resultados de la auditoría externa de la matrícula de su institución.
Objetivo de la auditoría
Verificar la confiabilidad de los datos reportados en los informes de matrícula del segundo semestre en cumplimiento de las disposiciones que aplican del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.
Alcances de la auditoría interna
Recibida la información de la matrícula conforme a las indicaciones y los formatos determinados por la SEP, cuyo contenido es responsabilidad de la Dirección de Control Escolar, se analizó de la siguiente manera:
I. Se realizó el cálculo de una muestra representativa de los expedientes de alumnos con base en la fórmula proporcionada por Amocvies, AC. La estratificación se realizó por programa educativo. El total de matrícula de la universidad es de 73 mil 420 alumnos; y la muestra revisada, de 96 expedientes.
II. La auditoría consistió en la confrontación de la evidencia que soporta las cifras de la matrícula reportadas en el segundo informe semestral de matrícula, en consideración del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, con base en el esquema determinado por la Amocvies, AC, comprometiéndose a presentar los resultados de dicha auditoría interna con todo profesionalismo, imparcialidad y objetividad.
Resultados
Resultado número 1. Concordancia entre las cifras del informe de matrícula de la SEP y Servicios Escolares
Observación número 1
Se encontró 99.99 por ciento de concordancia entre las cifras de matrícula reportada en el informe de matrícula SEP (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la base de datos de la matrícula total de la Dirección de Control Escolar. Lo anterior obedece a que se localizó 1 alumno duplicado, reflejado en la base de datos.
Recomendación número 1. La Dirección de Control Escolar deberá vigilar el registro y la trayectoria de los alumnos para evitar duplicaciones; asimismo, deberá instruir a las entidades académicas que filtren la información de sus matrículas, a fin de detectar oportunamente estas situaciones y justificarlas documentalmente.
Resultado número 2. Soporte de aspirantes a la institución
Sin observaciones.
Los programas educativos de la institución cuentan con soporte documental impreso y electrónico de los aspirantes de estudios profesionales y avanzados.
Resultado número 3. Concordancia entre las cifras del informe de matrícula SEP y las cifras reportadas por las facultades y escuelas
Sin observaciones.
No aplica debido a la existencia de un sistema escolar centralizado.
Resultado número 4. Análisis de duplicación de alumnos registrados
Observación número 2
El 99.99 por ciento de los alumnos registrados 73 mil 420 no presenta duplicación. Se detectó 1 duplicado.
Recomendación número 2. Véase la recomendación número 1.
Resultado número 5. Revisión de expedientes de alumnos registrados
Observación número 3. De la muestra de 96 expedientes de alumnos revisados, se determinó que 95 (99.11 por ciento) cuentan con los documentos señalados en la normativa correspondiente.
Recomendación número 3. La Dirección de Control Escolar deberá indicar a las entidades académicas en lo sucesivo que los expedientes contengan los documentos que entregan los alumnos al momento de su inscripción.
Resultado número 6. Concordancia entre las cifras del informe de matrícula SEP y la estadística 911
Observación número 4. Se encontró 99.99 por ciento de concordancia entre las cifras de matrícula reportada en el informe de matrícula SEP (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la estadística 911 (2014).
Recomendación número 4. Véase la recomendación número 1.
Resultado número 7. Resumen de matrícula
Resumen de matrícula con fecha de corte al30 de septiembre de 2014.
Resultado número 8. Variación de la matrícula
Se encontró que la variación entre los indicadores de matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de México a la fecha de corte respecto al año anterior es por la cantidad de 3 mil 610 alumnos, como se muestra en el cuadro siguiente:
Conclusión
De acuerdo con el objetivo de revisión, la información emitida por la Universidad Autónoma del Estado de México es razonablemente confiable, determinando en promedio 99.77 por ciento de congruencia entre los datos contenidos en el segundo informe semestral de matrícula de 2014, en consideración del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.
Atentamente
Toluca de Lerdo, México, a 26 de noviembre de 2014.— M.A. María Asunción Torres Mercado (rúbrica), Presidencia del Consejo Directivo de la Amocvies, AC; contadora pública Delfina Acosta Argüello (rúbrica), contralora general de la Universidad Veracruzana
Maestro en Ciencias Juan Carlos Matadamas Gómez (rúbrica), director de Control Escolar de la UAEM; Ingeniero Guillermo Espinosa Velasco (rúbrica), Departamento de Sistemas.
Maestro en Ciencias Juan Carlos Matadamas Gómez (rúbrica), director de Control Escolar de la UAEM; Ingeniero Guillermo Espinosa Velasco (rúbrica), Departamento de Sistemas
Variación de matrícula: explicación cualitativa
La Universidad Autónoma del Estado de México reporta para el segundo semestre de 2014 una matrícula total de 73 mil 420 alumnos, 3 mil 610 más que en el mismo periodo de 2013, lo que representa un incremento de 15.17 por ciento para dicho periodo.
Se puede detectar que en los centros universitarios y unidades académicas profesionales presentaron mayor captación que la demanda y esto representa porcentaje importante en este crecimiento, el caso de las recientes unidades académicas (Huehuetoca, Chimalhuacán y Acolman) presentan un aumento considerable debido a que la población se encuentra mejor enterada de las oportunidades que se tienen para ingresar en la UAEM.
La creación de la Escuela de Artes Escénicas, incorporando 2 planes de estudio, estudios cinematográficos y música, incorporación de la licenciatura en médico cirujano en la Unidad Académica de Chimalhuacán, además de la creación del plan de estudio doctorado en ciencias con énfasis en educación, trabajo social y psicología correspondiente al posgrado. También se han llevado a cabo actualizaciones de planes y programas con enfoque basado en competencias como lo marca el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, además de ampliar la oferta a centros universitarios de los posgrados ya existentes, como es el caso de la maestría en administración.
Igualmente se logró mayor captación de alumnos en licenciaturas a distancia mejorando los ambientes virtuales para ampliar las oportunidades de acceso a esta modalidad. Al mismo tiempo se ha llevado a cabo una mejora en la administración y planeación de los horarios de clase para hacer más eficiente el uso de las aulas.
La UAEM ha realizado esfuerzos importantes para incrementar su nivel de atención de la demanda, y con el cambio de administración se han realizado campañas de difusión para dar a conocer sus planes y programas de estudio, así como los campus existentes en el estado de México.
Atentamente
Maestro en Ciencia Juan Carlos Matadamas Gómez (rúbrica), director de Control Escolar de la UAEM.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:«Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En cumplimiento a la fracción XV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como a la decisión tomada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 698/2000, notificada a este órgano por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEP/PLE/003/8422/2000 de fecha 25 de octubre de 2000, presento a esa honorable asamblea, en mi carácter de directora general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, el informe semestral de labores ordenado por dichas disposiciones, correspondiente a las actividades del instituto del 1 de junio al 15 de noviembre de 2014.
Atentamente
México, DF, a 15 de diciembre de 2014.— Licenciada Gricelda Nieblas Aldana, directora general.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número DEP-1513/14, signado por el licenciado Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual, el ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, informa que se ausentará del territorio nacional el lunes 5 y martes 6 de enero de 2015, a efecto de atender la invitación que le hiciera el Presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama, para realizar una visita oficial a la ciudad de Washington, D.C.
La visita del Presidente Enrique Peña Nieto a los Estados Unidos de América, tiene como objetivo dar un nuevo impulso a la asociación estratégica entre ambos países. Se dará seguimiento a los logros alcanzados en el marco de los mecanismos de diálogo bilateral acordados por ambos presidentes en mayo de 2013, a saber el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), el Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (Fobes II) y el Consejo Mexicano-Estadunidense para el emprendimiento y la innovación (MUSEICE).
De igual manera, ambos presidentes revisarán los avances alcanzados en el marco de la Declaración, sobre la Administración de la Frontera Siglo XXI, así como el estado que guarda la cooperación bilateral en materia de seguridad.
Con miras a la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, a celebrarse en 2015 en Canadá, los presidentes Peña Nieto y Obama revisarán también el estado que guardan los acuerdos de la última cumbre y conversarán sobre los temas que tratarán durante la próxima.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 19 de diciembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y de Senadores, y de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente. Diputada González Carrillo.
La diputada Adriana González Carrillo(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Sólo recordar al titular del Ejecutivo federal, que en el Congreso tenemos una preocupación con respecto a la relación de México con los Estados Unidos de América, pedirle que en la próxima reunión con el presidente Barack Obama, no olvide, no olvide recordar que Estados Unidos debe de aplicar la ley sobre la exportación de armas para que la aplique en su territorio y cese el flujo ilegal de armas a México y América Central.Y también pedirle que lleve en su agenda un tema muy importante que versa sobre el caso Avena y los 51 condenados a pena de muerte, que el fallo ganado por México contra los Estados Unidos, obliga a detener las ejecuciones de nacionales mexicanos sobre el caso Avena, particularmente en Texas, que está ocurriendo extra judicialmente conforme al derecho internacional.
Es muy importante que el Presidente de la República lleve este mensaje, porque México siempre ha velado por la vigencia del derecho internacional y queremos que se aplique, incluido en Texas el fallo del caso Avena. Es todo, presidente. Muchas gracias por la oportunidad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates. Continúe la Secretaría.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1613 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 312.-1026/2014 suscrito por el ingeniero Jesús G. Arroyo García, director general de Fibras Naturales y Biocombustibles de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual responde al punto de acuerdo relativo a reforzar la política nacional de bioenergéticos, los programas de desarrollo tecnológico del etanol, higuerilla, biodiesel, gas metano, palma africana y piñón mexicano, así como las demás acciones necesarias para esta industria, en apego a lo dispuesto en la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 15 de diciembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Hacemos referencia oficio número SEL/UEL/311/1641/ 14, de fecha 24 de septiembre del año en curso en el que anexa una disposición que mereció la aprobación y cuyo punto central es para reforzar la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, de la que emanó un dictamen y punto de acuerdo en la sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014.
En referencia a ese acuerdo y su bases de soporte, nos permitimos informarle que nos adherimos solidariamente a su acuerdo, ya que los puntos perfectamente planteados, son parte de las políticas establecidas para el tema, por el secretario Enrique Martínez y Martínez y seguidas de cerca por esta dirección, como la directamente responsable de su manejo, promoción, apoyo, soporte técnico y difusión.
Se ha venido trabajando en cada uno de los puntos para fortalecer, por un lado la producción de biocombustibles, etanol y biodiesel, de los que se han otorgado apoyos de incentivo, de diferentes tipos, económicos, de investigación y de intensa difusión, lo que se ha reflejado en resultados que hacen avizorar que las metas trazadas puedan lograrse. A la fecha ya se tiene en funcionamiento una central energética productora de etanol, con la tecnología más moderna y tenemos en cartera apoyar a otras tres más en un tiempo medio. De plantas de biodiesel se han apoyado varias.
De los puntos de coincidencia con los promoventes del acuerdo, estamos de seguros que serán los detonantes de una industria que es urgente su establecimiento, destacando la voluntad de una política pública, la formación de verdaderos especialistas en la materia, se sitúen recursos específicos para incentivar las diferentes etapas de la cadena productiva y de consumo, desde el campo a los consumidores, aunque a esta secretaría le competa de manera directa el sector primario y su inclusión como socios en las empresas transformadoras.
La secretaría mantiene un programa de apoyo, en varias líneas, dentro de las que se encuentran la producción de material vegetativo, semilleros y/o cultivos comerciales para la producción de insumos para los bioenergéticos, que incluyen a la jatropha (piñón mexicano), higuerilla, palma africana y otros que demuestren capacidad de generación de bioenergéticos, no se incluye la caña de azúcar, ni el sorgo grano, pero se incentiva el sorgo dulce y otros cultivos que no ponga en riesgo la soberanía alimentaria. Además a través de múltiples instituciones de investigación y la vinculación con universidades nacionales y del extranjero se han logrado avances en la selección de variedades con las mejores condiciones de producción en diferentes regiones del país, lo que garantiza beneficios para los productores y certidumbre a la industria. Se sostienen también programas de investigación para los tratamientos post-cosecha y procesos industriales de diferentes niveles, con muchos organismos, como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Colegio de Posgraduados (Colpos) y otras tantas que han arrojado resultados que conllevarán a los resultados que estamos se requieren en la creación de los biocombustibles:
De igual manera, en referencia a la disminución de la emisión de metano producto de las excretas del ganado, se ha llevado a cabo un programa de apoyo para la instalación de biodigestores, que eliminan el problema y además, generan energía que puede ser aprovechada en beneficio de los ganaderos, con la disminución de los costos de producción. De 2008 a la fecha se han instalado en México cerca de 620 biodigestores en diferentes entidades del país, con una inversión total cercana a los mil 200 millones de pesos.
Sin lugar a dudas la demanda de apoyo de este tipo de proyectos rebasa con mucho la asignación del presupuesto y seguramente de disponer de mayores recursos aceleraríamos la contribución el uso de los biocombustibles y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El punto de acuerdo es un soporte racional que detonará de manera importante la creación de empresas dedicadas al etanol, que beneficiarán a la creación de las empresas, una alternativa para el uso de terrenos marginales y un seguro mejor ingreso para los productores de la materia prima y un mejoramiento del medio ambiente. Les agradecemos cualquier tipo de apoyo que sitúe a estos conceptos como una de las prioridades para atender los temas marcados por ustedes como preocupación y asegurar la soberanía energética.
Esperamos que nuestras propuestas les sean de utilidad y como siempre le ratificamos nuestras más altas consideraciones.
Atentamente
México, DF, a 15 de octubre de 2014.— Ingeniero Jesús Arroyo García (rúbrica), director general.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1780 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 113.2014.DGVP.656 suscrito por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implementar más y mejores políticas públicas que faciliten la transición académica hacia el mercado laboral.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 12 de diciembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.
Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el pasado 11 de noviembre, que a continuación se transcribe:
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhortar respetuosamente al gobierno federal, particularmente al Instituto Mexicano de la Juventud, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Economía, y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que implementen más y mejores políticas públicas que faciliten la transición académica hacia el mercado laboral.
Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el Instituto Nacional del emprendedor (en lo sucesivo el Inadem) por conducto del Fondo Nacional Emprendedor centra sus actividades en el fomento al crecimiento económico nacional, regional y sectorial, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del emprendimiento y de desarrollo empresarial, así como impulsar la consolidación de una economía innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en Mipyme más productivas ubicadas en sectores estratégicos. Dentro de dicho andamiaje se contempla a las mujeres y los hombres –sin distinción de edad- con inquietudes empresariales, en proceso de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una idea emprendedora o innovadora.
Es por ello que el Inadem ha desarrollado diversos políticas públicas que resulten atractivas al sector juvenil de nuestro país, ya que es precisamente en esta sección donde se encuentra el futuro inmediato de México; en ese sentido, se encuentran las convocatorias dirigidas a incubadoras aceleradora de negocios, que por lo general se encuentran ligadas a instituciones educativas de nivel superior y de carácter tecnológico, así como las incubadoras de negocios dependientes de las universidades autónomas de las entidades federativas o las incubadoras básicas de negocios anexas a los institutos tecnológicos de todas las regiones de la República Mexicana.
Prueba de ello, se encuentra en las convocatorias 2.1. con un presupuesto de 250 millones de pesos; la 2.3 con un presupuesto de 150 millones de pesos; y en general todas aquellas convocatorias que vayan dirigidas a emprendedores (personas físicas y morales), siempre que cumplan con el requisito de estar en pleno uso de sus capacidades de goce y de ejercicio. No se omite mencionar que en próximos días se estarán publicando las Reglas de Operación para el ejercicio 2015, derivado de las cuales se ejercerá el monto correspondiente en términos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Es por ello que el Inadem se une al esfuerzo compartido de la de la Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en pro de disminuir el desempleo juvenil e integrar de manera pronta y exitosa a la vida económica del país a este sector de la población, a través de la detonación de políticas públicas que redunden en el alcanzar el. México próspero que se está edificando.
Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 47 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se solicita atentamente hacer del conocimiento de la Cámara de Diputados, la información contenida en el presente, en la forma que se estime conveniente.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.
Atentamente
México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Juventud, de la Cámara de Diputados.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1851, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCE/707/2014, suscrito por el maestro César Becker Cuéllar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a realizar las gestiones necesarias con el fin de emitir decreto expropiatorio respecto del predio que ocupa el Centro Cultural Polyfórum Siqueiros.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 15 de diciembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me refiero al oficio número SELAP/UEL/311/1869/14, del 11 de noviembre de 2014, con el cual el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo, hizo del conocimiento de esta Unidad de Coordinación Ejecutiva, que por oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1851, el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunicó a esa Secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 11 de noviembre del presente año, el que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal que realice las gestiones necesarias con el fin de emitir decreto expropiatorio respecto del predio que ocupa el Centro Cultural Polyfórum Siqueiros.
Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio número SGPA/3057/2014, del 27 de noviembre de 2014, suscrito por el doctor Xavier Guzmán Urbiola, subdirector general del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, mediante el cual informa lo siguiente:
“...este Instituto ha buscado invariablemente mediante el dialogo, llegar a una conciliación de intereses con los propietarios de dicho recinto, lo que nos permitiría actuar en el marco de nuestra competencia para preservar un inmueble declarado, y con base en la ley de la materia instrumentar los mecanismos para su conservación, restauración y mantenimiento, sin afectar los derechos de sus propietarios.”
“Independientemente de lo anterior debe considerarse y evaluar la relación costo beneficio del acto expropietario, así como la suficiencia presupuestaria para el pago de la indemnización, conforme al avaluó que al efecto expida el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como los recursos para restaurarlo y definir su destino, vocación, mantenimiento y operación.”
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Maestro César Becker Cuéllar (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Conaculta.
Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de Enlace de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.— Coordinación de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión S.E.P.— Presente.
En respuesta a su oficio número UR 120 UCE/CECU/ 1110/14, de1 14 de noviembre del presente, en el que nos comunica el punto de acuerdo emitido por la honorable Cámara de Diputados, por medio del cual se solicita al Ejecutivo federal realice las gestiones necesarias a fin de emitir el decreto expropiatorio respecto del predio que ocupa el Centro Cultural Po1yfórum Siqueiros, así como nos requiere los elementos necesarios a fin de dar respuesta a la Secretaría de Gobernación, le hago saber que son de tomarse en cuenta los argumentos contenidos en el dictamen elaborado por la honorable Cámara de Diputados, pues contiene razonamientos en su estructuración jurídica y en su motivación circunstancial, siendo bastante explícito en esto, los cuales son indispensables para fundar y motivar un acto expropiatorio en el caso de un inmueble declarado monumento artístico.
No omito el manifestarle que este Instituto ha buscado invariablemente mediante el dialogo, llegar a una conciliación de intereses con los propietarios de dicho recinto, lo que nos permitiría actuar en el marco de nuestra competencia para preservar un inmueble declarado, y con base en la ley de la materia instrumentar los mecanismos para su conservación, restauración y mantenimiento, sin afectar los derechos de sus propietarios.
Independientemente de lo anterior debe considerarse y evaluarse la relación costo beneficio del acto expropiatorio, así como la suficiencia presupuestaria para el pago de la indemnización, conforme al avaluó que al efecto expida el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como los recursos para restaurado y definir su destino, vocación, mantenimiento y operación.
Aprovecho la oportunidad para enviar1e un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 27 de noviembre de 2014.— Doctor Xavier Guzmán Urbiola (rúbrica), subdirector general.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la Cámara de Diputados.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales, y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente, adjunto el oficio número DGSMU/4198/ 2014, mediante el cual el ciudadano Oliver Domínguez Sánchez, director general de Servicios y Mejoramiento Urbano en la Delegación Coyoacán, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-1718, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2014.
Atentamente
México, DF, a 1o. de diciembre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Ciudadano Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional.— Presente.
En atención a su oficio SG/CED/1159/2014, en donde envía similar D.G.L62-II-4-1718, suscrito: por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual hace referencia al punto de acuerdo que a continuación se describe:
“Único.La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que conmine a las delegaciones que conforman el Distrito Federal a implementar un programa de desazolve urgente como medidas institucionales de prevención en las principales colonias afectadas de las delegaciones inundadas el periodo pasado, a fin de evitar desastres en las próximas lluvias.”
A este respecto, le informo a usted que se tiene contemplado un programa de desazolve para el ejercicio 2015, en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y en el que están incluidos los puntos más problemáticos en la temporada de lluvias; en algunos se programa el dragado y en otros el desazolve con equipo hidroneumático (tipo vactor), esperando contar con el equipo y transporte necesarios para la ejecución de los trabajos antes de la temporada de lluvias; siendo necesario destacar que los trabajos de desazolve que integran estas zonas acumulan un aproximado de 20 mil ml de atarjea.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Xochimilco, DF, a 18 de noviembre de 2014.— Oliver Domínguez Sánchez (rúbrica), director general de Servicios y Mejoramiento Urbano.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente, adjuntó oficio número DGSU/ DOHM/ SOH/ UDAD/ 914/ 2014 mediante el cual el ingeniero Manuel González González, director general de Servicios Urbanos en la delegación Xochimilco remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-4-1718, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014.
Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.
Atentamente
México, DF, a 1o. de diciembre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Ciudadano Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno.
Sirva el presente escrito para hacerle llegar un cordial saludo, asimismo para informar a usted referente al similar de fecha 23 de septiembre del año en curso, numero D.G.P.L. 62-II-4-1718, firmado por el diputado Tomás Torres Mercado, en el cual manifiesta del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y , en el cual se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que conmine a las delegaciones que conforman el Distrito Federal a implementar un programa de desazolve urgente como medidas institucionales de prevención en las principales colonias afectadas de las delegaciones inundadas el periodo pasado, a fin de evitar desastres en las próximas lluvias.
Al respecto, sírvase encontrar anexo al presente un listado con el nombre y ubicaciones de las colonias afectadas en esta demarcación, atendiendo de esta manera las instrucciones del secretario de Gobierno, manifestadas por usted en el oficio SG/CED/1171/14, de fecha 1 de octubre del año en curso.
Sin otro particular por el momento, quedo de usted como su seguro servidor.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xochimilco, DF, a 18 de noviembre de 2014.— Ingeniero Manuel González González (rúbrica), director general de Servicios Urbanos en la Delegación Xochimilco.»
« Encharcamientos
• Santiago Tulyehualco
– División del Norte entre Galeana y Nicolás Bravo
– Programa de Desazolve: Marzo
• San Luis Tlaxialtemalco
– 5 De Mayo, esquina con Rey Tizoc
Programa de Desazolve: Marzo
• San Gregorio Atlapulco
– 21 de Marzo, esquina con 5 de Mayo
Programa de Desazolve: Marzo
• Santa Cruz Acalpixca
– Calle del Puente
– 20 de Noviembre
– Ahualapa
– Chontales
Programa de Desazolve: Marzo
Santa María Nativitas
– Colonia San Jerónimo (Desiderio Peña, San Jerónimo, Colizandria)
– Centro de Nativitas (10 de mayo, Hidalgo, Emiliano Zapata, Juárez)
– Prolongación Cuauhtémoc, Jazmín, Nochebuena, Canal 27
Programa de Desazolve: Marzo
• Barrio Xaltocan
– Prolongación 16 de Septiembre, entre Madreselva y Lirio Acuático
– Lirio Acuático, entre 16 de Septiembre y Camino a Nativitas
Programa de Desazolve: Abril
• Colonia Tierra Nueva
– Calle Nardo, esquina con Palma
– Margaritas, entre Nardo y Plan Sexenal
Programa de Desazolve: Abril
• Barrio Tlacoapa
– Chicoco
Programa de Desazolve: Abril
• Colonia Ampliación San Marcos
– Prolongación Ahuejotes
Programa de Desazolve: Abril
• Colonia Paseos del Sur
– Pera Verdiñal
– Majuelos
– Prolongación Aldama
Programa de Desazolve: Abril
• Colonia San Juan Tepepan
– Lázaro Cárdenas
Programa de Desazolve: Mayo
• Barrio 18
– Circuito Cuemanco Norte
No se cuenta con infraestructura hidráulica, la oficina sur oriente del Sistema de Aguas de la Ciudad de México realiza el achique de agua pluvial hacia la Ciénega Chica
• Colonia La Noria
– Paradero Acueducto
Programa de Desazolve: Mayo
• Pueblo Santa Cruz Xochitepec
– Jacarandas, entre Industria y Comercio
– Avenida Xochitepec
– Ejido, esquina con Xochimilco
Programa de Desazolve: Mayo
• Pueblo San Andrés Ahuayucan
– Allende
Programa de Desazolve: Mayo
• Pueblo San Lorenzo Atemoaya
Carretera Nueva a Santa Cecilia, esquina con Juan Badiano
Programa de Desazolve: Mayo.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente, adjuntó oficio número DGSU/DSU/SPJA/957/2014, mediante el cual el ingeniero Manuel González González, director general de Servicios Urbanos en la Delegación Xochimilco, remite respuesta al punto de acuerdo DGPL 62-II-5-1892, en donde se comunicó por parte de la vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2014.
Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.
Atentamente
México, DF, a 1o. de diciembre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Ciudadano Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional.
En atención al similar con número SG/CED/1213/14, signado por el ciudadano Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional, informando que la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el punto de acuerdo que a la letra dice:
Punto de Acuerdo
“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los jefes delegacionales de las 16 demarcaciones del Distrito Federal a llevar a cabo acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos sobre los cuales tienen jurisdicción y que presentan condiciones de abandono y deterioro.
Al respecto se le informa que la delegación Xochimilco lleva a cabo, como estrategia de gobierno, el rescate de espacios públicos que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y evitar que ciertos espacios de dominio público presenten condiciones de deterioro esto a través del programa delegacional Rescate de Espacios Públicos Urbanos.
El objetivo es mejorar la calidad de vida, imagen urbana y fomentar la participación de la ciudadanía en la conservación del ambiente.
Otra de las estrategias es clasificar de acuerdo al “Sistema de Parques del DF” para reconocer el nivel de intervención y contextualización urbana.
Cabe mencionar que la intervención en los espacios es a nivel de recuperación, de conversión, de renovación y de construcción.
Estas acciones se han realizado en los siguientes lugares:
Con la finalidad de generar un sentido de pertenencia en la construcción de un parque público de bolsillo, se debe llevar a cabo con la participación de la comunidad en todas las etapas del proyecto, lo que contribuirá a que el parque tenga mayor éxito.
Esta administración, reconoce que la calidad de vida de los ciudadanos está condicionada a la calidad del espacio urbano en donde se desarrolla.
Por ello ha programado la intervención en otros espacios bajo las consideraciones ya mencionadas.
Sin más, envío un cordial saludo y agradezco a su vez la atención que se sirva dar al presente.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xochimilco, DF, a 18 de noviembre de 2014.— Ingeniero Manuel González González (rúbrica), director general de Servicios Urbanos en la delegación Xochimilco.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Ingeniero Manuel González González, director general de Servicios Urbanos.— Presente.
Por este medio anexo al presente me permito hacerle llegar copia del oficio número 5G/CED/1213/14, fechado el 9 de octubre del año en curso, el cual fue recibido en esta Secretaría Particular el día 4 de noviembre del 2014 con el folio 06983, mediante el cual el coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal remite el oficio D.G.P.L. 62-II-5-1892, de fecha 23 de septiembre del 2014, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual hace de su conocimiento que en esa misma fecha fue aprobado el punto de acuerdo referente a:
Punto de Acuerdo
“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente la los jefes delegacionales de las 16 demarcaciones del Distrito Federal, a llevar a cabo acciones encaminadas al rescate de los espacios públicos sobre los cuales tienen jurisdicción y que presentan condiciones de abandono y deterioro.”
En virtud de lo anterior, y por instrucciones del jefe delegacional, le solicito brindar la atención procedente, con carácter de urgente y remitir al que suscribe la respuesta otorgada al asunto en comento a más tardar el día viernes 14 de los corrientes, a fin de estar en posibilidad de enviarla, en tiempo y forma, a la Coordinación de Enlace Delegacional.
Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Xochimilco CDMX, a 6 de noviembre de 2014.— Ingeniero José Ulises Cedillo Rangel (rúbrica), secretario particular.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Ingeniero Miguel Ángel Cámara Arango, jefe delegacional en Xochimilco.— Presente.
Por instrucciones del secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, adjunto oficio D.G.P.L. 62-II-5-1892, de fecha 23 de septiembre de 2014, suscrito por la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual hace de su conocimiento que en esa misma fecha fue aprobado el punto de acuerdo de referencia.
En virtud de lo anterior, le solicito atentamente que envíe a esta Coordinación, la información necesaria para atender dicho planteamiento o, en su caso, la relativa a las acciones que al respecto estime procedente realizar.
Agradezco de antemano su atención y le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 9 de octubre de 2014.— Fernando Daniel Cravioto Padilla (rúbrica), coordinador.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente, adjuntó oficio número CA/439/2014, mediante el cual la licenciada Mireya Cruz Levario, coordinadora de asesores del ciudadano jefe delegacional en Coyoacán remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-3-1647, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación del mismo en sesión celebrada el 28 de abril del 2014.
Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.
Atentamente
México, DF, a 5 de diciembre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Doctor Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de enlace delegacional de la Secretaría de Gobierno.— Presente.
En atención al oficio SG/CED/0568/14, de fecha 17 de febrero de 2014, mediante el cual hace del conocimiento el contenido del punto de acuerdo aprobado por la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el que solicita que se informe a esa Coordinación respectó de las acciones conducentes a efecto de dar cumplimiento con el mismo.
Sobre el particular y con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por dicho punto de acuerdo anexo al presente copia de las acciones reportadas por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante oficio DGODU/3091/2014.
Lo que hago de su conocimiento a efecto de cumplir con lo mandatado por el órgano legislativo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 12 de noviembre de 2014.— Licenciada Mireya Cruz Levario, coordinadora de asesores del Jefe Delegacional.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Mireya Cruz Levario, coordinadora de asesores.— Presente.
Por este conducto en atención a su oficio CA/203/2014, de fecha 26 de mayo del presente año mediante el cual remite oficio SG/CED/0568/2014, signado por el coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaria de Gobierno, ciudadano Fernando Daniel Cravioto Padilla, y el oficio D.G.P .L. 62-II-3-1651, signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, por el cual informan el contenido del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en relación a:
“Instalación de biciestacionamientos en establecimientos públicos, centros de transferencia modal, así como en las principales plazas públicas, mercados en la vía pública, cuando no existe la posibilidad de instalarlo en el establecimiento y oficinas gubernamentales, a efecto de promover el uso de la bicicleta como un transporte alternativo y ecológico para reducir la contaminación del aire y motivar la activación física para reducir la obesidad y el sobrepeso.”
Me permito hacer de su conocimiento que la jefatura de Unidad de Ingeniería, Estudios y Proyectos dependiente de esta dirección general a mi digno cargo realizó una inspección física en 203 puntos (se anexa listado), en donde es viable la implementación de biciestacionamientos; asimismo le comento que por el momento no contamos con recursos disponibles para la ejecución de los mismos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 11 de noviembre de 2014.— Fernando Raúl Covarrubias Becerra (rúbrica), director general de Obras y Desarrollo Urbano.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXIII Legislatura.— Secretaría.
Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En los términos del artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, por este conducto le comunicamos que en sesión del 3 de diciembre del presente año, fue aprobado el siguiente
Acuerdo
Primero. Se da por atendida la solicitud realizada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que este Poder Legislativo desarrolle los programas sociales y políticas públicas precisas, dentro del ámbito de sus competencias, para desarrollar las regulaciones, mecanismos y normas necesarias que garanticen la libre accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y niños con discapacidad, en cualquier institución educativa, por los argumentos expuestos en el presente dictamen.
Segundo. Infórmese de lo anterior al promovente, en atención a lo señalado en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León y remítase copia del presente dictamen.
Tercero. Archívese y téngase como totalmente concluido el presente asunto.
En virtud de lo anterior, acompañamos al presente copia del dictamen presentado por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Monterrey, Nuevo León, a 3 de diciembre de 2014.— Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), Secretario; diputada Imelda Guadalupe Alejandro de la Garza (rúbrica), Secretaria.»
«Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXXIII Legislatura.— Sala de Comisiones.
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Educación, Cultura y Deporte fue turnado para su estudio y dictamen, el 30 de abril de 2014, el expediente número 8703/LXXIII, que contiene escrito signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cafiño, vicepresidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que este Poder Legislativo local desarrolle programas sociales y políticas públicas precisas, dentro del ámbito de su competencia, para desarrollar las regulaciones, mecanismos y normas necesarias que garanticen la libre accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y los niños con discapacidad, en cualquier institución educativa.
Antecedentes
El documento de mérito aparece signado por el diputado Marcelo de Jesús Torres Cafiño, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En el mismo informa a este Poder Legislativo de Nuevo León sobre la aprobación de un acuerdo que consta de dos resolutivos y que versa en los siguientes términos:
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública a implementar las acciones necesarias para certificar que todas las instituciones educativas cuenten con la infraestructura mínima que garantice la accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y los niños con discapacidad, tanto en escuelas públicas como privadas.
Segundo. Se exhorta a los Congresos de los estados a desarrollar los programas sociales y políticas públicas precisas, dentro del ámbito de sus competencias, para desarrollar las regulaciones, mecanismos y normas necesarias que garanticen la libre accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y los niños con discapacidad, en cualquier institución educativa.
Asimismo, aparece como anexo a este documento el dictamen emitido por la Comisión de Derechos de la Niñez, que fuera presentado al pleno y que derivó en la aprobación de los resolutivos anteriores.
Dentro de los argumentos contenidos en el escrito mencionado, existe un párrafo que resulta indispensable transcribir.
Por otro lado, los estados tienen el deber de legislar priorizando el interés superior de la infancia, tomando en cuenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, a fin de que se les garanticen a las personas menores de edad el pleno ejercicio de todos los derechos inherentes a la personalidad humana.
Es importante que cada uno de los Congresos estatales haga uso de lodo el andamiaje jurídico institucional, con objeto de dar mayor protección a los derechos de las personas menores de edad. Lo anterior, hará que se coloque a las niñas y niños ante el pleno ejercicio de sus derechos y garantías que tienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese sentido, es importante que los Congresos de los estados revisen el marco jurídico para que el gobierno de los estados desarrolle los programas sociales y políticas públicas, para garantizar la libre accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y los niños con discapacidad, en cualquier institución educativa.
Una vez conocido el expediente en estudio, y atentos a lo previsto en el artículo 47, inciso c), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado, esta comisión ponente, para sustentar el resolutivo que se propone, nos permitimos consignar las siguientes:
Consideraciones
Quienes integramos la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de este Poder Legislativo, en forma posterior al estudio del presente documento, presentamos al pleno las siguientes consideraciones en las que habrá de apoyarse la resolución propuesta por este órgano de trabajo legislativo:
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39, fracción VI, incisos i), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León, se encuentra facultada para atender el presente asunto.
Del punto de acuerdo aprobado en fecha 22 de abril del 2014, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y que consta de dos resolutivos, se desprende la exhortación realizada a este Poder Legislativo de Nuevo León, para desarrollar los programas sociales y políticas públicas precisas, dentro del ámbito de sus competencias, para desarrollar las regulaciones, mecanismos y normas necesarias que garanticen la libre accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y tos niños con discapacidad, en cualquier institución educativa.
Al estudiar detenidamente dicha solicitud, y en vista de que este asunto ha sido de gran trascendencia desde inicios de esta legislatura, podemos advertir que esta soberanía ha aprobado diversas normas y acuerdos en .esta materia. Por ejemplo: a) la homologación a la normatividad federal en relación con las personas con discapacidad, para que no sean contrarias a los derechos humanos de dichas personas; reformado y publicado el 13 de diciembre del 2013 en el Periódico Oficial del Estado; b) decreto por el cual se crea la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad; y e) reforma a diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, para contemplar a las personas con discapacidad en los planes de desarrollo urbano estatal y municipal, para brindarles el adecuado acceso y facilidad en las zonas urbanas así como respetar sus garantías conforme a la ley, aprobados por este honorable Congreso del estado el 28 de mayo de 2014.
Asimismo, el 4 de marzo de 2013 se aprobó por parte de esta soberanía, exhortar al titular del Poder Ejecutivo y a los ayuntamientos de los 51 municipios del estado, así como a la Secretaría de Educación, a la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad y la Agencia de Racionalización y Modernización del Transporte Público, para que desarrollen. infraestructura adecuada y suficiente en las instalaciones públicas, a fin de garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad.
En vista de lo anterior, quienes integramos esta comisión dictaminadora proponemos que el presente asunto se dé por atendido, por lo que solicitamos se ponga a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Se da por atendida la solicitud realizada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de 1a Unión, para que este Poder legislativo, desarrolle los programas Sociales y Políticas Públicas precisas, dentro del ámbito de sus competencias, para desarrollar las regulaciones, mecanismos y normas necesarias que garanticen la libre accesibilidad, la inclusión y no discriminación de las niñas y niños con discapacidad, en cualquier institución educativa, por los argumentos expuestos en el presente dictamen.
Segundo. Infórmese de lo anterior al promovente, en atención a lo señalado en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León y remítase copia del presente dictamen.
Tercero. Archívese y téngase como totalmente concluido el presente asunto.
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Diputados: Dolores Leal Cantú (rúbrica), presidenta; Rebeca Clouthier Carrillo (rúbrica), vicepresidenta; Guadalupe Rodríguez Martínez (rúbrica), Celina del Carmen Hernández Garza (rúbrica), Héctor Jesús Briones López (rúbrica), Blanca Lilia Sandoval de León (rúbrica), Carolina María Garza Guerra (rúbrica), José Sebastián García (rúbrica), Fernando Galindo Rojas, Lorena Cano López (rúbrica), César Alberto Serna de León (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Poder Legislativo Federal.— Presente.
Me es muy grato dirigirme a usted, con motivo de su oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2260, de fecha 27 de noviembre del presente año, correspondiente al expediente 4831, el cual contiene el acuerdo por el que se exhorta a este órgano jurisdiccional a realizar el análisis de factibilidad para la creación de salas especializadas en materia de comercio exterior y de ser procedente se lleven a cabo las modificaciones al Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con la finalidad de establecer dichas salas especializadas en las regiones que así lo ameriten.
Respecto de este importante tema, le informo que de conformidad con el artículo 41, fracción IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en relación con los diversos artículos 7 y 8 de su reglamento interior, relativos al procedimiento de reforma al reglamento interior de esta institución, se está elaborando el análisis de factibilidad el cual será puesto a consideración de los magistrados integrantes de la Junta de Gobierno y Administración, por lo que una vez aprobado y conforme al procedimiento referido, dicho análisis será remitido a la Mesa Directiva que usted dignamente preside.
Lo anterior, se hace de su conocimiento para los efectos conducentes, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y las seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente
México, DF, a 5 de diciembre de 2014.— Licenciada Elizabeth Ortiz Guzmán (rúbrica), secretaria auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo.— Gobierno del estado de México.
Diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.
Me refiero al acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, enviado al titular del Poder Ejecutivo y remitido a esta secretaría para su atención, que a continuación se transcribe:
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades educativas de los tres niveles de gobierno y al Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores a implantar campañas de información y concienciación relativas a la importancia de mantener el respeto de las personas adultas mayores, haciendo énfasis en inculcar valores cívicos encaminados a erradicar cualquier acto que atente contra la estabilidad física y psicológica de ellas, como parte de un reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales, induciendo en la familia, niñas, niños y adolescentes una cultura de respeto y tolerancia.
El reto del envejecimiento del siglo XXI ha implicado un esfuerzo coordinado entre instituciones, familia y sociedad en general para fomentar una cultura de respeto, solidaridad, pertenencia e inclusión que propicie la generación de más y mejores espacios de convivencia entre niños, jóvenes y adultos mayores.
La situación de vulnerabilidad en que se encuentran los adultos mayores es un fenómeno a nivel mundial que ha propiciado la búsqueda de nuevas alternativas para mejorar sus condiciones de vida, garantizar su acceso a servicios de salud y asistencia social, impedir su discriminación y segregación y fomentar una cultura de integración y cuidado a su persona.
Proteger los derechos fundamentales de los adultos mayores impacta, sobre todo, en generarles mejores condiciones para vivir con dignidad y seguridad integral, lo que requiere de acciones institucionales coordinadas, pero también de que las nuevas generaciones cultiven el respeto, reconocimiento, atención y cuidado a este sector de la población.
Por todo lo anterior, la autoridad educativa del estado de México coincide con el propósito del acuerdo, a efecto de brindar respeto y apoyo a los adultos mayores, mejorando su calidad y expectativa de vida.
Aprovecho la ocasión para expresarle mi distinguida consideración.
Atentamente
Toluca, México, a 10 de diciembre de 2014.— Raymundo Martínez (rúbrica), Secretario de Educación.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
SOLICITUDES DE LICENCIA
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Estimado diputado Presidente, sirva la presente para enviarle un cordial saludo, al tiempo que:
Con fundamento en lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en lo dispuesto en la fracción XVI del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento respetuosamente a usted mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado federal a partir del 19 de diciembre del año en curso.
Lo anterior con el propósito de que sea sometida a consideración del pleno de esta soberanía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mi consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de 2014.— Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pido a la Secretaría ponga a discusión el punto de acuerdo.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Luis Armando Córdova Díaz para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el décimo sexto Distrito electoral del estado de Jalisco, a partir de esta fecha.
Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra. Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.
Salvador Arellano Guzmán, en mi carácter de diputado federal por el distrito 04, Jalisco, e integrante de esta LXII Legislatura y perteneciente a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la presente me permito exponer:
Que con base en lo establecido en los artículos 6o., fracción XVI, 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted licencia para separarme del cargo como diputado federal por tiempo indefinido a partir del viernes 26 de diciembre del presente año.
Lo anterior por estar en el supuesto legales del reglamento aludido, tal como lo establece la fracción III del artículo 12, que a la letra dice:
...Artículo 12. Los diputados y diputadas tendrán derecho a solicitar licencia, en el ejercicio del cargo por las siguientes causas:
III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando tal licencia sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes;...”
Por lo anteriormente expuesto, solicito que se dé el curso legal que corresponda, a mi solicitud. Sin más por el momento agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración a este respecto.
Atentamente
San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 19 de diciembre de 2014.— Diputado Salvador Arellano Guzmán (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De acuerdo a lo que establece el 78, fracción VIII de la Constitución, ruego a la Secretaría ponga a consideración el acuerdo.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Salvador Arellano Guzmán, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el 04 distrito electoral del estado de Jalisco a partir del 26 de diciembre del año en curso.
Las y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.Continúe la Secretaría.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.
María del Rocío Corona Nakamura, en mi carácter de diputada federal por la primera circunscripción por el estado de Jalisco e integrante de esta LXII Legislatura y perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la presente me permito exponer:
Que con base en lo establecido en los artículos 6o., fracción XVI, 12, fracción III, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted licencia para separarme del cargo como diputada federal, por tiempo indefinido, a partir del 27 de diciembre del 2014.
Lo anterior por estar en el supuesto legal del reglamento aludido, tal como lo establece la fracción III del artículo 12 que a la letra dice:
...Artículo 12. Los diputados y diputadas tendrán derecho a solicitar licencia, en el ejercicio del cargo por las siguientes causas:
III. Postularse a otro cargo de elección popular, cuando la licencia sea una condición establecida en las normas internas del partido político o en las disposiciones electorales correspondientes;...”
Por lo anteriormente expuesto, solicito se dé el curso legal que corresponda a mi solicitud.
Sin más por el momento agradezco sus atenciones y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración a este respecto.
Atentamente
Palacio Legislativo, a 19 de diciembre de 2014.— Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Con el mismo soporte en la Constitución, pido a la Secretaría consulte si se acepta a discusión.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:Está a discusión el siguiente punto de acuerdo.
Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María del Rocío Corona Nakamura para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la primera circunscripción, a partir del 27 de diciembre del año en curso. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Los que estén en contra. Señor presidente, hay mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Permítame la Secretaría.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:Sí, señor.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Le pido ahora que dé lectura al acuerdo de la Mesa Directiva, relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente.
ACUERDOS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, relativo a las sesiones y el orden del día.
Los integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de los siguientes
Considerandos
I. Que el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que durante los recesos del Congreso de la Unión, haya una Comisión Permanente integrada por legisladores nombrados por sus respectivas Cámaras.
II. Que el artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos prevé que la Comisión Permanente pueda emitir resoluciones cuando así lo determine la mayoría de sus miembros.
III. Que la Comisión Permanente al ser el único órgano legislativo que funciona durante los recesos del Congreso de la Unión, adquiere responsabilidades y funciones de la más alta importancia y por tanto merecen ser atendidos con el mayor interés y compromiso.
IV. Que la suscripción del presente acuerdo tiene el propósito de complementar la normatividad aplicable al funcionamiento de la Comisión Permanente, a fin de contribuir al mejor desarrollo de los trabajos de este cuerpo colegiado. Por el expuesto y fundado, se somete a consideración de la Asamblea los siguientes
Acuerdos
Primero.El presente acuerdo parlamentario establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del orden del día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Tercer Año de la LXII Legislatura.
De las sesiones
Segundo.La Comisión Permanente celebrará sus sesiones preferentemente los días miércoles de cada semana durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio, de acuerdo al calendario anexo.
La Presidencia de la Mesa Directiva, previo acuerdo con los representantes de los grupos parlamentarios, podrá convocar a sesiones en días diferentes al señalado.
Tercero.Para la participación de los legisladores en las sesiones se permitirá el reemplazo indistinto de propietarios y sustitutos respectivos para los efectos del pase de lista siempre y cuando éstos pertenezcan a la misma Cámara. La Secretaría de Servicios Parlamentarios será la encargada de recibir las notificaciones que hagan los grupos parlamentarios sobre las sustituciones, a efecto de elaborar la lista correspondiente.
A fin de dar cumplimiento a lo que dispone el segundo párrafo del artículo 45 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, una vez declarada abierta la sesión, el legislador que haya pasado lista de asistencia no podrá ser sustituido, por lo que, en caso de retirarse de la sesión, no se permitirá que otro legislador cubra su ausencia para efectos de votaciones o participación en los debates.
C uarto. Las sesiones darán inicio a las 11:00 horas y tendrán una duración de hasta cuatro horas, misma que podrá ser ampliada por acuerdo del Pleno, a propuesta de Presidencia de la Comisión Permanente.
La asistencia y votación de legisladores se registrará ante la Secretaría de la Mesa Directiva acreditada para tal efecto.
Quinto.Para la participación en comisiones, el grupo parlamentario respectivo deberá notificar oportunamente al Presidente de la misma respecto al reemplazo por parte del o los legisladores sustitutos en alguna de las comisiones de trabajo. La notificación deberá hacerse por cada reunión en que se pretenda la participación de un legislador sustituto. Dicha sustitución sólo procederá cuando se compruebe la ausencia del titular. Los legisladores sustitutos que se acrediten para participar tendrán voz y voto tanto en las reuniones como en los acuerdos y resoluciones que adopten.
Los grupos parlamentarios no podrán notificar la participación de sustitutos con el propósito de incrementar el número de sus representantes en cualquiera de las comisiones de la Comisión Permanente. Una vez acreditada la participación del sustituto, éste no podrá ser reemplazado por otro legislador.
Las resoluciones de las comisiones se adoptarán por el voto de la mayoría de los legisladores presentes, conforme al acuerdo de creación que al respecto apruebe el Pleno de la Comisión Permanente.
Del orden del día
Sexto.Para la integración del orden del día se listarán, en primer término, los asuntos que las disposiciones legales establezcan como materia de la Comisión Permanente; se podrán incluir otros siempre que en su registro se observen las disposiciones contenidas en este acuerdo.
Séptimo. En el orden del día de la sesión, los asuntos deberán agruparse conforme a los apartados que correspondan de acuerdo al siguiente orden:
a. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
b. Comunicaciones.
c. Solicitudes de licencia.
d. Iniciativas de ley o decreto.
e. Dictámenes.
f. Proposiciones con punto de acuerdo.
g. Solicitudes de excitativa.
h. Agenda política.
El orden de presentación de los asuntos podrá modificarse por acuerdo de la Asamblea.
Octavo. Con la finalidad de ordenar los debates, los legisladores enviarán sus solicitudes de asuntos para incluir en el orden del día a la oficina del Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, mismas que serán recibidas hasta las 13:00 horas del día anterior a la sesión en que se pretendan registrar.
La Secretaría de Servicios Parlamentarios elaborará un proyecto de orden del día que se publicará en la Gaceta Parlamentaria y se enviará a los integrantes de la Mesa Directiva y a los representantes de los grupos parlamentarios a las 22:00 horas del día anterior a la sesión.
Noveno.La Mesa Directiva se reunirá a las 9:00 horas del día de la sesión, con objeto de acordar el orden del día correspondiente. Las reuniones serán privadas. Podrán asistir los funcionarios de ambas Cámaras del Congreso que autorice la Mesa Directiva.
Décimo.Previo consenso de los grupos parlamentarios, la Mesa Directiva podrá registrar asuntos el mismo día de la sesión, hasta antes de su inicio. Una vez iniciada una sesión, sólo podrán incluirse asuntos, siempre y cuando no exista objeción por parte de algún grupo parlamentario y sea aprobado por el Pleno de la Asamblea.
Sólo los proponentes o el grupo parlamentario respectivo podrán solicitar el retiro de un asunto inscrito previamente en el orden del día.
De las iniciativas
Décimo primero.Las iniciativas deberán publicarse previamente en la Gaceta Parlamentaria. Serán leídas en tribuna por su autor por un tiempo de hasta cinco minutos, se distribuirán e insertarán en el Diario de los Debates y serán turnadas a comisiones de la Cámara correspondiente. No se concederá la palabra a ningún otro orador para referirse a la iniciativa presentada.
En cada sesión, se presentarán en tribuna un máximo de cinco iniciativas, conforme a la siguiente distribución: tres, una a cada uno de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y dos alternadamente entre los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, y de Nueva Alianza.
De las proposiciones con punto de acuerdo
Décimo segundo. En cada sesión podrán registrarse todas las proposiciones con punto de acuerdo que interesen a los legisladores. Solamente podrán presentarse en tribuna aquellas que cuenten con el apoyo del grupo parlamentario respectivo.
Para la comprobación de la existencia del apoyo del grupo parlamentario, la proposición deberá entregarse a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente el día previo a la sesión firmada en original por el proponente y por el representante de su grupo parlamentario.
En cada sesión, los grupos parlamentarios podrán presentar en tribuna un máximo de nueve proposiciones conforme a la siguiente distribución: tres por el Partido Revolucionario Institucional, dos por el Partido Acción Nacional y dos por el Partido de la Revolución Democrática, y dos alternadamente entre los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, y de Nueva Alianza.
Décimo tercero.Las proposiciones que no reúnan el apoyo del grupo parlamentario se registrarán en el orden del día y se publicarán en la Gaceta Parlamentaria. La Presidencia les asignará el turno a las comisiones que corresponda en la misma sesión en que se publiquen.
Las proposiciones que reúnan el apoyo del grupo parlamentario y sean consideradas por el Pleno de urgente resolución, se pondrán a discusión con base en la versión entregada y publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Décimo cuarto.El tiempo máximo para la presentación de proposiciones en tribuna será de cinco minutos. No se concederá la palabra a ningún otro orador para referirse a la proposición presentada, salvo que la Asamblea haya autorizado su procesamiento en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, y ésta haya sido puesta a discusión.
Las discusiones que se autoricen podrán tener hasta dos oradores en pro y dos en contra, hasta por tres minutos cada uno; este número podrá incrementarse si el Pleno autoriza prolongar el debate.
Décimo quinto.En cada sesión se podrán desahogar hasta cuatro proposiciones con el trámite de urgente resolución, las cuales serán definidas y acordadas por los grupos parlamentarios.
De la agenda política
Décimo sexto.La Agenda Política es el apartado del orden del día en el que se inscriben los asuntos referidos a los temas que interesan a los grupos parlamentarios sobre sucesos nacionales e internacionales.
Los temas de la Agenda Política son exclusivamente para su deliberación y en ellos no se permite la presentación de propuestas que ameriten algún trámite o que deban ser votadas por la Asamblea.
Se destinará una hora de cada sesión, cuando menos, para discutir los temas de este apartado.
Décimo séptimo. En el orden del día sólo se inscribirán un máximo de tres temas de Agenda Política por sesión. El orden de la presentación de los temas será acordado por los grupos parlamentarios.
Para la presentación y discusión de los temas de Agenda Política, la Mesa Directiva procurará la equidad y pluralidad en la participación de todos los grupos parlamentarios.
Los temas sólo tendrán vigencia para la sesión en la que se registraron, no siendo acumulables para sesiones posteriores.
Décimo octavo.El grupo parlamentario que haya inscrito el tema en la Agenda Política iniciará el debate y tendrá hasta cinco minutos en tribuna para su presentación; las intervenciones que continúen ocurrirán en orden ascendente, tendrán un tiempo máximo de tres minutos y se ajustarán a lo que acuerden los grupos parlamentarios. El grupo parlamentario que registre el tema tendrá derecho a participar con la última intervención para cerrar el debate.
Una vez finalizada una ronda de oradores, podrá concederse la palabra para la rectificación de hechos.
De la discusión de dictámenes
Décimo noveno.Los dictámenes se inscribirán en el orden del día para su discusión inmediata.
Vigésimo.Para la discusión de un dictamen podrán hacer uso de la palabra hasta tres oradores en pro y tres en contra, hasta por cinco minutos, y desahogarse conforme a lo dispuesto por el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Vigésimo primero.Las demás reglas para la discusión de los dictámenes serán las que señalen el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el presente acuerdo. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con acuerdo de los representantes de los grupos parlamentarios, podrá establecer formatos especiales para la discusión cuando el asunto así lo amerite.
De las reglas para la discusión
Vigésimo segundo. Las discusiones se tendrán por iniciadas cuando se someta un asunto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente; también, cuando se aborden los temas de la Agenda Política inscritos en el orden del día de la sesión que corresponda.
Vigésimo tercero.El Presidente podrá conceder la palabra a legisladores distintos a los que presenten iniciativas y proposiciones para referirse a estos asuntos, sólo en los casos en que la Asamblea autorice la dispensa de trámites, por considerar el asunto de urgente resolución.
Vigésimo cuarto.El Presidente podrá autorizar interrupciones al orador en la tribuna para hacerle preguntas cuando éstas provengan de algún legislador de un grupo parlamentario distinto al del orador en tribuna.
Vigésimo quinto.Se considerarán alusiones personales aquellas en las cuales el orador en tribuna mencione a otro legislador de manera nominal o de modo que no quede duda. No se considerarán alusiones personales cuando el aludido pertenezca al mismo grupo parlamentario que el orador ni las referencias a personas morales, instituciones u organizaciones.
De la publicación de los asuntos
Vigésimo sexto. Para la debida información respecto a los asuntos que se abordarán en cada sesión, se hará la difusión previa de los mismos en la Gaceta Parlamentaria.
Vigésimo séptimo.La Gaceta Parlamentaria contendrá:
1. El orden del día de las sesiones plenarias.
2. Los acuerdos que adopte la Comisión Permanente.
3. Las convocatorias y el orden del día de las reuniones de las comisiones de la Comisión Permanente, cuando éstas así lo soliciten.
4. Las actas de las sesiones públicas y de las comisiones, en su caso.
5. Las iniciativas de ley o decreto que se presentarán en la Comisión Permanente.
6. Los dictámenes de las comisiones.
7. Las comunicaciones oficiales dirigidas a la Comisión Permanente.
8. Las proposiciones y acuerdos de la Mesa Directiva.
9. Las proposiciones de los grupos parlamentarios y de los legisladores.
10. Las comunicaciones y resoluciones que envíen ambas Cámaras del Poder Legislativo del Congreso de la Unión.
11. Las comunicaciones de los legisladores que en representación de las Cámaras de Congreso de la Unión, asistan a reuniones diplomáticas parlamentarias.
12. Los documentos que disponga la Mesa Directiva.
Vigésimo octavo.Los asuntos que no se publiquen previamente en la Gaceta Parlamentaria, no se incluirán en el orden del día de la sesión, salvo consenso de la Mesa Directiva para autorizar su inclusión.
Quedan dispensados de la obligación de publicarse en la Gaceta los asuntos que se registren en el apartado de Agenda Política en el orden del día.
Vigésimo noveno.La Gaceta se publicará todos los días en que sesione la Comisión Permanente y en los que así lo acuerde la Mesa Directiva.
Trigésimo. Independientemente de la publicación en la Gaceta, la Mesa Directiva podrá acordar la incorporación de asuntos adicionales o el retiro o modificación de alguno de los publicados, en lo que se refiere al orden del día, en los términos del resolutivo décimo de este acuerdo.
Trigésimo primero.Los criterios a los que deberán ajustarse los legisladores, las comisiones, los grupos parlamentarios y, en general, todos los órganos de la Comisión Permanente para la publicación de documentos en la Gaceta son los siguientes:
1. Los documentos que se envíen para su publicación en la Gaceta se entregarán a la Presidencia de la Mesa Directiva, en formato digital.
2. Las iniciativas de ley o decreto, los dictámenes de comisiones, las comunicaciones de los legisladores, y los puntos de acuerdo y propuestas que pretendan presentarse en la sesión, deberán enviarse al menos el día anterior a ésta. Deberá remitirse también una copia impresa con firma autógrafa, en cada una de sus hojas.
3. Los dictámenes de comisiones deberán enviarse al menos el día anterior a la sesión en que se discutirán.
4. Las convocatorias y el orden del día de las reuniones de comisiones deberán enviarse al menos dos días antes de la cita.
5. Las actas y acuerdos de las comisiones deberán enviarse al menos dos días antes de la fecha de su publicación en la Gaceta.
Trigésimo segundo. La publicación impresa de la Gaceta y la que aparezca en medios electrónicos tendrá sólo propósitos informativos, por lo que su contenido carecerá de valor probatorio y no generará consecuencias jurídicas.
Del procedimiento para el escrutinio y declaratoria de reforma constitucional
Trigésimo tercero.El procedimiento para que la Comisión Permanente emita la Declaratoria de Reforma Constitucional, se realizará de la siguiente manera:
1. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibirá de cada legislatura estatal los votos del proyecto de reformas constitucionales.
2. A partir de la recepción de la mayoría de los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados, la Declaratoria de Reforma Constitucional se inscribirá en el orden del día de la sesión más próxima.
3. En sesión plenaria, el Secretario de la Mesa Directiva realizará el escrutinio correspondiente e informará al Pleno el resultado del mismo.
4. El Presidente formulará la declaratoria de haber sido aprobadas las reformas constitucionales y los asistentes en el salón de sesiones deberán permanecer de pie.
5. El Presidente y un Secretario autorizarán con sus firmas el decreto respectivo, el cual se remitirá al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Los votos que se reciban con posterioridad a la declaratoria de aprobación se remitirán al expediente correspondiente para la constancia de lo resuelto por la legislatura que se trate.
Si hubiere interés por parte de los grupos parlamentarios para referirse a la declaratoria de aprobación lo informarán a la Mesa Directiva para que, si lo considera procedente, organice el orden y duración de las intervenciones respectivas.
Del control de acceso al salón de sesiones
Trigésimo cuarto.Sólo se permitirá el acceso al salón de sesiones al personal debidamente acreditado por la Secretaría General. El personal auxiliar estará durante toda la sesión dispuesto para asistir y atender las peticiones de los legisladores y se ubicará en áreas que no obstruyan el paso o la visibilidad de la sesión, ni perturben el orden.
Toda persona presente en el salón de sesiones se ubicará en el lugar que se le asigne y mantendrá el orden y respeto que corresponda.
Trigésimo quinto. Para apoyar el trabajo de los legisladores en el interior del recinto, cada grupo parlamentario podrá contar con el número de auxiliares que por consenso acuerden sus representantes, quienes serán debidamente acreditados por la Secretaría General.
Del orden en las sesiones
Trigésimo sexto.A fin de mantener el orden, sólo se permitirá el acceso al recinto o al salón de sesiones a personas debidamente acreditadas. No se autoriza la portación de pancartas u objetos que puedan afectar los trabajos legislativos; tampoco se permitirá el acceso de personas con el rostro cubierto o que pueda, por número o circunstancia, causar desórdenes, a juicio de la Mesa Directiva, misma que tendrá facultades para mantener el respeto, el orden y la seguridad dentro del recinto.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 22 días del mes de diciembre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente; senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), vicepresidente; diputada Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), secretaria; diputado Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), secretario; senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), secretario; diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El documento ha sido distribuido entre las y los legisladores integrantes de esta Comisión Permanente, y también es un instrumento que regula las sesiones en este periodo de receso, en consecuencia, para no dar lectura a todo el documento, rogaría a la Secretaría que consulte si es de aprobarse, para no darle lectura a todo el documento.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:Sí, señor presidente. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las legisladoras y legisladores, en votación económica si se aprueba la propuesta.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Queda aprobado. Comuníquese y aplíquese.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, y suscrita ésta por legisladores de diversos grupos parlamentarios.
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado presidente. Hago uso de esta tribuna en nombre de diversos legisladores de los grupos parlamentarios aquí presentes, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados.Es de todos ustedes conocida la necesidad de generar una estabilidad financiera en el país, principalmente en lo que corresponde a la deuda de estados y municipios.
Ha sido un debate constructivo el que se ha tenido entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, un debate que fue fortaleciendo una iniciativa que nos ha llegado como minuta del Senado y en su momento como minuta de Cámara de Diputados.
Quisiera recordar que aquella diferencia sobre la Comisión Bicameral ha quedado superada, que eso es lo más importante.
Recibimos, una vez concluido nuestro período ordinario de sesiones, una minuta del Senado de la república, minuta que, en opinión de todos los que suscribimos esta iniciativa, reúne sin lugar a dudas lo que se busca: la estabilidad financiera del gobierno de la república, de los estados y de los municipios.
Existe una discusión sobre si esto implica o no una violación al artículo 72 constitucional. Antes de entrar a discusiones bizantinas, debemos de ser muy efectivos sobre lo que buscamos, que es dar certeza a la deuda de estados y municipios, certeza y transparencia a la deuda de todos los estados y de todos los municipios del país.
Para ello hemos hecho propia la minuta recibida del Senado de la república, está exactamente en los términos recibidos por el Senado de la república y que fue aprobada por unanimidad.
La gran diferencia es que esta iniciativa es suscrita tanto por diputados como por senadores como una muestra de que existe el acuerdo y la voluntad para avanzar en el tema.
Solicito respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de esta Permanente que sea turnada de inmediato esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde sabemos –porque nos consta– que hay y existe toda la intención para que durante el receso sea aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales.
Recogemos los principios de estabilidad de las finanzas públicas, fortalecemos la posibilidad de refinanciamiento o de reestructura de deuda, siempre y cuando sea en las mejores condiciones de mercado. Esto se replica no sólo en los artículos correspondientes al 73, es decir, aquellas facultades del Congreso de la Unión, sino que se replica en el 117 de aplicación para estados y municipios.
Se faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General, relativa al endeudamiento de estados y municipios, con cuatro principios fundamentales, límites y modalidades parta afectar las participaciones en garantía. Un registro público único de deuda pública de estados y municipios, la creación de un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda pública y, por último, sanciones a aquellos servidores públicos que incumplen con esta visión.
Y, en específico, en la aprobación del endeudamiento de estados y municipios se replica la posibilidad de que sea para refinanciamiento o de restructura, esto abre en este momento grandes oportunidades de reestructura de la deuda en condiciones fijadas por la propia ley que emitamos en el Congreso de la Unión con los límites conducentes.
Por otro lado, se le da sustento constitucional a la participación de los Congresos locales para las garantías estatales en los créditos municipales. Obviamente queda perfectamente claro que de ninguna manera puede haber la contratación de deuda para gasto corriente, sólo para inversión pública productiva, como existe ya en nuestra Constitución.
Para la aprobación de un endeudamiento en estados y municipios se requiere las dos terceras partes de los integrantes de los Congresos locales. Es decir, se requiere mayoría calificada, buscando mejores condiciones de mercado, destino de recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago o del otorgamiento de garantía.
Y algo que ha sido escuchar sobre todo a muchos alcaldes, que llegan toman posesión y se topan con grandes cantidades de deuda a corto plazo, deuda con proveedores, para decirlo de manera mucho más coloquial. Existe la obligación constitucional para que todas las obligaciones a corto plazo sean liquidados tres meses antes de la conclusión del cargo y a su vez la prohibición de contratar financiamiento público adicional durante esos últimos tres meses.
En consecuencia, de igual modo, se fortalecen las atribuciones del Congreso de la Unión para en un respeto en autonomía de cada uno de los órdenes de gobierno, legislar para que la autorización del endeudamiento público de estados y municipios sea en base a datos objetivos, que nos ayuden en esa comisión legislativa bicamaral a realizar un análisis a detalle de cada una de esas solicitudes cuando se dé en garantía participaciones federales, que es donde tendrá intervención esta comisión legislativa bicamaral, que en consecuencia, a su vez, tendrá un plazo fatal de 15 días para emitir la resolución correspondiente.
En los ocho transitorios previstos en esta iniciativa está total y absolutamente previsible que hasta en tanto se resuelva el fondo y la propia Ley de Endeudamiento emitida por este Congreso de la Unión, se reciba la información puntual para que el Congreso de la Unión esté en posibilidad de tomar las decisiones más acertadas y objetivas posibles.
Como pueden ustedes escuchar, esta iniciativa de reforma constitucional, que requiere la aprobación cuando menos de las dos terceras partes de este Congreso de la Unión, va por buen camino y, en consecuencia, todos debemos de hacer el compromiso, que durante el mes de febrero y de ser posible en la primera quincena de febrero se haya concluido con el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, a fin de que las legislaturas locales estén en la posibilidad, como Constituyente Permanente, de hacer lo propio. Muchísimas gracias, presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, suscrita por diputados y senadores de diversos grupos parlamentarios
Los suscritos senadores y diputados, integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por consenso y con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl objeto de esta iniciativa es establecer, en el orden constitucional, que el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero, señalando que el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deben observar dicho principio.
Pasamos a ilustrar los ejes rectores de la presente propuesta:
a) Incorporar a la Constitución General de la República el principio de estabilidad de las finanzas públicas y su consideración en el sistema de planeación democrática del desarrollo, al referir su observación en, la elaboración de los planes nacional, estatales y municipales de desarrollo;
b) Otorgar mayor claridad al texto de la vigente fracción VIII del artículo 73 constitucional, al desagregar en cuatro incisos distintos los contenidos relativos al financiamiento del gobierno de la República (con la referencia terminológica a operaciones de refinanciamiento o de reestructura, en vez de operaciones de conversión de deuda), el financiamiento del Distrito Federal (con la actualización de la nomenclatura de sus órganos ejecutivo y legislativo), los financiamientos de los estados y de los municipios, y el conocimiento por parte del Congreso de la Unión, a través de una comisión bicamaral de situaciones relacionadas con la intención de contratar empréstitos con la garantía federal, por parte de estados que tengan un endeudamiento elevado;
c) Establecer el concepto de “mejores condiciones del mercado” para llevar a cabo operaciones de financiamiento público;
d) Establecer, bajo la premisa de que el endeudamiento público de las entidades federativas entraña elementos de interés para las finanzas públicas nacionales, la atribución del Poder Legislativo federal para expedir la ley general relativa a las normas de endeudamiento de los estados, los municipios y el Distrito Federal; legislación que deberá abordar los temas de los límites y modalidades para afectar las participaciones en garantía, la inscripción de los empréstitos contratados en un registro público único de deuda pública, la creación de un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública y las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan la normatividad;
e) Fortalecer la previsión constitucional sobre las actividades de fiscalización de la contratación y aplicación de recursos provenientes de financiamiento público en los ámbitos federal y de los estados y municipios, que corresponde a las entidades de fiscalización superior de la federación y de los estados;
f) Especificar la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo que hagan de recursos y de la deuda pública, y
g) Contemplar diversos elementos de responsabilidad financiera en la contratación de deuda pública por los Estados y los Municipios:
- Posibilidad de contratar operaciones de refinanciamiento o reestructura;
- Sustento constitucional federal al otorgamiento de garantías estatales para créditos contraídos por los municipios;
- Señalamiento de la armonía que deberá existir en el ejercicio de la facultad legislativa estatal en materia de financiamiento público y los principios en la materia de la Constitución General de la República;
- Establecimiento de la prohibición de contratar deuda pública para el pago de gasto corriente;
- Previsión de la autorización de las legislaturas estatales a la contratación de crédito público, con mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados presentes, y con base en la elucidación de los siguientes elementos: mejores condiciones de mercado, destino de los recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago o del otorgamiento de garantías;
- Previsión para la eventual contratación de empréstitos de corto plazo por los estados y los municipios, de acuerdo a las disposiciones de la ley general que dicte el Congreso de la Unión; y
- Obligación de liquidar pasivos de corto plazo a más tardar tres meses antes de la conclusión del periodo de gobierno y prohibición de contratar financiamiento público durante esos tres meses.
Se fortalecen las facultades del Congreso de la Unión para Legislar en materia de deuda pública. Cabe señalar que con esta propuesta en materia de disciplina financiera se fortalecen las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de deuda pública y para dictar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación en favor de las entidades federativas; establecer que las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; expedir las leyes que contengan las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; y establecer los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus participaciones para cubrir los empréstitos, así como la obligación de inscribir y publicitar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único; establecer un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; y disponer las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones.
Con estas reformas las leyes en materia de responsabilidad hacendaria tendrán por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas de la federación, las entidades federativas y los municipios.
Amplitud de facultades de la Auditoría Superior de la Federación, para fiscalizar deuda pública, así como destino y ejercicio de las garantías. Se precisa también que la facultad de fiscalización que realiza la Auditoría Superior de la Federación, abarcará a la deuda pública y, sobre todo, las garantías que, en su caso, otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y los municipios, en cuyo caso fiscalizará el destino y el ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales.
Medidas de responsabilidad hacendaria en entidades federativas. Con el objetivo de incorporar medidas de responsabilidad hacendaria, se propone que para que las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autoricen los montos máximos para contratar empréstitos y obligaciones; previo a esta autorización, las Legislaturas deberán analizar el destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o establecimiento de la fuente de pago. También se propone que los estados y los municipios puedan contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión, y que las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse, a más tardar, tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos meses.
Se establece asimismo que las Constituciones de los estados de la República precisarán para los efectos de las responsabilidades, que los servidores públicos responderán por el manejo indebido de los recursos públicos y la deuda pública; y se propone que las entidades estatales de fiscalización revisarán las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
De igual forma se plantea reiterar que los Estados y Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, y adicionar la posibilidad de hacerlo para el refinanciamiento o reestructura de los créditos contraídos, mismos que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. Asimismo, se establece que los Estados podrán otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios y la prohibición de destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.
Comisión legislativa bicamaral. Debido a que la intervención del Congreso de la Unión debe ser considerada como un esquema de coparticipación legislativo-ejecutivo (estatal y municipal) en materia de endeudamiento, así como un procedimiento de necesaria colaboración y corresponsabilidad, lo cual debe entenderse como manifestación de los pesos y contrapesos que exige el principio de división de poderes se incluye la facultad del Congreso de la Unión para sancionar o, en su caso, objetar, mediante una comisión legislativa bicamaral, la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados. En ese sentido, el principio de división de poderes, que exige un equilibrio entre los distintos Poderes del Estado y de las entidades federativas, a través de un sistema de pesos y contrapesos tendente a evitar la consolidación de un poder u órgano absoluto capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente o, como consecuencia de ello, una afectación al principio democrático, razón por la cual se justifica la conformación de esta comisión bicamaral.
En opinión de los suscritos, la propuesta de la participación de la comisión bicamaral en la hipótesis de los estados con nivel elevado de endeudamiento que soliciten la garantía federal para la contratación de empréstitos, guarda relación integral con el modelo planteado para fortalecer las haciendas públicas estatales y municipales, a partir del uso prudente del crédito público.
Así, estimamos necesaria la consideración de la participación de la comisión bicamaral, para que puedan tener una aplicación eficaz la totalidad de las normas planteadas y traer consigo los beneficios que se buscan con la aprobación de estas disposiciones.
Los suscritos hacemos hincapié en la importancia de esta reforma constitucional, pues representa, junto con el orden jurídico vigente, refiriéndonos particularmente a las reformas aprobadas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, un valioso avance en materia de transparencia en el uso de recursos públicos en los tres órdenes de gobierno, además de que promoverá la rendición de cuentas y el combate a los actos de corrupción en la contratación de empréstitos y obligaciones de pago por parte de las entidades federativas y los municipios.
Régimen transitorio
Se proponen un plazo de 90 días naturales para publicar en el Diario Oficial de la Federación la ley reglamentaria de responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas, y un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria citada, a fin de que las Legislaturas de las entidades federativas realicen las reformas necesarias para armonizar su legislación con el Decreto que se propone; y se dispone que las entidades federativas y los municipios se sujetarán a las disposiciones del Decreto y la legislación reglamentaria, señalando que se respetarán las obligaciones que con anterioridad se hayan adquirido con terceros.
Asimismo, la ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contratación de obligaciones de corto plazo; se plantea la obligatoriedad para las entidades federativas y los municipios, de enviar al Ejecutivo y al Congreso de la Unión, un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del decreto; se establecen los datos mínimos con el que debe contar el Registro público de créditos: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago y los necesarios para garantizar la transparencia y acceso a la información; se propone que en lo que se implementa dicho registro, se ponga a disposición de las comisiones competentes del Congreso de la Unión, un reporte de las obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y los municipios.
Igualmente, se dispone que en un plazo de 90 días naturales, siguientes a la entrada en vigor del decreto, las legislaturas de los estados realizarán una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público; y se señala que la ley reglamentaria del inciso 3o., fracción VIII del artículo 73 constitucional, deberá establecer las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación pública, así como los mecanismos que se determinen para asegurar las mejores condiciones de mercado.
En consecuencia a lo expuesto, fundado y motivado, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios
Artículo Único. Se reforman la fracción VIII del artículo 73; los párrafos primero y segundo de la fracción I del artículo 79; el párrafo cuarto del artículo 108; el párrafo sexto de la fracción II del artículo 116; y el párrafo segundo de la fracción VIII del artículo 117; y se adicionan un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 25; una fracción XXIX-V al artículo 73; y los párrafos tercero y cuarto a la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 25. ...
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.
...
...
...
...
...
...
...
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a VII. ...
VIII. En materia de deuda pública, para:
1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el presidente de la República en los términos del artículo 29.
2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe de gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.
3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por el inciso H del artículo 72 de esta Constitución.
4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicamaral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda.
IX. a XXIX-U. ...
XXIX-V. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25;
XXX. ...
Artículo 79. ...
...
...
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales. En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
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II. a IV. ...
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Artículo 108. ...
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Las Constituciones de los estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.
Artículo 116. ...
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I. ...
II. ...
...
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...
...
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de estados y municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública.
...
...
III. a IX. ...
Artículo 117. ...
I. a VII. ...
VIII. ...
Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado,inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior,conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben.Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.
Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
Sin perjuicio de lo anterior, los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.
IX. ...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-V del artículo 73 del presente decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de las entidades federativas realizarán las reformas necesarias para armonizar su legislación con este decreto y la ley citada.
Cuarto. Las entidades federativas y los municipios se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las de las leyes a que se refiere el artículo transitorio segundo del mismo, a partir de la fecha de su entrada en vigor y respetarán las obligaciones que, con anterioridad a dicha fecha, hayan sido adquiridas con terceros en los términos de las disposiciones aplicables.
Quinto. La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las restricciones establecidas en relación a la contratación de obligaciones de corto plazo, a que se refiere el artículo 117, fracción VIII, último párrafo de este decreto.
Sexto. Las entidades federativas y los municipios enviarán al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del presente decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél emita.
Séptimo. La ley reglamentaria establecerá que en el registro a que se refiere el inciso 3o. de la fracción VIII, del artículo 73 de este Decreto, se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y acceso a la información.
En tanto se implementa el referido registro, se pondrá a disposición de las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un plazo de 30 días naturales; así como, aquella información adicional que las comisiones legislativas competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmente, se deberá informar cada cierre trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), los empréstitos y obligaciones registrados en cada periodo, especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos existentes. Lo anterior, con el objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa el registro, el Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los estados y municipios. Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación, verificará el destino y aplicación de los recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal.
Las legislaturas de los estados realizarán y publicaran por medio de sus entes fiscalizadores, una auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Los servidores públicos y demás personal del Congreso de la Unión que tengan acceso a la información referente al presente artículo transitorio, serán responsables del manejo de la misma y responderán de los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación.
Octavo. La ley reglamentaria a que se refiere el Artículo 73, fracción VIII, inciso 3o. de este Decreto, establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación pública, así como los mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que éstas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como obligatorio.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 22 de diciembre de 2014.— Diputados: Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Irazema González Martínez Olivares, José Rubén Escajeda Jiménez, Agustín Miguel Alonso Raya, Manuel Añorve Baños, José Angelino Caamal Mena, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Adriana González Carrillo; senadores: Arturo Zamora Jiménez, Arquímedes Oramas Vargas, Miguel Ángel Chico Herrera, Ricardo Urzúa Rivera, Blanca Alcalá Ruiz, Diva Hadamira Gastélum Bajo (rúbricas).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Como lo solicitó el diputado Gutiérrez de la Garza, túrnese de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para dictamen.
LEY DE CAMBIO CLIMATICO
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra por cinco minutos el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 34 de la Ley de Cambio Climático y suscrita por el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Muchas gracias, presidente. Como ya se ha anticipado, hemos presentado una iniciativa para modificar algunos ordenamientos de la Ley General de Cambio Climático. La hemos presentado los diputados Ramón Antonio Sampayo Ortíz, y el de la voz.Esta Ley General de Cambio Climático busca por medio de un ordenamiento reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y complementar los compromisos que nuestra nación ha hecho en los tratados internacionales, es por eso que cualquier acción que se someta a consideración de esta asamblea en pro de reducir las emisiones, consideramos que es de vital importancia.
La iniciativa que nos ocupa se refiere precisamente al transporte público. Hemos, en la elaboración de la Ley General de Cambio Climático, hemos dejado algunos aspectos que es importante que reglamentemos, como tomar en cuenta realidades muy objetivas, como la de que existen hoy una flota vehicular por arriba de 25 millones de vehículos automotores, los cuales consumen más de 660 mil barriles por día de gasolina y 245 mil de diésel. A ello se agrega a que en los próximos 15 años se espera que este número de vehículos se duplique.
El cambio climático no solamente es un problema ambiental, es un problema que nos genera otros problemas, por supuesto, en materia de economía, el comercio y la seguridad. En consecuencia, va cobrando una relevancia creciente en las consideraciones de las políticas públicas, mundiales, nacionales y regionales.
Es por eso que incluso en el Plan Nacional de Desarrollo se plantean estrategias importantes y fundamentales, como son: implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. Y también la estrategia 4.9.1, que es modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte. Así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.
Para cumplir con estos objetivos, con estas metas del Plan Nacional de Desarrollo es indispensable que tanto en los tres órdenes de gobierno, en el nacional, federal, estatal y municipal se transite por la senda de la sustentabilidad ambiental y que los sectores públicos, productivos y la población en general adopten medidas de producción y consumo. Que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales, así como las nuevas tecnologías orientadas a disminuir las emisiones contaminantes, provenientes de los vehículos.
En Mérito de lo anterior, se propone la adición de las fracción XVII y XVIII del artículo 33 de la Ley General de Cambio Climático, con el objeto de definir y homologar los niveles máximos permisibles de emisiones contaminantes a la atmósfera por fuentes aéreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas.
También se propone la adición de los incisos h) y del inciso i) de la fracción II del artículo 34 de la misma ley, con el objeto de desarrollar y aplicar, mediante incentivos económicos en los estados y el Distrito Federal, la implementación de sistemas de transporte público sustentable, así como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos.
Asimismo, que se establezcan y operen sistemas de verificación de emisiones, de automotores en circulación aplicando medidas que incluyan las restricciones de la misma cuando rebasen los niveles óptimos y máximos permisibles.
Ante este escenario es por lo que proponemos la iniciativa, el escenario de reducir las emisiones para gozar de un mejor medio ambiente en las generaciones venideras y tomando en cuenta la expansión de asentamientos humanos es indispensable que se diseñen acciones de prevención que permitan un mejor efecto ambiental para la atmósfera, pero sobre todo que dichas políticas sean actualizadas cada determinado tiempo con base en los resultados que arrojen los inventarios de emisiones contaminantes.
Por lo anterior pido presidente, que se turne a las comisiones correspondientes, la presente iniciativa.
«Iniciativa que reforma los artículos 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por los diputados Ramón Antonio Sampayo Ortiz y Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, Ramón Antonio Sampayo Ortiz y Sergio Augusto Chan Lugo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política, y 6 numeral 1, fracción I, del Reglamento para la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a fin de impulsar el transporte público sustentable mediante incentivos económicos a los estados y al Distrito Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl cambio climático es un fenómeno con implicaciones locales y nacionales que necesitan ser atendidas y previstas, ya que en la última década los fenómenos meteorológicos han causado estragos en diversas regiones. Particularmente en México, los huracanes Gilberto, Stan y Alex, por mencionar algunos, han impactado las costas de Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo, dejando a su paso daños incuantificables.
Pero esto no sólo es un asunto local, pues a escala mundial hemos visto desastres ocasionados por tsunamis en Indonesia y lluvias torrenciales en Perú y Chile. De hecho, durante el siglo XX el nivel del mar subió en promedio entre 10 y 20 centímetros, y se prevé que el nivel medio aumente de 9 a 88 centímetros para 2100, lo que puede causar inundaciones en las zonas de tierras bajas.
También hemos visto cómo la extensión del hielo del Mar Ártico ha disminuido entre 10 y 15 por ciento, mientras que el hielo ha adelgazado 40 por ciento durante fines del verano y principios del otoño. Asimismo, ha habido un aumento de 0.6 ± 0.2º C en la temperatura media mundial desde fines del siglo XIX (1998 fue el año más caluroso) y se considera que aumentará de nuevo entre 1.4 y 5.8o C para 2100 (aun cuando el aumento sea el mínimo, resultará mayor que en cualquier siglo de los últimos 10 mil años).
Una de las causas principales de este fenómeno es la generación de gases de efecto invernadero (GEI), los cuales son emitidos por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y el cambio de uso de suelo.
El dióxido de carbono (CO2), producido por la quema de combustibles fósiles, es considerado el GEI más importante debido a su larga vida en la atmósfera (entre 5 y 200 años) y al significativo incremento de su concentración atmosférica. En nuestro país, cerca de tres cuartas partes de las emisiones antropogénicas de CO2 de los últimos años se han generado por la quema de combustibles fósiles, lo que representa 20 por ciento de las emisiones de GEI.
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno federal, en el periodo comprendido entre 1998 y 2000 el transporte pasó de consumir 39.95 por ciento de los energéticos a 42.04 y tan sólo en las zonas metropolitanas de Guadalajara, valle de México y Monterrey se concentra aproximadamente 34 por ciento de las emisiones del sector transporte.
Este problema se puede dimensionar si se toma en cuenta que actualmente en México existen cerca de 28 millones de habitantes que viven en áreas urbanas con problemas de calidad del aire, situación que se debe en gran medida a la combustión de diesel y gasolina en vehículos.
Se estima que hoy existe una flota vehicular por arriba de 25 millones de vehículos automotores, los cuales consumen más de 660 mil barriles por día de gasolina y 245 mil de diesel. A ello se agrega que en los próximos 15 años la flota vehicular en el país prácticamente se duplicará y, en consecuencia, se incrementarán de manera irremediable las emisiones de contaminantes a la atmósfera por el sector automotriz, según cifras del Instituto Nacional de Ecología.
Pero el cambio climático no es un problema exclusivamente ambiental: afecta la economía, el comercio y la seguridad. En consecuencia, tendrá mayor relevancia creciente en las consideraciones de las políticas públicas mundiales, nacionales y regionales.
Ante este panorama, el actual Gobierno Federal se ha comprometido a implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, así como mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable, todo lo cual se encuentra establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
En consecuencia, en el PND se plantean dos estrategias fundamentales, a través de diversas líneas de acción que supondrían la reducción de gases efecto invernadero y que son:
“Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad.
“Líneas de acción
• Alinear y coordinar programas federales, e inducir a los estatales y municipales para facilitar un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal.
• Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los recursos naturales.
• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono.
• Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental de nuestros productos y servicios.
• Promover esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes que multipliquen los recursos para la protección ambiental y de recursos naturales.”
“Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia.”
“Transporte urbano masivo
• Mejorar la movilidad de las ciudades mediante sistemas de transporte urbano masivo, congruentes con el desarrollo urbano sustentable, aprovechando las tecnologías para optimizar el desplazamiento de las personas.
• Fomentar el uso del transporte público masivo mediante medidas complementarias de transporte peatonal, de utilización de bicicletas y racionalización del uso del automóvil.”
Para cumplir esas metas, es indispensable que tanto desde el gobierno federal como desde los estatales y los municipales se transite por la senda de la sustentabilidad ambiental y que los sectores productivos y la población en general adopten modalidades de producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales, así como las nuevas tecnologías orientadas a disminuir las emisiones contaminantes de los vehículos.
Una de las estrategias por seguir por los tres órdenes de gobierno para prevenir, reducir y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera y, por tanto, asegurar una adecuada calidad del aire deberá consistir en el diseño e implantación de una política integral de transporte sustentable así como mejorar la modernización del transporte público urbano para optimizar la movilidad en todas las ciudades del país.
En mérito de lo anterior, se propone la adición de las fracciones XVII y XVIII del artículo 33 de la Ley General de Cambio Climático con el objeto de definir y homologar los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire. De igual forma, se pretende elevar a rango de ley el fomento de la aplicación de cualquier tipo de tecnología, equipos y procesos que coadyuven a la reducción de emisiones contaminantes, con ello nos referimos en particular al uso y aprovechamiento de energías renovables o “limpias”.
Por otra parte, se propone la adición de los incisos h) e i) de la fracción II del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático con el objeto de desarrollar y aplicar mediante incentivos económicos a los estados y el Distrito Federal, la implementación de sistemas de transporte público sustentable, así como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos. Así mismo, que se establezcan y operen sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación, aplicando medidas que incluyan la restricción de la misma cuando rebasen los niveles óptimos y máximos permisibles.
Lo anterior obedece al hecho que si bien es cierto la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente prevé la creación de un inventario de fuentes de contaminación y programas de mejoramiento de la calidad del aire (Proaires), las únicas zonas que cuentan con estos programas son las que mayores índices de contaminación reflejan en sus inventarios de emisiones: las zonas metropolitanas del valle de México, Guadalajara, Monterrey, valle de Toluca y Puebla, Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali. Aunado a ello, solamente en 16 entidades federativas se han establecido programas de verificación vehicular para certificar que los vehículos no rebasen los límites máximos permisibles de emisión establecidos en las normas aplicables.
A lo anterior se agregan dos hechos: no hay disposiciones legales que obliguen a una actualización constante de los Proaires para guiar la toma de decisiones de los gobiernos; y estos programas no aportan un beneficio completo si no van acompañados de mecanismos que restrinjan la circulación de los automotores con mayores emisiones contaminantes.
Ante este escenario, y tomando en cuenta la expansión de asentamientos humanos, es indispensable que se diseñen acciones de prevención que permitan un menor efecto ambiental para la atmósfera pero, sobre todo, que dichas políticas sean actualizadas cada determinado tiempo con base en los resultados que arrojen los inventarios de emisiones contaminantes.
Para lograr este objetivo, el transporte público juega un papel fundamental y prioritario, ya que una red de transporte que sea capaz de integrar eficiencia para movilizar a los usuarios a sus destinos, y sustentabilidad, para cuidar el ambiente, sin duda generará mejores condiciones de vida en las ciudades.
Hoy más que nunca necesitamos políticas eficaces que contribuyan al mejoramiento del ambiente, pues no podemos permitir que el aire que respiramos se siga contaminando. Debemos impulsar desde la Cámara de Diputados medidas que restrinjan el uso del automóvil, así como el diseño de políticas públicas que incentiven el transporte público sustentable a través de incentivos económicos a los estados y al Distrito Federal, contribuyendo así a generar un mejor ambiente en beneficio de todos los mexicanos.
Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a fin de impulsar el transporte público sustentable mediante incentivos económicos a los estados y al Distrito Federal
Único.Se adiciona la fracción XVII del artículo 33, así como los incisos h) e i) a la fracción II del artículo 34, de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:
Artículo 33. ...
I. a XVI...
XVII. Definir y homologar los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, de tal manera que no se rebasen las capacidades de asimilación de las cuencas atmosféricas y se cumplan las normas oficiales mexicanas de calidad del aire.
Artículo 34. ...
I...
II...
a) a g)...
h) Desarrollar y aplicar mediante incentivos económicos a los estados y el Distrito Federal, la implementación de sistemas de transporte público sustentable, así como el establecimiento de las disposiciones que deberán observarse para el aprovechamiento sustentable de los energéticos;
i) Establecerán y operarán sistemas de verificación de emisiones de automotores en circulación, aplicando medidas que incluyan la restricción de la misma cuando rebasen los niveles óptimos y máximos permisibles.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2014.— Diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbricas).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, para dictamen.
LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCION Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DE ESTOS DELITOS
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 88 y 107 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya:Muchísimas gracias, diputado presidente, compañeras, compañeros legisladores. La información que generan los entes públicos, como todos lo sabemos ha quedado sujeta al escrutinio público como un mecanismo para que la sociedad ejerza una especie de contrapeso ante cualquier acto de autoridad que pretenda vulnerar los derechos fundamentales de las y de los mexicanos.
Lo anterior, viene a colación este comentario, ya que el objetivo de la presente iniciativa que vengo a proponer es fortalecer los mecanismos de acceso a la información en un tema que ha sido causa de una lucha constante por parte de todos los actores sociales y políticos de nuestro país. La trata de personas, materia que, como todos sabemos, recientemente fue abordada, aprobada inclusive por el Congreso con mejoras sin duda sustanciales.
Pero la propuesta que vengo a presentarles surge a partir de la revisión de un ejercicio de análisis que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano acerca de la eficiencia del combate al delito de trata de personas, mediante diversas solicitudes de información sobre el tema a varias dependencias de la administración pública federal y local.
Es que un dato, compañeras y compañeros, un dato alarmante que obliga a corregir la ley es sin duda –desde mi punto de vista– el informe de Estado de los Estados Unidos del 2013, en donde se señala que nuestro país sigue sin cumplir con las normas mínimas para la erradicación del delito de trata. En este sentido, me parece que México aún es considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino respecto de la trata de personas.
El informe referido –como seguramente algunos de los presentes lo sabrán– también denunció una falta de coordinación de las instituciones encargadas de perseguir el delito de mérito, así como la acotada comprensión de los servidores públicos en torno al problema, aunado a altos índices de corrupción por parte de los funcionarios adscritos a estas instituciones. Asimismo, se indicó que no hay estadísticas oficiales disponibles y suficientes también a cerca de la incidencia delictiva por año en relación a la constitución de delitos de trata.
Este factor, compañeras y compañeros, fue determinante para plantear esta iniciativa, por lo que consideramos la pertinencia de afrontar esta deficiencia normativa a través de la reforma a la ley de la materia en la que de una manera más clara, más precisa, se cuente con información estadística acerca del fomento delictivo que nos ocupa, preservando siempre la información susceptible de confidencialidad y reservas por razones de evidente obviedad.
En otro orden de ideas, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hay un aspecto que, si bien es cierto ha sido contemplado en el ordenamiento legal materia de nuestra iniciativa, creemos que puede ser ahondado y en consecuencia, puede ser fortalecido; me refiero al relacionado con los pueblos y comunidades indígenas.
Lo anterior, en virtud de que este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante los delitos de trata de personas, específicamente en lo que se refiere a mujeres y niños.
Todos sabemos, compañeras y compañeros, de las condiciones por las que muchos de estos pueblos padecen, como la discriminación, la pobreza y la marginación que se han vuelto una constante. Por lo que es imprescindible seguir trabajando en pro de esta población en todos los frentes, y uno de ellos por supuesto es en el terreno del Poder Legislativo, que es el que nos ocupa.
Advertimos, compañeras y compañeros, que en lo que respecta a la atención preventiva a zonas y grupos de alta vulnerabilidad, no se incorpora de forma explícita a las comunidades indígenas como una de las zonas de atención prioritaria. Por lo cual, sostenemos ante ustedes la pertinencia de incorporar a estos grupos sociales dentro de este aspecto fundamental en el combate el delito de trata.
De ahí, compañeras y compañeros, lo importante de la siguiente propuesta que he venido a presentar a la consideración de todos ustedes. Es cuanto, diputado presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 88 y 107 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD
El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 88 y 107 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de conformidad con lo siguiente
Exposición de Motivos
La información que generan los entes públicos ha quedado sujeta al escrutinio público como un mecanismo para que la sociedad ejerza una especie de contrapeso ante cualquier acto de autoridad que pretenda vulnerar derechos fundamentales.
El artículo 6o. constitucional la fracción I del apartado A en lo conducente estipula:
Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
La misma disposición en su fracción II estipula que:
La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Lo anterior viene a colación, ya que el objetivo de la presente iniciativa es el de fortalecer los mecanismos de acceso a la información en un tema que ha sido causa de una lucha constante por parte de los todos los actores sociales y políticos en nuestro país: la trata de personas.
Por eso la alusión al principio que establece el artículo de referencia, en el que toda la información en posesión de los poderes del Estado tiene un carácter público, que a su vez protege, en los casos señalados, la información de orden personal y la que por su origen puede considerarse como reservada.
Toda esta propuesta surge a partir de la revisión de un ejercicio de análisis que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano acerca de la eficiencia del combate al delito de trata de personas en el país mediante diversas solicitudes de información sobre el tema a varias dependencias de la administración pública federal y local.
Otro de los factores que determinaron la necesidad de adentrarnos en la materia es un dato por demás alarmante, el Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de América para 2013 señala que nuestro país sigue sin cumplir con las normas mínimas para la erradicación del delito de trata, en este sentido, México aún es considerado como uno de los mayores lugares de origen, tránsito y destino de trata de personas. El mismo documento apunta que los grupos sociales más vulnerables ante la comisión de este ilícito son: mujeres, niños, niñas, indígenas, personas con discapacidad, jóvenes homosexuales y transgénero, así como migrantes indocumentados.
Lo antes expuesto es de suma importancia ya que, como todos recordamos, el proceso del que fue objeto la expedición de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos fue de gran resonancia en su discusión y eventual aprobación. Misma que fue celebrada como un triunfo para nuestra incipiente democracia, en razón de que logró sumar un sin número de voluntades de los principales actores políticos y sociales de esta nación.
El informe referido también denunció una falta de coordinación de las instituciones encargadas de perseguir el delito de mérito, así como la acotada comprensión de los servidores públicos en torno al problema aunado a altos índices de corrupción por parte de los funcionarios adscritos a estas instituciones.
Asimismo, se indicó que no hay estadísticas oficiales disponibles y suficientes acerca de la incidencia delictiva por año en relación a la constitución de delitos de trata.
Este factor fue determinante para plantear la presente iniciativa, por que consideramos la pertinencia de afrontar este deficiencia normativa a través de una reforma a la ley de la materia en la que, de una manera más clara y precisa, se cuente con información estadística acerca del fenómeno delictivo que nos ocupa preservando siempre la información susceptible de confidencialidad y reservas por razones de evidente obviedad.
En tal sentido, resulta oportuno hacer un recorrido puntual del ejercicio que realizó la organización no gubernamental para comprender la magnitud del problema y en consecuencia la necesidad de establecer las herramientas legales que den cauce a la implementación efectiva de los mecanismos encargados de publicar la información oficial en lo relativo a la incidencia delictiva en materia de trata, debido a que nos parece destacable que no se observe el cumplimiento de esta situación en el tema en comento.
Sobre el particular queremos citar de manera integra la fracción IV del artículo 89 de la ley de mérito, del siguiente tenor:
El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública recabará la información relativa a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta ley y generará un banco de datos que contendrá, como mínimo, la nacionalidad, edad, estado civil y sexo de los sujetos activo y pasivo, así como el modo de operar de las redes vinculadas a la delincuencia organizada y la forma en que sus miembros fueron detectados, detenidos y remitidos ante el Ministerio Público competente, ya sea del fuero común o federal.
Si bien es cierto que la disposición anterior no contempla la publicación de la base de datos respectiva, lo relevante estriba en el hecho de que la autoridad cuenta con información que puede ilustrar el estado del combate a este tipo de delitos para cumplir con el principio tutelado en el 6º constitucional, sin perjuicio de las víctimas del ilícito, lo publicado podría limitarse a datos eminentemente cuantitativos.
En adición a lo anterior, el artículo 93 de la Ley que nos ocupa, en lo conducente establece:
Las autoridades judiciales y ministeriales darán a conocer a la sociedad los resultados de las evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la evolución nacional y estatal de los delitos previstos en esta Ley, así como su prevención, combate y sanción.
La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos por el Programa Nacional.
Este informe será remitido al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de comunicación en todo el territorio nacional.
También encontramos que es una obligación de la Comisión Intersecretarial para prevenir, combatir y sancionar los Delitos en materia de Trata de Personas, la tutelada en la fracción VIII del artículo 88 del cuerpo normativo de mérito, que en lo conducente señala:
Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta ley, con la finalidad de publicarlos periódicamente.
Dicha información deberá contener de manera desagregada:
a) El número de víctimas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad o lugar de origen, forma de reclutamiento, modalidad de victimización, lugares de destino y, en su caso, calidad migratoria, cuando proceda;
b) Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen los delitos previstos en esta ley; y
c) Aquélla referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con las víctimas de los delitos previstos en esta ley.
Sin embargo, el trabajo que realizó el Observatorio Nacional Ciudadano, mismo que fue cotejado, arrojó datos del siguiente tenor:
• El portal electrónico del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la fracción VIII del artículo 88 de la Ley en la materia no publica la información estadística acerca de la incidencia delictiva en materia de trata.
• El portal electrónico de la Procuraduría General de Justicia, en la sección de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) tampoco publica información estadística de la incidencia delictiva en la materia de referencia.
• En lo relativo a la publicación de la incidencia delictiva que nos ocupa por parte de las entidades federativas se observó que en 23 estados sus leyes en la materia prevén la obligación de recopilar datos estadísticos pero el acceso a los mismos no es de fácil acceso.
• Se destaca el caso del estado de Michoacán, que en relación a la materia de trata de personas la norma que regula tal delito establece este tipo de información como reservada, tal y como lo estipula el artículo 20 primer párrafo de la Ley de Trata de Personas del Estado de Michoacán de Ocampo, que en lo conducente dice:
La información del Sistema Estatal de Datos y Registros en materia de trata de personas deberá resguardarse de acuerdo a los parámetros de clasificación reservada...
Es menester señalar que en la revisión del estudio en comento, la información sobre la incidencia delictiva en materia de trata de personas que se obtuvo de la administración pública federal y local, se proporcionó a través de solicitudes dirigidas a las instancias u oficinas encargadas de proporcionar la información pública, derivado de la prácticamente nula publicación de información en sus respectivos portales electrónicos.
Por otro lado, y tras una revisión del primer Informe de Gobierno de la actual administración, en lo que respecta a la gestión de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de Personas con la finalidad de encontrar datos acerca de la incidencia delictiva en la materia que nos ocupa, entre otros, observamos información correspondiente, preponderantemente a los años 2011, 2012 y 2013, a saber:
• Se atendieron 252 llamadas de violencia contra las mujeres y trata de personas.
• Se contestaron 26 correos electrónicos relacionados con delitos de trata de personas.
• Por parte de la Comisión Intersecretarial para prevenir, combatir y sancionar los Delitos en materia de Trata de Personas se realizaron propuestas al proyecto de reglamento de la ley general en la materia.
• Se dio seguimiento legislativo sobre las normas en materia de trata, a junio de 2013, 24 entidades federativas cuentan con su ley en la materia.
• Se realizaron 53 actividades académicas en materia de trata de personas: cursos, conferencias, talleres, diplomados, foros.
• El Instituto Nacional de Migración atendió a 21 migrantes víctimas de trata, a quienes se les canalizó a Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas (una persona), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (15 personas), y cinco ante el Ministerio Público de las entidades federativas correspondientes.
Estos son sólo algunas de las acciones que se han realizado con respecto al tema de referencia. Sin embargo, estos y otros datos distan mucho de formar parte al cumplimiento de la fracción VIII del artículo 88 de la ley de mérito.
Esta circunstancia es la que nos deja clara la necesidad de establecer por mandato legal una redacción más explicita para que las autoridades responsables publiquen en periodos específicos los datos estadísticos sobre la comisión de delitos de trata de personas.
En otro orden de ideas, hay un aspecto que si bien es cierto ha sido contemplado en el ordenamiento legal materia de nuestra iniciativa, creemos que puede ser ahondado y en consecuencia fortalecido, el relacionado con los pueblos y comunidades indígenas.
Lo anterior en virtud, de que este sector social es de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad ante los delitos de trata de personas, específicamente entre mujeres y niños. Todos sabemos de las condiciones por las que muchos de estos pueblos padecen, como la discriminación, la pobreza y la marginación que se han vuelto una constante, por lo que es imprescindible seguir trabajando en pro de esta población en todos lo frentes y uno de ellos, por supuesto, es en el terreno legislativo.
Aunque se quiera, por momentos, soslayar la importancia de este sector social, su relevancia cobra fuerza no solo como un tema de protección a sus derechos fundamentales, sino por el tamaño de población de la que estamos hablando, que de ninguna manera es menor.
Al respecto, estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la distribución de las localidades para ese año, según el grado de presencia indígena, se presenta de la siguiente manera: poco más de 15 mil se clasificaron como localidades indígenas con una población de 4.7 millones de personas (4.2 por ciento del total nacional); casi 4 mil, como predominantemente indígenas, con 1.8 millones de residentes (1.6 por ciento); más de 7 mil, con moderada presencia indígena, donde habitan alrededor de cinco millones de habitantes (4.6 por ciento); y, finalmente, casi 81 mil localidades, con escasa presencia indígena, en las que viven poco más de 100 millones de personas (89.6 por ciento).
En tal sentido, la ley de referencia en su artículo 4o., fracción XVII, inciso d), en lo conducente establece:
Para los efectos de la presente ley se entenderá por:
...
XVII. Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito
...
d) Pertenecer o ser originario de un pueblo o comunidad indígena.
Asimismo, y en relación a las reglas generales para los delitos en materia de trata, el precepto establece la imposición de penas hasta en una mitad más en casos específicos, tal y como se observa en la fracción VIII del artículo 42, que en lo conducente estipula:
Cuando la víctima pertenezca a un grupo indígena y en razón de ello sea objeto de alguna condición de desventaja o tenga una condición de vulnerabilidad;
Aunado a lo anterior, la fracción I en su segundo párrafo del artículo 90 tutela la obligación de la Comisión Intersecretarial, de garantizar condiciones de protección a víctimas del delito de trata que pertenezcan a una comunidad indígena, en cita:
En el caso de que las víctimas pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o hablen un idioma diferente al español, se les designará un traductor que les asistirá en todo momento.
Sin embargo, advertimos que en lo que respecta a la atención preventiva a zonas y grupos de alta vulnerabilidad, no se incorpora de forma explicita a las comunidades indígenas como una de las zonas de atención prioritaria, por lo cual sostenemos la pertinencia de incorporar a estos grupos sociales dentro de este aspecto fundamental en el combate al delito de trata.
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Primero.Se reforman los artículos 88, fracción VIII, y 107, fracción I, de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, para quedar como sigue:
Artículo 88
I. a VII. ...
VIII. Recopilar, con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad de publicarlos trimestralmente en los medios dispuestos por cada dependencia para tales efectos.
IX. a XV. ...
Artículo 107
...
I.Atenderán de manera especial a las localidades aisladas , zonas urbanas y comunidades índigenas que se les haya identificado como potencialmente con mayor posibilidad de que su población sea víctima de los delitos previstos en esta ley, y las que tengan mayor incidencia de estos delitos;
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2014.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor senador. Túrnese la iniciativa a la Comisión contra la Trata de Personas de la Cámara de Senadores.
LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputado presidente. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Este reconocimiento constitucional debe verse traducido en políticas públicas que permitan el pleno goce de los derechos de nuestros hermanos indígenas.De acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el INEGI, existen 15.7 millones de indígenas de los cuales 6.9 millones hablan alguna lengua indígena y 9.1 millones se reconocen como tal aun y cuando hablan solamente español. Esta población en su conjunto forma un mosaico compuesto por 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia historia, territorio y cultura.
Su diversidad y cultura se expresa de manera especial en las lenguas que se hablan en cada región. Al día de hoy en México existen 68 lenguas indígenas de 11 familias lingüísticas con un total de 364 variantes, según el catálogo que publica el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Cada una de estas variantes es en sí mismo un tesoro cultural para todos los mexicanos, razón por la cual hace poco más de una década se promulgó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
Sin dejar de reconocer las enormes aportaciones que tanto la ley como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas han hecho por los pueblos indígenas de nuestro país, y en ánimo de seguir avanzando en el cumplimiento de nuestro marco jurídico internacional y constitucional, es necesario hacer un ejercicio de evaluación a la luz, por lo menos 10 año de su vigencia.
En Nueva Alianza congruentes con nuestra vocación democrática e incluyente, reconocemos en las lenguas indígenas –además de su valía cultural– también reconocemos que casi 7 millones de mexicanos se expresan y desarrollan su vida a través de una de las 364 variantes de lenguas indígenas.
Reconocemos que el Estado mexicano debe seguir avanzando y mejorar los mecanismos para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sea una realidad. La propuesta de reforma que ponemos a consideración de esta soberanía, tiene cuatro objetivos fundamentales:
El primero, acceso a la justicia en lengua materna.
Segundo, garantizar el respeto a estos derechos en el territorio nacional.
Tercero, actualizar las nomenclaturas en la ley.
Cuarto, incorporar al Instituto Nacional de antropología e Historia, al órgano de gobierno del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que es donde se diseñan las políticas públicas en esta materia.
Estas propuestas buscan a su vez que en nuestro país los derechos indígenas sean garantizados en todas las áreas de la vida pública sin importar si están en su comunidad de origen o fuera de ella y que las instancias correspondientes respeten de manera efectiva estos derechos.
La justificación de esta propuesta de reforma se sustenta en tres pilares: primero, la necesidad de armonizar nuestras leyes nacionales con la propia Constitución. Segundo, reglamentar nuestra propia Constitución y el tercero, el más importante, consiste en dar respuesta a una realidad apremiante porque, según datos del Programa de Excarcelación de Presos que ejecuta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en 2012 fueron encarcelados injustamente ocho mil 502 indígenas por no poder defenderse pues no entienden el español y no contaron con un intérprete frente al Ministerio Público.
Dicha institución sólo pudo liberar a mil personas, quedando un amplio número en afectación.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos fundamental seguir avanzando en la construcción de una verdadera democracia para nuestro país. Esto solamente podrá ser posible si el marco jurídico promueve justicia y equidad para todos.
En materia de derechos indígenas, aún tenemos una gran deuda ancestral con nuestros hermanos. Por eso consideramos que esta iniciativa es una oportunidad para seguir construyendo el México que queremos y merecemos todas y todos los ciudadanos.
Por ello solicitamos respetuosamente a todas las fuerzas políticas representadas en esta Congreso su apoyo decidido a favor de la justicia para nuestros hermanos y hermanas indígenas. Muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
José Angelino Caamal Mena, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 6 y 10; así como se adiciona los numerales 6 y 8 al artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEl artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define lo siguiente: “La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”
De acuerdo con las cifras del Censo de Población y Vivienda realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía existen 15.7 millones de indígenas, de las cuales 6.9 millones hablan alguna lengua indígena y 9.1 millones se reconocen como indígenas aunque no hablan alguna lengua indígena. Esta población en su conjunto forma un mosaico compuesto por 68 pueblos indígenas, cada uno con su propia historia, territorio y cultura. Su diversidad se expresa de manera especial en las lenguas que se hablan en cada región. Al día de hoy en México existen 68 lenguas indígenas de 11 familias lingüísticas, con un total de 364 variantes según el Catálogo que publica el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
Los derechos de estos pueblos están enunciados en el apartado A del artículo segundo constitucional. Derivado de este mandato, y por supuesto a la perseverancia de los pueblos indígenas para el reconocimiento de sus derechos, se crearon leyes secundarias, instituciones y políticas públicas con el objeto de reglamentar estos derechos y hacerlos efectivos. Así, el 15 de diciembre de 2002 se aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que dio paso a la creación el 13 de marzo de 2013, del INALI; un organismo descentralizado, que inicia su trabajo en 2005 “cuyo objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia”.
Sin dejar de reconocer las enormes aportaciones que tanto la Ley como el INALI han hecho por los pueblos indígenas de México y en ánimo de seguir avanzando en el cumplimiento de nuestro marco jurídico internacional y constitucional es necesario hacer un ejercicio de evaluación a la luz de por lo menos 10 años de su vigencia. En este sentido, consideramos que es necesario hacer reformas que faciliten el ejercicio pleno de los derechos indígenas; que se establezcan con mayor claridad las competencias y responsabilidades de las instituciones y que se fortalezca la labor del INALI.
El primer artículo que consideramos debe ser reformado es el artículo 4, pues limita la validez del goce de los derechos lingüísticos al territorio. La actual redacción deja fuera a millones de indígenas que viven en las ciudades de nuestro país. De hecho, es esta población quien más requiere del amparo de la Ley, pues el 54.7 por ciento de las personas hablantes de lenguas indígenas no hablan español, lo que limita el pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, pues como lo demuestra la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México realizada en 2010 (Enadis, 2010), las personas indígenas, junto a las personas homosexuales y las migrantes, son percibidas como más vulnerables a la discriminación, ya que el 40 por ciento de la población considera que sus derechos no son respetados. Los resultados de las estadísticas realizadas por la Enadis demostraron que la discriminación es el principal problema que reporta la población perteneciente a alguna comunidad indígena (20 por ciento), seguido por la pobreza (95), la falta de apoyos del gobierno (9 por ciento) y la barrera lingüística (7 por ciento). Los indígenas que tienen que dejar sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida, se topan ante la dura realidad de la discriminación, pues por ejemplo cuando se ven involucrados en un tema judicial una de las primeras limitantes a las que se enfrentan es al desconocimiento de su lengua por parte de las autoridades de cada estado.
Este artículo es contradictorio en sí mismo, pues reconoce a las lenguas indígenas como nacionales, pero enseguida acota el respeto a las lenguas sólo en su territorio específico.
El artículo tiene como finalidad reconocer un derecho humano. En tanto que la lengua materna es parte fundamental de la cultura, se trata de un derecho inalienable de toda persona. Sin embargo, la redacción actual del artículo 4 es restrictiva de los principios de interdependencia. Como lo señala el documento “Principios y obligaciones de los derechos humanos” publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la interdependencia señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o de otro grupo de derechos. La interdependencia comprende, por lo menos, un par de relaciones donde: a) un derecho depende de otro(s) derecho(s) para existir, y b) dos derechos (o grupos de derechos) son mutuamente dependientes para su realización. En este sentido, el respeto, garantía, protección y promoción de un derecho tendrá impacto en los otros y/o viceversa.” En este caso, el derecho del acceso a la justicia, está directamente relacionado con el derecho a la lengua materna.
El siguiente artículo a reformar es el artículo 6. Un tema de gran relevancia en la construcción de una sociedad intercultural, es el de la difusión de las lenguas indígenas en los medios masivos de comunicación. El artículo en comento tal como está vigente si bien hace de las lenguas indígenas un tema de Estado, lo que significa que los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno deberán concurrir en esfuerzos, no establece qué institución será la encargada de coordinar e instrumentar las acciones de difusión en los medios masivos de comunicación. En términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Gobernación es la entidad de gobierno federal facultada para poner en práctica el espíritu de este artículo. Por tanto, es necesario especificar la atribución a la Secretaría de Gobernación para que sea la encargada de dar cumplimiento a este artículo.
El siguiente artículo que proponemos reformar es el artículo 10, para garantizar el acceso a la justicia en las propias lenguas indígenas. Este es un derecho humano y, por lo tanto esencial tal y como se establece en el artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas, en el numeral 2 que a la letra dice: “Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados”.
Asimismo, el artículo 40 de la citada declaración refiere precisamente que “los pueblos indígenas tienen derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo de conflictos y controversias con los Estados u otras partes,” lo que incluye al ámbito privado y público, sin embrago la equidad sólo se lograra con su propia lengua, accediendo de esta manera a una reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos. En esas condiciones se atenderán debidamente sus conflictos y se consideraran sus costumbres, tradiciones y propias normas de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas.
Es importante nuestro país los derechos indígenas no sólo sean garantizados en los textos jurídicos de nuestras leyes, en la primera instancia, sino en todas las instancias correspondientes para defender sus derechos. En este sentido, es importante reiterar que todos los pueblos indígenas tienen el derecho de utilizar su lengua como parte de un derecho humano, así lo reconoce la Declaración al afirmar que los pueblos indígenas tienen el mismo derecho que todos los pueblos a ser diferentes y a ser respetado como tales, pero el negarles el acceso a la justicia en su propia lengua sería un acto contradictorio a esta afirmación.
El Pacto de San José en su artículo 24 al igual que nuestra Constitución establece que debe existir igualdad ante la ley en todo procedimiento jurídico de carácter público o privado. Este artículo fue determinante en el recurso de amparo que el ciudadano César Cruz Benítez presentó por primera vez en lengua Hñä hñü; y que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor no sin antes haber pasado por un tortuoso proceso, pues según el quejoso, sus derechos humanos fueron violentados cuando un policía le levantaba una infracción. Esta resolución de la Corte sienta un precedente también porque se trata de un procedimiento inédito, sino también porque el proceso duró casi dos años ante la imposibilidad administrativa del poder judicial de traducir el documento de amparo de la lengua hñä hñü al español.
Por otra parte la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación en su artículo primero estable las garantías otorgadas en nuestra Constitución en su artículo primero, así mismo su artículo segundo reitera que corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Así mismo que los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.
Es importante garantizar que los ciudadanos con alguna lengua indígena puedan contar con intérprete oficial otorgado por el Estado con la finalidad de no dejar desprotegido a este sector de la población.
Por lo anterior, resulta trascendente no sólo reconocer los derechos y libertades fundamentales de las personas indígenas sino también garantizarlos, y hasta el momento la redacción actual de la Ley contiene limitantes. De la lectura del artículo 10 de la Ley, pareciera que la asistencia gratuita de intérpretes y traductores con conocimientos sobre el manejo de las lenguas indígenas únicamente se garantiza en procedimientos de índole jurisdiccional, incluyendo la materia agraria y laboral quedando excluida la materia administrativa y penal, no obstante que como se explicó con anterioridad , la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establece en su numeral 2, la obligación a cargo de los Estados parte de proporcionar a los indígenas servicios de interpretación no sólo en actuaciones jurídicas, sino también en las de carácter político y administrativo.
En efecto, la asistencia del intérprete traductor debe ser inmediata y efectiva, desde el momento mismo en que un indígena se ve sometido a un procedimiento ante cualquier tipo de autoridad en nuestro país. A manera de ejemplo, se requiere de los servicios de un intérprete en los casos de detención de indígenas por la presunta comisión de un delito, porque es en la detención donde la comprensión de la acusación, de los derechos que le asisten al detenido, del sistema penal al que se enfrenta, de los efectos de la primera declaración ante las autoridades, así como la toma de decisiones relativas al contacto con un abogado a fin de establecer una línea en la defensa, cobran una importancia decisiva a fin de evitar un escenario de indefensión.
En 2011 fue reforma nuestra Constitución con la finalidad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, principios consagrados en el artículo primero de nuestra Constitución. A partir de estas reformas el orden jurídico mexicano contiene dos fuentes: i) los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Carta Magna y ii) todos los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los cuales México es parte.
La justificación de esta propuesta de reforma se sustenta en tres pilares: la necesidad de armonizar nuestras leyes nacionales con los compromisos jurídicos internacionales; reglamentar nuestra propia constitución; y el más importante, dar respuesta a una realidad apremiante: Según datos del Programa de Excarcelación de Presos que ejecuta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en 2012 fueron encarcelados injustamente 8,502 indígenas por no poder defenderse pues no entienden bien español y no contaron con la asistencia a ante un Ministerio Público. Dicha institución sólo pudo liberar a cerca de 1000 personas.
La SCJN ha señalado reiteradamente que la falta de un traductor deviene en una violación al principio de debido proceso. Un ejemplo claro es “el caso de los indígenas nahuas de Puebla José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes en 2012 fueron sentenciados a seis años de cárcel por el robo de una camioneta, del cual no pudieron defenderse por no hablar español. Tras 10 meses en prisión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo liso y llano que los sacó de prisión y en el que se reconoció que hubo violaciones al debido proceso, ya que no contaron con traductores.
“El derecho al traductor o intérprete no se cumple a menos que se cuente con interlocutores que puedan facilitar una verdadera comunicación intercultural” y que la defensa del inculpado sea efectiva, según el diagnóstico “El acceso a la justicia para los indígenas en México. Caso Oaxaca”, publicado en 2007 por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.1
Por último, en el artículo 16 proponemos actualizar la nomenclatura del Instituto Nacional Indigenista (INI) por el del nombre de la actual institución, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, creada por el Decreto de Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2003, y que sustituyó al INI.
Asimismo, en el mismo artículo ponemos a la consideración de esta Soberanía incorporar un miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al órgano de gobierno del INALI, el Consejo Nacional. En sus 75 años de existencia, el INAH ha hecho un trabajo permanente de investigación, preservación y difusión de las lenguas indígenas, a través de la Dirección de Lingüística. Esta experiencia y visión académica debe ser aprovechada en el diseño y ejecución de las políticas públicas sobre lenguas indígenas. Es un hecho, que existe colaboración institucional entre ambas instituciones a través de publicaciones conjuntas como el “Atlas Etnográfico de la Huasteca y el Semidesierto”, por lo que pensamos que la colaboración y la suma de esfuerzos sería aún mejor si propiciamos la participación del INAH n la toma de decisiones relacionadas con la articulación de políticas públicas en la materia, todo ello en beneficio de ese sector de la población de nuestro país.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos fundamental el seguir avanzando en la construcción de nuestra democracia. Esto es posible si el marco jurídico promueve la justicia y la equidad para todos. En materia indígena, es mucho lo que aún podemos avanzar. Creemos que esta Iniciativa es una oportunidad para seguir construyendo la nación que los mexicanos merecemos.
Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 4, 6 y 10; se adicionan los numerales 6 y 8 al artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
Para quedar como sigue:
Artículo Único. Se reforman los artículos 4, 6 y 10, así como se adicionan los numerales 6 y 8 al artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Artículo 4. Las lenguas indígenas que es reconozcan en los términos de la presente Ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez.
Artículo 6.El Estado a través de la Secretaría de Gobernación adoptará, instrumentará y coordinará las medidas necesarias para asegurar que los medios de comunicación masiva difundan la realidad y la diversidad lingüística y cultural de la Nación Mexicana. Además, destinará un porcentaje del tiempo que dispone en los medios de comunicación masiva públicos y concesionados, de acuerdo a la legislación aplicable, para la emisión de cápsulas yprogramas en las diversas lenguas nacionales habladas en sus áreas de cobertura, y de programas culturales en los que se promueva la literatura, tradiciones orales y el uso de las lenguas indígenas nacionales de las diversas regiones del país.
Artículo 10. ...
Las autoridades federales responsables de la procuración y administración de justicia, incluyendo a las agrarias, laborales , así como toda autoridad que tenga atribuciones para sustanciar procedimientos de índole penal o administrativaproveerán lo necesario a efecto de que los juicios y procedimientosque realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.
...
Artículo 16.El Consejo se integrará con: ochorepresentantes de la administración pública federal, tres representantes de las escuelas, instituciones académicas y organismos civiles que se hayan distinguido por la promoción, preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas.
...
1) a 5)
6) Un representante de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
7) ...
8) Un representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2014.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para su dictamen.
LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Leobardo Alcalá Padilla para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 9 a la Ley General del Cambio Climático y suscrita por el diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Leobardo Alcalá Padilla:Muchas gracias, presidente. Lo que hoy venimos aquí a presentar es una iniciativa que adiciona el Capítulo VI de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, misma que es suscrita por el de la voz y a nombre del diputado José Enrique Doger Guerrero.Quiero mencionar la importancia del desarrollo de la competitividad, que mucho se ha venido diciendo a lo largo y ancho de los discursos, a lo largo y ancho del país, pero que particularmente enfrenta grandes retos, sobre todo exige en este momento el fortalecimiento de nuestras empresas y del sector productivo, pero particularmente a los grupos más vulnerables, entre ellos la particularidad.
Y hoy es un gusto, en un honor, que varios de mis compañeros que me han antecedido estemos hablando de la particularidad, tanto de grupos vulnerables como del apoyo de manera directa a los propios indígenas y a sus comunidades.
Es por tanto que menciono que el gobierno federal ha venido ejerciendo su papel rector, atendiendo prioritariamente la generación de empleos con mejores salarios y la integración productiva y comercial de las regiones con un alcance tanto nacional como internacional.
El impulso de la productividad y la competitividad de las micro, pequeña y medianas empresas, así como el pleno respeto al medio ambiente son factores fundamentales para el desarrollo del país. El entorno económico actual nos enfrenta a grandes retos, lo que nos exige –como ya lo mencioné– fortalecer nuestras empresas y los sectores productivos, así como implementar estrategias de corto, mediano y largo plazo, pero también de largo alcance, a fin de consolidar una economía estatal más diversificada y próspera, cuyos resultados sean palpables para todos los grupos sociales, apoyando –como también ya lo hemos subrayado– especialmente a los grupos vulnerables y, en particular, a los grupos indígenas.
Procurar una economía más dinámica que responda a los planteamientos y demandas de nuestra sociedad pluricultural y la necesidad de diversificar las actividades productivas del Estado, para generar nuevas fuentes de trabajo, es una acción que no puede esperar más.
La Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, no contempla a aquellas empresas relacionadas con el fomento y desarrollo económico de las comunidades indígenas, pero éstas han salido adelante y desarrollado diversos proyectos productivos demostrando la importancia para legislar en materia de competitividad incluyéndolas.
Un ejemplo claro por lo anterior es el proyecto empresarial –y en esto habrá que aplaudir– de carácter social llamado o denominado Flor de Mayo, una empresa con más de 40 artesanos de la sierra norte de Puebla, quienes elaboran productos que combinan la artesanía tradicional con diseños contemporáneos. Hoy día esta empresa está comenzando a expandirse a lo largo y ancho del país, particularmente en otras comunidades indígenas, como sería: Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Otro ejemplo muy reconocido es el del Centro Ecoturístico Temachtiani Quetzalcóatl, el cual es dirigido por la comunidad de Amatlán, Morelos y que ofrece servicios de hospedaje, alimentación, relajación, etcétera. Su construcción inició en el 2005 y poco a poco ha ido creciendo conforme a las necesidades que en esta se han presentado.
Es por ello que cobra relevancia la presente iniciativa para que se presente un mejor apoyo a las comunidades indígenas que ya tienen sus proyectos y se fomentaría la inclusión en otras comunidades para que creen un propio proyecto productivo y así logren un desarrollo económico para su beneficio.
Además de la iniciativa, esta es en plena concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Meta Nacional México Incluyente, la cual tiene como objetivo fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y de su ejercicio. En fin, de hacerlas más competitivas y con la presente iniciativa sería una realidad.
Es de vital importancia incorporar a las comunidades y darles un impulso especial para que a través de la realización de proyectos económicos productivos que las aparten del rezago y la marginación, puedan mejorar sus condiciones de vida y ejecutar actividades productivas en sus regiones que contribuyan en el desarrollo económico de las mismas y su estado dentro del país. Por la atención prestada por ustedes, muchas gracias y particularmente por la sensibilidad de usted, presidente. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el capítulo sexto a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por el diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado José Enrique Doger Guerrero, integrante del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosDadas las condiciones económicas que rigen en nuestro país, el gobierno federal ha ejercido su papel rector atendiendo prioritariamente la generación de empleos, con mejores salarios; la integración productiva y comercial de las regiones con un alcance nacional e internacional; el impulso de la productividad y la competitividad de las micro, pequeña y medianas empresas y el pleno respeto al medio ambiente.
El entorno económico actual nos enfrenta a grandes retos, lo que nos exige fortalecer nuestras empresas y sectores productivos, así como implantar estrategias de corto, mediano y largo plazo, a fin de consolidar una economía estatal más diversificada y próspera, cuyos resultados sean palpables para todos los grupos sociales, apoyando especialmente a los grupos vulnerables, entre ellos, los indígenas.
En tal virtud, es imprescindible estimular una economía más dinámica, que responda a los planteamientos y demandas de nuestra sociedad pluricultural y a la necesidad de diversificar las actividades productivas del Estado para generar nuevas fuentes de trabajo.
En tal virtud, el 30 de diciembre de 2002, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, misma que entre sus disposiciones no contempla aquellas relacionadas con el fomento y desarrollo económico de las comunidades indígenas, pero éstas han salido adelante y desarrollado diversos proyectos productivos demostrando la importancia para legislar en materia de competitividad incluyéndolas.
Tal es el caso del proyecto empresarial de carácter social “Flor de Mayo”, una empresa con más de 40 artesanas de la sierra norte de Puebla quienes elaboran productos que combinan la artesanía tradicional con diseños contemporáneos. Hoy día esta empresa está comenzando a expandirse a otras comunidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Otro ejemplo muy reconocido es el centro ecoturístico Temachtiani Quetzalcóatl, el cual es dirigido por la comunidad de Amatlán, Morelos, y que ofrece servicios de hospedaje, alimentación, relajación, etcétera. Su construcción inició en 2005 y poco a poco ha ido creciendo conforme a las necesidades que se han presentado.
Es por ello que cobra relevancia la presente iniciativa ya que se prestaría un mejor apoyo a las comunidades indígenas que ya tienen sus proyectos y se fomentaría la inclusión en otras comunidades para que creen su propio proyecto productivo y así logren un desarrollo económico para su beneficio.
Además, la iniciativa está en plena concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Meta Nacional, “México Incluyente”, la cual tiene como objetivo fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos .
Si bien, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas formuló el pasado 30 de abril del 2014, el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, como un instrumento de política pública del gobierno de la república que orienta las acciones del gobierno federal para la promoción del desarrollo de los Pueblos Indígenas, estableciendo objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas e integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades para hacer realidad un país donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todas y todos los mexicanos, es importante su inclusión en la ley que se pretende reformar debido a que no fomenta como tal el desarrollo de proyectos productivos de las comunidades indígenas con el fin de hacerlas más competitivas.
Es de vital importancia incorporar a las comunidades indígenas y darles un impulso especial para que través de la realización de proyectos económicos productivos, que las aparten del rezago y la marginación, puedan mejorar sus condiciones de vida y ejecutar actividades productivas en sus regiones que contribuirán en el desarrollo económico de la mismas y de su estado.
Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto que adiciona el capítulo sexto, artículos 27 a 31 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Capítulo SextoDel fomento y desarrollo económico de las comunidades indígenasArtículo 27.LaSecretaría y los gobiernos locales promoverán el desarrollo de proyectos de inversión y las relaciones económicas de las comunidades indígenas, incluyendo las de éstas con otras poblaciones la comunidad.
Artículo 28.Lasentidades federativas y las autoridades municipales competentes, a petición de las comunidades indígenas, procurarán el otorgamiento de asistencia técnica y financiera en la medida de la disponibilidad presupuestal y material.
Artículo 29.La Secretaría, en coordinación con las autoridades federales y locales, coadyuvará con las autoridades indígenas tradicionales, a fin de proporcionarles capacitación para identificar sus necesidades prioritarias, fortalezas y vocaciones económicas de sus comunidades para el desarrollo de programas y proyectos comunitarios.
Artículo 30.Deberá priorizarse el apoyo de los proyectos ubicados en las regiones que correspondan a las comunidades indígenas, proporcionando los apoyos financieros y de capacitación.
Artículo 31.La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Turismo, promoverá los proyectos de las comunidades indígenas con vocación artesanal para su difusión y comercialización en los mercados nacionales e internacionales.
TransitoriosArtículo Primero.Las presentes adiciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.Se derogan todas las disposiciones contrarias a estas adiciones.
Notas:
1 Consultado en http://www.ieepuebla.org.mx/archivos/pp/plataforma/PlataformaElectoralPuebla201 0_PRI.pdf, 08 de diciembre de 2014, 12:07 horas.
2 Consultado en http://www.flordemayomx.com/#!nosotros/cfvg, 8 de diciembre de 2014, 13:31 horas.
3 Consultado en http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2014/10/17/empresas-indige nas-ejemplo-de-aporte-la-comunidad/, 8 de diciembre de 2014, 13:48 horas.
4 Consultado en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343116&fecha=30/04/2014, 8 de diciembre de 2014, 14:20 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2014.— Diputado José Enrique Doger Guerrero (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. La iniciativa que ha presentado el diputado Alcalá Padilla es el proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VI a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita también por el diputado Doger Guerrero. Túrnese a la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados, para su dictamen.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Sergio Augusto Chan Lugo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz, del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Sergio Augusto Chan Lugo:Muchas gracias, presidente. Hemos presentado iniciativa al artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por el diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz y por el de la voz.Se busca en la Ley General de Cambio Climático –como ya en la anterior iniciativa tuvimos a bien expresar– que se cumplan diversos objetivos, con efecto de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de las facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de las políticas públicas.
Si bien, este instrumento de la Ley General de Cambio Climático ha sido un instrumento muy importante para establecer las áreas de concurrencia y competencia de cada uno de los órdenes de gobierno, también el tema presupuestal es un tema muy importante que nos ha llamado mucho la atención en los últimos ejercicios de integración del propio presupuesto.
Por eso es muy importante, que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 41, tenga una adecuación. En este artículo se comprende el contenido del Presupuesto de Egresos; y en la fracción I, los puntos a señalar en la exposición de motivos; y en su fracción II, tiene las inclusiones; en el proyecto de decreto, los anexos, los tomos a los que el inciso u), que es el que estamos pretendiendo establecer, precisamente, incluirían integrar recursos para la mitigación de los efectos de cambio climático.
En el Presupuesto de Egresos se contemplan las previsiones de gastos correspondientes a la mitigación de los efectos de cambio climático, sin mencionar o establecer recursos para el Fondo del Cambio Climático, pudiendo limitar los objetivos de la Ley General de Cambio Climático en dicha ley, y para el cumplimiento de los objetivos se creó el Fondo de Cambio Climático.
Es por eso, con el objeto de captar y canalizar recursos financieros, públicos y privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, es que se creó en la propia ley el Fondo de Cambio Climático.
Sin embargo, no existe en la integración del propio presupuesto un rubro específico que le dé la posibilidad de la asignación presupuestal y, por lo tanto, de ejercicios en proyectos específicos para mitigar o adaptarnos a los procesos de cambio climático.
Es por eso, que el establecer objetivos claros es un elemento importante de cualquier acuerdo climático, designarlos también ayuda a los acuerdos estructurales e institucionales y proporciona un incentivo para estimular la acción, y ayuda a establecer criterios para los cuales medir el éxito al implementar medidas, pero por supuesto también la asignación de recursos vía un fondo específico es de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Cambio Climático, a través de la adecuación, precisamente, de la Ley General de Responsabilidad Presupuestaria.
Tomando en cuenta que dentro del presupuesto de Egresos no se contempla un monto mínimo de recursos destinados a dicho fondo, cuestión que acorta la posibilidad del cumplimiento de las metas planteadas, es que los suscritos diputados hemos presentado la iniciativa en cuestión y proponer establecimiento de un mínimo de recursos para darle continuidad a las actividades y compromisos hacinados por el Ejecutivo federal y que también hacinen el orden del gobierno estatal y municipal.
Por lo anterior, presidente, le pido se turne a la comisión correspondiente la presente iniciativa.
«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Ramón Antonio Sampayo Ortiz y Sergio Augusto Chan Lugo, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos, Ramón Antonio Sampayo Ortiz y Sergio Augusto Chan Lugo, diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la asamblea el proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al inciso u), fracción II, del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa preservación, protección y restauración del equilibrio ecológico y el medio ambiente es de interés general, asimismo en la Ley General de Cambio Climático se contemplan diversos objetivos como garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático, la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como regular las mismas para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático, reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta al fenómeno, también fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático, además de establecer las bases para la concertación con la sociedad, y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.
Comentados los objetivos anteriores, en el Plan Nacional de Desarrollo se establecen de igual manera varias metas a cumplir en materia de cambio climático, integradas en planes de acción que comprenden los diferentes programas de apoyo por medio de los cuales se resuelven las distintas necesidades acorde a la materia.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, en el artículo 41, comprende el contenido del Presupuesto de Egresos, y en la fracción I, los puntos a señalar en la exposición de motivos; y en su fracción II, las inclusiones en el proyecto de decreto, los anexos y tomos, a lo que en su inciso u) contempla las previsiones de gastos que corresponden para la mitigación de efectos de cambio climático:
Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:
I. La exposición de motivos en la que se señale:
a) a e)...
II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:
a) a t)...
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la mitigación de los efectos del cambio climático, y
v)...
III...
Como se expresa en el artículo anterior, en el Presupuesto de Egresos se contemplan las previsiones de gastos correspondientes a la mitigación de los efectos de cambio climático; sin mencionar o establecer recursos para el Fondo para el Cambio Climático, pudiendo limitar los objetivos de la Ley General de Cambio Climático. En dicha ley y para cumplimiento de los objetivos, se creó el Fondo de Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático.
Los recursos del Fondo se destinarán a acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país, además a los proyectos que contribuyan simultáneamente a la mitigación y adaptación al cambio climático, incrementando el capital natural, con acciones orientadas, entre otras, a revertir la deforestación y degradación, también a conservar y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono, implementar prácticas agropecuarias sustentables y también a recargar los mantos acuíferos para preservar la integridad de playas, costas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, humedales y manglares, y promover la conectividad de los ecosistemas a través de corredores biológicos, conservar la vegetación riparia y para aprovechar sustentablemente la biodiversidad.
También se destinará el fondo aldesarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones conforme a las prioridades de la estrategia nacional, y los programas de las entidades federativas en materia de cambio climático, particularmente en proyectos relacionados con eficiencia energética, desarrollo de energías renovables y bioenergéticas de segunda generación; y eliminación o aprovechamiento de emisiones fugitivas de metano y gas asociado a la explotación de los yacimientos minerales de carbón, así como de desarrollo de sistemas de transporte sustentable, a los programas de educación, sensibilización, concientización y difusión de información, para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono y de adaptación al cambio climático,también se destinará a estudios y evaluaciones en materia de cambio climático que requiera el Sistema Nacional de Cambio Climático, además de proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología en la materia, conforme lo establecido en la Estrategia Nacional, se contempla también para la compra de reducciones certificadas de emisiones de proyectos inscritos en el Registro o bien, cualquier otro aprobado por acuerdos internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, y otros proyectos y acciones en materia de cambio climático que la comisión considere estratégicos.
El establecer objetivos claros es un elemento importante de cualquier acuerdo climático, designarlos también ayuda a los acuerdos estructurales e institucionales, proporciona un incentivo para estimular la acción y ayuda a establecer criterios con los cuales medir el éxito al implementar medidas. Las opciones de diseño de regímenes internacionales pueden incorporar objetivos a corto, mediano y largo plazos. Sin embargo, en nuestro país no se encuentra establecido un monto mínimo de recursos económicos en el Presupuesto de Egresos, que se destine hacia el Fondo para el Cambio Climático, sino que se cuenta solamente con las aportaciones que las dependencias creen convenientes, para la previsión de gastos de mitigación de efectos de cambio climático, reiterando la limitación del cumplimiento de objetivos.
Por otro lado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de Janeiro (Brasil) – más conocida como “Cumbre de la Tierra de Río”– se dieron a conocer tres tratados internacionales. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CNUDB) y la Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD) se conocen desde entonces con el nombre de Convenciones de Río.
Las tres Convenciones de Río están estrechamente relacionadas. El cambio climático afecta a la biodiversidad y a la desertificación. Cuanto más intenso sea el cambio climático y mayor sea su alcance, mayor será la pérdida de especies vegetales y animales, y las tierras secas y semiáridas en todo el mundo perderán vegetación y se deteriorarán, por lo que en nuestro país, se debe actuar de manera inmediata, haciendo uso de las estrategias trazadas, para lo cual es necesario establecer los recursos necesarios en el fondo para el cambio climático.
La CMCC y su Protocolo de Kioto sentaron un precedente significativo como medio para solucionar problemas ambientales internacionales a largo plazo, pero solamente constituyen los primeros pasos hacia la implementación de una estrategia de respuesta internacional para combatir el cambio climático. Los mayores logros del Protocolo de Kioto son la estimulación de un conjunto de políticas nacionales, la creación de un mercado internacional de carbono y el establecimiento de nuevos mecanismos institucionales. Todavía se necesita demostrar sus impactos económicos en los países participantes. Sería más eficaz, si al primer período de compromiso lo siguieran medidas para lograr reducciones más profundas y la implementación de instrumentos políticos que cubran una porción mayor de emisiones mundiales.
Tal como se aprecia en los informes anteriores del IPCC, debido a que el cambio climático es un problema mundial común, cualquier enfoque que no incluya una gran parte de las emisiones mundiales sería costoso y tendría menos eficacia ambiental. Estos tratados sugieren que un régimen climático no se refiere exclusivamente a la mitigación, sino a atender diversos objetivos, por lo que debemos considerar en nuestro país atender todas las vertientes posibles para atender las problemáticas que se presenten. Procurando el cumplimiento de la mayoría de los objetivos planteados por nuestra Ley General de Cambio Climático.
Tomando en cuenta que dentro del Presupuesto de Egresos no se contempla un monto mínimo de recursos destinados a dicho fondo, cuestión que acorta la posibilidad del cumplimiento de las metas planteadas, es que los suscritos diputados promoventes, tenemos el interés en proponer el establecimiento de un mínimo de recursos para dar continuidad a las actividades y compromisos signados por el Ejecutivo federal.
Con la reforma propuesta en la presente iniciativa, se estaría considerando que si bien el Anexo 16 del Presupuesto, “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático”, tiene un monto mínimo de recursos que aportan las diversas dependencias por la cantidad de poco más de 37 mil millones de pesos, con esta reforma, se estaría buscando que un uno por ciento de ese total se destine al Fondo para el Cambio Climático.
De lo anterior, se podría contar con un piso mínimo de recursos de alrededor de 370 millones de pesos para el Fondo para el Cambio Climático, y de esta manera coadyuvar en las metas y objetivos del Ejecutivo.
Atendiendo a lo anterior, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al inciso u) de la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Único. Se adiciona un segundo párrafo al inciso u) de la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:
I. La exposición de motivos en la que se señale:
a) a e)...
II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:
a) a t)...
u) Las previsiones de gasto que correspondan a la mitigación de los efectos del cambio climático.
Así como las previsiones de gasto que correspondan al Fondo para el Cambio Climático, en términos de lo dispuesto por los artículos 81 y 82 de la Ley General de Cambio Climático.
III...
a) a d)...
...
Artículos TransitoriosÚnico.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2014.— Diputados: Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Sergio Augusto Chan Lugo (rúbricas).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para su dictamen.
EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONSULTA A PUEBLOS INDIGENAS
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto es la iniciativa que presenta el señor senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta a pueblos indígenas. Hasta por cinco minutos.
El senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor presidente. Con el permiso de todos ustedes. El artículo 133 de la Constitución establece que las leyes emanen de las cámaras y los tratados que México firme y que no estén en contradicción con nuestra Constitución y que sean celebrados por el presidente de la República con la aprobación del Senado serán ley suprema en toda la Unión y los jueces tendrán que establecer las medidas y las prioridades para que arreglen estos derechos, particularmente en las legislaturas.
Estas leyes y tratados tienen la disposición de, cuando las condiciones estatales tengan disposiciones en contrario deberán de arreglarse.
Así también, el artículo 1 de la Constitución establece, expresan el respaldo al goce de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte.
El Convenio 169 de la OIT establece ya algunas disposiciones muy puntuales para que se empiecen a revisar, respaldar, fortalecer todas aquellas demandas, particularmente en el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Y así establece aplicar las disposiciones del presente convenio: los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en participar a través de las instituciones representativas cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Y hay una serie de consideraciones: el artículo 15 de la Declaración de las Naciones Unidas también establece la adopción de estos mecanismos.
Entonces, tenemos un contexto internacional de tratados que obliguen a que el Estado mexicano pueda mantener y conservar su vocación democrática y establecer por ello condiciones para que en México se puedan generar las consultas para lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas.
Hoy aquí esta mañana hemos oído dos iniciativas que pretenden fortalecer mucho los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, pero hay un paso que hemos estado omitiendo, ya el artículo 2o. de la Constitución establece esta parte de llevar a cabo la consulta, pero no ha habido una ley reglamentaria que establezca los procedimientos de cómo llevar a cabo esta consulta con los pueblos y las comunidades indígenas.
Por eso creo importante tratar de resumir, para lograr que se entienda la intención de esta iniciativa que la consulta se define: el derecho a la consulta libre, previo, informada y la ejecución de la misma en términos de buena fe comprendido como el ambiente de confianza, honestidad, transparencia, respeto a los valores, a la pluralidad cultural, de colaboración, generando por las partes involucradas sin dolo, ni coacción alguna, así como en el acceso a la información oportuna en su lengua materna, permanente dentro del desarrollo del proceso de consulta en la búsqueda del pleno ejercicio participativo, democrático, susceptible del bien común social y pluricultural.
Ésta es una de las cosas que establece la consulta como el mecanismo de buena fe que debe haber siempre en esto.
Establece la obligación del Estado a consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando a nivel federal, estatal o municipal se prevea implementar medidas legislativas susceptibles a afectar directa o indirectamente sus derechos colectivos. Prevé que se preserve la cultura democrática incluyente del Estado mexicano para que los pueblos y comunidades indígenas sean consultados de manera periódica.
Establece las medidas, los mecanismos, las condiciones en las que se pueda establecer estas consultas y se integra a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como observador y garante de salvaguarda del proceso de consulta a los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas.
Se crea un comité técnico consultivo, según la materia de consulta, quien será la instancia rectora en materia de la consulta indígena estableciendo las bases para integrar y operar la consulta. Se integra un organismo técnico consultivo dependiente de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y este organismo técnico tiene facultades específicas que ahí se establecen para que se pueda promover todo el escenario de la consulta, a arropar la consulta con asesores, con los materiales y entonces se establece particularmente que sea la CDI quien deba de estar llevando a cabo esta consulta en pueblos y comunidades indígenas.
Esta ley reglamentaria es totalmente necesaria, compañeros, dado que ha habido incluso recientes reformas a nuestra Constitución en el campo energético y establece una serie de prioridades para el interés público al energético, y deja en segundo lugar la producción de alimentos.
En muchas partes de nuestro territorio nacional –nada más les doy los datos que tiene la CDI de localidades indígenas– son 64 mil 172 localidades y en muchas de ellas vamos a encontrar hidrocarburos en los que hemos estado tratando de buscar y garantizar que se pueda llegar a un arreglo para que no sean solamente ocupadas temporalmente como lo han hecho por muchos años a nuestros pueblos y comunidades indígenas, de tal suerte que se puedan establecer con ellos los convenios necesarios para lograr efectivamente el usufructo y el beneficio de este tipo de consulta.
Estos son algunos de los contenidos muy rápidos y exprés que doy de esta iniciativa. Sé que me estoy excediendo en el tiempo y por lo tanto le voy a pedir a la Presidencia que agregue una intervención por escrito que tengo en ese sentido para que podamos dejar una constancia de ello. Muchas gracias, presidente.
«Participación del senador Isidro Pedraza Chávez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII legislatura, referente al proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas, al tenor de las siguientes consideraciones:
La presente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas establece el derecho a la consulta, previa, libre e informada, teniendo como objeto principal, dotar del pleno derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados previamente, de manera libre e informada.
La consulta previa, libre e informada tiene carácter obligatorio cuando el Estado prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos.
La presente ley tiene como finalidad llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, mediante procedimientos apropiados; entre los pueblos y comunidades indígenas y las autoridades competentes.
En México a través de los años, a través de su historia, hasta llegar al estado moderno hoy conformado, es el resultado de la compaginación de diferentes actores importantes para la vida nacional, la importancia de los mismos se ve repercutida a través de sus instituciones y las legislaciones hoy vigentes, que preservan y fomentan los derechos de cada uno de los habitantes de esta gran nación.
Es importante precisar que desde la invasión española, los pueblos indígenas han vivido en rezago económico, social y legal, lo que viola sus derechos humanos como pueblos y comunidades indígenas, a medida del paso del tiempo y el establecimiento del régimen colonial, la expropiación y uso de sus tierras fue, y sigue siendo hasta nuestros días, una violación sobre los derechos de los mismos a sus bienes.
Fueron incorporados violentamente a una nueva organización social, que les fue expropiado su territorio, sus recursos naturales, su organización político-administrativa, sus creencias. Sobre los restos de lo que fuera su civilización, se construyeron formas de dominación que los subordinaban y saqueaban, restándoles sus derechos y dominio sobre sus bienes naturales, culturales y sociales, que les caracterizan de los demás habitantes de la nación mexicana.
Cobró así carta de legitimidad un régimen que se sustentó en la violación a los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.
La conformación del orden jurídico nacional, tras la ruptura del régimen colonial, dio paso a la conformación de una nación homogénea, recayendo todo en un estado unitario, olvidando la conformación pluricultural convergente en la nación.
Claro ejemplo es mencionar el carácter centralista de la constitución de 1824, de 1836 y de 1857, donde se establecieron condiciones para acceder a derechos fundamentales como el ejercicio de la ciudadanía en sí mismas excluyentes de los indígenas, estaba regulada para aquéllos mexicanos de origen criollo.
Diferenciando al criollo de los indios, término que se utilizaba para distinguirse de manera discriminatoria entre los mexicanos con fuerte poder adquisitivo y los de menores recursos, mismo que se utilizó como peyorativo hacia aquellas personas descendientes de los pueblos originarios y con pocas posibilidades económicas, culturales y educativas.
Cabe señalar que si bien el orden constitucional postuló la igualdad y la homogeneidad como principios implícitamente excluyentes para los pueblos indígenas, éstos fueron objeto de regulación, esta sí explícita, a través de diversas disposiciones secundarias, decretos, acuerdos, de rango federal o local, que daban respuestas aisladas a problemas como el de tenencia de la tierra, el combate a las incursiones de “tribus bárbaras” en la frontera norte del país, las que ordenaban la creación de defensorías para indígenas o las que otorgaban permiso de caza a un pueblo determinado, incluyendo la creación de dependencias específicas, como la Dirección de Asuntos Indígenas en 1946 y dos años después el Instituto Nacional Indigenista.
Tenemos que reconocer que existen pronunciamientos en términos legales que han intentado dotar de pleno derecho a los pueblos y comunidades indígenas, claro ejemplo es el decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., reformando el artículo 2o., derogando el párrafo primero del artículo 4o.; y adicionando un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de julio de 2001; reforma vigente hasta nuestros días.
Situación que significó un gran avance en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas; sin embargo existe un vacío en esa reforma, dado que no menciona que los pueblos y comunidades indígenas puedan ser consultados en temas que les afecten de manera directa en sus intereses y que puedan significar un aspecto positivo o negativo en diferentes índoles, lo cual deberá ser establecido mediante consentimiento previo libre e informado a través de la figura de la consulta previa, libre e informada.
La consulta previa, libre e informada toma suma importancia dado que los modelos reconocidos en la reforma energética como la figura de servidumbre legal de hidrocarburos, las contraprestaciones, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, que otorgue el Ejecutivo federal, empresas productivas del Estado o particulares, en regiones con asentamientos indígenas, cada vez son más constantes, y dado la reciente reforma energética, se garantiza el pleno derecho colectivo de las comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada.
La Relatoría Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas (Relatoría Especial), en su informe temático del año 2003, señaló que en las últimas décadas “los gobiernos nacionales, las grandes empresas y las instituciones multilaterales de financiación han dirigido su atención a las llamadas zonas no desarrolladas con el fin de extraer recursos naturales, establecer plantaciones y plantas industriales, de-sarrollar actividades turísticas, mejorar puertos, centros de comunicación o centros urbanos, y construir redes de transporte, presas polivalentes, bases militares o vertederos de residuos tóxicos”. Además, también indicó que “cuando estas actividades se producen en zonas ocupadas por pueblos indígenas, es posible que sus comunidades sufran profundos cambios sociales y económicos que a menudo las autoridades competentes son incapaces de comprender y mucho menos de prever. Los proyectos de desarrollo en gran escala afectarán inevitablemente a las condiciones de vida de los pueblos indígenas. A veces las consecuencias serán beneficiosas, muy a menudo devastadoras, pero nunca desdeñables”. Es por ello que, frente a esta situación, la observancia e instrumentación del derecho a la consulta se vuelven aún más necesarias, para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas .
Estas desigualdades sociales son un retroceso en las pretensiones democráticas del Estado mexicano, incluso son un claro ejemplo del estancamiento al pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que no ha cumplido en tiempo y forma lo pactado a través de convenios internacionales.
La lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, es una lucha social, una lucha histórica, es una deuda anclada en las desigualdades sociales a la cuales hoy se encuentran orilladas las comunidades indígenas.
Al respecto la en su artículo 15, establece la adopción de medidas eficaces de consulta y cooperación con los pueblos indígenas, lo cual promovería las relaciones entre los pueblos, dado que el artículo 19 de la misma declaratoria se expresa la celebración de consultas por medio de instituciones representativas, antes de adoptar medidas de carácter administrativo o legislativo según sea el caso.
Haciendo énfasis en el cumplimiento íntegro del, convenio que favorece y dota de pleno derecho a los pueblos y comunidades indígenas, dicho convenio establece la consulta a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
Pudiendo participar libremente, las consultas serán llevadas a cabo en aplicación de este convenio, deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Decidiendo sus propias prioridades en medida que afecte sus vidas, creencias, instituciones y tierras que ocupan; participando en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional; protegiendo su medio ambiente, usos y costumbres.
Es importante cumplir cabalmente con el convenio anteriormente citado puesto que así lo establece el artículo 133 constitucional, siendo preocupante que el convenio 169 de la OIT no esté plenamente reconocido por la jurisdicción nacional.
Reitero la importancia del mismo dado que el convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue adoptado el 27 de junio de 1989 en la ciudad de Ginebra, Suiza; durante la LXXVI Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo; siendo aprobado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el día 11 de julio de 1990. Firmado por el entonces Presidente de la Republica, Carlos Salinas de Gortari, el mismo año.
Y es importante la fecha dado que el convenio establece un lapso no mayor a 12 meses después de su celebración con los países integrantes a establecer el pleno reconocimiento del contenido de dicho convenio dentro del marco normativo de cada firmante.
Los procedimientos para elaborar dicha consulta serán efectuados de buena fe, garantizando el consentimiento y la opinión libre e informada de cada uno de los consultados, la determinación de dicha consulta será vinculante con la elaboración de las diferentes acciones que repercutan de manera directa sobre los intereses generales y particulares de los pueblos y comunidades indígenas.
Por ello es necesario establecer dentro de la misma ley los siguientes conceptos:
a) Buena fe.Se entenderá este principio como el ambiente de confianza, honestidad, transparencia, respeto a los valores, a la pluralidad cultural, de colaboración, generado por las partes involucradas sin dolo ni coacción alguna, así como en el acceso a la información oportuna en su lengua permanentemente en el desarrollo del proceso de consulta en la búsqueda del pleno ejercicio participativo democrático susceptible del bien común, social y pluricultural.
b) Consentimiento libre, previo e informado: Acto que se realiza a través de un acuerdo que expresa de manera libre la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas, de beneplácito con las acciones que desarrolle el Estado y particulares; previendo analizar los efectos que directamente les aquejen dentro y fuera de las comunidades; garantizando el pleno uso y conocimiento de sus derechos colectivos, sin coacción alguna por parte de terceros. Se desarrolla antes de la adopción de la disposición final para la implementación o ejecución de medidas legislativas o administrativas.
Por ello la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diferentes circunstancias que, es un deber estatal, obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas en la relación de planes o proyectos de desarrollo, inversión o extracción y exploración de recursos naturales en territorios con asentamiento de pueblos originarios u ancestrales, bajo los principios de buena fe y consentimiento previo, libre e informado.
En diferentes segmentos de la época moderna, los pueblos y comunidades indígenas se encuentran amenazados por la invasión de sus tierras por parte de diferentes empresas de alcance nacional e internacional.
Ejemplos sobran y uno de ellos es lo que sucedió en la comunidad Rarámuri de Huestosachi, en Chihuahua, quien realizó un fuerte reclamo ante las autoridades competentes, abarcando los tres niveles de gobierno; ya que se vieron violentados sus derechos, al ser elaborado y ejecutado el proyecto turístico de “Barrancas del Cobre”, sin consultarlos previamente.
A la par, también contamos con el caso del pueblo de Cucapá, en Baja California; en este caso se vieron violentados sus derechos a la conservación de su cultura, violentando sus usos y costumbres, ya que no se les permitía realizar sus métodos de pesca en los lugares donde se acostumbraba realizarlo por parte de los afectados, al ser estos sitios ubicados en la “Reserva de la biosfera de la región del alto Golfo de California y Delta del río Colorado”, sitio que fue decretado sin consultar previamente a las comunidades indígenas cercanas al perímetro.
Otra situación similar la vivió el pueblo de Wirrárika, en el estado de Jalisco, donde su afectación también fue de carácter territorial, dado que la Secretaría de Economía otorgó concesiones mineras dentro del territorio de los comunitarios del citado pueblo, en este caso se afectó su derecho a conservar sus usos y costumbres de carácter cultural y religioso.
En los citados casos anteriores se violentaron diferentes derechos como la existencia de los pueblos indígenas, su derecho territorial y obstaculización al disfrute al pleno acceso a los recursos naturales a los cuales sean merecedores por el simple hecho de habitar un región en específico a lo largo de años, preservando sus usos, costumbres que los identifican plenamente como pueblos originarios.
Anteriormente se había violentado su derecho a preservar su identidad cultural, hoy al ser reconocidos como pueblos originarios, se violentan su derechos al decidir sus prioridades, a mantener la integridad de sus territorios y acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes dentro de sus comunidades.
El Estado mexicano debe dotar de un marco jurídico adecuado a la pluriculturalidad sustentada principalmente en los pueblos y comunidades indígenas; por ello es importante para la vida democrática del país, establecer un mecanismo jurídico que actué de buena fe, garante de consensos entre los diferentes actores inmiscuidos en los diferentes temas que afecten de manera directa e indirecta a los intereses de los pueblos y comunidades indígenas.
La consulta deberá ser celebrada por el principio de buena fe, con carácter previo, informado, adecuado y accesible con la finalidad de llegar a un acuerdo. La consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad.
En ese sentido, la consulta previa requiere que el Estado brinde información suficiente implicando una comunicación constante entre el Estado y los pueblos o comunidades indígenas.
Los consensos necesarios deberán ser resultado de toda consulta entre autoridades correspondientes, pueblos y comunidades indígenas involucradas en un tema de susceptibilidad que los afecte directamente en todos aquellos que los compete.
Por ello, el Estado mexicano deberá establecer la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas a través de un marco normativo capaz de proveer el pleno derecho al acceso a la consulta previa, libre e informada con la finalidad de llegar a los acuerdos necesarios.
Por lo tanto el derecho a la consulta previa, libre e informada deberá ser un derecho establecido para llegar a los acuerdos necesarios que establezcan los lineamientos legales garantes de este derecho colectivo que salvaguarda la unidad nacional en su composición pluricultural de carácter democrático incluyente.
como mecanismo democrático incluyente, garante de la preservación de la unidad nacional.
La presente, cobra suma importancia dado que de acuerdo al Censo de Población realizado por el INEGI en 2010, existen aproximadamente 15.7 millones de personas que pueden ser consideradas como indígenas, de las cuales 6.6 millones de personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena.
Y de acuerdo al C atálogo de Localidades Indígenas 2010 y sus criterios de concentración indígena existen 64,172 localidades clasificadas de la siguiente manera:
• 34,263 localidades con una proporción de población indígena mayor o igual a 40 por ciento de su población total.
• 2,118 localidades con una densidad de población de menos del 40 por ciento de PI y más de 150 indígenas, se consideran localidades de interés.
• 27,791 localidades con menos de 40 por ciento de PI y menos de 150 indígenas entre su población total.
Se define el derecho de la consulta previa, libre e informada y la ejecución de la misma en términos d
La presente iniciativa tiene por objeto:
• Cumplir con las responsabilidades adquiridas por el Estado mexicano el 11 de julio de 1990, fecha en que el Senado de la República aprobó la adopción del Convenio 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
• Garantizar en todo momento el lograr el consenso entre los pueblos, comunidades indígenas y las autoridades o particulares partícipes de la consulta, con la finalidad de salvaguardar el carácter pluricultural, democrático e incluyente del Estado mexicano.
• Garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.
• Establecer la obligación del Estado a consultar a los pueblos y comunidades indígenas, cuando a nivel federal, estatal o municipal, se prevea implementar medidas legislativas, susceptibles de afectar directa e indirectamente sus derechos colectivos.
• Realizar la consulta sobre la totalidad de la medida legislativa que les afecte de acuerdo a los artículos, párrafos, incisos y numerales que les aflija a sus derechos colectivos.
• Regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.
• Preservar la cultura democrática incluyente del Estado mexicano.
• Establecer mecanismos que conlleven a acuerdos o consentimientos entre los pueblos, comunidades indígenas y las autoridades competentes. Señalando las obligaciones tanto del Gobierno federal, los estados y los municipios.
• Determinar y estipular los lineamientos propicios para la consulta, instruyendo el debido proceso ejercido para la toma de decisiones de carácter vinculante, que sea de directa repercusión en el desarrollo de las comunidades indígenas, cuando se prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar en sus derechos colectivos a los pueblos y comunidades indígenas.
• Fijar las consecuencias jurídicas en caso de no respetar el derecho a la plena consulta de los pueblos y comunidades indígenas.
• Propiciar condiciones objetivas capaces de generar certidumbre, transparencia y confianza en las consultas realizadas.
• Incorporar los resultados emanados de dichas consultas como iniciativas, o reformas a la ley cuando sea el caso, así como incorporar temas relevantes al Plan Nacional de Desarrollo.
• Integrar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como el órgano que ejecutará las consultas a los pueblos y comunidades indígenas.
• Integrar al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas como el traductor oficial de toda consulta a realizarse, estableciendo la consulta en castellano y traducida a la lengua nativa de los sujetos a consulta.
• Informar con precisión a los 62 grupos etnolingüísticas en colaboración con el INALI.
• Derivado de la aprobación de la reforma energética, esta iniciativa retoma el tema de la consulta previa, libre e informada para llegar a los acuerdos necesarios y beneficios para los pueblos y comunidades indígenas; consultando la figura de la servidumbre legal de hidrocarburos, las contraprestaciones, los términos y las condiciones de uso, goce o afectaciones de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, que otorgue el Ejecutivo federal, empresas productivas del Estado o particulares, en regiones con asentamientos indígenas.
• Adecuar la consulta previa, libre e informada de acuerdo a las circunstancias o referentes culturales de las comunidades y pueblos indígenas. Respetando en todo momento el reconcomiendo a sus instituciones representativas, normas o procedimientos propios y diferencias culturales.
• Se integra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como observadora garante de la salvaguarda al derecho colectivo de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados previamente, de manera libre y plenamente informada.
• Crear mecanismos interinstitucionales, con participación directa de los pueblos y comunidades indígenas a consultar; en la formulación de la consulta previa, libre e informada, evitando todo sesgo político, partidista de dicha información, prevaleciendo y respetando los derechos primordiales de acceso, libertad de expresión, respeto a los usos y costumbres de los indígenas.
• Se designa un Comité Técnico Consultivo según la materia a consultar; quien será la instancia rectora en materia de la consulta indígena, estableciendo las bases para integrar y operar la consulta.
• Se crea un Organismo Técnico Consultor dependiente de la CDI.
• Dentro de las atribuciones del Organismo Técnico Consultor contará con las siguientes atribuciones:
a) Promover políticas públicas para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa libre e informada.
b) Formular criterios, variables, indicadores e instrumentos técnicos generales para la identificación del sujeto de consulta y las posibles afectaciones a sus derechos colectivos.
c) Generar conciliación dentro de los conflictos que obstaculicen los procesos de consulta previa libre e informada en curso o que impidan la realización de los mismos.
d) Dar seguimiento a los procesos de consulta previa libre e informada y a los acuerdos emergentes.
e) Establecer y administrar un registro público de los procesos de consulta previa libre e informada realizados y los acuerdos alcanzados mediante colaboración establecida con el instituto garante de transparencia y acceso a la información.
f) Diseñar e implementar estrategias comunicacionales sobre el derecho a la consulta previa libre e informada y los procesos a ser implementados por las diferentes entidades estatales.
g) Elaborar informes técnicos recomendando la implementación de procesos de consulta así como de respeto a los derechos colectivos.
h) Analizar y emitir opinión en cualquier momento sobre posibles situaciones que vulneren el derecho a la consulta previa libre e informada así como a los derechos colectivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, es una lucha social, una lucha histórica, es una deuda anclada en las desigualdades sociales a la cuales hoy se encuentran orilladas las comunidades y pueblos indígenas.
La importancia de la presente iniciativa recae en el pleno reconocimiento e inclusión de los indígenas con un marco jurídico que les faculta derecho a ser consultados en temas de trascendental importancia dentro de su desarrollo como comunidades y pueblos indígenas; pero sobre todo como mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas.
Notas:
1 Gamio Manuel y otros, Legislación Indigenista de México. Ediciones especiales Núm.38, Instituto Indigenista Interamericano. México, 1958 p.p.198.
2 Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen. E/CN.4/2003/90, 21 de enero de 2003.
México, DF, a 22 de diciembre de 2014.— Diputado Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»
«Iniciativa que expide la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas, suscrita por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, senador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, fracción I, 164, párrafos 1 y 2, 169, 171, fracción I, y 172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México la desigualdad social, la discriminación y la falta de herramientas legales y jurídicas que provean de protección hacia los pueblos y comunidades indígenas es cada vez más evidente.
Los estratos sociales son cada vez más alejados unos de los otros, las repercusiones sociales cada día son más palpables, la ocupación de tierras pertenecientes a indígenas, y los modelos reconocidos en la reforma energética como la figura de servidumbre legal de hidrocarburos, las contraprestaciones, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, que otorgue el Ejecutivo federal, empresas productivas del Estado o particulares, en regiones con asentamientos indígenas, cada vez son más constantes, y dado la reciente reforma energética, y no se garantiza el pleno derecho colectivo de las comunidades indígenas a la preservación, protección de cultura y autodeterminación.
Hoy en día, no existe un marco normativo que regule temas de gran impacto y repercusión directa sobre los intereses de los pueblos y comunidades indígenas; la inexistencia del mismo; no es garante de igualdad entre los mexicanos.
Las desigualdades sociales son un retroceso en las pretensiones democráticas del Estado mexicano, incluso son un claro ejemplo del estancamiento al pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y que no ha cumplido en tiempo y forma lo pactado a través de convenios internacionales.
La lucha por el reconocimiento de los pueblos originarios, es una lucha social, una lucha histórica, es una deuda anclada en las desigualdades sociales a la cuales hoy se encuentran orilladas las comunidades indígenas.
Si bien, hoy en día se cuenta con su reconocimiento pleno de sus derechos como pueblos y comunidades indígenas, los cuales se encuentran establecidos desde la reforma de 2001, en el artículo segundo constitucional, y que sin duda alguna significan un enorme paso hacia el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Sin embargo no es suficiente, no han sido suficientes estos avances en materia de derechos humanos sobre todo el pleno reconocimiento a los derechos de las comunidades indígenas, el estado mexicano y los legisladores mismos, se encuentran aún en deuda con los pueblos originarios, una deuda histórica que no se ha podido saldar.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, se contaron 112 millones 336 mil 538 habitantes en México.
Es necesario precisar el Censo de Población realizado por el Inegi en 2010, mostró que existen un poco más de 15.7 millones de personas que podían ser consideradas como indígenas, de las cuales 6.6 millones de personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena.
Existiendo 62 grupos etnolingüísticas, la gran mayoría se encuentra en situación vulnerable, carecen de servicios básicos de salud, vivienda y educación; reconocemos que no existen los suficientes indicios de fomento para el progreso de los pueblos originarios, y los que hay, no son suficientes.
De conformidad con el resultado de los trabajos realizados de manera conjunta entre el Inegi y con base a la metodología formulada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, para la identificación y cuantificación de la población indígena de México, actualmente ya se cuenta con el Catálogo de Localidades Indígenas 2010, el cual muestra la información actualizada, con datos derivados del Censo de Población y Vivienda de 2010. Cuyo catálogo de localidades indígenas 2010, de la CDI está integrado por un total de 64 mil 172 localidades, que se encuentran clasificadas de acuerdo a criterios de concentración de población indígena en cada una de ellas, agrupándose de la siguiente manera:
• 34 mil 263 localidades con una proporción de población indígena, PI, mayor o igual a 40 por ciento de su población total
• 2 mil 118 localidades con una densidad de población de menos del 40 por ciento de PI y más de 150 indígenas, se consideran localidades de Interés.
• 27 mil 791 localidades con menos de 40 por ciento de PI y menos de 150 indígenas entre su población total.
La conformación de la nación moderna y capitalista, significo que los gobiernos liberales comenzaron por desconocer legalmente todos los pueblos y comunidades indígenas, a las que les negaron su derecho de propiedad colectiva e individualmente, negando su inclusión democrática en temas de salud, cultura, uso y goce de suelo entre otros más.
El no reconocimiento a sus derechos humanos, colectivos y reconocimiento pleno de sus derechos como grupos o pueblos originarios fomenta una clara discriminación. Esta discriminación hacia los indígenas que usan su propia lengua o su vestimenta típica, o incluso por sus rasgos físicos, les afecta seriamente, pues muchas veces les impide el acceso a servicios básicos de calidad, trabajos y oportunidades que sí están disponibles para otros mexicanos. Y es preocupante que el Estado Mexicano no reconozca su derecho a la preservación y salvaguarda de sus usos y costumbres; así como su derecho a la autodeterminación principalmente a la inclusión de temas de directa repercusión que afecten sus derechos colectivos como pueblos y comunidades indígenas.
El Estado mexicano ha firmado y ratificado, diferentes convenios internacionales, que tienen repercusión en ámbito nacional al ser plenamente aceptados por éste, siendo su obligación velar por el cumplimiento de los tratados firmados; lo cual se desentrañaría de la supremacía constitucional, y es en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde se establece el pleno cumplimiento a los convenios celebrados por el Presidente y que son aprobados por el Senado de la República y que se establece de la siguiente manera:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados.
En el mismo ámbito tenemos que referenciarnos principalmente en el artículo 1o. constitucional que dice expresan el pleno gozo de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Por lo expuesto, se debe hacer énfasis en el cumplimiento íntegro del Convenio 169 del Organismo Internacional del Trabajo, OIT, convenio que favorece y dota de pleno derecho a los pueblos y comunidades indígenas, dicho convenio establece en su artículo 6o. y 7o. lo siguiente:
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Artículo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.
2. ...
3. ...
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.
El artículo 17 del Convenio 169 de la OIT, hace énfasis en la consulta cuando se vean transmitidos los derechos sobre las tierras ocupadas o pertenecientes a los pueblos indígenas, estableciendo un mecanismo de protección y consulta ante personas ajenas a la región que pudiesen aprovecharse de la situación en la cual se encuentren los pueblos y comunidades indígenas.
De conformidad con lo anterior, el estado mexicano debe apegarse a los mandatos internacionales referentes a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual representaría una clara inclusión de los pueblos originarios dentro del México moderno.
Los procedimientos para elaborar dicha consulta serán efectuados de buena fe, garantizando el consentimiento y la opinión libre e informada de cada uno de los consultados, la determinación de dicha consulta será vinculante con la elaboración de las diferentes acciones que repercutan de manera directa sobre los intereses generales y particulares de los pueblos y comunidades indígenas.
Por ello es necesario establecer dentro de la misma ley los siguientes conceptos:
a) Buena fe. Se entenderá este principio como el ambiente de confianza, honestidad, transparencia, respeto a los valores, a la pluralidad cultural, de colaboración, generado por las partes involucradas sin dolo ni coacción alguna, así como en el acceso a la información oportuna en su lengua permanentemente en el desarrollo del proceso de consulta en la búsqueda del pleno ejercicio participativo democrático susceptible del bien común, social y pluricultural.
b) Comunidad indígena: es la unidad social, económica y cultural integrante de uno o varios pueblos indígenas, asentados en un territorio determinado, que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.
c) Consentimiento libre, previo e informado: Acto que se realiza a través de un acuerdo que expresa de manera libre la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas, de beneplácito con las acciones que desarrolle el Estado y particulares; previendo analizar los efectos que directamente les aquejen dentro y fuera de las comunidades; garantizando el pleno uso y conocimiento de sus derechos colectivos, sin coacción alguna por parte de terceros. Se desarrolla antes de la adopción de la disposición final para la implementación o ejecución de medidas legislativas o administrativas.
Por otra parte la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el artículo 15, establece la adopción de medidas eficaces de consulta y cooperación con los pueblos indígenas, lo cual promovería las relaciones entre los pueblos, dado que el Artículo 19 de la misma declaratoria se expresa la celebración de consultas por medio de instituciones representativas, antes de adoptar medidas de carácter administrativo o legislativo según sea el caso.
Y el artículo 32, que textualmente expresa:
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.
3. Los Estados proveerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar las consecuencias nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual.
Dado que los pueblos y comunidades indígenas son iguales a los demás pueblos habitantes del país, y siendo mexicanos por nacimiento con igualdad ante los demás, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se les reconoce a los mismos en sus diferencias entre pueblos, sin embargo se debe respetar en todo momento sus derechos humanos. De acuerdo con los principios de la democracia moderna es importante establecer mecanismos de consulta que provean un claro consentimiento social pluricultural.
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en diferentes circunstancias que, es un deber estatal, obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas en la relación de planes o proyectos de desarrollo, inversión o extracción y exploración de recursos naturales en territorios con asentamiento de pueblos originarios u ancestrales, termino por el cual les hace referencia.
En México, los pueblos y comunidades indígenas se enfrentan constantemente dado a su localización geográfica en situaciones de rezago económico o social frente a los demás habitantes de la nación.
Por otro lado se enfrentan constantemente ante la voracidad de empresas nacionales y transnacionales que atentan contra los medios en los cuales se desenvuelven, dado que en muchas de sus regiones se encuentran amplísimas riquezas naturales, minerales y ecológicas; las cuales se encuentran en peligro de preservación, no solo ecológico sino social, lo cual repercute en la conservación de los pueblos originarios.
Recordemos que el asentamiento humano establecido en las regiones indígenas, se encuentra en constante peligro de sus tierras, las cuales han sido habitadas y protegidas por los pueblos o comunidades indígenas a lo largo de muchos años inclusive siglos, en los cuales se encuentran establecidos históricamente.
Si bien la preservación del medio es importante para la actualidad mexicana, el medio en que se desenvuelven los pueblos y comunidades indígenas, así como las determinaciones administrativas de los estados y municipios atentan contra los derechos, y en algunas situaciones, al pleno desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
En diferentes segmentos de la época moderna, los pueblos y comunidades indígenas se encuentran amenazados por la invasión de sus tierras por parte de diferentes empresas de alcance nacional e internacional.
Ejemplos sobran y uno de ellos es lo sucedió en la comunidad rarámuri de huestosachi, en Chihuahua, quien realizo un fuerte reclamo ante las autoridades competentes, abarcando los tres niveles de gobierno; ya que se vieron violentados sus derechos, al ser elaborado y ejecutado el proyecto turístico de “Barrancas del Cobre”, sin consultarlos previamente.
A la par, también contamos con el caso del pueblo de Cucapá, en Baja California; en este caso se vieron violentados sus derechos a la conservación de su cultura, violentando sus usos y costumbres, ya que no se les permitía realizar sus métodos de pesca en los lugares donde se acostumbraba realizarlo por parte de los afectados, al ser estos sitios ubicados en la “Reserva de la Biosfera de la Región del Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado”, sitio que fue decretado sin consultar previamente a las comunidades indígenas cercanas al perímetro.
Otra situación similar la vivió el pueblo de Wirrárika, en el estado de Jalisco, donde su afectación también fue de carácter territorial, dado que la secretaria de Economía otorgo concesiones mineras dentro del territorio de los comunitarios del citado pueblo, en este caso se afectó su derecho a conservar sus usos y costumbres de carácter cultural y religioso.
En los citados casos anteriores se violentaron diferentes derechos como la existencia de los pueblos indígenas, su derecho territorial y obstaculización al disfrute al pleno acceso a los recursos naturales a los cuales sean merecedores por el simple hecho de habitar un región en específico a lo largo de años, preservando sus usos, costumbres que los identifican plenamente como pueblos originarios.
Anteriormente se había violentando su derecho a preservar su identidad cultural, hoy al ser reconocidos como pueblos originarios, se violentan su derechos decidir sus prioridades, a mantener la integridad de sus territorios y; acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos, entre otros.
El derecho a la consulta debe ejercerse de buena fe, de manera previa, libre e informada a fin de dar pleno ejercicio de las facultades otorgadas a los pueblos y comunidades indígenas en el disfrute de sus recursos naturales, económicos, sociales, culturales y educativos.
El desarrollo regional de las zonas indígenas no solo debe propiciar el fortalecimiento económico local, sino que las mismas deberán propiciar mejoras en las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas; y que las mismas sean vinculantes a la opinión pública, en este caso, sean de pleno consentimiento por parte de los pueblos y comunidades indígenas.
El Estado Mexicano debe dotar de una marco jurídico adecuado a la pluriculturalidad sustentada principalmente en los pueblos y comunidades indígenas; por ello es importante para la vida democrática del país, establecer un mecanismo jurídico que actué de buena fe, garante de consensos entre los diferentes actores inmiscuidos en los diferentes temas que afecten de manera directa e indirecta a los intereses de los pueblos y comunidades indígenas.
Lo descrito en el párrafo anterior tiene cabida jurídica al interpretarse el artículo 2º Constitucional en su apartado B, donde hace mención a que toda política necesaria, garantizará la vigencia de los derechos indígenas en su desarrollo integral y; que las mismas deberán ser diseñadas y operadas de manera conjunta a los pueblos y comunidades indígenas.
La consulta hacia los pueblos y comunidades indígenas hoy en día se limita solamente al Plan Nacional de Desarrollo, olvidando el ámbito estatal y municipal.
Sin embargo lo anterior no es suficiente dado que si bien existe esa figura jurídica y que se retoma en la ley que da origen a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en este sentido la consulta deber ejecutarse por la CDI; sin embargo no se establece un mecanismo para diferentes temas de importancia y repercusión directa en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.
La consulta deberá ser celebrada por el principio de buena fe, con carácter previo, informado, adecuado y accesible con la finalidad de llegar a un acuerdo. La consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta previa requiere que el Estado brinde información suficiente implicando una comunicación constante entre el estado y los pueblos o comunidades indígenas.
Los consensos necesarios deberán ser resultado de toda consulta entre autoridades correspondientes, pueblos y comunidades indígenas involucradas en un tema de susceptibilidad que los afecte directamente en todos aquellos que los compete.
Por ello, el estado mexicano deberá establecer la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas a través de un marco normativo capaz de proveer el pleno derecho al acceso a la consulta previa, libre e informada con la finalidad de llegar a los acuerdos necesarios.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se expide la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas para quedar como sigue:
Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas.
Título PrimeroDisposiciones Generales
Artículo 1o. La presente ley es de orden público, interés general y observancia en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía, y jurisdicción, tiene por objeto establecer mecanismos, disposiciones y criterios para consultar a los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 2o. El derecho a la consulta previa, libre e informada es un derecho colectivo y fundamental de los pueblos y comunidades indígenas, siendo un mecanismo democrático garante para la preservación de la unidad nacional en su composición pluricultural.
La consulta previa, libre e informada tiene carácter obligatorio cuando el Estado prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos.
La presente ley tiene como finalidad llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, mediante procedimientos apropiados; entre los pueblos y comunidades indígenas y las autoridades competentes.
La Secretaría de Energía de manera coordinada con la Comisión Nacional para el Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas y elInstituto Nacional de Lenguas Indígenasdeberállevar a cabo los procedimientos obligatorios de consulta previa, libre e informada y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las instituciones correspondientes; con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y; derechos de las comunidades y pueblos indígenas en las regiones donde se desarrollen proyectos de la industria de Hidrocarburos.
Artículo 3o. Para efectos del pleno derecho a la consulta previa, libre e informada; los encargados de la misma, elaborarán la consulta en castellano y la lingüística original de cada pueblo o comunidad indígena a consultar. La consulta se realizará en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Ley.
Artículo 4o. La presente ley tiene por objeto:
I. Garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.
II. Regular el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas
III. Preservar la cultura democrática incluyente del Estado Mexicano
IV. Establecer mecanismos que conlleven a acuerdos o consentimientos entre los pueblos indígenas y las autoridades competentes. Señalando las obligaciones tanto del gobierno federal, los estados y los municipios con apego a su pleno derecho.
V. Determinar y estipular los lineamientos propicios para la consulta, instruyendo el debido proceso ejercido para la toma de decisiones de carácter vinculante, que sea de directa repercusión en el desarrollo de las comunidades indígenas, cuando se prevea la adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar en sus derechos colectivos a los pueblos y comunidades indígenas.
VI. Fijar las consecuencias jurídicas en caso de no respetar el derecho a la plena consulta de los pueblos y comunidades indígenas.
VII. Propiciar condiciones objetivas capaces de generar certidumbre, transparencia y confianza en las consultas realizadas.
VIII. Incorporar los resultados emanados de dichas consultas como iniciativas, o reformas a la ley cuando sea el caso, así como incorporar temas relevantes al Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 5o. La consulta a pueblos y comunidades indígenas es un instrumento democrático mediante el cual ejercen su derecho, a través de la consulta, que será indispensable para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y otros temas de relevancia e impacto directo a sus intereses colectivos.
Artículo 6o. El ejercicio del derecho a la consulta previa libre e informada se enmarca en los siguientes principios y definiciones:
a) Acuerdos. Son las decisiones concertadas entre el Estado y los sujetos a consulta, registradas mediante un documento expreso.
b) Afectación directa. Consecuencias positivas o negativas como efecto posible de una disposición legislativa o administrativa que puedan producir una alteración en las formas de vida, situación jurídica, desarrollo de instituciones propias, transformación integral de territorio, riesgos o amenazas a la existencia física de los sujetos a consulta y alteraciones a las condiciones que permiten su desarrollo cultural
c) Buena fe. Se entenderá este principio como el ambiente de confianza, honestidad, transparencia, respeto a los valores, a la pluralidad cultural, de colaboración, generado por las partes involucradas sin dolo ni coacción alguna, así como en el acceso a la información oportuna en su lengua permanentemente en el desarrollo del proceso de consulta en la búsqueda del pleno ejercicio participativo democrático susceptible del bien común, social y pluricultural.
d) Comunidad Indígena: es la unidad social, económica y cultural integrante de uno o varios pueblos indígenas, asentados en un territorio determinado, que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres
e) Consentimiento libre, previo e informado: Acto que se realiza a través de un acuerdo que expresa de manera libre la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas, de beneplácito con las acciones que desarrolle el Estado y particulares; previendo analizar los efectos que directamente les aquejen dentro y fuera de las comunidades; garantizando el pleno uso y conocimiento de sus derechos colectivos, sin coacción alguna por parte de terceros. Se desarrolla antes de la adopción de la disposición final para la implementación o ejecución de medidas legislativas o administrativas.
f) Consejo consultivo. El que establece la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas.
g) Consulta: Procedimiento técnico-metodológico que sirve como herramienta a fin de establecer los lineamientos a seguir en la construcción de planes, programas, políticas públicas y reformas de carácter administrativo-institucional; y que sirve como claro ejercicio de participación democrática en la política nacional con impacto directo en el desarrollo de los pueblos indígenas.
h) Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
i) CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas.
j) CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos.
k) Directa repercusión: Son lostemas, proyectos, resoluciones administrativas o toda aquella circunstancia que afecte de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas, en su existencia física, económica, ambiental, cultural y existencial.
l) Equidad de Género: Las instituciones inmiscuidas dentro de la consulta, deberán garantizar la equidad de género, respetando el derecho a la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones y su libre determinación ante el proceso de la consulta previa, igualando las oportunidades de los diferentes ámbitos, espacios de toma de decisión , redistribución de recursos y beneficios.
m) IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
n) Información culturalmente adecuada: Son los datos relevantes a discutir mediante el ejercicio de consulta, y todo aquello que tenga trato directo en el claro ejercicio a la información, la misma será de carácter incluyente y de fácil entendimiento para las regiones inmiscuidas en la consulta, la impartición de información se dará en el correcto uso, y ejercicio de las diferentes lenguas según sea el caso.
o) Inali: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
p) Organismos representativos regionales indígenas: Todos aquellos organismos representativos elegidos de acuerdo al sistema normativo de cada pueblo o región indígena.
q) Organismo técnico consultor: Organismo de consulta y vinculación que sirve como puente de comunicación entre el gobierno y los pueblos indígenas integrado por:
a. Representantes de los pueblos indígenas: elegidos de manera directa en conformidad a los usos y costumbre de la región.
b. Representantes académicos: especialistas en materia indígena.
c. Mesa directiva: integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de Asuntos Indígenas.
r) POA: Programa Operativo Anual
s) Pueblos indígenas: entendido como descendientes de los pueblos originarios establecidos en la región geográfica, correspondiente a los países del continente americano en la época de la conquista, que se reconocen a sí mismos como indígenas y conservan su cultura, economía, política, lengua, religión, y tradiciones.
t) PND: Plan Nacional de Desarrollo
u) Reciprocidad: es el respeto mutuo entre las diferentes partes, fomentando la cooperación, intercambio y redistribución en pleno ejercicio de sus derechos en los procesos de consulta.
v) Transparencia: Es la información brindada de manera oportuna y suficiente emitida por las diferentes instancias responsables de la Consulta, de manera oportuna respecto a la medida objeto de la consulta, cuya presentación deberá incluir posible afectación directa, impactos positivos o negativos según sea el caso. De la misma manera el sujeto de consulta, brindará la información suficiente, oportuna sobre aspectos relevantes y necesarios para el debido proceso y realización de la consulta.
Artículo 7o. Son sujetos obligados a consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando prevean actos administrativos o de carácter legislativo que los afecten de manera directa:
a) Cámara de Diputados y de Senadores.
b) Dependencias y entidades federativas de la administración pública federal.
c) Congresos estatales o locales.
d) Dependencias estatales y municipales o territoriales.
Artículo 8o. La consulta se adecuara a las circunstancias o referentes culturales de las comunidades y pueblos indígenas; en todo momento se reconocerá y respetara sus instituciones representativas, normas o procedimientos propios y diferencias culturales de los pueblos y comunidades indígenas con pleno apego al marco normativo vigente.
Artículo 9o. Las instituciones, autoridades y representantes de los pueblos y comunidades indígenas participarán en el diseño, aplicación, integración y evaluación de la consulta en sus resultados, presididos por principios de respeto a los usos y costumbres de cada pueblo o comunidad indígena, diversidad cultural y lingüística, equidad de género, representatividad pluricultural y efectiva transparencia.
Titulo SegundoDe la Consulta Previa, Libre e Informada
Capítulo IDe los sujetos a consulta
Artículo 10. Son sujetos de derecho a la consulta previa, libre e informada los pueblos y las comunidades indígenas erigidas en todo el territorio nacional. El estado garantizará en todo momento el libre y pleno acceso a este derecho, amparando medidas pertinentes para hacerlo pleno y efectivo en temas de primordiales en los asuntos públicos que les concierne directamente.
Artículo 11. Se entienden como sujetos de derecho a la consulta previa, libre e informada, teniendo personalidad jurídica en los términos para efectos de la presente ley:
a) Pueblos indígenas: Son aquellos representados por sus autoridades e instituciones representativas elegidas de acuerdo a los usos y costumbres regentes dentro de los mismos.
b) Comunidades Indígenas: Aquellos a través de las autoridades representativas ante los órganos de gobierno o de manera directa, con pleno consentimiento de la asamblea u órgano de gobierno de carácter tradicional de la comunidad.
c) Comunidad Indígena Migrante: Representados a través de sus representantes e instituciones claramente reconocidas por medio de asambleas o lineamientos establecidos por sus sistemas normativos de su respectiva región o comunidad.
d) Comunidad indígena radicada en zonas urbanas: entendidas como migrantes indígenas serán sometidos a los requisitos previstos en el párrafo anterior.
Artículo 12. El Estado debe consultar a los pueblos y comunidades indígenas cuando a nivel federal o estatal, se prevea implementar medidas legislativas, susceptibles de afectar directamente sus derechos colectivos. La consulta se realizará sobre la totalidad de la medida legislativa o aquellos artículos, párrafos, incisos y numerales según concierna; y cuando a nivel federal o estatal, se prevea implementar medidas administrativas como planes, programas, proyectos, obras o actividades de desarrollo que pudieran afectar directamente sus intereses.
Artículo 13. A efectos de notorio impacto previo a pueblos y comunidades indígenas, los mismos, a través de sus autoridades representativas o de manera colectiva, solicitaran la consulta previa, libre e informada en primera instancia a la dependencia que consideren les afecte de manera directa en su desarrollo cultural, ambiental, económico y social sin impedimento alguno, turnándose inmediatamente a la CDI para la evaluación de su petición y ejecución.
El procedimiento administrativo para el tratamiento de las solicitudes se establecerá en el reglamento de la presente ley.
Capitulo IIDe la materia y objeto de la consulta
Artículo 14. El objetivo principal de la Consulta previa, libre e informada, es en todo momento lograr el consenso entre los partícipes, con la finalidad de salvaguardar el carácter pluricultural, democrático e incluyente del estado mexicano.
Artículo 15. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas se realizará cuando afecten de manera directa los derechos de los mismos, cuando exista medidas de carácter administrativo o legislativo que los afecten de manera directa e indirectamente sobre sus terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales y recursos naturales existentes dentro sus comunidades.
Artículo 16. Será objeto de consulta:
a) Planeación del desarrollo nacional y regional en zonas indígenas.
b) Planes y proyectos referentes a políticas de salud, desarrollo económico, cultura, educación y turismo.
c) Planeación del sector agrario de las regiones con asentamientos de comunidades y pueblos indígenas.
d) La servidumbre legal de hidrocarburos, las contraprestaciones, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, que otorgue el Ejecutivo federal, Petróleos Mexicanos y demás empresas productivas del Estado y particulares. Tratándose de propiedad privada, podrá convenirse la adquisición o reparación de daño.
e) La explotación y uso turístico del medio ambiente con asentamiento indígena.
f) Las medidas legislativas o administrativas que afecten su desarrollo efectivo como comunidad.
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo y la planeación municipal en materia indígena.
Artículo 17. Las siguientes medidas no son objeto de consulta:
a) Las medidas legislativas o administrativas relacionadas a la seguridad y defensa del Estado.
b) Las medidas legislativas o administrativas para la atención de catástrofes o desastres naturales, atención de epidemias o emergencias sanitarias.
c) Las medidas legislativas o administrativas destinadas a garantizar la seguridad ciudadana o el control de ilícitos tipificados en normativa legal vigente.
d) Las medidas administrativas planificadas y diseñadas participativamente en el marco de sus instituciones y procedimientos propios, destinadas a fortalecer los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 18. Será obligación del Estado, a través del gobierno federal, estatal y municipal, promover e implementar procesos de consulta previa libre e informada entre los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 19. Los pueblos y las comunidades indígenas serán consultados en temas de impacto directo a su interés, en la elaboración de planes nacionales y regionales de desarrollo; contando con previo tiempo para su análisis y difusión, de tal manera que puedan ser consultados ampliamente por parte de las autoridades competentes en los tres ámbitos de gobierno.
Artículo 20. Los pueblos y las comunidades indígenas en todo momento podrán solicitar ante instancias competentes, instituciones educativas, y especialistas en los materia a consulta; el asesoramiento técnico, teórico y legal; garantizando su libre acceso pleno a la información.
Artículo 21. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como sus delegaciones estatales, brindaran la información necesaria, sin restricción alguna, siempre y cuando no se contraponga a los lineamientos jurídicos regentes en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Capitulo IIIOrganismos consultores
Artículo 22. Corresponde a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Inali, en el ámbito de sus respectivas competencias en colaboración con las dependencias y entidades federativas realizaran la consulta previa, libre e informada; con pleno apego a derecho, bajo principios de buena fe, en las lenguas originarias correspondientes, cuando se afecten de manera directa los intereses de los pueblos y comunidades indígenas.
El Inali colaborara en la traducción lingüística de toda consulta previa, libre e informada correspondiente.
Para el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la organización y desarrollo de la consulta será responsabilidad de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicasen el ámbito central; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.
Artículo 23. La Cámara de Diputados y de Senadores realizara la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas cuando se prevea legislar en temas que afecten de manera directa el desarrollo económico, cultural, ambiental, territorial y legal de los pueblos, y comunidades indígenas.
Se asignará un presupuesto destinado para efectos de las consultas, por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos estatales. La organización de la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas recaerá en la responsabilidad de ejecución por parte del gobierno federal, estatal y municipal, autoridades e instituciones correspondientes en coordinación con el IFAI, la CDI e INALI. Se garantizara en todo momento que los gastos ejercidos enla realización de la Consulta, serán responsabilidad de las autoridades o sujetos obligados de conformidad con la presente Ley.
Artículo 24. La Comisión Nacional para el Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas creara un Consejo Consultivo de acuerdo a lo establece la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas ampliándole las facultades necesarias para vincular los resultados de las consultas en la toma de decisiones correspondientes al tema a consultar.
La Comisión Nacional para el Desarrollo Nacional de los Pueblos Indígenas en coordinación con el Ejecutivo federal, la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, los estados y municipios a través de las autoridades correspondientes, crearan mecanismos interinstitucionales, con participación directa de los pueblos y comunidades indígenas a consultar; en la formulación de la Consulta Previa Libre e Informada, dicha formulación evitara todo sesgo político, partidista de dicha información, prevaleciendo y respetando los derechos primordiales de acceso, libertad de expresión, respeto a los usos y costumbres, como también se garantizara en todo momento a través del Inali la traducción correcta a las lenguas y en castellano, los contenidos de dicha consulta.
Artículo 25. Los lineamientos y criterios para la celebración de dicha consulta, serán regidos por principios de buena fe, designando un Comité Técnico Consultivo, según la materia a consultar. El Comité Técnico Consultivo será la instancia rectora en materia de la consulta indígena, estableciendo las bases para integrar y operar la Consulta. El Organismo Técnico Consultor será puente de comunicación entre el gobierno, las comunidades y pueblos indígenas
A dicho Comité Técnico Consultivo se le garantizara en todo momento el apoyo administrativo, económico e informativo necesario para la realización de sus funciones como órgano logístico de formulación, elaboración e implementación de dicha consulta.
El Comité Técnico Consultivo será integrado por dos representantes de la CDI, dos representantes del Inali, dos representantes del gobierno federal o local, según sea el ámbito correspondiente a consultar; finalmente se contará con la presencia de dos representantes indígenas, elegidos por sus usos y costumbres de acuerdo a su composición política autónoma.
En todo momento se podrán realizar diferentes eventos de promoción y difusión de dichos temas a consultar, convocando a foros regionales y abiertos.
La consulta se realizará en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente ley.
Artículo 26. Se crea un organismo técnico consultor dependiente del órgano ejecutivo.
La CDI deberá consignar dentro de su presupuesto anual los recursos necesarios para cubrir los gastos que demanden el funcionamiento y cumplimiento de las atribuciones del organismo técnico consultor.
Dentro de las atribuciones del organismo técnico consultor contará con las siguientes atribuciones:
a) Promover políticas públicas para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa libre e informada.
b) Formular criterios, variables, indicadores e instrumentos técnicos generales para la identificación del sujeto de consulta y las posibles afectaciones a sus derechos colectivos.
c) Generar conciliación dentro de los conflictos que obstaculicen los procesos de consulta previa libre e informada en curso o que impidan la realización de los mismos.
d) Dar seguimiento a los procesos de consulta previa libre e informada y a los acuerdos emergentes.
e) Establecer y administrar un registro público de los procesos de consulta previa libre e informada realizados y los acuerdos alcanzados mediante colaboración establecida con el IFAI.
f) Diseñar e implementar estrategias comunicacionales sobre el derecho a la consulta previa libre e informada y los procesos a ser implementados por las diferentes entidades estatales.
g) Elaborar informes técnicos recomendando la implementación de procesos de consulta así como de respeto a los derechos colectivos.
h) Analizar y emitir opinión en cualquier momento sobre posibles situaciones que vulneren el derecho a la consulta previa libre e informada así como a los derechos colectivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Titulo TerceroDe la Petición y Ejecución de la Consulta Previa
Capítulo IDe la petición de consulta
Artículo 27. Será peticionario de Consulta Previa, Libre e Informada; todo pueblo o comunidad indígena en los términos establecidos en esta Ley, se garantizara en todo momento la consulta, cuando se demuestre afecte directamente los intereses y desarrollo; de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 28. Las asociaciones civiles de carácter indígena, plenamente identificados como tal, podrán solicitar la consulta previa, libre e informada cuando se demuestre la afectación directa a los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Así como los sujetos obligados, mencionados en el artículo 7o. de la presente ley.
Artículo 29. Las comunidades y pueblos indígenas solicitaran consulta en temas de su importancia, y podrán instrumentar los resultados de la consulta como propuestas de dictámenes legislativos que propicien su pleno desarrollo social, cultural, regional, agrícola y económico.
Cualquier petición se presentará ante las autoridades correspondientes, con la acreditación y reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas, respetando su autonomía de conformidad a lo establecido por la Constitución.
La acreditación y aceptación de la consulta se realizara cuando se demuestre plenamente la representatividad de los pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 30. Se considera que existe afectación directa hacia los pueblos y comunidades indígenas cuando se relacione de manera directa la afectación en temas referentes al artículo 16 de la presente, a excepción de los mencionados por el artículo 17 de la presente ley.
Dicha consulta se realizara de buena fe, en un dialogo constante, pleno, libre e informado; dicha información deberá ser suficiente, comprensible y traducida en las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas consultadas.
Capítulo IIDel Proceso de la Consulta
Artículo 31. La Consulta se proveerá con tiempo suficiente para su ejecución; se otorgara el tiempo necesario para la formulación de la misma, se establecerá un lapso de tiempo considerable para su pleno estudio y respuesta por parte de los pueblos y comunidad indígena consultada; previa a la aprobación y ejecución de medidas legislativas y administrativas.
Previo al acuerdo entre la CDI y el sujeto de consulta, la CNDH podrá participar en calidad de observador en los procesos de consulta previa, libre e informada, sujetando su ejercicio a la reglamentación especifica de la presente ley.
En materia del presupuesto de egresos de la federación, la consulta se realizara con el tiempo suficiente previo a la presentación del proyecto de egresos.
Artículo 32. La consulta se podrá realizar de manera directa, e incluso por la implementación de foros de participación directa. La consulta en todo momento contara con los motivos, y objetivos que se pretenden alcanzar con la misma.
Artículo 33. El organismo técnico consultor al inicio del procedimiento de consulta, de manera íntegra y responsable dotará con la información suficiente, estableciendo claramente el objetivo de la consulta, su naturaleza, la temporalidad de la misma, su alcance y recursos destinados para la realización de la misma.
Artículo 34. Para la implementación de la consulta previa libre e informada se contaran con estudios de impacto cultural, ambiental, económico y social. La emisión de la convocatoria al proceso de consulta contara con los medios pertinentes de acuerdo a la naturaleza de los inmiscuidos en la consulta para la difusión de la misma.
Artículo 35. El organismo técnico consultivo en su carácter de mediador, en todo momento garantizará la implementación de medios de difusión y medios complementarios de difusión; siempre actuado de buena fe.
Artículo 36. La planeación de la consulta se regirá por principios de buena fe, y su elaboración consistirá en las siguientes etapas:
1. Identificación de la medida legislativa o administrativa, plan, programa, proyecto, obra o actividad y la susceptibilidad de afectación directa a los derechos colectivos.
2. Identificación del sujeto de la consulta previa libre e informada y determinación del ámbito territorial.
3. Determinación del grado de susceptibilidad de afectación directa a los derechos colectivos.
4. Programación de la consulta.
5. Difusión.
6. Implementación lingüística bajo un proceso técnico y metodológico; respetando siempre los usos y costumbres de cada pueblo consultado.
7. Ejecución de la consulta
8. Publicación y vinculación de los resultados emanados de la consulta, previa, libre e informada.
Lo anterior se regirá de acuerdo a los lineamientos expresados por la presente ley y por lo establecido en la Constitución.
Artículo 37. El comité técnico consultivo emitirá los procedimientos específicos, técnicos y metodológicos para la realización de la consulta. La metodología implementada en la consulta dependerá significativamente del perfil de los consultados, de los objetivos de la consulta, la cobertura y condiciones humanas y materiales de donde se lleve a cabo.
Artículo 38. Se celebrarán convenios de coordinación por parte de las autoridades competentes en los distintos órdenes de gobierno para realizar la consulta en concordancia con las leyes de la materia a consultar, bajo lo establecido por la presente ley.
Artículo 39. Las consultas se efectuaran en los siguientes pasos estratégicos de acción de consulta:
I. Organización y difusión de la Consulta a realizarse por parte de los Sujetos Obligados a Consultar.
II. Se informará con previo aviso a los actores de los temas a consultar mediante medios de difusión adecuados a la naturaleza de los mismos.
III. Aplicación: la consulta se llevara a cabo por los autorizados previamente por parte de las autoridades competentes según sea el caso y por las autoridades mencionadas por los artículos 22 y 23 de la presente Ley.
IV. Una vez realizada la consulta se integraran los datos arrojados por la misma, el resultado o resultados se difundirán de acuerdo a los diferentes medios de comunicación que sean adecuados a la naturaleza de la consulta en concordancia con la capacidad comunicativa establecida en la región.
V. Seguimiento y evaluación de resultados; el Comité Técnico Consultivo será el órgano responsable para la presente actividad. A su vez, tendrá la tarea de vincular los resultados emitidos por la consulta con el o los organismos que solicitaron la Consulta.
El Comité Técnico Consultivo elaborará un plan de trabajo con base a los resultados emitidos por la consulta; y tendrá la posibilidad de emitir recomendaciones y propuestas para definir e integrar el informe final que dé a conocer los resultados y recomendaciones para ser incluidas en las políticas y programas de gobierno y/o iniciativas o reformas legislativas.
Artículo 40. La consulta contara con un formato universal para su implementación cuyo contenido, mínimo, deberá contar con los siguientes tenores:
a) Asunto, tema y materia de la consulta.
b) Actores interesados para la realización de la consulta.
c) Objetivos generales de la misma.
d) Bases de participación.
e) Instrumentación técnica y conceptual de la consulta.
f) Sedes y fechas de celebración de la consulta.
Los lineamientos anteriores deberán estar redactados en la lengua madre de cada pueblo o comunidad indígena consultado, así como en castellano; la concordancia del contenido deberá ser claro, precisa y concisa, sin prestarse a mal interpretación alguna, tanto por consultados como por consultores.
Capítulo IIIDe los Resultados de la Consulta
Artículo 41. Los resultados de la consulta estarán plenamente aceptados por los pueblos y comunidades indígenas, los resultados de la consulta tendrán carácter vinculante con las autoridades competentes.
Los resultados estarán emitidos por un acta que conste de los siguientes datos:
a) Tema de consulta;
b) Antecedentes históricos, culturales y sociales;
c) Objetivos;
d) Actores consultados, lengua y localización geográfica;
e) Metodología utilizada en la aplicación de la consulta;
f) Medios implementados para la difusión de la misma;
g) Seguimiento y plan de trabajo realizado;
h) Conclusiones y;
i) Propuesta.
La protección y difusión de los resultados de la Consulta serán regidas de acuerdo a las disposiciones emitidas por el IFAI.
Artículo 42. Los acuerdos suscritos entre los participantes de la consulta, como resultado del proceso de consulta, son de cumplimiento obligatorio para las partes, teniendo validez legal, con carácter exigible en instancias administrativas y jurisdiccionales. Serán registrados mediante documento expreso, mismo que se constituye como instrumento público.
Los acuerdos serán de carácter obligatorio para toda instancia federal, estatal y municipal, así como empresas, estatales o privadas, cooperativas u asociaciones productivas con las actividades consultadas.
Artículo 43. El comité técnico consultivo implementará las medidas necesarias a efecto de validar los resultados de la consulta, frente a los sujetos obligados a consultar.
El gobierno federal, el Congreso de la Unión, entidades federativas, los estados, Congresos locales, municipios, entidades estatales, serán sujetos a validar los resultados emitidos por la consulta; agotando los mecanismos necesarios para la conciliación de acuerdos entre las autoridades competentes y los pueblos o comunidades indígenas consultadas.
Artículo 44. Los convenios que resulten del proceso de consulta por actos administrativos serán objeto de convenio entre los órganos responsables, estableciéndose como derecho público.
El resultado del proceso de consulta de carácter legislativo; y los resultados de la consulta, serán publicados y enviados al Ejecutivo federal, Congreso de la Unión o a las comisiones consultantes, en las entidades estatales, Congresos locales y cabildos respectivamente, para manifestarles el pleno conocimiento de los resultados de la consulta; así como para implementar su aplicación dentro de los dictámenes a elaborar referentes a la materia de la consulta. Los resultados se integraran lo más pronto posible para su discusión de las iniciativas o reformas de ley.
Artículo 45. Los resultados de las consultas deberán publicarse en los medios de comunicación, en la lengua materna de los pueblos o comunidades indígenas consultas y también en castellano para su pleno conocimiento por parte de los diferentes actores involucrados; y público en general.
Artículo 46. De no obtener pleno consentimiento por parte de los consultados en materia de consulta; se emitirá un acta circunstanciada donde se conste la postura de las parte involucradas, para los efectos legales a que haya lugar.
Para el caso de las actividades de servidumbre, reconocimiento, exploración y extracción de hidrocarburos, el resultado de la consulta acuerde la negatividad de otorgamiento. La Secretaria de energía integrara la comunidad indígena dentro de las zonas de salvaguarda en las áreas de Reserva en las que el estado determine prohibir las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
La protección y difusión de los resultados de la Consulta serán regidas de acuerdo a las disposiciones emitidas por el IFAI.
Título Cuarto.De la Penalización
Capítulo ÚnicoDe la penalización
Artículo 47. En las dependencias y entidades de la Administración Pública se establecerán unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.
Las autoridades correspondientes establecerán las normas y procedimientos para que las demandas del público sean atendidas y resueltas; con eficiencia y eficacia.
Los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de las quejas y denuncias a las que se refiere el artículo anterior y de evitar que con motivo de éstas se causen molestias indebidas al quejoso.
Incurre en responsabilidad el servidor público que por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación o presentación de quejas y denuncias, o que con motivo de ello realice cualquier conducta injusta u omita una, que lesione los intereses de quienes las formulen o presenten.
Artículo 48. Se considerará como violación a la presente Ley, todo acto que impida la libertad de expresión, todo acto que perjudique o que violente la consulta por parte de instituciones públicas, servidores públicos, terceras personas u otros que se opongan a los lineamientos expresados a la presente Ley; y todo aquello que se contraponga a las condiciones objetivas capaces de generar certidumbre, transparencia y confianza en las consultas realizadas.
Artículo 49. Sera motivo de cesación de actividades administrativas, cuando se ejecuten sin previa consulta a los pueblos o comunidades indígenas, y que los mismos se compruebe su directa afectación a los intereses y haberes de los sujetos de derecho a la consulta previa, libre e informada establecidos por el artículo 9o. de la presente ley.
De acuerdo con el párrafo anterior los afectados podrán solicitar la inmediata suspensión de los actos, hasta que se realice la Consulta. Para la procedencia de lo anteriormente mencionado bastara con la presentación de solicitud por escrito ante la autoridad o institución (es) responsable (s) de la presunta afectación a sus intereses.
Artículo 50. La enajenación de consulta incurrirán en responsabilidad civil y administrativa; todo acto de omisión a lo establecido por la presente ley se regirá por lo establecido en el Código Penal Federal vigente y las sanciones acreditadas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; Ley de Hidrocarburos; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado respectivamente.
Artículo 51. Se establecerán por parte del Estado y autoridades correspondientes, los mecanismos necesarios a efectuar la reparación de todo daño a que fuese sujeto los aquejados cuando la implementación o ejecución de una medida legislativa o administrativa, derive una afectación directa a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas , procediendo a la reaparición a través de los siguientes mecanismos de: restitución, indemnización, rehabilitación y recuperación de las condiciones y espacios para la reproducción de los procesos culturales y productivos de las regiones.
Se garantizará la no reincidencia de violación al derecho a la Consulta establecida por la presente Ley; y en todo momento el cumplimiento a los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas establecidos por la Constitución.
Transitorios
Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los estados y el Distrito Federal adecuarán sus respectivas leyes de conformidad con lo establecido por la presente ley en un plazo máximo de doce meses.
Tercero. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas dispondrán de un órgano de colaboración interinstitucional especializado en el tema de la consulta, a fin de establecer permanentemente la atención y orientación sobre la misma.
Dentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; la organización y desarrollo de la consulta previa, libre e informada será responsabilidad de sus direcciones ejecutivas y unidades técnicas en el ámbito central; en lo concerniente a los órganos desconcentrados, serán competentes los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.
Tratándose proyectos de la industria de Hidrocarburos se coordinará con la Secretaria de Energía para llevar a cabo la obligatoriedad de la consulta en la materia; debiendo llevar a cabo los procedimientos obligatorios de consulta previa, libre e informada necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las instituciones correspondientes.
Cuarto. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos dispondrán de un órgano de colaboración interinstitucional especializado en el tema de la Consulta, a fin de garantizar el acceso pleno a la información y protección de datos en conformidad con sus lineamientos regentes.
Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente decreto.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 22 de diciembre de 2014.— Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor senador. Que se integre al Diario de los Debates el documento íntegro que ha solicitado el señor senador Pedraza. Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores para su dictamen.
DECLARE “2015, AÑO DE LA LEY AGRARIA”
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es el relativo a proposiciones con punto de acuerdo. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Rubén Escajeda, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que decrete que el año próximo se declare: 2015, Año de la Ley Agraria. Y, en ese marco, se emita una moneda, estampillas postales, billetes de lotería y se inscriba dicha leyenda en la papelería oficial de los Poderes de la Unión. Esta iniciativa está suscrita también por diputados y senadores de diversos grupos parlamentarios.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez:Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Estimados legisladores y legisladoras integrantes de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.El día de hoy los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI y en particular los del sector agrario, presentamos un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con la finalidad de que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a que se realicen diversas acciones para la conmemoración del centenario de la formulación de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.
Estamos a unos días de celebrarse el centenario de la promulgación de esta ley, dada en la heroica ciudad de Veracruz por don Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos y jefe de la Revolución, quien tuvo la visión de atender un reclamo social tan profundo que incluso fue uno de los motivos y sustentos de la Revolución Mexicana de 1910.
Gracias a esta ley ya través de sus casi 100 años de vigencia, hoy en día existen miles de núcleos agrarios y a través de ellos los campesinos comuneros y ejidatarios son quienes contribuyen día a día al desarrollo agropecuario del país, y garantizan en gran parte la alimentación de las familias mexicanas.
Esta ley, integrada tan solo por 11 artículos ordinarios y un transitorio, contiene las demandas más sentidas expresadas por el presidente Madero contenidas en el Plan de San Luis, donde ya se hacía referencia obligada del problema agrario en el país y se proponían soluciones.
Asimismo, el general Zapata, jefe del Ejército Libertador del Sur, en el Plan de Ayala reafirmó la exigencia inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos.
Además de lo anterior, la Ley Agraria fue el punto de referencia para lo que posteriormente se plasmaría en la Constitución de 1917, a través del artículo 27, donde se otorgó la garantía en aquel momento de la propiedad social y colectiva de la tierra y de los derechos comunales que hoy en día no son otra cosa sino derechos reconocidos en la propia Constitución.
Destaca especialmente la promulgación del Plan de Guadalupe, redactado y emitido por don Venustiano Carranza, donde se restableció el orden político y jurídico del país y se definió la necesidad de la justicia social aplicada en bienestar de los más necesitados.
Por la fuerza de sus determinaciones, la reforma agraria logró que la propiedad social de la tierra alcance a más de 50 por ciento del territorio nacional y que éste perdure, aun en contra de las fuerzas avasalladoras del mercado y de la tenencia antiagrarista del neoliberalismo.
Los tres documentos anteriormente mencionados fueron referencia obligada para la redacción y promulgación de la Ley Agraria. A partir de ahí se inició el orden jurídico de la propiedad rural.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en el próximo año 2015 se cumplirán, como lo decía, 100 años de la expedición de la primera Ley Agraria, la cual nos otorgó la certeza jurídica, la certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y además imprimió e impulsó decididamente el desarrollo del sector agrario.
La materia agraria desde cualquier perspectiva resulta trascendental para la vida económica, política, social y cultural de nuestro país. Resulta imposible pensar en desarrollo sin considerar al campo; es imposible pensar en soberanía sin pensar en la tierra; imposible pensar en justicia social sin reivindicar las justas demandas de los campesinos y sus familias; es imposible pensar en un proyecto nacional sin entender y asumir el significado y la trascendencia de la Reforma Agraria.
Ya lo dejó claro el presidente de México, la propiedad social de la tierra no se toca ni se modificará la Ley Agraria vigente en este rubro. Por el contrario, ahora es demanda atender más y mejor la tierra para hacerla más productiva, haciéndola más rentable para sus propietarios: los campesinos de México.
En tal virtud los legisladores del PRI, los legisladores del sector agrario del cual soy coordinador, los legisladores, ojalá que así sea, de otras expresiones en esta Cámara, consideramos que el Estado mexicano debe reconocer y refrendar su compromiso declarando el 6 de enero de 1915, como una fecha memorable e irreemplazable de la vida nacional.
De ahí que hemos propuesto diversas acciones que están contenidas en el siguiente
Punto de acuerdo
Primero. –Por cierto punto de acuerdo que fue aprobado en la Cámara de Senadores y propuesto por nuestro dirigente nacional, el senador Manuel Cota Jiménez–. Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta atentamente al titular del Ejecutivo federal para que mediante decreto declare el 2015 Año de la Ley Agraria, en conmemoración del centenario de la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, primera legislación nacional en la materia.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente al titular del Ejecutivo federal para que mediante decreto se autorice la emisión de una moneda conmemorativa del centenario de la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente al titular del Ejecutivo federal para que decrete la autorización de la emisión de estampillas postales conmemorativas del centenario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915.
Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta atentamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, del Poder Judicial de la federación y del honorable Congreso de la Unión a ordenar la inscripción en todos los documentos, oficios y comunicaciones oficiales de su competencia que se emitan durante el año 2015 la leyenda “2015. Año de la Ley Agraria”.
Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a través de su directora general, a que tenga a bien emitir durante el próximo año billetes de lotería alusivos a la promulgación de la Ley Agraria e imprimir la leyenda: “2015. Año de la Ley Agraria”, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 7, así como en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Es de destacar que recientemente, como lo he dicho, este punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Senado de la república, por lo que estimados amigos legisladoras y legisladores de los distintos grupos parlamentarios y expresiones en esta Comisión Permanente, les solicito atentamente puedan votar a favor de este punto de acuerdo que estamos proponiendo a fin de conmemorar como se merece este centenario de la promulgación de la Ley Agraria. Por su atención muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar que 2015 se declare Año de la Ley Agraria; emitir en ese marco una moneda, estampillas postales y billetes de lotería; e inscribir dicha leyenda en la papelería oficial de los Poderes de la Unión, suscrita por diputados y senadores de diversos grupos parlamentarios
Los que suscriben, senadores y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura, al honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración del pleno de ésta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución relativo a la Conmemoración del Centenario de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa Ley Agraria de 1915, fue el primer ordenamiento nacional que se estableció como rama autónoma y específica, empeñada en rescatar los objetivos fundamentales de las luchas agrarias. Sus principales consignas convertidas en norma, fueron la justa repartición y distribución de la tierra mediante el expolio de haciendas. Dicho ordenamiento fue expedido por el entonces Presidente de la Republica Venustiano Carranza el 6 de enero de dicho año en la ciudad de Veracruz, Veracruz.
Las ideas y consignas del eminente abogado Luis Vicente Cabrera Lobato –mejor conocido como Luis Cabrera–, entonces secretario de Hacienda, fueron la base para la redacción de lo que se constituyó como un documento legal radicalmente avanzado a su tiempo, que ya rompía los esquemas de la anquilosada clasificación doctrinaria del derecho, en privado y público, para dar nacimiento a una nueva y desconocida clasificación que ha ido tomando forma desde entonces: el derecho social.
Basta tomar como referencia el apartado de derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917 (laureada a nivel internacional por ser “el primer texto fundamental en consagrar este tipo de derechos”), para darnos cuenta que ya dos años antes se consagraba principios de justicia social a nivel normativo.
No obstante, para lograr que ello tuviera lugar, diversos fueron los movimientos sociales que lucharon por una solución para los problemas referentes a la propiedad de la tierra y el rezago del campo.
La Revolución Mexicana que tuvo su estallido en 1910 encabezada por Francisco I. Madero, es el inicio de una etapa determinante que dio vida a la exigencia pública y oficial por una mejor distribución de la tierra. Momento fundamental, que sentó las bases para lo que después tomó forma a través de la más reconocida de las consignas zapatistas de esa revolución “la tierra es del que la trabaja”.
Fue Francisco I. Madero sin duda, el primero que estampó en un documento revolucionario como lo fue el Plan de San Luis, no solo el convocar al pueblo de México a derrocar por medio de las armas al gobierno de Porfirio Díaz, sino además el propósito de restituir las tierras a favor de los campesinos.
Ya en 1911, ante las dificultades de gobernabilidad del gobierno maderista, encontramos en el Plan de Ayala, de Emiliano Zapata, un documento renovador de la causa agraria de la Revolución, que reafirmó la exigencia inmediata y efectiva de la restitución de las tierras a los campesinos.
Fundamental de igual modo fue el Plan de Guadalupe, documento redactado por Venustiano Carranza, que no obstante tenía como principal objetivo eliminar la pretensión de legitimidad que buscaba Victoriano Huerta, fue determinante para restablecer el orden político y jurídico en el país, al encontrar respaldo de Francisco Villa, Álvaro Obregón y, Emiliano Zapata como principales figuras revolucionarias. Los anteriores documentos, todos, son claros antecedentes que hicieron posible, que se expidiera la Ley Agraria del 6 de enero de 1915.
Dicho ordenamiento, se fundamentó en la propuesta de Andrés Molina Enríquez, que se redactó finalmente en el Heroico Puerto de Veracruz por Luis Cabrera, como colaborador de Venustiano Carranza. El objetivo de la misma, como hoy lo sigue siendo, fue el de lograr una justa repartición de las tierras mediante el expolio de las haciendas y sentó las bases programáticas para resolver de forma paulatina el problema del rezago agrario.
Gracias a la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, y a través de sus casi 100 años de vigencia hoy en día existen miles de núcleos agrarios, a través de ellos, los campesinos, comuneros y ejidatarios son quienes contribuyen día a día al desarrollo agropecuario del país, y garantizan gran parte de los alimentos de las familias mexicanas.
Además de lo anterior, la Ley Agraria, fue el punto de referencia, para lo que posteriormente se plasmaría en la Constitución de 1917, a través del artículo 27, donde se otorgó la garantía, en aquel momento de la propiedad social y colectiva de la tierra y, de los derechos comunales, que hoy en día no son otra cosa, sino derecho reconocidos en sede constitucional, es decir, intrínsecos a la persona, y resguardados bajo el principio de progresividad.
Dentro de la tradición jurídica romana o civilista a la cual pertenecemos, encontramos pocas pero significativas instituciones propia y genuinamente mexicanas, una de ellas y quizá la más importantes junto con el amparo, es sin duda alguna, el ejido, figura consagrada en sede jurídica por primera vez en la Ley Agraria en comento.
En 2015, se cumplirán cien años de la expedición de la primera Ley Agraria, instrumento determinante para otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, y el desarrollo del sector agrario. Sin duda, a través de todos esos años en el devenir de su vigencia, el problema del rezago agrario sigue combatiéndose, no obstante ello, es justo afirmar que la expedición de dicho ordenamiento, supero el propósito de sentar la bases para la distribución de la propiedad agrícola, ya que a lo largo su entrada en vigor y hasta 1992, en nuestro país se continuaron realizando numerosas asignaciones de derechos, ello sin omitir el período de mayor avance en materia del abatimiento del problema agrario, que se registró en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río.
La lucha por la tierra, por su posesión, propiedad y aprovechamiento a través de una mejor distribución de la misma, no ha sido una más, sino la demanda fundamental de los dos más grandes movimientos emancipatorios de nuestro pueblo, que primero tuvieron como producto la independencia, y que después dieron como resultado la revolución mexicana.
Es menester reconocer que los campesinos e indígenas del país son parte forjadora originaria de la nación mexicana. Su fuerza productiva ha generado y sostenido gran parte de la economía a lo largo de la historia.
Por la fuerza de sus determinaciones, la reforma agraria logró que la propiedad social de la tierra alcance más del 50 por ciento del territorio nacional y que ésta perdure aún en contra de la fuerza avasalladora del mercado y de la tenencia antiagrarista del neoliberalismo.
El Estado mexicano no renuncia a la protección de los intereses de los ejidatarios y comuneros. Por el contrario, el respeto a la libertad de los productores rurales, la protección de sus comunidades y el reconocimiento pleno de su autonomía se encuentran inscritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, sin merma de la obligación del Estado para ordenar y normar el conjunto con equidad, así como para proteger a los campesinos.
El Estado mexicano debe declarar en esta fecha memorable en que se celebrará el centenario de la expedición de la ley agraria del 6 de enero de 1915, que la propiedad social de la tierra y el derecho de los campesinos a su explotación racional, a su cuidado y protección, a su permanente aseguramiento, es un programa indeclinable.
Por lo expuesto y fundado se somete a su consideración los siguientes
Puntos de AcuerdoPrimero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta atentamente al titular del Ejecutivo federal, para que mediante decreto declare el “2015, Año de la Ley Agraria”, en Conmemoración del Centenario de la Expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, primera legislación nacional en la materia.
Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta atentamente al titular del Ejecutivo federal, para que mediante decreto se autorice la emisión de una moneda conmemorativa del centenario de la expedición de la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta atentamente al titular del Ejecutivo Federal, para que decrete la autorización de la emisión de estampillas postales conmemorativas del centenario de la promulgación de Ley Agraria de 1915.
Cuarto.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta atentamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, del Poder Judicial de la federación, y del Congreso de la Unión a ordenar la inscripción, en todos los documentos, oficios y comunicaciones oficiales de su competencia que se emitan durante el 2015, la leyenda “2015, Año de la Ley Agraria”.
Quinto.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Junta Directiva de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a través de su directora general, a que tenga a bien emitir durante el próximo año, billetes de lotería alusivos a la promulgación de la Ley Agraria e imprimir la leyenda “2015, Año de la Ley Agraria”, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 7, así como en términos del artículo 8 de la Ley Orgánica para la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 22 de diciembre de 2014.— (Rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si el punto presentado se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí se considera de urgente resolución. Para hablar en pro del punto presentado tiene la palabra el senador Benjamín Robles, por tres minutos.
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya:Muchísimas gracias, diputado presidente. Qué bueno, compañeras y compañeros, qué bueno que legisladores del PRI presenten este punto de acuerdo para declarar el año 2015 como el año de la Ley Agraria. Qué bueno, qué bueno que lo hacen, aunque sea en el discurso demuestren esta preocupación, quieran enaltecer las políticas que en un momento le dieron rumbo y sentido a esta nación.
Lamentablemente a eso he venido también, a subir a la tribuna estos gestos ornamentales, decorativos, insustanciales, palidez en compañeras y compañeros ante los hechos, ante lo que realmente importa.
Efectivamente el 6 de enero de este año en la conmemoración del 99 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria el presidente de la República anunció la preparación de la reforma profunda del campo, donde afirmó que la misma coadyuvaría a detonar la productividad y la competitividad de campesinos indígenas. Pues bien, dicha reforma como tal no se ha presentado por cálculos políticos o por la razón que quieras, pero no se ha presentado, o a lo mejor debiese decir: no, la reforma del campo sí se hizo y se llama reforma energética.
Miren ustedes, compañeras y compañeros, quieren venir aquí los amigos legisladores del PRI a celebrar la Ley Agraria de 1915 cuando hace escasos meses aprobaron la ignominiosa ocupación territorial, cuando en los hechos no hacen más que atentar contra la propiedad social y legalizar el despojo de los recursos naturales.
Hoy la situación del campo es irrefutable, existe una dependencia alimentaria, principalmente –como todos sabemos– hacia los Estados Unidos de casi el 50 por ciento de la demanda interna de alimentos, hay un déficit en la balanza agropecuaria, 2 millones de empleos perdidos en el sector, ha crecido la migración desde el campo mexicano hacia los Estados Unidos y hacia las ciudades más grandes de aquella nación, aumento también sin duda de la pobreza en el área rural.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el 1o. de enero de 1994, cerca de 2.3 millones de campesinos han dejado sus tierras para emigrar hacia los Estados Unidos o a las ciudades de nuestro territorio, las más grandes, y otros 5 millones de productores eligieron dedicarse a actividades distintas con mejores remuneraciones, con el agravante de que existe el riesgo de que México llegue a importar el 80 por ciento de los alimentos que la población demanda.
Es por eso que lo que debiese ocuparnos y preocuparnos hoy no es solamente estas actividades que inclusive estamos dispuestos a aprobar, sino el verdadero exhorto al presidente de la República debiese ser atender la marginación y la pobreza que existe en el campo. Y eso es lo que también debiese dedicarse e interesarles a los legisladores que estamos en esta Comisión Permanente.
Por eso creo que para lograr todo esto, compañeras y compañeros, diputado presiente con esto termino, resulta imprescindible emprender programas de modernización de la administración pública de manera integral y a fondo, a fin de que se opere con mayores índices de eficiencia en beneficio de los productores del campo mexicano, de su productividad, de su innovación y del desarrollo de sus capacidades.
Y ninguno de los puntos que incluye el punto de acuerdo presentado por el diputado proponente lo menciona. Por eso quisiera proponer que se incluya en este punto de acuerdo precisamente lo que tenga que ver con el verdadero rescate al campo mexicano y no nada más medidas ornamentales, que de nada les sirven a la población que vive en el campo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor senador. Senador, consulto, senador Robles, ¿Usted presentó algo por escrito, algún agregado a la propuesta del diputado Escajeda, o solamente fue su reflexión sobre el tema?
El senador Ángel Benjamín Robles Montoya (desde la curul): Sólo mi intervención.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Okey. No habiendo más oradores inscritos, pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese.
AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL TREN INTERURBANO DE PASAJEROS MEXICO-TOLUCA
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del Distrito Federal para que atiendan las solicitudes de información formuladas por los habitantes de los pueblos y colonias afectadas por la construcción del tren interurbano de pasajeros México-Toluca.
El diputado Fernando Rodríguez Doval:Gracias, diputado presidente, con su venia. El 1 de diciembre del año 2012, el gobierno federal anunció la construcción del tren interurbano México-Toluca, dicho tren se prevé recorrerá 58 kilómetros en un tiempo estimado de 39 minutos y conectará el poniente del Distrito Federal con la capital del estado de México, teniendo un costo aproximado de 43 mil millones de pesos.Como se puede ver, este proyecto es de gran calado toda vez que se calcula que transportará cerca de 270 mil personas diariamente, requerirá una importante inversión de recursos públicos y afectará zonas densamente pobladas. Es por lo anterior, que resulta fundamental la participación de la ciudadanía en general.
Hasta ahora, vecinos de las 33 colonias afectadas han manifestado que no han contado con facilidades para acceder a la información sobre los aspectos de esta construcción, que a ellos les afectan directamente.
Han insistido estos vecinos afectados que tanto el gobierno federal como el gobierno del Distrito Federal no han satisfecho hasta ahora algunas solicitudes de información relativas al trazo detallado de la línea, y también cuál será el recorrido, aun cuando sí se sabe dónde estarán las terminales del tren, no se sabe cuál será el recorrido de esta obra.
Tampoco se sabe, eso manifiestan los vecinos, si este proyecto se encuentra acabado, en virtud de que los representantes del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal únicamente han presentado anteproyectos que no son definitivos.
Tienen también, los vecinos de las zonas afectadas dudas con respecto a los criterios que las autoridades involucradas utilizaron para diseñar la ruta que ha de seguir el tren urbano, ruta que ellos no conocen y que emergen también cuestionamientos sobre si lo que se privilegia es el interés público. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Primero, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Distrito Federal, a que atiendan las solicitudes de información, formuladas por los habitantes de las colonias y pueblos afectados por la construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México, relativas al proyecto ejecutivo de la obra y a los estudios de impacto urbano, ambiental, de movilidad y social.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Distrito Federal, a que reanude el diálogo y las mesas de trabajo con los habitantes de las colonias y los pueblos afectados por las obras de construcción del tren interurbano México-Toluca. Es cuanto, diputado presidente.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y al GDF a atender las solicitudes de información formuladas por los habitantes de los pueblos y las colonias afectados por la construcción del tren interurbano de pasajeros México-Toluca, suspender la ejecución de la obra y observar las recomendaciones de la CDHDF, suscrita por el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Fernando Rodríguez Doval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presenta al pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de carácter de urgente y obvia resolución.
ConsideracionesLa inversión gubernamental en proyectos de infraestructura tiene implicaciones sumamente deseables: reactiva la economía, genera empleos y puede ser un importante y valioso instrumento estratégico de política fiscal.
Si nos referimos en particular a la inversión en proyectos de transporte público, además de las implicaciones macroeconómicas ya referidas, los beneficios se multiplican: se favorece la movilidad, se eleva la eficiencia, se reducen tiempos de traslado, se fomentan esquemas de transporte más amables con el medio ambiente, se mejora la calidad de vida de los usuarios y se facilita la conectividad entre territorios.
Todas esas bondades, sin embargo, desaparecen si quien ejerce los recursos públicos y diseña el proyecto no está sujeto a controles ciudadanos y a esquemas de rendición de cuentas. Si el gasto se ejecuta en la opacidad, con criterios políticos más que técnicos y sociales, se le abre la puerta a la corrupción y a la arbitrariedad.
El 1 de diciembre de 2012, cuando el presidente Enrique Peña Nieto iniciaba su gestión, anunció como uno de sus cinco compromisos en materia de trenes de pasajeros, la construcción del tren interurbano México-Toluca. Dicho tren, se prevé, recorrerá 58 kilómetros, en un tiempo estimado de 39 minutos; conectará el poniente del Distrito Federal con la capital del estado de México; y tendrá un costo aproximado de 43 mil millones de pesos.
El 28 de febrero de este año, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, firmó las bases de licitación de la obra civil del primer tramo de dicho proyecto, que corre de Zinacantepec al Túnel Poniente. El consorcio ganador está integrado por las empresas La Peninsular Compañía Constructora y Constructora de Proyectos Viales de México, filial de OHL.
La obra civil del segundo tramo, que va de la entrada del túnel en Ocoyoacac hasta los túneles de acceso al DF por Santa Fe, y tiene una longitud de 4.6 kilómetros, quedó a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y su filial Construcciones y Trituraciones.
Respecto al tercer tramo, que va de la salida del túnel hasta la estación del Metro Observatorio, el 6 de agosto de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el convenio marco de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del DF, para que participen en forma coordinada para implantar el programa de infraestructura del proyecto del tren interurbano de pasajeros México Toluca.
En ese documento se estableció que el proyecto ejecutivo del componente ferroviario estaría a cargo de la dependencia federal y su implementación, a cargo del gobierno capitalino. Por lo anterior, a principios de este mes, la Secretaría de Obras y Servicios del DF falló a favor del consorcio CAABSA Constructora, Omega Construcciones Industriales, Prefabricados y Transportes, Grupo Corporativo Amodher, Cargo Crane y González Soto y Asociados.
Por último, se llevó a cabo una licitación para asignar el contrato que comprende lo relativo a la instalación de vías, suministro, instalación, puesta en marcha del material rodante, de los sistemas ferroviarios, de comunicación y señalización.
En este último aspecto, la oferta presentada por el consorcio encabezado por la empresa CAF e integrado por 9 empresas más, con un valor de 13 mil 570.1 millones de pesos, fue aceptada por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT.
Como se ve, el proyecto del tren interurbano México-Toluca es de gran calado, se calcula que transportará a cerca de 270 mil personas diariamente, requerirá una importante inversión de recursos públicos y afectará zonas densamente pobladas.
Por lo anterior resulta fundamental no sólo la participación de un testigo social, tal y como ha ocurrido, sino la participación de la ciudadanía en general.
En febrero de este año parecía que el gobierno federal así lo entendía cuando el secretario Gerardo Ruiz Esparza se comprometió a que el proceso transcurriera “de manera completamente transparente, con estricto apego a la ley y con la mayor participación y eficiencia posible”.
Desafortunadamente, en los hechos, los vecinos de las 33 colonias afectadas no han percibido que el gobierno sea consecuente con sus dichos. Por el contrario, lo que han encontrado son barreras para acceder a información sobre aspectos que les afectan directamente.
Tanto el gobierno federal como el del Distrito Federal han omitido detalles relativos al trazo detallado de la línea. Si bien han indicado dónde se ubicarán las terminales del tren, así como las cuatro estaciones intermedias, el resto del recorrido es incierto para la ciudadanía.
La Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados, en el artículo 24, establece que “para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados”.
En el caso de la obra pública para el tren interurbano, no se sabe si hay estudios de impacto urbano, ambiental, de movilidad y social, que fueron requeridos por los ciudadanos a las autoridades, puesto que se les han clasificado de reservados por considerárseles estratégicos. Lo anterior, en contravención clara del texto constitucional cuyo artículo 6o. establece que la información sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.
Tampoco se sabe si el proyecto ejecutivo se encuentra acabado, en virtud de que los representantes del gobierno federal y del gobierno capitalino, ante los colonos, únicamente manejaron “anteproyectos” que no eran definitivos.
Ante este clima de opacidad y cerrazón, surgen dudas con respecto a los criterios que las autoridades involucradas utilizaron para diseñar la ruta que ha de seguir el tren interurbano; emergen cuestionamientos sobre si lo que se privilegia es el interés público o si el trazo será caprichoso.
Como reacción, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tras recibir queja de parte de los habitantes del lugar, recomienda:
1. Aplazar la ejecución de la obra, hasta que se cuente con el consenso con las personas que habitan las colonias y los pueblos afectados, con base en criterios de afectación económica y social.
2. Reanudar las mesas de trabajo.
3. Se escuchen y atiendan las propuestas de los representantes que acudan a dichas mesas de trabajo.
4. Se brinde información veraz con respecto a los criterios utilizados para el diseño de la obra.
Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con
Puntos de AcuerdoPrimero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Distrito Federal a atender las solicitudes de información formuladas por los habitantes de las colonias y pueblos afectados por la construcción del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México, relativas al proyecto ejecutivo de la obra y a los estudios de impacto urbano, ambiental, de movilidad y social.
Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al gobierno del Distrito Federal a reanudar el diálogo y las mesas de trabajo con los habitantes de las colonias y los pueblos afectados por las obras de construcción del tren interurbano México-Toluca.
Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al gobierno del Distrito Federal para que atienda las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, expediente número CDHDF/III/122/AO/14/D7541.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2014.— Diputado Fernando Rodríguez Doval (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución. Entonces, en votación económica vamos a preguntarles a los que estén de acuerdo, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén de acuerdo favor de manifestarlo. Gracias. Los que estén en contra. Hay mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición y me ha pedido la palabra para hablar en pro la diputada Aleida Alavez Ruiz, hasta por tres minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con su venia, diputado presidente. En efecto, este es un tema que ha habido una revisión en el caso de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con los quejosos, vecinos que obviamente no saben bien a bien a la fecha cuáles van a ser la afectaciones que les causarán estas obras, el impacto ambiental. Como lo dice el punto del diputado Rodríguez Doval, hay una serie de medidas precautorias que habilitó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo cual nosotros no veríamos, en ningún momento, inviable el que se haga este exhorto respetuoso a ambas instancias al Gobierno del Distrito Federal, también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que hagan valer estas medidas precautorias en el sentido de darle cabida también al principio de máxima publicidad.El principio de máxima publicidad que tiene qué ver con la información pública, que tiene que abrirse al conocimiento de la población y que esto también conlleve a que de ser necesario se habilite o se dé cauce a esta queja, a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque estos estudios que han estado haciendo y las investigaciones que ha estado haciendo la Comisión del Distrito Federal en materia de derechos humanos sí están en el momento en el que están encontrando que muchas de éstas información y de quejas que están interponiendo los vecinos que están preocupados con esta obra tienen qué ver con el ámbito federal.
Entonces, yo dejaría que este punto, así como fue inscrito se manejara, dejándole el tercero resolutivo, en donde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Gobierno del Distrito Federal para que atienda las medidas precautorias de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El expediente aquí viene enumerado. Y que en ese sentido se complementará bien a bien el punto de acuerdo que presentó el diputado y nosotros con mucho gusto acompañamos, porque además, insisto, tiene qué ver con el principio de máxima publicidad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. No habiendo más oradores inscritos consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:Se consulta a la asamblea que en votación económica levanten su mano si se considera suficientemente discutido esta proposición. Los que estén a favor. Bájenla compañeros. ¿Cuál mano? La izquierda. Hay mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte ahora si se aprueba.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna:Por la corrección que es diferente.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:Hay un anexo.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna:No. Es que está mal planteado. La cosa se retoma en tercero y se imprime y el diputado ya no dejó. Alguna corrección de una palabra.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, por favor. Porque el diputado leyó el texto, consulto al diputado Rodríguez Doval.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna:Que no son recomendaciones, porque a esa etapa no se ha llegado, son delirantes autores.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Él dice que como leyó.
El diputado Fernando Rodríguez Doval: Está votado.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna: No. Está votado.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Viene si se aprueba. Consulte a la asamblea si se aprueba, señor senador, en los términos en los que lo leyó el diputado Rodríguez Doval.
El Secretario senador Isidro Pedraza Chávez:Por instrucciones de la Presidencia consulto a la asamblea, si en los términos que fue leída la proposición de punto de acuerdo, se aprueba. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando su mano, gracias. Los que estén por la negativa. Hay mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada la proposición. Comuníquese.
CONVOCAR A UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES A LA CAMARA DE SENADORES
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que convoque a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión cuyo objeto es la discusión y en su caso aprobación de las reformas constitucionales en materia de reforma política del Distrito Federal.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna:Gracias, presidente. La reforma política al régimen constitucional del Distrito Federal es una deuda de todos los partidos del Congreso y del gobierno federal con los habitantes de esta generosa, vital, libertaria, progresista ciudad, el epicentro de nuestra democracia.
Mayor democracia siempre se traduce en mayor participación ciudadana, en la solución de los problemas, en la definición de presupuestos. Se traduce en una mejor administración, se traduce en mejores servicios, en una atención de las autoridades a los problemas cotidianos de los habitantes y en una garantía de sus derechos.
La Ciudad de México ha tenido un trato inequitativo a pesar de ser la que más aporta riqueza al país. Hasta 1928 la capital contó con ayuntamientos, los cuales fueron suprimidos por razones políticas con una decisión autoritaria de Álvaro Obregón, que inició un presidencialismo exacerbado que padecimos durante décadas y les había resultado útil reducir a esta entidad a un mero departamento administrativo donde el presidente nombraba y removía libremente al regente de lo que se denominada Departamento del Distrito Federal.
Sin ayuntamientos, sin titular electo, sin órgano legislativo local, este edificio presidencialista y centralista se derrumbó con los sismos del 85. En esa fecha comenzó un nuevo despertar cívico que aceleró la democracia en la capital del país. De manera simultánea a la necesidad de sobreponernos a los hechos trágicos del terremoto que destruyó gran parte de la ciudad con las consecuentes pérdidas de vidas humanas, también se incubó una gran capacidad de organización y una gran necesidad de participación política cuyo cauce desembocó en la creación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1988 con facultades acotadas a hacer reglamentos.
Ese fue el inicio de un proceso sin revesa hacia la plena transformación de la Ciudad de México en un estado de la República con facultades plenas. Este gradualismo realmente exasperante ha sido contrastante con la acelerada diversificación de los habitantes del Distrito Federal que se han constituido en una sociedad informada, organizada, con criterio propio y que rebasa con mucho la capacidad de respuesta del sistema político, sus partidos y sus intereses.
En 1996 la Asamblea de Representantes se transformó a Asamblea Legislativa con facultades acotadas ordenadas por la federación. Se estableció la elección de las jefaturas delegacionales a partir del año 2000. En 1997 se eligió por primera vez al jefe de Gobierno por votación libre, directa y secreta y, desde entonces, la Ciudad de México cuenta con un gobierno propio, gobiernos de izquierda que han marcado la diferencia con otros estados en su modelo de organización, en programas y políticas públicas innovadoras, diseñadas en torno a los derechos de los habitantes y es referente obligado en libertados en todo el país.
El Ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión –al Senado– una iniciativa que permite la culminación de este largo y lento proceso de democratización constitucional de la capital del país.
Ya no hay motivo que justifique no aprobarla y seguir posponiendo la aprobación de esta reforma política del Distrito federal sólo por cálculos políticos que se han traducido en una vil mezquindad para con los habitantes de la ciudad.
En esencia, la iniciativa plantea un trato similar al resto de los estados de la federación; pasa a ser entidad federativa con autonomía en su régimen interior y, por ende, deja de ser un Distrito Federal para ser la Ciudad de México.
Algunos de los contenidos son que los habitantes de la ciudad se organizarán conforme a su propia voluntad, a través de una Constitución local. Se garantiza que la Asamblea Legislativa sea un Congreso local, con rotación de los órganos del gobierno y formando parte del Constituyente Permanente.
Se establece que el gobierno de las demarcaciones territoriales estará a cargo de alcaldías como órganos colegiados, integrados por un alcalde y un consejo. Los concejales se eligen bajo los principios de mayoría relativa y representación proporcional en una proporción 60-40, respectivamente, y se les faculta a acceder a fondos de la Ley de Coordinación Fiscal. Sus atribuciones serían enumeradas en la Constitución en forma general y detallada en la Constitución local.
La hacienda pública de la ciudad y su administración son unitarias y centralizadas, a fin de evitar mayor burocracia y en aras de una mejor organización.
Se establece la competencia del Congreso de la Unión para establecer una Ley de Coordinación entre poderes federales y los de la ciudad, porque se mantiene la condición de ser capital de la república y sede de los Poderes de la Unión.
Se establece un fondo de capitalidad. El jefe de gobierno nombrará y removerá al titular de la seguridad pública y de acuerdo a la Ley de Coordinación entre federación y Ciudad de México. Solo por causas graves podría ser removido por el Ejecutivo federal.
Se amplían las potestades contributivas del jefe de gobierno. Dadas las características de conurbación, se crea un régimen de coordinación metropolitano entre la federación, las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la zona metropolitana. Se establece la necesidad de una asamblea constituyente a realizarse en 2016, con vigencia de 4 meses en horma honoraria, entre muchos otros importantísimos cambios.
El domingo 14 pasado en el Senado, y de conformidad de todos los partidos, se inscribió en el orden del día debidamente publicado en la Gaceta y se dio primera lectura al dictamen de la reforma política al Distrito Federal. Pero el lunes 15, al llegar el momento de pasar a la discusión del presente dictamen, la sesión tuvo que suspenderse ante la deliberada ausencia de legisladores que, aun estando presentes, decidieron reventar el quórum.
Con ello se hace manifiesta la omisión deliberada de concluir la reforma política de la ciudad, dañando directamente a sus habitantes y postergando una vez más la concreción de los derechos plenos para la ciudadanía de la ciudad de México.
El proceso que lleva a la conclusión de la reforma política del Distrito Federal no es nuevo, no es improvisado, llevamos años y en este periodo contó con la voluntad política de todos los partidos, también de todos los actores y sólo la madurez y la congruencia de estos actores políticos, puede lograr que se concrete a la brevedad posible.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo.
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores, cuya fecha de inicio sea el 7 de enero de 2015 y concluya una vez que se desahogue el objeto para el cual se convoca.
Segundo. El único objeto que se abordará en dicho periodo de sesiones extraordinarias, serán las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política para el Distrito Federal. Es cuanto, presidente, Mesa Directiva, senadoras, diputados.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Senadores para discutir y, en su caso, aprobar las reformas constitucionales en materia de la reforma política del Distrito Federal, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, con fundamento en los artículos 67 y 78, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 51, 108, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta el siguiente punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Las reformas al régimen constitucional en la Ciudad de México, no son abstracciones derivadas de ejercicios de especialistas, ni cuestiones que tengan un origen partidista, sino por el contrario, se traducen en aspectos muy concretos en beneficio de sus habitantes. Mayor democracia, significa mayor participación de la ciudadanía en la solución de sus problemas y se traduce en una mejor administración, así lo muestra incluso la estadística, en mejores servicios y en una atención pronta y efectiva por parte de sus autoridades a los problemas cotidianos.
La Ciudad de México ha tenido un trato inequitativo en el diseño del modelo constitucional federal que se ha seguido hasta ahora con lapsos de mayor o menor apertura, pero siempre inequitativo, a pesar de ser la entidad que más aporta a la riqueza de este país, con 17.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al año 2009.
Hasta 1928, la capital del país contó con ayuntamientos, los cuales fueron suprimidos por consideraciones de orden político, que tuvieron que ver, ahora aceptan todos los analistas, con el fortalecimiento de un presidencialismo exacerbado, que padecimos tanto tiempo , y para lo cual resultó útil reducir a esta entidad a un mero departamento administrativo ubicado dentro de la administración pública federal y con atribuciones para el presidente de la República para nombrar y remover libremente al regente de lo que se denominó Departamento del Distrito Federal.
Sin ayuntamientos, sin titular electo y sin órgano legislativo local, la única institución similar a la de las otras entidades del país, en el Distrito Federal, fue durante más de sesenta años el Tribunal Superior de Justicia.
No obstante, la necesidad de cambio estuvo siempre presente, un detonante claro en estos esfuerzos fueron sin duda los sismos de 1985, en los que de manera simultánea a la necesidad de sobreponerse a los hechos trágicos que significaron la destrucción de gran parte de la capital y la consecuente pérdida de vidas humanas, se incubó una gran capacidad de organización y una gran necesidad de participación política, cuyo cauce fue en un inicio la creación de una Asamblea de Representantes del Distrito Federal en 1988, con facultades acotadas a temas administrativos, incluyendo la de hacer reglamentos.
Este fue el inicio de un proceso sin reversa hacia la plena transformación de la Ciudad de México, en una entidad con derechos políticos.
En 1996 se logró lo que hasta este momento es la reforma constitucional más importante para el Distrito Federal: se crea la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (con facultades acotadas para legislar en la entidad del país); se establece la elección de los jefes delegacionales (a partir del año 2000); y la elección del jefe del gobierno del Distrito Federal.
En 1997, se eligió por primera vez al jefe del gobierno del Distrito Federal, por votación libre, directa y secreta, y desde entonces la Ciudad de México cuenta con un gobierno propio, de izquierda, que ha marcado diferencia con las otras entidades del país en modelos de organización y de ejercicio de gobierno, en programas y políticas innovadoras que hoy son referentes obligados de libertad, para todo el país.
No obstante el proceso no ha concluido, pues están pendientes reformas que terminen de dotar a esta Ciudad de México de las herramientas con que cuenta la democracia para acometer los retos públicos.
Las reformas que deben hacerse en este tramo, se refieren, por ejemplo, en el ámbito legislativo, en dotar a la Asamblea Legislativa de facultades plenas para legislar en todas las materias del Distrito Federal, en un esquema análogo al de los estados del país (hasta ahora no puede legislar en materias como la seguridad pública o responsabilidades de los servidores públicos). Darle atribuciones para aprobar la deuda pública de la entidad, como lo hace cualquier congreso local; y para formar parte del constituyente permanente, entre otros.
En cuanto al titular del Ejecutivo local la reforma debe ser tal que le permita, con la intervención en su caso que corresponda al legislativo local, nombrar y remover, por ejemplo, a los titulares de la seguridad pública y la procuración de justicia, sin depender del presidente de la República como hasta ahora.
No hay motivo que justifique seguir posponiendo la reforma política del Distrito Federal. Los cálculos políticos que sólo aplazan la conclusión de este proceso perjudican a la población de la capital del país, pues la democracia es una herramienta que impacta en la mejor gestión y resolución de los problemas cotidianos de las comunidades.
El domingo 14 de diciembre de 2014 en sesión del pleno de la Cámara de Senadores, de conformidad con el orden del día de la sesión, debidamente publicado en la Gaceta 73 de la fecha antes mencionada, se dio la primera lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; del Distrito Federal; y de Estudios Legislativos Primera, el que contenía proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política del Distrito Federal. En sesión posterior, el lunes 15 de diciembre al llegar el momento de pasar a la discusión del presente dictamen la sesión tuvo que ser suspendida ante la deliberada ausencia de legisladores que estuvieron presentes durante el total de las votaciones que habían sido efectuadas a lo largo de la sesión. Con ello, se hace manifiesta la omisión deliberada de concluir la reforma política del Distrito Federal manteniendo a sus ciudadanos en un nivel democráticamente inferior que al de los demás ciudadanos de los demás estado del país.
El proceso que lleva a la conclusión de la reforma política del Distrito Federal, no es nuevo ni improvisado, sólo la voluntad política de todos los actores y su madurez puede lograr que ésta se concrete a la brevedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, convoca a un periodo extraordinario de sesiones a la Cámara de Senadores, cuya fecha de inicio será el 7 de enero de 2015 y concluirá una vez que se desahogue el objeto para el cual se convoca.
Segundo. El único objeto que se abordará en dicho periodo de sesiones extraordinarias serán las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma política del Distrito Federal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2014.— Senadora María de los Dolores Padierna Luna; diputados: Juan Ignacio Samperio Montaño, Aleida Alavez Ruiz, Lilia Aguilar Gil, Jessica Salazar Trejo (rúbricas).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, senadora Padierna. Consulte la asamblea...
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza(desde la curul). Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, senadora. Por favor el micrófono a la senadora Gómez del Campo.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (desde la curul): Muy amable, presidente. Yo sí quería dejar en esta Comisión Permanente muy claro que los senadores del PAN estuvimos con toda la voluntad de que saliera adelante la reforma política para la ciudad de México.
Me atrevería a decir que no nada más los senadores de Acción Nacional, sino los senadores de todas las fuerzas políticas hicimos un gran esfuerzo para poder llegar a una serie de acuerdos.
Efectivamente el dictamen fue aprobado en las comisiones, pero sí quiero aclarar, fue aprobado en las comisiones por unanimidad, pero se había acordado también que algunas de las modificaciones y además sobre todo por lo apretado de los tiempos, serían incorporadas al dictamen.
En último momento el presidente del Senado, el senador Barbosa, por no tener acuerdos con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, presionó para que saliera la reforma política del Distrito Federal sin los acuerdos a los que habíamos llegado.
El presidente del Senado en su momento dijo que la reforma política para la ciudad y por la importancia de la misma, solamente se llevaría al pleno si tenía el consenso de todas las fuerzas políticas. Y lo digo de esta forma porque trataron de darnos la vuelta, de engañar no nada más a algunos de los senadores, sino a los ciudadanos en general.
La reforma política de la ciudad tiene que ser una reforma política consensada con todas las fuerzas políticas, habiendo escuchado a todos los ciudadanos que han querido participar, que además así lo hemos hecho desde la Comisión del Distrito Federal. Quisieras decirles que para acción nacional hay temas...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Senadora, permítame. Me está solicitando la palabra la senadora Padierna. Quisiera proponerles algo. Permítanme someter a consideración el punto que ha planteado la senadora Padierna y, si se admite a discusión, se abre la discusión del tema para no meternos a un debate que no está en la agenda. Permítame para escuchar a la senadora Padierna.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna (desde la curul): Estamos de acuerdo en que el procedimiento es el que usted comenta. Ya se hicieron algunas afirmaciones que, aunque se rechazara que no es de urgente y obvia resolución, de todas maneras tengo que aclarar, precisar lo que está afirmando la senadora.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame. Que termine la senadora Gómez del Campo.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (desde su curul): Solamente concluiría diciendo que para acción nacional es muy importante el que en el año 2015 pueda salir la reforma política de la ciudad, pero no una reforma política que trate de dictar el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Tiene que ser una reforma política consensada desde el Senado de la república.
No es menor cosa hablar de la Constitución para la Ciudad de México. Yo sí pediría, Presidente, que pudiera dejarse esto claro. Si se da el debate por supuesto estamos con toda la apertura de debatirlo desde la tribuna.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su intervención. Senadora Padierna, con qué objeto.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna(desde su curul): Igualmente, para hacer precisiones. En primer lugar decir que el jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo una extraordinaria labor y un trabajo de consensar con todos los actores políticos, con todos los partidos, incluso con el presidente de la república, y fue presentada por el Ejecutivo federal esta reforma.
Creemos en la separación de poderes y en las facultades plenas de un Poder Legislativo y que por lo tanto somos las y los legisladores los que en dado caso podemos hacerle modificaciones a una iniciativa que en este caso fue traída por el presidente de la república.
Que no se nos diga ahora que no aceptamos el cambio de una coma a un documento que fue puesto a nuestra consideración. La iniciativa es realmente histórica. Lo que hizo el jefe de Gobierno del Distrito Federal es sumamente importante y relevante para los habitantes de la Ciudad de México. Por eso es muy importante que se apruebe lo antes posible en un periodo extraordinario de sesiones.
Quisiera decir que en el debate parlamentario siempre hay diferencias, traigo aquí uno por uno de los cambios y quisiera...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Senadora Padierna, permítame, porque...
La senadora María de los Dolores Padierna Luna (desde la curul): Y quisiera retirar...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Porque debo concluir el trámite de su punto de acuerdo. Si se admite a discusión, pues se abre el debate, si no será turnada a la Primera Comisión y habrá el debate, pero concluya su intervención, para no meternos en el debate en un punto que no lo es.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna (desde la curul): Sólo decía...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Por eso le di la palabra también a la senadora Padierna.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna (desde la curul): Sólo decía que el senador Barbosa, como todo el Grupo Parlamentario del PRD, suscribimos la reforma política del Distrito Federal y hace un año, que era idéntica y la hubiéramos votado tal cual fue presentada desde hace un año, también rompieron el quórum. El PAN y el PRI rompieron el quórum dejando otra vez en vilo la reforma política.
Un año después, un diciembre después, un año después vuelven a hacer exactamente lo mismo, reventar el quórum para que no se aprobara la reforma política que fue discutida con los procedimientos y estando publicada en Gaceta y estando a la vista de todos.
No es conveniente que se diga entonces que por un senador se tuvo que retirar toda una discusión que lleva años y que era necesario concluir el pasado 15 de diciembre. Por eso estamos solicitando un periodo extraordinario porque hay dictamen, porque hay acuerdos y porque tenemos tiempo para que se apruebe en 2015.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora senadora Padierna. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:En votación económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí se considera de urgente resolución. En consecuencia está a discusión la proposición. Y ha solicitado la palabra para hablar sobre la proposición la senadora Mariana Gómez del Campo. Es en contra la participación de la senadora Gómez del Campo.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza:Muchas gracias, presidente. Celebro el que podamos abrir el debate sobre la reforma política de la Ciudad de México. Sí quiero señalar que nos encantaría por supuesto que hubiese un periodo extraordinario para la reforma política de la ciudad, pero lo que hay que tener claro es que no hay un acuerdo de todas las fuerzas políticas.
Quiero decir que cada vez que hemos ido a un periodo extraordinario para hablar sobre diversos temas, muy importantes, hay el consenso de todas las fuerzas políticas. Hace un momento la senadora Dolores Padierna decía que hay dictamen, que hay acuerdos. Honestamente no sé de qué acuerdos estemos hablando.
Lo que sí quiero compartir es que para Acción Nacional, desde el día uno y no es nuevo, no es un tema de esta Legislatura, hemos insistido desde hace más de una década en la necesidad de tener una reforma política para la Ciudad de México. De tener una reforma política que realmente fortalezca a los ciudadanos, una reforma política que fortalezca a los jefes delegacionales, que son la figura inmediata de contacto con los ciudadanos.
Desafortunadamente y así lo decimos, el jefe de gobierno no le ha dado la fuerza ni el interés a la figura de jefe delegacional, que está buscando que sean alcaldes. Quiere que se conviertan en alcaldes, pero sin facultades; quiere que se conviertan en alcaldes, pero sin autonomía; quiere que se conviertan en alcaldes, pero sin presupuesto. Esto es lo que no podemos permitir desde Acción Nacional y desde el momento número uno exigimos que dentro de esta reforma política le podamos dar a las delegaciones alcaldías, personalidad jurídica, patrimonio propio y, por supuesto, esto sería darles autonomía.
Por otra parte, también hemos insistido en la necesidad de tener una asamblea constituyente específica que realice la Constitución para el Distrito Federal. Una asamblea constituyente que no esté a las órdenes del jefe de gobierno; una asamblea constituyente que esté integrada por verdaderos constituyentes que estén representando no nada más a los partidos políticos, sino también a muchos sectores de la población que hoy no se sienten representados en el Distrito Federal.
Que tenga además el derecho de presentar iniciativa, como así lo decidió el jefe de gobierno y me atrevo a decir el jefe de gobierno, porque los acuerdos puntuales a los que llegamos el día último del periodo ordinario, que eran acuerdos muy positivos.
Todos estos que estoy aquí enlistando ya estaban bastante avanzados hasta que se recibió la llamada del jefe de gobierno, presionó al Grupo Parlamentario del PRD y desconocieron los acuerdos en el Senado de la República. Y por eso hoy tenía la necesidad de venir aquí a esta máxima tribuna y decir realmente qué fue lo que sucedió el último día del periodo ordinario.
Queremos que el jefe del gobierno no sea el único que tenga derecho a presentar iniciativa, presentar la Constitución, el documento realizado, sino que también los constituyentes tengan esta oportunidad.
Entonces, sí me parece sumamente delicado que esté tratando el PRD, en el Senado, hacerle segunda al jefe del Gobierno del Distrito Federal, para no cambiarle ni un punto ni una coma a la reforma política tan anhelada por los capitalinos, insisto, desde hace más ya, por lo menos, de 14 años.
No tratemos de engañar a la gente. En ningún renglón, en ningún renglón de la reforma política propuesta por Mancera y por algunos del PRD que quieren hacerle segunda, habla, por ejemplo, de los ciudadanos, de la participación ciudadana.
Por un lado, vienen y dan el debate con mucha fuerza sobre las consultas populares, y por otro lado, hacen oídos sordos para la posibilidad de que la Constitución pueda ser sometida a referéndum y que los ciudadanos decidan si sí están de acuerdo o no están de acuerdo con la Constitución, que en su momento plantearía el Constituyente.
Yo solamente quiero dejar muy claro, que por parte del PAN sí queremos una reforma política para la Ciudad de México, pero queremos una reforma política en la que su prioridad sean los ciudadanos.
No queremos una reforma política hecha específicamente para tribus del PRD ni para los demás partidos políticos. Queremos una reforma política ciudadana. Poder salir de aquí y decirle a la gente, en qué te beneficia la reforma política. Y que los senadores y diputados no nos quedemos pensando o viendo, a ver qué les decimos a los ciudadanos, en qué les beneficia lo que pretendíamos aprobar en el Senado de la República.
Hoy esa reforma política, no los engañemos, no les beneficia en nada. Les va a beneficiar si logramos realmente democratizar a la ciudad, si logramos hacer lo necesario para que las delegaciones sean delegaciones fuertes, que trabajen de la mano con los ciudadanos, si les regresamos las facultades que les quitó Andrés Manuel, en su momento, y Marcelo Ebrard también, en su momento, en la que sí había definición de la gente sobre lo que quería que pasara en su colonia.
Por ejemplo, con el tema de uso de suelo. Los usos de suelo es un tema recurrente de los ciudadanos del Distrito Federal. Hoy no pueden ni opinar sobre los usos de suelo, porque las facultades los tienen otros.
Entonces, yo sí quisiera que seamos serios, que no aprobemos una reforma política que no tenga el consenso de todas las fuerzas políticas. Y yo invito a los compañeros del PRD a que dialoguen. Aquí se decía que el jefe del gobierno había hecho un trabajo excelente y perfecto de diálogo con todos los que integramos el Senado de la República.
Yo quiero decirles que por lo menos con Acción Nacional ni siquiera se tomó la molestia de platicar sobre la reforma política que quería para el Distrito Federal. Y tratar de negociar a las 11:50, cuando el periodo ordinario cierra a las 12, creo que no es algo que merezcamos los que vivimos en el Distrito Federal. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ruego a las oradoras y oradores ajustarse al tiempo. Para fijar la postura es hasta por tres minutos. Tiene ahora la palabra la senadora Dolores Padierna para hablar en pro.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna:Gracias, presidente. La iniciativa que se presentó en el Senado llegó hace más de un año. Ésa que llegó hace más de un año es la que trabajó el jefe de gobierno del Distrito Federal, y si se hubiera aprobado hace un año, entonces muchas cosas que hoy eran necesarias incluir, pues entonces no se hubieran modificado, pero como después de un año, pues primero ya empezó el año electoral, ya está en curso el año electoral 2015. ¿Cómo se va a aprobar en sus términos? Evidentemente que hace falta hacer algunos ajustes.
Pero decir aquí que la única responsabilidad de que no se haya aprobado es del jefe de gobierno del Distrito Federal, cuando él no vota, y los que votan se fueron y rompieron el quórum me parece un verdadero contrasentido.
Esto le tocaba votarlo a las y los senadores en diciembre de hace un año. Y en diciembre de hace un año, diciembre de 2013, el jefe de gobierno del Distrito Federal, y yo organicé esa reunión, se reunió con la senadora, con la otra senadora, Gabriela Cuevas, con una comisión del PAN y estuvo presente el PRI y el PRD. Se reunió con todos los que hacía falta para que se aprobara. Aun así fueron a romper el quórum hace un año.
Y aquí hablaba la senadora de... A lo mejor no leyó el último dictamen, pero el dictamen incluye todo lo que ella dijo. Entonces, tal vez le hace falta. Pero no puedo aceptar que diga que en nada le va a beneficiar a los habitantes del Distrito Federal, que no se les engañe. ¿No se va a beneficiar a los habitantes del Distrito Federal si se garantiza que sean ellos los que elaboren una constitución local?
Y el tema del referéndum nosotros lo propusimos. Una de dos: si la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se iba a erigir también en Constituyente, pues entonces tenía que refrendarlo el pueblo de México porque no fue mandatada para eso. O bien, se hacían dos asambleas: la ordinaria normal legislativa y la constituyente que recibiera el mandato del pueblo justo para ese cometido y tardaría en su cometido única y exclusivamente cuatro meses sin derecho a salario para que no fuera eso tampoco una carga onerosa para las finanzas del Instituto Electoral, etcétera.
Pero no va a ayudar a los habitantes el fortalecer las facultades de las alcaldías, el tener concejales, el tener órganos colegiados en las ahora delegaciones políticas, cómo no le va a beneficiar a los habitantes de la ciudad tener órganos más democráticos que órganos unipersonales.
No sé cuál dictamen leyó la senadora, pero se trata efectivamente por su parte, de engañar lo que no contiene esta iniciativa. Y puedo hablar de muchas, el Fondo de Capitalidad es muy importante, el Fondo Metropolitano es muy importante, para dejarlos como el tema de hace ratito si una vía que va de una entidad a la otra, del Distrito Federal al estado de México, bueno con esta instancia de metropolitana pudiera resolverse todos los problemas en cuestión.
Había cinco modificaciones que se propuso por diversos partidos políticos –incluido el mío– a la iniciativa que fue presentada hace un año. Bueno ahí estaba por ejemplo la realización, esto de la asamblea constituyente, está en el séptimo transitorio, si gustan leerlo.
Las atribuciones de las alcaldías están en el séptimo transitorio, ciertamente se puso de mara general las mismas facultades que estaban en el 2006, que por cierto en el 2006 estaba Andrés Manuel López Obrador a diferencia de lo que ella comentó aquí. Y se han venido fortaleciendo las facultades, algunas se centralizaron y estamos de acuerdo en que esas facultades que se centralizaron se le regresen a las alcaldías, las nuevas alcaldías. Además estás facultades se ponen de manera genérica acá, pero se pueden desarrollar, particularizar en Constitución local.
Otro era el acceso a los partidos políticos, a los órganos de representación. En el legislativo a la Presidencia, a los órganos de gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en lo cual estamos de acuerdo, así funciona el Senado, así funciona esta Cámara, se rota por los partidos, la presidencia está rotándose. ¿Quién se opone a eso? Y aquí se dice que no estamos de acuerdo. No.
El acceso a las alcaldías a recursos federales está en el décimo sexto transitorio, donde se establece con toda claridad que las alcaldías tendrán derecho a participar de los recursos federales.
Igual está la facultad de iniciativa de los diputados constituyentes, cómo no vamos a estar de acuerdo en que quien eligió el pueblo de la ciudad para elaborar la Constituyente, tengan facultades también de iniciativa. No hay ningún desacuerdo en lo que se menciona.
Si no hay desacuerdo hay otra razón que no alcanzamos a entender. Yo tenía un desacuerdo –en lo personal–, que se le quitara la palabra de estado y fuera entidad federativa, porque entidad federativa es una entidad de la federación. Pero esta República está constituida por Estados Unidos Mexicanos y ése es el origen de nuestra República y bueno, llamarle entidades federativas, al rato se pada al resto de los estados y entonces vamos debilitando la Constitución de 1917, que pareciera que es otro de los grandes intentos reiterados por algunos. Pero en aras de transitar, también ese obstáculo lo quitamos para poder llegar a consensos.
De tal manera que el reventar el quórum obedeció a otras razones, y no me parece que los habitantes de la ciudad tengan que seguir un año y otro año. Hace un año rompieron el quórum de la misma manera. Hoy otra vez de la misma manera. Se ponen de acuerdo PRI y PAN, nos dejan sin quórum, se salen y no pudimos aprobar algo que estaba plenamente discutido. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, senadora. Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval en contra, hasta por tres minutos.
El diputado Fernando Rodríguez Doval:Con su venia, diputado presidente. Lo primero que quiero dejar muy claro es que para Acción Nacional el tema de la reforma política del Distrito Federal no es un eslogan. Desde 1967 Acción Nacional ha defendido en esta Cámara la necesidad de que el Distrito Federal tenga una organización política, administrativa, económica y jurídica mucho más democrática y mucho más ciudadana.Revisen los Diarios de Debates para que vean cuál ha sido el único partido que siempre ha defendido la necesidad de esta reforma política del Distrito Federal, pero por supuesto queremos una auténtica reforma política para el Distrito Federal. No queremos un traje a la medida del jefe de Gobierno.
Con la propuesta que se estaba discutiendo en el Senado íbamos a tener a un jefe de Gobierno que iba a ser la figura, dentro del constitucionalismo mexicano, que más poder iba a acumular, porque por un lado iba a tener el poder que el artículo 115 otorga a los presidentes municipales, pero por otro lado iba a tener el poder que el artículo 116 otorga a los gobernadores. Ése es el jefe de Gobierno y ése es el diseño institucional que la izquierda de esta ciudad y de este país quería para el jefe de gobierno.
Por supuesto que eso no lo compartimos. Lo que tenemos que buscar es un diseño institucional para el Distrito Federal que privilegie a los ciudadanos. Un diseño institucional que reconozca la enorme pluralidad que hay en esta ciudad.
Esta ciudad, hay que dejarlo muy claro, compañeros, no está escriturada a nombre de ningún partido político. Esta ciudad no le pertenece al PRD ni le pertenece a la izquierda. Esta ciudad es plural en cualquier aspecto desde el que se le quiera considerar y eso lo tiene que reflejar la reforma política del Distrito Federal.
Por eso, Acción Nacional ha insistido desde siempre en la necesidad de que le demos más facultades al órgano que es más cercano a los ciudadanos, a la primera ventanilla al que un ciudadano se acerca para pedir la solución de un problema y esa ventanilla es la de las delegaciones.
No podemos tener delegaciones como las de ahora que, por un lado no tienen presupuesto, no tienen facultades; pero por otro lado, tampoco tienen contrapesos en su interior. Por eso se dan casos tan escandalosos como el del delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia, que es la opacidad total, y casos como él se replican, desgraciadamente, en muchas delegaciones.
Por eso Acción Nacional va a insistir en una auténtica reforma política del Distrito Federal. Insisto, para nosotros no es un eslogan, ha sido un tema recurrente que hemos defendido a lo largo de los últimos 50 años, pero esa reforma tiene que responder a las necesidades de los ciudadanos y tiene que descentralizar el poder.
Hablaban hace unos momentos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Si hacemos un estudio comparado de los 32 Congresos locales, veremos que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene el esquema más vertical y en donde más poder se concentra en la comisión de gobierno.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal es de los pocos Congresos que replican en su organización interna, a la antigua, ya muy superada Gran Comisión que existía hace 20 años en este Congreso de la Unión.
En eso no ha pasado el tiempo en el Distrito Federal, en eso no ha evolucionado la muy progresista Ciudad de México. Así es que empecemos por un diseño que descentralice el poder y que lo ponga en manos de los ciudadanos. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Rodríguez Doval. Tiene ahora la palabra para hablar en pro el senador Isidro Pedraza, hasta por tres minutos.
El senador Isidro Pedraza Chávez:Gracias. Voy a procurar ajustarme al tiempo. Miren, efectivamente, creo que hace falta que fluya la información entre las diferentes bancadas. Porque, muy concretamente, está publicado ya el dictamen y afortunadamente se encuentra en primera lectura. Ahí no hay manera de llamar a nadie sorprendido de qué estamos discutiendo y cuál es la actitud que estamos manejando y definiendo en este momento.
Están muy claros los contenidos acordados y el diferendo principal, compañeros, se había acordado llevarlo al pleno y que en el pleno fuera donde se resolvieran los diferendos.
Ahí era una cuestión aceptada ya por la bancada del PAN y del PRI ahí resolverlo. De tal suerte que lo que estaba de consenso salió por unanimidad, como bien lo dijo la senadora. De tal suerte que ahora nosotros lo que nos toca es en este periodo, sí hacer la excitativa y seguramente como comentaban, no al Senado de la República, sino a la Junta de Coordinación Política para que convoque de manera inmediata a un periodo extraordinario y que pueda hacerse esta discusión particularmente en la Cámara de Senadores como cámara de origen de esta iniciativa.
Lamento que consideren que solamente es un eslogan porque en esa conducta se han venido moviendo. Hemos hecho el esfuerzo desde la reforma política, para sacar completas en mayo del año pasado, estas dos iniciativas y no pudimos en el periodo extraordinario al que se convocó. Aquí hay actores presentes que estuvieron en las discusiones y que sabrán que hubo las condiciones inmejorables para haber logrado esto.
Nos ganó el tiempo y efectivamente ahora se está planteando no solamente elegir una Asamblea Legislativa para este 2015, sino un órgano constituyente, y si es constituyente, sus facultades plenas están en redactar la Constitución. Y cómo sienten que van a estar impedidos para redactar si eso es parte de las facultades que se van a abrogar en ese momento como asamblea.
Se ha considerado incluso profundizar en los temas de esta reforma y se han abordado temas para darles a las alcaldías precisamente todas las facultades que tenían.
Había una diferencia y creo que esa fue la que generó confusión porque Acción Nacional quería que se redactaran en un transitorio más de 60 o 100 cuestiones que estaban en la legislación del 2006 y que era difícil poderlas enumerar en un transitorio y se buscó una redacción que resolviera ese tema, por eso se estableció fundamentalmente que había ya un acuerdo para entrar, porque lo que estaban pidiendo precisamente la cuestión de recursos, la cuestión de la personalidad, de la autonomía jurídica, están retomadas en ese proyecto de iniciativa que ya está prácticamente concluido.
Por eso, compañeros, yo exhorto a que si hubiera manera de que aquí pudiéramos modificar incluso el alcance del punto de acuerdo de la senadora para exhortar a la Junta de Coordinación Política del Senado a que agilice los trámites para que se convoque a un periodo extraordinario, sería lo más correcto que ayudara en este tema y no si la Permanente como está constituida, exhorte al Senado en pleno a reunirse el 7 de enero.
Creo que eso podría ayudar a que contáramos con el respaldo de todos para que pueda tenerse un periodo extraordinario y el tema particular de esto se pudiera dar en circunscrito solamente a desahogar este dictamen que se encuentra ya de la reforma política del Distrito Federal.
Por eso, compañeras y compañeros, los llamo a que asumamos esa posición y que podamos conciliar y avanzar si de verdad lo que nos está aquí uniendo y manifestando la posición es empujar una reforma que de verdad satisfaga a los habitantes de la Ciudad de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, senador. Me ha solicitado la palabra, para rectificar hechos, la diputada Aleida Alavez y por alusiones. Por orden, le cedemos la palabra a la senadora y luego a usted.
La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza:Muchas gracias, presidente. Solamente quisiera decirles que el dictamen fue revisado de manera muy puntual por todos los integrantes de los grupos parlamentarios. Por parte del PAN estuvimos el senador Roberto Gil, el senador Ernesto Cordero, la senadora Gabriela Cuevas y la de la voz.
Quisiera dejar muy claro que efectivamente sí hubo un acuerdo para llegar a tener el dictamen, para firmarlo, y que se fuera a primera lectura. Lo que nunca vimos fueron las reservas que tenía que construir el PRD de la mano con el jefe de Gobierno si estaban de acuerdo o no.
Desafortunadamente, el PRD y el jefe de Gobierno no han mostrado una postura sólida, una postura única de reforma política para la Ciudad de México. Tan es así que yo les preguntaría: El jefe de Gobierno de la ciudad a quién le reclamó que no saliera la reforma política del Distrito Federal. Le reclamó al mismo PRD; no le reclamó ni al PRI ni al PAN, le reclamó al PRD.
Tan es así que el presidente del Senado salió a dar una conferencia, el senador Miguel Barbosa. Y cito textual. Dice Barbosa: “He sido absolutamente leal al jefe de Gobierno”. Estaba efectivamente lavándose la cara. Y me parece importante decirlo porque no quiero que se engañe aquí ni a los diputados ni a los senadores y por supuesto mucho menos a los ciudadanos que seguramente muchos de ellos nos estarán viendo a través del Canal del Congreso.
Quisiera cerrar haciendo un llamado al PRD para que se pongan de acuerdo. Presenten una postura única PRD, jefe de Gobierno y en el PAN estamos listos para debatir y para llevar la reforma política que quieren los capitalinos a la máxima tribuna y poderles dar la Constitución que desde Acción Nacional hemos peleado desde hace muchos años. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra la diputada Aleida Alavez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias. Con su venia, diputado presidente. Pues creo que sí el reclamo del jefe de Gobierno es al PRD el PAN por qué se salió de la sesión. Nosotros, como registramos los hechos, precisamente estábamos en sesión en la Cámara para esperar dictámenes del Senado, dos muy importantes para el PRD, que era la desindexación del salario mínimo y el tema de la reforma política, y lamentablemente nos llegan con la sorpresa de que el PAN rompe quórum y entonces no se concreta la reforma política.No hay que buscar de entre los partidos cómo esta discusión la podemos enfrentar o no con el jefe de Gobierno, porque el jefe de Gobierno –ya lo dijimos aquí– no vota, el proceso está en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados y de Senadores, por eso nosotros retomamos que haya un exhorto, un llamado a ambas Cámaras para que hagamos un periodo extraordinario si realmente compartimos que es una prioridad esta reforma política en el Distrito Federal, no en slogan, no en discurso, sino en la responsabilidad de estar en las sesiones, cubrir con el dictamen y cubrir con el desahogo en pleno de esta reforma.
Además a mí también me gustaría llamar la atención a todos los grupos parlamentarios en un tema: ustedes firmaron un Pacto por México, y en ese Pacto por México se incluía la reforma política del Distrito Federal, y es la fecha –después de habernos impuesto todas las reformas de ese pacto– que, en el caso de la reforma política del Distrito Federal, ésa no llegó, ésa no se concretó, en ésa se rompió quórum y en ésa no tenemos forma de tener más certeza de cuándos e va a discutir en ambas Cámaras.
Eso, creo, agravia mucho a quienes vivimos y quienes somos representantes del Distrito Federal, porque siguen siendo temas que solamente se enuncian, se priorizan en discurso, pero no a la hora de hacerlos valer en dictamen correspondiente en comisiones y en pleno.
Por eso creo que no podemos aceptar ni que el PRI ni que el PAN nos impongan la agenda política todo el tiempo en cada periodo ordinario, sin que los temas prioritarios de la izquierda se aborden o busquen cualquier excusa para romper la discusión de estas que son prioridades para nosotros.
Además pareciera, y eso también me preocupa, y lo digo con mucho respeto, pero al mismo tiempo con energía en el sentido de que cuando se trata de adecuaciones en la administración pública federal, ahí sí estamos regresando a un centralismo, en donde gobiernan, en donde tienen el poder quieren centralizar, regresar la discusión y la toma de decisiones a las áreas de gobierno federal. Y en donde son minoría ahí sí quieren aperturar todo, hacer que el gobierno acceda.
Aquí también llamo la atención. En la Asamblea Legislativa, que la compararon con la Gran Comisión de Gobierno que antes existía en las Cámaras, qué grave que no haya el reflejo de la historia. Y aquí están, compañeros de la V Legislatura. Y vieron cómo, en aras de la inclusión, de la pluralidad se incluyó a diputados del PAN, más allá del número que les correspondía en la Comisión de Gobierno.
Entonces, no se puede hablar de que no hay apertura, de que no hay un trato en la Ciudad de México a las minorías oportuno, claro, con toda la posibilidad de discutir temas que les preocupan, que les interesan, y no actuamos en la imposición, como sí actúan en la Cámara federal para discutir temas que solamente son de su interés.
Entonces, sí llamaría la atención para que en este caso nos hagamos cargo de que esta Constitución para la ciudad es más que urgente. Necesitamos ya habilitar esto que se está previendo de dos elecciones, la del 15, porque no había forma de establecer una sola para efectos de la Constituyente y que entonces contemos con eso en la Ciudad de México, que se elija la Asamblea Legislativa ordinaria en 2015, porque además estamos ya en el periodo electoral y que haya una elección en 2016 de la Asamblea Constituyente, en donde ahí sí se discutan los pormenores de qué queremos para las alcaldías de la Ciudad de México, en facultades, en presupuesto. Ahí hay toda una disyuntiva de qué hacer con los ingresos de la ciudad.
Hay delegaciones muy grandes, como la que represento, Iztapalapa, en donde nos quedaríamos sin un quinto si hiciéramos una recaudación propia, pero tenemos que buscar esquemas para que ayudemos a que esto sea lo más equitativo para toda la ciudad y que no haya opacidad, o sea, lo que más estamos buscando es que en el caso del DF se esclarezcan las cuentas, lo dijimos en el punto anterior, la máxima publicidad de la información pública, que todos los ciudadanos tengan acceso a ella. Que también –como ya los hay– haya herramientas de participación ciudadana para la toma de decisiones.
No lo decimos sin estarlo haciendo efectivo en la Ciudad de México, el presupuesto participativo, las consultas ciudadanas, la iniciativa popular. Pero necesitamos abonar todos para que esto se haga una realidad.
Por eso creo que de ser un tema que acompañemos todos, no sólo en discurso, sino en toda la disposición que implica hacer de esta discusión una realidad en el Congreso de la Unión, nos hagamos cargo de un periodo extraordinario de la manera más inmediata para que la ciudad cuente ya con un procedimiento certero de qué vamos a hacer en cuanto a la Constitución de nuestra entidad, de nuestra propia Constitución como capitalinos y de una asamblea constituyente que discute todos y cada uno de estos temas con quienes vivimos en la ciudad, que son los habitantes de las 16 delegaciones de esta ciudad.
Y claro que sí, que se vaya a un referéndum, porque tampoco nos creemos los grandes ciudadanos o quienes tenemos la única potestad de la representación. Cuando son temas trascendentales, y así lo dijimos en la reforma energética, no solamente estamos avalados y nosotros habilitados para decidir por la gente. Tenemos que pasar esas discusiones y esa toma de decisiones al poder soberano, a la población que tiene valorar si lo que estamos haciendo es lo correcto y estamos de acuerdo en que se haga un referéndum después de la habilitación de la Constituyente. Eso sería lo más pertinente y lo más democrático para la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada. A ver, se ha agotado la lista de oradores. El senador Pedraza propone una modificación al punto de acuerdo, lo voy a leer y voy a consultar a la asamblea si se acepta la modificación.
Se exhorta a la Junta de Coordinación Política y a la Cámara de Senadores, para que instrumente las acciones necesarias para convocar a un periodo extraordinario en el que se vote el dictamen que se encuentra de primera lectura en la Gaceta de la sesión del 15 de diciembre.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se admite esta modificación. Ya no la repita nada más consulte.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se acepta esta modificación. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Quienes estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: No se acepta. Ahora consulte la Secretaría a la asamblea si la proposición presentada por la senadora Padierna, solicitada de urgente resolución, se aprueba.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia se rechaza.
ACUERDOS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es lo relativo al acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente con relación a la integración de las comisiones de trabajo del primer receso del tercer año legislativo de la LXII Legislatura. Ruego a la Secretaría ponga a consideración el acuerdo, dándole lectura al resolutivo.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
La Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 123 y 127, de la Ley Orgánica del Congreso; así como 175 y 176, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerdo para la integración de las comisiones para el despacho de los negocios de su competencia, de conformidad con las siguientes
Consideraciones
I. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es el órgano constitucional que funcionará durante los recesos de éste, siendo integrado por 37 legisladores, de entre los cuales 19 son diputados y 18 son senadores, que representan a sus grupos parlamentarios de conformidad con la configuración con la que cuente cada Cámara.
II. Que de conformidad con el artículo 127 de la Ley Orgánica del Congreso, tiene competencia para resolver sobre diversos asuntos de orden público, para lo cual podrá tener el auxilio de hasta tres comisiones.
Por lo expuesto, se propone a la consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Primero.Se proponen para ocupar las directivas y para integrar las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente durante el presente receso a los siguientes legisladores:
Segundo. Las mesas directivas de las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente adoptarán sus decisiones por mayoría, mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos integrantes representarán tantos votos como miembros tenga su grupo parlamentario en la Comisión Permanente.
Tercero.Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 22 días del mes de diciembre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente; senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica), vicepresidente; diputada Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), secretaria; diputado Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), secretario; senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), secretario; diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica), secretario.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ahora póngalo a consideración de la asamblea si se aprueba.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares:No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores y las legisladoras que estén por la negativa. Mayoría por la afirmativa, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado el acuerdo de la integración de las comisiones.
Se les informa que si su deseo es instalarse el día de hoy, están previstos para ello los siguientes salones. Para la Primera Comisión, Salón C; para la Segunda Comisión, Salón D; y para la Tercera Comisión, Salón E, de Cristales.
CONVOCA A COMPARECER AL COMISIONADO PARA LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra ahora la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo para presentar proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a comparecer al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán.
La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Éste, que podría llamarse el punto de acuerdo del virrey, tiene la intención específica de saber qué es la política no solamente en el tema de seguridad sino en el tema de la soberanía del estado de Michoacán en lo que tiene que ver con las determinaciones que ha tomado el presidente de la República a través del comisionado Castillo, y que ha quedado en evidencia nuevamente, después de la gran problemática que se ha suscitado con el tema de Iguala y Ayotzinapa como uno de los ejemplos claros del Estado fallido que se vive en las entidades federativas.Como todos ustedes saben, el 16 de diciembre del año en curso en La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán el estado de Michoacán, hubo un enfrentamiento entre dos grupos que son considerados al menos protegidos del comisionado Castillo y que ha dejado no solamente el saldo de 11 muertos, sino en evidencia a los excesos de esta figura conocida por todos en la República como el virrey.
La figura del comisionado de seguridad y desarrollo integral del estado de Michoacán, que recae en la persona de Alfredo Castillo Cervantes ha carecido de un sustento constitucional, aun cuando se le pretendió dar protección legal a través de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, a pesar de que se ha querido a través de este decreto dar sustento a esta figura, y además decir que ha sido el mismo gobernador del estado o el ex gobernador del estado quien solicitó formalmente el apoyo de la Presidencia de la República y que generó la creación de esta figura del comisionado, la realidad es que hay grandes vicios de la legalidad en esta figura.
Primero. Nunca fue solicitado por el Congreso del estado, como debería haber sido, la intervención y la solicitud de apoyo para temas de seguridad en el estado de Michoacán.
Ni los artículos constitucionales ni las demás disposiciones legales que se citan entran en los de los artículos que están en el mismo decreto que nombra al señor Castillo y que ahora no solamente ha venido a tomar el lugar del gobernador, sino que ha cometido grandes excesos de los cuales enumeraremos solamente algunos.
No solamente ha violentado ha violentado los derechos humanos de los ciudadanos de Michoacán, que ha sido ya dejado en evidencia por varios no solamente actores políticos sino también sociales a través de los medios de comunicación, sino que al señor —al que, por cierto, le ha dado por el golf y la socialité— ahora también viene a quitar funcionarios públicos estatales. Pone, quita, arma, perdona y además ahora enfrenta a sus dos protegidos en lo que todos conocemos que sucedió el 16 de diciembre.
La verdad es que, más allá de que haya un decreto o un apoyo presidencial, ningún decreto constitucional señalará con claridad las funciones del señor Alberto Castillo Cervantes. Y sobre todo, ningún decreto constitucional le puede atribuir facultades para sustituir de facto las autoridades del gobierno del estado de Michoacán y lo que hasta ahora se han considerado como grandes atropellos.
Hay señalamientos muy graves frente al comisionado Castillo, que se ha reunido con elementos del crimen organizado; que tiene acuerdos con unos y con otros no; que es finalmente lo que ha concluido del enfrentamiento del 16 de diciembre.
Hay señalamientos muy claros de que ha perdonado a personas que han participado en el crimen organizado y que los ha vuelto sus operadores políticos en Michoacán. Pero, sobre todo, la violación a derechos humanos de activistas como el señor Mireles, que hoy es tratado como un delincuente y que ha sido detenido, y podríamos decir que, inclusive, torturado.
Nosotros creemos que es como consecuencia, obligación de esta soberanía donde está representada la Cámara de Diputados y el Senado de la República, de cuando menos solicitar una explicación y solicitar también que el comisionado Castillo venga y nos explique no solamente cuáles son los lineamientos de política pública que está aplicando en Michoacán, sino que clarifique los señalamientos de corrupción e impunidad que se le han hecho a través de los medios de comunicación y que se le han hecho a través de diversos elementos políticos de Michoacán.
Es por eso que nosotros basados en el principio de Montesquieu de que el poder se logra por su división entre distintos órganos y no para aumentar la concentración de poder en un solo elemento que en este caso sería el virrey Castillo, solicitamos a esta soberanía que el comisionado Castillo pueda venir en los términos de los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a comparecer, a dar cuenta del estado que se guarda en Michoacán, a dar cuenta de las acciones que él ha llevado a cabo por mandato del presidente de la república pero sobre todo a dar cuenta de sus relaciones con el crimen organizado.
Señor presidente, si este asunto como podemos ver no se considera de urgente y obvia resolución, primero decir que aquellos que no lo consideren no están viviendo el pulso del país y la urgencia que tienen los michoacanos de que este asunto se tome en cuenta.
Pero si se decide enviar a comisiones, esperemos que la primera comisión que es donde podrá discutirse este tema, le dé la importancia debida porque Michoacán, Guerrero y muchos otros estados, como lo que está sucediendo también en Sonora con la no aplicación del fideicomiso para salvar lo que está sucediendo con los afectados de la contaminación del río Sonora, son ejemplos claros de un Estado fallido y esta soberanía no puede dejar de lado atenderlos. Muchas gracias.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se convoca a comparecer al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, bajo las siguientes
ConsideracionesLa figura del Comisionado de la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán en la persona de Alfredo Castillo Cervantes, ha carecido desde un inicio de sustento constitucional, aun cuando se pretendió darle protección legal a través del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de este año, en el cual se citan los artículos 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la facultad reglamentaria del presidente de la República, y una serie de disposiciones de las Leyes Orgánicas de la Administración Pública Federal, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México, como fundamento. En el mismo texto, también se menciona el artículo 21 de nuestra Carta Magna, en el que se establece que la seguridad pública es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo y un par de tesis de jurisprudencia con las que se ha pretendido ofrecer sustento jurídico a la intervención militar en tareas de seguridad pública desde la administración federal anterior.
Cabe destacar que en propio decreto se establece que el Gobernador del Estado de Michoacán fue quien solicitó formalmente el apoyo del Gobierno Federal en materia de seguridad pública, con objeto de enfrentar la situación de violencia e inseguridad que se ha presentado en el territorio michoacano, en virtud de la petición que le fue formulada por diversos municipios de dicha entidad federativa, pero nunca se menciona al Congreso local haya solicitado tal ayuda conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los artículos constitucionales ni las demás disposiciones legales que se citan no entran en los supuestos de dichos artículos para fundamentar a la figura de Comisionado de la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán en razón de lo siguiente:
Recordemos que nuestro país está constituido por una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución, y que el artículo 41 de la legislación en comento nos dice que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal”, es decir, que cada una de las entidades federativas tendrá su propia constitución por la cual se regirá, obviamente sin contravenir la constitución federal.
Por lo tanto, si tomamos en consideración el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: “Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estadoo por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida”, lo cual no fue el caso, ya que el artículo constitucional exige que la solicitud provenga del Congreso estatal cuando éste se encuentre sesionando y, en Michoacán, sesiona por años legislativos, comprendidos del quince de enero al catorce de enero del año próximo, de acuerdo al Artículo 31 de la Constitución local.
Queda demostrado que la figura del Comisionado de la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán en la persona de Alfredo Castillo Cervantes, está fuera de todo marco jurídico, que carece de sustento constitucional y que viola la soberanía del Estado de Michoacán.
Además, es de suma importancia hacer mención de los constantes abusos, excesos y violaciones a los Derechos Humanos en los que ha recurrido el citado “Comisionado”, en el desarrollo de sus “funciones”; así como también las fallas al sostener reuniones con personajes de la delincuencia organizada.
El mencionado decreto constitucional, señala con claridad las funciones y objetivos de la labor de Alfredo Castillo Cervantes y la Comisión, pero en ninguna parte del texto del decreto, le atribuye facultades de sustituir de facto a las autoridades del gobierno del estado de Michoacán, por lo que él mismo se otorga facultades supraconstitucionales en razón de su conveniencia.
Está documentada periodísticamente todas y cada una de las intromisiones de Castillo Cervantes en el gobierno del estado de Michoacán, destituyendo a funcionarios locales, tomando una postura como si fuera el propio gobernador; anunciando que existen averiguaciones previas como si él fuera el Procurador del Estado o Ministerio Público; revelando el estado en que se encuentran las investigaciones de supuestos delitos; haciendo pública la información de las averiguaciones previas ( incurriendo incluso en responsabilidad penal por esto).
Está claro que Alfredo Castillo Cervantes está actuando arbitrariamente, que realiza actos exclusivos de funcionarios del gobierno del estado y que de acuerdo al mencionado decreto no tiene facultades para ello.
Por otra parte el enfrentamiento ocurrido el 16 de diciembre del año en curso, en La Ruana municipio de Buenavista Tomatlán del Estado de Michoacán, que dejó 11 muertos. En conferencia de prensa el Comisionado Alfredo Castillo, precisó que los 11 muertos cinco podrían tener relación con Hipólito Mora, líder de la policía rural en La Ruana y seis con Simón “el Americano” exjefe de las autodefensas en Buenavista y que ahora pertenecen a la fuerza rural.
Esta serie de hechos son una demostración contundente del fracaso de la estrategia gubernamental para hacer frente a la problemática que se vive en Michoacán. Esta situación está en la desatención del propio Estado frente al crecimiento de las organizaciones delictivas, sin embargo se dio por atendido con una perspectiva eminentemente mediática y efectista; las autoridades se concentraron en desactivar las respuestas sociales a la suplantación de la autoridad por las organizaciones delictivas en lugar de enfrentar el problema principal.
Por lo que es importante que el Comisionado Alfredo Castillo, comparezca ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para que dé a conocer la implementación de las acciones que a nombre de la Presidencia de la República, se han realizado en dicha entidad federativa, con la supuesta finalidad del restablecimiento del orden y la seguridad en el Estado de Michoacán y su desarrollo integral, bajo un enfoque amplio que abarque los aspectos políticos, sociales, económicos y de seguridad pública.
Para concluir citaré la teoría de Pesos y Contrapesos de Montesquieu, el control del poder se logra por su división entre distintos órganos, no para aumentar la eficacia del Estado, sino para limitarla poniendo límites a su accionar: “que el poder detenga al poder.” Nuestra Constitución es muy clara al otorgarle soberanía a las entidades federativas. Imponerle a una Estado soberano la figura de “Comisionado” es un retroceso en la historia de México a la etapa del virreinato, y por lo tanto es obligación de nosotros los legisladores federales vigilar que se respete el estado de derecho en toda la República Federal.
Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer al comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, en los términos de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de diciembre de 2014.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada Aguilar. Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución la proposición presentada por la diputada Aguilar.
La Secretaria diputada Irazema González Martínez Olivares: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia no se admite como de urgente resolución, y se turna a la Primera Comisión de trabajo.
MATERIAL IMPRESO CON CONTENIDO SEXUAL O PORNOGRAFICO SOLO PUEDA EXHIBIRSE DENTRO DE BOLSAS NEGRAS Y CON ADVERTENCIAS
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene ahora la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se dispongan medidas para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico sólo pueda exhibirse dentro de bolsas negras y con advertencias.
El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: es deber del Estado mexicano proteger el sano desarrollo físico y mental de las niñas, niños y adolescentes, así como establecer las condiciones para el respeto de sus derechos humanos y para una formación emocional y moralmente sana.Por ello, el objetivo principal de este punto de acuerdo es que la infancia de nuestro país crezca en entornos que no dañen su formación emocional y moral; al mismo tiempo, respetar el derecho de todo ciudadano a decidir los contenidos impresos a los que quiere acceder.
Es por ello que exhibir en las calles publicaciones con contenido pornográfico o sexual violenta el derecho de las personas a acceder o no de manera libre a este contenido. Pero además constituye una transgresión de los derechos de formación de las niñas, niños y adolescentes.
Cito: “La estructuración del carácter moral se apoya sobre el desarrollo del autocontrol, es decir, la capacidad para dirigir autónoma y voluntariamente la propia conducta en función de aquellos objetivos que se quieran alcanzar”, según Luz Ángela Gutiérrez.
Nuestra Constitución política establece, en el artículo 4, la protección al desarrollo de la familia, la protección de la salud, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar. Asimismo, establece que el Estado, en todas sus decisiones y actuaciones, velará por el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
El gobierno mexicano ha suscrito la Convención para reprimir la circulación y el tráfico de publicaciones obscenas celebrada en Ginebra el 12 de septiembre de 1921 y ratificada por el Senado de la república el 31 de diciembre de 1946.
En congruencia con este compromiso internacional, el gobierno mexicano debe redoblar las acciones al respecto primero con medidas preventivas y posteriormente con sanciones para aquellos que incumplan las disposiciones en esta materia.
La Secretaría de Gobernación es la encargada de aplicar las disposiciones para que dichas publicaciones cuenten con las medidas de control necesarias. De igual manera, la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, dependiente de la Secretaría de Gobernación tiene atribuciones suficientes para disponer que las publicaciones cuenten con una bolsa protectora de color negro, con el fin de que su contenido no esté a la vista del público, porque a todos nos consta que la realidad cotidiana nos demuestra cada día que en casi todo el país existen expendios de revistas que no cuentan con las medidas antes señaladas, por lo cual exhortamos a que se cumplan dichas disposiciones, tomando en cuenta el bien supremo de la niñez y el derecho a desarrollarse en un entorno sano.
El gobierno de México tiene los elementos normativos para cumplir la Ley sobre Delitos de Imprenta y el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. Es deber del gobierno mexicano asegurar que este material no sea exhibido de manera irrestricta en la vía pública.
Señoras legisladoras y señores legisladores, desde Nueva Alianza, como partido liberal, consideramos que cada individuo debe tener la opción de elegir, de igual forma los padres de familia deben de dirigir la formación de sus hijos, con estos objetivos es que presentamos este punto de acuerdo y solicitamos de manera respetuosa el apoyo de los distintos grupos parlamentarios para que sean ejercidas estas medidas necesariamente con el fin de garantizar la libertad de elección de los ciudadanos a acceder a los contenidos que decida, pero también al mismo tiempo garantizar el derecho de la niñez a gozar de un ambiente sano para lograr su desarrollo integral. Muchas gracias por su atención.
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a disponer por la Segob medidas para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico pueda exhibirse sólo en bolsas negras y con advertencias, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, José Angelino Caamal Mena, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEs deber del Estado mexicano el proteger el sano desarrollo físico y mental de las niñas, niños y adolescentes, así como establecer las condiciones para el respeto de sus derechos humanos y para una formación emocional y moralmente sana.
El objetivo principal de este punto de acuerdo es que la infancia de nuestro país crezca en entornos que no dañen su formación emocional y moral. Asimismo, es derecho de todo ciudadano el decidir los contenidos impresos a los que quiere acceder, es por ello, que el exhibir en las calles publicaciones con contenido pornográfico o sexual violenta el derecho de las personas a acceder o no, de manera libre a este tipo de contenidos; además constituye una transgresión de los derechos de formación de las niñas, niños y adolescentes.
Según Luz Ángela Gutiérrez, “la estructuración del carácter moral se apoya sobre el desarrollo del autocontrol. Es decir, la capacidad para dirigir autónoma y voluntariamente la propia conducta en función de aquellos objetivos que se quieren alcanzar. El autocontrol se hace posible a través del surgimiento progresivo de la capacidad para postergar o refrenar la satisfacción de algún deseo o impulso inmediato con el propósito de alcanzar o preservar, a más largo plazo, un objetivo que se estima de mayor importancia. El autocontrol constituye muy probablemente, la herramienta psicológica más importante que se puede proporcionar a un niño, por cuanto representa el factor crítico para el logro de metas en la vida; desde las más elementales hasta las más decisivas. Por ello, la capacidad de dominar el impulso constituye la base del carácter moral y de la orientación al logro”.
Nuestra Constitución Política establece en el artículo 4o. la protección al desarrollo de la familia, la protección de la salud y a un medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar. Asimismo se establece que el Estado en todas sus decisiones y actuaciones velará con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Teniendo en consideración lo estipulado en el artículo 4o. constitucional respecto al interés superior de la niñez y sus derechos, es que se realiza este exhorto a fin de dar cabal cumplimiento al artículo segundo de la Ley sobre Delitos de Imprenta que señala
“Artículo 2o.Constituye un ataque a la moral:
I.Toda manifestación de palabra, por escrito, o por cualquier otro de los medios de que habla la fracción I del artículo anterior, con la que se defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores;
II.Toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o representaciones o por cualquier otro medio de los enumerados en la fracción I del artículo 2o. con la cual se ultraje u ofenda públicamente al pudor, a la decencia, o a las buenas costumbres o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquéllos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor;
III.Toda distribución, venta o exposición al público, de cualquiera manera que se haga, de escritos, folletos, impresos, canciones, grabados, libros, imágenes, anuncios, tarjetas u otros papeles o figuras, pinturas, dibujos o litografiados de carácter obsceno o que representen actos lúbricos.”
La Secretaría de Gobernación es la dependencia encargada por ley de atender dichos menesteres, según la fracción XL del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice:
“Artículo 27.A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XL.Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;”
De igual manera, la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas dependiente de la Secretaría de Gobernación tiene atribuciones suficientes para disponer que las publicaciones cuenten con una bolsa protectora de color negro con el fin de que su contenido no esté a la vista del público.
El “Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas” señala que la comisión será la encargada de la aplicación de dicho reglamento, según dice el:
“Artículo 1o.La Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas a que se refieren los considerandos anteriores, tendrá a su cargo la aplicación de este reglamento.
Artículo 7o.Las publicaciones de contenido marcadamente referente al sexo, no presentarán en la portada o contraportada, desnudos, ni expresiones de cualquier índole contrarios a la moral y a la educación; ostentarán en lugar visible que son propias para adultos y sólo podrán exhibirse en bolsas de plástico cerradas.”
No obstante, la realidad nos señala que en casi todo el país existen expendios con revistas que no cuentan con las medidas antes señaladas, a lo cual exhortamos que se cumplan dichas disposiciones tomando en cuenta el bien supremo de la niñez, y el derecho a un entorno sano.
Con el internet, las revistas y los periódicos, la niñez y los adolescentes tienen acceso casi ilimitado a la pornografía, no obstante es necesario que las familias puedan tomar las medidas oportunas para la protección y la educación de sus hijos; por ello, es deber del gobierno mexicano que este material no sea exhibido de manera irrestricta en el vía pública.
El gobierno mexicano ha suscrito la Convención para reprimir la Circulación y el Tráfico de Publicaciones Obscenas, celebrada en Ginebra el 12 de septiembre de 1921 y ratificada por el Senado de la República el 31 de diciembre de 1946. En congruencia con este compromiso internacional, el gobierno mexicano debe de redoblar acciones al respecto, primero con medidas preventivas y posteriormente con sanciones para aquellos que incumplan las disposiciones en la materia.
El gobierno de México tiene los elementos normativos para hacer cumplir la Ley sobre Delitos de Imprenta y el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas en lo respectivo a la pornografía, condición que no se presenta a cabalidad y que es del conocimiento general de los ciudadanos que en cada expendio de revistas se pueden encontrar dichas publicaciones sin las medidas previstas por la ley.
En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoDe urgente y obvia resolución
Único.De manera respetuosa se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a fin de que disponga las medidas para que el material impreso con contenido sexual o pornográfico sólo pueda exhibirse dentro de bolsas negras y con advertencias de su contenido.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 22 de diciembre de 2014.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Su proposición con punto de acuerdo se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
AGENDA POLITICA
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la agenda política, comentarios relativos a la normalización de las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene la palabra para hablar sobre el tema el diputado José Luis Flores Méndez, de la fracción parlamentaria del PRI.
El diputado José Luis Flores Méndez:Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hoy nos congratulamos por el reinicio de las relaciones diplomáticas entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos, después de un injusto bloqueo por más de 50 años, quizá el más largo que registra la humanidad en su tipo.Diversas naciones nos hemos pronunciado desde siempre por el fin de dicho bloqueo, que ha redundado en perjuicio y la prosperidad de la población cubana. Nuestro país ha sido enfático al señalar que el bloqueo constituye una violación grave al derecho internacional, puesto que contraviene en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos internacionales, derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos, entre otros instrumentos jurídicos.
La primera establece tajantemente que ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar otro Estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener él ventajas de cualquier otro.
Todo Estado tiene el derecho inalienable de elegir su sistema político, económico, social y cultural sin injerencia, en ninguna forma, por parte de ningún otro Estado. Cierro la cita.
Aunado a ello se han emitido múltiples resoluciones de las Naciones Unidas en contra del bloqueo a Cuba, siendo el más reciente de ellos el día 28 de octubre del presente año, reafirmando los principios sobre la igualdad soberana de los Estados.
Las restricciones impuestas por el bloqueo ha acarreado limitaciones que padece la población cubana reflejado en el acceso a los medicamentos, las nuevas tecnologías informáticas, de comunicación y científicas, la de educación, el suministro de alimentos y productos agrícolas, la comercialización de productos tradicionales de exportación, entre otras limitaciones que deben ser resueltas en aras de fomentar su bienestar en todos los ámbitos.
Los mexicanos nos mostramos firmes en los pronunciamientos a favor del levantamiento del bloqueo y hoy hemos sido testigos de un hecho histórico que marca un avance en beneficio de la población cubana, lo cual significa un abanico de oportunidades entre ambas naciones.
Desde esta tribuna reconocemos las medidas anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos de América, destinadas a poner fin a las barreras económicas, comerciales, financieras y diplomáticas entre ambos países, que sin duda contribuirán al fomento y respaldo del desarrollo de Cuba.
Las oportunidades serán para ambos países, pero traerán beneficios colaterales que alcanzarán a otras naciones, como es la nuestra, ya que una de las medidas puntualiza que se mantendrán conversaciones para negociar las fronteras marítimas compartidas entre Cuba, los Estados Unidos de América y México, debido a que los tres países aún no delimitamos límites en el Golfo de México.
Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI celebramos las medidas anunciadas, porque fortalecerán los derechos económicos, sociales y culturales entre ambas naciones, con miras a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas.
Debe reconocérsele, tanto al presidente Obama como al comandante Raúl Castro Ruz el cambio de paradigma en su tipo de relación. Nunca había sido tan oportuno como ahora recordar lo dicho en 1963 por el presidente John F. Kennedy: Si no podemos eliminar nuestras diferencias, al menos contribuyamos para hacer que el mundo sea más seguro en la diversidad, porque en definitiva nuestro lazo básico y común es que todos habitamos el mismo planeta, todos respiramos el mismo aire, todos nos preocupamos por el futuro de nuestros descendientes y todos somos mortales. Bienvenida la nueva relación entre Estados Unidos y el pueblo Cubano. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado José Luis Flores. Tiene ahora la palabra el diputado José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.
El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes a todas las personas presentes. El pasado miércoles 17 de diciembre nos enteramos de una decisión histórica, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Cuba, Raúl Castro, anunciaron al mundo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de ambos países.Con esta decisión se da un paso muy importante de acercamiento, luego de más de 53 años de distanciamiento entre las dos naciones, con las que nos unen, indudablemente, lazos históricos profundos.
En su mensaje el presidente Obama declaró: Todos somos americanos. En efecto, ésa es la visión que mantuvo México desde el inicio del rompimiento. En estricto apego a los principios constitucionales de política exterior, nuestro país se ha manifestado todo este tiempo a favor de construir puentes de diálogo, en especial, siempre se expresó a favor de terminar con el embargo económico impuesto a Cuba.
Si bien esta situación no será resuelta de inmediato y de manera total, por el anuncio de esta nueva etapa de las relaciones Cuba y Estados unidos, el hecho es de que se faciliten los viajes de un país a otro, la posibilidad de realizar transacciones financieras, el incremento de remesas y otras medidas serán de gran ayuda para ir normalizando el intercambio comercial y de inversiones entre ambos países, lo que contribuirá, sin duda, a mejorar el nivel de vida de nuestros hermanos cubanos.
Ambos países vecinos han tomado una decisión trascendental para nuestro continente. En especial esta decisión es de gran relevancia para México. En este sentido queremos destacar la relevante labor diplomática de Canadá y El Vaticano, quienes a través de sus buenos oficios fueron actores claves para que se lograran los acuerdos anunciados hace casi una semana.
En Nueva Alianza nos congratula saber que se ha dado un primer paso, pero trascendente paso hacia la normalización de las relaciones de estos dos pueblos.
Estamos seguros de que se trata de un largo proceso, que el camino es sinuoso, pero confiamos y hacemos votos para que el Congreso de Estados Unidos de América apruebe, en el futuro cercano, el fin del embargo económico y comercial de la hermana República de Cuba.
Los acontecimientos de la semana pasada reafirman que el único camino para la paz y el desarrollo humano de nuestras naciones es el diálogo respetuoso y constructivo.
En Nueva Alianza queremos hacer un reconocimiento a los pueblos de Cuba y Estados Unidos por poner en el centro de la atención el bienestar de los ciudadanos, y que esto haya sido motor que los impulsó a restablecer las relaciones.
Así han demostrado al mundo que no existen diferencias irreconciliables. Que la comunicación siempre es una posibilidad y que no hay ideología que pueda estar por encima de la prosperidad de nuestros pueblos. Las y los legisladores de Nueva Alianza enviamos nuestro saludo a esta decisión transformadora que han tomado los presidentes de Estados Unidos y de Cuba.
Saludamos en especial al estoico pueblo cubano que ha sabido sobreponerse a las adversidades. Y sin duda, nos sumamos a las acciones de política exterior que desarrolle la Cancillería para adecuarnos a la nueva situación geopolítica de nuestras naciones hermanas. Gracias, diputado presidente. Gracias por su atención.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Caamal. Tiene ahora la palabra el diputado Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño:Con su venia, señor presidente. En Movimiento Ciudadano manifestamos nuestro beneplácito ante el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y la República de Cuba.Después de un rompimiento de relaciones diplomáticas de más de cincuenta años y hacemos votos porque esta interlocución sea el primer paso para lograr la normalización de las relaciones diplomáticas entre estos dos países.
Reconocemos la mediación ofrecida por el máximo pontífice de la iglesia católica, el Papa Francisco, en aras de concretar el restablecimiento político y social entre estos dos países e invitamos respetuosamente a los presidentes de Estados Unidos y de Cuba a continuar por el camino de la reconciliación para lograr el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y de esta manera se logre el levantamiento del embargo de Estados Unidos que tanto ha afectado a los ciudadanos cubanos. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Samperio. Tiene ahora la palabra, el senador Manuel Bartlett Díaz, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
El senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor presidente. Desde luego que todos aquí sin duda alguna vamos a celebrar este acontecimiento. México ha demostrado en este desenlace en relación con el cambio que se ha anunciado.
México debe de ser reconocido y la política exterior de México debe ser reconocido, porque hemos sido partícipes de esa posición de rechazo al bloqueo y a la política norteamericana durante todos estos años y yo creo que es importante que este país lo reconozca y lo subraye, México basado en sus principios de No intervención se mantuvo permanentemente pese a todo tipo de presiones, en ocasiones como el único país en el mundo que mantuvo relaciones con Cuba.
Esto es muy importante porque últimamente estamos viendo que la política exterior de este país se transforma en algo mucho menos claro, con la aceptación de que nos sumemos a los propósitos de la ONU de mandar soldados mexicanos a pelear por intervenciones que no son de nuestro interés y algunas medidas más que se apartan de esa política exterior que le dio a este país prestigio a nivel mundial.
Por eso insisto yo que es muy importante que se plantee que México es parte de esta resolución. No ha sido un autor ausente. Ha sido una valiente posición constitucional y de defensa de principios que hemos sostenido durante todos estos años y todas estas décadas. Por eso quiero que se subraye.
Otro punto que hay que subrayar, ya que todos estamos de acuerdo en la celebración de estas declaraciones que hemos escuchado, que quede claro que no está resuelto el asunto. Aquí lo han señalado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero sí es importante señalar que todavía falta la solución principal que es la suspensión de ese bloqueo, que es contra los derechos humanos de un pueblo y que se ha venido operando y que aún se sostiene en una parte del Congreso de los Estados Unidos.
Que quede claro que México está pendiente de lo que va a pasar. Que no somos ajenos a la posición en el Congreso norteamericano de no permitir que se llegue a lo más importante que es realmente el suspender el bloqueo que viola los derechos humanos más elementales de toda una población hermana a los mexicanos. Yo quisiera que eso quede claro. No estamos reconociendo el final, sino simplemente el principio.
Finalmente se cita aquí a un presidente norteamericano como una gran posición. Yo hubiera preferido que citaran a un presidente mexicano, porque fueron los presidentes mexicanos, que algunos otro flaquearon –más adelante– como el comes y te vas y todas esas cosas que habrá que recordar, pero hay que citar a los presidentes mexicanos que son los que recibieron la presión permanente de los Estados Unidos para doblar la voluntad de nosotros de mantener relaciones con Cuba.
Así es que mejor citemos a los mexicanos. Citemos a los presidentes mexicanos. Citemos, señores, la doctrina mexicana que es de la que debemos estar orgullosos y mantenerla y no empezarla a mover ahora con otras presiones que son iguales a esta.
Vamos a ir en los cascos azules, señor presidente, a que nuestros soldados se mueran en aras de intereses de imperios ajenos a los nuestros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor senador Bartlett. Tiene ahora la palabra el diputado David Pérez Tejada, de la fracción parlamentaria del Partido Verde.
El diputado David Pérez Tejada Padilla:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea. La decisión que de manera conjunta tomaron la semana pasada los Presidentes Barack Obama y Raúl Castro, de Estados Unidos y Cuba, respectivamente, de reestablecer la relación bilateral entre ambos países representa un parteaguas histórico, del mismo modo que constituye un incuestionable triunfo del diálogo y la diplomacia a nivel internacional. El mismo ex presidente Jimmy Carter elogió esta decisión y catalogó al presidente Obama como una persona sabia y con coraje político.Estados Unidos y Cuba están dando un gran paso al dejar atrás el encono y la rispidez que caracterizaron su relación durante más de cinco décadas, demostrando con ello que la fraternidad y la cooperación pueden más que la hostilidad y el uso de la fuerza.
La eliminación de restricciones financieras, la posibilidad de que ciudadanos estadounidenses puedan abrir cuentas bancarias, el uso de tarjetas de crédito, el incremento a topes de remesas, el acceso a Internet y la liberación de presos políticos son, indudablemente, un buen comienzo para este proceso de renovación de relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Cuba, que con toda seguridad fomentará el logro de mayores acuerdos; no solo en el ámbito comercial sino en temas de gran relevancia, como la democratización y el respeto a los derechos humanos.
Asimismo esperamos, como comentaba el senador Bartlett, que el Congreso norteamericano ponga fin en forma definitiva al embargo que afecta tan sensiblemente a millones de cubanos, de modo tal que tengamos una normalización plena de las relaciones entre Washington y La Habana.
La decisión de los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba es congruente con la posición histórica de México, de buscar soluciones pacíficas a las controversias y promover la paz entre las naciones expresada en nuestra Carta Magna, misma que establece los principios normativos con los que el Ejecutivo debe normar y observar la conducta de la política exterior mexicana.
A nombre de las legisladoras y los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, expresamos nuestro beneplácito por este hecho histórico, ya que son pocos los países tan cercanos y prioritarios para nuestro país, como lo son Estados Unidos y Cuba.
Los intereses de nuestros pueblos obviamente están estrechamente vinculados en muchos sentidos. Somos vecinos, pero también tenemos objetivos, metas y aspiraciones comunes. Gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, de la fracción parlamentaria del PRD.
La senadora María de los Dolores Padierna Luna:Gracias. Con su venia, presidente. La historia ha dado un vuelco inesperado. El pasado 17 de diciembre del presente, se anunció un hecho histórico dentro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y el fortalecimiento de sus relaciones comerciales y económicas.
El anuncio tuvo como antecedente inmediato otro hecho relevante muy significativo. La primera conversación telefónica directa entre el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro, que desde el triunfo de la revolución cubana más de cinco décadas atrás, no había ocurrido.
Las negociaciones entre ambos países iniciaron desde hace año y medio. Esa negociación culminó con la conversación telefónica que duró hora y media entre ambos mandatarios. Todavía está por verse si este giro histórico pone fin a más de medio siglo de enemistad entre los dos países.
Pero sorprendió al mundo el anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y fortalecer sus lazos económicos. El anuncio fue saludado por innumerables países, incluido México. Nos congratula la posibilidad de terminar con el aislamiento heredado de la guerra fría sobre Cuba y que pueda abrirse una nueva era de América Latina y el Caribe con Estados Unidos.
La política imperante durante este largo medio siglo, fue caracterizada por el propio Obama como una política fracasada. Declaró que “llegó la hora de poner fin a una política obsoleta hacia Cuba y que ha fracasado durante décadas”.
Muchos factores e instituciones, influyeron en esta decisión que constituye un hito histórico. En la ONU 180 países a favor de Cuba. Estados Unidos prácticamente estuvo aislado todos los años junto con Israel.
América Latina entera está al lado de Cuba. Innumerables gobiernos y parlamentos hicieron presión internacional; premios Nobel; el Papa Francisco como jefe del Estado Vaticano; el cambio de política en México hacia Cuba, el secretario de la ONU Ban Ki-moon; el auspicio clave del gobierno de Canadá para la celebración de siete encuentros sostenidos en suelo canadiense y entre autoridades de alto nivel entre Cuba y Estados Unidos. Todo ello influyo en este giro de la historia.
La opinión pública norteamericana en su mayoría ha estado a favor de reestablecer relaciones comerciales en los farmacéuticos, los agroalimentarios. Y Obama recibió aplausos y felicitaciones de sectores educativos, religiosos, diplomáticos, empresariales, y de la comunidad internacional en general.
Pero sin duda ésta es una victoria del pueblo cubano que ha resistido 55 de presiones de la potencia más grandes del mundo, y pese a las asimetrías entre ambos países y las presiones bárbaras del imperio contra la pequeña isla, Cuba ha salido airosa y entra a una nueva etapa de relaciones con Estados Unidos.
La reanudación de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos indudablemente debe basarse en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que indica los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativa a la igualdad soberana de los Estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, lo cual está íntimamente ligado a las normas del derecho internacional.
Por ello son dignas de resaltar algunas frases de ambos mandatarios. Barack Obama manifestó “Dentro del nuevo rumbo para Cuba está claro que las décadas de aislamiento de Cuba por parte de Estados Unidos en determinados momentos provocó un aislamiento regional e internacional de nuestro país, restringió nuestra capacidad para influenciar el curso de los acontecimientos en el hemisferio occidental e imposibilitó el uso de toda una gama de medidas que Estados Unidos puede promover para un cambio positivo en Cuba”.
A su vez, Raúl Castro afirmó: “Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas aunque eso no quiere decir que lo principal esté resuelto, que es el bloqueo económico, comercial y financiero que provoca grandes daños, y éste debe cesar. Aunque las medidas del bloqueo económico hayan sido convertidas en ley, el presidente Obama puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas.
“Proponemos al gobierno de Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral y avanzar hacia la normalización de los vínculos entre nuestros países”.
Será un proceso tal vez difícil, donde México deberá jugar un papel estratégico para poner fin a ese bloqueo económico. Lo importante es que los primeros pasos ya se dieron: la liberación de tres cubanos que de manera injusta estuvieron presos durante 16 años. También la liberación del contratista estadounidense Allan Gross, encarcelado en Cuba.
En este tema, la Cámara de Diputados y el Senado de la república de manera reiterada y a lo largo de muchas legislaturas han demandado, hemos demandado, la liberación de los cinco cubanos presos injustamente que habían sido detenidos y juzgados en un juicio sumario violatorio de un debido proceso, acusados de terroristas, violando sus derechos humanos.
Nos hemos pronunciado por poner fin al bloqueo económico y el mejoramiento de las relaciones. Todo esto ha contribuido sin duda a lo que estamos hoy presenciando.
Se requiere también sacar a Cuba de esa nefasta lista de Estados Unidos de países que auspician el terrorismo porque Cuba se ha caracterizado justo por lo contrario, por su humanismo y solidaridad internacionales. El presidente Barack Obama instruyó al ministro John Kerry a revisar este tema, y es muy probable que por fin Estados Unidos acceda a sacar a Cuba de esa degradante lista de países.
Los países latinoamericanos y caribeños, incluido México, nos sumamos a la celebración del histórico anuncio de normalizar las relaciones entre ambos países, además de que el secretario general de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el cual respalda la decisión, misma que contribuirá al mejoramiento de la situación del pueblo cubano.
Es de reiterar que el honorable Congreso de la Unión ha aprobado sendos puntos de acuerdo, solicitando lo mismo que se avizora con la conversación entre los presidentes de Estados Unidos y Cuba, por lo que es de duma congruencia que la Comisión Permanente exprese su beneplácito sobre la decisión de ambas naciones del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares, y se considere urgente dar el siguiente paso de eliminar el bloqueo económico contra Cuba. Ahora se dan algunos pasos en ese sentido, sin embargo es necesario propugnar por su total eliminación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado el PRD expresa su beneplácito por la decisión tomada, porque constituye un hecho histórico partiendo de los principios y valores de nuestra política exterior y en congruencia con la resolución pacífica de controversias con la que siempre hemos estado de acuerdo.
Manifestamos nuestra congratulación por la liberación de los cubanos; bueno, de los cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo y Ramón Labañino Salazar, quienes ya retornaron a su patria, al igual que el norteamericano Alan Gross.
Reiteramos la solicitud o exhorto a que se ponga fin al bloqueo económico contra Cuba, se le retire de la lista de países terroristas. Y felicitamos a los presidentes Raúl Castro y Barack Obama de iniciar una nueva era en la historia de sus naciones. Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, senadora. Tiene la palabra ahora la diputada Adriana González Carrillo, de la fracción parlamentaria del PAN.
La diputada Adriana González Carrillo:Muchas gracias, señor presidente. Es muy positivo para México que dos países vecinos que comparten frontera con nuestra nación normalicen su relación diplomática, con ello se abre la posibilidad de dialogar para atender en una misma mesa temas de interés común.En el PAN reconocemos el liderazgo de Jorge Mario Bergoglio, jefe del Estado Vaticano, quien fue el mediador entre los Estados Unidos y Cuba para lograr este avance en las relaciones entre ambas naciones.
También reconocemos a Canadá, por facilitar su territorio para celebrar estos encuentros privados entre ambas partes. Lo lamentable de este hecho es que México no haya sido siquiera ser sede de las negociaciones entre ambas partes, lo que nos hace cuestionar lo que el gobierno federal anuncia, que las relaciones con Cuba y en América Latina pasan por su mejor momento. De nada sirvió condonar la deuda a Cuba ni abrir una nueva línea de crédito a su gobierno.
El PAN ha apoyado desde hace una década los pronunciamientos de solidaridad con el pueblo cubano en el Congreso de la Unión y en las Naciones Unidas, en contra del bloqueo contra Cuba, porque estamos claros que existe una violación al derecho internacional por la extraterritorialidad de sus leyes. También hemos apoyado la liberalización de los cinco cubanos –ya quedaban tres– en Estados Unidos, pues había sido violado el principio del debido proceso.
Recientemente, durante la Comisión Permanente en julio de 2013, acompañamos el hecho histórico que constituyó el 60 aniversario de la Revolución Cubana. Por cierto, a petición de la senadora Dolores Padierna.
Desde el PAN expresamos respeto y cariño al pueblo cubano y deseamos que los cambios históricos que se viven sean en beneficio de la sociedad cubana y sus libertades. En beneficio de la sociedad cubana y sus libertades.
Ahora esperamos que el bloqueo a Cuba tenga una solución de largo plazo para que nunca más se viole el principio de igualdad jurídica de los estados.
Deseamos que pronto se derogue la ley por la que Estados Unidos sostiene el bloqueo contra Cuba. Este cambio que impulsa el presidente Obama lleva implícito el reconocimiento de que el bloqueo ha sido inefectivo y contraproducente para promover los cambios políticos en Cuba.
Recientemente el presidente Obama ha hecho uso de sus facultades ejecutivas mostrando su voluntad de avanzar en el respeto al derecho internacional y en el respeto a los derechos humanos.
Con esta decisión y con la recientemente implementada nueva Ley de Inversión Extranjera en Cuba habrá nuevas y muy importantes posibilidades de intercambio comercial en la región de América del Norte y el Caribe. Sería conveniente que México invitara a Cuba y a los Estados Unidos lo más pronto posible a revisar el tema de los yacimientos transfronterizos del golfo de México en los límites entre ambas naciones.
Nuevamente felicitamos al pueblo de la unión americana y al pueblo cubano por este paso tan importante para el futuro de las naciones. Y, por supuesto, celebramos el inicio de una nueva era en la política internacional.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señora diputada González Carrillo. Tiene ahora la palabra la senadora Blanca Alcalá Ruiz, de la fracción parlamentaria del PRI.
La senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor presidente. Para los grupos parlamentarios en el PRI, sin duda celebramos el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.
Ésta representa, como aquí ya se ha señalado, una decisión histórica que permitirá fortalecer la democracia hemisférica, impulsar el desarrollo económico de la región y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Se trata, como ha sido señalado por diversas voces, de un triunfo de la razón frente a un diferendo, que con el paso de los años se antojaba irremediable.
Celebramos también la actitud de ambos gobiernos, la cual coincide con los principios que guían a nuestro país, la autodeterminación de los pueblos y la resolución pacífica de las controversias. El presidente Castro ha afirmado, y lo compartimos, se trata de iniciar una nueva era que permita convivir de forma civilizada, pese a las diferencias que pueden imperar entre ambos países.
Se trata de realizar un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana para tratar los más diversos temas de forma recíproca sin menoscabo de la independencia nacional y la autodeterminación de ambos pueblos.
Se trata pues, de que se haga de la política, y en este caso de la política exterior, el mejor mecanismo para discutir y resolver, mediante las negociaciones y los acuerdos, las diferencias, sin renunciar a uno solo de los principios de ambos pueblos.
Evidentemente, para México este reencuentro fortalece la relación con ambos países y hoy debemos ratificar el interés de que esta responsabilidad que compartamos, pueda traducirse en mejores beneficios, en temas estratégicos para ambas y para México mismo, en materia de innovación, de educación, de comercio, de intercambio de tecnología y de producción de energéticos.
Aquí ya ha sido señalado por quienes me han antecedido en el uso de la voz, múltiples serán los efectos, múltiples los impactos. Hoy necesitamos estar muy seguros de que, efectivamente, en los próximos días pueda iniciar este restablecimiento de relaciones que pueda traducirse, sobre todo, en el mayor bienestar y en la prosperidad para los habitantes de la región.
¿Qué requerimos? Requerimos, sin duda, que se haga realidad, que por un lado en el caso de los Estados Unidos se pueda facilitar el viaje de ciudadanos estadounidenses a Cuba, en las 12 diferentes categorías de licencias que ya se han registrado, entre ellas, la que destaca en las visitas a familiares, las visitas gubernamentales, la de organismos internacionales, las actividades educativas y religiosas, y las competencias deportivas y las actividades humanitarias y profesionales. Por supuesto, aún queda prohibido el viajar con motivos turísticos.
Se trata también, de hacer viable que se aumente de 500 a 2 mil dólares la cantidad de dinero que pueden enviarse de Estados Unidos hacia Cuba, de manera trimestral.
Se trata también de poder facilitar las transacciones financieras entre ambos países, ya que ciudadanos norteamericanos podrán abrir cuentas en instituciones financieras cubanas, y las tarjetas de crédito y debito, emitidas en Estados Unidos, sean aceptadas en la isla.
De igual manera, se trata de flexibilizar los intercambios comerciales, tanto en importaciones como en exportaciones. Para el caso de Cuba, sin duda este hecho histórico permitirá incrementar el acceso de los ciudadanos cubanos a las tecnologías de información, facilitando su comunicación en Estados Unidos y con el resto del mundo.
Amigas y amigos, nuestro reconocimiento también en esta ocasión para el Grupo Parlamentario del PRI, es a la diplomacia de los pequeños pasos que ha sido impulsado por el Estado del Vaticano, pero sobre todo, también por el deseo de que muchos de los temas que aquí se han anunciado, definitivamente puedan concretarse en el ámbito de comercio, en el ámbito de democracia, en el ámbito de derechos humanos en favor de estos dos países, pero sobre todo, en favor de lo que implica el hemisferio y la región.
Hagamos pues, todos, los mejores deseos y hagamos votos para que efectivamente, de la América Latina y de la América en continente, sea para todos los americanos el mejor desarrollo y las mejores posibilidades de una sociedad más igual.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, senadora Alcalá Ruiz.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Informo a la asamblea que las iniciativas y proposiciones no presentadas serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose su turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)
CLAUSURA Y CITA
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 14:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el miércoles 7 de enero del año 2015 a las 11 de la mañana.
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RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 23 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 26 legisladoras y legisladores
• Comunicaciones oficiales: 16
• Licencias de diputados y diputadas: 3
• Acuerdos de los órganos de gobierno: 2
• Iniciativas: 7
• Proposiciones con punto de acuerdo: 5
• Agenda política: 1
• Legisladoras y legisladores que participaron durante la sesión: 18
NA 1
PT 2
MC 1
PVEM 1
PRD 4
PAN 4
PRI 5
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)