INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 28 de enero de 2015, que no alcanzaron a ser abordadas.(*)

Se informa a la Comisión Permanente los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 28 de enero de 2015 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor, suscrita por los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados, para dictamen.

2. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, suscrita por senadores de diversos Grupos Parlamentarios.

Turno:Comisión de Defensa Nacional de Cámara de Senadores.

3. Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales Cámara de Diputados, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, suscrita por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Defensa Nacional de Cámara de Diputados, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Salud de Cámara de Diputados, para dictamen.

6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores de Cámara de Diputados, para dictamen.

7. Que reforma el artículo 350 BIS 6 de la Ley General de Salud, suscrita por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud de Cámara de Senadores.

8. Que reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores de Cámara de Senadores.

9. Que reforma los artículos 2 y 56 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social de Cámara de Senadores.

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Cámara de Diputados, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, para que se realicen diversas actividades en homenaje al cumplimiento de los 70 años de la participación del Escuadrón 201, en la Segunda Guerra Mundial, suscrito por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a revisar el proyecto de ampliación de la garita de San Ysidro en Tijuana, Baja California, suscrito por el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se hace un reconocimiento al pintor oaxaqueño Francisco Toledo, por la donación al pueblo de México, de su acervo de más de 125 mil objetos de arte, suscrito por el diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, a la SHCP y al SAT, para que analicen la posibilidad de realizar un ajuste en las cuotas de importación de autos usados, suscrito por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, relativo a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que da seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, suscrito por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su atención.

6. Con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones de Pemex al medio ambiente y a la población, suscrito por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS, para que en coordinación con la SEP y con el Injuve, generen campañas de dignificación de empleo para jóvenes, suscrito por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y al Conapred, a prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia contra las mujeres que resulten candidatas a cargos de elección popular en el país, suscrito por la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a nombrar una fiscalía especial que investigue la procedencia del patrimonio de diversos funcionarios del Poder Ejecutivo federal, suscrito por el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

10. Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se congratula por la toma de mando presidencial del Sr. Juan Evo Morales Ayma, en el Estado Plurinacional de Bolivia, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a promover la cultura laboral, suscrito por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al INE y a los órganos electorales locales, garantizar comicios transparentes y equitativos en el próximo proceso electoral, suscrito por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

13. Con punto de acuerdo, relativo a la construcción del Museo Internacional Barroco en el estado de Puebla, suscrito por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Campeche, para que mejore la calidad de atención primaria en la red hospitalaria y clínicas de la entidad, suscrito por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la Secretaría de Salud para realizar acciones que prevengan la anemia infantil, suscrito por la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Bancomex para que emita una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya, suscrito por el diputado Luis Alberto Villareal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua, para que revise la actuación del juez cuarto de lo Familiar, por presuntas irregularidades en diversos procesos, suscrito por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar la educación sexual para hombres y mujeres, suscrito por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión de Investigación encargada de examinar los contratos suscritos por organismos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con la misma, suscrito por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su atención.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, para que realice una auditoría a la construcción de pavimento asfáltico del camino Entabladero-Melchor Ocampo, municipio de Espinal, Veracruz, suscrito por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la Semarnat, para que analicen la viabilidad de incorporar un sistema de alerta temprana vía teléfono móvil (SMS), para informar a la población en casos de contingencias ambientales, suscrito la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profepa para que informe sobre el estado que guarda el programa de restauración ecológica del predio El Tucán, en el municipio de Benito Juárez, Quinta Roo, suscrito por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

23. Con punto de acuerdo, por el que se reconoce la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como la labor desarrollada por Costa Rica en su presidencia, suscrito por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF para que otorgue un reconocimiento al policía que resultó herido intentando frustrar un robo en el centro comercial Santa Fe, suscrito por el diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, así como a la PGJ y al gobierno del estado de Baja California, para que investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos de María Aurora Meza Calles, suscrito por los diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF para que considere a las denuncias ciudadanas en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014, suscrito por diversas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de gobierno del DF, para que informe a esta soberanía sobre las políticas, programas y acciones relacionadas con la reglamentación del transporte público, suscrito por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que emitan un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol, suscrito por el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales y del estado de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto denominado ?Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey?, suscrito por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y congresos locales y del DF, a armonizar sus legislaciones con los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrito por las senadoras Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos congresos locales para que tipifiquen en sus códigos penales, los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicas, suscrito por los diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a rediseñar el programa de Ecobici, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF para que informe a esta soberanía sobre las reparaciones de la Línea 12 del Metro, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales a promover la concientización ambiental y su integración en los planes de estudio, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.»

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de la Propiedad Industrial, y Federal del Derecho de Autor, suscrita por los diputados Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza y Aurora Denisse Ugalde Alegría, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los suscritos, diputados Héctor Gutiérrez de la Garza y Aurora Denisse Ugalde Alegría, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, fracción I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 6, 189, 199 Bis , 199 Bis 1 y 214 y se adiciona un capítulo IV De la infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet, adicionando los artículos del 202 Bis 1 al 202 Bis 8 a la Ley de la Propiedad Industrial; y reforman los artículos 27, 118, 125, 131, 232 Bis y 234 y se adicionan los artículos 151 Bis y 231 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La evolución en las tecnologías de la información representa, sin duda, el avance más importante de nuestros días. Ejemplo de ello es el crecimiento de la internet que desde su surgimiento contaba con una estructura y manejo considerablemente más sencillo que en la actualidad, y hoy se ha constituido en una herramienta única mediante la cual es posible intercambiar una gran cantidad de información y contenidos con fines académicos, empresariales y culturales, cuya estructura y manejo se ha tornado sumamente compleja y delicada.

El funcionamiento de la internet depende de la interacción de muchos actores como lo son: la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), el Internet Engineering Task Force (IETF), la Internet Society (ISOC), la Internet Assigned Numbers Authority (IANA), los Registros Regionales (RIRs), etcétera. Además de las organizaciones citadas, existen foros como el Internet Governance Forum (Foro de Gobernanza de Internet) donde se discuten los retos que enfrenta el ecosistema y se proponen soluciones –pero no se toman decisiones– para intentar mantener el funcionamiento abierto y descentralizado de internet en un ámbito de respeto a los diferentes derechos que se potencian mediante el uso de esta herramienta.

La masificación en el acceso a internet ha modificado los hábitos de consumo de la población y también ha sido motor para el surgimiento de nuevos modelos de negocio. El avance asimétrico, natural, entre tecnología y legislación, hace que nuestro marco legal se encuentre rezagado en algunas áreas que resultan cruciales para alcanzar el balance entre el ejercicio de los derechos de unos y el respeto de los derechos de otros, es por ello que deben implementarse medidas preventivas que permitan el libre flujo de información y contenidos, sin perjuicio de los usuarios y los titulares de derechos.

En México, el crecimiento de la comunidad de usuarios de internet ha pasado de tener casi 14 millones en 2004, hasta rebasar los 51 millones de usuarios en 2013. Este crecimiento continuará, impulsado por las recientes reformas en materia de telecomunicaciones, colocando a nuestro país como uno de los mercados más atractivos para el comercio electrónico y el consumo de bienes culturales a través de medios digitales. A nivel mundial, el número de usuarios creció de poco más de mil millones en 2005 a casi 3 mil millones en 2014 2.

De la misma manera en que la comunidad de usuarios ha crecido constantemente en los últimos años, el número de sitios que hoy están disponibles en internet ha crecido de manera exponencial, funcionado como una gran plataforma que permite a los creadores de contenidos exponenciar las posibilidades de apreciación y comercialización de sus obras, proveyendo también de una oferta cultural muy diversa para el usuario. No obstante, este crecimiento no ha tenido para los creadores el impacto económico que se esperaría de un mercado potencial como el que constituye la comunidad de usuarios de internet a nivel mundial y esto ha provocado que no continúen con su especialidad al verse desprotegidos ante los abusos que algunos sitios de internet cometen en infracción a sus derechos mediante la puesta a disposición, sin la debida autorización, de las diferentes obras, producciones, ediciones ejecuciones e interpretaciones que conforman el ecosistema creativo y cultural.

De igual manera, el mercado de bienes y servicios ha evolucionado de distintas maneras. Por un lado, los formatos físicos prácticamente han desaparecido dando paso a los formatos digitales y, por otro lado, el modelo de comercialización de los bienes culturales ha migrado a un modelo de comercialización por suscripción o monetización mediante la inclusión de publicidad en los diversos contenidos que se transmiten por medio de internet.

Este fenómeno muestra un crecimiento sostenido debido a que el usuario ya no desea comprar las obras como solía hacerlo anteriormente. En cambio, hoy requiere de un servicio que le permita tener acceso a un amplio catálogo de todo tipo de obras, ediciones, producciones ejecuciones e interpretaciones, disponible desde cualquier lugar y dispositivo, a un precio razonable y con alta calidad en los formatos.

Internet, contrario a lo que se piensa en algunos sectores, no es ajena a la regulación vigente en nuestro país por el simple hecho de que la legislación está diseñada para ser tecnológicamente neutral. No obstante, por la naturaleza propia de la internet, existen situaciones que, si bien están reguladas, la legislación actual resulta obsoleta e ineficaz al no proporcionar mecanismos adecuados y expeditos para la protección de diversos derechos que lo mismo se pueden violentar en el entorno físico que en el digital, pero al relacionarse con el entorno físico cuentan un procedimiento claro así como un remedio posible de implementarse en dicho entorno y no así en el entorno digital. Lo anterior puede crear un conflicto debido a la ausencia de reglas suficientemente claras aplicables a la complejidad y características de internet en particular.

Hoy en día, más países se han sumado a la preocupación por encontrar una solución legislativa que permita proteger adecuadamente los derechos de propiedad intelectual cuyas infracciones observan un claro crecimiento que deriva en un perjuicio a los diferentes sectores económicos, a los ingresos del gobierno y estableciendo barreras de entrada para los emprendedores así como propiciando una reducción de empleos y un estancamiento en el producto interno bruto (PIB).

En ocasiones, la regulación que fue pensada para su aplicación en el entorno físico, no resulta aplicable al entorno digital. Ejemplo de esto puede ser la analogía entre el domicilio de un comercio en el entorno físico y el nombre de dominio bajo el que se hospeda un sitio de internet en el entorno digital, por supuesto. La diferencia estriba en que, mientras en el entorno físico existen medios de prueba suficientes para establecer la certeza respecto de la relación entre una persona y un domicilio, en el entorno digital no sucede lo mismo con el sistema de nombres de dominio debido a que la persona que registra un nombre de dominio puede proporcionar para dichos efectos datos genuinos o datos falsos. Esto último deja en estado de indefensión a la persona cuyo derecho se vulnera, debido a que no puede iniciar acciones tendientes a remediar la infracción sufrida, si no es mediante una adecuada colaboración entre los mismos actores que intervienen en la gestión y manejo de internet con las autoridades competentes y los titulares de los derechos vulnerados en un momento dado.

Dentro del universo de derechos que pueden vulnerarse por medio de internet, diversos países han explorado nuevos mecanismos que buscan proteger adecuadamente los derechos de autor y derechos conexos en el entorno digital. Estos mecanismos han funcionado con éxito, como en el caso de Inglaterra, y en otros han enfrentado retos considerables, atribuibles a la dificultad técnica en su implementación y a la falta de balance en la protección de los derechos de usuarios.

Las nuevas soluciones que se propongan a la problemática que enfrenta el entorno digital deben ser innovadoras y buscar en todo momento alcanzar un adecuado balance entre el ejercicio de medidas para proteger los derechos de todo tipo por un lado y las salvaguardas que permitan garantizar los derechos de los usuarios bajo los principios de legalidad, debido proceso, privacidad, necesidad y proporcionalidad.

Un marco legal actualizado permitirá el florecimiento del mercado digital de bienes culturales y fomentará la migración de los distintos modelos de negocio en nuestro país, haciendo que las posibilidades y beneficios económicos se potencien de manera considerable en beneficio de la población en general. Esto es relevante, sobre todo si se toma en cuenta que el impacto económico que tiene actualmente la actividad de las industrias creativas en nuestro país es equivalente a 6 por ciento del PIB. Asimismo, México es reconocido como uno de los cinco países de mayor relevancia cultural a nivel mundial, de acuerdo con el último estudio publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este sentido, al establecerse las bases que permitan dar certeza a los nuevos modelos de negocio y ayuden a mitigar el daño que genera la puesta a disposición de obras, producciones, ediciones, ejecuciones e interpretaciones, sin la debida autorización de los titulares de los derechos correspondientes, el impacto de las industrias creativas en el PIB puede incrementarse en varios puntos porcentuales, como consecuencia de una mayor generación de empleos directos e indirectos en beneficio de la economía nacional y un acceso amplio a la información y la cultura para la ciudadanía por medio de internet.

El contraste que se vive hoy, al no contar con las herramientas necesarias que hacen que nuestra ley sea ineficaz en el entorno digital, es que diversos sitios, en su mayoría extranjeros, ponen a disposición del público en general, de obras, ediciones, producciones ejecuciones e interpretaciones, ediciones, producciones, interpretaciones y ejecuciones, protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor sin contar con la autorización debida por parte de los titulares de los derechos sobre las mismas y sin que los titulares de derechos puedan ejercer acciones que tengan una respuesta expedita por parte de las autoridades competentes para detener, por un lado, la comisión de las infracciones y, por otro, lograr el resarcimiento del daño que dicha puesta a disposición causa a la explotación normal de las obras.

Para intentar enfrentar este reto, actualmente más de 24 países, incluyendo las economías más desarrolladas, han adoptado medidas de protección para los derechos de autor por considerarlo un punto toral para el desarrollo económico, social, que contribuye a una mayor generación de conocimiento e innovación.

Aunado a lo anterior, se debe considerar la injusticia que representa el hecho de que quienes ponen a disposición las de obras, ediciones, producciones, ejecuciones e interpretaciones sin la debida autorización, obtienen beneficios económicos considerables a través del pago de suscripciones a sus sitios o mediante la comercialización del sitio, mientras que los legítimos titulares de los derechos sobre las obras indebidamente puestas a disposición no sólo no perciben un ingreso por esa explotación indebida sino que, además, deben invertir tiempo y dinero en intentar frenar, en primera instancia, la comisión de la infracción y, en segunda, intentar competir en un mercado en donde la competencia desleal que realizan los sitios mencionados, los sitúan en las condiciones menos favorables posibles. De continuar esta tendencia, el impacto para quienes viven de sus derechos intelectuales, será irreparable y de manera colateral impactará seriamente en la economía nacional.

La violación o afectación a los derechos de autor, constituye una infracción y en ocasiones un delito conocido comúnmente como piratería, sobre el que diferentes países debemos trabajar de forma activa en prevenir y combatir, siendo fundamental que las autoridades identifiquen y persigan este ilícito en cualquiera de los ámbitos de su competencia, sin importar el medio por el que se cometan dichas infracciones.

La puesta a disposición en el entorno digital, aparentemente inocente y sin mayores consecuencias, constituye una de las conductas más arraigadas en la población en general y cuyas consecuencias para quienes viven de la explotación de sus de obras, ediciones, producciones, ejecuciones e interpretaciones han demostrado ser devastadoras al constituirse como una distorsión del mercado que deriva en la afectación directa a la normal explotación de la obra en perjuicio de sus titulares y en contravención a diversas normas de orden público y de lo establecido en múltiples tratados internacionales sobre la materia y de los que México es signatario.

Esto tiene diversas consecuencias negativas para el país y la población en general; por un lado, México no está siendo capaz de cumplir en tiempo y forma con los compromisos adquiridos mediante la suscripción de los múltiples tratados internacionales de los que forma parte; por otro lado, los creadores y titulares de derechos autorales y conexos, no cuentan con las condiciones necesarias para implementar nuevos modelos de negocio basados en el uso de las tecnologías de la información, además de encontrarse imposibilitados para impedir la continua y constante violación a sus derechos en el entorno digital; y por último, los usuarios se ven expuestos a diversos riesgos al acceder a contenidos que no cuentan con la debida autorización para su puesta a disposición y que en muchas ocasiones deriva en fraudes y exposición de los datos personales de los usuarios.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la iniciativa propuesta pretende brindar a los titulares de derechos la oportunidad de que inicien acciones administrativas tendientes a cesar o evitar violaciones de sus derechos en internet, invitando a los presuntos infractores a través de un mandamiento emitido por autoridad competente a verificar si el contenido puesto a disposición del público en general a través de su sitio de internet se encuentra dentro del marco legal aplicable y en caso de no contar con la debida autorización, retirar las obras de que se trata.

Actualmente existen trece países en los cuales se ha probado de manera efectiva el bloqueo de sitios infractores como una medida para frenar la comisión de infracciones a los derechos de autor mediante el uso de servicios de puesta a disposición sin la debida autorización de sus titulares. En todos estos casos la autoridad competente emite una resolución debidamente motivada y fundamentada a través de la cual se solicita el apoyo de los proveedores de servicio de internet para implementar la suspensión del acceso a los sitios infractores. Lo anterior ha tenido como beneficio una caída de más de 60 por ciento en el consumo de bienes y servicios infractores a través de internet en dichos países.

En el caso de México, las estadísticas indican que 8 de cada 10 personas han consumido un producto pirata. Por lo que hace al entorno digital, se estima que el daño ocasionado a los titulares de derechos por la puesta a disposición sin la debida autorización de sus obras, ediciones, producciones, ejecuciones e interpretaciones, se refleja en una afectación a la explotación normal de la obra analizada de acuerdo a las siguientes cifras:

• Descarga de 6600 millones de canciones;

• Descarga de 720 millones de videos musicales;

• Descarga de más de 90 millones de películas;

• Descarga de 25 millones de series de televisión;

• Descarga de 88 millones de libros; y

• Descarga de más de 1920 millones de imágenes.

Si dichas descargas fueran producto de la puesta a disposición con la debida autorización y pago correspondiente, se estima que las industrias culturales y los sectores creativos (autores, escritores, intérpretes, artistas visuales, músicos, editores, productores y distribuidores entre otros) habrían obtenido ingresos adicionales por 130 mil millones de pesos y el gobierno habría recaudado aproximadamente 19 mil millones más de impuesto al valor agregado.

Ahora bien, visto lo anterior bajo un panorama conservador que suponga que únicamente 10 por ciento de estos contenidos se habrían comercializado por medios legales, el sector cultural tendría un impacto de 13 mil millones de pesos por ingresos perdidos y el erario una pérdida de mil 900 millones de pesos por impuesto al valor agregado.

Las actualizaciones a la legislación propuestas a continuación, prevén que la notificación de las medidas provisionales que dicte el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sean realizadas mediante los medios de contacto públicos, establecidos por los propios titulares, administradores y/o gestores del sitio de internet de que se trate. Esto evitará que al momento de implementar las acciones tendientes a cesar las infracciones en comento, se pierda el espíritu que albergan las disposiciones legales recientemente aprobadas así como los diversos tratados internacionales firmados por nuestro país, debido a que se enriquece el actual marco legal dotando de facultades a las autoridades competentes, para que sin imponer cargas injustificadas a los titulares de derechos, actúen de manera expedita logrando así una adecuada y eficaz protección de los derechos intelectuales, garantizando en todo momento los derechos de privacidad, seguridad jurídica y debido proceso de los titulares, administradores y, en su caso, gestores del sitio de internet y respetando los derechos de los usuarios a acceder a cualquier contenido en internet dentro del marco legal aplicable.

La comunidad creativa y cultural del país crece en la misma medida que crece la comunidad de usuarios que se conectan a internet, hoy todas las personas con acceso a un dispositivo electrónico capaz de grabar audio, video, tomar fotografías o utilizarse para crear cualquier tipo de obra, son también creadores y en este sentido se deben garantizar todos sus derechos.

Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Digital Nacional son claros y han mostrado avances importantes no sólo en conectividad sino también en el fomento a la creatividad y la detonación de la economía digital en nuestro país, siendo un claro ejemplo de lo anterior la legislación recientemente aprobada en la cual se observa un equilibrio perfecto en la protección de los diferentes derechos involucrados en el uso del internet. Una legislación actualizada como la que se propone, brindará herramientas para contribuir a los objetivos de ambos documentos y consolidará las bases para que México se posicione como líder a nivel mundial, teniendo como prioridad el fomento a la sana coexistencia de los derechos de autor y de los de los usuarios de internet en franca armonía.

Es necesario dotar a las autoridades de las facultades y competencias necesarias para poder, sin lugar a dudas, prevenir y hacer cesar las infracciones que se cometen mediante la puesta a disposición en internet y que causan un perjuicio injustificado al interés social en contravención a diversas disposiciones de orden público.

Es aquí donde surge la oportunidad de actualizar la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial en cuanto a la implementación de medidas preventivas y definitivas que permitan detener o impedir, en el entorno digital, la comisión de infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

Hoy no se puede pensar que las infracciones en materia de comercio deban estar ligadas necesariamente a los elementos tradicionales como los soportes físicos o el lucro directo o indirecto concebidos habitualmente, debido a que existen conductas que, sin estar necesariamente ligadas a estos elementos, causan afectaciones considerables en perjuicio del interés social y el orden público, a la explotación normal de las obras, producciones, ediciones , ejecuciones e interpretaciones protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y los tratados internacionales de los que forma parte México.

Es por ello que el artículo 231 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor propuesto, actualiza adecuadamente nuestro marco legal mediante la delimitación de la conducta infractora en el entorno digital a partir de la comisión de la misma sin la debida autorización del titular correspondiente, desligándola del soporte material e independientemente de que derive o no en un lucro en beneficio del infractor, pero provocando un perjuicio económico a los titulares de derechos mediante la afectación de la explotación normal de la obra.

Asimismo la modificación al artículo 6o. de la Ley de la Propiedad Intelectual, faculta de manera expresa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para ordenar y ejecutar medidas provisionales tendientes a prevenir o cesar la violación de los derechos de autor o derechos conexos que se cometan en el entorno digital.

Otro aspecto sumamente relevante es que la reforma propuesta al artículo 199 Bis, fracción VII, logra poner en equilibrio los derechos de los usuarios de internet y los derechos de los creadores intelectuales, pues por un lado proporciona las herramientas necesarias para proteger los derechos de los usuarios mediante el establecimiento de salvaguardas que eviten un posible abuso en el establecimiento de medidas preventivas y prohibiendo expresamente la suspensión del acceso a internet; y por otro lado estableciendo la posibilidad de que los titulares de derechos puedan ejercer las acciones necesarias para prevenir y hacer cesar las infracciones cometidas en detrimento de sus derechos, facilitando la labor de las autoridades mediante la implementación de medidas sencillas y ágiles que faciliten fincar responsabilidades a aquellos sitios que sin autorización ponen a disposición del público en general, obras, ediciones, producciones, ejecuciones e interpretaciones protegidas, dejando a salvo a aquellos intermediarios que coadyuven con las autoridades para procurar el cese de las infracciones en los términos de la propuesta.

Hoy más que nunca es esencial proteger y reforzar de manera adecuada los derechos de propiedad intelectual en México y en todo el mundo, de manera que se sigan proporcionando incentivos para sus autores, innovadores y creadores para que hagan lo que mejor saben hacer, es decir, crear e innovar. Leyes más fuertes en materia de protección de derechos de propiedad intelectual evitan que un consumo derive en un riesgo para el usuario.

Por todo lo anterior, es evidente que el fomento a la economía digital debe ir acompañado con las herramientas necesarias para proteger a los diversos actores que conforman el ecosistema del entorno digital; es decir a los usuarios, los creadores intelectuales, a los proveedores de servicios y aquellos empresarios que tratan de abrirse camino en los nuevos modelos de negocio digitales.

En consecuencia a todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, nos permitimos poner a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto por la que se reforman los artículos 6, 189, 199 Bis , 199 Bis 1 y 214 y se adiciona un capítulo IV De la infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet, adicionando los artículos del 202 Bis 1 al 202 Bis 8 a la Ley de la Propiedad Industrial; y se reforman los artículos 27, 118, 125, 131, 232 Bis y 234 y se adicionan los artículos 151 Bis y 231 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor; para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, 189, 199 Bis, 199 Bis 1 y 214 y se adiciona un capítulo IV De la infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet, adicionando los artículos del 202 Bis 1 al 202 Bis 8 a la Ley de la Propiedad Industrial, de la siguiente manera:

Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades:

I. a IV. ...

V. Realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos de propiedad industrial o derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet; oír en su defensa a los presuntos infractores, e imponer las sanciones administrativas correspondientes en materia de propiedad industrial o derechos patrimoniales de autor o derechos conexos.

Artículo 189. La solicitud de declaración administrativa que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

I. y II. ...

III. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV. a VI. ...

En aquellos casos en donde la infracción se cometa por medio de internet, deberá contener la dirección de correo electrónico de la contraparte o del titular o administrador del sitio, en lugar de los requisitos de esta fracción.

Se tendrán como legalmente practicadas las notificaciones vía correo electrónico, conforme a lo señalado en la presente fracción, cuando el instituto genere el acuse de recibo electrónico donde conste la fecha y hora de dicha notificación.

Artículo 199 Bis. En los procedimientos de declaración administrativa relativos a la violación de alguno de los derechos que protege esta ley, el instituto podrá adoptar las siguientes medidas:

I. a VI. ...

VII.Ordenar al administrador, gestor o titular del sitio de internet la suspensión de la puesta a disposición de la obra, producción, sin la debida autorización de los titulares de los derechos correspondientes, en los términos de esta ley.

En ningún caso se suspenderá el acceso a internet, protegiendo en todo momento los derechos del usuario relativos al acceso a internet.

Artículo 199 Bis 1. Para determinar la práctica de las medidas a que se refiere el artículo anterior, el instituto requerirá al solicitante que:

I. a III. ...

IV.Proporcione la información correspondiente a la localización de recurso uniforme del sitio mediante el que se cometa la presunta infracción establecida en el artículo 231 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.

La persona contra la que se haya adoptado la medida podrá exhibir contrafianza para responder de los daños y perjuicios que se causen al solicitante de la misma, a efecto de obtener su levantamiento.

Capítulo IVDe la infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet

Artículo 202 Bis 1. Las solicitudes de declaración administrativa de infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos cometidas por medio de internet que establece este capítulo, se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala el mismo y las formalidades que esta ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 202 Bis 3. La solicitud de declaración administrativa de infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet que se interponga deberá contener los siguientes requisitos:

I.Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Información que identifique la dirección IP del titular o, en su caso, administrador del sitio de internet o el localizador uniforme de recursos, o la dirección IP asociada al servidor mediante la cual se hospeda o se pone a disposición la obra, fonograma, interpretación o ejecución, objeto de la presunta infracción.

El solicitante deberá proporcionar al Instituto al menos uno de los elementos señalados en la presente fracción.

IV. El objeto de la solicitud, detallado en términos claros y puntuales, incluyendo la descripción precisa de las obras literarias o artísticas, fonogramas, videogramas, interpretaciones o ejecuciones o ediciones posiblemente infringidas, incluyendo de ser posible, su ubicación en internet. En caso de que la solicitud señale varias obras de uno o varios titulares de los derechos patrimoniales de autor o derechos conexos deberá acreditar la representación de las mismas de conformidad a la Ley Federal de Derecho de Autor.

V. La descripción de los hechos,

VI. Los fundamentos de derecho, y

Posteriormente, el instituto deberá emitir un acuerdo por el que admita, deseche o, en su caso, prevenga al solicitante. En este último caso, el solicitante tendrá cinco días hábiles para subsanar las omisiones, de lo contrario se tendrá por no presentada la solicitud.

Artículo 202 Bis 4. Para los efectos del procedimiento de infracción de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet serán aplicables los artículos 190, 192, 192 Bis, 195, 199, 199 Bis 1, 199 Bis 4, 199 Bis 5, 199 Bis 6, 199 Bis 7, 199 Bis 8 y todas aquellas disposiciones previstas por esta ley en cuestiones de procedimientos administrativos, que no se opongan al procedimiento establecido en el presente capítulo.

Artículo 202 Bis 5.En los casos del procedimiento de infracción de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet, el titular del derecho afectado, directamente o por medio de su apoderado legal o, en su caso, la sociedad de gestión colectiva que lo represente, podrá solicitar al instituto realizar las investigaciones de presuntas infracciones administrativas; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos; ordenar y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o hacer cesar la violación a los derechos patrimoniales de autor o derechos conexos y oír en su defensa a los presuntos infractores.

Artículo 202 Bis 6. Una vez recabada la información prevista en el artículo anterior, el instituto notificará al titular o administrador del sitio de internet, acerca de la posible infracción. A la notificación vía correo electrónico se deberá adjuntar copia de la solicitud de infracción en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos por medio de internet, y el acuerdo admisorio, señalando en el mismo acto la fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, manifestaciones y pruebas. La notificación deberá practicarse cuando menos con diez días de anticipación a la audiencia. La audiencia se realizará dentro de los treinta días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se admita la solicitud de declaración administrativa.

Artículo 202 Bis 7. El titular, gestor o administrador del sitio de internet deberá manifestar ante el instituto lo que a su derecho convenga.

Las manifestaciones que dé el titular, gestor o administrador del sitio de internet deberá contener:

I. Nombre del titular o administrador del sitio de internet y, en su caso, de su representante;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. Excepciones y defensas;

IV. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de declaración administrativa, y

V. Fundamentos de derecho.

El titular, gestor o administrador del sitio de internet deberá presentar la contestación con anterioridad o hasta el momento de la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo anterior.

Celebrada la audiencia, en caso de que las partes lleguen a un acuerdo para la solución del conflicto, el mismo se hará constar en el acta circunstanciada que a efecto se levante por el instituto. En todo momento, el instituto deberá explicar a las partes los efectos y alcances de dicho acuerdo; si después de escuchar explicación las partes deciden aceptar el acuerdo, éste se firmará por ambas partes y por la institución, fijándose un término para acreditar su cumplimiento. El convenio firmado por las partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución. De no existir acuerdo entre las partes en la audiencia conciliatoria, se les tendrá por inconformes con todo arreglo, levantándose acta circunstanciada correspondiente, y se seguirá el procedimiento.

Artículo 202 Bis 8. Una vez desahogada la audiencia de conciliación, manifestaciones y pruebas, el instituto otorgará diez días hábiles para que las partes expongan lo que a su derecho convenga, así como para la formulación de alegatos.

Una vez transcurrido el plazo referido en la fracción anterior el instituto deberá dictar resolución definitiva sobre el fondo de la controversia así como el levantamiento o definitividad de las medidas adoptadas en un plazo que no deberá exceder los quince días hábiles.

Artículo 214.Las infracciones administrativas a esta ley o demás disposiciones derivadas de ella, serán sancionadas con:

I. a V. ...

VI. En caso de reincidencia en procedimientos de infracción de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos el instituto sancionará con la suspensión de acceso al sitio que haya sido utilizado para cometer las infracciones, por medio de los prestadores de servicio de internet.

Se considerará la reincidencia en términos de lo dispuesto en el artículo 218 de esta ley.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 27, 118, 125, 131, 232 Bis y 234; y se adicionan los artículos 151 Bis y 231 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, de la siguiente manera:

Artículo 27. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir:

I. ...

II. La comunicación pública de su obra a través de cualquiera de las siguientes maneras:

a) La representación, recitación y ejecución pública en el caso de las obras literarias y artísticas;

b) La exhibición pública por cualquier medio o procedimiento, en el caso de obras literarias y artísticas;

c) El acceso público por medio de la telecomunicación, y

d) La puesta a disposición por medio de internet de tal forma que los miembros del público en general puedan acceder a ellas por este medio.

III. a VII. ...

Artículo 118. Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen el derecho de oponerse a:

I. La comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones;

II. La fijación de sus interpretaciones o ejecuciones sobre una base material, y

III. La reproducción de la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones , y

IV. La puesta a disposición de sus interpretaciones o ejecuciones, por medio de internet de tal forma que los miembros del público en general puedan acceder a ellos por este medio.

Artículo 125. Los editores de libros tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

I. a III. ...

IV. La puesta a disposición de sus libros por medio de internet, de tal forma que los miembros del público en general puedan acceder a ellos por este medio.

Artículo 131. Los productores de fonogramas tendrán el derecho de autorizar o prohibir:

I. a V. ...

VI.La puesta a disposición de sus fonogramas, por medio de internet de tal forma que los miembros del público en general puedan acceder a ellos por este medio.

Artículo 151 Bis. Lo dispuesto en la fracción I del artículo anterior no es aplicable cuando la utilización implique la comunicación pública por medio de internet, sin la autorización del artista intérprete o ejecutante, productor de fonogramas o videogramas.

Artículo 231 Bis. Constituyen infracciones en materia de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos la puesta a disposición del público en general por medio de internet de obras literarias o artísticas, fonogramas, videogramas, interpretaciones, ejecuciones o ediciones, protegidas por esta ley, sin la autorización previa y expresa del titular de los derechos de autor o derechos conexos.

Artículo 232 Bis. Las infracciones previstas en el artículo 231 Bis de esta ley, serán sancionadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con:

I. La suspensión de la puesta a disposición del público, distribución o facilitación de la reproducción de obras, fonogramas, videogramas, ediciones, protegidas por esta ley por medio de internet.

II. Multa de cinco mil hasta cuarenta mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

III. En caso de reincidencia del titular o administrador del sitio de internet el instituto sancionará con la suspensión del acceso al sitio que se haya utilizado para cometer las infracciones, considerando la reincidencia en términos de lo dispuesto en el artículo 218 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El titular o administrador del sitio de internet responderá por las sanciones derivadas de las infracciones cometidas en contra de los derechos patrimoniales de autor o derechos conexos cometidos por medio de internet.

Artículo 234. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sancionará las infracciones en materia de comercio así como las infracciones en derechos patrimoniales de autor o derechos conexos cometidas por medio de internet, con arreglo al procedimiento y las formalidades previstas en los títulos sexto y séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podrá adoptar las medidas precautorias previstas en la Ley de la Propiedad Industrial.

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tendrá las facultades de realizar investigaciones; ordenar y practicar visitas de inspección; requerir información y datos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Según cifras preliminares de la tabla “Estadística de usuarios de internet (Serie Anual)” publicada en el sitio del Instituto Federal de Telecomunicaciones, elaborada con información de la Dirección de Información y Estadística de Mercados. COFETEL e INEGI. Consultado el 1º de agosto de 2014 en http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/#!prettyPhoto/84/

2. Según cifras estimadas tomadas de la tabla “Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and penetrations rates)” publicada en el sitio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones con información de la base de datos de indicadores Mundiales sobre Telecomunicaciones/TIC de la UIT. Consultado el 1º de agosto de 2014 en en http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/ stat/default.aspx

3. Reporte descargas digitales 2011. http://www.amprofon.com. mx/downloads/2011.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputados: Héctor Gutiérrez de la Garza (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía de Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO MILITAR

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar, suscrita por senadores de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, senadores Gabriela Cuevas Barron, Angélica de la Peña Gómez, Javier Corral Jurado, Martha Elena García Gómez, Dolores Padierna Luna, Sonia Mendoza Díaz, Fernando Herrera Ávila, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Rabindranath Salazar Solorio, Laura Angélica Rojas Hernández y Luis Sánchez Jiménez, integrantes de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Servicio Militar, para prohibir la admisión en las Fuerzas Armadas de menores de 18 años de edad.

Exposición de Motivos

1. Utilización de niñas y de niños reclutados en conflictos armados en el mundo

Aunque resulta difícil calcular el número de niños y niñas que han sido reclutados y utilizados en los distintos conflictos armados en el mundo, el año pasado el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estimó que alrededor de 250 mil niños luchaban en conflictos armados en más de 30 países de todo el mundo.Esto, aunado al incremento de dichos conflictos, permite suponer que actualmente existe un mayor número de menores involucrados.

La situación de los menores que participan en los conflictos es alarmante sin importar si han sido reclutados de manera forzosa o de forma voluntaria o cuáles hayan sido los motivos por los que se incorporaron a las fuerzas armadas. Suelen desempeñar diversas funciones como cocineros, cargadores, mensajeros, espías y en ocasiones también deben prestar servicios sexuales o son utilizados para reponer a los efectivos que los grupos armados han perdido en la guerra.

Desafortunadamente, el reclutamiento de niñas y niños para ser utilizados como soldados no es algo ajeno a las instituciones gubernamentales, sino que es una práctica que incluso se ha institucionalizado en algunos países. De hecho, al menos en 65 de esos países los niños y niñas son reclutados por las fuerzas militares gubernamentales. De ahí que la definición de niño soldado incluya a “toda persona menor de 18, que forma parte de cualquier tipo de fuerza o grupo armado regular o irregular en cualquier función distinta a la de ser únicamente un miembro de familia”.

La aseveración de que niñas y niños menores de 18 años pueden formar parte de grupos armados estatales es de la mayor importancia ya que es un elemento fundamental para que los Estados se comprometan a su estricta regulación. Hay evidencia importante de que estos niños y niñas soldados pueden ser víctimas de violación, violencia y acoso sexual hasta el punto de llegar a autolesionarse y suicidarse, entrar en depresión y padecer enfermedades mentales.

2. Regulación internacional en materia de reclutamiento de menores por las Fuerzas Armadas

Como parte de un esfuerzo internacional para acabar con el uso de niñas y niños en conflictos armados, en la Convención sobre los Derechos del Niño (convención) se incluyó en el artículo 38 la obligación expresa de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas de adoptar todas las medidas posibles para asegurar que las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen directamente en las hostilidades o sean reclutados en las Fuerzas Armadas.

Doce años después, en 2002, entró en vigor el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (protocolo facultativo) ,que elevó la edad mínima para el posible reclutamiento de personas en las fuerzas armadas y su participación en las hostilidades, con la certeza de que ello contribuiría eficazmente a la aplicación del principio de que el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que le conciernan.

El protocolo facultativo proporciona una regulación que privilegia el desarrollo de los niños en condiciones de paz y seguridad al prohibir su participación en las hostilidades, estableciendo la edad mínima para el reclutamiento voluntario por los gobiernos, en los siguientes términos:

Artículo 3

1. Los Estados parte elevarán la edad mínima, contada en años, para el reclutamiento voluntario de personas en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la fijada en el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta los principios formulados en dicho artículo, y reconociendo que en virtud de esa Convención los menores de 18 años tienen derecho a una protección especial.

El citado artículo señala en el párrafo 2 que cada Estado parte depositará, al ratificar el protocolo facultativo, una declaración vinculante en la que se establezca la edad mínima en que permitirá el reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales y se ofrezca una descripción de las salvaguardias que haya adoptado para asegurarse de que no se realiza ese reclutamiento por la fuerza o por coacción.

La declaración vinculante es, sin duda, la mejor prueba del compromiso –o la falta de éste- de los Estados, ya que en ella “un Estado podría decidir adoptar la política de ‘los 18 años como mínimo’ que prohíba el reclutamiento obligatorio y voluntario de los menores de 18 años en las Fuerzas Armadas. Esta política estaría por encima de las disposiciones mínimas del protocolo facultativo”.

3. Niñas y niños mexicanos en las Fuerzas Armadas

De acuerdo con lo señalado en el párrafo 2 del artículo 3 del protocolo facultativo, el gobierno de México depositó una declaración vinculante en los siguientes términos:

a) La edad mínima para el reclutamiento voluntario de sus nacionales en las Fuerzas Armadas es de 18 años.

b) El artículo 24 de la Ley del Servicio Militar establece que sólo los voluntarios serán aceptados por las Fuerzas Armadas para el servicio activo hasta completar la cifra que fija anualmente la Secretaría de la Defensa Nacional y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

I. Presentar una solicitud.

II. Deben ser ciudadanos mexicanos mayores de 18 años y menores de 30 y hasta los 40 años para el personal de especialistas del Ejército; los mayores de 16 y menores de 18 años de edad se aceptarán en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado, cuya duración no deberá exceder de 5 años. Por otra parte, en virtud del artículo 25 de la Ley del Servicio Militar, sólo las siguientes personas pueden ser aceptadas para el alistamiento temprano en las Fuerzas Armadas:

I. Los que deseen salir del país en la época en que estarían obligados por ley a hacer el servicio militar, si son mayores de 16 años en el momento de solicitar su incorporación;

II. Quienes estén obligados a solicitar el alistamiento temprano a causa de sus estudios.

El número máximo de los individuos que puedan obtener el anticipo de su incorporación, será fijado cada año por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como se observa, México es uno de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas que optaron por mantener en el mínimo la edad permitida para el reclutamiento en las fuerzas armadas bajo los supuestos mencionados: como técnicos en las unidades de transmisión y si requieren salir del país o sus estudios lo requieren.

En respuesta de las siguientes solicitudes de información realizadas por particulares a la Secretaría de la Defensa Nacional, se cuenta con una idea aproximada de los menores de edad que se habrían incorporado en los años que se precisan en cada caso:

Solicitud de información número 1

Cumplimiento del Servicio Militar Nacional en forma anticipada:

Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a la solicitud de información con número de folio 0000700152111.

Solicitud de información número 2

Cuántas de las solicitudes de anticipo de incorporación para realizar el Servicio Militar Nacional que se realizaron fueron aceptadas.

En este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que no se tenía un documento específico con la información solicitada, sin embargo, atendiendo el principio de máxima publicidad, se hizo saber la estadística que se tenía en la base de datos de la Dirección General del Servicio Militar Nacional:

Fuente: Secretaría de la Defensa Nacional. Respuesta a la solicitud de información con número de folio 0000700142513.

De lo anterior se deduce que un número importante de menores de edad realizan de manera anticipada el servicio militar. A estas cifras tendrían que sumarse también los menores aceptados en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos, de los que no se tiene información.

Las excepciones incluidas en la Ley del Servicio Militar y que permiten el reclutamiento en las Fuerzas Armadas de niñas y niños de 16 y 17 años han sido objeto de preocupación por parte del Comité de los Derechos del Niño, que en 2011 formuló las siguientes observaciones al Informe Inicial presentado por el gobierno de México en 2011 sobre el protocolo facultativo:

El Comité...

19. Si bien toma nota de la declaración formulada por el Estado parte tras la ratificación del Protocolo facultativo en que declara que la edad mínima para el alistamiento voluntario de las fuerzas armadas es 18 años, preocupa al Comité la excepción que establece en 16 años la edad mínima de los técnicos en las unidades de transmisiones.

Preocupa además al Comité que, según el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar, la incorporación anticipada al servicio activo esté permitida en el caso de los menores de 16 y 17 años que deseen salir del país en la época en que reglamentariamente les corresponde prestar servicios y de los que, por razón de sus estudios, les sea menester hacerlo así.

20. El Comité recomienda al Estado parte que revoque el artículo 25 de la Ley del Servicio Militar, ponga fin a la práctica de la incorporación anticipada al servicio activo de los menores de 16 y 17 años y eleve la edad mínima del alistamiento voluntario a 18 años, sin excepciones.

Como se observa, el Comité de los Derechos del Niño ha puesto en evidencia que las excepciones contenidas en los dos artículos citados de la Ley del Servicio Militar atentan contra la protección que el Estado mexicano debe brindar a los niños, ya que, en tratándose de las Fuerzas Armadas los menores de 18 años que se encuentren en los supuestos previstos en la ley serán considerados de forma injustificada como adultos aptos para el combate.

El pasado 20 de marzo, la 130 asamblea de la Unión Interparlamentaria adoptó por unanimidad la resolución sobre “el papel de los parlamentos en la protección de los derechos de los niños, en particular los niños migrantes no acompañados, y en la prevención de su explotación en situaciones de guerra y de conflicto”, en la que insta a los parlamentos de los países con servicio militar obligatorio a aumentar la edad mínima y a prohibir el reclutamiento voluntario de menores de 18 años.

En consonancia con lo anterior y a fin de promover en nuestro país la supresión de esta práctica evidentemente contraria a la protección de la infancia, esta iniciativa contiene una propuesta de reformas a la Ley del Servicio Militar, en el siguiente sentido:

Se propone la modificación al texto del párrafo segundo de la fracción II del artículo 24 de la Ley del Servicio Militar que establece que se admitirán menores de 18 y mayores de 16 años de edad, en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos, para prohibir expresamentela admisión de niñas o niños en el activo del Ejército.

Del mismo ordenamiento se propone la reforma del artículo 25 el cual señala los requisitos para obtener el anticipo de la incorporación en el activo, para establecer que dicha incorporación podrá realizarse hasta los 18 años cumplidos.

Asimismo, se establece un artículo 51 Bis a fin de castigar con una pena de 10 a 20 años de prisión y de 750 a 2 mil 250 días multa a quien realice la inscripción o cualquier acto tendente a realizar la inscripción al servicio militar activo de un menor de edad. Con esto se pretende desincentivar definitivamente el reclutamiento de estos jóvenes.

Sin duda, la razón más importante para inhibir el acceso de niñas y niños a las fuerzas armadas es que esta es la forma más efectiva para evitar el riesgo de que accidentalmente se movilice a los menores de 18 años en combate. Ya que “[l]a experiencia demuestra que cuando los menores de 18 años son reclutados por las fuerzas armadas estatales, la prohibición de su uso en las hostilidades [...] no constituye en sí una garantía efectiva contra su participación”.

La Red por los Derechos de la Infancia en México hace un señalamiento puntual en cuanto a que no existe una ley que obligue a ningún menor de 18 años a incorporarse a las fuerzas armadas, ni mandato alguno que imponga su participación en las hostilidades, sin embargo –y este es el riesgo- tampoco existe una disposición legal que excluya de manera expresa la posibilidad de que en caso de conflictos armados niñas y niños menores de 18 años pueden ser utilizados, sin importar si éstos se engancharon voluntariamente (como técnicos en las unidades de transmisión) o si están prestando su servicio militar de manera anticipada.

Incluso, la fracción II del artículo 180 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que la primera reserva está integrada por los cabos y soldados del Servicio Militar Voluntario que cumplan su tiempo de enganche en el activo, mientras que el artículo 9 de la Ley del Servicio Militar señala que en los casos de movilización, los reservistas serán considerados como pertenecientes al Ejército activo, tomando en cuenta que el presidente de la República puede movilizar la primera reserva en los casos de guerra internacional, alteración del orden y la paz interior, y práctica de grandes maniobras. Evidentemente, esto constituye un riesgo para los niños, niñas y adolescentes que por cualquier circunstancia se encuentren en ese momento en el Ejército.

Compañeros legisladores, no debemos olvidar que millones de niños se ven envueltos en conflictos en los que no son únicamente testigos, sino el objetivo. “Algunos caen víctimas de un ataque indiscriminado contra civiles; otros mueren como parte de un genocidio calculado. Otros niños sufren los efectos de la violencia sexual o las múltiples privaciones propias de los conflictos armados, que los exponen al hambre o a las enfermedades. Igualmente chocante resulta el hecho de que miles de jóvenes son explotados cínicamente como combatientes”. Hoy tenemos la oportunidad de eliminar este peligro del futuro de los niños.

Por todo lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Servicio Militar

Único.Se reforma el párrafo segundo de la fracción II del artículo 24, se deroga el artículo 25 y se adiciona el 51 Bis de la Ley del Servicio Militar, para quedar como sigue:

Artículo 24....

I. y II. ...

En ninguna circunstancia serán admitidos como voluntarios quienes no tengan 18 años cumplidos al momento de la solicitud.

III. a IV. ...

Artículo 25.Se deroga.

Artículo 51 Bis. Se castigará con una pena de 10 a 20 años de prisión y de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta días multa al que realice la inscripción o cualquier acto tendente a realizar la inscripción al servicio militar activo de un menor de edad.

Para los efectos de este artículo se considerará con la calidad de civil a los menores que se sitúen en los supuestos de este artículo.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Ejecutivo federal, a más tardar dentro de tres meses a partir de la publicación de este decreto, expedirá las reformas reglamentarias correspondientes.

Notas:

1 De http://www.unicef.es/infancia/proteccion-infantil

2 “Una vez que han sido reclutados, los niños generalmente reciben un trato parecido al de los adultos, incluidas las ceremonias de incorporación a las filas, que suelen ser brutales. Al principio muchos desempeñan funciones de apoyo, que entrañan grandes riesgos y dificultades. Una de las tareas más comunes que se les asignan es servir de cargadores, y a menudo transportan cargas muy pesadas de hasta 60 kilogramos, incluidas municiones o soldados heridos. Los niños que son demasiado débiles para transportar cargas a veces reciben golpes brutales o hasta mueren baleados.” Las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños,Informe de la experta del secretario general, señora Graça Machel, presentado en virtud de la resolución 48/157, Organización de las Naciones Unidas, 1996, página 19.

3 Véase “Louder than words. An agenda for action to end state use of child soldiers”, en Child Soldiers International, Reino Unido, 2012, página 18.

4 Esta definición fue retomada de Principios de Ciudad de El Cabo, aprobados en una conferencia internacional sobre niños y niñas soldados celebrada en Sudáfrica en 1997, y ha sido adoptada por diversos organismos de las Naciones Unidas.

5 Informe mundial sobre la violencia contra niños y niñas. Disponible en http://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_ 1(1).pdf

6 Este instrumento, cuyo objetivo central es la prevención, intenta que los menores sean protegidos contra la posibilidad de participar en los conflictos armados, y se considera el tratado internacional más completo con relación a los niños soldados y ha sido ratificado por 129 de 154 Estados parte.

7 Obra citada, Guía del protocolo facultativo sobre la participación de niños y niñas en los conflictos armados, página 18.

8 La declaración vinculante depositada puede ser consultada en https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx? src=IND&mtdsg_no=IV-11-b&chapter=4&lang=en#11

9 Entre las funciones que realiza este servicio técnico destacan la instalación, la operación y el mantenimiento de los medios necesarios para conservar y atender una comunicación eficiente y oportuna entre el Alto Mando y las unidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y de otros medios electrónicos que éste utilice, abastecimiento y mantenimiento de sus materiales, como sistemas de enlaces digitales y sistemas de radiocomunicación de muy alta frecuencia y alta frecuencia. Quinto informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional,página 52.

10 Informes de México sobre los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y a la participación de niños en conflictos armados.

11 “Más que mil palabras. Una agenda para la acción para acabar con el uso estatal de los niños como soldados”, en Child Soldiers International,Reino Unido, 2012, página 4.

12 Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados,Red por los Derechos de la Infancia en México, México, 2010, página 11.

13 Obra citada, Las repercusiones de los conflictos armados sobre los niños,página 9.

Sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Senadora Gabriela Cuevas Barrón, senadora Angélica de la Peña Gómez, senador Javier Corral Jurado, senador Alejandro Encinas Rodríguez, senadora María de los Dolores Padierna Luna, senadora Sonia Méndoza Díaz, senador Fernando Herrera Avila, senador Luis Sánchez Jiménez, senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, senador Francisco Domínguez Servién, senador Rabindranath Salazar Solorio (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Roxana Luna Porquillo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala claramente que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y consagra los principios de universalidad, complementariedad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos.

En este sentido, diferentes instrumentos internacionales así como leyes nacionales, reconocen la indispensabilidad de la orientación sexual, la identidad y la expresión de género para la dignidad y la humanidad de toda persona. De igual forma, determinan que éstas no deben ser motivo de discriminación o abuso.

Para lograr lo mencionado, dichos marcos han establecido definiciones amplias sobre esos tres conceptos con el objetivo de garantizar los derechos de igualdad y no discriminación.

De acuerdo al estudio elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, la orientación sexual de una persona es independiente del sexo biológico o de la identidad de género, y la ha definido como la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a la capacidad mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

De igual forma, el documento señala que de acuerdo al derecho comparado, la orientación sexual es una categoría sospechosa de discriminación, para lo cual se han utilizado distintos criterios, que incluyen la inmutabilidad que se entiende como una característica difícil de controlar de la cual una persona no puede separarse a riesgo de sacrificar su identidad.

La expresión de género se refiere a la externalización que hace la persona, a través de la conducta, vestimenta, postura e interacción social, entre otras características, de su identidad de género.

Por su parte, los “Principios de Yogyakarta, Principios sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género” –una serie de principios sobre cómo se aplican los estándares y legislación internacionales de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género–, definen a la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

En este tenor, podemos también señalar otros documentos internacionales que abonan a la lucha por el reconocimiento, respeto, garantía y defensa de la no discriminación y la igualdad.

La Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del 18 de diciembre de 2008, es un instrumento que contiene una carta dirigida al Presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por los Representantes Permanentes de Argentina, Brasil, Croacia, Francia, Gabón, Japón, Noruega y los Países Bajos ante la ONU a nombre entre otros países, de México. En ella se desarrolla una intervención para urgir a los Estados a tomar todas las medidas necesarias, en particular las legislativas o administrativas, para asegurar que la orientación sexual o identidad de género no puedan ser, bajo ninguna circunstancia, la base de sanciones penales, en particular ejecuciones, arrestos o detención. Pide que se investiguen las violaciones de derechos humanos basadas en esos principios y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia. Finalmente, pretende asegurar una protección adecuada a las personas defensoras de derechos humanos, y a eliminar los obstáculos que les impiden llevar adelante su trabajo en temas de derechos humanos en la materia.

A través de la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08), de la Organización de Estados Americanos (OEA), los Estados miembros encargan a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) que incluya en su agenda, antes del trigésimo noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General, el tema “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”, lo anterior en atención a la preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas, cometidos contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género.

Entre otras resoluciones de la OEA en la materia destacan la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, AG/RES. 2504 (XXXIX-O/09), la cual además de condenar los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos relacionadas y perpetradas contra individuos a causa de su orientación e identidad, insta a los Estados a asegurar que se investiguen dichos actos y violaciones, y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.

La Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, AG/RES. 2600 (XL-O/10)  exhorta a los Estados a continuar con lo ya establecido en las resoluciones 08 y 09 y considera necesario alentar a las naciones a que tomen todas las medidas necesarias para asegurar que no se cometan actos de violencia u otras violaciones de derechos humanos contra personas con una orientación e identidad diferentes a las normadas. Intenta asegurar el acceso a la justicia de las víctimas en condiciones de igualdad, además también las alientan a que consideren medios para combatir la discriminación.

Finalmente, la Resolución sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género, AG/RES. 2653 (XLI-O/11), además de las recomendaciones que se formulan en los anteriores llamados, solicita a la CIDH que preste particular atención a su plan de trabajo titulado “Derechos de las personas LGTBI”, y que prepare el informe hemisférico en la materia, de conformidad con la práctica establecida por la propia CIDH e instar a los Estados Miembros para que participen en el informe. Igualmente, determina solicitar a la CIDH y al Comité Jurídico Interamericano estudios sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a orientación sexual, identidad de género y expresión de género

Al igual que estos marcos internacionales, actualmente existen muchas normas nacionales en el mundo que han avanzado en el reconocimiento y garantía de estos derechos.

La Ley 26743 de Argentina, reconoce el derecho a la identidad de género, al libre desarrollo de las personas conforme a su identidad y a ser tratada de acuerdo a la misma, tomando como base la definición de identidad de género establecida en los Principios de Yogyakarta. Esta Ley está encaminada a que toda persona pueda solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.

En España la Ley 3/2007, tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no corresponde con su verdadera identidad de género. Contempla también el cambio del nombre propio para que no resulte discordante con el sexo reclamado.

Por su parte, la Ley No. 18.620 de Uruguay,  establece que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

En este mismo sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el año 2010, en su Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos Delitos Cometidos por Homofobia, señaló que la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, fueron los principales hechos violatorios y delitos denunciados que se vieron reflejados en detenciones arbitrarias, violencia, ataques a la vida privada y maltrato.

En el tenor de lo expuesto, cabe resaltar que la CIDH entiende por discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos que tenga por objeto o por resultado -ya sea de jure o de facto- anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social y culturalmente se han construido en torno a dichas categorías.”

Como puede observarse, existen varios avances normativos que tienen como fin lograr garantizar los derechos de igualdad y no discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual, expresión o identidad de género. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de odio basados en estas características, constituyen un patrón sistemático local y global, arraigado en las distintas culturas del mundo, que resultan alarmantes.

“Entre estas violaciones se encuentran los asesinatos extrajudiciales, la tortura y los malos tratos, las agresiones sexuales y las violaciones, las injerencias en la privacidad, las detenciones arbitrarias, la negación de empleo o de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el goce de otros derechos humanos. Estas violaciones a menudo se ven agravadas por la vivencia de otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión.”

La orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son componentes fundamentales de la vida cualquier persona. Es por ello que debemos garantizar que ni el Estado ni nadie invada tales componentes como son la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, y determinar la propia identidad.

A través de este proyecto de decreto, se busca reafirmar en nuestra Carta Magna el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos.

De igual forma se pretende armonizar nuestra Constitución con los estándares internacionales en materia de derechos humanos más avanzados, tal y como lo mandata la reforma constitucional efectuada en 2011.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf

2 El término “sexo” se refiere “a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer”, a sus características fisiológicas, a “la suma de las características biológicas que define el espectro de los humanos personas como mujeres y hombres” o a “la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer”.

3 El término “género” se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas.

4 Alvarado, Dante. Orientación sexual, identidad y expresión de género en el Sistema Interamericano. Agenda Internacional. Año XVII, N° 28, 2010, pp. 153-175

5 http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf

6 http://www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Declaracion_ONU. pdf

7 http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2435_XXXVIII-O-08.pdf

8 http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2504_XXXIX-O-09.pdf

9 http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2600_XL-O-10_esp.pdf

10 http://www.oas.org/dil/esp/AG-RES_2653_XLI-O-11_esp.pdf

11 http://www.infojus.gov.ar/index.php? kk_seccion=documento&registro=DECRETOS &docid=DEC%2520C%2520001007%25202012%252007%252002

12 http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf

13 http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18620

14 www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-INF_166-12_esp.pdf

15 www.oas.org/dil/esp/orientacion_sexual_Principios_de_Yogyakarta_2006.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS

«Iniciativa que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, suscrita por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrante de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1 y 79 numeral 1 fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración a esta soberanía la presente iniciativa que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La protección social en nuestro país responde a la demanda de atender los requerimientos de una población en constante, la cual convive en un espacio social diverso y complejo, generando retos para el aparato gubernamental encargado de satisfacer las demandas de servicios públicos.

Uno de los temas más importantes dentro de la agenda de gobierno, es aquel que representa el proveer de vivienda al núcleo básico de la sociedad: la familia. En México se atiende este reclamo por medio de la Constitución, que en el artículo 4o. establece:

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Lo anterior, esboza de manera general, un mecanismo para fomentar la unidad familiar a partir de la posesión de una vivienda, lo que nos remite a pensar en el sacrificio que la población realiza en el campo laboral, tanto hombres como mujeres, solteros o casados, que día con día se esfuerzan por proveer de una casa para su familia.

Siguiendo el marco jurídico supremo que rige en nuestro país, en el Título Sexto Del Trabajo y la Previsión Social, el artículo 123 constitucional señala el derecho a la libertad de tener un trabajo digno y socialmente útil. En este sentido, se establece que todo mexicano tiene el derecho a ejercer la profesión que desee, siempre y cuando se considere como provechoso para la sociedad y nunca fuera de los límites legales, lo cual se retoma para la presente exposición de motivos, dado que una de las actividades que confieren mayor orgullo y dignidad a quienes las realizan en favor de la nación, es aquella en donde se desempeña el personal que integra a las fuerzas armadas de nuestro país, en específico, los soldados rasos o de tropa.

Dadas las características particulares de las actividades realizadas en el ámbito de la seguridad pública, esto repercute también en las consideraciones acerca de la seguridad social, por lo que en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, se establece:

Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Este párrafo, incluido en el capítulo referente a la seguridad social, indica que, dadas las condiciones especiales en las que opera el personal dedicado a tareas militares, de seguridad pública o en el servicio exterior, debe contar con un marco jurídico que también otorgue los beneficios de la seguridad social, pero con ajustes enmarcados en su ámbito de acción, sin que esta particularidad afecte los derechos de las y los trabajadores.

En este contexto nacional, la protección de lo social se ha desarrollado a través de un mecanismo institucional tripartito que intenta cubrir la necesidad de vivienda de los trabajadores formales, el cual se integra por: Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISSFAM, las cuales ofrecen diversos apoyos al personal subordinado que cotiza en cualquiera de estos tres institutos de seguridad social.

La iniciativa que se propone ubica al personal militar como la población objetivo que se desea beneficiar, a partir de las consideraciones que se expone en el presente documento, por lo que siendo el ISSFAM el organismo público encargado de proveer de seguridad social al personal integrante de las Fuerzas Armadas de nuestro país, se hará referencia al marco normativo bajo el cual opera dicho instituto, en favor de los efectivos militares.

Como se mencionó anteriormente, los efectivos militares se rigen bajo un marco normativo propio, pues cuentan con la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, LISSFAM, siendo la ley que regula el funcionamiento del ISSFAM, la cual rige sobre los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, y en entre cuyas funciones indica el establecimiento y operación de un sistema de financiamiento que les permita obtener crédito barato y suficiente para la adquisición de vivienda cómoda e higiénica.

Como encargado de vigilar por la seguridad interna y externa, la adhesión a las instituciones militares debe formarse desde los rangos más bajos y hasta los mandos superiores, a partir de un concepto de honor y servicio hacia la sociedad mexicana, lo cual se ve reforzado por las acciones que en su favor, el gobierno realiza, a fin de mejorar la calidad de vida tanto de los efectivos militares, como de sus familias.

Ejemplo de lo anterior es la reforma aprobada en 2012 al artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en la cual se redujo el requisito de 10 a 6 años para el otorgamiento del crédito hipotecario a los militares que se encuentran en activo, cuyos ingresos sean menores para la adquisición de una vivienda.

El artículo 108 se vincula con lo dispuesto por las reglas de operación para los productos de crédito que oferta Banjército. La reforma referida y el producto de préstamo hipotecario llamado Vivienda Fácil 2 atienden las necesidades de los soldados rasos (elementos de menor rango en el ejército), quienes en un periodo de 7 años vieron un incremento en su salario “que pasó de 4 mil 474 pesos en 2006 a 10 mil 16 pesos en 2013. Es decir, que en siete años su remuneración creció 124 por ciento. Descontado el efecto inflacionario, el crecimiento salarial real fue de 80 por ciento”.

Los soldados rasos se encargan de las funciones que implican un contacto más cercano con la población, por lo tanto, corren un mayor riesgo a partir de su salida a las calles para cumplir con funciones de patrullaje durante el sexenio anterior y hasta la fecha, por lo cual, las consideraciones hacia los integrantes de la jerarquía de menor rango dentro del Ejército Mexicano deben fomentar la adhesión a la institución, no al contrario.

El tema salarial y las prestaciones ofrecidas por una institución son siempre tema de debate en materia del área de seguridad pública, puesto que implica aceptar que la vocación de servicio no es suficiente para cumplir con la encomienda de proteger y servir a la sociedad, sino que debe existir una remuneración que permita a los integrantes de la fuerza pública ofrecer un mejor nivel de vida tanto para sí mismos, como para sus familias.

Las condiciones actuales del combate a la delincuencia organizada y la corrupción han sido factores importantes en el desgaste que han sufrido las Fuerzas Armadas de nuestro país, lo que también ha repercutido en el nivel de deserciones, por lo cual, son necesarias las acciones que alienten a los soldados para servirle a una patria que no olvida su sacrificio, pues vivir con la disciplina militar sin percibir una mejoría en su calidad de vida con respecto al resto de la población, significa un obstáculo para fomentar la identidad institucional entre la tropa, tal como lo menciona el especialista en seguridad nacional, Iñigo Guevara Moyano, a propósito de las 49 mil 471 deserciones registradas en las filas del Ejército Mexicano entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con la respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, a Contralínea, con respecto a la solicitud de información 0000700011913:

“...la fortaleza moral es una virtud individual. El entrenamiento militar ayuda a crear disciplina, fomentar un espíritu de cuerpo y moldear un sentido de honor y lealtad; pero, a fin de cuentas, si el árbol está torcido, ninguna cantidad o calidad de entrenamiento, paga inmejorable o condiciones altas de vida garantizarán que el individuo no cambie de ideas, ambición o visión del futuro ...las fuerzas militares son organizaciones humanas y, al igual que otras organizaciones humanas altamente disciplinadas, como el servicio exterior, el sector médico o el clero, en ocasiones los individuos cambian de opinión debido a factores que la organización simplemente no puede controlar”.

En este orden de ideas, contraponemos la tesis del autor referido, dado que la teoría neoinstitucional indica que el marco normativo que establece tanto derechos como obligaciones que se aplican a un individuo que forma parte de una institución, inciden en su comportamiento, por lo cual se puede argumentar que al garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de los soldados, la reducción de desertores podría ser una realidad al combinarse el sentido del deber aprendido y la promesa de obtener un patrimonio material.

Otra de las acciones encaminadas a ofrecer mayores garantías de seguridad social a miembros del ejército, es el diseño e implementación del Programa Institucional 2013-2018 del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2014, donde se expone la misión del ISSFAM:

“Proporcionar prestaciones sociales y económicas a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus beneficiarios, así como de salud al personal militar retirado, pensionistas y sus derechohabientes, para contribuir a su bienestar social, mediante capital humano con identidad institucional y vocación de servicio, herramientas tecnológicas y procesos eficientes con apego a derecho.”

Así como promover los valores institucionales de identidad y vocación de servicio, entre otros, a partir del aprovechamiento del Sistema de Seguridad Social que ofrece el instituto referido.

Para establecer los parámetros de este programa, se hizo referencia a una población en activo a partir de la siguiente división:

Militares en el activo

Categorías

Ejército: 190 mil 24.

Armada: 54 mil 636.

Totales: 244 mil 660.

Porcentaje: 24.46%.

Gráficamente, se expuso lo siguiente:

La gráfica indica que más de 50 por ciento de beneficiarios corresponde a dependientes –derechohabientes– de militares en activo, quienes representan a la mayoría de la población objetivo que atiende el ISSFAM, que de acuerdo a su artículo 18 otorga la prestación de vivienda, entre otras.

Durante 2013, el ISSFAM otorgó 2 mil 949 créditos para la adquisición de vivienda, y en junio de ese año se autorizó el incremento en los montos para los créditos hipotecarios de acuerdo al grado que ostente el personal del Ejército y Armada.

El periodo comprendido entre los años 2000 al 2009, el del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

“contaba con 19 mil solicitudes pendientes de ser atendidas, por lo que en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010, la honorable Junta Directiva de este organismo autorizó 6 mil 773 créditos hipotecarios, para beneficiar al personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, correspondientes a solicitudes presentadas en los años de 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, por lo que el órgano de gobierno autorizó dos adecuaciones presupuestarias en el mismo año con el objeto de solventar la demanda que se tenía pendiente de atender.

A partir del 6 de octubre de 2010, se inició, la autorización de créditos hipotecarios para el año 2011, habiéndose aprobado hasta ese momento 18 mil 21 créditos, que correspondían a solicitudes presentadas en los años 2005 a 2011 por lo que a la fecha ya no existen solicitudes pendientes de atender, con fecha 12 de octubre de 2011 se autorizaron créditos para el ejercicio fiscal de 2012. Actualmente las solicitudes que se presentan son atendidas en un plazo de 15 días”.

La información anterior permite inferir que el Instituto tiene la capacidad de atender con eficacia la demanda de créditos hipotecarios, lo que refuerza la presente propuesta que favorece al segmento del personal militar que ocupa el último lugar en la cadena de mando y que, por tanto, requiere de un tiempo de cotización mayor para acceder al crédito de vivienda.

Las reglas de operación del ISSFAM establecen que se deben contar con 6 años mínimo para que los soldados rasos puedan acceder a un préstamo hipotecario, de acuerdo al artículo 108 de la ley que rige a este instituto. Si la edad máxima de reclutamiento es de 30 años, un soldado raso en este supuesto deberá esperar hasta los 36 años para acceder a dicha prestación, mientras que en otras áreas que prestan servicios al Estado el lapso de tiempo para cotizar es menor a tres años, como es el caso del ISSSTE, que requiere de 18 meses (año y medio) de cotización continua.

Sin demeritar los riesgos que cualquier actividad laboral implica, el área militar requiere que el personal lleve las situaciones peligrosas al límite, lo que significa arriesgar la vida en momentos donde se debe hacer uso de la fuerza mortal, dadas las responsabilidades que conlleva el quehacer de las fuerzas armadas.

Como aliciente para los militares en activo, el programa institucional 2013-2018, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece, entre sus objetivos:

Objetivo: Fortalecer los mecanismos para optimizar el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas que proporciona este instituto a su población objetivo.

Alcance: Prestaciones sociales, prestaciones económicas y vivienda.

Para lograr lo anterior, en el mismo documento se establecen las siguientes estrategias y líneas de acción:

“Estrategia 1.3. Fortalecer el marco jurídico que rigen las prestaciones sociales y económicas que otorga este Instituto.

Líneas de acción 1.3.1. Revisar y actualizar el marco jurídico, a fin de reforzar las prestaciones que este Instituto se encuentra obligado a otorgar.

Estrategia 1.6. Modernizar los mecanismos para el otorgamiento, control y seguimiento de créditos hipotecarios, fondo de la vivienda y Secore”.

Como medida que coadyuve al logro del objetivo planteado, la propuesta de esta iniciativa pretende reducir el tiempo de cotización a la mitad, en cuanto al personal de tropa, dado que esta medida reafirmará el compromiso con las instituciones militares mediante la mejora de las condiciones de vida del personal militar referido y de sus familias.

Siguiendo la línea que marca el objetivo del instituto en comento en materia de vivienda, se maneja una alineación en cuanto a las metas nacionales y los objetivos sectoriales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de acuerdo a las siguientes tablas:

Un soldado raso se debe retirar obligatoriamente a los cincuenta años, pero si no logró alcanzar los veinte años de servicio, no podrá ascender al grado inmediato para mejorar el cálculo de beneficio económico, de acuerdo con el artículo 27 de la LISSFAM.

En la ley se establece, en el artículo 32, que las pensiones quedarán libres de cualquier impuesto, a menos de que se hayan contraído adeudos con el Instituto por créditos hipotecarios.

Considerando los dos párrafos precedentes, se argumenta que, al reducir el tiempo de cotización mínimo para los soldados rasos, estos podrán adquirir el acceso a préstamo para vivienda en un lapso menor, y por lo tanto, podrán cubrir en menor tiempo su deuda, aprovechando el tiempo que se mantengan activos en el Ejército mexicano, permitiéndoles gozar de la totalidad de su pensión sin adeudos hipotecarios.

Los soldados rasos se ubican en el último lugar de la jerarquía militar, y realizan las tareas más pesadas y peligrosas, dado que sus actividades requieren su presencia en campo y, por tanto, esto significa un mayor riesgo tanto para su integridad moral como física.

Es por ello que se les debe reconocer con un beneficio que les aporte la mejora personal y de sus familias, por medio de mecanismos institucionales. Considerando que antes que la promesa de una recompensa, el soldado mexicano debe formar primero una adhesión a la institución, y que su lealtad se la debe a la nación, la reducción de 6 a 3 años para obtener el beneficio de préstamo para vivienda cumple con dos funciones:

1. Permite al soldado cumplir con un tiempo justo para decidir si su vocación es realmente el prestar este servicio al país;

2. La espera menor para lograr alcanzar un objetivo que impactará en su calidad de vida y la de su familia, servirá como incentivo para cumplir con sus obligaciones en el servicio activo, toda vez que el contar con este beneficio de protección social, el cual reciben funcionarios al servicio del Estado en dependencias civiles con un tiempo de cotización menor en comparación con el riesgo de sus actividades.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

Único. Se reforma el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para quedar como sigue:

Texto vigente

Artículo 108. Para otorgar y fijar los créditos a los militares en el activo se tomará en cuenta:

...

II. Tener depósitos al fondo de por lo menos 6 años a su favor, excepción hecha de los casos previstos en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 102 de esta ley;

Reforma propuesta

Artículo 108. Para otorgar y fijar los créditos a los militares en el activo se tomará en cuenta:

...

II. Tener depósitos al fondo de por lo menos 3 años a su favor, excepción hecha de los casos previstos en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 102 de esta ley;

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3120/3.pdf

2 Artículo 2o., LISSFAM.

3 Página 6, http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/3/2011-12-08-1/assets/documentos/Art_va rios_ISSFAM.pdf

4 http://www.redpolitica.mx/nacion/ejercito-con-mejor-salario-pero-mas-elementos- caidos

5 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/06/09/mas-de-55-mil-dese rciones-en-las-fuerzas-armadas/

6 http://www.dof.gob.mx/ nota_detalle.php?codigo=5341812&fecha=23/04/2014

7 DOF, 23 de abril de 2014, [http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? codigo=5341812&fecha=23/04/2014]

8 Ibíd.

9 Ibíd .

10Ibíd.

http://www.banjercito.com.mx/index.jsp? hd_ligaContenido=Productos_credito/prestamos_hipotecarios/ menu_prestamos_hipotecarios.html

http://www.issfam.gob.mx/ archivos/preguntas_frecuentes.htm

http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/ a_boletines/2012_2012/002_febrero/16_16/ 4752_aprueban_diputados_reformas_en_beneficio_ de_la_seguridad_social_para_integrantes_de_las_fuerzas_armadas

http://www.jornada.unam.mx/2012/08/18/opinion/018a2pol

http://www.issfam.gob.mx/archivos/ transparencia/normatividad_federal/leyes/ley_issfam.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_07jul14.pdf

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/3/ 2011-12-08-1/assets/documentos/Art_varios_ISSFAM.pdf

http://www.senado.gob.mx/index.php? ver=sp&mn=2&sm=2&id=33352

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 28 de enero de 2015.— Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica p.a.).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 185 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 185, fracciones I, II y II; y se adicionan las fracciones IV, V Y VI  de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“María de los Ángeles Ortiz Hernández camina de prisa sobre la acera de la avenida Las Américas del puerto de Veracruz, con el agrietado maletín colgando sobre el hombro izquierdo y con zapatos de tacón del número tres, cuando un auto Camaro negro, que circula a 120 kilómetros por hora, se aproxima hacia ella.

Pero Ángeles no se percata de nada. Salió de casa con el tiempo justo para llegar al trabajo. Avanza, absorta, con la mirada perdida al frente, sin escuchar las voces confusas y los ruidos de las cortinas metálicas que, al ser levantadas, descubren una tienda de abarrotes y una modesta peluquería en la casa color mostaza.

Ángeles, una espigada mujer de piel canela que lleva apenas unas gotas de maquillaje, llega a la esquina con Francisco Pizarro. Seguir caminando con los ojos puestos en la nada es una pésima idea, pero no hay modo de que lo advierta. Así que, exactamente a las 9:15 de este lunes 28 de junio de 2004, cuatro meses después de haber cumplido 31 años, la sacude un tremendo ruido.

El conductor del lujoso Camaro, un joven de 18 años que responde al nombre de Ricardo Márquez, embiste y la estampa contra la barda color marrón.

Aplastada contra la pared, Ángeles abre los ojos y siente que un dolor y un calor infernales recorren su cuerpo. Se angustia porque no llegará a tiempo a su trabajo, de donde, en la noche, deberá correr hacia la escuela privada en la que estudia comercio internacional.

Pero eso no sucederá. Se halla aquí, atrapada, berreando como un animal acuchillado. La persona que la ha atropellado, un desaliñado muchacho, y su también desmañado acompañante, su primo, la regresan a la realidad cuando salen precipitadamente del automóvil.

Ángeles, quien ya descubrió que su pierna izquierda está siendo triturada, mira cómo los estropeados muchachos permiten

la salida del vehículo de dos jovencitas que no rebasan los 17 años. Corren de manera atropellada; no quieren meterse en líos. Ricardo la está mirando e, hirientemente, le sonríe.

–¡Quita tu carro! ¡Me aplastas mi pierna! ¡Por favor! –grita y llora sin control. Pero Ricardo se aleja. Incrédula, Ángeles vuelve a gritar porque el primo quiere hacer lo mismo.

–¡Tú no te vayas! ¡Por favor, ayúdame! Él titubea. Da un paso al frente y vuelve a dudar. Pero regresa al automóvil y mueve el freno de mano; Ángeles cae al suelo y se golpea la cabeza con las piedras de la barda derrumbada. Siente que miles de agujas se le clavan en el cráneo.

Seis horas después del accidente María despertó en un hospital, había sido necesario realizarle una amputación quirúrgica. Perdió su empleo, con una carrera inconclusa y sin la pierna izquierda.”

Casos como el de María de los Ángeles se repiten día a día, fotografías en las primeras planas de los periódicos plasman el dolor de cientos de mujeres y hombres principalmente jóvenes  que acaban con sueños y esperanzas, reportajes que describen como se mutila una vida, llegando a veces a terminar con ello y donde la frase protagonista es “se encontraba bajo el influjo del alcohol o iba en estado de ebriedad”.

Así la falta de legislación para reducir el abuso en el consumo del alcohol, la nula información sobre el abstenerse a consumir bebidas alcohólicas a temprana edad y las débiles campañas de información sobre la enfermedad del alcoholismo hacen necesario reflexionar sobre el problema de salud pública que hoy en día implica esta terrible enfermedad.

Ante ello es menester situarnos en nuestra realidad actual, un contexto social plagado de violencia familiar y social, altos índices de criminalidad, injusticia, falta de oportunidades traducidas en desigualdad y regiones del país donde los niveles de marginación son similares a los de países con pobreza extrema; todo lo anterior es un entramado que repercute y deteriora la salud mental de los mexicanos y que se ve reflejada en enfermedades psicosomáticas, depresión, estrés, neurosis, resultado de la falta de satisfacción de necesidades básicas.

Es entonces  que ante esta situación de hastío por una parte así como en tratar de conseguir un estado de bienestar y la felicidad tan anhelada y no lograrlo, los mexicanos en su mayoría jóvenes  han optado por evadir su realidad, utilizando el alcohol bajo el supuesto de lograr y sentir bienestar, incrementando de manera desquiciante su consumo, perdiendo en muchas ocasiones el control en su manera de beber y volverse enfermos alcohólicos sin saberlo.

Datos de la Encuesta Nacional de Adicciones (2011) muestran que el 55.2 por ciento de los jóvenes mexicanos consumen bebidas alcohólicas de manera periódica y que en la última década el consumo de bebidas alcohólicas entre jóvenes mexicanos aumentó de 49 a 55 por ciento. Otro dato interesante es que en la actualidad la edad de inicio en el consumo del alcohol es a los 12 años.

Estas cifras son más que reveladoras, hacen visible el grave  problema de salud pública al que nos enfrentamos y que no contamos con legislación que dé cabida a medidas preventivas.

¿Qué es el alcoholismo?

“El alcoholismoha sido considerado como una enfermedad incurable, progresiva y mortal por la Asociación de Médicos de Estados Unidos (American Medical Association); igualmente la Organización Mundial de la Salud, lo determina como una enfermedad y lo precisa como “...toda forma de embriaguez que excede el consumo alimenticio tradicional y corriente o que (...) sobrepasa los linderos de costumbres sociales...”. Enfermedad que afecta no sólo al adicto sino también la vida de todo aquel que se encuentre a su alrededor.

Existen muchas definiciones acerca del alcoholismo, escogeremos la de un experto en el tema, el doctor David L. Ohlms, quien define: El alcoholismo es una enfermedad crónica, progresiva e incurable, caracterizada por la pérdida del control sobre el alcohol.

Donde el alcohólico pierde el control de la bebida originando reacciones y comportamientos negativos, por lo que se le considera un enfermo que pone en riesgo su salud física y mental, así como su relación familiar y social. Muchos alcohólicos que son incapaces de dejar de beber piensan que son moralmente débiles o que quizá tienen un desequilibrio mental. Cuando el alcoholismo se ha presentado, no existe perversidad moral acerca de estar enfermo.

A nivel internacional la Organización Mundial de la Salud arroja los siguientes datos:

• Cada año mueren en el mundo 3,3 millones de personas a consecuencia del consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9 por ciento de todas las defunciones.

• El uso nocivo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos.

• En general, el 5,1 por ciento de la carga mundial de morbilidad y lesiones es atribuible al consumo de alcohol, calculado en términos de la esperanza de vida ajustada en función de la discapacidad (EVAD).

• El consumo de alcohol provoca defunción y discapacidad a una edad relativamente temprana. En el grupo etario de 20 a 39 años, un 25 por ciento de las defunciones son atribuibles al consumo de alcohol.

• Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos.

• Recientemente se han determinado relaciones causales entre el consumo nocivo y la incidencia de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/sida.

• Más allá de las consecuencias sanitarias, el consumo nocivo de alcohol provoca pérdidas sociales y económicas importantes, tanto para las personas como para la sociedad en su conjunto.

Ante ello en 2010, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó una resolución en la que hace suya la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol y por la que insta a los países a que fortalezcan las respuestas nacionales a los problemas de salud pública causados por dicho uso.

Dentro de la estrategia mundial para reducir el uso nocivo del alcohol, la OMS revela lo siguiente:

El uso nocivo del alcohol tiene graves repercusiones en la salud pública y es considerado uno de los principales factores de riesgo de la mala salud a nivel mundial.

En el marco de este proyecto de estrategia, el concepto de uso nocivo del alcohol es una noción amplia que abarca el consumo de alcohol que provoca efectos sanitarios y sociales perjudiciales para el bebedor, para quienes lo rodean y para la sociedad en general, así como las pautas de consumo de alcohol asociadas a un mayor riesgo de resultados sanitarios perjudiciales. El uso nocivo del alcohol compromete tanto el desarrollo individual como el social, y puede arruinar la vida del bebedor, devastar a su familia y desgarrar la urdimbre de la comunidad.

El uso nocivo del alcohol contribuye de forma importante a la carga mundial de morbilidad, y ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial.  Se estima que en 2004 murieron en todo el mundo unos 2,5 millones de personas, incluidos 320 mil jóvenes de 15 a 29 años, por causas relacionadas con el alcohol. El uso nocivo del alcohol fue el responsable del 3,8 por ciento de la mortalidad mundial ese año, así como del 4,5 por ciento de la carga mundial de morbilidad expresada como pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad, aun teniendo en cuenta el pequeño efecto protector del consumo bajo de alcohol, especialmente contra la cardiopatía coronaria, en algunas personas de más de 40 años.

El consumo nocivo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo evitables de los trastornos neuropsiquiátricos y otras enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la cirrosis hepática y diversos cánceres. Para algunas enfermedades no hay indicios de un efecto de umbral en la relación entre el riesgo y el nivel de consumo de alcohol. El uso nocivo del alcohol también está relacionado con varias enfermedades infecciosas, como el VIH/sida, la tuberculosis y la neumonía. Una proporción importante de la carga de morbilidad atribuible al consumo nocivo de alcohol consiste en traumatismos intencionales o no intencionales, en particular los debidos a accidentes de tránsito, violencia y suicidios. Las lesiones mortales atribuibles al consumo de alcohol suelen afectar a personas relativamente jóvenes.

A nivel nacional  el riesgo de sufrir cualquier tipo de lesión se incrementa con el consumo del alcohol aunque este no llegue a intoxicación, ni sea de manera crónica. Con tan solo dos copas, el riesgo de sufrir una lesión incrementa al doble y aumenta 4 veces durante la primera hora después de haberlo consumido.

En nuestro país el alcohol es la principal causa de lesiones en México, dichas lesiones que han sido frecuentemente relacionadas con el consumo del alcohol son las de tipo de violento, los accidentes automovilísticos, las caídas y las quemaduras.

En el Distrito Federal los accidentes automovilísticos son la primera causa de mortalidad entre los 20 y 50 años, estas muertes no solo repercuten en las familias afectadas, también tienen efectos en la sociedad.

Sin embargo, organizaciones preocupadas y comprometidas en dar a conocer información sobre la enfermedad del alcoholismo así como su modelo de recuperación, tal como Alcohólicos Anónimos, firmaron. En julio de 1995 la Secretaría de Salud, a través del entonces Secretariado Técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, celebró un convenio de colaboración con la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC (CMSGAA), para llevar a cabo acciones de prevención, atención y rehabilitación de personas con problemas de alcoholismo. La CMSG de AA, AC, cuenta con más de 14 mil grupos, por lo que se ha considerado por importantes autoridades como la organización no gubernamental (ONG) más grande en nuestro país, además de ser la única representación legal de Alcohólicos Anónimos en México y autorizada por la AA World Services Inc., fundadora de los servicios mundiales de AA la cual tiene como sede Estados Unidos de América.

Así en enero de 1996 se realiza la primera versión de la ahora llamada Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo Compartiendo Esfuerzos, con el propósito de ofrecer la alternativa de recuperación del alcoholismo a través de los doce pasos de AA, así como de llamar la atención de la sociedad sobre la gravedad de los problemas asociados al abuso de bebidas alcohólicas y de propiciar su reflexión para tomar mejores decisiones, como la de abstenerse de consumirlas, retardar la edad de inicio o usarlas con moderación y responsabilidad.

Esta actividad se realiza de manera ininterrumpida durante la tercera semana de enero y es importante mencionar que cada año participan más de 25 instituciones locales y federales y los 32 Consejos Estatales contra las Adicciones.

Durante el desarrollo de esta jornada, se instalan en todo el país módulos o stands de información en áreas de amplia circulación de personas, como son las salas de espera de hospitales y clínicas, oficinas de gobierno, estaciones de transportación terrestre, centros de readaptación social, módulos de seguridad pública, aulas, vestíbulos o salones de actos, escuelas, espacios de reunión juvenil y centros laborales, entre otros. De igual manera se colocan carteles en áreas concurridas por usuarios de servicios, trabajadores y población en general. También es distribuido material impreso y audiovisual que incluye: carteles, folletos, trípticos, revistas, videos y audios, etcétera.

La semana incluye la diseminación de información en los diversos medios de comunicación, como son inserciones en la radio, televisión (en ambos casos spots, entrevistas, programas, reportajes) y medios impresos como son revistas, boletines y periódicos, así como ruedas de prensa.

Así en la tercera semana de enero y durante los trabajos de la 20 Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Manuel Mondragón y Kalb, reconoció que el consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes es un asunto “con focos rojos”.

Por lo anteriormente expuesto es menester incluir dentro de la Ley General de salud, la prevención a través de acciones y estrategias básicas, tales como campañas de sensibilización, sobre los efectos del alcoholismo y las ventajas de abstenerse a consumirlo a temprana edad.

Asimismo incorporar el enfoque de género en esta materia y el apoyo a organizaciones no gubernamentales que promuevan campañas permanentes para reducir el consumo del alcohol, así como aquellas que brinden algún modelo de atención o tratamiento para la rehabilitación a las personas que lo requieran.

Fundamento Legal

La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 185, fracciones I, II y II; y se adicionan las fracciones IV, V y VI  de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 185, fracciones I, II y III; y se adicionan las fracciones IV, V y VI de la Ley General de Salud.

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra  el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones básicas:

I.La prevención y el tratamiento de l a enfermedad del alcoholismo y, en su caso, la rehabilitación de los alcohólicos;

II.La educación con enfoque de género sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, dirigida especialmente a los sectores vulnerables comoniños, adolescentes, indígenas, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comunicación masiva;

III.El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la lucha contra la enfermedad del alcoholismo, especialmente en zonas rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo;

IV. Desarrollar e implementar estrategias y programas preventivos sobre las ventajas de abstenerse a consumir bebidas alcohólicas a temprana edad;

V. Diseñar y llevar a cabo campañas de información y sensibilización en medios de comunicación con  enfoque médico-psicológico de la enfermedad del alcoholismo; y

VI. Apoyar a organizaciones no gubernamentales y/o asociaciones civiles que promuevan campañas permanentes para reducir el consumo de alcohol, así como aquellas que brinden algún modelo de atención o tratamiento para la rehabilitación de las personas que lo requieran.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Emeequis. Cómo se mutila una vida. México [en línea], México,  http://www.m-x.com.mx/archivo/?numero=257

2 Alcohólicos Anónimos. Alcoholismo [en línea], México, http://www.aamexico.org.mx/Alcoholismo.html

3 Organización Mundial de la Salud. Alcohol [en línea] http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/

4 OMS. Estrategia Mundial para Reducir el uso nocivo del alcohol [En línea] http://www.who.int/substance_abuse/activities/msbalcstrategyes.pdf

5 Medina-Mora Ma. Elena. Alcohol y Políticas Públicas. El Colegio Nacional. México 2012

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, José Angelino Caamal Mena, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza a la LXII Legislatura de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el inciso II del artículo 32, recorriéndose la numeración subsiguiente; se reforman los artículos 60 y 61; y  se adiciona un Capítulo XII, Del Recurso de Revocación, y un Capítulo XIII, De las Competencias de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país es ampliamente reconocido en el mundo por su política exterior apegada a los principios del Derecho Internacional, promoviendo activamente la paz y el desarrollo humano en el mundo, cuyos fundamentos están establecidos en el artículo 89 fracción X de nuestra Constitución Política. Esta tradición y reconocimiento internacional no hubiera sido posible sin la labor incansable del cuerpo diplomático. La Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM) lo define como “el cuerpo permanente de funcionarios del Estado encargado especialmente de representarlo en el extranjero y responsable de ejecutar la política exterior de México”.  Esencialmente se trata de “una entidad permanente a cuyo cargo está, dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la custodia y vigilancia de los intereses nacionales en el extranjero y el ejercicio de la representación del Estado mexicano frente a otros Estados y organismos nacionales.”

Debido a la importancia de su misión, su creación fue inmediata a la consumación de la independencia de nuestro país; incluso la primera LSEM se expidió el 31 de diciembre de 1829, por el presidente Vicente Guerrero. Desde ese primer marco jurídico, ha habido una serie de leyes expedidas en diferentes momentos históricos. La legislación actual se expidió el 4 de enero de 1994 y su Reglamento el 23 de agosto de 2002.

El prestigio de que ahora goza el cuerpo diplomático se debe también a la capacidad y alta formación de sus integrantes. Ejemplo de ello es que dos de los tres premios Nobel otorgados a mexicanos corresponden a diplomáticos de carrera: nos referimos al Embajador Alfonso García Robles, premio Nobel de la Paz 1982, y al Embajador Octavio Paz, premio Nobel de Literatura 1990.  Además de ellos, tenemos destacados casos de hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de México en el extranjero: los embajadores Gilberto Bosques, Fernando Solana, Rosario Green, por mencionar algunos.

Actualmente el Servicio Exterior Mexicano (SEM) está conformado por 1114 miembros de carrera y 197 por nombramiento político administrativo, según el documento “Servicio Exterior Mexicano, propuestas para su mejoramiento”, presentado en los foros de consulta para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo (2012 – 2018) por el embajador Ramón Xílotl, Presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM).

Al igual que las fuerzas armadas, ésta Institución tiene a su cargo asuntos de alta política, lo que origina que tengan un régimen particular para regular sus actividades diferenciando del resto de los funcionarios de la Administración Pública Federal. Esta regulación sin embargo, no puede escapar al marco constitucional, al respeto a los derechos humanos de sus integrantes ni aún al amparo de los tratados internacionales que México se ha comprometido a cumplir.

La presente propuesta, tiene como objetivo dignificar y reconocer el esfuerzo que día con día realizan hombres y mujeres mexicanos integrantes del Servicio Exterior a favor de nuestros connacionales más allá de nuestras fronteras, sin embargo ante tal labor es necesario que a su vez reconozcamos sus derechos humanos fundamentales otorgados por nuestra Constitución Política tal y como los otorga el Capítulo I denominado De los Derechos Humanos, localizado en el Título Primero, ya que si bien corresponde al Servicio Exterior proteger de conformidad  con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero así como ejercer acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones, sería una contradicción no garantizarles estos derechos en su actuar diario como funcionarios públicos representantes de México.

Por lo anteriormente expuesto y en armonía con las reformas a nuestra Constitución en 2011 con la presente propuesta pretendemos mejorar las condiciones de trabajo de este sector del servicio civil de carrera, reformando la Ley del Servicio Exterior Mexicano bajo tres argumentos centrales: la inconstitucionalidad de dos de sus artículos; las obligaciones derivadas de los tratados e instrumentos internacionales signados por México en materia laboral; y en los derechos humanos que forman parte de nuestra Constitución.

El primer artículo que se propone reformar es el artículo 32, relativo a los requisitos para el ingreso al SEM. El numeral dos limita la posibilidad de presentarse como candidato a quienes sean menores de 30 años. Esta disposición, reformada en el año 2002 es inconstitucional, ya que el artículo primero de la Carta Magna dicta en su último párrafo lo siguiente: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” En este caso, al limitar la edad para postular, se cae en la discriminación por edad para acceder a otro derecho humano: el empleo.

A este respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció en la sentencia al amparo directo en revisión 992/2014 derivada del dictamen presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el siguiente sentido:

“La edad es un fenómeno altamente individualizado que depende de la singularidad y peculiaridad de cada sujeto por lo que, a priori, no existe una unidad de categoría entre las personas que poseen una misma edad.

En las sociedades occidentales contemporáneas, se ha venido relacionando la edad con el desarrollo de determinadas habilidades físicas o mentales y se ha sustentado en el erróneo parecer de que aquéllas con la edad, y por ese único hecho, tienden a disminuir, siendo éste el principal pivote sobre el que se sustenta el apartamiento de los trabajadores del mundo laboral y sin tomar en cuenta que, en primer término, no se trata de una realidad universal para todas las personas y, en segundo lugar, que ciertas capacidades en el trabajo precisamente se consolidan con la edad. En otras ocasiones se considera que las funciones encomendadas a un trabajador no serán realizadas igual que si se tuviera otra edad (menor o mayor). Por otro lado, se instituye la idea de que la edad avanzada supone menor productividad laboral y las edades más jóvenes en el empleo se asocian más a la impericia.”

En adición a lo anterior, señalamos que este artículo es violatorio del Convenio Internacional del Trabajo 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Para México, en su calidad de Estado parte, este es un instrumento cuyo cumplimiento es obligatorio.

También en la fracción II del artículo 32 de la LSEM que analizamos, se establece que en “casos excepcionales, la Comisión de Personal podrá? dispensar este requisito si a su juicio así? lo amerita el perfil académico y profesional del aspirante”. Este procedimiento es insuficiente, pues deja a la subjetividad el cumplimiento o no de un derecho fundamental, la no discriminación. En la sentencia antes referida, el debate se centró en casos entre particulares, y en repetidas ocasiones el Ministro Lelo de Larrea hizo énfasis en la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de estos derechos. Por lo tanto, no es posible mantener el artículo en su actual redacción, toda vez que atenta contra los derechos humanos de muchos posibles candidatos con conocimientos y trayectorias que podrían aportar experiencia, con lo que además se reforzaría la composición del SEM, pues tendría candidatos jóvenes y otros con experiencia. La obligación en este caso de la SRE para cumplir con el mandato de no discriminación es aún mayor que si se tratase de una empresa, pues hablamos de una entidad pública que forma parte del Gobierno de la República.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió en 1982 la Recomendación 166, que dice:

“3. En el marco de una política nacional destinada a promover la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores, sea cual fuere su edad, y en el marco de su legislación y práctica relativas a tal política, todo Miembro debería adoptar medidas para impedir la discriminación respecto de los trabajadores de edad en materia de empleo y de ocupación”.

En adición a lo anterior, es importante citar que los derechos humanos laborales están considerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; este instrumento jurídico obliga a los Estados que lo han ratificado, México, entre otros, a asegurar estos derechos. En este mismo sentido, la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (1998), de la OIT también compromete a todos los Estados firmantes a lograr que se elimine la discriminación en materia de empleo y ocupación.

La segunda parte de la propuesta es reformar el artículo 60, 61 y adicionar dos capítulos. Lo primero para incorporar el derecho de debida defensa al mecanismo actual de procedimiento administrativo, que con la redacción actual es inconstitucional. La incorporación de dos capítulos obedece a la necesidad de establecer el recurso de reconsideración y de establecer competencias con respecto a otras instancias de impartición de justicia. En el ánimo de adecuar las leyes y la definición de los procesos de sanción e impugnaciones, acordes con el sistema constitucional de garantías y derechos humanos de nuestro  país.

En lo que respecta al artículo 60, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo directo en revisión 1928/2012, a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En él se determinó, por mayoría de 3 votos, que este artículo resulta inconstitucional, ya que el procedimiento que contiene sobre responsabilidad administrativa de los servidores públicos adscritos a dicho servicio, viola el derecho fundamental a una defensa adecuada. En la sentencia se estableció que la falta de garantías en el proceso sancionatorio ha creado y mantiene una incertidumbre jurídica, tanto para los miembros del SEM, como para la institución.

Según el texto de la Sentencia, algunas de las razones de la Primera Sala para declarar la inconstitucionalidad del artículo, fueron:

• Se enfatizó que el procedimiento de responsabilidad administrativa que en él se contiene, no permite la comparecencia directa del afectado ante la autoridad sancionadora para el desahogo del procedimiento, lo cual redunda en una afectación al derecho a una defensa adecuada, pues limita la intervención del afectado a la presentación de un único escrito en el cual responde al acta de presunta responsabilidad administrativa y presenta sus pruebas.

• Consideró también que a pesar de que el afectado puede contar con un representante en territorio nacional, el procedimiento previsto en el artículo impugnado no garantiza el derecho a una defensa efectiva en la cual el probable responsable pueda tener a un representante de su elección, quien pueda apersonarse en cualquier momento en el procedimiento directamente, imponerse del mismo y realizar cualquier tipo de promoción, así como acceder a todas las actuaciones, documentos y pruebas que obran en el expediente.

• A este respecto, se subrayó que la naturaleza intrínseca del servicio exterior presupone que la mayoría de sus miembros realizan sus actividades fuera del territorio nacional y, por lo mismo, no pueden abandonar el país al que fueron designados sino hasta que exista una suspensión o destitución. Derivado de dicha situación, es claro que no tienen acceso directo a todos los elementos probatorios que les pudieran resultar indispensables para defenderse. Lo anterior conlleva el que se alargue el tiempo necesario para que los miembros del servicio exterior configuren una demanda o, dicho en otros términos, el tiempo que se otorga al afectado para formular la contestación y rendir pruebas no es razonable.

• Por lo que se insistió en que el procedimiento disciplinario dispuesto en el artículo declarado inconstitucional, no concede al presunto responsable la posibilidad de rendir alegatos una vez que se ha finalizado la etapa probatoria, lo que constituye una violación formal al derecho de una defensa adecuada que no se puede subsanar con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la defensa de los derechos humanos, es un tema de la mayor relevancia. Por ello hemos venido presentando diversas iniciativas para garantizar que estos sean una realidad tangible en la vida de los mexicanos. En este caso en particular, nos preocupa que habiendo avanzado en la defensa de los derechos humanos a nivel constitucional, con una reforma que apoyamos y fomentamos, todavía persistan disposiciones contrarias al pacto político y social que construimos todas las fuerzas representadas en esta Soberanía. Estamos seguros que con el apoyo de los legisladores de todos los grupos parlamentarios es posible mejorar el marco jurídico del SEM.

Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en la  fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente

Decreto por el que se deroga el inciso II del artículo 32, recorriéndose la numeración subsiguiente, se reforman los artículos 60 y 61; y se adiciona un Capítulo XII, Del Recurso de Revocación, y un Capítulo XIII, De las Competencias de la Ley del Servicio Exterior Mexicano

Artículo primero: Se deroga el inciso II del artículo 32, recorriéndose la numeración subsiguiente.

Artículo 32. Los candidatos...

I. ...

II. Se deroga

III. al VI ...

Artículo segundo: Se reforman los artículos 60 y 61; y  se adiciona un Capítulo XII, Del Recurso de Revocación, y un Capítulo XIII, De las Competencias.

Artículo 60. Para la...

I. Las faltas de los...

II.Elaborará el acta administrativa de presunta responsabilidad...

A dicha acta administrativa deberán acompañarse las pruebas con las que se cuente así como el contenido de las investigaciones realizadas que sustentan la presunta responsabilidad. Esta acta deberá estar firmada por quien presida la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios;

III. El afectado o presunto responsable contará con 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le hubiere notificado personalmente el acta señalada en la fracción II que antecede, para manifestar lo que a su derecho convenga, pudiendo presentar personalmente o a través de un apoderado legal, escrito con sus argumentos y defensas. Después de la presentación del escrito contará con un plazo adicional de 30 días hábiles para ofrecer pruebas.

IV. Una vez acordada la admisión de pruebas, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios determinará si se señala día y hora para su desahogo o si éstas se desahogan por su propia y especial naturaleza. En los casos que así procedan, ordenará lo conducente para su desahogo . Para tal efecto, el presunto responsable por sí o por conducto de su apoderado legal  o persona autorizada para tal efecto, tendrá derecho a consultar y obtener en todo tiempo copias del expediente o documentos alusivos al caso que se ventila.

El auto que, en su caso, tenga por no admitidas o deseche las pruebas ofrecidas, deberá estar debidamente fundado y motivado.

Para el caso en que el presunto responsable tenga argumentos derivados de la negación y respuesta de aceptación de sus pruebas este tendrá 15 días para responder lo que a derecho corresponda.

V. Desahogadas las pruebas, la Subcomisión de Asuntos Disciplinarios cerrará la instrucción y otorgará un plazo de 15 días para formular alegatos. 

VI. Concluido el término de alegatos, la Subcomisión turnará en los 3 días hábiles siguientes el expediente a la Comisión de personal para que sea ésta la que, en los 30 días hábiles siguientes, dicte la resolución que estime pertinente, la cual someterá a consideración final del Secretario dentro de los tres días hábiles siguientes. 

En lo no previsto por esta ley y su reglamento respecto a los procedimientos disciplinarios de los miembros del servicio exterior, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 61. El Secretario tendrá un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que la Comisión de Personal someta a su consideración la resolución propuesta para determinar, en su caso, la sanción administrativa a imponer. La resolución del Secretario se notificará personalmente al presunto responsable en los 15 días naturales siguientes. En caso de sanción, ésta será aplicada por el director general que tenga bajo su cargo los asuntos correspondientes al personal del servicio exterior, según lo disponga el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores una vez que quede firme, dándose vista a la Contraloría Interna y en el caso de imposición de sanciones económicas, deberá notificar a la Tesorería de la Federación la resolución, a efecto de que proceda a efectuar el cobro correspondiente.

En caso de que el secretario no resuelva en el plazo establecido, se considerará nulo el procedimiento iniciado y en consecuencia el afectado continuará con sus funciones de manera normal.

En el caso de...

Las resoluciones del secretario...

Capítulo XIIDe las Competencias

Artículo 69. En el caso de controversias derivadas de la aplicación de esta ley, competerá conocerlas y resolverlas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano deberá reformarse en un plazo no mayor a noventa días, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Artículo Tercero. Una vez que el presente decreto entre en vigor aquellos miembros del servicio exterior que estén en algún procedimiento podrán optar por  el proceso que más les beneficie, sin perjuicio del procedimiento en que se encuentre.

Artículo Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas:

1 Guerrero, Omar. Historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. SRE. México, DF. 1993. p. 306.

2 Sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación. Para consultar el documento íntegro visitar la página oficial www.scjn.mx

3 La Recomendación 166 puede ser consultada en la página http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/ f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:R162

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 350 Bis 6 de la Ley General de Salud, suscrita por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Cristina Díaz Salazar, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 8, numeral 1; 164, numeral 1; 169 y 172, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 350 Bis-6 de la Ley General de Salud, en materia de destino final a un producto de la concepción, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La muerte fetal ha sido definida por la Organización Mundial de Salud como aquélla que ocurre antes de la expulsión o extracción completa del producto de la concepción, independientemente de la duración del embarazo.

La muerte es obvia cuando luego de la separación, el feto no respira ni muestra evidencia alguna de vida, como latidos cardíacos, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos definidos de los músculos voluntarios.

La frecuencia de la muerte fetal varía en relación con cierto número de factores, entre ellos, raza, edad materna, periodo de gestación, pluralidad de la gestación, tipo de atención prenatal y del parto, sexo del feto, ubicación geográfica, antecedentes obstétricos y factores socio-económicos.

Según la estadística inglesa, las causas de muerte fetal más frecuentes desde el punto de vista anatomopatológico son: la asfixia, en aproximadamente en 40 por ciento, las malformaciones alrededor de 10 por ciento y la enfermedad hemolítica por Rh con 10 por ciento.

Existe hasta 33 por ciento de causas de muertes desconocidas y en algunos reportes es mayor, un requisito importante para reducir la tasa de mortalidad fetal es la determinación de su causa, y un objetivo importante el empleo de nuevas tecnologías para reducir el número de muertes fetales inexplicadas.

A menudo es la paciente quien primero sospecha la muerte fetal, por el cese de los movimientos fetales. Esto plantea 2 problemas fundamentales: determinar con seguridad la muerte fetal, y establecer la causa. En ocasiones no es fácil realizar el diagnóstico de muerte fetal, se establece por los síntomas, el examen físico y una serie de exploraciones adicionales entre las que se encuentran la radiografía y la ecografía, el estudio del corazón fetal por ultrasonografía y electrocardiografía, la amnioscopia, amniocentesis y las determinaciones hormonales.

Cuando se produce muerte fetal intrauterina, rápidamente comienza la degeneración del feto y de la placenta.

Aunque se produce trabajo de parto espontáneo en aproximadamente 75 por ciento de los casos en las 2 primeras semanas, posteriormente a la muerte fetal, y se puede llegar a 90 por ciento en las 3 semanas que siguen actualmente la espera de un trabajo de parto espontáneo es una elección que los obstetras prefieren menos, ya que se cuenta con mejores y más seguros medios de inducción del trabajo de parto. Además de que una vez establecido firmemente el diagnóstico de muerte fetal, cuestión que también en la actualidad es más seguro, la inducción alivia el sufrimiento de los padres y previene la posibilidad de coagulopatía, y hemorragia materna asociadas con una retención prolongada de un feto muerto.

La clasificación de la muerte embrionaria y fetal es: muerte temprana antes de las 20 semanas de embarazo, intermedia en las semanas 20 a 27 y tardía a partir de la 28 semana de gestación.

Actualmente, la no inclusión de “embrión” en la Ley conlleva un subregistro importante de las defunciones fetales (nacidos muertos) de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud en la clasificación estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud.

Esto es, que este artículo no contempla la expedición de certificados a los embriones para darles destino final, por tal motivo se propone adicionar al mismo el término “embrión”.

Lo anterior, a fin de homologar la Ley a la definición de la Organización Mundial de la Salud de “muerte fetal”, la cual incluye embriones y fetos y no únicamente fetos.

La redacción actual, además de generar subregistro, provoca que las estadísticas relacionadas producidas en el país sean de mala calidad y no permitan su comparabilidad internacional.

Es por lo anterior, que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Primero: se adiciona el artículo 350 Bis-6 a la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 350 Bis-6. Sólo podrá darse destino final a un producto de la concepción (embrión o feto) previa expedición del certificado de nacido muerto.

En el caso de que el cadáver del embrión o feto no sea reclamado dentro del término que señala el artículo 348 de esta ley, deberá dársele destino final. Salvo aquellos que sean destinados para el apoyo de la docencia e investigación por la autoridad de salud conforme a esta ley y a las demás disposiciones aplicables, quien procederá directamente o por medio de las instituciones autorizadas que lo soliciten mismas que deberán cumplir con los requisitos que señalen las disposiciones legales aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 28 de enero de 2015.— Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de _Salud de la Cámara de Senadores.

LEY SOBRE LA CELEBRACION DE TRATADOS

«Iniciativa que reforma el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, suscrita por el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Benjamín Robles Montoya, senador de la República en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para la celebración de tratados internacionales se necesita un acuerdo entre los estados con sujetos de derecho internacional. Mediante este acuerdo se asumen obligaciones internacionales que les permiten alcanzar varias metas. En los últimos años, debido a las integraciones internacionales, entre otros factores, los estados se han visto envueltos en una creciente celebración de tratados, mismos que han sido suscritos. Sin embargo, hay un incumplimiento de las obligaciones internacionales que ellos mismos han generado.

Este constante y progresivo crecimiento de tratados internacionales celebrados, y por ende exigibles a los estados, se debe a que hoy en día existen procedimientos simplificados para la conclusión de tratados en general. Tal es el ejemplo del crecimiento de instrumentos internacionales que se ha venido dando en toda América Latina.

La autora Elvira Méndez Chang, quien en los últimos años se ha dedicado al estudio de los medios de control y a la simplificación de procedimientos para la celebración de tratados internacionales, indica que tradicionalmente la celebración de tratados se daba a través de un proceso complejo de formación de voluntad del estado que trataba de articular el consenso de los poderes internos con la manifestación internacional. Antiguamente se exigía la necesaria participación de los poderes públicos Legislativo (en el caso mexicano del Senado de la República) y Ejecutivo, no sólo para la celebración sino para la conclusión de tratados. Con esto se aseguraba que en el plano interno existía un acuerdo de fuerzas políticas respaldadas jurídicamente para que el estado pudiera asumir obligaciones internacionales, así necesariamente el estado garantizaría su cumplimiento y consentimiento de querer obligarse.

Para Méndez Chang, los tratados celebrados con la participación de ambos Poderes, Legislativo y Ejecutivo, se denominaban genéricamente solemnes, los cuales debían cumplir las formalidades exigidas en el derecho interno de cada estado. En este procedimiento existía pues, una aprobación previa del Poder Legislativo (Senado), lo cual era necesario para la formación de la voluntad del estado, dentro del procedimiento de celebración del tratado. Sin embargo, afirmamos que esta aprobación previa se aproximaba mas no resultaba ser un auténtico control de la constitucionalidad ni de legalidad de las obligaciones que serían contraídas a nivel internacional, sino más bien debe considerarse un auténtico control político en el cual, de forma legislativa, se revisaba que el tratado estuviese de acuerdo con la constitución, sin embargo este procedimiento, debido a todo el debate político y los vaivenes de los actores también políticos, era considerado lento para lograr los acuerdos en contexto de constante cambio. Además, al considerar sólo al Senado de la República y no la Cámara de Diputados en donde se supone se encuentra representado el pueblo, era y sigue siendo sólo un control político inadecuado, ineficaz y carente de legitimidad. Siendo así tampoco dicho procedimiento era garante sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el estado.

Debido al involucramiento internacional que tuvieron los estados durante el siglo XX, se tuvo la necesidad de adoptar procedimientos para celebrar tratados de manera más rápida y simple, además en algunos supuestos, el Poder Ejecutivo era competente para contraer obligaciones internacionales sin la aprobación previa del Poder Legislativo. Así es como surge lo que Méndez Chang denomina: los tratados en forma simplificada, o lo en algunos países se conoce como acuerdos ejecutivos.

En este punto cabe la observación de que la diferencia entre los llamados tratados solemnes y los tratados en forma simplificada consiste precisamente en la simplificación de las formalidades internas de cada país. Es decir, que la simplificación sólo se refiere al tipo de procedimiento que adopta el estado para obligarse internacionalmente, pero de ninguna manera alude a la extensión del documento ni mucho menos a la materia de que se trate dicho instrumento. Este procedimiento, busca precisamente la agilización del proceso de celebración de tratados, suprimiendo solemnidades y la participación de órganos, que trunquen la rápida vinculación internacional del estado.

En nuestro país es lamentable decir que en lo que se refiere a la discusión sobre la jerarquía de los tratados, los de forma simplificada no adquieren ninguna diferencia en cuanto a los celebrados de forma solemne, esto quiere decir que en México, sea cual sea la forma de celebrar tratados, todos adquieren la jerarquía general de todos los tratados.

Todo lo anterior nos indica que prácticamente el Poder Ejecutivo no tiene ningún límite o restricción para contraer obligaciones internacionales sin la aprobación previa de ningún órgano, en particular del Poder Legislativo (Senado); de tal manera, que “no se contará con una evaluación y control por parte del Poder Legislativo sobre la adecuación de éstas al marco constitucional y legal interno”.

Esto, que académicamente se conoce como tratados en forma simplificada, que no necesitan ser ratificados por el Senado de la República, es decir, sin ningún control de tipo político, mucho menos jurídico, encuentran en la normatividad vigente de nuestro país el nombre de “acuerdo interinstitucional”.

Estos “acuerdos” quedan definidos, en el artículo 2o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, de la siguiente manera:

“Artículo 2o. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

II. “Acuerdo Interinstitucional”: el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la administración pública federal, estatal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que derive o no de un tratado previamente aprobado.

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos descentralizados de los niveles de gobierno mencionados que los suscriben.”

El hecho de que los acuerdos interinstitucionales no estén sujetos a la ratificación del Senado de la República, consiente, en los hechos, que el Ejecutivo cuente con una prerrogativa anticonstitucional. De esta manera, el gobierno de México podría estar signando acuerdos interinstitucionales de carácter internacional sin el debido control político.

Es decir, el hecho de que un instrumento internacional lleve el nombre de acuerdo, en lugar de tratado, puede ocasionar un conflicto entre los Poderes de la Unión.

Es en vista de esto, y por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados

Artículo Único. Se reforma el artículo 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal informarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre cualquieracuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales. Su aprobación quedará sujeta a la ratificación del Senado de la República en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la remisión que haga la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. Méndez Chang, Elvira, El control parlamentario de las atribuciones del Presidente en la celebración de los Convenios Ejecutivos Internacionales,Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, p. 19

2. Según la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados de 1969, en su artículo 11 y 12 que se refieren a las distintas formas de manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado.

3. Granda Becerra, Ana María, Acuerdos simplificados en la Constitución Política del Perú en materia exclusiva competencia del Presidente de la República,. Lima,: tesis para optar el título de abogado en la Pontifica Universidad Católica del Perú, 1992,p.26-27, citada por Méndez Chang, Elvira, Op. cit., p.6

4. Méndez Chang, Elvira, Op cit. p.7

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma los artículos 2o. y 56 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI

Hilda Esthela Flores Escalera, senadora de la república de la LXII Legislatura al honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República y demás disposiciones aplicables, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

1. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la discapacidad puede tener una incidencia mínima en la capacidad de trabajar e integrarse en la vida social, o bien entrañar repercusiones graves que hagan necesaria la prestación de un grado considerable de apoyo y asistencia.

De acuerdo a cifras proporcionadas por la OIT, se estima que unos 386 millones de las personas en edad de trabajar son personas con discapacidad. Por lo que el desempleo alcanza hasta un 80% en algunos países, la causa de tal porcentaje de desempleo es que a menudo los empleadores suponen que las personas con discapacidad no pueden trabajar.

Un importante resultado del Año Internacional de las Personas con Discapacidad fue la formulación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General el 3 de diciembre de 1982 en su resolución 37/52.

Este programa es una estrategia global para mejorar la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la igualdad de oportunidades, que busca la plena participación de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo nacional. En el Programa también se subraya la necesidad de abordar la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos.

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo cuenta con el Programa de discapacidad el cual promueve la igualdad de oportunidades y trato para las personas con discapacidad en readaptación profesional, capacitación y empleo, como está reflejado en el Convenio No. 159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983, y el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre gestión de las cuestiones relacionadas con la discapacidad en el lugar de trabajo adoptado en 2001.

La OIT tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre la capacitación y el empleo de personas con discapacidad, y para ello realiza investigación aplicada relacionada con políticas y prácticas, compila y disemina información, publica guías y manuales, y patrocina otras investigaciones e informes sobre el tema.

2. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene sus antecedentes en nuestro país desde el 13 de diciembre de 2006, cuando el Comité Especial de la Organización de las Naciones Unidas, aprobó el texto definitivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dentro de sus mecanismos de control y seguimiento, la Convención establece la creación de un Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual estará conformado por 18 expertos, quienes se encargarán de evaluar los Informes presentados por los Estados Partes.

Dichos informes deberán contemplar las medidas que se han puesto en marcha para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención, en los cuales se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas.

En virtud de lo anterior, los pasados días 16 y 17 de septiembre de 2014, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad examinó el informe inicial de México, aprobando las observaciones finales en la 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014.

Sin embargo, dentro de las observaciones recomendadas al Estado Mexicano para efectos de la presente iniciativa hacemos referencia a la Recomendación No. 51 relacionada al Trabajo y Empleo de Personas con Discapacidad que a la letra dice:

Trabajo y empleo (artículo 27)

1. Al Comité le preocupa:

(a) La baja tasa de empleo de las personas con discapacidad especialmente intelectual y psicosocial y la escasa cobertura de estrategias y programas para su fomento;

(b) La ausencia de información sobre las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad que han accedido al empleo;

(c) La situación de mayor discriminación que enfrentan las mujeres y las personas indígenas con discapacidad en el acceso al mercado laboral;

(d) La ausencia de mecanismos para hacer cumplir la cuota laboral del 3% en el sector público a favor de las personas con discapacidad; y

(e) La falta de reglamentación sobre la aplicación de ajustes razonables para personas con discapacidad en el ámbito laboral, tanto pública como privada.

El Comité recomienda al Estado parte:

(a) Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado;

(b) Establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, explotación y acoso contra las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;

(c) Implementar acciones de nivelación a favor de la contratación de mujeres y personas indígenas con discapacidad;

(d) Establecer un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de la cuota laboral para personas con discapacidad en el sector público e implementar de medidas afirmativas similares en el sector privado; y

(e) Regular los criterios para establecer ajustes razonables para trabajadores con discapacidad, asignando presupuestos adecuados para ellos tanto en el empleo público como en el privado.

Como se puede apreciarel organismo internacional está haciendo un llamado urgente a nuestro país para armonizar la legislación vigente a fin de que las personas con discapacidad puedan gozar de todos sus derechos en igualdad de condiciones y particularmente en el tema del derecho a la inclusión laboral.

3. De acuerdo a cifras proporcionadas por el Conadis, en México hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad, sin embargo, la discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura; considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción.

Otro elemento importante a considerar, es la educación, el promedio de escolaridad que registra la población de 15 años y más con alguna discapacidad es de 4.7 años, mientras que a nivel nacional el promedio es de 8.6 años.

Esto se ve reflejado en la tasa de participación económica de dicha población, misma que alcanza un 30%, en comparación con la población en general que es de casi el 54%. El 18.3% de las mujeres con discapacidad participa en el mercado laboral, frente al 42.3% de hombres con discapacidad y el 35.5% de sus homólogas sin discapacidad.

Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se estableció el compromiso de adoptar y aplicar estrategias e iniciativas nacionales dirigidas específicamente a personas con discapacidad, elaborar planes específicos a fin de promover la inclusión de las personas con discapacidad y asegurar el acceso al empleo pleno y productivo y al trabajo decente, en pie de igualdad y sin discriminación.

A pesar del marco normativo nacional e internacional que rige esta materia, todavía podemos encontrar dentro del mercado laboral diversas formas de discriminación, mismas que significan serios obstáculos para el acceso, permanencia y desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.

Esta discriminación niega el ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades de la persona, la excluye y la pone en desventaja para desarrollar de forma plena su vida, colocándola en una situación de vulnerabilidad.

Para tal efecto a nivel Federal se han implementado una serie de acciones que buscan que  las personas con discapacidad tengan acceso a un empleo digno y decente, prueba de ello, es que en 2005 se entregó por primera vez el “Reconocimiento Empresa Incluyente” y en el 2008 se readecuaron los Lineamientos sobre los cuales se convocaba, evaluaba y dictaminaba a las empresas aspirantes al Reconocimiento Empresa Incluyente.

Estos cambios motivaron a que la STPS elevará el rango del premio al de Distintivo y decidiera ponerle el nombre de quien fuera presidente del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) y precursor de la igualdad de oportunidades, Gilberto Rincón Gallardo.

4. Aunado a lo anterior, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social  promueve el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, a través, de la elaboración e instrumentación del Plan Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad.

Este Programa comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado.

Asimismo, podemos tomar como referencia la última reforma a la Ley Federal del Trabajo, en donde se incluyó el concepto de trabajo digno o decente, y se prohíbe expresamente la discriminación por condiciones de discapacidad para el acceso, desarrollo y permanencia a un empleo.

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social ha diseñado una serie de acciones tendientes a promover la creación de entornos incluyentes y libres de discriminación para las personas con discapacidad.

5. Sin embargo, aunque estos esfuerzos son por demás importantes aún existen pendientes en el tema de inclusión laboral para las personas con discapacidad,  actualmente el número de personas con discapacidad integradas a la población económicamente activa es de 1,599,908 y de ellas se tiene una tasa de participación económica que asciende únicamente a 18.3, por ello, el reto consiste en fortalecer las acciones que señala la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad, a través de diversas estrategias y líneas de acción.

Es necesario que desde nuestra trinchera trabajemos en la propuesta de políticas tendientes a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y el respeto pleno de sus derechos.

Por ello, y en virtud de las recomendaciones realizadas por el Comité de la ONU a México, como Estado, en materia de Trabajo y empleo digno y decente para las personas con discapacidad, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad

Único. Se reforma el artículo 2 y se adiciona un sexto párrafo al artículo 2 y un segundo párrafo al artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 2...

...

...

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón , así como la igualdad de oportunidades a favor de las trabajadoras y trabajadores con discapacidad.

...

La igualdad de oportunidades comprende las acciones de nivelación que se realizan a fin de impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, atendiendo su clasificación.

Artículo 56...

Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad de oportunidades a favor de las personas con discapacidad entiende la promoción para la generación de empleos, de capacitación y contratación, así como el respeto integral de todos los derechos contenidos en esta Ley.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Gestión de las Discapacidades en el Lugar de Trabajo, Organización Internacional del Trabajo OIT.

2 Organización Internacional del Trabajo.

3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

4 Observaciones finales sobre el Informe inicial de México, 2014

5 Censo de Población y Vivienda, 2010, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2015.— Senadora Hilda Esthela Flores Escalera (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.

CODIGO PENAL FEDERAL, DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La presente, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal de conformidad con la siguiente

Problemática

El ritmo de las extinciones históricas en el largo plazo de acuerdo a los registros fósiles es de 0.1 a 1 por cada mil especies por milenio, el ritmo actual es superior hasta en 1,000 veces al registro fósil y la expectativa nos dice que podría incrementarse sensiblemente alcanzando las 10,000 veces o más del registro fósil.

Lo anterior está generando una crisis de biodiversidad, esto es una acelerada pérdida de variedad genética de especies y de ecosistemas, la destrucción de los hábitats naturales, hasta hace muy poco tiempo se consideró la importancia y las implicaciones inherentes de lo que está sucediendo.

¿Cuál es el número de especies existentes en la actualidad?

“A comienzos del siglo XXI sólo se ha identificado una parte de la diversidad biológica existente. Las cifras varían considerablemente: los cálculos más conservadores son de unos cinco millones de especies en todo el mundo, mientras otros más generosos van de 30 a 50 millones. De 1,700,000 especies que se han catalogado en la actualidad, sólo un 5 % puede considerarse bien conocido, y las relaciones entre muchas de ellas siguen siendo un misterio”.

El ecocidio designa el terrible alcance y los efectos acumulativos de esta crisis de extinción masiva y destrucción de hábitats inducida por la especie humana, de acuerdo a Franz. J. Broswimmer, autor del libro: Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de las especies.

Menciona que al iniciar el siglo XXI es evidente el que enormes y significativos cambios ecológicos están ocurriendo en la Tierra. La capa de ozono se ha venido degradando y desintegrando.

De 1970 a la fecha los bosques se han reducido en casi la mitad. Una cuarta parte de los peces del globo terráqueo han sido aniquilados. Vivimos en la era del ecocidio.

Y en México una muestra de lo que hemos perdido:

Techichi. Era un cuadrúpedo que había en nuestro país el cual por su figura, semejante a la de los gozques europeos, llamaron perro los españoles.

Izcuintepozotli: Era de la grandeza de un perrillo de Malta, cuya piel era variada de leonado, blanco y negro. Su cabeza pequeña a proporción del cuerpo y que parecía unida a él inmediatamente por la suma pequeñez y grosura de su cuello.

Sus ojos apacibles, sus orejas caídas y su nariz con una considerable prominencia en el medio. Desde el cuello se le levantaba una corcova, que se extendía hasta sus ancas. Su cola era tan pequeña que apenas alcanzaba a la mitad de las piernas. El país propio de este animal era el reino de Michuacán, en donde lo llamaban “abora”

Lobo mexicano del Noreste (Canis lupus monstrabilis): Esta subespecie de lobo se encontraba en Tamaulipas y Nuevo León, en la zona semidesértica del plano costero y las sierras y serranías.

Foca monge del Caribe: (Monachus tropicalis): Se encontraba en el Golfo de México en los cayos, arrecifes y lagunas costeras.

Cóndor Norteño (Gymnogyps californianus): Esta majestuosa ave se encontraba en las montañas del norte de Baja California, la especie se halla hoy en inminente peligro de extinción, pues aun en California su población es mínima.

Carpintero imperial (Campephilus imperialis): Este pájaro carpintero se hallaba ampliamente distribuido en los bosques de pino desde Sonora y Chihuahua hasta Michoacán.

Zanate de Lerma (Quiscalus palustris): Esta era una especie de ave endémica y restringida a la ciénaga de Lerma, en el Valle de Toluca, Estado de México.

Asimismo han desaparecido varias especies de peces de agua dulce como el cachorrito Potosí (Cyprinodon alvarezi) y el cachorrito Trinidad (Cyprinodon inmemoriam) de Nuevo León; algunas aves restringidas a islas como la paloma de la Isla Socorro (Zenaida graysoni) y el paíño de la Isla Guadalupe (Oceanodroma macrodactyla); el oso pardo (Ursus arctos horribilis), etcétera.

Cada ecosistema y cada especie agregan riqueza y belleza a la vida sobre la faz del planeta. Cada especie es única y tiene derecho a existir. Todas ellas son merecedoras de respeto, estas afirmaciones están reconocidas en la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por las Naciones Unidas en 1982.

Así mismo el Congreso de los Estados Unidos de América, nueve años antes en 1973, aprobó una ley de especies en peligro (Endangered Species Act) en la que se reconoce que las especies animales y vegetales “tienen un valor estético, ecológico, educativo, histórico, recreativo y científico para la nación y sus habitantes”.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), al evaluar el estado del medio ambiente mundial en 2012, nos menciona con relación a los Umbrales Críticos:

“Los cambios que actualmente se observan en el sistema Tierra no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Los esfuerzos por reducir la velocidad o la magnitud de los cambios – incluyendo una mejora en la eficiencia de los recursos y medidas de mitigación – han dado resultados moderados pero no han conseguido revertir los cambios ambientales adversos. En los últimos cinco años no han disminuido ni la escala de los cambios ni su velocidad. A medida que se han ido acelerando las presiones de los seres humanos en el sistema Tierra nos hemos acercado a varios umbrales críticos mundiales, regionales y locales, o los hemos superado. Una vez que se hayan cruzado esos umbrales, es probable que ocurran cambios bruscos y posiblemente irreversibles en las funciones que sustentan la vida del planeta, que traerán importantes consecuencias negativas para el bienestar humano”.

“Las consecuencias de los cambios complejos y no lineales en el sistema Tierra ya están teniendo graves consecuencias para el bienestar humano, como son:

• Factores múltiples e interrelacionados, como sequias combinadas con presiones sociales y económicas, que afectan la seguridad humana;

• Aumento de la temperatura media por encima de ciertos umbrales en determinados lugares, lo que ha tenido importantes consecuencias en la salud humana, como un aumento de los casos de malaria;

• Aumento de la frecuencia y la gravedad de fenómenos climáticos, como inundaciones y sequias, a niveles sin precedentes que afectan tanto el capital natural como la seguridad humana;

• Variación cada vez más rápida de la temperatura y aumento del nivel del mar que influyen en el bienestar humano en determinados lugares. Por ejemplo, repercuten en la cohesión social de muchas comunidades, entre otras las comunidades indígenas y locales; el aumento del nivel del mar supone una amenaza para algunos bienes naturales y la seguridad alimentaria de los pequeños Estados Insulares en Desarrollo; y

• Considerable pérdida de diversidad biológica y extinción constante de especies que repercute en la prestación de servicios de los ecosistemas, como el colapso de una serie de actividades pesqueras y la pérdida de especies utilizadas con fines medicinales.

Apenas después de Colombia, México ocupa el segundo lugar en lo que podríamos definir como ecocidio,  referente al manglar en el mundo.

De acuerdo con Francisco Javier Flores, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UAM, en Mazatlán, el país pierde anualmente ocho mil hectáreas de manglares.

México alberga entre cuatro y seis especies de manglares de las 50 que existen en el mundo y actualmente se está extinguiendo a un ritmo de 2.5% anual, que es casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial de 0.66%.En el país los manglares están protegidos por la Ley General de Vida Silvestre; sin embargo, hay iniciativas que buscan permitir la construcción de obra pública y privada.

Los vacíos en la legislación han permitido que México sea considerado por organizaciones ambientalistas como “el paraíso de la contaminación”. Ejemplo de ello son los tres derrames ocurridos en Sonora, Durango y Nuevo León. A la fecha, sólo en el primer caso se impuso una multa por el vertido de casi 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora.

El 6 de agosto de 2014 fueron derramados 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, municipio de Cananea, Sonora, provenientes de la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, una de las empresas más grandes del sector a nivel internacional. Los contaminantes detectados con las revisiones son cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo. La contaminación afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi, y 190 kilómetros del río Sonora

Miles de peces del río Sabinas en Coahuila fueron encontrados muertos. Activistas dijeron a la prensa que el ecocidio se debió a la mezcla de lluvias y residuos contaminados que las mineras de la región carbonífera vierten en el río. Cada que se registran precipitaciones pluviales, químicos altamente contaminantes que se utilizan para el proceso de lavado de carbón, son arrastrados al Río Sabinas.

La muerte masiva de miles de peces en la presa El Hurtado, en Jalisco, dejó sin sustento a unos 30 pescadores y 19 dueños de restaurantes, así como a sus respectivas familias. El impacto económico en la comunidad de Valencia en Acaltán de Juárez, donde viven unos 380 habitantes, también se reflejará en la actividad turística y pesquera que propicia la zona.

El 31 de diciembre de 2011 un oleoducto en las instalaciones de Pemex Refinación en Cosolocaque, Veracruz, derramó mil 500 barriles que afectaron a 3.5 hectáreas cercanas al Río Coatzacoalcos, dentro de las afectaciones se incluyeron dos lagunas cercanas, así como la correspondiente a un kilómetro lineal de la margen izquierda del Río Coatzacoalcos y la presencia en éste de iridiscencias a lo largo de 9 kilómetros. Greenpeace ha denunciado que a la fecha no hay sanciones.

La madrugada del 27 de octubre de 2014 se reportó en la comunidad de Oxiacaque, en Nacajuca, Tabasco, la explosión del pozo Terra 123 de Pemex.

El daño extenso y la pérdida de los ecosistemas se está dando en muchas partes de nuestro planeta y en muchos lugares de nuestro país, para algunas organizaciones no gubernamentales el derrame en el río Sonora es sólo “la punta del iceberg” ya que “la laxitud de leyes permite a las empresas seguir contaminando pues en teoría se les exige un ‘pago’ o la ‘reparación del daño’ en la zona donde ocurrió el desastre, pero sin tomar en cuenta las externalidades.

El marco legal existente imputa multas diminutas por negligencia en comparación a las ganancias que generan sus actos.

La Ley de la Responsabilidad Ambiental entró en vigor el 7 de junio del 2013, establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente. Asimismo busca la protección, la preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales, sin embargo, esto no ha impedido la contaminación de nuestros ríos.

El delito de “ecocidio” no se ha tipificado en México, el objeto de la presente iniciativa es normalizarlo adecuadamente en nuestra legislación, con el firme propósito de desincentivar, generando un mayor costo para quién lo comete con relación al beneficio que percibe.

El ecocidio puede generar: pérdida de vidas, daño a la vida o la disminución del disfrute y la calidad de vida de esta entre los habitantes, la intensificación del riesgo y los conflictos entre la vida humana y las otras formas de vida como resultado del daño a los ecosistemas, impacto negativo sobre las futuras generaciones y su habilidad para sobrevivir, la disminución de la salud y el bienestar de un territorio dado y aquellos que viven más lejos, pérdida de vida cultural, etc.

Consideraciones

El año de 1972 durante la conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo, Suecia, fue la primera vez que la comunidad internacional se enfocó en la degradación del ambiente y en la “polución transfronteriza”, el primer ministro sueco en aquel entonces Olaf Palme, en su discurso de apertura habló explícitamente de la guerra de Vietnam como un “Ecocidio”, debido al uso de sustancias defoliantes como el agente naranja que causo daños irreversibles destruyendo bosques tropicales, contaminando cuerpos de agua (y lo más impactante el daño a los seres humanos, en retrospectiva podemos ver 43 años después, que un millón de personas fueron afectadas por este químico de los cuales 150,000 eran niños, los cuales sufrieron una gama de deformidades físicas y trastornos mentales, a algunos les faltan extremidades otros tienen daños permanentes en la columna vertebral, otros son sordos, ciegos y mudos, y otros pasaran el resto de sus vidas postrados en camas viviendo en condiciones terribles) aunado a lo anterior el empleo de armas químicas como el napalm; ante todo lo comentado y expuesto con anterioridad los países miembros reconociendo la enorme importancia del medio ambiente y su relación con los seres humanos optan por crear el “United Nations Environmental Programme” (UNEP) esto es el “Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente”.

Actualmente el Estatuto de Roma  que da fundamento a la Corte Penal Internacional contempla al Ecocidio como un crimen cuándo este se comete en tiempo de guerra como el caso mencionado en Vietnam. Así lo establece el artículo 8, fracción 2, inciso b, subinciso iv.

Pero aún no se contempla como un crimen cuando es realizado en tiempo de paz, por lo que muy atinadamente la abogada británica Polly Higgings se refiere a él, como el faltante 5to Crimen contra la Paz y actualmente es la que lidera el movimiento mundial para que sea reconocido por la Organización de las Naciones Unidas.

A la presente fecha 10 países del mundo tienen tipificado como delito el ecocidio, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, se muestran los estados y el año en que lo incluyeron en sus respectivas leyes:

País                                                      Año de

                                                      tipificación

Vietnam                                                  1990

Federación Rusa                                     1996

Kazakhstan                                             1997

Kyrgyzstan                                             1997

Tajikistan                                                 1998

Belarus                                                    1999

Georgia                                                   1999

Ucrania                                                    2001

Moldova                                                  2002

República de Armenia                            2003

Es necesario conocer que una legislación que tipifica al ecocidio como un delito grave desincentiva las actividades destructivas y da la pauta para una economía verde, sustentable y con la suficiente resiliencia para desarrollarse y evolucionar.

En el presente momento de la apertura de México en materia energética resulta imprescindible el tipificar al ecocidio como delito grave para desincentivar las acciones que podrían llevarnos a situaciones muy graves como es el caso de Nigeria, dónde algunos grandes corporativos actúan sin importarles las consecuencias para las especies, las comunidades, los seres humanos y los habitantes del lugar.

La presente iniciativa pretende coadyuvar a la lucha contra el ecocidio, siendo éste uno de los peores crímenes que puede ser realizado por un ser humano, o un conjunto de seres humanos en contra de las formas de vida y de la naturaleza.

Fundamento legal

La  iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan el artículo 149-Quáter; un inciso m) del artículo 85; ambos del Código Penal Federal; Se adiciona una fracción XII del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales;  así mismo se adiciona el inciso III-bis al artículo 2º; reformando el inciso III del artículo 3º; y se adiciona un artículo 10º bis; todos ellos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Primero. Se adicionan el artículo 149-Quáter; un inciso m) del artículo 85; ambos del Código Penal Federal para quedar  como sigue:

Artículo 149-Quáter.Comete el delito de ecocidio el infrinja un daño extenso, en superficie y temporalidad,  que  destruya, genere u ordene la perdida de uno o más ecosistemas de un territorio dado, a un grado tal que el disfrute pacifico por los habitantes de ese territorio se vea gravemente limitado, ahora o en el futuro.

Delito por el que se impondrán de cinco a treinta años de prisión y multa de mil a diez mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Artículo 85. ...

I. a).- l) ...

m)Ecocidio, previsto en el artículo 149-Quáter.

Segundo.Se adiciona una fracción XII del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; para quedar  como sigue:

Artículo 167. ...

I... XI...

XII. Ecocidio, previsto en el artículo 149 Quáter.

Tercero.Se adicionan un Inciso III-Bis del artículo 2º,  se reforma la fracción III artículo 3º y se adiciona un articulo 10-Bis, todos ellos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue.

Artículo 2o...

I...III...

III Bis. Ecocidio:El daño extenso, la destrucción o la pérdida de uno o más ecosistemas de un territorio dado, ya sea por intervención humana o por otras causas, a un grado tal que el disfrute pacifico por los habitantes de ese territorio se vea gravemente limitado, ahora o en el futuro. Para sancionar está acción en caso de intervención humana, se estará? a lo dispuesto por el artículo 149 Quárter del Código Penal Federal;

IV...XVI...

Artículo 3o. ..

I...II...

III. La interpretación de la Ley penal en materia de ecocidio, delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así? como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos;

IV...V...

Artículo 10 Bis.Cuando el daño ambiental sea determinado como un ecocidio, de conformidad a lo establecido por el artículo 149-Quárter del Código Penal Federal, aunado a lo descrito en el artículo 10 de esta ley y a cualquier otro artículo referente del presente ordenamiento, se ejercerá la acción penal de conformidad al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.biodiversidad.gob.mx/especies/extincion.html

2 http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/crisis.html

3 http://es.metapedia.org/wiki/Ecocidio#cite_note-0

4 Hasta hace unos años, los textos de Biología afirmaban que el número de especies vivientes en la actualidad, podría ser de tres a cinco millones, pero probablemente menos. Sin embargo, gracias a recientes trabajos en las selvas tropicales, los biólogos Paul Ehrlich y Edgard O. Wilson creen que apenas hemos empezado a catalogar el inventario actual de especies sobre la Tierra. Estos dos científicos han calculado que puede haber hasta 50 millones de especies, la mayor parte de las cuales se agrupa en unos pocos hábitats: las selvas tropicales, los arrecifes de coral y tal vez las profundidades marinas. Estos hábitats tan complejos y remotos son muy difíciles de censar.

5 Los datos sobre el nuevo número de especies existentes están fundamentados entre otros en lo estudiado y calculado por el eminente investigador Ph.D Edward O. Wilson  del Museum of Comparative Zoology de la Universidad de Harvard.

6 http://www.amazon.es/Ecocide-Short-History-Extinction-Species/ dp/0745319343

7 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/gacetas/gaceta40/964030. html

8 http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/crisis.html

9 Resolución 37/7 del 28 de octubre de 1982 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Carta Mundial de la Naturaleza.

10 Endangered Species Act of 1973 As Amended through the 108th Congress, U.S. Fish & Wildlife Service.

11 Externalidades son aquellas actividades que afectan a otros para mejorar o para empeorar, sin que éstos paguen por ellas o sean compensados. Las externalidades negativas son, cuando una persona o una empresa realiza actividades, pero no asume todos los costes, efectivamente traspasando a otros, posiblemente la sociedad en general, algunos de sus costos. http://es.wikipedia.org/wiki/Externalidad

12 http://www.ecoosfera.com/2014/08/quien-es-grupo-mexico-el-responsable-del-ecoci dio-en-sonora-tiene-rostros-y-nombres/

13 Real Academia de la Lengua Española: Que provoca la caída artificial de las hojas de las plantas.

14 Agente Naranja es una mezcla al 50-50 de dos herbicidas comunes, 2,4-D y 2,4,5-T, que había sido utilizado en el país desde fines de 1940 sin incidentes por agricultores de EE.UU., los empleados de ferrocarril y otros. Desde la guerra de Vietnam, ha surgido la preocupación tanto de científicos como del público sobre los compuestos de la dioxina 2,3,7,8-TCDD, un subproducto del proceso de fabricación utilizados para producir 2,4,5-T (que, de nuevo, fue uno de los herbicidas en el Agente Naranja.) TCDD estaba presente en pequeñas cantidades. La investigación sobre la cuestión del Agente Naranja se ha prolongado durante décadas y continúa hoy. “Tomado de la página web de Montsanto: http://www.monsanto.com/global/es/noticias-y-opiniones/pages/agente-naranja-ant ecedentes-sobre-la-participacion-de-monsanto.aspx

15 http://peru.com/actualidad/internacionales/vietnam-secuelas-agente-naranja-nino s-43-anos-despues-fotos-noticia-236459

16 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, El texto del Estatuto de Roma que se distribuyó? como documento A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, enmendado por los proce?s- verbaux de 10 de noviembre de 1998, 12 de julio de 1999, 30 de noviembre de 1999, 8 de mayo de 2000, 17 de enero de 2001 y 16 de enero de 2002. El Estatuto entro? en vigor el 1o de julio de 2002. Págs. 6 y 7.

17 Ecocide crime in domestic legislation, págs. 1-3, http://eradicatingecocide.com/overview/existing-ecocide-laws/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente  del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a  los 28 días del mes de enero de 2015.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Cámara de Diputados, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO                                                                                            HOMENAJE AL CUMPLIMIENTO DE LOS 70 AÑOS DE LA PARTICIPACION DEL ESCUADRON 201, EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

«Proposición con punto de acuerdo, para que se realicen diversas actividades con motivo de los 70 años de la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial, suscrita por la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Segunda Guerra Mundial dio inicio el 1 de septiembre de 1939 con la invasión de Polonia por parte de Alemania. A partir de ese momento, diversos países se declararon la guerra, siendo las principales naciones participes en este conflicto Alemania, Japón, Francia, los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y China, por mencionar sólo algunos.

No obstante de que México había declarado su neutralidad ante el conflicto internacional, el 13 de mayo de 1942 el barco petrolero mexicano “Potrero del Llano” fue torpedeado y hundido por el U – 564, un submarino de las marina alemana capitaneado por Reinhard Suhren. Como consecuencia de ello, el Gobierno de México elevó una enérgica protesta y solicitó de la Alemania nazi una indemnización, a lo que el régimen de Adolph Hitler respondió, siete días después, con el ataque a otro navío mexicano, “El Faja de Oro”. Estos hechos fueron detonantes para que el entonces Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, declarase estado de Guerra contra las potencias del Eje, señalando que existía “el compromiso moral de coadyuvar al triunfo común contra las dictaduras nazi fascistas”.

No conforme con lo anterior, la marina de guerra alemana hundió cuatro buques mexicanos más: Túxpam, Las Choapas, Oaxaca y Amatlán.

Ya con la declaratoria formal de Guerra, el 8 de marzo de 1944 el presidente Ávila Camacho dio a conocer sus intenciones de tomar parte en la Guerra a través de la fuerza aérea, por lo que en julio del mismo año fue creado el “Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico”, integrado por 300 elementos procedentes de diversas unidades y dependencias del ejército, incluyendo civiles del Departamento de Materiales de Guerra, para ser enviado a capacitarse a los Estados Unidos de América.

Tras la solicitud presidencial, el 29 de diciembre de 1944 el Senado de la República autorizó la salida de tropas de combate, organizándose formalmente el grupo por mando, grupo de comando, Escuadrón 201 y grupo de reemplazos. Se decidió que las fuerzas en adiestramiento en Estados Unidos se convirtieran en la “Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana” (FAEM), con lo que el “Grupo de Perfeccionamiento Aeronáutico” se transformó entonces en el “Escuadrón de Pelea 201” de la “FAEM”, conocido como Águilas Aztecas.

El grupo de combate recibió entrenamiento los primeros días del mes de enero de 1945 en varias localidades de los Estados Unidos, principalmente en el campo aéreo de Greenville, Texas y en el de Pocatello, Idaho.

Los integrantes del Escuadrón 201 cumplieron misiones de vuelo de bombardeo y ametrallamiento sobre las bases y posiciones japonesas, sobre talleres, vehículos en convoy, emplazamientos de artillería, y como asistentes en zonas de concentración de soldados. Participaron en peligrosos vuelos en barrida sobre lejanos territorios y cumplieron misiones de bombardeo sobre la isla de Formosa, como antecedente a la invasión contra Japón.

La escuadra mexicana realizó 59 misiones, lanzó 252 bombas de propósito general de 1000 libras y disparó 138,652 cartuchos de ametralladora calibre 0.50. Voló en conjunto un total de 1,966 horas en zonas de combate.

A su regreso al país, los integrantes del Escuadrón 201 fueron premiados con ascenso al grado inmediato superior y las Condecoraciones “Servicio en el Lejano Oriente”, “Legión de Honor de México”, “Liberación de la República Filipina” con gafete de Recomendación Presidencial, así como las condecoraciones estadounidenses “Eficiencia del Ejército”, “Eficiencia de la Fuerza Aérea”, “Campaña de América”, “Campaña Asia-Pacífico” y “Victoria de la Segunda Guerra Mundial”. Los pilotos recibieron además la “Medalla del Aire” y el Coronel Cárdenas y el Capitán Gaxiola la “Legión al Mérito”.

Actualmente, la Asociación Mexicana de Veteranos de la II Guerra Mundial A.C., reconoce año con año a quienes con gran valentía y coraje pusieron muy en alto el nombre de México y quienes han sido ejemplo para millones militares integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana y del Ejercito.

Cabe señalar que en el año 2005 se publicó el en Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona a la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha 2 de mayo, como “Conmemoración de la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, en 1945”, celebrándose cada año con una ceremonia solemne en el monumento a dicho organismo en la primera sección del bosque de Chapultepec.

Hace siete décadas nuestro país se vio precisado a pelear en contra de potencias extranjeras. La lucha en ese momento no sólo era para responder a una agresión injustificada, sino para preservar los valores de la civilización frente a los delirios de dictadores genocidas, como Hitler y Mussolini.

La participación de nuestro país, aunque modesta frente al tamaño de la conflagración, sirvió para dar cuenta de los valores que rigen desde hace mucho a la política exterior de nuestro país, así como también para hacer patente el profesionalismo, entrega y abnegación de nuestras fuerzas armadas, en especial, de la fuerza aérea.

Hoy, como en 1945, el ejército mexicano sigue siendo una institución sólida y confiable que goza justificadamente del respeto y el cariño del pueblo de México. Así como en aquel momento los elementos del aire acudieron presurosos al llamado que les hizo la patria, hoy, los soldados, marinos y pilotos arriesgan sus vidas para preservar la seguridad interior y auxiliar a la población en casos de desastre.

Cierto es que, en tanto instituciones públicas, nuestras fuerzas armadas están sujetas al necesario escrutinio de la opinión pública, tal y como debe ser en un país democrático como el nuestro, pero ello no debe ser pretexto para socavar sus cimientos, regatear sus méritos y pretender alejarlas del pueblo mexicano. Una cosa es la crítica y otra muy diferente el ataque sistemático destinado a erosionar su prestigio. Apostarle al debilitamiento del ejército, la marina y la fuerza aérea es irresponsable, pues nadie gana con ello.

Traer a este momento la gesta del Escuadrón 201 no sólo tiene como objetivo rendir un homenaje a quienes se distinguieron por su valor en el combate, sino que debe ser un ejercicio de memoria destinado a recordarnos que nuestro país es capaz de intervenir en defensa de los más altos valores que rigen la convivencia de nuestra especie, que seguimos contando con instituciones prestas a garantizar la seguridad y la viabilidad del país.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a fin de que expida un billete conmemorativo del 70º Aniversario del inicio de operaciones en el frente del Escuadrón 201.

Segundo.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Servicio Postal Mexicano, a efecto de que emita una estampilla postal conmemorativa del 70 aniversario del inicio de operaciones en el frente del Escuadrón 201.

Tercero.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a ambas Cámara del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de que lleven a cabo sendas sesiones solemnes destinadas a conmemorar el 70º aniversario del inicio de operaciones en el frente del Escuadrón 201.

Notas:

1 http://es.slideshare.net/morelosteacher2285/paises-participantes-en-la-segunda- guerra-mundial 22 de enero de 2015 15:02 horas.

2 Consultado en <http://quo.mx/noticias/2013/05/12/por-que-mexico-participo-en-la-sgm>, 22 de enero de 2015 15:06 horas.

3 Consultado en <http://www.sedena.gob.mx/mexico-en-la-ii-guerra-mundial>, el 22 de enero de 2015 15:08 horas.

4 Consultado en <http://quo.mx/noticias/2013/05/12/por-que-mexico-participo-en-la-sgm> 22 de enero de 2015 18:41 horas.

5 Consultado en <http://www.sev.gob.mx/difusion/ejercito_mexicano/escuadron201.pdf>, el 22 de enero de 2015 18:55 horas.

6 Consultado en <http://www.sedena.gob.mx/mexico-en-la-ii-guerra-mundial>, el 22 de enero de 2015 19:57 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.— Diputada María de Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, para dictamen.

REVISAR EL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA GARITA DE SAN YSIDRO EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a revisar el proyecto de ampliación de la garita de San Ysidro, en Tijuana, Baja California, suscrita por el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, facultado en las potestades conferidas en los artículos 6, numeral primero, 79, numeral 2, fracción III, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Consideraciones

Actualmente Tijuana es la ciudad más poblada del estado de Baja California, cabecera del municipio del mismo nombre y es conocida como “La esquina de México” o “La Puerta de México”.

Dentro de los edificios emblemáticos de la ciudad de Tijuana podemos encontrar “Puerta México”, obra del célebre arquitecto mexicano Mario Pani, que ha sido el autor de números edificios en México y en el extranjero que constituyen verdaderas joyas de la arquitectura mexicana moderna, entre ellos la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El edificio “Puerta México” fue construido en 1961 dentro del Programa conocido como Programa Nacional Fronterizo, el cual tuvo como objeto dotar la apariencia física de las poblaciones fronterizas en beneficio de la fama y buen nombre de México, ya que Tijuana constituye la puerta de entrada a nuestro país, siendo la primera impresión que recibe tanto los mexicanos que regresan a su patria, como a los extranjeros que nos visita.

La Puerta México, es una obra testigo de la dinámica de la vida de intercambio comercial y cultural de la región Tijuana-San Diego, es un edificio que cumple con las características para ser considerado Edificio Histórico, Patrimonio de Baja California.

En este sentido, resulta importarte resaltar que se entiende como Patrimonio Cultural al conjunto determinado de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen valores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una época a otra, o de una generación a las siguientes; es el producto de un proceso social permanente, complejo y polémico, de construcción de significados y sentidos.

De lo anterior, La Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California establece en su artículo 4o. lo siguiente:

El patrimonio cultural de Baja California estará integrado por los siguientes bienes que se localicen en su territorio:

I. Edificios

II.  ...IX.

En este orden, el artículo 5o., para efectos de esta ley se entiende por:

I. Edificios. “Construcciones creadas principalmente para cobijar o permitir el desarrollo de cualquier actividad humana, que se encuentren vinculadas a la historia social, política, económica, cultural, artística y religiosa del Estado, o que tengan más de cuarenta y nueve años de construido, así como aquellas relacionadas con la vida de un personaje de la historia de la entidad”.

Por lo que, la Puerta México está plenamente ligada con la historia social y económica de los tijuanenses, la cual ha fungido como vinculo de comunicación con otros. Este símbolo de identidad cumple con los supuestos establecidos en la citada Ley para poder ser considerado como Patrimonio Cultural del Estado de Baja California.

Sin embargo, nuestro Gobierno actual ha demostrado que no le interesa conservar los edificios históricos de la ciudad que dan identidad a la población, ya que el Gobierno de la República pretende desaparecer tan inigualable obra, estructura que simboliza un águila estilizada, el cual representa los beneficios del Programa Nacional Fronterizo, mismo que inyectó poco más de 37 millones de pesos de esa época en la economía de Tijuana.i

La Puerta México, puesta en servicio en 1964 (hace más de 50 años) la cual ayudó a lanzar un período de modernización de Tijuana, correrá la misma suerte de edificios emblemáticos de la ciudad como la Torre de Agua Caliente que fue derruida por considerar que estorbaba al tráfico vehicular, así como el edificio de la Cárcel Pública de la Calle Ocho, el cual, sin ninguna razón fue demolido.

A partir de que las autoridades de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes anunciaron el derribamiento del citado icono inmueble, diversas Asociaciones Civiles, Colegios, Grupos, y Ciudadanos, han creado un amplio movimiento social, que ha manifestado su inconformidad y defensa por Puerta de México, el cual es considerado por su población como emblema importante para nuestra ciudad.

En este sentido, resulta importante destacar el trabajo del Grupo 100 por Tijuana A.C., quien a partir del 2012 formó la Coalición Ciudadana Pro Puerta México, después de realizar el Foro Ciudadano Binacional con el propósito de defender la Garita Puerta México.

La Asociación 100 por Tijuana como parte de las diversas acciones emprendidas por este  movimiento a partir de la publicación de la citada noticia, el pasado 19 de diciembre de 2014, presentó ante el Instituto de Cultura de Baja California el documento que dará inicio al proceso para poder ingresar a este emblemático edificio dentro del Listado de Bienes Susceptibles de ser Declarados Patrimonio Cultural del Estado, esto con el objeto de defender su permanencia por ser parte importante de la Historia de Tijuana.

La histórica Puerta México debe de ser conservada ya que representa parte de la entidad de los tijuanenses. Basta con terminar con la historia de nuestra ciudad. La Puerta México significa como lo dice el eslogan de Tijuana “Aquí empieza la Patria”.

Punto de Acuerdo

Con carácter de urgente y obvia resolución:

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaria de  Comunicaciones y Transportes, a efecto de revisar y redefinir el proyecto de ampliación de acceso a la garita San Ysidro, disuadiendo el propósito de demoler la Puerta México.

Dado en el salón de plenos de la Cámara de Diputados, a 28 del mes de enero de 2015.— Diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para dictamen.

RECONOCIMIENTO AL PINTOR OAXAQUEÑO FRANCISCO TOLEDO, POR LA DONACION AL PUEBLO DE MEXICO

Del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo «Proposición con punto de acuerdo, por el que se hace un reconocimiento al pintor oaxaqueño Francisco Toledo por la donación al pueblo mexicano de su acervo de más de 125 mil objetos de arte, suscrita por el diputado Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los  artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

México subsiste, gracias a los talentos geniales y generosos, como el de Francisco Benjamín López Toledo, conocido como Francisco Toledo. Originario de Juchitán, Oaxaca, se ha constituido en uno de los pintores más reconocidos a nivel nacional e internacional, en cuya obra conviven, en el esplendor, una fantasía jocosa que parte de la realidad imbuida de elementos naturales, para crear realidades propias, que sintetiza las técnicas occidentales con la riqueza espiritual, cultural de lo prehispánico (no sólo pasado sino presente vivo), en combinaciones alucinantes de formas y color. Pero además Francisco Toledo, se destaca como dibujante, escultor, ceramista, impresor. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales como el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año de 1998, y otros de carácter internacional. Más su mayor premio es el reconocimiento y amor profundos que le profesan el pueblo de nuestra nación.

En su generosidad, que debe destacarse una y otra vez, ha fomentado por diversos medios la formación de los artistas y la preservación del patrimonio artístico de nuestro país, ha estado permanentemente al lado del pueblo en diversas luchas sociales, ha defendido con especial amor al medio ambiente, por citar algunos. En suma, es por encima de todo un profundo ser humano con esa sensibilidad, libertad, riqueza de alma, altruismo, congruencia, que debiera ser ejemplo para muchos en todas las esferas de la actividad nacional.

En suma de lo anterior, el pasado 20 de enero del año que corre, entregó al pueblo de México, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y  al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), dos de sus propiedades más queridas, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, con un acervo de más de 125 mil objetos de arte, además de los valiosos inmuebles en que vienen funcionando los mismos.

Estos 125 mil objetos de arte, están conformados por pinturas, grabados, más de 50 mil libros (algunos de ellos invaluables), fotografías, fonogramas y material audiovisual, entre otros. Destaca la colección gráfica con obras del propio Francisco Toledo y de Alberto Durero, Francisco Goya, Joan Miró, Pablo Picasso, Salvador Dalí, José Guadalupe Posadas, por citar algunos autores. En suma, una de las colecciones de arte más valiosas del mundo, producto de toda una vida.

Sobre esta donación histórica, el señor Rafael Tovar y de Teresa presidente de Conaculta, en la ceremonia de la entrega ya aludida, señaló: “Esta mañana presenciamos uno de los actos de mayor generosidad que se ha dado en nuestro país. Creo que la sencillez de Francisco Toledo no debe limitar...toda la importancia, toda la solemnidad y dejar de subrayar un gesto que es absolutamente ejemplar en un país como México de un artista como él, que no sólo ha compartido su arte, sino el producto de su talento”.

Toledo al concluir la ceremonia oficial señaló entre carcajadas: “continuaré en pie de lucha, en defensa del patrimonio cultural y natural: "como dicen: la lucha sigue".

Por todo lo expuesto y fundado,  someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente hace un reconocimiento al gran pintor oaxaqueño Francisco Toledo, por su arte inigualable de trascendencia nacional e internacional, y al propio tiempo por la entrega al pueblo de México, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), de dos de sus propiedades más queridas, el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, con un acervo invaluable de más de 125 mil objetos de arte, una de las colecciones de arte más importantes del mundo, además de los inmuebles en que vienen funcionando los mismos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputado Valentín Maldonado Salgado (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ANALICEN LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN AJUSTE EN LAS CUOTAS DE IMPORTACION DE AUTOS USADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, la SHCP y el SAT a analizar la posibilidad de ajustar las cuotas de importación de autos usados, suscrita por el diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, David Pérez Tejada Padilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las disposiciones que en materia económica se han implementado en la franja fronteriza norte de nuestro país, han impactado de manera negativa en el ánimo de los habitantes de aquella región, parte de la cual represento como diputado federal por Baja California e integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, así como de la Comisión Especial de la industria maquiladora.

Parte esencial del trabajo legislativo requiere mantenerse al pendiente de las exigencias ciudadanas y del sentir de aquellos en quienes impactan directamente las políticas públicas.

En este caso, se trata de escuchar las voces en contra de las modificaciones realizadas a la actividad comercial que involucra la importación de autos usados desde los Estados Unidos hacia México.

Esta situación tiene antecedente, puesto que desde finales del año pasado, representantes de los comerciantes de autos usados intentaron acercarse a diversas instancias gubernamentales para intentar posponer o detener la implementación del aumento en los costos de importación para autos usados.

Los comerciantes no están negados al diálogo, pero exigen una respuesta que satisfaga su necesidad de empleo, pues esta política pública si bien intenta reducir la circulación de autos con un funcionamiento deficiente, no viene acompañada de una estrategia que le permita a los trabajadores del ramo de la importación de vehículos usados colocarse en actividades laborales iguales a las que desarrollaban.

El momento coyuntural alcanzó un punto de quiebre el viernes pasado, cuando se anunció que, a falta de acuerdos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se realizarían bloqueos en las garitas comerciales de toda la franja fronteriza del norte del país, lo cual se llevó a cabo, costando una pérdida estimada de 425 millones de dólares diarios, de acuerdo con datos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) de Mexicali.

Si bien el monto calculado podría resultar exagerado, no es menos preocupante la falta de información acerca del impacto que la medida en comento significa para comerciantes y sociedad. Como muestra de ello, se observa que la reducción en las ventas de vehículos usados representa el mayor reto para los comerciantes del ramo. Tan sólo en Tijuana llegaban a cruzar la frontera un promedio de mil 500 vehículos por semana hasta antes de la implementación de las nuevas disposiciones. Ahora, el flujo se redujo a 500 vehículos por semana y en Mexicali, de acuerdo a la Asociación de Agentes Aduanales, la reducción se verificó en un rango de mil 200 a 200 vehículos por semana.

Siguiendo con la política de desarrollo competitivo en materia económica, el cierre de las garitas comerciales por falta de diálogo con las autoridades competentes resulta en un retroceso en los esfuerzos para alcanzar la meta propuesta por el gobierno federal y que conviene a nuestro país.

El aumento en el costo de importación de autos usados afecta a toda una cadena de trabajo: hojalateros, tapiceros, mecánicos, refaccionarias, entre otros giros dedicados al mantenimiento y reparación de autos. El aumento en las cuotas de importación de vehículos disparó las operaciones en este sector, pues anteriormente una operación que antes costaba 800 dólares ahora supera los mil 200, además del costo de estacionamiento para las unidades que no pueden ser vendidas en territorio mexicano, sumando pérdidas que, en un día pueden llegar a los seis mil dólares. Pero el sector privado no es el único afectado.

Las condiciones del transporte público son deficientes, lo que obliga a los ciudadanos a procurarse un transporte propio, ya sea para trasladarse al trabajo, la escuela, espacios recreativos, o para trasladar mercancías o enseres de trabajo.

La gran mayoría de ciudadanos no cuenta con recursos económicos altos, lo que les impediría solicitar créditos en las automotrices que ofrecen vehículos nuevos, por lo que adquirir un auto usado a menor precio, es una opción para muchas familias mexicanas, sobre todo en la zona fronteriza, la cual conserva lazos culturales y comerciales muy cercanos a la gran economía del norte.

No debemos olvidar que el diálogo se construye por medio de propuestas expresadas por actores contrapuestos, pero que tienen la intención de alcanzar un objetivo en común, que en este caso se define como el logro de un acuerdo entre comerciantes y gobierno en cuanto a la importación de autos usados.

Los comerciantes, que han tomado medidas drásticas para hacerse escuchar, no decidieron bloquear las garitas comerciales de un día para otro, sino que esta acción se gestó durante varios meses de expresiones menos radicales, las cuales no dieron los resultados esperados.

Como integrantes de la estructura gubernamental, es nuestro deber evitar que los conflictos lleguen a niveles incontrolables, cuando se puede gestionar una salida que convenga a las partes, considerando nuevas alternativas, pero sobre todo, privilegiando el diálogo con actores congruentes que no buscan la confrontación, sino la construcción de acuerdos.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y al Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración General de Aduanas, a fin de que analicen la posibilidad de realizar un ajuste en las cuotas importación de autos usados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputado David Pérez Tejada Padilla (rúbrica p.a.).»

Se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para dictamen.

SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LOS HECHOS OCURRIDOS EN IGUALA, GUERRERO, A ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL RURAL DE AYOTZINAPA “RAÚL ISIDRO BURGOS”

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la comisión especial de la Cámara de Diputados que da seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, contra alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, suscrita por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo por el que se propone que la presidencia de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raul Isidro Burgos” sea sustituida bajo las siguientes

Consideraciones

El viernes 26 de septiembre policías preventivos del municipio de Iguala y civiles armados realizaron tres ataques a diferentes horas contra normalistas de Ayotzinapa, lo que dejó un saldo de 6 muertos incluyendo 3 estudiantes, un futbolista, un chofer de autobús y un ama de casa, y 43 estudiantes desparecidos.

Por lo que, la Junta de Coordinación Política estimó indispensable crear una comisión especial, por lo anterior, en fecha 7 de octubre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó la creación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, que tiene como objetivo allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.

La comisión especial, está conformada por siete integrantes, uno de cada grupo parlamentario con representación en la Cámara de Diputados y la presidencia corresponderá al diputado representante del Partido Acción Nacional, está integrada por los diputados:

1) Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 2) Alberto Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 3) Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 4) Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 5) Ricardo Mejia Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 6) Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y 7) Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Por lo que en fecha 8 de octubre de 2014, se realizó la reunión de la instalación de la comisión especial y se aprobó el plan de trabajo en que comprende los objetivos específicos y acciones específicas.

Los objetivos específicos son los siguientes:

1. Atender con imparcialidad, únicamente en base a criterios objetivos y que garanticen la protección más amplia de las personas, los asuntos que le sean encomendados por los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados.

1.1. Elaborar las opiniones y trabajos que la Mesa Directiva turne a la comisión especial.

1.2. Llevar a cabo las comisiones, funciones y trabajo, que en su caso, determine la Junta de Coordinación Política.

2. Solicitar, de conformidad con el numeral quinto del acuerdo de creación de esta comisión, informe para conocer las actuaciones así como el estatus que guardan los asuntos a su cargo, a las autoridades competentes que atienden o guardan relación con respecto a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, y celebrar reuniones con las mismas, así como con agrupaciones relacionadas en el tema.

De ahí que esta comisión especial a realizado reuniones con autoridades federales y estatales, y con organismo internacionales y nacionales, así como solicitudes de información a diferentes instancias, no obstante desde el 26 de noviembre de 2014, donde los integrantes de esta comisión especial nos reunimos con el procurador general de la República Jesús Murillo Karam, no ha llevado tarea alguna para darle continuidad al plan de trabajo.

Sin embargo estas desapariciones son fuente de grave preocupación para la comunidad nacional e internacional, y refleja la crítica situación de derechos humanos que vive México. Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino un evento que se suma a casos como las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, los feminicidos en Chihuahua y en diversas partes del país, las decenas de miles de secuestros a migrantes, y las más de 23 mil personas desaparecidas.

Por lo que es indispensable contribuir, desde la esfera de competencia de esta comisión especial, a facilitar, agilizar y complementar la búsqueda de los estudiantes desparecidos, así como verificar que las investigaciones realizadas con respecto a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, procedan conforme la más estricta sujeción al estado de derecho, a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de la materia de los que México es parte, y la legislación correspondiente así como los principios de trasparencia, rendición de cuentas, protección a la víctimas y establecer mecanismos de comunicación con las víctimas de los hechos, tanto los estudiantes sobrevivientes y todos los familiares en general de los desaparecidos forzadamente, ejecutados extrajudicialmente y torturados.

Asimismo es indispensable realizar una propuesta para mejorar y hacer más efectiva la legislación actual, particularmente las relativas a las de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, con el propósito de que estas sean eficaces para prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación a los derechos humanos.

De la misma forma, fortalecer las labores de esta comisión especial y dar continuidad con convicción e interés a las diligencias pendientes para dar cumplimiento al plan de trabajo que se realizó por las propuestas de cada uno de los integrantes, por lo que es importante que esta comisión especial sea rotatoria entre los representantes de los grupos parlamentarios que la integran con el fin de promover la objetividad y pluralidad en el ejercicio y desempeño de todas las facultades que tiene encomendadas.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con las facultades que le confiere el inciso c) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados conforme al artículo 42 de la citada ley, que la Presidencia de la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” sea sustituida entre los representantes de los grupos parlamentarios que la integran, a fin de promover la objetividad y pluralidad en el ejercicio y desempeño de todas las facultades que tiene encomendadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.— Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).».

Se remite a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para su atención.

AFECTACIONES DE PEMEX AL MEDIO AMBIENTE Y A LA POBLACION

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las afectaciones de Pemex al ambiente y la población, suscrita por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Aun con la reforma energética, Petróleos Mexicanos (Pemex) es la empresa pública estatal encargada de administrar la exploración, explotación y ventas del petróleo. Se le considera una de las mayores empresas del mundo.

Sin embargo, la coexistencia y convivencia de los ciudadanos con Pemex mantiene a la población en un constante peligro, debido a los riesgos que esta representa por lo que es necesario de parte de la paraestatal, mayores y mejores condiciones de seguridad e incentivos con la población.

La falta de mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de Pemex ha generado filtraciones, las cuales incluso han llegado a los mantos freáticos, representando un riesgo tóxico.

Esto último es sólo un ejemplo al azar de las consecuencias ambientales que provoca Pemex, sin mencionar las constantes explosiones por ordeña ilegal de ductos, las lluvias ácidas que provocan los gases emitidos al ambiente que afectan las cosechas y producciones campesinas, sin dejar de lado consecuencias directas en la salud de la población como casos de leucemia, ceguera y afecciones pulmonares.

Para evitar este tipo de eventualidades, necesitamos que la información contenida en el atlas de riesgo de Pemex sea actualizada y pública para las entidades más vulnerables, a fin de que se realicen acciones que mitiguen los efectos dañinos hacia la población, la infraestructura y el entorno.

Por otro lado, la misma actividad petrolera de Pemex ha afectado de manera física y tangible el entorno de las comunidades. El desgaste del patrimonio de las poblaciones aledañas no ha sido retribuido de manera justa y debe ser parte de las responsabilidades de Pemex como empresa paraestatal, hacerse cargo de la reparación de todas y cada una de las afectaciones que su intensa actividad ha generado. A esto último hago alusión a la infraestructura física de los entornos de las comunidades aledañas.

México necesita que sus empresas y la población en general construyan juntos el camino hacia el desarrollo sin mirarnos de más o de menos. La clave para el progreso conjunto está en poder coexistir de en una manera responsable, justa y por consecuencia pacífica. Pemex debe incentivar e incluir a las comunidades en su operación y ser sobretodo, responsable de las consecuencias negativas en cuanto a las afectaciones directas hacia la población y su ambiente.

Por lo expuesto, ante el pleno de esta asamblea se presenta, con carácter de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta y se exige a Petróleos Mexicanos la regularización rigurosa de la seguridad en las poblaciones donde hay actividad petrolera y en los yacimientos y pozos.

Segundo.Se exhorta y se exige a Petróleos Mexicanos la remediación inmediata de la infraestructura física y ambiental en las zonas y comunidades donde se tienen operatividad y actividad petrolera.

Tercero.Se exhorta al director general de Pemex, maestro Emilio Lozoya Austin, a llevar a cabo reuniones con los presidentes municipales de la zona del sureste (Tabasco, Campeche y Chiapas) a fin de llegar a estrategias conjuntas para la retribución y remediación de zonas afectadas por Pemex.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.— Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para dictamen.

GENEREN CAMPAÑAS DE DIGNIFICACION DE EMPLEO PARA JOVENES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS a generar con la SEP y el Injuve campañas de dignificación de empleo para jóvenes, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado José Angelino Caamal Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 19 de noviembre la Comisión Económica para América Latina dio a conocer los resultados de la investigación realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Agencia Española de Cooperación (Aecid), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Secretaría General Iberoamericana (Segib), misma que advierte que la incorporación de los jóvenes al mundo laboral les permite ser parte de la sociedad de manera autónoma, facilitándoles el desarrollo interpersonal y el reconocimiento recíproco en colectivos que tengan características similares.

Asimismo en el contenido del informe se da a conocer que dentro del Programa de Acción Mundial para los jóvenes, se establecieron 15 áreas prioritarias, dentro de la cual  se encuentra en el número dos el empleo, además de establecer el impulso de una agenda de desarrollo e inversión social en juventud con objetivos para 2030, contenido la inserción laboral, procurando equiparar las tasas de desempleo y subempleo juvenil con las correspondientes al desempleo y subempleo adulto.

En este tenor el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en 2014 residían 31.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años en nuestro país, lo que presenta el 26.3 por ciento del total de la población y en el primer trimestre del año en curso se reportó que la tasa de desempleo de los jóvenes de 20 a 24 años era de 9.8 y 9.2 por ciento, respectivamente, edad en donde se puede obtener el primer empleo de manera formal.

Por otra parte, además del desempleo en México los jóvenes enfrentan problemas tales como la falta de experiencia, teniendo que aceptar empleos temporales que no otorgan seguridad social, o bien trabajan más horas de trabajo por el mismo pago.

La Organización Internacional del Trabajo ha identificado que además se presenta un desajuste de competencias laborales entre los jóvenes, ya que la sobreeducación y el exceso de competencias coexisten con la subeducación y la escasez de competencias, lo que genera una brecha de oportunidades entre los jóvenes no sólo del mundo, sino también en nuestro país, a ello tenemos que sumar los factores sociales, económicos, geográficos y variables como el género, la etnia y las condiciones de salud, lo que limita las oportunidades de empleo y estudio ente sector tan importante de la población que representan gran parte del desarrollo económico de nuestro país, quienes además en algunos casos se ven vulnerados en las condiciones laborales que tienen que aceptar, además de que en ocasiones aceptan empleos sin seguridad social, lo que afectará sus condiciones de vida en un futuro, como lo es hoy el tema de las pensiones.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos de la importancia de impulsar empleos para los jóvenes, bajo condiciones dignas y formales, teniendo la participación de las Instituciones, de la sociedad y de los empleadores.

Por ello es importante implementar esfuerzos y coordinación de capacitación y actualización entre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Educación Pública, además es importante generar campañas de concientización y sensibilización para que todos los jóvenes desde el momento de su prestación del servicio social puedan recibir apoyos que retribuyan su esfuerzo y que además no generen gastos adicionales para ellos y sus familias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero.Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de la Juventud de México se generen campañas de dignificación de empleo para jóvenes.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social  para que en coordinación con el Instituto de la Juventud se hagan campañas de concientización y que sea retribuido la prestación de servicio social a los jóvenes de todo el país.

Nota:

1. CEPAL, comunicación de prensa: Solo uno de cada 10 dólares de inversión social se destina a personas jóvenes en Iberoamérica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

PREVENIR Y SANCIONAR CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES QUE RESULTEN CANDIDATAS A CARGOS DE ELECCION POPULAR EN EL PAIS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE y el Conapred a prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia contra candidatas a cargos de elección popular, suscrita por la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Lilia Guadalupe Merodio Reza, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denominado Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos da muestras de las distintas maneras de discriminación a las que están expuestas las mujeres, entre las que destacan sus derechos políticos.

En el informe que se presentó, indica que la violencia que viven las mujeres en el ámbito político se puede enmarcar en cinco tipos: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual; y en tres modalidades de violencia: familiar, en la comunidad e institucional.

Lo que trae como consecuencia que mujeres abandonen su carrera política, así como las futuras generaciones de mujeres desistan de su participación a cargos de elección popular.

La Constitución política de nuestro país establece, de manera muy clara, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la misma, así como los establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Lo mismo se reafirma en el artículo 4, donde se reconoce que el varón y la mujer son iguales ante la ley.

El pasado 7 de octubre de 2014 el Instituto Nacional Electoral dio inicio al proceso electoral 2014-2014, donde se llevarán a cabo nueve elecciones para gobernador, se elegirán 903 presidencias municipales, así como 639 diputados locales, y las 500 diputaciones federales.

Ante dicha situación, desde el comienzo de la actual administración del gobierno de la República, se planteó una estrategia con perspectiva de género, donde la participación de la mujer se distinguiera más que en otras ocasiones, por ello se propuso garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular.

Por ello, desde el Plan Nacional de Desarrollo se conformó una estrategia con perspectiva de género como principio esencial. Esto es, que contemplaría la necesidad de llevar acciones orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación.

Para el gobierno de nuestro país era inconcebible aspirar a que México cumpliera con su máximo potencial cuando más de la mitad de su población se enfrentaba a brechas de género en todos los ámbitos.

A 60 años de que celebramos el derecho al voto de las mujeres, y con el fin de fomentar un proceso que realmente tome en cuenta sus derechos políticos, el presidente de la República, en el año 2013, presentó una iniciativa para que 50 por ciento de las candidaturas de elección popular sean de mujeres, al igual que sus suplentes, la cual deberán cumplir todos los partidos políticos, misma que fue aprobada y que hoy día debe operar.

Con lo anterior el Estado mexicano hace tangibles los compromisos asumidos al ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer con respecto a los derechos políticos a los que la mujer debe tener acceso.

La reforma que se aprobó era necesaria, toda vez que, en los últimos años, en México la participación de las mujeres en la política ha ido en aumento, basándonos en el acceso de las mismas al Poder Legislativo federal, así como en las gubernaturas.

Sin embargo, las mujeres aún siguen siendo objeto de la discriminación, lo que se traduce en violencia, el mismo informe de la ONU sobre violencia contra las mujeres en sus derechos políticos, señala que en el caso de las precandidatas y candidatas, en el pasado se ha observado el mal uso del presupuesto destinado para la capacitación a mujeres, así como las presiones para ceder o no reclamar la candidatura correspondiente, la ausencia de apoyos materiales y humanos, y sobre todo, van en aumento las agresiones y amenazas durante las campañas y el trato discriminatorio de los medios de comunicación y los contendientes políticos del sexo masculino.

Nuestro país está comprometido en la lucha a favor de las mujeres libres de violencia, por lo cual se trabaja para su empoderamiento, a través de buscar la igualdad de oportunidades mediante una estrategia integral.

Las mujeres que hacemos un equilibrio en la vida política de nuestro país queremos que las precampañas y las campañas que tendrán lugar para que el próximo 7 de junio llevemos a cabo los comicios pertinentes, se vivan libres de violencia contra las mujeres.

De otra manera, quien no se comprometa a respetar los derechos de las mujeres, y quien no deje de ejercer violencia contra las precandidatas y candidatas, sea responsable de las sanciones correspondientes.

Es fundamental que las mujeres en este proceso electoral gocen de su libertad, así como de sus derechos políticos y que dejen de ser objeto de injurias lascivas, y que se fomente el uso de las herramientas legales existentes para denunciar este tipo de actos y que conozcan sus derechos para su pleno ejercicio.

Por ello, es importante que el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación lleven a cabo las acciones pertinentes para garantizar a las precandidatas y candidatas a cargos de elección popular durante el presente proceso electoral, una vida libre de violencia.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral, así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a que en el ámbito de sus atribuciones prevenga y, en su caso, sancione a quien comenta cualquier tipo de violencia contra las mujeres que resulten ser candidatas a cargos de elección popular en el país.

Nota:

1. http://genero.ife.org.mx/docs/docs_mat-PNUD-2_10jul2012.pdf.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Senadora Lilia Merodio Reza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.

INVESTIGUE LA PROCEDENCIA DEL PATRIMONIO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a nombrar una fiscalía especial que investigue la procedencia del patrimonio de diversos servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo federal, suscrita por el senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, senador Javier Lozano Alarcón, en nombre de los diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con base en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República a nombrar un fiscal especial que investigue la procedencia del patrimonio del presidente Enrique Peña Nieto, de los secretarios de Estado y personal de la presidencia de la República ante la sospecha fundada de manifiesto conflicto de intereses, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una vez más, se ha puesto en cuestionamiento el procedimiento ético del Poder Ejecutivo mexicano. En este caso, se hizo del conocimiento público la adquisición por parte del presidente Enrique Peña Nieto de una propiedad en el club de golf de Ixtapan de la Sal a una compañía de Roberto San Román Widerlehr, este último, empresario de la industria de la construcción mientras se desempeñó como gobernador del estado de México.

El tema de reflexión no es, como se puede pensar de manera incorrecta, la compra de una casa. Tampoco lo es el que pensemos que de acuerdo a la normatividad vigente, el presidente Peña Nieto tenga autoridad para signar contratos de obra a empresarios que participan en concursos para la construcción de obra pública, tal y como lo plantea un comunicado emitido por la oficina de la presidencia emitido hoy a las 2.30 de la madrugada.

Muy por el contrario, el tema es de mayor importancia. Podemos apreciar, en este sexenio, la aparición de un modelo constante; la compra de casas a empresarios que después aparecen como beneficiarios de contratos de obra pública. Así sucedió con la compra de la residencia situada en la calle de Sierra Gorda, con los números 150 y 160 en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México y de la cual la sociedad mexicana se enteró por un reportaje de la prensa nacional y propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado, y así sucedió con la casa comprada por el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ambas compradas al empresario beneficiado con contratos de obra pública.

En el caso de la compra en Ixtapa de la Sal, la noticia publicada por el diario Wall Street Journal señala que el empresario San Román Widerlehr ha sido beneficiado con once contratos desde que Peña Nieto es presidente de México, y que durante el gobierno de éste en el estado de México el empresario obtuvo contratos que le dejaron ganancias por más de 100 millones de dólares.

Si bien, la residencia de Ixtapan de la Sal fue reportada por Peña Nieto en su declaración patrimonial, hasta el día de hoy es que se sabe la identidad del propietario de la desarrolladora.

Todos estos acontecimientos, conocidos en la sociedad mexicana a través de la prensa nacional e internacional, ponen al descubierto un método de gobernar, el cual, por lo menos, generan desconfianzas y levantan sospechas.

Por estas consideraciones, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría General de la República a nombrar un fiscal especial, que cuente con probada independencia, autonomía y solvencia moral, para que investigue la procedencia del patrimonio del presidente Enrique Peña Nieto, de los secretarios de Estado y personal de la Presidencia de la República ante la sospecha fundada de manifiesto conflicto de intereses.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 28 de enero de 2015.— Senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.

CONGRATULA POR LA TOMA DE MANDO PRESIDENCIAL DEL SEÑOR JUAN EVO MORALES AYMA, EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente se congratula por la toma de mando presidencial del señor Juan Evo Morales Ayma, en el Estado Plurinacional de Bolivia, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición sobre la base de las siguientes

Consideraciones

El pasado 12 de octubre de 2014, por tercera ocasión, Juan Evo Morales Ayma ganó con un amplio margen las elecciones presidenciales, en los que logró un apoyo del 61.04 por ciento de la votación ciudadana, es decir, con un poco más de 3 millones 53 mil 846 votos de un padrón de un total de 4.090.711 ciudadanos.

Los resultados obtenidos fueron indudablemente resultado de los logros que el gobierno nacional boliviano ha obtenido durante las dos gestiones presidenciales de Evo Morales. Logros que se han destacado entre otros por haber impulsado una nueva Constitución que entró en vigor en 2009, en donde desde su primer artículo se plasma la nueva concepción del Estado boliviano, unitario y social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. En suma, en Bolivia se consagra constitucionalmente la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del dicho país. Con ocasión de la entrada en vigor y la juramentación respectiva de esa nueva Constitución, Evo Morales declaró que habían logrado transitar de la rebelión de los antepasados a la revolución democrática y cultural, a la refundación de Bolivia y a la reconciliación entre originarios milenarios y originarios contemporáneos.

Otro cambio significativo a nivel constitucional que se plasmó es una nueva concepción de vida, el Buen Vivir/Vivir Bien como resultado de un importante proceso de serias transformaciones estructurales de un Estado boliviano que venía desarrollándose bajo los preceptos neoliberales de la economía; es decir, en Bolivia se ha logrado refundar el Estado acorde a las necesidades y demandas de la población.

La concepción del “Vivir Bien” obedece al reconocimiento de los valores del Estado boliviano y se cita explícitamente en el artículo 8 con el vocablo aymara “suma qamaña”, garantizando a la vez, las condiciones mejores de vida de las mujeres y hombres bolivianos.

De esa manera, el “Vivir Bien” constituye el pilar de ese nuevo estado plurinacional pues implica el disfrute pleno y el acceso a los recursos materiales y, lo más importante, la realización en tanto ser humano en una estrecha e indisoluble armonía con la naturaleza y priorizando el valor de vivir en comunidad. Esa es la esencia del Estado plurinacional, que le ha llevado a implementar políticas sociales que puedan consolidar esa visión, el conocimiento de que se es persona miembro de una comunidad cuya pertenencia está en compromiso íntimo y permanente, así como se vive la experiencia de unidad de la vida propia con la vida toda del mundo-humano andino.

Lo anterior necesariamente se ha visto reflejado en las leyes actuales, en donde, además, los pueblos originarios encuentran plasmados sus derechos ancestrales sobre sus propias comunidades y tierras, en donde su habla, se reconoce y se defiende. Leyes que marcan de manera vital, la estrecha relación entre los pueblos y la naturaleza y donde la cosmovisión de esos pueblos hermanos está garantizada, de esa manera, se ha garantizado a la vez, un gran proyecto de real descolonización a partir de las naciones y pueblos originarios. Hasta aquel momento, nunca antes se había acometido un esfuerzo de tales dimensiones para integrar a sectores marginados de la sociedad y a la población indígena en las responsabilidades de gobierno. Las 36 naciones que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia, por vez primera se veían integradas y sus derechos preservados.

De entre los principales logros que a lo largo de sus dos periodos constitucionales al frente del gobierno nacional de Bolivia, Evo Morales logró destacan: tras la nacionalización de los hidrocarburos en 2006 Bolivia, por primera vez, incrementó sus ingresos económicos y la población comenzó a pagar impuestos, lo cual fue un indicador de la confianza hacia a las autoridades, junto con otra de las líneas centrales de la estrategia de su gobierno que apuntó a la reducción de la desigualdad social y la pobreza, la cual en los recientes ocho años se ha reducido en un 18 por ciento. De la misma manera, la prioridad del gobierno de Evo Morales ha sido la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, de la población nativa de América Latina y el Caribe, la cual fue prácticamente exterminada en muchos países y ha estado desprotegida durante muchos siglos.

Por lo que corresponde al contexto internacional, Bolivia no solo se ha dedicado a promover la defensa de sus intereses nacionales, sino que le ha apostado a grandes problemas importantes como el cambio climático global y la protección de la naturaleza contra la contaminación ambiental y la degradación; a la defensa de los derechos humamos y contra el capitalismo y su modelo neoliberal que cada día viola los derechos fundamentales de las personas en el mundo a la educación, la salud y a la alimentación y, ha enfocado su política en favor de la integración regional, con su visión de  respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia de intereses extranjeros en su territorio y la diplomacia de los pueblos.

Respecto de la integración regional, Bolivia constituye un país clave tanto por su situación geográfica y singular estado de mediterraneidad, enlace entre los distintos esfuerzos latinoamericanos de integración. Esta voluntad integracionista se manifiesta es su membresía plena en la Organización Mundial de Comercio (OMC), en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) Además de ser miembro asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur), Bolivia tiene carácter de observador en las negociaciones de tratado de libre comercio entre Estados Unidos y los países de Colombia, Ecuador y Perú respectivamente, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y, por supuesto en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) entre otros organismos regionales.

Nadie puede negar que los procesos de integración en América Latina y el Caribe, están en un constante y renovado impulso político y, pese a los obstáculos, avanzan en diferentes frentes y a diferentes velocidades. Actualmente hay vigentes decenas de acuerdos económicos regionales o subregionales, pero enfrentamos un proceso impuesto por Estados Unidos de América, que puede trastocar los anhelos libertarios de los países con gobiernos nacionales, como Bolivia, emanados de la izquierda y con amplia base popular, me refiero a la Alianza del Pacífico y al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, mejor conocido como TPP.

El rol estratégico de Bolivia dentro de los procesos de integración se encuentra todavía sin lugar a dudas en la relación comercial y política con la Comunidad Andina de Naciones tanto por cuestiones de infraestructura como de inversiones, por ello, es fundamental la construcción de la identidad y la ciudadanía regional como elemento clave para la consolidación del proceso de integración. Para esto es necesario reconstruir la idea de que somos distintos y ajenos entre los pueblos que componen nuestra patria grande y fomentar los mecanismos de participación popular, sobre todo a la luz de las profundas transformaciones geopolíticas que se suceden a nivel global.

Muchos son los logros de los dos períodos constitucionales en Bolivia con Evo Morales al frente de la Presidencia, entre ellos el lograr una Bolivia autonómica; fin del centralismo; la nacionalización y recuperación de la propiedad, posesión y control de su gas y toda la cadena hidrocarburífera; tras 20 años de implementación del modelo neoliberal, refundó la Corporación Minera de Bolivia mediante una adecuada política de inversión, gestión y modernización minera incrementando las exportaciones hasta 5.139 millones de dólares; la recuperación y refundación de la Empresa Nacional de Electricidad y la nacionalización de las Telecomunicaciones como un derecho fundamental del pueblo boliviano. Paradójicamente México ha caminado en sentido contrario a estos procesos de mayor rectoría del Estado que conducen a reducir la desigualdad social.

Bolivia además de los logros a nivel social, como la reducción de la pobreza, ha conseguido aumentar la generación de empleos, la garantía del acceso a la salud y educación, y un crecimiento de su producto interno bruto (PIB) que ha crecido en promedio a una tasa de 5.17 por ciento durante el periodo 2006-2008 (el crecimiento de 2008 ha sido el mayor en 30 años). En 2009, a pesar de la crisis financiera y económica global, la economía boliviana registró la mayor tasa de crecimiento (2.11 por ciento) de América del Sur en el primer trimestre: Paraguay (-4.1 por ciento), Chile (-2.1 por ciento), Brasil (-1.8 por ciento), Colombia (-0.6 por ciento), Perú (1.8 por ciento) y Argentina (2.0 por ciento) como resultado de definir su política económica con soberanía, aumentando a la vez en un 47 por ciento el salario mínimo y cuenta además con una solvencia interna que convierte a dicho país en un Estado sólido y estable en lo político y económico.

Este 22 de enero pasado Juan Evo Morales Ayma asumió por tercera ocasión un nuevo mando presidencial y de su discurso sobresalen los compromisos de reducción de la pobreza a un dígito en 2020, agregando que aun cuando Bolivia era el último país en pobreza en América Latina y el Caribe, la actual situación política acredita que en ese país se tiene y se convive con estabilidad política.

Morales agregó que ha habido una sustancial disminución de la desigualdad social, la que se redujo de 2005 a la fecha, en 42 veces, como resultado del socialismo comunitario y en materia educativa, informó que Bolivia ocupa el segundo lugar después de Cuba en materia de inversión, según datos de la UNESCO lográndose una tasa de cobertura neta de 99.82 por ciento en educación primaria y en el nivel secundario del 72.15 por ciento un aspecto preocupante, aunque se tiene una tasa de deserción del 1 por ciento en primaria, gracias al Bono Juancito Pinto.

Resaltó que estas cifras hacen que Bolivia sea respetada en el ámbito internacional dado que no es un resultado del gobierno, sino de la lucha del pueblo boliviano que dejó el Estado boliviano colonial, para contar con un país digno que se construye con unidad.

De parte del Ejecutivo federal de nuestro país el canciller José Antonio Meade Kuribreña asistió a la ceremonia de toma de posesión, compartió lugar con los presidentes de Trinidad y Tobago, Costa Rica y Venezuela. Aún así, también es oportuno que desde el Congreso de la Unión extendamos un mensaje en representación del pueblo de México a nuestra hermana república latinoamericana.

Así es que en el espíritu de amistad entre México y Bolivia, se propone que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extienda un mensaje al presidente Evo Morales por motivo de la toma de posesión a su tercer mandato oficial.

En suma, por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su reconocimiento a los logros del Estado Plurinacional de Bolivia en bien de los intereses de su pueblo y saluda la toma de mando presidencial de los señores Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera como presidente y vicepresidente, respectivamente, para el tercer mandato constitucional 2015-2020, deseando el mayor de los éxitos al frente de su gestión.

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

PROMOVER LA CULTURA LABORAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a promover la cultura laboral, suscrita por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al inicio de la presente legislatura nos tocó vivir y participar intensamente en dos reformas preferentes, proceso inédito en la historia legislativa mexicana. Uno de aquellos retos trascendentales, fue el tema de la reforma laboral, la cual, con todos los paralelismos hallados en este plural grupo de formadores de leyes, alcanzó, en términos generales, por todas las fuerzas políticas del país, y en las dos Cámaras, puntos en comunión logrando ser remitida por el Senado al Ejecutivo federal para la correspondiente promulgación. Confiamos que la reforma laboral, hoy ley vigente, debe fungir como un pistón en el engranaje social para generar empleos y crecimiento en la economía.

Sin embargo, pese a ser un cambio fundamental, no dado desde hace cuatro décadas, es un logro inacabado que debemos intentar mejorar constantemente.

Por ello en esta ocasión traigo a la reflexión un fenómeno social común: la discriminación laboral por edad, la cual se encuentra vinculada con el bono demográfico presente en el país y su proyección en algunos años más.

La discriminación laboral por edad se acentúa a partir de los 35 años, circunstancia indeseable, pues a esas alturas de la vida las personas cuentan con fuerza física plena y además, con la experiencia propia de la vida, así como la propia de su técnica o profesión.

El Reporte sobre la discriminación en México 2012, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, informa que el mercado laboral se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima de 35 años. Señala que 90 por ciento de las ofertas de empleo excluyen a las personas que tienen más de 35 años, y de ellas, una escasa proporción (no más de 35 por ciento) corresponde a empleos reales y radicados, por lo general, en actividades como guardias de seguridad o personal de limpieza.

Ese reporte subraya que la situación es aún más difícil en el caso de las mujeres, que padecen una discriminación múltiple: por edad, por sexo o discapacidad.

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del Inegi, la población desocupada en el tercer trimestre de 2014 fue de 2.7 millones de personas; de ese total, 1.2 millones de personas pertenece al grupo de edad de 25 a 44 años, con lo que se infiere que dicho grupo representa 44 por ciento de los desempleados de un sexo y otro.

Los empleadores suelen no contratar a personas de este segmento, porque sus honorarios son más costosos a los de jóvenes, y a éstos se les puede remunerar con cantidades decrecientes en comparación a las personas mayores.

Es común constatar en los anuncios clasificados de los diarios del país la exclusión de contratar solamente a menores de 40; esto repercute de modo considerable en la economía y el bienestar de familias cuyas cabezas de hogar rondan por esas edades y con preocupación atestiguan una baja en el poder adquisitivo.

Los informes de algunas compañías expertas en búsqueda de empleo, manifiestan que 80 por ciento de la oferta de trabajo, excluye a profesionales que sobrepasan la edad de 40 años. El rango de edad se ha convertido en un factor determinante para la inserción en el mercado laboral. Esta condición sin justificación alguna, no solo distorsiona el mercado laboral sino discrimina a personas en su mejor periodo productivo y con un importante bagaje de experiencia.

De este modo, el ciclo económico y las condiciones del mercado laboral, convierten a las personas en este supuesto, en subempleados, trabajando en cuestiones diferentes a su preparación, percibiendo poco y no proporcionar todos lo aprendido durante años.

Países como España, Australia, Chile o Argentina han reconocido esta situación y cuentan con marcos jurídicos dedicados a resolverla. Estados Unidos de América cuenta con The Age Discrimination in Employment Act, o Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, con la que se establece, entre otras cosas, lo siguiente:

• Define la discriminación por edad cuando el patrón da un trato menos favorable a algún candidato o empleado por motivo de edad de más de 40 años.

• Prohíbe la discriminación por edad en cualquier contexto del empleo, ya sea en el proceso de contratación, de despido, de pago, para promociones, beneficios y cualquier otra condición para el empleo.

La cláusula antidiscriminatoria para el país, ha quedado establecida en el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En la legislación mexicana, el concepto de discriminación ha quedado definido en el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación:

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, talla pequeña, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

También se entenderán como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Un factor adicional que se debe reconocer es que la esperanza de vida se ha incrementado: según una estimación que aporta la Organización de las Naciones Unidas, la esperanza de vida al nacer aumentó de 30 a 67 años en el periodo 1800-2005. Este dato pone en perspectiva la urgente necesidad de garantizar el derecho al empleo de las personas de 25 a 44 años, sobre quienes recae el sustento de hijos pequeños y padres adultos mayores.

En el entendido de que la reforma constitucional en materia de derechos humanos define las obligaciones del Estado para garantizar su disfrute en igualdad de condiciones, el objeto de este punto de acuerdo es proteger los derechos de las personas del rango 25 a 44 años para que puedan tener acceso a oportunidades de empleo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la dependencia del gobierno federal encargada de contribuir a que los mexicanos se incorporen de manera formal a un trabajo decente y digno para construir una sociedad más igualitaria e incluyente; su misión es fortalecer la política laboral a partir de cuatro ejes rectores dirigidos a lograr que los mexicanos tengan acceso a empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos, a través de la democratización de la productividad y la plena salvaguarda de sus derechos y el de las personas en situación de vulnerabilidad.

Ejes rectores de la política laboral de México

I. Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva.

II. Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores.

III. Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.

IV. Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición de justicia laboral.

Los ejes rectores, las estrategias y las acciones de la política laboral de México quedan establecidas en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018. El eje III, “Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores”, prevé que corresponde a la STPS vigilarque a todas las personas les sea respetado su derecho a tener un trabajo digno o decente, sin importar su situación en cuanto al sexo, edad, preferencia sexual, situación social, raza, religión o algún tipo de discapacidad y al respecto señala:

La discriminación y la desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente relacionadas con la cultura, por ello, la STPS busca promover una cultura laboral donde el sexo, la edad, la discapacidad, el estado de salud o cualquier otra condición, no sean obstáculo para la inclusión laboral; donde la responsabilidad social de los centros de trabajo con los sectores más desfavorecidos de la sociedad sea un valor. [...] La vulnerabilidad laboral de las personas en el país, condicionada por su sexo, edad, discapacidad o cualquier otra condición, constituye un problema que impide a distintos sectores de la población en edad productiva, su acceso, promoción, movilidad y estabilidad en el empleo.

En virtud de lo anterior y con el propósito de fortalecer la política laboral, y la plena salvaguarda de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y favorecer su empleabilidad, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a colaborar en el ámbito de su competencia y establecer conforme a sus facultades un programa que promueva la cultura laboral hacia la inclusión de personas del grupo de edad de 25 a 44 años, con objeto disminuir los índices de desocupación de ese sector y pueda integrarse al mercado laboral del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.— Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para dictamen.

GARANTIZAR COMICIOS TRANSPARENTES Y EQUITATIVOS EN EL PROXIMO PROCESO ELECTORAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al INE y los órganos electorales locales a garantizar transparencia y equidad en los próximos comicios, suscrita por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El próximo 7 de junio se celebrarán elecciones en 17 entidades federativas de México, se elegirán Ayuntamientos, Jefes Delegacionales, Diputados Locales y Federales y en 9 estados se elegirán a Gobernadores.

En los próximos comicios se diputarán 500 caragos a Diputado Federal (300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional); asimismo, se elegirán 641 diputaciones locales, (387 de mayoría relativa y 254 de representación popular), 993 alcaldías, en Campeche 20 juntas municipales y las 16 jefaturas delegaciones en el Distrito Federal.

Los nueve estados donde se elegirá Gobernador son Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Colima, Campeche, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro.

Estas elecciones intermedias serán la prueba de fuego para las recientes reformas aprobadas en materia electoral. El Instituto Federal Electoral (IFE) cambió de nombre, pero no cambió, aparentemente, el fondo y la esencia de éste, no pugnó, desde su interior, por erradicar sus vicios, la corrupción, y la presunta parcialidad de sus integrantes; ahora el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales tienen el reto de mostrar al pueblo de México que los cambios planteados y las reformas ya aprobadas y publicadas, realmente brindarán los beneficios que tanto se publicitaron

Así pues, en junio los ciudadanos elegirán a sus nuevos representantes, y el INE deberá velar porque la decisión de la sociedad sea respetada por los partidos políticos, tarea sumamente ardua, pues se debe recordar que precisamente son los partidos, las instituciones a quien menos confianza le tiene la población.

A diciembre de 2014, solamente el 22 por ciento de la población confía en los partidos políticos; 29 por ciento en el Congreso de la Unión; 31 por ciento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 33 por ciento en el Ejecutivo Federal.

En este sentido, es necesario contar con una ciudadanía alerta, comprometida y activa, claramente consciente de los fundamentos democráticos, capaz de poder denunciar actos de corrupción, así como el abuso y despilfarro de recursos en las campañas electorales.

Se debe recordar que la historia reciente del país en materia electoral ilustra de sobremanera los avances y retrocesos que se han tenido en este tópico. Por un lado, se han modernizado y transformado tanto las instituciones electorales como la normatividad que rige la materia, y por otro lado, persisten irregularidades e inconsistencias antes, durante y después de los comicios.

Muestra de lo anterior es lo referente a la fiscalización de los recursos económicos que eroguen los partidos políticos, así como los candidatos, es un tema de alta relevancia para que efectivamente se alcancen elecciones justas y equitativas.

Es muy sabido que el problema de la inequidad de los procesos electorales es el dinero, ya que si no existen contrapesos contra el ejercicio discrecional del presupuesto, el problema seguirá existiendo.

En su mayoría, los gastos de campaña resultan muy difíciles de detectar, dado la liquidez con la que se manejan, lo cual facilita la ausencia de reportes ante la autoridad y en consecuencia, la impunidad prevalece.

Por tal motivo, el tema de fiscalización será, en gran medida, el punto toral de los comicios de este año, en virtud de que el INE, en un lapso de 45 días, dictaminará sobre la aplicación de los gastos en el proceso electoral.

Lo anterior implica que la autoridad electoral está obligada a dictaminar, sobre el particular, antes de que tome protesta el candidato electo, si se rebasó o no los topes de campaña, por lo que las unidades de fiscalización, tanto la federal como las locales, deberán realizar sus funciones con la mayor objetividad, imparcialidad, profesionalismo y celeridad posible.

Además, una elección tan concurrida como la de 2015 significa que se deberán fiscalizar y auditar más de 75 mil informes de gastos de precampaña y campaña; lo que implica que el 2015, será el año con la elección más fiscalizada de la historia. Ante esta situación, los partidos políticos deberán reflejar su contabilidad en un sistema informático que permita ordenar los ingresos y gastos en tiempo real y emitir las alertas correspondientes para detonar y, en su caso, aplicar procedimientos sancionadores.

No obstante, un problema ya se presentó al interior del Instituto Nacional Electoral, y esto es, el incumplimiento de los plazos del contrato firmado para la Implementación del Sistema de Contabilidad en Línea de los Partidos Políticos, Aspirantes, Precandidatos y Candidatos.

Ante este retraso es plausible cuestionar una efectiva y eficaz fiscalización de los recursos erogados por los institutos políticos, precandidatos y candidatos, máxime cuando el propio Consejero Presidente del INE, admitió el pasado 21 de noviembre un posible retraso en el arranque del sistema de contabilidad en línea para los partidos políticos.

El Presidente del máximo órgano electoral administrativo ha sido cauto y ciertamente responsable en sus declaraciones, no obstante, es de alarmar cuando menciona que no pueden echar a andar un sistema que eventualmente no esté probado, que no tenga alguna dosis de certidumbre que va a funcionar; aunado a que señaló que: “si podemos tenerlo listo antes de las precampañas, perfecto, si no, tenemos que tenerlo listo cuando arranquen las campañas".

Estas situaciones exógenas, ciertamente encienden los focos de alerta sobre el correcto funcionamiento de los mecanismos para la fiscalización y rendición de cuentas de quienes participen activa y pasivamente en los comicios federales y locales de este año.

Por ende, el Instituto Nacional Electoral tiene el deber jurídico de encontrar prontas soluciones ante este contratiempo ya citado, con el objetivo de garantizar que ningún partido político, aspirante, precandidato o candidato, transgreda la ley y se vulneren los principios constitucionales en materia electoral.

Otra tema sobresaliente es el abuso de publicidad con fines electorales por parte de partidos políticos o servidores públicos, la sobreexplotación de la imagen de algunos líderes políticos es escandalosa ya sea en televisión, cine, radio, internet y en calles, existe una campaña mediática que no tiene otro objetivo más que promocionar su imagen para que en el momento oportuno, se consiga el voto de los ciudadanos hacia alguna institución partidaria en específico.

Dicha práctica mediática no es nueva, regularmente meses antes de que inicie las campañas electorales algunos partidos políticos bombardean con spots a los ciudadanos, esto genera que se vulnere el principio de equidad e imparcialidad, pues se posiciona electoralmente a un partido, cuando aún no inician las campañas.

Recientemente la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó por unanimidad que el Partido Verde Ecologista de México suspendiera la campaña que sostiene desde hace tres meses en cine-minutos en salas de cine y retirar la propaganda fija en las calles. Acción beneplácita, aunque tardía pues el daño estaba hecho.

Los medios de comunicación juegan un papel preponderante en el terreno político. Sin embargo, no deben ser instrumentos para construir o destruir respaldos políticos, mucho menos para satanizar a opositores y disidentes sobre la base de una relación clientelar con el gobierno en turno. En este año se deben evitar gobiernos ilegítimos, el país ya no debe ni tiene que soportar y tolerar alcaldías al servicio y merced del crimen organizado. La corrupción ha llegado a niveles inimaginables, muestra de ello es lo que se ha observado en Michoacán, pues hay 224 servidores públicos detenidos durante los últimos 10 meses, de los cuales tres son ex secretarios de primer nivel, seis presidentes municipales, un tesorero y dos síndicos, así lo dio a conocer el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de esa entidad federativa.

Esto es una radiografía de lo que sucede en el país, es innegable que poco a poco el crimen organizado ha ido penetrando en la esfera política. En este tenor es necesario que las instituciones electorales federales y locales trabajen conjuntamente a fin de blindar las elecciones del crimen organizado y del lavado del dinero, esto se llevaría a cabo certificando a todos y cada uno de los candidatos a representante de elección popular.

Ante tal panorama, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), debe estar alerta ante cualquier posible delito electoral. La democracia en México acarrea un sinfín de delitos en materia electoral, y son el reflejo fiel de la falta de una cultura democrática y de voluntad política para que partidos políticos y candidatos se apeguen a lo establecido en las leyes en la materia.

Lamentable es que en pleno año electoral la FEPADE no cuente con un fiscal, esto es el reflejo de la mezquindad política que existe entre las llamadas fuerzas partidarias del país, esta falta de voluntad política puede desembocar en violaciones graves en las leyes en materia electoral y provocar que se incida en los resultados de alguna elección.

Por tal razón, en el proceso electoral de este año, debe existir plena voluntad de todas las instituciones públicas federales, estatales y municipales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, para que conjuntamente se trabaje en la transparencia y equidad de las elecciones, a través de la construcción de blindajes electorales que no permitan actos de corrupción y se respete en todo momento la voluntad soberana del pueblo mexicano.

Por su parte, las instituciones electorales públicas federales y locales deben realizar las funciones para las que fueron diseñadas, sin sesgos partidistas ni compromisos pre adquiridos. Los Organismos Públicos Locales serán un pilar importante para que efectivamente se desarrollen con absoluta transparencia y equidad las elecciones de este año.

Se debe esperar de ellos la objetividad, imparcialidad y profesionalismo que la normativa les demanda, a fin de garantizar elecciones, en el que abuso de los recursos económicos no sea el tema central este año. La explotación de las precarias condiciones de los más necesitados no debe ser el instrumento ni el medio para coaccionar el voto de este desprotegido sector de la población.

Será también una obligación de los Organismos Públicos Locales, sancionar en tiempo y forma, las irregularidades denunciadas, a fin de imponer medidas de apremio que eviten conductas contrarias a derecho.

De igual manera, los partidos políticos se deben conducir con estricto apego a la legalidad, conscientes de la trascendencia que implica la renovación de los Congreso locales y la importancia que tienen estos en el desarrollo político, social y económico del país.

Los comicios a celebrarse este año deben apegarse en todo momento bajo el principio de transparencia y equidad, es tiempo de abatir la opacidad y corrupción antes vivida. Es menester que este año se vigilen estrictamente los comicios locales y federales, los cuales, deben celebrarse con absoluto apego a derecho.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a:

a. El Instituto Nacional Electoral, así como a los organismos públicos locales de las entidades federativas en donde se realizarán elecciones este año, a regirse bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como garantizar comicios transparentes, justos y equitativos.

b. El Instituto Nacional Electoral, así como a los organismos públicos locales a sancionar en tiempo y forma, las irregularidades denunciadas en el próximo proceso electoral, a fin de imponer medidas de apremio que eviten conductas contrarias a derecho.

c. A los partidos políticos y candidatos independientes a que se conduzcan en el próximo proceso electoral, bajo el marco jurídico de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes aplicables en materia electoral.

Notas:

1 “Se hunde más confianza en las instituciones”, en el periódico Reforma, consultado el 5 de enero de 2015, disponible en http://www.reforma.com/libre/acceso/ acceso.htm?urlredirect=/encuestas/?pxs=1

2 “El PVEM pagó más de $450 millones por sus anuncios y no $72 millones como declaró: PRD”, en el periódico La Jornada, consultado el 5 de enero de 2015, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2015/ 01/02/politica/011n1pol

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2015.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.

CONSTRUCCION DEL MUSEO INTERNACIONAL BARROCO EN EL ESTADO DE PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la construcción del Museo Internacional Barroco, en Puebla, suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

¿Qué diferencia a las democracias modernas que existen en el mundo de aquéllos adefesios políticos que aspiran a convertirse en un sistema de gobierno eficiente? Sencillo, en el primer esquema la rendición de cuentas y la imposición de sanciones a los servidores públicos son instrumentos con los que cuentan los ciudadanos para monitorear el correcto desempeño de sus gobernantes.

Lamentablemente, México dista mucho de pertenecer a ese grupo de gobiernos en el que los habitantes pueden castigar a sus funcionarios cuando éstos cometen un acto ilícito. Por lo contrario, vivimos en un país en el que la compra por parte del presidente de una casa a un constructor que después ganó lucrativos contratos en el estado de México es “legal”; en el que la “casa blanca” de la primera dama y Grupo Higa, comprada con recursos que todavía no ha comprobado, es “legal”; en el que la adquisición de la mansión de Luis Videgaray en un club de golf en Malinalco, con un préstamo a una tasa de interés aún desconocida, provisto por una inmobiliaria beneficiada por el gobierno –Grupo Higa– es “legal”; en el que la licitación del tren rápido México-Querétaro es “legal”; en el que no importa que los funcionarios públicos no expliquen a cabalidad sus declaraciones patrimoniales ni hagan públicas sus declaraciones de impuestos ni revelen posibles conflictos de interés, pues esto es “legal”; en el que los “moches” no investigados ni sancionados son “legales”; es decir, una nación en la que la corrupción, la impunidad y el enriquecimiento ilícito son legales.

Al gobierno federal poco le ha importado el descontento e indignación de los ciudadanos por hacerles creer que la primera dama, Angélica Rivera, era una actriz de telenovelas tan bien pagada que logró acumular una fortuna lo suficientemente grande como para adquirir una casa valuada en 86 millones de pesos; ya que continúa perpetrando el capitalismo de cuates que ha caracterizado a la actual administración, el cual ha ocasionado que el índice de aprobación de Peña Nieto descienda hasta el 40 por ciento, siendo cercano al nivel más bajo en la historia para un presidente mexicano.

Aunado a “la casa blanca”, a la residencia de Videgaray y a la fraudulenta licitación, y abrupta cancelación, del tren rápido México-Querétaro; hoy nuevamente somos testigos de un caso más en el que Grupo Higa se beneficia de contratos millonarios debido a su cercanía con los funcionarios públicos.

En tan sólo tres años como gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ha otorgado proyectos al empresario Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, por un monto que asciende a 26 mil 212 millones de pesos.

Lo preliminar se debe a que Hinojosa fundó en 2006 la empresa Eolo Plus, en sociedad con Tribasa y Grupo Hermes, de la cual también es socio; mientras que “La Peninsular”, filial de Grupo Hermes, y “Concretos y Obra Civil del Pacífico”, filial de Higa, participan en la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Museo Internacional Barroco de Puebla, con un valor de 7 mil 280 millones de pesos.

De este modo, la construcción del museo se traduce en una corrupción desmedida que involucra tráfico de influencias y conflicto de intereses, puesto que el proyecto, licitado bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios, se autorizó por Banobras en un tiempo récord de únicamente 8 días, solicitándose el 20 de junio de 2012 y aprobándose el 28 de junio.

Así, Grupo Hermes se configura como la conexión financiera entre Moreno Valle y el Gobierno Federal, con negocios que incluyen una línea de crédito con el gobierno de Puebla de 3 mil 252 millones de pesos y un fideicomiso bancario de Agua de México, por 3 mil 800 millones de pesos.

No podemos permitir que la corrupción, el compadrazgo, el tráfico de influencias y la impunidad sigan siendo las constantes en los negocios que imperan en nuestro país. Es necesario realizar una investigación en la que se demuestre que Grupo Higa fue elegido por ser el licitante más atractivo, y no por su cercanía con el gobierno, para la construcción del proyecto mencionado; de lo contrario, se evidenciará que Hinojosa Cantú es uno de los principales beneficiarios, no tan sólo del Gobierno Federal, sino también del de Puebla, en un país en el que la imposición de sanciones y de responsabilidades políticas continúa siendo una utopía y no una realidad.

Con base en lo expuesto, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para hacer pública la información respecto a las licitaciones y contratos celebrados con Grupo Hermes, La Peninsular, Grupo Higa, y Concretos y Obra Civil del Pacífico, respecto a la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Museo Internacional Barroco de Puebla.

Segundo.Se exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, para hacer pública la información respecto a la línea de crédito de 3 mil 252 millones de pesos y el fideicomiso bancario de Agua de México, por 3 mil 800 millones de pesos, celebrados entre el Gobierno del Estado de Puebla y Grupo Hermes.

Tercero.Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una investigación respecto a la licitación y contrato celebrado entre el gobierno del estado de Puebla y Grupo Hermes, La Peninsular, Grupo Higa, y Concretos y Obra Civil del Pacífico, sobre la construcción, equipamiento, operación y mantenimiento del Museo Internacional Barroco de Puebla.

Cuarto.Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para realizar una investigación respecto a la autorización de Banobras solicitada el 20 de junio de 2012 y aprobada el 28 de junio del mismo año, sobre el proyecto del Museo Internacional Barroco de Puebla, bajo el esquema proyectos para la prestación de servicios.

Quinto.Se solicita la creación de una comisión de investigación al interior del Congreso de la Unión, que tenga por objeto específico transparentar los contratos y licitaciones celebradas entre el gobierno del estado de Puebla y Grupo Hermes, La Peninsular, Grupo Higa, y Concretos y Obra Civil del Pacífico, durante la presente administración.

Notas:

1 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/ preacceso/articulo/default.aspx? id=54880&urlredirect= http://www.reforma.com/aplicaciones/ editoriales/editorial.aspx?id=54880

2 http://www.sinembargo.mx/23-01-2015/1227992

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 28 de enero de 2015.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, para dictamen.

MEJORE LA CALIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN LA RED HOSPITALARIA Y CLINICAS DE LA ENTIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Campeche a mejorar la calidad de atención primaria en la red hospitalaria y las clínicas de la entidad, suscrita por el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, José Angelino Caamal Mena, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche para que revise y, en su caso, mejore la calidad de la atención primaria en la red hospitalaria y del estado, de la misma forma remita a esta soberanía un informe detallado del destino de los recursos asignados al sector salud para 2014, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El estado de Campeche cuenta con una extensión total de 57 mil 924 kilómetros cuadrados. Su población total según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010, es de 822 mil 441 habitantes. Este estado se encuentra en una posición geográfica de transición entre la selva tropical del Petén guatemalteco y la selva baja caducifolia del extremo norte de la península de Yucatán.

Campeche cuenta con once municipios que se enumeran a continuación:

1. Calkiní

2. Campeche

3. Carmen

4. Champotón

5. Hecelchakán

6. Hopelchén

7. Palizada

8. Tenabo

9. Escárcega

10. Calakmul

11. Candelaria.

En los últimos días, diversos medios de comunicación local señalan que la gente se ha mostrado insatisfecha con la atención brindada en los centros de salud rurales, ponderando la falta de capital humano (médicos) y de medicamentos necesarios para tratar sus padecimientos, que en la mayoría de los casos son enfermedades crónicas degenerativas.

Existen municipios con grandes problemas en la atención brindada por los servicios de salud pública, pero que además cuentan con problemas ambientales graves que los llevan a contraer enfermedades. Un ejemplo de ello es la situación que se presenta en Palizada, existe un problema grave de contaminación ambiental provocado por el vertedero de los sanitarios en el drenaje pluvial que van a dar al vaso regulador en los terrenos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se encuentran a campo abierto.

Es urgente que la Secretaría de Salud del estado clarifique el destino de los recursos que se han asignado para este sector, ya que la aprobación de la gente es mínima en este sector.

Lo anterior no es todo el problema del sector salud estatal, ya que el mismo secretario de Salud del estado, Alfonso Cobos Toledo, ha señalado que en materia de infraestructura del sector, aún existen 12 obras pendientes con inversión superior a los 600 millones de pesos y deben estar listas antes de concluir la actual administración.

Las obras referidas son las siguientes: en el municipio de Calkiní, son dos obras pendientes, en Isla Arena y en Dzitbalché, también en Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, en el municipio de Campeche hay pendientes en Lerma y Seybaplaya Champotón, en Ciudad del Carmen; un centro de salud y el hospital materno infantil, mientras en Candelaria, en la comunidad de Estado de México, una obra por sustitución y otra en el Aguacatal.

En la capital del estado se encuentra pendiente el Centro Estatal de Rehabilitación Integral (CERI) que sustituirá al Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) a entregarse en febrero.

Los datos mencionados nos reflejan la mala planificación que existe en el sector salud estatal, es por ello que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza exhortamos a la misma institución para que transparente el destino de los recursos e incluso brinde un informe detallado de la forma en que se ha gastado el presupuesto de egresos asignado, que el año pasado fue de 258 millones 715 mil 441 pesos.

Los diputados de Nueva Alianza estamos comprometidos con todos y cada uno de los estados de la República, es por ello que buscaremos que los servicios de salud que se brindan a la población sean de calidad, suficientes y que se encuentren al alcance de todos los ciudadanos.

De conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche para que revise y, en su caso, mejore la atención primaria en la red hospitalaria local.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Campeche para que remita a esta soberanía un informe detallado del destino de los recursos asignados al sector salud en el ejercicio de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputado José Angelino Caamal Mena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

REALIZAR ACCIONES QUE PREVENGAN LA ANEMIA INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones para prevenir la anemia femenil, suscrita por la diputada Irazema González Martínez Olivares, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Irazema González Martínez Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La anemia es un problema de salud mundial que afecta tanto a países desarrollados como subdesarrollados y su presencia ocasiona una disminución en la calidad de vida de las personas.

La presencia de la anemia se caracteriza por una disminución de los niveles de hemoglobina o del número de glóbulos rojos en la sangre, debido a que no se producen los suficientes, toda vez que se presenta un trastorno en la maduración de los glóbulos rojos, porque se destruyen o pierden a mayor velocidad, entre otros motivos.

Los síntomas son distintos y dependen de la gravedad. Los más habituales son cansancio, palidez cutánea, taquicardia y dificultad respiratoria.

La Organización Mundial de la Salud establece que la anemia afecta en todo el mundo a mil 620 millones de personas, lo que corresponde a 24.8 por ciento de la población.

El grupo de población en el que se tiene mayor prevalencia de anemia es el de los niños en edad preescolar; sin embargo, la población que se encuentra más afectada es el grupo comprendido por las mujeres no embarazadas, representando 468 millones de mujeres en el mundo, con base de datos sobre la anemia de la Organización Mundial de la Salud.

En 2002, la anemia por deficiencia de hierro fue considerada a escala mundial como el principal tipo que se presentó en las mujeres, debido a que durante la adolescencia, los requerimientos de este elemento son mayores como consecuencia del inicio de la menstruación.

Durante el embarazo, el hierro es fundamental y necesario porque se transporta continuamente por medio de la circulación materno-fetal. Su adecuado suministro implica que los niños cuando nazcan tengan un peso adecuado.

Por tanto, la prevalencia de anemia durante embarazo origina un descenso en la realización de actividades físicas y mayor susceptibilidad en el desarrollo de infecciones. En cuanto a los niños, ocasiona que nazcan prematuros o con bajo peso; además, la lactancia que reciben presenta deficiencia de hierro o en cantidades mínimas para su adecuada alimentación y, por tanto, crecimiento.

En 2010, la Secretaría de Salud, en el estudio Prevención, diagnóstico y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro, destacó que cerca de 25 por ciento de premenopáusicas presentan anemia por deficiencia de hierro asociadas a pérdidas aumentadas por la menstruación.

Aunado a lo anterior, 10 por ciento de los adultos mayores de 65 años presenta anemia; y de éstos, aproximadamente una tercera parte tiene evidencia de deficiencia de hierro, folatos o vitamina B12, mientras que otra tercera parte presenta insuficiencia renal, enfermedades o inflamación crónica y el resto anemia de origen inexplicable.

El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2014 señaló que 18 por ciento de las embarazadas y 11.6 de las no embarazadas de 12 a 49 años fueron clasificadas como anémicas.

Sin duda, éste es un tema de gran importancia ya que puede desencadenar resultados graves. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, se puede propiciar la muerte materna y perinatal, además de que aumenta el riesgo de partos prematuros y que los bebes nazcan con bajo peso.

La prevención es fundamental porque representa un paso importante que logra poner un alto a la anemia. En el caso de la anemia por deficiencia de hierro, ésta se puede prevenir promoviendo que las personas consuman una dieta rica en este mineral, consumir vitamina C en abundancia y tomar algún suplemento de hierro, entre otras opciones.

En caso de que ya se padezca, es vital un diagnóstico adecuado, a fin de contar con un historial clínico dirigido para conocer la dieta, nivel social y cultural, factores demográficos y fisiológicos, así como una evaluación de los síntomas y un examen físico, entre otros análisis que permitan identificar la causa de la anemia.

Los resultados que se obtienen del diagnóstico son fundamentales para realizar el tratamiento adecuado, aunado a que dependerá de la edad, el sexo y los síntomas que presentan.

Por ello se presenta el siguiente punto de acuerdo, a fin de que la Secretaría de Salud realice acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil, en virtud de que representa un problema de salud a las mexicanas que está cobrando auge en el número de pacientes en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en las mujeres embarazadas, originando que se produzca una disminución en su calidad de vida y para sus hijos, lo que representa un desgaste físico, económico y emocional para ellas y para los integrantes de sus familias.

Por lo expuesto y fundado presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Salud a realizar acciones para prevenir, diagnosticar y tratar la anemia femenil.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2015.— Diputada Irazema González Martínez Olivares (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

EMITA UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL 100 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CELAYA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Bancomext a emitir una moneda conmemorativa del centésimo aniversario de la Batalla de Celaya, suscrita por el diputado Luis Alberto Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Luis Alberto Villarreal García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México para que emita una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la batalla de Celaya luchas decisivas para la revolución mexicana que se celebraron del 6 al 15 de abril de 1915. Las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón derrotaron a la división del norte de Francisco Villa, con base en las siguientes:

Consideraciones

El 10 de agosto de 1914, con los acuerdos de Teoloyucan se establecía la entrada del Ejército Constitucionalista a la capital y las condiciones de rendición  y disolución del Ejercito Huertista.

Durante ese periodo Venustiano Carranza ocupó la Presidencia, pero Francisco Villa y Emiliano Zapata lo rechazaron, en vano fueron los esfuerzos de Obregón por dialogar con ellos.

Todo el tiempo existió riña entre Carranza y Villa además de Zapata, cada uno pedía sus exigencias para  reconocer el gobierno de Carranza. Villa exigía que se aceptara el Plan de Ayala mientras que Zapata exigía que el nuevo gobierno aceptara la repartición de tierras.

Los intentos de Obregón por conciliar las fuerzas revolucionarias se rompieron definitivamente cuando éste intento asesinar a Villa.  Durante el segundo semestre de 1914, los  revolucionarios tuvieron reuniones, mismas que dieron como fruto la aprobación del Plan de Ayala.

El 3 de noviembre  de 1914  fue nombrado presidente Eulalio Gutiérrez, pero posteriormente abandono el cargo en franca oposición a Carranza. Deja la presidencia en pugna con Villa pues le negó toda ayuda Emiliano Zapata y se pasó al bando Obregonista. Entre tanto, se hizo cargo el general Roque González Garza del 18 de enero de 1915 al 10 de Junio del mismo año, quien tuvo apoyo de villistas y de zapatistas.

Las diferencias entre Villa y Carranza se agravaron de tal manera que Carranza envió a la guerra a Álvaro Obregón. Es así como la Batalla de Celaya tuvo lugar en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato, del 6 al 15 de abril de 1915 entre la División del Norte, encabezada por Francisco Villa, contra tropas Constitucionalistas al mando del General Álvaro Obregón.

El General Obregón, encargado de la campaña contra Villa, concentró a su ejército en Querétaro, mientras que Villa hizo lo propio en Irapuato. Obregón siempre actuó a la defensiva. Obregón inició la concentración de sus fuerzas en la región del Bajío a dónde acudió Villa para enfrentarlo.

La primera fase de los enfrentamientos ocurrió entre 6 y 7 de abril de 1915, en los cuales Obregón defendió la posición ante las arremetidas de los villistas, tal y como lo planteó y ante la repentina táctica villista que se vio nulificada por los contrataques obregonistas.

La fase clave comenzó el 13 de abril, cuando el General Obregón aprovechó las debilidades de la estrategia de Villa. Dos días posteriores, la victoria correspondió a las tropas del General Obregón, tras lo cual  Villa se vio obligado a replegase en León, Guanajuato.

De este modo, el gobierno carrancista pudo consolidarse en el poder y promulgar dos años más tarde la Constitución Política que actualmente nos rige. Las batallas aquí mencionadas revisten gran importancia porque se logró desmantelar el Villismo que fue una facción muy poderosa y propició con ello que Venustiano Carranza pudiera convocar a elecciones y ser electo como Presidente de la República y que convocara a una reunión en Querétaro, logrando tiempo después, la Carta Magna que rige a los mexicanos y da origen a todas sus instituciones.

Por los anteriores argumentos, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México para emitir una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la Batalla de Celaya.

Por lo anterior se pone en consideración el siguiente resolutivo:

Único.Se exhorta al Banco de México para que emita una moneda conmemorativa del 100 aniversario de la batalla de Celaya luchas decisivas para la revolución mexicana, que se celebraron del 6 al 15 de abril de 1915. Las tropas constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón derrotaron a la división del norte de Francisco Villa, de conformidad con el inciso c) del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

I. Valor Nominal: Cien Pesos

II. Forma: Circular

III. Diámetro: 40mm (Cuarenta milímetros)

IV. Ley 0.720 (setecientos veinte milésimos de plata)

V. Metal de liga: 0.075 (setecientos veinte milésimos de plata)

VI. Peso; 27.0 g (veintisiete gramos)

VII. Contenido: 24.975 g (veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura

VIII. Tolerancia en ley: 0.005 (cinco  milésimos) en más;

IX. Tolerancia en peso: Por unidad 0.216g (doscientos dieciséis miligramos); por un conjunto de mil piezas; 6,831 g (seis gramos ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos;

X. Canto: Estriado; y

XI. Cuños

a. Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado en semicírculo superior en la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”. El marco liso y

b. Reverso: La Ciudad de Celaya y, en el campo superior en semicírculo, la leyenda “100 Aniversario de la Batalla de Celaya” El marco liso.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el día 14 de enero de 2015.— Diputado Luis Alberto Villarreal García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para dictamen.

REVISE LA ACTUACION DEL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN DIVERSOS PROCESOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua a revisar la actuación del juez cuarto de lo familiar por presuntas irregularidades en diversos procesos, suscrita por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Martha Lucía Mícher Camarena, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

En días recientes recibí un documento con información sobre una serie de presuntas irregularidades en la actuación del juez cuarto de lo Familiar del estado de Chihuahua, tuvimos conocimiento de que existen al menos 15 madres de familia que han denunciado la conducta discriminatoria y omisa del juez cuarto de lo Familiar, Carlos Espino Holguín, argumentan ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte del juzgador, quien les ha impedido la convivencia con sus hijos e hijas, en el contexto de sus respectivos procesos de divorcio.

Es también de nuestro conocimiento que el Centro Estatal de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) ha documentado decenas de casos de expedientes radicados en el juzgado cuarto de lo familiar, que demuestran los sesgos ideológicos, sexistas y discriminatorios, que norman el criterio del juzgador en las resoluciones judiciales.

Es significativo destacar que además existe una denuncia penal presentada en contra del juez Carlos Espino Holguín, ante la Unidad Especializada del Delito contra el Servicio Público de la Fiscalía Zona Centro, la cual quedó radicada con el número de investigación (682/2015), donde el juzgador es acusado de los delitos de discriminación, tráfico de influencias, negación a la impartición de justicia y prevaricación.

Sin embargo, hasta el momento la situación de violencia institucional por parte del juzgador persiste pues a pesar de que las mujeres víctimas de estos actos interpusieron debidamente sus recursos legales de queja en contra de la actuación del juzgador, éstas fueron desechadas. De igual manera al solicitar que se realizara una auditoría al juzgado para demostrar las graves irregularidades que constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, las peticiones fueron sistemáticamente denegadas.

En ese sentido consideramos preocupante la tolerancia del Tribunal Supremo de Justicia en torno a la indebida actuación del licenciado Carlos Espino Holguín, quien como hemos señalado, ha sido denunciado en forma reiterada porque en su desempeño como funcionario público responsable de la impartición de justicia carece de perspectiva de género; es ajeno al debido proceso y la debida diligencia; ignora el principio pro persona y la salvaguarda del interés superior de la niñez, así como los estándares internacionales de protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Lo anterior nos obliga a recordar que en México existe la obligatoriedad jurídica de las y los servidores públicos de integrar en su desempeño una perspectiva de género en virtud de que el gobierno mexicano ha firmado diversos mecanismos internacionales, como la Convención contra la Tortura, y más específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El derecho a la igualdad y de acceso a la justicia son normas imperativas del derecho internacional público que generan obligaciones erga homnes. Quienes imparten justicia están especialmente obligados a que ambos derechos se traduzcan en realidad, para ello cuentan con una serie de herramientas que de no utilizarlas podrían no sólo estar perpetuando la discriminación y revictimizando a las mujeres, sino negándoles sus derechos y generando responsabilidad para el Estado mexicano.

Por ello llama la atención que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua no haya actuado de manera pronta y efectiva para que cesen las manifestaciones misóginas a cargo del juez cuarto de lo Familiar y para que se rectifique la aplicación de criterios excluyentes y discriminatorios en perjuicio de las mujeres y del interés superior de la niñez.

En ese sentido cabe precisar que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ) ha señalado públicamente, que estará atento a que la actuaciones de los juzgadores sea apegada a derecho, sin embargo no se ha pronunciado porque también se incorporen la perspectiva de género y el interés superior de la niñez como criterios obligatorios que deben normar la actuación de las y los juzgadores.

Por ello hacemos un respetuoso llamado a la congruencia, pues cabe destacar que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua recién instaló en noviembre del año pasado, la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos, instancia que busca una impartición de justicia con criterios de igualdad, y que tiene como una de sus prioridades, la capacitación a juzgadores en el tema de perspectiva de género, de acuerdo a estándares internacionales a favor de la protección de los derechos de las mujeres. Además de que busca erradicar la discriminación en contra de las mujeres en el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia.

Por tal motivo estimamos que como expresión de una justicia igualitaria, es necesario que las autoridades competentes investiguen y analicen la actuación del juez cuarto de lo Familiar, Carlos Espino Holguín, para que se deslinde su probable responsabilidad por las irregularidades en los procesos citados y por las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las mujeres que han interpuesto recursos de queja en su contra y se haga efectiva la garantía de no repetición.

Por todo lo anterior someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Esta Comisión Permanente exhorta respetuosamente al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, José Miguel Salcido Romero, a revisar la actuación del juez cuarto de lo Familiar, Carlos Espino Holguín, con respecto a los casos en que ha sido denunciado por actuar conforme a criterios inconstitucionales, parciales, excluyentes y discriminatorios en perjuicio de los derechos humanos de las mujeres y del interés superior de la niñez.

Asimismo se le exhorta a generar las condiciones aptas para que la Unidad de Género y Derechos Humanos del Supremo Tribunal de Justicia, inicie dentro de la brevedad posible un programa de capacitación para las y los jueces en materia de justicia con perspectiva de género.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputada Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, para dictamen.

IMPULSAR LA EDUCACION SEXUAL PARA HOMBRES Y MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a impulsar la educación sexual para hombres y mujeres, suscrita por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Rosa Elba Pérez Hernández, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 1994 se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. Este acontecimiento reviste importancia pues con él se consolida y se define el campo de la salud sexual y los derechos reproductivos con base en los siguientes conceptos:

“ La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. Ello lleva implícito el derecho del hombre y la mujer a obtener información y tener acceso a métodos de su elección seguros, eficaces, aceptables y económicamente asequibles en materia de planificación de la familia, así como a otros métodos de su elección para la regulación de su fecundidad, que no estén legalmente prohibidos, y el derecho de la mujer a tener acceso a los servicios de atención de la salud que propicien los embarazos y los partos sin riesgos. La atención de la salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las relaciones personales.

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales de derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas, aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. También incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Se debe prestar plena atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres, y particularmente a la satisfacción de las necesidades adicionales y de servicios de los adolescentes con objeto de que puedan asumir su sexualidad de modo positivo y responsable.

...

[...] Deberían elaborarse programas innovadores para que los adolescentes y los hombres adultos tuvieran acceso a información, asesoramiento y servicios de salud reproductiva. Esos programas deben educar y facultar al hombre para que comparta por igual las responsabilidades de la planificación de la familia y las labores domésticas y de crianza de los hijos y acepte la importante responsabilidad de prevenir las enfermedades de transmisión sexual.”.

Uno de los objetivos acordados en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 es lograr que los hombres participen más y asuman una mayor responsabilidad práctica en la planificación de la familia.

Los hombres, por lo general, se involucran en la sexualidad y en la reproducción desde una posición de control del cuerpo de las mujeres que asumen como algo natural; esto se debe principalmente a que ellos no tienen procesos reproductivos en sus cuerpos – no menstrúan, ni se embarazan - y pueden evadir las consecuencias de sus prácticas sexuales. Los riesgos y responsabilidades tanto de la planificación familiar como del cuidado de la progenie recaen predominantemente en las mujeres. Esta realidad deja lejos las decisiones compartidas.

Debemos reconocer que desde la perspectiva del cuidado de la salud, es esencial que existan políticas concentradas en el rol reproductivo materno; sin embargo, el estereotipo de la mujer como única responsable del control natal y por tanto como única usuaria de los servicios de planificación familiar debe ser superado.

Sabemos que culturalmente el control natal es considerado terreno femenino y que la participación masculina en la regulación de la fertilidad es muy escasa. Estudios con varones indican que los hombres no se sienten responsables por las consecuencias del ejercicio de su sexualidad, delegando en la mujer toda la responsabilidad en la prevención del embarazo. La mayoría de los condones son solicitados por mujeres.

Actualmente el gobierno federal desarrolla un importante esfuerzo para la promoción y difusión de los derechos sexuales y reproductivos; el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, cuyo propósito es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, plantea políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres. Este programa registra queel acceso de las mujeres a los servicios de salud es escaso y que apenas un 50% de las unidades médicas del primer y segundo nivel de atención cuenta con personal para la promoción en planificación familiar y anticoncepción; asimismo reconoce el desabasto de anticonceptivos como un problema generalizado del sistema de salud, particularmente para las mujeres indígenas.

Entre los objetivos transversales de Proigualdad destaca el objetivo 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. A través de este objetivo se plantean las siguientes líneas de acción para el ejercicio de los derechos reproductivos:

Se comprende pues, que la política nacional para reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres, ubica a las mujeres como principales sujetos de los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida y que las líneas de acción para la salud reproductiva van dirigidas exclusivamente a las mujeres, como se puede apreciar claramente en la línea de acción 4.1.6, 4.2.3, 4.2.4 y 4.2.6.

En cuanto a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, que se refiere a los servicios de planificación familiar e incluye tanto la selección, prescripción y aplicación de métodos anticonceptivos, como los elementos de información, orientación y consejería, sorprende que el enfoque es casi exclusivo a la mujer, dejando al hombre en un segundo plano.

Por su parte, con el propósito de garantizar la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos y las consecuencias de desarrollar una vida sexual a temprana edad, la Secretaría de Salud ha lanzado el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018 cuyos objetivos están enfocados a brindar información universal sobre derechos sexuales y reproductivos; no obstante, consideramos que se trata de un programa específico que atiende solo a los jóvenes, mientras que el resto de la población no recibe el importantísimo mensaje de la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos sexuales.

El propósito de este punto de acuerdo es que las políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres, reconozcan al hombre de cualquier edad, que ha alcanzado la madurez sexual, como sujeto de derechos sexuales y reproductivos y se le incluya como receptor de la difusión de las campañas sobre derechos sexuales y reproductivos y el acceso a anticonceptivos. La prestación de servicios, tanto en asesoría como en la atención, la vigilancia de los usuarios y la disponibilidad de insumos para la planificación familiar, debe ser para hombres y mujeres por igual.

El enfoque de equidad de género debe involucrar como concepto fundamental la responsabilidad compartida de hombres y mujeres. No buscamos identidades excluyentes, simplemente esperamos replantear integralmente la interpretación del ejercicio de los derechos reproductivos; para alcanzarlo, creemos que tanto hombres como mujeres deben contar con la atención, la información, la educación, la prevención y la anticoncepción necesarias para tomar decisiones responsables y negociar con sus parejas en el terreno de la reproducción.

La responsabilidad supone el reconocimiento del “otro” y tomar en consideración las consecuencias de las decisiones propias en otra y otras personas. Entonces, por dicho reconocimiento, se debe asumir a hombres y mujeres como sujetos iguales de las políticas de planificación familiar.

En virtud de lo anterior se somete a consideración del pleno de la asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en el marco del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres Proigualdad 2013-2018, incluya en sus estrategias el fortalecimiento de capacidades para la responsabilidad compartida en el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales, a fin de que hombres y mujeres tengan acceso a la información, la educación y servicios de salud reproductiva por igual.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen como receptores de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos a hombres y mujeres por igual.

Notas:

1 Resumen del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, Capítulo VII, Cairo, septiembre de 1994, Nueva York, Organización de las Naciones Unidas, 1994

2 Elsa Guevara Ruiseñor. “Los derechos reproductivos de los hombres. El debate pendiente” Desacatos, CIESAS, número 011, México 2003, p.112

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de enero de 2015.— Diputada Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

SE CREA LA COMISION DE INVESTIGACION ENCARGADA DE EXAMINAR LOS CONTRATOS SUSCRITOS POR ORGANISMOS PUBLICOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA Y EL GRUPO DE EMPRESAS DE JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTÚ Y LAS RELACIONADAS CON LA MISMA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos por organismos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con ellas, suscrita por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara y el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a su consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El titular del Poder Ejecutivo federal está siendo cuestionado por el conflicto de intereses en la asignación de contratos públicos a personas con quienes ha tenido una relación de negocios o de amistad. Lo anterior ha trascendido internacionalmente, y es un motivo de desprestigio en las instituciones públicas del país.

Un grupo de 192 diputados presentó a la Junta de Coordinación Política una solicitud para crear una comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos por organismos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con ellas.

Esta solicitud se fundamenta en el tercer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.

El texto no genera dudas de su contenido; su interpretación textual, palabra por palabra, no requiere de mayores elementos, como lo han pretendido otros grupos parlamentarios. Una parte del funcionamiento de estas instituciones son los procesos de contratación de acuerdo con sus facultades, ya sea de obra o de adquisiciones.

La Junta de Coordinación Política, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es un órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y los órganos necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Como está demostrado en el documento citado, la creación de la comisión investigadora es una decisión constitucional y legal correspondiente a la Cámara de Diputados, por lo que la Junta tiene las facultades necesarias para crearla, dada la coyuntura actual del país.

Por eso, ante el pleno de la Comisión Permanente solicitamos que se exhorte a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que en aras de la importancia del tema y de los múltiples cuestionamientos que han tenido las instituciones públicas, presente ante el pleno de esa Cámara el acuerdo en que se cree la comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos por organismos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con ellas, como un signo del consenso que tienen los grupos parlamentarios para transparentar las actividades de las entidades paraestatales. Por su importancia, esta proposición con punto de acuerdo es de urgente y obvia resolución.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a acordar la creación de la comisión de investigación encargada de examinar los contratos suscritos por organismos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con ellas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.— Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

Se remite a la Junta de Coordinación _Política de la Cámara de Diputados, para su atención.

AUDITORIA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO ENTABLADERO-MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE ESPINAL, VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a auditar la construcción de pavimento asfáltico del camino Entabladero-Melchor Ocampo, en Espinal, Veracruz, suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja diputado de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, en el rubro Programas y Proyectos de Inversión, se incluyó la construcción de pavimento asfáltico en el camino que va de las comunidades de Entabladero a Melchor Ocampo, en el municipio de Espinal, Veracruz, con una inversión total de 13 millones 501 mil 530 pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014 (PEF), la inversión para el camino rural se efectuaría en su totalidad durante el año en mención.

La colocación de pavimento asfáltico sobre este camino rural era una añeja demanda de los habitantes de la región, ya que permitiría llevar los productos rurales que ahí se producen a los mercados más cercanos de forma más rápida, seguro y a menor costo.

Las comunidades veracruzanas de Entabladero como Melchor Ocampo tienen una vocación rural principalmente. En Entabladero viven más de 3 mil 300 personas, de las cuales la mayoría hablan una lengua indígena y se dedican a la agricultura.

En tanto, Melchor Ocampo cuenta con más de mil 200 habitantes que igualmente tienen una lengua indígena y se dedican a la agricultura.

De estas estadísticas se desprende que hay más de mil familias que dependen económicamente de que sus productos agrícolas salgan de las comunidades para ser comercializados, con el fin de obtener recursos para su subsistencia.

Sin embargo, pese a que la colocación de pavimento asfáltico del camino rural estaba etiquetado, los habitantes de la región han denunciado en diversas ocasiones que las obras fueron iniciadas, pero no han concluido.

Asimismo, los tramos que ya fueron asfaltados presentan una baja calidad de los materiales y un terminado incompleto, por lo que resultan intransitables para los vehículos de carga de los habitantes de la región.

De ninguna manera los trabajos realizados hasta la fecha corresponden o justifican el gasto de 13 millones 501 mil 530 pesos asignado en el PEF de 2014 para dicha obra.

Los daños ocasionados por esta obra inconclusa han motivado la intervención de organizaciones sociales como la Asociación México con Valores, las cuales han buscado la intervención de autoridades estatales y federales para que se corrijan las obras mal realizadas. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía el siguiente resolutivo

Puntos de Acuerdo

Primero.La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar la construcción de pavimento asfáltico del camino Entabladero-Melchor Ocampo, municipio de Espinal, Veracruz.

Segundo.La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección General de Caminos Rurales a efectuar las acciones necesarias para que se construya el tramo y se concluya con las obras programas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014.

Tercero.La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Veracruz a investigar las posibles acciones de corrupción que se pudieran haber cometido en la mala construcción del camino.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para dictamen.

INCORPORAR UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA VIA TELEFONO MOVIL (SMS), PARA INFORMAR A LA POBLACION EN CASOS DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la Semarnat a analizar la viabilidad de incorporar un sistema de alerta temprana vía teléfono móvil para informar a la población sobre contingencias ambientales, suscrita la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Cristina Díaz Salazar, senadora de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Debido a nuestra diversidad geográfica, México está expuesto a una amplia variedad de peligros geológicos e hidrometeorológicos. Entre 1970 y 2009, aproximadamente 60 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales en el país. Debido a esta situación México está clasificado como uno de los 30 países en el mundo más expuestos a tres o más tipos de peligros naturales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (2010), el territorio mexicano está expuesto a riesgos naturales específicos tales como:

Ubicado a lo largo del “cinturón de fuego” donde ocurre 80 por ciento de la actividad sísmica mundial, México se encuentra en alto riesgo de sufrir desastres geológicos. En promedio, el país experimenta más de 90 sismos al año con una magnitud de 4 grados o más en la escala de Richter (Fondo de Desastres Naturales 2011). Casi la totalidad del territorio mexicano, incluyendo su capital (Ciudad de México) está altamente expuesto al riesgo sísmico. Asimismo, la Ciudad de México se encuentra asentada en el eje volcánico, donde se ubican nueve volcanes activos. Además, los maremotos representan una amenaza importante a lo largo del litoral mexicano que se encuentra en el océano Pacífico.

Los desastres ocurridos entre los años 2007 y 2012 fueron fenómenos sin precedente histórico. En 2013 vivimos una histórica temporada de ciclones. En total, se formaron 32 ciclones, 18 se registraron en el océano Pacífico y 14 en el Atlántico.

En un hecho histórico que no ocurría desde 1958, la interacción de dos sistemas por una parte el huracán Ingrid, en el Golfo de México y Manuel en el Pacífico, hicieron el mes de septiembre el mes más lluvioso del año, afectando a 23 entidades del país.

Más recientemente, el huracán Odile impactó con gran fuerza al territorio de la Paz y Los Cabos, en Baja California Sur, dejando daños que ascienden a 3 mil millones de pesos, según las estimaciones de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Bajo este panorama, es necesario fortalecer el sistema de comunicación de información oportuna que permite a las personas adoptar medidas para reducir los efectos de los peligros.

En tal sentido, la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (EIRD) adoptada en el año 2000, es el punto focal del sistema de Naciones Unidas encargada de promover vínculos y sinergias entre la coordinación de actividades de reducción de desastres en las áreas social, económica humanitaria y de desarrollo, así como de apoyo a las políticas de integración.

El compromiso de la comunidad internacional para reducir el riesgo de desastres se refleja en un instrumento denominado el Marco de Acción de Hyogo (MAH) tendiente a la implementación de la reducción del riesgo de desastres.

El objetivo del MAH es aumentar la capacidad de respuesta de las naciones y las comunidades ante los desastres al lograr, para el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países. El MAH tiene cinco áreas prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios rectores y medios prácticos para aumentar la respuesta de las comunidades vulnerables a los desastres, en el contexto del desarrollo sostenible.

El logro principal de la conferencia, la Declaración de Hyogo y el Marco de Acción de Hyogo, representaron un compromiso significativo de la comunidad internacional para enfrentar la reducción del riesgo de desastres y para comprometer, con base en resultados, el plan de acción de la década siguiente 2005-2015.

En este sentido, el marco de acción estableció como una de las actividades esenciales la creación de “sistemas de alerta temprana centrados en la población, en particular sistemas que permitan alertar a tiempo y en forma clara a las personas expuestas, teniendo en cuenta las características demográficas, el género, la cultura y el modo de vida de los destinatarios, que den orientación sobre la forma de actuar en caso de alerta y que contribuyan a la eficacia de las intervenciones de los encargados de la gestión de las situaciones de desastre y otras autoridades.”

Para lograr un sistema eficiente, dicha normativa sugiere utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel, priorizando la necesidad de proporcionar información clara sobre los riesgos de desastre y las distintas formas de protección, en particular a los ciudadanos de las zonas de alto riesgo, para motivar a la población y permitirle tomar medidas para reducir los riesgos y aumentar su resiliencia.

Por otro lado, el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, establece en su objetivo número 5, la necesidad de fomentar y adoptar el uso de innovación tecnológica aplicable a la protección civil, señalando que:

“En la medida de que la tecnología permita conocer las causas y reducir los efectos de los fenómenos perturbadores, el Sistema Nacional de Protección Civil contará con mayores y mejores elementos para la mejora de los procesos de planeación en la prevención, atención y reducción de los desastres. La innovación es un eje fundamental en el mundo moderno, actualizar y mejorar las tecnologías actuales mantendrán al Sistema Nacional de Protección Civil a la vanguardia en el conocimiento, uso y difusión de las tecnologías para la Protección Civil.”

Es necesario destacar los importantes mecanismos que se han venido impulsando diversas dependencias, tales como:

1. La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob), pondrá este año al alcance de la ciudadanía una aplicación móvil que alertará sobre la ocurrencia de sismos, huracanes, tsunamis, incendios, derrames de sustancias peligrosas o accidentes carreteros.

2. En conjunto con la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y con el objetivo de informar oportunamente sobre fenómenos meteorológicos que pongan en riesgo a la población, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se unió al programa de Alertas de Twitter. De esta manera, en caso de emergencias o momentos de crisis en los que otros canales de comunicación no estén operando, Conagua enviará alertas a través de dispositivos móviles, por notificaciones o short message service (SMS).

No obstante, los mencionados mecanismos funcionan con un registro previo de los usuarios interesados, limitando los resultados preventivos esperados. Es por ello, que mediante el presente punto de acuerdo, se propone la incorporación del servicio de mensajes cortos o SMS, a fin de brindar información oportuna y focalizadamente en situaciones de contingencias ambientales.

Al respecto, se pueden citar diversas experiencias exitosas con la implementación de este mecanismo:

• Con variados y potentes desastres naturales, Japón ha sabido desarrollar eficientes planes de alerta para advertir a su población. El país asiático ha creado numerosas iniciativas que aprovechan diferentes plataformas de comunicación. Por ejemplo, cada vez que hay un sismo o catástrofe natural, la Agencia Meteorológica de Japón emite y difunde señales de advertencia para toda la población, dependiendo del territorio. Estos mensajes no sólo se propagan a través de los teléfonos celulares, sino que también se emiten alertas que interrumpen la programación de las radios y los canales de televisión. La inmediatez de este avanzado plan permite que los avisos lleguen a la población en menos de tres minutos, aminorando los efectos que producen las catástrofes.

• En varias ciudades de Estados Unidos de América, los sistemas de alerta no sólo notifican a la población ante los eventuales riesgos de un maremoto, sino que también advierten sobre los peligros de una tormenta, accidentes de tránsito, incendios forestales o tornados. La particularidad de este modelo es que los celulares emiten un sonido particular, que ya es asimilado por la población como una señal de emergencia. Detrás de este sistema, se han impulsado grandes campañas de información, que permiten que la ciudadanía valore y ponga atención a estas advertencias. Son estas campañas las que han influido positivamente en el resultado de estos sistemas, que ya se han consolidado entre los habitantes.

El mencionado mecanismo ha tenido resultados positivos por lo cual cada vez son más los países que implementan de lleno o inician proyectos piloto, como Perú, Colombia, Australia, Brasil, Filipinas, Ruanda, España, entre otros.

El éxito radica en que el número de usuarios de telefonía móvil está aún en crecimiento, pero como una característica ya consolidada en el tema de conectividad de las naciones.

En México, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) confirmó que al cierre de 2012, México rebasó por primera vez la barrera de los 100 millones de suscripciones en telefonía móvil, llegando a 100.6 millones, además de que la modalidad de contrato alcanzó un máximo histórico al representar 15.5 por ciento del total.

Tal cifra representa una penetración de 85.7 suscripciones por cada 100 habitantes.

Según dicho organismo, durante el primer trimestre de 2013, la telefonía móvil tuvo un millón de suscripciones más respecto al mismo periodo del año pasado, con lo que en la actualidad existe una penetración de 86 suscriptores por cada 100 habitantes.

De esta manera, se propone establecer un convenio entre:

• El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo encargado de proporcionar información sobre el estado del tiempo a escala nacional y local en nuestro país, y que depende de la Comisión Nacional del Agua, la cual forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• El Centro Nacional de Prevención de Desastres, órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, tiene el objetivo de crear, gestionar y promover políticas públicas para la prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías; así como impulsar la educación, la capacitación y la difusión de una cultura preventiva y de autoprotección para la población ante la posibilidad de un desastre.

• La Coordinación Nacional de Protección Civil tiene por objetivo ofrecer prevención, auxilio y recuperación ante los desastres a toda la población, sus bienes y el entorno, a través de programas y acciones.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que analicen la viabilidad de incorporar al sistema de alerta temprana, mensajes cortos (SMS) vía teléfono móvil, con el fin de mantener informada a la población en situaciones de contingencias ambientales o desastres naturales.

Nota:

1. “Estadísticas a propósito del Día Internacional para la Reducción de Desastres”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Aguascalientes, Aguascalientes, México, 13 de octubre de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores.

RESTAURACION ECOLOGICA DEL PREDIO EL TUCAN, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profepa a informar sobre el estado que guarda el programa de restauración ecológica del predio El Tucán, en Benito Juárez, Quinta Roo, suscrita por la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los  artículos 58, 60, 176 y demás ordenamientos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 8o., numeral 1, fracción II, 95, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo sobre el proyecto Dragon Mart Cancún, con fundamento en las siguientes

Consideraciones

El 26 de enero de 2015 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un comunicado en el cual se establece que la obra conocida como proyecto Dragon Mart Cancún incumplió medidas correctivas ordenadas desde septiembre de 2014 tras la aplicación de sanciones económicas por poco más de 21 millones de pesos. Se dictaminó que el predio “El Tucán”, del municipio de Benito Juárez, sí se encuentra en terrenos forestales como lo precisó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Inventario Nacional Forestal.

La Profepa procedió a imponer una multa en materia de impacto ambiental para el proyecto el 12 de agosto de 2014, por 7 millones 233 mil 675.00 pesos, además ordenó que el proyecto se sometiera a la evaluación de impacto ambiental el proyecto y a la restauración del sitio.

Por otro lado también el 8 de septiembre del 2014, impuso otra multa en materia forestal por 2 millones 758 mil 890.00 pesos, además de una compensación ambiental por 9 millones 380 mil 818.35 y por restauración 2 millones 508 mil 243.15. De igual manera se les ordenó tramitar la autorización de cambio de uso de suelo en una superficie de 203.93 hectáreas y la conservación total de 357.44 ha que aparentemente no se encuentran afectadas.

En dicho comunicado la Profepa advierte que la obra incide negativamente en el área para la conservación de aves del corredor “Cancún-Tulum” y la región marina prioritaria denominada “Punta Maroma–Nizuk”; además señala que procedió a “la clausura de manera total el proyecto Dragon Mart Cancún, tras constatar el incumplimiento de las medidas correctivas que le había ordenado, así como por la afectación ambiental por la remoción de la vegetación natural causada por sus obras de construcción.

Profepa estableció que con base en los estudios y dictámenes realizados, el predio sí está ubicado en un ecosistema costero donde se registra la presencia de vegetación de manglar conforme a los registros de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). A criterio de la Semarnat, el proyecto requiere de dos autorizaciones: una por cambio de uso de suelo forestal y otra en materia de impacto ambiental.

La Profepa señaló que presentó una denuncia penal el 3 de octubre de 2014 ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente  (UEIDAPLE) de la Procuraduría General de la República, por los delitos contra la biodiversidad, previstos en los artículos 418 y 420 Bis del Código Penal Federal, es decir, por destrucción de vegetación natural, cambio de uso de suelo, daño, y relleno de humedal.

Por otro lado, conforme a información publicada por diversos medios de comunicación, el director y socio comercial de Dragon Mart señaló que la clausura ejecutada por el gobierno federal no significaba la “cancelación definitiva” del proyecto, ya que los procedimientos iniciados por la Profepa aún están pendientes de recibir una resolución judicial definitiva

Debido a que el fondo del asunto se encuentra aún en litigio es indispensable que la Profepa difunda la información necesaria para conocer el estado jurídico actual en el que se encuentra el proyecto “Dragon Mart Cancún”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informe con brevedad a esta soberanía sobre el estado actualizado en el que se encuentra la elaboración del programa de restauración ecológica del predio “El Tucán”, del municipio de Benito Juárez, en el cual se construía el proyecto “Dragon Mart Cancún”.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que informe con brevedad a esta soberanía sobre el estado actualizado del cumplimiento de medidas y sanciones impuestas al proyecto “Dragon Mart Cancún”.

Dado en el salón del pleno de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y _Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.

RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC)

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se reconoce la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la labor desarrollada por Costa Rica en su presidencia, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición sobre la base de las siguientes

Consideraciones

En ocasiones anteriores, en esta soberanía se ha dado cuenta de la importancia de organismos regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la cual ha llevado a la articulación socioeconómica y política de la región a una realidad tangible, con una perspectiva de cooperación y complementariedad como fue el principal objetivo de su creación, donde hay que señalar, México fue un gran impulsor.

La CELAC surge como tal en 2011 en ocasión de la tercera Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), celebrada en Caracas, Venezuela, con el objetivo principal de impulsar la integración en todos los ámbitos de los países que la conforman y fomentar el desarrollo sostenible de la región a través de la cooperación y el desarrollo de las complementariedades económicas. Hereda, por tanto, el acervo histórico de la CALC y del Grupo de Río, que cesaron formalmente sus funciones, al tiempo que su propósito busca la sinergia, complementariedad y coordinación de los diferentes procesos de integración regionales y subregionales.

Cabe señalar que, excepto Estados Unidos de América y Canadá, en la CELAC confluyen todos los países del continente latinoamericano y caribeño, sobre la base de la unidad y la integración de nuestra región con flexibilidad, respeto al pluralismo, a la diversidad y al derecho soberano de cada uno de nuestros pueblos para escoger su sistema de organización política y económica.

En la segunda Cumbre de la CELAC realizada en La Habana, Cuba, en enero de 2014, fue cuando dicho Organismo alcanzó un elevado nivel vinculatorio en la integración y desarrollo de los países integrantes. Cabe destacar que en la Declaración de La Habana, las jefas y jefes de Estado expresamente señalaron que

“...Hemos logrado construir un espacio de diálogo y concertación política que nos une y hace posible la aspiración de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos; que permite, a su vez, una mejor inserción y la proyección de nuestra región en el ámbito internacional... Hemos sido, somos y seremos diversos, y a partir de esta diversidad es que tenemos que identificar los desafíos y objetivos comunes y los pisos de convergencia que nos permitirán avanzar en el proceso de integración de nuestra región. Fortalezcamos nuestras democracias y todos los derechos humanos para todos; demos mayores oportunidades a nuestra gente; construyamos sociedades más inclusivas; mejoremos nuestra productividad; estrechemos nuestro comercio; mejoremos nuestra infraestructura y conectividad y las redes necesarias que unan cada vez más a nuestros pueblos; trabajemos por el desarrollo sostenible, por superar las desigualdades y por una más equitativa distribución de la riqueza, para que todas y todos sientan que la democracia les da sentido a sus vidas. Esa es la misión de la CELAC, esa es la tarea a la que hemos sido convocados y esa es la responsabilidad política que tenemos por delante y de la cual deberemos dar cuenta a nuestros pueblos...”.

En dicha Cumbre, los países miembros ratificaron su pleno compromiso con los principios rectores de la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional para el logro de la estabilidad política en la región, y contribuir así, a la paz y la seguridad internacionales sobre la base de reafirmar que solamente, a través de la integración regional, se puede avanzar en la idea del derecho y una cultura de paz. La segunda Cumbre de la CELAC, determinó así, considerar a nuestra región latinoamericana y caribeña, como zona de paz, sobre la base del respeto a los principios y normas que rigen el Derecho Internacional.

En esta ocasión Cuba, que había realizado un ejemplar papel a cargo de la Presidencia Pro Tempore, entregó a Costa Rica la presidencia, misma que culminará con la celebración de la tercera Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC, a celebrarse en San José los días 28 y 29 de enero de 2015, donde se dará paso a Ecuador para desempeñar tan alta responsabilidad.

La siguiente cumbre de la CELAC será ocasión de evaluar los avances en los compromisos suscritos por los países miembros, destacando que Costa Rica, en su encargo al frente de la presidencia pro tempore, presentó ante el Comité de Información de Naciones Unidas en su 36 periodo de sesiones, a nombre de la CELAC, un reconocimiento a los informes presentados por el secretario general sobre las Actividades del Departamento de Información Pública (DIP) referidos a los servicios de comunicaciones estratégicas, de noticias y de divulgación.

Con ese motivo, Costa Rica reconoció la labor realizada por el DIP y los “esfuerzos para continuar el fortalecimiento de la interacción con otros organismos del Sistema de las Naciones Unidas, en especial su estrecha colaboración con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo sobre el Terreno, así como la ampliación de las actividades relacionadas con el mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz”.

Por ello, es de reconocer que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños constituye una clara opción frente a las prácticas imperialistas de Estados Unidos de América que siempre ha deseado apoderarse de la región y de sus recursos, impulsando políticas de acuerdo a los criterios de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto y, recordar que el surgimiento de la CELAC coincidió con la idea de contar con una institucionalidad regional en el marco del bicentenario de la Independencia de la mayoría de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Lo que de inicio ha sido considerado como un hecho histórico y de gran transcendencia, por sus claros objetivos de profundizar en la integración de la región en un contexto de la más amplia solidaridad, cooperación, complementariedad y concertación política, incluso considerando con el más irrestricto respeto, las disimilitudes entre los gobiernos y los sistemas políticos.

Quiero hacer énfasis en que el quehacer de la CELAC no se limita exclusivamente a la región, prueba de ello es la celebración del primer Foro Ministerial de la CELAC-China, los pasados días 8 y 9 de del presente mes, en donde surgió el compromiso de Pekín de tomar en cuenta las necesidades de desarrollo de los países Miembros de la CELAC mediante un nuevo modelo de cooperación Sur-Sur con el fin de que ambas partes recojan pronto los frutos de ese encuentro, contrariándose especialmente en la infraestructura básica. Se acordaron alianzas estratégicas que abarcan la cooperación en alimentación, infraestructura, tecnología, informática, turismo, agricultura e innovación técnica, entre otras áreas.

De la misma manera y sobre la base de la Declaración de Santiago de la primera Cumbre CELAC-UE, la CELAC mantiene relaciones con los países de la Unión Europea, por lo que habrá de celebrar la Cumbre CELAC-UE en Bruselas este 2015 con el tema central  que será “alianza para un desarrollo sustentable: promoviendo inversiones de calidad social y ambiental”, al tiempo que se abordarán distintos asuntos como la actual coyuntura financiera y económica internacional, el rol de las inversiones en el crecimiento económico, la generación de empleo y la disminución de las desigualdades sociales, la responsabilidad social empresarial, la protección del medio ambiente y la utilización de energías renovables. Paralelamente, se realizará la primera Cumbre Judicial, la primera Cumbre Académica y la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y sus resultados serán plasmados en un plan de acción conjunto incorporando temáticas como inversiones y género.

Finalmente, Ecuador, en su nueva encomienda, iniciará su presidencia con el reto de enfrentar los desafíos en educación, ciencia, tecnología e innovación, y plantear objetivos regionales para la mejora del nivel del talento humano y de la educación en las universidades, así como la erradicación de la pobreza extrema y el fortalecimiento con China y los países que integran la Unión Europea.

Pero sobre todo, el que Ecuador presida la CELAC durante 2015 y hasta enero de 2016, hará que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se fortalezca aún más al tener como meta, el impulsar los Tratados como un solo bloque al tiempo que podrá estimular Centros de Arbitrajes Regionales, que al decir del presidente de Ecuador, Rafael Correa, es la gran oportunidad para posicionar a la región en el mundo e incidir en un orden mundial absolutamente injusto.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se aprueben los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, partiendo de sus valores y principios de política exterior, reconoce la importancia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, los avances para el desarrollo de los países miembros, así como la diversificación de sus objetivos para bien de los pueblos que representa y saluda la determinación de considerar a nuestra región como zona de paz, sobre la base del respeto a los principios y normas que rigen el derecho internacional.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la labor desarrollada por Costa Rica al frente de la presidencia pro tempore de la CELAC en el periodo 2014-2015 y saluda al gobierno nacional de la República del Ecuador que ostentará, a partir de fines de enero de 2015, la presidencia pro tempore, deseando el mayor de los éxitos al frente de la misma.

Notas:

1 Declaración de La Habana, II Cumbre de la CELAC, 28 y 29 de enero de 2014, disponible en http://www.cubadebate.cu/especiales/2014/01/29/declaracion-de-la-habana-pdf-y-f otos/#.VMKQpEeG9Rw

2 Discurso de la Misión Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, disponible en file:///C:/Users/Jonathan/Downloads/F17041-CELAC%2036.%20Comit%C3%A9%20Informac i%C3%B3n-ESP%20+%20ENG.pdf

3 Ídem.

4 Primera reunión ministerial del Foro CELAC-China, Embajada de Uruguay en Estados Unidos, disponible en http://www.mrree. gub.uy/frontend/page?1,embajada-eeuu,ampliacion-embajada, O,es,0,PAG;CONC;442;5;D;-28312;1;PAG;

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Senadora María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

RECONOCIMIENTO AL POLICIA QUE RESULTO HERIDO INTENTANDO FRUSTRAR UN ROBO EN EL CENTRO COMERCIAL SANTA FE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a otorgar un reconocimiento al policía herido al intentar frustrar un robo en el centro comercial Santa Fe, suscrita por el diputado José Luis Flores Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, José Luis Flores Méndez, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La zona de Santa Fe captó desde hace años el interés de inversionistas y grupos corporativos para el desarrollo de nuevos mercados, centros residenciales de alto poder adquisitivo, corporativos, escuelas, universidades y otros servicios, convirtiéndose en el desarrollo urbano y financiero más importante de la capital.

Esta situación permitió la edificación del Centro Comercial Santa Fe, en el cual se reciben mensualmente dos millones 500 mil visitas, ya que alberga en su interior más de 512 establecimientos comerciales, 12 bancos y 23 salas de cine, distribuidos en seis niveles.

A pesar de ser uno de los Centros Comerciales más grandes e importantes de la Ciudad de México, éste no se ha encontrado al margen de la delincuencia y una muestra de ello es que el pasado viernes 23 de enero la tienda Saks Fifth Avenue fue objeto de un robo en el que, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, un grupo armado de al menos 20 hombres que portaban cubre bocas, gorras y sudaderas, así como mazos con los que rompieron los cristales de los exhibidores, participaron en la comisión de este hecho, sustrayendo un botín valuado en cerca de 2.5 millones de dólares, en productos de joyería y relojería.

A pesar de que este hecho resulta ser lamentable si consideramos que se colocaron en una situación de riesgo a miles de personas que se encontraban en las instalaciones de este centro comercial, resulta importante resaltar la valentía y heroísmos que se vieron reflejados por un Policía Auxiliar, de quien no se conoce su nombre, que se encontraba fuera de funciones y que se encontraba realizando compras como cualquier civil, ya que sin pensar en su integridad, hizo frente a este grupo armado, lo que trajo consigo que fuera lesionado en una pierna.

Este hecho deja patente el compromiso de justicia y responsabilidad civil con la que cuenta este policía, ya que por encima de su propia vida, ponderó la seguridad de las personas que se encontraban en el lugar, pero no sólo eso, también demuestra que existen elementos policiacos prestos a servir a la población cuando ésta más los necesita, que están dispuestos a enfrentar el peligro con el riesgo de su propia vida.

Es por esto que proponemos que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorte al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se otorgue un reconocimiento al policía auxiliar por el valor y heroísmo demostrado en cumplimiento de su deber, al intentar frustrar el robo efectuado en el centro comercial de Santa Fe, aún y cuando se encontraba fuera de servicio.

Con independencia de lo anterior, resulta importante mencionar que esta es la tercera ocasión en menos de un año que se presenta un robo en este centro comercial, por lo que también proponemos que se exhorte al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia se lleven a cabo operativos en los diversos centros comerciales del Distrito Federal, así como análisis de riesgo en cada una de sus instalaciones y se establezcan protocolos de seguridad, con la finalidad de prevenir se sigan suscitando hechos delictivos que pongan en peligro la integridad de la población.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se analice la posibilidad de otorgar un reconocimiento al policía auxiliar que resultó herido al intentar frustrar un robo en el centro Comercial Santa Fe.

Segundo.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, se realicen análisis de riesgo en los diversos centros comerciales del Distrito Federal, se establezcan protocolos de seguridad, y se certifique a cada uno de ellos en materia de seguridad, con la finalidad de prevenir se sigan suscitando hechos delictivos que pongan en peligro la integridad de la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de enero de 2015.— Diputado José Luis Flores Méndez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, para dictamen.

INVESTIGUEN LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE MARIA AURORA MEZA CALLES

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta lo mismo a la CNDH que a la PGJE y al gobierno de Baja California a investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos de María Aurora Meza Calles, suscrita por los diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, los diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida Alavez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En un régimen verdaderamente democrático, los principios básicos de bienestar, desarrollo humano, salud, educación, justicia económica, política y social, de cualquier persona, pero sobretodo de las mujeres indígenas y sus familias, son garantizados, protegidos y respetados en un marco jurídico congruente con una visión de derechos humanos.

Sin embargo, en los últimos años encontramos que la violación de garantías y derechos parece no ser la excepción sino la regla, confirmando la falta de un estado democrático y garante de la seguridad de su ciudadanía; este es el caso de la señora María Aurora Meza Calles, mujer del pueblo indígena Kumiai de la comunidad de Las Palmas, municipio de Tecate,  Baja California.

Además con la agravante que el pueblo indígena Kumiai pertenece a la familia lingüística cochimí-yumana, la cual se encuentra en peligro de extinción.

María Aurora, mujer perteneciente a esta comunidad indígena, fue aprehendida y encarcelada el día viernes 19 de diciembre de 2014 por policías ministeriales sin una orden de aprehensión y con base en engaños, puesto que las autoridades le informaron que solo la interrogarían y desde ese momento se encuentra detenida.

Acusada por el presunto delito de abigeato de dos caballos y presentada ante el Juez de primera instancia del ramo penal del Partido Judicial de Tecate, enfrenta un proceso penal sumario injusto con causa penal 728/2014.

De acuerdo con María Aurora, desde hace más de un año, algunos caballos cuyo dueño era desconocido, entraron en diversas ocasiones en su propiedad, causando daños a sus cultivos. Frente a esto, ella recurrió en múltiples ocasiones a la Secretaría de Fomento Agropecuario del estado para tratar de encontrar una solución a su problema sin éxito alguno, de manera que tomó la decisión de llevar a los caballos (cinco) a la delegación municipal del Valle de Las Palmas, del municipio de Tecate, para que el dueño de los equinos cubriera los daños ocasionados en su propiedad o, según el caso, vendiera los animales y de allí cobrase la reparación del daño.

María Aurora logró vender los caballos y dio aviso a Fomento Agropecuario, institución que le dijo que había actuado incorrectamente por lo que le regresaron los animales y ella el dinero.

Algunos días después, Rubén Martínez Pérez, junto con otras personas, llegó a la propiedad de María Aurora y se llevaron a todos los caballos que estaban en el lugar para luego acusarla de abigeato.

Ante la detención, la Procuraduría General de Justicia de Baja California informó que ella declaró su culpabilidad pues reconoció que los animales se encontraban en su propiedad. Por su parte, la comunidad kumiai advirtió que se trata de un caso de despojo de tierras y un delito fabricado contra ella; además, señalaron a Rubén Martínez Pérez como uno de los invasores del territorio kumiai, ya que desde hace tiempo sus caballos ocupan tierras de la comunidad, sin cubrir ningún pago y dañando la fuente de agua potable.

La hermana de María, Norma, dio a conocer en una carta escrita en su lengua original que su hermana asegura no haber sido tratada adecuadamente en prisión y que no recuerda haber firmado ningún documento donde ella se culpara de este delito. De igual forma, afirma que una noche antes de ser enviada a Tijuana, María Aurora, estuvo en el hospital en un cuadro de shock durante el cual fue obligada a firmar algunos papeles.

Con 57 años de edad y diabetes, María Aurora enfrenta un encarcelamiento injusto originado de un indebido proceso, y su comunidad teme por su salud por lo que se han manifestado a las afueras del palacio municipal de Tecate y del juzgado de lo penal.

Desde hace treinta años la comunidad kumiai ha tratado de desalojar a 13 personas que se han asentado dentro de los terrenos de la comunidad. Los terrenos de la comunidad son agostaderos de mala calidad no aptos para la agricultura, carecen de infraestructura para el desarrollo de actividades pecuarias, lo que ha originado que sus recursos escasos recursos naturales sean explotados por las personas que invaden a la comunidad, o bien por empresas trasnacionales.

Resulta indignante que en medio de la crisis de derechos humanos que atravesamos, el delito de abigeato sea catalogado como grave y por ello, una mujer indígena inocente no tenga derecho a ningún beneficio hasta que se dicte sentencia.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de Baja California a garantizar la salud, integridad, y a respetar  el derecho al debido proceso apegado al pleno respeto a sus garantías procesales de la imputada y observando los más altos estándares en materia de derechos humanos a la ciudadana María Aurora Meza Calles, originaria del pueblo indígena kumiai, de la comunidad de Las Palmas, municipio de Tecate, Baja California.

Segundo.Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a investigar las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de María Aurora Meza Calles.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Baja California a cesar el hostigamiento, la persecución social y jurídica en contra de las comunidades indígenas de Baja California, y que cese la violación de derechos y las agresiones a los integrantes de la comunidad kumiai.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputados: Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para dictamen.

CONSIDERE A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS PARA LA FISCALIZACION SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2014

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a considerar las denuncias ciudadanas en el programa anual de auditorías sobre la Cuenta Pública de 2014, suscrita por senadoras del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, senadoras María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely Romero Celis y Margarita Flores Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial la participación ciudadana, más allá del ámbito electoral, se consolida cada vez más como un elemento imprescindible y legitimador de las democracias modernas. La lucha por introducir este componente en los asuntos públicos, ha generado importantes sinergias de mayor participación proactiva y permanente de los ciudadanos en la esfera política, cambiando de manera importante la relación entre el gobierno y la sociedad.

Refiere el académico Mauricio Merino que “Un gobierno democrático tiene que ser un gobierno responsable, en el doble sentido del término, pero no puede llegar a serlo, paradójicamente, si los ciudadanos a su vez no logran establecer y utilizar los cauces de participación indispensables para asegurar esa responsabilidad.” Bajo esta perspectiva, debemos entender hoy en día, a la participación de los ciudadanos como una obligación de corresponsabilidad en las acciones o iniciativas de coadyuvancia a los mecanismos de control del quehacer del estado.

En nuestro país, aunque no tenemos una Ley Federal de Participación Ciudadana, a diferencia de la mayoría de las entidades federativas y el propio Distrito Federal que cuentan con una ley sobre la materia, existen leyes que fomentan y regulan la participación ciudadana como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley de Asistencia Social, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, entre otras.

Particularmente la primera (LFRCF), establece en sus artículos 109 y 110 que será a través de la Contraloría Social, el mecanismo mediante el cual la ciudadanía tendrá derecho a presentar denuncias o solicitudes de atención ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados (CVASF), de la siguiente manera:

Artículo 109. La comisión recibirá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán ser considerados en el informe del resultado.

Artículo 110. La comisión recibirá de parte de la sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce la Auditoría Superior de la Federación a efecto de participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de la revisión de la cuenta pública.

Aunado a lo anterior, en el ámbito del derecho internacional, el Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en los incisos a) y c) del párrafo 1 del artículo 23 que:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) ...

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. ...

Por su parte, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticosestablece los mismos derechos en sus incisos a) y c).

Sin embargo, a pesar de todo este andamiaje jurídico, en nuestro país la participación ciudadana no constituye un contrapeso para los poderes públicos y mucho menos existen incentivos, ni un marco legal que involucre a los ciudadanos en la toma de decisiones y en los propios procesos de fiscalización, de transparencia y de rendición de cuentas.

Lo anterior se constata en el Diagnóstico sobre las políticas de participación ciudadana empleadas por la Auditoria Superior de la FederaciónASF), realizado por las ganadoras del decimocuarto Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Karen Susana Góngora Pantí y Saraí Maribel Flores Domínguez, donde analizaron como respondió la ASF ante 84 exigencias de la sociedad mediante solicitudes presentadas ante la CVASF de 2009 al 2013 (obtenidas vía Infomex), de las cuales la ASF respondió satisfactoriamente en 12 casos y de manera negativa en 62.

Refiere el ensayo, que los temas principales que denunciaron los ciudadanos fueron irregularidades en el ejercicio presupuestal –incluidos los recursos del Ramo 33–, incumplimiento de diversas normas operativas y financieras, contrataciones irregulares, abusos de autoridad y desvíos de recursos.

Las justificaciones que utilizó el órgano de fiscalización para negarse a actuar fueron las seis siguientes: “No es competencia de la ASF” (15 respuestas); “No es posible realizar la auditoría solicitada debido al principio de anualidad” (14 respuestas); “Se tomó nota para considerar la petición en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF)” (34 respuestas); “No es posible atender el asunto debido a la falta de capacidades y recursos de la ASF” (3 respuestas); “No es posible atender la solicitud debido al grado de avance en los trabajos de fiscalización” (4 respuestas) y “No se atenderá la solicitud debido a que se contrapone con los criterios establecidos en el PAAF” (2 respuestas).

En la mayoría de los casos la ASF respondió que tomaría nota para integrar las peticiones ciudadanas en el PAAF (34 casos); sin embargo, en los oficios de contestación no es posible advertir de qué forma la ASF dio seguimiento a dichas solicitudes. Tampoco en los informes de resultados es posible conocer qué sucedió con las mismas, ya que el apartado de atención a las solicitudes de la CVASF sólo hace mención del tratamiento a los requerimientos formulados por el pleno de la Cámara de Diputados o por la propia comisión, y no de aquéllos promovidos por la ciudadanía.

De lo anterior deducimos que a pesar de que la ciudadanía advirtió sobre asuntos de posibles fraudes y malversación de recursos, la ASF no atendió cabalmente las denuncias y tampoco utiliza esta información para delimitar el universo de programas a auditar. Las legisladoras que suscribimos el presente documento, consideramos que lo anterior desincentiva la participación de la ciudadanía y no abona a la consolidación de un estado democrático abierto y transparente. Consideramos que la lucha que hoy emprendemos a nivel legislativo, y desde el gobierno federal, contra la corrupción, no podrá librarse sin la participación activa de los ciudadanos y sin mecanismos que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que en el marco de su autonomía técnica y de gestión, considere las denuncias o solicitudes de atención ciudadana en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2014.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y a las auditorías superiores de las 31 entidades federativas y del Distrito Federal, para que promuevan la participación ciudadana en los procesos de fiscalización.

Notas:

1. Merino, Mauricio. La participación ciudadana en la democracia. Instituto Federal Electoral. Cuadernos de divulgación de la cultura democrática, número 4. México. 2001. P. 49. [En línea] [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam. mx/libros/libro.htm?l=499

2. Convención Americana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Hu manos.htm

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adopción, Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966. Adhesión de México: 24 de marzo de 1981. [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf

4. Góngora, Karen S. y Flores, Sarai M. La participación ciudadana en las tareas de fiscalización. ASF en coordinación con la CVASF, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. México 2014.  [En línea] [fecha de consulta: 22 - Enero - 2015]. Disponible en:  http://www.asf.gob.mx/uploads/65_Certamen_Nacional_de_Ensayo_Sobre_Fiscalizacio n_Superior_y_Rendicion_de_Cuentas__Trabajos_Ganadores_del_Primer_Certamen_Nacio nal_de_Ensayo_sobre_Fiscalizacion_Superior_y_Rendicion_de_Cuentas___Trab/XIV_Ce rtamen_2014.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Senadoras: María  del Rocío Pineda Gochi (rúbrica), Mely Romero Celis (rúbrica), Margarita Flores Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara de Senadores.

INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS POLITICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES RELACIONADAS CON LA REGLAMENTACION DEL TRANSPORTE PUBLICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno del DF a informar a esta soberanía sobre las políticas, los programas y las acciones relacionados con la reglamentación del transporte público, suscrita por el senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El senador Isidro Pedraza Chávez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral I, fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo, para exhortar al jefe de gobierno del Distrito Federal a que informe a esta soberanía sobre las políticas, programas y acciones relacionadas con la mejoría, modernización y reglamentación del transporte público concesionado y permisionado de la Ciudad de México.

Considerandos

En la Ciudad de México se realizan 5 millones de viajes al día en la red de transporte público concesionado o permisionado.

En los últimos diez años se han desarrollado cinco líneas de metrobus que cubre un poco más del 5 por ciento de la demanda diaria de trasportación. El resto de la demanda se distribuye en 11 líneas y media de Metro y por 22000 microbuses con edades de 22 a 24 años que circulan por las calles y avenidas urbanas y en las zonas sub urbanas de la ciudad.

Los microbuses son unidades viejas, altamente contaminantes, peligrosos por su uso excesivo; la Red es una red anárquica, desordenada, insuficiente y ecológicamente muy costosa.

Por otra parte los propietarios de las unidades sufren por tarifas bajas que no se ajustan conforme a los costos diarios de operación. El precio actual de la gasolina es de 14.70 pesos por litro, mientras las tarifas se han mantenido estables por los últimos 4 años.

El gobierno de la ciudad mantiene una flotilla de unidades en servicios subsidiados que hacen competencia “desleal” a los microbuses por que cobran tarifas de 2 pesos.

Se aplica la ley de manera irregular predominando la discrecionalidad por parte de la autoridad y una serie de multas y sanciones anticonstitucionales aplicadas de manera tortuosa y lenta, lo que propicia corrupción de autoridades menores e incumplimiento por parte de los permisionarios y concesionarios.

El parque vehicular, ya viejo y obsoleto, sigue su proceso de envejecimiento mientras procesos burocráticos retrasan la sustitución de microbuses por autobuses nuevos.

No existe certeza jurídica respecto a los transportes: las concesiones son dadivas de la autoridad; los permisos no dan garantía a los permisionarios, ya que quedan atados a regulaciones poco claras y a la discrecionalidad de los funcionarios encargados del tema.

Los bonos de chatarrización que se ofrecieron a los concesionarios para sustituir el parque vehicular dejaron de aplicarse, lo que obviamente ha retrasado el cambio de unidades.

Algunas rutas hicieron el esfuerzo de cambiar unidades, invirtiendo sumas importantes en la adquisición de unidades nuevas. Sin embargo la autoridad les ha impedido entrar en operación provocando pérdidas importantes a los permisionarios.

Han pasado dos años y dos meses del cambio de gobierno en el Distrito Federal y no se ha presentado ningún proyecto de mejora al transporte público permisionado o concesionado. La ciudad sigue sufriendo la estructura anárquica de rutas sin planeación, unidades ruinosas, accidentes evitables que se producen por la circulación de vehículos viejos y en malas condiciones.

La integración de nuevas empresas para atender el transporte se ha frenado por la inmovilidad burocrática ya que actualmente hay empresas que habiendo cumplido con los acuerdos para renovar sus flotillas de autobuses y dar de baja microbuses no han recibido la autorización para operar las rutas que tienen asignadas.

En los últimos meses no ha habido ninguna acción de cambio o mejoramiento de la movilidad urbana, no se han establecido pautas para resolver el problema social del transporte, no ha entrado en vigor la nueva Ley de Movilidad por falta de reglamentos. Lo único que ha ocurrido es la suspensión de la línea 12 del Metro, que hizo más complicada la transportación para medio millón de habitantes del oriente de la Ciudad de México.

Ante la demanda social por un mejor transporte, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión

Acordo

Primero. Se exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, ciudadano Miguel Ángel Mancera a que informe a esta soberanía sobre los programas relacionados con la movilidad urbana, y sobre las medidas y que se han tomado para garantizar a los habitantes de la capital un adecuado servicio de transporte público concesionado o permisionado, con mayor calidad y seguridad.

Segundo. Informe sobre la razones que tiene el gobierno del Distrito Federal para retrasar la entrada al servicio de transporte, a empresas que ya han cumplido el programa de sustitución vehicular, a las que no se les permite operar, estas son: la Ruta 26, que ha realizado una inversión de 80 millones de pesos para sustituir 150 microbuses por 50 autobuses nuevos y no le han entregados las tarjetas de circulación por parte de la Secretaría de Movilidad; el corredor vial Metro Taxqueña-UAM Xochimilco y el corredor vial Avenida 5-Metro Chapultepec que habiendo hecho la sustitución vehicular no les permiten operar.

Tercero. Informe sobre el avance en la elaboración y puesta en vigor de los Reglamentos de Transporte y Vialidad y sobre los operativos para evitar la invasión de rutas por unidades irregulares, llamadas “piratas” en los corredores y rutas autorizadas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 28 de enero de 2015.— Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

EMITAN UN PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA ADICCION Y EL ABUSO DEL ALCOHOL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional contra las Adicciones a emitir un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol, suscrita por el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

La transformacion de la sociedad implica grandes beneficios en términos de derechos, libertades y beneficios para la población, pero al mismo tiempo, conlleva a transformaciones profundas en la conformación de las relaciones en el seno mismo de las familias y de la comunidad.

De manera paradójica a la vez que existe una comunicación practicamente universal, un flujo constante y permanente de información en tiempo real y la economía, la educación y la tecnología se han globalizado, eliminándose las barreras de las distancias y acortándose las brechas sociales; también existen impactos negativos en el desarrollo fisico y mental de las nuevas generaciones, ya que existen fenomenos de aislamiento, de descomposición social, con multiplicidad de familias monoparentales, aumento de fenomenos como las adicciones al alcohol, cigarro y drogas, violencia escolar y padecimientos en aumento como la obesidad infantil o el suicidio juvenil.

Muchas de estas circunstancias alcanzan una importancia cuantitativa o cualitativa tan importante que se convierten en temas de salud pública o en materia de la agenda de gobierno.

Tal ha sido el caso de el llamado bullying y la obesidad infantil, que debido al aumento de casos, así como las consecuencias cada vez más graves que están teniendo.

Por ejemplo, ante los hechos ocurridos este año en estados como Tamaulipas o el estado de México, en donde jovenes estudiantes perdieran la vida por agresiones de sus propios cumpañeros y una actitud omisa de las autoridades educativas, se dejó ver la magnitud del problema en el país.

Diversos estudios de universidades y organizaciones, entre ellos, el realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre los países miembros reporta que en México, 40.24 por ciento de los estudiantes declara haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dice haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.

Según estos datos, México ocuparía el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas.

Se generó entonces, todo un movimiento antibullyng en todo el país, con el impulso de organizaciones de la sociedad civil, amplia participación de los medios masivos de comunicación, e incluso con un auge relavante en redes sociales, lográndose no sólo el repudio social a estas actitudes, sino la generación de campáñas formales e informales contra el fenómeno y desenbocó en una acción institucionjal contundente a través de tres acciones formales:

1. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública arrancó en junio de 2014, una campaña en seis entidades del país con mayor incidencia de bullying, violencia y acoso escolar: Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, estado de México, Campeche y Baja California. La campaña cuenta con participación de padres de familia, maestros, alumnos y artistas.

2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dieron inicio, tambien en junio de 2014, a una campaña en contra el acoso escolar o bullying, con la firma de diez compromisos para capacitar, en una primera etapa, a 1.6 millones de maestros agremiados al SNTE, contra el problema de la violencia escolar, que en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento exponencial, de acuerdo con el titular de la CNDH.

3. El Congreso de la Unión y el gobierno de la república pusieron en marcha la campaña #Yoloborro, en redes sociales, mediante la firma en septiembre de 2014, de un acuerdo para difundir mensajes y tomar acciones contra el ciberbullying. En consecuencia, se emitió en medios un spot elaborado por la Cámara de Diputados para llamar a los usuraios de internet a ser cuidadosos con la información o las fotos que publican para prevenir posibles agresiones, así como a que no ataquen a otros cibernautas.

4. El 1 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa preferente para crear una Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyos ejes son: obligar a las autoridades federales, estatales y municipales a garantizar el respeto a los derechos de los menores; establecer procuradurías que apoyen a aquellos que estén sujetos a procesos penales o administrativos, y fijar medidas para combatir el bullying en las escuelas.

Con moficiaciones de ambas Cámaras al proyecto original se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reformaron los artículos 25 y 26 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, además de abrogarse la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Así las cosas, se trata de acciones contundentes para tratar de aminorar o erradicar el problema del bullying.

En el caso de la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad en niños y adultos, desplazando a Estados Unidos, que ocupaba el primer lugar.

Siete de cada diez mexicanos padecen odesidad. Las razones son el alto consumo de alimentos procesados ricos en calorías, sumados a un estilo de vida cada vez más sedentario. La consecuencia es el incremento de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades de las articulaciones y algunos tipos de cáncer.

Ante la seriedad del problema, el gobierno de la república tomó acciones contundentes para tratar de revertir el creciente fenómeno:

1. México gasta 7 por ciento del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, sólo debajo de Estados Unidos que invierte 9 por ciento.

2. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, reformas al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad y al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Con las reformas México establece reglas de etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas no alcoholicas, incorporando prácticas internacionales para el diseño y suministro de información transparente a los consumidores.

Ahora es obligatorio calcular el contenido calórico de un producto y reportar el contenido energético total del producto para el caso de bebidas saborizadas, chocolates, botanas y productos de confitería.

Por otra parte, se establecen horarios en televisión y cine para restringir la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas que no cumplan con los estándares de calidad nutrimental.

3. Se restringió la venta en escuelas, de alimentos y bebidas poco nutritivos y con alto contenido de grasas, sales y azúcares, conocidos como alimentos chatarra y se hizo obligatoria la disponibilidad de bebederos en sus instalaciones, mediante modificaciones legales y reglamentarias.

Pero el presente documento tiene por objeto llamar la atención sobre otro problema de salud pública que se ha mantenido presente en la sociedad a lo largo del tiempo, y que por su aceptación social ha permanecido en un bajo perfil en los medios de comunicación, pero que no debe dejar de tener importancia para las autoridades en materia de salud y de prevención de adicciones, me refiero al alcoholismo.

De acuerdo con la OMS, México se encuentra en el lugar diez en consumo de alcohol en América Latina, con 7.2 litros de consumo per cápita por año.

Según datos de una encuesta de la firma Consulta Mitofsk, la edad promedio de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas es de 17.4 años; 16.8 años para los hombres y 18.3 para las mujeres. Y 22 por ciento de los mexicanos declaran consumir bebidas alcohólicas por lo menos una vez por semana, mientras que 18 por ciento declara hacerlo una vez por mes y 35 por ciento aún con menor frecuencia; una cuarta parte de la población declara no ingerir bebidas alcohólicas “nunca”.

Algunos estudios como el denominado Investigación social y cultural sobre el consumo del alcohol y el alcoholismo en México, del doctor Luis Alfonso Berruecos Villalobos, arrojan estos datos:

• El alcoholismo es el principal causante de accidentes con 70, 60 por ciento de los traumatismos.

• 80 por ciento de los divorcios están asociados al alcoholismo.

• 60 por ciento de los suicidios están vinculados con el alcoholismo.

• El alcoholismo representa 11.3 por ciento de la carga total de enfermedades.

• 38 por ciento de los homicidios en el país son cometidos por estar bajo los efectos del alcohol.

• 38 por ciento de los casos de agresión con lesiones, particularmente entre jóvenes de 15 y 25 años de edad, están relacionados con el consumo del alcohol y los accidentes ocupan la primera causa de mortalidad.

En el caso de las mujeres, según estudios de la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud:

• 9 por ciento de las mujeres entre los 18 y los 65 años de zonas urbanas beben 5 copas o más en cada consumo.

• 10 por ciento de las bebidas alcohólicas que se venden en México son consumidas por mujeres.

• Las mujeres mayores de 60 años de edad son el grupo más afectado, usualmente es población que empezó a beber en la juventud y continúa haciéndolo.

• Actualmente beben a la par que los hombres, lo que las pone en desventaja en cuanto a los riesgos a su salud, dado que cuentan con más grasa corporal impide que el alcohol se pueda diluir y por lo mismo son más vulnerables a la intoxicación con menores dosis de alcohol.

• 16.8 por ciento consumió bebidas alcohólicas durante su embarazo.

• En 7.4 por ciento la cerveza era la bebida de preferencia de mujeres que amamantaban a su hijo.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, señala:

• 32.8 por ciento de los mexicanos tiene un consumo alto de alcohol, es decir, más de 30 millones de personas.

• 6 por ciento de la población tiene dependencia.

• Aqueja a 10.8 por ciento de los hombres de entre 12 y 17 años y a 1.8 por ciento de las mujeres.

• Afecta a 4.1 por ciento de los adolescentes y 6.6 por ciento de los adultos, este índice aumentó significativamente entre los hombres de 2008 a 2011.

• 55 por ciento de los consumidores se inició antes de los 17 años, previo a la edad legal para poder comprar alcohol, el 39 por ciento entre los 18 y 25 años y solamente 5.9 por ciento después de los 25 años.

• Solamente 6.8 por ciento de los enfermos con dependencia reciben tratamiento. El rezago es mayor en las mujeres, hay 2.2 hombres con dependencia en tratamiento, por cada mujer en esta misma condición.

• Hay más bebedores en las regiones centro, que incluye a Guanajuato, Hidalgo, estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

De tal suerte es un tema de salud pública que merece atención permanente de los distintos órdenes de gobierno, de organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general.

En este sentido es importante destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de forma concordante el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece como meta establecer una política pública exitosa de prevención, protección y promoción, que deba incorporar no sólo acciones propias de salud pública, sino también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en términos de su responsabilidad respecto a comportamientos sexuales, actividad física, alimentación, así como de consumo de alcohol.

Pero es necesario ampliar las acciones de prevención y atención de este enfermedad más allá de la sola acción del gobierno de la república, para incorporar un esfuerzo de los estados y los municpios, que sea permanente y de alto impacto.

Por lo que el presente documento propone a esta soberanía exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno de la república y a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que emitan un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol, que coordine acciones permanentes en los tres órdenes de gobierno, en rubros como:

• La prevención del consumo temprano de alcohol.

• La disminución del alto consumo en la población de 12 a 65 años.

• La inclusión de atención de enfermos dependientes del alcohol en instancias del sector público.

• La puesta en marcha de una compaña específica para disminuir el consumo de alcohol en mujeres, especialmente en embarazadas y lactantes.

• La puesta en macha de una campaña específica de prevención y atención del alcoholismo en la zona centro del país, que incluya a los gobierno estatales y municipales.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno de la república y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, para que emitan un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol que coordine acciones permanentes en los tres órdenes de gobierno.

Segundo.Que dicho programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol contenga entre otras, acciones específicas para:

1. La prevención del consumo de alchohol a temprana edad.

2. La disminución del alto consumo en la población de 12 a 65 años.

3. La inclusión de atención a enfermos dependientes del alcohol en instancias del sector público.

4. La puesta en marcha de una compaña específica para disminuir el consumo de alcohol en mujeres, especialmente en embarazadas y lactantes.

5. La puesta en marcha de una campaña específica de prevención y atención del alcoholismo en la zona centro del país, que incluya a los gobierno estatales y municipales.

Referencias y sitios consultados

1. Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

2. Encuesta Nacional Contra las Adicciones 2011.

3. www.presidencia.gob.mx

4. www.senado.gob.mx

5. www.diputados.gob.mx

6. http://www.oecd.org/centrodemexico/

7. http://www.who.int/countries/mex/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, para dictamen.

IMPLEMENTEN UNA ESTRATEGIA DE IMPULSO TURISTICO SUSTENTABLE EN EL PROYECTO DENOMINADO “DESARROLLO PLAYA CACALUTA, ORGANO Y MAGUEY”

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales y de Oaxaca a implantar una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey, suscrita por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58  del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración el presente punto de acuerdo, conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el 25 de Marzo del año 2008,  fue anunciado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) el proyecto de desarrollo turístico “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey”.

Que la microcuenca Cacaluta, la cual es considerada como un humedal de importancia internacional y fue integrada al catálogo de sitios protegidos por la Convención Ramsar el 27 de noviembre de 2003, reconocida como sitio 1321 cuencas y corales de la zona costera de Huatulco, además de ser declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Que el proyecto en Cacaluta prevé también una subestación de 30 megavatios que construye la Comisión Federal de Electricidad, en respuesta a una petición que presentó el Fonatur en 2008.

Que la Fonatur señala que Huatulco cuenta con lotes para usos de suelo comercial de equipamiento hotelero, industrial, multifamiliar y espera ampliar la oferta turística e inmobiliaria con productos que resulten atractivos y de alto diseño constructivo.

Así mismo reza que es considerando una zona con excelentes vistas y amplio frente de playa que se comercializará a través de megalotes con servicios, con el fin de atraer a prestigiadas cadenas hoteleras e inmobiliarias para el desarrollo de villas y condominios, un campo de golf, una casa club, hoteles boutique, hoteles 5 estrellas, clubes de playa y comercios.

Que el proyecto “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey” concibe la construcción de cuatro mil 500 cuartos de hotel a pie de playa, así como el establecimiento de campos de golf, canchas de tenis y clubes de playa, entre otras instalaciones.

Que además del impacto ambiental la obra afectará sitios arqueológicos zapotecos de alto valor cultural y religioso en la bahía de Cacaluta, por la introducción de conexiones subterráneas de energía eléctrica.

Que el estado de Oaxaca se caracteriza por impulsar un turismo basado en la promoción de bahías de Huatulco y Puerto Escondido en base a los tres ejes para el desarrollo del turismo en el estado: conectividad, desarrollo de productos turísticos y promoción asertiva.

Lo anterior permite ubicar a Oaxaca  dentro de los primeros destinos con mayor crecimiento en el país, además de Veracruz, Puebla y Michoacán, gracias al esfuerzo de las acciones de promoción que se realizan a nivel local, nacional e internacional por parte del gobierno del estado.

Que conociendo el imprescindible valor económico que refiere el turismo para Oaxaca, así como que la región de Cacaluta alberga gran riqueza biológica, en la que destaca uno de los arrecifes más significativos del Pacífico mexicano.

Así como el gran valor natural, ecológico y paisajístico; en la parte baja de la región de Cacaluta, hay varios humedales que congregan abundante vegetación acuática y subacuática, condiciones que contribuyen durante el estiaje como fuente de agua para los animales; además de formar parte del sitio Ramsar 1321 y poseer un bosque tropical caducifolio con características únicas en el país, con especies arbóreas de entre 15 y 18 metros de alto.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), para que se modifique la idea original del proyecto “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey”, con la finalidad de impulsar una estrategia de ecoturismo que respete el medio ambiente y el equilibrio ecológico de la región.

Segundo.La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y al Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, para que implementen una estrategia de impulso turístico sustentable en el proyecto “Desarrollo Playa Cacaluta, Órgano y Maguey”.

Notas:

1 Según lo define la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se define a la convención Ramsar como el primero de los tratados modernos de carácter intergubernamental sobre conservación y uso sostenible de los recursos naturales, que está dedicado a un ecosistema, con disposiciones relativamente sencilla y general.

2 www.jornada.unam.mx/

3 www.fonatur.gob.mx/

4 www.noticiasnet.mx/

5 www.jornada.unam.mx/

6 www.oaxaca.gob.mx/

7 www.jornada.unam.mx/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para dictamen.

ARMONIZAR SUS LEGISLACIONES CON LOS TERMINOS DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos y congresos locales y la ALDF a armonizar sus legislaciones con los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita por las senadoras Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben senadoras de la República de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión Lisbeth Hernández Lecona e Hilda Esthela Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las legislaturas locales, a los titulares del gobierno federal y de las 32 entidades federativas a adoptar los términos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 3 de mayo de 2008, entró en vigor para México la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el principal objetivo de este tratado internacional es el de es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad inherente.

Para verificar, la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se creó el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad como un Órgano del Sistema de Naciones Unidas, conformada por expertos. En tal virtud, los Estados parte, deben presentar al Comité, por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones que dimanan del instrumento internacional en comento; así como los avances realizados a partir de su entrada en vigor.

En razón de lo anterior, México se vio en la necesidad de armonizar las leyes que atienden lo referente a las personas con discapacidad y poner en práctica políticas públicas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en la convención y abolir leyes, reglamentos, costumbres y prácticas constitutivos de alguna forma de discriminación.

Bajo esta tesitura, la regulación del derecho a la no discriminación se encuentra contenido en el artículo 1 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al referirse al principio de igualdad. Así mismo, se encuentra incorporado en el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en diversas legislaciones locales y en sus planes y programas de los que se deriva la instrumentación de políticas públicas concretas, en este caso, a favor de las personas con alguna discapacidad, tal y como lo prevé el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014, documento que establece como una de sus metas garantizar la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, lo que se logrará a partir de los trabajos que se realicen en el marco del Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018.

Sin embargo, la incorporación del principio de igualdad y la prohibición de la discriminación en diversos ordenamientos jurídicos no ha sido suficiente para prevenir y eliminar la discriminación de hecho o de derecho que prolifera en nuestro país. Como muestra de ello, los resultados generales de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, único referente estadístico sobre el tema de discriminación, indican que la misma afecta a gran número de personas por razones distintas, entre las cuales están diversas condiciones de vida y características de identidad.

En el caso particular, la ENADIS 2010 señala que las personas con discapacidad representan el 5.1% de la población en México; la discriminación en contra de ellas parte del supuesto de que son consideradas “anormales” o “incapaces”, por ese motivo, no pueden o no deben participar en la dinámica social. En consecuencia, las instituciones, la infraestructura, el transporte, la información, los servicios de salud, la educación, el empleo, los eventos culturales, etcétera; no están diseñadas para la participación de las personas con discapacidad, por lo tanto quedan excluidas del goce efectivo de sus derechos humanos.

En relación con lo anterior, la ENADIS 2010 indica que una de cada tres personas encuestadas considera que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad; así mismo, la población con discapacidad considera que la gente con mucha frecuencia no deja pasar en la fila a personas con discapacidad (55.5 por ciento) y que se estacionan indebidamente en lugares reservados (55.1 por ciento); 52.3 por ciento de las personas con discapacidad declaró que la mayoría de sus ingresos proviene de su familia, lo cual se complementa con el hecho de que 36.4 por ciento de este sector dijo encontrar difícil, muy difícil o que no puede realizar actividades del trabajo o escuela; para 33 por ciento los servicios de salud son suficientes porque le brindan la atención que necesita, lo que las coloca en situación de desventaja.

Aunado a los datos que anteceden, la ENADIS 2010 también afirma que en las regiones de Baja California-Baja California Sur, Chihuahua-Sinaloa-Sonora, Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas, Durango-San Luis Potosí-Zacatecas, Aguascalientes-Guanajuato-Querétaro y Campeche-Quintana Roo-Yucatán, la opinión de la población acerca de que en México no se respetan los derechos de las personas con discapacidad es menor al promedio nacional de 34 por ciento. En la región de Tabasco-Veracruz prevalece la opinión de que sí se respetan sus derechos, con lo que supera ampliamente el 28.2 por ciento del promedio nacional.

Por su parte, en las zonas metropolitanas, se señala en mayor proporción que los derechos de las personas con discapacidad sí se respetan en Torreón (35 por ciento) y León (29 por ciento), por encima del promedio nacional (28 por ciento). Mientras que en Toluca, Puebla-Tlaxcala, Juárez, Guadalajara y la Ciudad de México predomina la opinión de que no se respetan.

Tomando en consideración la situación que prevalece en nuestro país, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recomendado al Poder Legislativo desarrollar sus funciones desde una perspectiva transversal que permita proteger, garantizar y respetar la igualdad y no discriminación, así como los derechos humanos que gozan todas las personas, en el contexto de las obligaciones adquiridas a través de la firma y ratificación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; utilizando datos confiables y actuales sobre el tema para guiar la actuación legislativa en todos los niveles, debiendo incorporar un lenguaje incluyente y facilitar la adopción de medidas y ejecución de acciones para erradicar las desigualdades entre los mexicanos, que sin duda son de gran obstáculo para el desarrollo nacional.

Por otro lado, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó, mediante la formulación de diferentes cuestionamientos y a través del diálogo constructivo, el informe inicial de México en sus sesiones 145 y 146, celebradas el martes 16 y miércoles 17 de septiembre de 2014, respectivamente y se pudo vislumbrar que el comité observa con agrado las acciones realizadas por nuestro país, en materia de inclusión de las personas con discapacidad. El objeto de esta reunión, fue el de sostener un diálogo con México, respecto a la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a efecto de poder emitir las recomendaciones, que junto con las emitidas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, contribuyan a mejorar la aplicación de dicho instrumento internacional.

Nuestro país fue el segundo Estado examinado por el comité, se abordaron todos los artículos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dando especial atención a los temas relativos al cambio de paradigma sobre la discapacidad, del modelo médico al modelo social; participación de la sociedad civil en temas como toma de decisiones en la vida familiar y en el tema de autonomía; estado de las políticas públicas, ordenamientos, legislaciones, normativas, que estaban en proceso; estadísticas sobre trabajo, educación inclusiva, salud, casos de discriminación, sentencias, entre otras; mecanismo de monitoreo para el cumplimiento de las normas de accesibilidad; medidas que ha tomado el Estado para armonizar su legislación con los comentarios generales sobre capacidad legal y sobre accesibilidad; temas transversales como: mujeres, educación, seguridad social; medidas que ha tomado el Estado para implementar la convención a nivel Federal y estatal; así como discapacidad de personas pertenecientes a grupos étnicos y de quienes viven en zonas rurales de alta marginación.

De dicho ejercicio, resultó que es de celebrarse que el estado mexicano haya adoptado legislación y políticas públicas con el propósito de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad le preocupa que la legislación civil de algunas entidades federativas todavía contenga expresiones derogatorias para referirse a las personas con discapacidad y por lo tanto recomienda redoblar esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los estados federales eliminen terminología derogatoria de los derechos de las personas con discapacidad. Así mismo, el Comité no favorece que las organizaciones de personas con discapacidad en México, tengan limitada su participación en la implantación y seguimiento de la convención, por lo que recomienda mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas adecuadamente.

Ante este panorama, es necesario refrendar el mandato de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ello el Estado mexicano, a través del gobierno federal y de los gobiernos de las entidades federativas, debe tomar todas las medidas pertinentes, incluidas las legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. Asimismo, se debe sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, fomentando el respeto de sus derechos y dignidad.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de las 31 entidades federativas ya la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que realicen una labor de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eliminando de las legislaciones locales, toda aquella expresión derogatoria, utilizada para referirse a las personas con discapacidad.

Segundo. Se hace un atento exhorto al titular del Ejecutivo federal, a los titulares del Poder Ejecutivo de las 31 entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal, para que en el ejercicio de sus funciones, implementen mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad y con ello asegurar que sus opiniones sean consideradas adecuadamente en la implementación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil quince.— Senadoras: Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Esthela Flores Escalera (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores.

TIPIFIQUEN EN SUS CODIGOS PENALES, LOS DELITOS DE ROBO, FRAUDE Y FALSIFICACION DE VALES Y TARJETAS ELECTRONICAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos congresos locales a tipificar en sus códigos penales los delitos de robo, fraude y falsificación de vales y tarjetas electrónicos, suscrita por los diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez y Raymundo King de la Rosa, del Grupo Parlamentario del PRI

Los abajo suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pertenecientes a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan la proposición al rubro citado al tenor de las siguientes

Consideraciones

La creciente ola de violencia e inseguridad que aqueja al país, encuentra como uno de sus elementos generadores, el alto grado de impunidad de los delitos cometidos. Mientras no exista una sanción efectiva a estas conductas antisociales, los criminales seguirán cometiéndolas libremente; con las amplias ganancias y negativas consecuencias sociales por todos conocidas.

Otro elemento que facilita la comisión de delitos es la falta de un marco normativo que permita a las autoridades perseguir y sancionar las conductas que resultan nocivas para la sociedad en sus derechos y bienes; lo que a la larga se traduce en una falta de certeza para las inversiones y pérdida de competitividad de los estados para atraer y mantener dichas inversiones(Situación que más adelante se desarrollará con detalle).

En este contexto se encuentran los delitos que se cometen con los vales utilizados para el canje de bienes y servicios, en donde las empresas emisoras son objeto de falsificaciones, robos, fraudes y alteraciones con vales de papel; y recientemente a través de los dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica.

Como un elemento que refuerza lo anterior, es la Encuesta Nacional sobre Inseguridad del año 2010 que con datos estadísticos revela el alarmante crecimiento de la actividad delictiva en el país.

Dicha encuesta señala al robo como el delito de carácter patrimonial con mayor prevalencia, seguido por el de fraude; a lo que debemos agregar la falta de denuncia (que representa una importante cifra negra) derivado de la falta de confianza en las instituciones para cumplir el objeto para el que fueron creadas.

El vale y ahora estos nuevos dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica, constituyen el medio más adecuado y utilizado para otorgar a los trabajadores la ayuda de despensa; la cual es una de las más importantes prestaciones de previsión social y que representan un ingreso exento para los mismos, en los términos del artículo 25, fracción X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Los tipos de delitos que se cometen con los vales son:

a) Robo. Que ocurre en dos momentos:

• Los que sufren los clientes cuando acuden a recoger sus vales a las empresas emisoras.

• Los que se comenten directamente a las empresas emisoras en sus instalaciones o vehículos de mensajería.

Las empresas emisoras tienen documentados 250 casos en los últimos dos años por un importe de 15 millones de pesos. Sin embargo, no ha sido posible cuantificar los siniestros ocurridos a los clientes por parte de bandas organizadas que los esperan en los alrededores de sus centros de trabajo y los siguen hasta despojarlos de sus vales, ya que no presentan la denuncia correspondiente por temor a represalias o por desconfianza en el papel de la autoridad.

b) Falsificaciones. Este delito se realiza con mayor intensidad, ya que se pueden obtener grandes beneficios por parte de las bandas organizadas. Lo cual ha originado que las personas morales autorizadas para ello inviertan una gran cantidad de recursos en el desarrollo e implementación de medidas de seguridad como son: tintas especiales, papel seguridad, grabados, troquelados, entre otros.

No obstante lo anterior, como se dijo, en años anteriores, cinco empresas sufrieron algún tipo de falsificación superando los 1.5 millones de pesos en pérdidas por estos ilícitos.

c) Fraude.No sólo las empresas se han visto afectadas por este tipo de ilícito. Adicionalmente, los falsificadores distribuyen y en algunos casos comercializan los vales en los alrededores de tiendas comerciales aprovechándose de la buena fe de las personas al venderles un vale a un precio menor al de su valor nominal. Una vez adquirido y al llegar a la caja con sus productos, les informan que los vales son falsos y por ello no se los pueden aceptar.

Problemática

Con las acciones mencionadas, se ha defraudado frecuentemente a amas de casa o trabajadores que se quedan sin dinero y sin su despensa, muchas veces, la de todo un mes; ya que impunemente son engañados al pagar por algo que no tiene valor.

Otros afectados por las falsificaciones y fraudes, son los establecimientos afiliados al sistema que realizan el canje de bienes y servicios, pero al final, son las empresas emisoras las que tienen que responder a totalmente por la recepción de estos vales falsificados o utilización de dispositivos electrónicos, so pena de que los establecimientos –como las grandes cadenas comerciales y tiendas departamentales– ya no los reciban.

Ante el crecimiento de este tipo de conductas antisociales, las grandes cadenas o tiendas de autoservicio –sobre todo en entidades como Tabasco, Quintana Rooen el sur del país; Tlaxcala y San Luis Potosíen el centro y bajío respectivamente– han expresado su intención de no recibir más los vales y tarjetas como medio de canje de bienes y servicios.

De concretarse lo anterior, sería en perjuicio no sólo de las empresas emisoras, sino también de miles de trabajadores que por medio de esta prestación social -como son los vales y ahora las tarjetas electrónicas- complementan su canasta básica y hacen su despensa en este tipo de establecimientos; lo cual sería en agravio de miles de familias.

Si bien, los códigos penales de las entidades antes señaladas contemplan los delitos de robo, fraude y falsificación, no existe una definición clara de la naturaleza jurídica de lo que es un “vale”, por lo cual, considera sería un gran avance el hecho de que en la legislación quedara plasmado y sirviera como un referente obligado para la interpretación o cualquier efecto jurídico “erga omnes”; por tener una naturaleza jurídica distinta a la de los títulos de crédito como son el pagaré o cheque, ya que los vales –por ejemplo– no son endosables o autónomos como aquellos; por lo que no se ajusta o “encuadra” en el tipo penal preexistente.

Ante la ausencia de una tipificación concreta de las conductas que tienen que ver con la producción, impresión, enajenación, distribución, alteración, y falsificación, robo y fraude de vales de papel o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales utilizados para canjear bienes y servicios, resulta necesario establecer como medida de política criminal, el calificar las conductas; lo que permitirá darle una mayor punibilidad. Recordemos la máxima de derecho que sine pena sine lex(No hay pena sin ley) ya que el derecho penal debe ser en “estricto sensu”.

Por ello, es necesario que el legislador local –por tratarse de delitos del fuero común– realice una modificación a la normatividad sustantiva penal que atienda un problema que impacta y pude impactar aún más, a empresas mexicanas y a las familias de trabajadores que reciben esta prestación.

Antecedentes y derecho comparado

Es prudente comentar que esta mismaComisión Permanente del Congreso de la Unión emitió el 29 de junio de 2011 un atento exhorto en el mismo sentido de la propuesta que se presenta; sólo que a los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas. De estos, sólo el estado de San Luis Potosí no atendió el exhorto para reformar su código.

Efectivamente, con el fin de proporcionar a los señores legisladores de esta Cámara de Diputados mayores elementos para la toma de decisiones, se consultó la Gaceta Parlamentaria en cuestión que contiene el dictamen aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del cual recogemos dos párrafos que son de particular interés y que fue considerado también en la presente propuesta:

“Asimismo el agente del Ministerio Público, al integrar los elementos necesarios para la averiguación previa por la comisión de un delito, ya sea de acción u omisión, necesita cuadrar exactamente la conducta realizada por quien delinque al tipo penal, es decir a la ley, no obstante que éste también puede allegarse de elementos de valoración cultural, de no encontrarse una valoración jurídica adecuada.

Igualmente es menester del legislador coadyuvar en la procuración e impartición de justicia, creando normas claras y concisas, allanando en todo lo posible la responsabilidad del Ministerio Público en su encomiendo constitucional de administración de justicia, dotándolo de leyes claras y concisas, no dejando lugar a las lagunas jurídicas.”

Cabe señalar que las prestaciones de previsión social tienen como finalidad proporcionar a los trabajadores y a sus familias la satisfacción de sus necesidades esenciales y la posibilidad de superación del nivel de vida.

Las ayudas de despensa constituyen, como bien sabemos, una conquista laboral y representa hoy en día, la prestación más apreciada por los trabajadores ya que los beneficios que de ella obtienen son inmediatos.

Surgida en losaños 60 otorgaba en un principio solamente despensas físicas. Posteriormente, y dado que el número de trabajadores fue creciendo, el manejo de despensas físicas complicaba su distribución, lo cual dio origen a la introducción de los vales de despensa como el medio más adecuado para dar esta prestación; ya que permite a los trabajadores decidir dónde canjearlos y por los artículos que más le convengan o necesite.

Esta prestación de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mejora el poder adquisitivo familiar, pues los trabajadores dedican a la compra de alimentos 34 por ciento de su gasto total; por lo que es una de las más apreciadas por los trabajadores, ya que la recibe periódicamente y está destinada a la familia.

Es un hecho, que las prestaciones de previsión social complementan el sueldo que reciben los trabajadores, y que tan sólo el recibir vales de despensa hace que una persona física o moral cuenta con mayores recursos económicos al estar exenta como lo estable la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y contribuyen a paliar los efectos inflacionarios en los bienes de consumo de primera necesidad como de la canasta básica.

Cabe señalar que los vales o tarjetas son en su mayoría utilizados en establecimientos como tiendas de abarrotes, carnicerías, panaderías, farmacias, mercados, cadenas de autoservicios, tiendas gubernamentales y sindicales, e incluso para el pago de gasolina.

Concretamente, se habla de aproximadamente 305 mil 526 familias las que estarían en riesgo de perder esta prestación; este dato sacado con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al 31 de diciembre de 2013 (Fecha en que se dio la última publicación oficial) en donde se estima que la tercera parte de los trabajadores dados de alta ante el instituto reciben vales o similares; conformándose de la siguiente manera:

Si a esto se agregan las estimaciones del Inegi de que una familia está compuesta en promedio por cuatro integrantes, estaríamos hablando de un universo de un millón 222 mil 109 personas susceptibles de ser afectadas.

El sector dedicado a la emisión de vales y medios electrónicos en forma de tarjetas para el intercambio de bienes y servicios se ha visto gravemente afectado en su actividad, debido a la proliferación de conductas ilicititas como son el robo, fraude, falsificación y alteración que les implican pérdidas económicas considerables, poniendo en riesgo fuentes de empleo; demanda acciones en contra de esta situación.

Un elemento que sustenta este hecho, es la primera Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, elaborada por el Inegi reveló que en 2014, un millón 310 mil empresas que representan 33.6 por ciento del total nacional fueron víctimas de 2 millones 524 mil 229 delitos.

Lo cual les causó pérdidas económicas por 115 mil 200 millones de pesos equivalentes a 0.75 por ciento del producto interno bruto.

Otro elemento que debe orientar el criterio de esta soberanía para aprobar el punto de acuerdo puesto a consideración, es el relativo a la pérdida de competitividad. El Índice de Competitividad Mundial 2014-2015 elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en el que se observa que México cayó seis lugares en su nivel de competitividad derivado de la creciente inseguridad y violencia que se registra en el país; pasando del lugar 55 el año pasado al 61 en este.

No escapa tampoco, la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: noviembre de 2014,publicada apenas el 2 de diciembre del mismo año por elBanco de México,aplicada a 30 grupos de análisis y consultoría económica.

En la encuesta figura un cuadro con la distribución de las respuestas de los analistas consultados por el Banco de México, en relación a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México en los próximos meses.

En dicho cuadro, los especialistas consideran que los principales factores son, en orden de importancia: La debilidad del mercado externo y la economía mundial; la inestabilidad financiera internacional; la ausencia de cambio estructural en México; y, los problemas de inseguridad pública.

Asimismo, los resultados sobre la percepción que tienen los analistas respecto al entorno económico actual se aprecia que:

• En relación con la encuesta anterior, disminuyó la proporción de analistas que considera que el clima de negocios en los próximos seis meses mejorará, al tiempo que aumentó el porcentaje de analistas que considera que empeorará.

• El porcentaje de analistas que afirma que la economía no está mejor que hace un año es el preponderante y se mantuvo sin cambio en relación a la encuesta anterior.

• La proporción de analistas que considera que la coyuntura actual es un buen momento para realizar inversiones disminuyó en la encuesta de junio, en tanto que el porcentaje de analistas que considera que es un mal momento aumentó.

Como se puede observar, entre los principales factores mencionados por los analistas que limitan el ritmo de la actividad económica y que se aplican a la presente proposición, están la inseguridad pública y la ausencia de cambios estructurales.

Entre las medidas que los consultores identificaron como necesarias para alcanzar mayores niveles de inversión se encuentran: reforma fiscal; reforma laboral; reforma del sector energético; mejorar el marco regulatorio, mayor desregulación y facilitar la competencia, mejorar la seguridad pública y abatir las lagunas jurídicas existentes en diversos rubros.

Sobre este último punto y que es del ámbito legislativo, consideran los analistas que es imperativo cubrir dichas lagunas, pues con ello la actividad económica tendría mayor certeza en su realización y se incentivaría su crecimiento; algo que los congresos de los estadios a quienes está dirigido esta propuesta debieran tomar en cuenta.

Por lo tanto, es menester que el legislador local reflexione no sólo en razón de los daños que en materia económica se ocasionan a las empresas, a la economía familiar de miles de trabajadores y a la pérdida de competitividad en sus estados. Esto último, por la inseguridad e incertidumbre para invertir que genera a la comunidad empresarial, la falta de un marco normativo adecuado.

Por lo que una de las formas en las que el Poder Legislativo estatal puede contribuir para alcanzar un mayor desarrollo económico y mejorar las inversiones en sus entidades, es con el abatimiento de las lagunas legales que se presentan sus códigos punitivos.

Por otra parte, si los Congresos locales tienen a bien realizar las adecuaciones a sus marcos normativos, se estaría también contribuyendo a la adecuada instrumentación de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2011, pues al garantizarse y protegerse el libre acceso a la canasta básica por medio de los vales se da pauta al cumplimiento del objeto primordial de esta ley y a su efectiva realización en el ámbito estatal, que es el de:

“... promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.”

Sobre este aspecto se hace un respetuoso llamado a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Yucatán para que conscientes de la realidad y de los datos estadísticos que se proporcionan, otorguen elementos claros que posibiliten el acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de los trabajadores; con lo que en buena medida, va en sintonía con la reforma constitucional en la materia y que plasma la obligación del Estado de garantizarla.

Como otro elemento que permita normar el criterio de los legisladores federales para la aprobación de la presente proposición es la revisión de la legislación penal en las diferentes entidades federativas del país; dando como resultado que 18 entidades han modificado sus correspondientes códigos penales en el sentido que nos ocupa y que a continuación se señalan:

Algo que sin duda debe llamar la atención a los integrantes de esta Comisión Permanente, es que en la revisión de los dictámenes o diarios de los debate de los congresos que han reformado sus códigos penales coincidentes con la materia que nos ocupa; dichas modificaciones han sido aprobadas por unanimidad –como recientemente se puede observar en el caso de Veracruz– sin importar el predominio de signo partidista que en algunos congresos impera o imperó.

Lo anterior, nos demuestra que es un tema en el que se pueden generar consensos y acuerdos por el fin que se persigue, alejado de cualquier consideración política.

En síntesis el punto de acuerdo que se pone a consideración propone tiene como objeto que las legisladores locales doten a sus autoridades de mejores y mayores herramientas que permitan la persecución, sanción y disminución de las conductas antisociales, ampliamente referidas; y que como lo señaló en su momento la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el año 2011 “...es menester del legislador coadyuvar en la procuración e impartición de justicia, creando normas claras y concisas, allanando en todo lo posible la responsabilidad del Ministerio Público en su encomiendo constitucional de administración de justicia, dotándolo de leyes claras y concisas, no dejando lugar a las lagunas jurídicas”.

De prosperar en el ámbito local las reformas planteadas, estas coadyuvarán a:

• Evitar pérdidas patrimoniales a empresas emisoras.

• Salvaguardar la prestación de más de 305 mil 526 familias.

• Preservar la ayuda complementaria para la canasta básica de las familias trabajadoras.

• Fortalecer el comercio formal.

• Es una forma de combatir a la delincuencia.

• Dar certeza a las inversiones.

• Evitar pérdida de competitividad de la entidad.

• Defender el poder adquisitivo de los trabajadores que impacta directamente su nutrición.

• Armonizar el marco normativo local con la recientemente publicada reforma constitucional en materia de alimentación así como con una ley de carácter federal como es la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que laComisión Permanente del Congreso de la Unión, a través de su Mesa Directiva, emita un atento y respetuoso exhorto a las legislaturas locales de San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo, para que en el ámbito de su competencia, reformen sus correspondientes códigos penales entorno a los delitos que se cometen con vales y dispositivos electrónicos en forma de tarjetas que ponen en riesgo la prestación social que reciben miles de trabajadores para complementar su canasta básica en dichas entidades; y que ponen en riesgo a empresas mexicanas. Como una forma más de contribuir a combatir la inseguridad e impunidad que se vive con mayor intensidad en algunas zonas del país.

Notas:

1. Fuente: Encuesta realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C., 2010.

2. Gaceta Parlamentaria No. 17 correspondiente al segundo receso de la LXI Legislatura.

3. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de diversos estados, modifiquen sus códigos penales para que tipifiquen los delitos de robo, fraude y falsificación teniendo como medio comisivo los vales utilizados para el canje de bienes y servicios, a fin de dotar a las autoridades de instrumentos que permitan perseguir y sancionar este tipo de conductas antisociales. Gaceta del Senado, Miércoles 29 de Junio de 2011.

4. César Castro, director del Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México y Oliver Ambía, académico del Tecnológico  de Monterrey, coincidieron en que la inseguridad es uno de los principales problemas que limitan la competitividad e inhiben la inversión en México. Excelsior, sección finanzas, junio de 2013.

5. Cuadro 14, página catorce del documento en cita.

6. Cuadro 15, página quince del documento en cita.

7. Artículo 1°. Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores.

8. Diario Oficial de la Federación, 13 de octubre de 2011.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 28 de enero de 2015.— Diputados: Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para dictamen.

REDISEÑAR EL PROGRAMA DE ECOBICI

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a rediseñar el programa Ecobici, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el punto de acuerdo de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

En México, entre 70 y 80% de los viajes no se realizan en automóvil (ONU-Habitat, 2011), no obstante la mayor parte de la regulación e inversión en movilidad no se canaliza al transporte público, ni a infraestructura para bicicleta, ni para facilitar los viajes peatonales (2012). En términos de gasto público sólo el 22% del gasto dedicado al transporte se invirtió en transporte público y no motorizado, mientras que el 66% se destinó a la construcción de infraestructura enfocada en el automóvil.

En el Distrito Federal habitan más de ocho millones de personas, la capital del país es el centro político, académico, económico y cultural de México, es entendible que una urbe de estas dimensiones presente retos importantes en temas como: infraestructura, servicios, transporte y calidad de vida.

Uno de los retos más importantes del Distrito Federal, es el tema de la movilidad y el transporte, de acuerdo con datos de la Secretaria de Transportes y Vialidad del DF (Setravi) el número de viajes metropolitanos (aquellos que cruzan el límite entre el DF y el Edo. México asciende a 4.2 millones por día, la longitud de la red vial en el Distrito Federal rebasa los 10 mil kilómetros, datos que dan cuenta del reto en el tema de la movilidad.

El 16 de febrero de 2010 se puso en marcha la primera fase del programa EcoBici, en la cual se dio servicio a las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte, Hipódromo Condesa y Condesa, a través de 85 ciclos estaciones con 1,114 bicicletas.

Las 85 cicloestaciones se encuentran distribuidas con una distancia máxima de 300 metros entre una y otra, y localizadas en puntos estratégicos.

El 29 de octubre de 2011, se ampliaron los alcances del programa con una segunda fase que comprende el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sumaron 5 cicloestaciones más y 12 se reubicaron sumando un total de 90.

Una tercera ampliación del servicio se cumplió 2011, que abarcó las zonas de Polanco y otras. A la fecha se cuenta con 4,000 bicicletas dentro del sistema.

Es un sistema automatizado, en el que los usuarios pueden acceder a las bicicletas ubicadas en cada ciclo estación a través de un sistema de afiliación basado en una tarjeta que los identifica como usuarios registrados.

Los requisitos para poder acceder al programa son ser mayor de 16 años y contar con una tarjeta de crédito o débito para realizar el pago de la inscripción anual, lo que limita el acceso al sistema.

El 15 de diciembre de 2010 se anunció que también podrán asociarse los cargos del servicio a la cuenta domiciliaria de servicio telefónico del usuario (Telmex) con la finalidad de facilitar la población el acceso al programa, sin embargo a través de esta forma de pago,  el costo anual  ($400.00) se incrementa en un 150% al tener que cubrir $660 pesos extras por utilizar este medio de pago, lo cual, además, beneficia a una de las empresas monopólicas de México.

El servicio de EcoBici es operado por Clear Channel Outdoors y el Gobierno del Distrito Federal. Si el sistema no registra de forma adecuada la devolución existen cargos de hasta 5,000 pesos (cargados de forma automática) lo cual ha tenido como consecuencia críticas y denuncias por parte de los usuarios.

A la fecha dicho sistema abarca las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, exclusivamente  y cubre 19 colonias, lo que representa una cobertura del 16% del total de colonias de dichas delegaciones y una cobertura del 13% del total de delegaciones en el Distrito Federal.

En 2013 estaban registrados 95,780 usuarios lo que solo representa el 1.1% del total de habitantes de la Ciudad de México, y el 0.7% si se toma en cuenta la población flotante que trabaja en el Distrito Federal que es de alrededor de 5,000,000 de personas (población flotante).

El uso de bicicleta como medio de transporte representa únicamente el 1% del total de los medios de trasporte utilizados en la Ciudad de México. Al ser un programa tan restringido en su cobertura, se vuelve discriminatorio para 14 delegaciones lo que obliga a los habitantes a utilizar medios de transporte contaminantes, al no tener opciones de movilidad a través de bicicletas.

Dicho programa se convierte en un programa elitista al circunscribirse a dos delegaciones y colonias con poder económico medio-alto y con requisitos de inscripción que no están al alcance de las mayorías, lo que deja a un lado a más de 7 millones de habitantes y 14 delegaciones del Distrito Federal.

Para garantizar un transporte sustentable de largo plazo se requiere un cambio de hábitos y costumbres entre los ciudadanos: pasar de una ciudad en donde se privilegia el uso del automóvil particular a una centrada en la movilidad no motorizada y el transporte público.

Para lograr esto la educación es un factor determinante. Se necesita crear conciencia de los costos sociales que genera el uso excesivo del automóvil y promover los beneficios de las soluciones y opciones de movilidad, como el transporte público, la bicicleta y la caminata. Tanto la educación como la promoción del uso de estos medios deben ampliar y reforzar la comprensión del problema de movilidad en la ciudad, lo que permita a su vez fomentar un análisis crítico sobre la sostenibilidad de diferentes estilos de vida.

Asimismo es necesaria una educación que promueva el respeto en la convivencia de los automóviles, el transporte público, los peatones y los usuarios de bicicletas, que dé seguridad a todos los actores que se movilizan en la Ciudad de México y su área metropolitana.

De acuerdo con el estudio “Políticas públicas destinadas a reducir el uso del automóvil” realizado por Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés) gracias al respaldo de la Embajada Británica en México y al Fondo de Prosperidad (1), se requiere, entre otras muchas acciones:

Cambiar o impulsar modos de transporte más eficientes como el transporte no motorizado (caminar o uso de la bicicleta) y el transporte público (autobuses, sistema de Metrobús y Metro, entre otros). Esta estrategia es fundamental para reducir el uso del Instrumentos de planeación e incluyen todas las medidas enfocadas en la planificación del crecimiento urbano y su infraestructura.

Estos instrumentos ayudan a reducir la necesidad de viajar, reducir la duración de los viajes y hacer que sea más seguro y más fácil para las personas poder acceder a puestos de trabajo, a instalaciones de ocio y servicios e ir de compras mediante el uso de transporte público, caminando o usando la bicicleta.

Entre estos instrumentos destacan la redensificación, usos de suelo mixto, planeación orientada al transporte y planeación libre de automóviles. Así como la provisión de transporte público y no motorizado, escolar, laboral y sistemas públicos de bicicletas.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a rediseñar el programa de EcoBici, con el fin de ampliar la cobertura del mismo y garantizar que el uso de la bicicleta sea seguro para los usuarios y los peatones, de tal forma que sea posible captar un mayor número de usuarios y contribuir la movilidad en la Ciudad de México, desincentivando la utilización del automóvil.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal a instrumentar un programa intensivo de educación vial, para armonizar la convivencia entre los automovilistas, conductores de transporte público, peatones y ciclistas, mediante el cual se establezcan normas básicas para lograr en el menor tiempo posible  una movilidad segura, ecológica y sustentable, para los habitantes de la Ciudad de México.

Nota:

(1) Estudio “Políticas públicas destinadas a reducir el uso del automóvil” realizado por Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 28 de enero de 2015.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

INFORME A ESTA SOBERANIA SOBRE LAS REPARACIONES DE LA LINEA 12 DEL METRO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al GDF a informar a esta soberanía sobre las reparaciones de la línea 12 del Metro, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en el marco de sus funciones, y a través de la Secretaría de Obras y Servicios de la entidad, informe a esta soberanía nacional sobre las medidas y protocolos que se implementaran para garantizar que las reparaciones de la Línea 12 cumplan los estándares de seguridad internacionales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A más de diez meses del cierre parcial de la denominada línea Dorada del Sistema de Transporte Colectivo Metro, las fallas no han sido resueltas ni tampoco hay fecha cierta para ello, peor aún, la falta de transparencia, simulación e informes ambiguos, siguen siendo una constante que se presenta en detrimento de miles de usuarios, peatones y automovilistas.

Desde su apertura, en octubre de 2012, la línea 12 se ha distinguido por irregularidades entre las que se encuentran retrasos en los traslados e imperfectos, hasta cuestiones mayúsculas como el incumplimiento de estándares de seguridad internacional, situación que pone en riesgo la seguridad de la población.

Debido a los alcances de las omisiones e ilícitos por los que se dio el cierre de 11 de las 20 estaciones que la integran, prácticamente todos los sectores de la población se han inconformado por la opacidad e impunidad inherente a este proyecto que lejos de traducirse en beneficios para la ciudadanía, hasta el momento sólo se traduce en un servicio deficiente y ausencia de soluciones efectivas.

Ante este contexto, a través de diversas acciones e instancias tanto legisladores y dependencias, como la sociedad en general, cada uno desde sus respectivos ámbitos, han promovido diferentes recursos para que los responsables respondan por sus acciones u omisiones, y por supuesto para resolver los conflictos hasta ahora generados, sin embargo, no ha habido respuestas favorables.

En este sentido, el Senado de la Republica ha sido y sigue siendo una de las principales instancias defensoras de la población afectada por las deficiencias en la línea 12, así como por el mal uso, destino y ejercicio de recursos públicos en su construcción, mantenimiento y reparaciones permanentes. Al efecto, si bien dependencias como la Contraloría General del Distrito Federal ha manifestado que debido a la naturaleza de las acciones, es evidente la responsabilidad de diversos funcionarios, también lo es que los mismos no han recibido ni penas ni sanciones acorde a los bienes jurídicamente afectados.

Esto ha tenido múltiples consecuencias, en primer lugar ha contribuido a que gradualmente este medio de transporte deje de ser concebido como uno -rápido, limpio, seguro y económico-, y en segundo lugar, que por el contrario, actualmente sea considerado por los usuarios como -lento, incomodo, inseguro e incluso sucio-.

En este sentido, aunado a las múltiples irregularidades propias de la obra emblemática de la última administración del Distrito Federal y ante los resultados insuficientes, en días recientes se dio a conocer incluso cambiando los 30 trenes de esta línea, el desgaste ondulatorio no se resolverá por completo, ante lo cual las empresas certificadoras han recomendado cambiar todos los trenes.

Al efecto, es importante precisar que el análisis respectivo se hizo a partir de los resultados obtenidos en las pruebas llevadas a cabo por la empresa Systra en el tramo elevado de la línea Dorada, en agosto de 2014. Asimismo, la propia certificadora propone como alternativa un cambio de material, a la letra señala que: “posibilidad de cambiar el material rodante con una configuración de tren adecuada a la línea 12 del Metro de la Ciudad de México”.

En relación a la posibilidad de hacer cambios a los trenes para mejorar su inscripción con el trazo de línea, de manera textual refiere que: “No resolverá el desgate ondulatorio ni los esfuerzos generados sobre la vía en radios de curvas pequeñas, sólo mitigará de forma paliativa el acelerado desgaste”.

Por último, Systra y TÜV Rheinland Services México coinciden en que los trenes construidos por la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, con valor por mil 588 millones 152 mil 500 dólares, impide que esta operación sea costeable en virtud de que la configuración actual de los trenes tiene un costo de mantenimiento fuera de lo usual e inaceptables.

Lo anterior se agrava con el hecho de que la propia empresa Systra ha señalado que aunque los parámetros originales de diseño hacen que los trenes puedan operar con seguridad, el índice de riesgo de descarrilamiento está al límite de lo aceptado, el cual a su vez ha sido calificado como “elevado”, respecto al valor máximo de la norma.

Es menester señalar que las fallas e irregularidades referidas no son exclusivas de la línea 12, sino que más bien responden a una generalidad que impera en toda la red de transporte colectivo metro. Aún con el incremento en su tarifa, el servicio lejos de mejorar, de acuerdo con testimonio de usuarios y las constantes afectaciones al tránsito vehicular en calles y avenidas aledañas a las instalaciones de las 12 líneas, su funcionamiento dista de ser aceptable.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, pero sobre todo, de los mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de la población de la entidad, de ahí lo importante del presente asunto.

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que en el marco de sus funciones, y a través de la Secretaría de Obras y Servicios de la entidad, informe a esta soberanía nacional sobre las medidas y protocolos que se implementaran para garantizar que las reparaciones de la Línea 12 cumplan los estándares de seguridad internacionales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 28 días del mes de enero de dos mil quince.— (Rúbrica).»

Se remite a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Senadores.

PROMOVER LA CONCIENTIZACION AMBIENTAL Y SU INTEGRACION EN LOS PLANES DE ESTUDIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y estatales a promover la concienciación ambiental y su integración en los planes de estudio, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República; y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus facultades fortalezca e intensifique las campañas de concientización ambiental en el país, asimismo, a la Secretaría de Educación Pública y a las correspondientes de los estados y el Distrito Federal, para que promuevan en los planes de estudio la educación ambiental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La sustentabilidad ambiental es uno de los desafíos a los que nos enfrentamos como país, esto queda de manifiesto ante el panorama que se da en algunas localidades de México, marcada por la escasez de agua, pérdida de bosques y biodiversidad, lo cual hace evidente la necesidad de generar conciencia social frente a estos problemas y fortalecer las acciones de gobierno en la materia.

Ante este escenario, los legisladores del PRI consideramos como prioritario impulsar la educación ambiental en México, con la finalidad de generar actitudes y valores responsables con el medio ambiente y criterios de sustentabilidad ecológica y equidad social. Estamos seguros que es uno de los aspectos educativos necesarios para crear actitudes de respeto a la vida y a la naturaleza.

Para que nuestro país siga transitando hacia la sustentabilidad, es necesario que autoridades federales estatales y municipales de manera coordinada implementen una estrategia integral de educación que promueva conocimientos, valores y actitudes responsables sobre el medio ambiente.

Las acciones ejecutadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la presente administración, como el Programa de Subsidios a Proyectos de Educación Ambiental, Subsidios para Proyectos de Educación Ambiental y el Programa de Mitigación y

Adaptación del Cambio Climático, son un gran avance, sin embargo, estamos convencidos de que es necesario fortalecerlas, para seguir promoviendo la participación de los mexicanos.

En el mismo sentido, la Secretaría de Educación Pública ha realizado esfuerzos importantes, entre las que destaca establecer como optativa la educación ambiental en distintos niveles educativos e incorporar el tema en los libros de texto de preescolar, primaria y secundaria, estas acciones contribuyen a fortalecer una cultura ambiental en las escuelas de zonas urbanas y rurales de México.

Celebramos que exista una coordinación clara entre la Semarnat y la SEP en relación a esta materia, lo cual se traduce en programas concretos, como el Programa de Certificación Ambiental de Escuelas o “Escuela Verde” con el que se promueve que los espacios educativos diseñen planes de gestión ambiental con la participación de la comunidad educativa.

Otro ejemplo es el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, a través del cual se elaboran e instrumentan distintas estrategias, programas y proyectos para impulsar una cultura ambiental; estos esfuerzos, se reflejan en comportamientos de la ciudadanía a favor del medio ambiente y propician el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.

Es importante mencionar que el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable orienta sus acciones al ámbito de la educación formal para generar nuevas formas de intervención educativa a través del trabajo colaborativo.

Lo anterior es necesario para preservar, bosques, humedales, selvas, pastizales y mares, junto con sus más de 2 mil 545 especies marinas y 200 diferentes especies de vertebrados endémicos, y urgente para acrecentar los 25 millones 387mil 900 hectáreas enmarcadas en 176 áreas naturales protegidas -67 áreas son parques nacionales es decir el 38 por ciento, 41 reservas de la biosfera que representan un 23 por ciento, 37 áreas de protección de flora y fauna que asciende a un 21 por ciento, 18 santuarios con el 10 por ciento, 8 áreas de protección de recursos que representa un 5 por ciento y 5 monumentos naturales con el 3 por ciento.

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la difusión de diferentes acciones que inculquen en las generaciones presentes y futuras la preservación de nuestro planeta.

Por lo anteriormente expuesto, acudimos a esta asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus facultades fortalezca e intensifique las campañas de concientización ambiental en el país, asimismo, a la Secretaría de Educación Pública y a las correspondientes de los Estados y el Distrito Federal, para que promuevan en los planes de estudio la educación ambiental.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 28 de enero de dos mil quince.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Senadores.