PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 9 de diciembre de 2014, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados (*)

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea que los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 9 de diciembre de 2014 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, de la Sedesol, del Inapam y del DIF, para que promuevan y difundan la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que a través del SAT, establezca un mecanismo de excepción en el régimen de incorporación fiscal cuando se trate de pequeños comercios, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, realicen los trabajos necesarios para que se dé la transición planteada por el Ejecutivo federal, en materia de combate a la corrupción, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, para investigar y perseguir el asesinato de Erika Cassandra Bravo Caro, ocurrido en el municipio de Uruapan, Michoacán, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, y se exhorta a las autoridades correspondientes a que den celeridad a las investigaciones que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce las acciones que ha hecho el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en materia de infraestructura aérea, en especial la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF y a la PGJDF, a emprender diversas acciones relacionadas con la actuación policial los días 08 y 20 de noviembre en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, así como a hacer públicos los pormenores de la renuncia del ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.»

PROMUEVAN Y DIFUNDAN LA CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SE, la Sedesol, el Inapam y el DIF a promover la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Elvia María Pérez Escalante, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el año de 1982, los adultos mayores son homenajeados en todo el mundo, luego de que tuvo lugar la primera Asamblea Internacional de la Organización de la Naciones Unidas dedicada al envejecimiento.

En ese mismo año, la ONU decretó el mes de agosto para conmemorar la vejez a nivel mundial.

En México se celebró a los adultos mayores, por primera vez, en 1983. En ese año, la celebración denominada “Día del Anciano”, se llevó a cabo en la Ciudad de México. Al año siguiente la celebración se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León.

Más adelante, en 1998, se instituyó en todo el país, el 28 de agosto de cada año para conmemorar el “Día del Anciano”.

El 25 de junio de 2002, al ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la conmemoración en honor a las personas mayores cambió su nombre, llamándose desde entonces “Día Nacional del Adulto Mayor”.

Dicha ley contribuyó a la conceptualización más adecuada de la terminología, de tal manera que resultara respetuosa y apropiada para referirse a las personas que han cumplido sesenta años o más y que son objeto de la tutela y protección de ley.

Este ordenamiento legal antes citado, en su Título Quinto, dio creación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), como organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con la misión de ser rector de la política nacional a favor de este importante sector de la población en México.

Cabe destacar que el antecedente directo del INAPAM, corresponde al Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), creado por decreto presidencial el 22 de agosto de 1979, como organismo público descentralizado, cuyo objeto se centró en proporcionar atención integral a las personas de edad avanzada en toda la República.

Actualmente, el INAPAM mantiene un compromiso constante para la promoción de los derechos de los adultos mayores, con la finalidad de procurar su bienestar.

A nivel internacional, la celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas, se denomina: “Día Internacional de las Personas de Edad”, teniendo como antecedente, desde el año de 1982 en que se decretó conmemorar, el mes de agosto, como el mes internacional de la vejez.

Para promover mejoría en las condiciones de vida de los adultos mayores, el 14 de diciembre de 1990, la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, eligió el día primero de octubre para celebrar el “Día Internacional de las Personas de Edad”, en seguimiento a iniciativas como el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, aprobado por la ONU.

Tanto el “Día Internacional de las Personas de Edad” como el “Día Nacional del Adulto Mayor” en México, tienen por objeto reconocer la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo en todos los ámbitos del quehacer humano.

El lema del Día Internacional de las Personas de Edad es: “No dejar a nadie atrás: promoción de una sociedad para todos”.

Lo anterior nos permite advertir que, direccionar la celebración del Día del Adulto Mayor exclusivamente a los abuelos, es una forma de discriminación, que tuvo origen a iniciativa de un locutor de radio, cuya audiencia meta eran los abuelos.

Por tal motivo, considero que es una forma de discriminación, porque no todas las personas adultas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas adultas mayores.

En este orden de ideas, si por desconocimiento de esta realidad, se realiza otro tipo de celebración en la fecha en que debe celebrarse el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, esto es un error que impacta negativamente en los derechos humanos de los adultos mayores y que no contribuye al objeto que persigue la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y los principios que le dieron origen.

Recientemente, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a superar los prejuicios para conseguir que los adultos mayores sean social y económicamente activos; y que estén protegidos para envejecer de forma sana.

En efecto, este grupo social ha contribuido y sigue contribuyendo de distintas maneras al desarrollo económico y social pero, desafortunadamente, se le sigue discriminando, lo que es necesario prevenir y evitar.

En la actualidad, viven en el mundo casi 700 millones de personas de sesenta años o más y se espera que en el año 2050 se alcanzará la cifra de 2,000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial.

En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 10.9 millones de personas adultas mayores en el país, de las cuales; 6 millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia; 2.7 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor como jefe de familia; 2.2 millones de hogares están compuestos por el adulto mayor, sus padres o hijos y otros parientes.

Un dato muy importante de la estadística advierte que un millón de hogares están habitados por personas adultas mayores que viven en soledad. Dato que demuestra lo que hemos reiterado: no todas las personas adultas mayores son abuelos, ni todos los abuelos son personas adultas mayores.

Es por ello la importancia de que la fecha establecida para la conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores sea respetada tal cual para los fines para los que fue instituida.

Finalmente, una manera de asegurar la plena participación e integración de las personas adultas mayores en el conglomerado social, sin exclusiones ni discriminaciones, es el fomento y la difusión de campañas de información y promoción de sus derechos; de sus derechos humanos fundamentales; y, el reconocimiento y concientización de todos en cuanto a su integridad, su dignidad y dignificación, su derecho a una vida libre de violencia, a no sufrir abandono, y al disfrute pleno de sus derechos sin discriminación, su derecho a la salud, la alimentación, la educación, la asistencia social y otros servicios, a la certeza y protección jurídica, al trabajo y también a vivir en el seno de la familia sin exclusiones ni rechazo.

Es por todo lo antes expresado la importancia de que el día 28 de agosto de cada año, sea difundida y promovida la ya institucionalizada celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, con esa terminología que involucra a todos y a todas las personas de sesenta años o más.

Sin soslayar que esa fecha fue establecida e instituida para la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor y que ahora proponemos que la denominación se complemente para ser acorde y congruente con la terminología que deviene del ordenamiento legal vigente que se titula: Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

No omitimos manifestar que, no estamos en contra de que se celebre el día del abuelo y de las abuelas. Consideramos que puede y debe seguirse celebrando, pero en una fecha distinta, por todas las razones y consideraciones que anteceden, reiterando que no todas las personas adultas mayores son abuelos o abuelas, ni todos los abuelos y abuelas son personas adultas mayores.

Por lo tanto, y considerando que el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que el pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso, a través de puntos de acuerdo que representen la posición de esta soberanía, en relación con algún punto de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas o municipios, lo que cumple cabalmente la proposición de la suscrita, es por lo que, respetuosamente solicito la aprobación de esta soberanía.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que promuevan y difundan que el día 28 de agosto de cada año, está establecida e instituida en México, la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que promuevan el establecimiento e institucionalización del día del abuelo y de la abuela, en una fecha distinta de la correspondiente a la celebración instituida para las personas adultas mayores.

Notas:

http://www.presidencia.gob.mx/dia-del-abuelo-en-mexico/

http://www.cuandoo.com/ dia-de-los-abuelos-en-mexico-2100.html

http://www.ntn24.com/noticia/ onu-resalta-importancia-de-adultos-mayores-en-el-dia-internacional-de-las-perso nas-de-edad-27211

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n3556518.htm

http://www.diariopresente.com.mx/ section/acervo/115714/28-agosto-dia-abuelo-mexico/

http://www.provincia.com.mx/ 28-de-agosto-dia-del-adulto-mayor-y-dia-del-abuelo-en-mexico/

http://www.diarionorte.com/article/112426/ los-adultos-mayores-y-su-calidad-de-vida

http://www.ppn.com.py/ html/noticias/noticia-ver.asp? id=116192& desc=Los-adultos-mayores-estamos-mas-que-vivos-afirman-en-su-dia

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/45/106

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/ 28_de_agosto_Dia_Nacional_del_Adulto_Mayor

http://www.caritas-mexico.org.mx/ quienes-somos/caritas-ciudad-de-mexico/123-caritas-ciudad-de-mexico/ 342-agosto-mes-del-adulto-mayor.html

http://iieg.gob.mx/ contenido/PoblacionVivienda/ CoepopdfNota201315Adultomayor.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.— Diputada Elvia María Pérez Escalante (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

EXCEPCION EN EL REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL CUANDO SE TRATE DE PEQUEÑOS COMERCIOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer por el SAT un instrumento de excepción en el régimen de incorporación fiscal respecto a pequeños comercios, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Marcos Aguilar Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando la aplicación de un caso de excepción del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de octubre de 2013, la Cámara de Diputados a través de partidos como el PRI, el PRD y sus aliados, aprobó a propuesta del Ejecutivo federal diversas modificaciones a las leyes fiscales. Entre ellas, se aprobaron reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con el propósito de crear el denominado Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

Dentro de esta nueva Ley del ISR destacan, entre otras de no menor importancia, las siguientes modificaciones:

1. Se eliminó el Régimen Intermedio y del Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) y

2. Se establece como un nuevo Régimen denominado de Incorporación Fiscal quedando establecido en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la citada Ley.

3. Se establecen nuevos requisitos de tributación para quienes se adhieran al régimen de incorporación como es entregar a sus clientes comprobantes fiscales por sus ventas o prestaciones de servicios, debiendo expedir dichos comprobantes utilizando la herramienta electrónica de servicio de generación de factura electrónica que se encuentra en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

4. También, se establece la obligación de que los contribuyentes registren sus ingresos, sus gastos, sus inversiones así como sus deducciones.

5. Pagar con una tarjeta de débito, crédito, de servicios o un cheque a nombre del contribuyente para poder deducir gastos mayores a 2,000 pesos, por citar algunas.

Es importante recordar que el Régimen de Pequeños Contribuyentes fue pensado como un mecanismo fiscal que combatiera los altos niveles de informalidad que existen en nuestro país.

Dicho régimen estaba dirigido a personas físicas con actividades empresariales que tuvieran baja capacidad de ingresos. Por ello, la ley les permitía una simplificación administrativa que consistía en no llevar una contabilidad formal, ni tener como obligación la expedición de comprobantes con requisitos fiscales siempre y cuando atendieran a requisitos específicos como no tener ingresos que excedieran los 2 millones de pesos anuales.

La exposición de motivos de la miscelánea fiscal enviada por el Ejecutivo federal, señalaba que una de las razones que daban origen al RIF era la reducción de la economía informal.

Nada más alejado de la realidad, pues no obstante, algunos expertos señalan que con las reformas aplicables a partir del presente año, el pequeño comercio no resistirá el cambio de régimen lo que generará en el corto y mediano plazo una mayor informalidad, lo que supone un objetivo contrario a lo planteado en la reforma.

La reforma en materia de Repecos es contradictoria pues ante lo complejo que resulta hoy en día tributar bajo el RIF, muchos han optado por cerrar sus negocios o simplemente no pagar impuestos y contribuir aún más al comercio informal.

En México, existen más de un millón de tienditas de abarrotes de las que dependen 5 millones de mexicanos. Sin embargo, desde el inicio del presente año la aplicación del nuevo régimen de incorporación generó una caída en las ventas de estos comercios hasta en un 25%. En suma, el nuevo régimen representa más una amenaza que una alternativa fiscal que les genere beneficios.

Resulta importante señalar que de alguna forma los Repecos ya eran considerados dentro de la economía formal y, por lo tanto, no había motivo sólido para justificar su traslado obligatorio y arbitrario a nuevo régimen. ¿Por qué trasladar al Régimen de Incorporación Fiscal, al comercio ya formal que ya paga impuestos, pero además complicar una vez más el cumplimiento de sus obligaciones?

Ahora con el RIF, es necesario que los contribuyentes registren sus operaciones contables en sistemas electrónicos especializados, presenten declaraciones electrónicas y que ciertos gastos sean pagados a través de cheques, transferencia electrónica de fondos o monederos electrónicos.

Esto significa que el pequeño comercio deba actualizarse y tener un software contable que posiblemente vale mucho más de lo que mensualmente puede ingresar por ventas durante un mes en dichos comercios, además de que la norma vigente aplicable en materia fiscal supone que el dueño de un pequeño negocio sabe hacer uso de la tecnología, de los sistemas electrónicos contables y que cuenta con internet.

El nuevo régimen del RIF ha generado una serie de complicaciones al pequeño comerciante porque dificulta el pago de sus impuestos, pero además genera incertidumbre jurídica y una mayor informalidad como resultado de que muchos comerciantes no cuentan con las capacidades necesarias para cumplir con las obligaciones del nuevo régimen.

La realidad que vive el pequeño comercio es mucho más sencilla de lo que supone la aplicación de las leyes fiscales. La contabilidad del pequeño comercio es una contabilidad básica, que no requiere sistemas contables electrónicos, por lo tanto, es importante que el Gobierno Federal entienda que el pequeño comercio requiere de registros contables simplificados que no sólo les permita mantenerse en la formalidad, sino también hacer accesible el pago de sus impuestos.

Por esta razón, en Acción Nacional hemos sido contundentes en señalar que la reforma propuesta en materia del Régimen de Pequeños Contribuyentes, lesiona gravemente al pequeño comercio y con ello, a una gran parte de la economía mexicana en su totalidad.

Hoy, los efectos son palpables. Durante el primer semestre del año, la inversión se redujo en 60% con respecto al año pasado y nuestra economía no ha sido capaz de crecer por arriba del 2% del PIB como resultado no sólo por la mayor carga fiscal que existe en nuestro país, sino también por la complejidad que suponen las leyes fiscales para poder realizar el pago de impuestos.

En este contexto, resulta fundamental atender a este sector de la población que contribuye a la dinámica económica del país. Es primordial que tanto el Congreso de la Unión como el Ejecutivo Federal atiendan a las demandas del pequeño comercio y se pueda establecer de forma inmediata un esquema de administración tributaria especial para el régimen de pequeños contribuyentes. Sólo así podremos proteger a un sector importante de nuestra economía y consolidar mediante mejores mecanismos, el comercio formal, generando en consecuencia mayores ingresos para la Federación y más inversión para el desarrollo.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta Honorable sobraría la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria para que a través de los mecanismos legales, establezca un mecanismo de excepción en la aplicación del Régimen de Incorporación Fiscal cuando se trate de pequeños comercios y estos puedan continuar tributando bajo los requisitos contables establecidos en el antiguo Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de diciembre de 2014.— Diputado Marcos Aguilar Vega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

REALICEN LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA QUE SE DE LA TRANSICION PLANTEADA POR EL EJECUTIVO FEDERAL, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno a realizar los trabajos necesarios para que se dé la transición planteada por el Ejecutivo federal en materia de combate de la corrupción, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Arturo Escobar y Vega, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Resulta necesario empezar por definir qué es la corrupción; para la organización no gubernamental Transparency International, significa cualquier abuso con fines de lucro personal de un poder delegado.

De dicho concepto resulta fácil responsabilizar a la clase política, pues no podemos pasar por alto que estamos ante una manifestación de debilidad institucional; sin embargo, debemos aclarar que dicha percepción no es por completo correcta, pues por ejemplo también estamos ante un acto de corrupción cuando un tercero intenta influir en el proceso de toma de decisiones sin que ello le corresponda.

Ello implica que no sólo es corrupto el político que se vende a intereses particulares o al crimen organizado; o el juez que acepta un incentivo económico para modificar una resolución; también lo es aquel individuo que, para evitar una multa, ofrece un incentivo económico comúnmente conocido como una mordida.

Efectivamente la corrupción es un problema generalizado, por su parte las instituciones carecen de reglas claras y nula práctica en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas; así también debemos poner especial atención al elemento cultural, pues estamos acostumbrados a padecerla, pero no a combatirla.

Hoy en día es por demás cotidiano enfrentarnos a notas sobre la corrupción en nuestro país, situación que automáticamente produce malestar y una percepción totalmente negativa de las autoridades e instituciones.

Al respecto, datos aportados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señalan que de los 34 países integrantes, nuestro país obtuvo la peor calificación en el “Índice de Percepción de Corrupción 2014”, el cual es elaborado por la Organización Transparencia Internacional para medir las percepciones sobre el grado de corrupción, situándolo por debajo de Chile y Brasil .

Ante dicha situación, resulta indispensable y urgente definir las líneas de acción que permitan combatirla, para ello, además de reconocer los factores que la propician, se debe asumir la responsabilidad de cada uno para de esta forma planear acciones integrales que incluyan la participación ciudadana.

Para ello, en días pasados se presentó la propuesta para crear un Sistema Nacional Anticorrupción basado en seis ejes cuya finalidad entre otras, es crear un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana, a través del fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, la ampliación de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Si bien, dicha iniciativa muestra claramente el interés por trabajar en el combate y erradicación de la corrupción, lo cierto es que la misma no es más que un giro a la ya existente propuesta de anticorrupción planteada por el Presidente de la República, quien en atención a la actual situación por la que atraviesa nuestro país, reafirmó dicha propuesta el pasado 27 de noviembre.

En su discurso, el presidente Enrique Peña Nieto, enfatizó que sólo a través del Estado de derecho podemos superar los retos de la inseguridad, la corrupción y la impunidad, y para ello exhortó al Congreso de la Unión para que apruebe diversas leyes y reformas para el combate a la corrupción; asimismo, expresó su respaldo al referido Sistema Nacional Anticorrupción que actualmente se encuentra en discusión.

Dentro de las aportaciones que beneficiará la creación de dicho sistema, se encuentran, como ya se ha hecho mención, el fortalecimiento a la Auditoría Superior de la Federación, la creación de un fiscal de anticorrupción para sancionar penalmente y un tribunal imparcial que impondrá sanciones administrativas.

Así también, manifestó que se impulsarán mecanismos ágiles que permitan a la ciudadanía denunciar actos de corrupción y sanciones más severas para quienes la cometan.

Sumado a lo anterior, manifestó su respaldo a la Ley Reglamentaria de la Reforma Constitucional en Materia de Transparencia y conminó a esta Cámara para que se apruebe la reforma de la Ley de Obras Públicas y Servicios, con los que se asegurará que los recursos destinados se administren con mayor eficiencia, transparencia y honradez, con apego a las mejores prácticas internacionales.

Sin duda, dichas medidas son el medio idóneo para iniciar la ardua labor de combate a unos de los problemas que más atenta contra la estabilidad y calidad de vida de nuestra sociedad. Es un hecho que la participación ciudadana es indispensable, y ello claramente logrará abrir nuevas posibilidades en la inclusión integral para el combate a la corrupción.

Por ello, se debe dejar de lado las demagogias y promesas, el cambio es responsabilidad de todos, gobierno y ciudadanía, haciendo lo que le corresponde y evitando conductas que fomenten la corrupción, atendamos al lema del 2014 para la conmemoración de este Día Internacional y rompamos la cadena de la Corrupción, asumamos nuestra responsabilidad y preparémonos para ser cada día mejores personas y, por ende, mejores ciudadanos, en un país que nos necesita más que nunca.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno a efecto de que realicen los trabajos necesarios para que se de la transición planteada por el Ejecutivo federal en materia de combate a la corrupción.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de diciembre de 2014.— Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

INVESTIGAR Y PERSEGUIR EL ASESINATO DE ERIKA CASSANDRA BRAVO CARO, OCURRIDO EN URUAPAN, MICHOACAN

«Proposición con punto de acuerdo, para investigar y perseguir el asesinato de Érika Cassandra Bravo Caro, ocurrido en Uruapan, Michoacán, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado miércoles 3 de diciembre, Érika Cassandra Bravo Caro, enfermera de 19 años, fue reportada como desaparecida por sus familiares, quienes mencionaron que la joven vestía pantalón, filipina y zapatos blancos (como parte de su uniforme) cuando salió de casa, situada en Uruapan, Michoacán. Sin embargo, los primeros reportes, indican que no llegó a su lugar de trabajo, razón por la que, a través de redes sociales y medios locales, se comenzó a solicitar ayuda a la ciudadanía para localizarla.

De manera lamentable, tres días después, se dio a conocer la noticia de que Érika Cassandra Bravo Caro “fue hallada muerta la mañana de este sábado con el rostro desollado y lesiones de arma blanca en el pecho, a una orilla de la carretera Uruapan-Los Reyes, Michoacán”, hecho que conmocionó a miles de personas, quienes han expresado su indignación y se han sumado al llamado de justicia que, desde las redes sociales y su congregación en las calles, se ha convertido en la exigencia de toda una nación que día con día presencia la forma en que y, por diferentes vías, se criminaliza, reprime, desaparece o asesina a las juventudes mexicanas; a quienes se les ha negado derechos y oportunidades de contar con un presente y un futuro promisorio.

En el mismo sentido, el Colegio de Enfermeras se ha expresado y, a través de un comunicado, indicó:

Ante los hechos, las catorce delegaciones del Colegio de Enfermeras Michoacano exigen el esclarecimiento del asesinato de nuestra compañera Érika Casandra Bravo Caro, demandamos a Salvador Jara Guerrero, gobernador de Michoacán; Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad de Michoacán y a los responsables de la seguridad en el estado se castigue enérgicamente a quien resulte responsable. La comunidad de enfermeras en Michoacán hacemos evidente nuestra preocupación por la integridad y seguridad del gremio, porque todo indica que es un riesgo portar el uniforme.

También, a través de redes sociales se convocó para el pasado domingo, a una primera marcha en Uruapan, a fin de exigir justicia y castigo para los responsables del asesinato de la joven enfermera.

Como se aprecia, las personas jóvenes viven con mayor afectación la grave situación del país y los agravios por parte del gobierno mexicano en contra de este sector de la población, estimado en casi 40 millones de mexicanas y mexicanos; ejemplo de ello son los casos como el de Tlatlaya, en el Estado de México; el de los normalistas de Iguala, Guerrero, que en fechas recientes ha consternado a millones de personas a nivel internacional o, incluso, las detenciones arbitrarias de decenas de jóvenes que, por participar en las diversas manifestaciones y actos de protesta en la Ciudad de México, se les ha querido imputar delitos graves con la finalidad de infundir el miedo y disminuir el número de voces que salen a las calles a manifestar su descontento por la lastimosa situación que se vive en el país.

Ser joven no debe de ninguna manera representar un riesgo; al contrario, ser joven conlleva derechos y obligaciones por las que el Estado mexicano debe velar para que, al brindar las oportunidades que permitan contar con una vida digna, se cumplan en sentido estricto.

El caso de Érika Cassandra Bravo Caro, joven asesinada y víctima de un Estado discrecional e instituciones fallidas, no puede quedar impune; se debe investigar y perseguir conforme a lo dictado en la ley. Por ello, y comprendiendo la magra situación del país y de un estado como Michoacán, presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta a Salvador Jara Guerrero, gobernador de Michoacán; Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán; y José Martín Godoy Castro, procurador general de Justicia de Michoacán, a investigar y perseguir el asesinato de Érika Cassandra Bravo Caro, ocurrido en Uruapan, garantizando la pronta y expedita impartición de justicia.

Notas:

1 La Voz de Michoacán, “Solicitan ayuda para localizar a joven desaparecida en Uruapan” [en línea], México. Dirección URL: http://www.lavozdemichoacan.com.mx/184368/solicitan-ayuda-para-localizar-a-jove n-desaparecida-en-uruapan/

2 Sin Embargo, “Érika, desaparecida desde el miércoles, es hallada con el rostro desollado en carretera de Uruapan” [en línea], México. Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/06-12-2014/1187133

3 Quadratin, Agencia Mexicana de Información y Análisis, “Exige Colegio de Enfermeras el esclarecimiento de crimen de su compañera” [en línea], México. Dirección URL: http://www.quadratin.com.mx/principal/Exige-Colegio-de-Enfermeras-esclarecimien to-de-su-companera-asesinada/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CONDENA EL ASESINATO DE JOSE MANUEL HERRERO ARANDIA Y SU ESPOSA MARIA CRISTINA CARVAJAL ARGUDIN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de José Manuel Herrero Arandia y su esposa, María Cristina Carvajal Argudín; y se exhorta a las autoridades correspondientes a dar celeridad a las investigaciones que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Carmen García de la Cadena Romero, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, y se exhorta a las autoridades correspondientes a que den celeridad a las investigaciones que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado sábado 6 de diciembre del año en curso, José Manuel Herrero Arandia, de 59 años de edad, hermano del ex alcalde de Tehuacán Fernando Herrera Arandia, junto con su esposa Cristina Carvajal de 53 años de edad, fueron víctimas de la delincuencia que se sufre en Tehuacán, Puebla, al ser asesinados por la noche a balazos durante el alto de semáforo.

José Manuel Herrero Arandia era empresario del ramo de la construcción, fue promotor de diversas causas sociales, presidente del Club Rotario Tehuacán Manantiales así como gobernador Rotario del distrito 4180 en Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala de 2004 a 2005.

De acuerdo con datos obtenidos por Central, el matrimonio se retiró antes de las 20:00 horas de una reunión familiar en un vehículo marca Volvo, azul marino, modelo 2007, con placas 354UXY del Distrito Federal, de la hacienda La Huerta, sobre la calle Adolfo López Mateos esquina con 10 norte-sur.

Testigos afirman que al llegar al semáforo se detuvieron cuando fue sorprendido del lado del copiloto por un automóvil Neón, color gris, quienes accionaron sus armas en ocho ocasiones, ocasionando la muerte de ambos.

Posterior al asesinato, en cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, se implementó un operativo en el que participaron las Policías Ministerial, Estatal Preventiva, Federal y el Ejército Mexicano.

Es lamentable la ola de violencia que estamos sufriendo en nuestro país, y más lamentable aún que se convierta en algo rutinario, no podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de situaciones y sobre todo que cobre vida de personas inocentes.

Conocí a ambos, eran personas buenas, trabajadoras, respetables y muy queridas no solo por mí, sino también por todo Tehuacán.

Es necesario que se resuelva el caso, que se haga justicia, por lo que solicito respetuosamente se agote hasta el último recurso a fin de que se encuentre a los culpables, se aclaren los hechos, pero sobre todo que no quede impune este hecho tan lamentable.

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados condena enérgicamente el asesinato de José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, y exhorta a las autoridades correspondientes a que den celeridad a las investigaciones y agoten todos los recursos que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables, a fin de que este lamentable suceso no quede impune.

Notas:

1 http://www.periodicocentral.mx/2014/nota-roja/ejecutan-a-hermano-de-ex-senador- panista-en-tehuacan

2 http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-12-06/tehuac% C3%A1n/ejecutan-hermano-de-ex-senador-y-esposa-en-tehuac% C3%A1n

3 http://www.municipiospuebla.com.mx/nota/2014-12-06/tehuac% C3%A1n/ejecutan-hermano-de-ex-senador-y-esposa-en-tehuac% C3%A1n

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.— Diputada María del Carmen García de la Cadena  Romero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

INFRAESTRUCTURA AEREA, EN ESPECIAL LA CONSTRUCCION DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce las acciones realizadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de infraestructura aérea, en especial la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Enrique Aubry de Castro Palomino, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las comunicaciones y el transporte constituyen en la actualidad un medio fundamental para alcanzar un desarrollo económico sostenido, debido a que en un mundo globalizado como el actual, la interconectividad y la interdependencia son factores esenciales para lograr un grado importante de competitividad.

Dicho lo anterior las Naciones Unidas trabajan cotidianamente para regular y reglamentar el transporte aéreo con la finalidad de conseguir que este rubro cuente con mayor coordinación, seguridad y eficiencia.

Con este fin fue creada la Organización de Aviación Civil Internacional, la cual tiene la misión de alentar el diseño y funcionamiento de aeronaves civiles, además de prestar apoyo para el establecimiento de corredores aéreos, aeropuertos y servicios de navegación aérea.

La anterior se logra mediante la estandarización y aprobación de las normas internacionales y recomendaciones relacionadas con el diseño y funcionamiento de las aeronaves y de gran parte de su equipo, al trabajo de los pilotos, las tripulaciones, los controladores aéreos, el personal de tierra, incluido el de mantenimiento, y a los requisitos y procedimientos de seguridad en los aeropuertos internacionales.

También es responsable de la elaboración de los mapas aeronáuticos, de los sistemas de telecomunicación de las aeronaves, las radiofrecuencias y los procedimientos de seguridad, además de facilitar el movimiento de aeronaves, pasajeros, tripulantes, equipaje, carga y correspondencia a través de fronteras internacionales mediante actividades de normalización de los tramites, aduanas, inmigración y salud pública, entre otros.

Dada la importancia de la Organización de Aviación Civil Aeronáutica, el 7 de diciembre 1994 se instituyo el Día Internacional de la Aviación Civil, para conmemorar el 50° aniversario de la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional y la Carta de la OACI en 1944 con la finalidad de promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional en el mundo entero.

No podemos obviar que el transporte aéreo es una industria innovadora que nos conduce al progreso económico y social, mediante la aviación civil se conectan personas, países y culturas, además de garantizar el acceso a mercados globales y contribuir a una mayor generación de comercio y turismo.

Aun en pleno siglo XXI, el despegue de una gigantesca aeronave a reacción sigue despertando en nosotros admiración y asombro, de igual manera también los aviones provocan en nosotros sueños de visitar territorios lejanos o de emprender viajes con la finalidad de visitar a familiares y amigos.

Embelesados por la magia de volar pocas veces nos ponemos a pensar en los enormes beneficios que el transporte aéreo aporta al bienestar económico de millones de personas en todo el mundo.

Según la Organización de Aviación Civil Internacional alrededor de 3.100 millones de pasajeros utilizaron la red de transporte aéreo mundial para satisfacer sus necesidades comerciales y de turismo en 2013. Esta cifra anual de pasajeros aumentó en un 5% comparado con 2012 y se espera que alcance más de 6.400 millones para 2030, de acuerdo con las proyecciones actuales.

En lo que respecta a la carga aérea, el tráfico expresado en toneladas-kilómetros de carga, experimento un ascenso de cerca de 1%, es decir, aproximadamente 51 millones de toneladas de carga transportada.

Por otro lado, el transporte aéreo es indispensable para el turismo, el cual es un motor importante para las economías, en especial para las economías en desarrollo, más del 40% del turismo viaja actualmente por aire.

Aproximadamente entre 2.000 y 2.500 aerolíneas en todo el mundo operan una flota de 23.000 aviones, sirviendo 3.750 aeropuertos a través de una red de muchos kilómetros de aerorutas manejadas por alrededor de 160 proveedores de servicios de navegación aérea.

En México, según cifras de la OACI, los pasajeros aéreos transportados tanto en las aeronaves domesticas como en las internacionales, en el periodo 2010-2014 llego a los 39 millones de personas.

A pasar de la gran cantidad de pasajeros que utilizan el transporte aéreo en nuestro país, solo se cuenta con 78 aeropuertos, de estos únicamente 17 aeropuertos manejan el 86% de los pasajeros.

Lo anterior nos demuestra que la capacidad de algunos aeropuertos nacionales se ha visto claramente rebasada, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México transporta a 34% del total de pasajeros y mueve el 54% de la carga total en el país. A pesar de la creación de la Terminal 2, la capacidad del AICM es insuficiente para enfrentar los retos del siglo XXI.

Por ejemplo, el actual aeropuerto no permite despegues y aterrizajes simultáneos y tiene solo 56 posiciones de contacto fijas mientras que los aeropuertos con mayor movimiento tienen más de 100, lo cual es inaceptable.

Para hacer frente a esta situación el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto presentó el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cual en un inicio tendrá una inversión de 169 mil millones de pesos, además de que será el primer aeropuerto fuera de Europa con una huella ambiental neutra y tendrá la capacidad de transportar a 120 millones de personas al año, cuatro veces superior a la capacidad del actual aeropuerto.

No cabe la menor duda que el transporte aéreo tendrá en el futuro un papel vital en las relaciones económicas de los países, por lo tanto es menester de nuestros gobiernos dar los pasos necesarios para estar a la altura de las naciones más avanzadas con el claro objetivo de no perder competitividad.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades correspondientes a brindar todas las facilidades para la construcción del nuevo aeropuerto internacional, y reconoce las acciones que ha hecho el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de infraestructura aérea, en especial la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, esto sin duda alguna nos posicionará como un país vanguardista y representará un gran impulso para el sector económico de la región del Valle de México.

Dado a los 9 días del mes de diciembre de 2014.— Diputado Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

HACER PUBLICOS LOS PORMENORES DE LA RENUNCIA DEL EX SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA CIUDAD DE MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF y a la PGJDF a emprender diversas acciones relacionadas con la actuación policial del 8 y 20 de noviembre en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, así como a hacer públicos los pormenores de la renuncia del ahora ex secretario de Seguridad Pública local, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta ante la Cámara de Diputados proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En virtud de que la presunción de inocencia es universal, la detención de personas en espera de juicio también debería ser excepcional. Sin embargo, en muchos países se viola el principio según el cual la prisión preventiva debería emplearse con moderación, como último recurso.

Una de cada tres personas encarceladas no ha sido declarada culpable de ningún delito. En algunas regiones del mundo, el número de personas en prisión preventiva supera al de los prisioneros sentenciados. Al momento, 3.3 millones de personas se encuentran recluidas en prisión preventiva en todo el mundo (Martin Scho?nteich, 2014. “Presunción de culpabilidad: el uso excesivo de la prisión provisional a nivel mundial”, en Criminal Justice Program de Open Society Justice Iniciative). Ésta es una estimación conservadora porque los datos oficiales ignoran a las decenas de miles de personas detenidas en dependencias policiales.

La reducción del número de personas en prisión preventiva podría resolver la el problema de sobrepoblación de los centros penitenciarios, limitar la transmisión de enfermedades, reducir la pobreza e incentivar el desarrollo.

A lo largo de un año cualquiera, aproximadamente 15 millones de personas son ingresadas a prisión preventiva. Algunas de las cuales son detenidas por pocos días o semanas, pero muchas de ellas permanecen en prisión durante meses e incluso años a la espera sentencia. En el caso de América Latina las personas en prisión preventiva ya superan 40 por ciento de la población carcelaria total y pueden pasar años esperando su juicio.

En cuanto al perfil de dichas personas, la mayoría son hombres jóvenes y pobres que no pueden pagar una fianza, un abogado, ni un soborno, mientras que, en cambio, son confinados a la dinámica extorsiva de las prisiones, donde deben pagar por obtener comida, agua e incluso por el derecho de que su familia los pueda visitar.

En México, un fenómeno reciente está agravando esta situación. La obligación del Estado de detener a las personas que cometen delitos al amparo de las marchas está siendo utilizada como excusa para agredir a la población en general, por el simple hecho de ejercer el derecho a la manifestación.

A raíz del asesinato de 6 personas, y la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, miles de personas han manifestado de manera pacífica y pública la exigencia de que sean encontrados, tanto en la capital del país como en importantes ciudades de la república y el resto del mundo.

Sin embargo, en la Ciudad de México, en el marco de dichas movilizaciones se han cometido actos de excesivo uso de la fuerza pública contra manifestantes, actos que han llegado al extremo de presentar a los detenidas ante instancias federales, lo que ha llevado a su traslado a penales federales de máxima seguridad, o a diversos reclusorios de la Ciudad de México.

El primer caso se dio el sábado 8 de noviembre del año en curso, cuando se detuvo de manera arbitraria a 2 mujeres y 16 hombres, sin que dicha detención fuera realizada en flagrancia o por hechos que de manera contundente les involucrara en actos de violencia.

La policía federal y la del gobierno del Distrito Federal no acreditaron las detenciones, por lo que hasta el momento siguen consideradas arbitrarias y violatorias de derechos humanos, pues no se les puso de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial, sino hasta después de cuatro horas, y durante ese tiempo algunos fueron sometidos a múltiples actos de violencia que les causaron lesiones.

En este hecho, la Procuraduría General de la República aún debe responder por las violaciones de derechos humanos cometidas por no proporcionar información inmediata del paradero de los jóvenes cuando ya se encontraban bajo su custodia en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como negarles el derecho que les asiste a una llamada telefónica, lo que no ocurrió hasta las 11 de la mañana del domingo 9 de noviembre, obstaculizando en todo momento la defensa adecuada de las personas detenidas.

Estas personas fueron liberadas, pero sus expedientes no fueron cerrados, a pesar de que la autoridad no pudo comprobar en ningún momento sus dichos, ni los supuestos daños a monumentos públicos por los que fueron detenidos.

Otro caso similar en procedimientos, pero con un desenlace aún más grave fue el acontecido la noche del 20 de noviembre, en el marco de otra movilización realizada en la Ciudad de México por la aparición de los 43 estudiantes normalistas.

En dicha protesta, elementos de la Corporación de Granaderos del Distrito Federal y de la Policía Federal realizaron diversos operativos que derivaron en la detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza contra 11 personas (3 mujeres y 8 hombres), quienes fueron trasladadas a las instalaciones de la SEIDO que forma parte de la Procuraduría General de la República y posteriormente consignadas ante el juez décimo séptimo de distrito, con sede en Xalapa, Veracruz, y trasladadas a centros federales de readaptación social por su probable responsabilidad en la comisión de delitos de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín.

El 22 de noviembre, la defensa de los acusados, encabezada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, AC, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, Equifonía, AC, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, AC, Cauce Ciudadano, AC, y Unión para la Defensa de la Vivienda, AC, quienes asumieron la defensa de 7 de los 11 procesados, solicitaron la ampliación del término constitucional a fin de estar en condiciones de preparar una adecuada defensa, a la vez que requirió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la aplicación del Protocolo de Estambul para descartar la comisión de actos de tortura en contra de los detenidos durante su detención, estancia en la SEIDO y el traslado a los penales de máxima seguridad.

Las acusaciones se encontraban sustentadas en las declaraciones de cinco policías federales quienes declararon haber detenido en flagrancia a once personas. El Ministerio Público sostuvo que una de estas personas jaló de entre los miembros del destacamento a un policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño.

La acusación de las personas detenidas se basó sólo en la declaración de los 5 policías y el hecho de que varias de las 11 personas confesaron haber estado en la marcha.

Hasta el momento de la consignación, las lesiones del policía agredido no fueron certificadas y no había rastros de los petardos, piedras y palos supuestamente utilizados, pues al intentar recuperar esta evidencia la plancha del zócalo ya había sido limpiada. En ninguno de los detenidos se encontraron rastros de explosivo o detonación alguna.

Sin embargo, no sólo se estableció que esas 11 personas participaron en los supuestos hechos sino que se concluyó que lo hicieron con la intención de quitar la vida al policía. Esto, con base en que de acuerdo con el Ministerio Público, dichas personas gritaban consignas como “muera Peña”, “muera el PRI” y “mueran las instituciones”.

Los policías afirman haber escuchado que la persona que jaló al policía gritó “vamos a matar a ese pinche perro”. La tentativa de homicidio –razona la autoridad– también se configura dado que toda persona sabe que un mal golpe en la cabeza puede causar la muerte.

Adicionalmente, la autoridad concluye que estas personas estaban organizadas en una asociación delictuosa, justificando este hecho considerando como evidencia de la asociación delictuosa el hecho de que las personas detenidas, al hablar entre sí, se decían compa y compañeros.

Es sumamente preocupante la pobreza y escasez de evidencia que se utiliza para privar de la libertad a las personas que participan en movilizaciones de protesta, especialmente a aquellas que son jóvenes y estudiantes, personas que por son criminalizadas simplemente por su aspecto y su edad.

Múltiples testimonios, y evidencia fotográfica y videográfica exhiben acciones generalizadas de detenciones arbitrarias, que dan origen a procedimientos en los que se niega el libre acceso a una defensa en las primeras horas posteriores a las detenciones, mismas que son vitales para una defensa exitosa. Hasta después de que han sido consignadas y trasladadas a penales de máxima seguridad, o reclusorios locales, las personas detenidas no han podido ejercer de manera libre su derecho a una debida defensa, que en breve tiempo ha podido ofrecer los medios de prueba necesarios para desvirtuar las acusaciones de las personas detenidas.

En la Ciudad de México, la prisión preventiva se ha convertido en la opción por defecto del sistema de justicia penal, que además se ha integrado de manera preocupante con el sistema de justicia penal federal, que desde hace mucho tiempo adolece por esta misma causa. Pocos derechos que en teoría gozan de una aceptación tan amplia se transgreden en la práctica, de forma tan habitual, y el hecho de que esto suceda de manera sistemática en la capital del país es sumamente preocupante.

Hasta el momento, el gobierno del Distrito Federal y el federal no han emitido ninguna explicación pública relativa a quién diseñó los operativos en donde las personas antes mencionadas fueron detenidas, ni quién dio la orden de atacar a manifestantes.

Pese a este hecho, el 5 de diciembre Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Seguridad Pública del DF, presentó su renuncia al cargo, según informó el jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Rodríguez Almeida felicitó a los policías a su cargo, tras su actuaciónen la manifestación del 20 de noviembre en el DF, pese a que había reportes de múltiples abusos por la corporación, los que han sido narrados.

En la más reciente marcha en la ciudad, por los estudiantes de Ayotzinapa el pasado 1 de diciembre, la policía no detuvo a ninguno de los encapuchados que causaron destrozos. Sin embargo, hay reportes de agresiones a ciudadanos, así como de un encapsulamiento por la policía, que no pasó a mayores gracias a la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es preocupante que Rodríguez Almeida no fuera sometido a los debidos procedimientos administrativos y penales por abuso de autoridad, y su renuncia –fuera voluntaria o requerida– no debe ser motivo para que sea eximido de las responsabilidades en las que hubiera incurrido que como funcionario del gobierno de la Ciudad de México

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a integrar y hacer público un documento en el que se detalle el nombre del funcionario o los funcionarios responsables del diseño y ejecución de los operativos del 8 y 20 de noviembre del presente año, así como el nombres del funcionario o los funcionarios que dieron la orden de atacar a los manifestantes pacíficos, particularmente a familias y niños.

Asimismo, que se haga pública la información relativa a los procesos administrativos y penales que hasta el momento se encuentren en proceso o concluidos contra servidores públicos que hayan participado en los actos policiales del 8 y 20 de noviembre.

Segundo. Se exhorta al jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a hacer públicos los pormenores y motivos expuestos por Jesús Rodríguez Almeida en su carta de renuncia, a fin de que la sociedad conozca los elementos que motivaron a la renuncia del funcionario y sean considerados en el proceso de selección de la persona que ocupe el cargo.

Tercero. Se exhorta al procurador general de Justicia del Distrito Federal,Rodolfo Fernando Ríos Garza, a iniciar en el ámbito de sus facultades una investigación que dé cuenta de los protocolos de actuación de policías y personal de seguridad uniformados y vestidos de civil involucrados de manera directa en las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante las movilizaciones efectuadas el 8 y 20 de noviembre de 2014, así como en las detenciones realizadas en esas fechas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.