Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la secretaría que haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 260 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 11:29 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.  Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 9 de diciembre de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Por la que comunica que recibió del titular del Ejecutivo federal iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la Base II del artículo 41 y adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación con dictámenes negativos de proposiciones con punto de acuerdo.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite el calendario mensual del pronóstico de los ingresos de la Federación que se espera obtener en el Ejercicio Fiscal 2015.

De la Secretaría de Gobernación

Con los que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Consejería jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para difundir información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

Del Congreso del Estado de Puebla

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que exhorta a los congresos locales a legislar en materia de desaparición forzada.

Reincorporación

De la diputada Angelica Rocio Melchor Vásquez.

Del Congreso del Estado de Guanajuato

Con el que remite el tercer resolutivo del acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, a efecto de que se cree una Comisión Especial para dar seguimiento y vigilancia a la entrega de pantallas, y con ello inhibir el presunto uso electoral del programa.

Minutas

Con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Infraestructura, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 115 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los congresos locales, a fin de armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que emprendan acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a las comisiones ordinarias de ésta, observar en todas sus actividades legislativas el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o menores de 18 años”, para referirse a personas de 0 a 18 años incumplidos.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, de la Profepa, PGR y Conagua, conforme a sus atribuciones, implementen las acciones necesarias con respecto a los derrames mineros en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobernador del estado de Michoacán y al Ayuntamiento del municipio de Morelia, a fin de cancelar definitivamente la construcción del “Libramiento Sur de Morelia”.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo federal, con el fin de que se mitiguen las consecuencias ambientales y económicas en el municipio de Cosalá, Sinaloa, ocasionadas por el derrame de sustancias contaminantes de la Mina Unidad “El Herrero”.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno para que implementen la creación de mecanismos eficientes que garanticen el acceso a los programas alternativos de movilidad a fin de disminuir las afectaciones de contaminación ambiental y de la salud humana.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat, para que faculte a los gobiernos estatales como responsables de la implementación del plan de manejo de vehículos al final de su Vida Útil.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y municipios, lleven a cabo programas y acciones permanentes para fomentar la gestión integral de los residuos de manejo especial.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ejecuten las acciones necesarias para la pronta atención, mitigación y resarcimiento de las afectaciones provocadas por la contaminación de las fuentes de agua potable de la Ciudad de San Luis Potosí.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados extiende su reconocimiento a los jóvenes que obtuvieron diversas preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2014, celebrado en Rusia.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manriquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Protección de la Familia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo OrtÍz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del Servicio Profesional Nacional Electoral, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 238 y 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

De decreto, para declarar el día 2 de enero de cada año, como “Día Nacional del Municipio Libre”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable para los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Pesqueros, Forestales y Minifundistas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Carlos Augusto Morales López, Jhonatan Jardines Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Interculturalidad, Identidad y Movilidad Humana, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por los diputados José Everardo Nava Gómez y María de la Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Gestión Escolar y, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 29, 34 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley de Migración, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la Obesidad, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley que Instituye la Beca para Estudiantes de Educación Media Superior y Superior, en Situación de Desventaja Económica, con Retribución al Servicio Comunitario, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 97 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González y suscrita por el diputado Heberto Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 23, 24, 25 y 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, suscrita por la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 55, 58 y 98 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6º de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 3o. y 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

De decreto, para otorgar un reconocimiento a los defensores del puerto de Veracruz en el centenario de la gesta heroica de 1914, mediante la colocación de una placa conmemorativa al citado hecho histórico, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 79 y 83 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 65 bis 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional, Reglamentaria de los artículos 6o. y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para ejercer el Derecho de Réplica, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que expide la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o. y 12 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 35, 38 y 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y por integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.

Que reforma los artículos 62, 63 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma el artículo 104 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, a cargo de la diputada Areli Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 149 Ter del Código Penal Federal y, 9o. y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo para que el titular de la SCT, explique las razones por las cuales se revocó la Licitación para la construcción del proyecto del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SE, de la Sedesol, del Inapam y del DIF, para que promuevan y difundan la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que a través del SAT, establezca un mecanismo de excepción en el Régimen de Incorporación Fiscal cuando se trate de pequeños comercios, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, realicen los trabajos necesarios para que se dé la transición planteada por el Ejecutivo federal, en materia de combate a la corrupción, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo para investigar y perseguir el asesinato de Erika Cassandra Bravo Caro, ocurrido en el municipio de Uruapan, Michoacán, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, y se exhorta a las autoridades correspondientes a que den celeridad a las investigaciones que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía reconoce las acciones que ha hecho el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de infraestructura aérea, en especial la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, a cargo del diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del GDF y a la PGJDF, a emprender diversas acciones relacionadas con la actuación policial los días 08 y 20 de noviembre en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, así como a hacer públicos los pormenores de la renuncia del ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cuatro de diciembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con treinta minutos del jueves cuatro de diciembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Xavier Azuara Zúñiga, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones novena y décima, y se adiciona la décimo primera al artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el veintiocho de mayo de dos mil catorce.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican la fracción octava del artículo primero, y el artículo noveno de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el seis de agosto de dos mil catorce.

• Francisco González Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua para que de forma coordinada realicen los estudios técnicos, económicos y sociales que permitan establecer un plan rector para la protección del ecosistema El Manantial, en Tizayuca, Hidalgo, presentada el dos de diciembre de dos mil catorce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Igualdad de Género, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo octavo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para los efectos de la Fracción E del Artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) Unidas de Competitividad, y de Economía, por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo veintiuno Bis a la Ley de Planeación. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de las Comisiones Unidas al diputado Adolfo Oribe Bellinger. La Presidencia informa que se las Comisiones Unidas han presentado propuesta de modificación al dictamen, que en votación económica se acepta y se incorpora al dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

A las doce horas con treinta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos noventa y siete diputadas y diputados.

Mario Sánchez Ruiz, del Partido Acción Nacional; y Cecilia González Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra la diputada y los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Alliet Mariana Bautista Bravo, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro las diputadas y los diputados: Patricia Elena Retamoza Vega, del Partido Revolucionario Institucional; Mario Rafael Méndez Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra en el Salón de Sesiones una delegación de diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores de Vietnam, encabezada por su Presidente, el señor Tran Van Hang, acompañado por la excelentísima señora Le Linh Lan, embajadora de ese país en México, quienes han asistido a esta Cámara para celebrar una reunión de trabajo con el Grupo de Amistad México-Vietnam, que preside el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo.

En votación económica se considera suficientemente discutido. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: primero; tercero; quinto; octavo; doce; quince; dieciocho; y diecinueve, del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos setenta y un votos a favor, veinticuatro en contra, y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto modificado por la Asamblea.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados del proyecto de decreto, a las siguientes diputadas y diputados:

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, a los artículos primero; octavo, fracción primera, inciso e), que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo tercero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Purificación Carpinteyro Calderón, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo cuarto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Domitilo Posadas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos quinto; octavo, fracción primera, inciso c); y diecinueve, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Guillermo Sánchez Torres, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos doce, fracciones segunda y tercera; y dieciocho, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo quince, párrafos primero y último, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cincuenta y dos votos a favor; treinta y dos en contra; y una abstención se aprueban en lo particular los artículos reservados primero; tercero; quinto; octavo; doce; quince; dieciocho; y diecinueve, en términos del dictamen modificado por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo veintiuno Bis a la Ley de Planeación. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales. Con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita la minuta al Senado de la República, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

b) De Hacienda y Crédito Público. Se concede el uso de la palabra para fundamentar los seis dictámenes siguientes en nombre de la Comisión al diputado Damián Zepeda Vidales. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios respecto a los seis dictámenes intervienen las diputadas y el diputado: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza; David Pérez Tejada Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Cuéllar Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; y Patricia Araujo de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional:

• Que reforma el artículo segundo de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la Asociación Internacional de Fomento. Para fijar postura del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano interviene el diputado Ricardo Monreal Ávila.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cuarenta y nueve votos a favor; uno en contra; y trece abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona un tercer párrafo al artículo tercero, y se reforma el artículo cuarto de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución. Para fijar postura del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano interviene el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cuarenta y dos votos a favor; y diecisiete abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma el artículo doce y se deroga el artículo segundo de la Ley que Establece Bases para la Ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Para fijar postura del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano interviene la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos cuarenta y dos votos a favor; uno en contra, y dieciséis abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

Para fijar postura de los tres dictámenes siguientes, interviene el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, quien presenta propuestas de modificación, que en votación económica no se admiten a discusión, y se desechan:

• Que reforma el artículo cuarto del decreto que autoriza al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos veintidós votos a favor; veintiuno en contra; y dieciséis abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en sus términos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos once votos a favor; veintidós en contra; y once abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en sus términos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

• Que reforma el diverso que autorizó al Ejecutivo Federal a firmar, en representación del Gobierno de México, los Convenios Constitutivos sobre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Sin más oradores registrados, en votación nominal por doscientos noventa y ocho votos a favor; veintiuno en contra; y dieciséis abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en sus términos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

c) De Hacienda y Crédito Público, que establece las características de una moneda conmemorativa del octogésimo aniversario del Palacio de Bellas Artes. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen y presentar propuesta de modificación en nombre de la Comisión a la diputada Margarita Saldaña Hernández, que en votación económica se acepta y se integra al dictamen. Para fijar postura del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, interviene la diputada Zuleyma Huidobro González.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, y María de Lourdes Amaya Reyes, ambos del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Sin más oradores registrados en votación nominal por doscientos ochenta votos a favor; catorce en contra, y seis abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto modificado por la Asamblea que establece las características de una moneda conmemorativa del octogésimo aniversario del Palacio de Bellas Artes. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

d) De Energía, que reforma los artículos segundo y tercero de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Irazema González Martínez Olivares. Para fijar postura respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática; y Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación nominal por doscientos cincuenta y ocho votos a favor; uno en contra, y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos segundo y tercero, de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Infraestructura por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se da cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que comunica cambios de Juntas Directivas e integrantes de Comisiones Ordinarias, Especiales, Comités, y Grupos de Amistad. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:

• Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México:

– Que reforma los artículos cuarto y séptimo de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo primero Bis de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ochenta y cuatro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• De diversos Grupos Parlamentarios, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que adiciona los artículos ciento dieciséis Bis y ciento dieciséis Ter a la Ley del Seguro Social. Se turna a las Comisiobes Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley General que crea el Sistema Nacional de Registro de Menores Desaparecidos y Sustraídos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos de la Niñez, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• José Francisco Coronato Rodríguez y Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo diez de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo doscientos uno del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Jesús Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de emitir una moneda conmemorativa del cincuenta aniversario del museo Anahuacalli. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Martha Leticia Sosa Govea, y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al presidente de la República, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, se realice un análisis de la viabilidad y conveniencia de eliminar el requisito de la visa para ciudadanos de Taiwan. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar de manera permanente el mes de marzo, como el Mes del Agua. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, relativo a la destrucción de patrimonio histórico en las colonias San Rafael y Santa María la Ribera, Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de implementar las medidas necesarias para favorecer la economía familiar. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a tomar medidas precautorias para que el programa de transición a la televisión digital terrestre no se utilice como herramienta de proselitismo político en periodos electorales del dos mil quince. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Teresa de Jesús Mojica Morga, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Auditoria Superior de la Federación, realice una auditoría a la gestión financiera de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil trece, para la construcción del polideportivo del municipio de Pungarabato, estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para su atención.

• Ricardo Monreal Ávila y Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, relativo al rescate del Jardín del Tiempo en la Colonia Santa María Insurgentes, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Jaime Bonilla Valdez, del Partido del Trabajo y suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, se lleve a cabo un programa de difusión en la frontera norte, sobre los trámites para la importación de mercancías, así como de la importación temporal de vehículos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que atienda los casos en donde se denuncia a Soriana por el presunto redondeo obligatorio a favor de la Fundación Teletón y vigilar que esto no se realice en ningún otro establecimiento mercantil. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que difunda los pormenores y contenidos de la explicación que el Gobierno de México dio a la empresa china Railway Construction Company, referente a la cancelación del fallo de la licitación a su favor, del pasado tres de noviembre de dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que transparente y aclare a la sociedad el origen y destino de la trasferencia para la construcción del Museo Barroco, el fundamento legal del mismo, así como las razones por lo que dichos recursos van a fondo perdido. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes nueve de diciembre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con tres minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la secretaría ahora a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea

Esta Presidencia informa que, con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 de diciembre del año en curso, turnó a la Comisión Puntos Constitucionales, para dictamen, la siguiente iniciativa:

• Con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la Base II del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México, DF, a 9 de diciembre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Asuntos Indígenas

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de presos políticos indígenas.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y al procurador general de Justicia del Estado de Colima a garantizar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas dependencias federales a implantar e impulsar programas gubernamentales en favor de proyectos productivos dirigidos a lograr el desarrollo económico de los pueblos indígenas.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas dependencias federales a tomar medidas referentes a la esterilización forzada o mediante engaños, en perjuicio de mujeres y de hombres indígenas.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y al gobierno de Sinaloa a cumplir el Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Salud

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la NOM-010-SSA2-2010, “Para la prevención y el control de la infección del virus de inmunodeficiencia humana”, a fin de garantizar el acceso a la prueba y la entrega de resultados de VIH/sida a los jóvenes que lo soliciten con o sin la autorización del padre, la madre, el tutor o el representante legal.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de presos políticos indígenas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 23 de septiembre de 2014, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de presos políticos indígenas.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de Cámara de Diputados, determinó turnarla a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

Contenido de la proposición

El diputado proponente señala en su exposición de motivos, las siguientes consideraciones:

“Precisa, que cada vez un número mayor tanto de hombres como de mujeres son recluidos en cárceles de los Estados, a quienes se les apresa sin existir prueba alguna que demuestre su responsabilidad en la comisión de los delitos que se les imputan, no se lleva el procedimiento adecuado y reiteradamente la detención se relaciona directamente con su actividad para promover y procurar la protección de derechos de campesinos indígenas.

Mediante la utilización arbitraria de los órganos de procuración de justicia, se recrudece la persecución y criminalización de líderes sociales Indígenas, en este caso, en el estado de Sonora, un integrante de la tribu yaqui ha sido víctima de este mal, el 11 de septiembre Mario Luna, vocero de la tribu yaqui fue arrestado por cuatro hombres, los cuales en ningún momento se identificaron como autoridad, ni exhibieron orden de presentación alguna, lo trasladaron a Navojoa en lugar de ponerlo a disposición inmediata de la autoridad, violentando con esto sus derechos humanos.

Mario Luna es vocero y autoridad dentro de la tribu yaqui, quien desde un principio se ha opuesto a la construcción del acueducto Independencia, obra que ha sido impugnada desde su licitación en Sonora.

Señala que los gobiernos estatal y federal han sido cómplices de las acciones corruptas y de omisión que han derivado en malversación de fondos del ejercicio público, acaparamiento y venta de recursos naturales como agua y minerales, sin olvidar grandes lotes en Hermosillo y demás partes de la sierra sonorense, y acciones tan criminales como los tandeos de agua a la población de la capital del estado.

Actualmente la tribu yaqui cuenta con territorio y aguas propias, teniendo reconocimiento mediante Decreto Presidencial establecido por el gobierno de Lázaro Cárdenas, con la construcción del acueducto se despojaría de agua a la tribu yaqui. Para dicho proyecto no se ha llevado a cabo un estudio mínimo de impacto ambiental y mucho menos justificación alguna.

Mario hace responsable al gobernador Guillermo Padrés, ya que se descubrió que dentro de su propiedad se encuentra una presa, con la cual asegura el riego de sus 700 hectáreas para cultivo del nogal, la cual formaría parte del proyecto del acueducto que se localiza en la parte de Bacanuchi, Municipio de Arizpe, comunidad de las más afectadas por escasez de agua y protagonista del ecocidio provocado por la mina Grupo México.

A la par de la construcción se lleva a cabo una campaña de odio racial contra la Tribu Yaqui y fabrican escenas criminales para desprestigiar a los defensores del río Yaqui.

Otro ejemplo claro de ello es Patishtán, que participaba activamente en la vida política de su municipio, denunciando la corrupción del ayuntamiento y solicitando la destitución del presidente municipal y la creación de un consejo municipal, el cual fue encarcelado por 13 años sin culpa alguna, y fue liberado por un indulto presidencial en octubre de 2013.

Sin olvidar el caso emblemático de Alberta Alcántara y Teresa González, dos indígenas Otomíes de Querétaro quienes fueron acusadas del secuestro de seis agentes federales y posesión de cocaína en el 2010, quienes después de cuatro años fueran liberadas por falta de pruebas. Como ellas existen muchos casos de mujeres y hombres indígenas que se encuentran en la misma situación de impunidad.

Puntualiza que estos casos son un ejemplo de la forma cada vez más sistemática y reiterada en que se inician acciones penales sin fundamento, en contra de activistas sociales indígenas, no podemos permitir que las autoridades o terceras personas dejen de utilizar el poder punitivo para amedrentar a los activistas sociales.

En México hay actualmente 8 mil 486 indígenas presos, quienes enfrentan problemas de discriminación, una deficiente atención médica y un escaso contacto familiar por la lejanía que suele haber entre los centros penitenciarios y sus comunidades, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La dependencia indicó que las personas indígenas recluidas, de las cuales 8 mil 196 son hombres y 290 son mujeres, también carecen de información sobre los derechos humanos que los asisten y desconocen los beneficios de libertad anticipada que pueden solicitar de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, es lamentable que en el 80 por ciento de los casos, los Indígenas ni siquiera saben el motivo por el cual se les acusa.

Más de 100 grupos étnicos, entre los que destacan náhuatl, tzeltal, tzotzil, zapotecos y mixtecos, pagan condenas por homicidio, violencia intrafamiliar, violación y secuestro, que firmaron sus sentencias sin un intérprete y sin entender ni hablar español.

Concluye que se debe acordar el desistimiento de las acciones penales correspondientes y se debe decretar la libertad inmediata de indígenas presos políticos, recluidos en diversos penales del país, debido a la inconstitucionalidad dentro de los procesos y a la violación de sus derechos humanos.”

Consideraciones

Del análisis realizado por esta comisión dictaminadora a la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Ricardo Monreal Ávila, se puede señalar que en su exposición de motivos enfatiza la necesidad de acordar el de-sistimiento de las acciones penales correspondientes y se decrete la libertad inmediata de indígenas presos políticos, recluidos en diversos penales del país, debido a la inconstitucionalidad dentro de los procesos y a la violación de sus derechos humanos.

Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora después de realizar un análisis exhaustivo, llegó a las siguientes conclusiones:

Primera. En cuanto al primer resolutivo de la proposición para “exhortar al titular de la CNDH a iniciar de oficio las quejas correspondientes para hacer respetar los derechos humanos de los presos políticos indígenas del país”. Esta Comisión considera que el resolutivo primero, es ambiguo, en virtud que no señala a quien o quienes se refieren como “presos políticos indígenas”. Cabe mencionar que la calidad de “presos políticos indígenas”, no existe en nuestro sistema jurídico mexicano, como una figura jurídica como tal; en consecuencia, no es posible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH,inicie de oficio quejas contra personas indeterminadas, ya que en nuestro sistema penitenciario no se reconoce o contempla dicho término para algún reo en el país.

Es de mencionar que Amnistía Internacional, solamente define y defiende a los considerados “Presos de Conciencia” a quienes define como toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso.

Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora llega a la conclusión de que no es procedente exhortar a la CNDH para iniciar quejas de oficio derivado de que no existe persona alguna que tenga esa calidad jurídica de “preso político indígena”, ya que según datos de la CNDH, presentados en el pasado mes de julio, el sistema penitenciario del país alberga a un total de 8 mil 334 personas indígenas, de las cuales especificó que 327 son mujeres y 8,007 son varones; de las cuales 6,632 pertenecen al fuero común y 702 al fuero federal.

De igual manera la CNDH precisó que a través del Programa de Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión, realizó 44 visitas a centros penitenciarios con población indígena en 17 entidades federativas, para analizar sus expedientes procesales y médicos y darles orientación jurídica.

En este sentido, suponiendo sin conceder, que el proponente se refiriese al caso particular de Mario Luna, vocero de la tribu yaqui, es de comentar que el 9 de octubre del presente año, la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, emitió punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades del estado de Sonora, en relación a la comunidad Yaqui de dicha entidad, el cual fue aprobado por el pleno de esta Cámara en la misma fecha de su presentación y en el que hace referencia en uno de sus resolutivos específicamente al tema de Mario Luna.

En relación con lo anterior, se concluye que la CNDH no puede iniciar de oficio quejas sobre violaciones a derechos humanos de personas inciertas, es decir, aquellas personas no identificadas, como lo es el caso de los denominados “presos políticos indígenas”.

En esta tesitura, el artículo 6, fracción II, de la Ley de la CNDH, señala que la Comisión Nacional tendrá entre sus atribuciones la de conocer e investigar a petición de parte, o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos: a)Por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal; b)Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente en tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas.

Así también, el artículo 8 de la Ley en comento, señala que en los términos de esta Ley, sólo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales, salvo las de carácter federal, cuando dichos actos u omisiones tengan un carácter administrativo. La Comisión Nacional por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo.

Segunda. En lo que se refiere al segundo resolutivo de la proposición, es de mencionar que esta Comisión dictaminadora, considera que es indispensable que las autoridades jurisdiccionales de los tres niveles de gobierno, no solo en este caso la PGR, se comprometan a contar con personal especializado en la atención de los problemas que afectan a más de 8 mil indígenas presos en diferentes cárceles de nuestro país y garantizarles el acceso a un sistema eficaz de procuración e impartición de justicia, ya que en muchas ocasiones se viola su derecho al debido proceso porque no reciben asesoría jurídica inmediata, carecen de intérpretes, traductores o defensores públicos especializados, lo cual se agrava si además son víctimas de detenciones arbitrarias o maltrato.

Pero es necesario señalar que el Ministerio Público federal, dependiente de la PGR, es autónomo e independiente en cuanto a la integración de sus Averiguaciones previas, por lo tanto, este poder legislativo no puede inmiscuirse en cuestiones de su competencia, ya que de no ser así, se estaría violando el principio de división de poderes. En virtud de lo anterior, esta comisión considera que no es procedente exhortar a la PGR para que lleve a cabo el no ejercicio de la acción penal y dejarlos en libertad como lo señala el proponente. Esto es así, debido a que tampoco se especifica en el punto de acuerdo, a quien o quienes imputados supuestamente se le sigue alguna averiguación previa ante la PGR, para que en su caso, se le pueda decretar el no ejercicio de la acción penal.

Tercera. En cuanto al tercer resolutivo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a decretar “Amnistía” a presos políticos indígenas... Esta comisión dictaminadora llega a la conclusión de declarar improcedente el mismo, derivado de que el Ejecutivo federal conforme a sus facultades y obligaciones que señala el artículo 89 de la Constitución federal, no cuenta con la facultad constitucional para decretar “Amnistía” a presos políticos indígenas, ya que la única facultad que tiene el Ejecutivo federal en este sentido, es la que se refiere a la figura jurídica del “Indulto”, en los términos siguientes:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal;

XV a XX. ...

Así también, el artículo 97 Bis del Código Penal Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre del 2013, señala lo siguiente:

Artículo 97 Bis. De manera excepcional, por sí o a petición del Pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el titular del Poder Ejecutivo federal podrá conceder el indulto, por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal, y previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

El Ejecutivo federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.”

Derivado de lo anterior, se concluye que el Ejecutivo Federal, solamente tiene la facultad constitucional de otorgar indultos conforme a las leyes y no para decretar amnistía a presos, ya que esta es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, es decir, una atribución que constitucionalmente le corresponde al legislativo federal, como lo señala el artículo 73 fracción XXII de nuestra Carta Magna:

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XXI. ...

XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.

XXIII. a XXX. ...

En consecuencia, esta comisión dictaminadora una vez rea-lizado el análisis jurídico de los resolutivos que se contienen en la proposición, estima pertinente desechar el punto de acuerdo, con base en los considerandos señalados anteriormente.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Indígenas somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único.Se desecha la proposición con punto de acuerdo, relativo a la liberación de presos políticos indígenas, presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 23 de septiembre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días de noviembre de dos mil catorce.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado (rúbrica), Emilse Miranda Munive (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Othón Zayas Máximo (rúbrica), Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera.»

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y al procurador general de Justicia del Estado de Colima a garantizar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC

Honorable Asamblea

La Comisión de Asuntos Indígenas con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción VI, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la honorable asamblea el presente dictamen con base en los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 28 de octubre de 2014, los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y al titular de la Procuraduría General de Justicia de Colima, a fin de garantizar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC.

II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, determinó turnarla a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

Contenido de la proposición

El diputado proponente señala en su exposición de motivos, las siguientes consideraciones:

“Señala que como en varios estados del país, habitantes de ejidos e indígenas han protestado durante meses en Jalisco y Colima en contra de proyectos mineros que han causado infinidad de estragos en sus localidades, ya que según sus declaraciones:

“A lo largo de los años los intereses mineros han desencadenado en sus poblaciones un ambiente de asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, hostigamiento, intimidación, sobornos, así como la contaminación de afluentes de agua, y destrucción de caminos.

También han padecido la pérdida de la biodiversidad y tierras de cultivo, brote de enfermedades, división dentro de las familias y fractura de su tejido social.”

Precisa, que en un comunicado conjunto, representantes de las comunidades de Zacualpan y Canoas, Colima y las de Coconal, Mameyito, Puertecito de las Parotas, Los Potros, Puertecito de las Lajas, Llanito de la Marina, Loma Colorada y Tequesquitlán (Jalisco), apoyados de miembros del grupo ambientalista Bios Iguana, AC; manifestaron que “para lograr sus objetivos las empresas mineras corrompen autoridades y contratan sicarios para intimidarlos y despojarnos violenta y sanguinariamente de nuestros territorios”.

Por ejemplo, es necesario destacar que, en febrero pasado y tras una resolución del Tribunal Unitario Agrario 38, se rechazó un proyecto de mina de oro y se declaró a Zacualpan, Colima como un “territorio libre de minería”; sin embargo, poco tiempo después se incrementó la violencia en contra del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan, CIDTZ, por parte del grupo priista que apoya a Carlos Guzmán Teodoro, ex presidente de Bienes Comunales, por lo que las comunidades exigieron al gobierno del estado y al municipal que dejaran de dar protección a dicho grupo y frenaran los ataques de violencia.

Asimismo, representantes del ejido de Canoas denunciaron que a pesar de que no existe permiso de cambio de uso de suelo por parte del ayuntamiento de Manzanillo para el proyecto “extracción de mineral de fierro yacimiento Eva”, de Pacific Group, SA, y de que el ejido tampoco ha otorgado el permiso social, la empresa insiste en instalarse a como dé lugar, e incluso abrió un camino por el ejido de Arrayanal y destruyó gran cantidad de árboles. Asimismo, pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró los trabajos de la mina, las máquinas se quedaron adentro haciendo perforaciones, mientras que las autoridades de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional han obstaculizado el registro de los documentos mediante los cuales la asamblea ejidal se pronunció ya en dos ocasiones contra la instalación de proyectos mineros en su territorio.

Puntualiza que al respecto, 40 organizaciones tanto nacionales como internacionales, mediante un documento dirigido al gobernador Mario Anguiano Moreno, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Congreso de Colima, al presidente municipal de Comala y a la delegada estatal de la Procuraduría Agraria, han solicitado seguridad para los integrantes del CIDTZ y de Bios Iguana, AC, por ello demandaron que el gobierno de Colima de manera inmediata “deje de promover la impunidad” y acate las resoluciones del tribunal.

“Igualmente solicitamos se aplique todo el peso de la ley contra quienes fomentan la violencia y puntualmente se investigue y, en su caso, procese a Carlos Guzmán (ex presidente de Bienes Comunales) y sus seguidores, quienes han ocasionado lesiones físicas contra niñas y niños, mujeres y hombres de todas las edades de la comunidad de Zacualpan”, exigieron.

Señala que de manera desafortunada, es conocido que este tipo de hechos ocurren de manera reiterada y ponen en riesgo a las personas que, bajo una preocupación legítima, se oponen a los proyectos de grandes empresas, por lo que resulta urgente que el gobierno mexicano en sus tres niveles de gobierno tome las medidas necesarias para velar por los derechos e integridad de los manifestantes, en este caso de los comuneros e indígenas de Colima.”

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora después de realizar un análisis exhaustivo a la proposición con punto de acuerdo presentado por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, en el sentido de exhortar al gobernador y al titular de la Procuraduría General de Justicia de Colima, a fin de garantizar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC, llega a las siguientes conclusiones:

Primera. Esta Comisión de Asuntos Indígenas tiene como una de sus principales funciones la de tender puentes y con ello coadyuvar en la solución de las diversas problemáticas que aquejan a nuestros pueblos y comunidades indígenas del país, motivo por el cual, los integrantes de esta comisión han acordado giras de trabajo por distintas entidades de la república con la finalidad de sostener reuniones con los pueblos indígenas en conflicto, así también, se han tenido reuniones en las oficinas de esta Comisión con diversos representantes indígenas, con la finalidad de conocer de manera directa sus quejas y denuncias y con ello poder intervenir y coadyuvar en la solución de sus demandas, siempre y cuando se cuente con la información necesaria de las partes en conflicto, para poder tomar una determinación al respecto.

En virtud de lo anterior y tratándose de un asunto en el cual se cuenta con muy poca información sobre la problemática señalada por el promoverte en su proposición, la comisión considera que sería muy aventurado aprobar un Punto de Acuerdo sin conocer la versión de las dos partes en conflicto. En consecuencia, esta Comisión estima pertinente solicitar información al Gobierno del Estado de Colima y a la Procuraduría General de Justicia de ese estado, sobre la problemática que están padeciendo los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC, lo anterior derivado de que en la exposición de motivos de la proposición, solamente se mencionan como fuentes diversas notas periodistas sobre el caso. Es de mencionar que esta comisión dictaminadora no pone en duda la veracidad de la problemática social que se vive en el estado de Colima, pero es primordial contar con la información necesaria para tomar una determinación al respecto.

En este sentido, por lo que respecta al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC, la comisión abrirá un espacio de comunicación con sus representantes para que expongan personalmente su problemática ante el pleno de esta comisión y así acordar las medidas pertinentes para poder contribuir en la solución del conflicto.

Segunda. Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora después de haber realizado el análisis de los resolutivos que se contienen en la proposición, estima pertinente desechar el punto de acuerdo y en consecuencia, solicitar sendos informes al gobierno del estado de Colima, y a la Procuraduría General de Justicia de ese estado, para que en breve término dé una respuesta oficial sobre la problemática que motivó la proposición. Así también, se acordó sostener una reunión de trabajo con los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Asuntos Indígenas somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima, a fin de garantizar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC, presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, ambos del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, el 28 de octubre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de dos mil catorce.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera, Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado (rúbrica), Emilse Miranda Munive (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera.»

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas dependencias federales a implantar e impulsar programas gubernamentales en favor de proyectos productivos dirigidos a lograr el desarrollo económico de los pueblos indígenas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción V; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente a “Contenido de la Proposición” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta del Punto de Acuerdo en estudio.

III. En las “Consideraciones”, la Comisión realiza los argumentos de valoración de la propuesta, así como la razón de los motivos que sustentan la decisión del sentido del dictamen.

IV. Por último, en el capítulo de “Punto de Acuerdo”, la comisión emite la decisión basada en análisis y pertinencia realizada a la proposición.

I. Antecedentes

Primero. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias del Gobierno Federal, para que implanten e impulsen programas gubernamentales en favor de proyectos productivos dirigidos a lograr el desarrollo económico de los pueblos indígenas.

Segundo. En la misma fecha señalada en el punto que antecede, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio DGPL 62-II-4-1666, turnó a la Comisión de asuntos indígenas la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

II. Contenido de la proposición

La diputada proponente sostiene que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, signados en 2000, por 189 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acordaron para 2015 cumplir ciertas metas fundamentales para que se atiendan las necesidades básicas de las personas de los países en desarrollo, que dentro de los objetivos se encuentra apoyar a los sectores más vulnerables, señalando que los indígenas son los más pobres; con menor acceso a la educación y en general mantienen las peores condiciones de salud comparado con el resto de la población, según indicó la Organización de las Naciones Unidas.

Asimismo, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez refiere que el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cita textualmente que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, además, conforme a los Apartados A y B del mismo artículo constitucional, se reconoce y garantiza el derecho a los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, asimismo, los tres órdenes de gobierno impulsarán el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas, con la participación de las comunidades.

La proponente motiva su propuesta en lo establecido en los numerales 1 y 8 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio señalando lo siguiente:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren hambre.

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario.

- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluidos mujeres y jóvenes, además de rechazar rotundamente el trabajo infantil.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio.

La diputada Nolasco menciona que, “...si bien la Carta Magna hace votos por enaltecer a los pueblos indígenas, así como los tratados firmados por el país abonan teóricamente; la realidad muestra un Estado con políticas desiguales, en las cuales el sector rural en donde se agrupan la mayoría de comunidades indígenas, son rezagadas, centrándose en el sector urbano...”.

Que en el proceso de apertura comercial, en favor de mantener una economía competitiva, los grupos indígenas son vulnerables y con tendencia a la desaparición por no contar con los elementos necesarios, con un país cada vez más industrializado y de mayor apertura comercial, las estrategias de mercado o los empleos que necesitan ser cubiertos son distintos de los que podrían proveer los indígenas”.

Especifica que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se constituyen como un reto y a la vez, una oportunidad para los países firmantes, respetando los esfuerzos y cooperación por orientar de manera coordinada políticas, estrategias, planes y programas públicos.

Finalmente, la proponente indica que “con la presente propuesta se busca fortalecer la transversalidad entre distintos programas y acciones en las diferentes áreas de la administración pública federal, con el objetivo principal de abatir la pobreza en los sectores donde esta se encuentra más acentuada, como es el caso de las comunidades y los pueblos indígenas”.

Asimismo, el punto de acuerdo que presenta la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, a la letra dice:

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación implanten e impulsen programas gubernamentales en favor de proyectos productivos dirigidos a lograr el desarrollo económico de los pueblos indígenas.

En este sentido, las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, analizando el contenido de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, desarrollamos las siguientes:

III. Consideraciones

1. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal, para que implementen e impulsen programas gubernamentales en favor de proyectos productivos dirigidos a lograr el desarrollo económico de los pueblos indígenas, presentado por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Una vez que se realizó el estudio del punto de acuerdo que nos ocupa, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con la proponente en el sentido de que es necesario redoblar esfuerzos para cumplir con lo establecido en los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Sin embargo, es de considerar que en septiembre de 2000, los principales líderes mundiales convinieron en establecer objetivos y metas, con plazos definidos, incluidos en la Declaración del Milenio que fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, estos Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho que se intentan alcanzar para el año 2015.

Los objetivos son los siguientes:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

Objetivo 6: Combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Estos se traducen en 51 indicadores en total, que México tiene que cubrir para el 2015.

En este sentido, y de acuerdo con el Informe 2014 Objetivos de Desarrollo del Milenio, publicado el 07 de julio de 2014 en el portal del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Objetivo 1 se monitorea a partir de 9 indicadores.

Este informe indica que de acuerdo con la medición de la pobreza que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2012, el 45.5% de la población en México se encontraba en situación de pobreza y 9.8%, en pobreza extrema, cumpliendo así la meta establecida para este indicador.

Asimismo, informa que en 2012 se cumplió la meta de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingresos inferiores a 1.25 dólares diarios, al alcanzar el 4.0 por ciento del 4.6 por ciento que debe llegar en 2015.

También se han incrementado los ingresos de la población, se ha disminuido la brecha de pobreza, se ha aumentado la ocupación en relación con la población en edad de trabajar y se redujo a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre.

A continuación se muestran los indicadores y sus avances:

Por lo anterior, México ha cumplido con 8 indicadores y uno registra progreso insuficiente que es el incremento de la tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada.

Aunque en temas como el de buena nutrición y alimentación ya se han alcanzado los objetivos de cobertura, permanece el reto de mejorar la calidad y el acceso efectivo a los servicios de salud en las entidades federativas. Por tal motivo es necesario ampliar y fortalecer la oferta de infraestructura de salud, al igual que contar con suficiencia de unidades médicas, recursos humanos, medicamentos e insumos para brindar un servicio oportuno y con calidad humana a la población.

En cuanto al objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, se asocian tres indicadores, que conforme al cuadro que abajo se señala, se muestra una evolución favorable en los últimos años. En particular, se observa un aumento significativo en el número de suscripciones a teléfonos celulares móviles y en el número de usuarios de internet en los últimos años. Es de resaltar que para este objetivo no se cuenta con una meta específica para los indicadores.

En el informe publicado el 7 de julio del presente año, se señala que se ha logrado la colaboración con el sector privado en dar acceso a nuevas tecnologías en particular de información y comunicaciones; su evolución se ha dado de la siguiente manera:

De 1990 a 2012 el número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 habitantes se triplicó;

De 2000 a 2012 el número de suscripciones de teléfonos celulares por cada 100 habitantes se sextuplicó y;

El número de usuarios de internet pasó de 5.0 a 40.2 por ciento.

Es preciso apuntar que el incentivar la competencia en todos los segmentos de las telecomunicaciones, permitirá asegurar la cobertura universal de los servicios de telefonía, televisión, radio y datos.

En términos generales, la PNUD se ha pronunciado a favor de que todos los países firmantes cumplirán los objetivos y metas establecidas para el 2015, por lo que ha reiterado el compromiso de seguir trabajando a favor de una nueva asociación mundial que, posterior al 2015, priorice la erradicación de la pobreza extrema hacia el 2030 y que ofrezca esperanza y un papel significativo a cada persona en el mundo. En donde nadie sea dejado atrás.

Por lo anterior, se concluye que México hasta el momento ha cumplido con las metas programadas para los objetivos 1 y 8, en por lo menos más del 90 por ciento.

En este sentido y considerando que la diputada promovente está motivando su propuesta en el cumplimiento de los objetivos antes referidos, entonces queda el Punto de Acuerdo sin materia.

3. Con relación al apartado referente a que la proposición con punto de acuerdo, la diputada Yesenia Nolasco busca que esta Cámara de Diputados “...exhorte al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Economía y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en coordinación implanten e impulsen programas gubernamentales en favor de proyectos productivos”, es de precisar que de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración pública federal será centralizada y paraestatal, y en su Ley Orgánica se distribuirán los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación, además, precisa que el Ejecutivo federal representará a la federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de las secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley.

En los mismos términos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 1o. y 2o. establecen que la administración pública federal será centralizada, integrada entre otras, por las secretarías de Estado, dependencias que despacharán los negocios encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión; asimismo, será paraestatal, compuesta entre otros, por organismos descentralizados quienes auxiliarán en sus atribuciones al Poder Ejecutivo federal.

Bajo estos términos, esta comisión dictaminadora señala que lo conducente, en el punto de acuerdo es que se exhorte directamente a la dependencia ejecutora; en el caso que nos ocupa, es que se realice la excitación a la Secretaría de Economía en calidad de Secretaría de despacho y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas como organismo descentralizado de la administración pública federal.

4. Por otra parte, considerando el contenido de la motivación de la proposición, en cuanto a que busca fortalecer la transversalidad entre distintos programas y acciones en las diferentes áreas de la Administración Pública Federal, con el objetivo principal de abatir la pobreza en los sectores donde esta se encuentra más acentuada, como es el caso de las comunidades y los pueblos indígenas.

Sobre el particular, es de resaltar que se llevan a cabo diversas acciones donde concurren programas, cuyos recursos son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los sectores vulnerables, tales como el de la población indígena.

En este sentido, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 41 Fracción II inciso j), ya establece que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contendrá las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos del Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; distribuidos en ramos y, en su caso, en los flujos de efectivo de las entidades; mismo que, en uso de la facultad exclusiva, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión analiza, discute y aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es así que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, en su artículo 3 fracción X, se determina que el gasto neto total se distribuye en anexos transversales en el que se observarán los recursos desglosados por ramo y programa presupuestario, para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas en un Anexo 9:

Por lo anterior, queda claro que existen preceptos legales que sustentan la integración del anexo transversal en materia indígena, a fin de que se observe de manera clara el recurso que se destina a los Programas Presupuestarios y a las Unidades Responsables para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

También, se puede observar en el anexo 9 Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que se prevé programas en favor de proyectos productivos que contribuyen a mejorar el desarrollo económico de la población indígena.

Por lo que, tomando en cuenta las argumentaciones antes señaladas, esta Comisión de Asuntos Indígenas considera no procedente la intención de la diputada proponente, de buscar fortalecer la transversalidad de programas y acciones en las diferentes áreas de la administración pública federal.

5. Para mayor abundamiento y en uso de la facultad establecida en el artículo 158 numeral 1, fracción IX del Reglamento de la Cámara de Diputados se solicitó a las dependencias de la administración pública federal que tienen relación con el tema que nos ocupa, información con la finalidad de tener mayores elementos que apoyen con el dictamen del punto de acuerdo en estudio, por lo que esta comisión dictaminadora recibe de la Secretaría de Economía, lo siguiente:

Postura institucional:

La Secretaría de Economía por conducto de sus diversas áreas y su sector coordinado ya cuenta con programas en favor de proyectos productivos que contribuyen a mejorar el desarrollo económico de los pueblos indígenas. A continuación se mencionan algunos de estos esfuerzos implementados por tres instancias ligadas a la Secretaría de Economía:

1) El Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem, ha desarrollado diversos programas que tienen como finalidad impulsar la competitividad de las regiones y sectores, a partir de programas integrales que permitan el desarrollo, fomento, consolidación, aceleración y reconversión de su tejido productivo; así como la consolidación de proyectos integrales que fortalezcan la posición competitividad de las MIPYMES con base en las vocaciones regionales y en los sectores estratégicos, y que consideren las capacidades productivas de los estados, para elevar los niveles de prosperidad económica, destinando un monto global de seiscientos millones de pesos.

2) Por su parte, la Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, Pronafim, en cumplimiento a sus funciones y con apego a sus Reglas de Operación, contribuye al desarrollo de un sistema de servicios integrales de micro finanzas que son ofrecidos a través de las instituciones de micro financiamiento, intermediarios y organismos intermediarios a mujeres y hombres excluidos de los servicios financieros formales y que pretenden desarrollar unidades económicas sostenibles. Uno de sus objetivos específicos es promover la cobertura y profundización de dichos servicios integrales con especial énfasis en las zonas prioritarias y en grupos excluidos del desarrollo económico y social. En virtud de lo anterior, dicha coordinación coadyuva, en apego a los fines de los fideicomisos Finafim y Fommur, en los proyectos productivos dirigidos a lograr el desarrollo económico de los pueblos indígenas.

En otro sendero, el Instituto Nacional de la Economía Social, Inaes, pone particular interés en jóvenes, mujeres y población en situación de vulnerabilidad –habitantes de comunidades indígenas-, mediante estrategias de atención transversales, con miras a dinamizar y explotar el potencial que tienen las formas comunitarias de organización y trabajo, propias de la economía social, ya que los jóvenes requieren y requerirán en los próximos años, opciones de inserción productiva que les provean de ingreso estable y garanticen condiciones de bienestar social.

Es por ello que el Inaes opera el Programa de Fomento a la Economía Social, cuya finalidad está dirigida a otorgar apoyos para la constitución, desarrollo, consolidación y expansión de los organismos del sector social de la economía, OSSE, y la participación de éstos en esquemas de financiamiento social (con un presupuesto de dos mil cuatrocientos millones). Exaltando el sentido comunitario y de integración que se genera en los individuos a través del trabajo asociativo y solidario, haciendo del sector social un mecanismo de inclusión de aquellos segmentos de la población que se encuentran en desventaja y que enfrentan obstáculos para el acceso a oportunidades de inserción laboral, productiva y financiera.

Prueba de ello es el Primer Encuentro de Economía Social en México 2014, celebrado en días pasados en el que se entregó apoyo a 10 organizaciones cooperativas, organizaciones productivas, como una muestra del esfuerzo que se ha hecho a lo largo y a lo ancho del país.

De este modo y en estricto apego a las disposiciones contenidas en nuestra Carta Magna, en lo concerniente a la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son, aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas; en relación a los mecanismos que las leyes establecerán para la fácil organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Es a partir de estas directrices donde la Secretaría de Economía tiene un mandato claro, definido y comprometido en aras de edificar un esquema de viabilidad productiva de mediano y largo plazo que cambie y transforme de fondo la realidad del sector social a través del Inaes.

No se omite mencionar que si bien las Reglas de Operación 2014 no hacen mención expresa a los pueblos y comunidades indígenas, los mismos están incluidos, en consideración a lo siguiente:

Muchas etnias indígenas de nuestro país tienen reconocido, para efectos de la propiedad de la tierra, el régimen ejidal o de comunidades previsto en la ley agraria, y aún en aquellos casos en que no sea así, es posible que conformen organizaciones, o bien, que adopten la forma de cooperativas, y justamente el Inaes es la institución pública encargada de brindar apoyos productivos a ese tipo de organismos que conforman el sector social de la economía.

Las Reglas de Operación 2014 también han reconocido a los grupos indígenas vía indirecta, al definir en la regla 2, fracción XXXIX a la “población en situación de vulnerabilidad” como las “personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida y por tanto requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar”; concepto que coincide plenamente con la situación de los grupos indígenas, susceptibles de recibir con base en dichas reglas y sus anexos, los apoyos denominados “Integra población en situación de vulnerabilidad”, en cualquiera de sus tres modalidades (apoyo en efectivo para la ejecución de un proyecto productivo nuevo, o para el desarrollo y consolidación de proyectos productivos en operación y aquéllos para la vinculación de los proyectos en redes o cadenas de valor), cuyos montos y porcentajes son preferentes al de organismos integrados por personas distintas a las que no se encuentren en situación de vulnerabilidad, y se especificarán en la convocatoria respectiva.

Por otra parte, el Inaes, consciente de la existencia de otros apoyos que eventualmente inciden en los organismos del sector social de la economía, ha previsto en las Reglas de Operación 2014, un apartado de “Coordinación institucional” (regla 11), para el efecto de que se establezcan acciones de coordinación con otras dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno.

Por lo que concluimos que ya existen acciones y programas gubernamentales en favor de proyectos productivos dirigidos a lograr el desarrollo económico de los pueblos indígenas, y en este sentido, resulta improcedente el resolutivo que nos ocupa.

En consecuencia y basándose en las consideraciones y argumentaciones jurídicas que preceden, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, estimamos desechar la Proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración de la honorable asamblea, los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal a implantar e impulsar programas gubernamentales en favor de proyectos productivos dirigidos a lograr el desarrollo económico de los pueblos indígenas.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de noviembre de 2014.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado (rúbrica), Emilse Miranda Munive (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Máximo Othón Zayas (rúbrica), Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica en contra), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera.»

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo que exhorta a distintas dependencias federales a tomar medidas referentes a la esterilización forzada o mediante engaños, en perjuicio de mujeres y de hombres indígenas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción V; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados , someten a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente a “Contenido de la proposición” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta del punto de acuerdo en estudio.

III. En las “Consideraciones”, la Comisión realiza los argumentos de valoración de la propuesta, así como la razón de los motivos que sustentan la decisión del sentido del dictamen.

IV. Por último, en el capítulo de “Punto de Acuerdo”, la comisión emite la decisión basada en análisis y pertinencia realizada a la proposición.

I. Antecedentes

Primero. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil catorce, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales a tomar medidas referentes a la esterilización forzada o mediante engaños, en perjuicio de mujeres y de hombres indígenas.

Segundo. En la misma fecha señalada en el punto que antecede, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio DGPL 62-II-1546, turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

II. Contenido de la proposición

La diputada proponente, sustenta su Punto de Acuerdo en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando que “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizara a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Hace referencia de manera general, sobre hechos registrados en Tlapa, en Guerrero, señalando que el día 4 de agosto, mujeres indígenas Na Savi fueron obligadas a recibir una inyección mensual de un anticonceptivo, condicionando la permanencia en el programa Oportunidades,... “Lo cual viola lo establecido en la Constitución y normas en materia de atención de salud, esto ante declaración del médico voluntario de organizaciones sociales, Euclides Moreno Castro”.

Hace mención en su exposición, que también trasgrede lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 25.

Agrega que, el proceso denominado esterilización forzosa o esterilización forzada, estaba respaldada por la Ley de la Eugenesia, que permitía hacer una selección de individuos bajo criterios tales como un bajo cociente intelectual –menor de 70-, padecer problemas mentales como la epilepsia o ser homosexual.

La diputada proponente refiere diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relativas a prácticas administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos respecto de la obtención de consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar de miembros de comunidades indígenas, como la número 4 de Tlapa, Guerrero, del 16 de diciembre de 2002, la queja emitida en Oaxaca, número 2002/1431-4 del 6 de diciembre de 2002, recomendación número 46/2002, dirigida al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, finalmente, refiere que el 14 de abril de 2002, en Guerrero, se documentó que 16 indígenas fueron esterilizados bajo engaños por personal de la Secretaria de Salud en 1998, mismos que recibieron 25 mil pesos de indemnización económica así como apoyos para sus hijos y despensas alimenticias. Derivado de ello, la CNDH, emitió el 17 de septiembre del 2001 la recomendación 18/2001, en la que determina que es necesario repararles los daños causados a los 16 indígenas de tres comunidades del municipio de Ayutla.

En consecuencia, la diputada Yesenia Nolasco propone los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a la brevedad solicite, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Secretaría de Salud, hacer público los casos en los que exista conocimiento de prácticas de esterilizaciones forzadas de indígenas en todo el territorio nacional.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Social, se sancione conforme a derecho a todo personal involucrado en actos de esterilización forzada o mediante engaños contra, hombres y mujeres indígenas.

Tercero.Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que en caso, destituya a los delegados de la Secretaria de Desarrollo Social de las entidades federativas involucrados en casos de esterilización forzada o mediante engaños.

Cuarto.Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que mediante la Secretaría de Salud, destituya a todos los médicos y enfermeras implicados en casos de esterilizaron forzada o mediante engaños en todas las entidades federativas.

Bajo estos supuestos, las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, mediante el análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, desarrollamos las siguientes

III. Consideraciones

1. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a distintas dependencias federales a tomar medidas referentes a la esterilización forzada o mediante engaños, en perjuicio de mujeres y de hombres indígenas., presentado por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que la diputada Yesenia Nolasco, sustenta su proposición sobre hechos registrados en Tlapa, en el Estado de Guerrero, suscitados el día 4 de agosto, sin especificar el año, por lo que conlleva imprecisión de datos y puede derivar en confusión de los hechos relatados en la exposición del asunto a tratar, por lo que es insuficiente la información proporcionada en el punto de acuerdo para determinar la procedencia del mismo.

3. Siguiendo en el análisis del punto de acuerdo, esta comisión dictaminadora coincidimos con la proponente en el sentido de su preocupación de que es importante que la población de comunidades indígenas, al adoptar algún método de planificación familiar sea con consentimiento libre e informado, sin violación a sus derechos humanos, sin embargo, es de considerar que los datos en el que sustenta su proposición la diputada Yesenia Nolasco, son recomendaciones derivadas de investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace más de 12 años y que como bien lo dice la proponente, en su momento ya se resolvieron y hasta en algunos casos, recibieron indemnización económica así como apoyos para sus hijos y despensas alimenticias. Por lo que esta Comisión, para tener mayores elementos, consultó la plataforma de información electrónica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encontrando que se confirma que hace más de 10 años hubo acciones que vulneraron los derechos humanos en materia de planificación familiar, pese a ello, no se tiene dato preciso de que en años recientes se haya incurrido en esta práctica, por lo que, el punto de acuerdo no se encuentra sustentado en hechos reales y con datos suficientes y actuales que ilustren la procedencia del punto de acuerdo, por lo que se considera inviable la propuesta.

Dada la relevancia del tema y al no tener la certeza de los asuntos, es de señalar que esta dictaminadora en uso de la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 79 numeral 3 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, es que en su momento, la Comisión de Asuntos Indígenas solicite información relativa con la violación de derechos humanos en materia de planificación familiar a Pueblos y Comunidades Indígenas, como una de las actividades que realizan las Comisiones Ordinarias, para el cumplimiento de sus tareas.

4. Siguiendo el análisis jurídico-reflexivo, esta Comisión señala que con relación al apartado referente al numeral primero del punto de acuerdo, que a la letra dice:

“Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a la brevedad solicite, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Secretaría de Salud, hacer público los casos en los que exista conocimiento de prácticas de esterilizaciones forzadas de indígenas en todo el territorio nacional.”

Es de precisar que de conformidad con lo establecido en el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un órgano con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que no debe su actuación al Ejecutivo federal, quedando inviable la propuesta de la diputada Yesenia Nolasco al pretender exhortar al gobierno federal para que solicite a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, siendo que el propio Poder Legislativo, a través de la comisión ordinaria puede solicitar directamente la información.

Para mayor abundamiento, se puede observar en la página pública de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sitio de internet: http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Informes las recomendaciones, informes, acciones de inconstitucionalidad y casos especiales que ha emitido ésta instancia, en donde se puede observar las quejas, su resolución y quienes están involucrados en ellas, por lo que se hace improcedente el exhorto realizado por la diputada Nolasco.

En cuanto a solicitar a que el gobierno federal exhorte a la Secretaría de Salud a que haga público los casos de esterilización, al respecto es de señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración pública federal será centralizada y en su Ley Orgánica se distribuirán los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación, además, precisa que el Ejecutivo federal representará a la federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley.

En los mismos términos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 1o. y 2o. establecen que la administración pública federal será centralizada, integrada entre otras, por las secretarías de Estado, dependencias que despacharán los negocios encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión. En este sentido, la propia Cámara de Diputados está facultada a exhortar directamente a las Secretarías de Estado y no como lo propone la legisladora, por conducto del Ejecutivo federal.

5. En cuanto al segundo resolutivo que a la letra dice:

“Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaria de Desarrollo Social, se sancione conforme a derecho a todo personal involucrado en actos de esterilización forzada o mediante engaños contra, hombres y mujeres indígenas.”

Es de resaltar que de conformidad con el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, así como de sus leyes reglamentarias, la Secretaría de la Función Pública, mediante sus órganos de control interno de cada dependencia, están facultados para sancionar a cualquier servidor público que haya incurrido en alguna falta administrativa, y si en dado caso, se configura algún delito, se recurriría a las instancias judiciales correspondientes, en virtud de lo anterior, el exhorto se considera improcedente, por existir mecanismos administrativos y legales para el caso que nos ocupa.

6.En cuanto al tercer resolutivo que señala lo siguiente:

Tercero. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que en caso, destituya a los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social de las entidades federativas involucrados en casos de esterilización forzada o mediante engaños.

Al respecto es pertinente señalar que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los delegados de las Secretarías de Estado serán nombrados y por ende destituidos por los titulares de las dependencias o entidades de la administración pública federal y no el Ejecutivo directamente, ya que es una facultad que por ley se delega a las secretarías de Estado, como lo señala el artículo 17 Bis de la ley en comento:

Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos y observen lo siguiente:

I. Los titulares de las delegaciones serán designados por el titular de la respectiva dependencia o entidad y tendrán las atribuciones que señalen sus reglamentos interiores o los ordenamientos legales de creación de las entidades paraestatales. ...”

En cuanto a la solicitud expresa que hace la diputada proponente de destituir a los delegados de las entidades federativas involucrados en hechos de esterilización forzada, en primer término, en el cuerpo de la proposición no se observa de que delegados se trata, ni de qué periodo, ya que si nos vamos a los argumentos de la proponente, serían funcionarios de hace más de 10 años, y ya no procedería la destitución de algún servidor público.

7. Por lo que se refiere al resolutivo cuarto que se transcribe a continuación:

“Cuarto. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que mediante la Secretaria de Salud, SSA, destituya a todos los médicos y enfermeras implicados en casos de esterilizaron forzada o mediante engaños en todas las entidades federativas.”

Se precisa que la proponente, no señala que médicos y enfermeras y de que Estados están implicados en casos de esterilización forzada o mediante engaños. De los casos que se señalan en la exposición de motivos, la CNDH ya tuvo conocimiento, e hizo las recomendaciones conducentes.

Así también, en este sentido, la víctima puede presentar queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por una atención médica deficiente o irregular para tener una solución alternativa sobre el caso.

En conclusión y con fundamento en el artículo 79, numeral 3, fracción III, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, estiman pertinente, desechar la proposición con punto de acuerdo y en consecuencia, solicitar informes a las autoridades competentes.

Es así que sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a distintas dependencias federales a tomar medidas referentes a la esterilización forzada o mediante engaños, en perjuicio de mujeres y de hombres indígenas.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de noviembre de 2014.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado (rúbrica), Emilse Miranda Munive (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Othón Zayas Máximo (rúbrica), Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera.»

«Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y al gobierno de Sinaloa a cumplir el Apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción V; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados , someten a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa.

II. En la parte correspondiente a “Contenido de la proposición” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta del punto de acuerdo en estudio.

III. En las “Consideraciones”, la comisión realiza los argumentos de valoración de la propuesta, así como la razón de los motivos que sustentan la decisión del sentido del dictamen.

IV. Por último, en el capítulo de “Punto de Acuerdo”, la comisión emite la decisión basada en análisis y pertinencia realizada a la proposición.

I. Antecedentes

Primero. Con fecha seis de noviembre de dos mil catorce, la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y al gobierno de Sinaloa a cumplir la fracción B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando el derecho correspondiente a la comunidad de Cuitaboca.

Segundo. En la misma fecha señalada en el punto que antecede, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio DGPL 62-II-1-2193, turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas la proposición de mérito, para su respectivo dictamen.

II. Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o. La nación es pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

Asimismo, menciona que la pobreza, falta de los servicios de salud, vivienda, alimentación, agua, electricidad e instituciones de justicia, son el inicio de un proceso de discriminación que enfrentan los indígenas en nuestro país.

Maneja ciertas cifras que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha reportado en cuanto a la pobreza en la población indígena, siendo que para 2013 el 72 por ciento, lo cual equivale a 8.2 millones de ciudadanos son pobres, de los cuales, el 45.4 por ciento corresponde a indígenas en pobreza moderada y 26.6 por ciento a indígenas en pobreza extrema.

Argumenta que la discriminación indígena radica en la negativa del derecho a conservar territorios, cultura y recursos naturales, así como la práctica de sus costumbres, esto sobre la igualdad de derechos que la ley les confiere.

Basa su propuesta en el hecho de que en el estado de Sinaloa, particularmente de la comunidad de Cuitaboca, municipio de Sinaloa, en los primeros días del mes de octubre, cerca de 200 habitantes de la sierra Tarahumara realizaron una marcha pacífica por demanda de mejores condiciones de vida, reclaman por falta de atención médica, solicitando al gobierno que destine recursos para la creación de hospitales y carreteras, además de escuelas bilingües.

Señala que la comunidad de Cuitaboca realza su pobreza al estar incrustada entre grandes empresas mineras de extracción de oro y plata. Además, que como esta se encuentran las comunidades de Las Lajitas, Los Manguitos, Talayote, Las Vallas, etcétera.

Resalta en su exposición, “que este grupo indígena Tarahumara tiene un gran rezago en el índice de marginación, entendiendo éste, como un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo...”

Por otra parte, hace mención que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en una encuesta informa que el 44.1 por ciento de los mexicanos considera que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas.

Finalmente señala que lo anterior va en contra de los preceptos constitucionales establecidos en el artículo 2o. fracción B que señala y esto deriva en la proposición con punto de acuerdo que a la letra dice:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en conjunto con el gobierno del estado de Sinaloa y el municipio de Sinaloa de Leyva, den cumplimiento a lo establecido en la fracción B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando el derecho que corresponde a la comunidad de Cuitaboca.

Bajo estos supuestos, las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, mediante el análisis del contenido de la proposición con punto de acuerdo, desarrollamos las siguientes:

III. Consideraciones

1. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a distintas dependencias federales y al gobierno de Sinaloa a cumplir la fracción B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando el derecho correspondiente a la comunidad de Cuitaboca, presentado por la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo señalado por el artículo 39 fracción XII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que la diputada Yesenia Nolasco, sustenta su proposición en el hecho de que en el estado de Sinaloa, particularmente de la comunidad de Cuitaboca, en los primeros días del mes de octubre, cerca de 200 habitantes de la Sierra Tarahumara realizaron una marcha pacífica por demanda de mejores condiciones de vida, reclaman por falta de atención médica, solicitando al gobierno que destine recursos para la creación de hospitales, carreteras y escuelas bilingües, sin especificar el año en que se realizó esta actividad. Además, es de precisar que la diputada proponente habla de una comunidad denominada Cuitaboca, Municipio de Sinaloa, siendo que es un ejido, en el que concurren diversas comunidades, tales como, las que se señala en la propia exposición de motivos, como son: Las Lajitas, Los Manguitos, Talayote, Las Vallas; por lo que esto conlleva a imprecisiones de datos y probable confusión de hechos, por lo que es insuficiente la información proporcionada en la exposición del Punto de Acuerdo y estar en posibilidades de determinar la procedencia del mismo.

3. Esta comisión dictaminadora coincidimos con la proponente en el sentido de su preocupación de que es importante que la población indígena, en particular de aquellas comunidades tarahumaras que integran el ejido de Cuitaboca, municipio de Sonora, se encuentren en alto grado de rezago, marginación y discriminación, sin embargo, es de considerar que los datos en el que sustenta su proposición la diputada Yesenia Nolasco, son sumamente generales e imprecisos.

Por lo que esta comisión, para tener mayores elementos, consultó la plataforma de información electrónica de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) encontrando que para el Estado de Sinaloa y en particular, el municipio del mismo nombre, existen acciones y programas, con el objetivo de abatir la carencia, marginación y el hambre que existe en las comunidades indígenas del Estado, en la que más del 10 por ciento de la población es indígena.

En este sentido, en marzo de 2013 se firmó un Convenio de Colaboración por el que se destinaron 40.7 millones de pesos para apoyar 14 proyectos de infraestructura básica en las comunidades de los municipios de Ahome, Choix, Escuinapa, El Fuerte y Sinaloa; se realizan seis obras de agua potable y de alcantarillado, cinco obras de electrificación, y la ejecución de dos tramos en la vertiente de caminos, que hasta este 2014 se están terminando. Desde 2012 hasta 2014, se ha impulsado el Programa de Atención al Adulto Mayor e Integración Social, que atiende de manera integral a este grupo, con el propósito de contribuir a mejorar su calidad de vida, básicamente en la población indígena del Municipio de Sinaloa, donde un 10% de la población de adultos mayores del ejido de Cuitaboca ha sido beneficiada. En el programa de Derechos Indígenas 2014, en la modalidad derechos culturales, Sinaloa ha sido beneficiado con el apoyo de proyectos de Tarahumaras y Coras. Es así que existen actividades en favor de indígenas sinaloenses.

Sabedores que hay mucho por hacer y sobre todo que es necesario tener certeza de la problemática y de datos referentes al rezago y marginación de los pueblos tarahumaras, es que se hace imperante que esta Comisión de Asuntos Indígenas, en uso de la facultad que le confiere el artículo 79 numeral 3 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, en su momento, solicite información relativa a la problemática que viven las comunidades Tarahumaras que integran el ejido de Cuitaboca, municipio de Sonora.

4. Siguiendo el análisis jurídico-reflexivo, esta Comisión señala que con relación al único resolutivo que a la letra dice:

“Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en conjunto con el gobierno del estado de Sinaloa y el municipio de Sinaloa de Leyva, den cumplimiento a lo establecido en la fracción B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando el derecho que corresponde a la comunidad de Cuitaboca”

La proponente no precisa en su exposición, de manera particular que políticas públicas de las establecidas en el artículo 2, Apartado B, Constitucional están incumpliendo por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y el gobierno del Estado de Sinaloa.

Para mayor consideración se transcribe el artículo 2o., Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.

Bajo estos términos, esta comisión dictaminadora coincide con el sentido en que las políticas públicas se concretan en un conjunto de decisiones y acciones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, en sus tres órdenes, a fin de garantizar y asegurar el acceso a los servicios de educación, alimentación, seguridad social, vivienda, apoyar a mujeres y hombres indígenas en su desarrollo económico y social, es una tarea en conjunto y que se lleva a cabo, sin embargo, en la proposición que nos ocupa, esta Comisión considera que sería temerario aseverar que el Ejido de Ciutaboca no ha recibido por parte de los tres órdenes de gobierno Políticas Públicas como mandata el artículo 2 apartado B Constitucional.

En conclusión y con fundamento en el artículo 79, numeral 3, fracción III, los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, estiman pertinente, desechar la proposición con punto de acuerdo y en consecuencia, solicitar informes a las autoridades competentes.

Es así que sometemos a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias federales y al gobierno de Sinaloa a cumplir la fracción B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando el derecho correspondiente a la comunidad de Cuitaboca.

Segundo. Archívese como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de noviembre de 2014.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez, Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo (rúbrica), Carlos de Jesús Alejandro, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado (rúbrica), Emilse Miranda Munive (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Othón Zayas Máximo (rúbrica), Erick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), Leonor Romero Sevilla (rúbrica), Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica en contra), Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Martha Edith Vital Vera.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la NOM-010-SSA2-2010, “Para la prevención y el control de la infección del virus de inmunodeficiencia humana”, a fin de garantizar el acceso a la prueba y la entrega de resultados de VIH/sida a los jóvenes que lo soliciten con o sin la autorización del padre, la madre, el tutor o el representante legal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y el turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014, la diputada Crystal Tovar Aragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la NOM-010-SSA2-2010, “Para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana”, a fin de garantizar el acceso a la prueba y la entrega de resultados de VIH/sida a las y los jóvenes que lo soliciten con o sin la autorización del padre, la madre, el tutor o el representante legal.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha proposición fuera turnada a la Comisión de Salud, para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal a modificar con la mayor brevedad la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, “Para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana”, a fin de garantizar el acceso a la prueba y la entrega de resultados de VIH/sida a las y los jóvenes de 12 a 18 años de edad que lo soliciten con o sin la autorización del padre, la madre, el tutor o el representante legal.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los instrumentos y las acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo éste uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud se considera éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) infecta las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente “inmunodeficiencia”. Se considera que el sistema inmunitario es deficiente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfermedades. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es un término que se aplica a los estados más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH.

El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso compartido de agujas, jeringuillas u otros instrumentos punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia (Organización Mundial de la Salud).

Tercera. Los primeros casos del sida se diagnosticaron en 1981 en Estados Unidos. En pocos meses se diagnosticaron en otros países, incluyendo a México. En los primeros 27 años transcurridos desde entonces, se han infectado con el VIH más de 65 millones de personas en todo el mundo y han fallecido por esa causa más de 25 millones. En el momento actual el VIH/sida provoca 3.1 millones de muertes anuales. A mediados de la década de 1980, esta pandemia se identificó como un riesgo para el desarrollo de los países más afectados y un peligro para la seguridad mundial. Por esta razón la lucha contra el sida se integró a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ha sido un tema recurrente en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas así como en todas las cumbres relacionadas con el desarrollo y la seguridad global.

Cuarta.México ocupa el lugar número 17 en la prevalencia de casos de sida, pues tiene 0.3 personas infectadas por cada 100 habitantes, de acuerdo con un panorama general sobre la situación de esta pandemia que presentó el Inegi.

Quinta.Casos de Sida notificados en jóvenes de 15-24 años, según Año de Diagnóstico y Sexo; México, 1983-2013*

* Información preliminar hasta la semana 52 de 2013

** Se refiere al número de casos diagnosticados y notificados en jóvenes de 15-24 años por sexo, entre la población de 15-24 años según sexo de cada año, por 100 mil habitantes

Fuente: Suive/DGE/Ssa. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH/Sida

Procesó: Dirección General de Epidemiología/Ssa.

Sexta.La Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, “Para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana”, tiene por objeto establecer y actualizar los métodos, principios y criterios de operación de los componentes del Sistema Nacional de Salud, respecto de las actividades relacionadas con la prevención y control, que abarcan la detección, el diagnóstico oportuno, la atención y tratamiento médico de la infección por el VIH, pues constituye por su magnitud y trascendencia un grave problema de salud pública en México. Las disposiciones de esta norma son de orden público e interés social y por tanto de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para todas las instituciones y personal del Sistema Nacional de Salud involucrado en la atención a las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, incluyendo al personal que realice acciones de promoción y prevención de la salud, protección específica, tratamiento, atención primaria y control epidemiológico, así como para el personal que labore en unidades de salud que incluye a quienes laboren en laboratorios públicos y privados.

Séptima. Según lo establece la norma que nos ocupa, el Sistema Nacional de Salud, conforme a las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligado a proporcionar protección a la salud en materia de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Desde el punto de vista epidemiológico y con base en los consensos internacionales, la prevención debe focalizarse, de manera específica, al segmento poblacional en mayor riesgo y vulnerabilidad por sus prácticas y/o contextos, lo cual no obsta para garantizar el acceso a pruebas de detección y garantizar la calidad de la educación sexual basada en evidencia, realizando acciones de prevención en el resto de la población, como jóvenes, hombres y mujeres, asegurar el acceso a medidas de prevención para estas poblaciones (condones masculinos y femeninos).

Octava.En el marco de la legislación mexicana, a menores de edad no se les puede realizar la prueba de VIH/sida sin consentimiento de la madre, padre, tutor o representante legal, por lo que esta comisión estima pertinente señalar lo siguiente:

Toda persona tiene por el simple hecho de existir capacidad Jurídica o de Goce. Esta capacidad se adquiere al momento del nacimiento y se pierde al morir; sin embargo, el Código Civil Federal establece que desde el momento en que el individuo es concebido se le tiene por nacido y está bajo la protección de las leyes de dicho código.

Para obtener la capacidad de ejercicio deben cumplirse ciertos requisitos por lo que el Código Civil Federal establece:

Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código.

Artículo 23. La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.

Artículo 24. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley.

Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal

I. Los menores de edad;

II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio.

III. (Se deroga)

IV. (Se deroga)

De lo anterior se desprende que el ejercicio de la capacidad o la capacidad de ejercicio, es la posibilidad jurídica del sujeto de hacer valer directamente, por sí mismo, sus derechos, celebrar en nombre propio actos jurídicos, contraer y cumplir obligaciones, siendo la minoría de edad una restricción de la personalidad jurídica establecida en el Código Civil Federal, no se les puede realizar la prueba de VIH/sida sin consentimiento de la madre, padre, tutor o representante legal, por lo que esta comisión dictaminadora estima que la presente iniciativa en estudio es improcedente.

Con base en las consideraciones antes mencionadas, los integrantes la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la NOM-010-SSA2-2010, “Para la prevención y el control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana”, a fin de garantizar el acceso a la prueba y la entrega de resultados de VIH/sida a las y los jóvenes que lo soliciten con o sin la autorización del padre, la madre, el tutor o el representante legal, presentada por la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fecha 9 de septiembre de 2014.

Palacio Legislativo, a 20 de noviembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz, Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar, Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, adjunto al presente me permito enviarle el calendario mensual del pronóstico de los ingresos contenidos en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 y la metodología utilizada para realizar dicho pronóstico.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2014.— Doctor Rodrigo Barros (rúbrica), jefe de la Unidad.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-3991, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UCE/ 684/ 2014, suscrito por el maestro César Bécker Cuéllar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a impulsar un proceso democrático y pacífico para la construcción de un reglamento interno y planes de estudio donde imperen el respeto, la concordia y la negociación con estudiantes, académicos y demás miembros de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 3 de diciembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/ 300/ 2364/ 14, del 30 de septiembre de 2014, mediante el cual hizo del conocimiento del licenciado Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública, que por el oficio número DGPL62-II-8-3991, el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunicó a esa secretaría el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el mismo día, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la directora general del Instituto Politécnico Nacional y a las Secretarías de Gobernación, y de Educación Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a impulsar un proceso democrático y pacífico para la construcción de un reglamento interno y planes de estudio donde imperen el respeto, la concordia y la negociación con estudiantes, académicos y demás miembros de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, a fin de dar efectividad a los derechos humanos a la educación y al trabajo.

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio número 500/ 103.4/ 2014/ 0991, del 11 de noviembre de 2014, suscrito por el licenciado Carlos Carrillo Quintana, coordinador general de la Subsecretaría de Educación Superior de esta secretaría, mediante el cual señala lo siguiente:

Al respecto, se comenta que el Instituto Politécnico Nacional ha sido, es y seguirá siendo una institución fundamental para el desarrollo tecnológico y científico del país.

La secretaría comparte la necesidad de que en un marco de discusión de la comunidad politécnica se analicen los problemas por los que pasa la institución en este momento. La SEP ofrece su colaboración para llevar a cabo los foros de análisis y discusión necesarios para que la comunidad politécnica llegue a acuerdos y los formalice.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 28 de noviembre de 2014.— Maestro César Bécker Cuéllar (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de enlace con el Congreso de la Unión.— Presente.

En atención de su oficio número UCE/ CECU/1000/ 14, por el que hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se exhorta a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Educación Pública a impulsar un proceso democrático y pacífico para la construcción de un reglamento interno y planes de estudio del referido instituto.

Al respecto, se comenta que el Instituto Politécnico Nacional ha sido, es y seguirá siendo una institución fundamental para el desarrollo tecnológico y científico del país.

La secretaría comparte la necesidad de que en un marco de discusión de la comunidad politécnica se analicen los problemas por los que pasa la institución en este momento. La SEP ofrece su colaboración para llevar a cabo los foros de análisis y discusión necesarios para que la comunidad politécnica llegue a acuerdos y los formalice.

El gobierno de la república reitera su disposición al diálogo que permita al IPN seguir siendo la institución de excelencia que siempre ha sido.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 11 de noviembre de 2014.— Carlos Carrillo Quintana (rúbrica), coordinador general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-4210, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DEP 1342/ 14, suscrito por el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a promover el cese permanente del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra la República de Cuba.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de diciembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en la fracción IV del artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con arreglo a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a la proposición con punto de acuerdo, aprobada el 28 de octubre en la Cámara de Diputados, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal para que a través del jefe de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas promueva el cese permanente del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra la República de Cuba.

Por lo expuesto y de no mediar inconveniente, mucho agradeceré ser el amable conducto para hacer llegar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la información anexa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de diciembre de 2014.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la SRE para que a través del jefe de la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas promueva el cese permanente del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra la República de Cuba

El pasado mes de octubre se presentó el proyecto de resolución A/69/L.4, “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba” (se anexa) como el tema 40 del programa del periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual promueve la interrupción del bloqueo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, como en años anteriores, instruyó a la Misión Permanente de México ante la ONU para apoyar dicho proyecto, el cual fue adoptado el 28 de octubre del año en curso en el plenario del 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU con 188 votos a favor, entre los cuales se sitúa el voto de nuestro país; 2 en contra (Estados Unidos e Israel); y 3 abstenciones (Palau, Islas Marshall y Micronesia).

Asimismo, y previamente a la votación, la delegación de México en ese organismo internacional realizó una intervención en el debate general del tema (se anexa), en la cual se destacó el rechazo del país a la aplicación de las medidas unilaterales contra la República de Cuba. Se hizo hincapié en que solamente el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU son los foros que cuentan con capacidad para emitir sanciones; y se reconocieron los esfuerzos y logros alcanzados por Cuba a fin de cumplir los Objetivos del Desarrollo del Milenio.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Misión Permanente de México.

Intervención del embajador Jorge Montaño durante el debate sobre el tema 40 del programa de la 69 Asamblea General de la ONU

Necesidad de poner fin al bloqueo impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba

Señor Presidente:

México rechaza las acciones unilaterales contra la República de Cuba, incluida la imposición por más de cinco décadas del bloqueo económico, comercial y financiero, que contradice el derecho internacional y el sustento de las relaciones entre los Estados.

Reconocemos que cada Estado es libre y soberano. Por tanto, y de conformidad con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, debemos respetar la libre autodeterminación de los pueblos del mundo.

Reiteramos en este foro que los únicos órganos con capacidad de aplicar sanciones políticas, militares y económicas son el Consejo de Seguridad y la Asamblea General; ningún Estado debe aprovechar su fuerza para imponer acciones unilaterales que afectan el desarrollo y la prosperidad de otros pueblos.

Pese a las circunstancias adversas que ha enfrentado por más de 50 años, la República de Cuba muestra índices elevados de desarrollo humano y ha logrado dar cumplimiento más que satisfactorio a las metas contenidas en los Objetivos del Milenio.

El desarrollo sostenible pleno de todas las personas debe estar antes de cualquier interés económico o político, por lo que aplaudimos las acciones realizadas por el gobierno de Cuba para conseguir sus compromisos internacionalmente adquiridos en materia de desarrollo, en beneficio de su pueblo.

Subrayamos que históricamente Cuba ha convertido la solidaridad en prioridad de su política exterior, como lo corrobora su apoyo al combate frontal del ébola en África y su actividad preventiva en la región, como otro ejemplo de los muchos que ha brindado para mejorar la calidad de vida de países en desarrollo.

Señor Presidente,

México, reconoce y apoya el proceso de actualización del modelo económico y social de Cuba, respaldándonos mutuamente cuando así sea requerido.

México desea a Cuba el mayor de los éxitos en esta importante tarea, crucial para el futuro sustentable de su economía y el bienestar de su población.

El gobierno de México consolida sus relaciones políticas y comerciales con Cuba teniendo como marco el refuerzo del Acuerdo de Complementación Económica ACE 51.

En un marco de cambios, México considera que la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba facilitará la reconversión de su economía, permitiendo su reinserción plena y su acceso a los flujos de comercio e inversión internacionales, con beneficios innegables para nuestra región.

Señor Presidente,

México nunca he interrumpido sus lazos fraternales de amistad, solidaridad y respeto con el pueblo cubano; y una vez más, expresamos nuestro apoyo al proyecto de resolución sometido a consideración de esta asamblea para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Muchas gracias.

Nueva York, a 28 octubre de 2014.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2117, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/1468/2014 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a ejecutar mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de diciembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Oficina del titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/1786/14, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa respecto del Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 21 de octubre del 2014 y que refiere:

“ Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivo s, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.”

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-4468-2014, de fecha 25 de noviembre del 2014; suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de diciembre de 2014.— Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al Punto de Acuerdo con número de oficio UCVPS/1224/2014, suscrito por el Mtro. Valentín Martínez Garza, Encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, que a continuación se trascribe:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual a temprana edad.”

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 25 noviembre de 2014.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Hago referencia a su oficio SPPS-CAS-4259-2014, de fecha 3 de noviembre del presente año mediante el cual nos hizo llegar el oficio UCVPS/1224/2014 de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social correspondiente al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el que refiere:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual a temprana edad.”

Al respecto me permito enviar los comentarios correspondientes a este Centro Nacional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, DF, a 24 de noviembre de 2014.— Doctor Ricardo Juan García Cavazos (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Respuesta al punto de acuerdo que a continuación se transcribe: “Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual a temprana edad.”

Con respecto al exhorto me permito comunicar lo siguiente: La Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. lleva a cabo una estrecha coordinación con las Instituciones del Sistema Nacional de Salud, las organizaciones de la sociedad civil, expertas en la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva, además de acciones informativas y educativas en sexualidad dirigidas a población adolescente; así como con instituciones como el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Educación Pública, dentro del marco del Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva, a fin de dar respuesta a los objetivos estrategias y líneas de acción instituidos en el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, éste se constituye en el documento que norma y guía las acciones y servicios que en estos temas se ofrecen a la población adolescente del país.

Los objetivos del programa mencionan:

1 Favorecer el acceso universal a información, orientación y servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

2. Reducir los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes, mediante el acceso efectivo a servicios de calidad específicos para esta población.

3. Incidir en los determinantes que impiden el ejercicio pleno de la sexualidad y salud reproductiva de la población adolescente.

Para el logro de estos objetivos se llevan a cabo las siguientes actividades, relacionadas con campañas y acciones de información, educación y comunicación, cuyo fin es el fomento a la salud sexual y re productiva de este segmento de la población. Cabe mencionar que en la presente administración, se han destinado $115’520.807.00 para fortalecer las acciones consideradas en el programa de acción ya referido, particularmente en la prevención del embarazo no planeado en adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual en las 32 entidades federativas. $30’748,547.00, en 2013 y $84’736,260.00, en 2014. Estos recursos han sido destinados a las siguientes acciones:

Llevar a cabo campañas de comunicación e información con un enfoque eminentemente preventivo, en los diversos medios de comunicación estatales y locales con temas de prevención y promoción en salud sexual y re productiva para adolescentes.

De igual manera, se busca la participación comunitaria y de los propios jóvenes en las comunidades donde radican, para su integración a las acciones programadas y que contribuyan con los Servicios Estatales de Salud con diversas acciones como la promoción de los servicios, la información y difusión de joven a joven de los mensajes de prevención y autocuidado de la salud sexual y reproductiva incluyendo la anticoncepción, lo que conlleva un énfasis particular en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, y para ello la federación ha asignado recursos para llevar a cabo Encuentros estatales de promotores y brigadistas juveniles, donde se contribuye a su formación en este campo.

Por otra parte, también se asignan recursos para el fortalecimiento de los servicios amigables en salud sexual y reproductiva que operan en las unidades de salud, a través de la contratación de personal que apoya en la promoción de los servicios; además, de la adquisición de stands móviles para difusión de los servicios y de insumos para imagen corporativa que identifique a los promotores y brigadistas juveniles.

De igual manera estos recursos también se emplean para el fortalecimiento de las competencias técnicas del personal de salud que ofértalos servicios, a través de su capacitación, que entre otras acciones se llevan a cabo reuniones regionales de evaluación y planeación, reuniones regionales con líderes de los Programas de Planificación Familiar y de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes así como talleres de capacitación sobre el nuevo modelo de atención en salud sexua1 y reproductiva para adolescentes.

Con lo anterior, se reitera que se han transferido recursos presupuestales a los Servicios Estatales de Salud para el desarrollo y ejecución de estrategias específicas de información, promoción, campañas estatales y locales, reproducción de materiales de información educación y comunicación, realización de foros juveniles, formación y apoyo a las redes locales juveniles, equipamiento de los servicios amigables para adolescentes, apoyo a las actividades de capacitación en materia de salud sexual y reproductiva para adolescentes.

De manera complementaria, en 2013 y 2014 se diseñaron y emitieron campañas informativas en anticoncepción y planificación familiar en los medios masivos de comunicación con el propósito de contribuir a la Prevención del Embarazo no Planeado en Adolescentes, en coordinación con el Consejo Nacional de Población (Conapo), con la transmisión de dos spots de radio y dos spots en televisión.

Por otra parte, se promueven acciones novedosas en comunicación educativa que han demostrado su efectividad en jóvenes, tales como páginas web interactivas, foros, ferias de la salud con información y distribución de condones a adolescentes y obras de teatro, entre otras. Por ello, este Centro Nacional cuenta con una página web www.yquesexo.com.mx que se actualizó en diciembre del año 2013, su objetivo está centrado en promover en esta población la adquisición del conocimiento y capacidad necesaria para tomar decisiones informadas, sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y los beneficios de ejercer una práctica sexua1 responsable, el conocimiento del uso adecuado de métodos anticonceptivos, además de ofrecer herramientas que les permitan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su sexualidad con el fin de mantener una salud sexual responsable previniendo de esta forma los embarazos no planeados en adolescentes, así como las infecciones de transmisión sexual y el VIH/sida. Este portal se constituye en una importante fuente de información clara, objetiva y técnicamente sustentada sobre temas de sexualidad y salud reproductiva, dirigido a las y los adolescentes de nuestro país.

Otra estrategia que tiene que ver ton acciones de difusión de la problemática del embarazo adolescente, es la conmemoración del 26 de septiembre de cada año como el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, lo cual se lleva a cabo a través de una reunión de expertos y rueda de; prensa. Desde 2006 a 2011 se llevaron a cabo acciones de información, y sensibilización a la población adolescente, padres y madres de familia, maestros, instituciones y organizaciones de la sociedad civil, sobre la .importancia y trascendencia de la prevención del embarazo no planificado en adolescentes, a través de una rueda de prensa en coordinación con los Servicios Estatales de Salud a nivel nacional. Esta conmemoración ha sido avalada por la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión.

En coordinación con el Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia se participa en la realización de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, estrategia de difusión y acciones intensivas, ésta se lleva a cabo en el mes de septiembre de cada año y su objetivo es conjuntar estrategias y acciones para otorgar atención integral a la población adolescente, cuyo énfasis fue la prevención de VIH/sida.

Con la Secretaría de Educación Pública, se ha intensificado la coordinación mediante la estrategia de fuerza de tarea que tuvo como objetivo contribuir a la disminución de la muerte materna, a través de prevenir los embarazos no planeados entre la población escolar de los niveles básico y medio superior, se participó en los foros regionales del Comité de Participación Social en Educación, además durante 2013 se realizó la capacitación en salud sexual y reproductiva de 2,752 docentes de los planteles federales de educación media superior en las 32 entidades federativas, la cual se consolidará en el presente año y actualmente con el DIF sé realizará un modelo de prevención del embarazo no planeado en adolescentes.

Se han dado grandes avances en materia de prevención del embarazo no planeado en la adolescencia y se está consciente que aún falta mucho para hacer para revertir este problema de salud pública que afecta a la población más joven de nuestro país, para enfrentarlo de manera más eficaz, las políticas de salud sexual y reproductiva dirigidas a adolescentes han quedado plasmadas en el nuevo Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes para el periodo 2013-2018.

Es conveniente reconocer el interés y la importancia que las señoras diputadas y los señores diputados sean sensibles ante esta situación que se presenta y que aqueja a la población adolescente mexicana y se está seguro que con el apoyo y solidaridad de la sociedad en su conjunto, en corto tiempo se dará respuesta acorde a esta necesidad.

En este 2014 se logró la compra de métodos anticonceptivos modernos por medio de la compra consolidada a nivel federal para su abasto en todas las entidades federativas, con la finalidad de garantizar que cada servicio amigable de salud sexual y reproductiva cuente con los métodos anticonceptivos suficientes para todas y todos los adolescentes que lo requieran con su previa orientación y consejería basada en evidencias científicas.

Las acciones llevadas a cabo parten de sustentos tecno-científicos y de la mejor evidencia disponible, apegados a las Normas Oficiales Mexicanas e Internacionales disponibles en la materia, están apegadas a los compromisos asumidos por nuestro país en los foros internacionales que en este campo se han firmado; no obstante, se reconoce que aún faltan recursos que permitan dar continuidad y permanencia a las campañas y fortalecer la calidad de los servicios.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1713 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/1467/2014 suscrito por el doctor Ernesto H. Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a realizar un estudio sobre el costo-beneficio en materia de sustentabilidad energética, medio ambiental y de salud, por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de diciembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Oficina del Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/1671/14, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa respecto del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2014 y que refiere:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Economía, a implementar programas de concientización sobre el debido uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, así como políticas públicas para la recolección y disposición final de las mismas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen un estudio sobre el costo beneficio en materia de sustentabilidad energética, medio ambiental y de salud, por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas.

Tercero: ...”

Al respecto me permito acompañar oficio CGJC/1/ OR/716/2014, de fecha 24 de noviembre de 2014, suscrito por el licenciado Leonardo Menes Solís, coordinador general Jurídico y Consultivo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 1o. de diciembre de 2014.— Doctor Ernesto Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Ernesto Monroy Yurrieta, Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

Con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 Bis, fracción II de la Ley General de Salud; 2, literal C, fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 3, y 18, fracciones II y XVI del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y en atención al oficio número UCVPS/DGAVS/ 290/2014, medi3nte el cual remite el oficio SELAP/UEL/ 311/1671/14 del maestro Valentín Martínez Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, a través del cual informa del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados que exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen un estudio sobre el costo beneficio en materia de sustentabilidad energética, medio ambiental y de salud, por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, tengo a bien esgrimir las siguientes consideraciones:

• Los principales aspectos relacionados con los posibles efectos a la salud por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas son: su contenido de mercurio, la emisión de campos electromagnéticos, así como la radiación ultravioleta.

• La cantidad de mercurio que contienen estas lámparas es inferior a 5 miligramos (mg) que comparado con una amalgama dental (500mg) y una batería (50mg) no representa un riesgo a la salud.

• Con relación al efecto de campos electromagnéticos que generan las lámparas es importante destacar que debido a que se encuentran por lo general en los techos, la distancia a la que se emiten estos campos electromagnéticos no llegan a alcanzar el cuerpo humano por lo que no tienen efectos sobre la salud.

• La radiación ultravioleta (UV) que estas lámparas emiten son niveles muy bajos de UV y para su medición se requiere el uso de equipo muy sensible, además debido a que emiten una luz constante libre de parpadeo no causan efectos ópticos dañinos a los individuos.

• Actualmente no se reporta evidencia científica contundente sobre efectos negativos en la salud de la población en general por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas recomendadas para la iluminación eficiente de los inmuebles e instalaciones domésticas.

Cabe señalar que en México, las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas son de importación, de Asia principalmente, ya que se carece de la materia prima principal minerales para los fósforos, cristales y componentes electrónicos de balastra, etcétera, para fabricarlas localmente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, a 24 de noviembre de 2014.— Licenciado Leonardo Menes Solís (rúbrica), coordinador general jurídico y consultivo.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de  Oaxaca.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura Federal.

Con fundamento en el artículo 98 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en estrecha relación con el numeral 49 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, doy respuesta a su oficio D.G.P.L. 62-II-1-2118, de fecha 21 de octubre de 2014, mediante el cual mediante el cual comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado, el contenido del acuerdo aprobado por la Comisión de Salud, sobre el particular puntualizo:

Adjunto encontrará el diverso IEEPO/CGBYN/UES/152/ 2014, signado por el coordinador de la Unidad de Escuela y Salud del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), en el cual se atiende su comunicado, consecuentemente, pido a Usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con lo solicitado en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, noviembre 22 de 2014.— Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres (rúbrica), consejero jurídico del Gobierno del Estado.»

«Escudo.— Unidad de Escuela y Salud.— Coordinación General de Educación Básica y Normal.— Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

Licenciado Víctor Hugo Alejo Torres, consejero jurídico del Gobierno del Estado.

En respuesta al atento oficio del secretario técnico del Instituto estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), No.- DG/ST/003990/2014 de fecha 14 de noviembre de 2014, recibido en esta Unidad el día 19 del mismo mes y año, donde solicita se dé respuesta al requerimiento del diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la mesa directiva del Poder Legislativo federal, que a través de oficio Núm. D.G.P.L. 62-II-1-2118, comunica el contenido del siguiente acuerdo;

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.”

Al respecto informo a usted que el IEEPO, viene desarrollando acciones en relación al tema de Salud Sexual y Reproductiva desde el 2008 en el marco del convenio celebrado entre el Consejo Nacional de Población y la Secretaria de Educación Pública con el proyecto, Hablemos de Sexualidad en las Escuelas Secundarias, en coordinación con la Facultad de Psicología de la Universidad Regional del Sureste), formando replicadores del curso derechos sexuales y reproductivos que en una primera etapa tuvieron intervención en las escuelas secundarias generales de la Zona de Supervisión número 14 en el municipio de Oaxaca de Juárez y colonias conurbadas, nuestro actuar en un sentido eminentemente preventivo.

Dicha coordinación sigue vigente, con el compromiso de seguir difundiendo el tema en cuestión, asimismo el IEEPO es integrante del comité de salud Sexual y reproductiva, donde participan instituciones de salud y académicas, cuenta con la Unidad de Escuela y Salud (UES), dependiente de la Coordinación General de Educación Básica y Normal y a través del área de Salud Sexual y reproductiva, continua con la labor de difusión y capacitación sobre el tema en los centros escolares de educación básica del estado.

En esta ocasión, anexo listas de asistencia, material impreso y audiovisual de la platicas informativas, talleres y de capacitación que se realizan en los centros educativos con los colectivos escolares.

Para reforzar la actividad de difusión en los temas de métodos anticonceptivos, vida sexual activa  y embarazo en adolescentes, el área de Comunicación Educativa de la UES, está elaborando dos carteles, dos cuadernillos informativos y capsulas radiofónicas; para el tema de violencia sexual en la escuelas de educación básica, de igual forma se está elaborando un cartel, un tríptico, y capsulas radiofónicas que completarán dichas actividades.

El IEEPO es integrante de un grupo de trabajo interinstitucional para la elaboración del protocolo sobre violencia sexual en las escuelas de educación básica del estado, ateniendo la recomendación general número 21 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin más por el momento aprovecho el medio para reiterarme a sus muy apreciables órdenes.

Atentamente

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 20 de noviembre de 2014.— Doctor Benigno Cabrera Cabrera (rúbrica), coordinador general de Educación Básica y Normal.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Puebla.— LIX Lgislatura.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio número DGPL 62-II-8-3944 de fecha veintitrés de septiembre del año en curso, recibido en este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintinueve del mismo mes y año; y turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con fecha primero de octubre del presente año, a través del cual se exhorta respetuosamente a los Congresos Locales a legislar en materia de desaparición forzada, considerando lo establecido en los están dores internacionales, con la finalidad de contar con un marco jurídico acorde; se hace de su conocimiento lo siguiente:

Cabe mencionar que con fecha ocho de diciembre de dos mil once el Congreso del Estado, llevó a cabo reformas al Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, actualmente denominado Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, al que se le adiciona la sección sexta, capítulo décimo cuarto, del libro segundo, denominado desaparición forzada de personas, mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado el día cuatro de enero de dos mil doce.

No obstante lo anterior, el tema se analizará en el tercer periodo de Sesiones del Congreso del Estado de Puebla, específicamente con motivo de la “Actualización y Armonización” de los ordenamientos locales, en el ámbito de las funciones de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia (CEAMPAJ).

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 fracción VII y 123 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45 y 48 fracción I del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos y aplicables, y por Acuerdo de esta Comisión; se impone del contenido de su escrito para conocimiento, acusando recibo del mismo.

Hago propicio el conducto para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 3 de noviembre de 2014.— Diputado Eukid Castañon Herrera (rúbrica), Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

REINCORPORACION DE DIPUTADA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos normativos Capítulo IV, artículo 16, numeral 1, del Reglamento vigente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hago de su conocimiento mi incorporación al cargo de diputada federal a partir del día 8 de diciembre de 2014.

Por lo que solicito se proceda de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 16 del reglamento antes mencionado; asimismo, solicito que se haga del conocimiento de las áreas administrativas para los trámites correspondientes mi reincorporación a partir de la fecha señalada en el presente oficio.

Sin más por el momento, reitero a usted mi más alta estima y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2014.— Diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado, comuníquese.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guajanuato.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Para su atención y efectos conducentes, con fundamento en el artículo 53, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, nos permitimos remitir el acuerdo aprobado por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha; así como sus consideraciones, mediante el cual esta Legislatura, formula un respetuoso exhorto, al Poder Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, y a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que se suspenda la entrega de televisores de alta definición en la entidad federativa y para que se reanude una vez que haya concluido el proceso electoral constitucional local, y a la vez, para que se apliquen los mecanismos de transparencia; así como para que se cree una Comisión Especial para dar seguimiento y vigilancia a la entrega de pantallas; y con ello, inhibir el presunto uso electoral del citado programa.

Aprovechamos la ocasión, para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, a 4 de diciembre de 2014.— Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato: diputado Francisco Arreola Sánchez (rúbrica), secretario; diputado Juan Carlos Guillén Hernández (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guajanuato.

Acuerdo

La Sexagésima Segunda Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda

Primero. El Congreso del estado de Guanajuato exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a efecto de que gire las instrucciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que se suspenda la entrega de televisores de alta definición en la entidad federativa, y para que se reanude una vez que haya concluido el proceso electoral constitucional local.

Segundo. El Congreso del estado de Guanajuato exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licenciado Gerardo Ruiz Esparza, y a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, licenciada María del Rosario Robles Berlanga, a efecto de que apliquen todos los mecanismos de transparencia previstos en el marco jurídico en la materia, con el fin de publicar el número exacto de televisores entregados en el estado de Guanajuato, el padrón de beneficiarios, la fecha, hora y lugar de la entrega.

Tercero. El Congreso del estado de Guanajuato exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que se cree una Comisión Especial para dar seguimiento y vigilancia a la entrega de pantallas y con ello inhibir el presunto uso electoral del citado programa.

Guanajuato, Guanajuato, a 4 de diciembre de 2014.— Diputada Karla Alejandrina Lanuza Hernández (rúbrica), presidenta; diputado Francisco Arreola Sánchez (rúbrica), secretario; diputado Juan Carlos Guillén Hernández (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Único.Se adiciona la fracción VI al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, recorriéndose las siguientes en su orden para quedar como sigue:

Artículo 2....

I. a V. ...

VI. Impulsar ante las entidades federativas el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público;

VII. a XX. ...

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 4 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se adicionan la fracción XI al artículo 7, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; la fracción XX al artículo 9, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; la fracción XV al artículo 10, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; una fracción V al artículo 58, recorriéndose en su orden subsecuente las demás fracciones del mismo; y se reforma el artículo 21, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a X. ...

XI. Coadyuvar con la Secretaría de Educación Pública en la conservación y protección de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación, a través de la elaboración y ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación de los mismos;

XII. Colaborar con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el desarrollo de programas de fomento al empleo turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando a las personas con discapacidad;

XIII. Coadyuvar con los comités locales de seguridad aeroportuaria y marítima de los destinos turísticos que determine la propia Secretaría;

XIV. Promover con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia el patrimonio histórico, artístico, arqueológico y cultural del país, de acuerdo con el marco jurídico vigente;

XV. Instrumentar, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, normas de procedimientos tendentes a garantizar la protección de los derechos de los usuarios de los servicios turísticos, tales como métodos alternativos que resuelvan conflictos ante incumplimientos por parte de prestadores de servicios turísticos;

XVI. Promover junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios y Nacional Financiera el otorgamiento de créditos para las entidades públicas y los prestadores de servicios turísticos;

XVII. Coadyuvar con otras dependencias y entidades de la administración pública federal para impulsar proyectos productivos y de inversión turística que cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables;

XVIII. Promover en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el desarrollo de la pesca deportivo-recreativa, conforme a lo dispuesto en esta ley, su reglamento y en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable; y

XIX. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 9. ...

I. a XIX. ...

XX. Ejecutar los programas y planes turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural;

XXI. Emitir opiniones a la Secretaría en la materia; y

XXII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 10. ...

I. a XIV. ...

XV. Participar en la ejecución de planes y programas turísticos que fomenten la protección y conservación del patrimonio cultural de la nación;

XVI. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística les conceda esta ley u otros ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al Ejecutivo federal, estados o el Distrito Federal;

XVII. Emitir opinión ante la Secretaría en aquellos casos en que la inversión concurra en proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, dentro de su territorio; y

XVIII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Artículo 21. La Secretaría, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, promoverá programas que difundan la importancia de respetar y conservar los atractivos turísticos y el patrimonio cultural de la nación, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista nacional y extranjero.

Artículo 58. ...

I. a IV. ...

V. Fomentar en el turista el reconocimiento y respeto del patrimonio cultural y la diversidad cultural;

VI. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo y actualizar los datos oportunamente;

VII. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones, en los términos anunciados, ofrecidos o pactados;

VIII. Expedir, aun sin solicitud del turista, factura detallada, nota de consumo o documento fiscal que ampare los cobros realizados por la prestación del servicio turístico proporcionado;

IX. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los términos de las leyes respectivas, en coordinación con la Secretaría;

X. Disponer de lo necesario para que los inmuebles, edificaciones y servicios turísticos incluyan las especificaciones que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier condición;

XI. Cumplir con las características y requisitos exigidos, de acuerdo con su clasificación en los términos de la presente ley;

XII. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo que no impide que se puedan prestar los servicios en otros idiomas o lenguas; y

XIII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la materia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo.

Atentamente

México, DF, a 4 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Turismo

Artículo Único.Se reforma el párrafo primero del artículo 14, se adiciona un párrafo segundo al numeral 14, recorriéndose al tercero el actual párrafo segundo, de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 14.Para elaborar y actualizar el Atlas Turístico de México, la Secretaría se coordinará con otras dependencias e instituciones y, en forma concurrente, con los estados, municipios y el Distrito Federal.

El Atlas Turístico de México deberá ser actualizado permanentemente. Posterior a su elaboración y actualización, la Secretaría realizará las acciones conducentes para su plena difusión.

El Atlas Turístico de México es una herramienta para la promoción de la actividad turística, teniendo carácter público.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, Distrito Federal, a 4 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.

LEY AGRARIA

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 157 numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. El treinta de abril del dos mil catorce, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido Trabajo, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que reforma el adiciona el artículo 80 de la Ley Agraria.

2. Con fecha veinte de mayo de dos mil catorce, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-5-1734, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, turnó para estudio y análisis a la Comisión de Reforma Agraria, el expediente número 4475, que contiene iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley Agraria.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen su contenido al tenor de las siguientes:

II. Consideraciones de la iniciativa

A) Materia

A manera de síntesis la presente iniciativa pretende establecer que cuando se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gocen del derecho del tanto, en tratándose de ejidatarios que pretendan enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados en términos del numeral 80 de Ley Agraria, dicha notificación pueda realizar en términos de los dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta ley, es decir, que dicha notificación se realice ante el Comisariado Ejidal, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, a efecto de que surta los efectos de notificación personal, lo anterior con la finalidad de hacer más ágil el requisito de notificación de derecho del tanto y facilitar en estos casos la enajenación a título oneroso.

B) Contenido

“El actual procedimiento agrario mexicano, existen juicios que se han eternizado ante la falta de reglas claras procedimentales o bien ante la falta de disposiciones expresas que den solución a los conflictos que a diario surgen en los ejidos y comunidades del país, los cuales, con las actuales transformaciones sociales, han aumentado en número y complejidad.

Un ejemplo de lo anterior, lo ha sido el hecho de que cuando el ejidatario pretende enajenar sus derechos agrarios, se encuentra obligado a notificar a su cónyuge, concubina o hijos, a efecto de que éstos, dentro del término de treinta días, haga valer su derecho del tanto y no haciéndolo en dicho plazo, perdieran ese derecho, o bien, si el ejidatario omitía la notificación, la enajenación sería nula.

Debemos de recordar que la notificación es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional u órgano facultado para ello, destinado a hacer saber a determinadas personas la existencia de un acto jurídico que incide en su esfera personal, patrimonial o jurídica; de tal suerte que esta figura jurídica, ha sido considerada como una de las más importantes dentro de los procesos, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio.

También es oportuno precisar que el citatorio constituye un medio de comunicación procesal por el que se llama a una persona o personas determinadas para que se presenten en un lugar, día y hora específicos, que se les señale para realizar alguna diligencia o tomar conocimiento de alguna resolución o reclamación susceptible de afectar sus intereses.

Lo anterior es así en razón de que, en el derecho procesal actual (incluida la Ley Agraria en su parte adjetiva), en nuestros códigos de raigambre hispano-romana, resiste el embate de las reformas y de las ideas de simplicidad y celeridad en el proceso, el instituto de la citación. Como se observará, es una específica forma de citación con plazo determinado y preclusivo. Asimismo, es un acto complejo de notificación, de comunicación, de plazo, bajo apercibimiento conminatorio, de tal manera que pone al notificado (demandado, procesado, tercero necesario, funcionarios inferiores, etcétera,) en la situación jurídica de comparecer o dejar de comparecer, con consecuencias procesales a cargo del rebelde.

Lo anterior significa la fijación de un término, el encuadre en el tiempo, para que la persona notificada, cumpla una actividad o manifieste su voluntad ante el órgano pertinente que resuelve el acto de emplazamiento. Por lo que en esa guisa el notificado tiene la carga de comparecer, al ser citado en un término fijo y bajo apercibimiento de las consecuencias procesales, en perjuicio de su derecho o de su interés de actuar, ello con la finalidad de que comparezca a hacer valer un derecho.

El principio procesal (de la notificación) se percibe en la situación del notificado que puede sufrir la consecuencia de su inercia o de su negligencia. El concepto de carga sustituye así al de obligación, lo que está señalando la evolución de las ideas sobre este instituto y sus géneros en el derecho procesal, cuando se trata de las partes.

Las cargas más importantes que pueden recordarse son, la que pesa sobre el demandado de comparecer y personarse en el proceso (carga genérica que condiciona las distintas cargas particulares)...”, dice al respecto Reimundín, haciendo resaltar el concepto de carga, y la situación procesal de las partes cuando “están a derecho” por el acto de comparecer.

En ese orden de ideas la notificación presenta las siguientes características en nuestro derecho:

a) El sujeto que resuelve y hace ejecutar el acto de citación conminativa, es el órgano jurisdiccional u órgano facultado para ello. Puede considerarse el sujeto activo emisor al juez o tribunal y sujeto activo ejecutor al oficial público.

b) Se formaliza en un acto de comunicación por intermedio de oficios, cédulas, edictos, exhortes. El contenido del acto es complejo porque contiene conjuntamente la citación para hacer valer un derecho y la notificación para comparecer “a estar a derecho” (estar a derecho significa en nuestro ordenamiento estar procesalmente en situación de defensa, por actuación del principio clásico romano audiatur et altera pars). Además de consignar el apercibimiento correspondiente para el caso de incomparecencia.

c) Cuando se trata de la notificación, las fallas formales de la misma o de la ausencia del acto de comunicación, producen la nulidad de todo lo actuado desde el momento mismo en que debió hacerse.

d) El efecto procesal de la notificación también caracteriza el acto complejo de que se trata. La consecuencia es la pérdida de una oportunidad procesal y la preclusión de la etapa del procedimiento o de ejercitar un derecho.

En los Códigos de fuente hispana (dentro de los cuales podemos ubicar a la Ley Agraria), la notificación, que se dirige a toda persona necesaria para un acto de diligencia.

Generalmente, la notificación se materializa por escrito (u otra equivalente), las cuales de acuerdo a la fórmula adoptada deben determinar de manera general lo siguiente: 1) El término dentro del cual ha de comparecer el citado. 2) La prevención de que si no compareciera le pararán los perjuicios a que hubiere lugar por derecho.

La notificación, tiene como acto de citación, bajo apercibimiento de una consecuencia perjudicial para el empleado, la finalidad primordial de trabar una relación procesal, de las partes entre sí, ante el órgano o autoridad.

En el derecho mexicano se relaciona también con la garantía de constitucional de audiencia y defensa en juicio, de modo que el acto da comparecencia de las partes debe cumplirse en juicio para darles la oportunidad de ser oídas, ya que nadie puede ser condenado sin haber tenido oportunidad procesal de alegar.

De lo argumentado con anterioridad se desprende que la notificación reviste gran importancia, puesto que constituye, el acto procesal mediante el cual se hace del conocimiento de una persona la existencia de una situación jurídica concreta y a efecto de que ejercite o no un derecho, ello dentro de un plazo perentorio.

Ahora bien, al suprimir la notificación o al contener deficiencias ésta, se viola la garantía constitucional de audiencia.

En ese sentido, y conforme a la dinámica social en la que los hijos o las personas con derecho al tanto por parte de determinado ejidatario, se vieron con obligación de migrar a otros lugares, se hizo imposible, en algunos casos, la notificación del derecho del tanto, originado que muchos ejidatarios no pudieran enajenar sus derechos, o bien, quienes lo hicieron, corrieron el riesgo que después se decretara nulidad de la enajenación, lo que en sí mismo originaba otro problema jurídico que bien podía evitarse con la flexibilidad de la Ley Agraria, en materia de notificaciones al momento de que el ejidatario quiera realizar la enajenación de sus derechos.

Derivado de ello, el artículo 80 de la Ley Agraria, menciona que son tres los elementos que deben prevalecer para que la enajenación de derechos parcelarios allí contemplada sea válida, a saber: a) Que el acto jurídico se otorgue por escrito ante dos testigos, b) Que se notifique a los beneficiarios del derecho del tanto (cónyuge e hijos, en ese orden) y, c) Que se notifique al Registro Agrario Nacional.

Ahora bien, la exigencia de la notificación del derecho del tanto al cónyuge e hijos del enajenante, lleva implícito juicio de razón de que el legislador pretendió que los derechos parcelarios no salieran del propio núcleo familiar del ejidatario, sin que antes los propios miembros de su familia (cónyuge e hijos) estuvieran en condiciones de hacer valer su preferencia en la enajenación, todo lo cual lleva a la convicción de que el citado acto jurídico (enajenación) debe pretenderse entender con una persona ajena a la familia del ejidatario enajenante, lo que se confirma atendiendo a que el referido dispositivo principia diciendo que los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Por consiguiente, el derecho del tanto no es más que una preferencia en la celebración de la operación, y la que rige en materia agraria tiende a buscar la protección de las referidas personas que conforman el núcleo familiar del ejidatario cedente, frente a extraños a él en cuyo beneficio se hará la transmisión.

El derecho del tanto, una figura legal que tiene como objetivo final preservar la línea familiar de los propietarios de una parcela o terreno ejidal, proporcionándoles el beneficio de la preferencia ante otros compradores en el caso de que esa tierra o derecho parcelario sea puesta en venta por su propietario original.

Sin embargo, y como se ha dicho en párrafos anteriores, existen muchos casos, en los que, por la movilidad social y migración, las personas, que tiene derecho al tanto en materia ejidal, se desconocen sus domicilios por parte del ejidatario o que por cualquier otro motivo no es posible.

Es por ello, que dentro del presente decreto de ley, se propone hacer más ágil el requisito de la notificación de derecho del tanto, a efecto de que, en caso de desconocer el domicilio de las personas a quien les corresponde el derecho del tanto, se supla el mismo con la notificación que se haga al comisariado ejidal, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan.”

Derivado de la exposición de motivos y con la finalidad de dilucidar el texto de la reforma que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro:

Texto Vigente

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional, y

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Propuesta

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso que desconozca el domicilio o ubicación de la persona que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de los dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta ley; y

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes consideraciones:

III. Análisis y valoración de la iniciativa

Primero.Referente a la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán radica en pretender establecer que en los casos de enajenación por parte de un ejidatario respecto a sus derechos parcelarios en términos del numeral 80 de la Ley Agraria, cuando se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gocen del derecho del tanto, pueda realizarse ante el comisariado ejidal, con la participación de dos testigos o ante fedatario público como actualmente acontece en la hipótesis referida en el numeral 84 de la Ley Agraria.

En este sentido es necesario entrar al estudio objetivo primero del artículo 80 de la Legislación Agraria, para definir la hipótesis ahí establecida y posteriormente a la figura del derecho del tanto, sus efectos y su notificación, con el objeto de determinar si se cumplen las expectativas del legislador proponente y si efectivamente se traduce en un beneficio para los sujetos agrarios considerados en dicha hipótesis.

En este sentido señalamos que el dispositivo 80 de la ley de la materia, contempla la posibilidad que tiene los ejidatarios para poder enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población, en otras palabras, en dicha disposición se establece la libertad que tienen los ejidatarios para disponer de sus bienes, con la única limitante de considerar el derecho del tanto a su cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, so pena de nulidad para el caso de que no se respete dicha prerrogativa, la cual deberán ejercer dentro del término de treinta días contados a partir de dicha notificación.

Ahora bien, la exigencia de la notificación del derecho del tanto al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, lleva implícito juicio de razón, en el sentido de pretender que los derechos parcelarios no salgan del propio núcleo familiar del ejidatario, sin que antes los propios miembros de su familia estén en condiciones de hacer valer su preferencia en la enajenación, todo lo cual lleva a la convicción de que el citado acto jurídico debe pretenderse entender con una persona ajena a la familia del ejidatario enajenante como se establece en el contenido del citado artículo 80 de la Ley Agraria.

Segundo.Una vez expuesto lo anterior y al tener ya definida la hipótesis contenida en el numeral que nos ocupa, el Legislador proponente señala que en muchas de las ocasiones cuando un ejidatario pretende enajenar sus derechos parcelarios, en muchos de los casos los hijos han emigrado a otros países en busca de mejores expectativas y oportunidades, originando que muchos ejidatarios al desconocer su domicilio o ubicación no puedan enajenar sus derechos o bien, quienes lo hacen, corren el riesgo de que después se pueda decretar la nulidad de la enajenación, situaciones que representan una problemática jurídica en la actualidad, que bien puede evitarse con un poco de flexibilidad en la Ley Agraria en materia de notificaciones, sin que ello represente perjuicio alguno para los beneficiarios del derecho de preferencia en la enajenación.

De manera concreta el Legislador propone que en estos casos se proceda en los mismos términos que ya dispone el párrafo tercero del artículo 84 de la Legislación Agraria y que si bien corresponde a una hipótesis distinta, para los efectos de la notificación en los supuestos ya aludidos, beneficiaria con un procedimiento más ágil y expedito en lo que refiere a su notificación, como a continuación se menciona:

Artículo 84. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla con esta disposición.

La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan.

De lo anterior podemos precisar que si bien es cierto en dicho numeral se establece una hipótesis distinta a la señalada en el numeral 80 de la Ley de la materia, para los efectos de la notificación del derecho del tanto se establece un procedimiento a través del Comisariado Ejidal, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, lo que se traduce en un medio para que surta efectos de notificación personal a todos los que gocen de este derecho, lo que sin lugar a dudas agiliza la enajenación en este supuesto, sin afectar el derecho de preferencia en la enajenación; incluso considerando más beneficiarios del derecho del tanto que en la hipótesis del numeral 80 de la Legislación Agraria, como lo son los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal.

En este sentido esta Comisión de Reforma Agraria se pronuncia en el sentido de que dicha propuesta representaría para los sujetos agrarios que se encuentren en esta hipótesis un beneficio que les permitirá a los ejidatarios realizar sus enajenaciones en términos del numeral 80 de la Ley Agraria sin limitación procesal alguna, solo en aquellos casos en que se desconozca el domicilio de alguno de los beneficiarios del derecho del tanto y que permitiría que quienes lo hagan no corran riesgo de que con posterioridad se les pretenda decretar la nulidad de la enajenación, situación que permitirá evitar este tipo de conflictos, sin que ello implique perjuicio alguno para los tenedores del derecho de preferencia en la enajenación, ya que el enajenante en caso de conocerlo estará obligado a realizar las notificaciones correspondientes, so pena de nulidad para el caso de que no se respete dicha prerrogativa como actualmente está considerado y sin que pueda interpretarse en perjuicio de la preferencia para que los derechos parcelarios no salgan del núcleo familiar, ya que solo aplicaría en el caso específico ya señalado con anterioridad.

Tercero. No obstante el pronunciamiento que antecede esta Comisión de Reforma Agraria, considera oportuno realizar una precisión de forma por cuanto al contenido de la propuesta, con la finalidad de proyectar mayor claridad en su texto, dejando en todo tiempo inalteradas las motivaciones y el espíritu que pretende el Legislador proponente.

Para mayor comprensión entre la propuesta inicial y la modificación propuesta, a continuación se inserta en el presente dictamen el siguiente cuadro comparativo:

Texto Vigente

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional.  En caso que desconozca el domicilio o ubicación de la persona que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de los dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta ley; y

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Propuesta

Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

Para la validez de la enajenación se requiere:

a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público;

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional.  En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de la s persona s que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta ley; y

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal.

Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

Por lo antes expuesto los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, y para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someten a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso B) del artículo 80 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria para quedar como sigue:

Artículo 80. ...

...

a)...

b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta ley; y

c)...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de noviembre de 2014.

La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Luis Gómez Gómez, Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, en materia de participación social y planeación del desarrollo urbano.

En uso de las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 30 de abril, los diputados Jorge Herrera Delgado, Abel Guerra Garza y María Guadalupe Velázquez Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

2. Con oficio número D.G.P.L. 62-II-5-1753, del 30 de abril de 2014 y con número de expediente 4587, la Mesa Directiva turnó para dictamen la iniciativa en comento a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, recibiéndose el 20 de mayo de 2014.

3. Con oficio CDUYOT/088/14, del 8 de julio de 2014, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial solicitó prórroga a la Mesa Directiva, para dictaminar la iniciativa en comento, con el fin de realizar un análisis exhaustivo de la misma.

4. Con oficio número D.G.P.L. 62-II-2-1795, del 17 de julio de 2014, la Mesa Directiva comunicó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial el acuerdo por el que se autoriza prórroga por 90 días para dictaminar la iniciativa en comento.

II. Objeto y descripción de la iniciativa

Los diputados proponentes consideran que es de vital importancia que los integrantes de la LXII Legislatura retomen los esfuerzos realizados previamente “para evaluar con objetividad las iniciativas presentadas y determinar aquellas propuestas que sean de valor para incorporarlas a la legislación vigente”.

En específico se refieren a los trabajos realizados por la Mesa Interparlamentaria para la adecuación del marco jurídico federal en materia metropolitana, la cual “promovió una reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que fue presentada el 15 de diciembre de 2010 en la Cámara de Diputados y una propuesta de nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, presentada en la Cámara de Senadores el 29 de noviembre de 2011”.

Desde el principio se dio la vinculación entre la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propuesta de nueva ley general en la materia, ya que la expedición de esta última dependía de que se aprobara la reforma constitucional en sus términos. No obstante, esto no ha sucedido debido a problemas de constitucionalidad en la propuesta original. Es así que los iniciantes propusieron realizar modificaciones y adiciones a la Ley General de Asentamientos Humanos sin alterar el orden constitucional vigente.

Para ello, proponen las siguientes modificaciones:

Explicitar los principios que deben orientar el adecuado desarrollo de los asentamientos humanos, con el fin de que sean la guía para los procesos de planeación y coordinación en la materia.

Mejorar los mecanismos de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, así como la vinculación entre los planes y programas generados en cada nivel, para efecto de que haya congruencia entre ellos.

Prever un mecanismo de planeación del desarrollo de largo plazo, tal como se ha concluido en los foros de desarrollo urbano y ordenamiento territorial que a nivel nacional y regional han sido organizados por la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en esta LXII Legislatura.

Mejorar los instrumentos y mecanismos de participación de la sociedad, para efecto de que las políticas en la materia tengan una mejor articulación con las necesidades e intereses de las comunidades.

Y finalmente, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano desarrolle nuevos instrumentos de política pública e instancias de deliberación que garanticen una política de asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial eficaz y bien informada.

En razón de estas propuestas genéricas, se articula una reforma a la ley que implica modificaciones y adiciones a varios de los artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos.

III. Consideraciones

Esta comisión valora la iniciativa presentada por los diputados Jorge Herrera Delgado, Abel Guerra Garza y María Guadalupe Velázquez Díaz, ya que es una reforma amplia y necesaria a la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual no ha sido modificada de forma integral, desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de julio de 1993.

Para efecto de analizar a detalle el contenido de la iniciativa, se desarrolló el siguiente cuadro comparativo:

En función de la propuesta de los diputados Jorge Herrera Delgado, Abel Guerra Garza y María Guadalupe Velázquez Díaz, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial considera que la metodología adecuada para dictaminarla es por grandes ejes temáticos.

1. Principios de la ley

La adición de los principios de accesibilidad, inclusión, equilibrio regional, habitabilidad, participación, prevención, racionalidad y sustentabilidad es una aportación relevante que se hace a la Ley General de Asentamientos Humanos. Cabe señalar que los principios están en armonía con lo establecido en el artículo 3o., de la ley y que van más allá todavía en la precisión de varias acciones orientadas a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural.

En la Ley General de Asentamientos Humanos la accesibilidad se plantea en función de las personas con discapacidad, pero la iniciativa la refiere además a servicios básicos, lo que amplía la noción y atiende con ello a uno de los problemas fundamentales que hay en materia de asentamientos humanos: su ubicación, lo que frecuentemente se traduce en que no tienen acceso a servicios indispensables como agua potable, drenaje, energía, saneamiento y vialidad. Para clarificar más el principio, se sugiere, en consecuencia, la adopción del término “accesibilidad a servicios”.

Para precisar el tipo de servicios a los que se refiere la propuesta es importante considerar aquellos previstos en la fracción III, del artículo 115 constitucional, que son los que tienen a su cargo los municipios. Adicionalmente, se debe considerar que la garantía de servicios públicos debe extenderse a toda persona. De esta forma, se propone modificar la fracción I, para quedar en los siguientes términos:

I. Accesibilidad a servicios: garantizar que las personas reciban servicios públicos básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado; alumbrado público; limpia, recolección y traslado de residuos; calles y seguridad pública;

Con respecto al principio de inclusión, se considera que es necesario, y sólo se recomienda eliminar la palabra “incluyentes” para evitar reiteraciones innecesarias, así como incorporar el término más amplio de “derechos humanos”; por lo anteriormente expuesto, la fracción II quedaría en los siguientes términos:

II. Inclusión: garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en condiciones de igualdad; con políticas que fortalezcan la convivencia ordenada, el fortalecimiento del tejido social y la cohesión de las comunidades;

En lo relativo a la fracción III el principio de equilibrio regional se considera que la expresión “mediante la visión integral del desarrollo nacional y regional”, no aporta nada sustantivo al principio, por lo que se sugiere eliminarla para darle una expresión más concreta a la fracción III. Se sugiere además precisar más la noción de equilibrio regional para incluir factores como la capacidad de carga y las relaciones que determinen la situación y potencialidades de cada región; la propuesta quedaría en los siguientes términos:

III. Equilibrio Regional: propiciar el crecimiento ordenado de los centros de población, conurbaciones y las zonas metropolitanas con relación a la capacidad de carga y las relaciones económicas, demográficas, sociales, territoriales, ambientales y todas las demás que determinen la situación y potencialidades de cada región;

Otro principio que en la iniciativa tiene un mayor nivel de precisión es participación. En la ley la fracción XVIII del artículo 3o., postula: “La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en los asentamientos humanos”. En la iniciativa la participación implica garantizar la gestión democrática de los procesos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, lo que conlleva la amplia participación de la sociedad. Para efecto de darle precisión al principio se sugiere la siguiente redacción:

V. Participación: garantizar mediante el amplio involucramiento de la sociedad, la gestión democrática de los procesos que resulten o influyan en el desarrollo urbano y ordenamiento de los asentamientos humanos;

En lo relativo al principio de prevención, se recomienda tomar en cuenta la definición prevista en el artículo 2, fracción XXXIX de la Ley General de Protección Civil, con lo que la definición armonizada quedaría de la siguiente manera:

VI. Prevención: promover acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de agentes perturbadores, con la finalidad de alcanzar condiciones de seguridad para las personas y sus bienes, en los asentamientos humanos;

Por otro lado, para observar congruencia entre los diferentes principios se sugiere reformular el principio de racionalidad, eliminando además el término movilidad, ya que no está previsto en el artículo 2o., de la ley, para quedar como sigue:

VII. Racionalidad: ordenar el desarrollo urbano, evitar la dispersión y la pérdida de tiempo, energía y recursos, y

En lo que se refiere a la sustentabilidad, el artículo 3o., de la Ley General de Asentamientos Humanos la menciona en las fracciones II y V, en los siguientes términos:

Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. ...

II. El desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las ciudades y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización;

III. y IV.

V. El desarrollo sustentable de las regiones del país;

No obstante, la ley no ofrece una visión integral de la sustentabilidad como la que se plantea en la iniciativa ya que en ésta se ofrece una definición precisa, al preceptuar que la sustentabilidad consiste en el aprovechamiento de “los recursos disponibles sin comprometer su disponibilidad para las generaciones futuras”. Además la sustentabilidad no se limita al desarrollo socioeconómico, sino que se introduce una visión más amplia al referirla a los entornos ambiental, social, económico y cultural.

En consecuencia, sólo se propone modificar la propuesta para efecto de mantener la armonía en la redacción de las fracciones y para prever el objetivo final de la sustentabilidad, que es la calidad de vida de las personas; en consecuencia, la fracción quedaría como sigue:

VIII. Sustentabilidad: preservar y respetar el entorno ambiental, social, económico y cultural aprovechando los recursos disponibles bajo un modelo de desarrollo tendiente a la mejora de la calidad de vida, sin comprometer la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras.

Con respecto a los otros principios propuestos, se observa un planteamiento adecuado de los mismos, así como su congruencia con la ley, su ordenación alfabética y su correcta ubicación como un artículo bis, que respeta el orden jurídico vigente. En consecuencia, esta dictaminadora acepta la adición de un artículo 1o Bis, con los cambios señalados.

2. Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

La iniciativa plantea una reforma a diversas fracciones del artículo 7o., que es en el que se establecen las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Entre las reformas propuestas cabe reconocer una ampliación importante del papel que la Secretaría tiene en diversos ámbitos de la planeación del desarrollo territorial y de los asentamientos humanos.

En la iniciativa se reconoce el papel medular que debe tener la Secretaría en materia de asentamientos humanos, suelo urbano y vivienda, movilidad, transporte, financiamiento de infraestructura y equipamiento. Asimismo, se le da un rol más importante en materia de conurbaciones y zonas metropolitanas, ya que éstas, al implicar la concurrencia de autoridades de los órdenes de gobiernos estatales y municipales, carecen de una adecuada coordinación, cuyo eje sea una visión estratégica del desarrollo urbano.

En lo relativo a conurbaciones y zonas metropolitanas se prevé que la secretaría podrá participar en la elaboración de los programas de conurbaciones y zonas metropolitanas interestatales de común acuerdo con las entidades y municipios que las integren. Adicionalmente, la iniciativa incorpora una visión amplia del ordenamiento territorial al prever que la secretaría promoverá la integración y operación coordinada de la planeación de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial con los sistemas de planeación vigentes del desarrollo socioeconómico y del ordenamiento ecológico del territorio.

Una propuesta importante es la que se refiere a la necesidad de evitar que los centros de población se ubiquen en zonas de riesgo, en tierras consideradas de alto valor ambiental o en la que sea necesaria para la preservación de los recursos naturales o la producción agropecuaria y forestal. De esta forma se responde al reto que plantea el hecho de que muchos asentamientos humanos son vulnerables a los desastres de origen natural y antropogénico producidos por el cambio climático y su ubicación en zonas de alto riesgo.

Una nueva atribución de la secretaría sería asesorar a los municipios en el proceso de registro de planes y programas de ordenamiento territorial, así como en la vigilancia de su cumplimiento. De esta forma, se estaría adoptando una función subsidiaria de vital importancia, ya que los planes y programas de ordenamiento territorial son instrumentos de primer orden para regular de forma adecuada los asentamientos humanos.

Con respecto a la fracción I, se considera necesario que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sea una instancia coordinadora de las políticas nacionales, función que permitirá una mejor articulación entre los tres órdenes de gobierno. No obstante, se considera que el término movilidad no está definido en la ley por lo que se desecha su inclusión. En consecuencia, la fracción quedaría en los siguientes términos.

I. Coordinar las políticas nacionales de asentamientos humanos, suelo urbano y vivienda, transportes urbanos y metropolitanos, planeación y coordinación del financiamiento de infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano, metropolitano, regional y para el ordenamiento territorial,con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales;

En lo relativo a la fracción II se sugiere conservar la redacción vigente en la referencia a acciones del Ejecutivo federal, para dar mayor amplitud a los alcances de la reforma, aceptando el resto de las modificaciones, de tal forma que la fracción reformada quedaría en los siguientes términos:

II. Coordinar las acciones que el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo sustentable de las regiones del país, de los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial de las conurbaciones y zonas metropolitanas;

Por otro lado, cabe señalar que los proponentes están reformando el artículo II Bis, no sólo en los términos que señalan en la iniciativa, sino sustituyendo el término sostenible por sustentable, lo cual es acorde con los principios previstos en el artículo 1o. Bis y con el texto de la ley. En lo relativo a la implantación de sistemas o dispositivos de alta eficiencia energética, la ley vigente es clara en sus alcances. Cabe señalar que extender esta promoción a proyectos privados y sociales no es viable, por lo que se desecha esta modificación; por ello, la propuesta de reformas a la fracción II Bis queda como sigue:

II Bis. Promover la implantación de sistemas o dispositivos de alta eficiencia energética en las obras públicas de infraestructura y equipamiento urbano, para garantizar el desarrollo urbano sustentable;

Con respecto a la propuesta de reforma a la fracción III, los temas de conurbaciones y zonas metropolitanas con una inclusión pertinente y necesaria; sin embargo, lo que se refiere a la previsión de que se considere la disponibilidad de agua determinada por la Comisión Nacional del Agua, se estima que la propuesta no puede aceptarse en sus términos, ya que el artículo 41, fracción XI contempla que dicha atribución le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En consecuencia, la fracción quedaría en los siguientes términos:

III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

En congruencia con las valoraciones realizadas con anterioridad, las modificaciones previstas a la fracción V no tendrían razón de ser, por lo que se desechan.

En lo relativo a la fracción VII que se propone reformar hay que señalar con claridad en qué consisten estas reformas y dado que no se contradicen con el espíritu de la ley vigente, se aceptan, para quedar en los siguientes términos:

VII. Formular y ejecutar el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, proveer lo necesario parasu cumplimiento y promover su evaluación en los términos de esta ley;

En lo relativo a la adición de nuevas fracciones, la comisión acepta las fracciones XVI y XVII estableciendo que la participación será optativa y no obligatoria, por lo que sugiere las siguientes redacciones:

XVI. Participar en la elaboración de los programas de conurbaciones y zonas metropolitanas interestatales, en caso de común acuerdo con las entidades y municipios que las integren;

XVII. Participar, en su caso, en la definición y delimitación de conurbaciones y zonas metropolitanas y en la determinación de estrategias y criterios para su desarrollo;

En lo que respecta a la asesoría en el proceso de registro de planes y programas de ordenamiento territorial, ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, así como en la vigilancia de su cumplimiento y en su caso, para la aplicación de las sanciones ante las instancias correspondientes, se considera que no es viable desde el punto de vista operativo, ya que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) no cuenta con las estructuras necesarias para realizar estas funciones, por lo que se desecha la inclusión de esta fracción XVIII.

Se considera que la fracción XIX adicionada es conveniente, por lo que se incorpora al proyecto de decreto. En consecuencia, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial consideran que las propuestas de modificaciones y adiciones al artículo 7o. que se estarían aprobando, le darán al Estado mexicano nuevas y mejores herramientas en materia de zonas metropolitanas, conurbaciones y ordenamiento del territorio, por lo que aprueban la propuesta con las modificaciones señaladas.

3. Atribuciones de las entidades federativas

En armonía con las propuestas de ampliar las atribuciones de la secretaría, la iniciativa propone nuevas atribuciones de los gobiernos estatales en materia de conurbaciones. Una de las previsiones más importantes del artículo 8o., es que las entidades federativas tendrán como nueva atribución participar, en coordinación con los municipios correspondientes, en la formulación, aprobación y ejecución de los planes y programas de conurbaciones y zonas metropolitanas. Como ya se mencionó, de esta forma se cubre un importante vacío que hay en materia de conurbaciones y zonas metropolitanas, en lo que respecta a los ámbitos competenciales. Para efecto de darle mayor fuerza a esta disposición, la comisión sugiere que las entidades federativas legislen sobre su participación en la planeación de conurbaciones y zonas metropolitanas, por ello, se propone la siguiente nueva fracción XIII:

XIII. Legislar sobre su participación en la formulación, aprobación y ejecución de los planes y programas de conurbaciones y zonas metropolitanas, considerando la coordinación con los municipios correspondientes;

Dos propuestas relevantes se refieren a que las autoridades estatales deberán verificar la congruencia y vinculación de los distintos planes y programas regionales y municipales de desarrollo urbano, así como evaluar y dar seguimiento al impacto urbano o regional de obras y proyectos que generen efectos en el territorio de uno o más municipios.

Otro ámbito de coordinación en el que hay un importante vacío es el de la planeación y ejecución de acciones, obras e inversiones en materia de infraestructura urbana. La iniciativa prevé que los gobiernos locales deberán coordinarse con la federación, con otras entidades federativas y sus municipios. De esta forma, se adopta una visión amplia en materia de desarrollo urbano, que implica concebirlo de forma integrada e integral. En razón de estas consideraciones esta dictaminadora aprueba las propuestas de reformas y adiciones al artículo 8o., en sus términos.

4. Atribuciones de los municipios

En lo relativo a las atribuciones del orden municipal, contempladas en el artículo 9o., de la ley, la iniciativa adiciona a las conurbaciones y zonas metropolitanas y prevé explícitamente que los planes o programas municipales deberán ser congruentes con el ordenamiento territorial. También se señala que los planes o programas municipales deberán ser congruentes y vincularse con los programas estatales y con otros niveles de planeación.

La iniciativa prevé la participación ciudadana en la formulación, aprobación y gestión de los planes o programas municipales de la materia y prevé que las asociaciones de profesionistas en la materia participen en las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios. Además se prevé que las autoridades municipales deberán difundir permanentemente y de manera amplia a toda la ciudadanía el contenido, la aplicación y la evaluación de los planes o programas de desarrollo urbano.

En lo que respecta a la participación de las asociaciones de profesionistas, esta comisión considera que si bien es una propuesta que parece atractiva, las áreas en las que se prevé que se pueda dar, que son la expedición de las autorizaciones, licencias o permisos de uso de suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, son atribuciones exclusivas de las autoridades, por lo que se considera que la propuesta no es viable y en consecuencia, se desecha la reforma a la fracción X, del artículo 9o.

Una parte importante de la iniciativa es la mayor coordinación que se prevé a través de la adición de nuevas fracciones, en materia de asociación con otros municipios para la formulación y ejecución de planes y programas de desarrollo urbano, participación en convenios de coordinación metropolitana, participación en la constitución de las instancias de participación y estructuras institucionales, y participación con voz y voto en las instancias de coordinación relativas a áreas conurbadas y zonas metropolitanas.

Las modificaciones y adiciones propuestas a través de la iniciativa representan un paso importante para fortalecer el orden de gobierno municipal, por lo que la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial las acepta con las modificaciones previamente señaladas.

5. Estrategia Territorial Nacional

Una de las partes medulares de la iniciativa es la previsión de un nuevo instrumento de planeación de las políticas públicas denominado Estrategia Territorial Nacional. El objetivo de la estrategia es ordenar el territorio y los asentamientos humanos con una visión de largo plazo. La estrategia sería además el primer nivel en el proceso de planeación y regulación, tal como se desprende de las reformas al artículo 12.

La secretaría es la instancia facultada para elaborar la estrategia con la participación de las dependencias del Ejecutivo, las entidades federativas y los municipios. Se prevé que las acciones y obras relacionadas con el ordenamiento territorial, y el desarrollo regional, urbano y metropolitano que las dependencias y entidades de la administración pública federal ejecuten directamente o en coordinación o concertación con las entidades federativas y los municipios, así como con los sectores social y privado, cumplan con lo establecido en la estrategia.

En el marco de la estrategia, la secretaría participaría en la definición y delimitación de conurbaciones y zonas metropolitanas y en la determinación de estrategias y criterios para su desarrollo. La estrategia articula las acciones de planeación de los gobiernos federal y estatales ya que se propone, para el caso de estos últimos, que formularán, aprobarán y administrarán el programa estatal de desarrollo urbano en apego a la Estrategia Territorial Nacional y coadyuvarán con la federación en el cumplimiento de ésta.

Una adición importante en la ley es la previsión de que los instrumentos de planeación a los que se refiere el artículo 12 serán el sustento territorial para la formulación de la planeación económica y social del país, de las entidades federativas y de los municipios, así como para definir y orientar la inversión pública y promover obras, acciones e inversiones de los sectores privado y social. Se precisa además que estos instrumentos deberán ser congruentes con los planes y programas contemplados en la legislación en materia de planeación y ambiental.

Respecto a esta adición, la comisión considera que los instrumentos previstos son el sustento jurídico, antes que el sustento territorial de la planeación. Además, al considerarlos como base para la formulación de la planeación económica y social, se va más allá del objetivo de la ley. En consecuencia, se propone modificar el párrafo adicionado para quedar como sigue:

Dichos instrumentos serán el sustento jurídico para definir y orientar la inversión pública de las entidades federativas y los municipios y promover obras, acciones e inversiones de los sectores privado y social.

Adicionalmente se considera pertinente la adición de un último párrafo al artículo 12, en términos de la iniciativa.

Los nuevos artículos 12 Bis y 12 Ter, detallan la Estrategia Territorial Nacional. Se establece que la estrategia definirá la dimensión espacial del desarrollo del país en un plazo de diez años, además de que se aplicará un enfoque territorial que sustente la acción articulada, coordinada y eficaz de la administración pública federal con un enfoque intersectorial. Algunos aspectos novedosos en materia de desarrollo urbano son la consolidación de enlaces y corredores para articular las regiones entre sí y con otras naciones; la definición de los elementos genéricos de infraestructura y equipamientos primarios, así como de servicios que requieren las ciudades y zonas metropolitanas; y la previsión de que el desarrollo debe ser ordenado y compacto, y se debe reducir la ocupación urbana de tierras agrícolas, áreas con valor ambiental y reservas naturales, propicie un uso racional del agua y de la energía.

La estrategia tendrá previsiones respecto a la caracterización de las principales ciudades y zonas metropolitanas; las definiciones territoriales para la dotación de la infraestructura, equipamientos e instalaciones fundamentales; las orientaciones para la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación de los centros de población y zonas metropolitanas; las orientaciones generales para la preservación, conservación y mejoramiento de áreas de valor ambiental o para el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y mineras; y los criterios para la definición de las zonas metropolitanas de interés estratégico para el desarrollo territorial nacional.

Un aspecto fundamental que plantea la iniciativa es la realización de un esquema de planeación a diez años, que no podrá ser modificado a menos de que ocurran cambios importantes en materia demográfica. Con respecto a la creación de la estrategia es de señalar que:

El artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dispone que el presidente de la República durará en su encargo seis años, precepto fundamental del sistema presidencial mexicano que determina la duración del cargo presidencial.

El artículo 26, apartado A., segundo párrafo, de la CPEUM dispone que mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Se prevé que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

El artículo 3o de la Ley de Planeación dispone que por planeación nacional de desarrollo se entiende la ordenación de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo federal, en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos de la Constitución y las leyes. Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

El artículo 4o de la ley antes citada refiere que es responsabilidad del Ejecutivo federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales. El artículo 21 dispone que el Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el presidente de la República, y su vigencia no excederá del periodo constitucional que le corresponda. A su vez, el artículo 22 refiere que el Plan Nacional de Desarrollo indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que deban ser elaborados conforme a este capítulo.

De las disposiciones antes referidas se evidencia que el Ejecutivo federal es el único que puede, cada seis años, fijar las metas, estrategias y prioridades de nacionales en el ejercicio de su encargo como presidente, y que en el Plan Nacional de Desarrollo contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados para su cumplimiento, indicando los programas que se elaborarán para tal efecto.

En congruencia con las anteriores consideraciones se desechan los artículos que hacen referencia a la estrategia, a saber: 7o., fracciones VI Bis, XII y XVII, 8o., fracciones II y XII; nueva fracción I, del artículo 12, y nuevo artículo 12 Bis y 12 Ter.

5. Nuevo órgano consultivo

Los diputados Jorge Herrera Delgado, Abel Guerra Garza y María Guadalupe Velázquez Díaz proponen la creación de un nuevo órgano consultivo de la secretaría, denominado Consejo Nacional de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Dicho consejo es un órgano de consulta y deliberación formado por representantes del sector social y gubernamental, colegios de profesionistas, académicos y órganos empresariales del sector.

Se prevé que el consejo formule y dé seguimiento y participe en la evaluación, junto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Estrategia Territorial Nacional y el programa nacional en la materia. También se establece el carácter del consejo como instancia asesora en la aplicación y vigilancia de las estrategias nacionales en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

El consejo podrá solicitar e integrar información de las entidades federativas y municipios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como proponer a la secretaría políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Se determina que el consejo evaluará periódicamente los resultados de las estrategias, políticas, programas, estudios y acciones específicas en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Finalmente, se establece que el consejo podrá expedir su reglamento interno.

Con respecto a la creación de este órgano, la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial considera que la iniciativa es imprecisa, ya que no define su costo fiscal, además de que no se mencionan las fuentes para su financiamiento, lo que contraviene a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el sentido de que “A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de presupuesto de egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.” En consecuencia se desechan las propuestas de nuevos artículos que prevén la creación del órgano, a saber: 7o., fracción XX y 50 Bis en su totalidad.

6. Nuevo sistema de información

Los diputados proponen la constitución de un sistema nacional de información para la planeación y evaluación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. Este sistema se crearía a partir de la acción coordinada de las dependencias y organismos nacionales que generan información en la materia y en conjunto con las entidades federativas y los municipios. La coordinación implica la concurrencia de instancias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Registro Agrario Nacional y el Consejo Nacional de Población.

Este sistema generará, organizará, actualizará y difundirá información nacional en la materia, producirá la información que requiere la planeación de los asentamientos humanos; incorporará planes y programas de asentamientos humanos, de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial de todo el país, así como informes y documentos relevantes; y celebrará acuerdos y convenios con las asociaciones, cámaras, instituciones y organizaciones de los sectores social y privado, a fin de que aporten información relevante para el sistema.

Los integrantes de la comisión consideran que con la creación de un sistema de información como el que se propone se podrían tomar decisiones pertinentes, relevantes y oportunas, sin embargo, de aprobarse la iniciativa, sería necesario autorizar la creación de estructuras ocupacionales y/o la contratación por honorarios de servidores públicos que desarrollen las nuevas actividades que se deriven de la creación del Sistema Nacional de Información para la Planeación y Evaluación de los Asentamientos Humanos, el Desarrollo y el Ordenamiento Territorial, de lo cual la iniciativa no señala la fuente de recursos con la cual se habrán de cubrir, por lo que generaría impacto presupuestario y previsiblemente una presión de gasto adicional en los recursos que se destinen a la administración pública federal. En consecuencia, se desechan las propuestas contempladas en los artículos: 7o., fracción XXI y 50 Ter.

Finalmente, en lo que respecta a los artículos transitorios, se rechazan los que se refieren a la estrategia, el consejo y el sistema nacional de información, por las razones expuestas a lo largo del presente dictamen. Para efecto de no generar impacto presupuestario se sugiere un artículo segundo transitorio en los siguientes términos:

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los recursos con los que cuenta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el ejercicio de sus funciones, por lo que no se requerirán transferencias presupuestales para su cumplimiento.

En atención de las anteriores valoraciones, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, habiendo explicado las propuestas de modificación que se pretenden realizar a la iniciativa presentada por los diputados Jorge Herrera Delgado, Abel Guerra Garza y María Guadalupe Velázquez Díaz somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 7o, fracciones I a IV, VII, IX, XII y XIV; 8o, fracciones I y II, V a VII y XII; y 9o, fracciones I a III, VI y XIV; se adicionan un artículo 1o. Bis; las fracciones XVI a XVIII al artículo 7o., recorriéndose la última fracción para pasar a ser la XIX; las fracciones XIII a XV al artículo 8o., recorriéndose la última fracción para pasar a ser XVI; las fracciones XV a XVIII al artículo 9o, recorriéndose la última fracción para pasar a ser XIX; y los párrafos tercero y quinto al artículo 12 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o Bis. La planeación y regulación de los asentamientos humanos, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial deberán considerar los siguientes principios:

I. Accesibilidad a servicios: garantizar que las personas reciban servicios públicos básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado; alumbrado público; limpia, recolección y traslado de residuos; calles y seguridad pública;

II. Inclusión: garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en condiciones de igualdad; con políticas que fortalezcan la convivencia ordenada, el fortalecimiento del tejido social y la cohesión de las comunidades;

III. Equilibrio Regional: propiciar el crecimiento ordenado de los centros de población, conurbaciones y las zonas metropolitanas con relación a la capacidad de carga y las relaciones económicas, demográficas, sociales, territoriales, ambientales y todas las demás que determinen la situación y potencialidades de cada región;

IV. Habitabilidad: garantizar condiciones de vida digna en los asentamientos humanos;

V. Participación: garantizar mediante el amplio involucramiento de la sociedad, la gestión democrática de los procesos que resulten o influyan en el desarrollo urbano y ordenamiento de los asentamientos humanos;

VI. Prevención: promover acciones y mecanismos implementados con antelación a la ocurrencia de agentes perturbadores, con la finalidad de alcanzar condiciones de seguridad para las personas y sus bienes, en los asentamientos humanos;

VII. Racionalidad: ordenar el desarrollo urbano, evitar la dispersión y la pérdida de tiempo, energía y recursos, y

VIII. Sustentabilidad: preservar y respetar el entorno ambiental, social, económico y cultural aprovechando los recursos disponibles bajo un modelo de desarrollo tendiente a la mejora de la calidad de vida, sin comprometer la disponibilidad de recursos para las generaciones futuras.

Artículo 7o....

I. Coordinar las políticas nacionales de asentamientos humanos, suelo urbano y vivienda, transportes urbanos y metropolitanos, planeación y coordinación del financiamiento de infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano, metropolitano, regional y para el ordenamiento territorial,con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales;

II. Coordinar las acciones que el Ejecutivo federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo sustentable de las regiones del país, de los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial de las conurbaciones y zonas metropolitanas;

II Bis. Promover la implantación de sistemas o dispositivos de alta eficiencia energética en las obras públicas de infraestructura y equipamiento urbano, para garantizar el desarrollo urbano sustentable;

III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano, de conurbaciones y zonas metropolitanas, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

IV. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, conurbaciones y zonas metropolitanas, evitando su ubicación en zonas de riesgo, en tierras consideradas de alto valor ambiental o en la que sea necesaria para la preservación de los recursos naturales o la producción agropecuaria y forestal, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;

V.y VI. ...

VII. Formular y ejecutar el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, proveer lo necesario parasu cumplimiento y promover su evaluación en los términos de esta ley;

VIII. ...

IX. Asesorar a los gobiernos estatales y municipales que lo soliciten, en la elaboración, ejecución y evaluaciónde sus planes o programas de desarrollo urbano y en la capacitación técnica de su personal;

X. y XI. ...

XII. Vigilar las acciones y obras relacionadas con el ordenamiento territorial, y eldesarrollo regional ,urbano y metropolitano que las dependencias y entidades de la administración pública federal ejecuten directamente o en coordinación o concertación con las entidades federativas y los municipios, así como con los sectores social y privado;

XIII. ...

XIV. Participar en la planeación, ordenación y regulación de conurbaciones y zonas metropolitanas de centros de población ubicados en el territorio de dos o más entidades federativas;

XV. Promover, apoyar y realizar investigaciones científicas y tecnológicas en materia de desarrollo regional y urbano;

XVI. Participar en la elaboración de los programas de conurbaciones y zonas metropolitanas interestatales, en caso de común acuerdo con las entidades y municipios que las integren;

XVII. Participar, en su caso, en la definición y delimitación de conurbaciones y zonas metropolitanas y en la determinación de estrategias y criterios para su desarrollo;

XVIII. Promover la integración y operación coordinada de la planeación de los asentamientos humanos, desarrollo urbano y ordenamiento territorial con los sistemas de planeación vigentes del desarrollo socioeconómico y del ordenamiento ecológico del territorio, y

XIX. Las demás que le señale esta ley y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 8o. ...

I. Legislar en materia de planeación y desarrollo regional, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, así como en materia de coordinación y gestión para la planeación y desarrollo de conurbaciones y zonas metropolitanas,atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano,así como evaluar y vigilar su cumplimiento con la participación de los gobiernos municipales y la sociedad;

III. y IV. ...

V. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones y zonas metropolitanas, en los términos de esta ley y de la legislación estatal de desarrollo urbano;

VI. Coordinarse con la federación, con otras entidades federativas y con sus municipios, para la planeación del desarrollo regional, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, así como en la planeación y ejecución de acciones, obras e inversiones en materia de infraestructura urbana;

VII. Convenir con los sectores social y privado la realización de acciones e inversiones concertadas para el desarrollo regional ,urbano y metropolitano;

VIII. a XI. ...

XII. Coadyuvar con la federación en el cumplimiento del Programa Nacional de Desarrollo Urbano;

XIII. Legislar sobre su participación en la formulación, aprobación y ejecución de los planes y programas de conurbaciones y zonas metropolitanas, considerando la coordinación con los municipios correspondientes;

XIV. Verificar la congruencia y vinculación de los distintos planes y programas regionales y municipales de desarrollo urbano, incluyendo los de conurbaciones o zonas metropolitanas, así como los que determine el sistema estatal de planeación y los que emanen de la legislación aplicable;

XV. Evaluar y dar seguimiento, en los términos de las leyes locales, al impacto urbano o regional de obras y proyectos que generen efectos en el territorio de uno o más municipios de la entidad; y

XVI. Las demás que les señalen esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 9o. ...

I. Formular, aprobar, administrar, cumplir y ejecutar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos deriven, en congruencia y vinculación con los programas estatales y con otros niveles de planeación,así como evaluar y vigilar su cumplimiento, con la participación de la sociedadde conformidad con esta ley ycon la legislación local;

II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios, en los centros de población en congruencia con los planes de desarrollo urbano;

III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población, de áreas conurbadas y zonas metropolitanas y los demás que de éstos se deriven, en congruencia con el ordenamiento territorial;

IV.y V. ...

VI. Participar en la planeación y regulación de las conurbaciones y las zonas metropolitanas, en los términos de esta ley y de la legislación local;

VII. a XII. ...

XIV. Informar y difundir permanentemente, de manera amplia a toda la ciudadanía, aprovechando los medios de comunicación disponibles,sobre el contenido, la aplicación y la evaluación de los planes o programas de desarrollo urbano;

XV. Ejercer su derecho de asociación con otros municipios para la formulación y ejecución de planes y programas de desarrollo urbano;

XVI. Participar en los convenios de coordinación metropolitana propuestos por las instancias de coordinación correspondientes;

XVII. Participar en la constitución de las instancias de participación y estructuras institucionales;

XVIII. Participar con voz y voto en las instancias de coordinación relativas a las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas; y

XIX. Las demás que les señale esta ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

...

Artículo 12. ...

I. a VI. ...

...

Dichos instrumentos serán el sustento jurídico para definir y orientar la inversión pública de las entidades federativas y los municipios y promover obras, acciones e inversiones de los sectores privado y social.

...

Los instrumentos de planeación referidos en este artículo deberán ser congruentes con los planes y programas contemplados en la legislación en materia de planeación y ambiental.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los recursos con los que cuenta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para el ejercicio de sus funciones, por lo que no se requerirán transferencias presupuestales para su cumplimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 noviembre de 2014.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados:Jorge Herrera Delgado, presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (licencia), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez, Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández, Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer, Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para el estudio, análisis y dictamen correspondientes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 173, 176, 182 numeral 1 y 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente dictamen:

Metodología

I. En el capítulo “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para la elaboración del presente dictamen y de la iniciativa anterior en la materia.

II. En el capítulo “Contenido de la iniciativa” se sintetiza el alcance de la propuesta y un estudio comparativo con países desarrollados y en vías de desarrollo.

III. En el capítulo “Consideraciones” se expresan los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la resolución de estas comisiones.

I. Antecedentes

Primero.Con fecha 23 de septiembre de 2014, en sesión plenaria en la Cámara de Diputados se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada por los diputados Alejandro Rangel Segovia, Manlio Fabio Beltrones Rivera, Irazema González Martínez Olivares y Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, y suscrita por los diputados Marco Alonso Vela Reyes; Miguel Ángel Aguayo López, Salvador Barajas del Toro, Rosalba Gualito Castañeda, Benito Caballero Garza, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Minerva Castillo Rodríguez, José Everardo Nava Gómez, Patricia Retamoza Vega y Fernando Zamora Morales, todos ellos conformantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados del Grupo Parlamentario del PRI, por las diputadas María del Rocío Corona Nakamura, Dulce María Muñiz Martínez y los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Marco Antonio González Valdez, Faustino Félix Chávez y Rafael González Reséndiz.

Segundo.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó el turno de la propuesta a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción para estudio y dictamen (oficio número 62-II-3-1837).

Tercero.Con fecha 31 de octubre de 2013 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican y adicionan diversas disposiciones del cuarto párrafo de la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Dicha iniciativa precluyó en abril de 2014; sin embargo, en su análisis se recogieron comentarios, observaciones, opiniones y propuestas que nutren la presente iniciativa, adicionando modificaciones inherentes a la Ley de Ciencia y Tecnología, particularmente los artículos 40 Bis y 51, con relación a la inclusión de todas las entidades e instituciones cuya misión sea realizar actividades de investigación y desarrollo.

Cuarto.Para la elaboración de la iniciativa en análisis y el presente proyecto de dictamen se realizaron trabajos incluyentes con la finalidad de verificar la atención y regulación en materia de transferencia de tecnología y creación de empresas de base científica y tecnológica incluida en la iniciativa, a saber: sesión de la octava reunión ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología celebrada el 21 y 22 de junio de 2013 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el simposio Contribuciones a la agrogenómica para el desarrollo empresarial y la competitividad nacional, en Irapuato, Guanajuato, el 15 y 16 de agosto de 2013, el foro para el análisis a la Ley de Ciencia y Tecnología el día 11 de septiembre de 2013, y 2 mesas de trabajo realizadas en la Cámara de Diputados y en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en febrero y marzo de 2014, respectivamente. En conjunto, se presentaron alrededor de 160 invitados expertos, más de 90 fueron académicos, funcionarios y directivos de centros públicos de investigación (CPI), instituciones de educación superior (IES) y de otros entes que realizan investigación y desarrollo, el resto provenían de instituciones como Conacyt, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República. Todos los asistentes de los entes mencionados han manifestado su beneplácito por esta iniciativa, pues resuelve una necesidad patente para la comunidad científica del país que ha sido planteada desde hace 20 años.

II. Contenido de la iniciativa

Fundamentación

La iniciativa materia de este dictamen tiene como objetivo primordial impulsar el desarrollo científico, tecnológico y de innovación del país al incentivar el establecimiento de instancias de gestión para transferencia tecnológica y vinculación en todas las instituciones con actividades de investigación y desarrollo (I+D) y eliminar el impedimento que tienen los investigadores para participar en actividades que implican su vinculación con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros; a saber: la formación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, participación como socios, colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro y redes regionales de innovación en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en instituciones y las entidades dedicadas a tareas de ciencia, tecnología e innovación, así como de los investigadores formados en ellos.

Para ello es necesario realizar modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, pues aun cuando en el artículo 40 se encuentran contenidas disposiciones con relación a las actividades mencionadas, se da cobijo sólo a IES y CPI, dejando fuera a las instituciones de la administración pública federal que de acuerdo con su instrumento de creación (estatuto, acta, decreto o equivalente) tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica y efectivamente lo realicen (por ejemplo, los 23 institutos nacionales de salud, el Instituto Nacional de Metrología, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y otras 11 instituciones enumeradas en la relación de entidades paraestatales de la administración pública federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento).

Posteriormente, el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología remite a los investigadores a observar el último párrafo de la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos a fin de prevenir que se incurra en el conflicto de intereses y es que en esta disposición, se incluye sólo a investigadores de CPI, dejando fuera del supuesto jurídico a IES, y a las entidades y los organismos de la administración pública federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante la realización de actividades de investigación, desarrollo tecnológico o innovación. Dicha imposibilidad da pie por un lado a la pérdida de oportunidades de crecimiento para la institución, los investigadores y la sociedad en general, y por otro podría dar pie a prácticas no deseadas como uso de “prestanombres”.

Así, la iniciativa en cuestión propone:

1. Ampliar a fin de incluir en el supuesto jurídico contenido en los artículos 40 Bis y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología a investigadores de CPI, IES, y las entidades y los organismos de la administración pública federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante la realización de actividades de investigación, desarrollo tecnológico o innovación. Actualmente, en el artículo 40 Bis sólo consideran a las universidades e instituciones de educación pública superior y los centros públicos de investigación como las que pueden crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento. Dejando fuera a las entidades de la administración pública federal, en tanto que el artículo 51 sólo considera a los centros públicos de investigación como los responsables de promover con los sectores público y privado la formación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, y redes regionales de innovación en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en dichos centros, así como de los investigadores formados en ellos, dejando un vacío en relación con instituciones de educación superior y aquellas entidades de la administración pública federal cuyas actividades sean de I+D.

2. Ampliar a fin de incluir en el supuesto jurídico contenido en el cuarto párrafo de la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al personal de instituciones de educación superior y las entidades e instituciones de la administración pública federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica y efectivamente lo realicen y que sean considerados servidores públicos.

3. De manera integral, aclarar el existente vacío legal, en donde se les señalan como sujetos de responsabilidades pero no se precisan los términos de éstas como sí se hace en el caso de los centros públicos de investigación, tanto en la Ley de Ciencia y Tecnología, como en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de tal manera que se prevenga que los investigadores universitarios sean juzgados y sancionados discrecionalmente, dando pie a injusticias o paso a la corrupción; con lo cual se estaría impidiendo su pleno desarrollo profesional al no tener claro el límite de un posible conflicto de intereses; se inhibe la inversión privada para fomentar la ciencia y la tecnología; así como las capacidades de emprendedurismo de los propios investigadores. Todo ello, en detrimento de la investigación, la ciencia y el desarrollo tecnológico en México y de la transferencia que los tiempos actuales demandan.

Motivación

La iniciativa en cuestión atiende diversas solicitudes que la comunidad académica ha tenido desde hace al menos 20 años.

A continuación se plantean las principales solicitudes atendidas y se realiza un análisis social y político que conlleva la iniciativa:

• La petición de la comunidad científica, empresarios y académicos en la Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación presentada por el doctor José Narro en noviembre de 2013, que plantea:

La revisión de la normatividad de las IES y CPI para permitir la obtención de incentivos económicos, cuidando que no haya conflictos de interés, para mayor vinculación de los investigadores con el sector empresarial, corrigiendo el andamiaje legal que impide el incremento de inversión privada en la creación y transferencia de tecnología científica (contratos de transferencia, movilidad de academia a la empresa (spin-offs) o empresas iniciadas por investigadores.

• El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cuyo objetivo 3.5 establece “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social, sostenible” a través de estrategias como la 3.5.4., que busca “contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado”, con la creación y expansión de empresas de alta tecnología, fomentando la innovación tecnológica y el autoempleo en los jóvenes.

• La búsqueda del aumento en el número de patentes nacionales que hoy solo representa 8 por ciento del total (mil 292 de 15 mil 314) y con ello la creación de valor y elevación de productividad con mejores ingresos a la mente y mano de obra, y más empleos en diferentes ramas industriales.

• Más de 500 instituciones de educación superior con no menos de 20 mil investigadores en ellas y 21 mil 359 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, además de los no menos de 14 mil investigadores insertos en la iniciativa privada, para un total de 65 mil investigadores beneficiados. Sin contar el gran número de estudiantes inscritos en los más de 10 mil programas de posgrado existentes en el país y que eventualmente formarán parte del cuerpo de investigadores de beneficiados.

• Cubriremos por esta vía como país las cuotas del 25 por ciento de componentes nacionales establecidas en la reforma energética y elevaremos a México de la posición 72 entre los 145 países considerados en el índice de la economía del conocimiento establecido por el Banco Mundial.

III. Consideraciones

Primera.Las comisiones dictaminadoras realizaron el análisis de la iniciativa para reformar las Leyes de Ciencia y Tecnología, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de acuerdo con los argumentos jurídicos presentados la consideran viable, toda vez que plantea lograr un cambio integral que pueda colaborar a desarrollar un ecosistema favorable de innovación, con la transparencia y objetividad necesaria pues resulta indudable que el desarrollo tecnológico internacional nos ha absorbido y en él, México ha quedado rebasado, pese a que en el país se cuenta con los recursos humanos y materiales esenciales para transitar por esta vía.

Segunda.De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, la regulación en materia de transferencia de tecnología –particularmente con relación a la creación de empresas de base científica y tecnológica– es hoy una necesidad apremiante que ya todos los países desarrollados han resuelto y la mayoría de los países en desarrollo han atendido.

Con relación al estatus que guarda el trabajo de los investigadores dedicados a actividades de investigación científica y tecnológica en el resto del mundo se realizó un análisis comparativo, y se encontró lo siguiente:

Estados Unidos legisló en la materia que nos ocupa desde 1980 por medio de un instrumento que agrupo diversas inquietudes en la materia y sirvió de base para desarrollar nuevas iniciativas que dieron origen y mantienen el estado que hoy tiene en relación a desarrollo tecnológico, la Ley Bayh-Dole. Entre la gran gama de contenido, existe una política uniforme de patentes para los derechos de invenciones realizadas por empleados del gobierno (uniform patent policy for rights in inventions made by government employees), apoyada por una enmienda referida dentro de la Ley Bayh-Dole que incluso les permite poseer el título de una patente realizada por sus investigaciones.

Brasil, en su Constitución se encuentra contenido un capítulo (el IV) dedicado a ciencia y tecnología, cuyo artículo 218 establece: El Estado promoverá e incentivará el desarrollo científico, la investigación y la capacitación tecnológica y con base en ello, el 5 de julio de 2004, la Cámara de Diputados del Congreso del Brasil aprobó la Ley de Innovación con el fin de proporcionar incentivos para incrementar las actividades innovadoras y facilitar la investigación científica y tecnológica de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (Pyme) con la participación de investigadores.

Colombia cuenta incluso con una política nacional de fomento de la investigación y la innovación, en la cual se encuentra el programa de apoyo a las incubadoras de base tecnológica y se favorece la creación de empresas de base tecnológica con participación de investigadores o innovadores de instituciones de educación superior (spin offs universitarios).

Finalmente, el caso más emblemático de desarrollo económico de los últimos años, “el milagro del río Han”: Corea del Sur. En la materia que nos ocupa, encontramos que Corea del Sur no sólo permite a sus investigadores participar en empresas, sino que los incentiva con programas que involucran fuertes sumas de dinero para que logren desarrollos basados en ciencia básica, por ejemplo el Programa de Iniciativas de Investigación Creativa, que representa un reflejo de su idea de política pública basada en pasar de la imitación a la innovación.

Tercera.Si bien en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los investigadores en ciencia y tecnología no están catalogados como tales en la denominación de “servidores públicos”, es preciso denotar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es la que tiene por objeto reglamentar el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece en el artículo segundo: “Son sujetos de esta ley, los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 Constitucional, y todas las personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”. Por tanto, en este orden de ideas, los investigadores de IES, CPI y las entidades de la administración pública federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica, enlistadas en el Diario Oficial de la Federación a través de la relación de entidades paraestatales de la administración pública federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento, efectivamente, son considerados servidores públicos y se hace necesaria la atención de los mismos en este sentido.

Cuarta. La iniciativa en análisis brinda elementos facilitadores para la creación de un ecosistema propicio para el desarrollo científico, tecnológico e innovación en el país y contribuye de esta manera al cumplimiento del objetivo 3.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que es justamente “hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible”, a través de estrategias como la estrategia 3.5.4., que busca “contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado” y líneas de acción que consisten en “incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades de innovación y desarrollo en centros de investigación y empresas, particularmente en la creación y expansión de empresas de alta tecnología”.

Quinta. Asimismo, encontramos que la Iniciativa contribuye a la resolución de uno de los puntos presentados en el estudio Hacia una agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación, en el cual se establece como tesis central que México está inserto en un mundo que enfrenta grandes y complejos desafíos sin precedente, por lo que debe lograr mayor capacidad competitiva mediante la dinamización de la economía del conocimiento, la información y la innovación, por lo que debe hacer de estos palancas fundamentales para el crecimiento económico sustentable que favorezca el desarrollo humano y posibilite una mayor justicia social, y que fue presentado por un grupo representativo de la mayoría de instituciones universitarias y empresariales de México y particularmente al capítulo 12 que expone los aspectos relativos a la legislación sobre ciencia, tecnología e innovación y destaca en el párrafo XII.3 que es fundamental un marco legal moderno que incluyendo los mecanismos de fiscalización, pueda ser adecuado a las actividades de los investigadores como servidores públicos diferenciados y que permita su vinculación con el sector productivo.

Sexta.Considerando además que los investigadores de CPI sí pueden realizar acciones de vinculación y transferencia establecidas en la Ley de Ciencia y Tecnología, el hecho de que no se considere a los demás investigadores de instituciones de educación superior y de las entidades o instituciones que no sean considerados centros públicos podría incluso constituir una violación a derechos humanos fundamentales pues se estaría cometiendo un acto de discriminación. Al mismo tiempo no se podría quitar esta libertad ya existente a los investigadores de CPI ya que el artículo 1o. de la Carta Magna especifica: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Además, los mismos centros niegan la posibilidad a los inventores de licenciar su propio invento, lo cual también discrimina a los mismos, con los cambios previstos en la iniciativa se evita cualquier condición discriminatoria.

Séptima.Si bien la iniciativa promueve una mayor libertad para los investigadores y desarrolladores de innovaciones tecnológicas, no deja de remitirlos a la normativa interna que cada institución (centro público de investigación, instituciones de educación superior y aquellas instituciones de la administración pública federal que de acuerdo con su instrumento de creación –estatuto, acta, decreto o equivalente tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica y efectivamente lo realicen) tiene o debería tener, y que para cualquier alianza científico-empresarial se deberá cumplir. En tal virtud, es de percibirse la falta de dicha normativa en un buen número de las instituciones anteriormente mencionadas, por ello se crea un transitorio que prevea la obligatoriedad para que en tiempo y forma, todas las instituciones cumplan y tengan una normativa a seguir por sus investigadores. Cabe destacar en este sentido la participación del Comité Intersectorial de Innovación (CII) de la Secretaría de Economía con la elaboración una propuesta con los elementos mínimos necesarios que construyan dicha normatividad.

Octava. Con la aprobación de este dictamen, las Comisiones de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción consideran que estas nuevas disposiciones lograrán el establecimiento de un nicho propicio para estimular la innovación mediante el desarrollo científico y tecnológico del país al promover la transferencia de tecnología hasta el punto de lograr una mayor vinculación entre los actores del sector académico, industrial y de gobierno (triple hélice) con el fin único de coadyuvar en el desarrollo económico, social y cultural del país con un amplio beneficio a la sociedad en general.

Por las consideraciones que anteceden, las comisiones dictaminadoras establecen que es de aprobarse en sus términos el contenido de la iniciativa, por encontrarlo debidamente fundado y motivado, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 173, 176, 182, numerales 1 y 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se presenta a consideración esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, y Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Artículo Primero. Se reforman los artículos 40 Bis, párrafos primero y segundo, y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 40 Bis.

Las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica, y efectivamente las realicen, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en los mismos, así como del personal de dichas entidades e instituciones.

Estas unidades de vinculación y transferencia de conocimiento podrán constituirse mediante la figura jurídica que mejor convenga para sus objetivos, en los términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se constituyan como entidades paraestatales y podrán contratar por proyecto a personal académico de dichas entidades e instituciones sujeto a lo dispuesto a los artículos 51 y 56 de esta ley.

...

Artículo 51.

Los centros públicos de investigación, las instituciones de educación superior y las entidades de la administración pública federal que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica y efectivamente lo realicen, promoverán conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica, y redes regionales de innovación en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en dichos centros, entidades e instituciones, así como de los investigadores, académicos y personal especializado adscritos al centro, institución o entidad, que participen en la parte sustantiva del proyecto.

Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de gobierno de las instituciones, centros y entidades aprobarán y establecerán lo siguiente:

I. Los lineamientos y condiciones básicas de las asociaciones, alianzas, consorcios, unidades, redes o nuevas empresas que conlleven la participación de instituciones, centros y entidades, con o sin aportación en el capital social en las empresas de que se trate; y

II. Los términos y requisitos para la incorporación y participación del personal de instituciones, centros y entidades en las asociaciones, alianzas, consorcios, unidades, redes o nuevas empresas de que se trate.

Asimismo, los órganos de gobierno de las instituciones, centros y entidades podrán establecer apoyos y criterios conforme a los cuales el personal de los mismos pueda realizar la incubación de empresas tecnológicas de innovación en coordinación con la propia institución, centro o entidad, según corresponda y, en su caso, con terceros.

Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la fracción II y el párrafo anterior serán establecidos por los órganos de gobierno o equivalente de las instituciones, centros y entidades mediante normas generales que deberán expedir al efecto y que consistirán en medidas de carácter preventivo orientadas a evitar que su personal incurra en el conflicto de intereses al que hacen referencia los artículos 8, fracción XII, y 9 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Previo a su expedición, estas normas deberán contar con la opinión favorable emitida por el respectivo órgano interno de control.

Los órganos de gobierno o equivalente también determinarán lo relativo a los derechos de propiedad intelectual y los beneficios que correspondan a instituciones, centros y entidades en relación a lo dispuesto en este artículo.

Para promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades, los órganos de gobierno o equivalente aprobarán los lineamientos que permitan otorgar a los investigadores, académicos y personal especializado, que los haya generado hasta 70 por ciento de las regalías que se generen.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

I. a XI. ...

XII. ...

...

...

Los servidores públicos de las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las entidades de la administración pública federal a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que con tal carácter y de acuerdo con sus funciones lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo o innovación científica y tecnológica podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios. Dichas actividades podrán ser, además de las previstas en el citado artículo, la participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas de base tecnológica, o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda. Dichos servidores públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o cualquier otro concepto, sin respetar la normatividad institucional. El órgano de control interno respectivo verificará el cumplimiento de dicha normatividad, respetando la autonomía de la que goce, en su caso, la institución, centro o entidad;

XIII.a XXIV. ...

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las instituciones, centros y entidades referidas en el contenido del presente Decreto que de acuerdo con sus funciones lleven a cabo actividades de investigación, desarrollo o innovación científica deberán emitir y hacer pública su normatividad institucional en un plazo no mayor de 180 días, contado a partir de la publicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, diputados:Rubén Benjamín Félix Hays (rúbrica), presidente; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes (rúbrica), Mónica García de la Fuente (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas, secretarios; Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), José Enrique Reina Lizárraga (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Salvador Barajas del Toro (rúbrica), Benito Caballero Garza (rúbrica), Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Judith Magdalena Guerrero López (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Fernando Zamora Morales (rúbrica), Víctor Manuel Jorrín Lozano (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Roberto López González.

La Comisión Transparencia y Anticorrupción, diputados:Arely Madrid Tovilla (rúbrica), presidenta; Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), Enrique Alejandro Flores Flores (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Verónica García Reyes, Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), secretarios; Lilia Aguilar Gil, Rodimiro Barrera Estrada (rúbrica), Fernando Belauzarán Méndez (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Juan Manuel Carbajal Hernández (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), Paulina Alejandra del Moral Vela (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Zuleyma Huidobro González, Alfonso Insunza Montoya (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Javier Salinas Narváez, Martha Leticia Sosa Govea, Jorge Terán Juárez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Judit Magdalena Guerrero López (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN II

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para hablar y fundamentar el dictamen por la Comisión tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco.

El diputado Vicario Portillo Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado, estamos ya en discusión del dictamen, ¿Con qué objeto?

El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Ciudadano presidente, como es de su conocimiento público, en los días 26 y 27 de septiembre del 2014, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, fueron masacrados seis personas y desaparecidas 43 de ellas, que hasta la fecha se desconoce su paradero. Este crimen de lesa humanidad fue perpetrado por policías que estaban bajo el mando del gobierno municipal coludido con la delincuencia organizada.

La protesta social de los padres y madres de familia de los jóvenes desaparecidos y de sus compañeros normalistas, así como de la sociedad en su conjunto, ha sido criminalizada y satanizada por el gobierno federal y estatal, que lejos de aplicar la justicia a los implicados materiales e intelectuales de este crimen se han dedicado a culpar a quienes protestamos, dando como resultado que somos responsables de la desestabilización y la ingobernabilidad que se vive en el estado de Guerrero y el país.

Como ejemplo, el hostigamiento en contra del Centro de Derechos Humanos Tlachinola, en la montaña del estado de Guerrero, por el CISEN. Éste, en lugar de investigar a los culpables de estos arteros crímenes, se ha abocado más a culpar, a investigar a los defensores de estos luchadores sociales.

Por ello, solicito enérgicamente sean investigados el Ejército y la PGR en el estado de Guerrero y todo aquel organismo involucrado en estos hechos. En el marco de la reforma que el Ejecutivo presentó...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Vicario, permítame.

Estamos discutiendo un dictamen, usted me pidió la palabra cuando ya habíamos iniciado la discusión del dictamen y usted está leyendo un texto. Yo le ruego que concluya porque estamos en la discusión. Le ruego que concluya su intervención y en su momento usted podrá solicitar la palabra y hacer las referencias correspondientes. Le agradezco mucho su comprensión, ya se expresó usted.

El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Yo también le agradezco, señor presidente. Creo que todos tenemos derecho de hablar y nadie tiene por qué coartar nuestro derecho, porque es un derecho que tenemos todos y todas como diputados.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado, absolutamente.

El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Le solicito que me permita terminar. Pero si usted no está de acuerdo, entonces concluyo, porque realmente sí lo respeto como presidente, por lo tanto usted tiene que respetarme a mí también como diputado.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítanme, diputados, permítanme.

A ver, diputado Vicario, estamos en la discusión de un dictamen. Le ruego, ya usted pudo expresar parte de lo que a usted le preocupa. En su momento, adecuado, en los términos reglamentarios, usted podrá nuevamente expresar sus consideraciones. Por ahora le pido...

El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Sigo insistiendo, todavía no ha iniciado el dictamen, se anunció, pero ni siquiera ha iniciado. Pero si su dolor es de mencionar que se investigue el Ejército, la PGR, entonces ahí lo dejamos.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ya se expresó usted, muchas gracias. Continúe el orador, por favor.

El diputado Víctor Hugo Velasco Orozco: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, agradezco la posibilidad de poder presentar ante ustedes el día de hoy, algunos de los aspectos más relevantes del dictamen que la Comisión de Infraestructura hemos aprobado con el consenso de las y los compañeros legisladores que la integran y que en esta ocasión está a consideración de la honorable asamblea.

Es de mencionar que con el fin de unificar opiniones en torno a un solo acuerdo, este dictamen incluye una adenda elaborada entre las principales fracciones parlamentarias, con algunas modificaciones que aclaran la redacción.

Ante todo, se trata de un gran esfuerzo de colaboración entre el Poder Legislativo y el gobierno de la república, con el objetivo primordial de avanzar en la modernización de todos los procesos relacionados con la obra pública, para lograr mayor eficacia, eficiencia y transparencia.

Existe una clara asociación entre contar con la infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos, con el fomento de la competitividad y mayores posibilidades para que la economía genere bienestar a los diversos sectores sociales.

Muchos son los indicadores que podríamos citar para enmarcar las necesidades de cambios de nuestro país, tienen materia. Sin embargo, priman aquellos que indican nuestro grado de competitividad a nivel internacional y que son un factor referente, por ejemplo, el índice global de competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial que ubica a México en la posición 55 de 148 países.

En este marco, quienes integramos la Comisión de Infraestructura, hemos analizado con interés y detalle la propuesta de reforma y adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, que envió el titular del Ejecutivo federal a esta soberanía.

Coincidimos en simplificar el marco jurídico, dotándolo de nuevos mecanismos para gestión y evaluación de los proyectos. La eficacia de las inversiones públicas se deben constituir como un factor que impulse el crecimiento económico del país, propiciando el incremento de las oportunidades económicas rentables para los sectores públicos y privados, desarrollando más y mejores proyectos productivos, con base en políticas públicas responsables y un ambiente institucional propicio, que incremente la generación de empleos, la eficiencia del ejercicio del recurso público y una mejor distribución de infraestructura en beneficio de los mexicanos.

Un aspecto también sustantivo, es dar congruencia al marco jurídico respecto a los ejes del Programa Nacional de Infraestructura, el cual, sin duda, representa un gran reto para la administración pública federal y que por su naturaleza requiere contar con la normativa adecuada que contribuya en el cumplimiento de sus objetivos.

Este dictamen coincide con tres grandes vertientes. La primera. Nuevos mecanismos para la evaluación y gestión de proyectos. Para lograr una mayor eficacia en estos procesos, se incorporan nuevas figuras al marco jurídico, entre ellas, la gerencia de proyectos, la cual fortalece la planeación, organización y control de un proyecto en todas sus fases, aplicando a todos los proyectos de magnitud o alcance relevante. Y siendo optativos para otro tipo de proyectos en los términos que determine la dependencia o la entidad ejecutoria.

Es así que la figura de proyectos de alcance relevante, denominados como megaproyectos, necesariamente deben cumplir con un seguimiento mucho más detallado pro la gran inversión de recursos que nos son asignados y que además representan una mayor complejidad en su diseño e implementación, siendo necesario asegurar su integridad, funcionalidad, eficacia y eficiencia.

Asimismo se incorpora el concepto de análisis comparativo del costo del ciclo de vida, el cual permite a las dependencias y entidades comparar de manera más eficiente las proposiciones que se presentan con una visión más objetiva en cuanto a su rentabilidad y teniendo como resultado una eficiente ejecución de recursos públicos.

La segunda. Nuevas medidas para incrementar la eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación y ejecución de obra pública.

Como parte de las medidas de fortalecimiento a la transparencia y el fomento de una mayor competencia, es destacable la promoción del sistema compra net como la herramienta principal por la que se llevan a cabo los procedimientos de contratación, convirtiéndose en un mecanismo de información pública en la materia.

Por otro lado, con el objetivo de asegurar la legalidad de los procesos de contratación de las obras públicas, se establecen nuevos tipos administrativos para sancionar conductas recurrentes de licitantes, contratistas y servidores públicos tendientes a evadir el cumplimiento de la ley.

Tercero. Medidas para brindar mayor certeza jurídica a los participantes. Lo que el país requiere son mecanismos ágiles que permitan iniciar en tiempo y forma las obras públicas. Es por ello que con esta reforma se propone un máximo de dos juntas de aclaración en los procedimientos de licitación, evitando procesos prolongados e innecesarios que retrasan el gasto público y se generan subejercicios afectando no solo la ejecución de la obra sino también la generación de empleos y de beneficios de estas obras para los ciudadanos.

Asimismo y con la intención de dar mayor certeza jurídica, se definen los momentos precisos en los cuales inician y concluyen los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa.

Por otro lado, se crea la figura del finiquito unilateral a cargo de la dependencia o entidad teniendo como objetivo dar celeridad a este proceso y comenzar a operar la obra en la brevedad, salvaguardando el derecho del contratista a aceptarlo o no.

La industria mexicana en materia de construcción requiere de medidas que fortalezcan la participación de empresas mexicanas y de mano de obra nacional y es por ello que se establecen los procedimientos de contratación, optar por igualdad de condiciones por personas físicas y empresas mexicanas, dando preferencia por emplear recursos humanos propios de la región sin menoscabo de asegurar una libre y plena competencia respetando en el marco de la ley y de los tratados internacionales suscritos por México.

Asimismo con la plena certeza de la seguridad en materia de protección de los derechos laborales de trabajadores y la promoción de la economía formal, se establece que los entes públicos que hayan licitado obra pública notifiquen al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando detecten irregularidades por parte de los contratistas respecto a sus obligaciones en materia de seguridad social.

Lo anterior permite fortalecer la formalidad dentro del sector de la construcción, lo cual redunda en dar mayor certeza jurídica y de seguridad social, lo que garantiza que prevalezcan los derechos laborales de sus trabajadores.

De este modo, amigas y amigos diputados, los invito a que reconozcamos que nuestro país requiere de la modernización del marco normativo en materia de obra pública donde la necesidad de los cambios planteados en el dictamen a discusión son abocados a que actuemos y demos un giro positivo en materia de contratación de obras públicas.

Hago un llamado respetuoso a que votemos a favor de dar mayor eficiencia, eficacia, transparencia y certeza jurídica a este marco legal con el que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, avanzarán con mayor equidad asegurando la correcta aplicación de los recursos públicos y simplificando los procesos de contratación de una ley encaminada a fortalecer la economía mexicana haciendo un país más competitivo.

No tengo duda que con el criterio y normas como las que estamos a punto de aprobar, la inversión pública en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, será la pieza angular que dinamiza la economía interna y contribuye al mejoramiento productivo y social de nuestro México.

Pongamos nuestro empeño en que en ello suceda. Les pido que aprobemos este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. En virtud de que el señor diputado, a nombre de la comisión ha presentado una adenda que por cierto está publicada en la Gaceta, disponible en las pantallas y habiendo sido repartida copia de la misma a los miembros de la asamblea, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta para que pase a formar parte del dictamen.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud es que continuamos con la discusión del dictamen. Tiene el uso de la voz doña Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza.

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a alumnos de la Escuela Preparatoria 229 del municipio de Texcoco, estado de México, invitados por el señor diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Gracias, presidente. Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, antes de iniciar con el posicionamiento del dictamen, quiero expresar a nombre propio y de mi grupo parlamentario de Nueva Alianza, nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Alexander Mora Venancio, cuya identificación ha sido confirmada por las autoridades. Nos sumamos a las exigencias de justicia para que este atroz crimen no quede impune y que siga lo procedente con los otros 42 desaparecidos.

Consideramos que una forma de mantener vivo el recuerdo de Alexander es trabajar para reivindicar el normalismo del país, ya que su deseo era convertirse en maestro y poder ayudar a su comunidad. Ese noble anhelo debe ser una motivación para seguir trabajando por la educación.

Con respecto al dictamen, me gustaría señalar que la obra pública siempre ha contribuido de manera significativa en el sostén de la industria de la construcción.

El desarrollo económico y social del país implica la generación de obras de infraestructura para el transporte carretero, aéreo, marítimo y pluvial, cuya calidad es un indicador del nivel de progreso del país y de su viabilidad económica.

Las obras públicas que se impulsan con recursos fiscales, vienen de los contribuyentes, y es a ellos a quienes se debe devolver con instalaciones adecuadas y suficientes para para mejorar su calidad de vida.

Por estas razones es fundamental contar con un marco jurídico que permita planear, diseñar y ejecutar los proyectos con eficacia, certidumbre y buenos resultados.

El dictamen que se encuentra a discusión tiene el propósito de mejorar los procesos de contratación y administración de la obra pública federal con prácticas más claras, eficientes, transparentes y abiertas al escrutinio público.

Las modificaciones a la Ley de la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas tienen el propósito de fortalecer y simplificar el marco jurídico que regula la obra pública con disposiciones que tratan de agilizar y transparentar procedimientos de licitación, contratación, ejecución y terminación de la obra.

Contiene nuevas figuras que brindarán mayores y mejores elementos para la toma de decisiones de los servidores públicos, cumpliendo así con el mandato que establece el artículo 134 constitucional. Se incorpora el concepto de proyectos de magnitud o alcance relevante, estableciendo criterios para clasificarlos y sujetarlos a una gestión y evaluación especializada. Se agrega la figura de gerencia de proyectos que posibilitará contratar servicios integrales de planeación, organización y control de la obra en todas sus fases.

La propuesta ofrece mayor certeza jurídica tanto a empresas licitantes y ejecutoras como a las dependencias de gobierno contratantes desde la forma de licitación y contratación hasta el finiquito a completa satisfacción.

Se promueve el uso de Coplanet como la principal herramienta informática para llevar a cabo los procedimientos de licitación y se convierte en un mecanismo exclusivo de información pública en la materia.

Se establece la bitácora electrónica cuyo uso será obligatorio como medio de comunicación entre las partes y quedará como un testimonio indeleble que permitirá el seguimiento de las obras, tanto a las dependencias contratantes como a las autoridades de Contraloría y Fiscalización.

Compañeras y compañeros, la sociedad reclama mayor transparencia en los actos de gobierno, no sólo como una forma de cumplir con la ley, sino con la convicción de que mientras más transparentes son las decisiones gubernamentales, mayor será la legitimidad de las mismas.

Por tal motivo, en el grupo parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen en comento, ya que estas modificaciones a la ley permitirán que el proceso de las licitaciones sean públicas mediante medios en línea, cerrándole el paso a la discrecionalidad, dilaciones, e incluso, reduciendo los gastos de traslado y producción de impresos.

Hoy más que nunca debemos escuchar las voces que nos exigen cerrarle el paso a la corrupción en las obras del gobierno, es momento de que con base a la ley, las licitaciones públicas favorezcan a las mejores propuestas económicas y no a quienes pretenden lucrar con los recursos de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Sonia. Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Es responsabilidad ineludible del Congreso de la Unión contribuir para garantizar que el monto de los recursos que se destinan para la adquisición, arrendamiento, contratación de servicios de la Administración Pública Federal, se realice atendiendo a las mejores prácticas, respetando criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad.

Debido a que un modelo que no atienda estas características propicia el desperdicio, el fraude, la corrupción, debido a que no existen mecanismos que puedan amarrar las manos a la corrupción.

La iniciativa en estudio, y el dictamen que hoy se nos propone, propone establecer que todos los procedimientos de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas, que se realicen al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sean realizados en forma electrónica. Prevé el uso del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones arrendamiento y servicios, Compranet, como el único medio para llevar a cabo todos los procedimientos de contratación pública antes referidos.

Estas reformas en esencia son positivas, pero si no van acompañadas de manifestaciones genuinas de voluntad por combatir la corrupción, el contratismo, los conflictos de interés, el tráfico de influencias, los moches, las licitaciones amañadas, no va a quedar sino como un catálogo de buenas intenciones.

Precisamente hoy ya se circuló en la Comisión de Puntos Constitucionales la propuesta para un sistema nacional anticorrupción, y seguramente será el tema del fin del periodo legislativo, pero hoy que es el Día Internacional de Combate a la Corrupción podemos señalar que si no se sanciona, que si no se castigan los casos de corrupción donde ha sido pillado el presidente de la República, su esposa, todo quedará como mera propaganda, como una cortina de humo para ir al fondo de los temas.

Hoy precisamente se instaló ya la Comisión Especial para ver el tema del tren México-Querétaro, y cuando uno hablaba de la Casa Blanca de Peña Nieto o de la corrupción presidencial decían; No hay que faltar al respeto. Como si hablar de la corrupción o mencionar a las cosas por su nombre fuera faltar al respeto.

Más se falta al respeto cuando se sigue generando desde el poder presidencial que un puñado de empresas se lleven la obra pública. De qué sirve un sistema como el Compranet, si todas las obras o las más importantes del sexenio se las llevan empresas que puede uno contar con los dedos de la mano y le sobran dedos.

El caso del Grupo Higa y todas sus empresas, el caso de OHL México, con más de 41 mil millones de pesos asignados en lo que va del sexenio; el gran negocio del aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, más que un sistema nacional anticorrupción se está construyendo una nueva cofradía de empresarios corruptos vinculados al gobierno federal, y por eso –concluyo presidente-, nosotros no vamos a avalar mejorales, no vamos a avalar estas reformas gatopardistas que hacen como que se cambian para que todo siga igual; mientras no se castigue la corrupción presidencial, mientras no se toque el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto; mientras no se sancione este incalificable acto de corrupción que tiene a México hecho una vergüenza internacional. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, vengo a referirme al objeto del presente dictamen, que tiene que ver con las reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sin duda alguna todos estaremos de acuerdo que la obra pública es un elemento importante para impulsar el crecimiento económico de cualquier país. Y aquí quiero destacar algunos elementos fundamentales que nos permiten estar seguros que con estas reformas vamos a avanzar en temas fundamentales para los mexicanos, como la transparencia, como una mejor rendición de cuentas y también como con el combate a la corrupción.

En esta iniciativa –ahora dictamen– enviada por el Ejecutivo federal vienen elementos que muchos colegios, cámaras, relacionadas con la obra pública habían demandado. Hablaba de la transparencia porque por fin se escuchan las quejas de muchos contratistas, por fin se establece que todas las licitaciones públicas se van a llevar a cabo a través del Compranet. Es decir, ya no va a haber posibilidades de darle la vuelta a esto y entonces todos aquellos licitantes tendrán que entrar a este esquema de compras muy avanzado, que obliga a las licitaciones vía electrónica.

Por eso hablamos de avances en estas reformas, por eso hablamos de que finalmente con el Compranet ya como elemento fundamental para la licitación, abonamos en la transparencia y, por consiguiente, abonamos en una mejor rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

Pero también hay otros elementos que podemos destacar y debemos destacar, porque no es cualquier cosa. No es cierto que con estas reformas sea más de lo mismo, no es cierto que con estas reformas las cosas van a seguir igual, porque además, como lo decía, de abonar en el ámbito de la transparencia, también abona el defender y apoyar los intereses de las personas físicas y las empresas mexicanas.

Si ustedes observan en su dictamen, en el artículo 29, viene una inclusión de un párrafo que habla que en igualdad de condiciones se va a preferir a las personas físicas y a las empresas mexicanas. Esto es fundamental, sí, aunque también debo decir que en su momento presentamos unas reservas para incluir otro elemento más que fortalezca a las empresas mexicanas y, sobre todo, que fortalezca a las empresas de esas entidades federativas donde se lleven a cabo las obras.

También, aparte podemos decir, que se incluyen algunas figuras para sancionar conductas ilegales o equivocadas de licitantes o de las propias autoridades. En resumidas cuentas, nosotros creemos que con los elementos que aquí ya se han señalado por quien presentó el dictamen, el presidente de la Comisión de Infraestructura y algunos otros compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, estos elementos como gerencia de proyectos, como obras de alcance considerable. En fin, son elementos que sin duda alguna van a abonar a lo que muchos mexicanos demandan, pero además van a abonar en favor de la transparencia, en favor del combate a la corrupción y en favor de una mejor rendición de cuentas.

Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde manifiesta su apoyo a este dictamen. Estamos convencidos que con estas reformas vamos en el camino correcto a construir mejores condiciones, valga la expresión, para todos aquellos que se dedican a la obra pública y que habían, en su momento, presentado una serie de peticiones, de observaciones, de quejas que hoy, en este dictamen vienen incorporadas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Rosa Elia Romero Guzmán. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Escuela Técnica 175, Melchor Ocampo, invitados por don Francisco Javier Fernández Clamont. Sean ustedes bienvenidos. Adelante.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Infraestructura ha puesto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Sin duda, la inversión pública en obras e infraestructura es una de las principales herramientas con las que cuenta el Estado para incidir en la vida económica y social del pueblo.

Como es de todos conocida, una función del Estado es proveer al pueblo de bienes y servicios para mejorar su bienestar y que por su importancia, alcance, naturaleza e inversión no pueden ni deben ser brindados por otros agentes sociales y económicos.

Entre estos servicios se encuentra la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Sin embargo, vemos que con la embestida neoliberal los estados empiezan a delegar su responsabilidad en estos servicios a particulares y a los mecanismos del mercado. Pero a pesar de ello, la infraestructura y la obra pública por su monto de inversión, por el alcance y derrama económica, así como por su importancia social sigue siendo una función de los Estados del mundo.

La inversión en infraestructura y en obra pública tiene la cualidad de brindar bienestar social y económico a la población, no solamente beneficiada de forma directa sino a la población circundante, es decir, las externalidades positivas de la inversión pública son siempre de amplio alcance.

Asimismo la inversión en infraestructura y obra pública tiene una cualidad particular que la hace distinta a los diferentes bienes y servicios que el Estado brinda, puede servir como una herramienta de arrastre económico en el corto plazo. Recordemos que la obra pública, dependiendo la magnitud de los proyectos, puede arrastrar a toda una economía estancada ya que demanda mano de obra, insumos técnicos, materia prima, actividades de gestión, entre otros insumos necesarios para poder llevarle a cabo.

Por ello en momento de crisis económica, la inversión en obra pública ha servido como instrumento contra cíclico. Hoy nuestro país requiere voltear a ver la obra pública de nuevo, el panorama económico que se vislumbra para el próximo año no es nada alentador, la caída del precio del petróleo, la depreciación del peso, el aumento de las tasas de interés y la baja en la demanda mundial de nuestros productos nos ha mostrado que el mercado externo, aquél que se ha mostrado como palanca de desarrollo se está agotando.

Por ello es necesario cambiar el rumbo del país, es necesario voltear al mercado interno. Este año el Fondo Monetario Internacional ha recomendado a los países del mundo voltear a sus mercados internos, fortalecerlos e impulsar la inversión en infraestructura, pues consideran que el mercado mundial seguirá estancando por algunos años más.

Compañeras y compañeros, hoy es necesario incentivar la obra pública y la infraestructura. Por ello en el Partido del Trabajo votaremos a favor del dictamen, pero no es un voto en blanco, sino que está condicionado a que las reformas propuestas realmente transiten por transparentar los mecanismos de asignación de obra pública, se clarifiquen los términos de licitación, se combata la corrupción y nunca más se presenten conflictos de interés. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, tiene el uso de la voz, del PRD.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana:Diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados. Comenzaré diciendo que si bien esta es una iniciativa que envió el Ejecutivo Federal, debe destacarse que a su interior hubo una amplia consulta con cámaras y colegios, lo que permitió construir un consenso al interior de la Comisión de Infraestructura.

Por eso, antes de continuar y, a título personal, quisiera hacer un reconocimiento por su apertura y tolerancia para escuchar a las cámaras y colegios al expresidente de la Comisión de Infraestructura, diputado Alberto Curi –diputado con licencia– y al actual presidente de la Comisión, al compañero Víctor Hugo Velasco Orozco.

Esta iniciativa que hoy se presenta tiene aspectos positivos que debemos resaltar. En primer lugar, a diferencia de la ley vigente, agrupa a las excepciones y el catálogo de conceptos de definiciones generales en un artículo para cada uno respectivamente y no estar disperso como se encontraba en la ley que hoy es derecho positivo todavía.

Otra situación positiva que debemos resaltar es el hecho de incorporar el concepto de proyectos de magnitud o alcance relevante y, sobre todo, de definir que entendemos por este tipo de proyectos a los que tienen un grado importante de complejidad técnica, a los que tienen una situación transversal en diversas dependencias del gobierno y sobre todo a aquellos que exceden los cinco mil millones de pesos.

Quisiera decir también que en el marco de la incorporación de este nuevo concepto de proyectos relevantes, se incorpora también la figura de la gerencia de proyectos, que lo que trata es de darle una visión integral a este tipo de proyectos relevantes, y sobre todo de darle continuidad y eficacia.

Pero también es resaltable el hecho de que esta gerencia de proyectos no estará circunscrita únicamente a los proyectos relevantes, sino que optativamente puede ser incorporada para otro tipo de proyectos.

Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRD votaremos a favor de este dictamen, pero no queremos que se considere como un cheque en blanco. Votamos este dictamen en una coyuntura donde la opinión pública nacional se alarma ante la forma poco transparente en la cual se licitó, se adjudicó y luego se canceló la licitación del tren México-Querétaro.

Aprobamos este dictamen en una coyuntura en la cual la opinión pública nacional se inquieta ante la presunción de un conflicto de intereses entre empresas beneficiarias con el tren México-Querétaro y otras obras de envergadura, y familiares cercanos al titular del Ejecutivo federal.

Por eso en el PRD consideramos que será fundamental el atender, escuchar, tomar nota de las resoluciones, de las conclusiones a las cuales llegue la Comisión Especial del Tren México-Querétaro, para en un futuro inmediato perfeccionar esa ley con los aportes de la investigación que dicha comisión realice.

Entretanto votaremos este dictamen, pero seguiremos pugnando por la transparencia, por la claridad en las licitaciones, no solamente del gobierno federal, sino del Estado mexicano en su conjunto. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Genaro Carreño Muro, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Genaro Carreño Muro:Con la venia del presidente. Compañeras y compañeros diputados: hoy estamos en pro del trabajo, la inversión de todo lo que son acciones de obra pública en nuestro país, por supuesto.

La propuesta del Ejecutivo que hoy se ha subido para su aprobación a la iniciativa de reformas de la Ley de Obras Públicas, relacionada con las mismas contiene cambios importantes y nuevos mecanismos para la evaluación de los proyectos de obra pública, así como la evaluación del desarrollo mencionado con proyectos, y siempre hablar de proyectos en nuestro país es hablar de inversión, pero sobre todo hablar de infraestructura para los municipios y los estados.

Además, prevé reglas y procedimientos de contratación, ejecución de contratos y sustanciación de los procedimientos de inconformidad, conciliación y sanción.

La modificación se centra en tres rubros que son la gestión y evaluación de proyectos de obra pública, la contratación y ejecución de obras públicas y medidas relacionadas con la certeza jurídica.

De entre las modificaciones planteadas destacan las siguientes: propone excluir de la aplicación de la ley sus criterios a un número de entidades que anteriormente no lo estaban, tales como los organismos autónomos y las empresas productivas del Estado. Los megaproyectos contarán con un instrumento de gestión especializada acorde con su complejidad y magnitud de inversión.

Se incorpora la figura de gerencia de proyectos que busca fortalecer la planeación, la organización, ejecución de obra pública y por supuesto también el cierre. Promueve el uso del sistema en línea Compranet como la principal guía para llevar a cabo los procedimientos de contratación.

Las dependencias que hayan licitado obra pública deberán notificar al Seguro Social cualquier irregularidad en materia de seguridad social de sus contratados.

Establece nuevos tipos administrativos para sancionar a licitantes, contratistas y servidores públicos que evadan la ley.

En materia de investigaciones de mercado se plantea que la Secretaría de la Función emita los lineamientos correspondientes, la ley vigente no define la metodología a seguir; precisa los requisitos a seguir por parte de servidores públicos para la emisión del fallo que adjudique una obra; provee certidumbre para las finanzas de las contratistas, pues establece plazos específicos para el pago de obras.

Si bien es deseable la inclusión de nuevos conceptos tales como el proyecto de magnitud o alcance relevante, o bien el gerenciamiento de proyectos, también presenta una serie de modificaciones que requieren un análisis muy importante en la propuesta a una explicación clara de su inserción.

Consideramos también imperante que esta ley, así como sus criterios y procedimientos, sean de aplicación general. Consideramos dentro de la aprobación al adéndum que tuvimos a discutir con el grupo parlamentario que se presentaron, que también debe de estar incluido todos los actores y los sectores de la infraestructura pública del país.

Por ello, en el artículo 1, el inciso 3, se sugería agregar una parte importante en la cual se aplicaran criterios y procedimientos previstos en esta ley, no sólo en los procedimientos de ordenamientos que los rigen, y por supuesto también para la contratación de las obras citadas se deberán aplicar criterios y procedimientos previstos en la ley, sólo el no previsto en los contratos de ordenamientos que rigen los citados financiamientos, siempre que no se contrapongan con los mismos.

También, en la legislación nacional, no serán suficientes los elementos que justifiquen esta excepción; esta excepción se debe eliminar, que es lo que consideramos, para que haya un ordenamiento.

Cerraría diciendo que en el grupo parlamentario estaremos a favor del dictamen con el adéndum generado, sin embargo seguimos pensando que a nivel nacional debe de incluirse el fortalecimiento de las empresas locales y regionales, pues las microempresas, las pequeñas empresas en muchos de los casos son las que sufren precisamente la posibilidad de bajar los recursos, fortalecer la economía local y por ende también el crecimiento que tanto requiere el país. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Fernando Maldonado Hernández, tiene el uso de la voz.

El diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández:Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el presente dictamen representa un esfuerzo para impulsar la transparencia, eficiencia y eficacia respecto del ejercicio de los recursos públicos.

Es importante que nosotros como legisladores nos sumemos al esfuerzo del Ejecutivo federal por brindar un mayor marco jurídico que garantice una adecuada regulación para la ejecución de las obras públicas.

No obstante que la legislación en esta materia ha sido objeto de anteriores reformas, con el propósito de adecuar el marco normativo a las exigencias del país, resulta evidente que existen rubros pendientes para garantizar el cumplimiento de su objeto.

En este dictamen se abordan tales pendientes, por lo que consideramos trascendental su aprobación, pues ello permitirá que los procedimientos para la contratación de obras públicas sean más ágiles y expeditos.

El dictamen promueve el uso de Compranet, a fin de que se convierta en la principal herramienta para realizar contrataciones públicas al establecer su uso obligatorio en las licitaciones públicas.

Otras de las medidas a resaltar es la reducción de las juntas de aclaraciones en los procedimientos de evaluación y adjudicación de un contrato de obra pública a un máximo de juntas, lo que evitará que los procedimientos de contratación se prolonguen innecesariamente.

En el dictamen se propone establecer por primera vez las reglas para el procedimiento de adjudicación directa, cuya omisión da lugar a incertidumbre y a conflictos que obstaculizan la transparencia y reducen la eficacia de este procedimiento.

Se precisan los requisitos que los entes públicos deberán observar para la emisión del fallo a través del cual se adjudica una obra, como son fecha, hora y lugar, así como los resultados del análisis comparativos del costo, del ciclo de vida; y se establece la obligación de difundir dicho fallo a través de Compranet, lo que otorgará certidumbre tanto a los entes públicos como a los licitantes.

En los supuestos de terminación anticipada o de recisión de contratos se propone permitir a los entes púbicos tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados y los inmuebles relacionados con el proyecto desde el inicio del procedimiento de recisión y hasta que la autoridad competente resuelva las mismas medidas, permitirá la continuación de los trabajos de la obra pública evitando incremento en los costos relacionados con ésta, así como prórrogas o sobre plazos.

También se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Economía para que emitan criterios de interpretación con carácter vinculatorio, lo que hará homogénea la aplicación de la ley en relación con las facultades de interpretación de dichas dependencias.

Otras de las propuestas que promueven una mayor transparencia es la incorporación en la ley de la figura de la bitácora electrónica, pues a través de dicho instrumento se podrá dar seguimiento a las actividades relacionadas por la ejecución de un proyecto.

Las reformas propuestas en este dictamen buscan apoyar las actividades de las empresas mexicanas al establecer que los procedimientos de contratación, los entes públicos deberán optar en igualdad de condiciones por personas y empresas mexicanas.

Compañeras y compañeros legisladores, para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto resulta de enorme importancia el gasto en infraestructura, pues la inversión que ahí se genere no sólo fomentará la actividad económica sino que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos gracias a la generación de empleos y a la dotación de servicios públicos dignos.

Más aún, la obra no sólo debe de cumplir los fines para los cuales fue contratada, sino también debe obedecer a criterios de transparencia y rendición de cuentas, objetivos a los que contribuye este dictamen, por lo que invitamos a todas las fuerzas políticas a votar positivamente el presente dictamen puesto a su consideración. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:El pasado 4 de noviembre, frente a integrantes de su gabinete legal ampliado y a muchos legisladores de su partido, el todavía presidente presentó su iniciativa y habló maravillas, al igual que en la presentación pública que hizo, el discurso demagógico sobre la competitividad y la transparencia en la obra pública tuvo una existencia efímera. Dos días después de la presentación de la iniciativa, es decir el 6 de noviembre, se dio cuenta de ella este pleno.

Ese mismo día inexplicablemente todavía, el gobierno mexicano revocó de manera sorpresiva el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa china Right Way Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al PRI y al todavía presidente, destacando la constructora Teya, que pertenece a Grupo Higa, a la cual se le asignaron obras millonarias por el gobierno del estado de México, a cargo del que todavía es presidente de México.

El resto de la historia, incluyendo el cuento de la Casa Blanca obtenida a base de sudor y lágrimas, es ampliamente conocida por todo el pueblo de México.

Es importante decir que en el 1 Bis, obviamente, aunque hablan de que van a incrementar eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación ejecución de obra, nosotros lo que vemos es mentira y encubrimiento de la discrecionalidad y corrupción a través de la función legislativa utilizada en forma amafiada.

Miren ustedes, dentro de las diversas reformas a la Ley de Obras Públicas destacan en este artículo 1 Bis el ámbito de aplicación de esta ley y a pesar del Compranet que tanto aquí publicitan, no se va a aplicar a las obras que se realicen para las obras y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, esto es Pemex y la CFE.

Tampoco se va a aplicar a obras que requieran la prestación de nuevos servicios concesionados, entre los que se pueden mencionar el nuevo aeropuerto, telecomunicaciones y radiodifusión, mucho menos se va a aplicar a obras y servicios relacionados con las mismas, financiadas con fondos provenientes de créditos externos, otorgados al gobierno federal o con sus garantías por organismos financieros regionales o multilaterales.

Tampoco se va a aplicar a obras que deban ser ejecutadas o prestadas en el territorio nacional, cuyos procedimientos de contratación y contratos sea necesario realizarlos en el extranjero.

Ahí está la trampa en el 1 Bis y basta nada más revisar el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del todavía presidente, donde se puede ponderar la magnitud y alcance de la ley que hoy se aprueba en este mismo artículo 1 Bis. De la misma se determina su no aplicación en los sectores de comunicaciones y transportes, salud, desarrollo urbano, vivienda, turismo, sector hidráulico, como ya ha apuntado también a las inversiones a Pemex y a la CFE.

Transparencia y competitividad que se abordan con la práctica discrecional de la asignación de obra, ¿A quién? A los amigos, a los socios encubiertos. Es el pago de la compra de la elección presidencial de 2012.

Ninguna ley –culmino, presidente– bastará para garantizar la transparencia y competitividad, en tanto quien la impulse y la aprueba forma parte del juego, de la corrupción y del encubrimiento, en el cual el motor principal es Enrique Peña Nieto.

Por eso no se puede votar esta ley a favor. Los diputados que estén a favor de eliminar la corrupción –culmino, presidente– la tienen que votar en contra. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Carlos Sánchez Romero, para hablar a favor.

En tanto, esta Presidencia saluda a don Ricardo Aco Farfán, presidente municipal de Tetela, Puebla, la tierra de los Tres Juanes, según me dice, y a don Gerardo Reyes Bonilla, presidente de Tonalapa. Sean ustedes bienvenidos, y éxito en sus gestiones.

El diputado Carlos Sánchez Romero:Con la venia de la Presidencia. A título propio y de mi grupo parlamentario, me permito extender mi reconocimiento a las comisiones que participaron del presente dictamen, pues el mismo abona elevar la eficiencia en el ejercicio del gasto público, a través del establecimiento de reglas claras en cuanto al tema de procedimientos de contratación para el desarrollo de obras, de infraestructura y priorización de proyectos de obras públicas, con base en su rentabilidad social.

Lo anterior, por supuesto, es muy valioso si consideramos que resulta impensable que puedan obtenerse las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes si para la toma de decisiones respectivas no se conocen las características y la estructura del mercado de una obra pública.

Es por esto, que consideramos una contribución importante del presente dictamen, que en el mismo se precisa que será la Secretaría de la Función Pública la que emitirá los lineamientos para establecer la metodología que deben utilizar las dependencias y entidades para realizar la investigación de mercado.

Otra de las virtudes a resaltar del dictamen, es que establece diversos supuestos jurídicos relacionados con los procedimientos de contratación que la ley vigente no considera, cuya omisión genera actualmente incertidumbre y da lugar a conflictos.

A manera de ejemplo, por primera vez se establecen reglas mínimas para el procedimiento de adjudicación directa. Se precisan los requisitos que los servidores públicos deben observar para la omisión del fallo de adjudicación, las causales para desechar una proposición, y se pormenorizan las hipótesis para declarar desierta una licitación. Además de establecer reglas que reduzcan arbitrariedades de los servidores públicos, también se establecen medidas que evitan se prolonguen las situaciones de conflicto, como son las siguientes.

Prevé la existencia de un procedimiento excepcional de recisión abreviado en supuestos urgentes, precisa el mecanismo a seguirse en caso de que el contratista no acepte el finiquito que le propone la dependencia o entidad, hace más claros y ágiles los procedimientos que dirimen las controversias que se susciten con motivo de los contratos de obra pública, e incorporar medidas de apremio para servidores públicos y particulares que incumplan los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública.

El dictamen otorga mayor certeza a los particulares respecto de la normatividad jurídica aplicable, pues propone que los criterios de interpretación que tengan efectos generales para las dependencias y entidades deberán ser publicados en compra net.

En materia de seguridad social, en la iniciativa se establece la obligación del contratista, y en su caso, del subcontratista, de entregar a la dependencia o entidad, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de cuotas y aportaciones de seguridad social de los trabajadores.

En caso de que de dicha constancia se desprenda algún incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los contratistas, las dependencias o entidades que hayan licitado obra pública tendrán la obligación de dar aviso al Instituto para que éste ejerza sus obligaciones fiscales.

Lo anterior se encuentra acorde con las obligaciones establecidas a cargo de los patrones para registrar e inscribir a sus trabajadores en el IMSS. Comunicar sus altas y bajas. Llevar registros con el número de días trabajados y los salarios percibidos. Proporcionar los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo. Expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido semanal o quincenalmente conforme a los periodos de pago establecidos, entre otros...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, tengo la obligación de pedirle que culmine.

El diputado Carlos Sánchez Romero: ...por lo que puede concluirse el dictamen presente. Compañeros y compañeras legisladores, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI acompañaremos con nuestro voto favorable el presente dictamen, toda vez que el mismo es reflejo de la política que en materia de infraestructura ha delineado nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, la cual fomentará la actividad económica, la prosperidad del país, el desarrollo regional y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, tengo la obligación de pedirle que culmine.

El diputado Carlos Sánchez Romero: ... y la dotación de servicios públicos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Alfonso Durazo, tiene usted el uso de la voz.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros, los niveles de corrupción que hoy registra el país lesionan ya los intereses del Estado mismo. Por ello, la lucha contra la corrupción es la piedra angular de cualquier cambio en el país.

No hay reclamo social ni presente ni pasado cuyo origen no esté asociado a un acto de corrupción gubernamental, y la respuesta ha sido invariablemente, como hoy cuando la hay, medidas normativas y administrativas en abstracto que expresan que ahora sí la corrupción será contenida y combatida.

Nunca sin embargo, se han tomado acciones concretas con las que simple y sencillamente se aplique la ley a los personajes que simbolizan la gran corrupción que devora al país, para todos ellos la impunidad ha sido la regla. Son del conocimiento público los casos de ex presidentes de la República, de gobernadores en ejercicio o fuera de él y una amplia gama de otros altos funcionarios y ex funcionarios, líderes sindicales, que se han enriquecido al amparo del poder y la corrupción, todo mundo lo ve, todo mundo lo sabe excepto la justicia.

Recientemente se hizo público el caso de la llamada Casa blanca de la familia presidencial, cómo puede creerse en el compromiso presidencial de lucha contra la corrupción cuando el presidente carece de lo imprescindible, voluntad política para actuar contra la corrupción.

Por qué nunca se hace referencia a la fuerza del Estado para llevar a la cárcel a los grandes corruptos de este país y para recuperar sus bienes mal habidos. Hay salidas a la corrupción, hay salidas a la crisis que vive el país, pero van más allá de los cambios rutinarios y cosméticos como los que hoy analizamos. La justicia a secas es la mejor política contra la corrupción.

Lo que el país necesita es que el presidente empiece por depurar el aparato público de los corruptos que ocupan los espacios de poder y lo más importante, es imprescindible que el presidente mejore los estándares de honestidad personal, pues sin ellos será imposible mejorar los estándares de honestidad del gobierno.

Quiero decirles que no hay nada de alevosía en este comentario, es simple y sencillamente un planteamiento elemental que eludimos por temor, pero que es imprescindible poner sobre la mesa.

La lucha del presidente contra la corrupción no debe ser solo jurídica, debe ser también un asunto de ética personal, pues tendría un efecto motivacional y funcional insuperable en el desempeño del gobierno. Logrado esto, entonces sí los mexicanos recibiremos claro el mensaje del presidente de la República de que aquí no hay impunidad para nadie. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Mauricio Sahui, tiene el uso de la voz, pero entre tanto esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de invitados del municipio de Chapala, invitados por la diputada Angélica Magaña Zepeda, del bello estado de Jalisco. Sean ustedes bienvenidos.

El diputado Mauricio Sahui Rivero:Con su permiso, señor presidente. El dictamen que nos ocupa prevé nuevos mecanismos para la gestión de la obra pública tales como el análisis comparativo del costo del ciclo de vida, el proyecto de magnitud o alcance relevante y la gerencia de proyecto. Conceptos tales que abonarán a la mayor eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos.

El análisis comparativo del costo de ciclo de vida consiste en un examen técnico, económico y financiero complementario al análisis, costo-beneficio a cargo de las dependencias y entidades ejecutoras de obra, el cual tiene como finalidad llevar a cabo una evaluación entre distintas proposiciones recibidas de los desarrolladores con la finalidad de seleccionar aquella que represente el menor costo a valor presente durante el tiempo de ejecución y operación de la obra, apreciando la vida útil y el mantenimiento de la misma.

El análisis en comento es un instrumento aplicable única y exclusivamente a los proyectos de magnitud y alcance relevante cuando así lo decida la dependencia o entidad ejecutora, lo que le convierte en una herramienta útil.

También se incorpora la figura de proyecto de magnitud o alcance relevante, pues a diferencia de lo que sucede en otros países, en México no tenemos un concepto para clasificar megaproyectos y esta figura viene a suplir esta deficiencia.

Esta clase de proyectos generalmente representan obras tecnológicamente avanzadas con diseños y sistemas complejos que en la mayoría de los casos implican un presupuesto significativo, lo que genera un componente de riesgo que muchas veces es difícil de gestionar.

Es por tales motivos que se coincide con el dictamen en el sentido de incorporar a la ley el concepto de proyecto de magnitud o alcance relevante, estableciendo criterios objetivos que permitan a las dependencias clasificarlos y sujetarlos a una gestión y evaluación especializada ya sea por su complejidad técnica, su impacto en los distintos órdenes de gobierno y grupos de la sociedad o por representar un monto total de inversión superior a los cinco mil millones de pesos.

Adicionalmente se reconoce el concepto de gerencia de proyectos como el conjunto de servicios para una planeación, organización y control de los proyectos en todas sus fases y asegurar que estos satisfagan los objetivos y requerimientos de los contratantes.

Compañeras y compañeros legisladores, para el gobierno del Presidente Peña Nieto, la obra en infraestructura reviste una singular importancia y muestra de ello es el hecho de que el gasto que se pretende ejercer en este rubro durante los próximos cuatro años, es cercano a los 8 billones de pesos, cantidad que supera por mucho a la programada durante la administración pasada.

Derivado de lo anterior, los integrantes del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, pues consideramos que el mismo es acorde a las políticas públicas señaladas por el Ejecutivo federal. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Mejía Berdeja, tiene el uso de la voz.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Como lo hemos señalado, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción.

Sin lugar a dudas un tema donde se dan los mayores volúmenes de corrupción, desvío de recursos, irregularidades, es, sin duda, en el tema de la obra pública.

Nosotros creemos que obras de infraestructura y obras carreteras, obras viales, hidráulicas y todo el conjunto y universo de la obra, tiene que atender propósitos de desarrollo, de crecimiento económico y ser también un satisfactor para las regiones, municipios y comunidades.

Pero también atrás de estos buenos propósitos está el tema de la corrupción. Escuchaba que se pondera aquí mucho la obra que se pretende realizar en este sexenio, pero si no se aclaran los casos que son del dominio público, sigue la sospecha generalizada de que más que un propósito de desarrollo, hay un propósito de corrupción.

Nosotros no hemos visto –por ejemplo- ningún resultado en la Comisión de Infraestructura, en una subcomisión que se creó para ver el caso del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

Nosotros planteamos que hubiera una comisión especial de investigación y se mandó todo a la Comisión de Infraestructura.

Y éste puede ser el gran negocio sexenal de corrupción. Estamos hablando de 12 mil 900 millones de dólares, que implicaría –según el gobierno federal- esta obra. Pero siguen acumulándose casos de contratismo y de tráfico de influencias.

Nosotros insistimos en los casos multicitados del Grupo Higa, pero también –hay que señalarlo– el caso de Oceanografía que se dijo que se iba a sancionar a los funcionarios corruptos y ha sido pura tapadera hasta ahora. El director del SAE, Orozco, se ha negado a reunirse con la comisión de investigación de Petróleos Mexicanos para aclarar el caso de Oceanografía, y como cada día llega un nuevo escándalo lo cubren y sigue la impunidad.

Hemos solicitado al auditor Superior de la Federación que se hagan auditorías y revisiones excepcionales a toda la obra pública relacionada con el gobierno federal o con estados que involucre recursos federales, que lo haga la auditoría a todas las empresas del Grupo Higa: a Constructora Teya, a Concretos y Obra Civil del Pacífico, a Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, a Publicidad y Artículos Creativos, SA de CV e Inmobiliaria Bicentenario, SA de CV.

Si no vemos respuesta a este tipo de solicitudes es claro que la obra pública para Peña Nieto y su camarilla seguirá siendo pasaporte a la corrupción y a sus negocios personales. Es cuanto.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Fernando Zárate tiene el uso de la voz finalmente.

El diputado Fernando Zárate Salgado:Con su venía, presidente. Compañeras y compañeros: para argumentar en pro del dictamen y en pro de la modificación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, votar en pro no significa entregar un cheque en blanco. Apoyar las propuestas de modificación legislativa no significa que el Ejecutivo y a quien le corresponde aplicar la ley puedan hacer lo que les plazca la gana.

Este Congreso y especialmente la fracción del PRD vigilarán escrupulosamente el cumplimiento no sólo de la normatividad, sino los principios a los que atiende. Quisiera darles unas cifras para que sepamos de lo que estamos tratando con respecto al mercado y sobre todo con respecto a la economía nacional. En nuestro país durante 2012 existió un cruce de 5.1 millones de vehículos de carga, 62.7 millones de automóviles a través de 54 puertos fronterizos.

Existen 9 puertas de entrada al sur del país; 54 –y aquí insisto 54– con respecto al norte del país. Existen 76 aeropuertos, 12 nacionales y 64 internacionales; 117 puertos marítimos, 27 mil kilómetros de vías férreas; 133 mil carreteras pavimentadas, todo esto de recursos provenientes de este Congreso de la Unión, específicamente de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Es trascendental comprender que la cuestión económica, y más en nuestro país, para que el mercado interno funcione, debe existir una ley de infraestructura y obras públicas eficiente, ágil, eficaz, pero sobre todo transparente y honesta.

Nada más ni nada menos que 37 ramos productivos del país dependen de los proyectos de infraestructura. Sí, el gasto público específicamente en infraestructura es uno de los más importantes para fortalecer el mercado interno, pero también se ha visto como uno de los mecanismos más importantes para fomentar esa corrupción de la que se habla, y ya lo ha expresado clara y nítidamente una de las mejores historiadoras y politólogas en el mundo, Hannah Arendt, de qué sirve modificar tantas normas, legislación, reglamentos, si no se ponen en práctica ni mucho menos el Ejecutivo las puede aplicar.

¿Para qué modificamos instituciones si el hombre, el gobernante no las va a cumplir? El PRD está en favor de este proyecto de modificación de ley de infraestructura, pero la ejecución de esta norma le corresponde al Ejecutivo, de la cual no solamente estaremos vigilantes.

Para la subsistencia del propio Ejecutivo debe de retirar inmediatamente y apartarse de los criterios de corrupción, de los criterios de falta de legitimación moral, falta de legitimidad moral que ha tenido al gobernar, pero sobre todo de gobernar sin miedo.

Este Congreso, especialmente ha modificado y ha tocado de los intereses de los poderes fácticos. En este tema de infraestructura, corresponde también al gobierno recuperar la rectoría para que sean los mejores precios, con mayor transparencia, que los sistemas de compranet funcionen, pero sobre todo que podamos darle entrada a las pequeñas y medianas empresas que son los que al final del día van a modificar el paradigma del gasto en México y del mercado.

Concluyo con lo siguiente, presidente, el PRD apoyará a cualquier partido, en cualquier estado y en cualquier municipio, que se decida a gobernar sin miedo, que se decida modificar los problemas fundamentales de esta sociedad; y esta ley contribuye a esto, pero vamos a exigir que la aterrice y que la cumplan. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Esta Presidencia tiene la obligación de informar a la asamblea que han reservado los siguientes artículos para su discusión en lo particular.

El 1o., párrafo primero y fracciones II y VI, el 1 Bis y 2o., fracción XIII, por el señor diputado don Manuel Huerta Ladrón de Guevara; el diputado Antonio García Conejo el 1 Bis, fracción V; el diputado Nabor Ochoa López, el 29; y el diputado Genaro Carreño Muro, el 38.

Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recabar votación en lo general y en los artículos no impugnados.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y e lo particular de los artículos no reservados.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con la adenda presentada y aceptada por la asamblea.

(Votación)

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 26 en contra, 7 abstenciones y 377 a favor.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado con 377 votos en lo general, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

Tiene el uso de la voz don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar reservas, tres.

¿Está don Manuel Huerta? Tiene usted el uso de la voz. Va a presentar en una sola tres reservas, entonces tendremos paciencia.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Más paciencia tiene el pueblo de México soportando esta Cámara de Diputados.

Miren, diputados, diputadas, las reservas que presento las expongo en una sola intervención, atendiendo al testimonio que garantiza un proceso legislativo que de nueva cuenta impide admitir a discusión modificación alguna, más aun tratándose de iniciativas propuestas por el todavía presidente de la república, el Ejecutivo federal.

Hoy no dudo que hagan la excepción, van a subir después de mí a presentar reservas que seguramente serán aprobadas, pero son reservas que casi se puede decir que no tocan la iniciativa ni con el pétalo de una coma, como aquí se ha dicho. Cosas realmente baladíes.

Esta simulación legislativa atiende a un síntoma de lo que Mario Vargas Llosa describe como la dictadura perfecta, porque el grado de corrupción y cooptación política ya no atiende a un solo partido, al PRI, sino que ha contaminado a los partidos del Pacto contra México, Acción Nacional y al PRD. Hay que decirlo así, su práctica política. Quienes juegan con esta política con cooptaciones, clientelismos y acuerdos palaciegos a través y aún del todavía vigente Pacto contra México.

Diputados, diputadas, miren, la obra pública ha sido señalada como objeto de actos de corrupción. Prueba de ello son los moches o diezmos en los que ya se han descubierto y espero que no se enchaleque nadie el día de hoy, pero ya varios diputados, presidentes municipales han sido señalados por esta práctica.

En el índice de percepción de la corrupción 2014, vía Transparencia, México ocupó el lugar 103 de 175 países evaluados. Es decir, se encuentra reprobado. Y destaca por contar con la peor calificación de los 34 países que forman la organización para la cooperación y desarrollo económico.

En cuanto América Latina, México sigue en los últimos lugares de esta región. Chile y Uruguay están a la cabeza, empatados con 73 puntos, 38 más que México; Brasil tiene 43 puntos, ocho más que México.

Para combatir el margen de corrupción es obvio y en consecuencia estoy proponiendo eliminar el artículo 1 Bis del dictamen que se propone, con el objeto de restringir la asignación discrecional de la obra pública, con la eliminación de la adición que presenta el dictamen.

Les reitero, sólo con revisar el Programa Nacional de Infraestructura 2014-18, se puede conocer el monto de la obra pública a la que no se aplicará esta ley, en la que absurdamente se excluye la fiscalización y auditoría de obra pública realizada por los gobiernos de los estados y municipios. Las obras no señaladas, pero que aplicarán recursos federales por parte de la CFE y Pemex, la obras financiadas con deuda externa, las obras que requieran la prestación de servicios concesionados, entre los que mencionamos –reitero– el nuevo aeropuerto, telecomunicaciones y radiodifusión.

Las obras que deban ser ejecutadas o prestadas en el territorio nacional cuyos procedimientos de contratación y contratos sea necesario realizarlos en el extranjero, entre otras exenciones de aplicación de la ley que ustedes hacen con esto que están aprobando.

Por lo tanto, concluyo que hace falta voluntad política del Ejecutivo federal y de sus cómplices en esta Cámara de Diputados para darle un giro al Estado fallido en el cual, como lo señaló muy bien José Mujica, la corrupción se ha establecido como una tácita costumbre social.

Al tiempo la respuesta. Al tiempo la respuesta de su negativa y de su silencio, al tiempo el país que se desbarata por las políticas públicas de quienes pregonaban que sí sabían cómo gobernar. Pobre México, que todavía sigue en manos del todavía presidente y de esta Cámara tapadera de la corrupción del Ejecutivo. Es mi propuesta. Muchas gracias, presidente, por el tiempo.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Manuel Huerta. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, queda en sus términos porque se desechan. Don Antonio García Conejo, tiene el uso de la voz para presentar reservas a la fracción V, del 1o. Bis.

El diputado Antonio García Conejo:Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, diputadas, hablar de obra pública, sin duda, es hablar de un elemento básico para el desarrollo de una sociedad.

Permite, ayuda a fomentar el desarrollo, el empleo, pero esto debe de ir acompañada de reglas, de leyes, de instrumentos jurídicos muy claros, que ayuden a transparentar, que ayuden a dar claridad, certeza a quienes participan en la realización de esta actividad tan importante, para que nuestra sociedad pueda vivir mejor, pueda tener empleo. Es la principal palanca, sin duda, de desarrollo de una nación.

Por eso, vengo a esta tribuna a manifestar mi opinión y a proponer un agregado. Sin duda, es un avance importante este dictamen. Sin duda alguna, vemos que trae elementos importantes para que podamos tener transparencia y claridad en la obra pública.

Sin embargo, eso no quiere decir que esté prácticamente todo concluido, hace falta mucho más, pero con la finalidad de que no queden lagunas, que quede muy específico voy a manifestar lo siguiente.

A efecto de que la regulación de Compranet, que se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es de mencionar que a propuesta de la existencia fue por las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República durante la LX Legislatura.

En ella estableció que sería la Secretaría de la Función Pública la encargada de salvaguardar dicho sistema, y de manera expresa, la Unidad de Administración, en la cual recaería la responsabilidad.

Por otro lado, para evitar confusiones sobre herramienta que utilizaría la Secretaría de la Función Pública para establecer y administrar el sistema integral de información que propuso el Partido de la Revolución Democrática, en complementar las características esenciales que debe tener el Registro Único de Proveedores y Contratistas. Y establecimos que dicho registro debe ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de proveedores y contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.

Ahora bien, para fortalecer el dictamen y aportar mayor eficiencia y transparencia a las contrataciones gubernamentales, se debe adicionar que la información reportada en el Compra net deberá publicarse en los portales de obligación de transparencia de cada sujeto obligado, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fracción XIII.

Por lo anterior, se debe adicionar a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 1 Bis, propongo, y se agregaría, quedaría de la siguiente manera: los que deberán difundirse a través de Compra net y en los portales de obligación de transparencia de cada sujeto obligado, y precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas. Si se admiten a discusión las propuestas.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aceptan las propuestas, de tal suerte de que formen parte del dictamen.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pregunta a la asamblea, si se aceptan las propuestas para agregarse al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se aceptan y forman parte de las modificaciones. Tiene el uso de la voz, el señor diputado don Nabor Ochoa López, del Partido Verde, para presentar también propuesta de modificación al 29, en vía de la reserva.

El diputado Nabor Ochoa López:Con su permiso, señor presidente. Debo destacar que esta reserva también fue suscrita por los diputados federales Miguel Ángel Aguayo López y Francisco Zepeda González.

Miren ustedes, sin duda alguna las reformas contenidas en el dictamen en comento contemplan avances serios en materia de transparencia de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, negarlo por decir lo menos es una necedad, porque son muy obvios los avances que sí vienen contemplados en estas reformas.

Mas sin embargo, y atendiendo peticiones y demandas muy sentidas de sectores de la construcción de cámaras, de colegios, en el sentido de que muchas de las grandes obras, de las mejores obras del gobierno federal quedan en manos de constructores foráneos y los constructores locales nada más las ven pasar, es que estamos planteando una modificación al artículo 29 que habla precisamente que en los procedimientos de contratación de obras públicas las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones, dice el texto del dictamen: optarán por personas físicas y empresas mexicanas.

Lo que estamos proponiendo eso lo vemos muy bien. Lo que proponemos es agregar a esto un párrafo que diga: y por aquellas empresas que tengan su domicilio fiscal en las entidades federativas donde se realizarán los trabajos.

Esto es fundamental, compañeras y compañeros, para que no solo los constructores locales se beneficien, que es muy justo, sino lo más importante para nosotros es porque la derrama económica va a quedar en el estado.

Es sabido en muchos estados, como en mi estado Colima, que en obras adjudicadas desde desde el centro eligiendo a constructores foráneos han quedado mal en tiempo, en calidad, en pago a proveedores, incluso en pago a subcontratistas.

Esta modificación al artículo 29, esto, incluir que se prefiera en igualdad de condiciones a empresas que tengan su domicilio fiscal en la entidad federativa donde se realice la obra pública, representará sin duda alguna un avance muy importante en la generación de empleos en la entidad, pero sobre todo en el hecho de que los recursos que se generen de esa obra pública se queden en las entidades federativas donde se ejecutan dichas obras. Es cuanto, compañero presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia le ruega a la Secretaría preguntar a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora pregunte si se aceptan para que formen parte del dictamen.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se consulta a la asamblea si se aceptan para que formen parte del dictamen las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces forman parte del dictamen. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la escuela preparatoria oficial 141 San Buenaventura de Ixtapaluca, estado de México, invitados nada más y nada menos que por don Reynaldo Navarro de Alba. Sean ustedes bienvenidos, muchachos. Tiene el uso de la voz don Genaro Carreño Muro, para presentar la última de las reservas.

El diputado Genaro Carreño Muro:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados. El artículo 38 menciona que para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato se deberán atender diferentes circunstancias en cada caso.

Estamos proponiendo que la reserva del inciso c) adicione a la fracción IV y eliminar el último párrafo del artículo 38. Leo textualmente para que quede registrado.

El artículo 4o. menciona que una vez hecha la evaluación de las proposiciones incluyendo en su caso el análisis comparativo, el costo de ciclo de vida, el contrato se adjudicará entre los solventes porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria la licitación las condiciones legales y técnicas y económicas requeridas por la convocante y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más oposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo siguiente:

En el artículo C mencionamos que deberá de incluirse la proposición que provenga de la localidad o de la región donde se ejecute la obra.

Es muy común a nivel federal, que las entidades o la acción de la obra pública invite, participe, básicamente con las empresas del orden nacional, en muchos casos, pero las locales, que son las que tienen que mejorar, incorporar el desarrollo económico, el fortalecimiento del empleo, en muchos casos se dejan fuera.

Me parece relevante que éste quede incluido para poder fortalecer las acciones, el fortalecimiento económico y el desarrollo de las empresas, por supuesto, de los albañiles y las familias que participan.

Por tanto nosotros estamos proponiendo que se sume este inciso C y que también se elimine el que en caso de empate los licitantes de la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que realice la convocante en el propio acto de fallo.

Creemos que ninguna acción de obra pública se pueda hacer por medio de rifa o de un volado, sino que se gane con trabajo, con calidad, con profesionalismo y con el mejor precio. Por su atención y por su apoyo, muchas gracias, para fortalecer esta reserva. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado Carreño.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdone. ¿Me repite? Discúlpeme.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Por la afirmativa?

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Así es.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces se admiten a discusión. Ahora pregunte si se acepta que formen parte del dictamen.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se consulta a la asamblea si se acepta que formen parte del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación para recibir la correspondiente al 1 y al 2, en términos del dictamen modificado, y con las nuevas modificaciones aceptadas por la asamblea, al 1 Bis, al 29 y al 38.

Vamos a abrir el sistema electrónico por diez minutos por cortesía y atención a los compañeros que en este momento están votando importante dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Diez minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos antes mencionados.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Escuela Club de Leones, de Zimapán, Hidalgo, invitados por la diputada Dulce María Muñiz Martínez. Sean ustedes bienvenidos jóvenes leones, de Zimapán.

Esta Presidencia le da más cordial bienvenida a los alumnos de facultades de Medicina de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminología y de la Facultad de Derecho, también de la propia Universidad Nicolaita, invitados nada más y nada menos por el señor presidente de la Cámara, don Silvano Aureoles Conejo. También vienen integrantes del sector salud de Michoacán. Puro michoacano, saludos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 355 votos a favor, 35 votos en contra y 8 abstenciones, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Esta Presidencia dispone en términos reglamentarios, que antes de que remita la minuta a la Cámara de Senadores, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, sin modificar lo aprobado por el pleno.

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su dictamen, la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del PRI.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, fracción XLII, numeral 2 y 3; 45, numeral 6, e incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, 162, 176, 177 y 182, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 14 de octubre de 2014, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales.

2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos dicha iniciativa para su dictamen, con número de expediente 5227.

3. Con fecha 27 de septiembre de 2014, la junta directiva de esta comisión se reunió y dentro de los asuntos del orden del día se abordó el análisis de la iniciativa en mención.

4. En tiempo y forma el diputado Alfonso Inzunza Montoya se presentó al pleno de la comisión hoy dictaminadora para ampliar sus argumentos.

Recibido el asunto, quienes integramos esta Comisión, procedimos al estudio del siguiente:

II. Contenido de la iniciativa

En principio, el diputado Alfonso Inzunza Montoya señala que el objetivo central de la presente iniciativa es homologar el uso del agua en la actividad acuícola, con el uso del agua en las actividades primarias. Para lo cual, en la exposición de motivos de su iniciativa argumenta esencialmente lo siguiente:

1. Que la acuacultura en México es una actividad que se desarrolla en todo el territorio nacional mediante el cultivo de especies como el camarón, tilapia, langostino, bagre, trucha arcoíris, ostión y peces de ornato.

2. Que dados los niveles de pobreza y desnutrición en diversos sectores de la población en nuestro país, la acuacultura representa una alternativa viable para coadyuvar en la seguridad alimentaria al ser una fuente importante de proteínas de origen animal para la población.

3. Que la acuacultura en las comunidades rurales es una actividad que ha contribuido de manera importante a su desarrollo sustentable al promover el cuidado del medio ambiente a través de campañas de reforestación y del cuidado del agua, además de detonar el desarrollo de capacidades y habilidades de sus pobladores. Además, ha contribuido en el combate de la pobreza en el medio rural, al ser generadora de empleos a nivel local e involucrar a las familias en las unidades de producción

4. Que a pesar de lo anterior, no se le han reconocido sus aportaciones a la seguridad alimentaria e incluso al ahorro de agua, ya que su proceso productivo, no consume agua.

5. Que actualmente en la Ley de Aguas Nacionales, la acuacultura está situada en el lugar número ocho en el orden de prelación, lo que significa que está clasificada con menor jerarquía entre los diferentes usuarios del agua.

6. Que las tarifas de pago para este uso son más altas que las demás actividades de producción primaria, generando a los productores acuícolas mayores costos de operación, a pesar que en recientes investigaciones, se ha reconocido a la acuacultura como una actividad preponderantemente primaria.

7. Que en consecuencia y por los argumentos antes expuestos, se requiere modificar el marco legal correspondiente al nivel actual de prelación que la acuacultura tiene frente a otras actividades productivas primarias como la agrícola o pecuaria para con ello, homologar los beneficios de los acuacultores con los otros sectores económicos primarios, entre otros: a) la misma tarifa por el pago del derecho por la extracción o derivación de aguas nacionales; b) dar las mismas oportunidades para regularizar su situación legal en el uso del agua; y c) incorporar a la acuacultura en las relaciones comerciales de carácter formal facilitándole al productor el acceso a los diversos programas de apoyo para el campo ante las diferentes instancias gubernamentales.

Con base en lo expuesto, el proponente somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con el siguiente

Decreto por el que se adiciona una fracción VII Bis y se modifica la fracción LVII del artículo 3o., así como los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII Bis y se modifica la fracción LVII del artículo 3o, así como los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a VII. ...

VII Bis. “Aprovechamiento de Paso” aquel realizado en cualquier actividad que no implique consumo de volúmenes de agua, y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas.

VIII.a LVI. ...

LVII. “Uso en Acuacultura” el aprovechamiento de paso de aguas nacionales en el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones en aguas nacionales, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.

Transitorios

Primero a Décimo Cuarto. ...

Décimo Quinto. En tanto se cumple con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 22 de esta Ley, se observará el siguiente orden de prelación de los usos del agua para la concesión y asignación de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, aplicable en situaciones normales:

1. Doméstico;

2. Público urbano;

3. Agrícola;

4. Pecuario;

5. Acuacultura;

6. Usos para la conservación ecológica o uso ambiental;

7. Generación de energía eléctrica para servicio público;

8. Industrial;

9. Generación de energía eléctrica para servicio privado;

10. Lavado y entarquinamiento de terrenos;

11. Usos para turismo, recreación y fines terapéuticos;

12. Uso múltiple, y

13. Otros.

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 Bis y en el Título Quinto, de esta ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Después del análisis del contenido de la iniciativa, quienes integramos la Comisión de Recursos Hidráulicos, exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide plenamente en los argumentos del proponente sobre la importancia y potencial que tiene la acuacultura en nuestro país como una alternativa alimenticia viable en el marco de la seguridad alimentaria y como actividad productiva generadora de empleos y oportunidades de negocio para amplios sectores de la población, incluidas las comunidades rurales.

La misma Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ha precisado que el próximo decenio la producción de la pesca y acuacultura será mayor que la producción de carne de bovinos, porcinos y avícola en su totalidad; por lo que la acuacultura y la pesca serán la principal proveeduría de proteína en el mundo.

Asimismo, dentro de los ejes estratégicos de la política pública que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha propuesto e implantado para el sector, y en programas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la acuacultura figura como una actividad importante, destacándose el amplio potencial de desarrollo que tiene en nuestro país para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

El fortalecimiento de esta actividad productiva, favorecerá el desarrollo económico y de producción de alimentos en diversas regiones del país.

Al mismo tiempo, sus productos brindan a la población una fuente alimenticia de alta calidad nutricional y alto contenido proteínico a precios accesibles para todos los mexicanos. Es sabido que el consumo regular de alimentos acuícolas es de gran aporte a la salud, ya que representa uno de los grupos más saludables, completos y disponibles para un sano desarrollo. En el pescado se encuentran todos los nutrientes que están implicados en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños y jóvenes, ya que contiene proteínas de alta calidad con aminoácidos esenciales, ácidos grasos Omega-3, minerales como el calcio, hierro, yodo, zinc y fósforo, así como vitaminas A, D y E, y las del grupo B. El patrimonio de aguas nacionales con que contamos los mexicanos, posiciona a nuestro país como un productor de abundantes especies y de elevada calidad.

Por otro lado, en la Ley Federal de Derechos dentro de diversos artículos (artículos 192, 192-A, 192-B, 192-C, 192-D, 222 y 223) se establecen ciertas consideraciones para los usos del agua en los sectores agrícola y pecuario en conceptos como trámites administrativos (Títulos de Concesión, Permisos) así como las cuotas por concepto de pago de derechos por uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, consideraciones que no benefician a los usuarios del agua en la acuacultura, a pesar de que como lo ha señalado el proponente, que se ha reconocido a la acuacultura como una actividad preponderantemente primaria, y que además, no consume agua, ya que el recurso sólo es empleado de paso, sin modificar los volúmenes de agua disponible, como el medio natural para la reproducción de sus productos.

Por lo expuesto, la Comisión de Recursos Hidráulicos somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se reforma la fracción LVII del artículo 3 y se adiciona una fracción VII Bis al artículo 3; y se reforman los numerales del Artículo Décimo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004”, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. a VII. ...

VII Bis. “Aprovechamiento de Paso”: Aquel realizado en cualquier actividad que no implique consumo de volúmenes de agua, y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas;

VIII. a LVI. ...

LVII. “ Uso en Acuacultura”: El aprovechamiento de paso de aguas nacionales en el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre engorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones en aguas nacionales, por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa;

LVIII. a LXVI. ...

...

Transitorios

Primero. a Décimo Cuarto. ...

Décimo Quinto. ...

1. Doméstico;

2. Público urbano;

3. Pecuario;

4. Agrícola;

5. Acuacultura;

6. Usos para la conservación ecológica o uso ambiental;

7. Generación de energía eléctrica para servicio público;

8. Industrial;

9. Generación de energía eléctrica para servicio privado;

10. Lavado y entarquinamiento de terrenos;

11. Usos para turismo, recreación y fines terapéuticos;

12. Uso múltiple, y

13. Otros.

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Boletín de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Abril de 2014. “ Acuacultura, opción para contribuir al desarrollo y la alimentación de los mexicanos”. Página 15.

2 Ídem. Página 17.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil catorce.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, diputados:Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Jesús Oviedo Herrera, Antonio García Conejo, Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Faustino Félix Chávez (rúbrica), Blas Ramón Rubio Lara (rúbrica), Jorge Terán Juárez (rúbrica), Nabor Ochoa López (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, secretarios; Landy Margarita Berzunza Novelo, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (rúbrica), Benjamín Castillo Valdez, José Rubén Escajeda Jiménez (rúbrica), Saraí Larisa León Montero, Cecilia González Gómez (rúbrica), Laura Ximena Martel Cantú (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Abraham Montes Alvarado (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Luis Olvera Correa, Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, por la Comisión, para fundamentar el dictamen.

El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de la voz para presentar ante ustedes el dictamen por el que se adiciona la fracción VII Bis, y se modifica la fracción 57 del artículo 3o, así como los numerales 5o, 6o, 7o y 8o del artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales.

El objetivo central de la presente iniciativa es homologar el uso del agua ante la actividad acuícola, con el uso del agua en las actividades primarias, debido a que la acuacultura en México es una actividad que se desarrolla en todo el territorio nacional mediante el cultivo de especies como el camarón, tilapia, langostino, bagre, trucha arcoíris, ostión y peces de ornato.

Dados los niveles de pobreza y desnutrición en diversos sectores de la sociedad en nuestro país, la acuacultura representa una alternativa viable para coadyuvar en la seguridad alimentaria al ser una fuente importante de proteínas de origen animal para la población.

La acuacultura es una actividad que ha contribuido de manera importante al desarrollo sustentable en comunidades rurales, ya que promueve el cuidado del medio ambiente a través de campañas de reforestación y del cuidado del agua, además de detonar el desarrollo de capacidades y habilidades de sus pobladores. También ha contribuido en el combate de la pobreza en el medio rural, al ser generadora de empleos a nivel local e involucrar a las familias en las unidades de producción.

La Comisión de Recursos Hidráulicos coincidió con los argumentos del autor de la iniciativa, el diputado Alfonso Inzunza, e incluso nosotros, diputados integrantes de la comisión que presido, en nuestra facultad reglamentaria de modificación reforzamos los argumentos y adecuamos elementos de técnica legislativa, al considerar importante resaltar que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha precisado que el próximo decenio la producción de la pesca y acuacultura será mayor que la producción de carne de bovinos, porcinos y avícola en su totalidad, por lo que la acuacultura y la pesca serán la principal proveeduría de proteína en el mundo.

Dentro de los ejes estratégicos de la política pública que el presidente de la República ha propuesto e implementado para el sector, y en programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, la acuacultura figura como una actividad importante, destacándose el amplio potencial de desarrollo que tiene en nuestro país para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.

En nuestras múltiples reuniones de trabajo hemos recibido acuacultores de Michoacán, Sinaloa, Sonora, entre otros, que han manifestado su preocupación por fortalecer la acuacultura en México, ya que con el fortalecimiento de esta actividad productiva se favorecerá el desarrollo económico y de producción de alimentos en diversas regiones de nuestro país.

Coincidimos que sus productos brindan a la población una fuente alimenticia de alta calidad nutricional y alto contenido proteico, a precios accesibles para todos los ciudadanos.

Actualmente en la Ley General de Pesca y Acuacultura se regula esta actividad, pero las reformas propuestas en el dictamen buscan, además de fortalecer a los productores, homologar las leyes debido a que en la Ley de Aguas Nacionales la acuacultura está situada en el lugar número 8 en el orden de prelación, lo que significa que está clasificada con menor jerarquía entre los diferentes usuarios del agua. Por ello, esta Comisión de Recursos Hidráulicos consideró importante recorrer su orden de prelación al número 5.

También se agregan dos conceptos; el de aprovechamiento de paso, que es aquel realizado en cualquier actividad que no implique consumo de volúmenes de agua y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas, y el segundo concepto, que es uso en acuacultura, el aprovechamiento de paso de aguas nacionales en el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones en aguas nacionales por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.

Acudiendo a su sensibilidad política para aprobar el presente dictamen, agradezco su atención. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado.

MINUTO DE SILENCIO

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Esta Presidencia participa a la asamblea el sensible fallecimiento del profesor emérito, don Silvio Zavala Vallado, quien fuera presidente del Colegio de México; miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM; director del Museo Nacional de Historia; delegado permanente ante la UNESCO y embajador de México en Francia.

El escritor Enrique Krauze se refería a él como un conquistador y misionero de la historia social, jurídica y espiritual de la América Hispana, maestro de generaciones, un oficiante enciclopédico, severo, laborioso y lúcido de la historia de la patria.

Se invita a los presentes de ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Descanse en paz el historiador, académico y diplomático.

Esta Presidencia informa que para fijar la postura en el dictamen a discusión se han inscrito los siguientes diputados. El diputado René Fujiwara Montelongo, por el Partido de Nueva Alianza; la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; el diputado Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Luis Olvera Correa, del Partido Revolucionario Institucional.

Está a discusión en lo general. Tiene la palabra René Fujiwara Montelongo. Adelante, diputado.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso y el de mis compañeras y compañeros diputados. El mundo está experimentando un aumento dramático del precio en los alimentos y nuestro país no es ajeno a la crisis alimentaria que nos afecta a todos de manera global, los datos nos indican que estamos ante una situación que no es pasajera ni temporal, sino de largo plazo.

La importancia de cubrir las necesidades alimentarias de la población aumenta rápidamente y con ello la necesidad de hacerlo de una manera sustentable.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza impulsar y apoyar el desarrollo sustentable es una necesidad imperante, que nos exige cambiar los paradigmas de producción a fin de alcanzar un equilibrio sostenible que garantice la seguridad alimentaria de las y los mexicanos.

En ese sentido, la acuacultura se ha convertido en una de las actividades de producción de alimentos más importantes a nivel mundial, al aportar soluciones a la actual situación de crisis alimentaria. Por tanto, resulta si no esencial, sí muy importante para el desarrollo de nuestro país lo que es la acuacultura.

Debemos reconocer la acuacultura como una actividad de producción del sector primario, que genera productos alimenticios catalogados como básicos y estratégicos, productos fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, al ser fuente alimenticia de alta calidad nutricional y alto convenido proteínico. Debemos hacer que todo esto sea a precios accesibles a nuestra población.

Para ello es necesario, tal como lo plantea el dictamen, homologar el uso del agua en esta actividad, a fin de disminuir los costos de producción, pues las tarifas de pago para este uso son más altas que las demás actividades de producción primaria.

En ese sentido, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de que la acuacultura se recorra tres lugares en el orden de prelación entre los usuarios del agua. De igual manera, apoyamos que se establezca en la ley la definición de aprovechamiento de paso, para dejar constancia que es un proceso productivo que no consume agua, ya que el recurso sólo es empleado de paso sin modificar los volúmenes de agua disponible.

Compañeras y compañeros legisladores, es necesario buscar puentes que impulsen el desarrollo de actividades acuícolas que contribuyan con el crecimiento económico y social de nuestro país, recordemos que esta actividad no sólo coadyuva a alcanzar una seguridad alimentaria, sino también debe ser vista como un detonante económico, ya que genera empleos en grandes sectores, incluyendo comunidades que durante años han tenido la pesca como el principal medio de subsistencia y que ahora ven a la acuacultura como una manera de crecer de manera sustentable, cuidando el agua, así como su medio ambiente.

Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, al igual que para nuestro instituto político, la seguridad alimentaria es un tema de alta prioridad, y poder garantizarla mediante un desarrollo sustentable, a través de actividades como la acuacultura, es fundamental. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado. Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra para fijar la postura de su grupo.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su venia, señor presidente. Uno de los grandes debates que ocupa a la humanidad es la crisis de diverso origen y su impacto futuro en el mundo, a mediano y a largo plazo.

Desde hace pocos años se viene incrementando la preocupación por el cambio climático y por la crisis energética, pero poco se habla de una crisis que nos acompaña desde los orígenes de la humanidad y que se refiere a las condiciones de hambre y desnutrición de las poblaciones más desvalidas, situación que se verá muy agravada con la crisis previamente señalada.

Es así, como se estima que en el mundo hay más de mil 290 millones de personas que viven en extrema pobreza y más de mil millones que están desnutridos, siendo, precisamente, la desnutrición la mayor causa de las enfermedades y de mortandad, particularmente en niños menores de cinco años, de los que se calcula que mueren más de 10 millones al año a causa del hambre.

El crecimiento poblacional proyectado y que se estima en 2 mil 500 millones de personas más habitando el planeta, antes que se alcance la primera mitad de este siglo, seguramente actuará como un factor adicional de agravamiento de la crisis alimentaria mundial.

Las consecuencias de los problemas de distribución poblacional, el agotamiento de recursos, la contaminación, el aumento de la pobreza y el hambre, así como el surgimiento de nuevos y graves conflictos por el espacio, el alimento y el agua, ocupan el análisis de muchas organizaciones, aunque las soluciones no son de fácil planteamiento y menos aún, son evidentes el interés y las posibilidades de ser puestas en prácticas, en particular por parte de las economías dominantes.

En este contexto, muchas expectativas y opciones productivas se han cifrado en la acuacultura, en especial la que se realiza en los países en desarrollo, como forma de contribuir a la producción de alimentos, optimización en el uso de los recursos naturales y el alivio de la pobreza.

No obstante, en México, al referirse al enriquecimiento de la Ley de Aguas Nacionales, la acuacultura enfrenta sus propios problemas, referidos a la dificultad de acceso a las áreas productivas, el encarecimiento de costos productivos, la reducción de los precios de muchos de sus productos y su acceso a los mercados de mayor poder adquisitivo. La carestía de los insumos para la elaboración de alimentos balanceados entre otros, que ha generado la disminución de su tasa de crecimiento en los últimos años.

La acuacultura consiste en la producción de plantas o animales acuáticos en sistemas controlados, donde su crecimiento es manejado o mejorado por el hombre. Los principales organismos cultivados son peces, moluscos y crustáceos, pero otras especies también se cultivan en menores cantidades.

La acuacultura aporta la tercera parte de la producción pesquera mundial y es uno de los sectores de más rápido crecimiento desde finales de la década de los ochenta y es vista como una alternativa para satisfacer la necesidad de alimento de muchos países tropicales.

A nivel mundial se reconoce a la acuacultura como una estrategia importante para lograr el desarrollo de las poblaciones menos favorecidas y se exhorta a los estados a considerarla, incluyendo las pesquerías basadas en el cultivo como una forma de promover una diversificación en el ingreso y la dieta, aunque al hacerlo los estados también deben velar porque los recursos sean usados de forma responsable y que los impactos adversos sobre el ambiente y las comunidades locales sean minimizados. Inclusive, a nivel de escenarios en materia de tecnología se considera que el desarrollo de la acuacultura en el mundo será una de las fuentes de proteína más importantes.

Sin embargo, se reconoce que además de los ya mencionados, uno de los principales problemas que aquejan a los acuicultores particulares son la calidad del agua y su abastecimiento. Por lo que el dictamen solicita que en el aprovechamiento del agua también contemple la actividad de acuacultura para que se les dote del líquido que requieran para que sea susceptible de explotación comercial, ornamental o recreativa.

En Movimiento Ciudadano creemos que la acuacultura pueda ser una vía que se pueda apoyar para el futuro inmediato en aras de resolver la pobreza alimentaria del país y del mundo, por lo que apoyaremos este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Nabor Ochoa López, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Adelante, amigo diputado.

El diputado Nabor Ochoa López:Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Antes que nada quiero hacer un sincero reconocimiento al diputado Alfonso Inzunza por esta iniciativa, pero además por otras que tienen el mismo objetivo, impulsar, apoyar, proteger a una actividad muy noble y una actividad que durante muchos años se ha descuidado como es la pesca y dentro de ésta la acuacultura.

Alfonso Inzunza, impulsó el Programa de Apoyo a Pescadores, Propesca, que por fin en la discusión del presupuesto de este año asignamos recursos del orden –si bien recuerdo– de 250 millones de pesos para iniciar con este programa importante para un sector desprotegido y descuidado en muchas ocasiones como son los pescadores ribereños.

Hoy en este dictamen se contempla una situación muy particular, coincidiendo con quienes me han antecedido en el uso de la voz. El objetivo de este dictamen, entre otros, es el de homologar el uso del agua en la actividad acuícola con el uso del agua en las actividades primarias.

Es cierto, México tiene un gran potencial pesquero que no ha sido aprovechado como debiera y como decía dentro de la pesca la acuacultura es un sector marginal poco apoyado, pero con un enorme potencial de crecimiento donde, como se señala en el dictamen, no ha habido ese reconocimiento e impulso a la acuacultura como un elemento que nos puede apoyar en la seguridad alimentaria, incluso, como bien se señala en el dictamen, en el ahorro del agua.

En este dictamen, además de esta homologación en el uso del agua, también vienen algunos elementos que me gustaría destacar, por un lado se le reconoce la importancia a la acuacultura pasando del orden de prelación que tiene en el uso del agua, del lugar octavo al quinto, solo encima el uso del agua, pues como es obvio, doméstico, público, pecuario, agropecuario, y en quinto lugar el uso del agua para acuacultura.

Pero otro elemento importante, otro elemento importante también lo es el hecho que con esta homologación se va a permitir que las tarifas del agua para uso de la acuacultura sean las mismas tarifas que para cualquier actividad primaria, porque estaremos de acuerdo todos que la acuacultura es también una actividad primaria.

En las condiciones actuales de la Ley de Aguas Nacionales era una tarifa mucho más cara, desestimulando con esto esta actividad que pueda sacar del hambre y la pobreza a regiones enteras. Por eso, y ahora que veo al diputado Alfonso Inzunza, le hacemos un sincero reconocimiento. No es la primera iniciativa en este sentido, ya son varias las iniciativas aprobadas y que sin duda alguna van a beneficiar principalmente a regiones, a zonas pobres, pero también a un sector de pescadores desprotegidos que son los pescadores ribereños que ante la falta ya de espacios para pescar y ante la imposibilidad de salir millas mar adentro, muchos de ellos ya están optando por la acuacultura.

Con esta modificación a la Ley de Aguas Nacionales generamos mejores condiciones para que esta actividad productiva pronto se consolide y nos permita, además de impulsar la seguridad alimentaria, también sea el sostén de miles de familias que viven hoy de la pesca. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Nabor Ochoa. Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio León Mendívil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado José Antonio León Mendívil:Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado José Antonio León Mendívil: Compañeras, compañeros diputados. Esta iniciativa que presenta el diputado Alfonso Inzunza, lo hizo ciertamente en la Comisión correspondiente de Recursos Hidráulicos, en donde por unanimidad la aprobamos.

Considero y considera mi partido también importante apoyar esta iniciativa, toda vez que no se refiere sólo a la producción en gran escala, que lo es la producción de peces o productos del agua, tanto de río como de mar, sino que abarca una proporción enorme de productores pequeños y medianos –en este caso ejidatarios–, tanto del Pacífico como del Atlántico en el caso de nuestro país.

Por ello consideramos fundamental, importante en un momento tan complicado para nuestro país en la producción de alimentos, si vemos sobre todo que en el uso del agua, para el caso de la producción de la acuacultura, no es para el consumo igual como lo es para la cuestión pecuaria o para la agricultura en donde es un destino prácticamente final, y en el caso del consumo humano de igual manera.

En el caso de la acuacultura es el aprovechamiento del agua que pasa o del agua que sube, en el caso de los esteros.

¿Por qué es importante comentarlo? Es una actividad que en varias áreas se inhibe al compararlo o al pensarlo, como es el consumo de agua para otras actividades, tanto agrícolas como de consumo industrial o individual o para el consumo humano.

Nos parece que es importante porque puede potenciar la producción -en la acuacultura- la producción de la pesca de pescado, de camarón, de mojarra, de tilapia, pues, o de la trucha.

Pero particularmente en el camarón, en el caso de los esteros. Queda ahí una franja todavía de aprovechamiento por parte de los ejidos, de las cooperativas, en el caso de los esteros y los movimientos de las mareas.

Entonces creo que es de aprobarse porque es una iniciativa que promueve la producción, que crea condiciones para que aprovechemos esos recursos naturales que nos da la naturaleza en el caso de nuestro país.

Por tal motivo, incito, pues, a los demás diputados a que aprobemos esta iniciativa porque crea en un ambiente tan complicado de nuestro país tanto en lo económico como en lo político, que ya nos hemos referido ampliamente a ello, en una situación como ésta en la coyuntura nos pone a la Cámara a discutir y a aprobar iniciativas como ésta que nos ponen en mejores condiciones para la producción –en este caso– de alimentos en nuestro país.

Por todo ello, compañeras y compañeros, nuestro grupo parlamentario votará a favor y los invitamos a hacer lo propio. Es cuanto, presidente. Gracias, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, don José Antonio León. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Olvera Correa, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Olvera Correa:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la pesca y la acuacultura son actividades que permiten tener alternativas de alimentación, crear empleos, realizar actividades comerciales, y, por lo tanto, generar bienestar económico en el país.

En el año 2011 la producción acuícola registró casi 300 mil toneladas de productos. Entre las entidades que cuentan con el mayor número de centros productivos se encuentran los estados de Veracruz, Sinaloa, Sonora y el estado de Michoacán.

La acuacultura, aunque es una actividad a la que desde su origen se le ha vinculado con la pesca, lo cierto es que ha adquirido independencia y una identidad propia debido a las diferencias en sus técnicas de cultivo y a las prácticas sanitarias empleadas en ella, lo que la han distinguido de la pesca, por lo que se ha considerado pertinente que esta diferenciación se reconozca y traslade al ámbito de la ley.

Lo anterior a fin de que se le otorguen apoyos fundamentales suficientes a los productores y se convierte así en una actividad económica cuya importancia sea acorde al potencial que se tiene en el país para su realización. Un buen comienzo es reconocer sus aportaciones a la seguridad alimentaria y al crecimiento económico de la diversas regiones del país, tal y como se expresa con meridiana claridad en el dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, el cual deriva de una iniciativa suscrita por nuestro compañero el diputado Alfonso Insulza Montoya, legislador del estado de Sinaloa, entidad que, como ya se expresó, es una de las más avanzadas en el desarrollo de esta actividad productiva.

Las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del presente dictamen, el cual incluye, por una parte, el concepto de aprovechamiento de paso en la Ley de Aguas Nacionales, debiéndose entender por esto cualquiera actividad que no implique consumo de volúmenes de agua y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas y, por la otra, el uso en acuacultura, mismo que se refiere al aprovechamiento de paso de aguas nacionales como el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre-engorda y engorda de especies de la fauna y la flora realizadas en instalaciones en aguas nacionales por medio de técnicas de cría o cultivo que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.

De igual forma, apoyamos que se traslade a la acuacultura del octavo al quinto lugar en el orden de prelación de los usos del agua para la concesión y asignación de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales y de subsuelo, ya que esto constituye un paso más en el reconocimiento de la importancia de esta actividad.

Nuestro voto a favor deriva de nuestro acuerdo en impulsar una nueva visión de la pesca y la acuacultura en tanto un subsector productivo competitivo y sustentable que contribuya a la seguridad alimentaria a través de ofrecer alimentos de alto valor nutricional, de calidad y a precios accesibles.

Tal y como se expresara hace un año al darse a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario, correspondiente a la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias don Luis Olvera.

Para la discusión en lo general del dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Será en este tema mi única intervención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Lo celebramos, señor diputado, será la única intervención de don Ricardo Monreal Ávila. Gracias.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, esta Comisión de Recursos Hidráulicos es una comisión trascendente, es el primer dictamen que se va a votar en los dos años y medio.

¿Cuál es la razón? Estoy muy preocupado por el agua. Ustedes saben muy bien que muchos estudiosos de la Ecología y el Medio Ambiente han sostenido que las guerras futuras serán por el agua.

Ahora el agua constituye el recurso más importante de la humanidad. Y hace unos dos años y medio, se reformó la Constitución en su artículo 4o, y en uno de los transitorios de este artículo 4o constitucional que plasma y garantiza el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, este artículo transitorio establecía la obligación de esta legislatura de elaborar una ley general de aguas que permitiera dar consecución a la reforma constitucional.

No ha sido posible. Estamos aún a la espera de esa ley. Para mí el principal propósito de esta Comisión de Recursos Hidráulicos hubiera sido deseable que se hiciera esta ley, y que estamos ya desoyendo, incumpliendo y violando la Constitución ante la ausencia de la ley general de aguas.

En esa espera se ha mandado a la congeladora toda clase de iniciativas sobre la gestión de agua en México y, sin embargo, repito, es hora que no podemos contar con una ley secundaria que nos permita garantizar el derecho humano al acceso del agua. Es decir, en la modificación del artículo 4o. constitucional de hace dos años y medio se incorporó como derecho humano el acceso al agua y su saneamiento. Tengo preocupación porque esta comisión no ha logrado esta ley, éste es el primer dictamen.

Pero hay una ley, un borrador de una ley general, redactada por los mismos impulsores de la reforma energética, incluso se puede constatar, se puede investigar o se cerciorar en la página de Cofemer. Esta ley, este borrador, pretende impulsar la masificación de los trasvases y que sean los particulares los que puedan gestionar y administrar las aguas nacionales bajo esta figura, es decir, la privatización del agua, señores legisladores.

Dicho proyecto es una ley hecha a modo para los mismos socios, para los mismos donadores de casas, para los mismos amigos del gobierno, porque serán las grandes transnacionales constructoras de infraestructura, como Halliburton, como la del señor Hinojosa, las que impulsaron la reforma energética y están detrás de los procesos de fracturación hidráulica en nuestro país.

Está en reposo este proyecto de ley, seguramente para no encender más la propuesta social que denuncia la impunidad y la escandalosa corrupción de funcionarios del gobierno y de muchos representantes de este Congreso.

Por eso es importante decirles que incluso esta legislación va a traer consecuencias en contra, esta modificación que hoy se plantea –y con esto concluyo–, de los propios pequeños acuicultores.

La legislación vigente permite que estos pequeños acuicultores no paguen derechos ni tampoco tengan que tramitar permisos para establecer sus instalaciones en los cauces que la ley entiende como aguas nacionales; y no tendrán por qué hacerlo, dado que ni consumen agua ni la contaminan ni la almacenan fuera de su cauce.

Resulta ahora que esos pequeños acuicultores serán formalmente causantes, ya que los cambios propuestos los convierten en formales usuarios de las aguas nacionales y por ende estarán obligados a pagar los derechos correspondientes, mientras que por el contrario, aquellos acuicultores que sí disponen de grandes volúmenes o que desvían los cauces de las aguas nacionales, han quedado fuera de toda caracterización en la ley y por lo tanto ya no estarán obligados a pagar los derechos por el uso de las aguas nacionales.

Estamos pues ante la presencia de una trampa legislativa que me preocupa y que por eso tenemos que ser muy cuidadosos en este dictamen.

Presidente, hice una serie de reflexiones que le pediría plasme íntegra en el Diario de Debates. Por la atención de todos, muchas gracias, pero tengan mucho cuidado con la aprobación de estas leyes, de estas normas que aparentemente son inofensivas, pero que van a causar mucho daño a los pequeños acuicultores. Muchas gracias.

«Compañeras y compañeros diputados:

Llama la atención que una comisión ordinaria tan importante en el funcionamiento histórico de esta Cámara -como lo es la Comisión de Recursos Hidráulicos- exhiba un enorme rezago legislativo.

El dictamen que estamos a punto de votar es el primero, sí, el primero que ésta comisión apenas turna a este Pleno.

Cuál es la razón por la que después de transcurridos dos años y medio, y prácticamente al comenzar el ocaso de esta legislatura, tengamos apenas un solo dictamen de ley.

Se nos ha dicho y se nos ha hecho esperar por una Ley General de Aguas que permitiría dar consecución a la reforma constitucional que plasma y garantiza el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, y estamos aún a la espera de esa ley.

Y en esa espera se ha mandado a la congeladora toda clase de iniciativas sobre la gestión del agua en México y sin embargo es hora que no podemos contar con una ley secundaria que nos permita garantizar el derecho humano al acceso al agua.

Tenemos la impresión que la Comisión de Recursos Hidráulicos ha esperado que el Ejecutivo le haga su trabajo porque es conocido, ya, un borrador de ley general redactada por los mismos impulsores de la Reforma Energética –misma que incluso cualquiera de ustedes lo puede consultar en la página de Cofemer–.­

Esta ley pretende impulsar la masificación de los trasvases y que sean los particulares los que puedan gestionar y administrar las aguas nacionales bajo esa figura.

Dicho proyecto es una ley hecha a modo para los amigos del Presidente en particular para los donadores de su “casa blanca” como Juan Armando Hinojosa Cantú o las grandes trasnacionales constructoras de infraestructura como Halliburton, mismas que impulsaron la Reforma Energética y están detrás los procesos de fracturación hidráulica en nuestro país.

Después del escándalo de la “casa blanca” decidieron darle reposo a esta ley para no encender más la protesta social que denuncia la impunidad y la escandalosa corrupción de funcionarios del gobierno federal y de muchos representantes de este Congreso; por eso tenemos aquí una reforma tan accesoria, misma que servirá  únicamente para llenar un expediente burocrático de trabajo en comisiones y para que se diga que finalmente una comisión como la de Recursos Hidráulicos al fin presenta un dictamen de ley.

Por lo demás, la reforma propuesta en el presente dictamen ni siquiera logrará beneficiar a los pequeños acuicultores, por el contrario terminará perjudicándolos.

La legislación vigente permite que esos pequeños acuicultores no paguen derechos ni tampoco tengan que tramitar permisos para establecer sus instalaciones en los causes que la ley entiende como Aguas Nacionales y no tendrían porque  hacerlo, dado que ni consumen agua, ni la contaminan ni la almacenan fuera de su cauce.

Resulta ahora, que esos pequeños acuicultores ahora serán formalmente causantes ya que los cambios propuestos los convierte en formales usuarios de las aguas nacionales y por ende estarán obligados a pagar los derechos correspondientes.

Mientras que por el contrario aquellos acuicultores que si disponen de grandes volúmenes o que desvían los causes de las aguas nacionales han quedado fuera de toda caracterización en la ley y por lo tanto ya no estarán obligados a pagar los derechos por el uso de las aguas nacionales.

O estamos ante la presencia de una gran trampa legislativa o los diputados integrantes de la comisión legislaron al vapor por no pasar a la historia con el vergonzoso antecedente de no haber generado ni un solo dictamen de ley en esta legislatura. Es cuanto diputado presidente.

México, DF, a 9 de diciembre de 2014.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Como usted lo solicita, se incorporan estos documentos de modo íntegro al Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra el diputado Reymundo Nájera Medina, del PRD, para hablar en pro del dictamen.

El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina:Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, en principio quiero reconocer a cada una y uno de mis compañeros de la Comisión de Pesca por el esfuerzo que hicimos para que esta modificación el día de ahora se esté consumando. La verdad es que cuando lo propusimos al interior de la Comisión, todas mis compañeras y todos mis compañeros lo consideraron como un hecho de justicia para los miles y miles de acuicultores que han en el país.

Les quiero decir que ya miraba feo a mi diputado Inzunza, la verdad, ya teníamos una gran presión no solamente yo sino también compañeras y compañeros diputados, porque ya tenían requerimientos de Hacienda, cuando menos en el estado de Morelos y que por cierto, requerimientos muy elevados, y me decía mi diputado Inzunza con ese acento sinaloense que le caracteriza; Espérese mi diputado, espérese, ya nada más estamos esperando que pase a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

También mi reconocimiento y mi agradecimiento a las compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión, por el beneficio que van a tener los acuicultores del país. No podíamos seguir clasificando a la acuacultura fuera del sector primario.

La verdad, mis compañeros acuicultores y compañeras –porque también las hay– del estado de Morelos seguramente van a estar muy agradecidos a esta Legislatura, porque esto les va a permitir tener un ingreso más decoroso.

Si de por sí ya, compañeras y compañeros, buscaron una alternativa económica diferente a la agricultura –hablando de Morelos– de maíz, sorgo y caña, por los ingresos tan bajos y a veces nulos que venían teniendo en otra actividad que parecía más rentable y que de repente resulta que estaba clasificada en el sector industrial y que tendrían que pagar no solamente el uso del agua, sino que inclusive de manera periódica exámenes físico-químicos para garantizar que las descargas que estaban haciendo a los ríos y barrancas no eran contaminantes.

Así es que compañeras y compañeros, de verdad, la Comisión de Pesca y de Recursos Hidráulicos, mis felicitaciones.

No podríamos hacer una clasificación de verdad de acuicultores en el estado de Morelos, donde la cuota por el uso y aprovechamiento del agua, por ejemplo de los usuarios del río Cuautla, donde la mayoría de los acuicultores se encuentran en esta región donde pagan en promedio 250 pesos anuales con cantidades mucho más altas que tendrían que pagar los acuicultores que pagaron otra actividad económica mucho más rentable, sobre todo si consideramos que el estado de Morelos es el primer estado productor de peces de ornato en el país.

Así es que vean si no los acuicultores del estado de Morelos seguramente no solamente verán con beneplácito esta reforma, sino que inclusive si nos están escuchando seguramente están muy contentos. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Nájera. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Inzunza Montoya, para hablar en pro del dictamen y como integrante del Grupo Parlamentario del PRI y además reconocido dictaminador, presidente.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya:Con su permiso, señor presidente. Recorrer el país, recorrer las granjas acuícolas, tener reuniones con los acuicultores de todo el país, ver las condiciones en las que trabajan y en las que están fue el motivo por el cual presentamos esta iniciativa.

Dentro de pocos años la acuacultura y la maricultura serán el sostén alimentario de México y del mundo. Por eso los pequeños y los grandes acuacultores tienen la posibilidad de tener mejores condiciones con la prelación que le hicimos en esta propuesta.

Yo quiero hacer un reconocimiento pleno a la Comisión de Pesca que me ha acompañado en la presentación de esta iniciativa, a mis compañeros sinaloenses que han respaldado completamente porque conocen el sistema de los acuacultores, para eso tenemos que hacer un recorrido.

Los invito a hacer un recorrido a pie, que conozcan, que se ensucien los pies con la arena, que vean cómo viven los acuacultores, que vean cómo viven los pescadores, cuál es la miseria que se tiene allá. No es únicamente el apoyo a los grandes acuacultores, esto es para los pequeños, los medianos y los grandes.

Un reconocimiento muy especial a toda la zona del noroeste de Sonora, a los diputados de Sonora que siempre estuvieron, junto con los de Baja California, presentes, y Morelos que también estuvo insistiendo en este trabajo.

Un reconocimiento a todos los que participaron en este dictamen. La Comisión de Recursos Hidráulicos que de una manera muy puntual, buscando siempre el apoyo a ellos, buscó todos los elementos que el Ejecutivo de alguna manera estaba haciendo de los señalamientos.

Siempre puso todo su empeño el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos para que este dictamen saliera de manera positiva. Los compañeros que participaron en esa comisión, lo hicieron de una manera limpia, pensando en el futuro de México.

Por eso, compañeras y compañeros, éste es un dictamen para el país, para los pescadores, por eso les solicitamos que sea un voto unánime, que respaldemos a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Inzunza Montoya.

Por virtud de que no tenemos reserva para discutir en lo particular algún artículo, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder, justamente, a la votación en lo general y en lo particular y en un solo acto.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema de votación.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De viva voz, señor secretario.

El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 1 voto en contra, 3 abstenciones y 403 votos a favor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 403 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, numeral 1 y 2, fracción XXXV, y 45 numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 80, numeral 1, fracción I; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 1, 2 y 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

Esta comisión, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, efectúa el presente dictamen conforme al procedimiento siguiente:

A. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la iniciativa.

B. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen.

C. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2014, el diputado Guillermo Anaya Llamas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó en sesión celebrada en la Cámara de Diputados, de la misma fecha, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. En la misma fecha, 30 de abril de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa de mérito para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El 20 de mayo de 2014, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-6-1500, fue recibida en esta comisión.

4. Con la finalidad del analizar a fondo la propuesta, la Junta Directiva de esta comisión solicitó a la Mesa Directiva prórroga para el análisis, la cual fue otorgada mediante oficio D.G.P.L 62-II-6-1560, suscrito por la Secretaría de la Mesa Directiva.

Contenido de la iniciativa

I. El autor de la iniciativa señala que la saturación que viven las cárceles en el país es un problema de todos ya bien conocido, problemática que viven cada día dentro de los reclusorios, generando con ello una incapacidad de los centros de rehabilitación de albergar a los procesados y sentenciados, lo que ocasiona que se establezca un gobierno al interior de dichos centros, lo que facilita a los delincuentes seguir realizando actos ilícitos dentro de los penales.

Además hace hincapié en que muchos reos continúan delinquiendo, siendo la extorsión telefónica la principal conducta; respecto a lo cual menciona que “Se aprovechan del adelanto tecnológico para utilizarlo a su favor, y esto ha podido efectuarse ante la complicidad de algunos servidores públicos de los centros de reinserción social”.

Los esfuerzos por erradicar dicha conducta se han visto reflejados en las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en noviembre de 2010 y abril de 2012, fecha esta última en que también se reformó la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en esta autorizando el bloqueo de las señales para el uso de teléfono celular, con el fin de contener y evitar la extorsión telefónica o que los delincuentes se comuniquen con sus cómplices que se encuentran afuera.

Con fecha 3 de septiembre de 2012, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de colaboración entre autoridades penitenciarias y los concesionarios de servicios de telecomunicaciones y bases técnicas para la instalación y operación de sistemas de inhibición, con la cual se buscó ayudar a la implementación de la reformas, pero no han sido suficientes para erradicar el problema

Como principal finalidad el autor señala:

“Por esos motivos la presente iniciativa pretende establecer que los responsables de manejar los equipos, y que son autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios, presenten un informe semestral a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, órgano previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrada por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la federación, los estados y el Distrito Federal, y que entre sus funciones tiene la de: impulsar la coordinación del Sistema Penitenciario Nacional; promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de reinserción social; promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos y de personal, entre otros”.

Por lo que propone lo siguiente:

Vigente

Artículo 31. ...

I. a VIII...

IX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional.

Propuesta

Artículo 31. ...

I. a VIII. ....

IX. Las autoridades que operen, en centros remotos, los equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, a que se refiere la fracción anterior, así como los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, deberán entregar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, un informe semestral sobre los resultados de su trabajo. En caso de incumplir con esta obligación, la Conferencia dará vista al órgano interno de control y al ministerio público, según sea el caso.

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables y el Consejo Nacional. 

IV. Consideraciones

I. Desde la integración de esta comisión hemos velado por la integridad y la seguridad de las familias mexicanas, nuestro compromiso siempre será la búsqueda de un México más seguro, por lo que coincidimos con el proponente que debemos buscar la erradicación de la extorsión, tomando en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) relativa al año 2013, en México se cometieron 5´994,034 de extorciones en 2012.

II. Para apoyar el presente dictamen enriquecemos con un análisis profundo de la situación planteada por el proponente, gracias a la investigación exhaustiva realizada, logramos convencernos que la postura idónea debe ser a favor de la iniciativa, creemos que el índice delictivo en materia de extorsión disminuirá considerablemente en los centros de readaptación, ya que la mayoría de los presos siguen buscando formas de incrementar sus ingresos aun dentro de los centros de readaptación y eso provoca que su conducta no sea del todo favorable para la sociedad debido al contagio social que se tiene dentro de éstos, los delincuentes adquieren más conocimientos delictivos que perjudican a la sociedad y la convierten en una sociedad vulnerable, tomando cualquier persona el papel de víctima, rompiendo el tejido social y fomentando bajo una amenaza el miedo en la sociedad.

III. El nexo existente entre la delincuencia organizada y los internos de los penales es una situación que todos bien conocemos, misma situación que se ha convertido actualmente en un ejercicio cotidiano, con ello los internos buscan seguir delinquiendo dentro de los centros de readaptación obedeciendo ordenamientos de la delincuencia organizada, o dando órdenes dentro del dichos centros hacia una célula delictiva. Es fundamental que se lleve un control sobre el bloqueo de las comunicaciones dentro de penales para eliminar este enlace entre los internos y la delincuencia organizada, evitando fracturar a lo más importante de la sociedad que son las familias.

IV. Los integrantes de esta comisión consideramos que por cuestiones de técnica legislativa deben hacerse las siguientes precisiones:

a) No hay necesidad de adicionar una fracción X al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basta con agregar un párrafo tercero y uno cuarto a dicha fracción y recorrer el actual párrafo tercero, para que se agregue la propuesta del diputado José Guillermo Anaya Llamas.

b) Con la finalidad de que la disposición que se reforma se vea fortalecida, se considera necesario vincularla a lo ya dispuesto por el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por lo que se hace alusión a dicha ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Seguridad Pública, resolvió en su sesión realizada el 10 de septiembre de 2014, aprobar la iniciativa de mérito con las modificaciones referidas; por lo que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan un tercer y cuarto párrafos a la fracción VIII del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se adicionan un tercer y cuarto párrafos a la fracción VIII, recorriéndose el actual párrafo tercero para ser quinto, al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

...

Las autoridades responsables de la operación de los equipos, y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, deberán entregar a la conferencia, semestralmente, un informe sobre la operación de los equipos, en concordancia con lo establecido en el artículo 190, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En caso de incumplir con esta obligación, la conferencia dará vista a la autoridad competente, según sea el caso.

...

IX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El primer informe semestral a que se refiere el presente decreto deberá entregarse a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, ocho meses después de entrada en vigor el mismo decreto y conteniendo todo lo realizado hasta ese momento.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre de 2014.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Socorro Ceseñas, ¿Con qué objeto?

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para solicitar tome a bien que ofrendemos un minuto de silencio por el joven normalista Alexander Mora Venancio, que esta Cámara de Diputados honremos a éste que en su momento pudiera ser un gran maestro de las diversas generaciones de nuestro país. Lo pido de la manera más atenta, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia, honorable asamblea, atendiendo la solicitud de la diputada Socorro Ceseñas, obsequie un minuto de silencio en memoria del joven Alexander Mora Venancio.

(Minuto de silencio)

En paz descanse.

Por la comisión, para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, hasta por cinco minutos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas, hasta por 5 minutos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Gracias, presidente, compañeras y compañeros diputados. La Comisión de Seguridad Pública que me honro en presidir presenta hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la cual soy autor.

El Estado mexicano debe ser el encargado de proveer seguridad pública, en tanto que ésta constituye un bien público y uno de los mayores, por tanto es el Estado mexicano el que debe de asegurarse que la seguridad pública y sus políticas públicas no sirvan a intereses privados, que proteja a unos cuantos, ni que permita a la delincuencia operar y salirse con la suya.

Sabemos que en los penales de nuestro país se encuentran saturados, lo que ha favorecido a que se formen autogobiernos en el interior de los mismos, con ello facilita que los internos puedan seguir delinquiendo dentro del interior de los penales, concretamente el delito de la extorsión telefónica.

Es lamentable que algunos procesados y sentenciados que se encuentran cumpliendo pena privativa de la libertad aprovechen del adelanto tecnológico, así como de la corrupción y complicidad de algunas autoridades para amenazar a cualquier persona que convenga a sus intereses y seguir cometiendo uno de los delitos que más lastima a la sociedad, que es la extorsión.

Si bien se han venido aprobando iniciativas de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde el 2010 y abril de 2011, esta última fecha en que también se reformó la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, en lo que se autorizó bloquear las señales de celulares con el propósito de contener y evitar la extorsión telefónica.

Asimismo, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario emitió en 2012 lineamientos de colaboración entre autoridades penitenciarias y los concesionarios de servicio de telecomunicaciones y bases técnicas para la operación de sistemas de inhibición.

Si bien todos estos esfuerzos representan un avance importante, es cierto también que la sociedad sigue padeciendo las extorsiones que se cometen desde el interior de los penales y que carecemos de información, así como de la posibilidad de fincar responsabilidades por las acciones y omisiones, de ser el caso.

Por ese motivo se pretende establecer que los responsables de manejar los equipos –y que son autoridades distintas del sistema penitenciario–, presenten un informe semestral a la Conferencia Nacional Penitenciaria.

A la par, esta iniciativa propone que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones tengan también la obligación de presentar un mismo informe semestral sobre los resultados de su trabajo y así las autoridades de los penales puedan actuar en consecuencia y corregir los errores para evitar que se siga cometiendo este delito que tanto duele a las familias mexicanas.

Consideramos de fundamental importancia legislar para que los funcionarios y servidores públicos respondan de sus actuaciones, por ello esta iniciativa contribuye a inhibir y combatir la corrupción por parte de los servidores públicos, así como la posible complicidad de quienes tienen una concesión pública en materia de comunicaciones.

En un estado democrático, en un estado de derecho, las leyes e instituciones públicas deben de servir para garantizar el bien común, la tarea de adecuar el marco jurídico para contribuir a tener en esta iniciativa de reforma que pretende contribuir a perfeccionar la obligación por parte de los encargados de los centros de reclusión, así como los operadores de telecomunicaciones de bloquear las señales de celular en los penales sin perjuicio de terceros.

Por ello esta tarea de adecuar el marco jurídico para contribuir a fortalecer las capacidades, el objetivo de proveer seguridad a los ciudadanos, a combatir la criminalidad y erradicar la impunidad, con esta iniciativa pretendemos evitar que se siga extorsionando y atemorizando a nuestra sociedad mexicana y así tener un México más seguro y más tranquilo. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Les pedimos el voto a favor de este dictamen. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Anaya Llamas.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Rincón Chanona, hasta por cinco minutos.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, muchas personas han sido víctimas de las extorsiones telefónicas, debido a que es una manera muy simple de robarles el dinero. No es sólo contra empresarios, sino que lo sufrimos cualquier tipo de personas.

Los delincuentes utilizan durante las llamadas el terror psicológico, la intimidación, causando confusión, desesperación, profundo dolor y hasta a veces problemas de salud a las víctimas. Esas llamadas son realizadas principalmente desde otros estados del país, por delincuentes que por lo general ya se encuentran recluidos en cárceles que carecen de las medidas de seguridad necesarias para evitar que desde su interior se ejecuten esas conductas.

De acuerdo a la información publicada en julio pasado, el Consejo por la Ley de los Derechos Humanos, comunicó que cada 24 horas se intentan 6 mil 800 extorsiones. Hasta diciembre de 2010 se pretendían 6 mil 179 extorsiones. El 30 por ciento de los afectados pagan la extorsión. Tan sólo del 2001 al 2014, los extorsionadores han obtenido más de 1 millón 350 mil pesos a nivel nacional, eso es de lo que es denunciado.

Desde el interior de los penales se genera el 95 por ciento de las llamadas con fines de extorsión y cada tres de ellas, 10 secuestros se planean y coordinan desde algún penal mexicano. Para realizar las extorsiones se emplean más de 2 millones 715 mil celulares; el 52 por ciento son originarios del Distrito Federal, incluso hay reos en la ciudad de México que operan con celulares correspondientes a números de Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco, Durango. De 916 bandas que operaban en los penales, hoy se sabe que siguen operando 853, el 90 por ciento lo hacen desde los penales capitalinos.

Con el fin de inhibir este delito, el Congreso de la Unión en abril del 2012, agrega el artículo 14 Ter a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados que a la letra dice:

Cada establecimiento penitenciario contará con equipos que permitan bloquear o anular las señales de telefonía celular, de radio comunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social o establecimientos penitenciarios.

Dichos equipos serán operados por autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos, contarán con sistemas automáticos que envíen señales de alarma ante cualquier interrupción en su funcionalidad y serán monitoreados por el sistema nacional de seguridad pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.

A pesar de las medidas tomadas no ha sido suficiente ya que, como pudimos apreciar en las estadísticas, el delito continúa vigente, es decir, se siguen haciendo llamadas para extorsionar desde los penales debido a que muchas veces dejan de funcionar los equipos encargados de bloquear o anular las señales de telefonía celular o cuentan con la anuencia de algún funcionario.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, ya que con esta modificación a la ley se establece la obligación, por parte de los responsables de manejar los equipos, de presentar un informe semestral a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para su respectiva evaluación y con ello evitar que haya fallas en los equipos de bloqueo de señal de telefonía.

La seguridad de los mexicanos es una tarea que nos compete a todos los poderes y niveles de gobierno, es por ello que hoy la Cámara de Diputados está cumpliendo con su responsabilidad de actualizar las leyes para contribuir a brindar la tranquilidad que se necesita en cada hogar de nuestro país. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Sonia Rincón. Le otorgamos el uso de la palabra al señor diputado José Francisco Coronato Rodríguez.

Quiero que me permita, diputado Coronato, decir que el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández ha invitado –y los saludamos con respeto– a un grupo de invitados especiales del estado de México. Sean bienvenidos. Gracias por su visita. Ahora sí, diputado Coronato, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos para fijar la postura de Movimiento Ciudadano.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con registros provistos por la Policía Federal, la extorsiones por teléfono se han duplicado en los últimos tres años, pasaron de 43 mil 356 en 2010 a 89 mil casos en 2013, y se han atendido 310 mil 691 denuncias en toda la República, pero en los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, estado de México, Chihuahua y Distrito Federal, son los que presentan un mayor número de estos delitos.

Datos del gobierno federal indican que en 15 mil 226 de las llamadas, se sucumbió a los requerimientos de los delincuentes entregando dinero a éstos, mientras que en 295 mil 465 casos la víctima no pagó el monto, ya que no cayó en este pernicioso engaño.

Cabe resaltar que dentro de este delito hay diversas modalidades de operación que van desde la simulación del secuestro de un familiar hasta la obtención de algún tipo de premio o una llamada en donde se escucha a alguien gritando de fondo, simulando una situación de peligro en donde supuestamente se encuentra un familiar.

En el país, entre 2006 y 2012, este tipo de delitos se incrementó en un 160 por ciento y en el año en que Felipe Calderón tomó posesión como presidente, se dieron 3 mil 123 extorsiones, mientras que en el 2013 se consumaron 8 mil 24, esto se traduce en 260 casos en promedio por mes en 2006 contra 668 ocurridos al inicio de la presente administración.

En septiembre del presente año se denunciaron 425 y en octubre 476 de estos delitos y el número de víctimas es de 449 y 490 respectivamente. En lo que va del año la estadísticas muestran que hay 5 mil 416 víctimas de extorsión, delito que se ha vinculado directamente a otros como el secuestro o el robo.

Es bien sabido que las llamadas que se realizan para cometer este tipo de delitos se llevan a cabo desde el interior de las cárceles que administran los estados, para contrarrestarlo se ha implementado tecnologías que auxilian a restringir las señales de celular. Pero el problema aquí es que las autoridades, en el mayor de los casos, se encuentran coludidas con los reos o simplemente los equipos no se encuentran funcionando.

Por lo que resulta ser imperioso contar con algún tipo de sistema que permita bloquear las llamadas dentro de las cárceles y tener un mayor control para evitar que los reos puedan conseguir teléfonos celulares, los cuales son proveídos por algunas autoridades inclusive, así como familiares que ingresan sin ningún problema siempre y cuando paguen su cuota a las autoridades encargadas.

Así se lograría evitar que los reos sigan delinquiendo, lamentablemente los penales se han convertido en escuelas para los convictos adquiriendo mayor experiencia y habilidad para la comisión de ilícitos, posteriormente inclusive a su liberación.

Para ello se debe contar no sólo con la tecnología, sino también con el personal adecuado para supervisar que no se sigan cometiendo estos delitos, porque en el mayor de los casos son las mismas autoridades que se encuentran enteradas de estos ilícitos que se están cometiendo e incluso permitiéndolos inclusive.

Es por esto que nos pronunciamos a favor de la presente iniciativa, en la cual se pretende que se bloqué las señales de celulares y que se cuente con el personal calificado que incluya la verificación de sus actividades a través de un informe semestral que permita tener un sustento en el combate a este delito. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Coronato. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la seguridad es la primera actividad que el Estado debe proveer, además de ser también el primero de los reclamos hechos por la sociedad para su estabilidad y adecuado proceder.

Sin embargo, las labores preventivas y jurisdiccionales dirigidas a las personas privadas de su libertad por sentencia judicial en muchas ocasiones no son suficientes para limitar su actividad criminal, prueba de ello son las extorciones cometidas dentro de los centros de reclusión.

De hecho, durante el año 2012 fueron asegurados en los centros penitenciarios del Distrito Federal más de mil 400 celulares, mil 137 chip telefónicos y 15 mil páginas de la Sección Amarilla y la Sección Blanca, instrumentos que eran utilizados para cometer las extorciones.

En el caso de la Ciudad de México, cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de esta capital indican que durante el año 2012 se denunciaron 107 mil 494 casos de extorsiones telefónicas, de los cuales en mil 84 se logró consumar el delito.

Estimaciones del mismo Consejo Ciudadano de Seguridad Pública señalan que 8 de cada 10 intentos de extorsión se cometen desde reclusorios, pero el problema en cuestión no afecta solamente a la Ciudad de México. Por ejemplo, en enero del año en curso el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que entre enero y septiembre de 2013 se denunciaron 371 casos de extorsión sólo para el estado de Guanajuato.

Por todo ello era necesario trabajar al respecto y buscar asegurar el cumplimiento de las disposiciones ya establecidas, como por ejemplo la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde se estipula como obligación de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, de los autorizados, colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico-operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiotelecomunicación o de trasmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores federales, de las entidades federativas o cualquiera que sea su denominación.

Así las cosas, el sentido de la presente modificación radicará en que las autoridades responsables de la operación de los equipos y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, proporcionen semestralmente un informe sobre la operación de los equipos, en concordancia con lo establecido con la mencionada fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Creemos que esto abonará para beneficio de la sociedad, para que cada vez menos personas sean objeto de extorsiones, secuestros, fraudes y cualquier otro ilícito asociado con este tipo de operaciones impropias e indebidas. Por ello es que la bancada del Partido Verde Ecologista de México emitirá favorablemente su voto en el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Castellanos. Me doy oportunidad para saludar a un grupo de regidoras de los Altos de Jalisco, de los Altos Sur, y que pertenecen al distrito 03 federal, a invitación de la diputada Cecilia González Gómez, nuestra compañera. Gracias, bienvenidas, muchas gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar postura hasta por cinco minutos, amiga diputada.

La diputada Joaquina Navarrete Contreras:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, hago uso de mi representación social desde ésta, la más alta tribuna del país, para fijar postura a nombre de mi Grupo Parlamentario del PRD, respecto al dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encuentra a discusión.

Estoy orgullosa de estar en esta tribuna, porque ya que el tema de la inseguridad en nuestro país es el que está afectando más a la ciudadanía. Este es un tema de suma importancia, ya que es preventivo.

Como es del conocimiento de todas y todos, el delito de extorsión es un mal que afecta a millones de personas cada año. El tipo penal refiere a esta conducta como el que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí mismo o para otras personas, acosando a alguien y afectando un perjuicio.

Si bien es cierto que la conducta tipificada puede consumarse en supuestos diferentes, la más común desde hace ya bastante tiempo es por medio del uso de tecnologías, principalmente de los teléfonos celulares.

Las reformas que hemos impulsado de este honorable Congreso han contribuido al cese de la reincidencia de esta conducta considerada en contra de la esfera jurídica del gobernado.

Hemos realizado avances significativos en el combate a estos delitos. Sé y estoy segura que esto va a armonizar y perfeccionar los textos jurídicos. Esta propuesta sin duda contribuirá a alcanzar los objetivos mencionados.

Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública hago un reconocimiento al presidente, que tuvo a bien hacer esta aportación, diputado José Guillermo Anaya Llamas, que propuso en relación a requerir un informe semestral que deberán rendir, no sólo las autoridades responsables de la operación de los equipos encargados del bloqueo de las comunicaciones dentro de los penales, sino también establece a los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones a sujetarse a este ordenamiento informativo, el cual deberá ser dirigido a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

Con ello, se fortalecerá el marco normativo aplicable en la materia, contribuyendo al combate de esta conducta penal que ha crecido en los últimos años, pues contando con un informe semestral cruzado informativamente por ambos sujetos controladores de las tecnologías en comunicación, se arrojarán datos certeros respecto a los actos u omisiones que encuadren en el texto legal, lo que servirá de evaluación y en la ratificación de denuncias que se presenten a raíz de esta política pública, y esto nos va a ayudar a que la ciudadanía ya no esté viviendo con ese temor, por tanta extorsión que se vive en este país.

Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votará a favor del presente dictamen que busca el bien común y perfecciona nuestra Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en estos tiempos que estamos viviendo de tanta inseguridad en todo nuestro país, estoy segura que todas y todos lo vamos a votar a favor, y que va a ayudar para que la ciudadanía ya viva con la certeza de que ya no va a haber tanta delincuencia y tanta extorsión, y sobre todo vía telefónica, que se está viviendo.

Le ruego, señor presidente, que mis palabras obren íntegras y sean incluidas en el Diario de los Debates. Muchas gracias a todas y a todos.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Como corresponde su intervención consta en la versión estenográfica y ésta formará parte del Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar la postura de su grupo, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.

El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal:Con su permiso, presidente. Compañeros diputados, el día de hoy acudo ante esta soberanía a manifestar el apoyo de los diputados del Partido Acción Nacional al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, correspondiente a la iniciativa de reforma al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada originalmente por el diputado Guillermo Anaya Llamas.

La extorsión es uno de los delitos que más zozobra causan a la sociedad. Ya el CIDAC reconoce que esta conducta es una de las que más eleva la percepción de inseguridad entre la población y cuya ejecución es tan sencilla para los delincuentes que basta con el acceso a una línea telefónica para iniciar el proceso de intimidación y amenaza que implica su modalidad más frecuente.

Además, el volumen de este delito se ha incrementado, principalmente en ese sexenio, por razones diversas, siendo una de ellas que los integrantes de bandas delincuenciales expanden sus actividades por otras que se tornan menos riesgosas de su integridad personal.

Se ha presentado en centros penitenciarios de todo el país, sin distinguir su naturaleza, una tendencia a cometer extorsiones telefónicas desde el interior de los penales, la cual se ha consolidado por tres factores principalmente: la cultura delincuencial de los internos, que no responde a los tratamientos de reinserción social. Los vínculos internos con la delincuencia organizada en el exterior y la indiferencia, que no la complicidad, de servidores públicos del sistema penitenciario.

Este problema, desde luego, ha sido identificado por el Estado mexicano y ya han existido esfuerzos legislativos y administrativos al respecto.

En la legislatura anterior se reformaron tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados Respecto al Bloqueo de Telecomunicaciones. Y a finales del 2012 se publicaron Lineamientos de colaboración entre autoridades y concesionarios para la inhibición de señales.

Sin embargo, no ha sido suficiente y por ello encontramos gran valor en el dictamen de la comisión y en la iniciativa que lo motiva, ya que tiene como fundamento el que exista una mayor supervisión de las operaciones de bloqueo o anulación de señales de telecomunicaciones dentro o en los perímetros de los centros de reinserción social.

El autor de la iniciativa acierta en señalar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario como la autoridad ante quien debe rendirse un informe por parte de los encargados de la función antes comentada, ya sea entes públicos o privados.

Y esto es un acierto, ya que esta Conferencia es el órgano del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se encarga de establecer mecanismos de coordinación para que se formulen y ejecuten políticas, programas o acciones para el Sistema Penitenciario Nacional de forma homologada y se conforma por los verdaderos brazos operativos del mismo que tienen de primera mano la realidad de los centros de reinserción social.

Así, el que haya una rendición de cuentas de las autoridades o concesionarias responsables ante la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, nos permitirá identificar sobre todo la igualdad de condiciones en el país, las necesidades para que ésta se presente y se podrá sancionar donde se encuentren omisiones culposas o dolosas en la implementación de esta política mejorando su eficacia e impactando en términos reales en la reducción de la incidencia de extorsiones desde los centros penitenciarios.

Acción Nacional no cejará en su firme propósito de apoyar las propuestas que contribuyan a alcanzar las condiciones que favorezcan el respeto a la dignidad de la persona humana y la consecución del bien común, por lo que desde luego respaldamos el presente dictamen e invitamos al resto de los grupos parlamentarios a dar su apoyo por igual, ya que limitando este tipo de actividades que ingresan recursos al crimen organizado podemos menguar el nivel de amenaza al Estado y a los ciudadanos que representa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, el diputado Javier López Zavala, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Javier López Zavala:Muchas gracias, con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Javier López Zavala: Compañeras y compañeros diputados. A pesar de las medidas aplicadas para el mejor funcionamiento del sistema penitenciario en nuestro país, muchos de los internos no logran los objetivos planteados por los diversos centros de readaptación social, por lo que llegan a delinquir nuevamente una vez terminada su sentencia y muchos de ellos aun dentro de la misma cárcel, siendo uno de los delitos más comunes en estos centros penitenciarios el de la extorsión.

Ilícito que se basa en el uso de las tecnologías, principalmente en teléfonos celulares, para obligar a las personas que les otorguen dinero a través de engaños o amenazas, siendo ésta una vía muy lucrativa para aquellos delincuentes que desean obtener dinero dentro del reclusorio.

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ha encontrado por lo menos 13 tipos de extorsión, entre los que se encuentran obligar a realizar operaciones bancarias, emitir mensajes de textos amenazantes o realizar llamadas intimidatorias, por mencionar algunas.

Los altos índices de ese delito han dado pie a que autoridades federales y locales en materia de seguridad tomen medidas con el fin de que las personas verifiquen que las llamadas de supuestos grupos criminales, secuestros o amenazas sean verdaderas, así como también se han enfrentado programas a través de los cuales se coadyuva a la denuncia del ilícito.

Desafortunadamente aún se registran índices preocupantes de extorsión a la ciudadanía siendo los estados con mayor registro de este ilícito el de Quintana Roo, Baja California Sur, Morelos, Baja California, Colima y el Distrito Federal.

En este sentido y, más allá del deseable fomento de una cultura de autocuidado y denuncia, es preciso que las autoridades correspondientes se encuentren facultadas para prevenir y detectar a tiempo cuándo se lleva a cabo la extorsión y se castigue a quien realice este hecho bochornoso.

El dictamen que tendremos a bien aprobar obligará a que las autoridades responsables de la operación de los equipos y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones entreguen a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario semestralmente un informe sobre la operación de los equipos, por lo que tal como lo señala el diputado promovente de esta reforma, se establecerá una responsabilidad adicional a cargo de quienes manejan tales equipos.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos conscientes del problema que significa las extorsiones para la sociedad mexicana, ya que éstas son un motivo para la pérdida de los bienes y, peor aún, de la tranquilidad de miles y millones de mexicanas y mexicanos.

Es por lo anterior expuesto que las y los diputados del PRI votaremos en favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene también la palabra para referirse a este dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Preciso que el señor diputado hablará en pro del dictamen.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Así es, presidente. Si bien es necesario vigilar y regular lo que acontece en los centros que conforman el sistema penitenciario, particularmente las llamadas de extorsión, que han sido una práctica común que estos centros se conviertan en prácticamente call center de extorsionadores, también es importante señalar que urge una política eficaz de readaptación social en el país, porque no solamente es tratar de evitar por medio de la ley que sucedan este tipo de ilícitos, este tipo de intimidaciones, extorsiones, amenazas, que se dan desde el anonimato y la complacencia o complicidad de las autoridades penitenciarias.

También es importante señalar que los centros de reclusión, estatales o federales, no son centros genuinos de readaptación social que procuran el bien de las personas internar, su capacitación y su reinserción social, sino que por su hacinamiento, saturación, coexistencia entre procesados y sentenciados, entre personas con delitos graves y otros con delitos culposos, han generado todo un deterioro del sistema penitenciario nacional.

De poco serviría que se entregue el informe requerido si desde el gobierno federal no se impulsa una verdadera política de readaptación social que incluya también la reinserción de las personas detenidas y también no haya justicia a conveniencia ni que estén purgando condenas o sean sujetos a proceso inocentes que pueblan también estos reclusorios.

Queremos señalar que la problemática de la seguridad pública en el país tiene diferentes ángulos y enfoques. Y nos preocupa que según documentales serias y consistentes, como lo es el semanario Zeta, ha documentado que entre el primero de diciembre del 2012 al 31 de octubre de 2014, se han dado más de 41 mil homicidios dolosos en el país, cifra que incluye ejecuciones, enfrentamientos, homicidios dolosos producto del narcomenudeo y asesinatos intencionales con armas de alto calibre o con tiros de gracia.

El primer lugar en este tipo de homicidios dolosos, según estas estadísticas, es el estado de México con cinco mil 450, seguido de Guerrero con tres mil 680, después Chihuahua con tres mil 357 y Jalisco y Michoacán con dos mil 650 y dos mil 649, respectivamente.

La conclusión –y con ello termino, presidente– es que hace falta una política integral de combate a la delincuencia, tanto la organizada como la común, y que este tipo de reformas que sin duda tienen una buena intención –no dudamos del promovente–, pero son cortas frente a una problemática de mayor profundidad en los centros de readaptación social y en general en la política de seguridad pública del país. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Mejía Berdeja. También para hablar en pro del dictamen, tiene la palabra Emilse Miranda Munive, diputada de la fracción parlamentaria del PRI.

La diputada Emilse Miranda Munive:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: es nuestro deber, como representantes de la ciudadanía, establecer leyes que permitan una sana convivencia entre la sociedad y que prevengan ilícitos por parte de cualquier persona, por lo que estamos empeñados en construir un marco legal que otorgue facultades a los diversos órganos gubernamentales para que vigilen, persigan y en su caso castiguen la violación a las normas.

Uno de los actos que más ha afectado a la población en general en los últimos años es precisamente la extorsión, la cual consiste en que una persona sea obligada, a través de la violencia, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir, en perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo, siendo los equipos electrónicos y las nuevas tecnologías los medios a través de los cuales se comete este delito.

Como se sabe, millones de personas de todo el país han sido afectadas por este crimen, ya que por el temor de que sea dañada su familia, su persona o su patrimonio de las mismas, llegan a realizar lo que el sujeto activo les exija.

Este delito puede disminuir de forma considerable si se difunde a todas las personas una cultura de prevención pudiéndose preparar ante cualquier tipo de llamada, mensaje o correo electrónico amenazante.

Acciones como el asegurarse de la veracidad de la llamada o el no proporcionar ningún tipo de información personal, pueden ser clave para no caer en los objetivos del delincuente.

Asimismo, la denuncia de este delito ante las autoridades correspondientes resulta crucial. No sólo para rastrear y detener al delincuente, sino que con ello se busca disminuir y erradicar tal delito.

La reforma contenida en el presente dictamen obligará a que las autoridades responsables de la operación de los equipos y los concesionarios de redes públicas, de telecomunicaciones entreguen a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario semestralmente un informe sobre la operación de los equipos a su cargo, con lo que se contribuirá a responder a las miles de denuncias que se presentan anualmente en el país, y se hará efectivo el uso eficiente de las tecnologías tendientes a asegurar la seguridad de la población.

Tal imperativo coadyuvará a mitigar a uno de los delitos de más alto impacto en el país con un alto índice de registro y que desafortunadamente ha tenido un aumento en diversas entidades de la República.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional seguiremos apoyando e impulsando reformas que respondan a las necesidades sociales y que fortalezcan a las instituciones en materia de seguridad, generando así un México en paz por lo que otorgaremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señora diputada, muchas gracias.

En virtud de que se ha agotado la lista de oradores en lo general y en lo particular, pido a la Secretaría instruya se abra el sistema electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular del dictamen que está a discusión, por cinco minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría que instruya a que se cierre el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti(desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 408 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, presidenta.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 408 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por en el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Régimen Político y Gobiernos de Coalición

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN III

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) a g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 157, numeral I, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de los integrantes de esta asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el capítulo “Contenido de la iniciativa” se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. Por último, en el apartado “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 22 de septiembre de 2014, el diputado Antonio Cuéllar Steffan presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. En sesión plenaria de la Comisión de Justicia celebrada el 30 de octubre de 2014 se aprobó en sentido positivo por mayoría de los presentesel proyecto de dictamen de la iniciativa de referencia.

II. Contenido de la iniciativa

En la iniciativa presentada por el diputado Cuéllar Steffan se advierte y se busca combatir el riesgo que se presenta en la práctica del juicio de amparo con una regulación como la que subiste en el actual texto del artículo 77, fracción I, de la nueva Ley de Amparo, en tanto los efectos de las sentencias de amparo que se concedan por la acreditación de la acción del o de los quejosos sustentada en un interés legítimo, puedan trascender más allá de las peticiones específicas de la o las personas que acudieron a la justicia federal, generando con ello el que los procedimientos de ejecución de sentencias se tornen extensos, engorrosos e inoperantes por una posible intervención de sujetos ajenos al procedimiento que lleguen a entorpecer las acciones del juez y de la autoridad responsable para cumplir la sentencia.

El diputado proponente destaca que la existencia del interés legítimo, como otra nueva posibilidad y condición que ahora el sistema jurídico proporciona para acudir al amparo por parte personas que de forma objetiva se ubiquen en una posición desventajosa por una acción de una autoridad, no significa que exista una indeterminación en cuanto a los efectos de las sentencias que se concedan por la acreditación de los extremos de la demanda entablada por el o los quejosos que gozan de un interés legítimo, así como tampoco que se le dé carta abierta a cualquier sujeto que no tuvo intervención en el procedimiento principal para que pueda realizar acciones válidamente en los procedimientos de cumplimiento de la sentencia.

La trascendencia de la acreditación del interés que le asiste al impetrante para acudir a la vía de amparo, según recalca el diputado Cuéllar, radica en que, si bien es una cuestión previa al estudio de fondo, su complejidad e importancia entraña muchas veces un análisis preliminar de cuestiones que involucran aspectos de la litis principal.

Por ello, el diputado iniciante expresa que, dada la novedosa introducción del interés legítimo, como posibilidad para la procedencia del juicio de amparo, se demanda que no sólo que se definan parámetros legales y jurisprudenciales para esclarecer en qué casos se está ante un interés simple, jurídico o legítimo, sino que además es necesario especificar que los efectos de las sentencias deben admitir grados y formas diversas de acuerdo al tipo de afectación reclamada desde la demanda de amparo.

Por dichas razones, la iniciativa propone que sea desde la misma legislación de amparo en donde se especifique que, en las sentencias de amparo, cuando se concedan por la acreditación de una acción fundada en un interés legítimo, se beneficiará a la o las personas que figuraron en el procedimiento de amparo como quejoso o quejosos, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, y sólo el quejoso (o los quejosos), y no ningún otro miembro del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria.

Consideraciones

Primera. Esta comisión comparte con el iniciante su preocupación por el hecho de que en la práctica del amparo, especialmente en la etapa de cumplimiento y ejecución de sentencias, puedan generarse situaciones procesales de disparidad entre las obligaciones específicas que tiene la autoridad responsable y los derechos que se ordenan restituir al quejoso derivados de la afectación indirecta que en su esfera jurídica resintió a causa del acto reclamado.

Como se sabe, con motivo de las trascendentes reformas en materia de amparo, tanto a rango constitucional como con la emisión de la nueva ley adjetiva, se puso a tono a éste medio de control constitucional con las nuevas obligaciones y responsabilidades que el Estado mexicano asume tanto en su calidad Estado constitucional de derecho, como al formar parte del sistema interamericano de derechos humanos, legitimándose así en la medida en que protege, garantiza, promueve y respeta los derechos humanos, tal y como ahora expresamente lo mandata el artículo 1o. constitucional.

El Constituyente y el legislador de amparo fueron conscientes de que, para proveerle a los gobernados de verdaderas garantías para reclamar jurisdiccionalmente la protección de sus derechos humanos violados por la acción de una autoridad, era necesario reforzar los mecanismos procesales de acceso al medio de control judicial de constitucionalidad por excelencia en el sistema jurídico mexicano.

Siendo el juicio de amparo dicha herramienta (caracterizada históricamente por su utilidad y eficacia para que las personas tiene para exigir judicialmente la restitución de sus derechos humanos) en la reconfiguración del amparo como verdadero “juicio de derechos humanos”, el Constituyente incorporó una nueva figura procesal: el interés legítimo, el cual, a la par de establecerse como un elemento más del agravio que necesariamente la persona debe acreditar para poder acudir a la justicia federal y obtener la calidad de quejoso, tiene además la función de ofrecer una alternativa más laxa y más benéfica para que el gobernado pueda reclamar afectaciones indirectas a su esfera jurídica, sin que medie un derecho subjetivo que le otorgue la facultad para exigir el cumplimiento o satisfacción de un derecho humano, como es el caso de la exigencia que se presenta en el caso del interés jurídico.

Por su especial naturaleza y por el lugar que ocupa en la extensión de las posibilidades de acceso a la justicia federal y del espectro de tutela que la persona tiene dentro de un sistema legitimado y garantizado por el respeto a los derechos humanos, como es el caso del sistema jurídico mexicano, el interés legítimo demanda una regulación, interpretación y aplicación lo más clara posible, para que, en sus distintas manifestaciones en el devenir del procedimiento no se tope con obstáculos que le impidan su despliegue a favor de las personas que recienten una afectación real –así sea indirectamente– en su esfera jurídica con motivo del acto reclamado emitido por la autoridad señalada como responsable.

Como bien advierte el iniciante, tal obstáculo puede actualizarse no sólo en el momento en que el juzgador de amparo tenga por acreditado o no el interés legítimo (lo cual es una cuestión de procedencia), sino de manera posterior, cuando se acredite dicho tipo de interés y el procedimiento transcurra y culmine con una sentencia favorable para el o los quejosos y se dé por iniciado el procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia.

Esta comisión reconoce que la iniciativa tiene una finalidad práctica, consistente en evitar que el interés legítimo sea usado como estratagema para que cualquier persona, aunque no haya acreditado que resiente un “principio de afectación”, esto es, que no demuestre que el acto reclamado le causa un agravio en su esfera jurídica (así éste sea indirecto), pueda intervenir en el procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencia, extendiendo así los efectos de las sentencia de amparo más allá de la relación establecida entre quejoso (o quejosos) y autoridad responsable, misma que se limita a los efectos del acto reclamado y su incidencia en la esfera jurídica del quejoso, los cuales fueron identificados y acreditados por el juzgador de amparo a lo largo del procedimiento.

Por tanto, se comparten los términos de la propuesta, ya que en aras de un sano equilibrio procesal, la sentencia de amparo no puede ir más allá de las pretensiones del quejoso, esto es, de los alcances de la afectación que el acto reclamado efectivamente le provoca en su esfera jurídica. De manera correlativa, las actuaciones de la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia de amparo no pueden ir más allá de lo que fije la sentencia, misma que, como se dijo, se debe limitar a ordenar restituir a la o las personas que desde un inicio se identificaron con la calidad de “quejoso” o “quejosos”, única y exclusivamente en los derechos que le fueron afectados con motivo del acto reclamado.

Segunda. En abono de la consideración precedente, cabe mencionar que para la funcionalidad práctica del juicio de amparo, se debe establecer necesariamente una relación entre las condiciones para instar el proceso (el principio de parte agraviada), el derecho objetivo y subjetivo a obtener una resolución que resuelva la situación efectivamente planteada, y los efectos y consecuencias para la restauración del derecho.

Dicho de otro modo, para que una persona pueda acudir al juicio de amparo y éste medio de control pueda ser procedente y efectivo, debe quedar establecida perfectamente la relación entre el derecho que tiene la persona en el orden jurídico para reclamar la restitución o satisfacción de un derecho, relación que puede ser tanto directa (por un derecho subjetivo), como indirecta (por la especial situación del quejoso frente al orden jurídico), es decir, contar con interés jurídico o legítimo, respectivamente, así como también quedar advertida la real posibilidad material y jurídica para que la sentencia pueda ser efectivamente cumplida.

Resulta pertinente que la propuesta del diputado Cuéllar busque que dichos elementos se interrelacionen con el fin de hacer efectivo el espectro de tutela que suministra el juicio de amparo, bajo la premisa básica de que, no obstante las reformas constitucionales y adjetivas en la materia, la naturaleza de éste medio de control de constitucionalidad conserva la plenitud de ciertos principios fundamentales del procedimiento, como es el “principio de parte agraviada”.

En efecto, el principio de parte agraviada, consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General, es un elemento esencial para configurar la acción de amparo, y por ende, para iniciar con el procedimiento, de ahí su importancia como el primer eslabón sin el cual no es posible entender el cauce y la funcionalidad de las demás figuras procesales.

El numeral constitucional de mérito dice a la letra:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Por ello, una vez que el juzgador de amparo ha tenido por acreditado el interés legítimo del quejoso, precisamente porque éste pudo justificar la existencia y la relación que hay entre el acto reclamado, la autoridad que lo emitió, y la incidencia (indirecta) de dicho acto en perjuicio de la esfera jurídica de la o las personas, es menester que la resolución de fondo que pudiera conceder el amparo mantenga la relación causal entre los anteriores elementos, descartando así el que otros sujetos ajenos al procedimiento puedan aducir un interés legítimo para verse beneficiados con los efectos de la sentencia federal.

Así, esta comisión se pronuncia por suministrar elementos normativos con reales aspiraciones de practicidad, como es el caso de la propuesta del diputado Cuéllar, en tanto ella va encaminada a no generar condiciones indeseables en la práctica del juicio de amparo, sobre todo en lo que ve a los efectos materiales para que la autoridad responsable pueda efectivamente restituir al quejoso en el goce de sus derechos violados, así éstos hayan sido afectados de manera indirecta.

Tercera. Adicionalmente a las consideraciones ofrecidas por el diputado iniciante, estimamos necesario incorporar un estudio más de constitucionalidad y legalidad que permita reforzar la idoneidad de la propuesta de reforma legal que hoy nos ocupa.

Por tanto, la dictaminadora propone comenzar por realizar una conexión entre la teleología de la disposición constitucional que establece el llamado “principio de relatividad de las sentencias de amparo” con la intención y finalidad que subyace a la iniciativa que se dictamina. Todo ello, en el entendimiento de que las argumentaciones que se incorporan en nada modifican la esencia de la propuesta, sino más bien buscan robustecer las razones que subyacen a ella.

El principio de relatividad de las sentencias, conocido en la teoría constitucional mexicana como “fórmula Otero”, se erige como principio fundamental del estudio y la práctica del juicio de amparo, no obstante su flexibilización con motivo de las recientes reformas en materia de amparo de 2011, en las cuales se creó la figura de las declaratorias generales de inconstitucionalidad para los amparos en que se reclame una norma de carácter general y ésta sea sometida a las formas y procedimiento judiciales que la misma ley establece.

Es importante subrayar que el principio de relatividad de las sentencias subsiste como regla general y categórica para definir los efectos personales de la protección de una sentencia de amparo; tan es así que, aunado a su actualización en la ejecución y el cumplimiento de la sentencia, persiste además la obligación del juzgador de amparo de realizar un estudio previo de procedencia de la demanda de amparo para advertir si la protección federal que pudiera otorgar pudiera vulnerar normas o principios rectores del juicio de amparo, caso en el cual la acción de amparo intentada resultaría improcedente.

La Constitución General establece expresamente en el artículo 107, fracción II:

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(...)

II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

La nueva Ley de Amparo, reglamentaria de dicho dispositivo constitucional, reitera en el artículo 73 los alcances del espectro de protección que otorga la sentencia de amparo:

Artículo 73.

Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

(...)

Como se aprecia, el Constituyente y el legislador no tuvieron intención alguna de implementar los efectos generales de las sentencias de amparo como una nota distintiva de dicho medio de control sino, más bien, como la excepción, conservándose de esa manera íntegramente la redacción de las normas que establecen el mandato al juzgador de amparo para que las sentencias que pronuncien únicamente se ocupen del o los quejosos, protegiéndolos (en caso de una sentencia favorable) al caso especial sobre el que verse la demanda, esto es, al acto reclamado y a la afectación que éste último causó en la esfera jurídica del quejoso o los quejosos que acudieron a juicio.

Por ello subrayamos que no se advierte en ningún momento la intención del proponente por demeritar ni vaciar de contenido la loable regulación y alternativa que ofrece la figura de las declaratorias generales de constitucionalidad, pues su funcionalidad en nada se ve afectada por la regulación que se propone, en tanto dicha institución goza de autoridad propia para poder proceder en los casos y supuestos que la misma Constitución y la Ley de Amparo señalan.

Esta comisión se pronuncia en sentido positivo por la iniciativa que hoy se dictamina, en tanto es respetuosa de los principios constitucionales que rigen el juicio de amparo, a saber: del “principio de parte agraviada” y del “principio de relatividad de las sentencias de amparo”, reafirmando además un nexo causal que adjetivamente debe prevalecer en toda la secuela procesal del juicio de amparo, independientemente de las posibilidades de acceso y mayor protección que indudablemente provee la novedosa figura del interés legítimo.

Con fundamento en todo lo señalado, esta dictaminadora estima conveniente aprobar la propuesta del diputado Antonio Cuéllar Steffan en los términos propuestos en el presente dictamen.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados lo siguiente:

Texto vigente

Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y

(...)

Texto propuesto

Artículo 77.Los efectos de la concesión del amparo serán

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En los casos en que el amparo se haya concedido por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso, y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria; y

(...)

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se reforma la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 77.Los efectos de la concesión del amparo serán

I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En los casos en que el amparo se haya concedido por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso, y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria; y

II. ...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Karina Labastida Sotelo, Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González, Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia (rúbrica), Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares, Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica), Fernando Zárate Salgado, Darío Zacarías Capuchino, Claudia Delgadillo González, Crystal Tovar Aragón (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas, Carlos Fernando Angulo Parra.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, está discusión en lo general y en lo particular el dictamen. Para referirse al dictamen y fijar la postura de su grupo parlamentario tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente. La figura del amparo es de gran trascendencia e importancia en la vida jurídica. Desde su aparición hasta el día de hoy se ha establecido como el medio de defensa constitucional frente a los actos de autoridades o leyes, además de esto, coadyuva para fortalecer el estado de derecho.

El presente dictamen, en el cual se pretende reformar la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se busca es agilizar y dar mayor efectividad al trámite del juicio de amparo. Esto al no permitir que personas ajenas o que no cuenten con algún interés legítimo o jurídico, formen parte del conflicto, que en algunos casos esta reforma beneficiaría al tiempo para lograr una sentencia y que éste cauce ejecutoria.

Pero de fondo lo que realmente busca esta iniciativa es coadyuvar con la reforma energética, ya que como lo dice la presente, en los casos en que el amparo se haya concedido por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendientes al cumplimiento de la ejecutoria.

Entonces bien, nos preguntamos, ¿Qué pasará cuando se afecte una comunidad en sentido agrario, cuando miembros de un ejido sean afectados en conjunto? Los miembros del grupo tendrán que ampararse por separado, siendo que el conflicto afecta de forma colectiva. Éstos no tendrán voz ni voto para intervenir y solicitar el cobijo de la ley, siendo que son parte importante del conflicto.

Lo que la presente reforma busca es dejar sin voz a las comunidades y ejidos para así poder apropiarse de sus tierras sin obstáculo alguno. Todo es parte del teatro del Ejecutivo federal y su reforma energética, para perjudicar aún más al pueblo de México y seguir entregando nuestros recursos y patrimonio y en este caso afectar a un sector que siempre se ha visto desprotegido por los gobernantes.

Hay innumerables actos de violación de derechos a las comunidades ejidales a lo largo de los años y de los diferentes gobiernos, se les han arrebatado tierras para la construcción de tramos carreteros, de aeropuertos, centros comerciales e infinidad de proyectos que a estas comunidades no les trae ningún tipo de beneficio, sino por el contrario se les –y ahora lo que se propone- lo único que se busca es dejar en un estado de indefensión una vez más a este sector.

Era más que obvio que se buscara reformar la única figura con la que este sector se podría proteger. Es por eso que una vez más nos cuestionamos, ¿a quién protege el gobierno, a favor de quién se dictan las leyes?, porque algo que sí nos queda claro es que no es en beneficio del pueblo mexicano. Sólo basta voltear a ver la situación actual del país. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. También me ha pedido la palabra el diputado Antonio Cuéllar y se la cedemos con mucho gusto, para hablar del dictamen.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchísimas gracias, presidente. Quiero referirme nada más a la iniciativa que he presentado, con el objeto de que se pueda modificar y adaptar este artículo 77 de la Ley de Amparo.

No puedo dejar de pronunciarme con relación a los señalamientos que han recién sido expresados por parte de mi compañera diputada. El tema del interés legítimo en materia de amparo es algo sumamente técnico, que alude desde luego a la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a un colectivo determinado o determinable pueda promover el juicio de amparo, pero del juicio de amparo y de sus sentencias derivan toda una serie de consecuencias que dan lugar, desde luego, a la retrotracción de los efectos de cualquier acto de autoridad y esos actos de autoridad muchas veces benefician a las personas y puede ser terriblemente pernicioso en el ámbito de la impartición de justicia que cualquier persona, aun no habiendo sido parte en un juicio de amparo, después se apersone e intervenga con el objeto de que se impongan sanciones respecto de todas aquellas personas que participan en el procedimiento de ejecución.

Pero siendo estos aspectos técnicos sumamente áridos y a los que no me quiero referir, no puedo dejar de hacer notar y expresarles a ustedes desde luego mi rechazo categórico al señalamiento de que el fundamento de la iniciativa pudiera haber sido o pudiera encontrarse en la reforma energética. No hay nada más ajeno a la verdad que ese señalamiento.

Como también quiero participarles esta reflexión con relación a la posibilidad de que las comunidades agrarias o los ejidos pudieran verse afectados con la aprobación de la iniciativa que está sometida a su consideración. Es absolutamente falso.

Aquí solamente quiero referirme a algo, la doctrina es muy amplia y se reconoce quiénes son sujetos activos de derechos humanos y de garantías. Y respecto de los núcleos de población ejidal y comunal, resulta que los núcleos de población como tal, gozarían de lo que es un interés jurídico, porque tienen una personalidad jurídica propia. De ahí que siendo los núcleos de población ejidal o comunal parte en el juicio de amparo, bastaría con que cualquiera que lo represente acuda para hacer cumplir sus sentencias, para que automáticamente por esto se vean resarcidos en el goce de sus derechos.

¿Qué quiero decirles con esto? Que sería absolutamente imposible que si se llegara a afectar un derecho de algún ejido o de alguna comunidad agraria, gozando estas de interés jurídico se verían impedidas a través del juicio de amparo a poder lograr el cumplimiento de la sentencia que a ellas les beneficie. Esto es absolutamente falso y desde luego denotaría única y exclusivamente un desconocimiento con relación a lo que la jurisprudencia y la doctrina reconoce ya por cuanto a la titularidad de la legitimación para acudir al amparo a favor de los campesinos y de las comunidades agrarias.

Entonces, sí quiero puntualizar nada más que la iniciativa que propongo a ustedes, que ya se encuentra actualmente en el dictamen aprobado en la Comisión, busca única y exclusivamente generar certidumbre. ¿Certidumbre, a favor de quién? De todos los que participan en el juicio de amparo, particularmente a favor de aquellos que se hubieran visto beneficiados por el acto de autoridad respecto del cual se hubiera promovido el juicio de amparo y que en el procedimiento de ejecución de la sentencia pudieran verse rebasados por la intervención de terceros extraños al juicio.

Agradezco, desde luego, la consideración que han tomado en leer el dictamen y en tomarse el tiempo para entender estos aspectos tan técnicos y, desde luego, espero que se vote a favor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Cuéllar, muchas gracias.

Agotada la lista de oradores en lo general y en lo particular, pido a la Secretaría instruya se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, del dictamen a discusión, hasta por cinco minutos. Para recoger la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría instruya se cierre el sistema electrónico de votación.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 14 votos en contra, 3 abstenciones, 367 votos a favor.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

DICTAMENES DE PUNTOS DE ACUERDO

ARMONIZAR SU LEGISLACION CIVIL EN MATERIA DE ADOPCION PLENA

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos y a los congresos locales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para el análisis y dictamen correspondientes la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos y a los congresos locales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 30 de septiembre de 2014, Elvia María Pérez Escalante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos y a los congresos locales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que, con fecha 12 de noviembre de 2013, la Cámara de Senadores aprobó con 98 votos a favor la minuta enviada por la Cámara de Diputados que reforma los artículos 86, 87, 133, 292, 395 y 1612, y deroga el 88, 157, 295, 394, 1613 y 1620 del Código Civil Federal, que elimina la figura de “adopción simple”. La reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2013, con lo cual cobró vigencia a escala federal.

Que en virtud de esta reforma, la figura de “adopción simple” quedó derogada, reconociendo la adopción plena como figura jurídica por medio de la cual el hijo adoptado queda en igualdad de derechos respecto a los descendientes consanguíneos.

Uno de los propósitos de esta reforma del Código Civil Federal es instituir de manera general y definitiva la denominada “adopción plena” y, con ello, extender y sistematizar los vínculos, los derechos y los deberes propios de relaciones entre padres e hijos.

Otro de los propósitos consiste en garantizar al adoptado su incorporación integral y absoluta a la familia del adoptante, reconociéndole los mismos derechos y deberes de un hijo consanguíneo.

El reconocimiento de la adopción plena ahora establece los vínculos de filiación que hacen posible la integración total y definitiva en el núcleo familiar de niños o de adolescentes como si se tratara de un descendiente consanguíneo, con los mismos derechos y deberes que a éstos correspondan, no únicamente frente a sus adoptantes sino, también, frente a la familia y, en general, el núcleo social de su ámbito de convivencia y el de la sociedad en general.

Entre las razones de esta reforma se encuentra el hecho de que se estima que la adopción plena es la más conveniente al interés superior del menor.

La adopción simple ha representado un procedimiento de mayor facilidad en la tramitación en algunos estados y por ello se buscaba transitar por esta vía, aún y cuando que esto representa una menor protección legal para el adoptado.

Por tal motivo conviene uniformar los criterios en las legislaciones locales para contar con tipos de adopción iguales y procedimientos similares, incluso se menciona la creación de un único modelo de adopción en todas las entidades federativas, para asegurar un mejor desarrollo social y humano en la familia mexicana.

Por todo lo expuesto considero oportuno, conveniente y útil que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión apruebe y expida este punto de acuerdo para exhortar muy respetuosamente a los gobiernos y los estados estatales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los congresos locales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

Consideraciones

Tras el análisis detallado de la propuesta y coincidir en términos generales con los argumentos expuestos en la proposición referida en el presente proyecto de dictamen, la comisión dictaminadora estima procedente la adición planteada, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Primera. En cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internaciones, el Constituyente Permanente ha venido creando un marco jurídico que preserva los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Así, tenemos el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en todas las decisiones y actuaciones el Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Asimismo, la reforma constitucional, relativa a los derechos humanos dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De esa forma, el primer párrafo de artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de convencionalidad, el cual refiere lo siguiente:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

De igual forma se establece la obligación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para respetar los derechos humanos, de esta forma, en el segundo y tercer párrafo se señala lo siguiente:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Segunda. El 4 de septiembre de 2014, María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de “adopción simple”.

Con la aprobación del punto de acuerdo se deroga el término de adopción simple de la legislación de los estados antes mencionados, quedando la figura de la adopción plena, la que se estima es más adecuada a los intereses superiores de los menores de 18 años e incapaces, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el país es parte.

Tercera.Con independencia de lo anterior, el 8 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, quedando derogada la sección segunda, “De la adopción simple”, con los artículos 402 a 410, del capítulo V, “De la adopción”, del título séptimo, “De la paternidad y filiación”, del libro primero, “De las personas” (Diario Oficial de la Federación de día 08/04/2014 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294761&fecha=08/04/2013).

Por lo anterior, la comisión dictaminadora considera que el presente dictamen refuerza la proposición mencionada, que con anterioridad se turnó a esta comisión en la que señala eliminar la figura de adopción simple, quedando la figura de adopción plena en todas las legislaciones civiles y familiares de los estados de la república.

Lo anterior reiteraría el compromiso que tienen las 32 entidades federativas en garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como velar por su interés superior.

En razón de lo expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno reconocimiento de la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, exhorta respetuosamente a los gobiernos y a los congresos locales a armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica).»

PROTECCION INTEGRAL DE LA VIDA Y EL SANO DESARROLLO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores de los estados y al jefe del gobierno del Distrito Federal a emprender acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, de niños y de adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada para el análisis y dictamen correspondientes la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores y al jefe del gobierno del Distrito Federal a emprender acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niños y de adolescentes.

La Comisión de Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 4 de noviembre de 2014, Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores y al jefe del gobierno del Distrito Federal a emprender acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niños y de adolescentes.

Segundo.En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

Los proponentes señalan que en México, hablar de la infancia y juventudes es sacudir historias de dolor, sufrimiento, pobreza, abandono, injusticia, miseria, humillación y desprecio, es hablar de miles de niñas, niños y adolescentes que viven en las calles luchando por sobrevivir siendo acusados, señalados, estigmatizados, reprimidos, marginados, torturados y encerrados injustamente; a quienes se les ha negado el derecho a la dignidad, al juego, a la justicia, a la libertad, y que abandonan la escuela porque tienen que trabajar.

Expresan que la infancia es una sociedad que olvida y margina a las niñas, niños y adolescentes que ella misma produce, y con cuyo silencio y contemplación se vuelve cómplice de la injusticia en la que los menores viven, en nuestro país, este sector poblacional se ve afectado por cuatro espectros principales de inequidad: el ingreso económico de los hogares en los que habitan, su origen étnico, su lugar de residencia y el género.

Citan que, según cifras del informe Alcanzar los Objetivos del Desarrollo del Milenio con equidad. Una mirada desde la infancia y la adolescencia en México, del Unicef, el número de hombres menores de edad víctimas de homicidio se duplicó en una década en México, siendo Chihuahua y Guerrero los estados que registran la mayor proporción de casos.

De acuerdo con el reporte, “la mayor proporción de defunciones por homicidio correspondió a los hombres entre 0 y 17 años, al pasar de 693 homicidios en 2000 a mil 223 en 2011, mientras que en el caso de las mujeres pasó de 228 a 337; es decir, los homicidios de varones menores de 18 años representaron el 78 por ciento del total de homicidios en ese grupo de edad.

Los datos aparecen consignados en el apartado “Violencia contra las niñas, niños y adolescentes”, el cual también establece que la muerte por homicidio entre adolescentes representa 19.4 por ciento de los fallecimientos entre este segmento de la población.

Con base en las estadísticas nacionales, se indica que los niños y niñas de las zonas rurales parecen ser los más desfavorecidos en lo tocante a los indicadores relativos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015 establecidos por 189 jefes de Estado y de gobierno en 2000. El Unicef señala que los niños y los adolescentes indígenas también constituyen una proporción muy elevada de quienes enfrentan mayores obstáculos para el ejercicio de sus derechos económicos y sociales.

Estas cifras son en extremo preocupantes, pues nos hablan del abandono en el que se encuentran las niñas, niños y adolescentes por parte de los gobiernos de los tres niveles, mismos que han fallado en su labor de protección a la vida y los derechos de quienes hoy mueren a manos del crimen organizado, víctimas integrantes de un grupo tan vulnerable y que, por definición y características particulares, carece de facultades para defenderse a sí mismo, y de los medios para sobrevivir en un ambiente tan hostil y violento como el que enfrentamos actualmente.

Por lo expuesto y fundado sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhorta al Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a que en el marco de sus responsabilidades instruya a las autoridades federales y locales competentes a elaborar de manera inmediata un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores que han sido asesinados así como de aquellos que se encuentran en estado de orfandad a consecuencia de la comisión de actos de violencia relacionados con la lucha contra y entre el crimen organizado.

Asimismo, se le exhorta a emprender políticas públicas de alto impacto, en pro de lograr prácticas más amplias de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil a nivel nacional, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.

Segundo.Exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal a que en el ámbito de sus facultades instruya a las secretarías competentes a establecer políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil en cada una de sus entidades, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.

Consideraciones

Primera.En junio de 2010, el Estado decretó que se elevase a rango constitucional el respeto de los derechos humanos. De esa forma, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

Asimismo, se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En el mismo tenor se encuentra el artículo 4o. constitucional, que también mediante la reforma de 2011 en el párrafo noveno precisa: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Así, hoy los mexicanos, desde el momento de nacer contamos con la protección más amplia de nuestros derechos humanos, por el simple hecho de ser persona. Por ello se exige a todas las autoridades, en sus respectivas competencias la garantía plena de los derechos de las niños y niños en todas y cada una de sus decisiones y actuaciones.

Segunda.Entre los tratados internacionales que ha firmado el Estado Mexicano, se encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada desde el 21 de septiembre de 1990, y que contiene un catálogo de derechos humanos dirigidos a las niñas, los niños y los adolescentes.

Así, el artículo 6 señala:

Artículo 6

1. Los Estados parte reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

Éstos son derechos a los recursos, las aptitudes y las contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del niño. Incluyen derechos a recibir una alimentación adecuada, vivienda, agua potable, educación de calidad, atención primaria de la salud, tiempo libre y recreación, actividades culturales e información sobre los derechos.

Estos derechos exigen no solamente que existan los medios para lograr que se cumplan, sino también acceso a ellos. Una serie de artículos específicos abordan las necesidades de los niños y niñas refugiados, los niños y niñas con discapacidades y los niños y niñas de los grupos minoritarios o indígenas.

Tercera.La Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos, señala que en México existen 45 mil niños desaparecidos y una lista oficial de 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio, que son sustraídos para explotación sexual, venta y tráfico de órganos.

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que en el país aumentaron los niveles de violencia contra los niños, con información de varias organizaciones civiles que dan cuenta de 2 mil niños asesinados o mutilados entre 2006 y 2014.

Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México señala que un total de mil 837 niños perdieron la vida en hechos relacionados con la narcoviolencia, tan sólo en 2010 a la fecha se han reportado más de mil personas desaparecidas; de ellas, 24 casos corresponden a menores de entre 3 y 17 años. Asimismo, señala que entre 2000 y 2013, la mayoría de las víctimas eran adolescentes de 15 a 17 años, pero también se reportan 18 casos de niñas de entre 0 y 4 años, nueve de entre 5 y 9 años y una decena que tenía entre 10 y 14 años.

En julio del presente año, la Procuraduría General de la República rescató a más de 500 menores de edad del albergue La Gran Familia. Este hecho desató toda una controversia al no saber cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran en estado de orfandad y lo que es peor aún no se sabe cuántos centros brindan este servicio, ya que en 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía computó 657 mil huérfanos en 753 casas hogar.

Pese a que el 2 de mayo de 2012, el gobierno federal implantó y puso en funcionamiento el Programa Nacional Alerta Amber México, para coadyuvar en la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional, la creación de este programa no es suficiente para que el Estado deba contar con un registro de cuantos menores de edad se encuentran desaparecidos, por lo que es importante que el titular del Poder Ejecutivo instruya a la autoridad competente para que elaborare de manera inmediata un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores que han sido asesinados, así como de aquellos que se encuentran en estado de orfandad a consecuencia de la comisión de actos de violencia relacionados con la lucha contra y entre el crimen organizado.

Asimismo, con independencia de lo anterior, es importante que la Cámara de Diputados exhorte a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal a que en el ámbito de sus facultades elaboren de manera inmediata un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores que han sido asesinados, así como para instruir a las secretarías competentes a establecer políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil en cada una de sus entidades, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.

Al mismo tiempo, esta comisión dictaminadora considera modificar el texto del exhorto, a fin de que mejor se comprenda las acciones que deben realizar los servidores públicos del ámbito federal, estatal y del Distrito Federal.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Acuerdos

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Uniónexhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir en el marco de sus responsabilidades a las autoridades federales competentes para elaborar de inmediato un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores de 18 años que han sido asesinados, así como de los que se encuentran en estado de orfandad a consecuencia de la comisión de actos de violencia relacionados con la lucha contra y entre el crimen organizado. Asimismo, se le exhorta a emprender políticas públicas de alto impacto, en pro de lograr prácticas más amplias de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes, encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil a nivel nacional, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas y al jefe del gobierno del Distrito Federal a elaborar de inmediato en el ámbito de sus facultades un registro actualizado y puntual sobre la cantidad de menores que han sido asesinados, así como para instruir a las secretarías competentes para establecer políticas públicas encaminadas a mejorar las prácticas de prevención, protección y garantía de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes encaminadas a la disminución de la tasa de mortalidad infantil y juvenil en cada una de sus entidades, para garantizar la salvaguarda de la vida y el buen desarrollo de dichos sectores poblacionales.

Notas:

1

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/20/advierte-cidh-sobre-201ccrecimien to-alarmante201d-de-crimenes-contra-ninosenmexico

3 http://www.sinembargo.mx/23-09-2014/1124455

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica).»

USO DE LAS EXPRESIONES “NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES O MENORES DE 18 AÑOS”, PARA REFERIRSE A PERSONAS DE 0 A 18 AÑOS INCUMPLIDOS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a las comisiones ordinarias de ésta a observar en todas sus actividades legislativas el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o menores de 18 años” para referirse a personas de 0 a 18 años incumplidos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones ordinarias de esta soberanía a observar en todas sus actividades legislativas el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o menores de 18 años” para referirse a personas de 0 a 18 años incumplidos.

La Comisión de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 13 de noviembre de 2014, la diputada, Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la H. Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones Ordinarias de esta soberanía a observar en todas sus actividades legislativas el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o menores de 18 años” para referirse a personas de 0 a 18 años incumplidos.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

Menciona la proponente que, se consideran niñas y niños los menores de 12 años; y adolescentes, las personas que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Precisa que, diversos ordenamientos nacionales reconocen derechos humanos para este sector de la población y señalan con exactitud a quién se considera niña, niño o adolescente.

Así, por ejemplo, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, vigente desde 2000 en el país, refiere en el artículo 2: “Son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos”.

Asimismo, tenemos la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, recién aprobada por la Cámara de Diputados, la cual señala en el artículo 5o.: “Son niñas y niños los menores de doce años; y adolescentes, las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad”.

Es preciso reconocer el valor político o emotivo de las palabras, que confieren cierto tono a los conceptos que con ellas se capturan y desarrollan e inciden sobre la actuación de los titulares de derechos y de los sujetos obligados. Con las palabras se contribuye a forjar una cultura, y esto parece ocurrir en lo que atañe a los sujetos que interesan a nuestra actual reflexión.

A diferencia de la minoría de edad, en la mayoría de edad, que por disposición constitucional se alcanza a los 18 años, se adquiere el carácter de ciudadano; asimismo, se obtiene la capacidad de ejercicio en materia civil y se adquieren distintos derechos enunciados en el artículo 35 de la Constitución y obligaciones, plasmadas en el artículo 36 de la misma norma.

Por ello es necesario precisar las voces para determinar claramente entre uno y otro grupo de personas mayores y menores de 18 años, pues estos últimos, como se ha reconocido en diversas normas internacionales, como la Declaración de los Derechos del Niño, que “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal”.

Por lo anterior, indica que, resulta de suma importancia que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados encargadas de dictaminar iniciativas y puntos de acuerdo, al momento de hacerlo, se dictaminen de manera transversal, tomando en cuenta las recomendaciones y resoluciones de los mecanismos internacionales para incorporar el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o personas menores de 18 años” para referirse a las personas de 0 a 18 años incumplidos, logrando de esta forma garantizar un marco jurídico acorde con un desarrollo integral y una vida digna que generará condiciones materiales efectivas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias de ésta a observar en todas sus actividades legislativas el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o menores de 18 años” para referirse a las personas de 0 a 18 años incumplidos, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Consideraciones

Primera.El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Con base en el anterior artículo constitucional se integra el interés superior de la niñez, estableciéndose como obligación del Estado, velar y cumplir la observancia de tal principio en todas sus decisiones y actuaciones, garantizando de manera plena los derechos de las niñas y niños.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:

9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIII, Abril de 2011; Pág. 310

Interés superior del niño. Es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de los menores previstos en el artículo 4o. Constitucional.

De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño.

Primera Sala

Amparo directo en revisión 1187/2010. 1o. de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Ana María Ibarra Olguín y Javier Mijangos y González.

Segunda.Existen diversos instrumentos internacionales que establecen el marco de principios y obligaciones relativos al principio del interés superior de la niñez, entre los que se encuentra: la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Convención señala en su artículo 1o., lo siguiente: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.

Tercera. Por otro lado, tal como lo hace la Declaración de los Derechos del Niño, es de suma importancia reconocer que por su falta de madurez física y mental, el niño, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento y que la humanidad debe al niño lo mejor que pueda darle, por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora considera fundamental el uso de las expresiones “niñas, niños, adolescentes y personas menores de 18 años” para referirse a personas de 0 a 18 años incumplidos.

Precisamente por existir una diferencia de carácter jurídica entre las personas mayores y menores de edad, la Comisión Dictaminadora considera que es totalmente necesario que al hacer referencia a las personas menores de 18 años se observen las disposiciones legales que existen en la materia, por ejemplo, la recién aprobada Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que señala en su artículo 5, que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Por lo tanto, resulta de suma importancia que la expresión que elijan en las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, en sus quehaceres legislativos como dictaminar iniciativas y puntos de acuerdo, se lleven a cabo de manera transversal, tomando en cuenta las recomendaciones y resoluciones de los mecanismos internacionales para incorporar el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o personas menores de 18 años” al referirse a las personas de 0 a 18 años incumplidos, y que se tome en cuenta que estas personas son sujetos de derechos, logrando con ello un marco jurídico que pueda garantizar el cumplimiento del interés superior de la niñez, así como el desarrollo integral de la niñez, como lo mandata nuestra Constitución y las leyes, en particular la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, recién aprobada por el Congreso de la Unión.

Por lo anterior la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados considera viable el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las comisiones ordinarias de ésta a observar en todas sus actividades legislativas el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o personas menores de 18 años” para referirse a las personas de 0 a 18 años incumplidos, conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez, Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica).»

EMITA EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión le fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1801, el expediente número 5273, que contiene la proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal, para que en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, emita el reglamento respectivo a esa ley.

En virtud del análisis y estudio de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

A) En sesión ordinaria efectuada el 22 de octubre de 2014, la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al respetuosamente al Ejecutivo federal, para que emita el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

B) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en esa misma fecha, acordó turnar la proposición con punto de acuerdo que nos ocupa, para análisis y dictamen, a la Comisión de Pesca, recibiéndose en la comisión el 23 de octubre de 2014.

Contenido

La diputada proponente expone que con fecha 24 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ordenamiento que cobró vigencia el 22 de octubre de ese mismo año, por disponerlo así el transitorio primero del decreto, al definir noventa días de vacatio legis previa a su vigencia.

No obstante la falta del Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el propio legislativo dispuso que entretanto se expida el nuevo, continuaría vigente el Reglamento de la Ley de Pesca publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 1999, en lo que no contravenga las disposiciones de la Ley General, vigente a partir de octubre de 2007.

Las precisiones que debe normar el reglamento que el Ejecutivo federal emita impactan y afectan al sector pesquero y acuícola del país, toda vez que mientras que la ley vigente obliga a contar con un registro nacional de pesca y acuacultura, el artículo 122 en su tercer párrafo de la ley general prevé que la organización y funcionamiento de dicho registro se determinarán en las disposiciones reglamentarias que deriven de la propia ley. Y continúa el referido párrafo con la indicación de que el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y los gobiernos de las entidades federativas contribuirán a la integración, actualización y funcionamiento del registro, en la forma y términos que establezcan disposiciones aplicables.

El actual Reglamento de la Ley de Pesca vigente, únicamente se refiere a un registro nacional de pesca y a la opción, con el término podrá, que no la obligación, de la secretaría del ramo a inscribir en el Registro Nacional de Pesca a los acuacultores que no requieran concesión, permiso a autorización. Es ampliamente conocido que actualmente, hasta para acceder a algún tipo de apoyo de programas en concurrencia, se requiere de la inscripción en el registro nacional de pesca o acuícola.

Considerandos

1. La vigente Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables impone a las actividades pesquera y acuícola la necesidad de que, quienes se dediquen a ellas, sean de naturaleza comercial, de fomento, didáctica o deportivo-recreativa requieren de permiso o concesión, luego entonces, es imperativo que se emitan el o los reglamentos de la ley vigente, con la finalidad de que los servidores públicos a quienes corresponde su aplicación cuenten con un elemento normativo que les permita completar los programas en materia de ordenamiento pesquero y acuícola y a las autoridades estatales con atribuciones concurrentes, de atender con precisión cada aspecto que la ley general aborda y, a los productores a quienes se dirige, dar cumplimiento en tiempo y forma con sus obligaciones.

2. Se encuentran en el texto de la vigente Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables múltiples remisiones a lo que el o los reglamentos dispongan u ordenen, y otro claro ejemplo es el funcionamiento e integración del Promar, figura que bajo la modalidad de “Fondo” establece la ley. Sin embargo, es preciso que en el reglamento de la ley se describan las funciones, formalidades para acceder a sus recursos, términos para su funcionamiento, rotación de los integrantes del “comité mixto” que lo operará, aspectos todos que serían, materia del reglamento de la ley, o de un reglamento específico para su operación.

3. El término ha vencido en demasía sin que se haya pronunciado algún legislador para realizar modificaciones al transitorio que otorgó seis meses al presidente de la República, titular del Ejecutivo federal para que emita el acuerdo correspondiente. Y en virtud de que durante esta legislatura se han incorporado a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables definiciones, disposiciones, etcétera. Se considera que ahora es el momento adecuado de expedir el reglamento en comento.

4. Este vacío normativo se tradujo en la aplicación parcial, incompleta o nula de los preceptos contenidos en la propia ley que tiene por finalidad el fomento y apoyo de las actividades acuícolas y pesqueras desde sus fases de producción hasta las de comercialización, con el consiguiente menoscabo del nivel de vida de los productores y sus familias, además de crear incertidumbre jurídica que desalienta la inversión, ya que los productores e inversionistas necesitan tener claro cómo se instaurarán los programas considerados en la ley.

Esta comisión dictaminadora tiene claro que por sus atribuciones es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) el órgano de la administración pública federal que elaborará el reglamento en comento, también se toma en cuenta que es el titular del Poder Ejecutivo federal, en los términos de la fracción I del artículo 89 constitucional, el obligado a publicarlo.

Con base en las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos y ordenamientos citados en el proemio del presente dictamen, las y los diputados de la Comisión de Pesca, quienes suscribimos el presente dictamen emitimos el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que, a través de su titular, el presidente de la República, expida a la brevedad el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada el 24 de julio de 2007, con vigencia a partir del 22 de octubre de 2007.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 25 de noviembre de 2014.

L a Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya, presidente; Arturo de la Rosa Escalante, María Celia Urciel Castañeda, Landy Margarita Berzunza Novelo, Ricardo Medina Fierro, Leopoldo Sánchez Cruz, Claudia Elena Águila Torres, Saraí Larisa León Montero, secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga, Tania Margarita Morgan Navarrete, María del Carmen Ordaz Martínez, Eduardo Román Quian Alcocer, Francisco Grajales Palacios, Juan Manuel Rocha Piedra, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, Víctor Reymundo Nájera Medina, Roberto Carlos Reyes Gámiz, María Fernanda Romero Lozano, Salvador Ortiz García (rúbricas).»

ACCIONES NECESARIAS CON RESPECTO A LOS DERRAMES MINEROS EN LOS ESTADOS DE SONORA, SINALOA, DURANGO Y SAN LUIS POTOSI

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Semarnat, la Profepa, la PGR y la Conagua, conforme a sus atribuciones, las medidas necesarias respecto a los derrames mineros en Sonora, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 23 de septiembre de 2014, la diputada Graciela Saldaña Fraire, el diputado Trinidad Morales Vargas y el diputado José Luis Esquivel Zalpa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron proposición con punto de acuerdo por los derrames registrados en los estados de Sonora, Michoacán, Durango y San Luis Potosí.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

Tercero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 23 de octubre de 2014, la diputada Lourdes López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el derrame registrado en la Mina Dos Señores en el Estado de Sinaloa.

Cuarto. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

En el primer punto de acuerdo que se dictamina en el presente instrumento, los Diputados proponentes, la diputada Graciela Saldaña Fraire, el diputado Trinidad Morales Vargas y el diputado José Luis Esquivel Zalpa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, señalan que hace 18 años los opositores al proyecto minero de la empresa canadiense New Gold Minera San Xavier ubicado en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí advertían de los peligros que implica el uso del cianuro, y más en las grandes cantidades –32 millones de litros diarios de agua mezclados con 16 toneladas de cianuro de sodio– que esta empresa utiliza para su proceso de separación de los valores metálicos, (lixiviación) en este caso oro y plata.

Por lo anterior, señalan, desde años se han estado registrando derrames de la citada mezcla cianurada que están causando daños irreversibles a los recursos naturales tan indispensables para la supervivencia de los seres vivos, como son la tierra, el aire y el agua.

Mencionan que en 2013 y el presente año, han sido visibles a la población por su magnitud, un derrame de cianuro en enero, sobre la carretera a Cerro de San Pedro en el tramo de los patios de lixiviación de la mencionada empresa.

El 30 de agosto de 2013, por causa de las lluvias se ocasionó otro derrame de cianuro en el mismo lugar que el anterior interrumpiendo el tráfico, la empresa en un intento por esconder el peligroso accidente con una cuadrilla de gente y pipas, lavaron el tramo de carretera. Desde luego que esto de ninguna manera resuelve, ni siquiera mitiga los daños ambientales o a la salud, pues esa mezcla cianurada se infiltra hacia el subsuelo directo al acuífero, por supuesto que esa mezcla en su tramo de infiltración va lixiviando todos los metales que encuentra a su paso, entre ellos metales pesados que se mezclan con el agua que extraemos para consumo humano con efectos graves para la salud.

En febrero de 2014 hubo otro derrame en el mismo sitio, igual se interrumpió el tráfico de vehículos y con pipas de agua y rociado de cal limpiaron el espacio, pero como en los casos anteriores, la contaminación y los futuros daños al ambiente y la salud son irreversibles. Los aproximadamente 40 mil habitantes de La Mira, viven el deterioro a su salud por la contaminación al medio ambiente que ocasiona la enorme mina a cielo abierto que se extiende en sus cercanías. “Niños y adultos están sufriendo las consecuencias de las afectaciones por las mina”, la tierra cimbra, y hay un intenso olor nauseabundo que se respira dentro y fuera de las viviendas porque las aguas residuales no tienen salida al estar colapsado el drenaje, mismo que instaló el ayuntamiento pero que por las descargas que realiza la empresa minera en la presa de jales, subió de nivel y produjo un sedimento contrario o desnivel de las aguas”.

Los habitantes de La Mira, denuncian públicamente que el agua está contaminada que padecen diversas enfermedades desde lo más leve, yagas profundas en la piel por el contacto del agua, así como daños renales, hepáticos, incremento en diversos tipos de cáncer principalmente los niños son los más afectados, por ello han demandado en múltiples ocasiones la pronta intervención de las autoridades de salud, estatal y federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y han enviado cartas hasta al Presidente de la República Enrique Peña Nieto solicitando que cierren la mina que tantos daños les ha causado, siempre son ignorados, sólo algunas notas de prensa locales dan cuenta de la pesadilla que viven.

Cabe destacar que las afectaciones ambientales son irreversibles y que los químicos están provocando enfermedades crónicas degenerativas en los habitantes, y la muerte de flora y fauna silvestre.

Por otra parte, los diputados proponentes, señalan que el 7 de agosto de este año, la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer el derramamiento de 40 mil litros de ácido sulfúrico provenientes de la mina de Cananea sobre los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de la empresa Buenavista del Cobre, propiedad del grupo, que opera la mina en Cananea, Sonora que atraviesan cinco municipios. Sonora es uno de los estados más áridos de México. El abastecimiento de la capital, Hermosillo, ha provocado incluso un enfrentamiento entre las autoridades estatales y la tribu Yaqui, que está siendo despojada. El norte de Sonora y hasta la región de Cananea es considerada, por la Naciones Unidas, una de las regiones que más se verán afectadas por las sequías que se provocarán con el cambio climático.

Finalmente, los diputados proponentes señalan que en el estado de Durango, un nuevo derrame de cianuro de una minera, fue reportado en esta entidad, ocasionado por la negligencia de la empresa responsable, luego de que no pudieron contener las consecuencias de las lluvias.

Mencionan que a pesar de que el derrame de 2 mil metros cúbicos de cianuro del proyecto minero denominado Magistral que afectó 400 metros cuadrados de suelo natural ocurrió desde la madrugada del 3 de agosto, las autoridades apenas informaron el 13 de agosto.

“El derramamiento del agua con cianuro de la presa de Demasías fue por una negligencia total de la empresa bastante grave, debido a que la presa no tenía un muro de contención, que de haber existido hubiera evitado el esparcimiento del cianuro por la lluvia”.

Los diputados proponentes señalan que, en México, existe la Ley de Responsabilidad Ambiental que entró en vigor el 7 de julio del 2013 y que establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente. Asimismo busca la protección, la preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales. Sin embargo, esto no ha impedido la contaminación de los ríos mexicanos.

Nuestra Constitución Política consagra derechos fundamentales entre los que encontramos el derecho a la salud y el derecho a gozar de un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. El ejercicio pleno de estos derechos se ha visto afectado por diversos motivos, entre los cuales, menciona los estragos causados en diversas partes del país, por los derrames ocurridos en los últimos tiempos.

En el segundo punto de acuerdo la legisladora proponente Lourdes Adriana López Moreno del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, señala que en el mes de septiembre de este año, alrededor de 10 mil 800 toneladas de material tóxico de la mina Dos Señores en el Estado de Sinaloa, se filtraron al arroyo Chupaderos, que desemboca en el río Baluarte, en el municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa, lo que obligó a las autoridades estatales y federales a emprender medidas de emergencia y evitar que estos residuos contaminaran el agua y afectaran a los habitantes de la región.

Los primeros reportes indican que el escurrimiento de residuos mineros se originaron por el rompimiento de la represa que los contenía y que eran operados por esta empresa minera. El material químico, informaron autoridades federales, recorrió una distancia de alrededor de 900 metros desde el talud y hasta el arroyo.

Inspectores federales de la Profepa, adscritos a la delegación en el estado, indicaron que fue necesaria la construcción de cuatro represas de emergencia para contener el escurrimiento.

A este respecto la diputada proponente establece que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, establece una sanción económica, que es accesoria a la reparación o compensación del daño ocasionado al ambiente y, en el caso de las personas morales, consiste en el pago por un monto equivalente de mil a seiscientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción, cuando la responsable sea una persona moral. La imposición de la sanción económica a los responsables tiene por objeto la prevención e inhibición efectiva de infracciones dañosas futuras.

A este respecto, señala que la Profepa anunció, en diversos medios de comunicación, la acción que se tomará en el sentido de aplicar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que exige la reparación de los daños a los infractores y a través del cual, se podrá imponer una sanción económica por hasta 40 millones de pesos.

Una vez analizada las proposiciones con punto de acuerdo referidas con antelación las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por encontrarse convergente las peticiones y planteamientos respecto a diversos derrames registrados en el país, estimamos pertinente conjugar ambas proposiciones en un solo dictamen, en el ánimo de favorecer la economía del procedimiento parlamentario, lo que hacemos a partir de las siguientes:

III. Consideraciones

Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos loable el planteamiento de las Diputadas proponentes y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades Federales y Estatales competentes, para que atiendan el problema que representa los derrames en diversos puntos del país y de los daños ambientales generados.

Esta comisión dictaminadora considera que la minería es una actividad industrial de alto impacto ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone su agotamiento.

Existe consenso en la literatura sobre el tema en el sentido de que ninguna actividad industrial es tan agresiva ambiental, social y culturalmente como la minería.

En cuanto a la afectación de la superficie, la minería devasta la superficie, modifica severamente la morfología del terreno, apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril, produce la destrucción de áreas cultivadas y de otros patrimonios superficiales; asimismo, puede alterar cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material descartado.

En cuanto a la afectación del entorno en general, transforma radicalmente el entorno, pierde su posible atracción escénica y se ve afectado por el ruido producido en las distintas operaciones, como por ejemplo en la trituración y en la molienda, en la generación de energía, en el transporte y en la carga y descarga de minerales y de material estéril sobrante de la mina y del ingenio.

El aire puede contaminarse con impurezas sólidas, por ejemplo polvo y combustibles tóxicos o inertes, capaces de penetrar hasta los pulmones, provenientes de diversas fases del proceso. También puede contaminarse el aire con vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre contenidos en gases residuales, procesos de combustión incompleta o emanaciones de charcos o lagunas de aguas no circulantes con materia orgánica en descomposición.

Los residuos sólidos finos provenientes del área de explotación pueden dar lugar a una elevación de la capa de sedimentos en los ríos de la zona. Diques y lagunas de oxidación mal construidas o mal mantenidos, o de inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos, como combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquidos, pueden conducir a la contaminación de las aguas superficiales.

Las aguas subterráneas también se ven afectadas en virtud de que se contaminan con aceite usado, con reactivos, con sales minerales provenientes de las pilas o botaderos de productos sólidos residuales de los procesos de tratamiento; Además, puede haber un descenso en los niveles de estas aguas subterráneas cuando son fuente de abastecimiento de agua fresca para operaciones de tratamiento de minerales.

La liberación de sustancias tóxicas continúa aún después del cierre de la mina. En efecto, en los desechos de las minas, cuando concluyen sus operaciones, permanecen una variedad de componentes que incluyen: cianuro residual, productos de su descomposición, principalmente cianatos y tiocianatos, metales pesados y sulfuros. La generación de este drenaje ácido de mina, conocido como DAM por sus siglas en español, puede movilizar metales pesados y arsénico que causan degradación del suelo y contaminan las aguas.

En un informe de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos del año 2008, se analizaron 66 casos de daños provocados por la minería a gran escala. Los casos ilustran el daño significativo a la salud humana y al medio ambiente, provocados por los residuos de la minería y el procesamiento de los minerales, particularmente por la disposición de éstos en el suelo donde se lleva a cabo la actividad minera.

Finalmente, cabe señalar que el derecho a un medio ambiente sano está garantizado por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es, sin duda, un derecho humano fundamental, y presupuesto para el disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida en general.

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente, se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen con proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero.Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que aplique el régimen de responsabilidad ambiental previsto en el artículo 3o., fracción I, en su procedimiento administrativo y ejerza la acción de responsabilidad ambiental, solicitando la imposición de la sanción económica, prevista en el artículo 19, fracción II, por los derrames descritos en el presente documento, mismos que fueron registrados en los Estados de Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Durango y Sinaloa.

Segundo. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la PGR, para que aplique el régimen unificado de responsabilidad por daño al ambiente previsto en el artículo 4o. Constitucional, y 3o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental por los derrames descritos en el presente documento, que fueron registrados en los estados de Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Durango y Sinaloa.

Tercero. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, solicitar la coadyuvancia al Ministerio Público y requerir aplique el régimen de responsabilidad ambiental, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en relación a los derrames registrados en los Estados de Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Durango y Sinaloa.

Cuarto. Esta honorable Asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular de la PGR, inicien investigación inmediata para determinar si las empresas responsables por los derrames descritos en el presente documento, mismos que fueron registrados en los Estados de Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Durango y Sinaloa, previeron como posible el no haber generado el daño ambiental en los municipios mencionados en el presente documento.

Quinto. Esta honorable asamblea exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua revocar las concesiones de Aguas Nacionales otorgadas a las empresas mineras New Gold Minera San Xavier, Acelor Mittal, Buena Vista del Cobre y Proyecto Magistral; proceda al saneamiento de los cuerpos de agua, aplique las sanciones correspondientes, por los derrames ocurridos en los Estados de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Durango y San Luis Potosí.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

CANCELAR DEFINITIVAMENTE LA CONSTRUCCION DEL “LIBRAMIENTO SUR DE MORELIA”

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobernador de Michoacán y al ayuntamiento de Morelia cancelar definitivamente la construcción del libramiento sur de esa ciudad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV; 45, numerales 6, incisos f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y 80, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el 25 de septiembre de 2014, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal; al gobernador del libre y soberano estado de Michoacán de Ocampo y al ayuntamiento del libre municipio de Morelia, para cancelar definitivamente la construcción del “libramiento Sur de Morelia” y para declarar las 232.8 hectáreas de la “Loma de Santa María” como área de reserva natural protegida.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el diputado proponente que la zona de Loma de Santa María en Morelia, Michoacán, es de gran importancia ecológica, ya que representa el pulmón de la ciudad y cuenta con una vasta biodiversidad de especies endémicas protegidas de flora y fauna, además suministra el 40 por ciento de agua potable que consume la ciudad de Morelia. Esta información ha sido emitida por prestigiosos investigadores de la Universidad Autónoma de México y, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; es por ello que la zona se encontraba protegida mediante diversos decretos vigentes: El 8 de septiembre de 1936, el Presidente de la República Mexicana, Lázaro Cárdenas del Río, emitió un decreto para declarar zona protectora forestal vedada, la cuenca hidrográfica del río Chiquito de Morelia. En 1984, el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, emitió una declaratoria de preservación ecológica de la franja; el 19 de agosto de 1993, El Gobernador en turno Ausencio Chávez, decretó 232-79-73.88 hectáreas de la zona de Loma de Santa María y depresiones aledañas, como área natural protegida, con el carácter de Zona sujeta a Conservación Ecológica ubicada en el municipio de Morelia. Todas estas áreas conforman lo que conocemos como la Loma de Santa María y la cuenca del río Chiquito.

Afirma el proponente, que el 31 de diciembre de 2009, el gobernador, Leonel Godoy Rangel, creó un nuevo decreto de zona de restauración y protección ambiental para la Loma de Santa María, que abroga el de área natural protegida de 1993, permitiendo el cambio de uso de suelo del área para fines comerciales en la zona y atentando contra el principio de progresividad, restando el número de hectáreas protegidas pasando de 232.8 hectáreas a 170.5 hectáreas, es decir, quitándole casi 30 por ciento de su extensión actual. De inmediato, el honorable ayuntamiento de Morelia permitió la construcción en la zona, cambiando los usos de suelos, incrementando la expansión inmobiliaria y agravando el problema de conectividad vial. El intento de derogar el decreto del 1993, pretendió crear un área urbanizable que permitiera el paso de la nueva vialidad al desarrollo inmobiliario y al “centro comercial abierto más grande de Latinoamérica” que les permita conectarse a la parte baja de la ciudad, con un ramal a la avenida Carmelinas, así como para fomentar la expansión inmobiliaria en una zona que suministra 40 por ciento del agua potable a los habitantes de la ciudad. Cabe señalar que el gobernador no tiene atribuciones para modificar o abrogar áreas naturales protegidas, sólo para crearlas.

Indica el proponente que desde hace décadas la ciudadanía se ha manifestado para defender la cuenca del río Chiquito y el área natural protegida de la Loma de Santa María, formando hace dos años el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma, para cancelar la construcción de la segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, municipio de Morelia, dicha construcción detonaría la expansión urbana, destruyendo las zonas protegidas, además que se pretende construir en una zona donde se ubican 2 fallas geológicas activas y laderas inestables, que ponen en riesgo la vida de más de 14 mil habitantes.

Refiere el proponente, que esta honorable Cámara de Diputados, aprobó el 23 de febrero de 2010, un dictamen con punto de acuerdo mediante los cuales se exhorta al gobierno de Michoacán a abrogar el decreto publicado en el Periódico Oficial del estado, el jueves 31 de diciembre de 2009, con el que se abroga el decreto del 19 de agosto de 1993, que declaró área natural protegida la Loma de Santa María y sus depresiones aledañas.

Por su parte, el Congreso de Michoacán el 9 de mayo de 2013, expidió también un dictamen con proyecto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Michoacán, y al honorable ayuntamiento de Morelia, para que actúen en estricta sujeción a la ley; en relación con la pretendida obra de la segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas; y hasta el día de hoy ninguno de los exhortos legislativos referidos ha sido satisfactoriamente respondido por las autoridades ejecutivas aludidas.

Comenta el legislador que de acuerdo a la información proporcionada, los estudios para justificar la construcción del ramal camelinas o tramo 4 de la segunda etapa del libramiento sur, han sido elaborados por empresas privadas; sin embargo, sólo uno, el de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra “reservado” con ello, es lógico la autoridad oculta información relevante para la seguridad de los habitantes de la ciudad de Morelia.

El proponente hace referencia que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal de 2014, no se incluyó la asignación de recursos para la construcción de dicha vialidad, debido, entre otras razones, a que están en proceso los juicios de nulidad 1 981/12-21-01-2, 1406/12-21-01-4, 37/13-21-01-2 y 1145/12-21-01-9, ante la Sala Regional Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que se solicita la nulidad de la resolución contenida en el oficio número SGPA/ D.G.I.R.A./D.G./2701, de 10 de abril de 2012, emitida por el director general de Impacto Ambiental, a través del cual autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto denominado “Segunda etapa del libramiento sur de Morelia, tramo ramal Camelinas, municipio de Morelia, en el Estado de Michoacán de Ocampo”. El Juez Federal otorgó la suspensión provisional el 17 de julio de 2012 y levanta la suspensión definitiva el 6 de febrero de 2013, días después la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, comienza a construir la segunda etapa del libramiento sur; esto a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mantiene suspendida la clave de cartera desde el 21 de noviembre de 2012, cuando se informó a la unidad responsable del proyecto (Centro SCT Michoacán), que el registro en cartera 1109360009 del proyecto Libramiento sur de Morelia, se suspendía su vigencia y se enviaba a revisión a la dependencia (SCT), con la finalidad de demostrar las viabilidades técnica, jurídica y ambiental, señalando las siguientes observaciones: “Tomando como base el escrito con número de expediente RDA393/12 del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y con fundamento en el artículo 47 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se pone a revisión a efecto de solicitar se actualice el análisis costo beneficio correspondiente a este proyecto”.

Con fecha 2 de abril de 2014, mediante el oficio 3.1.3.-043, signado por el maestro Óscar Callejo Silva, director general adjunto de Construcción y Modernización de Carreteras Federales de la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, con respecto del libramiento sur de Morelia (clave 11096360009), se hace la siguiente aseveración: “... el presupuesto establecido para dicha obra es de mil 520 millones de pesos; el avance físico es de 10 por ciento, y el monto ejercido de obra es 144.8 millones de pesos. ... el presupuesto correspondiente a la segunda etapa del libramiento sur de Morelia, es del orden de mil 375.2 millones de pesos; sin embargo, el ejercicio de dichos recursos se encuentra sujeto a la actuación del registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, razón por la cual, a la fecha no se cuenta con asignación presupuestal en 2014.”

De acuerdo con la información proporcionada, la autoridad federal competente reconoce que aún con recursos de amparo, procesos jurídicos administrativos inconclusos, problemas e inconformidades con la población involucrada y sin presupuesto etiquetado aprobado por esta soberanía, se ha continuado con la obra o, al menos, se tiene previsto continuarla a la brevedad.

Es por lo arriba descrito que, ante la gravedad del asunto, las autoridades federal, estatal y municipal, deben suspender definitivamente la ejecución de la obra y deben también proceder a declarar la zona como “Área de Reserva Natural Protegida”, en aras de proteger y salvaguardar el patrimonio natural del país.

III. Consideraciones

Las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión, reconocen la importancia del planteamiento, y coincidimos en la propuesta de exhortar al gobierno federal, así como al gobierno del estado de Michoacán, para que se consideren los hallazgos de investigación y análisis de las dimensiones ecológica, geológica, legal, arqueológica, histórica y urbana, de la Loma de Santa María y la Cuenca del río Chiquito son parte; considerados como patrimonio natural, cultural e histórico de los michoacanos, ya que es fundamental revalorarlas para garantizar la sustentabilidad actual y futura de la ciudad de Morelia.

Consideramos importante devolver el estatus jurídico a la Loma de Santa María, como área natural protegida, así como generar un esquema de conservación y manejo del área, que evite el cambio de uso del suelo y la fragmentación de los ecosistemas para garantizar la provisión de los servicios ambientales a la ciudad de Morelia (captura de carbono, provisión de agua, control de inundaciones, regulación climática). Estas consideraciones se orientan a evitar la urbanización en una zona donde hay biodiversidad, vestigios arqueológicos y monumentos históricos; y donde además existen fallas geológicas e inestabilidad de laderas, que pueden poner en alto riesgo la vida e integridad de los habitantes de Morelia.

De acuerdo con información del Centro de Investigaciones en Ecosistemas, la Loma de Santa María, cuenta con múltiples microambientes para especies tanto de climas templados, como de clima tropical, lo que propicia la presencia de endemismos, en algunos casos protegidos por la NOM 059, entre las especies de fauna y flora protegidas destacan, Melanerpes formicivorus (Carpintero bellotero), Buteo jamaicensis (Águila), Bubo virginianus (Búho Real) Hirundo rustica (Golondrina), Tito alba (Lechuza), Colaptes cafer (Carpintero alirrojo), Empidonasx sp, Ptiligonys cinereus (Capulinero gris), Falcon sparverius (Halcón cernícalo), Pyrocephalus rubinus (Mosquero cardenalito), Carpodactus mexicanus (Pájaro carpodaco) y Paser domesticus (Pájaro nixtalmalero Tilia mexicana (Sirimo) que se encuentra en peligro de extinción, Erythrina coralloides (Colorín) se encuentra amenazada. Las ranas Montezumae, Kinosternum integrum, Sceloporus grammicus y Crotalus polystictus se encuentran en la categoría de protección especial. En el grupo de las aves el Melanerpes formicivorus y Buteo jamaicensis se encuentran en la categoría de protección especial, el Bubo virginianus se encuentra amenazado. Asimismo, su vegetación proporciona servicios a la población de la ciudad de Morelia, como la recarga de los mantos acuíferos, el abastecimiento de manantiales como el de San Miguel; la retención del suelo y el control de inundaciones.

Se considera que la Loma de Santa María y depresiones aledañas es un área natural protegida de carácter estatal, la cual colinda con la Zona Protectora Forestal Vedada Cuenca del Rio Chiquito, cuyo decreto de protección es Federal. Además la Loma de Santa María se encuentra contemplada en el ordenamiento Ecológico Territorial de la Cuenca del Lago de Cuitzeo y fue considera como Área de Preservación Ecológica por el gobierno estatal en 1983. La existencia de tan variados instrumentos de protección sobre un área natural, indican la relevancia ecosistémica de la misma, de ahí que se haya buscado su protección desde diferentes administraciones, sin embargo no existe un Plan de Manejo que regule y limite el aprovechamiento del área a fin de garantizar un adecuado manejo y protección.

De acuerdo con estudios realizado por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, de la Universidad Autónoma de México, los estados con mayor diversidad biológica son aquellos situados dentro de la zona de transición de las regiones biogeográficas, como es el caso de Michoacán, en la Loma de Santa María, ya que comparte las características geográficas y climáticas de la zona de confluencia, por lo que se registra que existe biodiversidad nacional, por tal motivo consideramos que es de suma importancia preservarla, ya que se ha visto reducida debido a los asentamiento y expansión de la mancha urbana; siendo esta zona un pulmón para el Estado de Michoacán. La biota nativa de este lugar no solo es un muestrario de especies, sino que son parte de un sistema ecológico, complejo y funcional, regulado por relaciones interespecificas y por la relación biota- medio físico.

Respecto de los informes emitidos por el Centro de Investigaciones Ecosistémicas, a diferencia de los ecosistemas homólogos de latitudes mayores en Loma de Santa María, se han vinculado a los componentes florísticos y faunísticos tropicales, lo cual sumado al aislamiento asociado a eventos geológicos del país, han permitido que estos bosques se caractericen por una biodiversidad diferente a la esperada, en otras latitudes con las mismas características; se tiene registrado que México cuenta con el 50 por ciento de especies de coníferas en el mundo y el 33 por ciento de las especies de encinos, especies que se encuentran en Loma de Santa María, así como mil 46 especies de flora y de estas 22 son especies nativas de la zona.

Cabe resaltar que los servicios ecosistémicos que brinda Loma de Santa María, son beneficios directos a la población aledaña a la zona, que vincula a lo social con lo natural, de los cuales depende la subsistencia de los habitantes de la ciudad, un ejemplo claro y de gran importancia es el abastecimiento de agua que aporta la cuenca del Rio Chiquito y a la Loma de Santa María, como un factor que condiciona la persistencia de dicho servicio, y que cualquier cambio en la zona pone en riesgo la estabilidad de dicho ecosistema ripario.

Estimamos importante señalar que la Sociedad Geológica Mexicana, ha realizado diversos estudios en la zona, y afirman que la construcción de la carretera en Loma de Santa María, resulta un problema de alto riesgo, pues la misma se encuentra ubicada en una zona con actividad sísmica histórica, donde existe una falla denominada La paloma, lo que representa un riesgo latente para los asentamientos humanos; aunado a los problemas de inundaciones que por ubicación sufre la zona, ya que se debe tomar en cuenta que la Ciudad de Morelia está ubicada en un Valle, por lo tanto los escurrimientos de agua tienden siempre a ser en esta dirección , sin embargo, la cobertura y protección que brinda la Loma de Santa María, evita la erosión y sedimentación del rio, permitiendo que el cauce mantenga una profundidad adecuada y no ocurran desbordamientos hacia las zonas ya habitadas.

Se debe partir de la integración de políticas públicas, que contribuyan a favorecer la protección del medio ambiente de forma efectiva; las cuales deben contener objetivos integrales; para reconocer que las Áreas Naturales Protegidas, representan actualmente la mejor herramienta del país para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales; es por ello que es necesario complementar de manera eficaz el manejo integral y sustentable de las Áreas Naturales Protegidas.

Los diputados y diputadas de esta comisión, estimamos que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus artículos 4 y 25, se establece respectivamente, que todos los mexicanos tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar; el Estado garantizara el respeto a este derecho, elaborando políticas nacionales, que sean integrales y sustentables; asimismo en el Plan Nacional de Desarrollo de Michoacán refiere que el establecimiento y la protección de las Áreas Naturales Protegidas, es una de las líneas estratégicas de mayor transcendencia, ya que las mismas brindan servicios eco sistémicos, debido a que las actividades humanas han generado un deterioro acelerado y disminución de biodiversidad, y que lamentablemente son daños irreversibles, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Por lo expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de La Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, al gobernador del estado de Michoacán de Ocampo al heroico ayuntamiento de Morelia, a declarar de forma permanente a la Loma de Santa María sus depresiones aledañas y los filtros viejos de Morelia, como “área de reserva natural protegida”.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la revisión minuciosa y acatamiento de los estudios elaborados por la Universidad Nacional Autónoma de México; respecto de la construcción del “libramiento sur de Morelia”, a efecto de garantizar la viabilidad técnica de la obra, así como la seguridad para sus habitantes y la sustentabilidad para el equilibrio ecológico de la zona de Loma de Santa María.

Tercero. Se hace atenta solicitud a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para que proporcione información inherente al proyecto de inversión denominado “Libramiento Sur de Morelia”, número de cartera 110963300009, asimismo considerar escrupulosamente la información vertida en este Punto de Acuerdo y tomar en consideración el “Estudio Geológico-Geotécnico del Ramal Camelinas del Libramiento Sur de Morelia”, realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, solicitando hacer un comparativo del estudio en mención con el presentado por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y en caso de encontrar alguna anomalía o inconsistencia en la información proporcionada por dicha Secretaria, cancelar todo acto tendiente a la construcción del “Libramiento Sur de Morelia”.

México, DF, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

DERRAME DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES DE LA MINA UNIDAD “EL HERRERO”

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo federal a mitigar las consecuencias ambientales y económicas en Cosalá, Sinaloa, ocasionadas por el derrame de sustancias contaminantes de la mina unidad El Herrero

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo federal con el fin de que mitiguen las consecuencias ambientales y económicas en el municipio de Cosalá, Sinaloa, ocasionadas por el derrame de substancias contaminantes de la mina unidad “El Herrero”, presentada por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales.

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, numeral 1, fracción VI; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ese Honorable Pleno, el proyecto de dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo federal con el fin de que mitiguen las consecuencias ambientales y económicas en el municipio de Cosalá, Sinaloa, ocasionadas por el derrame de substancias contaminantes de la mina unidad “El Herrero”,  al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1.En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 23 de octubre de 2014, la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo federal con el fin de que mitiguen las consecuencias ambientales y económicas en el municipio de Cosalá, Sinaloa, ocasionadas por el derrame de substancias contaminantes de la mina unidad “El Herrero”.

2.En la misma fecha, el presidente de la Mesa Directiva, dictó sobre el asunto, el trámite siguiente: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Las y los diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, una vez analizada la Proposición objeto del presente dictamen, exponemos el siguiente

II. Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que el derrame de la mina Buenavista del Cobre, en Sonora, propiedad de Grupo México, causó graves daños ambientales a la entidad, y  ha sido un llamado de atención sobre cómo se están llevando a cabo las actividades mineras en el país.

Refiere que los pescadores del noroeste de México, sufren la contaminación del río Los Remedios, en Durango, y del río San Lorenzo, en Sinaloa, con sustancias tóxicas generadas por la mina unidad “El Herrero”, del “Grupo Bacis”, ubicada en el municipio de Otáez, Durango.

Advierte que con la ruptura de presa de jales de la mina unidad “El Herrero”, en enero de 2013,  propiedad de la familia Gutiérrez Núñez, se vertieron cerca de 300 mil toneladas de residuos tóxicos en el Río Los Remedios, contaminación que llegó posteriormente al Río San Lorenzo, en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

Asevera que el Grupo Minero Bacis, ha tenido un crecimiento constante durante los últimos veinticuatro años, según información de su portal electrónico, y en la mina unidad “El Herrero”, cuenta con una producción cercana a las mil 500 toneladas diarias de concentrado “bulk”, una mezcla de plata y oro que es enviada  a la empresa metalúrgica Fundidora Met-Mex Peñoles, en la ciudad de Torreón, Coahuila, para llevar a cabo todos los procesos asociados para su refinación y posterior refinación.  El Grupo Minero Bacis cuenta con operaciones mineras en Durango, Zacatecas y Sinaloa.

Infiere que con las denuncias presentadas por la población afectada, las comunidades dañadas por el derrame de contaminantes son Mezcaltitán, La Ilama, Higueras de Jacopa, El Ranchito y San José de Las Copas, todas ubicadas en el municipio de Cosalá, en Sinaloa.

Observa que la contaminación ha ocasionado un daño considerable al ecosistema y a las comunidades que subsisten de sus actividades productivas  asociadas con los ríos; indica que la actividad pesquera se ha  perturbado y en consecuencia, la economía de quienes viven en las inmediaciones de los arroyos.

Para la proponente, resulta preocupante la denuncia de los pescadores de la entidad, sobre la grave contaminación con metales pesados en la presa presidente José López Portillo, conocida como presa de “El Comedero”.

Asegura que la presa de El Comedero, por sus dimensiones y capacidades, ocupa el cuarto lugar Sinaloa, donde con el esfuerzo comunitario de los pescadores, se introdujo entre las especies cuyo hábitat es la propia presa, la tilapia que ahora es, con la Lobina, Bagre, Carpa y otras de escama de agua dulce, objeto de la actividad pesquera de las comunidades aledañas.

Reconoce que los pescadores no han sido atendidos por las autoridades, razón por la cual acudirán a las vías jurisdiccionales para que se determine la reparación del daño al ecosistema y se subsane el menoscabo patrimonial a las familias.

Asevera que los pescadores han visto considerablemente disminuida su actividad y sus ingresos, debido la contaminación generada por los desechos tóxicos vertidos en los cuerpos de agua; en este sentido, se solicitó apoyo al Laboratorio de Geoquímica y Contaminación Costera de la Unidad Académica Mazatlán, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, para realizar una investigación sobre los peces muertos en la presa  El Comedero. Los resultados de los estudios mostraron contaminación de los especímenes objetivos por mercurio y otros metales pesados como el zinc, cadmio y cobre, el daño podría subsistir entre 8 a 10 años ya que el río San Lorenzo sigue incorporando a la presa El Comedero lodos con contaminantes y metales pesados.

Refiere que las capturas de la actividad pesquera ha disminuido drásticamente, pues ha mermado  la capacidad de reproducción de las diversas especies, cayendo dramáticamente el volumen las capturas.

Indica que las comunidades afectadas han denunciado que la presa de jales de la mina unidad “El Herrero” sigue funcionando con una nueva modalidad en sus descargas residuales, pues ya no se vierten residuos líquidos, sino que ahora desechan los residuos altamente peligrosos en forma de pasta lodosa que sigue contaminando los cuerpos de agua.

La diputada proponente menciona la existencia entre la población, del temor fundado ante la posible aparición de enfermedades derivadas de la alta toxicidad de las aguas contaminadas de la presa El Comedero o la manifestación de sus consecuencias.

En base a los argumentos vertidos, la proponente plantea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que inicie el proceso de revisión, inspección y verificación del cumplimiento de obligaciones normativas de la mina unidad “El Herrero”, propiedad de Grupo Bacis.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo todas las medidas conducentes para evaluar, monitorear y en su caso atender las afectaciones a la salud provocadas por el derrame de metales pesados y sustancias tóxicas de la presa de jales de la mina unidad “El Herrero”, propiedad de Grupo Bacis.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular del Ejecutivo federal, para que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para que se implementen los programas y medidas necesarias para reactivar la actividad pesquera en la presa presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero.

Una vez analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresamos las siguientes

III. Consideraciones

Esta comisión dictaminadora, reconoce la gravedad que representa la cantidad creciente de casos de contaminación de aguas nacionales, mediante la descarga de residuos peligrosos de elevada toxicidad, generados en gran medida por diversas empresas dedicadas a actividades mineras, con desprecio por la necesaria preservación de la cantidad y calidad del vital líquido, en perjuicio de las comunidades aledañas a los cuerpos de agua afectados en primera instancia, y consecuentemente, en agravio de la sociedad mexicana en su conjunto, integrante de la Nación propietaria originaria del recurso hídrico dañado.

Estimamos necesario atender todos los casos de contaminación de aguas nacionales, no sólo cuando exista una denuncia por los daños y perjuicios que ocasione la descarga de residuos con niveles de toxicidad intolerables, sino principalmente, a partir de la verificación mediante la función de inspección de la autoridad competente, sobre la observancia de la ley por las personas físicas o morales dedicadas a la explotación de los recursos mineros del país, y en cumplimiento de la atribución de la autoridad de aplicación estricta de la propia ley.

Consideramos preciso atender el grave problema planteado por la diputada proponente, consistente en que el Grupo Minero Bacis, vertió cerca de 300 mil toneladas de residuos tóxicos en el Río Los Remedios, contaminación que llegó posteriormente al Río San Lorenzo, en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

Reconocemos, se trata de una empresa que ha tenido un crecimiento constante durante los últimos veinticuatro años, según información de su portal electrónico, y en la mina unidad “El Herrero”, cuenta con una producción cercana a las mil 500 toneladas diarias de concentrado “bulk”, una mezcla de plata y oro que es enviada  a la empresa metalúrgica Fundidora Met-Mex Peñoles, en la ciudad de Torreón, Coahuila, para llevar a cabo todos los procesos asociados para su refinación y posterior refinación.

Ahora sabemos que el Grupo Minero Bacis, realiza operaciones mineras en Durango, Zacatecas y Sinaloa.

Apreciamos conducente la proposición con Punto de Acuerdo planteada por la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, para que el Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, inicie el proceso de revisión, inspección y verificación del cumplimiento de obligaciones normativas de la mina unidad “El Herrero”, propiedad de Grupo Bacis.

Asimismo, estimamos viable el resolutivo segundo del punto de acuerdo propuesto,  referido a exhortar a la Titular de la Secretaría de Salud, para que aplique las medidas conducentes de evaluación, monitoreo y atención a las afectaciones a la salud provocadas por el derrame de metales pesados y sustancias tóxicas por la presa de jales de la mina unidad “El Herrero”, propiedad de Grupo Bacis.

Reconocemos la procedencia del tercer resolutivo de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, mediante el cual, se exhorta al Ejecutivo federal, para que por conducto de las Secretarías de Desarrollo Social, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen los programas y medidas necesarias para reactivar la actividad pesquera en la presa presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que inicie el proceso de revisión, inspección y verificación del cumplimiento de obligaciones normativas de la mina unidad “El Herrero”, propiedad de Grupo Bacis.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo todas las medidas conducentes para evaluar, monitorear y en su caso atender las afectaciones a la salud provocadas por el derrame de metales pesados y sustancias tóxicas de la presa de jales de la mina unidad “El Herrero”, propiedad de Grupo Bacis.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se implementen los programas y medidas necesarias para reactivar la actividad pesquera en la presa presidente José López Portillo, conocida como presa de El Comedero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD A FIN DE DISMINUIR LAS AFECTACIONES DE CONTAMINACION AMBIENTAL Y DE LA SALUD HUMANA

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno a crear instrumentos eficientes que garanticen el acceso a los programas alternativos de movilidad a fin de disminuir las afectaciones del entorno y de la salud humana

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a implantar la creación de instrumentos eficientes que garanticen el acceso de la sociedad a los programas alternativos de movilidad a fin de disminuir las afectaciones de contaminación ambiental y afectaciones de la salud humana; asimismo, a implantar campañas de información y concienciación respecto a las afectaciones de la salud humana.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, 80, numeral 1, fracción VI, 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno camaral el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 23 de septiembre de 2014, Ricardo Astudillo Suarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar respetuosamente a las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno a implantar la creación de instrumentos eficientes que garanticen el acceso de la sociedad a los programas alternativos de movilidad a fin de disminuir las afectaciones de contaminación ambiental y afectaciones de la salud humana; asimismo, a implantar campañas de información y concienciación respecto a las afectaciones de la salud.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere el diputado proponente que para la mayoría de las ciudades de América Latina, el uso de automóviles es la principal causa de las emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre, considerados altamente nocivos para la salud y la calidad de vida.

Informa el legislador que los accidentes viales tienen un alto impacto inmediato y evidente en la salud de las personas, la contaminación es un peligro menos visible, pero no por ello menos nocivo. Las muertes por esta causa han ido en aumento; al menos en las 2 últimas décadas se incrementó hasta 11 por ciento según el estudio El transporte para la salud: la carga global de las enfermedades por el transporte vial motorizado. Asimismo, a escala mundial se producen al año 1 millón 300 mil muertes y más de 78 millones de lesionados por accidentes de tránsito. Por lo que hace a México, la tasa de mortalidad por dicha causa es de 18 por cada 100 mil personas.

Confirma el diputado que si se suman las cifras de las muertes por accidentes y las de contaminación vehicular, se colocaran como la sexta causa de muerte a nivel mundial, por encima de padecimientos de salud como la diabetes e incluso el VIH.

Refiere el proponente que la política nacional en materia de desarrollo económico, trabaja constantemente en la inclusión de la sociedad a través del otorgamiento de oportunidades para que todos los mexicanos tengan acceso a bienes que faciliten su vida cotidiana, lo cierto es que hoy la facilidad con la que puede obtenerse un auto para uso particular trae consigo diversos perjuicios.

Confirma el diputado proponente que hasta el año 2013, el parque vehicular en nuestro país fue de 29.19 millones de unidades y se estima que para el año 2020, éste tenga un volumen de 39.72 millones de unidades. Dicha situación, refleja una grave problemática, pues la elevada cifra de automóviles transitando principalmente en las ciudades, trae consigo afectaciones importantes para la sociedad en general; como se ha referido, han ido en aumento las enfermedades provocadas por la contaminación vehicular, así también, a ello hay que sumarle los impactos ambientales por la desmedida emisión de contaminantes que se encuentran en el aire, y no menos importante, la situación de caos que a diario enfrentan los ciudadanos por el uso desmedido de automóviles que provocan altos niveles de tránsito vehicular en casi todas las horas del día, haciendo difícil el traslado a los propios usuarios, y en ocasiones, dificultando el libre tránsito de unidades de rescate como ambulancias, bomberos y seguridad pública.

Considera el legislador que un claro ejemplo de las acciones que se llevan a cabo en el marco de la celebración de este día, son los programas de transporte público limpio, la creación del servicio de transporte colectivo Metrobús y el programa Ecobici, los cuales buscan otorgar una alternativa a los ciudadanos para que declinen en el uso de sus vehículos y optando por la utilización de medios de transporte, lo que además de reducir contaminantes y tránsito vehicular, sin duda incentiva a la sociedad a movilizarse contribuyendo así a su salud.

Estima el diputado proponente que dichos programas son mecanismos con una alta probabilidad de éxito, sin embargo, hoy en día se siguen viendo como una segunda alternativa y no como la prioridad para lograr disminuir los impactos negativos, tanto en la salud como en el ambiente.

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocemos la importancia del planteamiento del diputado proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno a implantar la creación de instrumentos eficientes que garanticen el acceso de la sociedad a los programas alternativos de movilidad a fin de disminuir las afectaciones de contaminación ambiental y afectaciones de la salud humana; asimismo, a implantar campañas de información y concienciación respecto a las afectaciones de la salud.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo), entre 2010 y 2030 la población del país se incrementará en alrededor de 8 millones de habitantes. Además, para 2030 aproximadamente 81 por ciento de la población del país se asentará en localidades urbanas. Según las estimaciones del Conapo, en 2030 se espera que alrededor de 41 millones de mexicanos se asienten en núcleos de población con más de 500 mil habitantes.

Ahora bien, de acuerdo con la información sustentada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la gestión sobre la biodiversidad se refiere al desarrollo de acciones encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de recursos biológicos, genéticos y de los ecosistemas, de acuerdo con las comunidades dueñas o poseedoras de los territorios que la sustentan, por lo que en México hay instrumentos de política ambiental que fomentan la conservación de la biodiversidad y el uso y manejo sustentable de los recursos naturales; el modelo de desarrollo territorial en zonas biodiversas se propone como un instrumento de política transversal que revalore los diversos recursos naturales, sociales y económicos con que cuentan comunidades y organizaciones y a su vez, que reconozcan las nuevas condiciones demográficas y socio ambientales que resultan de los vínculos entre zonas rurales y urbanas.

La fórmula adecuada se encamina a la integración de políticas fuera de los sectores tradicionales, a partir de objetivos integrales y comunes; se reconoce que las zonas urbanas presentan un deterioro en la contaminación por emisiones derivadas de la combustión de los vehículos automotores; esto en concordancia con las estimaciones de las investigaciones del centro Mario Molina donde expresan lo siguiente:

La evidencia científica indica que existe una relación entre la exposición de la población a los contaminantes atmosféricos y ciertos efectos adversos en la salud. Ahora se sabe que tales efectos, además de manifestarse como enfermedades pulmonares y cardiovasculares, también pueden repercutir en la reproducción y el desarrollo. Los contaminantes que provocan mayores efectos en la salud son las concentraciones atmosféricas de ozono y partículas suspendidas menores a 2.5 y 10 micrómetros. Se considera que las PM2.5 y PM10 son el contaminante más preocupante por su impacto en la salud, pues se excede de manera persistente los límites permisibles por las normas oficiales mexicanas, y adicionalmente por su tamaño tienen la posibilidad de penetrar directamente en los pulmones; además de provocar daños en la salud, por citar un ejemplo claro, la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del valle de México, conlleva importantes repercusiones económicas y sociales colaterales ya que las enfermedades que resultan de la exposición a los contaminantes incrementan el ausentismo laboral y el número de días con actividad restringida.

Los vehículos automotores emiten más de 80 por ciento de los contaminantes que afectan la calidad del aire en la zona metropolitana del valle de México. Siendo la principal fuente de contaminación, el gobierno del Distrito Federal le ha dado una alta prioridad a las medidas de control directo de los vehículos en circulación, que a nivel metropolitano suman alrededor de 4 millones de unidades, más las que ingresan temporalmente con placas foráneas o federales por razones turísticas o por el movimiento de carga y pasaje. Los vehículos pesados a diésel son los que más persistentemente violan las normas de emisión de contaminantes de escape, de tal suerte que es común ver camiones de basura, materialistas, autobuses, tráileres o pipas arrojando humo negro por las calles de la Ciudad de México.

La movilidad urbana es una necesidad básica y un derecho colectivo que todos los ciudadanos deben tener garantizado, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, movilidad es la capacidad de moverse o de recibir movimiento. De acuerdo con esta definición, la movilidad urbana se ajustaría a la capacidad o posibilidad de moverse en las ciudades.

La política de movilidad puede ser una importante herramienta de inserción y cohesión social ya que se ha convertido en la cuarta condición de integración social, esto después de la vivienda, la salud y la educación, es por ello, que en las últimas décadas se ha observado un crecimiento exponencial riesgoso del uso de vehículos automotores generadores de emisiones contaminantes.

Por lo anterior es importante considerar que los términos de movilidad urbana y desarrollo sostenible, deberán aplicarse a correctas políticas públicas, de acuerdo con el término sostenibilidad o desarrollo sostenible que fue formalizado por primera vez en el Informe Brundtland, elaborado en 1987 por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. Posteriormente a éste, en la segunda Cumbre de la Tierra Río de Janeiro, 1992, se incorporó a esta definición la idea de que el desarrollo sostenible tiene que apoyarse sobre tres pilares básicos: el progreso económico, la justicia social y la preservación del ambiente.

Aplicando estos objetivos al ámbito de la movilidad, un modelo sostenible de movilidad urbana,tiene que asegurar la protección del ambiente, mantener la cohesión social, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, así como favorecer el desarrollo económico.

La biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno a implantar la creación de instrumentos eficientes que garanticen el acceso de la sociedad a los programas alternativos de movilidad a fin de disminuir las afectaciones de contaminación ambiental y afectaciones de la salud humana; asimismo, a implantar campañas de información y concienciación respecto a las afectaciones de la salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE VEHICULOS AL FINAL DE SU VIDA UTIL

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a facultar a los gobiernos estatales como encargados de establecer el plan de manejo de vehículos al final de su vida útil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, optimicen y promuevan de acuerdo a las Leyes en materia ambiental y las Normas Oficiales Mexicanas, un plan de acción que ajuste e implemente en todo el país el Plan de Manejo de Vehículos al Final de su Vida Útil y se fomente el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-161-Semarnat-2011 relacionada con los planes de manejo de residuos de manejo especial y residuos peligrosos.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Honorable Pleno Cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 7 de octubre de 2014, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, optimicen y promuevan de acuerdo a las Leyes en materia ambiental y las normas oficiales mexicanas, un plan de acción que ajuste e implemente en todo el país el Plan de Manejo de Vehículos al Final de su Vida Útil y se fomente el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-161-Semarnat-2011 relacionada con los planes de manejo de residuos de manejo especial y residuos peligrosos.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

El diputado proponente expone que los depósitos, corralones y desmanteladores de vehículos almacenan grandes cantidades de vehículos, generalmente por periodos de tiempo muy prolongados, propiciando que las sustancias y materiales peligrosos contenidos en ellos se liberen al ambiente, generando un riesgo ambiental importante. Actualmente estas instalaciones no cuentan con la infraestructura necesaria para reducir esos riesgos, por lo que es necesario que adecuen sus instalaciones para brindar el tratamiento necesario. Existen alrededor de 12 mil 107 corralones o depósitos vehiculares en el país, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Todos ellos representan una fuente de contaminación constante. Por su falta de mantenimiento y tratamiento.

Comenta el legislador que a pesar de la elevada generación de vehículos en su fase de término de la vida útil, conocido internacionalmente como “End-of-Life-Vehicles” ELV, que se presenta en los años recientes, en México aún no se cuenta con un sistema de registro confiable de la baja de los vehículos ni con una reglamentación en cuanto al manejo que deben recibir los ELV para evitar problemas de contaminación ambiental. Sin embargo sí existen instrumentos legales que coadyuven a la atención de esta problemática como lo son:

El Plan de Manejo de Vehículos al Final de su Vida Útil elaborado por la Semarnat, busca que los depósitos de vehículos incorporados, cuenten con las instalaciones adecuadas y procedimientos operativos adecuados para que el almacenamiento temporal de los vehículos no represente un riesgo al ambiente. Asimismo, promueve la simplificación administrativa que les permita contar con mayor movimiento de unidades y espacio disponible de manera continua y bajo estándares únicos, siempre y cuando los vehículos sean clasificados como VFVU, sean enviados a su destrucción, o valorización y no regresen a la circulación nuevamente.

Confirma el diputado que los vehículos al final de su vida útil son considerados un residuo de manejo especial al encontrarse dentro de la clasificación del artículo 19, fracción VIII de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y la NOM-161-Semarnat-2011, los incluye en su listado de residuos de manejo especial sujetos a presentar plan de manejo.

Confirma el proponente que la composición promedio de los ELV se detalla en el cuerpo del estudio, pero en grandes rubros los ELV están compuestos en un 68 por ciento por metales ferrosos, un 9 por ciento de plásticos, un 8 por ciento de metales no ferrosos, un 6 por ciento por vidrio y hule y un 9 por ciento por otros materiales, como textiles, baterías y componentes eléctricos; de esta composición se desprende que los ELV tienen un potencial de recuperación de materiales para reciclaje del 75 por ciento, constituido sobre todo por los metales ferrosos y no ferrosos, mientras que el resto generalmente no se recupera y tiene que ser tratado, aprovechado con fines energéticos o dispuesto en los sitios de disposición final.

Estima el diputado proponente que los ELV también contienen algunas sustancias o materiales peligrosos, que es el principal motivo de preocupación en cuanto al manejo o disposición inadecuada de los ELV, entre los cuales se tienen principalmente: componentes que contienen mercurio, bolsas de aire, catalizadores, baterías de plomo-ácido, fluidos operativos y los CFC de los sistemas de aire acondicionado y los residuos de trituración de los ELV, conocidos como ASR.1.

Informa el legislador que el Plan de Manejo de al Final de su Vida Útil está siendo ajustado por la Semarnat por lo que se le exhorta a que en este ajuste se determine que sean las Entidades Federativas las responsables de la implementación como por ejemplo que la coordinara la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, ya que actualmente su adhesión es voluntaria y el objetivo de la presente proposición es solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que concluya los ajustes al plan de manejo para que todas las entidades federativas puedan adherirse al Plan de Manejo de Vehículos al Final de su Vida Útil para que todas las Entidades Federativas puedan adherirse e implementarlo lo más pronto posible considerando las necesidades locales.

III. Consideraciones

Las y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, reconocemos la importancia del planteamiento del diputado proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las autoridades estatales competente, para que fortalezcan los programas de plan de manejo de vehículos al final de su vida útil.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por el Consejo Nacional de Población, Conapo, entre los años 2010-2030 la población del país se incrementará en alrededor de 8 millones de habitantes. Además, para el año 2030 aproximadamente el 81 por ciento de la población total del país se asentará en localidades urbanas. Según las estimaciones del Conapo, en el año 2030 se espera que alrededor de 41 millones de mexicanos se asienten en núcleos de población con más de 500 mil habitantes; por lo que estimamos que la movilidad de personas mediante vehículos automotores se encuentra en franco crecimiento, adicionalmente a los programas de renovación de parque vehicular.

Ahora bien, de acuerdo con la información sustentada por la Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la gestión sobre la biodiversidad se refiere al desarrollo de acciones encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de recursos biológicos, genéticos y de los ecosistemas, de acuerdo con las comunidades dueñas o poseedoras de los territorios que la sustentan, por lo que en México existen instrumentos de política ambiental que fomentan la conservación de la biodiversidad y el uso y manejo sustentable de los recursos naturales; el modelo de desarrollo territorial en zonas biodiversas se propone como un instrumento de política transversal que revalore los diversos recursos naturales, sociales y económicos con que cuentan comunidades y organizaciones y a su vez, que reconozcan las nuevas condiciones demográficas y socio ambientales que resultan de las zonas urbanas en donde el empleo de tecnologías se encuentra en aumento.

Es por ello que las políticas ambientales han progresado sistemáticamente a fin de cohesionar las necesidades de la población y su crecimiento con las regulaciones de planes de manejo de residuos de manejo especial y residuos peligrosos, en particular con las posibles afectaciones ambientales que podrá generar la acumulación de “Vehículos al Final de su Vida Útil” en el territorio nacional; los impactos ambientales se identifican principalmente en la extracción de líquidos, residuos peligrosos de los VFVU como el mercurio que se encuentra en el sistema de antibloqueo de frenos, sistemas de dirección electrónica, faros fluorescentes, fluidos del sistema de aire acondicionado, bolsas de aire, catalizadores, baterías que contienen diversos ácidos y plomo, líquidos de frenos, anticongelantes, aceites lubricantes, entre otros. No obstante lo anterior, es importante destacar del alto potencial de reciclaje y aprovechamiento de los componentes que se obtendrán de los VFVU, como claro ejemplo la disminución de carga ambiental de los ecosistemas y de la carga energética por el reciclado de los materiales ferrosos que en su caso son materia secundaria para la industria siderúrgica así como la reutilización y remanufacturación de los componentes que podrán ser reusados para vehículos que se encuentren en buen estado como alternadores, motores y refacciones varias.

Es por lo anterior que la Semarnat con la participación de diversas organizaciones relacionadas con la industria automotriz y con los gobiernos estatales, emitió en el año 2012 un estudio de diagnóstico de manejo de residuos denominado “Plan de Manejo de Vehículos al Final de su Vida Útil para México”, del cual se confirma la siguiente información que corresponde a los principales conceptos.

Diagnóstico

El manejo ambientalmente adecuado de los vehículos al final de su vida útil (VFVU) es de gran relevancia debido a que, a pesar de que no se cuentan con cifras precisas, se estima que anualmente es generada una gran cantidad de este tipo de residuos y que, año con año, la tasa de generación va en aumento, pues se encuentra estrechamente relacionada con la fabricación y venta de automóviles nuevos, así con la importación de autos nuevos y usados aunado a la demanda ciudadana creciente de exigir vehículos en circulación en condiciones físico mecánicas y de emisiones de contaminantes, que no representen riesgos para la integridad y la salud de las personas.

El impacto ambiental generado por los VFVU es amplio y se identifican principalmente:

• Que al ser abandonados son fuente de derrames de líquidos operativos como aceites, anticongelante, entre otros, que contaminan el suelo y emiten a la atmósfera gases contaminantes.

• Al ser desmantelados sin normas puntuales y controles de operación, originan muy probablemente que los líquidos operativos sean vertidos en el drenaje o se derramen al suelo, mismos que llegaran a los mantos acuíferos y que se emitan a la atmósfera los CFC de los sistemas de aire acondicionado. La misma situación se presenta con los líquidos de baterías automotrices de plomo-ácido, que es muy factible que se viertan en el suelo o al drenaje sin ningún tratamiento previo.

• Otros componentes tales como plásticos, madera, cubierta de cables, entre otros, y los residuos de la trituración de los vehículos (ASR), también se depositan en el ambiente o en los sitios de disposición final de residuos urbanos. Esto incrementa la carga ambiental en los sitios de disposición final y contribuyen a la disminución de la vida útil de los mismos.

Además, es importante destacar el alto potencial de reciclaje y reaprovechamiento en los procesos productivos de algunos de sus componentes, que pueden significar una reducción de la carga ambiental sobre los ecosistemas globales, así como disminución de costos. Este es el caso de los materiales ferrosos, que son una materia prima secundaria de gran calidad para la industria siderúrgica y que algunos subproductos como los aceites lubricantes usados y los neumáticos usados, pueden tener un gran potencial de uso como energía alternativa en la industria cementera.

La importancia de obtener los subproductos en condiciones ambientalmente adecuadas y direccionarlos a los canales de reciclaje adecuados, incrementará los volúmenes de reciclaje en México, además de favorecer el ahorro de recursos naturales y atender la necesidad del manejo ambientalmente adecuado de los VFVU y sus principales subproductos.

La composición de los VFVU determina el impacto potencial sobre el medio ambiente, en caso de un manejo inadecuado, así como las posibilidades de su reciclaje o aprovechamiento. A continuación se presenta la composición típica de un vehículo ligero y su potencial de reciclaje o aprovechamiento.

Industria automotriz

El sector de la industria automotriz en México ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la industrialización del país. No solamente en cuanto a los montos de inversión, demanda, empleo, formación de mercado interno, importaciones y exportaciones y demás variables de orden económico, sino también en el desarrollo de tecnología, formas de organización, entre otros.

El sector está compuesto principalmente por dos grandes pilares: los fabricantes y los distribuidores. Dentro del territorio nacional, la industria automotriz cuenta con ocho empresas y diversas plantas dedicadas a la fabricación de vehículos automotores y, de acuerdo a los datos proporcionados por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, AC, (AMDA), se cuentan con mil 600 distribuidores de 28 marcas de vehículos nuevos en las 210 ciudades más importantes del país dedicadas a la distribución, servicios de mantenimiento y venta de refacciones automotrices.

El sector de la industria automotriz que se encuentra compuesto tanto por la industria terminal como por la industria de autopartes, sin lugar a dudas tiene un papel relevante dentro de la economía nacional actual; según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) así como la Secretaría de Economía (SE), en el año de 2005, algunos de los indicadores más representativos son los siguientes:

• Generó el 1.6 por ciento de todo el empleo nacional (488 mil 900 empleos directos).

• 18 por ciento del empleo del sector manufacturero.

• Aportó alrededor del 2.5 por ciento del PIB nacional.

• 16 por ciento del PIB del sector manufacturero.

• 19 por ciento del total de las exportaciones (segundo lugar sólo por debajo de las exportaciones de petróleo).

• 21 por ciento del total de las exportaciones de manufactura.

• 11 por ciento del total de las importaciones.

• Mercado de equipo original estimado en 26 billones de dólares.

• Monto de las exportaciones 32.5 billones de dólares.

• Monto de las importaciones 23 billones de dólares.

Generación de VFVU

Un vehículo se convierte en un VFVU cuando sale definitivamente de circulación por alguna de las siguientes causas: ha sido destruido por colisión, es inoperable por fallas mecánicas o su obsolescencia lo hace incosteable para mantenerlo en circulación, o porque es abandonado en vía pública.

De acuerdo a estimaciones, los VFVU son generados en grandes cantidades debido a que guarda una relación directa con el incremento que ha experimentado el parque vehicular en años recientes. Tan solo para 2009, de acuerdo a datos del Inegi se tenían registrados 30 millones 904 mil 659 vehículos en el territorio nacional. Durante este mismo periodo, de acuerdo a datos de la AMIA, se produjeron 1 millón 507 mil 527 de vehículos nuevos, de los cuales 754 mil 918 fueron comercializados dentro del país. A estas cantidades se deben de agregar los autos importados usados de Estados Unidos (con una antigüedad superior a los 10 años), que para el año de 2007 fueron 1 millón 221 mil 144.

En algún momento esta gran cantidad de vehículos se convertirán en VFVU por diversas circunstancias. De acuerdo con el “Estudio de análisis, evaluación y definición de estrategias de solución de la corriente de residuos generada por los vehículos usados al final de su vida útil” (Semarnat, 2009), se estima una generación de 837 mil unidades en 2012, y es fácil suponer que la cifra de generación incremente año con año.

A pesar de la elevada generación de VFVU que se ha presentado en los últimos años, en México aún no se cuenta con un registro confiable de la baja de los vehículos ni con una reglamentación en cuanto al manejo que deben recibir los VFVU

Situación actual y manejo del residuo

La carencia de una legislación y normatividad específica para el manejo de los VFVU ha originado que el manejo actual de estos residuos se realice de acuerdo a las costumbres de los propietarios, a la circunstancia de si el vehículo está asegurado, y a la participación de los diferentes actores en la cadena de valorización de los VFVU de acuerdo al mercado.

Es importante señalar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, optimicen y promuevan de acuerdo a las Leyes en materia ambiental y las Normas Oficiales Mexicanas, un plan de acción que ajuste e implemente en todo el país el Plan de Manejo de Vehículos al Final de su Vida Útil y se fomente el contenido de la Norma Oficial Mexicana NOM-161-Semarnat-2011 relacionada con los planes de manejo de residuos de manejo especial y residuos peligrosos.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que de acuerdo al Plan Nacional de Remediación de Sitios Contaminados, procedan a la remediación y su respectivo seguimiento de los sitios identificados por el incorrecto proceso derivado del manejo de vehículos al final de su vida útil.

Nota:

1 Toledo Patiño A. (2004), “Integración productiva y relaciones laborales; industria automotriz en México” UAM-I/Plaza y Valdés, México. Citado en http://ierd.prd.org.mx/coy126/atp/1.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

PROGRAMAS Y ACCIONES PERMANENTES PARA FOMENTAR LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y a los municipios a llevar a cabo programas y acciones permanentes para fomentar la gestión integral de los residuos de manejo especial

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para dictamen proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de la federación, las entidades federativas y los municipios, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen y ejecuten los programas de acciones permanentes tendentes a fomentar la gestión integral de las pilas o baterías cuya vida útil ha concluido, a fin de disminuir los daños a la salud y el deterioro al medio ambiente provocados por estos residuos de manejo especial y residuos peligrosos.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones  que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85, y 100  del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.  En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 9 de septiembre de 2014, la diputada Martha Edith Vital Vera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar los gobiernos de la federación, las entidades federativas y los municipios, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen y ejecuten los programas de acciones permanentes tendentes a fomentar la gestión integral de las pilas o baterías cuya vida útil ha concluido, con el fin de disminuir los daños a la salud y el deterioro al medio ambiente provocados por estos residuos de manejo especial y residuos peligrosos.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

Refiere la legisladora proponente que hoy día, la generación de residuos (sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos) son consecuencia directa de la infinidad de actividades desarrolladas por el hombre; hace años, muchos de los residuos eran reutilizados y se les daban diversos usos; sin embargo, actualmente nos encontramos en una sociedad de consumo que genera grandes cantidades y una variedad de residuos procedentes de un amplio abanico de actividades. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) en el artículo 5o. fracción XXX define a los Residuos de Manejo Especial como “aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos”. De acuerdo a datos del “Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos 2012” de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en nuestro país anualmente se generan 84 millones de toneladas de residuos de manejo especial. Asimismo, el artículo 19 señala la clasificación de estos y en la fracción IX menciona que dentro de los residuos de manejo especial están las “pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente”.

Informa la legisladora que el aumento en la tecnología portátil es sin duda el principal detonante en la demanda y el desecho de pilas y baterías en el mundo ya que son utilizadas diariamente en juguetes, linternas, radios, relojes, celulares, cámaras fotográficas, etcétera. Una pila o batería puede contaminar el planeta por más de 10 siglos y contaminan principalmente las aguas subterráneas del planeta; más del 30 por ciento de las pilas del mundo, sobre todo las pilas chinas, tienen compuestos tóxicos como: mercurio, plomo, litio, cadmio y níquel. Lo más alarmante es que en México cada habitante usa aproximadamente 10 pilas al año, de las cuales el 40 por ciento son altamente contaminantes (muchas de ellas “piratas”, las cuales son adquiridas por tener menor precio, no obstante, son las que tienen sustancias químicas que generan en mayor medida problemas graves a la salud y al ambiente”).

Refiere la proponente que son uno de los objetos más contaminantes, por la lenta degradación y toxicidad de sus componentes y son clasificadas en diversos grupos. Con base en la duración de la carga, las pilas se clasifican en primarias (no recargables) y secundarias (recargables), la mayoría de los artículos eléctricos y electrónicos portátiles que no requieren de alimentación continua de suministro de corriente alterna pueden funcionar con pilas primarias y secundarias. Estas contienen uno o más metales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd), litio (Li), plomo (Pb), níquel (Ni), Manganeso (Mn) y Zinc (Zn) los cuales son tóxicos para la salud y el ambiente. También contienen un medio conductor de corriente eléctrica, que puede ser un electrodo de carbón o un electrolito a base de hidróxido (de potasio o sodio) y cloruro de sodio, entre otros; por último, contienen plástico, papel y lámina metálica, los cuales son materiales que recubren y protegen la pila. Las pilas también se clasifican con base en su tecnología y sus componentes principales para fines técnicos y comerciales. Las pilas primarias se pueden clasificar en pilas de carbón-zinc, alcalinas, de óxido de mercurio, de zinc-aire, dióxido de plata o de litio. Por otra parte, las pilas secundarias pueden clasificarse como pilas de níquel-cadmio, pilas de níquel-hidruro metálico, acumuladores y pequeñas pilas selladas de plomo-ácido y pilas de ion-litio; pueden encontrarse en diversas presentaciones comerciales, las más comunes son las pilas cilíndricas de tamaños AA, AAA, C y D; de prisma cuadrangular se seis y nueve voltios y por último las de botón que se encuentran en varios tamaños.

Indica la diputada que regularmente cuando las pilas ya no sirven, son tiradas a la basura doméstica o a cielo abierto y ahí se derraman o incendian y los contaminantes se van al aire, al agua, al suelo y de regreso a nuestro entorno; convirtiéndose en un residuo tóxico y sus componentes químicos-tóxicos se modifican en el ambiente, volviéndose en algunos casos incluso más tóxicos.

Menciona la proponente que respecto a los daños que ocasiona aunque la Semarnat señala que “no se tienen documentados casos de efectos directos de las pilas sobre la salud humana, sí se cuenta con evidencia de que algunas sustancias que se pueden liberar en el proceso de descomposición de las pilas, pueden causar daños a la salud. Por ejemplo, el metilmercurio (que se produce a partir del mercurio en presencia del agua), puede atravesar la placenta y provocar daños irreversibles en el cerebro de los fetos. En los lactantes, a través de la leche contaminada, puede provocar problemas de retraso en el desarrollo mental, falta de coordinación, ceguera y convulsiones. La exposición al cadmio puede ocasionar daños severos a pulmones, riñones, hígado, aparato digestivo y próstata. El plomo puede dañar los huesos, las articulaciones y el sistema nervioso central y periférico. El níquel es potencialmente carcinógeno y alergénico.” Además de estos efectos, diversos componentes de las pilas provocan otros daños a la salud y al medio ambiente. En la siguiente tabla se señalan los principales daños.

Establece la diputada que por otra parte, la contaminación que las sustancias químicas generan al agua es inimaginable: a) Una pila de mercurio puede contaminar 600 mil litros de agua (relojes y aparatos de sordera); b) Una alcalina puede contaminar 167 mil litros de agua (juguetes, radios, cámaras, etc.); c) Una de óxido de plata puede contaminar 14 mil litros (celulares, computadores y equipos de comunicación); d)Una de zinc-aire puede contaminar 12 mil litros (celulares, computadores y equipos de comunicación); e) Una de carbón-zinc puede contaminar 3 mil litros (juguetes, radios, cámaras, etcétera, casi tienen el uso que las alcalinas, pero es menos común su distribución y venta).

Menciona la legisladora que no obstante, a pesar de que es sabido que causan problemas en la salud y medio ambiente, las pilas primarias son mayormente utilizadas, y se generan miles de residuos anuales. Según el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos 2012, se estima que entre 2006 y 2012 se generaron en el país en promedio anualmente cerca de 34 122 toneladas de pilas, es decir, aproximadamente 1 534 millones de piezas. Esto significa que, considerando la población de 112 millones 336 mil 538 habitantes reportada por el Inegi en el Censo de Población y Vivienda 2010, cada habitante del país genera en promedio al año el equivalente a 307 gramos de pilas. Del total de pilas generado en el periodo, el 74.07 por ciento correspondió a pilas de zinc, 19.03 por ciento a pilas alcalinas, 6.22 por ciento a pilas de litio y el restante 0.68 por ciento a pilas de óxido de mercurio, zinc-aire y óxido de plata. Tal como se aprecia en las siguientes gráficas:

Confirma la diputada que como puede apreciar, se generan toneladas excesivas de residuos de pilas, las cuales tienen una errónea recolección, traslado, tratamiento, y disposición final, ya que como se mencionó, la mayor parte de residuos son depositados en la basura doméstica y no tienen un manejo especial adecuado. Respecto a la prevención y gestión integral de los residuos, el artículo 26 de la mencionada ley señala que “Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con la Federación, deberán elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, de conformidad con esta Ley, con el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos y demás disposiciones aplicables...” y considerando que “generalmente, las pilas son arrojadas junto con el resto de los residuos domiciliarios en tiraderos a cielo abierto, rellenos sanitarios, terrenos baldíos o cauces de agua, que cuando sus cubiertas se corroen, ya sea por sus componentes internos o por factores externos, tales como la lluvia, los cambios de temperatura y el proceso de descomposición de la basura puede producirse el derrame de los electrolitos internos, liberándose entonces diversas sustancias, como los metales pesados (mercurio, níquel, cadmio y litio) que pueden contaminar el suelo y el agua”; que hay escasos depósitos para la recolección de pilas en lugares públicos; que el proceso de descomposición de las pilas causa daños en la salud y el medio ambiente y que tiendas departamentales han llevado a cabo acciones para separar, recuperar y valorizar diversas corrientes de residuos las cuales han resultado factibles pero poco accesibles a toda la población, se estima necesario que las entidades federativas y los municipios lleven a cabo acciones urgentes por medio de las cuales se fomente la prevención y gestión integral de las pilas (principalmente primarias) mediante campañas informativas acerca de los riesgos que implican para la salud al no disponer adecuadamente de las pilas que ya no tienen usos.

III. Consideraciones

Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora reconocemos la importancia del planteamiento del diputado proponente y coincidimos en la propuesta de exhortar a la autoridad

Estimamos importante señalar, que México ocupa un lugar destacado en el concierto internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad  que se refleja en una gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, ríos, lagos, humedales y mares, entre otros.

De acuerdo con las estimaciones publicadas por el Consejo Nacional de Población (Conapio), entre los años 2010-2030 la población del país se incrementará en alrededor de 8 millones de habitantes. Además, para 2030 aproximadamente el 81 por ciento de la población total del país se asentará en localidades urbanas.

Ahora bien, de acuerdo con la información sustentada por la Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la gestión sobre la biodiversidad se refiere al desarrollo de acciones encaminadas a la conservación, manejo y uso sustentable de recursos biológicos, genéticos y de los ecosistemas, por lo que en México existen instrumentos de política ambiental que fomentan la conservación de la biodiversidad y el uso y manejo sustentable de los recursos naturales; el modelo de desarrollo territorial en zonas biodiversas se propone como un instrumento de política transversal que revalore los diversos recursos naturales, sociales y económicos con que cuentan las comunidades.

Es importante mencionar que México necesita incorporar en sus políticas públicas, ordenamientos progresivos y eficaces para la recolección y confinamiento respecto de los residuos sólidos urbanos de los materiales que requieren de un manejo o inclusive considerado como residuo peligroso; para el caso de las baterías o pilas, son dispositivos que transforman la energía química en energía eléctrica y que por su agotamiento se encuentran fuera de uso, por lo que es necesario impulsar procesos puntuales que sean compatibles con la conservación de la biodiversidad, que permitan reducir los pasivos ambientales en la riqueza biológica del país.

De acuerdo con los criterios de la Semarnat en los mecanismos de gestión integral de los residuos indican que: El proceso de desarrollo que se ha presentado en México a partir de la segunda mitad del siglo XX ha derivado en un importante crecimiento económico, que ha estado acompañado de un rápido proceso de urbanización, de una dinámica de industrialización y del crecimiento del sector servicios. Estos beneficios del crecimiento económico han estado asociados con una creciente demanda de materias primas y de bienes y servicios, así como de mayores niveles de consumo de la población. Asimismo, este crecimiento también ha generado una serie de problemas tales como el incremento en la generación y la gestión inadecuada de los residuos. Se estima que en México, cada habitante genera alrededor de 900 gramos. De residuos al día, generación que va desde 400 gramos, en zonas rurales, hasta cerca de 1.5 kilogramos en zonas metropolitanas. De esta forma, se calcula que en el país se producen cerca de 100 mil 800 toneladas de “basura” al día, lo que significa cerca de 37 millones de toneladas de residuos al año.

En la composición de estos residuos, se estima que el 53 por ciento son residuos orgánicos biodegradables, 14 por ciento papel y cartón, 6 por ciento vidrio, 4 por ciento plásticos, 3 por ciento metales y 1 por ciento textiles, mientras que el restante (19 por ciento) corresponde a otro tipo de materiales. Sin embargo, a pesar de las posibles ventajas económicas y ambientales que representaría la recuperación de estos materiales, se estima que sólo se recupera para su comercialización entre el 10 y el 12 por ciento del total generado y desafortunadamente, en la mayoría de los casos, los residuos se convierten en “basura” debido a que estos se disponen mezclados en el mismo contenedor o en un mismo sitio con la correspondiente dificultad para su debida recuperación.

De este modo, la gestión integral de los residuos, que desde luego incluye la separación desde la fuente, representa un importante potencial para la obtención de materiales susceptibles de aprovechamiento en nuevos procesos productivos o para la generación de nuevos productos, con la consiguiente generación de actividades económicas, de nuevas empresas, ingresos y empleos formales que tanto requiere nuestro país, mientras que la inadecuada gestión de los residuos puede representar importantes riesgos para la salud de la población y de los ecosistemas.

Derivado de lo anterior y considerando los problemas que enfrentamos en México relacionados con la generación y manejo de la “basura”, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ha implementado diversos programas como por ejemplo el “Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR).

Este programa tiene como objetivo “establecer una política ambiental de residuos basada en la promoción de cambios en los modelos de consumo y producción, que fomenten la prevención y gestión integral de los residuos a través de acciones para la prevención y minimización de la generación, la separación de residuos en la fuente, la reutilización y reciclado, la valorización material y energética, hasta la disposición final de los residuos como última opción, todo lo anterior mediante sistemas de gestión integral y esquemas de responsabilidad compartida pero diferenciada de los diferentes sectores de la sociedad, con acciones ambientalmente adecuadas, técnicamente factibles, económicamente viables y socialmente aceptables”.

Como objetivos específicos, el PNPGIR pretende: lograr la participación activa de todos los sectores de la sociedad en la reducción de la generación, la separación en la fuente y el manejo ambiental de los residuos, mediante la capacitación y la educación ambiental; la reducción de la cantidad de residuos que se destinan a disposición final llevando a cabo la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la valorización y la recuperación energética, bajo el principio de las 3Rs (reducir, reutilizar y reciclar); e integrar las iniciativas de la sociedad civil, de las empresas y de los diferentes sectores de la sociedad, con la acción de los distintos órdenes de gobierno, a fin de generar las sinergias que permitan mejores resultados en la gestión integral de los residuos.

De esta forma, con base en los objetivos establecidos en el PNPGIR y con la finalidad de contribuir a la participación informada de la sociedad civil en la atención de la problemática de los residuos en México, la Semarnat, a través de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental, elabora este Directorio de Centros de Acopio de Materiales Provenientes de Residuos en México 2010, con el fin de proporcionar al público en general información relevante sobre el adecuado manejo de los materiales que consumimos y desechamos, así como también sobre las formas de separarlos, manejarlos y disponerlos debidamente, auxiliando esta labor con un listado de centros de acopio y de recicladores de diferentes materiales en México, con la intención de fomentar una nueva cultura de consumo y del adecuado manejo de los residuos en nuestro país.

En particular con residuos riesgosos como las pilas las cuales requieren de programas específicos y bien planteados con la sinergia de los gobiernos estatales y los municipales, a efecto de crear concienciación entre la población y disminuir los daños ambientales principalmente en los suelos y los acuíferos; a continuación se amplía los conceptos de las características de las pilas:

Pilas y baterías

• Las pilas son dispositivos que transforman energía química en energía eléctrica. Contienen uno o dos metales y carbón que forman un polo positivo y uno negativo, entre los cuales ocurren reacciones químicas que producen un movimiento de electrones produciendo así energía eléctrica.

• Algunas pilas pueden recargarse, tal es el caso de las pilas recargables.

• Una forma adecuada de reducir la generación de residuos de pilas es utilizar las del tipo recargable.

• Los residuos de pilas pueden caracterizarse como: residuos sólidos urbanos o como residuos peligrosos, según su composición:

• De acuerdo con la regulación ambiental vigente y aplicable a nivel federal, las pilas que se convierten en residuos peligrosos son: las de óxido de mercurio (Zn-HgO) y las de níquel-cadmio (Ni-Cd), con base a lo dispuesto en la fracción V del artículo 31 de la LGPGIR; y las de zinc-óxido de plata (Zn-Ag2O), con base en el listado 5 de la NOM-052-Semarnat-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos

• Las pilas pueden considerarse una fuente de materias primas secundarias. Entre los metales que pueden ser recuperados se encuentran el níquel, el cobalto y la plata. Con una correcta gestión, además de recuperar materiales valiosos, se pueden separar distintas materias que están presentes en las pilas, tales como ácidos y sales, evitando daños de estas sustancias al ambiente.

Residuos de manejo especial

Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de

Residuos sólidos urbanos.

Residuos peligrosos

Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, Recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta ley.

Es importante señalar que la biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas, debido a las distintas actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que debemos conjugar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Por lo anterior expuesto y fundado, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sometemos a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de la federación, las entidades federativas y los municipios, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen y ejecuten los programas de acciones permanentes tendentes a fomentar la gestión integral de las pilas o baterías cuya vida útil ha concluido, a fin de disminuir los daños a la salud y el deterioro al medio ambiente provocados por estos residuos de manejo especial y residuos peligrosos.

Notas:

1 INECC, Semarnat. (2012).Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos. México. 2013. Página 11.

2 DOF. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. México, 2014.

3 Madre Tierra., Revista virtual. Número 1, Año 1.Noviembre y Diciembre de 2009. Extraído de http://www.mexicodiplomatico.org/madre_tierra/0001.pdf, agosto 2014.pp.2-3.

4 Gavilán A., Rojas L. & Barrera J. (2009). Las pilas en México: un diagnóstico ambiental. México: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Página 5.

5 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2012). “La problemática de las pilas” en Capítulo 7, Residuos. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2012. México. Páginas 335-336.

6 Madre Tierra., Revista virtual. Número 1, Año 1.Noviembre y Diciembre de 2009. Extraído de: http://www.mexicodiplomatico.org/madre_tierra/0001.pdf, agosto 2014.pp.2-3.

7 Ibídem. INECC, Semarnat (2012). Páginas 85-86.

8 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2012). “La problemática de las pilas” en Capítulo 7 Residuos. Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2012. México. p.335.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

AFECTACIONES PROVOCADAS POR LA CONTAMINACION DE LAS FUENTES DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSI

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de los gobiernos federal y de San Luis Potosí a ejecutar las acciones necesarias para la pronta atención, mitigación y resarcimiento de las afectaciones provocadas por la contaminación de las fuentes de agua potable en la capital de ese estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales le fue turnada para dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal y del gobierno de San Luis Potosí, a  ejecutar las acciones necesarias para la pronta atención, mitigación y resarcimiento de las afectaciones provocadas por la contaminación de las fuentes de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí, presentada por los diputados Francisco Antonio Durazo Montaño y Luisa María Alcalde Luján, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, numeral 1, fracción VI; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ese Honorable Pleno, el proyecto de dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal y del gobierno de San Luis Potosí, a  ejecutar las acciones necesarias para la pronta atención, mitigación y resarcimiento de las afectaciones provocadas por la contaminación de las fuentes de agua potable de la Ciudad de San Luis Potosí, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

1.en sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 30 de octubre de 2014, los diputados Francisco Alfonso Durazo Montaño y Luisa María Alcalde Luján, presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del gobierno federal y del gobierno de San Luis Potosí, a  ejecutar las acciones necesarias para la pronta atención, mitigación y resarcimiento de las afectaciones provocadas por la contaminación de las fuentes de agua potable de la Ciudad de San Luis Potosí.

2.En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, dictó el trámite siguiente: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Las diputadas y los diputados integrantes de la comisión dictaminadora, una vez analizada la Proposición objeto del presente dictamen, exponemos el siguiente

II. Contenido de la proposición

Los proponentes señalan que el papel del oro en la economía mundial pasó de ser un respaldo monetario a convertirse en un producto primario y después, en una cobertura de riesgo cambiario, en virtud de que se ha acumulado deuda en importantes balances soberanos, agudizando las disparidades mundiales en las tasas de ahorro.

Refieren que la proliferación de instrumentos financieros ha propiciado el crecimiento de la demanda real del metal, y que la exposición en mercados de futuros contribuye al impulso a la demanda de cobertura real, elevando los precios nominales del oro a niveles sin precedentes.

Sostienen que la minería aurífera es ineficiente, ya que en comparación con otros ramos de la industria minero metalúrgica, produce un mayor nivel de desechos procesados por unidad de producto refinado.

Señalan que las escalas de explotación se determinan por la cantidad de mineral procesado, el rendimiento neto de la fundición, los ingresos generados, el nivel y tipo de tecnología, el número de empleados y la estructura de la empresa, entre otros. Mencionan que en base a los referidos atributos,  las explotaciones se identifican  en tres o cuatro escalas naturales de explotación, y enfatizan en lo adecuado que resulta clasificar las explotaciones en pequeñas, medianas y grandes, para diferenciar la mayoría de las repercusiones y beneficios ambientales y sociales.

Refieren que en 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, la compañía minera canadiense “Metallica Resources Inc.” Inició el proyecto de explotación en el Cerro de San Pedro, en el Estado de San Luis Potosí.

Señalan que el Cerro de San Pedro representa un sitio de gran importancia histórica, ligado a la fundación de la entidad federativa y la ciudad de San Luis Potosí, además de estar integrado en la conformación del escudo de armas estatal; de ahí, los primeros esfuerzos por detener la referida explotación minera, los encabezó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en 1995.

Afirman que desde 1996, la Compañía Minera San Xavier, obtuvo los permisos federales para la explotación minera del Cerro de San Pedro, lo que dio origen a la extracción de oro a gran escala.

Los proponentes exponen que la minería a cielo abierto requiere un proceso de lixiviación en pilas que utiliza cianuro de sodio como reactivo para separar el oro, así como grandes volúmenes de agua que se traducen en elevadas descargas de aguas contaminadas y jales de mineral. Dado el fuerte impacto ambiental que generan, la realización, supervisión y dirección de las operaciones están a cargo de profesionales capacitados que deben realizar la evaluación de impactos ambientales y sociales, obtener los permisos correspondientes y contar con planes de gestión y operación.

Prevén la necesidad de que las autoridades en la materia asuman su responsabilidad de establecer y hacer cumplir la normatividad apropiada para que con medidas preventivas se evite en lo posible, la aplicación de correctivos mayores.

Señalan que las explotaciones a mediana y gran escala con minerales polimetálicos son fuentes principales de la contaminación por metales pesados, debido comúnmente al manejo inadecuado de los efluentes de las colas de minerales sulfurosos; en particular, destacan al mercurio como el metal pesado contaminante más crítico en la minería aurífera en Latinoamérica.

Refieren que en la minería aurífera, el mercurio es liberado por las dos vías primarias siguientes:

- Como descarga a los cuerpos de agua dulce, y

- Como emisiones en forma de vapor a la atmósfera, durante la fase del refinado último, cuando el mercurio se quema para obtener la esponja de oro.

Apuntan que ambas vías de contaminación, aunadas al legado histórico del uso del mercurio en la región, pueden auxiliar en la explicación del porqué con diversos estudios se han encontrado altos niveles de mercurio en cuerpos de agua no afectados directamente.

Admiten que el mercurio elemental en la columna de agua tiene un proceso de oxidación y metilación que absorben el plancton y las plantas; proceso por el cual, el mercurio se extiende a toda estructura nutritiva de los sistemas de agua dulce afectados.

Sostienen que la mayoría de los estudios demuestran que las especies que se alimentan  de otros peces o bentos están más contaminados que los que los que se nutren de plantas o son omnívoros, y que la cantidad de mercurio aumenta en proporción a la longitud y peso del pez.

Refieren que en el caso específico de Minera San Xavier, la afectación directa a los cuerpos de agua potable que surten de agua potable a la Ciudad de San Luis Potosí y comunidades aledañas, impacto al que se suma el generado en materia de la deforestación que incide en la incapacidad de recarga de los mantos acuíferos de la zona.

Reconocen desconcertantes los elevados niveles de mercurio encontrados en personas de la región cuyo sustento depende de los sistemas de agua dulce contaminados.

Finalmente, los proponentes manifiestan que la resolución contra la Minera San Xavier, emitida el 23 de noviembre de 2013, fue notificada a Pro San Luis Ecológico A.C., hasta el 19 de septiembre de 2014; por ello, mencionan que el proceder irregular de las autoridades no es privativo de una entidad federativa, aludiendo los hechos suscitados el 6 de agosto del presente año, consistentes en el derrame de 40 mil metros cúbicos de solución de ácido sulfúrico de la mina  a los afluentes del Río Bacanuchi y, posteriormente al Río Sonora, con afectación a ocho municipios del Estado de Sonora.

En virtud de que los hechos planteados no han sido sancionados cabalmente, ni remediadas las demandas de miles de afectados, los proponentes plantean la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en el marco de sus responsabilidades y en coordinación con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, dirija las acciones necesarias para la remediación de la contaminación del acuífero del valle y ciudad de San Luis Potosí, generado por las actividades de la empresa Minera San Xavier, SA de CV.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación, para deslindar responsabilidades por la presumible actuación irregular de autoridades que permitió operar a la empresa Minera San Xavier, SA de CV, a pesar de los diversos reclamos sobre la contaminación e impacto ambiental derivados de las actividades de dicha empresa minera.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que establezca las acciones necesarias para salvaguardar la salud de las personas en riesgo por la contaminación del acuífero del Valle y Ciudad de San Luis Potosí, generado por las actividades de la Minera San Xavier, S.A. de C.V.

Una vez analizado el contenido de la proposición objeto del presente dictamen, quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, expresamos las siguientes:

III. Consideraciones

Desde luego, estamos de acuerdo en el reconocimiento de la importancia del oro y el evolutivo e importante desempeño que el metal precioso ha experimentado en los medios económico y financiero mundiales.

Estimamos que la eficiencia de la minería aurífera debe medirse, no por el nivel de desechos procesados, por cada unidad de producto refinado, sino por la cantidad de producto refinado y el precio del oro en el mercado.

Reconocemos válidos los atributos básicos en que los proponentes soportan la identificación de las tres escalas necesarias para identificar las dimensiones de las explotaciones minero auríferas, para discernir sobre las repercusiones y beneficios ambientales y sociales que tales explotaciones generan.

Reconocemos que, como toda actividad regulada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, particularmente por su Artículo 28, la empresa minera debe contar con los permisos, planes y proyectos de gestión y operación, así como cumplir las condiciones establecidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el procedimiento de la evaluación del impacto ambiental, a las cuales se sujetan las actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas,  a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente; además, contar con los permisos correspondientes previstos en otros ordenamientos legales.

Coincidimos en que la minería a cielo abierto requiere un proceso de lixiviación en pilas que utiliza cianuro de sodio como reactivo para separar el oro, así como grandes volúmenes de agua que se traducen en elevadas descargas de aguas contaminadas y jales de mineral. Dado el fuerte impacto ambiental que generan; la realización, supervisión y dirección de las operaciones deben encargarse a profesionales capacitados que deben realizar la evaluación de los impactos ambientales y sociales.

En virtud de que los metales pesados son la principal fuente de contaminación, reconocemos en el mercurio al agente contaminante más crítico en la actividad minera de extracción de oro.

En coincidencia con los proponentes, reconocemos que el mercurio es liberado por dos vías primarias, y que ambas vías, además de generar sus efectos dañinos en las áreas de su incidencia directa, de manera indirecta también infligen efectos nocivos al medio ambiente y los recursos naturales; sobre todo, en cuerpos de agua receptores de los escurrimientos en los que se descargan directamente los desechos industriales.

Coincidimos en el reconocimiento de que las especies que se alimentan con otros peces o bentos, están más contaminados que los que los que se nutren de plantas o son omnívoros; además, la cantidad de mercurio de cada espécimen, aumenta en proporción a la longitud y peso del mismo.

En efecto, estimamos que la contaminación directa a los cuerpos de agua y la deforestación generada por el mismo concepto, redundan negativamente en la capacidad de  recarga de los mantos acuíferos de la zona de que se trate (aguas subterráneas).

Reconocemos con los proponentes, que los hechos planteados en la Proposición que nos ocupa, no han sido debidamente analizados y sancionados, ni atendidas y subsanadas cabalmente las necesidades y demandas inherentes de la población afectada.

No obstante las anteriores consideraciones, y con independencia de la procedencia material del exhorto que se plantea, estimamos preciso reflexionar sobre las autoridades destinatarias del mismo, pues en cada uno de los tres órdenes de gobierno, la distribución de competencias entre sus diversas dependencias, permite remitir la excitativa a la autoridad competente subordinada al titular del orden de gobierno de que se trate y, en consecuencia, los titulares de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o de los municipios, podrán atender el requerimiento de la Cámara de Diputados, a través de las dependencias, órganos desconcentrados u organismos descentralizados con atribuciones legales en la materia del propio exhorto.

Finalmente, consideramos necesario que ante la falta de observancia de la legislación correspondiente, es preciso que las autoridades federales hagan la revisión puntual de las actividades mineras que se desarrollan en el área del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, para determinar las presuntas irregularidades en la actividad minera, particularmente la realizada para la explotación de minas de oro, y en su caso promover los procesos judiciales federales, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y los que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Estimamos se deben impulsar todos los mecanismos legales previstos en nuestra legislación, para obligar a quienes con su actividad generen daño ambiental y/o daño patrimonial, a reencausar sus actividades hacia la sustentabilidad.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenta a la consideración del Honorable pleno de la Cámara de Diputados, dictamen con proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Economía y de la Comisión Nacional del Agua; en coordinación con el gobierno del estado de San Luis Potosí, por conducto de la Comisión Estatal del Agua, y con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través del Consejo Estatal Hidráulico y el Consejo Técnico Consultivo, a que emprendan las acciones necesarias para la remediación de la contaminación del acuífero del valle y ciudad de San Luis Potosí, generado por las actividades de la empresa Minera San Xavier, SA de CV.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de la Función Pública inicie una investigación que propicie el deslinde de responsabilidades por las presuntas irregularidades de autoridades que han permitido operar a la empresa Minera San Xavier, SA de CV, a pesar de conocer los diversos reclamos sociales sobre la contaminación e impacto ambiental adversos, derivados de las actividades de dicha empresa minera.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos federal; del estado de San Luis Potosí, y del municipio de San Luis Potosí, para que implementen las acciones necesarias para salvaguardar la salud de las personas en riesgo por la contaminación del acuífero del valle y ciudad de San Luis Potosí, generado por las actividades de la Minera San Xavier, SA de CV.

Cuarto.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar las acciones de inspección sobre las actividades industriales realizadas en las minas del cerro de San Pedro en el estado de San Luis Potosí, y en su caso, encausar los procesos o procedimientos legales que correspondan de conformidad con las disposiciones relativas de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios, secretarios; Ricardo Astudillo Suárez (rúbrica), Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta, Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada, Ignacio Mestas Gallardo, Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

RECONOCIMIENTO A LOS JOVENES QUE OBTUVIERON DIVERSAS PRESEAS EN EL CAMPEONATO MUNDIAL JUVENIL DE CLAVADOS 2014, CELEBRADO EN RUSIA

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados extiende su reconocimiento a los atletas que obtuvieron preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados de 2014, celebrado en Rusia

Honorable Asamblea:

La Comisión Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 25 de septiembre de 2014, el diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara de Diputados, a través de la cual esta soberanía externa una felicitación a los jóvenes deportistas que obtuvieron presea en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2014, celebrado en Rusia.

2. El 26 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva turnó a la Comisión del Deporte para efectos de análisis y dictamen, el asunto mencionado en el numeral anterior, con número de expediente 5029, a través del oficio número DGPL 62-II-2-1582, de fecha 25 de septiembre de 2014.

II. Contenido de la proposición

1. El promovente sostiene que México siempre se ha caracterizado por formar grandes deportistas, mismos que han puesto en alto su nombre y el de nuestro país a nivel internacional, tales son los casos de Hugo Sánchez, Julio César Chávez, Fernando Valenzuela, Rafael Márquez, Lorena Ochoa, Joaquín Capilla, Raúl Ramírez, Rubén Olivares, Soraya Jiménez y la ahora senadora Ana Gabriela Guevara, por mencionar sólo algunos.

Cada uno de los deportistas mencionados realizó un trabajo duro y constante, para sobresalir en cada una de sus disciplinas, valiéndoles ello medallas y premios en diversos campeonatos nacionales y mundiales o juegos olímpicos.

2. Asimismo, el diputado Valdés manifiesta que el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados que se llevó a cabo este año en Rusia fue una prueba en la que se requirió de entrenamiento arduo y concentración perfecta para poder triunfar, tal como lo hicieron tres jóvenes deportistas mexicanos, quienes lograron obtener diversas preseas: Dolores Hernández Monzón, Rodrigo Diego López, y Adán Zúñiga Ornelas.

La atleta mexicana Dolores Hernández logró obtener el 11 de septiembre la medalla de bronce en la prueba de tres metros trampolín. Oriunda del estado de Veracruz, la deportista consiguió 450.35 puntos, tan sólo por debajo de la china Chunting Wu y la rusa María Palyakova.

Por su parte, los jóvenes clavadistas Rodrigo Diego y Adán Zúñiga ganaron el miércoles 10 de septiembre la medalla de oro en la prueba sincronizada de trampolín de 3 metros, al sumar 329.61 puntos siendo constantes en sus cinco clavados finales, quedándose así con el título mundial.

De forma individual, Rodrigo Diego consiguió el 12 de septiembre la medalla de plata tras sumar 511.25 puntos en la prueba de trampolín un metro individual. Es gracias a este triunfo que se convierte en el mejor clavadista juvenil del país al conseguir su sexta medalla internacional del año, el oro conseguido en el Preolímpico de Guadalajara, las dos preseas obtenidas en Juegos Olímpicos de la Juventud en agosto (plata y bronce) y tres en este Mundial de Rusia (oro, plata y bronce).

3. En tal virtud, el promovente considera que estos logros demuestran la capacidad de los jóvenes mexicanos, quienes se esfuerzan en alcanzar sus metas y entrenan diariamente en sus diversas ramas, manifestando que se pueden lograr los sueños gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los mexicanos.

Tal como lo señaló el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto el pasado 6 de agosto, “ustedes (los jóvenes deportistas) son un claro ejemplo de la grandeza y el potencial que hay en nuestro país y que tiene cada mexicano, gracias a su esfuerzo, disciplina y constancia se han ganado el alto honor de representar a México en una justa internacional, ustedes representan a un nuevo México, más moderno, competitivo y exitoso, un país que está en ascenso, que trabaja para ser mejor cada día, porque está decidido a ser una nación protagonista, que con el esfuerzo y determinación de cada uno de sus hijos construye una renovada historia de éxito”.

Los logros de las y los jóvenes promesas clavadistas merecen que el Estado mexicano los reconozca y los aliente, para que cada uno logre sus metas.

4. En este orden de ideas, el diputado Juan Antonio Valdés Palazuelos presenta la proposición objeto del presente dictamen en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión extiende una felicitación a los atletas Dolores Hernández, Adán Zúñiga y Rodrigo Diego, tras obtener diversas preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2014, celebrado en Rusia.

III. Análisis, discusión y valoración de la proposición

a) Las y los integrantes de la Comisión de Deporte se dieron a la tarea de analizar y discutir las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen, en la reunión ordinaria realizada para tal finalidad.

b) En este tenor, la Comisión de Deporte coincide con el promovente en el sentido de que nuestro país, siempre se ha caracterizado por formar grandes deportistas, que han puesto en alto su nombre y el de nuestro país a nivel internacional.

c) El desarrollo de actividades físicas ya sea por distracción, educación o pasatiempo, es en la actualidad un fenómeno sociocultural y educativo, que gracias al apoyo de la tecnología, actualmente tienen influencia en todo el planeta, es por ello que la destacada participación de los atletas mexicanos es conocida al momento de llevarse a cabo las competencias y al mismo tiempo impulsan a otros jóvenes al desarrollo de actividades físicas que les representen estilos de vida más saludables.

d) La práctica del deporte es un elemento esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos; en el caso de las y los adolescentes, representa un elemento esencial para su sano desarrollo. No sólo ayudará al fortalecimiento de su organismo que es tan importante en esta etapa, también se constituye en un factor de prevención de adicciones y conductas violentas.

e) Las y los jóvenes deportistas mexicanos, siempre han destacado por su compromiso y disciplina en competencias tanto de carácter nacional, como internacional; lo cual posiciona a México como un país que trabaja unido y en torno a metas concretas en materia de deporte, esto permite obtener buenos resultados y atraer a más jóvenes que encuentran en el deporte una filosofía de vida basada en hábitos y valores que les representa un elevado nivel de desarrollo humano.

IV. Modificaciones de la comisión dictaminadora

Las y los integrantes de la Comisión de Deporte consideraron pertinente que resulta necesario felicitar y reconocer el esfuerzo que las y los atletas realizan al momento de competir en sus disciplinas; ya que su disciplina y compromiso promueve y difunde valores en torno a la realización de la actividad física y el deporte en la sociedad.

No obstante lo anterior, se consideró necesario modificar el punto resolutivo único de la proposición original; a efecto de que aparezcan los nombres completos de las y los atletas  que obtuvieron preseas en esta importante competencia internacional, ya que en la proposición original sólo fueron escritos con apellidos paternos.

Por las consideraciones expuestas, las y los integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión extiende una felicitación a los atletas Dolores Hernández Monzón, Adán Emidio Zúñiga Ornelas y Rodrigo Diego López, tras obtener diversas preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados 2014, celebrado en Rusia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2014.

La Comisión de Deporte, diputados:Felipe de Jesús Muñoz Kapamas, presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Flor de María Pedraza Aguilera, Gabriela Medrano Galindo, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, secretarios; Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega, Eligio Cuitláhuac González Farías, Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Rosa Elia Romero Guzmán, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquense.Continúe la Secretaría.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Elvia María Pérez Escalante, diputada a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

Los derechos humanos de las personas adultas mayores y personas con discapacidad se encuentran tutelados por el artículo 1º Constitucional y los tratados internacionales suscritos por México.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del año 2002, precisa que su objeto consiste en garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de la política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores y los principios, objetivos, programas, responsabilidades, instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional.

Pero, dicha ley es omisa en lo relativo a la expedición del reglamento que facilite y complemente lo necesario en la esfera administrativa del Poder Ejecutivo Federal, para su exacta observancia, motivo por el cual consideramos que necesario someter a la aprobación de esta soberanía, la presente iniciativa de reforma.

Argumentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México con arreglo a la Carta Magna, tutelan y protegen los derechos humanos de las personas adultas mayores.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Como puede observarse, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, quedando prohibida toda discriminación motivada por la edad o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o el menoscabo de los derechos y libertades de las personas, lo que comprende a las personas adultas mayores.

Por su parte la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo 1º establece lo siguiente:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

I. La política pública nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública nacional, y

III. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Enseguida, el artículo 2o. establece:

Artículo 2o. La aplicación y seguimiento de esta Ley, corresponde a:

“I. El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la Administración Pública, así como las Entidades Federativas, los Municipios, los Órganos Desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción;

II. La familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables;

III. Los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y

IV. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Luego, en el Título Segundo, se ocupa de los principios y los derechos de las personas adultas mayores.

En cuanto a los derechos, al artículo 5o. establece lo siguiente:

Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran.

c. A una vida libre sin violencia.

d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.

e. A la protección contra toda forma de explotación.

f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.

g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.

II. De la certeza jurídica:

a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados.

b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos.

c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario.

d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia.

III. De la salud, la alimentación y la familia:

a. A tener acceso a los satisfactores necesarios, considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su atención integral.

b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta Ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional.

c. A recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su cuidado personal.

Las familias tendrán derecho a recibir el apoyo subsidiario de las instituciones públicas para el cuidado y atención de las personas adultas mayores.

IV. De la educación:

a. A recibir de manera preferente el derecho a la educación que señala el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 17 de esta Ley.

b. Las instituciones educativas, públicas y privadas, deberán incluir en sus planes y programas los conocimientos relacionados con las personas adultas mayores; asimismo los libros de texto gratuitos y todo material educativo autorizado y supervisado por la Secretaría de Educación Pública, incorporarán información actualizada sobre el tema del envejecimiento y las personas adultas mayores.

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.

VI. De la asistencia social:

a. A ser sujetos de programas de asistencia social en caso de desempleo, discapacidad o pérdida de sus medios de subsistencia.

b. A ser sujetos de programas para contar con una vivienda digna y adaptada a sus necesidades.

c. A ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención integral, si se encuentran en situación de riesgo o desamparo.

VII. De la participación:

a. A participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio.

b. De asociarse y conformar organizaciones de personas adultas mayores para promover su desarrollo e incidir en las acciones dirigidas a este sector.

c. A participar en los procesos productivos, de educación y capacitación de su comunidad.

d. A participar en la vida cultural, deportiva y recreativa de su comunidad.

e. A formar parte de los diversos órganos de representación y consulta ciudadana.

VIII. De la denuncia popular:

Toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o sociedades, podrán denunciar ante los órganos competentes, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daño o afectación a los derechos y garantías que establece la presente Ley, o que contravenga cualquier otra de sus disposiciones o de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con las personas adultas mayores.

IX. Del acceso a los Servicios:

a. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público.

b. Los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado.

c. A contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros.”

De lo que se advierte, con meridiana claridad, la pertinencia de que el Ejecutivo Federal, expida el reglamento de esta Ley, con fundamento en su facultad reglamentaria que establece al artículo 89 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular, determinar y precisar la coordinación interinstitucional necesaria y en materia de transversalidad, proveyendo en la esfera administrativa a la exacta observancia de esta Ley

En el artículo 89 fracción I de la Carta Magna, se establece:

“Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.”

Más adelante, en el Título Tercero, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece los deberes del estado, la sociedad y la familia.

Y en el Título Cuarto se ocupa de la política pública nacional de las personas adultas mayores, cuyo capítulo II, a su vez se ocupa de la concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios.

De lo dispuesto en los títulos tercero y cuarto antes citados, es dable advertir que evidencian la conveniencia, pertinencia, necesidad y procedencia de la expedición de un reglamento a esta Ley, por parte del Ejecutivo Federal.

Ahora bien, en cuanto a la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, el doctrinario Gabino Fraga, precisa que el verbo proveer empleado en el artículo 89 constitucional, implica la obligación del Presidente de la República para facilitar la ejecución de las leyes, de forma que dicho precepto sí contiene la facultad de expedir disposiciones que sean el medio adecuado para poder observar la ley.

Por su parte Alfonso Nava Negrete afirma que la Constitución no obliga al presidente de la República a expedir el reglamento, aun cuando exista una ley, pues no hay precepto que así lo establezca.

Dicho autor agrega que queda a juicio del Poder Ejecutivo emitir el reglamento, al margen de que la ley lo necesite o no, para hacer posible o fácil su aplicación.

Añade que no existe procedimiento constitucional para obligar o presionar al presidente de la República para que lo haga, en tanto que es una atribución discrecional, por lo que nadie tiene acción procesal constitucional para obligar al presidente de la República a emitir un reglamento.

Sin embargo, en la jurisprudencia 58/2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el principio de primacía de la ley, derivado de los artículos 89, fracción I y 72, inciso F, de la Constitución Federal, implica la posibilidad de que el Congreso de la Unión establezca plazos específicos en los que el Ejecutivo Federal deba expedir los reglamentos correspondientes a la ley emitida, a fin de proveer a su exacta observancia, siempre que esos plazos sean razonables.

Por tanto, cuando la ley prevé un plazo o da líneas específicas materiales para el ejercicio de la facultad reglamentaria, el presidente de la República no puede elegir si cumple o no con la norma, sino que está obligado a acatar lo ordenado por el legislador, toda vez que la norma le obliga por mandato constitucional y debe cumplirla.

Incluso, se determina que en caso de omisión reglamentaria ello podría ser reclamable por el Congreso de la Unión en controversia constitucional.

Por otra parte, la Jurisprudencia 1a./J.122/2007, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Septiembre de 2007, página 122, a la letra dice:

Facultad reglamentaria del presidente de la República. Principios que la rigen.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas, básicamente, en que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se rige por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El principio de reserva de ley que encuentra su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados (tradicionalmente libertad personal y propiedad), prohíbe que en el reglamento se aborden materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso, como son las relativas a la definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos, mientras que el principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.”

Como puede observarse, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Presidente de la República para expedir normas reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión y el principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida; así como, que si la ley emanada del poder legislativo establece plazo para su expedición, entonces el Ejecutivo Federal está obligado expedir el reglamento correspondiente.

En este orden de ideas, si la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, no obstante haber sido publicada desde el 25 de junio de 2002, carece del reglamento respectivo, esto tiene su explicación en el hecho de que en la ley no se estableció la obligación de ser expedida por el Ejecutivo Federal, quedando entonces sujeta a la facultad discrecional del primer mandatario de la nación.

Por tanto, tomando en cuenta que han transcurrido ya doce años de la fecha en que entró en vigor y que de la propia ley se advierte la pertinencia e incluso la necesidad de que el Ejecutivo Federal expida el reglamento que venga a desarrollar, complementar, pormenorizar y regular la coordinación interinstitucional pertinente y en materia de transversalidad para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de ley, es por lo que someto a la aprobación de esta honorable asamblea la presente iniciativa que adiciona con un segundo párrafo el artículo 11 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 11 de la Mayores Ley de los Derechos de las Personas Adultas, para quedar como sigue:

Artículo 11. ...

Se expedirá el Reglamento para determinar y precisar la coordinación interinstitucional pertinente y en materia de transversalidad, proveyendo en la esfera administrativa a la exacta observancia de esta Ley.

Transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal expedirá el Reglamento de esta ley en un plazo máximo de 180 días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.— Diputados: Elvia María Pérez Escalante, José Luis Flores Méndez (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 15:52 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 10 de diciembre del año 2014 a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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