INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 21 de enero de 2015, que no alcanzaron a ser abordadas.(*)

Se informa a la Comisión Permanente los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 21 de enero de 2015 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

2. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 469 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

5. Que reforma los artículos 49, 73 y 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

6. Que reforma los artículos 106 y 108 de la Ley Federal de Sanidad Animal, suscrita por el diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, para dictamen.

7. Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

8. Que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

9. Que reforma los artículos 3o. y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 84 del Código Penal Federal, suscrita por la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Senadores.

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

11. De decreto, para declarar el 14 de junio de cada año como Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre, suscrito por la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

12. Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

13. Que reforma los artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, suscrita por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de gobierno del DF, para que se exente de pago en el trasporte colectivo Metrobús, a las personas mayores de 60 años, suscrito por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

2. Con punto de acuerdo, relativo al manejo de residuos electrónicos (televisores análogos) derivados de la transición a la televisión digital terrestre, suscrito por las senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

3. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, suspenda la entrega de televisores, a partir del 1 de febrero y se reanude después del 8 de junio del 2015, suscrito por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la STPS, a diseñar e implementar mecanismos que difundan el cuidado al medio ambiente, suscrito por el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua, para que se establezcan nuevos mecanismos para el otorgamiento o asignaciones en el uso de aguas nacionales, suscrito por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a detener la entrega de televisores digitales que se realiza como parte de la transición del apagón digital, hasta después de la celebración de los comicios electorales del año 2015, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de Pemex, haga pública la información sobre los contratos con empresas que emplean trabajadores mediante el esquema de outsourcing dentro de la paraestatal en el estado de Campeche, suscrito por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Hong Kong, suscrito por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

9. Con punto de acuerdo, relativo a la actuación del gobierno en las graves violaciones a derechos humanos ocurridas en Tlatlaya, estado de México y en Ayotzinapa, estado de Guerrero, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, para que se realicen trabajos de rehabilitación en las líneas 6 y 7, suscrito por el senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF, a fin de investigar y resolver el caso de Ti Kip Fernández Vilchis, quien falleciera tras ser atropellada por el Metrobús en la Ciudad de México, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP, para que informe trimestralmente al Congreso de la Unión sobre la implementación de las recomendaciones hechas por la OCDE, suscrito por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de gobierno del DF, para que se dé mantenimiento oportuno a las escaleras del Sistema Colectivo de Transporte Metro y se facilite la movilidad de las personas adultas mayores y con capacidades diferentes, suscrito por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Vietnam, suscrito por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

15. Con punto de acuerdo, relativo a la integración de una mesa tripartita de negociación conformada por legisladores, autoridades del gobierno federal y por una comisión de ahorradores de FICREA, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

16. Con punto de acuerdo, relativo a la separación de las personas que se encuentran privadas de su libertad en centros penitenciarios, suscrito por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entablar relaciones diplomáticas con el Reino de Bután, suscrito por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV, para que informe a esta soberanía respecto de la situación de solvencia financiera de las sociedades financieras populares, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias a difundir la celebración del 28 de agosto de cada año, como Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, suscrito por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México e Indonesia, suscrito por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, para que postergue la extracción de hidrocarburos no convencionales por el método de fractura hidráulica, suscrito por los diputados Trinidad Morales Vargas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo

22. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Movilidad del DF, implemente acciones para que la empresa de transporte Uber se sujete a la normatividad vigente para el uso de taxis, suscrito por el senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

23. Con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente celebre reunión de trabajo con el titular de la Sedatu, a efecto de que informe sobre las acciones implementadas para atender los daños ocasionados por los fenómenos climatológicos Ingrid y Manuel en septiembre de 2013, suscrito por el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

24. Con punto de acuerdo, relativo a la entrega de televisiones digitales por parte del gobierno federal, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de gobierno del DF, para que se construya en la delegación Cuauhtémoc, una fábrica de artes y oficios, suscrito por el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a restablecer los trabajos de la Comisión Conjunta México-Irán, suscrito por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que permita la participación de la CNDH y la CDI, en la denominada gran reforma para el campo, suscrito por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SS, incluya en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, la atención de las enfermedades crónico degenerativas, suscrito por el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Japón, suscrito por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Segob, a fin de dar celeridad a la integración de las ternas de candidatos a ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Contraloría y Procuraduría de Justicia del DF y al INBA, a investigar sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de diciembre en la Capilla Británica, ubicada en la delegación Cuauhtémoc, suscrito por la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

32. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal, a realizar diversas acciones con respecto a la inmovilización de aeronaves mexicanas en la República Bolivariana de Venezuela, suscrito por los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del estado de Veracruz, para que informe sobre la investigación de la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo, suscrito por el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

34. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF para que informe sobre las acciones legales que ha emprendido en contra de funcionarios públicos, por las irregularidades presentadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT, a dar respuesta a escrito remitido por la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, relativo al cumplimiento de diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, suscrito por los senadores Javier Lozano Alarcón y Juan Gerardo Flores Ramírez, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, respectivamente.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo

36. Con punto de acuerdo, por el que se convoca a comparecer al titular de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, para que explique los resultados de la coordinación y seguimiento a la implementación de las distintas políticas públicas en materia migratoria, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

37. Con punto de acuerdo, para que el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el Conaculta, promuevan una campaña en contra de la piratería de libros, suscrito por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Segunda Comisión de Trabajo.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de distintas dependencias federales, para que informen sobre el avance en el ejercicio de los recursos públicos destinados para el sector agropecuario, suscrito por los diputados Mario Rafael Méndez Martínez y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

39. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP y a la SCT, información sobre las obras y contratos adjudicados a Grupo Tradeco en el periodo 2003-2012, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SS, para que garantice la seguridad sanguínea en los estados y municipios de la República Mexicana, en particular en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, suscrito por la senadora Luz María Beristain Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

41. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE para que investigue la supuesta venta de candidaturas al interior del Partido de la Revolución Democrática, suscrito por la diputada Cristina González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, se coordine con los gobiernos estatales y municipales de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en la operación del Programa de reactivación económica de dichas entidades, suscrito por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

43. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de gobierno y a la ALDF, soliciten una investigación y revisión integral sobre el ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Jesús Salvador Valencia Guzmán como titular de la delegación Iztapalapa, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Conagua, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia derivada del amparo directo 282/2012, referente a consultar a la comunidad y pueblos indígenas del Valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, respecto de la modificación al Decreto de veda de 1967, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

45. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del Estado de Querétaro, investigue y conforme a derecho proceda, por el probable cobro de dádivas y comisiones para adjudicar contratos por parte del alcalde del municipio El Marqués, en esa entidad, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

46. Con punto de acuerdo, para convocar una reunión de trabajo al Director General de Pemex, para que informe sobre el resultado de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo con el STPRM, suscrito por la diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

47. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Congreso de San Luis Potosí, solicite una investigación y revisión integral sobre el ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Ricardo Gallardo Cardona como alcalde del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

48. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF y al jefe de gobierno del DF, soliciten una investigación sobre las posibles irregularidades en el uso de recursos públicos por parte de las administraciones de las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

49. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SHCP, de la SE, del Banco de México, de la CNBV, de Nafin y del Bancomext, con relación a la inversión para el desarrollo, suscrito por los diputados Guillermo Sánchez Torres y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

50. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y a la CNBV, para que lleven a cabo acciones de protección a los usuarios de las sociedades financieras populares, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, al gobierno del estado de Sonora y al IMSS, para que informen sobre los avances de la investigación realizada, respecto del incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, suscrito por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

52. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y a la Profeco, para que lleven a cabo acciones de protección a los usuarios de las cajas de empeño, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

53. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Fiscalía General y de la Secretaría de Salud del estado de Chihuahua, para brindar la atención necesaria a las niñas y niños con niveles altos de plomo en la sangre, suscrito por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Primera Comisión de Trabajo.

54. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, para que dé a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos para 2015, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.

55. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que en coordinación con los gobiernos de los estados, implementen acciones para promover la recolección y reciclaje de desechos electrónicos, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Tercera Comisión de Trabajo.»

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado José Rangel Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Rangel Espinosa, en nombre de las compañeras y los compañeros diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, fracción 1, 77 fracción 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos y fracciones de la Ley General de Salud.

Exposición de Motivos

Que el desarrollo social es sinónimo de bienestar y que cuando alguna persona padece discapacidad intelectual impacta de manera significativa el bienestar de su familia, y entonces se hace necesario que dentro de las políticas gubernamentales se incluya la atención de este problema.

Que el modelo de atención que se propone es el que se sigue en los países en donde el desarrollo social incluye la asistencia social como una política pública, la asistencia social a discapacitados intelectuales.

Que las empresas transnacionales establecidas en México, en su gran mayoría contribuyen económicamente para la operación de las instituciones públicas y privadas que atienden a discapacitados intelectuales, sobre todo en los países de la Unión Europea.

Que es necesario que en la Legislación mexicana se precise el concepto de discapacidad intelectual y puedan concurrir las referidas empresas para tan importante asistencia social.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona los artículos 2 fracción V, 3 fracciones II y XVII, 7 fracción III, 10, 11, 19, 24 fracción IV, 25, 27 fracción III, 34 fracción III, 38 Bis, 40, 41 Bis, 72, 73 fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, 74 fracciones I, II, III, 74 Bis fracción I, 75, 76, y 77, de la Ley General de Salud

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

...

...

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población y que sean proporcionados por las instituciones públicas o privadas sin fines de lucro;

...

...

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

...

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables que sea proporcionada por las instituciones públicas o privadas sin fines de lucro;

...

...

VI. La salud mental y la discapacidad intelectual;

...

...

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad, ya sea física o intelectual, ésta última producida por causa congénita o accidental;

Artículo 7o. La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

...

...

III. Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud, buscando y apoyando la participación de instituciones privadas sin fines de lucro;

...

...

Artículo 10. La Secretaría de Salud promoverá la participación, en el sistema nacional de salud, de los prestadores de servicios de salud, de los sectores público, social, privado y privado sin fines de lucro, de sus trabajadores y de los usuarios de los mismos, así como de las autoridades o representantes de las comunidades indígenas, en los términos de las disposiciones que al efecto se expidan.

Artículo 11. La concertación de acciones entre la Secretaria de Salud y las autoridades de las comunidades indígenas, los integrantes de los sectores social y privado sin fines de lucro, se realizará mediante convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las siguientes bases:

...

...

Artículo 19. La federación y los gobiernos de las entidades federativas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, aportarán los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la operación de los servicios de salubridad general, que queden comprendidos en los acuerdos de coordinación que al efecto se celebren.

Adicional a lo establecido en el párrafo que inmediatamente antecede, los diferentes niveles de gobierno, subsidiarán en la medida de sus posibilidades presupuestales, la operación y funcionamiento de las instituciones privadas sin fines de lucro y a través de convenio en donde se especifiquen los procedimientos científicos mediante los que se beneficiará diariamente a los pacientes y sus familiares, los cuales podrán acceder a sus servicios sin costo alguno.

Los recursos que aporten las partes quedarán expresamente afectos a los fines del acuerdo respectivo y sujetos al régimen legal que les corresponda. La gestión de los mismos quedará a cargo de la estructura administrativa que establezcan, coordinadamente, la federación y los gobiernos de las entidades federativas.

Artículo 24. Los servicios de salud se clasifican en cuatro tipos:

I. De atención médica;

II. De salud pública,

III. De asistencia social , y

IV. De privada sin fines de lucro.

Artículo 25. Conforme a las prioridades del sistema nacional de salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables y que proporcionados por las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

...

...

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación ya sea física, mental e intelectual, incluyendo la atención de urgencias.

...

...

Artículo 34. Para los efectos de esta ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en:

...

...

III. Servicios sociales, privados y privados sin fines de lucro, sea cual fuere la forma en que se contraten, y

...

Artículo 38. Son servicios de salud privados los que presten personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, y sujetas a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles. En materia de tarifas, se aplicará lo dispuesto en el artículo 43 de esta ley.

Estos servicios pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros, individuales o colectivos.

Artículo 38 Bis. Son servicios de salud privados sin fines de lucro, los que presten a la población abierta tanto personas físicas o instituciones privadas con sus propios recursos y con el apoyo de los diferentes niveles de gobierno y sus dependencias, servicios que no tendrán costo alguno para sus usuarios, ya sea en atención médica, medicamentos, rehabilitación y en su caso internamiento temporal o permanente.

Artículo 40. Las modalidades de acceso a los servicios de salud privados, sociales y privados sin fines de lucro, se regirán por lo que convengan prestadores y usuarios, sin perjuicio de los requisitos y obligaciones que establezca esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 41 Bis. Los establecimientos para la atención médica del sector público, social, privado y privados sin fines de lucro del sistema nacional de salud, además de los señalados en los artículos 98 y 316 de la presente Ley, y de acuerdo con su grado de complejidad y nivel de resolución, contarán con los siguientes comités:

I. Un Comité Hospitalario de Bioética para la resolución de los problemas derivados de la atención médica a que se refiere el artículo 33 de esta Ley; así como para el análisis, discusión y apoyo en la toma de decisiones respecto a los problemas bioéticos que se presenten en la práctica clínica o en la docencia que se imparte en el área de salud, así como promover la elaboración de lineamientos y guías éticas institucionales para la atención y la docencia médica. Asimismo, promoverá la educación bioética permanentemente de sus miembros y del personal del establecimiento, y

II. En los casos de establecimientos de atención médica que lleven a cabo actividades de investigación en seres humanos, un Comité de Ética en Investigación que será responsable de evaluar y dictaminar los protocolos de investigación en seres humanos, formulando las recomendaciones de carácter ético que correspondan, así como de elaborar lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación en salud, debiendo dar seguimiento a sus recomendaciones.

Los Comités Hospitalarios de Bioética y de Ética en la Investigación se sujetarán a la legislación vigente y a los criterios que establezca la Comisión Nacional de Bioética. Serán interdisciplinarios y deberán estar integrados por personal médico de distintas especialidades y por personas de las profesiones de psicología, enfermería, trabajo social, sociología, antropología, filosofía o derecho que cuenten con capacitación en bioética, siendo imprescindible contar con representantes del núcleo afectado o de personas usuarias de los servicios de salud, hasta el número convenido de sus miembros, guardando equilibrio de género, quienes podrán estar adscritos o no a la unidad de salud o establecimiento.

Capítulo VIISalud Mental

Artículo 72. La prevención y atención de los trastornos mentales, discapacidad intelectual y del comportamiento es de carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control multidisciplinario de dichos trastornos, así como otros aspectos relacionados con el diagnóstico, conservación, mejoramiento y rehabilitación de la salud mental y de la discapacidad intelectual.

Para los efectos de esta ley, se entiende por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Por discapacidad intelectual se entiende como una adquisición lenta e incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que conduce finalmente a limitaciones sustanciales en el desarrollo corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidad académicas funcionales, ocio y trabajo.

La atención de los trastornos mentales y del comportamiento deberá brindarse con un enfoque comunitario, de reinserción psicosocial y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios.

Artículo 73. Para la promoción de la salud mental, de la discapacidad intelectual y la atención de las personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

...

II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales, de las discapacidades intelectuales y del comportamiento;

...

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención y rehabilitación;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención y rehabilitación;

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental y discapacidad intelectual;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, discapacidad intelectual y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud, y

VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Artículo 74. La atención de los trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento comprende:

I. La atención de personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento, la evaluación diagnóstica integral y tratamientos integrales, y la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, discapacitados intelectuales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o substancias psicotrópicas;

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento, rehabilitación e internamiento de personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento, y

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes.

Artículo 74 Bis. La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los siguientes derechos:

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental, discapacidad intelectual y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

II. Derecho a contar con un representante que cuide en todo momento sus intereses. Para esto, la autoridad judicial deberá cuidar que no exista conflicto de intereses por parte del representante;

III. Derecho al consentimiento informado de la persona o su representante, en relación al tratamiento a recibir. Esto sólo se exceptuará en el caso de internamiento involuntario, cuando se trate de un caso urgente o cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente;

IV. Derecho a que le sean impuestas únicamente las restricciones necesarias para garantizar su protección y la de terceros. En todo caso, se deberá procurar que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y a que el tratamiento a recibir sea lo menos alterador posible;

V. Derecho a que el tratamiento que reciba esté basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado llegado el caso;

VI. Derecho a no ser sometido a tratamientos irreversibles o que modifiquen la integridad de la persona;

VII. Derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten sus familiares o amigos, y

VIII. Derecho a la confidencialidad de la información psiquiátrica sobre su persona.

Artículo 75. El internamiento de personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento, sea temporal o permanente, será como último recurso terapéutico, se ajustará a principios éticos, sociales, de respeto a los derechos humanos y a los requisitos que determine la Secretaría de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Será involuntario el internamiento, cuando por encontrarse la persona impedida para solicitarlo por sí misma, por incapacidad transitoria o permanente, sea solicitado por un familiar, tutor, representante legal o, a falta de los anteriores, otra persona interesada, que en caso de urgencia solicite el servicio y siempre que exista la intervención de un médico calificado, que determine la existencia de un trastorno mental y del comportamiento y que debido a dicho trastorno existe un peligro grave o inmediato para sí mismo o para terceros.

La decisión de internar a una persona deberá ser notificada a su representante, así como a la autoridad judicial.

El internamiento involuntario será revisado por la autoridad judicial a petición de la persona internada o de su representante. La resolución de la autoridad judicial deberá estar fundada en dictamen pericial y, en caso de que se resuelva la terminación del internamiento, deberá establecer un plazo para que se ejecute la misma. En todo caso, durante dicho procedimiento deberá garantizarse la defensa de los intereses de la persona internada.

Las autoridades sanitarias deberán coordinarse con los organismos públicos de protección a los derechos humanos para que los establecimientos dedicados a la atención y tratamiento de las personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento sean supervisados continuamente, a fin de garantizar el respeto a los derechos de las personas internadas.

Artículo 76. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas para los establecimientos que prestan atención a las personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento, de la red del Sistema Nacional de Salud.

A estos efectos, se establecerá la coordinación necesaria entre las autoridades sanitarias, judiciales, administrativas y otras, según corresponda.

Artículo 77. Los padres, tutores, quienes ejercen la patria potestad o quienes ostenten la representación legal de personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento, serán responsables de la guardia o custodia. Las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con las personas con trastornos mentales, discapacidades intelectuales y del comportamiento, procurarán la oportuna y debida atención de los mismos.

A estos efectos, podrán obtener orientación y asesoramiento en las instituciones públicas y privadas sin fines de lucro dedicadas a la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento.

En caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental, discapacidad intelectual y del comportamiento, y que se requiera el internamiento del menor, deberá respetarse lo dispuesto por el artículo 75 de esta ley y dicho internamiento deberá efectuarse en un establecimiento o área específicamente destinada a la atención de menores. De igual manera, se deberán tomar las medidas necesarias a fin de proteger los derechos que consigna la ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.— Diputado José Rangel Espinosa (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Luis Oliveros Usabiaga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que se me confiere de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad México contiene alrededor de 37.9 millones de jóvenes de acuerdo a las últimas cifras del Consejo Nacional de Población, de los cuales 8.3 millones se encuentran en el grupo de edad de 25 a 29 años, dentro del cual 24.5 por ciento cuenta con una educación superior (Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía), lo que significa que más de setenta por ciento del mismo, carece de una educación acorde con su edad y correspondiente preparación. Según cifras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt en 2013) solamente 2 de cada 10 mexicanos continúan con educación de posgrado, dentro de los cuales, de acuerdo al Conacyt en 2014, aproximadamente 350 jóvenes mexicanos decide continuar sus estudios en universidades de alto reconocimiento en instituciones extranjeras financiados por el consejo nacional, con la finalidad de enriquecer sus aptitudes personales y de aportar nuevos datos a su área de conocimiento o investigación que contribuyen a elevar el nivel de educación en México.

Los jóvenes que logran salir de México para estudiar en universidades extranjeras se encuentran con problemas significativos, aunados a los que tuvieron que sortear para obtener becas o recursos en primer término, para salir del país, se suman los problemas que conlleva regresar a México con un título extranjero que encontrará una larga lista de inconvenientes respecto a sus trámites de revalidación para que se les considere con valor curricular.

Por lo que desde el punto de vista de políticas públicas, es esencial que una vez concluidos los estudios, regresen a México para ejercer su profesión y coadyuven en elevar el nivel de competitividad nacional. Lamentablemente, la mayoría de los jóvenes que salieron de México en busca de un panorama más amplio de estudios o investigación encuentra a su regreso, una serie de candados legales que impiden o dificultan que un importante número de posgrados no sean reconocidos en nuestro país bajo el argumento de que no existe un programa equivalente o por no cumplir con un criterio específico de horas clase, por lo que gran parte de los jóvenes que obtiene títulos universitarios en otros países, prefiere continuar sus estudios fuera de México y en lo subsecuente buscar trabajo en los mismos países que los han albergado como estudiantes.

Este es precisamente el problema central que nos atañe, hemos detectado que el problema educativo de nuestro país, radica no sólo en paupérrimas escuelas, en sueldos magisteriales bajos y en contenidos educativos de baja calidad, reside también en que la mayoría de los jóvenes considera que el acceso a la educación pública es ya de por sí limitado, lo que les obliga a buscar su ingreso a universidades privadas, las cuales tienen costos elevados por lo que la mayoría de los jóvenes no pueden acceder a ellas y se ven orillados a trabajar en el mercado informal a temprana edad, y sin embargo, aquellos que sí pudieron ingresar a la universidad ya sea pública o privada y que desean realizar estudios de posgrado, encuentran en las universidades mexicanas un bajo nivel competitivo comparado con universidades extranjeras, lo que los lleva a pelear por un espacio o una beca fuera de México y de lograrlo y posteriormente concluir sus estudios, si tratan de volver a nuestro país, saben que tendrán que realizar revalidaciones largas y tediosas que no siempre serán exitosas ya que los criterios de la norma, suelen ser excesivos y no accesibles.

El Conacyt, en su informe de 2014, señala que hasta el año 2012 existían 463 jóvenes científicos mexicanos, que se dedican a la investigación en otros países, 292 hombres y 171 mujeres quienes se desarrollan profesionalmente en empresas e instituciones ubicadas en otros países, principalmente Estados Unidos y Canadá Asimismo, México se encuentra es el séptimo país con más “fugas de cerebros” de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ya que, de acuerdo a cifras de la misma organización, poco más 867 mil mexicanos migrantes cuentan con estudios de licenciatura y posgrados.

Aunado a lo anterior la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura expone que la pérdida anual de mexicanos con al menos un nivel académico de licenciatura ascendió durante la última década a por lo menos veinte mil personas por año, lo cual a su vez, significaría que 14.3 por ciento de los mexicanos que obtienen el título de doctorado emigran a otros países debido a los bajos sueldos así como a la insuficiente utilización del capital humano en México.

La autoridad a la cual le compete otorgar la revalidación y reconocimiento sobre los estudios y programas en el extranjeros es la Secretaría de Educación Pública (SEP), fundamentado en los artículos 12, fracción IX, 61 y 63 de la Ley General de Educación (LGE). Con base en lo anterior, la SEP ha publicado el acuerdo 286 el 30 de octubre de 2000, en el cual se establecen los criterios básicos para la revalidación de los estudios cursados en el extranjero, y en el punto 25 del mismo, se especifican las cláusulas básicas para la revalidación en donde se fija un criterio de similitud porcentual para considerar su validez dentro del sistema educativo nacional y de esta manera otorgar el correspondiente reconocimiento nacional al título otorgado en el extranjero. Fundamentalmente, lo que este criterio plantea es el hecho de que si los estudios realizados en el extranjero son equiparables en al menos 75 por ciento a lo existente en algún programa nacional entonces podrá darse la correspondiente revalidación total de los estudios. En caso de no cumplir con dicha condición entonces hay una revalidación parcial de los estudios, teniendo así las opciones de cursar las asignaturas restantes para poder obtener el reconocimiento oficial de su grado de estudios, superando el porcentaje necesario de equivalencia, o someterse a una evaluación de conocimientos de tipo superior.

Por lo que los criterios de revalidación expuestos en el acuerdo inhiben el retorno de mexicanos con estudios de educación superior, toda vez que la validez de los mismos está entredicho por un sistema que no beneficia a la persona y mucho menos a la competitividad del país. De esta manera queda evidenciada una importante contradicción en los criterios entre dependencias encargadas de promover y apoyar a los mexicanos sus estudios en el extranjero, siendo de esta manera el caso más emblemático por su discrepancia el que hay entre el Conacyt y la Secretaría de Educación Pública, puesto que para que la primera dependencia mencionada conceda un apoyo es necesario que el proyecto a investigar y la universidad deseada cumpla con el criterio de “Universidades de Calidad”. Léase, Conacyt no apoya a programas que no estén incluidos dentro de los estándares más altos a nivel nacional. La contradicción radica en que a un becario le es otorgado el apoyo económico, cursa sus estudios, cumple con los requisitos para el reconocimiento de su maestría y le otorgan el certificado de “no adeudo”, pero éste es parcial porque no tiene validez ante la SEP, pero sí ante Conacyt. Una dependencia apoya y fomenta la competitividad y la otra niega su reintegración como parte del capital humano del país.

Por lo anterior, sugerimos que el criterio de la SEP contenido en el acuerdo número 286, mediante la facultad contenida en la Ley General de Educación sea superado mediante reforma a los artículos 61 y 63 de la Ley General de Educación para unificar criterios y, en caso de conflicto, prevaleciendo aquel que más beneficie al interesado. Anexamos cuadro comparativo sobre el texto propuesto.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa pretende modificar, en primer término a la:

Ley General de Educación

(Texto Vigente)

Artículo 3o.El estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 61.Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos,por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Artículo 63. La Secretaria determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes.

...

Redacción propuesta

Artículo 3o.El estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Así como otorgar reconocimiento oficial a los estudios realizados en el extranjero que cuenten con reconocimiento oficial en sus países de origen. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Artículo 61.Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional con reconocimiento oficial en su país de origen[podrán] adquirirán validez oficial, mediante su revalidación.[siempre y cuando sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema.]

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos,por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, adoptándose en cada caso el sistema que más favorezca al interesado.

Artículo 63. La Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes, utilizando el criterio que más beneficie al interesado.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Primero. Se reforman los artículos 3o., 61 y 63 de la Ley General de Educación, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 3o. El estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Así como otorgar reconocimiento oficial a los estudios realizados en el extranjero que cuenten con reconocimiento oficial en sus países de origen.Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

Artículo 61. Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional con reconocimiento oficial en su país de origen adquirirán validez oficial, mediante su revalidación.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, adoptándose en cada caso el sistema que más favorezca al interesado.

Artículo 63. La secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se ajustará la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes, utilizando el criterio que más beneficie al interesado.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas:

1. Localización Geográfica del Sistema Nacional de Investigadores 2012

2. De acuerdo a la Universidad Autónoma de México,  “fuga de cerebros” se refiere a profesionales que se han desarrollado académicamente en su país de origen y emigran a otros países para continuar con su educación, desarrollar investigaciones o encontrar mejores oportunidades de trabajo.

3. Migración y países en desarrollo (2008)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Diputado José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Iniciativa que reforma el artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Ricardo Mejía Berdeja, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Comisión Permanente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un tema que ha cobrado mayor relevancia en las agendas político-sociales a nivel internacional, es la migración, fenómeno que va más allá de nuestras fronteras, trascendiendo la coyuntura del momento y de la cual podemos encontrar un abanico de situaciones que son punto de ignición para generar la movilización de millones de personas.

La Organización de las Naciones Unidas define la migración como:

Migración: Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. (Por ejemplo, movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como personas desplazadas por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de desarrollo).

Así, la migración internacional es un fenómeno complejo que puede involucrar a dos o más Estados, entre países de origen, tránsito y destino. En este sentido México es conocido como un país emisor y de tránsito de migrantes en busca de mejores condiciones económicas principalmente, en su destino hacia Estados Unidos.

Debido a esto la frontera sur de nuestro país se encuentra en medio de la tormenta, nuestra ubicación geográfica al colindar con Guatemala, Belice y estos a su vez con Honduras y el Salvador países que se encuentran a la cabeza con los niveles más altos de asesinatos en el mundo, tal como lo demuestra la Organización de las Naciones Unidas son un referente para comprender el contexto de violencia que azota a los países de Centro América a causa de un Estado fallido que no ha sido capaz brindar condiciones de vida digna y son incapaces de brindar seguridad y garantía a los derechos humanos, que se traduce en la falta de protección por resguardar la vida de sus connacionales.

Así estos países se han convertido en expulsores de migrantes, sin embargo en los últimos años las cifras de desplazamiento infantil son preocupantes, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración, durante 2013 se reportaron 8,350 eventos de retorno asistido de menores extranjeros, de los cuales 5477 eran menores no acompañados bajo las siguientes consideraciones:

El mismo INM ha dado a conocer que durante el primer cuatrimestre de 2014 se reportaron 4080 eventos de retorno asistido de menores extranjeros, equivalentes a 48.86 por ciento del total reportado en el año anterior; de los cuales 2 mil 214 eran menores no acompañados, siendo de las nacionalidades y rangos de edad que a continuación se citan:

Sin embargo las cifras no demuestran ni la vulnerabilidad ni los riesgos a los que se enfrentan en búsqueda de un sueño que en la mayoría de los casos se convierte en una pesadilla. Los anhelos por tener una mejor calidad y condiciones de vida, salir de la pobreza, del contexto de violencia así como ir en búsqueda de sus familiares, son factores que han obligado a la niñez a salir de sus países y hoy en día el fenómeno se recrudece al ser un gran porcentaje de ellos migrantes menores de edad no acompañados.

Ante tal situación, los menores de edad no acompañados han acaparado los titulares de noticias debido a historias llenas de horror, con una violación sistemática a sus derechos; ante ello el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados se ha pronunciado: “Son personas menores de 18 años que se encuentran separadas de ambos padres y no están bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo”.

En este sentido el INM reportó que entre enero y julio de 2014 detuvo alrededor de 7 mil 600 niños migrantes no acompañados. Esta migración masiva de niños no tiene precedentes, por lo que ha sido llamada una crisis humanitaria, que pone en el centro del huracán a los países de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes.

En este sentido, México ha tratado de legislar en materia de niñez migrante ajustando los estándares internacionales de derechos humanos y que regulan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente los que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño a su legislación nacional.

El reforzamiento de los mecanismos de control migratorio, por su parte, ha profundizado la situación de alta vulnerabilidad y riesgos en que se encuentran estos niños, niñas y adolescentes, que deriva en hechos de abuso, violencia y explotación, o en daños graves a su integridad física y emocional poniendo en riesgo su vida.

En este contexto, la migración se produce en condiciones de altísima vulnerabilidad, que se profundizan e impactan con especial intensidad en los niños, niñas y adolescentes no acompañados. Esta situación es un elemento que en sí mismo interpela el rol preponderante que tiene el tema de la seguridad y el control en la política migratoria, en tanto puede no solamente contribuir a reforzar los elementos que conforman el ambiente de inseguridad, sino también a incrementar los riesgos para las personas con mayores niveles de vulnerabilidad en este contexto.

En este sentido las violaciones a los derechos humanos de los menores de edad migrantes en México han ido en aumento, desde ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos; extorsionados o secuestrados para ser obligados y unirse a las filas del crimen organizado; aunado a sufrir algún accidente y en el peor de los escenarios la muerte, a esto las organizaciones internacionales lo han calificado como una crisis humanitaria.

Esta crisis humanitaria pone en evidencia los grandes desafíos que representa para el país; un Estado que cada vez pierde mayor terreno frente al crimen organizado, niveles crecientes de impunidad, corrupción que limitan la garantía de los derechos humanos y el acceso de la justicia, así como violencia generalizada.

Empero México ha comenzado a tomar acciones para mejorar las condiciones de los migrantes menores de edad no acompañados que viajan a lo largo del país, en este sentido el Congreso aprobó la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y realizó modificaciones a la Ley de Migración con el objetivo de brindar la protección y dar garantía conforme la legislación nacional, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables.

Así la presente iniciativa tiene por objetivo priorizar las medidas que propendan al cuidado de niñas, niños y adolescentes con miras a su protección integral cuando el menor no acompañado y privilegiando el interés superior del mismo, deba ser canalizado a un espacio propio, que cumpla con las condiciones básicas sin descuidar un área básica para dicho sector como es el esparcimiento y el juego acorde a su edad y condición, y con esto evitar un impacto psicológico.

Fundamento legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo fundado y expuesto, someto a la consideración de la honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 94 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único.Se reforma el segundo párrafo del artículo 94 de la Ley General de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 94. Para garantizar la protección integral de los derechos, los sistemas nacional, estatales y municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Asimismo, acordarán las condiciones básicaslos estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención y cuidados adecuados, sin desatender las necesidades de esparcimiento y juego propias a la edad y condiciones de niñas, niños y adolescentes migrantes, evitando por todos los medios posibles un impacto psicológico.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 469 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Cristina Díaz Salazar, senadora de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1; 164, numeral 1; 169 y 172, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 469 Bis a la Ley General de Salud, en materia de información para la salud, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

A pesar de los notables avances en el manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en México todavía no se cuenta con un verdadero Sistema Nacional de Información en Salud. Lo que existe es una serie de subsistemas desconectados en su estructura y procesos, que generan poca información sobre salud positiva, productividad, riesgos, y desempeño. El sistema actual no está completamente articulado con el aparato administrativo de las instituciones de salud y es incompleto en la colección de información del sector privado. La desvinculación entre las necesidades de información de los usuarios y los productos que genera el sistema actual, reditúa en insatisfacción, poca confiabilidad, y el desarrollo de sistemas de información paralelos en las instituciones estatales de salud. Lo anterior, aunado a la falta de canales de difusión y mecanismos horizontales y flexibles de acceso a sus productos, genera dificultades importantes para una gestión adecuada de los recursos de información por toda la sociedad.

Además del acceso a la información que proporcionan las nuevas tecnologías, es igualmente importante vigilar el contenido del sistema de información, su difusión, utilización e impacto en su conjunto. En este contexto, el sistema debe satisfacer las diversas necesidades reales y potenciales de información de sus usuarios. Para la elaboración del programa de acción la SSA  tomó en consideración a las autoridades de salud de las entidades federativas del país, además de la opinión de usuarios, gerentes  y expertos en servicios de información en salud.

Las actividades tendientes a la instrumentación de un programa de desarrollo estadístico en salud inician en el seno del comité técnico del sector, integrado en 1981. Sus trabajos se realizan bajo los lineamientos establecidos por el gabinete de salud dependiente del Ejecutivo federal. En particular, el esquema de conducción apareció definido en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y con mayor claridad y precisión en el Programa Nacional de Salud 1984-1988. En éste último se presentan los ordenamientos jurídicos asignados a la Secretaría de Salud, estableciendo su carácter de órgano rector de la política en esa materia.

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Salud, corresponde a la Ssa, en su carácter de cabeza de sector, la conducción del Sistema Nacional de Información en Salud; en particular el reglamento interno de esta secretaría otorga tal atribución a la actual Dirección General de Información y Evaluación del Desempeño, la cual debe convocar periódicamente al Grupo Interinstitucional de Información en Salud (GIIS), y dar seguimiento a los programas de trabajo propuestos al interior del mismo.

Actualmente se tiene una problemática en la captación de información por parte de los integrantes del Sistema, que afecta gravemente los atributos de calidad de la misma, en virtud de que se han conocido situaciones en las que se puede presumir que se oculta información o que se asientan hechos falsos en los formatos de captación de información que define la Secretaría de Salud.

Dichas situaciones afectan gravemente la veracidad, integridad, validez y en general la calidad de la información en salud, que tiene como fin principal la toma de decisiones para proporcionar servicios de salud de calidad a la población.

En ese sentido, se considera importante tipificar en la Ley General en Salud este tipo de conductas, por lo que se tomaron como modelo las siguientes disposiciones del Código Penal Federal.

Esta disposición contempla en el capítulo IV el delito de falsificación de documentos públicos y privados en el artículo 243 que a la letra dice:

El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa.

Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.

Artículo 244. El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes:

...

VII. Añadiendo o alterando cláusulas o declaraciones, o asentado como ciertos hechos falsos, o como confesados los que no lo están, si el documento en que se asientan, se extendiere para hacerlos constar y como prueba de ellos.

Tomando como base lo anterior, se estima conveniente crear dentro del capítulo VI de la ley un tipo especial que contemple el ocultamiento de información en materia de salud o bien falsear información.

Finalmente, atendiendo a que el ocultamiento de la información sea realizado por profesionales de la salud, técnicos o auxiliares se estima conveniente que las penas puedan ser incrementadas, ya que forma parte de las actividades que por su profesión o actividad deben realizar.

Es por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se adiciona el artículo 469 Bis a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 469 Bis. A quien por cualquier medio oculte información para la salud o asiente como ciertos hechos falsos, que pudiera resultar en una afectación grave al patrimonio o los intereses de la Secretaría de Salud, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito.

Si quien realiza una de las conductas enunciadas en el párrafo anterior es un profesional de la salud, técnico o auxiliar, la pena de que se trate aumentará hasta en una mitad más.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 21 de enero 2015.— Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma los artículos 49, 73 y 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, senador de la República a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 49, 73 y 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

El principio de división de poderes constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, ya que implica la limitación del poder público para evitar su abuso, de manera que dicho poder sirva como instrumento para los fines del bien común y no para el beneficio de quienes lo ejercen con motivo de su cargo.

Es por ello que la efectiva observancia del principio de división de poderes supone la verdadera existencia del estado democrático y del ejercicio de las libertades.

Si bien el concepto de división de poderes nos es familiar, se trata de un muy añejo objeto de estudio. Ya en su tiempo, Aristóteles se ocupó del tema, estableciendo una clasificación en la que contemplaba la división del poder político en tres elementos: una asamblea deliberativa que discute los asuntos públicos, un cuerpo de magistrados que equivaldría al poder ejecutivo, y finalmente un cuerpo judicial.

Algunos otros pensadores como Polibio, Bodin, Tomás de Aquino o Puffendorf se ocuparon del tema. Sin embargo, la teoría moderna nace en el siglo XVII con John Locke, pensador inglés quien consideró que la división de poderes no responde simplemente a una especialización de funciones, sino a la necesidad de limitar el poder público para impedir su abuso.

Bajo tal concepción, Locke realizó una división del poder en tres ámbitos, a saber, legislativo, encargado de la elaboración de normas, ejecutivo encargado de aplicarlas, y federativo, encargado de asuntos exteriores y de la seguridad. Como puede verse, en su clasificación Locke no tomó en consideración la función jurisdiccional.

Unos años después, ya en el siglo XVIII, Montesquieu, pensador francés, retomando los postulados de Locke pero también de Aristóteles, sostuvo que la división de poderes garantiza la existencia y ejercicio de libertades.

Es precisamente Montesquieu quien en sus postulados reivindica la función jurisdiccional enarbolada por Aristóteles y posteriormente excluida por Locke, consolidándose así la doctrina de división de poderes que hoy conocemos, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Pero la relevancia histórica de los postulados de Locke y Montesquieu no solamente radica en la comprensión de la necesidad de dividir el poder público, como mecanismo para evitar el abuso que genera su concentración en un solo individuo, sino también en la utilización del propio poder público para limitarse a sí mismo.

Ello constituye el nacimiento del sistema de contrapesos, esencial en todo estado democrático en el que exista una efectiva división de poderes.

Sin embargo, la estricta separación de poderes sostenida por Locke y Montesquieu fue posteriormente matizada, entre otros por Kant y Rousseau, quienes consideraron que dicha separación no es absoluta, pues los poderes o funciones del poder son necesariamente complementarios entre sí en razón de la unidad del Estado como ente.

Según ambos, tampoco implica que uno de los poderes esté impedido para llevar a cabo ciertas funciones de naturaleza propia a la de otro poder. Por el contrario, la realización de actos materialmente distintos a la naturaleza de sus atribuciones es válida y de ninguna manera implica una invasión a la esfera de atribuciones de otro poder.

Cabe mencionar que estos son razonamientos que recoge nuestra doctrina jurídica, y han sido plasmados en una importante cantidad de criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, en la historia del constitucionalismo mexicano, el principio de división de poderes la encontramos ya en la Constitución de Cádiz de 1812, producto en cierta medida de la influencia de las ideas de la Ilustración que antes habían dado origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, misma que influiría de manera decisiva en la Constitución de los Estados Unidos de América, la que a su vez influenció al naciente constitucionalismo latinoamericano.

Posteriormente, la Constitución de Apatzingán en 1814 (que aunque nunca entró en vigor es un texto imprescindible en la historia del constitucionalismo mexicano), el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824, la Constitución Federal de 1824, las Bases Orgánicas de 1843 y la Constitución de 1857 plasmaron la división del Supremo Poder de la Federación en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, consagrando también la prohibición de que dos o más de dichos poderes se concentraran en una sola persona o corporación.

Cabe señalar que en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 se introdujo además la prohibición de que el Poder Legislativo se depositara en un solo individuo.

Por otro lado las Bases Constitucionales de 1835 y las Leyes Constitucionales de 1836, también conocidas como las Siete Leyes, ambas de corte centralista, recogían el concepto de división de poderes, aunque con la inclusión del llamado Supremo Poder Conservador, facultado para anular cualquier acto emanado de los otros tres Poderes.

La Constitución Política de 1917, por su parte, retoma en su artículo 49 el texto de la Constitución de 1857 y a lo largo de su vigencia ha sufrido únicamente dos reformas que no se relacionan propiamente con la división de poderes, sino con la limitación o ampliación de facultades extraordinarias del Poder Ejecutivo para legislar en caso de suspensión de garantías y en materia arancelaria.

Es así como la división de poderes, la prohibición de la concentración de dos o más poderes en una sola persona o corporación y la prohibición de depositar el Poder Legislativo en una sola persona, son principios que han estado vigentes durante la mayor parte de la vida de México como nación independiente.

Ahora bien, desde su emancipación del dominio español, nuestro país se inclinó en principio por el establecimiento de un sistema monárquico, aunque muy pronto la realidad planteó la necesidad de un sistema distinto.

Así, con la Constitución de 1824 y producto de la fuerte influencia de la Carta Magna de los Estados Unidos de América, se instauró en México el sistema presidencial, aunque no con total estabilidad. El siglo XIX se caracterizó precisamente por una permanente inestabilidad política y social derivada, entre otras cosas, de las intervenciones extranjeras y de la confrontación entre los conservadores (que propugnaban por el establecimiento de una monarquía en México) y los liberales.

Como resultado de dichas confrontaciones, el sistema presidencial se vio primero restringido con la creación del Supremo Poder Conservador en 1836, integrado por cinco miembros y facultado para anular los actos de los otros tres Poderes, y posteriormente interrumpido con la instauración de una monarquía de 1864 a 1867.

Es así como llegamos al México de la postrevolución, regido por la Constitución de 1917, pero marcado por el dominio de un partido hegemónico; inmerso por completo en un sistema presidencialista exacerbado en el que los Poderes Legislativo y Judicial se encontraban sometidos a los designios del Ejecutivo. Un sistema en el que el principio de división de poderes y los contrapesos entre estos no son sino una declaración de principios sin aplicación real.

Tal ha sido la realidad de México en la historia reciente.

Ciertamente un sistema presidencial se caracteriza por el predominio del Poder Ejecutivo; el Presidente como Jefe de Estado y de gobierno es independiente del Parlamento. Sin embargo en nuestro país esta concepción se ha distorsionado de tal manera que los Presidentes han ejercido su poder de manera abusiva y sin limitación alguna, partiendo de la errónea concepción de que pueden hacer lo que les plazca sin limitación alguna.

El nuestro es un sistema tradicionalmente presidencialista y como bien señala Manuel González Oropeza, el predominio del Poder Ejecutivo es un hecho culturalmente aceptado, aunque en años recientes han sido cada vez más las voces que propugnan por la instauración de un sistema parlamentario.

Sin embargo, a pesar de la tradición presidencialista, debemos reconocer que la lucha contra el autoritarismo ha logrado al paso de los años una apertura democrática en la que tanto el Congreso de la Unión como el Poder Judicial se han fortalecido, a pesar de los constantes intentos regresivos tendientes a centralizar el poder público en la figura del Ejecutivo.

A pesar de ello, los mecanismos de control entre poderes establecidos en nuestra Constitución siguen sin ser suficiente ni adecuadamente ejercidos y la figura del Presidente de la República continúa siendo concebida por muchos como la de un ser omnipotente.

Por ello resulta inconcebible que nuestra propia Constitución sea origen de esta clase de ideas que exaltan a la figura presidencial, al calificar al Poder Ejecutivo como Supremo en su artículo 80.

En un México que, como ya se señaló, ha logrado importantes avances democráticos a pesar de los intentos centralistas y regresivos que en fechas recientes han cobrado fuerza, resulta inconcebible que el texto del artículo 80 de nuestra Constitución se refiera al Poder Ejecutivo de la Federación con un adjetivo que sugiere superioridad, predominio, hegemonía sobre los otros Poderes.

Considerar que el Poder Ejecutivo es un Poder Supremo, resulta una concepción obsoleta y anacrónica que no es acorde a una democracia constitucional moderna.

Tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial desempeñan hoy un papel fundamental en la viabilidad democrática del país y por esa razón es menester que desempeñen de manera efectiva una función de control y limitación del poder público.

Por tal razón la presente iniciativa propone eliminar del texto constitucional el término “Supremo” de manera que nuestra propia Carta Fundamental proscriba la errónea y arraigada concepción de hegemonía del Poder Ejecutivo sobre los otros Poderes, concepción que resulta obsoleta incluso dentro un sistema presidencialista moderno.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforman los artículos 49, 73 fracción V; y 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Título Tercero

Capítulo IDe la División de Poderes

Artículo 49. Los Poderes de la Federación se divide n para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a IV. ...

V.Para cambiar la residencia de los Poderes de la Federación.

VI. a XXX....

Artículo 80. El ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en el  “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía:

• Tena Ramírez, Felipe; Derecho constitucional mexicano, Ed. Porrúa, 5ª ed. México, 1961.

• Fix Zamudio, Héctor, y Valencia Carmona, Salvador; Derecho constitucional mexicano y comparado, Ed. Porrúa, 5ª ed. México, 2007.

• Varios, México a través de sus Constituciones, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 2006.

Dado en la Comisión Permanente, a los 21 días de enero de 2015.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

«Iniciativa que reforma los artículos 106 y 108 de la Ley Federal de Sanidad Animal, suscrita por el diputado Salvador Barajas del Toro, del Grupo Parlamentario del PRI

Salvador Barajas del Toro, diputado federal de la LXII Legislatura, con fundamento en las atribuciones que le confieren los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En la Ley Federal de Sanidad Animal hay que complementar, aclarar e identificar los términos y funciones de los médicos veterinarios responsables autorizados u oficiales, para el cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y las buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables. Ello en función del deber de proporcionar las facilidades a la Secretaría, cuando ejerzan sus atribuciones de inspección y cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de las buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

Argumentación:

Con el objeto de precisar la importancia del incluir el término de oficial en torno al cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y las buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables, se describen las siguientes propuestas puntuales de ésta reforma en el siguiente cuadro comparativo de la Ley Federal de Sanidad Animal.

Ley Federal de Sanidad Animal (actual)

Artículo 106. Los propietarios, el administrador único, los responsables de la administración o poseedores de los establecimientos a los que hace referencia el artículo anterior, y los médicos veterinarios responsables autorizados en su caso, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables. Asimismo dichas personas estarán obligadas a proporcionar las facilidades necesarias a la Secretaría cuando ejerza sus atribuciones de inspección del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

Dichas personas estarán obligadas a establecer las medidas de control necesarias e informar inmediata y expresamente a la Secretaría, en el supuesto de que detecten o tengan la sospecha de una enfermedad o plaga de notificación obligatoria, enfermedad o plaga exótica o una posible fuente de contaminación de los bienes de origen animal.

Artículo 108. La Secretaría promoverá que los centros de sacrificio de animales y establecimientos de procesamiento de bienes de origen animal obtengan el carácter de Tipo Inspección Federal una vez que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de bienes de origen animal, deberán tener a su servicio durante las horas laborables, cuando menos un médico veterinario responsable autorizado para fines de control de bienestar animal, de vigilancia epidemiológica, otras medidas zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias.

Asimismo, la Secretaría autorizará la instalación y funcionamiento de las plantas de rendimiento o beneficio, en las cuales también ejercerá la inspección, verificación y vigilancia por personal oficial, unidad de verificación u organismo de certificación.

Modificación

Artículo 106.- Los propietarios, el administrador único, los responsables de la administración o poseedores de los establecimientos a los que hace referencia el artículo anterior, y los médicos veterinarios autorizados u oficialesen su caso, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables. Asimismo dichas personas estarán obligadas a proporcionar las facilidades necesarias a la Secretaría cuando ejerza sus atribuciones de inspección del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

Dichas personas estarán obligadas a establecer las medidas de control necesarias e informar inmediata y expresamente a la Secretaría, en el supuesto de que detecten o tengan la sospecha de una enfermedad o plaga de notificación obligatoria, enfermedad o plaga exótica o una posible fuente de contaminación de los bienes de origen animal.

Artículo 108.- La Secretaría promoverá que los centros de sacrificio de animales y establecimientos de procesamiento de bienes de origen animal obtengan el carácter de Tipo Inspección Federal una vez que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de bienes de origen animal, deberán tener a su servicio durante las horas laborables, cuando menos un médico veterinario autorizado u oficial responsable para fines de control de bienestar animal, vigilancia epidemiológica, otras medidas zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias.

Asimismo, la Secretaría autorizará la instalación y funcionamiento de las plantas de rendimiento o beneficio, en las cuales también ejercerá la inspección, verificación y vigilancia por personal oficial, unidad de verificación u organismo de certificación.

Contenido de la reforma

La presente iniciativa propone la adición de un nuevo concepto en los artículos 106 y 108, ya que la idea de la reforma a esta Ley, es que se reconozca el apoyo y utilidad que brinda un oficial en el control del bienestar animal, de la necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones de sanidad animal y de las buenas prácticas pecuarias en nuestro país.

Por lo que el artículo 106 se modifica en su párrafo primero para quedar de la siguiente manera: “...y los médicos veterinarios autorizados u oficiales en su caso, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables...”

El artículo 108, se modifica en su párrafo segundo plasmando así: “...Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de bienes de origen animal, deberán tener a su servicio durante las horas laborables, cuando menos un médico veterinario autorizado u oficial responsable para fines de control de bienestar animal, vigilancia epidemiológica, otras medidas zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias...”

Ello en atención a que el sistema de inspección veterinario en todo el mundo se sustenta en personal oficial y la utilización de médicos responsables autorizados sería solo por excepción.

Lo anterior para hacer más expeditas las labores para las que están autorizados y así se homologarían éstos artículos con lo ya contemplado en el párrafo cuarto del artículo 107 de la misma Ley, el establece que “Los establecimientos Tipo Inspección Federal deben contar con médicos veterinarios oficiales o responsables autorizados que realicen la inspección o verificación en tal número que garantice la eficiencia de la misma. Los establecimientos autorizados para exportar deberán contar con médicos veterinarios oficiales si la Secretaría lo determina o el país importador lo requiere”

La inspección veterinaria es importante porque representa el inicio de la cadena de investigación que se realiza a los productos antes de su distribución final y venta. La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la entidad de la administración pública que expide las disposiciones de sanidad animal, que establezcan las características, condiciones, procedimientos, operación y especificaciones zoosanitarias o las relativas a buenas prácticas pecuarias, sin embargo en función de facilitar a la Secretaría sus funciones, existen médicos veterinarios responsables autorizados que son responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables, función que es viable que también la realicen los oficiales en aras de fortalecer una adecuada inspección y cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de las buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

Por lo expuesto y fundado en lo señalado en el presente proyecto de decreto, se somete a ésta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 106 y el párrafo segundo del artículo 108 de la Ley Federal de Sanidad Animal

Artículo Único.Se reforma el párrafo primero del artículo 106 y el párrafo segundo del artículo 108 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como se sigue:

Artículo 106. Los propietarios, el administrador único, los responsables de la administración o poseedores de los establecimientos a los que hace referencia el artículo anterior, y los médicos veterinarios autorizados u oficialesen su caso, serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias que por el tipo de establecimiento les sean aplicables. Asimismo dichas personas estarán obligadas a proporcionar las facilidades necesarias a la Secretaría cuando ejerza sus atribuciones de inspección del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal y de buenas prácticas pecuarias de los bienes de origen animal.

...

Artículo 108. La Secretaría promoverá que los centros de sacrificio de animales y establecimientos de procesamiento de bienes de origen animal obtengan el carácter de Tipo Inspección Federal una vez que se cumpla con lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento.

Los establecimientos TIF de sacrificio de animales y de procesamiento de bienes de origen animal, deberán tener a su servicio durante las horas laborables, cuando menos un médico veterinario autorizado u oficial responsable para fines de control de bienestar animal, vigilancia epidemiológica, otras medidas zoosanitarias y de buenas prácticas pecuarias.

...

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 21 de enero de 2014.— Diputado Salvador Barajas del Toro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana González Carrillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de conformidad con las siguientes

Consideraciones

En cualquier Estado democrático, las políticas y acciones vinculadas con la Seguridad deben estar sujetas al control, el seguimiento y la evaluación del Poder Legislativo Federal. En México esta función es desempeñada por las Comisiones de Seguridad Publica y Gobernación, en virtud de las facultades conferidas a esta Secretaría en las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas en diciembre de 2012; además de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Es a partir de este principio que en esta reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se incorporó en la fracción XII del artículo 27 la obligación del Secretario de Gobernación a comparecer ante las Comisiones de Seguridad Pública y de Gobernación para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique. Esta reforma aprobada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión le permitiría cumplir con el cometido de adoptar estructuras operativas que les permitan atender un gran conjunto de asuntos sin reducir la calidad de sus deliberaciones. Las comisiones legislativas, son precisamente parte de estas respuestas estructurales que los congresos crean ante sus crecientes deberes en los sistemas políticos.

Sin embargo, fue presentada por 172 diputados del PRI, el día 17 de enero de 2013, la acción de inconstitucionalidad 1/2013 por la que solicitaron la invalidez de cuatro fracciones del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en las cuales se establecía que los nombramientos de los mandos de seguridad tendrían que ser ratificados por la Cámara Alta y obligaba al secretario de Gobernación que comparecer cada seis meses ante las comisiones senatoriales de Gobernación y Seguridad Pública y la Bicamaral de Seguridad Nacional. Finalmente, dichos elementos fueron declarados inconstitucionales, por el máximo Órgano Judicial del país.

De esta manera el ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, señaló que es inválido que el comisionado nacional de seguridad sea ratificado por el Senado.

“Se trata de un órgano perteneciente a la Administración Pública Federal y su nombramiento corresponde, constitucionalmente, al Presidente de la República, sin que puedan intervenir otros poderes, ya que se trata de una instancia que ejerce facultades relacionadas con la seguridad pública”.

Expuso que la ratificación del comisionado no está señalada en la Constitución y que por ello no puede admitirse la inherencia de otro poder, como el Legislativo, en el nombramiento de los miembros de la Administración Pública Centralizada.

También propuso declarar inválida la fracción 30 del mismo artículo que obliga al secretario de Gobernación a comparecer cada seis meses ante comisiones del Senado y ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para presentar y dar seguimiento a la política criminal y de seguridad.

En ese sentido, el ministro sostuvo que la Constitución no contempla en ninguno de sus preceptos que el titular de la Secretaría de Gobernación deba comparecer cada seis meses ante las instancias legislativas señaladas, por lo que propuso sea declarado también inconstitucional.

Debido a lo anterior el Congreso queda sin la facultad lograda para ejercer sus funciones de control y seguimiento legislativo en el tema de mayor importancia para los mexicanos que es la Seguridad, que además requiere de esfuerzos conjuntos de los Poderes de la Unión bajo un enfoque multidimensional para garantizar la seguridad interior y la seguridad nacional, reducir la violencia y los delitos, atender vulnerabilidades y utilizar la inteligencia para preservar los intereses nacionales con respeto a los derechos humanos.

Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 93.Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.

El secretario de Gobernación comparecerá ante las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública del Senado y la Cámara de Diputados; y ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión dos veces al año; así mismo los funcionarios federales vinculados al tema de Seguridad Nacional lo harán cuando lo estime conveniente la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de enero de 2015.— Diputada Adriana González Carrillo (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento  en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Problemática

El gasto social del gobierno, mediante los programas de atención, debe mantener  un carácter preventivo y no reactivo, tiene que cubrir el objetivo de atención de  problemas y necesidades sociales que podrían convertirse en detonantes  de inconformidades sociales.

La primicia de justicia social parece ir desvaneciéndose con la mimetización del Estado de Bienestar, enaltecer los derechos sociales parece retórica y un estandarte político y no un deber de atención gubernamental, no por definición de un Estado paternalista,  sino por la estructura objetiva de apoyo a las clases marginadas,  meta a seguir de cualquier democracia.

Los avances en materia social son innegables en nuestro país durante los últimos años,  pero siguen existiendo renglones omisos, retos en desarrollo social que no pueden postergarse por lo apremiante.

Hoy en día  los fondos destinados a los programas sociales han tenido un avance progresivo y al alza, lo que indica que no son una situación menor, el propósito es la atención directa de una  cantidad mayor año con año de personas, en la intención de cumplir dicho objetivo la Ley General de Desarrollo Social en su artículo 20 a la letra dice:

Artículo 20. El presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior.

La cantidad de recursos asignados año con año a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y una mala fiscalización hace latente el riesgo de su uso para fines distintos como el electoral.

Argumentación

El proceso evolutivo de desarrollo social en la historia de nuestro país en el paso de su historia ha visto pasar múltiples programas gubernamentales.

El periodo comprendido entre 1938 y principios de la década de los 70, se caracterizó por la transformación que sufrieron las instancias responsables del abasto institucional, siendo el antecedente más directo de Diconsa la Compañía Distribuidora de Subsistencias Populares (Codisupo), la cual en 1964 se transformó en la Compañía Distribuidora de Subsistencias Conasupo.

Como es de resaltar,  los años sesenta eran marcados por las necesidades de garantizar la regulación de precios de los productos que integraban  la canasta básica dando origen al sistema de abasto denominado Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo),  la cual tenía el propósito de aplicar  acciones relacionadas con el sistema de abasto y la seguridad alimentaria.

La Conasupo fungió como el instrumento más consolidado del gobierno mexicano de esa época, impulsando fuertemente el abasto alimentario sobre todo en zonas rurales.

La metodología aplicada por Conasupo fue aplicar subsidios a productos de mayor consumo y de acuerdo al cuadro básico como el maíz y la leche.

A Conasupo le siguió el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural Integral (Pider), el objetivo principal de este programa era integrar todos los programas del Gobierno Federal, Estatal y Local,  que destinaban recursos a zonas rurales.

El Pider se creó el propósito de incidir en ámbitos locales y nacionales, como por ejemplo: caminos, electrificación, salud,  agrícolas, etcétera; esto le permitió tener injerencia y acceder a un amplio número de comunidades rurales y microrregiones  en todo el país.

Durante 10 años, de 1973 y hasta 1983, se puso en marcha el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider).

La finalidad de este programa  era resolver rezagos sociales y productivos en regiones específicas vía la inversión coordinada de diversos sectores y niveles de gobierno, ya que esta se había caracterizado por la duplicidad de recursos y esfuerzos, este programa se basó en contar  con apoyos de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El propósito loable del Pider se vio empañado por la falta de una adecuada estrategia, se realizaron una serie de proyectos sin futuro y nula planeación lo que deterioro la estrategia de consolidarlo como catalizador del desarrollo regional y nacional.

Otro programa que cobró suma relevancia, por el momento histórico electoral en el que se opacó y vulneró el cambio estructural del país, fue el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) surgido en 1988.

El Programa Nacional de Solidaridad, cuyo objetivo era el abatimiento de la pobreza de las zonas indígenas y rurales y de la población de las zonas áridas y urbanas, sin embargo se mantuvo eternamente politizado, siendo manejado como un instrumento presidencial de política social.

Con la afanosa urgencia de legitimarse, el grupo político y ensalzar al presidente en turno, se aplicaron una serie de medidas político-sociales.

En ese periodo se tenían datos sumamente fríos, que reflejaban como una alternativa para los fines del ejecutivo, los más de 44  millones de mexicanos en pobreza, de los cuales 17 millones se ubicaban dentro del rango de pobreza  extrema.

Bajo este panorama se constituye, por acuerdo del presidente, el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), el cual se forjo como propósito trabajar por elevar  el nivel de vida de los mexicanos situados dentro del rango de pobreza extrema, particularmente los grupos de campesinos e indígenas.

Con el Pronasol también se buscaba mejorar las condiciones productivas para promover el desarrollo regional equilibrado, esto se lograría con el fortalecimiento participativo de organizaciones sociales y las entidades a nivel local.

Para el año de  1997 se estableció el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa),  el cual  trabajaba con la aplicación de  servicios de salud, alimentación y educación, otro arista que enarbolo a este fue la visión de género que se le otorgo.

Instrumentado durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, Progresa se caracterizó por combinar simultáneamente apoyos de largo plazo en áreas tales como la educación, la salud y la alimentación con el objetivo de formar capital humano por lo que el objetivo final del programa fue el estimular mediante la demanda, la inversión en capital humano en las comunidades y familias más pobres.

Al igual que la mayoría de los programas de desarrollo social el Progresa operaba  atendiendo a familias en pobreza extrema en el medio rural.

Progresa opero como tal hasta el año  2001, que paso a consolidarse como Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

La gran diferencia entre uno y otro se establecía en   que mientras Progresa atendía  a familias en pobreza extrema en el medio rural, el programa de Oportunidades extendido su cobertura a zonas urbanas.

Según refiere el  Consejo Nacional de Población (Conapo), marginación es “un fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo, ésta se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios”.

Es por esto que todo gobierno busca afanosamente ubicar y apoyar a la  población en situación de pobreza mediante  el diseño implementación de políticas que redirijan los ejes de desarrollo social.

Una forma de operar esta situación es a través de los programas sociales en los cuales  se apoya el gobierno para cubrir las carencias en la prestación de servicios públicos.

Para apoyar la toma de decisiones y establecer una estrategia adecuada se debe valer de  evaluaciones periódicas de  programas basándose en resultados, metas y acciones alcanzadas  de la política de desarrollo social.

El eje financiero y operativo de la política de desarrollo social  de combate a la pobreza es un tema sensible por todo lo que le rodea, es pertinente señalar que la importancia de medir la pobreza es una herramienta que permite identificar con finura el diseño de los programas y que acciones se deben llevar a cabo para reducir el impacto negativo y mitigar sus efectos, pero sobre todo es estratégico por que determina la población objetivo.

Existen un número cuantioso de programas a nivel federal, estatal y local  destinados a sectores determinados  de  la población, pero se carece de cifras que demuestren con certeza los resultados de los mismos esto permite que se especule sobre el trato preferencial y de  uso político electoral.

Si bien es cierto que la Secretaría de la Función Pública (SFP) –hasta hoy día y que entre en operación la Comisión Nacional Anticorrupción, según lo dispuesto en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal– funciona como una dependencia que coordina, evalúa y vigila el ejercicio público, lo cual le faculta para vigilar la adecuada funcionalidad de los programas, no debe pasarse por alto que al titular de tal dependencia lo proponía el ejecutivo federal, lo que deja un proceso de incertidumbre en la garantía de los resultados y su confiabilidad al 100 por ciento.

Que si bien el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social se define como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social, en esta no se le faculta para que sea vigilante de que los recursos asignados a lo programas sociales no sean manejados con tintes políticos.

Si bien existe el Programa de Blindaje Electoral (PBE) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), mismo que debe estar  diseñado para proteger los recursos públicos de los programas sociales del gobierno de la república y evitar que sean utilizados con fines políticos o electorales, en la práctica suelen existir demandas ciudadanas y políticas para dotar de certeza que esto sea una realidad.

Es urgente atender este punto pues es difundido que,  la debilidad más importante para vigilar el uso de los recursos públicos y evitar que en medio de un proceso electoral se utilicen para apoyar o favorecer la imagen de servidores públicos esta iniciativa nace por saber que el  titular de la Secretaria de la Función Pública,  es nombrado por el presidente de la República, siendo siniestra esta operación pues  es el encargado de vigilar y en determinado momento blindar los programas sociales.

Fundamento Legal

La  iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se  reforma la fracción II del artículo 71  de la Ley General de Desarrollo Social

Primero. Se  reforma la fracción II del artículo 71  de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social:

I...

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las reglas de operación, así como vigilar que los apoyos no se utilicen con fines de lucro, políticos, electorales o con fines distintos a los objetivos de los mismos

III. a V. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 www.diputados.gob.mx/

2 www.diconsa.gob.mx

3 www.eumed.net/

4 www.estructurasocioeconomicademexico1.bligoo.com.mx/

5 Consejo Nacional de Población, Índice de marginación, 2005. 1ª edición, noviembre de 2006

6 www.funcionpublica.gob.mx/

7 www.sedesol.gob.mx/

8 www.jornada.unam.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de enero de 2015.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y CODIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma los artículos 3o. y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 84 del Código Penal Federal, suscrita por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Luz María Beristáin Navarrete, senadora integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 3o., se adiciona un tercer párrafo a la fracción III del artículo 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la fracción I del artículo 84 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente nuestro país pasa por un serio problema de justicia, en el cual la impunidad y corrupción han dañado gravemente a la sociedad mexicana, por lo que nos obliga a modificar nuestros cuerpos normativos para mejorar la seguridad en nuestro territorio.

Está demostrado que en materia de seguridad nacional, tomar medidas de prevención por medio del fomento a la educación y al deporte, abona a la labor de garantizarla, luchando contra la delincuencia.

El sistema penitenciario debe reconocer los derechos fundamentales de las personas que compurgan una pena privativa de libertad, de tal manera que deben tener acceso a la educación, no debe ser un castigo excluirles el conocimiento, sino todo lo contrario ya que contar con educación es salir de la ignorancia y es un mecanismo para darles herramientas de superación que no impliquen cometer actos delictivos dañinos para el país.

Fomentar la educación al interior de los centros penitenciarios resulta un mecanismo de reintegración social, con ello el ex recluso, al salir de la cárcel, aumenta sus posibilidades de no reincidir en la comisión delictiva.

Debemos hacer llegar a los centros penitenciarios mecanismos que permitan su real reinserción social para que no vuelvan a cometer un delito.

Es por ello que retomo una iniciativa del senador de la anterior legislatura, José Luis García Zalvidea y doy continuidad a una propuesta que anteriormente él había expuesto, la cual consiste en:

• Garantizar el acceso a la educación de los individuos que se encuentran compurgando pena privativa de la libertad.

• Establecer que la asistencia a cursos de alfabetización y educación primaria y secundaria será obligatoria para los sentenciados que no han obtenido estos beneficios.

• También se propone que se pueda conceder libertad preparatoria al condenado que haya observado buena conducta o haya obtenido certificado de estudios durante la ejecución de su sentencia.

Cabe destacar de la propuesta en mención que:

“...Desde 1974 existen escuelas de nivel primario para la educación de adultos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, mismas que dependen de la Dirección de Adultos y Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación. Ello otorga cierta autonomía a la educación con respecto al tratamiento penitenciario que se realiza en las cárceles. En realidad, estos planteles chocan con un “sistema cerrado”, la cárcel, que en cierra a la escuela. El establecimiento educativo se ve sometido a condiciones específicas para llevar adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El modelo está dando los primeros resultados. Muchos de los expresidiarios están incorporándose al mercado laboral rápidamente, e incluso, algunos continúan sus estudios en niveles superiores.

Asimismo, el modelo está siendo conducido con excepcionalidad, porque algunos reos están cursando estudios superiores a través de un programa del Centro Universitario de la cárcel de Devoto, que lleva dos décadas de funcionamiento. La presencia de la Universidad de Buenos Aires ha permitido incidir en el futuro de los internos. Sin embargo, la universidad también debió superar obstáculos burocráticos y organizativos que a veces se imponen en los penales, además de las limitaciones presupuestarias que limitan la contratación de docentes.

...Sin embargo, hay precedentes alentadores que indican que el sistema es viable. Por ejemplo, en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Morelos se desarrolla el Modulo de Educación para la Vida y el Trabajo, diseñado por el Instituto de Educación para Adultos (INEA) y supervisado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el programa de Preparatoria Abierta supervisada por la SEP, así como la licenciatura en derecho en sistema abierto, promovida por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia incorporada a la Universidad Autónoma de Morelos.”

Es necesario impulsar las propuestas que anteriormente se han planteado en virtud de un México con menos delincuencia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 3o., se adiciona un tercer párrafo a la fracción III del artículo 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona la fracción I del artículo 84 del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 3o., y se adiciona un párrafo tercero a la fracción III del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3...

...

El estado contará con un sistema adecuado para garantizar el acceso a la educación de los individuos que se encuentran compurgando pena privativa de libertad;

I. a IX. ...

Artículo 20. ...

A. ...

B. ...

I. ...

II. ...

III. ...

...

La asistencia a cursos de alfabetización y educación primaria y secundaria será obligatoria para los sentenciados que no han obtenido estos beneficios.

IV. a VII. ...

Artículo Segundo. Se adiciona la fracción I del artículo 84 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 84. Se concederá libertad preparatoria al condenado...

I. Que haya observado buena conducta o haya obtenido certificado de estudios durante la ejecución de su sentencia;

II. ...

III. ...

Llenados...

a). ...

b). ...

c). ...

d). ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema por resolver con la presente iniciativa

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha propuesto 2015 como fecha límite para erradicar el trabajo forzoso, obligatorio o esclavoen el mundo, por lo que impulsa el Programa Especial para Combatir el Trabajo Forzoso. La desaparición forzada, que en el país ha tomado niveles de tragedia, va de la mano en muchos casos del trabajo forzoso (optamos por la terminología aplicada por la OIT, pero también aludimos a trabajo forzoso en armonía con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos), obligatorio o esclavo, combatir a éste es coadyuvar a suprimir la proliferación e impunidad respecto de la desaparición forzada.

Tomando en cuenta que la fuerte expansión del trabajo forzado, obligatorio o esclavo es fruto del neoliberalismo, ya que sume a la mayoría de la población en la pobreza, suprime el estado de bienestar, reduce o anula la tutela a favor de los grupos más vulnerables, agrede la calidad de la educación, degrada al ser humano, persigue a la sindicalización, se hace cómplice del outsourcing y demás formas de fraude laboral, y que la justicia se corrompe aún más entregando sus servicios al mejor postor, el propósito de esta iniciativa es impedir que siga proliferando en el país el llamado trabajo forzoso, obligatorio o esclavo, para lo que no bastan las sanciones penales de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, es decir, no basta su conceptuación en tanto delito, sino que deben complementarse con disposiciones específicas en los campos del derecho laboral y de la seguridad social, lo que además de fortalecer su prevención, impedirá que el responsable cumpla su objetivo de suprimir o reducir a un mínimo sus costos derivados de la relación de trabajo, tutelando la necesaria retribución al esfuerzo de la víctima, que ha entregado meses, quizás años bajo esta terrible forma de explotación laboral.

Argumentos

En los sistemas legales de todo el mundo, está abolida formalmente la esclavitud, como derecho de propiedad y de vida y muerte de una persona sobre otra. Sin embargo perduran formas de trabajo en condiciones similares a la esclavitud; lo que ha sido denominado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como trabajo “forzoso” u “obligatorio”. Sin embargo, hay quienes algunos consideran a estas denominaciones como verdaderos eufemismos, por lo que proponen el término de “trabajo esclavo”.

Los derechos humanos, y concretamente nuestra Constitución, condenan con energía la explotación de mano de obra a través de la coacción y la privación ilegal de la libertad. Todo el derecho del trabajo puede conceptuarse como una compilación de derechos para poner fin en los hechos a la esclavitud y la servidumbre.

De manera constante en los medios informativos, nos enteramos de las condiciones terribles en que han prestado su trabajo algunas personas, por ejemplo, bajo la coartada de centros de rehabilitación se priva de la libertad a decenas de individuos, para que presten sus servicios en lugares completamente insalubres, con jornadas extenuantes, sin retribución alguna y con anulación de sus demás derechos humanos; son sujetos a abusos físicos, emocionales y sexuales; condiciones similares padecen jornaleros y migrantes, muchos de los cuales acaban siendo asesinados. Auténticos cuentos de terror, son algunas de las historias de las trabajadoras “domésticas” o del hogar.

Pero el trabajo forzoso, obligatorio o esclavo, no sólo asume estas formas extremas, ya que bajo el ya consagrado legalmente esquema del outsourcing y otras formas de fraude a la relación de trabajo, a lo que se suma el acoso permanente al Derecho a la sindicalización, han proliferado formas de prestación del trabajo en condiciones absolutamente inhumanas contrarias a la letra y espíritu del derecho social, la Constitución Federal y la Ley Federal del Trabajo. Partiendo de las experiencias nacionales e internacionales, podemos conceptuar el trabajo forzoso, obligatorio o esclavo como

a) El que presta una persona contra su voluntad por virtud de privación ilegal de la libertad, engaño, bajo la amenaza de una pena cualquiera o por ser víctima de castigos.

b) También se debe considerar trabajo forzado o esclavo, el que formalmente cuenta con la voluntad de la persona, pero que se presta en condiciones absolutamente inhumanas por violación general de los derechos laborales, con jornadas extraordinariamente largas, sin seguridad e higiene, sin vacaciones o descansos, con ventilación inadecuada, sin respeto siquiera a las necesidades fisiológicas de la persona, etcétera. Este trabajo forzoso, obligatorio o esclavo, es impulsado por empresas conceptuadas como laboralmente tóxicas, que niegan la “ciudadanía laboral”.

Como señalamos, la OIT, ha propuesto 2015 como fecha límite para erradicar el trabajo forzoso, obligatorio o esclavo en el mundo, por lo que impulsa el Programa Especial para Combatir el Trabajo Forzoso. Nada se puede hacer si los países, incluido México, no toman medidas concretas para lograrlo, o fortalecer éstas.

En armonía con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, se hace indispensable, que en otros campos y, concretamente en el laboral, se adopten complementariamente a ésta, medidas específicas para combatir este mal que se ha extendido por el país, ante la omisión, cuando no complicidad de algunas autoridades que supuestamente deberían combatirlo. En perjuicio especialmente de las niñas, niños, jóvenes, mujeres, migrantes, jornaleros y trabajadores de la industria de la construcción.

Sobre los migrantes, la OIT ha señalado: “Si se siguen cerrando los caminos a la migración legal se corre el riesgo de que aumenten el trabajo forzoso y la coacción para los trabajadores indocumentados”.

México está obligado a implementar las medidas necesarias contra el trabajo forzoso, obligatorio o esclavo, en primera porque el artículo 1o. constitucional señala contundentemente que en el país se prohíbe la esclavitud. No son necesarios látigos y cadenas, para que surja la esclavitud; en la medida en que se desconozca la libertad de la persona y se le expolie a grados inhumanos en franco desconocimiento de su dignidad, estamos en precedencia de una verdadera esclavitud, que reduce a la persona a la condición de un mero objeto. Sin menoscabo de que en casos extremos, en efecto, el trabajador víctima del trabajo forzoso es encadenado y sometido a castigos inadmisibles, propios del sistema esclavista en sentido estricto. También el artículo 1o. constitucional se opone a todo tipo de discriminación, baluarte también del trabajo forzoso.

Adicionalmente, el país es uno de los signatarios de los Convenios 29 y 105 de la OIT, relativos al trabajo forzoso, que imperativamente señalan:

Convenio 29

Artículo 1

1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas.

Convenio 105

... deberán tomarse todas las medidas necesarias para evitar que el trabajo obligatorio o forzoso pueda dar lugar a condiciones análogas a la esclavitud...

La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos marca:

Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados...

Recurriendo al derecho comparado, vemos que Brasil y Bolivia, por ejemplo, han adoptado el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Esclavo y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Forzoso, respectivamente. También Perú ha establecido una comisión multisectorial en la materia, por citar las acciones de algunos países de Latinoamérica.

Para poner fin al trabajo forzoso, que afecta a por lo menos 12.3 millones de personas en todo el planeta, la OIT refiere la necesidad de construir la voluntad política para la aplicación de cuatro medidas: la combinación de instituciones más sólidas de inspección laboral y del mercado de trabajo; marcos jurídicos menos ambiguos para penalizar y procesar judicialmente la trata de personas; instrumentos estadísticos más desarrollados y sensibilización de la opinión pública.

En la presente iniciativa se proponen diversas adiciones de la Ley Federal del Trabajo:

a) Se prohíbe expresamente y se define el trabajo forzoso, obligatorio o esclavo para facilitar su erradicación. Si bien se parte del concepto de la OIT, se hace extensivo a los centros de trabajo que mantienen a la personas en condiciones absolutamente degradantes, en la idea que se desprende de los principios que guían al Derecho Laboral y que ya se maneja en países como Brasil.

b) Se evidencia en esta iniciativa que el trabajo forzoso, no será más instrumento de beneficios económicos inadmisibles, razón por la cual, con independencia de la pena de prisión, el patrón deberá cubrir las prestaciones e indemnizaciones de ley, al triple de su monto; lo mismo respecto al pago de las cuotas y aportaciones de la seguridad social. Pagos todos que además tendrán carácter de imprescriptibles.

c) Por otro lado, se conceptuará como riesgo de trabajo las afectaciones físicas y psicológicas que sufran estos trabajadores.

d) En materia de inspección del trabajo, se establece como prioritario la detección y combate del trabajo forzado; otorgándole facultades para clausurar de inmediato a los centros de trabajo que cometan este delito.

e) Se prevé el trabajo forzoso como causa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador.

f) En las zonas y circunstancias que lo ameriten, se podrán en operación juntas especiales ambulantes para que, en compañía de inspectores de Trabajo, de un procurador auxiliar de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o abogado particular, se tomen las medidas necesarias para la tutela de los derechos de los trabajadores víctimas de trabajo forzoso, obligatorio o esclavo, incluido el embargo precautorio oficioso de los bienes para hacer efectivos aquéllos.

El trabajo forzoso no sólo es inhumano sino que constituye un freno insuperable para el desarrollo económico, social y moral del país.

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente iniciativa:

Denominación del proyecto de ley o decreto

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona las Leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a fin de erradicar el trabajo forzoso, obligatorio o esclavo

Artículo Primero. Se reforma la fracción VIII del artículo 51; y se adicionan tres últimos párrafos al artículo 3o., la fracción VIII Bis al artículo 51, dos párrafos al artículo 56, el artículo 89 Bis, la fracción XII al artículo 133, un segundo párrafo al 473, un segundo párrafo al artículo 512-D, el artículo 521 Bis, un segundo párrafo a la fracción I del artículo 540, un último párrafo a la fracción VI Bis del artículo 541, un último párrafo al artículo 606 y un segundo párrafo al artículo 622 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

Queda prohibido y se combatirá con todos los medios legales aplicables el trabajo forzoso o forzado, especialmente en tutela de las niñas y niños, jóvenes, mujeres, migrantes, trabajadores del campo y de la industria de la construcción, el que se sancionará, además de las disposiciones contenidas en esta ley, conforme a lo previsto en la Constitución General de la República y la Ley para prevenir y sancionar el Tráfico de Personas.

Se entiende por trabajo forzoso o forzado el que presta una persona contra su voluntad por virtud de privación ilegal de la libertad, engaño, bajo amenaza de una pena cualquiera, por ser víctima de castigos, o por su minoría de edad.

También se considerará forzoso o forzado el que formalmente cuenta con la voluntad de la persona, pero que se preste en condiciones degradantes de trabajo.

Artículo 51.Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I. a VII....

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él;

VIII Bis. Ser víctima de trabajo forzoso o forzado; y

IX. y X....

Artículo 56. ...

La persona sujeta a trabajo forzoso o forzado, tendrá derecho a que el o los beneficiados con sus servicios, le entreguen un pago triple por concepto de salarios, días de descanso, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, trabajo extraordinario y demás prestaciones omitidas.

Se presumirán ciertas las afirmaciones de la personas víctimas de trabajo forzoso o forzado, sobre las prestaciones omitidas e indemnizaciones adeudadas, salvo prueba en contrario.

Artículo 89 Bis. Los trabajadores víctimas de trabajo forzoso o forzado, tendrán derecho a recibir el triple de las indemnizaciones previstas en esta ley, incluidas las derivadas por riesgos de trabajo.

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones

I. a VI. ...

VII Bis. Hacer uso de trabajo forzoso o forzado.

VIII. a XV. ...

Artículo 473. ...

También se conceptuarán como riesgos de trabajo, las secuelas derivas del trabajo forzoso o forzado, lo que deberá ser tomado en cuenta por las Comisiones Consultiva Nacional y estatales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 512-D. ...

Cuando un inspector del trabajo detecte que en un centro de trabajo se use trabajo forzoso o forzado, deberá clausurarlo de inmediato, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá emitir su resolución en cuarenta y ocho horas, ratificando la clausura total y definitiva del mismo, o bien revirtiéndola. El patrón dentro del término antes señalado, podrá manifestar a esta secretaría lo que a su derecho convenga y ofrecer pruebas. En su caso, esta secretaría deberá dar parte al Ministerio Público Federal de estos hechos.

Artículo 521 Bis. Las acciones de los trabajadores víctimas de trabajo forzoso o forzado, no prescriben.

Artículo 540. La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:

I. ...

Impulsar, con prioridad, programas permanentes para prevenir, erradicar y sancionar el trabajo forzoso o forzado, tomando las medidas necesarias para detectar los centros de trabajo en que se use este tipo de trabajo.

II. a V. ...

Artículo 541.Los inspectores de Trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes:

I. a VI. ...

VI Bis. ...

...

Tratándose del trabajo forzoso o forzado, deberá clausurar de inmediato el centro de trabajo en los términos señalados en el artículo 512-D de esta ley.

VII. y VIII. ...

...

Artículo 606. ...

...

...

Se pondrán en operación juntas especiales ambulantes, para que en compañía de inspectores de Trabajo y de un procurador auxiliar de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o apoderado legalmente autorizado, se tomen las medidas necesarias para la tutela de los derechos de los trabajadores víctimas de trabajo forzoso o forzado, incluido el secuestro provisional oficioso de los bienes para hacer efectivos aquéllos.

Artículo 622. ...

Se pondrán en operación Juntas Especiales Ambulantes, para que en compañía de Inspectores de Trabajo y de un procurador auxiliar de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o apoderado legalmente autorizado, se tomen las medidas necesarias para la tutela de los derechos de los trabajadores víctimas de trabajo forzoso o forzado, incluido el embargo precautorio oficioso de los bienes para hacer efectivos aquéllos.

Artículo Segundo. Se adiciona con la fracción XIX el artículo 5 A y un tercer párrafo al artículo 297 de la Ley del Seguro Social:

Artículo 5 A. Para los efectos de esta ley se entiende por

I. a XVIII. ...

XIX. Trabajo forzoso o forzado: el que tenga tal carácter conforme a Ley Federal del Trabajo.

Artículo 297. ...

...

Será imprescriptible la obligación de enterar las cuotas a favor de los trabajadores que sean víctimas de trabajo forzoso o forzado, pagos que además el patrón deberá cubrir por el triple de las cuotas, con sus accesorios legales, que se determinen conforme a esta ley.

Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 56 Bis a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:

Artículo 56 Bis. Será imprescriptible la obligación de enterar las aportaciones a favor de los trabajadores que sean víctimas de trabajo forzoso o forzado, pagos que además el patrón deberá cubrir por el triple de las aportaciones, con sus accesorios legales, que se determinen conforme a esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Las Juntas Federal y locales de Conciliación y Arbitraje tendrán cuatro meses, computados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para poner en operación las juntas especiales ambulantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.— Diputado Valentín Maldonado Salgado (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

DIA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SANGUINEA Y DEL DONANTE DE SANGRE

«Iniciativa de decreto, para declarar el 14 de junio como Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre, suscrita por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

Luz María Beristáin Navarrete, senadora de la república de la LXII Legislatura al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, el derecho a la salud se consagra en el artículo 4o. constitucional, párrafo cuarto, el cual expresa que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

El derecho humano a la salud, no solo implica atención de un médico, si no también propiciar los medicamentos o los medios necesarios para garantizar la salud.

En el caso de algunas personas para gozar de salud, necesitan de una transfusión sanguínea y el medio indispensable es contar con la sangre necesaria para su transfusión.

Cualquier ciudadano es susceptible de tener la necesidad de contar con un donante y de la sangre que requiera, a pesar de esto nuestro país presenta un retraso en las acciones para fomentar la donación de sangre, por ello debemos sumar esfuerzos para concretar las acciones necesarias que garanticen la sangre indispensable para algunos pacientes.

Es una realidad que algunos de los donantes son presionados para donar, regularmente los donantes son los familiares o conocidos de los pacientes que la necesitan, porque se les pide que donen y en el caso de no donar se les hace un cobro, situación que pareciera un pago disfrazado por medio de la donación de sangre.

Por lo que fomentar una donación libre de presiones propiciaría mayor abastecimiento de sangre para los pacientes que lo necesiten.

Cabe destacar que:

“A finales del 2011, La Organización de las Naciones Unidas hablaba del nacimiento número 7,000 millones. De ese número, América latina aporta alrededor de 590 millones de habitantes y acercando la lupa, según las últimas proyecciones de CONAPO, para estas fechas somos 110’022,552 personas que habitamos la República Mexicana”

Ante un gran población en nuestro país se hace indispensable contar con el abasto sanguíneo necesario, que se requiere para garantizar la salud de los mexicanos.

La importancia de la sangre es de suma trascendencia, es imperante que tomemos las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos.

“La sangre siempre es bien recibida, no obstante, hay alguna más difícil de conseguir o bien, tiene más demanda que otras. De los ocho tipos de sangre existentes, el tipo AB positivo es el receptor universal, es decir, cualquier persona le puede donar y el tipo O negativo es en cambio, el donador universal, puede donarle sangre a cualquier persona, pero paradójicamente, no puede recibir más que su mismo tipo de sangre.

Transfusiones de sangre. De manera similar, las personas con factor RH positivo pueden recibir donaciones de los que tienen un factor RH positivo o RH negativo. Pero los de factor RH negativo únicamente pueden recibir sangre RH negativa. De ahí la importancia de contar con los diferentes tipos de sangre para poder atender en el instante que se necesita.

...”

Una determinación atinada fue que la Organización Mundial de la Salud, propuso el 14 de junio como el Día Mundial del Donante de Sangre para prevenir la escasez en hospitales y clínicas.

En México la donación voluntaria aún no es una realidad: menos del 3% de un millón setecientas mil donaciones anuales es de donación voluntaria o altruista, por lo que debemos de fomentar las donaciones en nuestro país, declarando el día 14 de junio de cada año como “ Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre”, para impulsar la seguridad sanguínea y las donaciones, con miras a tener el abastecimiento suficiente, poder garantizar el derecho a la salud y evitar presiones a quienes actualmente brindan la mayoría de la sangre en nuestro país.

Anteriormente en nuestro país el 25 de agosto se celebraba el día del donador altruista de sangre, sin embargo esa práctica ha quedado en el pasado y ahora se conmemora el día mundial del donante de sangre el 14 de junio, por lo que para fomentar la donación es necesario impulsarla desde nuestro país, conmemorando el día nacional de la seguridad sanguínea y del donante de sangre, por medio del cual se le impulse desde las decisiones internas de nuestro país a la donación de sangre, y a su vez se fomente y concientice al interior de nuestro país sobre la seguridad sanguínea y lo que esto implica, de tal manera que se coordine la celebración internacional con la nacional y que además sea una celebración más amplia, cabe destacar que en argentina es celebrado el día nacional del donante de sangre, y en el estado de baja california en nuestro país, también se celebra a nivel local, por lo que debemos sumar esfuerzo para seguir fomentando medidas positivas en pro de la salud de los mexicanos.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Decreto

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 14 de junio de cada año “ Día Nacional de la Seguridad Sanguínea y del Donante de Sangre”.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de enero de 2015.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene cada año dos periodos ordinarios de sesiones: el primer periodo de sesiones comienza: a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto y concluye hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Durante este periodo se estudia, discute y vota las iniciativas de ley que se presentan, así como se resuelven los demás asuntos que le corresponden al Congreso. El segundo inicia: a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias y concluye el 30 de abril del mismo año.

El anterior marco normativo permite concluir que el tiempo normal del funcionamiento de una legislatura, sumando los dos periodos ordinarios de sesiones, es de 6 meses con quince días de cada año legislativo, lo cual implica que sólo el Congreso de la Unión durante 5 meses con quince días al año, no sesiona de forma ordinaria. Estos periodos ordinarios tan reducidos quizá pudieran haber tenido alguna justificación en el pasado, cuando los temas y problemas que atendían las y los legisladores no tenían la complejidad que han adquirido en los últimos años.

Es evidente que el número de asuntos de la agenda legislativa que debe atender el Congreso de la Unión son cada vez mayores, por lo que se requiere mayor tiempo de actividad legislativa de manera continua para que los legisladores dispongan del tiempo necesario para tratar apropiadamente la variedad de asuntos que les compete, tal y como lo establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En la medida en que el Estado mexicano avanza en el ámbito político, económico, jurídico y social se necesita mayor tiempo para legislar las reformas estructurales que el Estado necesita, ya que en escasos seis meses con quince días de sesiones ordinarias, resulta insuficiente.

Es por eso que los legisladores de todos los partidos que integramos este honorable Congreso de la Unión tenemos el compromiso de ampliar los periodos ordinarios de sesiones para dar respuesta a la sociedad oportunamente, pues no es posible que mientras el Poder Ejecutivo federal trabaja de forma continua durante todo el año, al igual que millones de ciudadanas y  ciudadanos que trabajan más de 300 días al año, el Congreso de la Unión apenas cuenta con la mitad de ese tiempo para realizar sus tareas legislativas, lo cual representa un déficit importante para el equilibro que debe haber entre los poderes de la unión.

Nos queda claro, que sí en verdad queremos atender de mejor manera los requerimientos y necesidades ciudadanas requerimos ampliar los periodos ordinarios de sesiones para desahogar en tiempo y forma las iniciativas, proposiciones de punto de acuerdo que muchos casos por falta de tiempo no son presentadas para su discusión y aprobación ante el Pleno, y que al momento de que son atendidas en muchos casos los dictámenes han perdido interés o vigencia.

Ejemplo de ello, es que en la presente legislatura hemos sido testigos de las sesiones en donde el orden del día se encuentran enlistados un número elevado de iniciativas, proposiciones, dictámenes, asuntos de la agenda política y la atención de los incontables asuntos políticos que son motivo de debates muy amplios y que también son parte esencial del trabajo de todos y cada uno de las y los legisladores, lo que provoca que prácticamente casi nunca se desahogue por completo el orden del día, provocando con ello que en el último día de la sesión del periodo ordinario, se estén votando en bloque fuera de lo que marca la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Más aún, en algunas comisiones no se pueden desahogar los asuntos que tienen pendientes, porque sencillamente las y los legisladores no se presentan, ya sea porque se encuentran viajando o tienen otra actividad en sus distritos electorales, lo que trae como consecuencia que las propias comisiones ordinarias se vuelvan incapaces e improductivas por la falta de tiempo para dictaminar.

Por ello, periodos legislativos tan cortos como están previstos actualmente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son insuficientes para poder cumplir con nuestras obligaciones parlamentarias por lo que se hace evidente e imperativo la necesidad de incrementar el tiempo de duración de los periodos de sesiones, particularmente el segundo.

Así pues, ha llegado el momento de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el segundo periodo ordinario de sesiones inicie a partir del 1 de febrero y concluya el 31 de mayo, quedando igual el primer periodo a partir del 1 de septiembre de cada año y concluyendo hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, dejando cuatro meses con quince días de receso para los trabajos de la Comisión Permanente o bien para un periodo extraordinario de sesiones. Es decir, los periodos se aumentarán de 6 meses con quince días a 7 meses con quince días de sesiones legislativas de cada año legislativo.

Esta es la razón, por la que las y los mexicanos demandamos un Congreso de la Unión de tiempo completo que trabaje todo el año, porque parece un lujo excesivo para el Estado tener a la Cámara de Diputados y al Senado de la República fuera de los trabajos legislativos durante tanto tiempo, y la única salida es la ampliación del segundo periodo ordinario de sesiones de tres meses a cuatro meses y únicamente cuatro meses con quince días de receso, ya que sólo así, el Congreso de la Unión logrará un papel mucho más activo en la vida nacional y un compromiso permanente frente a la sociedad.

Por ello, con esta reforma constitucional que se propone ante esta soberanía tiene como objetivo el fortalecimiento del Poder Legislativo, ya que estamos otorgando tiempo suficiente para que los legisladores puedan estudiar, analizar y elaborar el conjunto de reformas constitucionales y legales que necesita el país, así como para disponer del tiempo necesario para planear, programar y ejecutar su programa legislativo o su agenda legislativa. Asimismo, estamos otorgando periodos de receso equilibrados para que tengan tiempo suficiente de recoger las demandas de la sociedad que representan y, al mismo tiempo, organizar mejor nuestras actividades legislativas por la simple razón del equilibro que existirá entre el trabajo propio de legislador y las actividades que como representantes populares tenemos que cumplir.

Además se advierte que con esta reforma constitucional estamos resolviendo el problema del rezago legislativo que ahora mismo padecemos, en gran medida por el tiempo tan limitado con el que contamos para buscar el consenso en las reformas estructurales que el Estado necesita.

Al mismo tiempo, las comisiones que integramos tienen frente a sí un gran reto: trabajar permanentemente todo el año, sin ningún pretexto, a fin de solucionar los graves problemas económicos, políticos, jurídicos y sociales que nos reclaman las ciudadanas y ciudadanos.

No omito advertir que la presente iniciativa está sustentada en la experiencia internacional y, además en los esfuerzos realizados por diversas entidades del país que han abordado este problema con responsabilidad y compromiso, lo que ha permitido el mejoramiento del trabajo parlamentario; ojala nuestro Congreso de la Unión atienda estos cambios con la finalidad de hacer al Poder Legislativo federal un fuerte protagonista de las grandes decisiones del Estado.

Comparando nuestro Congreso con los congresos de otros países, el saldo promedio de la duración de sus periodos ordinarios de sesiones resulta negativo, tal es el caso de Alemania, donde la Asamblea es permanente; el Parlamento inglés sesiona casi un año y el español nueve meses, es decir con dos periodos de sesiones que tienen una duración el primero de cuatro meses (de septiembre a diciembre) y el segundo con cinco meses (de febrero a junio). En Francia el Parlamento se reúne de pleno derecho en un periodo ordinario de sesiones que comienza el primer día laborable de octubre y termina el último día laborable de junio. Además, en los países latinoamericanos, el periodo o los periodos de sesiones son muy variables, pero en general son amplios, con excepción de Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador.

De esta manera, tenemos que el periodo de sesiones de los congresos de los países anteriormente señalados, en promedio sesionan tres meses más que nuestro Congreso, lo que es un hecho es que estamos sesionado las dos terceras partes de lo que ellos sesionan.

De todo lo anterior puede concluirse que para las y los legisladores es evidente que discutir y en su caso aprobar la iniciativa de reforma constitucional, estamos heredando a las nuevas legislaturas que habrán de venir, un tiempo prudente para realizar sus actividades parlamentarias. Sin soslayar, que no hacerlo así, es desatender las demandas de las y los ciudadanos.

No obstante, de aprobarse esta iniciativa estamos seguros que representará una verdadera prueba de pluralismo democrático y de compromiso político, ya que va a modificar la imagen que de las y los legisladores tiene la sociedad.

Por lo tanto, señoras y señores diputados tenemos que responder al interés público y, en tal sentido, a la necesidad de que se active el trabajo parlamentario para demostrar al pueblo que la confianza puesta en nosotros es positiva. Proporcionémosles a los futuros legisladores la oportunidad de disfrutar de los nuevos tiempos que proponemos para que puedan desahogar con holgura sus tareas y funciones legislativas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

«Iniciativa que reforma los artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, suscrita por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Recientemente, más de seis mil usuarios han sido defraudados por el mal manejo de Ficrea, Sociedad Financiera Popular (Sofipo), y la falta de supervisión de las autoridades financieras. Del total de usuarios, aproximadamente cuatro mil doscientos cincuenta y nueve, es decir el 62.1% de los clientes no podrán recuperar la totalidad de sus ahorros, pues estos ahorros superan el monto del seguro de recuperación, que asciende a 25 mil Udis, aproximadamente 130 mil pesos.

El fraude realizado con los ahorros de los clientes de Ficrea es producto de dos problemas relacionados con el diseño institucional: 1) la ineficaz intervención de las autoridades reguladores y 2) la información asimétrica entre los agentes.

1) Contexto del Fraude de Ficrea

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó en junio de 2008 la operación de Ficrea de conformidad con lo establecido en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

En mayo del 2013, Ficrea se colocó como la cuarta sociedad financiera popular más grande del mercado de las cuarenta existentes en el momento y con el menor porcentaje de cartera vencida respecto al total de la colocación de créditos entre sus clientes.

A finales del 2013, con un crecimiento superior al 150% en servicios, Ficrea era la segunda Sofipo en concentración de cartera del mercado con el 11.1%. En activos, la financiera popular tuvo un crecimiento de 182%, es decir, pasó de 973 millones de pesos en 2012 a 2,750 millones en el siguiente año. En materia de captación, reportó en 2013 un incremento de 205%, al pasar de 760 millones de pesos en el 2012, a 2,320 millones a finales de 2013.

Entre el 2013 y el 2014, la cartera de captación de Ficrea mostró un incremento de 165%. En marzo de 2014 se captaron 3,101 millones de pesos mientras que para noviembre del mismo año la cifra alcanzó 6,240 millones de pesos, es decir, Ficrea duplicó la cartera de captación en los últimos 8 meses.

A inicios del 2014, la Sofipo estaba a la espera para poder operar como banco, lo cual sería autorizado por las respectivas autoridades financieras, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CNBV y el Banco Central.

Por su parte, y de acuerdo con los señalamientos de las autoridades reguladoras, la intervención de Ficrea se realizó después de que la CNBV lograra identificar operaciones irregulares a través de las acciones de supervisión que iniciaron en Marzo de 2014 y terminaron en Junio del mismo año. De igual forma, de Julio a Agosto se realizó una visita especial en materia de prevención de lavado de dinero, en la cual se identificaron diversas fallas como la existencia de clientes de alto riesgo, falta de clasificación por el grado de riesgo, fallas en el perfil transaccional, y fallas en la identificación del origen de los recursos.

Fue hasta el 7 de noviembre pasado, que la Junta de Gobierno de la CNBV determinó la intervención gerencial de Ficrea. Para entonces, desde Junio –cuando se concluye la primer visita de inspección hasta Noviembre, cuando Ficrea es intervenida gerencialmente, la captación de cartera aumentó de 4,249 mdp a 6,240 mdp, es decir, cerca de un 50% sin que ninguna autoridad hiciera algo para prevenirlo dadas las presuntas sospechas sobre irregularidades en la operación de la Sofipo.

Por otro lado, de acuerdo con la intervención llevada a cabo por la Condusef en Ficrea, se puede observar que la Comisión efectúo una serie de revisiones a los productos financieros desde el 2013 y 2014. A raíz de estas revisiones la Comisión encontró más de 80 incumplimientos normativos, calificando a la Sofipo con notas inferiores a 5 sobre 10. Como resultado de estas evaluaciones se generaron procedimientos de sanción por 2.74 mdp, cifra poco significativa si se compara con el monto del fraude.

Finalmente, el pasado 23 de diciembre de 2014 la Comisión acordó unilateralmente la revocación de la autorización como Sofipo, al mismo tiempo que comenzó el pago del seguro de ahorro de 25 mil Udis a favor de los ahorradores.

Mientras tanto, las autoridades federales de procuración de justicia, continúan las investigaciones ministeriales, aun sin tener legalmente responsables.

2) El marco regulatorio de las sociedades financieras populares

Como se recordará, las sociedades de ahorro y crédito popular surgieron para llevar las actividades mencionadas a sectores de escasa penetración bancaria y a los sectores populares, en el objetivo de la inclusión financiera.

Ante una banca comercial ensimismada en el crédito al consumo y una banca de desarrollo aletargada en el cumplimiento de las metas de financiamiento de los proyectos productivos, las Sofipos se colocaron como un esquema que atendería las necesidades de los sectores populares.

Se diseñó el marco legal necesario para alcanzar sus fines y la Ley de Ahorro y Crédito Popular de 2009, respondería a esas exigencias. Para ello, la ley fue el instrumento en el que se condensaron todas las normas legales relativas a la operación de las Sofipos, entre las que se incluye las reglas de protección del ahorro.

Para ello, se cuenta con un Comité de Protección al Ahorro con sendas facultades en la materia, incluyendo la facultad de recibir patrimonialmente recursos de las propias Sofipos para hacer frente a eventualidades donde haya necesidad de hacer realizar coberturas a favor de los ahorradores.

De acuerdo con información de la propia CNBV, las Sofipos son instituciones de microfinanzas constituidas como Sociedades Anónimas de Capital Variable, que operan mediante la autorización que les otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a la facultad que le confiere el artículo 9 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y previo dictamen favorable otorgado por una federación.

Establece que su objetivo es fomentar el ahorro popular y expandir el acceso al financiamiento a aquellas personas que por su situación, se han visto excluidas de los sistemas tradicionales de crédito, y en general, propiciar la solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de sus miembros y de las comunidades en que operan, sobre bases formativas y del esfuerzo individual y colectivo.

La reforma a le ley de 2009 las buscó fortalecer como instituciones de micro-finanzas, cuyo modelo de negocio es proporcionar servicios financieros a los sectores y comunidades que carecen de ellos, diseñando servicios financieros ajustados a las características del mercado y al riesgo que presentan, para responder a la demanda de las poblaciones de escasos recursos excluidas del sector financiero.

Hay cuatro tipos de sociedad, dependiendo del nivel de activos que manejen. El primero hasta 15 millones de Udis, el segundo hasta 50 millones, el tercero hasta 280 millones y el cuarto y último superior a esos 280 millones de Udis. Entre las operaciones que se les pueden autorizar están:

• Recibir depósitos de dinero a la vista, de ahorro, a plazo, retirables en días preestablecidos y retirables con previo aviso.

• Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, fideicomisos públicos, organismos e instituciones financieras internacionales, así como de instituciones financieras extranjeras.

• Otorgar préstamos o créditos a sus clientes.

• Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito, y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus Clientes.

• Distribuir seguros que se formalicen a través de contratos de adhesión, por cuenta de alguna institución de seguros o Sociedad mutualista de seguros, debidamente autorizada.

• Distribuir fianzas, en términos de las disposiciones aplicables a dichas operaciones.

• Celebrar contratos de arrendamiento financiero.

• Realizar operaciones de factoraje financiero con sus clientes o por cuenta de éstos.

• Ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina.

Celebrar contratos de arrendamiento financiero con sus Clientes.

• Prestar servicios de caja y tesorería.

• Expedir tarjetas de crédito.

• Ofrecer y distribuir, entre sus Socios las acciones de Sociedades de inversión operadas por las Sociedades Operadoras de Sociedades o por aquellas en cuyo capital participen indirectamente, así como promocionar la afiliación de trabajadores a las Administradoras de Fondos para el Retiro en cuyo capital participen directa o indirectamente.

Desde 2011, la Ley de Ahorro y Crédito Popular planteaba como objetivo proteger los depósitos de los ahorradores y promover el desarrollo del sector mediante el establecimiento de:

• Facultades de autorización, supervisión, regulación y sanción a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

• Un esquema de supervisión auxiliar a cargo de Federaciones, a través de sus respectivos Comités de Supervisión.

• Un seguro de depósito a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de un Fondo de Protección.

El caso de Ficrea supone que estos objetivos no se alcanzaron de la mejor forma, dado que el mayor fortalecimiento de las facultades de las autoridades no fue de la mano con la fortaleza corporativa y de mejores prácticas de las Sofipos y el ejercicio de las mismas facultades que la ley dio a las instituciones encargadas de supervisarlas.

3) La situación actual del seguro de protección del ahorro

Desde finales del 2014, el caso de Ficrea significó en primer lugar analizar la poca y divergente información disponible y, en segundo lugar, revisar el marco legal.

En primer lugar, nos llamó la atención el crecimiento exponencial de la cartera de crédito, concentración, activos, sucursales, captación y clientes de Ficrea así como su baja cartera vencida.

En segundo lugar, consideramos necesario revisar  las facultades de las nuevas autoridades con motivo de la aprobada reforma financiera, que en principio alentaría el crecimiento económico de México, ayudaría a prestar más dinero con mejores condiciones y que fortalecería la solidez del sistema financiero en su conjunto.

La mezcla de esos dos factores: un caso de violación de las reglas del sistema financiero que propició un problema de información asimétrica entre los agentes y la ausencia de supervisión e intervención oportuna por parte de la autoridad regulatoria, es motivo suficiente para buscar hacer lo necesario para que estos casos no vuelvan a ocurrir. El efecto de estos factores desencadenó en uno de los fraudes más escandalosos no solo por tratarse del sistema financiero, sino por la forma en que se operó, con cierta las omisiones de la autoridad.

Por ello, el asunto de Ficrea nos ha llevado a la reflexión sobre necesidades y reformas que aún están pendientes y que requiere el sistema financiero mexicano con urgencia, puesto que lo que está en juego es la confianza del usuario y el papel que juegan las autoridades en la regulación de las entidades autorizadas para realizar de manera legal actividades de intermediación.

El caso Ficrea ha abierto una caja que es necesario revisar.

• En primer lugar, que en adición a las eventualidades de mercado, hay eventualidades y riesgos morales creados por los propios agentes.

• Los recursos para hacer frente a los fraudes financieros pueden ser recuperables, pero el proceso puede ser poco transparente, variable y no necesariamente asegura el mejor y el primerísimo interés de los ahorradores.

• Puede haber contraposición entre el papel de distintas autoridades en el sector financiero, entre aquellas encargadas de supervisar a las instituciones de crédito y de ahorro y aquellas que protegen los intereses del público.

• Las decisiones de las autoridades financieras son unilaterales y no están sujetas a revisión administrativa y mucho menos a contradicción judicial.

• Se pueden llevar a cabo procesos de revocación y de liquidación de sociedades autorizadas sin tener culpables desde el punto de vista penal, lo cual parece metodológicamente inadecuado.

• Que es necesario revisar el papel de las Sofipos para que cumplan de forma adecuada el papel por el cual fueron creadas y autorizadas.

• Que en esos procesos pueden haberse cometido delitos de delincuencia organizada y de lavado de dinero.

4) ¿Qué estamos proponiendo?

Por lo anterior, proponemos las siguientes dos medidas:

a) Aumentar el monto del seguro

Los bancos pagan 4 al millar sobre el monto de las operaciones pasivas, tal como dispone el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que señala que las cuotas ordinarias no podrán ser menores del 4 al millar, sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las Instituciones.

El artículo 101 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular establece que el patrimonio del Fondo de Protección se integra, entre otros recursos, con las cuotas mensuales ordinarias que deberán cubrir las Sociedades Financieras Populares, las cuales se determinarán tomando en consideración el riesgo a que se encuentren expuestas, con base en el Nivel de Capitalización y de los pasivos totales de cada Sociedad Financiera Popular. Mandata que dichas cuotas ordinarias sean de entre uno y tres al millar anual sobre el monto de pasivos de la Sociedad Financiera Popular que sea objeto de protección, conforme a lo dispuesto por el Artículo 105 de esta Ley.

Por su parte, el artículo 105 de la misma Ley de Ahorro y Crédito Popular establece que las Sociedades Financieras Populares estarán obligadas a pagar al Fondo de Protección, las cuotas mensuales que determine el Comité de Protección al Ahorro. Se establece que el Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador hasta por una cantidad equivalente a veinticinco mil Udis, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Sociedad Financiera Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil.

Tal como dispone el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las instituciones de crédito cubren hasta 400 mil Udis, ya que el IPAB pagará el saldo de las obligaciones garantizadas, considerando el monto del principal y accesorios, hasta por una cantidad equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por persona, física o moral, cualquiera que sea el número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma Institución.

Es decir, los bancos pagan 4 al millar para proteger hasta 400 mil Udis, mientras que las sociedades de ahorro y crédito popular pagan de uno a 3 al millar y sólo cubren 25 mil Udis, una razón 16 veces menor, cuando la diferencia en la aportación al seguro solo de reduce a un cuarto.

Esta diferencia no se puede mantener así porque implica una doble inequidad tanto por el monto de la aportación, que es semejante para las sociedades financieras, como por el monto del seguro, que es desproporcional, en perjuicio de los ahorradores y depositantes.

Además, se trata de un trato discriminatorio e inequitativo que no se puede mantener porque significa tratar desigualmente a quien sin tener una calidad distinta, es usuario de los servicios financieros.

Ser ahorrador del sector popular, no es un elemento para la discriminación con un menor nivel de protección, siendo que la actividad financiera y de riesgo es la misma, por ello, hay que brindar un trato en igualdad de circunstancias a todos los usuarios de los servicios financieros, que no se les trate de manera diferenciada.

Es necesario llevar los derechos humanos al sector financiero es un tema pendiente de la agenda. ¿Qué herramientas tiene el usuario para defenderse de las arbitrariedades, injusticias y discriminaciones que sufre por parte de la banca? Ralamente queda en situación de desventaja y a la espera de lo que resuelvan las autoridades.

Es necesario elevar el seguro a favor de las sociedades de ahorro, para que sea análogo al que se tiene en el sistema de protección al ahorro bancario.

El seguro de depósito de las sociedades de ahorro es de 25 mil Udis y con esta propuesta pasará a 300 mil Udis.

Además, como lo ha dicho la Comisión Federal de Competencia Económica en su último diagnóstico del sistema financiero mexicano, el seguro de protección para los clientes de las Sofipos no debería ser inferior al de los bancos, porque propicia un sistema financiero discriminatorio e inequitativo. Este diferencial entre los seguros de protección para los ahorradores de bancos y de Sofipos inhibe una dinámica de competencia entre las instituciones del sistema financiero. 

b) Incorporar las causas imprevistas como mecanismo de activación del seguro

Es necesario modificar la ley para que el seguro de protección solo aplique, cuando se trate efectivamente de casos imprevistos, aquellos que están más allá de cualquier posibilidad humana.

Pero cuando se trata de casos que la autoridad debió advertir, como fue el caso de Ficrea, el seguro debe cubrir en su totalidad los ahorros de las personas físicas.

Es decir, se debe cubrir al ahorrador en cualquier circunstancia. Si es por causa imprevista, imprevisible, exclusivamente por el monto del seguro, ya que o hay voluntad de agentes. Pero si es por una causa humana que es previsible, se deben cubrir el total de sus ahorros.

En la actualidad, a nivel nacional el porcentaje de cuentas de ahorro que saben que sus ahorros están protegidos por un seguro de depósitos ante una quiebra o insolvencia de la institución financiera es de aproximadamente 39%.

Propiciar una cultura financiera implica familiarizar a los usuarios con las garantías de certidumbre del sistema, lo que deriva en dos efectos: por un lado se posiciona favorablemente al sistema de ahorro formal frente a las formas de ahorro informal; por otro lado, se le brindan herramientas a los ahorradores para tomar y asumir conscientemente los beneficios, riesgos y costos de sus decisiones financieras.

De esa forma, se mejoraría el modelo de protección, siempre en beneficio del usuario que decide ahorrar en el sistema financiero mexicano.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 101 y 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue:

Artículo 101. El patrimonio del Fondo de Protección se integrará con los recursos siguientes:

I. Las aportaciones que el Gobierno Federal efectúe;

II. Las cuotas mensuales ordinarias que deberán cubrir las Sociedades Financieras Populares, las cuales se determinarán tomando en consideración el riesgo a que se encuentren expuestas, con base en el Nivel de Capitalización y de los pasivos totales de cada Sociedad Financiera Popular.

Dichas cuotas ordinarias serán de hasta tres al millar anual sobre el monto de pasivos de la Sociedad Financiera Popular que sea objeto de protección, conforme a lo dispuesto por el artículo 105 de esta ley.

El rango dentro del cual se ubicarán las aportaciones y la forma para calcular y pagar mensualmente la aportación respectiva, serán determinados por el Comité Técnico con base en lo que para tales efectos establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general;

III Las cuotas extraordinarias a cargo de las Sociedades Financieras Populares que determine el Comité Técnico, previa autorización de la Comisión, y

IV Los demás bienes, derechos y obligaciones que el propio fondo adquiera por cualquier título legal.

Los recursos a que se refieren las fracciones I, II y III, que integren el Fondo de Protección, deberán invertirse en valores gubernamentales de amplia liquidez o en títulos representativos del capital social de sociedades de inversión en instrumentos de deuda, de conformidad con lo que determine la Comisión a través de disposiciones de carácter general.

Los Comités de Supervisión deberán entregar al Comité de Protección al Ahorro, la información que este requiera para determinar las cuotas, de conformidad con el Artículo 109, fracción I, de esta Ley.

El Comité de Protección al Ahorro podrá acordar la suspensión temporal de las cuotas al Fondo de Protección, cuando los recursos que integren el mismo representen cuando menos el cinco por ciento del total de depósitos de ahorros de todas las Sociedades Financieras Populares que estén protegidos por dicho Fondo de Protección.

Artículo 105. Las Sociedades Financieras Populares estarán obligadas a pagar al Fondo de Protección, las cuotas mensuales que determine el Comité de Protección al Ahorro.

El Fondo de Protección tendrá como fin primordial, procurar cubrir los depósitos de dinero de cada ahorrador a que se refiere el inciso a) de la fracción I del Artículo 36 de la presente Ley, en los términos establecidos por el Artículo 112 de la misma, hasta por una cantidad equivalente a trescientas mil Udis, por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma Sociedad Financiera Popular, en caso de que se declare su disolución y liquidación, o se decrete su concurso mercantil , siempre que sea por causas imprevistas. Si se trata de conducta dolosa de los consejeros, comisario e integrantes del comité de auditoría, director o gerente general y principales directivos de la Sociedad, se cubrirá la totalidad de los depósitos de dinero de cada ahorrador, conforme a las previsiones y condiciones de esta ley.

El Fondo de Protección no garantizará las operaciones siguientes:

I. Las obligaciones o depósitos a favor de los miembros del Consejo de Administración y comisario, así como de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de la Sociedad Financiera Popular de que se trate.

II. Las operaciones que no se hayan sujetado a las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas, así como a las sanas prácticas y usos entre las Sociedades Financieras Populares, en las que exista mala fe del titular y las relacionadas con actos u operaciones ilícitas que se ubiquen en los supuestos del Artículo 400 Bis del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Las Sociedades Financieras Populares tendrán la obligación de informar a sus Clientes, así como al público en general, sobre los términos y condiciones del Fondo de Protección.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

EXENTE DE PAGO EN EL TRASPORTE COLECTIVO METROBUS, A LAS PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a exentar de pago en el trasporte colectivo Metrobús a las personas mayores de 60 años, suscrita por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los derechos humanos de las personas adultas mayores se encuentran tutelados en el artículo 1o. constitucional y los tratados internacionales.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Como se observa, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, quedando prohibida toda discriminación motivada por la edad o cualquier otra que atente contra el menoscabo de los derechos de las personas, lo que es aplicable a las personas adultas mayores en el caso que nos ocupa.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores dice en el artículo 3o., fracción I:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. Personas adultas mayores. Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional;

En el artículo 5o., fracción II, inciso b), dicha ley dispone:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

II. De la certeza jurídica:

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

Luego, el título tercero de esta ley, “De los deberes del Estado, la sociedad y la familia”, en el capítulo II, “De la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios”, dispone en el artículo 14:

Artículo 14. Las autoridades competentes de la federación, las entidades federativas y los municipios concurrirán para

I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto en esta ley; y

II. Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas adultas mayores.

Por lo que hace a la obtención de descuentos o exenciones de pago para las personas adultas mayores al hacer uso del servicio de transporte público, el artículo 20, fracción IV, dice:

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantizar

IV. El derecho permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte de servicio público, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado, o credencial que lo acredite como persona adulta mayor,

En materia de políticas públicas a favor de las personas adultas mayores, dicha Ley establece en cuanto a concurrencia lo siguiente:

Artículo 11. La federación, las entidades federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores, de conformidad con la concurrencia prevista en esta ley y en otros ordenamientos.

Con base en este marco legal, abordo el tema que nos ocupa, considerando procedente y viable la aceptación del exhorto por el jefe del gobierno, tomando en cuenta además las consideraciones que a continuación se vierten.

El Metrobús es un sistema de transporte colectivo de superficie, creado con el carácter de organismo público descentralizado del gobierno del Distrito Federal y operado por concesiones a los particulares en cuanto a los servicios tecnológicos y las unidades motrices que lo integran.

En tal virtud, institucionalmente se le han dado todas las facilidades para su operación, incluyendo un subsidio por el gobierno del Distrito Federal.

Contrariamente a lo que acontece en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, las personas adultas mayores de 60 años o más no están exentas de pago en el Metrobús, sino sólo las que han cumplido 70 años o más.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a instruir a quien corresponda para que el beneficio de exención de pago en el Sistema de Transporte Colectivo Metrobús se otorgue a las personas adultas mayores de 60 años o más.

Sede de la Comisión Permanente. México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2015.— Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

MANEJO DE RESIDUOS ELECTRONICOS (TELEVISORES ANALOGOS) DERIVADOS DE LA TRANSICION A LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al manejo de residuos electrónicos correspondientes a receptores analógicos por la transición a la televisión digital terrestre, suscrita por las senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y María del Pilar Ortega Martínez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los  artículos 58, 60, 176 y demás ordenamientos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución en materia de residuos electrónicos derivados de la transición a la televisión digital terrestre,con fundamento en las siguientes

Consideraciones

El programa Transición a la Televisión Digital Terrestre es la transformación de la señal de televisión analógica (tradicional) a una señal digital. La información publicada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó que dicha señal digital fomenta la equidad en el acceso a la información, reducción de efectos ambientales negativos, optimizar el uso de energía eléctrica, y se genera un menor gasto del Gobierno por concepto de subsidios a la tarifa de energía eléctrica. Otras ventajas de la televisión digital es la calidad de imagen y sonido, oferta de canales y contenidos, incorporación de servicios como elección de idioma, subtítulos, guía electrónica de programación, servicios interactivos, visión multi-cámara, además de servicios orientados a las personas con debilidad auditiva o visual, entre otras.

El programa federal tiene como finalidad fomentar la transformación para que los propietarios de televisores analógicos realicen el cambio por un televisor digital de acuerdo al calendario publicado por la administración pública federal. El apagón analógico es la evolución hacia la difusión de mayor calidad de audio y video de las señales analógicas de televisión abierta.

La fecha límite para realizar el apagón analógico en México está prevista para el 31 de diciembre de 2015. Con esta finalidad, el gobierno federal ha implementado un programa estratégico en materia de inclusión digital, cuyo fin es la entrega de televisores digitales a los hogares en los que habite población de escasos recursos (13.8 millones de hogares inscritos en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la Sedesol).

Lo único que se les solicita a las personas para esta entrega gratuita, es estar inscrito en el padrón nacional de beneficiarios de los diversos programas sociales de la Sedesol, pero no se les ha señalado qué tipo de manejo deben dar a sus televisores antiguos.

El 13 de mayo del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), en el cual se establecen de manera detallada los objetivos y calendario para la transición a la televisión digital en México.

Uno de los principales beneficios de la transición digital es el ahorro de energía, con base en información de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) sobre el consumo promedio de energía por televisor, el impacto que genera la transición a la TDT de 12.6 millones de hogares, es una reducción de más del 60 por ciento en el consumo de electricidad por televisor de 21 pulgadas, es decir, una reducción de 1,600 millones de kilowatts hora o 1.3 veces la energía que se economiza en el horario de verano.

Esta medida también considera un efecto para el medio ambiente, dado que con el ahorro en el consumo de energía mencionado, se evitará la emisión de gases de efecto invernadero equivalente a lo que producen 324 mil autos en un año.

El programa, en el rubro “3.5 El medio ambiente”, establece que como parte del proceso de transición a la TDT millones de televisores analógicos dejarán de utilizarse, convirtiéndose así en residuos electrónicos. Los televisores analógicos están construidos con tecnología de tubo de rayos catódicos (CRT por sus siglas en inglés) y algunos de sus componentes contienen materiales tóxicos como el plomo, cadmio y retardantes de flama bromados, los cuales pueden dañar el medio ambiente si éstos no son acopiados y confinados adecuadamente, mientras que otros de sus componentes como los plásticos y vidrio tienen un alto potencial de reciclaje.

También establece que el correcto manejo, desensamble parcial o total y reciclaje de los televisores analógicos al final de su vida útil es de suma importancia para evitar impactos negativos al medio ambiente (sitios de abandono de estos residuos) y a la salud humana de los grupos expuestos (trabajadores sin medidas de seguridad industrial). Por ello se deben tomar acciones que aseguren que los “residuos electrónicos” que se generen en el proceso de transición a la TDT tengan un manejo y un destino final ambientalmente correctos.

Por su parte, el numeral “5.4 Cronograma de ejecución” señala que a partir de mayo de 2014 se establecerá un plan de manejo para los televisores analógicos desechados producto de la transición a la TDT que considere el acopio y el reciclaje. A la fecha de redacción del presente Punto de Acuerdo, no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación o en las páginas electrónicas de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el plan de manejo correspondiente para los residuos electrónicos que serán desechados con motivo de la implementación del programa Transición a la Televisión Digital Terrestre, siendo que dentro del mismo Programa se establecen los riesgos a la salud y al ambiente con motivo de su desecho y manejo incorrecto.

Asimismo, el calendario de entregas de equipos está en función de las áreas de servicio de las señales radiodifundidas proporcionadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como de la disponibilidad de recursos presupuestarios, bajo el siguiente esquema:

Por su parte también la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por medio de la coordinadora del Proyecto de Residuos Eléctricos y Electrónicos de la UMSNH, Evelia Santillán Ferreyra, alertó que se desecharán aproximadamente más de 378 mil toneladas de televisores en México, debido a la transición digital. Señaló que el problema radica que estos aparatos están siendo desechados de manera inadecuada, la mayoría de ellos será abandonada en basureros o calles de las ciudades, representando un grave riesgo no sólo para la salud de las personas, sino también daños para el medio ambiente.

Mencionó que los televisores al desecharse contienen en promedio un kilo de monóxido de plomo; principalmente la exposición se realiza por inhalación o ingestión y puede ser fatal, ya que “el plomo se acumula dentro del organismo y permanece en él por largos períodos de tiempo”. Calcula, que tan sólo en Michoacán se podrían desechar entre 18 y 20 millones de televisores analógicos, y que las implicaciones ambientales de la puesta en desuso de millones de televisores analógicos, son de gran envergadura, puesto que esos equipos “al dejar de recibir señal, es de esperarse, serán desechados por los propietarios a finales del 2015 y durante el primer semestre del 2016, lo que dará origen a un enorme volumen de residuos electrónicos, de diversos tipos, marcas y tamaños”.

Con fundamento en la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan de manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de manejo; establece en el numeral 7, los criterios para determinar los residuos de manejo especial sujetos a plan de manejo y, señala que todos los residuos de manejo especial listados en la norma están sujetos a un plan de manejo.

Es así como en el anexo normativo señala el listado de residuos de manejo especial sujetos a presentar plan de manejo, los cuales en la fracción VII, se establece que son “los productos que al transcurrir su vida útil se desechan y que se listan a continuación:

a) Residuos tecnológicos de las industrias de la informática y fabricantes de productos electrónicos:

• Computadoras personales de escritorio y sus accesorios.

• Computadoras personales portátiles y sus accesorios.

• Teléfonos celulares.

• Monitores con tubos de rayos catódicos (incluyendo televisores).

• Pantallas de cristal líquido y plasma (incluyendo televisores).

• Reproductores de audio y video portátiles.

• Cables para equipos electrónicos.

• Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales.

El desecho inadecuado de residuos peligrosos generará contaminación por metales pesados, principalmente por la liberación de óxido de plomo, que constituye uno de los componentes esenciales de los tubos de rayos catódicos. La coordinadora del Proyecto de Residuos Eléctricos y Electrónicos de la UMSNH, Evelia Santillán Ferreyra, también señaló que el plomo, afecta el sistema nervioso, ya que una vez que el plomo ingresa al organismo, pasa rápidamente al torrente sanguíneo y se distribuye de forma no homogénea en el cuerpo, posteriormente, ingresa al tejido blando: hígado, riñones, cerebro, bazo, músculos y corazón, y después, lentamente se distribuye hacia los huesos.

También comentó que la exposición a altos niveles causa debilidad de dedos, muñecas y tobillos, puede afectar el sistema reproductivo masculino y la memoria, asimismo, causa anemia, disminución de las células sanguíneas y alteración de las funciones nerviosas. Por otro lado la organización ciudadana llamada Proyecto Ecovía planteó que en el cambio de televisores no se consideró el costo ambiental del volumen de desechos que a nivel nacional rebasarlas 378 mil toneladas, así como tampoco se consideró el costo en salud pública que significa la posible liberación de más de 20 mil toneladas de plomo altamente letal para los seres vivos.

El proyecto Ecovía Vías Verdes, AC, a través de su coordinadora general, Sofía Chávez, consideró que si se toma en cuenta el análisis de todo ciclo de vida de los televisores digitales que se dotarán a la ciudadanía, es posible que el costo ambiental de la decisión sea más alto que el ahorro en gasto energético propuesto por el gobierno federal. También dijo que se calcula que cada hogar tiene un promedio de 1.1 televisiones, por lo que, si multiplicamos este número por 15.3 millones de hogares, se podría calcular una generación de televisiones convertidos en residuo en el orden de 16.83 millones de unidades. Si se prevé una generación de 378 mil 675 toneladas de tubos de rayos catódicos que caerán en desuso, con un manejo inadecuado de los mismos podría haber un problema ambiental de 19 mil 615 toneladas de óxido de plomo.

Por otro lado, la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología aplicada a Residuos Sólidos (Somers) pidió a la población que, hasta que no se ponga en marcha un programa de acopio y confinamiento de televisores viejos, estos se guarden en las casas o en lugares donde los vidrios no se puedan romper y el óxido de plomo no sea liberado.

Por lo mencionado anteriormente, resulta imperante que el gobierno federal por conducto de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, elaboren y publiquen a la brevedad el plan de manejo para los televisores analógicos desechados producto de la transición a la TDT que considere el acopio y reciclaje de los mismos.  En el mismo sentido es necesario la participación de los gobiernos federal, estatal y municipal para que en el ámbito de sus competencias, difundan la información correspondiente a población con la finalidad de advertirles sobre los riesgos a la salud que implican la destrucción, manipulación inadecuada, el abandono en las vías públicas o tiraderos clandestinos; asimismo generen un plan estratégico para la recolección, manejo, reciclaje y destino final de televisores analógicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que informe a la brevedad a esta Soberanía sobre el estado  en el que se encuentra la elaboración y publicación del Plan de manejo para los televisores analógicos desechados producto de la transición a la Televisión Digital Terrestre que considere el acopio, reciclaje y disposición final adecuada de los mismos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que informe a la brevedad a esta soberanía sobre el avance y número total, actualizado a la fecha, de televisores analógicos que se han entregado a la población con motivo de la transición a la Televisión Digital Terrestre.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que por conducto de las secretarías correspondientes, y en coordinación con los gobiernos estatales, realice a la brevedad una campaña de difusión en la cual se explique a la población los riesgos potenciales a la salud que ocasionaría desechar los televisores sin un manejo adecuado; asimismo difundan la información necesaria sobre los centros de acopio que se establecerán para recabar los aparatos electrónicos analógicos, así como cualquier otra información necesaria para evitar los riesgos a la salud y al ambiente.

Notas:

1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

http://www.sct.gob.mx/comunicaciones/ transicion-a-la-television-digital-terrestre/

2 Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), Diario Oficial de la Federación, http://www. dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344585&fecha=13/05/2014

3 Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), Diario Oficial de la Federación, ídem.

4 Periódico El Sol de Morelia, 1 de diciembre de 2014, http://www. oem.com.mx/laprensa/notas/n3624610.htm

5 Ibídem.

6 Periódico Reforma, 11 de enero de 2015,

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/ articulo/default.aspx?id=435306 &md5=8ebd1db5071826a83e16559598c851d2 &ta=b3849913c10ee04e761e11add1750758 &fg=00ce3da209ad64644941da62635ffc77

Dado en el salón del pleno de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Senadoras: Silvia Guadalupe Garza Galván, María del Pilar Ortega Martínez (rúbricas).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

SUSPENDA LA ENTREGA DE TELEVISORES, A PARTIR DEL 1O. DE FEBRERO Y SE REANUDE DESPUES DEL 8 DE JUNIO DE 2015

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que suspenda la entrega de televisores a partir del 1o. de febrero y la reanude después del 8 de junio de 2015, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Para evitar que la entrega de televisiones tenga un uso electoral lo mejor y lo más sano es fijar una veda electoral, en la que se suspenda la entrega de estos durante el tiempo que duren las precampañas y campañas electorales y se reanude después del 8 de junio.

Si las televisiones se reparten en los meses de junio a diciembre, no habrá mayor afectación, ya que se tendrían casi siete meses para cumplir con la entrega considerando que el apagón analógico está programado para el 31 de diciembre de 2015.

Si el Congreso no interviene, la entrega de televisiones se va a convertir en un mecanismo de compra de votos.

No importa que las cajas tengan algún lema o logo, si quienes las entregan es personal del gobierno federal y nada garantiza que las mismas familias que reciben la tele después sean visitadas por los promotores del voto del PRI.

No podemos ser ingenuos ya que repartir 2. 6 millones de televisiones entre las familias de escasos recursos, sin duda que es una gran operación de carácter electoral, que puede beneficiar al partido en el gobierno de manera directa, en las elecciones federales y en las elecciones estatales.

2. Nadie se puede oponer a que se cumpla con lo que marca la Constitución como derecho a la información, ni a que se culmine la transición digital, pero de ninguna forma podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando los operadores del gobierno federal andan regalando televisiones entre la gente más pobre del país.

Por tanto, se propone que la SCT reordené sus programas de trabajo y suspenda el reparto durante el proceso electoral, para reanudarlo a partir del 8 de junio y de esta forma evitar su uso electoral.

3. Si ya todos sabemos cómo opera el PRI y no hay ninguna confianza en que dispongan de este recurso en los tiempos de campaña, el gobierno debe atender este tema de manera urgente y suspender la entrega de forma inmediata para garantizar la equidad de la contienda y prevenir cualquier abuso.

De poco sirve esperar a que ocurran los operativos y condicionamientos para que sea entonces cuando nos lamentemos de lo ocurrido, desarrollando en ese momento denuncias y litigios, que incluso pueden ser irrelevantes por .su falta de oportunidad.

Reprogramar y ajustar el calendario de entregas es a todas luces lo que recomienda la experiencia y la precaución, con el beneficio de que ello no cancela el cumplimiento del reparto en los meses posteriores a la elección.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, el suscrito pone a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que suspenda la entrega de televisores, a partir del 1 de febrero y se reanude después del 8 de junio del 2015.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE DIFUNDAN EL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la STPS a diseñar e implantar instrumentos que difundan el cuidado del ambiente, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Arturo Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 93, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El origen de la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental data de 1975, durante el Seminario internacional de educación ambiental, celebrado en Belgrado, donde se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas de trabajo de Naciones Unidas.

Consecuentemente, resultó necesario establecer el 26 de enero como fecha para la conmemoración mundial de la educación ambiental; hasta 1992, México no adoptó las conclusiones del Congreso iberoamericano de educación ambiental, otorgando a ésta el carácter eminentemente político como instrumento esencial para lograr una sociedad sustentable.

Es indispensable comenzar por definir el término educación ambiental, siendo el proceso educativo integral, que además de generar conciencia y soluciones a los problemas ambientales actuales causados por actividades antropogénicas y los efectos de la relación entre el hombre y el ambiente, es un mecanismo pedagógico que además impulsa la interacción que existe dentro de los ecosistemas.

Debemos entender la educación ambiental no sólo como una simple herramienta para combatir el deterioro que afronta actualmente el planeta ante la constante amenaza por la destrucción de la naturaleza, sino que resulta necesario sea vista como un derecho de educarse para protegerse ante la presencia de alguna tragedia ambiental, a través de mecanismos dinámicos y participativos.

Lo anterior ha marcado bases firmes despertando en la población la conciencia que permita identificarse e involucrarse con la problemática ambiental, iniciando con acciones pequeñas desde el lugar en donde se desenvuelven, hasta lograr que establezca como una actividad generalizada a escala mundial.

Sin duda, algunas de las finalidades primordiales de la educación ambiental son proporcionar información suficiente en la población para que ésta adquiera motivación, sentido de responsabilidad y compromiso para trabajar individual y colectivamente en la búsqueda de soluciones.

Se busca crear conciencia sobre la interdependencia económica, social y ambiental entre áreas urbanas y rurales, incentivando la educación como medio necesario para proteger y mejorar el ambiente y con ello alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable, a través de la creación de nuevos patrones de comportamiento y responsabilidades éticas hacia el ambiente.

Con el paso del tiempo, el tema de la educación ambiental cada vez resulta más cotidiano, hoy son muchos los ejemplos de países que desarrollan exitosamente métodos sustentables en beneficio del medio ambiente, ello gracias a la participación global de sus habitantes en la educación ambiental; sin embargo, nuestro país sigue presentando un grave rezago en dichos sectores, seguimos percibiendo la problemática como algo ajeno a nuestra persona y por tanto, seguimos responsabilizando de su tratamiento y protección a los demás.

Lamentablemente, la educación ambiental se sigue de manera errónea percibiendo de manera limitativa, pues no se trata sólo de mecanismos de estudio dirigidos a alumnos inscritos a alguna institución educativa, sino debería ser dirigido a toda la población para que desde su hogar u oficina, tengan acceso a los diferentes programas de educación ambiental y así implantar una cultura sustentable en cualquier sector social.

Por ello, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos urgente y necesario centrar todos los esfuerzos encaminados a diseñar programas que atiendan las características específicas de cada sector poblacional a efecto de que los programas de trabajo de educación ambiental sean asequibles para todos y, de esa forma, se garantice el desarrollo social, cultural, turístico y económico con un alto respeto del ambiente.

Por lo anterior propongo, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y del Trabajo y Previsión Social a diseñar e implantar en el marco de sus atribuciones instrumentos eficientes e incluyentes que permitan difundir de manera sencilla acciones para participar en el cuidado a nuestro meadio ambiente.

Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.—Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

ESTABLEZCAN NUEVOS MECANISMOS PARA EL OTORGAMIENTO O ASIGNACIONES EN EL USO DE AGUAS NACIONALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua a establecer nuevos instrumentos para el otorgamiento o las asignaciones en el uso de aguas nacionales, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, la diputada Lilia Aguilar Gil y el senador David Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable, es decir, casi una octava parte de la población mundial. Esto representa un grave problema para toda la humanidad, ya que mientras que la población mundial se triplicó en el siglo XX, el uso de agua renovable ha incrementado seis veces.

En los próximos 50 años se calcula que la población crecerá entre un 40 y 50% más; asimismo, se estima que 1.4 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el consumo de agua sucia, es decir alrededor de 4,000 muertes al día o un niño cada 20 segundos.

Este panorama tan desolador en torno al vital líquido, debe llevar a la sociedad a reflexionar acerca del uso y aprovechamiento que hace de este recurso hídrico, ya que el abuso y exceso en su utilización puede ocasionar graves consecuencias para la población mundial.

En este sentido, México debe cumplir con los compromisos asumidos en la materia, y emprender una política encaminada al uso responsable de este líquido vital, promoviendo el uso racional y adecuado del mismo. Asimismo, el Estado debe hacer valer el derecho humano de que todas las personas tengan acceso al agua, esto implica, por un lado, la construcción de la infraestructura necesaria para que todas las viviendas reciban agua potable; o bien, por otro lado, se puede ver representado en el esfuerzo de que en las zonas rurales donde existen grandes dificultades para hacer llegar una red de tuberías que acerquen el agua a las viviendas, la construcción o el otorgamiento de permisos para que las personas puedan explotar agua de pozos y con esto satisfacer sus necesidades.

Uno de los sectores más afectados por la falta de una infraestructura adecuada de agua, es el campo; algunas estimaciones hablan de que producir alimentos requiere entre 2.000 y 5.000 litros/persona/día, dependiendo de las diferencias climáticas y dietéticas, así como de la eficiencia de los sistemas locales de producción de alimentos, lo anterior, aunado a la falta de una infraestructura adecuada, arroja una campo debilitado y abandonado.

Contrario a lo que necesitan los campesinos y zonas rurales en México, el 7 de abril de 2014, el Ejecutivo Federal expidió un Decreto, a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales daba a conocer las “facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2009”.

En el mismo documento de referencia, se señala que “el 29 de abril de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales”, mediante el cual se modificó, entre otros, el artículo 24 de la referida Ley, a fin de establecer un nuevo periodo para la presentación de solicitudes de prórroga de los títulos de concesión y asignación, lo cual generó confusión entre los usuarios del recurso hídrico que ya contaban con un título autorizado hasta esa fecha”.

Asimismo señala que “del 1 de enero de 2009 a la fecha, no se ha solicitado la prórroga de 73,241 concesiones o asignaciones de aguas nacionales en los plazos previstos por el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que en términos de dicha disposición esa omisión se considera una renuncia a tal derecho.”

Y reconocen que “dicha circunstancia puede generar perjuicio en el desarrollo de las actividades relacionadas con los usos del agua, principalmente la producción de alimentos, la ganadería, la producción industrial, el acceso, calidad y prestación de los servicios y el turismo, así como el riesgo del surgimiento de conflictos sociales que incidan en la adecuada administración del recurso hídrico.”

En este sentido, el plazo otorgado al 31 de diciembre pasado como límite para solicitar la renovación de los títulos de concesión y asignación de concesiones para el uso de aguas nacionales de más de 73, 000 permisos en lapso de poco más de 8 meses difícil de cumplir. Esto demuestra la falta de publicidad e información a la que no tuvieron acceso los concesionarios, o bien los requisitos solicitados se encontraban fuera de su alcance, por lo tanto, no han podido hacer dichas renovaciones.

Tal es el caso de diversos productores, que han demandado no haberse podido adherir al Decreto presidencial “debido a que los requisitos y reglas de operación establecidas en el Decreto, para los productores, estaban fuera de su alcance”, del mismo modo han manifestado que dicho procedimiento “presentaba serias inconsistencias”, situación que los dejó en estado de indefensión, y sobre todo sin las prórrogas de sus concesiones y con ello se ponen en riesgo la productividad de sus tierras.

En este sentido, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional del Agua, deben atender las solicitudes que fueron presentadas con el objeto de solicitar las prórrogas de las concesiones o asignaciones, y no concluyeron su trámite ante la instancia correspondiente, o bien no han recibió respuesta de parte de la autoridad.

Del mismo modo de ser necesario, plantear un nuevo procedimiento para la renovación de las concesiones, estableciendo requisitos y mecanismos accesibles para todos, con el objeto de beneficiar a la mayor cantidad de productores o personas posible.

Sería una gran irresponsabilidad, en perjuicio de toda la sociedad que el Ejecutivo Federal no atienda las demandas tanto de productores como de familias que han sido excluidos con la negativa de renovación de concesiones y asignaciones para el uso de aguas nacionales.

Si el Ejecutivo federal tiene verdaderas intenciones de sacar al campo del olvido en el que por décadas ha estado, deberá emprender mecanismos que atiendan las demandas de los más de 73, 000 concesionarios o asignatarios que no pudieron o no fueron beneficiados con las prórrogas de dichos permisos.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua con el objeto de:

a) Establecer un nuevo mecanismo para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales;

b) Dar seguimiento y término de manera favorable a las solicitudes de prórroga de los títulos de concesión y asignación de concesiones para el uso de aguas nacionales presentadas en tiempo y forma, y que no han sido resueltas o atendidas por la autoridad competente.

Nota:

1 Véase, “Agua en el mundo”, disponible en

http://www.aguas.org.mx/sitio/02a4.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de enero de 2015.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

DETENER LA ENTREGA DE TELEVISORES DIGITALES QUE SE REALIZA COMO PARTE DE LA TRANSICION DEL APAGON DIGITAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a detener hasta después de las elecciones de 2015 la entrega de televisores digitales realizada como parte de la transición del apagón digital, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Las Secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Desarrollo Social (Sedesol) iniciaron el sábado 24 de mayo de 2014, en Tamaulipas, la entrega de televisores digitales, con los que se busca lograr el “apagón digital”.

Con dicha etapa se preveía la entrega de 21 mil 441 aparatos en Nuevo Laredo, de los 13.8 millones de televisores gratuitos que considera el programa para todo el país.

“En esta etapa del programa, en total 107 mil personas serán beneficiadas en 17 municipios de la frontera noreste del país: 12 de Tamaulipas, 4 de Nuevo León y 1 de Coahuila”, informó la SCT en un comunicado de prensa. Dicha entrega concluyó en agosto, para dar inicio a la entrega en el centro del país en enero del presente año.

Los beneficiarios han sido y serán los inscritos en el padrón nacional de beneficiarios de programas sociales de la Sedesol. La entrega de televisores en la frontera norte del país terminará en agosto, y en enero de 2015 iniciará para el centro del país.

Por ley, la transición a la televisión digital terrestre en todo el país debe concluir el 31 de diciembre de 2015, lo que es conocido como “apagón analógico”.

Sin embargo, la repartición y entrega de televisores digitales, a la par que ha iniciado las campañas electorales, funcionan como método para la compra de votos, promovida desde el gobierno federal.

Aunado a esto, las pantallas que se distribuyen no se entregan con un dispositivo con acceso a internet ni con un padrón transparente y con los medios de control necesarios para supervisar la entrega.

Es decir, la entrega de estas pantallas es adecuada si es para el beneficio de la gente, pero no debe hacerse en época electoral, pues el único beneficiado con ello será el partido en el gobierno.

El apagón analógico en México inició en la ciudad fronteriza de Tijuana el 29 de mayo de 2013.

Sin embargo, 14 mil hogares no estaban preparados para la transición –sólo contaban con una televisión analógica sin decodificador–, por lo que se quedaron sin señal. Además, el Instituto Federal Electoral pidió restituir la señal analógica para no afectar las campañas electorales que se realizaban, lo que aplazó en los hechos la entrada en vigor de apago analógico, suceso que podría ser replicado a nivel federal hasta pasadas las elecciones por celebrarse en junio próximo, lo que contribuiría a una mejor y más sana elección.

Conforme a lo dispuesto en las leyes electorales en el país, el uso de programas sociales para tratar de beneficiar a determinado partido en los comicios puede ser causa de nulidad de las mismas, y dado que este fenómeno podría suceder en todo el país, es necesario impedir de manera tajante que este programa continúe, a fin de no perpetuar el clientelismo y las malas prácticas electorales.

Por lo expuesto y fundado se someten a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a instruir en el ámbito de sus facultades a fin de que la entrega de televisiones digitales sea suspendida a escala nacional hasta después del proceso electoral de 2015, en aras de que éste se realice sin clientelismo ni malas prácticas, garantizando el pleno derecho ciudadano a ejercer libremente el voto.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a instruir –en el ámbito de sus facultades– a quien corresponda a fin de que se integre y haga público un informe respecto a los criterios para selección de beneficiarios a quienes ha sido entregado o se entregará un televisor digital, a fin de que sea posible acceder a dicha información en un procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

TRABAJADORES MEDIANTE EL ESQUEMA DE OUTSOURCING DENTRO DE LA PARAESTATAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a hacer pública la información sobre los contratos con empresas que emplean trabajadores mediante el esquema de outsourcing en la paraestatal en Campeche, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En meses pasados en este honorable Congreso de la Unión se aprobó la reforma energética, una de las reformas estructurales de mayor importancia para el país, y con la que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estuvo de acuerdo, ya que nuestro país se encontraba ante la oportunidad de cambiar el rumbo para no retrasar su crecimiento y desarrollo económico.

La reforma citada entró en vigor, precisamente el 1 de enero del año en curso, sin embargo en los primeros días del presente año, se ha publicado en varios diarios del país entre ellos El Financiero, La Jornada de Oriente, Milenio, Tribuna de Campeche, El informador, entre otros en los que se informa que Petróleos Mexicanos tomó la determinación de no renovar este 2015 los contratos con distintas empresas que fungían como outsourcing, lo que generaría el despido de, aproximadamente, 15 mil trabajadores que laboran en el estado de Campeche.

Al no renovarse los contratos con estas empresas por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), se restringió la contratación de personal outsourcing y asistencias técnicas en sus diferentes activos de la Región Marina Noreste, dicha restricción fue documentada a través del portal de internet Poresto.net que muestra un documento firmado por el ingeniero Félix Alvarado Arrellano, mismo que expone que por medio del documento como se había reiterado en una reunión de evaluación de la producción realizada el 5 de diciembre, la Dirección General de PEP, en función de las medidas de austeridad solicita que a partir del 1 de enero de 2015 se reduzca a cero el personal outsourcing y asistencias técnicas, por lo que solicita se dé cumplimiento estricto a la instrumentación planteada, dicho documento fue remitido por la Subdirección de Producción Región Marina Noreste, con fecha 2 de enero de 2015.

Esta notificación fue enviada mediante oficio a los encargados de despachos de activos y áreas, entre ellos Ricardo Padilla Martínez, administrador del Activo de Producción Ku Maloob Zap; Jaime Javier Ríos López, administrador del Activo de Producción de Cantarell; Benito Ortiz Sánchez, gerente de Programación y Evaluación; Antonio Esparza Lagunes, gerente de Coordinación Operativa; Sabino Barrios Santiago, coordinador del Grupo Multidisciplinario de Administración de Asuntos Externos y Comunicación, y Juan Francisco Mange Sosa, coordinador del Grupo Multidisciplinario de Control de Gestión.

De acuerdo con algunas organizaciones como la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), esta situación traerá como consecuencia el despido de miles de obreros y agudizará los problemas sociales que derivan del desempleo.

Aunado a lo anterior, habrá un impacto económico en el estado de Campeche, ya que gran parte de su sustentabilidad, proviene de los ingresos económicos generados, no sólo por la paraestatal; sino por sus empleados, ya que son ellos quienes activan gran parte de la economía en el estado, al hacer uso de bienes y servicios de la entidad.

Debido a que no se conocen las particularidades del caso, y para evitar despidos masivos que afecten a profesionistas y técnicos especializados, es necesario que esta soberanía conozca los pormenores del asunto, para que, en su caso, la paraestatal lo revise y evite dichos despidos.

Es de toral importancia para Nueva Alianza, garantizar el empleo a los habitantes de Campeche y demás mexicanos que trabajan para Pemex.

Asimismo es importante ponderar derechos y más aún cuando se trata de los derechos laborales de los trabajadores reconocidos por nuestra Constitución como un derecho humano fundamental y como parte de diversos instrumentos internacionales, en donde la estabilidad en el empleo debe ser garantizada.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Petróleos Mexicanos “El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de Petróleos Mexicanos, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales”. En su fracción X señala que le corresponde a dicho consejo “Aprobar las políticas de recursos humanos y de remuneraciones de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, sujeto a lo dispuesto en el capítulo VII del título cuarto y demás disposiciones aplicables de esta ley”, sin embargo ésta no debe afectar a personas que son cabeza de familia de un hogar, se debe estudiar la posibilidad de crear alternativas para no dejar sin fuente de empleo a hombres y mujeres que día a día contribuyen al desarrollo económico del país.

Por otra parte y en el mismo tenor la reforma laboral, trató de garantizar el pleno respeto a los derechos laborales para que no sean considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos como elementos propios insuficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, ya que en caso contrario serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores, por lo que esta situación es sin duda reflejo de las reformas aprobadas para beneficio de todos nuestros habitantes, por ello Pemex, como patrón solidario, debe garantizar que no sean violados los derechos laborales de todos los trabajadores.

Estamos conscientes de que Pemex tendrá que afrontar la competencia por parte de otras compañías internacionales que llegarán al país, sin embargo no queremos que esto sea una amenaza para los empleados mexicanos, sino una oportunidad de mejores empleos para los habitantes de Campeche y de todos los connacionales.

Ante las especulaciones de despidos, no queremos ser indiferentes, por eso solicitamos que se informe a esta soberanía respecto a dichos acontecimientos de manera puntual y precisa.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Petróleos Mexicanos para que se hagan públicas las razones sobre la omisión de renovación de contratos de empresas outsourcing en el estado de Campeche.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos para que, como patrón solidario, garantice el respeto por los derechos laborales de los trabajadores que prestaban sus servicios como outsourcing a la paraestatal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PROMOVER ACCIONES PARA LOGRAR UNA CONEXION DIRECTA DE SERVICIOS AEREOS ENTRE MEXICO Y HONG KONG

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Hong Kong, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, conforme a los siguientes

Considerandos

Hong Kong representa hoy una de las economías más atractivas de la inversión extranjera, tanto por su posición geográfica, como puerta entre oriente y occidente, como por el alto desarrollo de su infraestructura física y financiera.

Hong Kong tiene el segundo mercado bursátil más relevante del continente asiático, sólo detrás de la bolsa de valores de Tokio, Japón. Esa situación resulta vital para México al pensar en captar las inversiones de Asia-Pacífico.

Además, Hong Kong es la principal puerta de entrada y salida del comercio que tiene México y el resto del mundo con China.

México es el segundo mayor socio comercial de Hong Kong en América Latina.

En la relación México-Hong Kong, es importante destacar que los lazos de amistad y cooperación se han intensificado durante los últimos años, con avances importantes en las relaciones diplomáticas, en diversos ámbitos, para fortalecer y fomentar las relaciones comerciales.

Así por ejemplo, el 18 de junio de 2012, México y Hong Kong suscribieron el “Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta”. El instrumento busca fomentar las inversiones comerciales entre los dos países y combatir la evasión fiscal (hecho que convirtió a México en el primer país latinoamericano en firmar un tratado así con la antigua colonia británica).

Asimismo, desde 2007 ambos países celebraron el “Convenio entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Región de Administración Especial de Hong Kong de la República Popular China Relativo a los Servicios Aéreos”, vigente a partir de 2008, con el propósito de establecer rutar aéreas comerciales directas que conecten a México con Hong Kong.

En este camino de continua y creciente colaboración y crecimiento para los dos países, resulta fundamental continuar realizando las acciones necesarias que faciliten continuar por la misma ruta de cooperación.

Lamentablemente y pese al acuerdo celebrado relativo a servicios aéreos de interconectividad, hoy en día no existen servicios aéreos directos entre México y Hong Kong; situación que representa una limitante grave para la transportación de los ciudadanos mexicanos que desean visitar Hong Kong y de los hongkoneses que deseen visitar México; y naturalmente representa una barrera para el desarrollo en el intercambio comercial, turístico, cultural, y muchas otras áreas.

Actualmente, la única forma de conectar a México con Hong Kong, vía aérea, es a través de rutas creadas con diversos tramos aéreos, con escalas que se traducen en largas horas de trayecto, y en viajes sumamente cansados y costosos, que lejos de incentivar las visitas entre ambos países, desalientan a los ciudadanos mexicanos y hongkoneses.

El establecimiento servicios aéreos de interconectividad México-Hong Kong, representa una valiosa oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambos destinos, el intercambio cultural, comercial, y turístico; sin duda, la creación de rutas aéreas se traduce en un mayor flujo de turistas e inversionistas, y con ello en un mayor desarrollo del país.

Por ello, el gobierno mexicano debe reaccionar e implementar las acciones necesarias que permitan hacer realidad el establecimiento de servicios aéreos directos entre México y Hong Kong, y paralelamente fortalecer las estrategias de promoción y difusión de las riquezas nacionales y de los destinos turísticos en la región Asia-Pacífico, particularmente en Hong Kong.

Por todo lo expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores a implantar las acciones que permitan lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Hong Kong.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Turismo a incrementar las acciones de promoción y difusión de las riquezas y los destinos turísticos nacionales ante Hong Kong y los demás países asiáticos con que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

Notas:

1 Hong Kong Asia’s World City.

2 Agustina Rodríguez Alegría. El comercio de Hong Kong y su relación con México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

Se remite Segunda Comisión de Trabajo.

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS EN TLATLAYA, ESTADO DE MEXICO Y EN AYOTZINAPA, ESTADO DE GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la actuación del gobierno en las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Tlatlaya, México; y Ayotzinapa, Guerrero, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país sufre una grave crisis en materia de seguridad y de derechos humanos, que se ha recrudecido ante una equivocada política de combate a la delincuencia y de atención a los problemas sociales. Las y los mexicanos han levantado la voz en reiteradas ocasiones para exigir un alto a esta situación y clamar por un nuevo rumbo en todo el país. Los representantes del estado debemos ser sensibles a estas voces y tomar las decisiones que permitan garantizar el bien de todas y todos.

I. Tlatlaya

En nuestra memoria deben seguir presentes los hechos ocurridos hace más de seis meses en Tlatlaya, estado de México, donde 22 personas fueron muertas por el Ejército, a modo de una ejecución extrajudicial. En este caso, la respuesta del estado fue inadecuada al intentar engañar sobre los hechos para mantener una buena percepción de nuestro país. En ese caso, al llegar la Procuraduría estatal, no se preservó el lugar de los hechos e incluso se mantuvo la versión de que las muertes habían sido provocadas por un “enfrentamiento” entre soldados y una presunta banda de secuestradores y narcotraficantes pertenecientes al cártel de los Guerreros Unidos.

Estos hechos sólo salieron a la luz cuando la prensa internacional informó el 11 de julio que las 22 personas fueron ejecutadas por el ejército y que no fallecieron durante un enfrentamiento. Asimismo advirtió que fueron secuestrados, torturados y ejecutados por elementos de las Fuerzas Armadas en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya. En ese momento, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se retractó de su versión original que coincidía con la del Ejército y del gobierno del estado de México. Human Rights Watchafirmó que era poco creíble la versión de que sólo 3 soldados actuaron por cuenta propia para ejecutar a 22 personas y luego convencieron a todo el gobierno mexicano de que fue un tiroteo. Indicó que la investigación debería considerar adecuadamente las evidencias que señalan que militares habrían actuado de manera “irregular” 2.

Cabe advertir que en agosto de 2008 ocurrió una matanza similar en ese municipio, donde murieron al menos 23 personas, incluyendo varios menores. Según el relato de Miguel Ángel Granados Chapa, horas después de la masacre, elementos del ejército recogieron los casquillos de las AR-15 y AK-47 y limpiaron la escena del crimen. Los soldados despojaron a los lugareños de sus celulares y los amenazaron: si denunciaban, sufrirían las consecuencias. Con ello se logró evitar la investigación de los lamentables hechos de 2008 y lograr que tan sólo algunas organizaciones tuvieran registro de lo sucedido.

En 2014 la situación fue diferente. Gracias a un reportaje difundido por la revista Esquirey la participación de los medios de comunicación ,se forzó a una investigación contra elementos militares. Por esta razón, el 25 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional presentó a ocho elementos del Ejército, un oficial y siete elementos de tropa, como posibles responsables de la muerte de estas 22 personas, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial militar por “su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa; independientemente de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles conforme a su competencia en el referido acontecimiento”

Días más tarde, la Procuraduría General de la República confirmó que consignaría a tres militares implicados en los hechos de Tlatlaya, pues habían incurrido en exceso de fuerza. Según esta versión, las pruebas demuestran que los militares ingresaron en la bodega en la que se encontraban los 22 presuntos delincuentes y realizaron disparos después de un enfrentamiento con hombres armados, que duró entre 8 y 10 minutos. “Al cesar los disparos, ingresaron tres elementos militares y realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación” 5.

Por otra parte, en el marco del proceso de renovación de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su entonces titular, Raúl Plascencia Villanueva, emitió la recomendación 51/2014. En ella, se prueban violaciones a derechos humanos por parte de miembros del Ejército, donde se alteró el lugar de los hechos y se fabricaron versiones de lo ocurrido. Cabe advertir que esta recomendación dista mucho de atender a cabalidad lo ocurrido.

II. Ayotzinapa

Horas antes de que la Procuraduría General de la República (PGR) pretendiera darle un nuevo giro al caso de Tlatlaya, en el sur profundo mexicano detonó otra crisis de seguridad pública de dimensiones inimaginables. El 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, a unas tres horas del Distrito Federal, cercano también a la zona de Tierra Caliente del estado de México, y ante la presencia del 27 batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron asesinados 6 jóvenes y secuestrados 43 normalistas del municipio de Ayotzinapa, Guerrero.

Desde entonces, para muchos observadores nacionales e internacionales había una conexión entre la matanza de Tlatlaya y los hechos en Iguala, Guerrero. El vínculo más claro entre ambos sucesos trágicos está en la presencia del cártel de los Guerreros Unidos en Tlatlaya e Iguala, así como su presunta capacidad de corrupción de los cuerpos policiacos y de los elementos del 27 Batallón de Infantería.

El 7 de noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República realizó un relato público de los sucesos que presuntamente concluyeron en la ejecución múltiple de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, en el basurero de Cocula, Guerrero. En este relato construyó la versión oficial de los hechos ocurridos la trágica noche de Ayotzinapa, sin precisar la manera en que murieron los 28 jóvenes, la duración de la hoguera ni la manera en que todo se mantuvo en el mayor sigilo. Al ser cuestionado sobre el papel del Ejército en las inmediaciones del sitio, el procurador se congratuló de que no hubieran participado porque hubieran respondido para “apoyar a la autoridad constituida” que era la policía municipal de Iguala. Su afirmación abrió un flanco muy peligroso en el otro expediente: Tlatlaya. ¿Respondieron los soldados que atacaron a 22 jóvenes en Tlatlaya a la petición de alguna autoridad?

El 14 de diciembre, el semanario Procesodifundió información obtenida de un documento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo, Guerrero, del que se desprende que tanto elementos de la Policía Federal como integrantes del 27 Batallón de Iguala estuvieron al tanto de lo que aconteció esa noche del 26 y 27 de septiembre.

La PGR ha desestimado toda información que obligue a replantear y abrir las “líneas de investigación” sobre los sucesos de Iguala, Guerrero, y menos vincularlos con las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, estado de México, a pesar de los indicios que señalan la presencia de las mismas células del crimen organizado. Apenas el pasado 13 de enero de 2015, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI), afirmó que “se han agotado todas las líneas de investigación surgidas durante la indagatoria” y que en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sólo estaban involucrados policías municipales de Iguala y Cocula, así como integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. También afirmó que entre las 380 personas interrogadas por la PGR se encuentran 36 militares; no obstante “no existe ningún señalamiento directo contra integrantes del ejército”. Lo anterior, aún y cuando faltan los peritajes de los 16 restos humanos por parte de la Universidad de Innsbruck.

La desafortunada declaración sobre las líneas de investigación parece un intento por dar “carpetazo” a los sucesos de Iguala. Lo anterior, después de que padres y alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa acudieran a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería de Iguala y fueron agredidos por los propios militares. Ante estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó denuncias de hechos ante la PGR por presuntas agresiones de 200 personas contra la Policía Militar “mediante el uso de extinguidores y lanzamiento de petardos, piedras y botellas que obtuvieron mediante la retención de un tráiler que transportaba cerveza”. No obstante, el secretario de Gobernación y el procurador, aceptaron que grupos civiles ingresen de manera ordenada y con respeto a las instalaciones militares, acompañados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 9.

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió reclasificar el expediente de Tlatlaya como “investigación de violaciones graves a derechos humanos” y determinó que, al menos con cinco de los 22 civiles ejecutados, los militares privaron de la vida a las víctimas con sus propias armas. Con esta reclasificación busca ejercer las facultades constitucionales de investigación. Es indispensable que la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) amplíen su investigación tanto de los sucesos en Tlatlaya, como en Iguala y agoten todos los posibles vínculos entre un suceso y otro.

La tensión con los familiares, alumnos y organizaciones sociales que están apoyando a las víctimas de Iguala, Guerrero, y quienes claman por esclarecer los hechos de Tlatlaya, no puede ser ignorada por este Congreso de la Unión. Mucho menos podemos dejar que las víctimas ahora se conviertan en presuntos agresores de instalaciones militares.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a abrir una línea de investigación respecto de los hechos ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa en que, a partir de los indicios que señalan la presencia de un mismo grupo de la delincuencia organizada, se defina si ambos están vinculados.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a agotar todas las líneas de investigación existentes y, aquéllas que deriven de la información proporcionada por medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los hechos acaecidos en Tlatlaya y Ayotzinapa.

Tercero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, a partir del seguimiento a la recomendación 51/2014 y de la información descubierta hasta el momento se valore la expedición de una nueva recomendación que permita atender los hechos ocurridos en Tlatlaya bajo la nueva clasificación de violaciones graves a derechos humanos y ahonden en la atención de las víctimas.

Notas:

1. “Tlatlaya, primera gran masacre del gobierno de EPN, según HRW, se vuelve tema mundial” en sin embargo.mx: periodismo digital con rigor,http://www.sinembargo.mx/19-09-2014/1121286, 19 de septiembre de 2014, consultado el 22 de septiembre de 2014

2. Idem

3. Granados Chapa, Miguel Ángel, “Matanza Silenciada” en Reforma,9 de octubre de 2008, en Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa, http://catedragranadoschapa.cua.uam.mx/secciones/noticias/tlatlaya.html, consultado el 15 de enero de 2015

4. Muedano, Marcos y Alcántara, Liliana, “En Tlatlaya, ejecuciones, admite PGR” en El Universal,1 de febrero de 2014, http://www.eluniversal.com.mx/impreso/wportada_20141001.pdf, consultado el 15 de enero de 2015

5. Ídem

6. Hernández, Anabel y Fisher, Steven, “La historia no oficial” en Proceso,14 de diciembre de 2014, n. 1989, pp. 6-11

7. “Las líneas de investigación por el caso Iguala, “agotadas”: PGR” en La Jornada,14 de enero de 2015,

http://www.jornada.unam.mx/2015/01/14/politica/003n1pol, consultado el 15 de enero de 2015

8. Idem

9. Martínez, Fabiola, “La Sedena invita a la CNDH a visitar el cuartel de Iguala” en La Jornada,15 de enero de 2015, http://www.jornada. unam.mx/2015/01/15/politica/003n1pol, consultado el 15 de enero de 2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Senadora María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE SE REALICEN TRABAJOS DE REHABILITACION EN LAS LINEAS 6 Y 7

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Metro a realizar trabajos de rehabilitación en las líneas 6 y 7, suscrita por el senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del PVEM

El suscrito, Pablo Escudero Morales, senador de la república de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 87, numeral 1 , 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar con la brevedad los trabajos de rehabilitación, actualización y mantenimiento de trenes e instalaciones de la línea 6 y 7 del Metro, con base en los siguientes

Antecedentes

La mañana del jueves 18 de diciembre de 2014, un tren del Servicio de Transporte Colectivo Metro se descarriló de las vías de la zona de talleres, en la estación El Rosario, terminal de las líneas 6 y 7, al derribar una barda y detenerse con medio vagón en el aire por encima de una bodega aledaña a la zona.

Más tarde, el Sistema de Transporte Colectivo informó que el tren con motrices 221/222, al desplazarse en la zona final del taller de la estación El Rosario de la línea 7, no frenó de forma adecuada y derribó una barrera de contención al final de la vía, conocida como “tapón de vía”, provocando, únicamente, daños materiales, ya que el incidente ocurrió en vías secundarias.

Asimismo, mediante un comunicado de prensa, el Sistema de Transporte Colectivo informó el 18 de diciembre que abrió un expediente para determinar las causas del incidente ocurrido en la estación El Rosario, debido a que el convoy no alcanzó a detenerse, como lo explicó el ingeniero Solay Zyman, subdirector general de Operación, quien señaló que el Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes reuniría todos los elementos para conformar un dictamen que estableciera las causas del accidente.

Ahora bien, el 20 de octubre de 2014, cientos de usuarios que viajaban en la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro fueron desalojados del tren en el que viajaban ya que se estaba quemando una de las llantas. Durante los meses de julio a septiembre el Metro tuvo más de 15 suspensiones de gravedad de su servicio, en trenes de las líneas 1, 3, 5, 6, 7 y A del Metro, ya sea por fallas técnicas, eléctricas o mecánicas e incluso por conductores en estado de ebriedad.

Es importante recordar que el director general del Servicio de Transporte Colectivo ha manifestado que cada día se retiran de circulación 3 trenes por desperfectos en sus sistemas de tracción-frenado, o bien, por problemas en la apertura y cierre de sus puertas; y que el Metro suspende sus servicios debido a fallas en su funcionamiento, entre 15 y 20 ocasiones, por tiempos menores a 10 minutos, y entre 2 y 3 suspensiones con lapsos mayores de 10 minutos, aproximadamente.

El 13 de agosto de 2014, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la creación del Fideicomiso Maestro Irrevocable y de Administración, para afectar y/o gravar como garantía o fuente de pago, los ingresos provenientes del aumento a la tarifa aplicado desde inicios del presente año, y el 17 de octubre de 2014, el jefe de gobierno del Distrito Federal anunció la conformación del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para el Programa de Mejoramiento del Sistema de Transporte Colectivo, con un monto de 2 mil millones de pesos destinados, entre otras cosas, a la revisión y actualización de trenes de las líneas 6 y 7, entre otras.

La Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, cuyo objeto es regular y controlar la prestación de los servicios de transporte de pasajeros, para garantizar su adecuada utilización y la seguridad de los usuarios, establece que el Sistema de Transporte Colectivo Metro es organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual forma parte del Programa Integral de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, y por las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

Asimismo, la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal, como dependencia de la administración pública centralizada, tiene la obligación de realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios públicos de transporte de pasajeros, se lleven a cabo con eficiencia y eficacia, garantizando la seguridad de los usuarios, así como determinar la infraestructura de los servicios de transporte de pasajeros en la Ciudad de México, con base en estudios correspondientes, características y especificaciones técnicas.

Finalmente, es importante destacar que el ordenamiento citado, señala que los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte se preste en las mejores condiciones de seguridad, comodidad, higiene y eficiencia.

En tal tesitura, el Sistema de Transporte Colectivo Metro tiene la obligación de garantizar y salvaguardar la seguridad de sus usuarios, por lo que es necesario que lleve a cabo una revisión, mantenimiento y actualización integral de todas la infraestructura de sus instalaciones, principalmente de la línea 6 y 7, las cuales han presentado recurrentes problemáticas en su operación en los últimos meses, a fin de evitar una suspensión general como la ocurrida en la línea 12 (quien ha interrumpido sus operaciones por más de un año), o un infortunio de mayores proporciones, ya que actualmente cuenta con los recursos obtenidos gracias al incremento a la tarifa de viaje realizado el año precedente por el Gobierno del Distrito Federal.

Por ello, se propone a esta Comisión Permanente que exhorte al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar con brevedad los trabajos de rehabilitación, actualización y mantenimiento de trenes e instalaciones de la línea 6 y 7 del Metro.

Considerando

I. Que como senador de la república, electo por el Distrito Federal, considero que es imprescindible poner un alto a las repetidas suspensiones que aquejan al servicio que brinda el Sistema de Transporte Colectivo, pues resulta necesario poder garantizar plenamente la seguridad de los usuarios que viajan en el Metro de la Ciudad de México, antes de que una catástrofe de mayores proporciones suceda.

II. Que el artículo 118, fracción VII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que para el desarrollo y bienestar social en la Ciudad de México, la administración pública debe tomar en cuenta el transporte público, entre otras materias.

III. Que la administración pública del Distrito Federal es centralizada, desconcentrada y paraestatal y el Sistema de Transporte Colectivo es un organismo público descentralizado que forma parte de la Administración Pública Paraestatal, de conformidad a la fracción I del artículo 20 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

IV. Que la fracción II del artículo 99 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los organismos descentralizados tienen por objeto principal, la generación de bienes y la prestación de servicios públicos o sociales prioritarios para el funcionamiento de la Ciudad de México y la satisfacción de las necesidades colectivas.

V. Que el artículo 3 de la ley señala que la prestación de los servicios públicos de transporte en el Distrito Federal es de utilidad pública e interés general, cuya obligación de proporcionarlos corresponde a la administración pública, ya sea a través de empresas de participación estatal u organismos descentralizados,

VI. Que el artículo 1 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal establece que la administración pública del Distrito Federal tiene la responsabilidad de asegurar, controlar, promover y vigilar que los servicios de transporte de pasajeros, se efectúen con apego a la normatividad aplicable en la materia.

VII. Que el artículo 94 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal señala que habrán de establecerse las medidas necesarias que garanticen al usuario la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, implementando los mecanismos o infraestructura que salvaguarden su seguridad personal.

VIII. Que el artículo 7, fracción III, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, determina que la Secretaría de Transportes y Vialidad del Distrito Federal tiene la facultad de realizar todas aquellas acciones tendientes a que los servicios públicos y privados de transporte de pasajeros, además de llevarse a cabo con eficiencia y eficacia, garanticen la seguridad de los usuarios.

IX. Que el artículo 101 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal, establece que todos los usuarios tienen derecho a que el servicio público de transporte sea prestado en las mejores condiciones de seguridad comodidad higiene eficiencia.

X. Que el Senado de la República debe tomar las medidas correspondientes, dentro del través de la eficiente prestación de servicios de transporte público en la Ciudad de México, mediante el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro a realizar con brevedad los trabajos de rehabilitación, actualización y mantenimiento de trenes e instalaciones de la línea 6 y 7 del metro.

Notas:

1 Descarrila tren del Metro en El Rosario; no hay heridos, El Universal, sección Metrópoli, 18 de diciembre de 2014.

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/ descarrila-tren-del-metro-en-el-rosario-no-hay-heridos-1062810.html.

2 Tren rebasa tope en zona de maniobras del taller El Rosario’, tarjeta informativa El Rosario, Sistema de Transporte Colectivo, 18 de diciembre de 2014. http://www.metro.df.gob.mx/comunicados2/detalleComunicados.html?id_comunicado=1 086.

3 Investiga STC incidente ocurrido con un tren en talleres El Rosario, comunicado de prensa STC/157/2014, Sistema de Transporte Colectivo, 18 de diciembre de 2014. http://www.metro.df.gob.mx/comunicados2/ detalleComunicados.html?id_comunicado=1087.

4 Desalojan tren L3 Metro quemadura llanta, El Universal,sección Metrópoli. hltp://www.eluniversal.com.mx/ciudad­metropoli/2014/desalojan-tren-13-metro-que madura-llanta-1047547.html.

Atiende STC incidente en Juárez’, tarjeta informativa del Sistema de Transporte Colectivo, 20 de octubre de 2014. hltp://www.metro.df.gob. mx/comunicados2/detalleComunicados.html?id_comunicado= 1 046.

5 Hila Metro cadena de fallas, Reforma, sección ‘Ciudad, 18 de septiembre de 2014. www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default. aspx?id=339914.

6 Seguirá Metro fallando ¡durante 4 años!, Reforma, sección ‘Ciudad’, 23 de septiembre de 2014.

http://www.reforma.com/aplicaciones/ articulo/default.aspx?id=347956.

7 Aprueba ALDF Fideicomiso Maestro para atender prioridades del STC-Metro, Comunicación Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 13 de agosto de 2014. http://www.aldf.gobmx/comsoc-aprueba-aldf-fideicomiso-maestro-atender-prioridad es-stc-metro-­18886.html.

8 Acuerdo por el que se emite resolución que determina el importe de la tarifa aplicable al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), publicado el 7 de diciembre de 2013, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 1750, página 3 [http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_ old/uploads/gacetas/52a2adfd17060.pdf]

9 Anuncia Mancera Fideicomiso de 2 mil millones de pesos y convocatorias a licitaciones para modernización del STC Metro’, Coordinación General de Comunicación Social, 17 de octubre de 2014. http://www.noticiasdetuciudad.df.gob.mxl?p=85289

10 Artículo 20, fracción 1, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

11 Artículo 2, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

12 Artículo 7, fracción III, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

13 Artículo 7, fracción XXXIV, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

14 Artículo 101 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal.

15 Artículo 2, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda Legislatura, a veintiuno de enero de dos mil quince.— Senador Pablo Escudero Morales (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

INVESTIGAR Y RESOLVER EL CASO DE TI KIP FERNANDEZ VILCHIS, QUIEN FALLECIERA TRAS SER ATROPELLADA POR EL METROBUS EN LA CIUDAD DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF a investigar y resolver el caso de Ti Kip Fernández Vilchis, quien falleciera tras ser atropellada por el Metrobús en la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

A través de la plataforma change.org, Luz del Carmen Vilchis Esquivel denunció que el 9 de enero de 2014, su hija Ti Kip Fernández Vilchis “falleció atropellada por el Metrobús en la línea de Insurgentes, a la altura de la calle de Encanto, a unos metros de la estación Olivo”.

Sin embargo, corrompieron el expediente en la fiscalía de Álvaro Obregón. El que fuera un dictamen inicial de Semefo que describía que mi hija no tenía restos de drogas ni alcohol, fue sustituido por un documento espurio en el que se afirma que conservaron un fragmento de su hígado para emitir un informe posterior en el cual dicen que el órgano revela un porcentaje de 85/100 de alcohol.

Aunado a ello, la denunciante alega que el expediente está formado con una serie de elementos falsos, a la par de que no se realizaron las pruebas correspondientes a la unidad del Metrobús, y la pérdida de los cinco videos que contenían las pruebas fundamentales para corroborar el atropellamiento de la joven de 31 años.

Hay varios casos de atropellamiento donde las víctimas han perdido la vida. Por ejemplo, en octubre pasado, Omar Godoy Cabadilla de 25 años, falleció tras haber sido arrollado por la unidad 067 de la línea 2 del Metrobús, mientras paseaba a sus mascotas.

Por su parte, el pasado mes de mayo “la unidad del Metrobús, identificada con el número económico 0018, atropelló a una mujer de 72 años, quitándole la vida. Esto sucedió al sur de la avenida Insurgentes, en la colonia Actipan, cerca de Barranca del Muerto”.

O en abril pasado, “un hombre de la tercera edad murió tras ser arrollado por una unidad de Metrobús de la Línea 4; en el cruce del Eje 5 Oriente, Javier Rojo Gómez, y la calle Río Florido, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, Iztapalapa”.

Sin embargo, el caso de Fernández Vilchis resulta alarmante ya que según su madre se alteraron las pruebas de los hechos y, por ende, de un real ejercicio de justicia. Por ello, abogando por la exigencia de justicia que hace Luz del Carmen Vilchis Esquivel por su hija Ti Kip Fernández Vilchis, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar y resolver de manera expedita y con estricto apego a la ley el caso de Ti Kip Fernández Vilchis.

Notas:

1 1 Change.org, “Justicia para mi hija muerta, atropellada por Metrobús” [en línea], México. Dirección URL: http://chn.ge/1zsdf0o

2 Ídem.

3 El Universal, “Salva a su perro, pero él muere atropellado” [en línea], México. Dirección URL: http://www.eluniversaldf.mx/iztacalco/salva-a-su-perro-pero-el-muere-atropellad o.html

4 Revolución tres punto cero, “Metrobús atropella a mujer de 72 años” [en línea], México. Dirección URL: http://revoluciontrespuntocero. com/metrobus-atropella-a-mujer-de-72-anos/

5 El Universal, “Atropella Metrobús a adulto mayor en Rojo Gómez” [en línea], México. Dirección URL: http://www.eluniversal.com. mx/ciudad-metropoli/2014/atropella-metrobus-a-adulto-mayor-en-rojo-gomez-100709 4.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

INFORME TRIMESTRALMENTE AL CONGRESO DE LA UNION SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES HECHAS POR LA OCDE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a informar trimestralmente al Congreso de la Unión sobre la implantación de las recomendaciones formuladas por la OCDE, suscrita por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de enero de 2015, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a la nación respecto del documento denominado Estudios económicos de la OCDE México Enero 2015.

En el citado documento, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encargada de agrupar a 34 países miembros y promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, hace un análisis pormenorizado de la situación económica de México basado en: a) Estimular la recuperación macroeconómica; b) Reformas estructurales para impulsar el crecimiento y reducir la informalidad; c) Compartir los frutos del crecimiento.

La publicación de la OCDE reconoce, por un lado, la serie de medidas normativas aprobadas por el Poder Legislativo y, por otra, la coyuntura económica adversa ante la cual se ponen a prueba las mismas. Asimismo, señala que:

“México se enfrenta a adversidades externas, en particular la disminución de los precios del petróleo y el anuncio del endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos. De ahí que en el corto plazo sea fundamental la total implementación de las reformas a fin de gozar de los beneficios de una recuperación firme y sostenida. Para ello será necesario contar con un fuerte compromiso político y que se fortalezca aún más la capacidad administrativa. A futuro, las reformas complementarias podrían ir más lejos, para resolver los cuellos de botella estructurales que persistan: con la adopción de las mejores prácticas de la OCDE sería posible aumentar el crecimiento potencial en otro punto porcentual anual. La percepción generalizada de corrupción, la gobernanza administrativa endeble y una insuficiente aplicación de las leyes constituyen problemas serios que desalientan la inversión y promueven la informalidad.”

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hemos fomentado regular las disposiciones que propician que los que más ingresos tienen, aporten proporcionalmente más al erario público. Igualmente es necesario actualizar la legislación tributaria para evitar y sancionar prácticas de elusión y evasión de impuestos, porque así vamos subsanando una de las principales debilidades de nuestro sistema tributario, que es la falta de certeza, control y previsión.

El documento en cita, proyecta una notable mejoría en el crecimiento del PIB, que llegará casi a 4% en 2015. Es previsible el fortalecimiento de la confianza de los inversionistas conforme se fortalezca la demanda externa, gracias a la recuperación de Estados Unidos y al estímulo fiscal (0.5% del PIB en 2014).

Bajo dicho contexto emitieron las siguientes recomendaciones:

Reformas para impulsar el crecimiento y reducir la informalidad

El Pacto por México es un audaz paquete de reformas cuya finalidad es mejorar las condiciones económicas, impulsar el crecimiento y reducir la informalidad. Estas reformas, que pasaron por el proceso legislativo, deberían ponerse en marcha plenamente, supervisarse de cerca, evaluarse con regularidad y, de ser necesario, ajustarse de manera adecuada. En ciertas áreas deberían plantearse reformas adicionales.

• Concentrarse en implementar cabalmente el paquete de reformasbajo una atenta supervisión al más alto nivel político, y afianzar la calidad de la capacidad administrativa y de la gobernanza en todos los órdenes de gobierno.

• Reformar las instituciones de justicia, consolidar el Estado de derecho, abordar los problemas de seguridad y reducir la corrupción generalizadacon reformas orientadas a la eficacia de las resoluciones judiciales en materia civil, comercial y penal, y reforzar la transparencia de las licitaciones públicas.

• Mejorar y simplificar el acervo actual de regulaciones, así como su calidad,a nivel local, estatal y nacional.

• Eliminar gradualmente las restricciones a la propiedad y al traspaso de tierras ejidalesy, al mismo tiempo, brindar más apoyo al ingreso rural y al acceso al financiamiento.

Compartir los frutos del crecimiento

El elevado nivel de desigualdad ha conducido a muchas familias a la pobreza, con poco acceso a educación y a atención médica de calidad, lo cual afecta las perspectivas de crecimiento de largo plazo. Las reformas recientes ayudarán, pero serán necesarios mayores esfuerzos.

• Mejorar la equidad y la eficacia del gasto en educaciónmediante su reorientación hacia la educación preescolar, primaria y secundaria. Concentrarse en mejorar la calidad de la docencia.

• Promover el acceso a atención médica de calidada través de una mayor coordinación entre las instituciones de salud, a fin de reducir las redundancias; en especial, fomentar el intercambio de servicios entre redes de atención médica.

• Favorecer una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral formalmediante un mejor acceso de niños menores de tres años a guarderías de calidad, y ampliar las políticas orientadas al mejoramiento del mercado laboral.

• Aprobar las iniciativas de ley de seguro de desempleo y pensión universala fin de proteger del riesgo de pérdida de ingresos a quienes buscan empleo y a las personas de mayor edad, así como para reducir la desigualdad.

• Expandir al máximo el nuevo programa Prospera, de transferencias de efectivo,para ayudar a sus beneficiarios a ampliar sus capacidades, concluir sus estudios, incorporarse al sector formal y conseguir empleos bien remunerados.

Nueva Alianza reconoce que las observaciones de la OCDE, constituyen el reflejo de la serie de Reformas Estructurales que modificaron el sistema normativo nacional, mismas que se vinculan y relacionan unas con otras, pues no podemos dejar de lado que el sistema jurídico nacional es monolítico, y únicamente se encuentra dividido en materias para su estudio, pero constituye una unidad sólida en nuestro país.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza es partícipe de que el Estado deba jugar un papel complementario o compensatorio a partir de un compromiso social verdadero. No podremos decir que las Reformas Estructurales son exitosas, mientras no generen una redistribución del ingreso en favor de los grupos sociales más vulnerables.

Una de las recomendaciones citadas y que guarda especial interés con la Agenda del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es la relacionada con culminar la reforma en materia de Pensión Universal y el Seguro de Desempleo, pues constituyen una necesidad ineludible, en el marco de las recientes reformas de flexibilización laboral. Si se flexibiliza el mercado laboral, tenemos que proteger a los trabajadores y a la población en general con la ampliación de los derechos sociales; el fortalecimiento de un rubro de la seguridad social, no debe debilitar otro, porque se afecta la integralidad de la seguridad social.

En Nueva Alianza consideramos que las grandes reformas deberán generar el crecimiento económico esperado e incrementar sustancialmente la recaudación fiscal del Estado, de tal manera que los beneficios se canalicen a financiar las políticas de protección social como el seguro de desempleo y la pensión universal. Ejemplo de lo anterior es reconocer que la reforma hacendaria ha permitido un incremento sustancial de los ingresos fiscales, que crecieron 6.1% en los primeros tres trimestres de 2014 y se espera que aumenten 7.5% en 2015.

Bajo dicha línea del pensamiento, las Reformas Estructurales y principalmente la Reforma Hacendaria entendida en sentido amplio, que incluye las Reformas Energética, Fiscal, Financiera, y Laboral, mismas que afecta directamente el financiamiento del Estado, solo podrán rendir los resultados esperados, si todos nosotros asumimos el compromiso de vigilar la correcta aplicación de las disposiciones, de evaluar el desempeño del sistema tributario y financiero, así como fortalecer la capacidad regulatoria del Estado y preservar los elementales márgenes de soberanía nacional.

El Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2015, fue definido en medio de presiones considerables, tanto nacionales como internacionales, derivado principalmente del ajuste al precio del barril de petróleo pasando de 82 dólares propuesto por el Ejecutivo, a 81 dólares propuesto por la Cámara de Diputados, hasta llegar a los 79 dólares propuestos por el Senado.

En pocas ocasiones, el Congreso ha tenido que ajustar a la baja el precio del barril de petróleo, situación que ahora ha ocurrido y que nos obliga a una revisión profunda del andamiaje estructural de los ingresos del Estado mexicano. Es imperioso que las reformas estructurales comiencen a detonar el crecimiento económico, para que las finanzas públicas sean cada vez menos dependientes de los ingresos petroleros.

Por otro lado, debemos reconoce que se debe ser prudente respecto del endeudamiento como fuente de financiamiento del gasto público, ya que siempre se corre el riesgo de que la inercia del gasto público, incorpore el instrumento del déficit como un componente constante para complementar los ingresos públicos.

Esta situación podría generar una dinámica nociva, que consiste en hacer sistemático el endeudamiento público para financiar las obligaciones del Estado; sobre todo si el gasto público tiende a concentrarse en gasto corriente y no en la inversión en desarrollo de infraestructura o en desarrollo social. México es uno de los seis países que tienen el nivel de deuda pública más cercano al rango de “prudencia” que garantizaría certidumbre. Sin embargo, México ya padeció fenómenos desastrosos en el pasado reciente, y el legislativo debe implementar los mecanismos para evitar la vuelta de esos escenarios.

Derivado de lo anterior Nueva Alianza, hace un llamado al Ejecutivo Federal para continuar fortaleciendo, el sistema financiero mexicano, el régimen tributario, y en general las Finanzas Públicas del país tanto en sus componentes nacionales, como en sus conexiones internacionales, con el objeto de generar condiciones de competencia que permitan mayor crecimiento económico y bienestar social.

En consecuencia se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informen trimestralmente Congreso de la Unión al respecto de la implementación de las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el documento denominado Estudios económicos de la OCDE México Enero 2015.

Sin que lo anterior violente de ninguna manera el respecto a la soberanía nacional, procurando adecuar la serie de observaciones y recomendaciones al sistema jurídico mexicano en lo que resulta competencia y procedente.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente se somete a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un informe trimestral al Congreso de la Unión al respecto de la implementación de las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el documento denominado Estudios económicos de la OCDE México Enero 2015, con pleno respeto de la Soberanía Nacional y que sean competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de enero 2015.— Diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

MANTENIMIENTO OPORTUNO A LAS ESCALERAS DEL SISTEMA COLECTIVO DE TRANSPORTE METRO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a dar mantenimiento oportuno a las escaleras del Metro y facilitar la movilidad de las personas adultas mayores y con capacidades diferentes, suscrita por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todos sabemos que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad encuentran serias limitantes en cuanto a su movilidad en las calles y avenidas de la ciudad, pero más aún en los sistemas de transporte.

Tal es el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el que ven disminuida y a veces, prohibida su capacidad de transportación por diversos factores, entre los que destaca su desplazamiento por las escaleras que les resultan, en muchas de las estaciones, interminable y a veces inalcanzable subir y subir hasta la salida, debido esto a que las escaleras electromecánicas dejan de prestar el servicio.

Recientemente ha entrado en operación el denominado “Fideicomiso Maestro del Metro”.

El diagnóstico que institucionalmente reconoce en lo relativo a la accesibilidad y movilidad es el siguiente:

Se reconoce que existe deterioro de la infraestructura por desgaste natural, obsolescencia y averías frecuentes que requieren de mantenimiento correctivo, lo que afecta la calidad del servicio.

Se reconoce que los equipos son obsoletos lo que impacta de manera relevante el servicio a los usuarios en cuanto a accesibilidad, movilidad y seguridad.

En lo que se refiere a accesibilidad se reconoce que se hace más evidente cuando los usuarios no pueden subir y bajar escaleras fijas, como es el caso de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, que al encontrar las escaleras electromecánicas fuera de servicio que, por obvia razón, no pueden utilizar.

Se reconoce también que estas personas se ven obligadas a optar por otro medio de transporte o a esforzarse a subir y bajar por sí mismos, afectando así su salud y su seguridad inclusive, por el riesgo de sufrir un accidente.

Los usuarios, se advierte, se ven afectados en su circulación dentro de las estaciones a través de las escaleras electromecánicas puesto que por la indisponibilidad de éstas se hace más lenta la movilidad y se saturan las escaleras fijas, provocando en ellos estrés e incomodidad y retraso en sus tiempos de traslado.

En cuanto a la seguridad de los usuarios, aspecto muy importante sobre todo para las personas adultas mayores y personas con discapacidad, se advierte también, que durante su circulación en las estaciones a través de las escaleras electromecánicas, la seguridad se ve afectada por el grado de deterioro de las mismas, pudiéndose generar paros intempestivos y por consecuencia, caída de los usuarios.

Se precisa en la información del fideicomiso que los equipos de las escaleras electromecánicas han sobrepasado los 20 años de vida útil estimada para su uso y que, por tal razón los equipos presentan componentes vitales con desgaste significativo como son escalones, ejes principales, sistemas de tracción de pasamanos, cadenas de escalones, placas portapeines, etcétera, que ponen en riesgo la seguridad del público usuario, y presentan fallas repetitivas que reducen la disponibilidad y operación de los equipos; escaleras que se ubican en estaciones de mayor afluencia.

Se informa en la página del Fideicomiso Maestro del Metro, que hasta la fecha, se han instalado 466 escaleras electromecánicas en toda la red, de las cuales 62 han llegado al final de su vida útil y así también, los componentes principales de 219 más, por lo que, la oferta se ve disminuida en 281 escaleras que no presentan condiciones óptimas de funcionamiento que aseguren una disponibilidad adecuada y seguridad en su uso; que solamente existen 185 escaleras que cumplen con las características de funcionamiento y seguridad, lo que representa un déficit de 281 escaleras, de las que 62 están totalmente fuera de condiciones óptimas de funcionamiento y de las 219 restantes sus principales componentes excedieron su vida útil.

El objetivo del proyecto, se dice, consiste en recuperar y mejorar la accesibilidad y el traslado de los usuarios dentro de 27 estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 7 de la red del sistema, con la instalación de 62 escaleras electromecánicas, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio en los rubros de seguridad, confort y tiempo de traslado dentro de las estaciones, siendo las personas adultas mayores y personas con dificultad para subir y bajar escaleras fijas los principales beneficiados.

El proyecto consiste en la adquisición y sustitución parcial de equipos obsoletos que permitirán recuperar de forma parcial las variables de calidad que el Metro requiere para brindar el servicio de transporte para el que fue creado, Se pretende dar especial atención a las condiciones de accesibilidad, seguridad, tiempo de traslado de los pasajeros así como de confort, para coadyuvar al cumplimiento de la misión del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que consiste en “Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio; con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura para los usuarios, con transparencia, equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.

Así, se pretende sustituir 62 escaleras electromecánicas con más de 44 años de operación en las líneas 1, 2, 3 y 7 por escaleras modernas, con tecnología de punta y sistemas más eficientes mecánicos, eléctricos y de ahorro de energía, contemplando el retiro de las escaleras electromecánicas por sustituir; la readecuación de la obra civil; y, la instalación de las nuevas escaleras electromecánicas.

Pero lograrlo requiere de trabajo a desarrollar a futuro a cargo del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Fideicomiso Maestro del Metro, que inició sus operaciones con dos mil millones de pesos, para cumplir once acciones de rehabilitación y modernización.

El hecho es que en la actualidad es necesario contemplar y atender, el mantenimiento a todas las escaleras electromecánicas que se encuentran con servicio deficiente o nulo, pero en forma oportuna, no solo para brindar calidad en el servicio, sino para atender eficazmente la demanda y el reclamo de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, que día a día, transitan con su calidad de usuarios de este sistema de transporte, con todos los inconvenientes que se han relatado.

No omito manifestar que con el incremento de dos pesos por boleto para uso del Metro, se externó el compromiso de destinar una parte al mantenimiento de las escaleras electromecánicas.

Por otra parte, considero importante señalar que los derechos humanos de las personas adultas mayores y personas con discapacidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. constitucional y los tratados internacionales.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Como puede observarse, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, quedando prohibida toda discriminación motivada por la edad, las discapacidades o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o el menoscabo de los derechos y libertades de las personas, lo que aplica a las personas adultas mayores y personas con discapacidad en el caso que nos ocupa.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal, a fin de que se proporcione mantenimiento oportuno a las escaleras eléctricas del Sistema Colectivo Metro para facilitar la movilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Notas:

http://www.metro.df.gob.mx/organismo/costoboleto.html

http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/ 2013/12/09/aumento-del-metro-cambio-de-que/

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/12/08/932531

http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/ 2013/11/16/aumento-tarifa-metro-mejorara-servicio-mancera

http://www.jornada.unam.mx/2013/12/07/edito

http://www.metro.df.gob.mx/imagenes/ organismo/boleto/informe11compromisos.pdf

Sede de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2014.—Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

PROMOVER ACCIONES PARA LOGRAR UNA CONEXION DIRECTA DE SERVICIOS AEREOS ENTRE MEXICO Y VIETNAM

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Vietnam, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

Las relaciones diplomáticas entre México y Vietnam se establecieron el 19 de mayo de 1975, y a partir de aquella fecha los lazos de amistad y cooperación bilateral en distintos campos han permitido avances importantes de desarrollo mutuo.

Como ejemplo basta recordar que en los últimos años se han firmado acuerdos sobre cooperación científica y tecnológica, educación y cultura, salud, turismo, supresión de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales, y el establecimiento de un mecanismo de consultas bilaterales.

Todos estos acuerdos han sido el resultado de una relación de muchos años de acercamiento, de comunicación, de intercambio bilateral, lo cual ha fortalecido la relación entre ambas naciones, elevándola a un estadio de mayor cooperación y estrecho intercambio cultural y comercial.

Durante los últimos 39 años, los lazos entre ambos países han logrado frutos en diferentes sectores, principalmente en el comercio, donde el volumen de intercambio entre ambos países ha aumentado considerablemente. En 2012, por ejemplo, el intercambio comercial alcanzó los 795 millones de dólares.

Sin lugar a dudas la relación bilateral entre México y Vietnam es de suma importancia, por lo tanto es importante continuar trabajando para establecer nuevos elementos de cooperación, pero también para facilitar la comunicación entre ambos Estados.

En este orden de ideas, existen tres temas, principalmente, que sin duda alguna coadyuvarán en el impulso de las relaciones bilaterales entre México y Vietnam:

1. La supresión de requerimiento de visa.

2. Interconectividad aérea entre ambos países.

3. Fomento y difusión del turismo nacional en Vietnam.

1. La supresión de requerimiento de visa para ingresar al país

Actualmente los ciudadanos de Vietnam que desean visitar nuestro país, así como los mexicanos que pretenden visitar Vietnam requieren de visa expedida por los gobiernos de cada país, respectivamente, lo que en términos de comunicación bilateral constituye una barrera migratoria al limitar el flujo de turistas, el intercambio comercial y las inversiones.

Por lo tanto, es necesario eliminar esa barrera migratoria, a través de la suscripción de un acuerdo bilateral con Vietnam, de supresión de visas, con el propósito de que los ciudadanos de aquél país puedan visitar México sin el requisito de la visa en el filtro de revisión migratoria, y a su vez, los mexicanos que deseen viajar a Vietnam puedan hacerlo sin el requisito de visa.

El gobierno mexicano, debe coadyuvar con esta medida, en virtud de la importancia de fomentar la cooperación internacional, estimular el turismo y los intercambios comerciales y culturales entre México y Vietnam.

2. Interconectividad aérea entre ambos países

Actualmente no existe una conexión directa de servicios aéreos entre ambos países, lo que constituye una barrera para el flujo de visitantes vietnamitas, que desean ingresar a nuestro país, y de nuestros connacionales que pretenden viajar a Vietnam.  Actualmente visitar aquel país y regresar, implica realizar toda una travesía; se viaja a través de distintos tramos o rutas aéreas, a costos sumamente elevados y con largas horas de viaje e incomodidades para los viajeros. No existen rutas directas entre ambos países con un lapso de tiempo de viaje corto, a costos bajos y cómodos para los viajeros.

No se puede continuar en esa situación, máxime que en la actualidad, gracias a las tecnologías de comunicación es posible realizar dicho viaje en una fracción de tiempo relativamente corta.

Por estas razones es necesario que el gobierno mexicano, en coordinación con el gobierno de Vietnam implemente las acciones necesarias para el establecimiento de servicios aéreos directos.

Para darnos una idea de la importancia de del establecimiento de rutas directas entre nuestro país y aquellos países con los cuales mantiene vínculos de amistad, basta conocer algunas de las cifras más recientes del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM). Tan solo en el lapso de enero-abril de 2014 se registraron 4 millones 813 mil 666 visitantes foráneos a nuestro país por vía aérea, cifra 10.5 por ciento mayor a los 4 millones 356 mil 710 que se observaron en igual plazo en el 2013. Es decir, México es un destino turístico mundial que merece ser fortalecido.

En el caso particular del flujo turístico Vietnam-México, de conformidad con el reporte de llegada de visitantes vía aérea por nacionalidad, del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración, muestra que en 2005 ingresaron al país 282, y en 2014 lo hicieron 1,160, es decir el número de visitas se incrementó considerablemente, a pesar de las barreras de interconectividad aérea existentes. Prueba contundente para trabajar en el establecimiento de servicios aéreos directos entre ambos países.

Todos estos datos reflejan la urgencia de implementar acciones para generar vías de comunicación directa entre México y Vietnam; es una necesidad de nuestra nación y una obligación del gobierno federal de solucionarla.

3. Fomento y difusión del turismo nacional en Vietnam

Como es bien sabido, México es uno de los destinos turísticos más importantes en el mundo, por tanto, continuar fomentando la difusión del mismo en el exterior es una tarea primordial del gobierno federal; recordemos que el turismo es una de las industrias más importantes para generar el crecimiento sostenido de muchos países, particularmente de México, lo que demanda estrategias de promoción y difusión eficaces.

Para darnos una idea, basta observar algunas cifras del Banco de México (Banxico), el cual informó que el ingreso de divisas por turistas internacionales durante los primeros cinco meses del año pasado creció casi 17 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2013.

En el reporte de enero a mayo de 2014, el Banxico señala que se alcanzó la cifra de 7 mil 22 millones de dólares, esto es, 19.7 por ciento superior a lo captado en igual lapso del año que precede, que fue de 6 mil 15 millones de dólares.

Aunado a esto, el flujo de turistas internacionales también mostró un significativo incremento, 19.2 por ciento mayor a lo registrado en igual periodo de 2013, al contabilizarse 11.7 millones de personas.

En este contexto, es indudable la importancia de continuar fomentando las riquezas nacionales y los destinos turísticos de nuestro país; sin duda alguna, pilar fundamental para el desarrollo económico de México.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que mediamente las acciones y los mecanismos diplomáticos conducentes suscriban un acuerdo bilateral con Vietnam de supresión de visas, con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y Vietnam.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, a incrementar las acciones de promoción y difusión de las riquezas y los destinos turísticos nacionales, ante Vietnam y los demás países asiáticos con los que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

Tercero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores, para que implementen las acciones necesarias que permitan lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Vietnam.

Notas:

1 Embajada de Vietnam en México.

2 Manual de Organización de la Embajada de México en Vietnam, Secretaría de Relaciones Exteriores.

3 Análisis integral del turismo, Secretaría de Turismo.

Senado de la República, a 19 de enero de 2015.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

Se remite a la Segunda Comisión de Trabajo.

MESA TRIPARTITA DE NEGOCIACION CONFORMADA POR LEGISLADORES, AUTORIDADES DEL GOBIERNO FEDERAL Y POR UNA COMISION DE AHORRADORES DE FICREA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la integración de una mesa tripartita de negociación formada por legisladores, autoridades federales y una comisión de ahorradores de Ficrea, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

El 7 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llevó a cabo una intervención gerencial a Ficrea y se designó con el carácter de interventor-gerente de dicha entidad al licenciado Federico Manuel López Cárdenas. Además, mediante acuerdo de esa misma fecha, el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores aprobó la suspensión parcial de operaciones, así como el cierre temporal de las oficinas y sucursales de Ficrea, SA de CV, SFP.

Dicha intervención se llevó a cabo debido a que la CNBV identificó que esa Sociedad Financiera Popular presentaba serios problemas regulatorios detectados durante diversas visitas de inspección en materia financiera, operativa y de riesgos, y de evaluación sobre el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.

Adicionalmente, la CNBV argumenta que detectó que Ficrea utilizaba a la sociedad anónima Leadman Trade, SA de CV, para transferir recursos a los acreditados de la Sofipo, y que el pago de las amortizaciones de los respectivos créditos, provenían a su vez de una cuenta de Leadman, evidenciando que a través de Leadman se realizaba una triangulación no transparente de los recursos de la Sofipo.

La CNBV comprobó que cerca de 98 por ciento de la cal1era de crédito originada por Ficrea, se canalizaba a través de Leadman, sin que esta última sociedad presentase información de sopol1e de manera adecuada.

La CNBV señala que Ficrea mostró falta de transparencia e integridad de la información y falta de disposición para atender de manera adecuada los requerimientos de información necesarios para que la Comisión ejerciera debidamente sus funciones de supervisión.

Durante la intervención gerencial a Ficrea, la CNBV aseguró que el objetivo de esa decisión era salvaguardar los ahorros del público inversionista y que las irregularidades encontradas habían sido opol1unamente informadas tanto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP como a la Procuraduría General de la República.

El 17 de diciembre de 2014, el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores informó que Ficrea debía entrar en estado de disolución y liquidación.

El 18 de diciembre, se notificó a Ficrea, SA de CV, SFP sobre el emplazo para revocar la autorización para operar como Sociedad Financiera Popular.

Pese a que la CNBV otorgó un plazo de diez días hábiles a Ficrea, para que ofreciera pruebas y formulara alegatos, en relación con la causal de revocación de su autorización para operar como sociedad financiera popular, fue el mismo 18 de diciembre cuando Ficrea ejerció su derecho de audiencia por escrito pero no presentó alegatos ni pruebas en su defensa, por lo cual el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, en su sesión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2014, determinó la disolución y liquidación de Ficrea, SA de CV, SFP.

El 23 de diciembre de 2014, mediante oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización otorgada a Ficrea para operar como sociedad financiera popular y resolvió iniciar el proceso de disolución y liquidación.

El 26 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el que se designó como liquidador al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que este organismo funja como el responsable de la realización del pago de las obligaciones garantizadas en beneficio de los ahorradores de Ficrea.

El enero pasado, nuestro grupo parlamentario presentó un punto de acuerdo suscrito por el diputado Miguel Alonso Raya, el diputado Carlos Morales y un servidor, en el que solicitamos la comparecencia de diversos funcionarios para que expusieran en la Comisión Permanente entre otras cosas, información sobre los avances en las investigaciones de lavado de dinero y del fraude que provocaron el proceso de disolución y liquidación de Ficrea.

En la misma fecha citada en el párrafo anterior, fue aprobado nuestro punto de acuerdo por el pleno de la Comisión Permanente, por ello, el pasado viernes 16 de enero, comparecieron ante la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas– de la Permanente, el licenciado Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del licenciado Alberto Di Constanzo Armenta, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y del licenciado Alberto Bazbaz Sacal, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Durante las comparecencias, los legisladores y los funcionarios tomaron un acuerdo por consenso para constituir una mesa tripartita de negociación, integrada por representantes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como de una delegación de representantes de los ahorradores defraudados por Ficrea, a fin de encontrar mecanismos de solución para el resarcimiento del daño a los ahorradores y el pago integral de sus ahorros.

Por tal motivo, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un exhorto para que con la brevedad se instale una mesa tripartita de negociación integrada por legisladores de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, por los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo al titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su calidad de liquidador de Ficrea.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que garantice que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes brinde las garantías legales a fin de que los ahorradores que cobren el seguro puedan recuperar la totalidad de sus recursos ahorrados en Ficrea.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las autoridades que de ella dependen, a que en el proceso de liquidación y disolución de Ficrea se establezca el mecanismo idóneo para que se conforme un fondo para cubrir el cien por ciento de los recursos de los ahorradores, dando prioridad a aquellos de menores recursos socioeconómicos.

Cuarto. Se exhorta a la Banca de Desarrollo a participar en el diseño e implementación de un esquema para monetizar la cartera de al arrendamientos en relación con los depósitos de los ahorradores, incluyendo como garantías los bienes y otros activos que se recuperen en los procesos judiciales, a fin de potenciar el alcance de este mecanismo hacia la consecución de una solución justa para los ahorradores.

Quinto. Finalmente, se exhorta a la Procuraduría General de la República a que presente el avance de las investigaciones sobre lavado de dinero en las operaciones financieras de Ficrea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Diputado: Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

SEPARACION DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CENTROS PENITENCIARIOS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la separación de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, suscrita por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución establece en su artículo 18 criterios específicos para la correcta separación de las personas que se encuentren privadas de su libertad. Estos criterios constitucionales establecen que se encontrarán en sitios distintos y completamente separados: las personas que se hallen en prisión preventiva y las personas extinguiendo una pena; las mujeres y hombres y, la separación a aquellas personas bajo proceso o sentencia por delincuencia organizada.

Sin embargo, en la mayoría de los centros penitenciarios, estos criterios no son una realidad, toda vez que las personas cumpliendo sentencia condenatoria y aquellas que se encuentran bajo proceso, hombres y mujeres e incluso aquellos cumpliendo sentencia por delincuencia organizada conviven dentro del mismo lugar, sin separación alguna.

Resulta importante mencionar que el mismo artículo 18 de nuestra Carta Magna determina, de manera clara, que el fin de la prisión es la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que el sentenciado no vuelva a delinquir, y que la reinserción de los internos, está íntimamente relacionado con la prevención del delito, elemento esencial de la seguridad pública.

Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es la encargada de realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), actividad que de manera coordinada realiza con los organismos públicos locales de Derechos Humanos.

A través de este instrumento, la CNDH examina la condición actual de los sistemas penitenciarios en nuestro país, la situación en la que habitan los reclusos y la capacitación de los custodios. Todo esto, con el motivo de revisar el respeto a los Derechos Humanos dentro de cada uno de los centros penitenciarios.

Dentro del DNSP del 2012, la Comisión arrojó datos alarmantes sobre la situación de los reclusorios en nuestro país, destacando la sobrepoblación y hacinamiento en los reclusorios, las carencias en las instalaciones, las deficiencias en el trato digno y en general las condiciones en las que viven los reclusos, que no se apegan a los estándares mínimos en materia de Derechos Humanos.

Dicho documento señala como uno de los principales desafíos el llevar a cabo la correcta separación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, no sólo en los dormitorios sino también en áreas comunes.

En México, datos del Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa” muestran que hasta enero de 2013, 41.3 por ciento de los internos no contaba con una sentencia condenatoria. Las consecuencias que esto genera son diversas; por un lado, se genera un gran problema de sobrepoblación; por el otro, se obliga a convivir en un mismo espacio a sentenciados y procesados, generando efectos criminógenos importantes tales como la reincidencia y un proceso de reinserción ineficaz.

En el mismo reporte se observan diferencias importantes a nivel estatal: en Baja California Sur, Durango, Oaxaca y Quintana Roo, más de 60 por ciento de los internos por delitos de competencia local y federal no ha recibido una sentencia. En el extremo opuesto se encuentra el Distrito Federal con un porcentaje menor a 20.

Sobre la correcta separación entre sentenciados y procesados, existe una creciente preocupación a nivel internacional. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su informe relativo a las Personas Privadas de la Libertad en las Américas que: como medidas de prevención de la violencia se debe, entre otras, “establecer una clasificación y separación adecuada de los reclusos.”

De igual forma, es importante mencionar que la separación de personas privadas de la libertad es un estándar dentro de la región, y se encuentra elevado a rango Constitucional en países como: Haití, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Honduras, Guatemala, etc. De esta manera se resalta la importancia que tiene una correcta separación dentro de los centros penitenciarios, que permita evitar situaciones como el hacinamiento, motines y, en general, la ingobernabilidad dentro de los centros penitenciarios.

Estas separaciones responden a situaciones que permitan una mejor reinserción de la persona que delinquió, por ejemplo la correcta separación entre personas sujetas a proceso de aquellas que se encuentren cumpliendo sentencia condenatoria, busca evitar que se generen efectos negativos en una persona que no ha delinquido o bien aún no se ha comprobado su culpabilidad al tener una convivencia constante con delincuentes.

La separación que se refiere a delincuencia organizada responde a dos situaciones: 1) la necesidad de realizar una debida clasificación penitenciaria de los internos, para una conveniente y estratégica ubicación de los mismos al interior de los centros penitenciarios a fin de garantizar que las personas inculpadas o cumpliendo sentencias por este tipo de delitos se encuentren en las condiciones especiales que determina la ley (restricción de comunicaciones, vigilancia especial, etc.) y 2) evitar que las personas privadas de la libertad por otros delitos de menor gravedad generen una convivencia constante entre este grupo de delincuentes o inculpados, y que esta convivencia genere efectos negativos que trunque o evite la reinserción de una persona.

Al respecto, es conocido que los centros penitenciarios en México se han convertido en ámbitos donde imperan la arbitrariedad, violencia y corrupción. Esto es el resultado de más de una década de desatención al problema carcelario en México por parte de los Gobiernos; y es también generado por la apatía de los ciudadanos, que han preferido no mirar hacia las cárceles.

Si bien es cierto que existe un rechazo por parte de la sociedad hacia todo lo que tiene que ver con las personas que cometen delitos y se encuentran en las cárceles, debemos hacer particular énfasis en que las personas privadas de la libertad se encuentran bajo tutela del Estado, esto lo obliga a garantizar las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna, así como la protección a sus derechos humanos.

Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada, es un aspecto necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de justicia. Por el contrario, cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos necesarios, su función se distorsiona; en vez de proporcionar protección, se convierten en escuelas de delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en vez de la rehabilitación. De esta manera impiden que en la práctica las penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la Constitución: la reforma y la readaptación social de los sentenciados.

Todo lo anterior demuestra la importancia de contar con una correcta separación en todo el sistema penitenciario. Este desafió que representa dar cumplimiento sobre la base del respeto a los derechos humanos, con la separación entre procesados y sentenciados; que las mujeres purguen sus condenas en lugares separados a los de los hombres y, la debida clasificación penitenciaria de los internos, no son otra cosa que el cumplimiento del mandato constitucional que establece el artículo 18 y que tienen como fin lograr la reinserción de los sentenciados.

Estos criterios constituyen aspectos determinantes para lograr ejercer un control eficaz de la seguridad al interior de los centros penitenciarios, una eficiente administración de justicia y el pleno respeto a los derechos humanos establecidos en nuestra Carta Magna.

Es por lo anteriormente expuesto, y por la urgente necesidad de realizar las acciones tendientes a garantizar la correcta separación física entre las personas que se encuentra privadas de la libertad bajo los criterios establecidos en el artículo 18 de la Constitución, por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Órgano Administrativo Desconcentrado para la Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, se tomen las medidas inmediatas y suficientes a fin de garantizar la plena separación de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciaros de su jurisdicción, de acuerdo con los criterios de separación establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha separación deberá ser de la siguiente manera:

a) Espacios exclusivos para personas en extinción de penas privativas de la libertad.

b) Espacios exclusivos para personas sujetas a prisión preventiva.

c) Espacios exclusivos para mujeres atendiendo a los mismos criterios descritos en los incisos a) y b).

d) Espacios exclusivos para personas privadas de su libertad por delitos de delincuencia organizada y/o que requieran medidas especiales de seguridad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las entidades federativas a que tomen las medidas inmediatas y suficientes a fin de garantizar la plena separación de las personas privadas de su libertad en los centros penitenciaros de su jurisdicción, de acuerdo con los criterios de separación establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha separación deberá ser de la siguiente manera:

a) Espacios exclusivos para personas en extinción de penas privativas de la libertad.

b) Espacios exclusivos para personas sujetas a prisión preventiva.

c) Espacios exclusivos para mujeres atendiendo a los mismos criterios descritos en los incisos a) y b).

d) Espacios exclusivos para personas privadas de su libertad por delitos de delincuencia organizada y/o que requieran medidas especiales de seguridad.

Notas:

1 CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2012.

http://www.cndh.org.mx/sites/all/ fuentes/documentos/programas/DNSP_2012.pdf

2 México Evalúa, La Cárcel en México ¿Para qué? http://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2013/08/MEX-EVA_INDX-CARCEL-MEXI CO-VF.pdf

3 Cfr. CIDH. Informe sobre las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, OEA, 31 de diciembre de 2011, párr. 15.

4 CorteIDH  Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, Párrafo 153

5 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en su jurisprudencia constante sobre los derechos que gozan las personas recluidas en centros penitenciarios. Cfr. Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C No. 224, Párrafo 50; Corte IDH. Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 241, Párrafo 92 y Corte IDH. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C número 244, Párrafo 135

6 CIDH, Quinto Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Cap. VIII, párrs. 68 y 69, CIDH, Informe sobre las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, OEA, 31 de diciembre de 2011, párr. 11.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días de enero de 2015.— Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

ENTABLAR RELACIONES DIPLOMATICAS CON EL REINO DE BUTAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entablar relaciones diplomáticas con el Reino de Bután, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barron, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 87, numeral 5, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entablar relaciones diplomáticas con el Reino de Bután, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La política exterior debe ser un instrumento fundamental para promover el desarrollo económico, político y social de nuestro país mediante el diálogo, la actividad diplomática y la cooperación, tanto en los ámbitos bilateral como multilateral. Esta es la tarea fundamental de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia encargada de asegurar la coordinación de las acciones y los programas en el exterior a fin de lograr un impacto positivo en nuestro país.

En concreto, esta secretaría tiene la obligación de dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular, velar por el buen nombre de México, defender los intereses de los mexicanos en el exterior y coadyuvar a la promoción comercial, económica y turística del país.

2. De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Titular de esta dependencia tiene dentro de sus facultades no delegables la de coordinar las relaciones económicas y de cooperación de México con el exterior y conducir las tareas de promoción económica, comercial, de inversiones y turística a través de las representaciones diplomáticas y consulares.

En ese mismo sentido, el artículo 39 de dicho ordenamiento señala que a la Dirección General de Cooperación y Promoción Económica Internacional corresponde: “Diseñar, dirigir, coordinar e instrumentar, en colaboración con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal y las representaciones de México en el exterior, las estrategias y actividades que en materia de atracción de inversión extranjera directa, promoción económica, comercial y turística realicen la red de embajadas, consulados y oficinas de México en el exterior”.

3. Desde la pasada administración, la relación de México con los países asiáticos se desarrolló de manera creciente. A la fecha, nuestro país mantiene relaciones con 35 de los 36 estados que integran aquella región, siendo Bután el único Estado con el que México no tiene relaciones diplomáticas. Y aunque desde el año 2012 se dio a conocer que “las respectivas Misiones ante la Organización de Naciones están realizando gestiones para oficializar los lazos entre ambos países”, la actual administración no ha reportado avances al respecto.

Sobre este punto, es importante mencionar que el artículo 19 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores establece que corresponde a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, entre otras, las siguientes obligaciones:

a) Presentar opciones de política exterior y participar en la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación de los programas de acción internacional, específicos para los países y organizaciones de la región de Asia y del Pacífico, así como para la región en su conjunto, a corto, mediano y largo plazo, basándose en los lineamientos generales de política exterior;

b) Coordinar la recopilación y análisis de información sobre la situación interna y posición internacional de los países de esa región, generar opciones de política exterior y, en su caso, transmitirla a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a otras instancias nacionales; y

c) Proponer la apertura o cierre de las misiones diplomáticas y representaciones consulares, así como la definición de concurrencias, en coordinación con las unidades administrativas correspondientes.

4. Dentro de las características que distinguen a Bután se encuentra el índice de felicidad interna bruta (FIB), ya que de acuerdo con su filosofía la felicidad de la gente precede a indicadores como el del producto interno bruto (PIB).

Una muestra de esta filosofía se encuentra en las palabras del discurso que el Rey Jigme Khesar Namgyel Wangchuck dirigió a la nación en el marco de su coronación: “Durante mi reino nunca gobernaré como su rey. Los protegeré como un padre, los cuidaré como un hermano y les serviré como un hijo. Les daré todo y no me quedaré con nada; viviré como un buen ser humano que encontrarán digno de seguir como un ejemplo para sus hijos. No tengo otra meta personal más que la de satisfacer sus deseos y aspiraciones”.

Y aunque esta visión pueda parecer algo lejana, es importante señalar que las naciones ya han empezado a prestar atención a la filosofía butanesa. De hecho, a iniciativa de Bután, en la Asamblea General de Naciones Unidas se realizaron una serie de encuentros para dialogar sobre este tema y, mediante la resolución 65/309 de julio de 2011, se invitó a los Estados Miembros a emprender la elaboración de nuevas medidas que reflejaran mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo con miras a orientar sus políticas públicas. Además, en la resolución 66/281 del 28 de junio de 2012, se reconoció la necesidad de aplicar al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos.

5. Fue hasta los años setenta que Bután comenzó a abrirse al mundo y a extender sus relaciones con diversos países, y tras varios siglos de monarquía absoluta, en 2008 se constituyó bajo la forma de Monarquía Constitucional. En ese año fue que se estableció por primera vez su Asamblea Nacional o Tshogdu, lo que le permitió ingresar a la Unión Interparlamentaria en octubre de 2013.

En este marco, los senadores que integramos la delegación mexicana ante la UIP hemos tenido encuentros cercanos con parlamentarios de Bután. Y en la 131ª Asamblea de la UIP, celebrada el pasado mes de octubre, los jefes de ambas delegaciones manifestamos nuestro interés para incentivar el intercambio parlamentario y fomentar una colaboración más estrecha y de amistad en beneficio de las sociedades.

Recientemente, países como Colombia, España y Costa Rica han establecido relaciones diplomáticas con Bután a fin de abrir oportunidades de cooperación y fortalecer los lazos de amistad, sumando ya 63 los países con los que Bután mantiene relaciones. México no puede quedar al margen y debe emprender acciones para dinamizar sus relaciones y darse a conocer en todo el mundo, tomando en cuenta la cultura tan rica de naciones como el Reino de Bután.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que, con pleno respeto a los principios normativos de la política exterior, entable relaciones diplomáticas con el Reino de Bután.

Notas:

1 Nuevos espacios para México en Asia-Pacífico, Memoria Documental, Dirección General para Asia-Pacífico, 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2012, Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

2 De http://www.kingdomofbhutan.com/kingdom/kingdom_3_.html.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días del mes de enero de 2015.— Senadora Gabriela Cuevas Barrón (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

INFORME A ESTA SOBERANIA RESPECTO DE LA SITUACION DE SOLVENCIA FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV a informar a esta soberanía respecto a la situación de solvencia financiera de las sociedades financieras populares, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Antecedentes

El 4 de junio del año 2001, siendo presidente Vicente Fox se promulgó la Nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular con la finalidad de “regular, promover y facilitar la captación de fondos o recursos monetarios y su colocación mediante préstamos o créditos u otras operaciones por parte de las Sociedades Financieras Populares, Sociedades Financieras Comunitarias; así como, los Organismos de Integración Financiera Rural”.

Tales entes institucionales de la intermediación financiera, entre otros aspectos, estarían dirigidas a dinamizar liquidez de los sectores populares y canalizarlos de la forma más rápida posible a créditos, y evitar la lentitud de los circuitos bancarios tradicionales. Sin embargo, después de más de una década de operación, el crecimiento e impacto de este tipo de organizaciones crediticias requiere de una revisión de los resultados obtenidos

De los tres tipos de intermediación citadas en la ley, a las denominadas Sociedades Financieras Populares (Sofipo) se les faculta para intervenir en una amplia cobertura de operaciones financieras en diversos niveles, como se puede comprobar en el art. 36, pueden participar en recibir y ofrecer créditos de todos los sectores nacionales y extranjeros; pasando por inversión en valores, transacciones con instituciones nacionales y extranjeras, negocios y representaciones con terceros con bancos de todo tipo; adquisición de divisas; constitución de depósitos a la vista o plazo en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior, y hasta emitir títulos de crédito en forma masiva, entre otras muchas más.

Estos son temas y aspectos que requieren una revisión, para evitar sean vehículos de formas ilícitas de flujos de dinero.

Precisamente el 19 de diciembre de 2014, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la revocación de la autorización para operar a la Sociedad Financiera Popular Ficrea, SA DE CV, debido a que desde que fuera intervenida, el 7 de noviembre, se detectaron “operaciones fraudulentas” y la intervención estaba dirigida a  “frenar un mayor deterioro de sus activos”, según las autoridades.

Las operaciones fraudulentas consistieron en desviar unos 2 mil 700 millones de pesos de los ahorradores y darle a dicho dinero otro uso diferente al establecido en los contratos. En ese sentido, lo ilegal no es haber sacado el dinero al exterior sino el uso que se le dio al adquirir bienes raíces, adquisición alejada de la búsqueda de la rentabilidad de las inversiones. Para ello se triangularon depósitos con un grupo de empresas: Leadman Trade, SA de CV; Baus y Jackman Leasing, SA de CV, y Monka Comercial; las cuales tienen como socio principal a Rafael Olvera Amezcua a la vez principal accionista de Ficrea, SA de CV.

El delito de fraude se configura en el momento en que los destinos del dinero de los clientes no es el comprometido con ellos. Así el total de la cartera crediticia de Ficrea llega al orden de 6 mil 284 millones de pesos, de los cuales 2 mil 700 millones no están acreditados, están asignados a cuentas privadas del dueño. La intervención de la CNBV, hace recuperable una parte de los depósitos, pero no todo el monto.

La situación de incertidumbre sobre los depósitos de los clientes de Ficrea llevó a una reunión de trabajo convocada por la Tercera Comisión de la honorable Comisión Permanente, para tratar el tema, invitando a los titulares de la CNBV, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La misma que se realizó el 16 de enero de 2015.

Varias dudas surgieron en referencia a la exposición del caso. No quedó claro sí todo el dinero faltante se usó mayoritariamente en la adquisición de bienes raíces, que de ser así habría una amplísima red de propiedades físicas. O sí, lo que debieran de estar investigando las autoridades bancarias y las que tengan competencia en este caso, es, en qué tipo de inversiones especulativas o de activos tóxicos se estaban colocando los ahorros depositados.

El titular de la CNBV, licenciado Jaime González Aguadé, comentó que a la brevedad se monetizarán los activos de Ficrea, pero que los recursos e inmuebles recaudados por las autoridades federales “resultan insuficientes para pagar a los afectados”.

Es claro que la Ley de Ahorro y Crédito Popular, presenta una serie de deficiencias y vacíos que permite o no prevé la comisión de ilícitos, por lo que es necesario conocer de cerca que está pasando con las inversiones que realizan las Sociedades Financieras Populares, ¿son rentables? ¿son seguras?¿son en derivados tóxicos? Son parte de las inquietudes de los depositantes.

En la página oficial http://www.cnbv.gob.mx/sectores-supervisados/sector-popular, se destaca que en la actualidad están “autorizadas 40 Sociedades Financieras Populares y una Sociedad Financiera Comunitaria”, las mismas que están bajo la supervisión y control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Consideraciones

Que todo lo anterior, en particular el caso Ficrea significa un desfalco para los ahorradores, que de no implementarse una solución a ellos creará desconfianza en el sector financiero.

Que no existe una plena trasparencia o al menos no se conocen mayores detalles de montos, fechas, beneficiarios directos e indirectos en las operaciones fraudulentas citadas por la CNBV.

Que a la Ley de Ahorro y Crédito Popular le hace falta una serie de regulaciones que permitan prevenir fraudes financieros.

Que el artículo 34 de la Ley de que señala la obligación “que tienen las Sociedades Financieras Populares de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que celebren y los servicios que presten.

Que es necesario conocer la capacidad de pago de las Sociedades Financieras Populares, es decir conocer a exactitud cómo están cumpliendo o cumplirán sus obligaciones de vencimientos a corto plazo, con la finalidad de evitar que se repitan casos como los ocurridos a la fecha, es decir sí gozan de solvencia financiera al corto plazo.

Por lo anterior, someto a la consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar a esta soberanía cual es la situación de solvencia financiera de las sociedades financieras populares para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

DIFUNDIR LA CELEBRACION DEL 28 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias a difundir la celebración del 28 de agosto como Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el año de 1982, los adultos mayores son homenajeados en todo el mundo, luego de que tuvo lugar la primera Asamblea Internacional de la Organización de la Naciones Unidas dedicada al envejecimiento.

En ese mismo año, la ONU decretó el mes de agosto para conmemorar la vejez a nivel mundial.

En México se celebró a los adultos mayores, por primera vez, en 1983. En ese año, la celebración denominada “Día del Anciano”, se llevó a cabo en la Ciudad de México. Al año siguiente la celebración se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León.

Más adelante, en 1998, se instituyó en todo el país, el 28 de agosto de cada año para conmemorar el “Día del Anciano”.

El 25 de junio de 2002, al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la conmemoración en honor a las personas mayores cambió su nombre, llamándose desde entonces “Día Nacional del Adulto Mayor”.

Dicha ley contribuyó a la conceptualización más adecuada de la terminología, de tal manera que resultara respetuosa y apropiada para referirse a las personas que han cumplido sesenta años o más y que son objeto de la tutela y protección de ley.

Este ordenamiento legal antes citado, en su Título Quinto, dio creación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con la misión de ser rector de la política nacional a favor de este importante sector de la población en México.

Cabe destacar que el antecedente directo del Inapam, corresponde al Instituto Nacional de la Senectud, creado por decreto presidencial el 22 de agosto de 1979, como organismo público descentralizado, cuyo objeto se centró en proporcionar atención integral a las personas de edad avanzada en toda la República.

Actualmente, el Inapam mantiene un compromiso constante para la promoción de los derechos de los adultos mayores, con la finalidad de procurar su bienestar.

A nivel internacional, la celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas, se denomina: “Día Internacional de las Personas de Edad”, teniendo como antecedente, desde el año de 1982 en que se decretó conmemorar, el mes de agosto, como el mes internacional de la vejez.

Para promover mejoría en las condiciones de vida de los adultos mayores, el 14 de diciembre de 1990, la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, eligió el día primero de octubre para celebrar el “Día Internacional de las Personas de Edad”, en seguimiento a iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la ONU.

Tanto el “Día Internacional de las Personas de Edad” como el “Día Nacional del Adulto Mayor” en México, tienen por objeto reconocer la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo en todos los ámbitos del quehacer humano.

El lema del Día Internacional de las Personas de Edad es: “No dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos”.

Lo anterior nos permite advertir que, direccionar la celebración del Día del Adulto Mayor exclusivamente a los abuelos, es una forma de discriminación, que tuvo origen a iniciativa de un locutor de radio, cuya audiencia meta eran los abuelos.

Por tal motivo, considero que es una forma de discriminación, porque no todas las personas adultas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas adultas mayores.

En este orden de ideas, si por desconocimiento de esta realidad, se realiza otro tipo de celebración en la fecha en que debe celebrarse el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, esto es un error que impacta negativamente en los derechos humanos de los adultos mayores y que no contribuye al objeto que persigue la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y los principios que le dieron origen.

Recientemente, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a superar los prejuicios para conseguir que los adultos mayores sean social y económicamente activos; y que estén protegidos para envejecer de forma sana.

En efecto, este grupo social ha contribuido y sigue contribuyendo de distintas maneras al desarrollo económico y social pero, desafortunadamente, se le sigue discriminando, lo que es necesario prevenir y evitar.

En la actualidad, viven en el mundo casi 700 millones de personas de sesenta años o más y se espera que en el año 2050 se alcanzará la cifra de 2,000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial.

En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 10.9 millones de personas adultas mayores en el país, de las cuales; 6 millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia; 2.7 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor como jefe de familia; 2.2 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros parientes.

Un dato muy importante de la estadística advierte que un millón de hogares están habitados por personas adultas mayores que viven en soledad. Dato que demuestra lo que hemos reiterado: no todas las personas adultas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas adultas mayores.

Es por ello la importancia de que la fecha establecida para la conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores sea respetada tal cual para los fines para los que fue instituida.

Finalmente, una manera de asegurar la plena participación e integración de las personas adultas mayores en el conglomerado social, sin exclusiones ni discriminaciones, es el fomento y la difusión de campañas de información y promoción de sus derechos; de sus derechos humanos fundamentales; y, el reconocimiento y concientización de todos en cuanto a su integridad, su dignidad y dignificación, su derecho a una vida libre de violencia, a no sufrir abandono, y al disfrute pleno de sus derechos sin discriminación, su derecho a la salud, la alimentación, la educación, la asistencia social y otros servicios, a la certeza y protección jurídica, al trabajo y también a vivir en el seno de la familia sin exclusiones ni rechazo.

Es por todo lo antes expresado la importancia de que el día 28 de agosto de cada año, sea difundida y promovida la ya institucionalizada celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, con esa terminología que involucra a todos y a todas las personas de sesenta años o más.

Sin soslayar que esa fecha fue establecida e instituida para la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor y que ahora proponemos que la denominación se complemente para ser acorde y congruente con la terminología que deviene del ordenamiento legal vigente que se titula: Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

No omitimos manifestar que, no estamos en contra de que se celebre el día del abuelo y de las abuelas. Consideramos que puede y debe seguirse celebrando, pero en una fecha distinta, por todas las razones y consideraciones que anteceden, reiterando que no todas las personas adultas mayores son abuelos o abuelas, ni todos los abuelos y abuelas son personas adultas mayores.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía para que promueva y difunda en el comercio organizado, que el día 28 de agosto de cada año, está establecida e instituida en México, la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores y que por tanto, se elija una fecha distinta para la celebración del día de los abuelos y las abuelas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que promuevan y difundan que el día 28 de agosto de cada año, está establecida e instituida en México, la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que promuevan el establecimiento e institucionalización del día de los abuelos y de las abuelas, en una fecha distinta de la correspondiente a la celebración instituida para las personas adultas mayores.

Notas:

http://www.presidencia.gob.mx/dia-del-abuelo-en-mexico/

http://www.cuandoo.com/dia-de-los-abuelos-en-mexico-2100 .html

http://www.ntn24.com/noticia/ onu-resalta-importancia-de-adultos-mayores-en- el-dia-internacional-de-las-personas-de-edad-27211

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3556518.htm

http://www.diariopresente.com.mx/section/acervo/115714/2 8-agosto-dia-abuelo-mexico/

http://www.provincia.com.mx/28-de-agosto-dia-del-adulto- mayor-y-dia-del-abuelo-en-mexico/

http://www.diarionorte.com/article/112426/ los-adultos-mayores-y-su-calidad-de-vida

http://www.ppn.com.py/html/noticias/ noticia-ver.asp?id=116192& desc=Los-adultos-mayores-estamos-mas-que-vivos-afirman-en-su-dia

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/106

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/28_de_agosto_Dia_Naci onal_del_Adulto_Mayor

http://www.caritas-mexico.org.mx/quienes-somos/caritas-c iudad-de-mexico/123-caritas-ciudad-de-mexico/342-agosto-mes-del-adulto- mayor.html

http://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/CoepopdfN ota201315Adultomayor.pdf

Sede de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 21 de enero de 2015.—Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

CONEXION DIRECTA DE SERVICIOS AEREOS ENTRE MEXICO E INDONESIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México e Indonesia, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

México es una nación que mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con un gran número de países de diferentes partes del mundo. Dentro de las relaciones que mantiene con las naciones del sureste asiático, las de Indonesia son de las más antiguas.

El 6 de abril de 1953 México estableció relaciones diplomáticas con Indonesia, y en 1961 se designó al primer Embajador residente en Yakarta, con lo que México afianzó su presencia en Indonesia al contar desde entonces con una representación permanente en la capital del país.

Las relaciones diplomáticas con Indonesia han sido, desde 1953, del más alto nivel y ambas naciones han patentizado su deseo por ampliar su colaboración en diversos campos. Así por ejemplo, a partir de 2008 se cuenta con un convenio de cooperación educativa y cultural, y están en proceso de negociación diversos instrumentos de cooperación en las áreas de salud, deporte, y medio ambiente.

De manera sobresaliente durante los últimos años se ha intensificado el diálogo político por medio de visitas recíprocas de alto nivel y encuentros más frecuentes multilaterales, lo que ha permitido incrementar el acercamiento y la cooperación entre ambos países; con áreas potenciales de colaboración como el comercio, la agricultura, el desarrollo social, el medio ambiente, el transporte y la reducción de pobreza, el turismo, entre muchos otros.

Debido a ello se han firmado instrumentos de cooperación de suma importancia; uno de los de mayor trascendencia ha sido en materia fiscal, para evitar la doble tributación y fomentar el intercambio comercial.

Las relaciones comerciales México-Indonesia han ido aumentando al grado de que Indonesia se ha convertido para México en el socio comercial número 30, a escala global (69 como comprador y 25 como abastecedor) y en el número 12, en la relación comercial México-Asía Pacífico.

Entre los años 2000 y 2010, el comercio entre México e Indonesia se duplicó pasando de 498.7 mil dólares a un millón 627.2 mil dólares. Y las exportaciones de Indonesia a México crecieron en 98 por ciento durante el mismo periodo.

Las siguientes tablas muestran el crecimiento comercial entre ambas naciones.

Sin lugar a dudas la relación diplomática y comercial entre el Estado mexicano con Indonesia –país con el que se cumplen 61 años de relación diplomática– es de suma importancia y va en crecimiento, por ello es de suma importancia continuar trabajando en la búsqueda de mayores lazos de cooperación y crecimiento en la relaciones bilaterales entre ambos países en distintos ámbitos.

En este sentido, hay tres temas en los que se debe trabajar para impulsar de manera eficaz las relaciones entre México e Indonesia: 1.Trámites y permisos de visita recíproca sencillos. 2. Fomento del turismo entre ambas naciones. 3. Interconectividad aérea directa entre ambos países.

1. Trámites y permisos de visita recíproca sencillos.

Actualmente los nacionales de Indonesia que desean visitar nuestro país, así como los mexicanos que pretenden visitar Indonesia requieren de visa para poder internarse en dichos países, respectivamente. Es necesario facilitar la entrada a ambos países como un primer impulso para el crecimiento de las relaciones entre ambos países. Para lograrlo se sugiere la suscripción de un acuerdo bilateral de supresión de visa para estimular los flujos turísticos, comerciales, culturales o de inversión.

Es decir, para contribuir en el estrechamiento de las relaciones entre ambos países se es fundamental terminar con las barreras de comunicación, por ello una medida que mucho ayudará en ese camino será suprimir el requerimiento de visa para aquellos ciudadanos, de México y de Indonesia, que ya cuenten con visa de Estados Unidos de América o de Australia (países que se toman como referencia dado el alto número de ciudadanos mexicanos e indonesios que ya cuentan con visa de Estados Unidos de América o de Australia).

En otras palabras, se sugiere suprimir la visa para aquellos indonesios que deseen visitar nuestro país y que ya cuentan con la visa de Estados Unidos de América o de Australia. Lo mismo para nuestros connacionales que pretendan visitar Indonesia y que ya cuentan con cualquiera de estas visas.

Asimismo, se sugiere la búsqueda de mecanismos sencillos y ágiles para la expedición de visas, a fin de facilitar las entradas a territorio mexicano y viceversa, atendiendo los compromisos internacionales que se adquieran, para estimular el turismo, los intercambios comerciales, culturales y en general las relaciones entre ambas naciones.

2. Fomento del turismo entre ambas naciones.

Es importante destacar que el turismo constituye un pilar estratégico de la economía nacional, y una de las mejores formas para atraer inversiones.

Para continuar estimulando el crecimiento del turismo internacional, particularmente con Indonesia, es importante que el gobierno mexicano implemente mayores acciones de promoción turística de nuestro país. Es importante hacer uso de los recursos de difusión.

Desarrollar el turismo constituye una tarea primordial para el país con beneficios inmediatos y directos, sobre todo, considerando que el turismo es uno de los sectores que más contribuye al producto interno bruto (PIB) de México; entre 8.4 por ciento y 8.5 por ciento, según las cuentas nacionales medidas por el Inegi, y además de su aportación al PIB genera 2.5 millones de empleos directos y 5.0 millones de indirectos, además de la derrama económica que representan las divisas que traen los extranjeros.

3. Interconectividad aérea directa entre ambos países.

Una limitante directa entre México e Indonesia ha sido la falta de vuelos directos entre ambas naciones. No hay aerolíneas mexicanas, Indonesias, ni de otra nacionalidad que hoy en día conecten en México e Indonesia a través de vuelos directos. Sin duda alguna esto representa un impedimento considerable para que exista un mayor flujo de ciudadanos entre ambos países, pues la comunicación es menor y los costos son mayores.

En este contexto, y debido al importante papel de ambas naciones como motores económicos en Asía y en América Latina, resulta fundamental eliminar las barreras de interconectividad, elaborar una estrategia competitiva holística para el sector turístico, promover la interconectividad, el comercio y la imagen de México en Indonesia recíprocamente.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que mediamente las acciones y los mecanismos diplomáticos conducentes promueva la supresión de visas, bajo las consideraciones expuestas en el presente instrumento, para los visitantes mexicanos e Indonesios, con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre México e Indonesia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, a incrementar las acciones de promoción y difusión de las riquezas y los destinos turísticos nacionales, ante Indonesia y los demás países asiáticos con los que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores, para que implementen las acciones necesarias que permitan lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México e Indonesia.

Notas:

1 Secretaría de Relaciones Exteriores, Manual de Organización de la Embajada de México en Indonesia.

2 Embajada de México en Indonesia, Secretaría de Relaciones Exteriores.

3 Secretaría de Economía con datos de Banxico.

4 Global Trade Atlas.

5 Consultores Internacionales, SC, El Economista.

6 México e Indonesia pactan favorecer relación comercial. El Financiero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.—Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

Se remite a la Segunda Comisión de Trabajo.

POSTERGUE LA EXTRACCION DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES POR EL METODO DE FRACTURA HIDRAULICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a postergar la extracción de hidrocarburos no convencionales por el método de fractura hidráulica, suscrita por los diputados Trinidad Secundino Morales Vargas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Trinidad Morales Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Los proyectos de fracking requieren de inversiones que sólo se pueden sostener con un precio del crudo que supere 60 dólares por barril.

Un pozo de shale promedio produce unos 600 barriles (de equivalentes de petróleo y gas) por día únicamente durante su primer año. La tasa de disminución en los pozos es de aproximadamente 40 por ciento. La perforación promedio del pozo de shale cuesta alrededor de 7 millones. Por tanto, el costo de agregar mil barriles por día es de aproximadamente 11.7 mdd. Si un campo de esquisto que produce 100 mil bpd y tiene una disminución de 40 por ciento al año, tendrá que invertir alrededor de 500 millones al año sólo para mantener ese nivel de producción.

Se necesita perforar una gran cantidad de pozos, que tienen una producción que se declina muy rápido, sólo lo que se produce el primer año de extracción, equivale a la producción de los siguientes 10 años.

El crudo extraído es extremadamente liviano por lo que necesita ser mezclado con otro más pesado, producido en otros países, para poder ser tratado en las refinerías norteamericanas, que han sido diseñadas para procesar petróleos más pesados provenientes de Venezuela y el Golfo de México.

Éste es un hecho que hay que considerar, porque por una prohibición del Senado de Estados Unidos no puede exportar crudo, sino productos refinados, es por eso que se ve en la necesidad de mezclar ese crudo para utilizarlo en las refinerías

El problema para las empresas de hidrofracturación de Estados Unidos es la imposibilidad de refinanciar dichas deudas si están perdiendo dinero a sus puertas. En algún momento, si los precios se mantienen bajos, las compañías con mayor apalancamiento se irán a pique y las más prósperas no podrán absorberlas bien por falta de efectivo o de confianza de los inversores, necesaria para garantizar una financiación de la deuda.

La producción del petróleo de esquisto está en manos de empresas muy pequeñas que no se comparan con otras corporaciones como Chevron. Son empresas independientes financiadas por la banca y susceptibles a la baja de los precios del petróleo. De esta manera, el fracking, lejos de llevar a Estados Unidos a una independencia energética podría convertirse en la nueva causa de una otra crisis financiera para esta nación y para México también, ya que el gobierno Mexicano había apostado a las inversiones extranjeras para la extracción de gas shale, lo que con la baja del petróleo no es rentable para ninguna nueva inversión.

En su artículo, la DPA citó el caso del empresario Harold Hamm, quien fundó la compañía Continental Resources, precursora en el desarrollo de proyectos de esquisto en Dakota del Norte, Estados Unidos, y que como consecuencia de baja del precio del crudo, ha sufrido una caída de su acciones en 55 por ciento, lo que representa una pérdida de 12 mil millones de dólares en el valor de mercado.

Costo ambiental

Diversas asociaciones y grupos ambientalistas de todo el mundo han cuestionado a Estados Unidos por impulsar las labores de fracking, a pesar de su nocivo impacto ecológico.

El proceso de extracción del petróleo de esquisto se realiza alcanzando el subsuelo, con productos químicos nocivos y peligrosos, que contaminan los acuíferos y envenenan la tierra, y que puede así tener efectos potenciales en la actividad sísmica.

De hecho, recientemente la ciudad texana de Danton, en Estados Unidos, conocida por sus reservas de petróleo y gas, estableció la prohibición de este método.

La iniciativa, aprobada por los ciudadanos en las elecciones legislativas de noviembre con un respaldo de 59 por ciento de los votos, ha convertido a la ciudad en la primera en dar este paso en el estado que lidera la explotación petrolera en la nación estadounidense.

Recientemente, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, prohibió la fracturación hidráulica, debido a los “efectos potenciales sobre el agua, el aire, los recursos terrestres, los servicios comunitarios y locales”.

Los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, seguirán bombeando petróleo. Son países, no empresas, y, por tanto, no pueden cerrar sus puertas sin más y marcharse a casa; tienen presupuestos que financiar y ningún sustituto del petróleo como fuente de reservas internacionales. Rusia, el tercer extractor de petróleo por detrás de EUA y Arabia Saudí, se encuentra en una situación mucho más precaria que las monarquías petroleras de Oriente Medio, aunque semejante: el petróleo es su sangre vital.

La oferta y la demanda de petróleo son muy poco elásticas respecto al precio de corto plazo. Por tanto, la trayectoria para este año del precio dependerá en gran medida de las noticias y la consiguiente reacción de los mercados. Una ola de bancarrotas en la industria del esquisto seguramente lo eleve, ya que se percibirá como un factor negativo para la oferta. Sin embargo, resulta imposible predecir cuánto aumentará. Muy probablemente siga en precios bajos lo que obligue a Estados Unidos a olvidarse del boom del esquisto, lo cual tendría consecuencias nefastas para su recuperación económica.

La extracción del gas de esquisto o shale por medio de la fractura hidráulica no es rentable y menos con la caída de los precios del petróleo, pero aún es menos viable por el daño ambiental, ya que no habrá recurso económico que pueda revertir el saldo de pasivos ambientales y daños a la salud.

Es el momento de que esta legislatura actúe con responsabilidad y considere postergar o prohibir la extracción de hidrocarburos para no tener que enfrentar una crisis financiera y una fuerte devastación ambiental.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaria de Energía para que postergue o prohiba la extracción de hidrocarburos no convencionales por el método de fractura hidráulica en todo el territorio nacional.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Diputados: Trinidad Morales Vargas, Graciela Saldaña Fraire (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

EMPRESA DE TRANSPORTE UBER SE SUJETE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA EL USO DE TAXIS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad del DF a implantar acciones para que la empresa de transporte Uber se sujete a la normativa vigente sobre el uso de taxis, suscrita por el senador Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Miguel Romo Medina, senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal para que implemente acciones a fin de que los prestadores de servicios de transporte de la empresa Uber se sujeten a la normatividad y regularización vigente para los taxistas al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Uno de los problemas más graves en las grandes ciudades es sin duda alguna el de la movilidad. La configuración y regulación del transporte en sus diferentes modalidades es una tarea por demás compleja, misma que en el caso del transporte público debe considerar entre otros aspectos: la eficiencia, sustentabilidad, rendimiento, pero sobre todo, la seguridad de los millones de pasajeros que día a día hacen uso de los diferentes tipos de transporte público.

Desde el año 2012, en las principales ciudades del mundo, entró en operación la empresa Uber, la cual ofrece un servicio de transporte utilizando como medio de enlace una aplicación para teléfonos inteligentes. A través de dicha aplicación, el usuario solicita un vehículo para que lo recoja en un determinado punto y de acuerdo a su destino se establece una tarifa. Actualmente el servicio tiene presencia en 250 ciudades de más de 50 países; en México la empresa ofrece traslados en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey.

A todas luces, el servicio ofrecido por los choferes de la empresa Uber es en esencia el mismo que ofrecen los taxis, con la diferencia de que los segundos se sujetan a medidas de control tales como la asignación de un permiso especial de circulación, la regulación y actualización de flotillas de manera obligada, así como la emisión de una licencia de conducir con características específicas.

Si bien es cierto que con las medidas regulatorias anteriormente enunciadas no se han erradicado por completo algunos problemas tales como el abuso en las tarifas y la proliferación de los denominados “taxis pirata”, no se puede dejar de lado la utilidad y conveniencia de contar con mecanismos y lineamientos mínimos para regular el transporte público.

El peligro de que los usuarios sean víctimas de un delito es latente, pues los choferes inscritos en el padrón de la empresa anteriormente citada son sometidos a un proceso de selección y reclutamiento que en ningún momento toma en cuenta la normatividad establecida por las dependencias de movilidad y transporte de las ciudades donde comienza a funcionar el servicio.

En algunas ciudades del mundo se han presentado hechos delictivos en los cuales las víctimas han utilizado la aplicación para solicitar un traslado. Un lamentable suceso muestra del riesgo al que son expuestos los usuarios, tuvo lugar en la ciudad de Hyderabad, al sur de India, en donde un conductor contratado mediante la aplicación presuntamente violó a una pasajera y al ser arrestado, se descubrió que contaba con antecedentes delictivos considerados de gravedad, los cuales fueron ignorados por la empresa al momento de incluir al chofer en su sistema como un prestador del servicio.

En algunas ciudades de países como España, Tailandia, India, Holanda, Francia y Estados Unidos, se han comenzado a imponer restricciones a fin de proteger a los pasajeros, además de buscar la configuración de un marco normativo que termine con la competencia desleal que este servicio representa para los otros servicios de vehículos de transporte público.

La finalidad de este exhorto tiene como objetivo fundamental proteger y asegurar la integridad de los pasajeros sin dejar de lado la promoción y fortalecimiento de fuentes legitimas de trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta soberanía sea aprobado la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal para que implemente acciones a fin de que los prestadores de servicios de transporte de la empresa Uber se sujeten a la normatividad y regularización vigente para los taxistas.

Notas:

1. http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/india-prohiben-operar-a-empresa-de- transporte-de-eu-1060757.html

2. http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/12/09/las-controversias-uber-mundo

Fuentes

http://www.eluniversal.com.mx/el-mundo/2014/ india-prohiben-operar-a-empresa-de-transporte-de-eu-1060757.html Consultado el 23-12-2014

http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2014/12/09/las-controversias-uber-mundo Consultado el 23-12-2014

http://www.jornada.unam.mx/2014/12/16/mundo/029n4mun Consultado el 23-12-2014

http://cadenaser.com/ser/2014/09/02/internacional/1409618718_ 850215.html Consultado el 23-12-2014

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.—Senador Miguel Romo Medina (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

ATENDER LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LOS FENOMENOS CLIMATOLOGICOS INGRID Y MANUEL EN SEPTIEMBRE DE 2013

«Proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión Permanente celebre reunión con el titular de la Sedatu a efecto de que informe sobre las acciones implantadas para atender los daños ocasionados por los fenómenos climáticos Ingrid y Manuel en septiembre de 2013, suscrita por el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Javier Lozano Alarcón, senador de la República del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se cita al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a una reunión de trabajo ante la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, a efecto de que informe las acciones que hasta ahora se han implementado para atender los daños ocasionados en distintos estados del país por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, y de los avances de las investigaciones por la probable responsabilidad de los servidores públicos que autorizaron la construcción de asentamientos poblacionales en zonas de alto riesgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En septiembre de 2013, dos fenómenos meteorológicos, la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, impactaron en distintos estados del territorio nacional, provocando serios daños, particularmente en Guerrero, Hidalgo y Veracruz.

Inundaciones severas, deslaves de carreteras y desbordamientos de ríos y presas, dejaron a miles de mexicanos damnificados, incomunicados, sin alimentos, sin acceso a servicios básicos, colocando a la población en una situación de riesgo y vulnerabilidad, ocasionando además un sinnúmero de daños materiales, personas heridas, desaparecidas y más de un centenar de personas fallecidas.

Ante estos lamentables hechos, el presidente Enrique Peña Nieto, instruyó a titulares y subsecretarios de diversas secretarías de estado para que, en coordinación con los gobiernos locales y las autoridades de protección civil, atendieran y cuantificaran los daños ocasionados en todo el país en viviendas, negocios, infraestructura y otros rubros, a fin de salvaguardar la vida y el patrimonio de los habitantes de alrededor de los 500 municipios que resultaron perjudicados.

De igual forma, requirió al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) el inicio de una investigación por las posibles omisiones cometidas por funcionarios de los distintos órdenes de gobierno, que descuidaron advertir oportunamente a la población, así como por aquéllos que han permitido construcciones irregulares en zonas de alto riesgo. Acciones que, de lo contrario, pudieron haber contribuido a mitigar los efectos de los fenómenos que costaron la vida de más de una centena de mexicanos, y el perjuicio de miles de familias que tuvieron que ser desalojadas. Meses después, el titular de esa dependencia informó que el resultado de la evaluación de las consecuencias de la contingencia climatológica, reflejó aproximadamente un total de 20 mil 775 viviendas afectadas: de ese total, 13 mil 701 correspondieron al estado de Guerrero; de las cuales 9 mil 46 necesitarían ser construidas en su totalidad; 4 mil 464 presentaban daños menores, pero el resto estaría sujeto a reconstrucción o reubicación.

En este sentido, se estimó que se requerirían más de mil 200 millones de pesos para las tareas de reconstrucción, de los cuales el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) aportaría aproximadamente 500 millones y el resto de los recursos saldría del presupuesto del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).

Ante la cuantificación de los daños, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, con la inclusión de una partida especial a la que se destinaron 7 mil millones de pesos para el Fondo Guerrero, con la finalidad de atender la recuperación de la región afectada por los huracanes Ingrid y Manuel.

No obstante lo anterior, en estados como Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Veracruz, donde el gobierno federal hoy pretende trabajar para resolver el problema de inseguridad presentado en dichas entidades, el gobierno de la República ha dejado a un lado otras tareas de igual importancia, como la de publicar los resultados de las acciones que hasta ahora se han implementado para restablecer la infraestructura y atender a los damnificados por los referidos fenómenos naturales.

A pesar del riesgo bajo el que viven los mexicanos de todos los estados del país expuestos a la impredecible fuerza de la naturaleza, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha sido omisa en revelar los datos de edificaciones en zonas de alto riesgo o de usos de suelo no habitacionales; ha postergado rendir un informe sobre el resultado de la investigación respecto a funcionarios probablemente responsables por la concesión de permisos de construcción de viviendas en zonas irregulares. Lo anterior, no obstante que el titular del Ejecutivo federal le fijó un plazo específico para realizar dichas investigaciones y que hasta el momento no se ha cumplido.

Por ello, resulta necesario que el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín, rinda un informe detallado sobre las acciones que hasta ahora han sido llevadas a cabo para atender a las diversas comunidades que fueron afectadas por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, así como del resultado de la investigación de las probables responsabilidades de funcionarios por los daños ocasionados.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a una reunión de trabajo ante la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, a efecto de que informe las acciones que hasta ahora se han implementado para atender los daños ocasionados en distintos estados del país por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, y de los avances de las investigaciones por la probable responsabilidad de los servidores públicos que autorizaron la construcción de asentamientos poblacionales en zonas de alto riesgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

ENTREGA DE TELEVISIONES DIGITALES POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la entrega de televisiones digitales por el gobierno federal, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, estableció que la transición digital terrestre debe culminar el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, instruyó a los Poderes de la Unión a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno.

A fin de atender esta obligación del Constituyente Permanente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes comenzó un proceso de entrega de televisiones digitales. El proceso resulta sumamente inicuo y tiene claros fines electorales, en favor del PRI, rumbo a las elecciones de junio de este año.

La transición a la TV digital y el reparto de televisores pueden quebrantar el equilibrio en la contienda electoral, además de significar un alto costo para el pueblo de México, más de 31 mil millones de pesos. Lo anterior es confirmado por la opacidad y la contradicción en el proceso de transición y la carencia de un estudio respecto de los impactos ambientales que se generará con la sustitución masiva de televisores analógicos. Asimismo, es clara la estrategia del Ejecutivo de usar esta obligación para posicionar a los candidatos del PRI en las zonas más pobres donde se están entregando las televisiones.

Los televisores que se están entregando traen el logo “Mover a México”, eslogan del gobierno peñista. Esto genera un posicionamiento tramposo de los candidatos del PRI que competirán en las próximas elecciones. Eso debe eliminarse e incluir mejor el Escudo Nacional como establece el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social para el caso de programas de desarrollo social.

El citado artículo establece lo siguiente:

Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

El argumento de la SCT para incluir el slogan “Mover a México” es que así se evita la reventa de dichos aparatos. Sin embargo, este argumento es pobrísimo, porque no existe prohibición alguna para que lo puedan vender o empeñar, con lo que quedan claras las intenciones del gobierno en materia del uso propagandístico que se le dan a los programas sociales.

Aunado a lo anterior, no todos los hogares accederán a la televisión digital, porque en el decreto que expidió las leyes secundarias de telecomunicaciones se establece que para el apagón analógico se debe tener tan sólo un nivel de penetración de 90 por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Lo anterior implica que los hogares de personas que no sean catalogadas de escasos recursos, no recibirán apoyo y ello puede incluir a hogares que no están dentro de programas de la Sedesol y también hogares de clase media-baja que, aunque no estén en pobreza, tampoco tengan recursos para adquirir un nuevo televisor o un decodificador.

La sustitución de televisores analógicos por digitales genera basura electrónica (residuos electrónicos), sin que hasta el momento haya un plan para su disposición debida (recolección, recuperación para reúso o reciclaje de lo que se puede aprovechar, y disposición final de lo no aprovechable). Los televisores analógicos que se conviertan en basura electrónica si no se manejan adecuadamente contaminarán el subsuelo, mantos acuíferos y repercutirán negativamente en la salud de las personas y en el ambiente. La mayoría de estos televisores puede usarse con el nuevo sistema, mediante el uso de decodificadores, evitando de esta manera la generación de tantos desechos.

No debe perderse de vista que, a 11 meses de que terminen las transmisiones analógicas y se de paso a la transición digital terrestre (TDT) en todo el territorio nacional, el proceso podría estar en riesgo por la falta de recursos económicos para adquirir los televisores que la SCT, en nombre del Estado, regala a las familias seleccionadas por la Sedesol.

De acuerdo con un reporte que presenta Reforma, en 2014, la dependencia gastó 6 mil millones 98 mil pesos para comprar 2.43 millones de televisores, por lo cual para este año se necesitarían de 19 mil 902 millones de pesos para adquirir los equipos faltantes. La SCT había asegurado que el costo de los televisores incluía la distribución, pero adjudicó varios contratos a Código Empresarial (Human Factor) para instalar hasta 341 estaciones de distribución de televisores: de 40 millones de pesos para el periodo de mayo a noviembre de 2014, por 379 millones de pesos para el periodo de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2015.

Trascendió que al tener la SCT en el presupuesto 2015 etiquetado para televisores 7 mil 915 millones de pesos, de seguir los gastos como hasta ahora, tendría un faltante de 19 mil 902 millones de pesos para terminar de comprar los televisores.

Pese a lo anterior, el enorme gasto de recursos públicos erogado, la iniquidad en la contienda electoral generará que nuestra democracia se vea manchada por acciones contrarias a la misma y que vienen del propio gobierno, por lo cual es necesario que se suspenda la entrega indiscriminada de televisiones digitales y se postergue para después de terminadas las elecciones de junio del presente año.

Esta alternativa implica que sea casi imposible cumplir con la fecha para el apagón analógico del 31 de diciembre de 2015, por lo cual se puede buscar modificar el transitorio de la Constitución que estableció esa fecha o que se rebase esa fecha sin más. Si se rebasa la fecha para el apagón sin modificar la Constitución, no existiría consecuencia de ello y sí puede contribuir a la construcción de una democracia.

Aunado a lo anterior, es importante que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, con el fin de que explique a cabalidad cuáles fueron las consideraciones técnicas y operativas de continuar con la entrega de televisores en temporada electoral, además de explicar por qué no se previeron los recursos necesarios para el caso.

La SCT señaló, en voz de Javier Lizárraga, asesor de la dependencia en materia de telecomunicaciones, que hasta después de 2016 no se establecerá un mecanismo para dotar de internet a las televisiones digitales que repartió a la población, para lo cual analizará diversas opciones como lanzar una prueba piloto en este año para estudiar los modelos de implantación, siendo que desde un principio, dicha Secretaría había anunciado que se realizaría lo necesario para que las televisiones tuvieran acceso a internet desde su entrega, por lo cual es necesario conocer la justificación que tuvo la SCT al respecto.

Por lo expuesto y fundado solicito a esta soberanía que se aprueben como de urgente resolución los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo al secretario de Comunicaciones y Trasportes, Gerardo Ruiz Esparza, a fin de que explique el faltante de recursos destinados para la adquisición de televisiones digitales, y el conflicto que representa la entrega de éstos en temporada electoral.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demanda la suspensión inmediata de la entrega de televisiones digitales en los municipios y estados de la república que este año se encuentran en proceso electoral, a fin de asegurar que los procesos sean lo más democráticos y transparentes posibles.

Tercero. La Comisión Permanente demanda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe detallado donde explique el por qué se tomó la decisión de posponer hasta después de 2016 el dotar de internet a las televisiones que ha repartido a la población, además de los mecanismos que se utilizarán al respecto.

Cuarto.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación detallada respecto de la entrega de televisores por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sus posibles repercusiones en las contiendas electorales de 2015.

Notas:

1 “La SCT necesita 12 mil mdp más para completar la entrega de TVs digitales”, en Etcétera, disponible en http://www.etcetera.com.mx/articulo/la_sct_necesita_12_mil_mdp_mas_para_complet ar_la_entrega_de_tvs_digitales/33463/

2 Guerrero, Vania. “Faltan a SCT 12 mil mdp para televisores”, en Reforma, disponible en http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/ default.aspx?Id=438894&v=4&po=4#ixzz3PD9Mcl9F

3 Ídem.

4 Arias, Adrián. “Internet en televisores digitales, hasta 2016: SCT”, en Crónica, disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2015/ 878395.html

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Senadora María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

CONSTRUYA EN LA DELEGACION CUAUHTEMOC, UNA FABRICA DE ARTES Y OFICIOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a construir una fábrica de artes y oficios en la delegación Cuauhtémoc, suscrita por el diputado Leopoldo Sánchez Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Leopoldo Sánchez Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El combate a la inseguridad ha sido un tema prioritario por parte de los gobiernos federal y locales, por lo que se han llevado a cabo acciones tendientes a disminuir los delitos de alto y bajo impacto; pero también se medidas preventivas tendientes a fomentar políticas públicas que eviten que las personas realicen actos delictivos.

El ex subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Székely Pardo, expuso que mientras mayor es el nivel de estudios de las personas, disminuye el riesgo de que se dediquen a actividades delictivas y, en la medida en que pasen más tiempo al interior de las escuelas, también se reduce el riesgo de que se conviertan en víctimas de los delincuentes.

Pero no sólo debemos limitarnos en una educación formal o institucional, sino que dicha política tiene que ser más amplia, es decir, considerar la multiculturalidad y los diversos espacios educativos y recreativos que se puedan llevar a cabo, acorde a las necesidades de los grupos sociales. Tal como lo señala la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los programas preventivos requieren ocho puntos principales, siendo los relacionados con políticas educativas: las medidas basadas en los conocimientos, la integración de la prevención del delito en las políticas de desarrollo socioeconómico y las diferentes estrategias para grupos especiales, en particular para chicos y chicas, hombres y mujeres y miembros vulnerables de la sociedad.

Lo señalado en los párrafos anteriores demuestra la necesidad de aplicar una política educativa-preventiva en ciudades tan pobladas y de gran extensión como es el Distrito Federal, ello conforme a las demandas sociales y los índices delictivos que la Ciudad de México presente.

Si bien diversos barrios y colonias de la Capital del País muestran alto margen de inseguridad, la colonia Morelos -y particularmente el barrio de Tepito- en la delegación Cuauhtémoc es una de las más peligrosas, donde se han creado grupos delictivos con personas de todas las edades y donde el narcomenudeo, el robo y la piratería son ejercidos de forma diaria y, prácticamente, pública.

Por esto precisamente es que Tepito requiere de forma urgente la aplicación de una política social combativa y preventiva ya que, como lo señala Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública del DF, la criminalidad en este lugar tiene un origen social y debe ser combatida con programas de intervención social dirigidos a “cohesionar a los grupos a favor de la legalidad”.

Con el fin de combatir la criminalidad en la colonia Morelos y prevenir la creación de nuevas organizaciones delictivas y el incremento de las ya existentes, los habitantes del territorio requieren perentoriamente un espacio público, accesible a toda la población en el cual se desarrollen actividades recreativas y talleres, donde los jóvenes (principalmente) y en general todas las personas, encuentren una forma de esparcimiento y hasta un medio de subsistencia legal; tal es el caso de la Fábrica de Artes y Oficios, mejor conocidos como “Faro”.

Ubicados en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y Gustavo A. Madero, los espacios culturales creados por el Gobierno del Distrito Federal que conforman la Red de Faros, tienen como principal objetivo el generar una oferta cultural en zonas marginadas mediante servicios que favorezcan la prevención, inclusión, cohesión e inserción social, así como contribuir a la formación y ocupación de las personas con artes y oficios diversos, como posibilidad de cambio y de transformación comunitaria.

En estas “fabricas” se ofrecen de forma anual más de 1,535 actividades artístico-culturales beneficiando a más de 350,000 personas, impartiendo 150 talleres trimestrales de artes, oficios e infantiles con 10,000 inscritos, y brindando más de 200 actividades de servicio a la comunidad.

Este programa educativo – cultural ha tenido tal existo que ha obtenido reconocimientos internacionales como es el Coming Up Taller entregado en la Casa Blanca, por parte del Museo de Ciencias de Boston, el Tecnológico de Massachussets y la empresa Intel al crear un Club House Computer Center, el Centro Cultural España impulsando intercambios culturales a través de residencias artísticas con la Red, por mencionar algunos. Pero aún más importante, se ha beneficiado a miles de mexicanos de todas las edades, logrando que muchas de ellas se alejen permanentemente de las adicciones y la delincuencia, asimismo, jóvenes y adultos han desarrollado sus capacidades y creado una fuente de ingresos con lo aprendido en los talleres.

Es esencial que políticas y acciones tan exitosas y con grandes beneficios sociales se difundan en toda la ciudad y se apliquen en colonias y demarcaciones que lo necesitan. Los “Faros” son para miles de jóvenes un espacio en el que sus habilidades y capacidades se desarrollan y donde muchos encuentran una mejor calidad de vida.

Con la construcción de una “Fabrica de Artes y Oficios” en la colonia Morelos se ayudaría al combate efectivo de la delincuencia, se podrían eliminar los grupos delincuenciales y principalmente se prevendrían los actos delictivos. Esta medida fomentaría la educación y el acercamiento a la cultura por parte de miles de niñas, niños, jóvenes y adultos “tepiteños” quienes al no tener otro medio de esparcimiento y recreación se refugian en las adicciones y caen en manos del crimen.

Si bien es importante fomentar de forma general la educación, la cultura y las artes, es importante otorgar prioridad a aquellos grupos sociales, territorios, colonias o delegaciones que presentan índices elevados de delincuencia y pocas oportunidades educativas y de recreación.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único:La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal y en coordinación con el Jefe Delegacional de la Delegación Cuauhtémoc, lleve a cabo la construcción de una Fábrica de Artes y Oficios “Faro” en las inmediaciones del barrio de Tepito en la colonia Morelos de la delegación Cuauhtémoc.

Notas:

1 http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/281008_educacin_factor_elemental_para_preveni r_la_ 19 de enero de 2015 13:13 horas.

2 http://mexico.cnn.com/nacional/2012/06/29/tepito-un-barrio-de-la-ciudad-de-mexi co-que-se-resiste-a-la-autoridad 19 de enero de 2015 14:18 horas.

3 http://www.cultura.df.gob.mx/index.php/programas/capital-social/5251-red-de-fab ricas-de-artes-y-oficios-faros 19 de enero de 2015 14:36 horas.

4 http://farodeoriente.org/red-de-faros-de-la-ciudad-de-mexico/ 19 de enero de 2015 14:38 horas.

5 http://farodeoriente.org/red-de-faros-de-la-ciudad-de-mexico/ 19 de enero de 2015 14:42 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de enero de 2015.— Diputado Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

RESTABLECER LOS TRABAJOS DE LA COMISION CONJUNTA MEXICO-IRAN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a restablecer los trabajos de la Comisión Conjunta México-Irán, suscrita por la senadora Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 87, numeral 5, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a restablecer los trabajos de la Comisión Conjunta México-Irán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La República Islámica de Irán es un líder regional y una potencia media con una influencia extraordinaria en el Medio Oriente cuya importancia geopolítica se desprende de su ubicación privilegiada entre Asia Central, Asia Occidental y el Sudeste asiático. Su liderazgo internacional en materia de producción y exportación de energía es indudable, toda vez que cuenta con enormes reservas de combustibles fósiles, además de ser considerado el primer país proveedor de gas natural en el mundo, el cuarto en volumen de reservas petroleras probadas y el segundo mayor exportador de petróleo.

Según datos del BP Statistical Review of World Energy, a finales de 2013, Irán contaba con el 9.3% de las reservas probadas de petróleo y con el 18% de gas natural en todo el mundo. Y actualmente, países como China, Francia, India, Italia, Países Bajos, Noruega, Rusia, España y el Reino Unido mantienen contratos para la explotación conjunta de recursos petroleros, sin dejar de mencionar que el sector petrolero representa prácticamente el 60% de los ingresos gubernamentales totales y el 80% del valor total de las exportaciones.

Ciertamente, el programa nuclear iraní acarreó sanciones económicas y embargos comerciales que afectaron considerablemente la economía del país: el crecimiento económico se desaceleró sensiblemente al pasar de 5.2% anual en 2010 a 0.94% en 2012; el rial iraní se devaluó en aproximadamente un 40% el desempleo aumentó a 12.5%. A pesar de ello, Irán cuenta con una economía cada vez más sofisticada al ser “punto de encuentro de modelos de planeación centralizada, propiedad gubernamental, libre comercio en cierta escala y apertura a la inversión privada nacional y extranjera”. De hecho, la moderada apertura política y el levantamiento temporal de las sanciones económicas a causa del acuerdo alcanzado en noviembre de 2013 con los integrantes del Consejo de Seguridad de la ONU (G5+1) para dar una solución pacífica y diplomática a la crisis derivada del programa nuclear iraní, generaron nuevas expectativas en las relaciones comerciales y diplomáticas que sostiene Irán con el resto del mundo.

De esta forma, la política exterior de Irán se está encauzando hacia la moderación política, la apertura económica y el estrechamiento de los vínculos con Occidente.

2. Las relaciones bilaterales entre México e Irán datan de 1889, fecha que determina los primeros contactos diplomáticos. Sin embargo, después de varios intercambios inestables y tras la firma de un documento de amistad el 24 de marzo de 1937, las relaciones diplomáticas finalmente se establecieron el 15 de octubre de 1964, por lo que el pasado mes de octubre se celebraron los 50 años de las relaciones entre ambos países.

Cabe destacar que en 1979 se cerró nuestra Embajada en Teherán ante el peligro de represalias por la decisión del Gobierno mexicano de recibir al depuesto Sha Mohamed Reza Pahvlevi. Ante esta medida, el Gobierno de Irán decidió bajar el nivel de su Embajada a Encargado de Negocios hasta junio de 1990, cuando acreditó nuevamente a un Embajador. En julio de 1992 se reabrió la Misión Diplomática mexicana, iniciándose un proceso de acercamiento y colaboración entre ambas naciones. Y para corresponder a la visita del Canciller mexicano realizada en febrero de 1993, el Canciller iraní visitó nuestro país, ocasión en la que se anunció la creación de la Comisión Conjunta México-Irán, establecida como el foro de diálogo bilateral para diseñar las líneas de acción, planear una agenda de trabajo e implementar las acciones necesarias para lograr un mayor acercamiento en materia política, económica, comercial, educativa y científica.

Así, en junio de 1993 se efectuó la primera reunión de dicha Comisión en Irán, lo que abrió amplias posibilidades al incremento de los intercambios. Y ocho años después, en julio de 2001, se realizó en la ciudad de México la II Reunión de la Comisión Conjunta México-Irán. Sin embargo, han transcurrido casi 15 años sin que se haya efectuado otra reunión y sin que se aprovechen los beneficios de este mecanismo.

Debido a la importancia de Irán, tanto a nivel regional como en el mundo, es importante que se reactive la Comisión Conjunta México-Irán a fin de poder identificar áreas de cooperación en el ámbito científico y tecnológico como en el sector de la nanotecnología y el energético.

En materia económica, Irán es apenas el 77° socio comercial de México a nivel mundial. Y en el ámbito educativo y cultural, tampoco se han reportado avances significativos, pues son contados los estudiantes que se han beneficiado de los programas de intercambio académico.

En cuanto a la relación comercial es de destacar que en los últimos años, el comercio entre México e Irán no ha sido constante. Mientras que en 2007 el comercio total fue de 62 millones de dólares, en 2008 disminuyó a 31 mdd, en 2009 a 19 mdd y en 2010 a 6.2 mdd, teniendo un repunte significativo en 2012 al alcanzar los 133.3 mdd, pero volvió a caer en 2013 a 20.9 mdd.

3. A pesar de la distancia geográfica y cultural, México e Irán comparten varios aspectos y ciertas coincidencias en su vida nacional e internacional al ser ambos países poseedores de importantes recursos naturales que comparten una herencia común como descendientes de dos grandes culturas milenarias.

En este sentido, debemos sabernos importantes para una nación estratégica como Irán y por ello es indispensable trabajar conjuntamente con ese país en el marco de una comisión que permita reducir los obstáculos que impiden una relación comercial mucho más sólida.

La relación bilateral ha madurado y actualmente se encuentra en un momento propicio para avanzar sobre temas de interés común. Conscientes de ello, se juzga necesario que exista un mecanismo formal que dé continuidad a la agenda de trabajo y establezca líneas de acción que permitan consolidar la relación en los ámbitos económico, comercial, educativo, científico y político entre ambas naciones.

Resulta pues de particular importancia que la Comisión Conjunta México-Irán retome las reuniones de trabajo que desde hace catorce años no se han celebrado a fin de convertirse en la punta de lanza que sirva para avanzar en la consolidación de la ya provechosa y cercana relación que México salvaguarda con Irán, tomando en cuenta que las nuevas posturas de Irán a nivel internacional podrían abran nuevas ventanas de oportunidad para la interacción económica y comercial.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, restablezca los trabajos de la Comisión Conjunta México – Irán a fin de que se promueva una agenda bilateral que beneficie a ambos países.

Notas:

1 De: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieasia16. pdf.

2 De: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Iran_FICHA%20PAIS.pdf.

3 De: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieasia16. pdf.

4 De: http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/informacion-est adistica-y-arancelaria.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 21 días del mes de enero de 2015.— Senadora Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

Se remite a la Segunda Comisión de Trabajo.

PERMITA LA PARTICIPACION DE LA CNDH Y LA CDI, EN LA DENOMINADA GRAN REFORMA PARA EL CAMPO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a permitir la participación de la CNDH y la CDI en la “gran reforma para el campo”, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que hace 21 años, el 1 de enero de 1994, se inició la vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, que permitiría la apertura de las fronteras comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, promoviendo la idea de generar un de los bloque comercial de suma importancia y competencia a nivel mundial.

Que si bien en nuestro país el sector de armadoras de autos resulta ser una de los pocos beneficiados con el TLCAN, esto derivado a que México, se ha posicionado como uno de los principales productores de automóviles a nivel mundial.

A pesar de que el sector de la industria automotriz es un indicador de crecimiento e impulso económico y desarrollo nacional, existen contrapartes.

Que otra cifra que debe analizarse a detalle por el gobierno nacional es el de las exportaciones, mismas que pasaron de 51 mil millones de dólares en 1993, a 223 mil millones en 2011, un aumento de 330 por ciento, según los dio a conocer la cámara de comercio de Estados Unidos.

Que la misma Cámara de Comercio de EUA ha indicado que las exportaciones agrícolas a México en rubros como granos y carne se han quintuplicado desde que se firmó el TLC, 1994 a 2014.

Que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con la firma del TLC, los salarios reales deberían haber subido en México, pero en la realidad ocurrió una caída anual de 0.17 por ciento promedio, desde 1994 hasta el 2010.

Que según la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH,, en un informe reveló que el Tratado de libre comercio de América del Norte ha generado un deterioro de los derechos humanos en México, citando que México se ha convertido en un “basurero del sector agroalimentario estadounidense”; el deterioro de las condiciones laborales en el sector de la maquila textil y electrónica; y el debilitamiento del sector sindical mexicano.

Asimismo el informe señala que contrario a lo que algunos analistas sostuvieron en su momento, la integración continental no hizo las veces de trampolín para las firmas mexicanas, ya que la economía de este país depende, hoy más que nunca, de las firmas estadounidenses y de su estrategia de expansión.

Que la FIDH, señala que a raíz de la crisis del campo mexicano, miles de campesinos y campesinas han emigrado hacia las ciudades en busca de trabajo, mientras el Estado mexicano abre su mercado interno a la importación de alimentos de EUA, este país mantiene sus subsidios agrícolas y con medidas fitosanitarias, entre otras, cierra sus puertas a los productos agrícolas mexicanos, por ello, la política ha traído la migración de miles de mexicanos, cuyos derechos humanos y laborales no son contemplados dentro de los acuerdos comerciales”.

Que lo anterior ha promovido que diversas organizaciones campesinas, algunos congresos de los estados, diputados y representantes populares, se han venido manifestando desde hace varios años, demandando la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria.

Lo anterior nace porque con la entrada de vigencia del TLCAN, 3.2 millones de campesinos dejaron sus tierras y cinco millones de productores decidieron dedicarse a actividades distintas.

Que al día de hoy alrededor de 600 campesinos abandonan el sector agropecuario cada día y 550 mil habitantes del sector agrario emigran a los Estados Unidos anualmente, situación que afecta a la producción agraria y deja en abandono las tierras ejidales.

Que con las recientes modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, abre un amplio margen legal para el despojo de bienes y tierras de ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas en las que pudieran encontrarse yacimientos petroleros, gas e instalaciones eléctricas.

Que en materia legislativa debe prevalecer el reconocimiento como interés público y orden social las actividades del campo, la propiedad social de la tierra, la producción alimentaria, vida y cultura de los campesinos, el derecho a la alimentación y la soberanía y seguridad alimentaria.

Que es obligación velar por el respeto a los derechos de los y las campesinos y campesinas y pueblos indígenas sobre sus territorios y a sus modos de producción.

Que el gobierno federal anunció una denominada “Gran reforma para el campo”, en la cual se delinea que existirá la aplicación de políticas públicas diferenciadas y la transformación del subsidio al incentivo productivo.

Que se enuncia una oferta de mayores créditos y servicios financieros para el campo, sincronizar la oferta y la demanda de productos agropecuarios y contar con un moderno marco legal para dinamizar el sector agroalimentario del país.

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Economía, a la Secretaria de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que establezcan –en medida de sus atribuciones– una mesa de diálogo con organizaciones campesinas en el marco de la entrada en vigencia de la Ronda Uno, correspondiente a la nombrada reforma energética, con el propósito de establecer estrategias en favor del sector agropecuario.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que permita participar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dentro del análisis de la denominada gran reforma para el campo, teniendo estas dos comisiones derecho a voz y sean consideradas sus observaciones, enalteciendo así las necesidades de los trabajadores del campo.

Notas:

1 http://www.cefp.gob.mx/

2 www.animalpolitico.com/

3 www.eleconomista.com.mx

4 La FIDH, es la la primera organización internacional de defensa de los derechos humanos, constituida en 1922. Su lema fue: “La paz para los derechos humanos”.

5 www.fidh.org/

6 Ibíd.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sede de la Comisión Permanente, a los 21 días del mes de Enero de 2015.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

INCLUYA EN EL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD, LA ATENCION DE LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud la atención de las enfermedades crónico-degenerativas, suscrita por el senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Eviel Pérez Magaña, senador de la república de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción I, 76, fracción I, 164,169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que en el ámbito de sus atribuciones modifiquen los criterios sobre la atención de las enfermedades crónico degenerativas del Seguro Popular y se incluyan en el Catálogo Universal de Servicios de Salud para su atención médica en todos sus niveles, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los cambios en el estilo de vida de la población han contribuido a que las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares constituyan actualmente una de las principales preocupaciones para las autoridades de salud a nivel mundial.

La falta de actividad física relacionada con trabajo sedentario, el consumo de tabaco, las dietas poco saludable con ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas y azúcares pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes, han propiciado que las personas, sin importar su condición social o económica, presenten cambios fisiológicos que los llevan a padecer una o varias enfermedades. Los cambios que se observan ante la presencia de estos factores son la elevación de la tensión arterial, de los niveles de glucosa, lípidos, todo esto acompañado de sobrepeso y obesidad.  Estos factores conocidos como “factores modificables” son responsables del 80% de las enfermedades coronarias y de la enfermedad cerebrovascular.

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son un grupo heterogéneo de padecimientos que contribuye a la mortalidad mediante un pequeño número de desenlaces como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y la enfermedad vascular cerebral.

Existen enfermedades degenerativas del cerebro, asociadas a la edad (como el Alzheimer y el Parkinson), articulares (como la artrosis de columna, cadera o rodilla), oculares (de la córnea o la retina),  óseas (osteoporosis), hipertensión, la artritis, la esclerosis múltiple, fibromialgia, diabetes, el cáncer y hasta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Las enfermedades crónicas degenerativas van degradando física y/o mentalmente a quienes la padecen, pues provocan un desequilibrio en los mecanismos de regeneración celular. Los tratamientos que existen tienden a ser paliativos, es decir, enfocados a atenuar los efectos que producen y a tratar de mejor la calidad de vida de las personas afectadas.

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que debe darse atención imperante por parte de los gobiernos para prevenir y controlar las enfermedades crónicas, mostrando en un estudio que el 80% de las muertes por enfermedades crónicas se dan en los países de ingresos bajos y medios, afectando a hombres y mujeres por igual.

También señala que existe la necesidad de prever y comprender la relevancia de estas enfermedades y que es una cuestión cada vez más importante el intervenir urgentemente contra ellas, pues el número de personas, familias y comunidades afectadas está aumentando  y su amenaza creciente constituye una causa subestimada de pobreza que dificulta el desarrollo económico de muchos países.

En este tema, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2008 señaló que en México las principales causas de muerte son las enfermedades crónicas degenerativas, como la diabetes mellitus, los tumores malignos y las enfermedades isquémicas del corazón.

Así también, la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2012 informó que la proporción de adultos con diagnóstico médico previo de diabetes fue de 9.2%, lo que mostró un incremento en comparación con la proporción reportada en la ENSAUT 2000 (5.8%) y en la ENSANUT 2006 (7%). Para los grupos de 60 a 69 años se observó una prevalencia ligeramente mayor en mujeres que en hombres (26.3 y 24.1%, respectivamente) que se acentuó en el grupo de 70 a 79 años (27.4 y 21.5%, respectivamente). Al hacer las comparaciones por grupo de edad para 2000, 2006 y 2012, tanto en hombres como en mujeres se observó un ligero incremento en el diagnóstico médico previo de diabetes conforme aumenta la edad; después de los 50 años este aumento fue mayor en 2012.

Para este mismo año la Secretaría de Salud reportó en su 2º Informe de Labores 2013-2014 que dentro de las principales causas de mortalidad de mexicanos en edad productiva, de 15 a 64 años, la tasa calculada por cada cien mil habitantes, fue para la diabetes mellitus de 42.9;  tumores malignos de 41.4; enfermedades del corazón de 34.0; isquémica del corazón de 23.2; enfermedades del hígado de 26.5.

Para personas de 65 años y más, la tasa calculada por cada cien mil habitantes, de las principales causas de mortalidad son: corazón 1,096.8; isquémicas del corazón 746.9; diabetes mellitus 697.5; tumores malignos 535.8; e insuficiencia renal 94.5.

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la insuficiencia renal crónica (IRC) en 2013 fue la quinta causa de muerte general en México y la tercera a nivel hospitalaria.

La insuficiencia renal crónica (IRC) es la pérdida progresiva de la función renal que se caracteriza por anormalidades en la estructura o función del riñón, por lo que el organismo pierde gradualmente la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. En México existen 10 millones de personas con algún grado de insuficiencia renal, de las cuales cerca de 129 mil se encuentran en etapas avanzadas con requerimientos de diálisis o hemodiálisis. Por ello, es importante que los programas de atención a la insuficiencia renal crónica hagan hincapié en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de ésta y sus complicaciones, para retrasar la progresión a diálisis y poder acceder a trasplante de riñón de forma oportuna, con la consecuente mejoría en la calidad de vida del paciente.

Considerando lo anterior, es necesario elaborar e implementar una política de salud clara, orientada a disminuir el impacto que puede tener la IRC en un futuro cercano. Se deben tener lineamientos prácticos para la detección oportuna de la IRC y para la atención de complicaciones tempranas a través de tratamientos nefroprotectores, que implican el control de los niveles de glucosa, anemia, hipertensión y proteinuria y que permiten retrasar la progresión a diálisis y al trasplante de riñón.

Por otro lado, de acuerdo a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (administradora del Seguro Popular), se informó que en 2013 existían 59.1 millones de personas no derechohabientes, que en caso de padecer IRC no tendrían manera de enfrentar los altos costos del tratamiento, ni la complejidad de una enfermedad que gradualmente deteriora su calidad de vida.

Así como esta enfermedad y otras crónicas degenerativas son uno de los mayores retos que enfrenta el Sistema Nacional de Salud (SNS). Lo son por varios factores: el gran número de casos afectados, por  su creciente contribución a la mortalidad general, por  la conformación en la causa más frecuente de incapacidad prematura y por  la complejidad y costo elevado de su tratamiento.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como mandato legal, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre señala: “todo ser humano tiene derecho a la salud y se considera a la enfermedad como un mal social”. En consecuencia, afrontarla es una responsabilidad pública.

Uno de los compromisos más importantes de la sociedad mexicana frente a las condiciones de salud en coordinación con las autoridades federales y estatales, es lograr el empoderamiento de los programas de su prevención y protección de la salud para contribuir al bienestar de todos sus habitantes.

El SNS está regulado por la Ley General de Salud (LGS) en su título tercero “De la Protección en Salud” y específicamente en el artículo 77 bis 3 de esta ley se señala que:

Las familias y personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, se incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud que les corresponda en razón de su domicilio, con lo cual gozarán de las acciones de protección en salud.

Este Sistema se conoce como Seguro Popular, que brinda acceso a servicios médicos gratuitos a la población no asalariada.

Es así como muchos mexicanos que no cuentan con servicios de seguridad social como el ISSSTE o el IMSS tienen que afiliarse al Seguro Popular para poder contar con atención médica, sin embargo, este seguro no cubre muchas enfermedades crónico-degenerativas, las cuales como ya se mencionó se presentan cada vez más en nuestra población, además de que a la fecha presenta algunas deficiencias.

Por citar: el Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 2013 , realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), destaca que para el caso de los pacientes con diabetes, de los derechohabientes que fueron entrevistados al acudir a la clínica u hospital para atenderse por dicho padecimiento, a sólo 68.3% les midieron los niveles de azúcar en la sangre, a 8% no le tomaron la presión y 34.6% registró niveles elevados de este indicador.

Para el año 2015 el Seguro Popular tiene asignado para su ejercicio fiscal un monto de 74 mil 789.2 millones de pesos (mdp), 2 mil 459 mdp más que lo asignado para el año 2014, por lo que se considera que éste podría ampliar sus coberturas, incluyendo a las enfermedades crónico degenerativas mencionadas como la insuficiencia renal en sus distintas etapas dentro de su Catálogo Universal de Servicios de Salud en las etapas I, II y III, así como en el  Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en  las etapas IV y V (su atención ampliada y la implementación de tratamientos nefroprotectores contribuiría a disminuir el gasto destinado a diálisis, con ahorros que podrían ser destinados al trasplante renal).

Cabe mencionar que en el citado catálogo se encuentran la atención médica a enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial y el cáncer de mama, cérvico-uterino y de próstata. Pero resulta necesario que se brinde el tratamiento que la población necesite para casos concretos en todos los niveles, es decir hasta nivel médico quirúrgico.

Uno de los retos que tiene el Seguro Popular es precisamente garantizar la completa prestación de servicios médicos de calidad para sus afiliados que sufran estos padecimientos.

Es en este sentido que en la presente proposición se considera que es fundamental generar acciones para garantizar el acceso al tratamiento y cobertura universal médica que incluya las principales enfermedades crónico-degenerativas que cada día tienen mayor incidencia en nuestra población

Por lo que se estima que para cumplir con lo que nuestra Constitución mandata se deben instrumentar acciones para coadyuvar en la solución a esta necesidad de nuestra población que no dispone de los recursos para tratar los altos costos que estas enfermedades implican.

Por lo expuesto, me permito poner a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que en el ámbito de sus atribuciones modifiquen los criterios sobre la atención de las enfermedades crónico degenerativas del Seguro Popular y se incluyan en el Catálogo Universal de Servicios de Salud para su atención médica en todos sus niveles.

Notas:

i Córdova-Villalobos José Ángel, Barriguete .Jorge A., Las enfermedades crónicas no transmisibles en México: sinopsis epidemiológica y prevención integral,Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, salud pública de México / vol. 50, no. 5, septiembre-octubre de 2008.

ii López, F. (2007). Epidemiologia. Enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas. México: El Manual Moderno.

iii Halabe, J. y Nellen, H. (2004). Enfermedades crónicas de etiología infecciosa. México: El Manual Moderno.

iv Organización Mundial de la Salud, Enfermedades crónicas y promociones de la salud (en línea); www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/

v Secretaria de Salud, Segundo informe de labores 2013-2014, págs. 168-169, 1 de septiembre de 2014.

vi Crónica, “Insuficiencia renal crónica: problema de salud pública sin cobertura en el Seguro Popular”, 11, febrero, 2013. En línea: http://www.cronica.com.mx/notas/2011/604787.html

Bibliografía:

Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2012.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en línea: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos

Organización Mundial de la Salud, en línea:

http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/part1/es/

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y 2015.— Senador Eviel Pérez Magaña (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

PROMOVER ACCIONES PARA LOGRAR UNA CONEXION DIRECTA DE SERVICIOS AEREOS ENTRE MEXICO Y JAPON

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a promover acciones para lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Japón, suscrita por el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con los siguientes

Considerandos

La relación entre México y Japón ha sido larga y próspera durante más de 400 años. A lo largo de la misma se han firmado varios acuerdos para el acercamiento mutuo de ambos países, no sólo en el ámbito político y económico sino también cultural.

Aunque los primeros contactos entre ambas naciones ocurrieron el 30 de septiembre de 1609 con el naufragio del galeón San Francisco, frente a las costas de Iwawada, en su camino de regreso de las Filipinas a la Nueva España, las relaciones económicas, culturales, migratorias y políticas entre México y Japón iniciaron el 30 de noviembre de 1888, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en Washington, DC.

Las relaciones diplomáticas se interrumpieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero se reanudaron con profundo entusiasmo el 2 de febrero de 1952. A partir de entonces la relación se profundizó e incrementó a grade escala, destacándose la llegada de diversas empresas japonesas a México, entre las que destacaron las empresas de la industria automotriz.

En este sentido, el 2014 fue un año importante para México y Japón, ya que marcó el Cuatrocientos Aniversario de la Misión Hasekura, la primera misión comercial japonesa que arribó a México, y el primer contacto entre ambas naciones.

En 2014, además de conmemorar el Cuatrocientos Aniversario de la Misión Hasekura, celebramos importantes eventos en la relación bilateral: 405 años de los primeros contactos, 10 años de la firma del Acuerdo de Asociación Económica (AAE), 10 años del programa de cooperación hacia terceros países, así como 55 años de la visita a México del Primer Ministro Nobusuke Kishi y del canciller Shintaro Abe.

El Festival Internacional Cervantino, gran festival artístico y cultural de América Latina, se unió a los festejos del Año de Intercambio de Amistad México-Japón, donde el país nipón fue el invitado internacional de ese año.

Retomando la importancia de las relaciones México-Japón, ambos países mantienen una relación cada vez más estrecha en el ámbito económico, pues a 10 años de la firma del AAE, la suma total del intercambio económico se incrementó en más de un 70%. En 2013, Japón se ubicó como el cuarto socio comercial de México a nivel mundial y el segundo entre los países de la región Asia-pacífico. Sin lugar a dudas una relación fundamental.

La relación con Japón es prioritaria por los altos niveles de inversión japonesa productiva en México y por el gran potencial que representa dicho país para el comercio internacional de México. Japón es una nación con un gran peso específico en los mercados financieros internacionales y de comercio.

Estas relaciones han sido prosperas a pesar de la ubicación geográfica de cada país; el establecimiento de vías de comunicación directas, permitiría un mejor acercamiento y un mayor crecimiento en las relaciones entre ambos países, pues hoy en día, por ejemplo, no existen servicio aéreos comerciales directos entre México y Japón. Por lo que atender y resolver este tipo de problemáticas por parte del gobierno federal, ayudarán a mejorar e incrementar sustancialmente las relaciones entre ambos países.

Cabe considerar que la época de los galeones ha pasado a la historia con sus viajes inusitadamente largos y peligrosos; las modernas formas de comunicación permiten ponerse en contacto de inmediato, y afortunadamente facilitan el diálogo y acercamiento de todos los pueblos Sin embargo, a pesar de ello, actualmente no existe servicio aéreo directo que conecte a México y Japón, y que permita a los usuarios llegar a su destino en un corto periodo de tiempo y a un costo menor respecto de los que actualmente se generan. Lo anterior a pesar del Convenio Sobre Servicios Aéreos celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Japón, vigente desde 1973.

Por lo anterior, resulta primordial fortalecer la interconectividad aérea entre ambos países, como una acción básica e indispensable para mejorar e impulsar el flujo de los ciudadanos entre ambos países. Medida que a todas luces viene aparejada de beneficios en costos bajos, tiempos cortos y mayor comodidad durante el transporte.

En una relación histórica entre México y Japón es urgente la conectividad aérea comercial directa; máxime cuando ya existe un instrumento firmado entre ambas naciones. El gobierno mexicano debe tomar la iniciativa, junto con el gobierno de Japón, para hacer realidad el establecimiento de servicios aéreos directos que comuniquen ambos países. Debido al importante papel de ambas naciones como motores económicos en Asía y en América Latina, debemos transitar hacia la eliminación de barreras de interconectividad, por el contrario, el gobierno mexicano debe trabajar en estrategias de mayor cooperación y comunicación en los diferentes sectores.

Asimismo, el gobierno federal debe renovar constantemente sus estrategias de promoción y difusión turística (pilar estratégico de la economía nacional, y una de las mejores formas para atraer inversiones) en aquella nación, y en todas aquellas con las que tiene una relación diplomática y comercial.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores, para que implementen las acciones necesarias que permitan lograr una conexión directa de servicios aéreos entre México y Japón.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo, a incrementar las acciones de promoción y difusión de las riquezas y los destinos turísticos nacionales, ante Japón y los demás países Asiáticos con los que México mantiene relaciones diplomáticas y comerciales.

Notas:

1 Relaciones Bilaterales México-Japón, Presidencia de la República.

2 Relaciones Bilaterales México-Japón, Presidencia de la República.

3 Embajada de Japón en México.

4 México e Indonesia pactan favorecer relación comercial. El Financiero.

Senado de la República, a 19 de enero de 2015.— Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

CELERIDAD A LA INTEGRACION DE LAS TERNAS DE CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO EJECUTIVO DE ATENCION A VICTIMAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Segob a dar celeridad a la integración de las ternas de candidatos a ocupar el cargo de comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Benjamín Robles Montoya, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fue creada como una de las respuestas del Estado mexicano a la grave crisis de inseguridad y violencia que ha prevalecido en nuestro país desde hace ya varios años, con un saldo devastador en lo que se refiere a pérdida de vidas humanas y desapariciones, así como de personas que han perdido a sus seres queridos sin siquiera conocer la suerte que corrieron.

Uno de los más grandes fracasos de la estrategia de seguridad durante la administración pasada y que se ha extendido a la actual, es precisamente que ha producido una inacabable cantidad de víctimas directas e indirectas de delitos y de violaciones a derechos humanos, a las que el Gobierno federal aberrantemente calificó en su momento como daños colaterales, o bien prejuzgó acusándolos de estar involucrados en hechos delictivos, condenando así a miles de personas a la indefensión y a la revictimización.

Fue entonces que surgió la exigencia desde diversos sectores de la sociedad civil, de brindar una adecuada e integral atención a las víctimas, por lo cual el Ejecutivo Federal creó en 2011 la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas (Províctima), organismo descentralizado cuya labor fue absolutamente gris e intrascendente.

Es hasta principios de 2014 que finalmente, con el consenso de todas las fuerzas políticas, se creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, organismo descentralizado, no sectorizado, integrado por siete comisionados elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, a partir de ternas enviadas por el Ejecutivo Federal.

El 8 de octubre de 2013, el Senado de la República eligió a los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quedando integrado por Adrián Franco Zevada, Susana Thalía Pedroza de la Llave y Julio Antonio Hernández Barros por un periodo de cinco años; Sergio Jaime Rochín del Rincón y Carlos Ríos Espinosa por un periodo de tres años; así como María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata para un periodo de un año.

El 7 de octubre de 2014 concluyó el periodo para el cual fueron elegidas las Comisionadas María Olga Noriega Sáenz y María del Rosario Torres Mata, por lo cual unos días antes, específicamente el 28 de agosto, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria pública para la elección de comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la cual se estableció el procedimiento para la elección de quienes habrán de sustituir a las dos Comisionadas salientes.

En dicha convocatoria se señaló que la recepción de propuestas y documentación se debería realizar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, plazo que feneció el día 25 de septiembre de 2014.

En los términos expuestos en la convocatoria, una vez concluido el plazo la Secretaría de Gobernación llevaría a cabo la publicación de las propuestas recibidas y remitiría al Ejecutivo Federal aquellas que cumplieran con los requisitos, a fin de integrar las ternas que serían remitidas al Senado de la República.

Sin embargo, a pesar de que desde el 7 de octubre concluyó el periodo de las dos Comisionadas salientes y que desde entonces la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas labora de manera incompleta, no se ha dado cumplimiento a lo señalado en la propia convocatoria y hasta la fecha el Ejecutivo Federal no ha remitido las ternas al Senado de la República.

Por tal motivo resulta urgente llevar a cabo a la mayor brevedad la elección de los dos Comisionados, máxime tomando en consideración la relevancia de la labor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el hecho de que llevamos más de tres meses desde que quedaron vacantes dos cargos de Comisionados y han transcurrido en exceso los plazos previstos en la convocatoria correspondiente.

La labor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es fundamental en el contexto histórico de nuestro país, marcado por la violencia y la criminalidad, no solo proveniente de la delincuencia, sino del propio Estado; por ello es necesario garantizar el pleno y correcto funcionamiento de la Comisión.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que a la brevedad lleve a cabo la publicación de las propuestas de candidatos a ocupar el cargo de Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, y remitirla al Ejecutivo Federal a fin de integrar las ternas correspondientes.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que una vez que reciba las propuestas, remita en el menor tiempo posible las ternas al Senado de la República para culminar el proceso de elección de dos Comisionados Ejecutivos de Atención a Víctimas, de conformidad con el primer párrafo del artículo 85 de la Ley General de Víctimas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 21 días del mes de enero de 2015.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 20 DE DICIEMBRE EN LA CAPILLA BRITANICA, UBICADA EN LA DELEGACION CUAUHTEMOC

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Contraloría y la Procuraduría de Justicia del DF y al INBA a investigar sobre lo ocurrido el pasado 20 de diciembre en la Capilla Británica, en la delegación Cuauhtémoc, suscrita por la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrito, Irazema González Martínez Olivares diputada federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Distrito Federal se ha caracterizado por el gran número de inmuebles y sitios históricos que se encuentran distribuidos en las diversas demarcaciones delegacionales que lo integran, en las cuales encontramos desde monumentos, conventos, iglesias y edificios históricos.

A pesar de la importancia histórica y cultural que estos espacios representan no sólo para los mexicanos, sino para la sociedad en general, han sido objeto de la realización de eventos que ponen en riesgo su integridad.

Un ejemplo de esto lo vimos reflejado el 13 de junio del año pasado, en el que la actriz de telenovelas y series televisivas, Claudia Cervantes Hinojosa, sobrina del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, llevó a cabo una fiesta de cumpleaños en el Panteón Civil Dolores, el cual es uno de los más grandes y antiguos del país; alberga en su interior a la Rotonda de Personas Ilustres en donde se honra la biografía de 115 personas. Es un homenaje a los hombres y mujeres que aportaron a la historia política, social, cultural, científica y militar del país.

Esta situación derivó en la aplicación de una sanción económica para la citada artista, y la separación del cargo de los funcionarios que autorizaron dicho evento.

Sin embargo, y de forma lamentable, este tipo de hechos no han dejado de seguir ocurriendo, esto debido a que el pasado 20 de diciembre, el diputado del PRD José Luis Muñoz Soria y su esposa, Verónica Olvera, directora de Desarrollo Social de la delegación Cuauhtémoc, llevaron a cabo la organización de una fiesta en la Capilla Británica, el cual es un recinto resguardado por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), con motivo de anunciar el compromiso matrimonial de su sobrino, Geovanni Ramírez Olvera, quien actualmente funge bajo el cargo jefe de la Unidad de Mercados de la delegación Cuauhtémoc.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal, la Capilla Británica está dedicada a la promoción del teatro y fomento a la lectura. Es el único vestigio que se conserva del antiguo Panteón Inglés, establecido hacia 1824, en lo que fueran las Huertas de San Cosme, donde Cortés fundó un hospital. En dicho cementerio, donado por las autoridades al Reino Unido, fueron sepultados súbditos ingleses como el destacado pintor Daniel Thomas Egerton y su esposa. La capilla data de 1908 y su diseño es totalmente de estilo neocolonial, sobresaliendo sus muros revestidos de tezontle enmarcados en piedra cantera de manera dentada. Su portada luce un arco rebajado, sobre el cual se abre la clásica ventana coral de forma barroca mixtilínea, y como remate, un nicho resguarda la imagen de San Cristóbal cargando al niño Dios.

De tal forma que el haber llevado a cabo una fiesta bajo el argumento de que se contaba con un permiso del área de cultura de la delegación Cuauhtémoc, en donde como ya se ha hecho mención trabajan la esposa y sobrino del diputado José Luis Muñoz Soria, quien actualmente pretende obtener el cargo como jefe delegacional de dicha demarcación territorial, es una clara violación a las reglas que se tienen establecidas para el uso de las instalaciones, ya que se llevó a cabo el ingreso de mariachis y bebidas alcohólicas, elementos prohibidos para este tipo de recintos culturales, así como tampoco se respetaron los horarios de uso del mismo.

Es por esto que consideramos importante se lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre estos hechos, ya que resulta claro que no fue para un evento cultural lo que se realizó, sino para un festejo privado que refleja la proclividad por el mal gusto y el nepotismo que impera en esa demarcación capitalina.

Si bien, ya se ha iniciado una investigación por parte de la Contraloría del DF, resulta de vital importancia que la citada situación sea investigada y resuelta bajo la más estricta legalidad y trasparencia, a consecuencia de que en la organización de dicho evento, como ya se ha hecho mención, contó con la intervención de un funcionario federal, diputado federal José Luis Muñoz Soria, y dos funcionarios públicos adscritos a la delegación Cuauhtémoc; Verónica Olvera, directora de la Oficina de Desarrollo Social de la delegación Cuauhtémoc, y Geovanni Ramírez Olvera, jefe de la Unidad de Mercados, generándose así una serie de interrogantes acerca de los recursos utilizados para la realización de dicho evento y la forma en se otorgó el permiso.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría del gobierno del Distrito Federal, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para que en base a sus funciones lleven a cabo de forma transparente y apegada a la ley, las investigaciones correspondientes sobre los hechos ocurridos el pasado 20 de diciembre en la Capilla Británica, y se apliquen las sanciones a los funcionarios públicos y responsables de dicho evento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de enero de 2015.— Diputada Irazema González Martínez Olivares (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

INMOVILIZACION DE AERONAVES MEXICANAS EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que realice diversas acciones respecto a la inmovilización de aeronaves mexicanas en Venezuela, suscrita por los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito, senadores de la LXII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal realizar diversas accciones con respecto a la inmovilización de aeronaves mexicanas en la República Bolivariana de Venezuela, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El martes 5 de noviembre de 2013 a las 3:33 pasado meridiano el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López, publicó en la cuenta de twitter lo siguiente: “Dia 4 nov 22:36 hrs Cmdo. Defensa Aeroespacial @ceofanb detecto e intercepto aeronave Hawker 25 matricula XBMGM” y anexó una fotografía presumiblemente del avión totalmente incendiado. Inmediatamente después publicó lo siguiente: “Este incursor fue inmovilizado por medios aéreos de nuestra AMB, 7MN al norte Buena vista del Meta, estado Apure”. La matrícula de esta aeronave era mexicana.

2. En reacción a lo anterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un primer comunicado el miércoles 6 de noviembre de 2013, que a la letra señala:

Incidente de aeronave con matrícula mexicana en Venezuela

En seguimiento a la información difundida el día de hoy en diversos medios de comunicación, en la que se vincula a una aeronave con matrícula mexicana en un incidente con las Fuerzas Armadas de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en ese país, emitió una nota diplomática en la que se solicita el esclarecimiento de los hechos en estricto apego al derecho internacional.

La SRE se mantendrá atenta a la respuesta que se otorgue a esta solicitud y ha entrado en contacto con autoridades venezolanas, a fin de obtener la información con la prontitud que el caso amerita y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar.

3. A partir de entonces, diversos medios de comunicación dieron a conocer información sobre el avión Hawker 25 matrícula XB-MGM, como el nombre del propietario, la escala en el aeropuerto de Querétaro, México y los nombres de los supuestos tripulantes y sus pasajeros. Todo ello, en un vacío de información oficial.

4. El jueves 7 de noviembre de ese año, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un segundo comunicado en el que escuetamente informa sobre la respuesta obtenida a la solicitud de información. Textualmente el comunicado señala lo siguiente:

Información en torno al incidente de una aeronave con matrícula mexicana en Venezuela

En seguimiento al caso de una aeronave con matrícula mexicana y el incidente que ésta tuvo con las Fuerzas Armadas de Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores añade las siguientes precisiones fundamentadas en información contenida en una nota diplomática enviada por ese país:

El avión y la pista en la que éste fue ubicado fueron inhabilitados por la Fuerza Aérea venezolana.

Según la información contenida en la nota diplomática del gobierno venezolano, los ocupantes abandonaron la aeronave antes de su inhabilitación.

Las autoridades venezolanas y mexicanas continúan las investigaciones en torno a este caso y se mantienen en constante comunicación.”

5. A través de los medios de comunicación trascendió el discurso televisado del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, quien molesto se refirió a la solicitud de aclaraciones por parte del Gobierno mexicano. El presidente Maduro señaló que él instruyó al canciller a que diera todas las explicaciones y que tratara de que el presidente mexicano supiera que estaban abogando por un avión “Full de cocaína”. Cabe destacar que a más de un año no se han dado más explicaciones al respecto y no se ofrecieron pruebas sobre el contenido del avión, o al menos estas no han sido dadas a conocer fehacientemente.

6. El 9 de noviembre de 2013 a las 22:30 horas la cancillería emitió otro comunicado, con un poco más detalle acerca de la nota diplomática enviada por parte del gobierno venezolano el jueves 7 de noviembre, de la que se hablaba en el comunicado anterior. Además, la cancillería mexicana anunció la convocatoria al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en México para extender la solicitud del gobierno mexicano de esclarecer estos hechos. A la letra el comunicado dice:

México solicita mayor información a Venezuela sobre el incidente de una aeronave con matrícula mexicana

Enterado de las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en torno al incidente en el que se vio involucrada una aeronave con matrícula mexicana, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó lo siguiente:

En el ejercicio de su soberanía y en el marco del respeto al derecho internacional, México solicita la información que disponga Venezuela al respecto. Asimismo, se reitera la plena disposición del gobierno mexicano de cooperar con las autoridades venezolanas en las indagatorias de este caso.

De la nota diplomática enviada por el gobierno venezolano el pasado 7 de noviembre, se desprende solamente la siguiente información:

1) Que la aeronave ingresó a espacio aéreo venezolano sin la respectiva autorización.

2) La aeronave fue perseguida por espacio de cuarenta minutos, haciendo caso omiso a los llamados de las autoridades venezolanas.

3) La aeronave aterrizó en una pista clandestina.

4) No se encontró rastro de tripulación.

5) En dicha nota no se revela el contenido de la carga del avión.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha hecho llegar ningún elemento adicional por los canales diplomáticos correspondientes.

El embajador de Venezuela en México será convocado este lunes a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para extender la solicitud del gobierno mexicano de esclarecer estos hechos conforme al marco del derecho internacional.

7. Tan sólo un día antes de la inhabilitación de la aeronave mexicana, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela realizó una visita oficial a México, tras la cual la cancillería mexicana reiteró su posición a favor de la candidatura de Venezuela como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

8. Paralelamente a los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió el siguiente comunicado:

La Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en torno al incidente de una aeronave Hawker Siddeley DH, 125, serie 400A, con matrícula mexicana XB-MGM, propiedad de Jorge Salazar Ochoa, informa lo siguiente:

El 4 de noviembre a las 11:59 horas partió del aeropuerto de Querétaro a Bonaire, Antillas Holandesas, con siete personas a bordo para un vuelo estimado de cinco horas. Los pasajeros registrados fueron: Isaac Pérez Dubon; Susana Bernal Rivas, Adriana Cruz Méndez, Sergio Franco Moga y Manuel Rodríguez Benítez.

Los pilotos Mauricio Pérez Rodríguez y Carlos Alfredo Chávez Padilla presentaron licencias apócrifas.

Se tiene información no oficial de los servicios de tránsito aéreo de Antillas Holandesas, en el sentido de que una vez que dicha aeronave arribó a las Antillas, se presentó un nuevo plan de vuelo para que saliera de Bonaire, Antillas Holandesas, hacia La Ceiba Honduras, con despegue tres horas después de su llegada a Bonaire.

La información con que se cuenta indica que la aeronave transportó en ese vuelo sólo a tres personas: a los dos pilotos y de nueva cuenta a Isaac Pérez Dubon.

Los servicios de tránsito aéreo de Antillas Holandesas indican que los demás pasajeros que venían de Querétaro descendieron en Antillas Holandesas.

No se informó sobre si se presentó denuncia por la utilización de los documentos apócrifos con los que se ostentaron los pilotos y demás investigaciones que tendría que realizar la Dirección General de Aeronáutica Civil, no sólo en este caso, sino en todos los vuelos de aeronaves catalogadas como de carácter privados.

9. El martes 9 de diciembre del 2014 el gobierno de Venezuela informó que derribó dos aeronaves mexicanas por violar su espacio aéreo, presuntamente con fines de narcotráfico. Esto, fue una vez más conocido por medio de la cuenta de twitter del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien publicó dos mensajes acompañados de fotos, el 8 y 9 de diciembre. Los mensajes decían:

“Una vez más nuestra defensa aeroespacial integral detecta, intercepta e inmoviliza aeronave que ingresó ilegalmente.”

“Otra aeronave inmovilizada por la FANB al SE de Elorza. Violó espacio aéreo presumiblemente con fines de narcotráfico.”

Las fotografías de las aeronaves fueron las que revelaron las matrículas y con ello su nacionalidad.

10. El gobierno de Venezuela puso en vigencia en 2013 una nueva ley de defensa del espacio aéreo que permite derribar aviones sospechosos de transportar droga. Desde la promulgación de esta Ley, se han interceptado o inmovilizado, según reportes del ministro de Defensa, 23 aeronaves. De éstas, según medios de comunicación, el general Padrino sólo ha dejado que se sepa la nacionalidad de las 3 mexicanas.

11. Tras los hechos del 8 y 9 de diciembre de 2014, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó al gobierno venezolano la inmediata confirmación acerca de la nacionalidad mexicana de las aeronaves derribadas. La dependencia expresó en un comunicado el jueves 11 de diciembre de 2014 lo siguiente:

La Secretaría de Relaciones Exteriores pide a Venezuela confirmar supuesta inmovilización de dos aeronaves

Enterada de la supuesta inmovilización en Venezuela de dos aeronaves presuntamente matriculadas en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado al gobierno de ese país la inmediata confirmación de esta información.

La subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio Márquez, estableció contacto con sus contrapartes en la cancillería venezolana para reiterar la solicitud del gobierno mexicano, para el pronto esclarecimiento de este caso.

A este respecto, ofreció la colaboración de las autoridades mexicanas para la identificación del origen de dichas aeronaves.

México reitera su firme voluntad de cooperación con otros países en la lucha contra el crimen organizado, basada en la estrecha colaboración e intercambio oportuno de información.”

12. En resumen, es un hecho que a esta Soberanía le preocupa la actuación de la República Bolivariana de Venezuela, y la escueta actuación que ha tenido el gobierno mexicano. Es alarmante también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha emitido comunicado alguno con respecto a las aeronaves derribadas el 8 y 9 de diciembre. Existe una falta de registros y procedimientos con las que aeronaves de vuelos privados viajan con cierta “facilidad” dentro y fuera del territorio nacional.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es deber de los Senadores presentar proposiciones y denuncias, así como, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, y promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las autoridades competentes.

III. Que en México, como la República Bolivariana de Venezuela, al firmar y ratificar la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos comprometimos a que toda persona acusada de cometer un delito tiene derecho a que se le presuma inocente mientras no se le pruebe su culpabilidad. Lo anterior se establece en el artículo 11 de la mencionada declaración, que a la letra dice:

Artículo 11.

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

IV. Que el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito el 7 de diciembre de 1944, cuyo texto traducido en español y francés fue firmado en Buenos Aires el 24 de septiembre de 1968, el cual se denominó “Protocolo de Buenos Aires”, establece que el desarrollo futuro de la aviación civil internacional puede contribuir poderosamente a crear y a preservar la amistad el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo, mientras que el abuso de ésta puede llegar a constituir una amenaza a la seguridad general. Asimismo considera deseable evitar toda disensión entre las naciones y los pueblos y promover  la cooperación de la cual depende la paz del mundo. Por lo que los gobiernos que la suscribieron basados en ciertos principios y arreglos, para que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera segura y ordenada y de que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano y económico.

V. Que el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de Aeronaves, suscrito en la ciudad de Tokio en 1963, en el numeral 2 del artículo 13 establece lo siguiente:

Artículo 13

1. ...

2. Si un Estado contratante considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la detención o tomará otras medidas para asegurar la presencia de cualquier persona que presuma que ha cometido uno de los actos a que se refiere el artículo, párrafo 1, así como de cualquier otra persona que le haya sido entregada. La detención y demás medidas se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes de tal Estado, y se mantendrán solamente por el periodo que sea razonablemente necesario a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición.

3. La persona detenida de acuerdo con el párrafo anterior tendrá toda clase de facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo.

4. ...

5. Cuando un Estado, en virtud de este artículo, detenga a una persona, notificará inmediatamente al Estado de matrícula de la aeronave y al Estado del que sea nacional el detenido y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados interesados tal detención y las circunstancias que la justifican. El Estado que proceda a la investigación preliminar prevista en el párrafo 4 del presente artículo, comunicará sin dilación sus resultados a los Estados antes mencionados e indicará si se propone proceder dicha persona.

Adicionalmente, el numeral 2 del artículo 15 del citado Convenio, establece lo siguiente:

Artículo 15.

1. ...

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en sus leyes sobre entrada, admisión, expulsión y extradición, el Estado contratante en cuyo territorio sea desembarcada una persona, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, párrafo 1, o desembarque de una persona a la que se le impute alguno de los actos previstos en el artículo 11, párrafo 1, le concederá en orden a su protección y seguridad un trato no menos favorable que el dispensado a sus nacionales en las mismas circunstancias.

VI. Que el artículo 7 de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo emitido por la asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela establece como obligación por parte del Comando Estratégico Operacional dependiente del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral registrar todos los procedimientos de interceptación, persuasión, inutilización e inmovilización establecidas en dicha ley, tal y como a continuación se transcribe:

Artículo 7. Todos los procedimientos de interceptación, persuasión, inutilización e inmovilización serán registrados por el Comando Estratégico Operacional por órgano del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral y por aquellas dependencias que éste designe para tal fin.

Adicionalmente el artículo 12 de la citada ley establece sobre la asistencia a las personas involucradas acorde a los protocolos respectivos de rescate y salvamento en atención a los tratados internacionales de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 12. En caso de llevarse a cabo las medidas de inutilización e inmovilización, se prestará la debida asistencia a las personas involucradas acorde a los protocolos respectivos de rescate y salvamento en atención a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en esta materia.

VII. Que la Dirección General de Aeronáutica Civil es un organismo adscrito a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encargado de la administración y cumplimiento de la legislación relacionada con la aviación y aeronáutica civil en México y que de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, establece entre otras, lo siguiente:

Artículo 21. Corresponde a la Dirección General de Aeronáutica Civil:

I. Proponer al superior jerárquico las políticas y programas de transporte aéreo y ejercer la autoridad en el marco de su competencia;

II. al V. ...

VI. Tramitar las solicitudes de concesión, y otorgar los permisos y autorizaciones para la prestación de los servicios de transporte aéreo regular, no regular, internacional, nacional o de servicio aéreo privado nacional y, en su caso, del no comercial, así como organizar en coordinación con la Dirección General de Autotransporte Federal o con los Centros SCT, la prestación de los servicios de autotransporte federal que se otorguen por el área competente;

VII. Autorizar la operación de aeronaves ultraligeras, globos aerostáticos, aeromodelismo y otras similares, así como vigilar sus actividades;

VIII. Aprobar los horarios de operación de los aeropuertos y de las aeronaves de las líneas aéreas, coordinar el comité de operación y horarios, así como las operaciones aeronáuticas especiales;

IX. Expedir los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad a las aeronaves civiles, así como llevar, organizar, controlar y mantener actualizado el registro aeronáutico mexicano;

X. Registrar, aprobar y, en su caso, modificar los procedimientos terminales y de vuelo, así como el sistema de aerovías del espacio aéreo nacional;

XI. Tramitar y someter a la consideración del Secretario, a través de su superior jerárquico, las solicitudes de concesión para construir, operar y explotar aeropuertos; otorgar los permisos para la construcción, operación explotación de los demás aeródromos civiles, y proponer la expedición de las normas oficiales mexicanas que le corresponden; así como llevar a cabo la certificación anual de los aeródromos civiles y pistas;

XII. Autorizar la reubicación, ampliación, modernización o reconstrucción de aeropuertos y, en

XIII. Emitir la normatividad, autorizar, controlar y verificar las instalaciones, sistemas y servicios para la navegación, aproximación, ayudas visuales, comunicaciones y meteorología aeronáutica, así como las especificaciones de los equipos destinados a dichos servicios;

XIV. Otorgar los permisos para el establecimiento de fábricas de aeronaves, motores y sus partes y componentes y talleres aeronáuticos, y llevar su control y vigilancia; asimismo, certificar, convalidar y autorizar, dentro del marco de sus atribuciones, los programas de mantenimiento y los proyectos de construcción o modificación de las aeronaves y sus partes y productos utilizados en la aviación, así como opinar sobre la importación de las mismas, y expedir o reconocer los certificados de homologación de ruido producido por las aeronaves;

XV. Vigilar el cumplimiento de las condiciones que establezcan las concesiones, permisos y autorizaciones y proponer, en su caso, su modificación, caducidad, revocación, rescate o requisa; así como declarar la suspensión de operación de aeronaves;

XVI. Expedir, controlar, renovar, validar y, en su caso, suspender y cancelar las licencias al personal que intervenga directamente en la operación aeronáutica previos los exámenes que correspondan;

...

VIII. Que de acuerdo con las facultades conferidas al Senado de la República, está la de analizar la política exterior del estado mexicano, así como aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, tal y como a continuación se indica:

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

...

IX. Que el Senado de la República aprobó el 30 de abril de 2014 un acuerdo mediante el cual manifestó su preocupación por la inhabilitación y destrucción de la primer aeronave mexicana en la República Bolivariana de Venezuela, el acuerdo a la letra dice:

Primero.El Senado de la República manifiesta su preocupación por la forma en que se ha manejado la inhabilitación y destrucción de una aeronave con matrícula mexicana, por parte de las fuerzas armadas de la República Bolivariana de Venezuela.

Segundo.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en cumplimiento con el “Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Venezuela sobre prevención, control, fiscalización y represión del consumo y tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, que ratificaron ambas naciones, remita a esta soberanía un informe pormenorizado y técnico en el que se detallen los acontecimientos vinculados a la avioneta con matrícula mexicana en territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Tercero.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que brinde a esta Soberanía un informe sobre las acciones que el Consulado de México en Venezuela ha emprendido para localizar a los tres pasajeros desaparecidos que viajaban en la aeronave con matrícula mexicana en comento.

Cuarto.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a revisar y aplicar los mecanismos de registro y protocolo.

X. El cuarto resolutivo de dicho acuerdo aprobado el 30 de abril de 2014 fue atendido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante la respuesta del licenciado Alejandro Zendejas Vázquez, director general adjunto técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Subsecretaría de Transporte de esa dependencia, en julio del mismo año. La respuesta en comento explica que la Dirección General de Aeronáutica Civil aplica la normatividad vigente y que los mecanismos de registro y protocolos se ven revisados y aplicados de manera continua, e incluso la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea “practica visitas de verificación técnico administrativas de manera periódica a las instalaciones aeroportuarias, donde se cerciora de la aplicación de los mecanismos de registro y protocolos de los vuelos, incluyendo los privados, y en caso de incumplimiento se aplicarán las medidas correctivas correspondientes.”

XI. Que con estas dos nuevas destrucciones de aeronaves mexicanas, se pone en duda de la implementación de los protocolos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hacia los vuelos privados, así como la eficiencia de la diplomacia mexicana para el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de este Senado de la República, el siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.El Senado de la República manifiesta su preocupación por la manera como se ha manejado la inhabilitación y destrucción de tres aeronaves con matrícula mexicana por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

Segundo.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que implemente acciones tendientes a que se respeten los acuerdos internacionales suscritos con nuestro país. Específicamente, que solicite a su homólogo de la República Bolivariana de Venezuela, los registros que comprueben que se cumplieron con los procedimientos de interceptación, persuasión, inutilización e inmovilización registrados por el Comando Estratégico Operacional del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral, tanto para el aeronave inhabilitada en noviembre del año 2013 como de las aeronaves interceptadas el diciembre de 2014.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que remita un informe sobre los registros y los protocolos de actuación que se siguen con este tipo de vuelos privados o civiles, de manera particular, en los tres casos que nos ocupan así como los planes para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente en San Lázaro, el 21 de enero de 2015.— Senadora: Mariana Gómez del Campo Gurza, (Rúbrica).»

Se remite a la Segunda Comisión de Trabajo.

INFORME SOBRE LA INVESTIGACION DE LA DESAPARICION DEL PERIODISTA MOISES SANCHEZ CEREZO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz a informar sobre la investigación de la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo, suscrita por el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con relación a la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo en el Estado de Veracruz.

Antecedentes

El periodista Moisés Sánchez Cerezo escribe y toma fotos para el semanario La Unión, de su propiedad, que se distribuye en las congregaciones pertenecientes al municipio de Medellín, en el estado de Veracruz. Además, es activista vecinal en diversas colonias donde se agrupan “guardias de seguridad” y “vecinos vigilantes” quienes buscan contrarrestar la ola de inseguridad y robos del fuero común que azotan a esta comunidad, ubicada en la zona conurbada de Boca del Río y Veracruz.

El pasado día 2 de enero, familiares de Sánchez Cerezo denunciaron que tres vehículos llegaron al domicilio del agraviado al filo de las 19:30 horas y de ellos descendieron hombres fuertemente armados que por la fuerza se llevaron al fotorreportero, así como instrumentos de trabajo como computadora, cámara fotográfica y aparatos celulares.

Familiares del reportero y activista escribieron a diversos medios de comunicación locales y nacionales sobre la “desaparición de Moisés Sánchez”; en el correo electrónico hicieron énfasis de las amenazas previas que su familiar había sufrido: “Hace poco le habrían advertido que si no le bajaba, le darían un susto.”

Es necesario recordar que Veracruz ha sido declarada como la región más peligrosa para ejercer el periodismo en nuestro país y en América Latina, de acuerdo con la organización Internacional Articulo 19. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras ha declarado que Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México, con al menos 15 comunicadores asesinados y otros cuatro desaparecidos desde el 2000.

Frente a este clima de violencia la actuación del gobierno mexicano ha sido ineficaz e insuficiente. A pesar de que desde 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y que creara en Veracruz la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, la violencia hacia las y los periodistas no ha disminuido y en su gran mayoría los casos no han sido esclarecidos. Ello tiene como consecuencia la impunidad con la que actúan los criminales en Veracruz y el clima de miedo para ejercer dicha profesión.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz a informar de manera clara y oportuna el estado que guarda la investigación de la desaparición del periodista Moisés Sánchez Cerezo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.— Diputado Uriel Flores Aguayo (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

LINEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al GDF que informe sobre las acciones legales emprendidas contra servidores públicos por las irregularidades presentadas en la línea 12 del Metro, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, para que presente un informe en el que se detallen las acciones legales y las sanciones administrativas que ha emprendido por los actos u omisiones de diversos servidores públicos que derivaron en diversas irregularidades en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo metro en la capital del país, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) es, sin duda, un medio de transporte fundamental para el desarrollo económico y social de la Ciudad de México, diariamente es utilizado por más de 5 millones de usuarios.

En un inicio se erigió como un medio de trasporte con múltiples beneficios para los usuarios –rápido, limpio y económico–, sin embargo, con el transcurso de los años su funcionamiento se ha visto mermado en agravio de la población, es decir, paulatinamente su funcionamiento y operación se ha visto afectado por diversas omisiones de funcionarios públicos de la capital.

Por su fuera poco, diversas líneas que integran el Metro de la Ciudad de México, han presentado múltiples desperfectos técnicos y fallas operativas, que han originado un impacto negativo, entre ellas la Línea 12.

La Línea 12 del metro es conocida como la línea dorada en alusión al Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de la Revolución Mexicana, cuenta con un total de 24,475 kilómetros, de los cuales 20,278 kilómetros son para el servicio de pasajeros y 4,197 kilómetros para el servicio de mantenimiento.

Los desperfectos de la denominada Línea Dorada, se presentan en 11 de sus 20 estaciones, lo que ha generado pérdidas económicas considerables. Esta situación no permite cumplir cabalmente con el objetivo de atender la demanda del servicio de transporte en el oriente de la Ciudad de México.

En marzo de 2014, diversos medios de comunicación documentaron múltiples fallas en la construcción, por lo que la Contraloría General del Distrito Federal ha sancionado de manera administrativa y legal a servidores públicos. Asimismo, han señalado que existen otros funcionarios que por sus atribuciones, tienen alguna responsabilidad pero que no han sido sancionados por sus probables actos u omisiones.

Por su parte, la Contraloría General del Distrito Federal, de manera extraoficial, ha dado a conocer que recientemente aplicó 55 sanciones a 38 personas, de las cuales 27 se notificaron en la PGJDF por posibles responsabilidades penales, además de inhabilitaciones a diversos funcionarios para seguir trabajando en la administración pública también, interpuso 34 castigos económicos que en conjunto superan los 21 mil 907 millones de pesos.

El gasto que las autoridades han erogado para solventar las fallas técnicas que presenta la Línea 12, se suman a los más de 22 mil millones de pesos que costó su construcción con un resultado poco alentador.

En este sentido, debe ser público y accesible a la ciudadanía el informe que la empresa Systra realizó y presentó ante la Asamblea Legislativa el Distrito Federal, en relación al comportamiento dinámico de los trenes para clarificar sus orígenes y establecer las medidas jurídicas y administrativas que conforme proceda.

Es importante hacer énfasis en que la pasada y la actual administración del Gobierno del Distrito Federal, han mostrado poca transparencia en el uso de los recursos públicos en torno a la construcción, licitación y manteniendo de la Línea 12, incumpliendo las expectativas de ser un gobierno accesible y cercano a la gente.

Ante dicha situación, mostramos nuestro interés para que se esclarezcan las irregularidades que afectaron a la Línea 12 del Metro y se sancionen conforme a derecho a los servidores públicos responsables.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, acudimos a esta honorable asamblea a proponer el siguiente.

Punto de Acuerdo

Único.Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal para que presente un informe en el que se detallen las acciones legales y las sanciones administrativas que ha emprendido por los actos u omisiones de diversos servidores públicos que derivaron en diversas irregularidades en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la capital del país.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días de enero del año dos mil quince.— (Rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a dar respuesta al escrito remitido por la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado respecto al cumplimiento de diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, suscrita por los senadores Javier Lozano Alarcón y Juan Gerardo Flores Ramírez, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PVEM, respectivamente

Los que suscriben, senador Javier Lozano Alarcón, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ambos del Senado de la República, conforme a lo establecido en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a responder en un plazo no mayor a 5 días hábiles, el escrito que con fecha 19 de noviembre de 2014 remitió la Junta Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, con base en las siguientes

Consideraciones

El 14 de octubre de 2014 los integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República sostuvimos comparecencia con los comisionados integrantes del pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con la finalidad de conocer los resultados del trabajo realizado por el órgano constitucionalmente autónomo en el transcurso del primer año de gestión.

Durante la comparecencia se abordaron temas relacionados con el cumplimiento de los artículos transitorios del decreto constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, así como de los transitorios del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Los senadores integrantes de estas comisiones realizamos cuestionamientos sobre diversos asuntos, entre los que destacan la celebración de consultas públicas sobre la definición de mercados relevantes, la desincorporación de activos del agente económico preponderante, la eliminación del cobro de larga distancia, la portabilidad numérica, la licitación de las nuevas cadenas de televisión nacional y el apagón analógico, entre otros. Sin embargo, debido al formato de la comparecencia y al tiempo, las respuestas proporcionadas por los comisionados durante el transcurso de la comparecencia fueron insuficientes, lo que impide contar con elementos que brinden la confianza necesaria sobre la actuación en tiempo y forma de este órgano regulador.

Por esta razón y tomando en cuenta que los comisionados se mostraron dispuestos a mantener diálogo constante con el Senado; con fundamento en lo dispuesto por los artículo 28 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos s Mexicanos, 117, 133 fracción V, 135 y 274 del Reglamento del Senado de la República, los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes dirigimos un escrito al licenciado Gabriel Contreras Saldívar, comisionado presidente del IFT, recibido por este órgano el 19 de noviembre de 2014, a efecto de que los comisionados integrante es del pleno del IFT respondieran o explicaran algunos temas que quedaron inconclusos durante el desahogo de la comparecencia ya referida.

Los temas en comento o tienen que ver con las modificaciones a las Reglas de Portabilidad Numérica publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de noviembre de 2014, así como la necesidad de celebrar consultas públicas con relación a temas centrales en materia de competencia efectiva, específicamente en cuanto a los mercados relevantes que deben ser objeto de investigación para la determinación de la posible presencia de agentes económicos con poder sustancial en los mercados relevantes de los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión, determinación de mercados relevantes que resulta fundamental en el contexto de la eventual presentación de un plan de desincorporación de activos por parte del agente económico preponderante en el sector telecomunicaciones, un tema central para el que también se requiere de un proceso de consulta pública, amplio y oportuno, sobre los criterios o disposiciones regulatorias que ese instituto pretende utilizar como base para evaluar el plan de desincorporación en cuestión.

La información que el IFT proporcionó durante la multicitada comparecencia en relación a estos temas, preocupa a los proponentes porque consideramos como una falta grave el incumplimiento, en tiempo y forma, de las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso que nos ocupa, pero además, porque aún cuando ha existido un acercamiento por parte del Senado de la República para conocer detalladamente las razones por las que el IFT ha decidido realizar ciertas acciones al margen de lo previsto en la Constitución y las disposiciones secundarias en la materia, a la fecha han transcurrido casi dos meses, 41días hábiles en total, sin que exista respuesta alguna por parte de este órgano colegiado.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea el presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones a responder en un plazo no mayor a cinco días hábiles, el escrito que con fecha 19 de noviembre de 2014, remitió la Junta Directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, a efecto de conocer las razones por las que no se ha dado cabal cumplimiento al mandato constitucional y legal previsto en las disposiciones normativas de telecomunicaciones y radiodifusión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Senadores: Javier Lozano Alarcón (rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

COORDINACION Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LAS DISTINTAS POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA MIGRATORIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se convoca a comparecer al coordinador para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur a fin de que explique los resultados de la coordinación y el seguimiento de la implantación de las políticas públicas en la materia, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El 8 de julio del 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se creaba la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

Entre sus considerandos, se establece que la necesidad para la creación de dicha dependencia federal se suscribe en el marco de la  implementación de acciones encaminadas a resguardar los derechos humanos, el tránsito seguro de los flujos migratorios así como, fomentar la cohesión social y convivencia armónica con base en el Estado de derecho.

Asimismo, el decreto de referencia instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y demás autoridades en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para coordinarse en la definición de estrategias y proporcionar, dentro de sus respectivas competencias, la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.

También, se estipula que la Secretaría de Gobernación tendrá la responsabilidad de cubrir las erogaciones necesarias  para el cumplimiento del decreto de mérito, con cargo al presupuesto modificado autorizado para tal efecto.

En virtud del decreto, algunos días después de la creación de dicha coordinación, suscribí un punto de acuerdo con el propósito de crear los puentes entre la dependencia federal y el trabajo legislativo que he venido desempeñando como presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste de esta honorable asamblea, a efecto de coadyuvar decididamente en el fortalecimiento de las acciones orientadas a proteger a los migrantes nacionales y extranjeros en el tránsito hacia los Estados Unidos.

Recordemos, que las entidades que conforman la región sur-sureste del país son las que presentan un mayor índice de expulsión de migrantes, de ahí la necesidad de actuar desde el ámbito de mis funciones legislativas.

Lo anterior viene a colación, ya que a casi ocho meses de creación de la Coordinación en cita, no sabemos absolutamente nada acerca del trabajo que ha realizado esta Unidad administrativa, para la atención integral de la migración en la frontera sur.

No existe, a la fecha, algún informe, pronunciamiento, boletín o noticia al respecto.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara Alta confirmó lo señalado y agregó que se destinaron mil millones de pesos para cubrir las erogaciones derivadas de la creación de la Coordinación federal.

Este tema es de suma importancia, ya que observamos que la política pública en materia de migración en nuestro país es inexistente, no hay tal.

Un dato que confirma esto, es el diagnóstico sobre el Instituto Nacional de Migración que difundió el Instituto para la Seguridad y Democracia, AC, en el que concluye que la institución federal ha quedado rebasada, e insisten en la necesidad de reestructurar dicho organismo por presentar graves fallas en materia de transparencia y rendición de cuentas; así como, un desfase en su política migratoria.

Resulta impostergable un golpe de timón en materia de política migratoria en nuestro país.

No entendemos la creación de un órgano gubernamental que no ha dado ningún resultado visible relativo a su propio sentido de creación.

Esta situación es lamentable e indignante.

Por otro lado, hemos sido testigos de la intención del gobierno de los Estados Unidos de América por emprender acciones concretas para solucionar el tema migratorio.

Acciones que han sido bloqueadas por intereses políticos. Sin embargo, este tipo de acciones no las tenemos por parte de nuestras autoridades federales, y sí las hay, que las informen.

Todo parece que la postura del gobierno federal, es la de esperar lo que emprenda el gobierno norteamericano, sin ninguna intención de impulsar acciones desde el interior.

Mientras tanto, las circunstancias que enmarcan la situación del migrante por territorio nacional son de un total abandono, y más aún, de un recalcitrante abuso por parte de las propias autoridades y de grupos criminales.

Son situaciones intolerables, que por más que se denuncian o se proponen soluciones de parte de otras fuerzas políticas u organizaciones civiles, el gobierno federal hace oídos sordos.

La tan anunciada estrategia nacional en la materia, que derivó en la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, no ha presentado ningún resultado.

En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer al titular de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, para explicar los resultados de la coordinación y seguimiento a la implementación de las distintas políticas públicas en materia migratoria para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur; así como, los efectos del impulso en el desarrollo, a partir de políticas sociales, económicas y culturales, en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de atender la materia migratoria en la frontera sur.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los veintiún días de enero de 2015.— Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

PROMUEVAN UNA CAMPAÑA EN CONTRA DE LA PIRATERIA DE LIBROS

«Proposición con punto de acuerdo, para que el Instituto Nacional del Derecho de Autor y el Conaculta promuevan una campaña contra la piratería de libros, suscrita por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) considera a la piratería como la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente.

Es un acto que afecta a millones de personas a nivel mundial, incluso la Cámara de Comercio Internacional ha señalado que la piratería y el uso no autorizado de la propiedad intelectual representan 2 por ciento de la economía global.

En nuestro país, la realización de estos actos es un delito que infringe la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal y las categorías más comunes de piratería son los ataques a la música, al videocine, al vestido, calzado y perfumes, al igual que a las bebidas alcohólicas y cigarros.

Sin embargo, cada día se extiende más la práctica de la piratería abarcando otras categorías, perjudicando a obras protegidas por el derecho de autor como son los libros o programas informáticos.

En el caso de la piratería en libros, tan sólo en el año 2013, de acuerdo al Centro Mexicano para la Protección de los Derechos de Autor, se decomisaron 20 toneladas de libros apócrifos sólo en el estado de México y el Distrito Federal.

En este mismo sentido, la reproducción de obras en copia fotostática generó pérdidas por 500 millones de pesos.

Aunado a ello, se suma el problema de las descargas ilegales por internet de e-books, que en el año 2009 fue de 25 millones, en 2010 de 88 millones, en 2011 de 86 millones y no dudamos que se haya elevado el número en los años subsecuentes hasta el día de hoy.

Sin duda, la práctica de la piratería afecta a los creadores porque perjudica su principal fuente de ingresos y sobre todo el esfuerzo dedicado ya sea en investigación, análisis, descubrimiento, innovación o por la creación de una obra de su autoría.

Otro problema es que se disminuye en gran medida el empleo dirigido a personas que laboran en las industrias culturales, debido a que se acorta la producción de obras originales.

Las pérdidas se ven reflejadas también en la economía del país ya que la elaboración de productos piratas origina que no se cobre un impuesto, el cual se puede reinvertir en desarrollo cultural. Además, se eleva la evasión fiscal, produce el cierre de empresas productoras y editoriales, perjudicando la reproducción y el desarrollo intelectual e innovador de las personas.

Asimismo, el combate a la piratería por parte del estado eroga varios recursos que van destinados a la investigación de quienes realizan los actos delictivos, la detención, la aplicación de penas y el seguimiento de aquellos que fueron inculpados y remitidos con las medidas de seguridad pertinentes.

Derivado de lo anterior, tenemos un problema que es pertinente combatir, asumiendo que la erradicación de la piratería no sólo es trabajo de las autoridades, también de la población, ya que es el destino final de los productos, porque simplemente si no existieran los productos apócrifos y quienes los compraran, se reducirían notablemente las ventas, sus efectos y la producción de los mismos.

Por ello, se presenta punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional del Derecho de Autor y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a efecto de que efectúen las acciones pertinentes para emitir una campaña que promueva un alto a la piratería de libros e impulsar una cultura de legalidad dirigida al respeto de los derechos de autor.

Consideramos que es pertinente generar acciones que induzcan al fomento de la cultura de la legalidad, es decir, que se promueva la adquisición de productos originales, para lo cual se requiere la participación de la sociedad promoviendo el rechazo a dichos productos.

Combatamos la piratería porque es un fenómeno que cada día abarca más sectores, en este caso, los números se incrementan cada día en cuanto a la piratería de libros, afectando los derechos de los autores, la creación de empleos, el cierre de empresas, asimismo se genera un aumento en la competencia desleal, se incrementa la economía informal y la comisión de delitos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional del Derecho de Autor y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a efecto de que realicen una campaña que promueva un alto a la piratería de libros e impulse una cultura de legalidad dirigida al respeto de los derechos de autor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica).»

Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.

AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo y de distintas dependencias federales a informar sobre el avance en el ejercicio de los recursos públicos destinados al sector agropecuario, suscrita por los diputados Mario Rafael Méndez Martínez y Trinidad Morales Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Mario Rafael Méndez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Al menos cinco aspectos estratégicos fundamentales para desarrollo del país, dependen del campo:

1) La alimentación de las y los mexicanos;

2) Superar el hambre y la pobreza del medio rural;

3) Las materias primas para reactivar la industria nacional;

4) La biodiversidad y la sustentabilidad; y,

5) La soberanía alimentaria del país.

En el Partido de la Revolución Democrática, sostenemos que descuidar el campo es fallarles a los campesinos y fallarle a México.

Como es del conocimiento de todos ustedes, los subejercicios en el gasto público en lo que va de la actual administración, han sido motivo de comentarios críticos por diversos especialistas en el tema de las finanzas públicas, así como por sectores económicos y políticos del país.

Lo crítico de la situación para los productores del campo, es que los programas que presentan subejercicio son justamente los programas más importantes para el productor, son los apoyos determinantes en la producción agropecuaria, como son por mencionar los más relevantes: Procampo Productivo; programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura; Programa de Prevención y Manejo de Riesgos; Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. No son los únicos programas del sector que presentan subejercicios; pero son los más relevantes.

Cabe preguntarnos cómo podemos combatir el hambre y la pobreza en el medio rural, incrementar la producción y generar empleos, con estas ineficiencias e irresponsabilidades de las áreas operativas de la Administración Pública Federal.

Nos preguntamos si en el incremento “incontrolado” de los precios de los productos del campo están influyendo los subejercicios en el Sector Agropecuario, pues cuando fallan los estímulos para el agricultor, para el ganadero o el empresario, no solo afectamos a él y sus familias, estamos afectando a la economía de los mexicanos, aumentando la escasez y provocando el encarecimiento de los productos básicos y estratégicos en el mercado nacional.

Para que los recursos fiscales cumplan con el objetivo de incentivar la producción, generar alimentos, empleos y bienestar en el medio rural, es necesario que lleguen al productor de manera oportuna; solo así se convierten en parte del círculo virtuoso de la producción agrícola, al adquirir a tiempo los insumos y el equipamiento que permiten la utilización óptima en el inicio del ciclo agrícola.

Debemos recordar que el calendario del sector agropecuario, no lo determinan las dependencias burocráticas del sector. Las lluvias no saben de cambios de administración ni de la curva de aprendizaje de los novatos.

Los recursos entregados a destiempo, pierden la efectividad y el propósito para lo cual se autorizaron, impactan negativamente en la productividad, elevan los costos de producción y muestran finalmente el desinterés y burocratismo del servidor público, que no entiende la importancia de la oportunidad en el manejo de los recursos en los ciclos agrícolas.

Se han afectado miles de hectáreas con diversos cultivos en varios Estados de la República; que han sufrido sequías, lo cual ha disminuido drásticamente el hato ganadero en algunas regiones del país y se han puesto en riesgo las cosechas en los estados más afectados.

De igual forma, las plantaciones de café, de cítricos, de la caña de azúcar, etc., están pasando por diferentes contingencias fitosanitarias, sin que se les brinde la atención debida por las dependencias competentes del sector.

Por lo antes expuesto y fundado, y con base en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria de los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 constitucionales, que consignan la obligatoriedad de los ejecutores del gasto de administrar los recursos públicos federales con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas, en equidad de género y la debida evaluación de los ingresos y egresos públicos federales; y con base en lo estipulado en el artículo 106 de la misma Ley, que establece que los ejecutores del gasto deberán remitir al Congreso de la Unión, la información que éste les solicite en relación a sus respectivos presupuestos, en términos de las disposiciones generales aplicables, someto a la consideración de esta representación nacional la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Hacienda y Crédito Público;de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de Economía del gobierno federal, a que con la mayor brevedad posible y dentro del ámbito de su competencia informen sobre el avance en el ejercicio de los recursos públicos para el Sector Agropecuario correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Diputados: Mario Rafael Méndez Martínez, Trinidad Morales Vargas (rúbricas).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

INFORMACION SOBRE LAS OBRAS Y CONTRATOS ADJUDICADOS A GRUPO TRADECO EN EL PERIODO 2003-2012

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP y a la SCT información sobre las obras y los contratos adjudicados a Grupo Tradeco en el periodo 2003-2012, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Administrar y ejecutar eficientemente los recursos que el gobierno obtiene de los contribuyentes y de las demás fuentes de ingresos públicos no sólo es una prescripción en nuestro máximo ordenamiento jurídico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también se establece en el régimen de sanciones penales, por tanto, es imperativo atender los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas.

Lamentablemente, no siempre es así y tampoco todos los servidores públicos deciden atenerse al orden jurídico. Esta es la presunción evidenciada en diversos medios de comunicación electrónicos y escritos sobre adjudicaciones directas y obras con irregularidades vinculadas al Grupo Tradeco durante el periodo 2003 a 2012 que no fueron sancionadas.

Se ha documentado que el consorcio fue beneficiado con múltiples contratos millonarios durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa; además, hay evidencia que construyó carreteras con fallas, abandonó obras antes de concluirlas o se elevaron los costos de los proyectos que tenía adjudicados.

Un claro ejemplo fue el proyecto Durango-Sinaloa, pues aunque la Auditoría Superior de la Federación la observó por incumplimiento de normatividad, lo cual ocasionó pasar de los 8 mil 889 millones de pesos a los 22 mil 100 millones en 2012, permaneció como la contratista.

El puente Baluarte, reconocido por el libro Guinness de los Récords del Mundo, como el puente atirantado más alto del mundo, también fue identificado como una de los más grandes monumentos a la opacidad, la corrupción e impunidad.

Tradeco logró la mayoría de obras vía adjudicación directa. Trasciende que tan sólo entre 2003 y 2012 los contratos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 millones de pesos con la constante de sobrecostos y retrasos en las obras.

A manera de ejemplo, tan sólo en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, presentado por la Auditoría Superior de la Federación el 20 de febrero de 2014, se dio a conocer el sobrecosto de la construcción de autopistas durante todo el 2012, destacando el gasto en la autopista Durango-Mazatlán, por presentar 45 observaciones e incurriendo en sobrecostos más allá del 30 por ciento de lo invertido.

El órgano fiscalizador señaló que, no obstante, que el periodo de ejecución original del proyecto fue de 2002 a 2010, su fecha de conclusión se modificó a 2013, pasando de un monto de inversión original de 8 mil 889.9 millones de pesos, a 22 mil 100.2 millones de pesos.

En el análisis, se determinaron observaciones por un importe de 1,616 millones de pesos, debido a diferencias de volúmenes, trabajos de mala calidad, errores en la integración de precios unitarios extraordinarios, por variación de la tasa de interés, así como por intereses de pagos anticipados, entre otros.

Las evidencias de las irregularidades son muy claras durante la administración del Presidente Felipe Calderón, se aprecia el déficit ético en la administración pública, así como una franca omisión de lo que significa conducirse sin actos de corrupción y tráfico de influencias. Los sexenios gobernados por Acción Nacional, sin duda explican como una empresa cuyo capital inicial fue de 10 mil pesos, según constó en la escritura tirada por el notario Felipe Alfredo Beltrán, en solamente 20 años logró incrementar su capital social hasta los 30 mil millones de pesos.

Otro ejemplo grave que justifica las altísimas ganancias de Tradeco, se reporta cómo en el 2003 el fundador del grupo en comento se incorporó a Pemex como director ejecutivo del proyecto Cantarell –el pozo más productivo– y benefició a la empresa dirigida por su hijo con un gran contrato de 379 millones de pesos.

Recientemente el Servicio de Administración Tributaria reclamó a la constructora –con más contratos durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón– más de 400 millones de pesos en créditos fiscales, siendo el crédito fiscal de mayor monto de 47 millones 123 mil pesos por el incumplimiento del pago del impuesto al valor agregado durante el periodo del 2010.

Así, una empresa al amparo del tráfico de influencias y el conflicto de interés –no sólo expuesta como evasora de impuestos; omisa en el cumplimiento de contratos en los términos pactados y desatenta con la normatividad ambiental, tal como lo denunció la Profepa respecto a la manifestación de impacto ambiental para el muelle de Manzanillo en Colima– sigue pretendiendo participar en concursos de obras públicas, al amparo de la impunidad que, tal vez, en otra administración era la regla.

Sin duda alguna estos antecedentes obligan a quienes en ejercicio de la función de control al Poder Ejecutivo, tienen el deber de verificar la veracidad de lo antes expuesto en contra de la contratista conocida como Grupo Tradeco, a fin de advertir sobre las posibles contrataciones en lo futuro de la misma con la administración federal, debido a las múltiples irregularidades y probable daño causado al erario.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública que publique todos los contratos que se llevaron a cabo entre el gobierno federal y Grupo Tradeco durante el periodo comprendido entre 2003 y 2012. Asimismo, envíe a esta soberanía un informe pormenorizado de las acciones emprendidas por actos u omisiones relacionados con esta empresa.

Segundo.Solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe a está soberanía cómo ha atendido las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación respecto a las obras realizadas por Grupo Tradeco en el periodo comprendido entre 2003 y 2012.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días de enero del año dos mil quince.— (Rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

GARANTICE LA SEGURIDAD SANGUINEA EN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA MEXICANA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a garantizar la seguridad sanguínea en los estados y los municipios de la república, en particular en Chetumal, del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, suscrita por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

Senadora Luz María Beristáin Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Recientemente en el municipio de Chetumal, estado de Quintana Roo, se han suscitado diversas situaciones las cuales propician que no exista una seguridad sanguínea en dicho municipio; por ejemplo por diversos medios de comunicación locales se ha denunciado un desabasto de bolsas plásticas donde se almacena la sangre de los donadores y por lo tanto no se está garantizando la protección a la salud, es fundamental que se cuente con los elementos que brinden una seguridad sanguina, si bien es cierto que la falta de esta no ha ocasionado consecuencias mayores, también lo es que el municipio debe de estar preparado para cualquier emergencia médica.

Al hablar de seguridad sanguínea hablamos de vidas humanas, de niños, jóvenes y adultos, es decir; de la sociedad en general, por ello debemos revisar y supervisar la situación médica en el municipio para poder brindar los elementos que le hacen falta en esa localidad para poder garantizar el derecho a la salud y evitar posteriores hechos lamentables.

Por otro lado la ciudadanía ha precisado que el desempeño y funcionalidad al interior del municipio en materia de seguridad sanguínea no es suficiente, por lo que también es necesario que en los demás municipios del estado se revise la calidad de salud sanguínea, por la trascendencia de esta problemática. La problemática en comento es amplia, como se mencionó anteriormente, es necesario realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad sanguínea en todo el territorio nacional.

Por lo que debemos de tomar acciones urgentes para atender la problemática, no es un tema menor, el cual de atenderse se evitarán situaciones lamentables.

Es menester expresar el párrafo cuarto del artículo 4° de nuestra Constitucional Federal

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Estamos abordando un tema de interés general para los mexicanos, de suma delicadeza, ante dicha situación es imperante proponer bajo la argumentación anterior el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud federal a que garantice la seguridad sanguínea en la localidad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, y en todos los demás municipios del estado, así como en todos los estados de la república mexicana, con la finalidad de brindar un servicio de salud digno y de calidad en Chetumal y en todo el territorio nacional.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 21 de enero de 2015.— Senadora Luz María Beristáin Navarrete (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

INVESTIGUE LA SUPUESTA VENTA DE CANDIDATURAS AL INTERIOR DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a investigar la supuesta venta de candidaturas en el Partido de la Revolución Democrática, suscrita por la diputada Cristina González Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Cristina González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado día 19 de enero de este año, el periódico El Financiero reveló cómo fue que José Luis Abarca se hizo de la candidatura por la presidencia municipal de Iguala, se dice que él mismo afirmaba que había entregado dos millones de pesos a Jesús Zambrano, entonces presidente del Partido de la Revolución Democrática

Dicha afirmación se refiere como reiterativa en diversos encuentros, y señala como fuente a varios integrantes del PRD de amplia solvencia moral y trayectoria partidista, quienes pidieron permanecer en el anonimato por considerar que sus vidas corren peligro en el municipio de Iguala, donde aún opera el cártel Guerreros Unidos, al que pertenecían Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.

Quienes filtraron la información al diario temen al expresidente municipal de Iguala, postulado por la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano, toda vez que hasta antes de ser encarcelado, en sus dos años de administración, sus principales adversarios internos, compañeros de su partido, Justino Carvajal y Arturo Hernández fueron ejecutados junto con 20 simpatizantes de éstos, considerando también los 53 cadáveres extraídos de fosas clandestinas cerca del ayuntamiento guerrerense.

En el reportaje se señala cómo Abarca se consolidó como candidato de la izquierda para Iguala sobre su contrincante en la elección interna Óscar Díaz, quien resultó ganador de la encuesta que el PRD empleaba como método alterno, para superar las crisis eternas durante las elecciones, y a quien, al imponerse Abarca, la dirigencia del PRD asignó una diputación local.

El PRD, junto con Lázaro Mazón, dirigieron la candidatura de Abarca a pesar de que la fortuna de éste creciera inexplicablemente en medio de comentarios de que en 2009 los hermanos de María de los Ángeles Pineda, su esposa, eran integrantes y operadores del cartel de los Beltrán Leyva, con el señalamiento de que inclusive la Procuraduría General de la República (PGR) ofrecía 60 millones de pesos por información que condujera a su captura.

Pese a que Óscar Díaz aventajaba con más de seis puntos a Abarca en las preferencias para la presidencia municipal de Igual, el PRD le negó el triunfo, impidió sesiones de consejo estatal e impuso a José Luis Abarca como candidato.

En este contexto es que José Luis Abarca comienza a aparecer en los mítines de Ángel Aguirre en 2011, arropado tanto por el perredismo nacional y el gobierno del estado de Guerrero. Lázaro Mazón, que ha sido dos veces alcalde de Iguala, senador, precandidato por el PRD al gobierno de Guerrero, secretario de Salud de la entidad y ahora integrante del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tuvo siempre el apoyo financiero de Abarca, y en contraprestación fue introduciéndolo al ámbito político con la figura de empresario exitoso. Así, Mazón, coordinador regional de la campaña presidencial de López Obrador, el hombre fuerte de éste último en Guerrero, y hasta antes de los sucesos del 26 de septiembre en Iguala, el candidato de Morena para las elecciones a gobernador de la entidad próximas a realizarse, vio en Abarca a un hombre acaudalado que de ganar la encuesta interna garantizaría que los votos para su coalición PRD-PT-MC, en julio de 2012, serían también los votos para Andrés Manuel, así como el candidato “empresario” que éste pudiera ofrecer a la izquierda en Guerrero.

En el reportaje se menciona que el 12 de mayo de 2012, durante una gira de trabajo que el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador hizo por Guerrero, se topó con un ambiente desconcertante en Iguala, donde se señalaba a gritos la irregularidad de la candidatura de Abarca y que inclusive Óscar Díaz esperó al final del mitin y entregó a López Obrador un expediente negro, señalando a José Luis Abarca como el lavador de los Pineda, a lo que López Obrador se deslindó, de forma indolente y negligente, respondiendo que él no podía hacer nada y que el tema debía tratarse con los dirigentes estatales y nacionales.

Finalmente, también se afirma que el lunes siguiente a las 43 desapariciones forzadas y seis ejecuciones, el 29 de septiembre de 2014, Jesús Zambrano se reunió con José Luis Abarca en el Distrito Federal, reunión en la cual, según la senadora Dolores Padierna, se planeó la fuga del alcalde.

Es en función de lo señalado en los párrafos precedentes que se presenta el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que investigue la supuesta venta de candidaturas al interior del Partido de la Revolución Democrática, así como la inobservancia de sus procesos internos de selección de candidatos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Diputada Cristina González Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

OPERACION DEL PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse por la SHCP con los gobiernos estatales y municipales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas en la operación del programa de reactivación económica de esas entidades, suscrita por el diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Carol Antonio Altamirano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El Ejecutivo federal puso en marcha un plan con la finalidad de reactivar la economía en los tres estados de la República Mexicana con menores índices de bienestar y con un marcado rezago productivo en las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas –Chiapas, Guerrero y Oaxaca-, argumentando que uno de los principales componentes de los conflictos sociales existentes en estas entidades, es la falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo.

2. Con el propósito de reducir la pobreza y la desigualdad, se publicó un decreto en el Diario de la Federación el primero de enero de este año, en el cual se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes que se dediquen a las actividades primarias y vinculadas con las mismas.

En consonancia, el Ejecutivo plantea crear tres zonas económicas especiales en dichas entidades con tratamientos fiscales preferenciales.

3. En materia de gasto, el Ejecutivo ha planteado inversiones en dichas entidades, pero desde una perspectiva centralista, al no incluir a los gobiernos locales en la planeación y programación de dichos recursos.

Es cierto que el gasto bien pueden desarrollarlo las dependencias y entidades del Gobierno Federal, pero desde una perspectiva federalista, lo ideal es que se establecieran convenios de participación de las autoridades locales.

Puede darse el caso de que las inversiones no estén alineadas a una perspectiva integral, o que enfrenten problemáticas sociales y económicas que sería mejor enfrentar de manera conjunta.

4. En un contexto nacional, marcado por el año electoral en que habrá de renovarse la Cámara de Diputados y realizarse elecciones locales  en Guerrero y Chiapas, resulta fundamental subrayar que la exclusión de los gobiernos estatales y municipales en la operación del programa señalado, permite considerar que la aplicación de este plan, puede tener un enfoque netamente electoral; claro ejemplo de lo anterior, es la aplicación de un amplio programa de empleo temporal y pavimentación en estos estados donde existe el riesgo de que tenga sesgos por intereses partidistas.

Por otra parte, si en verdad se requiere reactivar la economía en estos estados del sur del país, las acciones no pueden limitarse a programas asistencialistas, unilaterales y con tinte electoral.

5. Bajo estas consideraciones es pertinente señalar que en la implementación del programa, participen activa y coordinadamente el gobierno Federal, así como el de las entidades federativas y los municipios en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal y demás normativa aplicable, asegurando con ello, la transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos.

Por lo antes expuesto, se presenta a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordine con los gobiernos estatales y municipales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en la operación del programa de reactivación económica de estas entidades.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de enero de 2015.— Diputado Carol Antonio Altamirano (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

INVESTIGACION Y REVISION INTEGRAL SOBRE EL EJERCICIO DE RECURSOS PUBLICOS DURANTE LA GESTION DE JESUS SALVADOR VALENCIA GUZMAN COMO TITULAR DE LA DELEGACION IZTAPALAPA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno y a la ALDF a solicitar una investigación y revisión integral sobre el ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Jesús Salvador Valencia Guzmán como delegado en Iztapalapa, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con objeto de que en el marco de respectivas atribuciones, soliciten al órgano fiscalizador competente realice una revisión integral y exhaustiva sobre el ejercicio de recursos públicos durante la administración de Jesús Salvador Valencia Guzmán como jefe delegacional en Iztapalapa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Son incuestionables los importantes avances que hemos alcanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas durante los últimos años, sin embargo, es una realidad que en algunas demarcaciones territoriales, los excesos y arbitrariedades cometidos por servidores públicos continúan siendo un problema de dimensiones mayúsculas. Al efecto, tenemos lo que acontece en la mayoría de las delegaciones en que se divide el Distrito Federal, donde por regla general es frecuente conocer de irregularidades y falta de transparencia en la conducción de los titulares de dichas jurisdicciones.

Lo anterior queda de manifiesto en la trayectoria de Jesús Salvador Valencia Guzmán, delegado de Iztapalapa quien se distingue por ser objeto de múltiples cuestionamientos en torno a su desempeño dentro del servicio público, ya sea en faceta de director general del DIF del Distrito Federal, responsable de coordinar a la policía de proximidad en el Centro Histórico y de poner en marcha el programa de reordenamiento de anuncios espectaculares, como miembro de la fundación del Partido de Centro Democrático y por supuesto como jefe delegacional, ésa ha sido una constante permanente.

Sobre el particular, desde el inicio de su administración como jefe delegacional en octubre de 2012 en diversas ocasiones ha sido relacionado con actos de corrupción, extorciones y abuso de poder, quedando todas en la impunidad. Basta mencionar lo acontecido la madrugada del 17 de diciembre de 2014 cuando al quedarse dormido –supuestamente por arduas jornadas de trabajo–, mientras manejaba una camioneta envisto a un automóvil que se encontraba estacionado y aunque por sí mismo el siniestro pareciera grave, lo cierto es que debido a los factores y omisiones que se presentaron a partir de éste, como servidores públicos tenemos la obligación de ser minuciosos en las investigaciones.

Los hechos son trascendentes en virtud de que como se encuentra ampliamente documentado, la camioneta en la cual se trasladaba es propiedad de la empresa Amexire, la cual ha recibido la adjudicación de diversos contratos con la demarcación.

Al efecto, según medios de comunicación esta empresa y la Delegación Iztapalapa han celebrado contratos por alrededor de 50 millones de pesos. Asimismo, es menester señalar que entre otras circunstancias, dicha empresa ha sido cuestionada por tener un “domicilio fantasma”, pues de acuerdo con el testimonio de vecinos, el lugar alguna vez fue utilizado como bodegas y ahora se encuentra en total desuso.

En este orden de ideas, es fundamental que como servidor público, este y otros conflictos e irregularidades imputables al jefe delegacional con licencia sean resueltos por las autoridades responsables pues de no hacerla, se estarían causando graves afectaciones a la población de dicha demarcación territorial.

Lo anterior, debido a que conforme a lo establecido en la constitución federal, son servidores públicos: “...los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones...”.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, por ello consideramos de vital importancia que los hechos sean investigados con celeridad y absoluta legalidad para que en caso de que las conductas encuadren en uno o varios tipos penales, se impongan las penas y medidas conducentes.

En cuanto a la viabilidad de nuestra pretensión, es oportuno precisar que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio de sus funciones cuenta con diversas atribuciones, todas tendentes a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando la legalidad y la sana convivencia.

Aunado a lo anterior, conforme a lo establecido en la fracción XXVII del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, establece que entre otras, este órgano legislativo tiene como atribución, remover a los jefes delegacionales, esto ante la actualización de alguna de las causas graves que establece el propio Estatuto, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que integren la legislatura.

En este sentido, es importante que el jefe de gobierno y las demás autoridades responsables se conduzcan de forma comprometida y objetiva, privilegiando ante todo el bienestar de la delegación Iztapalapa, jurisdicción con el mayor número de habitantes y con uno de los presupuestos más altos.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con objeto de que en el marco de respectivas atribuciones, soliciten al órgano fiscalizador competente realice una revisión integral y exhaustiva sobre el ejercicio de recursos públicos durante la administración de Jesús Salvador Valencia Guzmán como jefe delegacional en Iztapalapa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de dos mil quince.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

PUEBLOS INDIGENAS DEL VALLE DE OCOTLAN Y ZIMATLAN DE ALVAREZ, OAXACA, RESPECTO DE LA MODIFICACION AL DECRETO DE VEDA DE 1967

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de la Conagua a cumplir la sentencia derivada del amparo directo número 282/2012, referente a consultar a la comunidad y los pueblos indígenas del valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, respecto a la modificación del decreto de veda de 1967, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 14 de julio de 1967, el gobierno federal emitió un decreto de veda en los valles centrales del estado de Oaxaca, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre del mismo año. En dicho decreto se “regula” la administración y conservación del acuífero del valle, es decir que se restringe a todos los residentes de la región de valles centrales de Oaxaca el uso y aprovechamiento del agua, resultando sumamente afectados con dicho instrumento legal los indígenas y campesinos de los distritos de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca.

A pesar de que los indígenas y campesinos de la zona tienen un acceso sumamente restringido al agua, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sigue cobrándoles el líquido no obstante de haber dejado de contar con el vital líquido desde el año 2005, toda vez que los pozos estaban secos. Lo anterior obligó a estas comunidades a implementar técnicas para la captación de agua pluvial, sin embargo esta iniciativa no ha sido suficiente para satisfacer su necesidad de este líquido vital.

Ante esta situación, los campesinos de 16 comunidades de los valles centrales del estado de Oaxaca decidieron conformar la Coordinadora de los Pueblos Unidos en el Cuidado y Defensa del Agua (Copuda), para que de manera coordinada iniciaran los procesos legales correspondientes en contra de dicho decreto.

La defensa inició con la interposición de un amparo directo, el cual fue radicado en el Decimoprimer Tribunal Colegiado, juicio que fue resuelto el 8 de abril de 2013, logrando que en la resolución se ordenara a la Comisión Nacional del Agua iniciar un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas afectados a efecto abrogar o modificar el decreto de veda, para que únicamente los pueblos indígenas y campesinos de la región puedan tener libre acceso al agua, no así las empresas y zonas urbanas de la región.

Cabe señalar que la Conagua interpuso un recurso de revisión para combatir la resolución de abril de 2013, recurso que fue resuelto el 5 de septiembre de 2013 por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Distrito Federal desechando la pretensión de la autoridad federal.

En este sentido, los promoventes están a la espera de que dicha resolución sea acatada, en sus términos por Conagua, y se comience con los trabajos para llevar a cabo la consulta que le fue ordenada, y consecuentemente sea modificado el decreto de veda que tanto ha afectado a las comunidades indígenas y a los campesinos de la región de valles centrales de Oaxaca.

Cabe señalar que la expedición de este decreto de veda, en 1967, ha provocado serias afectaciones al desarrollo económico y social de la región, toda vez que disminuyeron seriamente las actividades de cultivo.

Una vez más, queda al descubierto la parcialidad y opacidad con la que se conducen las autoridades federales, cuando de respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se trata, ya que las mineras sí han podido explotar el vital líquido para su beneficio, mientras que los campesinos que habitan en la región son multados por pasar el límite establecido en el decreto para utilizar el agua. Es incomprensible que a un campesino se le multe con 25 mil pesos por utilizar agua para sus cultivos, mientras que las empresas derrochan el agua impunemente.

Así pues y toda vez que el director de Conagua ha hecho oídos sordos al mandato judicial, violentando no únicamente dicha resolución, sino además los derechos humanos y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, es que resulta necesaria la intervención de esta soberanía, a efecto de contribuir a la gobernabilidad, estabilidad y crecimiento democrático de México, exigiendo al director de Conagua acate a la brevedad la resolución en comento.

Consecuentemente y en virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua a fin de que dé cumplimiento, de manera inmediata, a la sentencia derivada del amparo directo 282/2012, referente a consultar a la comunidad y pueblos indígenas del Valle de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, respecto de la modificación al decreto de veda de 1967.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Senador Ángel Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

COBRO DE DADIVAS Y COMISIONES PARA ADJUDICAR CONTRATOS POR PARTE DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO EL MARQUES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE de Querétaro a investigar y proceder conforme a derecho por el probable cobro de dádivas y comisiones para adjudicar contratos por el alcalde de El Marqués, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, para que en el marco de las competencias constitucionalmente a su cargo, investigue exhaustivamente el probable cobro de dádivas y comisiones imputables a Enrique Vega Carriles, Alcalde del municipio El Marqués, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El valor e importancia del municipio radica en que debido a su ingeniería constitucional son el primer vínculo entre el Estado y la población, situación que queda de manifiesto desde su naturaleza jurídica. Al efecto el primer párrafo del artículo 115 de la Constitución federal, a la letra establece lo siguiente: “Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre...”

Sobre el particular, el propio referido precepto jurídico señala que entre otras cuestiones, los municipios tendrán la facultad de aprobar: bandos de policía y gobierno; reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción que organicen la administración pública, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. De ahí la importancia de que sus autoridades se conduzcan con estricto apego a los principios de –integridad, honestidad, transparencia, capacidad y liderazgo, todo en función del combate a la corrupción.

En este orden de ideas, es fundamental que la comisión de conductas que contravengan los principios antes mencionados, sean investigados y en su caso, sancionados por las autoridades correspondientes, en virtud de que en gran medida, de estas acciones depende la gobernabilidad y estabilidad del Ayuntamiento, por lo cual no podemos ser omisos ante casos de esta naturaleza.

Las consideraciones que hemos señalado obedecen a que durante los primeros días del año en curso, específica mente el 5 de enero de 2015 se hizo del dominio público un video en el que por su propia y especial naturaleza quedan de manifiesto la comisión de conductas al margen de la ley, todo en perjuicio del erario y la población del municipio de El Marqués, Querétaro.

En el video que rápidamente se convirtió en viral en las principales redes sociales, pueden ser observadas personas cercanas a Enrique Vega Carriles, alcalde de dicha demarcación mientras llevan a cabo conductas de lo que coloquialmente es conocido como el “cobro de moches”, peor aún, en la grabación se puede ver como es castigado uno de los proveedores que se negaba a pagar los sobornos exigidos a cambio de la celebración de contratos con el ayuntamiento.

Cabe mencionar que según medios de comunicación, el citado video se encuentra bajo el resguardo del periódico Reforma y en éste queda de manifiesto cómo el secretario de Administración, Noé Miguel Marín Noriega, le dice al antes mencionado proveedor que la razón por la cual fue congelado obedeció a la falta de acatamiento de las “disposiciones”, acto seguido, le exige un pago de 50 mil pesos por dos contratos recibidos.

Aunado a lo anterior, se vincula directamente al edil cuando en la grabación se observa el funcionario municipal encargado de realizar el cobro de dadivas asegura que tiene que entregarle el dinero al presidente municipal, de ahí la importancia de que esta soberanía nacional coadyuve con el buen gobierno y administración del municipio de El Marqués.

Por las dimensiones del asunto y naturaleza de las afectaciones, es fundamental que los hechos no sean investigados como un acontecimiento aislado, sino que más bien, se lleve a cabo una investigación integral sobre la gestión del mandatario, pues de omitirlo se corre el grave riesgo de que queden en la impunidad una serie de conductas de igualo mayor gravedad.

En el mismo sentido, los legisladores del PRI hacemos el llamado para que los hechos sean dirimidos con responsabilidad, eficacia, eficiencia, profesionalismo y absoluta transparencia, y que en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.

En el PRI, reprobamos este tipo de conductas, por ello consideramos crucial que las autoridades correspondientes lleven a cabo las acciones necesarias a fin de que hechos materia de la presente proposición no formen parte de la cotidianidad o peor aún, que sean vistos como normales.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Querétaro, para que en el marco de las competencias constitucionalmente a su cargo, investigue exhaustiva mente el probable cobro de dádivas y comisiones imputables a Enrique Vega Carriles, alcalde del municipio El Marqués.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la entidad superior de fiscalización del estado de Querétaro, para que en el ámbito de sus atribuciones realice una investigación integral en relación al uso, ejercicio y destino de los recursos públicos durante la gestión de Enrique Vega Carriles, alcalde del municipio El Marqués.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

REUNION DE TRABAJO AL DIRECTOR GENERAL DE PEMEX, PARA QUE INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CON EL STPRM

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de convocar a una reunión al director general de Pemex para que informe sobre el resultado de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo con el STPRM, suscrita por la diputada Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

El titular del Ejecutivo federal insistió que los derechos de los trabajadores petroleros quedarían intocados. La letra de la reforma energética del 11 de agosto del 2014 y los hechos, prueban lo contrario.

En el marco de la crisis económica aguda que golpea al país, se sigue la fórmula neoliberal, reprobada por nuestra Constitución, para enfrentarla: ningún sacrificio para los que más tienen, quienes por el contrario seguirán aumentando su riqueza; afectación de derechos a los que menos tienen, los que llevan más de 30 años esperando con los cinturones apretados.

En este sentido, los trabajadores petroleros, han denunciado que Pemex y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), están negociado modificaciones al contrato colectivo de trabajo de esta empresa, en afectación grave de sus derechos. Esto, tal y como lo anunciamos desde que se publicitó la reforma energética, dijimos en su momento que ante todo se enfilaba como una contrarreforma laboral con el pretexto del pasivo laboral; pasivo que no es responsabilidad de Pemex que debió destinar oportunamente los recursos necesarios para crear las reservas necesarias para hacerle frente, a fin de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a su cargo.

Las modificaciones de comento, se traducirían, en:

a) Los trabajadores y los empleados de confianza, de nuevo ingreso, ya no tendrán derecho a una pensión o jubilación otorgada por Pemex, sino que serán afiliados a las administradoras de fondos para el retiro (Afores), en el marco de cuentas individuales. Es decir, en adelante serán excepción los trabajadores que accedan a una pensión o jubilación.

b) Por lo que hace a los trabajadores en activo, se ajustarán los parámetros para determinar sus pensiones, comenzando por el incremento de la edad para pensionarse o jubilarse.

c) Además de las pensiones y jubilaciones, se modificará el contrato colectivo de trabajo, en otros rubros, para reducir el costo laboral de esta empresa productiva.

Estas medidas se dan en cumplimiento de las inconstitucionales disposiciones contenidas en los artículos 3o. y  4o. transitorios del decreto de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley General de Deuda Pública, en el marco de la reforma energética, y cuyo alevoso contenido se puede reducir en el siguiente párrafo:

La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno Federal reconocido conforme al párrafo anterior será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo...

Es decir, que es mentira que el estado pagará el pasivo laboral, lo cubrirán los propios trabajadores en renuncia forzada de sus derechos, y luego nula de pleno derecho. Pasivo que además es a mediano y largo plazo y no un monto a pagar en este momento. Pura simulación jurídica para afectar a los trabajadores en sus derechos, y que va en contra por lo menos de los artículos 5o., 33, 394 y 402 de la Ley Federal del Trabajo.

Desde luego las tropelías que se anuncias contra el contrato colectivo de trabajo, son sólo el principio para su desmantelamiento casi total.

Esto también va contra el principio esencial del derecho laboral, de que se tiene derecho al mismo salario por el mismo trabajo; nos encontremos con trabajadores que realizando el mismo servicio, reciban condiciones de trabajo diferenciadas. Va en contra del artículo 1o. Constitucional que prevé la igualdad de derechos humanos, sin discriminaciones, y de su progresividad.

No se puede alegar el declive de los precios del petróleo como causa, ya que estas medidas cercenadoras de derechos, fueron producto de la reforma energética. Con y sin precios a la baja, se hubiera marginado a los trabajadores en sus derechos.

En suma, la realidad, los artículos 3o. y  4o. transitorios de cita, se traducen en un chantaje jurídico, que busca que los trabajadores de Pemex y CFE hagan una renuncia masiva de sus derechos, entrometiéndose además en el régimen laboral interno de Pemex y CFE, lo que resulta inconstitucional: “Deberán modificarse el contrato colectivo”, dicen, “deberá modificarse el Reglamento de los trabajadores de confianza”, otra vez señalan estos preceptos.

El artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo es claro de que el contrato colectivo no puede concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa o establecimiento. La Carta Magna y la ley de cita, declaran la nulidad de pleno derecho de toda renuncia de los derechos humanos laborales. Pero esto no tiene relevancia, a la derecha no le importa el estado de derecho.

El chantaje jurídico, se traduce: en que si los trabajadores quieren que el pasivo laboral sea absorbido en los términos referidos, entonces  los trabajadores de nuevo ingreso deberán pagar solos sus pensiones con sus propios recursos, mediante cuentas individuales que manejarán las Afores, las fraudulentas Afore, las desacreditadas afore;  también significa, que en primera estos trabajadores ya no tienen asegurada una pensión; que serán pensiones de miseria; que deberán cotizar muchos más años, que se van a transferir cantidades multimillonarias al insaciable capital financiero, básicamente extranjero, tercero, que a los jóvenes del país, que pareciera que no son mexicanos, se les discrimina frente a los demás trabajadores, condenándoseles de por vida a empleos precarios, sin futuro.

Por lo que hace a los trabajadores petroleros actualmente en activo, de manera progresiva, se les irán ajustando los parámetros para determinar sus pensiones, es decir, se les irá reduciendo el monto de las mismas y, además se les incrementará la edad para pensionarse, entre otros.

Con relación a las jubilaciones y pensiones en curso de pago, “se supone” que se les respetará; esto en tanto no se las desconocen como sucedió con los trabajadores ferrocarrileros, que quedaron con paupérrimas pensiones del IMSS.

No hay pues, beneficio alguno para los trabajadores, sino saqueo de sus derechos; el propósito real, es dejar a Pemex y CFE sin cargas a costa de los derechos adquiridos por los trabajadores, para facilitar su desmantelamiento y privatización como lo reclaman las corporaciones, especialmente extranjeras; además esto permite crear un mercado de mano de obra más fluido para la transferencia a precio de remate de la mano de obra altamente calificada de Pemex y CFE  en beneficio de las empresas privadas. Es también un camino, para elevar el índice de expoliación de los trabajadores, para mayores recurso fiscales y, de utilidades para las empresas privadas, saqueadoras del patrimonio nacional.

En suma, nacerán corporativos inmensamente ricos, al lado de trabajadores cada vez más pobres.

Concluimos con otra parte de texto de los transitorios 3 y 4 ya múltiples veces señalados:

El gobierno federal asumirá el pasivo, “...siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, Petróleos Mexicanos alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y en los organismos subsidiarios, modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, e implemente un Programa de Austeridad en el Gasto”.

No hay plazo que no se cumpla, ni para tan monstruosa injusticia. Más los trabajadores petroleros y el pueblo de México, serán los que digan la última palabra.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente convoca al titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) a una reunión de trabajo con esta soberanía para que informe en detalle sobre el resultado de las negociaciones del contrato colectivo de trabajo, llevadas a cabo por el STPRM, así como de los cambios al Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza y Organismos Subsidiarios, mismos que entrarían en vigencia a partir del 2015, especialmente en materia de pensiones y jubilaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

INVESTIGACION Y REVISION INTEGRAL SOBRE EL EJERCICIO DE RECURSOS PUBLICOS DURANTE LA GESTION DE RICARDO GALLARDO CARDONA COMO ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al Congreso de San Luis Potosí que requiera una investigación y revisión integral sobre el ejercicio de recursos públicos durante la gestión de Ricardo Gallardo Cardona como alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al honorable Congreso de San Luis Potosí, para que en el ámbito de sus atribuciones, instruya al órgano fiscalizador de la entidad para que en observancia al principio de máxima publicidad, lleve a cabo una revisión integral en relación al uso y destino de recursos públicos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, durante la gestión de Ricardo Gallardo Cardona, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En las últimas semanas, integrantes de prácticamente todos los institutos políticos han solicitado licencia de su encargo actual para contender por un nuevo cargo de elección popular, situación que debe ser valorada en cada caso concreto, debido a que por un lado, están aquellos que se han conducido con responsabilidad, transparencia y profesionalismo, y otros que por el contrario, lo han hecho, al margen de la ley, entre cuestiona mientas y con constantes irregularidades.

Bajo este contexto, en el primer supuesto es incuestionable que se trata de conductas que buscan seguir generando acciones en favor de las entidades a las cuales representan y continuar con proyectos sociales, empero el segundo supuesto, representa la pretensión de seguir generando beneficios particulares en perjuicio de la población. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del PRI, apoyamos a unos y reprobamos a los otros.

Al efecto, el 2 de enero de 2015 se hizo del dominio público que José Ricardo Gallardo Cardona, miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó licencia para ausentarse de sus funciones como presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. Sin embargo, el 6 de enero el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer el cumplimentó a una orden de aprehensión en contra del ex edil, esto por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este orden de ideas, los legisladores del PRI consideramos de vital importancia que los hechos no se circunscriban de manera exclusiva a los que dieron pauta a la orden de aprehensión referida. Para dimensionar la gravedad de los hechos, es oportuno recapitular sobre algunos de los aspectos más relevantes del asunto.

Al efecto, después de las investigaciones conducentes las autoridades ministeriales y judiciales descubrieron el desarrollo de operaciones en el sistema financiero nacional por montos inusuales en transferencias bancarias y en efectivo, las cuales debido a su naturaleza se presume fueron hechas con recursos de origen ilícito, debido a que eran trianguladas para esconder su origen y destino.

Sobre el particular, la Procuraduría General de la República señaló que el ejercicio de la acción penal obedece a que se detectó que desde las cuentas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se llevaban a cabo pagos por el concepto de servicios médicos a las cuentas de la Clínica de Especialidades Wong, SA de CV, y a su vez de éstas, los recursos se transferían a cuentas relacionadas con José Gallardo Rincón Cardona.

Aunado a lo anterior, la propia Procuraduría General de la República dio a conocer que tan sólo de octubre de 2012 a agosto de 2014 se detectaron transferencias ilegales desde el municipio, las cuales superan los 200 millones de pesos y se logró por el desarrollo de actividades comerciales como la distribución de carne, sector inmobiliario, rubro automotriz, autotransporte, servicios, eventos sociales e incluso una gasolinera.

En complemento a lo señalado, está ampliamente documentado, tanto en medios de comunicación como en reportes oficiales, que el alcalde con licencia es accionista en empresas que residen en Estados Unidos, y que cuenta con un vasto patrimonio, que entre otros bienes, se encuentra compuesto por inmuebles que en su conjunto alcanzan un los 32 millones 963 mil 500 pesos, relojes con un valor que oscila entre el millón de pesos, automóviles de colección por dos millones de pesos, e incluso un violín que está valuado en 5 millones pesos.

Como vemos se trata de un nivel de vida que no corresponde ni puede ser sostenido con los ingresos económicos a que por imperio de ley le corresponden a los titulares de los ayuntamientos.

De ahí la importancia de que la Auditoría Superior del estado, como órgano que tiene a su cargo la función de fiscalización superior de las finanzas públicas en San Luis Potosí, conozca del asunto y que lleve a cabo las acciones que permitan determinar el cumplimento de las obligaciones inherentes al uso, destino y ejercicio de los recursos del erario, tales como son adquisiciones, obra pública, servicios, arrendamiento, conservación, uso, destino y enajenación de muebles e inmuebles y demás activos y recursos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Al ser elementos fundamentales para la consolidación de todo régimen democrático, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, por lo cual consideramos crucial que en caso de comprobarse el indebido ejercicio de los recursos públicos, se actualicen las consecuencias penales y administrativas que conforme a derecho correspondan.

Por último, hacemos el llamado que durante el proceso penal que actualmente enfrenta, en todo momento, se observe y cumpla el debido proceso, es decir, que no haya ningún tipo arbitrariedades ni concesiones. En síntesis, que sean los elementos probatorios los que definan su situación jurídica.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso de San Luis Potosí para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya al órgano fiscalizador de la entidad para que en observancia al principio de máxima publicidad, lleve a cabo una revisión integral en relación al uso y destino de recursos públicos del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, durante la gestión de Ricardo Gallardo Cardona.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.— (Rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

INVESTIGACION SOBRE LAS POSIBLES IRREGULARIDADES EN EL USO DE RECURSOS PUBLICOS POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS DELEGACIONES IZTAPALAPA Y MIGUEL HIDALGO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa y al jefe del gobierno del Distrito Federal a solicitar una investigación sobre las posibles irregularidades en el uso de recursos públicos por las administraciones de Iztapalapa y Miguel Hidalgo, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al jefe de Gobierno para que a través de la Contraloría General y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten un informe pormenorizado de los avances en las investigaciones realizadas a las administraciones de las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, debido a posibles irregularidades en el uso, gestión y destino de recursos públicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Asociado a garantizar el servicio eficaz de los servicios públicos como mantenimiento de panteones, alumbrado público y agua potable, las autoridades delegaciones del Distrito Federal tienen la responsabilidad de instrumentar diversas políticas, planes y acciones de gobierno para ejercer eficientemente los recursos públicos, no dejando a un lado la transparencia, el acceso a la información pública gubernamental y la rendición de cuentas.

En el inicio de este año 2015 se ha hecho del dominio público la molestia de gran parte de la población de las distintas delegaciones políticas en relación al mal uso que se le ha dado al presupuesto. Al efecto, han documentado múltiples acciones antijurídicas en detrimento de la sociedad, ejemplo de ello, son las más de 70 denuncias presentadas en contra de 11 delegaciones relacionadas con prácticas de abuso de autoridad y nepotismo, asimismo, con diversas irregularidades en la contratación de obra pública, omisiones y supervisión de su personal en la realización de actividades propias de las delegaciones.

Diversos medios impresos han informado que no se trata de una cuestión exclusiva de una u otra jurisdicción, por el contrario se trata de una práctica generalizada. Sobre el particular, la delegación Gustavo A. Madero es la demarcación que cuenta con más denuncias con 23; seguida por Benito Juárez, con 11.

En el mismo sentido, también está documentado que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha identificado la falta de intervención oportuna de las autoridades delegaciones que ponen en riesgo a los ciudadanos de la capital, por tal motivo, emitió la recomendación 12/2014 dirigida a 10 delegaciones –Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco–, para que realicen las acciones necesarias que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos, en relación con la deficiente atención en materia de construcciones irregulares.

Dentro del cúmulo de conductas que se han llevado al margen de la ley, destaca que el titular de la Delegación Iztapalapa ha reconocido un gasto superior a los 21 millones de pesos en la compra masiva de juguetes por adquisición directa para celebrar el día de reyes, día del niño, 10 de mayo y día del padre. Además de que recientemente estuvo involucrado en el choque de una camioneta presuntamente propiedad de la empresa Amexire, S de RL de CV, misma a la que probablemente benefició con un contrato de más de 48 millones de pesos.

Si bien en cierto, la renuncia del señor Jesús Valencia al cargo contribuye al proceso, no es suficiente para reparar o solventar los daños, por el contrario, los legisladores del PRI consideramos como indispensable que se establezcan las investigaciones necesarias a fin de sancionar a los responsables del posible mal manejo de los recursos públicos en detrimento de toda la ciudadanía.

En paralelo a estos hechos, se encuentran los actos acontecidos en la delegación Miguel Hidalgo, en relación a la instalación de parquímetros por la empresa Ecoparq, en donde la poca transparencia en el uso de esos recursos económicos y la ausencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades delegacionales ha sido una constante que hasta el momento en la mayoría de los casos, se han mantenido en la impunidad.

Entre estas controversias, también figuran las relacionadas a fiestas privadas llevadas a cabo en espacios públicos, monumentos o capillas como la acontecida en la Rotonda de las Personas Ilustres, o bien otras acciones en perjuicio de la economía como la campaña Cero Tolerancia de verificación de establecimientos públicos y mercantiles por la que se han cerrado un número importante de establecimientos, y el proyecto de rehabilitación del corredor urbano avenida Presidente Masaryk, todas ellas, se han traducido en actos de molestia .para la población, cierre injustificado de establecimientos y pérdida de tiempo en el traslado.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudimos a esta honorable asamblea a solicitar a las autoridades competentes del Distrito Federal, para que realicen una investigación integral por posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y en su caso, procedan conforme a derecho, por lo cual, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al jefe de Gobierno para que a través de la Contraloría General y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten un informe pormenorizado de los avances en las investigaciones realizadas a las administraciones de las delegaciones Iztapalapa y Miguel Hidalgo, debido a posibles irregularidades en el uso, gestión y destino de recursos públicos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de enero de dos mil quince.— (Rúbrica).»

Se remite a la Primera Comisión de Trabajo.

SOLICITA LA INTERVENCION DE LA SHCP, DE LA SE, DEL BANCO DE MEXICO, DE LA CNBV, DE NAFIN Y DEL BANCOMEXT, CON RELACION A LA INVERSION PARA EL DESARROLLO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la SHCP, la SE, el Banco de México, la CNBV, NAFIN y el Bancomext respecto a la inversión para el desarrollo, suscrita por los diputados Guillermo Sánchez Torres y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales Guillermo Sánchez Torres y Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La reforma financiera promulgada el 9 de enero de 2014 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 del mismo mes y año, representa una oportunidad para que el sector financiero contribuya en mayor medida al crecimiento económico.

Esta reforma se basó en cuatro pilares: incrementar la competencia en el sector financiero; fomentar el crédito través de la banca de desarrollo; ampliar el crédito a través de las instituciones financieras privadas; y mantener un sistema financiero sólido y prudente.

Dentro del primer pilar, se integran medidas que fomentan una mayor competencia en todo el sistema financiero. Bajo las mejores condiciones que se impulsan con esta reforma, se habrán de inhibir prácticas anticompetitivas y se propicia la expansión de la oferta del crédito. Con ello se avanza hacia una reducción de las tasas de interés, es decir, se propiciará que el crédito sea más barato.

El segundo pilar de la reforma financiera consiste en fomentar el crédito redefiniendo el mandato de la Banca de Desarrollo. La banca del Estado mexicano se convertirá en un verdadero motor del crecimiento económico. La reforma da un especial énfasis a las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como son la infraestructura, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y pequeños productores del campo, y en general todos aquellos sectores no atendidos por la banca privada, promoviendo además la innovación y la creación de patentes fomentando la sustentibilidad ambiental, la perspectiva de género, la inclusión financiera de niños y jóvenes, y pudiendo realizar funciones de banca social.

El tercer pilar de la reforma financiera consiste en ampliar el crédito a través de las instituciones privadas. Para ello se fortalecen las facultades de las autoridades financieras, con el propósito de evaluar periódicamente el desempeño de las instituciones de banca múltiple en relación con los niveles de crédito que efectivamente coloquen, de modo que canalicen más recursos a proyectos productivos. El objetivo es que los depósitos de los ahorradores se canalicen al crédito en mayores proporciones.

El cuarto pilar es fundamental para la estabilidad macroeconómica. Éste consiste en mantener la solidez del sistema financiero que México ha construido de una manera responsable a lo largo de ya varios años.

En este contexto, la economía de México podría crecer 3.4 por ciento en 2015, por arriba de la estimación de crecimiento económico a nivel global de 3.1 por ciento, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Informe Perspectivas Económicas 2015, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, destaca que como parte de los países emergentes, México y Centroamérica se podrían ver afectados por la desaceleración en el crecimiento de China, la disminución en los precios de petróleo y los ajustes a las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En 2015 se tendrá un entorno internacional complejo, un posible aumento de las tasas que impactará al financiamiento para la inversión y un panorama económico interno que acelera la necesidad de hacer ajustes fiscales para que las empresas inviertan y dinamicen el mercado interno.

De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio realizada por el Banco de México, para el periodo julio a septiembre de 2014, el 80.8 por ciento de las empresas encuestadas señaló que recibió financiamiento de proveedores, 33.9 por ciento utilizó crédito de la banca comercial, 22.7 por ciento de otras empresas del grupo corporativo y/o la oficina matriz, 6.3 por ciento de la banca de desarrollo, 7.5 por ciento de la banca domiciliada en el extranjero y 3.8 por ciento por emisión de deuda.

En lo que respecta al endeudamiento de las empresas con la banca, 45.9 por ciento de las empresas encuestadas señaló que contaba con créditos bancarios al inicio del trimestre.

El 24.6 por ciento de las empresas utilizó nuevos créditos bancarios durante el tercer trimestre del año.

Los resultados de la encuesta indican que las dos fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas son los proveedores y la banca comercial. En el tercer trimestre de 2014 en particular, se observó una reducción tanto en el financiamiento por proveedores (de 82.7 por ciento de las empresas en el trimestre previo a 80.8 por ciento en el trimestre que se reporta), como en el financiamiento a las empresas otorgado por la banca comercial (de 39.7 por ciento de las empresas en el trimestre previo a 33.9 por ciento en el trimestre que se reporta).

Del resto de las fuentes de financiamiento, 22.7 por ciento de las empresas reportaron haber utilizado financiamiento de otras empresas del grupo corporativo y/o oficina matriz (24.4 por ciento en el trimestre previo), 6.3 por ciento de la banca de desarrollo (6.4 por ciento en el trimestre previo), 7.5 por ciento de la banca domiciliada en el extranjero (5.4 por ciento en el trimestre previo), y 3.8 por ciento de las empresas reportó haber emitido deuda (1.8 por ciento en el trimestre previo).

Por tamaño de empresa, los resultados del tercer trimestre muestran que 81.3 por ciento de las empresas que emplean entre 11 y 100 empleados recibió financiamiento por parte de proveedores, mientras que para el conjunto de empresas de más de 100 empleados, dicha proporción fue de 80.4 por ciento.

En lo que se refiere al crédito de la banca comercial, el porcentaje de empresas de hasta 100 empleados que lo señaló como fuente de financiamiento durante el trimestre de referencia fue de 30.1 por ciento, mientras que la proporción de empresas con más de 100 empleados que utilizaron este tipo de financiamiento fue de 36.1 por ciento.

Por otra parte, en diciembre de 2014, los analistas consultados por el Banco de México en relación a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses consideran que los principales factores son, en orden de importancia: los problemas de inseguridad pública (23 por ciento de las respuestas y el de mayor frecuencia por décimo segundo mes consecutivo); el precio de exportación del petróleo (14 por ciento de las respuestas); la inestabilidad financiera internacional (13 por ciento de las respuestas); y la debilidad del mercado externo y la economía mundial (11 por ciento de las respuestas).

La proporción de analistas que considera que el clima de negocios mejorará en los próximos 6 meses aumentó con respecto a la encuesta del mes anterior y continuó siendo la preponderante en el mes de diciembre. Por su parte, la fracción de especialistas que piensa que el clima de negocios permanecerá igual disminuyó, en tanto que la que considera que empeorará se mantuvo en el mismo nivel.

La mayoría de los analistas opina que la economía está mejor que hace un año, si bien dicha fracción disminuyó en relación a la encuesta anterior.

El porcentaje de analistas que considera que es un buen momento para invertir disminuyó con respecto a la encuesta del mes previo, si bien continuó siendo el preponderante, al tiempo que la fracción de especialistas que consideran que es un mal momento aumentó.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía que entreguen un informe detallado sobre la reforma financiera y su vinculación con la inversión productiva en el país. Asimismo que dicho informe se entreguen a las Comisiones de Hacienda y Economía del Congreso de la Unión.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda solicitar al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a Nacional Financiera y al Banco de Comercio Exterior, que procedan a realizar un estudio sobre la canalización del financiamiento por regiones, sectores e industrias. Asimismo, de la participación con la banca privada y la inversión extranjera, a partir de la reforma financiera.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.— Diputados: Guillermo Sánchez Torres, Aleida Alavez Ruiz (rúbricas).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

LLEVEN A CABO ACCIONES DE PROTECCION A LOS USUARIOS DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y a la CNBV a llevar a cabo acciones para proteger a los usuarios de las sociedades financieras populares, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las cajas de populares, son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo constituidas y organizadas bajo un marco legal, tienen por objeto llevar a cabo operaciones de ahorro y préstamo con sus socios acreditados en términos de la ley que regula dicha actividad.

Las sociedades forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y reconociendo que no son intermediarios financieros con fines de lucro.

Las cajas de ahorro tienen por objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se rigen por la Ley General de Sociedades Cooperativas, así como por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Entendiéndose como ahorro, la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus socios; y como préstamo, la colocación y entrega de los recursos captados entre sus mismos socios. Este tipo de sociedades cooperativas se deberá constituir con un mínimo de 25 socios.

En este marco, la legislación mexicana reconoce tres clases de sociedades cooperativas: 1) de consumidores de bienes y/o servicios; 2) de productores de bienes y/o servicios y de ahorro y, 3) préstamo.

La autorización y el tipo de operaciones que las cajas de ahorro ofrezcan a sus socios, dependerá del monto total de activos con que éstas cuenten (la cifra se establece en Udis). Dependiendo de este monto se les asignará un nivel de operación:

• Nivel Básico: Sus activos no rebasan el límite equivalente en moneda nacional a 2’500,000 Udis. No requieren autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para realizar operaciones de ahorro y préstamo.

• Nivel I: Monto de activos totales iguales o inferiores a 10 millones de Udis.

• Nivel II:Monto de activos totales superiores a 10 millones e iguales o inferiores a 50 millones de Udis.

• Nivel III: Monto de activos totales superiores a 50 millones e iguales o inferiores a 250 millones de UDIS.

• Nivel IV: Monto de activos totales superiores a 250 millones Udis.

Actualmente, con el fin de salvaguardar el ahorro de los socios, las autoridades financieras se encuentran en un proceso de regularización de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que actualmente operan en el mercado. De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en julio del año 2014, sólo 141 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo estaban debidamente autorizadas, mientras que 624 operaban de manera ilegal.

Las cajas de ahorro que operan de manera ilegal son las que defraudan a los socios, y muchas de las veces engañan a los socios vendiendo la idea que las cajas no tienen clientes sino socios, es decir, no hay un beneficiario único de las ganancias de éstas; todos sus participantes serán beneficiados, sin embargo al no conocer las reglas legales con las que pueden operar llegan a quebrar o a defraudar a quienes realizaron ahorros.

Cada una de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se debe sujetar a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se sujetan a las disposiciones que emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La ley establece que la autoridad competente podrá llevar a cabo la investigación pertinente de quienes deseen operar una caja de ahorro popular, conocer un poco de su historia, cuándo se fundó, el arraigo en la comunidad, así como saber de entre los socios cuál ha sido su experiencia dentro de la caja.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en términos de Ley para Regular las Actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, establece que tiene facultades de supervisión sobre las sociedades constituidas para realizar las operaciones de ahorro y préstamo como sociedad cooperativa de ahorro de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV.

El artículo 42 de la Ley Para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, constituyó un fideicomiso que se denomina Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores, o Fondo de Protección.

El Fondo de Protección tiene como finalidad llevar a cabo la supervisión auxiliar de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación I a IV; realizar operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y en un caso extremo se cuenta con una cobertura para los depósitos de los socios hasta por un importe equivalente a 25,000 Udis (poco más de 111 mil pesos) por persona cualquiera que sea el número y clase de operaciones.

Ciertamente se recomienda utilizar únicamente los servicios que ofrecen las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas, las cuales se pueden consultar en el Padrón de Entidades Financieras Supervisadas de la página web de esta comisión, en el que encontrará, entre otros datos, la denominación dirección y teléfonos de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar como tales por este órgano supervisor.

Por lo anteriormente expuesto, a fin de garantizar el ahorro, así como los derechos a los socios que forman parte de alguna sociedad cooperativa de ahorro y préstamo; sometemos a la consideración de esta soberanía, el presente proyecto con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realicen las acciones que garanticen la protección de quienes hacen uso de las sociedades financieras populares, así como inspeccionar y en su caso sancionar, conforme a derecho, a quienes operan de manera irregular.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 21 días de enero del año dos mil quince.— (Rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

INFORMEN SOBRE LOS AVANCES DE LA INVESTIGACION REALIZADA, RESPECTO DEL INCENDIO DE LA GUARDERIA ABC, DE HERMOSILLO, SONORA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, al gobierno de Sonora y al IMSS a informar de los avances de la investigación realizada sobre el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, suscrita por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de junio de 2014, se conmemoró el quinto aniversario de la que es considerada la peor tragedia que involucra a la niñez mexicana, el incendio de la guardería ABC de Hermosillo Sonora, que tuvo como resultado la muerte de 25 niñas y 24 niños, y alrededor de 24 menores afectados por quemaduras, así como 80 niños y niñas más por la exposición y/o inhalación del humo toxico.

La historia de esta tragedia se ha destacado por estar envuelta no sólo en el dolor de la pérdida de vidas inocentes, sino también por él sufrimiento, el daño y el reclamo de justicia de las y los padres de las víctimas de la guardería ABC; resalta, tanto la forma en que se informa el origen del siniestro, así como la manera como se han llevado a cabo las investigaciones del caso, - que a la fecha no nos muestran culpables definitivos- y por lo tanto existe la sospecha pública de que no se ha castigado a los verdaderos culpables que provocaron el fatídico incendio, quienes siguen gozando de impunidad, como si nada hubiera pasado.

Es conocido por todas y todos que el reclamo de justicia de los padres y madres de las y los niños llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien a través de un informe reconoció la existencia de 19 funcionarios involucrados en los hechos por negligencia y omisión.

Sin embargo, cabe señalar, que en junio de 2012 tres años después del siniestro, sólo funcionarios menores habían sido procesados penalmente por la tragedia y ninguno fue encarcelado. Ninguna instancia federal o estatal aceptó llevar a juicio a los copropietarios de la guardería ABC –entre quienes se encontraban familiares de integrantes del gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y Marcia Gómez del Campo, prima política de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón–, quien fue absuelta del proceso penal iniciado en su contra.

Así también, el hecho de que las y los niños fallecidos y lesionados se encontraran bajo el cuidado del Estado Mexicano, por virtud de una prestación derivada del derecho a la seguridad social de sus padres, genera una responsabilidad indeclinable e irrenunciable de las diversas autoridades.

Por lo que de nueva cuenta, este al igual que otros casos, dan vida a la dolorosa memoria que se caracteriza por la impunidad y el desinterés de las autoridades federales y estatales en hacer justicia. El reclamo para que se castigue a los culpables del incendio de la guardería ABC, será permanente, pues se ha demostrado que hubo una serie de complicidades y corrupción que originaron el incendio.

Consideramos que no debemos permanecer inmóviles, insensibles e indiferentes ante la falta de atención para ejercer justicia de quienes están al frente de nuestras instituciones. Debemos continuar impulsando la búsqueda y la aplicación de la Justicia y Legalidad que es una petición reiterada de nuestros ciudadanos en todo el país.

Ante ello compartimos plenamente la indignación de los padres, madres, familiares y de toda la sociedad por los lamentables hechos donde resultaron heridos y perdieron la vida las niñas y niños de la guardería ABC. Por lo que, solicitamos a la Procuraduría General de la República (PGR), al gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), información sobre los avances de las más recientes investigaciones, y demandamos con toda firmeza que se esclarezcan los hechos, se aprehendan a los responsables y se castigue con todo el peso de la Ley a los autores de este crimen, sin importar su condición política, económica o social.

Es momento de mostrar que México ha cambiado y que, nada ni nadie se debe encontrar por encima de la ley. Démosle la tranquilidad a los padres, madres y familiares y a toda la sociedad de que el gobierno tiene el deber y compromiso con la justicia.

Por ello, consideramos que la Comisión Permanente de este H. Congreso, debe pronunciarse porque el caso no se convierta en otro número más del expediente de la impunidad que prevalece en nuestro país. Es nuestra responsabilidad exigir justicia y estar atentos y vigilantes de la acción de la autoridad ministerial, y también exigirle a la autoridad que se les repare el daño a los familiares y a las víctimas de los sucesos del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

En nuestro país se vive entre la injusticia, la impunidad y el oprobio por lo que es necesario modificar esta  parte de nuestra historia, demandando con energía lo que por derecho nos corresponde a todas y todos los mexicanos; justicia y respeto a nuestros derechos humanos, particularmente en el caso de estas niñas y niños víctimas de la tragedia de la guardería ABC.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, al gobierno del estado de Sonora y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que informe sobrelos avances de la investigación realizada sobre el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo Sonora.

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 21 de enero de 2015.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

LLEVEN A CABO ACCIONES DE PROTECCION A LOS USUARIOS DE LAS CASAS DE EMPEÑO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y a la Profeco a llevar a cabo acciones para proteger a los usuarios de las casas de empeño, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en el artículo 87, numeral 1, fracción II, y artículo 276 del Reglamento del Senado de la República somete a consideración del pleno de esta soberanía el presente con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, lleve a cabo las acciones o campañas pertinentes para supervisar el funcionamiento de las casas de empeño y prever posibles irregularidades y fraudes en perjuicio de los usuarios al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de la época decembrina y como resultado de la falta de planeación en el gasto económico de las familias mexicanas, surge la necesidad de hacer uso o de requerir de un financiamiento para enfrentar dificultades por la falta de liquidez y para solventar gastos diarios emergentes en la llamada “cuesta de enero”.

En este escenario aparecen diferentes sectores de la población que carecen de servicios financieros bancarios, y requieren de una de las formas inmediatas de obtener dinero a través del crédito prendario ofrecido por las casas de empeño.

Estadísticas de la Asociación Nacional de Casas de Empeño, Anace, revelan que 35 millones de mexicanos acuden a estos lugares para acceder a préstamos prendarios cuyas tasas de interés anual pueden llegar a 372 por ciento.

En esta temporada, alrededor del 60 por ciento de los pignorantes (como se les llama a los usuarios) son amas de casa. La Anace estima que el sector en general crecerá 10 por ciento en la demanda de préstamos durante esta época, que podría alargarse hasta el próximo mayo. Este incremento significará unos 100 millones de pesos adicionales por mes en las casas afiliadas a esta asociación.

La Anace también señala que entre 20 y 25 por ciento de los cerca de 6 mil 500 establecimientos de préstamo prendario en México son instituciones que operan fuera de la ley y sin cumplir con las normas regentes de este sector.

El 16 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reformó y adicionó la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En dicha reforma se estableció la obligación de la Procuraduría Federal del Consumidor de crear y operar el Registro Público de Casas de Empeño.

La Procuraduría Federal del Consumidor instauró el Registro Público de Casas de Empeño, RPCE, con el fin de salvaguardar los derechos de los consumidores y dar certeza y seguridad jurídica a quienes utilizan este servicio. En este registro se puede consultar:

1. Nombre y ubicación de las casas de empeño que se encuentren inscritas en el RPCE.

2. Sanciones a las que se han hecho acreedoras las casas de empeño registradas en el RPCE.

Los prestadores del servicio de mutuo con interés y garantía prendaria (proveedores) deben inscribirse en el Registro Público de Casas de Empeño con la finalidad de obtener la autorización para operar como casas de empeño de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.

En la Procuraduría Federal del Consumidor, la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento es la Unidad Administrativa responsable del Registro Público de Casas de Empeño, esta función se realiza a través de la Dirección General Adjunta del Registro Público de Casas de Empeño, área encargada de la organización, operación y funcionamiento del registro.

En este sentido, la Ley Federal de Protección al Consumidor es muy clara, ya que considera como infracción grave la operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño y la sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis.

En el caso de que una casa de empeño opere sin la inscripción correspondiente en el Registro Público de Casas de Empeño, podrá ser clausurada total o parcialmente, podrá ser hasta por noventa días y con multa de 133 mil 298.57 pesos a 3 millones 732 mil 360.02 pesos, que será impuesta por la Profeco.

Desafortunadamente, es una realidad que existen muchas casas de empeño en la rama de préstamos con garantía prendaria, empresas privadas, con el propósito de desarrollar y operar franquicias en todo el país, que durante esta época de inicio de año otorgan créditos prendarios que abusan de la necesidad de las personas, por lo que las quejas de usuarios de este tipo de préstamos por causas como la negativa a entregar prendas, invalidación de refrendos, información errónea sobre las tasas de interés y robo de piezas empeñadas cobra mayor importancia.

En el interés de salvaguardar los intereses de las familias mexicanas en esta “cuesta de enero” y de prever mayores abusos y fraudes en la operación de este servicio de gran demanda por la población mexicana y encontrando que son la figura de las Instituciones de Asistencia Privada que tienen fundamento jurídico en la fracción tercera del artículo 27 constitucional, en donde se reconoce la existencia de Instituciones de Beneficencia Privada, cuyo objeto sea el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito y que son la base del concepto que maneja la Ley especial que las regula, La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que las familias mexicanas necesitan hoy más que nunca el apoyo de instituciones que respalden y salvaguarden sus intereses económicos, situación que no puede pasar inadvertida por el Congreso de la Unión en el ánimo de promover acciones que protejan y defiendan su economía.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en coordinación con la Procuraduría de Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo una campaña nacional con acciones dirigidas a alertar e informar a la población mexicana sobre el funcionamiento de las casas de empeño para prever abusos y operaciones fraudulentas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a para que el ámbito de sus atribuciones realice acciones que permitan cumplir la normatividad vigente en regulación y operación de las casas de empeño en los 31 estados y en el Distrito Federal.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a 21 de enero de 2015.— (Rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

BRINDAR LA ATENCION NECESARIA A LAS NIÑAS Y NIÑOS CON NIVELES ALTOS DE PLOMO EN LA SANGRE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al fiscal general y al secretario de Salud de Chihuahua a atender a los niños con niveles altos de plomo en la sangre, suscrita por la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados, circularon diversas notas periodísticas que señalaban que, en el estado de Chihuahua, al menos 119 niños y niñas que habitan en el fraccionamiento Residencial Los Nogales, se encuentran contaminados mostrando altas concentraciones de plomo en la sangre.

Este fraccionamiento, ubicado al sur del municipio de Chihuahua, comenzó a poblarse desde el año 2003, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debió otorgar la licencia de uso de suelo al Instituto de la Vivienda para que iniciara la construcción del fraccionamiento, en el que ahora, 360 niños están bajo supervisión médica ante la sospecha de estar contaminados por plomo.

El cambio de uso de suelo industrial a habitacional, fue autorizado con el oficio: AUA 4349/2004. Asunto: Licencia de uso de suelo, procedente para vivienda tipo H-45, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal de fecha 10 de agosto de 2004.

Este fraccionamiento se encuentra en las inmediaciones de la ex Fundidora Ávalos, al sur de la ciudad, y comenzó a construirse en 2006 por el entonces Instituto Chihuahuense de la Vivienda, pese a que los estudios de impacto ambiental establecían que la contaminación del suelo en la zona podía “representar un daño a la salud pública debido a la descomposición de metales que contienen y el contacto directo con las personas”.

Documentos que han salido a la luz pública, revelan que con base en el informe de resultados de la manifestación de impacto ambiental realizada en 2006 –previo a la construcción del fraccionamiento– por el laboratorio Earth Tech México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) notificó al entonces secretario de Fomento Social, Carlos Carrera Robles, que en el suelo de la zona existía una concentración de 511 microgramos de plomo, cuando la Norma Oficial Mexicana NOM-147-Semarnat/SSA1-2004 establece concentraciones máximas de 400 microgramos.

A pesar de lo anterior, se concretó la creación del fraccionamiento Residencial Los Nogales, el cual fue cubierto por las partículas de más de 3 mil 500 toneladas de desechos que la fundidora dejó regados al cerrar sus operaciones en 1993.

Ante estos hechos, el pasado viernes 16 de enero, el secretario de Salud de la entidad, Pedro Hernández Flores, anunció que serían hospitalizados por 48 horas los menores de edad para ser sometidos a exámenes exhaustivos, puesto que padres de familia que habitan en este sector, han denunciado que sus hijos han enfermado y su salud se ha deteriorado considerablemente debido a dicha contaminación.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el plomo es una sustancia tóxica que se va acumulando en el organismo afectando a diversos sistemas del mismo, con efectos especialmente dañinos en las y los niños de corta edad; el plomo se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los huesos y se deposita mayoritariamente en dientes y huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar el grado de exposición humana, se suele medir la concentración de plomo en sangre.

Los niños de corta edad son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, que puede tener consecuencias graves y permanentes en su salud, afectando en particular al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. En las mujeres embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser causa de aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, además de provocar malformaciones leves en el feto.

No existe un nivel de concentración de plomo en sangre que pueda considerase exento de riesgo. Sí se ha confirmado, en cambio, que cuanto mayor es el nivel de exposición a este metal, más aumentan la diversidad y la gravedad de los síntomas y efectos a él asociados, incluso las concentraciones en sangre que no superan los 5 microgramos por decilitro (µg/dl) –nivel hasta hace poco considerado seguro– pueden entrañar una disminución en la inteligencia del niño, así como problemas de comportamiento y dificultades de aprendizaje”.

Es totalmente evidente que estos espacios destinados actualmente a la vivienda, no son los adecuados para el correcto desarrollo de niñas, niños y adolescentes, y que su salud no es idónea, pues los padres de familia aseguran que sus hijos sufren de desmayos, dolores musculares, sangrado de nariz, somnolencia y manchas en la piel, por lo cual, es importante que se les brinde el servicio médico preventivo y adecuado, pues de lo contrario, se estaría vulnerando su derecho a la salud.

Asimismo, no podemos permitir que este y muchos otros casos más, queden en la impunidad, por ello es necesario que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua abra una línea de investigación en torno a qué dependencia y funcionarios fueron los responsables de autorizar el desarrollo de viviendas en una zona altamente contaminada, y por ende se finquen las responsabilidades de las afectaciones a la salud por presencia de plomo en niñas y niños.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, a garantizar plenamente el derecho a la salud de las niñas y niños habitantes del fraccionamiento Residencial Los Nogales, en el municipio de Chihuahua, intoxicados por plomo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a investigar para que se consigne y se castigue al o, en su caso, los responsables de la autorización del desarrollo de viviendas en una zona contaminada por plomo, que ocasiona una grave afectación a la salud pública.

Nota:

1. OMS. “Intoxicación por plomo y salud”, disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 enero de 2015.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

CALENDARIOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA 2015

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a dar a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos para 2015, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se ubica entre los primeros quince productores mundiales de alimentos, además exporta sus productos a 45 países del mundo.

Datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), señalan que en México existen aproximadamente 4 millones de unidades económicas rurales con actividad agropecuaria y pesquera; una de cada diez hectáreas del territorio nacional está dedicada a las actividades agroalimentarias; en este sector se emplean 7 millones de mexicanos y la producción aporta 4% del producto interno bruto nacional, esta es la dimensión del sector primario en nuestro país.

Desde el inicio de la actual administración federal, el sector agropecuario se convirtió en uno de los temas del gobierno federal, tiene un objetivo muy claro definido por el mismo presidente de la república, “incrementar la producción de alimentos, a partir de una mayor productividad. Es decir, que en cada hectárea se coseche más, y que en cada rancho o establo se críe más ganado”, con lo cual se logrará mejorar los ingresos de quienes viven en el campo y ofrecer alimentos a mejores precios para todos los mexicanos.

El tema prioritario sobre el cual giran las estrategias de políticas públicas es elevar la productividad del sector, para lograr este objetivo, desde la Sagarpa, se han revisado las directrices del entramado programático del sector y se ha puesto en marcha una nueva política agroalimentaria nacional, diseñada con la participación de las principales organizaciones campesinas y de los productores del país.

Desde el año 2013, como parte de esta nueva visión, se inició la transformación de sus programas de apoyo a los productores, con objeto de que éstos sean más oportunos y eficaces.

En 2015, la Cámara de Diputados aprobó al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural un presupuesto por 353 mil 007.3 millones de pesos, lo que representa 14 mil 337.4 millones de pesos más que en 2014; a su vez, la Sagarpa ejercerá el presupuesto más alto de su historia: 92 mil 141.5 millones de pesos; lo que representa en términos reales un incremento del 7.5%.

La evolución del sector primario es favorable, el índice Global de la Actividad Económica para este sector presentó un crecimiento anual de 7.6% en agosto del año pasado, sumando 7 meses consecutivos de crecimiento. De igual forma, durante el primer semestre del año pasado, el producto interno bruto primario creció 3.5% en el primer semestre de 2014, mayor que el crecimiento de 0.4% del mismo periodo del año anterior.

Este incremento en la producción, sin duda alguna disminuirá el índice de dependencia alimentaria, y se reflejará en mayores niveles de ingreso para los productores primarios.

De forma paralela al crecimiento del presupuesto y al rediseño programático de la secretaría, se encuentran las reglas de operación de los programas, las cuales señalan de forma puntual y específica su operación, requisitos, fechas de calendarios, formas de evaluación, resultados, etcétera. Es decir, del éxito del diseño y de la implementación de estos programas, dependerá mucho dependerá que se cumplan los objetivos señalados por esa nueva estructura programática.

Las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2015 fueron publicadas el pasado 28 de diciembre del 2014, dos meses antes de lo previsto, con objeto de otorgarles a los productores más tiempo para que puedan acceder a ser beneficiarios de los apoyos que otorgan estos programas.

Los programas que se incluyen en las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación son: Programa de Fomento a la Agricultura, Programa Integral de Desarrollo Rural, Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, Programa de Fomento Ganadero, Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola y Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

También están el Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación, Programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora.

El documento señala que las Reglas de Operación fueron elaboradas conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de mayo de 2013, el cual reconoce que “el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional”, y que “la capitalización del sector debe ser fortalecida”.

Ante esta situación es imperativo que, aprovechando el uso de los tiempos oficiales con los que el gobierno federal cuenta, se realice, a la brevedad posible, una campaña nacional de información propagandística a lo largo y ancho del territorio nacional, para que los productores que aspiren a ser beneficiarios de estos programas se encuentren listos para iniciar los trámites ante las ventanillas respectivas.

La ignorancia de los procedimientos y las fechas de operación de los programas no deben de ser pretextos para que los productores no puedan acceder estos beneficios.

Con base a estas consideraciones, es que los suscritos senadores del Grupo Parlamentario de PRI, sometemos ante esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que se implemente una campaña mediática a nivel nacional con objeto de dar a conocer los calendarios establecidos en las reglas de operación de los programas estratégicos del año 2015 y que los productores puedan acceder a los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 21 enero de 2015.— (Rúbrica).»

Se remite a la Tercera Comisión de Trabajo.

IMPLEMENTEN ACCIONES PARA PROMOVER LA RECOLECCION Y RECICLAJE DE DESECHOS ELECTRONICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar con los gobiernos locales acciones para promover la recolección y el reciclaje de desechos electrónicos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente el Gobierno de la República está llevando a cabo el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre, dicho proceso tiene como finalidad que las familias mexicanas, de escasos recursos, cuenten con un televisor moderno digital.

La Fundación Mexicana para el Reciclaje Tecnológico a Favor de la Educación, señala que con el cambio de televisiones en nuestro país, se calcula que se desecharán 15 millones de televisiones análogas en los próximos años, sin embargo la información para canalizar los desechos no es clara para la ciudadanía.

En la actualidad los televisores analógicos cuentan con tecnología de tubo de rayos catódicos (CRT, por sus siglas en inglés) y algunos de sus componentes contienen materiales tóxicos, los cuales dañan el medio ambiente y afectan la salud de las personas.

Ahora bien, no sólo las televisiones analógicas afectan al medio ambiente, ya que en las últimas décadas ha aumentado la fabricación de nuevos productos electrónicos, entre los que se encuentran las computadoras o las denominadas tabletas y celulares, los cuales cuentan con una reducida vida útil, trayendo como consecuencia que cada día aumenten los desechos electrónicos, generando desperdicios que exigen un trato diferente al de la basura convencional.

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático indicó que en 2012, en México se producían anualmente más de 300 mil toneladas de desechos electrónicos, mismos que son arrojados en los tiraderos y rellenos sanitarios.

Asimismo, señala que la etapa de recolección y transporte es la más costosa en el proceso de reciclaje, donde incluso puede representar más del 80% del costo total del proceso, representando un grave problema para la correcta gestión de desechos electrónicos.

La empresa Recicla Electrónicos México indica que en México se generan 1.2 millones de toneladas de residuos electrónicos anuales, lo que nos convierte en el segundo generador de este tipo de desechos en Latinoamérica, después de Brasil.

En el caso de las televisiones, el modelo no logra ser sustentable. Se vuelve inviable reciclar cuando este producto está constituido en más de un 70% por vidrio y plástico. El precio de un kilo de estos productos está en alrededor de 80 centavos, pero necesita trabajo especial porque es material contaminado con metales pesados.

El correcto manejo, desensamble parcial o total y reciclaje de los televisores analógicos al final de su vida útil es de gran importancia para evitar impactos negativos al medio ambiente ya la salud humana.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, son contaminantes de mayor crecimiento en el mundo y en nuestro país no es la excepción, tanto es así que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima que el 75% de estos residuos se encuentran almacenados al interior de casas y oficinas porque se desconoce el procedimiento de desecho, así como el manejo de ellos.

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en su fracción VIII del artículo 19, señala que todos los residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, así como de fabricantes de productos electrónicos, deberán tener un manejo especial.

Por ello es importante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, lleven a cabo las acciones pertinentes a fin de asegurar que los denominados “residuos electrónicos” tengan un manejo y un destino final ambientalmente correctos.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, lleven a cabo un programa permanente de recolección y el reciclaje de desechos electrónicos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 21 días de enero del año dos mil quince.— (Rúbrica).»

Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.