Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 290 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 11:45 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se dispensa la lectura al orden del día.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 10 de diciembre de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la diputada. Margarita Saldaña Hernández

En relación con retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Economía

Con el que remite el Informe Anual de Desempeño 2014 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Del Congreso del Estado de Tabasco

Con el que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Congreso del Estado de Tamaulipas

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que los congresos estatales legislen en materia de reparación de desaparición forzada.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, y reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos Legales.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Régimen Político y Gobiernos de Coalición.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo.

De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el inciso b) del artículo 80 de la Ley Agraria.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el artículo 112 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto que adiciona la fracción VIII al artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

De la Comisión de Juventud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manriquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Protección de la Familia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo OrtÍz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del Servicio Profesional Nacional Electoral, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 238 y 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

De decreto, para declarar el día 2 de enero de cada año, como “Día Nacional del Municipio Libre”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable para los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Pesqueros, Forestales y Minifundistas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Carlos Augusto Morales López, Jhonatan Jardines Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Interculturalidad, Identidad y Movilidad Humana, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por los diputados José Everardo Nava Gómez y María de la Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Gestión Escolar y, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 29, 34 y 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Erick Marte Rivera Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Tania Margarita Morgan Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 159 y 160 de la Ley de Migración, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General para Prevenir y Atender el Sobrepeso y la Obesidad, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley que Instituye la Beca para Estudiantes de Educación Media Superior y Superior, en Situación de Desventaja Económica, con Retribución al Servicio Comunitario, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 97 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jesús Morales Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González y suscrita por el diputado Heberto Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 35 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 105 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a cargo de la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 23, 24, 25 y 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, suscrita por la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos y de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada Gabriela Medrano Galindo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada Ma. Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 55, 58 y 98 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 3o. y 5o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

De decreto, para otorgar un reconocimiento a los defensores del puerto de Veracruz en el centenario de la gesta heroica de 1914, mediante la colocación de una placa conmemorativa al citado hecho histórico, a cargo del diputado Raúl Santos Galván Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Verónica García Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Adolfo Bonilla Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Teresita de Jesús Borges Pasos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Esther Angélica Martínez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 79 y 83 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 65 bis 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional, Reglamentaria de los artículos 6o. y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Castillo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para ejercer el Derecho de Réplica, a cargo de la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que expide la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Luis Olvera Correa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo del diputado Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 4o. y 12 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 35, 38 y 84 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley de Fomento para la Frontera Norte, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado José Enrique Doger Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y por integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.

Que reforma los artículos 62, 63 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma el artículo 104 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 14 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Oscar Bautista Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo Municipal.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, a cargo de la diputada Areli Madrid Tovilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 149 Ter del Código Penal Federal y, 9o. y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que expide la Ley de Instituciones de Seguridad Pública del Distrito Federal, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo para que el titular de la SCT, explique las razones por las cuales se revocó la Licitación para la construcción del proyecto del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.  Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes nueve de diciembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta diputadas y diputados, a las once horas con veintinueve minutos del martes nueve de diciembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

Por la que comunica que el cinco de diciembre del año en curso recibió del Titular del Ejecutivo Federal iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la Base segunda del artículo cuarenta y uno, y adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo veintiséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada de inmediato a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

En relación con dictámenes negativos de proposiciones con punto de acuerdo de las Comisiones:

– De Asuntos Indígenas:

• Relativo a la liberación de presos políticos indígenas.

• Por el que se exhorta al gobernador y al procurador general de Justicia del Estado de Colima a garantizar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC.

• Que exhorta a distintas dependencias federales a implantar e impulsar programas gubernamentales en favor de proyectos productivos dirigidos a lograr el desarrollo económico de los pueblos indígenas.

• Que exhorta a distintas dependencias federales a tomar medidas referentes a la esterilización forzada o mediante engaños, en perjuicio de mujeres y de hombres indígenas.

• Por el que se exhorta a distintas dependencias federales y al gobierno de Sinaloa a cumplir el Apartado B del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• De Salud, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a modificar la NOM-010-SSA2-2010, “Para la prevención y el control de la infección del virus de inmunodeficiencia humana”, a fin de garantizar el acceso a la prueba y la entrega de resultados de VIH/sida a los jóvenes que lo soliciten con o sin la autorización del padre, la madre, el tutor o el representante legal.

De conformidad con el artículo ciento ochenta, numeral dos, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates, y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

b) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite el calendario mensual del pronóstico de los ingresos de la Federación que se espera obtener en el Ejercicio Fiscal dos mil quince. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por esta Cámara:

• Relativo a ejecutar mecanismos suficientes y eficaces que garanticen, además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Relativo a realizar un estudio sobre el costo-beneficio en materia de sustentabilidad energética, medio ambiental y de salud, por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Relativo a impulsar un proceso democrático y pacífico para la construcción de un reglamento interno y planes de estudio, en donde impere el respeto, la concordia y la negociación con los estudiantes, académicos y demás miembro de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento.

• Relativo a promover el cese permanente del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra la República de Cuba. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

d) De la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para difundir información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

e) Del Congreso del estado de Puebla, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que exhorta a los congresos locales a legislar en materia de desaparición forzada. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

f) De la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática, por la que informa su reincorporación como diputada federal, a partir del ocho de diciembre del presente años. De enterado, comuníquese.

g) Del Congreso del estado de Guanajuato, con la que remite el tercer resolutivo del acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión, a efecto de que se cree una Comisión Especial para dar Seguimiento y Vigilancia a la entrega de pantallas de alta resolución, y con ello inhibir el presunto uso electoral del programa. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

h) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de Decreto:

• Que adiciona la fracción sexta al artículo segundo de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Que reforma y adiciona el artículo catorce de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Reforma Agraria, que reforma el inciso b) del artículo ochenta de la Ley Agraria.

b) De Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.

c) Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Transparencia y Anticorrupción, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Infraestructura por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Vicario Portillo Martínez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen y presentar propuesta de modificación en nombre de la Comisión al diputado Víctor Hugo Velasco Orozco.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

En virtud de que la propuesta de modificación se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se acepta y se incorpora al dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática; Genaro Carreño Muro, del Partido Acción Nacional; y Fernando Alfredo Maldonado Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo;

A las doce horas con treinta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos diecisiete diputadas y diputados.

Francisco Alfonso Durazo Montaño, y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano; y en pro, los diputados Carlos Sánchez Romero, y Mauricio Sahui Rivero, ambos del Partido Revolucionario Institucional; y Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: primero; primero Bis; segundo; veintinueve; treinta y ocho, del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos setenta y siete votos a favor, veintiséis en contra, y siete abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto modificado por la Asamblea.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar diversas propuestas de modificación a los artículos reservados del proyecto de decreto, a las siguientes diputadas y diputados:

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, a los artículos primero, párrafo primero y fracciones segunda y sexta; primero Bis; y segundo, fracción décimo tercera, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Antonio García Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo primero Bis, fracción quinta, que en sendas votaciones económicas se admite a discusión, y se acepta que forme parte del dictamen.

• Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México, al artículo veintinueve, que en sendas votaciones económicas se admite a discusión, y se acepta que forme parte del dictamen.

• Genaro Carreño Muro, del Partido Acción Nacional, al artículo treinta y ocho, que en sendas votaciones económicas se admite a discusión, y se acepta que forme parte del dictamen.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos cincuenta y cinco votos a favor; treinta y cinco en contra; y ocho abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos reservados primero y segundo, en términos del dictamen modificado por la Asamblea; y los artículos primero Bis; veintinueve; y treinta y ocho con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales. Con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita la minuta al Senado de la República, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes o decretos, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

Presidencia de la diputadaMaría Beatriz Zavala Peniche

b) Recursos Hidráulicos, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa.

El Presidente lamenta el fallecimiento de don Silvio Arturo Zavala Vallado, historiador, diplomático y erudito mexicano, e invita a la Asamblea a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en su memoria.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática; y Luis Olvera Correa, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y en pro los diputados Víctor Reymundo Nájera Medina, del Partido de la Revolución Democrática; y Alfonso Inzunza Montoya, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por cuatrocientos tres votos a favor; uno en contra; y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, solicita guardar un minuto de silencio en la memoria del joven estudiante normalista, Alexander Mora Venancio. El Presidente concede dicha solicitud e invita a la Asamblea a ponerse de pie.

c) Seguridad Pública, que reforma el artículo treinta y uno de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado José Guillermo Anaya Llamas. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano; Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Partido Verde Ecologista de México; Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Partido Acción Nacional; y Javier López Zavala, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Se somete a discusión en lo general e intervienen y en pro, los diputados Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y Emilse Miranda Munive, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y uno de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales:

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

• Por el que se reforman los artículos ciento dieciséis y ciento veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de régimen político y gobiernos de coalición.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

d) Justicia, que reforma el artículo setenta y siete de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; y el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Partido Verde Ecologista de México. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos sesenta y siete votos a favor, catorce en contra, y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones de:

a) Derechos de la Niñez:

• Por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los congresos locales, a fin de armonizar su legislación civil en materia de adopción plena.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que emprendan acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

• Por el que la Cámara de Diputados exhorta a las comisiones ordinarias de ésta, observar en todas sus actividades legislativas el uso de las expresiones “niñas, niños y adolescentes o menores de dieciocho años”, para referirse a personas de cero a dieciocho años incumplidos.

b) Pesca, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que emita el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

c) Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Procuraduría General de la República y Comisión Nacional del Agua, conforme a sus atribuciones, implementen las acciones necesarias con respecto a los derrames mineros en los estados de Sonora, Sinaloa, Durango, y San Luis Potosí.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, al Gobernador del estado de Michoacán y al Ayuntamiento del municipio de Morelia, a fin de cancelar definitivamente la construcción del “Libramiento Sur de Morelia”.

• Por los que se exhorta a diversas autoridades del Poder Ejecutivo Federal, con el fin de que se mitiguen las consecuencias ambientales y económicas en el municipio  de Cosalá, Sinaloa, ocasionadas por el derrame de sustancias contaminantes de la Mina Unidad “El Herrero”.

• Por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno para que implementen la creación de mecanismos eficientes que garanticen el acceso a los programas alternativos de movilidad a fin de disminuir las afectaciones de contaminación ambiental y de la salud humana.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que faculte a los gobiernos estatales como responsables de la implementación del plan de manejo de vehículos al final de su vida útil.

• Por el que se exhorta a las entidades federativas y municipios, lleven a cabo programas y acciones permanentes para fomentar la gestión integral de los residuos de manejo especial.

• Por los que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal y del Gobierno del estado de San Luis Potosí, ejecuten las acciones necesarias para la pronta atención, mitigación y resarcimiento de las afectaciones provocadas por la contaminación de las fuentes de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí.

d) Deporte, por el que la Cámara de Diputados extiende su reconocimiento a los jóvenes que obtuvieron diversas preseas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados dos mil catorce, celebrado en Rusia.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que reforma los artículos diecinueve y veinte de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo once de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

• Elvia María Pérez Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Desarrollo Social, del Instituto Nacional de las. Personas Adultas Mayores y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que promuevan y difundan la celebración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través del Servicio de Administración Tributaria, establezca un mecanismo de excepción en el Régimen de Incorporación Fiscal cuando se trate de pequeños comercios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno, realicen los trabajos necesarios para que se dé la transición planteada por el Ejecutivo Federal, en materia de combate a la corrupción. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para investigar y perseguir el asesinato de Erika Cassandra Bravo Caro, ocurrido en el municipio de Uruapan, Michoacán. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María del Carmen García de la Cadena Romero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se condena el asesinato de José Manuel Herrero Arandia y su esposa María Cristina Carvajal Argudín, y se exhorta a las autoridades correspondientes a que den celeridad a las investigaciones que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Enrique Aubry De Castro Palomino, del Partido Verde Ecologista de México, por el que esta Soberanía reconoce las acciones que ha hecho el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de infraestructura aérea, en especial la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a emprender diversas acciones relacionadas con la actuación policial los días ocho y veinte de noviembre en las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México, así como a hacer públicos los pormenores de la renuncia del ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana, miércoles diez de diciembre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y dos minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda ahora la Secretaría poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe, secretario.

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor secretario, permítame. ¿Es con relación al acta?

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde la curul): Es con relación al orden del día.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame nada más que termine con lo del acta el señor secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

Permítame, señor secretario. Se informa a la asamblea que el tablero electrónico norte ha registrado una falla técnica sin que por ello se afecte el funcionamiento del sistema, el registro de asistencia o, en su momento, del registro de votos.

Para suplir la falla temporal, el tablero sur estará mostrando los registros electrónicos de los diputados y diputadas, las 50 y 50 de manera alternada, para su adecuada visualización. Es decir, los que se registraron en el tablero norte estarán siendo también mostrados en el tablero sur y el resultado total.

Señora diputada Martha Lucía Mícher Camarena. Pónganle sonido ahí. No está en su asiento, pero de ahí puede hablar. Señores periodistas, les vamos a pedir si nos ayudan ubicando un lugar adecuado para su trabajo y poder realizar el nuestro.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Gracias, señor presidente. Le quiero decir a usted que el día de hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre en todo el planeta se conmemora este día porque fue precisamente la fecha en que se publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, 10 de diciembre, concluyen también los 16 días de activismo que desde Naciones Unidas nos ha llamado Kofi Annan para eliminar la violencia contra las mujeres.

Quiero decirle que la Comisión de Igualdad de Género ha entregado a las mujeres de ese país y también a los hombres una iniciativa de reformas, de adiciones a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que se ha publicado en Gaceta Parlamentaria y que invitamos a todas las diputadas y diputados que deseen suscribirla, está ahí frente a ustedes en la Mesa Directiva, para que se sumen a este esfuerzo de dos años realizado con las organizaciones de la sociedad civil, con académicas, con expertas y con el trabajo de nuestros asesores y asesoras y de todos los grupos parlamentarios de este Congreso.

Agradezco –diputado– que me dé el uso de la voz, pero también quiero decir que en un día como hoy los derechos humanos cobran mayor vigencia que nada, que nadie. Queremos paz, queremos libertad, queremos dignidad, queremos respeto, para todas y todos y sobre todo para quienes sufren como están sufriendo la desaparición de sus hijos, de sus hijas, de sus familiares en todo el país, especialmente los 42 estudiantes de Ayotzinapa.

No podemos quedarnos callados. Sumaremos los esfuerzos, nos tomaremos de la mano todas y todos los partidos políticos y la voluntad política, para sacar adelante los derechos humanos de todas las personas.

Muchas gracias, señor presidente, y ojalá que se sumen ustedes desde la Mesa Directiva a esta iniciativa de reformas a la Ley General que prometimos desde esta Cámara de Diputados y que se pueden sentir muy orgullosos porque es una pieza importante de derecho para esta ley que lleva siete años de vigencia y que necesitaba una reforma.

Es una iniciativa, es perfectible y en el dictamen serán escuchadas todas las voces. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Sin duda es un tema pertinente y además noble, y estoy seguro que habrá eco en las diputadas y diputados del llamado que usted hace, y queda debidamente registrada su intervención en el Diario de los Debates.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Me pide también la palabra el diputado Fernando Zárate.

El diputado Fernando Zárate Salgado (desde su curul): Gracias presidente por su atención. Quisiera solicitarle su inmediata y urgente participación en lo que voy a narrar y que creo que no afecta solamente a la Cámara de Diputados, sino afecta los derechos y a las garantías más importes de los mexicanos.

Desde hace unos meses he sufrido distintos ataques a la garantía de libertad, a la garantía de libre expresión, a la garantía de información por parte del jefe delegacional en Álvaro Obregón Leonel Luna.

Esta semana está planteado para el sábado mi informe, un derecho constitucional, pero una de las obligaciones más importantes en nuestra República para informar y rendir cuentas a los ciudadanos de lo que los legisladores estamos haciendo.

A partir de este día lunes empezamos a enviar información a todos los ciudadanos de la demarcación Álvaro Obregón, situación que derivó en que el jefe delegacional en Álvaro Obregón enviara a todo y cada uno de su aparato de servicios humanos a retirar la información de las calles.

Con la intención de intermediación con su actitud cavernícola, precaria y que se acerca más bien a las conductas de Abarca, el día de hoy, al sostener compañeros míos solamente mantas para la difusión del informe y del contenido de las obligaciones que yo cumplo como legislador, solicitó la detención de las personas y al momento en el que hablamos están detenidas en el Ministerio Público número 45.

He presentado un punto de acuerdo de manera urgente y obvia que solicito se inscriba en el orden del día para que le podamos dar trámite el día de hoy porque estoy seguro que, como yo, muchos legisladores estamos siendo víctimas del autoritarismo de caciques, peor de lo que nosotros criticamos.

Y en un segundo punto, yo le solicitaría su intervención directa, inmediata y urgente, en los términos del artículo 61 constitucional, ya que tiene que ver con el fuero constitucional.

Y ¿por qué el fuero constitucional, presidente? Porque precisamente ese fuero lo que garantiza es la opinión, una opinión libre, una opinión democrática y, sobre todo, una libre disposición para dar información a nuestros ciudadanos.

El día de hoy y toda esta semana, así como los meses pasados, el jefe delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna, ha violado el fuero constitucional, pretende violar las garantías más importantes democráticas en este país. Le agradezco mucho que pudiera intervenir.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Lo que usted comenta con respecto al punto de acuerdo, esta Presidencia hará cauce a los temas en cuanto sean presentados en el orden del día, con mucho gusto.

Segundo, en cumplimiento en lo que dispone el párrafo segundo del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia realizará lo conducente para velar por el respeto al fuero constitucional de los integrantes de esta Cámara, y queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

También me pidió la palabra el diputado Carlos de Jesús Alejandro...

El diputado Rubén Acosta Montoya (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Está anotado señor diputado Acosta, no se preocupe. Sonido, por favor.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro(desde la curul): Muchas gracias, presidente, en el mismo sentido que la diputada Martha Lucía Mícher. Recordar a esta soberanía y a la nación mexicana que el día de hoy se cumplen 66 años de que fuera adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en una de las Asambleas Generales de la ONU se adoptaron estos 30 artículos sobre los derechos más elementales en esta materia.

Y hoy es importante recordarlo, porque en medio de esta crisis que vive nuestro Estado nacional es importante recordar estos compromisos, tanto para las mujeres, para la niñez, para la ciudadanía en general y hoy más que nunca ante la solidaridad que debemos tener con los 42 normalistas que aún permanecen desaparecidos, violándose flagrantemente sus derechos más elementales, como es a la libertad y a la vida.

Quiero también recordar que el día 22 y 23 de septiembre de este mismo año tuvo lugar en las Naciones Unidas una Asamblea General, una reunión de alto nivel, tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, en ella nos dimos cita más de 2 mil representantes indígenas de todo el mundo, más de 160 jefes de Estado y de nación, y ahí se adoptó una importante declaración, un importante resolutivo, para armonizar nuestras legislaciones nacionales y adecuar nuestro marco jurídico y reconocer los derechos fundamentales y específicos de los pueblos y las comunidades indígenas aún pendiente.

Y aún más, el jefe del Ejecutivo federal, a nombre del Estado mexicano, hizo estos compromisos explícitos y vale la pena recordarlos porque son derechos humanos. Y el artículo 1o. de nuestra Constitución establece que los convenios y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que tiene más de 20 años de vigencia en nuestro país, o como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene más de 7 años en nuestro país son rango constitucional y debemos de armonizar nuestra Constitución.

Ojalá quede presente y que esta soberanía, que tanto decimos en el discurso que tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y con sus derechos elementales, podamos hacer justicia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Queda registrada su intervención debidamente en el Diario de los Debates.

Señoras diputadas, señores diputados, ustedes son testigas y testigos primero de mi absoluto respeto a su libertad de expresar y hacer uso de la palabra en este pleno.

Segundo, soy tolerante por convicción. Solamente les expreso que hay muchas solicitudes de uso de la palabra y ya aprobamos el orden del día, de tal manera que les pido su comprensión por un lado, a la asamblea para que nos permita desahogar las cuatro solicitudes de la palabra que tengo, y a quienes están haciendo uso de la palabra nos permitan inmediatamente después continuar con el orden del día.

Es una solicitud de comprensión como esta Presidencia lo ha sido siempre con los derechos de las diputadas y los diputados en este pleno. Me ha pedido la palabra también el diputado Alfredo Zamora García, de la Fracción Parlamentaria del PAN.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Gracias, presidente.

Para manifestar mi preocupación ante las circunstancias que vive nuestro país. El tema doloroso de Iguala, lo sucedido con los estudiantes normalistas me parece que ha sido un acto terrible que hoy los mexicanos estamos sufriendo y viviendo y que debe ser un acicate para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir.

En ese sentido, me parece que todas las instituciones, los tres niveles de gobierno tienen y tenemos que ser mucho más sensibles a lo que está sucediendo en el país. Por ello, el asunto de que no solamente legislemos, que hagamos leyes para que haya una mayor y mejor convivencia armónica entre los ciudadanos parece que es insuficiente, tenemos que ir más allá, tenemos que ir a vigilar, a cuidar, a supervisar que efectivamente en los hechos estas normas, estas reformas que estamos haciendo en la Cámara de Diputados, en el Senado, se cumplan, porque hay una vasta legislación, una legislación que con ella sería suficiente para que tuviéramos un Estado de derecho que la ciudadanía está reclamando, que la ciudadanía está demandando que se cumpla.

Y en este sentido quiero hacer énfasis en el tema del sistema anticorrupción. Parece que tenemos que entrarle a fondo si queremos mandar una señal real al ciudadano de que hay la voluntad de mejorar este tema. Pero también me preocupa el tema de desaparición de las autoridades municipales, ciertamente hay muchos ayuntamientos que en los hechos hemos visto han sido cooptados por la delincuencia organizada, pero que eso no puede ser pretexto para generalizar las desapariciones.

Nos preocupa porque estamos yendo a un autoritarismo, a un gobierno centralista, al tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Me parece que tenemos que seguir impulsando la democracia, tenemos que seguir impulsando el Estado de derecho.

Ante ello, mi exhorto hacia todos los compañeros y compañeras diputadas para que en esta ruta que la ciudadanía está demandando de Estado de derecho, de autoridades sensibles, que cumplan la ley y la hagan cumplir sin excesos, vayamos a mejorar. Porque ya estamos terminando este periodo que nos ha tocado participar y queremos concluir con leyes que realmente le sirvan al ciudadano y que se cumplan. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Queda registrada su reflexión en el Diario de los Debates.

El diputado Rubén Acosta Montoya(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El señor diputado Rubén Acosta, ¿con qué objeto?

El diputado Rubén Acosta Montoya (desde la curul): Gracias, presidente. Expresarle que nos indigna la situación que platicaba hace un momento el diputado Fernando Zárate, y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México queremos expresarle, independientemente de colores, nuestro total apoyo, incluso, para impulsar que esta Cámara de Diputados investigue por qué se le ha coartado su libertad de expresión, nos unimos a ese problema y con gusto al de cualquier otro diputado que esté sufriendo algún problema de esa naturaleza.

Expreso de nuevo que es indignante lo que le está pasando, y con gusto cuenta con nuestro apoyo.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates, señor diputado Acosta Montoya.

El diputado Antonio García Conejo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El diputado Antonio García Conejo, ¿con qué objeto?

El diputado Antonio García Conejo (desde la curul): Presidente, muchas gracias. En el mismo sentido, no puedo dejar pasar el día de hoy sin hacer uso de la palabra desde aquí, para hacer un llamado a los organismos de derechos humanos de la nación, y principalmente del estado de Michoacán.

Hay una ciudadana, por poner un ejemplo, la ciudadana Graciela Delgado Luna quien tiene más de 15 días en huelga de hambre afueras de la oficina de la Comisión de Derechos Humanos, en Michoacán, porque la queja que ella presentó no se le dio un curso, por considerar que la queja que ella presentó no se le dio un curso adecuado.

Ella era trabajadora de la seguridad pública en Michoacán y hace más de un año se le aplicó un examen de control y confianza que prácticamente hace seis meses la dejó sin su trabajo, pero que este examen no garantiza realmente si fue aplicado debidamente. Lo más lamentable es que los organismos responsables de llevar a cabo y de estar haciendo señalamientos a las autoridades quienes aplican y administran la justicia, pues no lo tomen con esa seriedad.

Entonces, de aquí un llamado a los organismos de derechos humanos de esta nación para que pongan todo su empeño y dedicación a la queja de las y los ciudadanos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: La diputada Lizbeth Rosas Montero.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero (desde la curul): Sí, presidente. Quiero lamentar profundamente la conducta de algunos compañeros diputados, que más allá de la amistad o el respeto que finalmente me une con ellos por el trabajo realizado aquí en la Cámara, pues adelanten los tiempos electorales y en una actitud de cerrazón, de inmadurez, de irresponsabilidad incluso política se atrevan a hacer señalamientos y aseveraciones incorrectas.

Yo tengo la fortuna de no solamente ser diputada y trabajar muchos años en la delegación Gustavo A. Madero, y ahora también en la delegación Álvaro Obregón. Y a pesar, a veces, de ser compañeros de lucha, de haber compartido campañas, a veces al calor del momento político se dicen cosas inexactas o incluso falsas. Quiero incluso deslindar al jefe delegacional, Leonel Luna, de los hechos que hoy denuncia el diputado Zárate.

Por la mañana precisamente me comentó mi coordinador a quien respeto y aprecio mucho, Alonso Raya, de que por ahí se habían dado algunas detenciones. Y yo me di a la tarea precisamente de investigar de manera responsable y por ser mi compañero de equipo y obviamente pues me entero que desafortunadamente fueron detenidos, como en muchos lugares lo vemos en toda la República, por poner propaganda y por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.

Desde luego yo jamás voy a compartir que servidores públicos, elementos de policía –y lo denuncié precisamente hace ocho días– no solamente actúen en contra de jóvenes como recientemente pasó en Cadereyta, sino que ahora a cualquier ciudadano que pueda estar poniendo no propaganda comercial sino propaganda que informa de las labores legislativas, pues le sea detenido.

Desde luego el exhorto yo lo haría con mucha responsabilidad a la Secretaría de Seguridad Pública del DF, sé que ahorita no tenemos titular, para que se abstengan de hacer este tipo de situaciones que enrarecen el ambiente político, que crispan y que obviamente comparto que este tipo de prácticas son muy comunes.

Yo lo he vivido por muchos años en la delegación Gustavo A. Madero y sin embargo de manera muy responsable actuó ante las instancias correspondientes cuando sé de conocimiento que se actúa de manera irregular o ilegal, pues hacer la denuncia ante el Ministerio Público, las autoridades electorales que son las que corresponden para este caso.

Desde luego respeto la libertad de expresión, como usted lo dice, presidente, pero no voy a aceptar –y lo digo aquí con mi coordinador enfrente– que se venga a calumniar ni mucho menos a poner al nivel de un criminal como Abarca, a mi compañero a quien respeto y admiro, Leonel Luna. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates, señora diputada.

También me pidió la palabra, el diputado José Luis Cruz Flores Gómez, señor diputado. Sonido en la curul del diputado para ir concluyendo esta etapa.

El diputado José Luis Cruz Flores Gómez: Gracias, presidente. Desde luego nos solidarizamos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, y queremos hacer patente algo que me parece que tenemos que manifestarnos como soberanía.

El día de ayer lamentablemente nos enteramos por los medios de comunicación de una circunstancia indigna que realizaron a dirigentes del Partido de la Revolución Democrática en Guerrero, en donde junto con algunos integrantes también de Movimiento Ciudadano, los hicieron marchar, los obligaron a marchar con una pancarta que decía: Somos ratas del PRD. Esto nos parece indigno, además que tiene que ver con los derechos humanos y creo que es importante que esta soberanía se manifieste en estos términos.

Si bien entendemos la indignación de la ciudadanía del pueblo de Guerrero por la circunstancia de quién postuló a Abarca; de quién fue quien se coludió con el crimen organizado y que nos tiene en esta situación de estos 42 desa-parecidos, en este dolor de todos esos padres de familia, también sabemos que no todos los que integran este partido tienen este tipo de circunstancias y nos parece indigno que se les haya obligado ayer a marchar, como lo registran los medios de comunicación.

Y le exhortamos, presidente, para que podamos continuar con el orden del día. Sabemos que es tolerante, sabemos que es respetuoso de las manifestaciones de todos, pero ojalá también sea tolerante y respetuoso del Reglamento y del tiempo de todos los señores diputados para discutir los temas que están enlistados en el orden del día. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado Flores Gómez.

Tengo tres solicitudes más de uso de la palabra. Anuncio a la asamblea que después de ello, si siguen solicitudes, tendré que consultar al pleno.

Don Juan Bueno Torio, del PAN; muy breve. Seguramente será un exhorto y de una vez se lo acepto.

El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Quiero solicitarle a la Mesa Directiva que plantee a la Auditoría Superior de la Federación una investigación sobre el uso y destino de los recursos del ramo 23 que se asignan a través de la Secretaría de Hacienda con convenios ya firmados entre municipios y el gobierno del estado de Veracruz, convenios que se han signado desde marzo, abril, mayo.

Recursos que la Secretaría de Hacienda ha transferido al gobierno del estado de Veracruz desde el mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, todos los meses, para atender proyectos y programas de municipio de Veracruz bajo el ramo 23, y que el gobernador de Veracruz no los ha destinado a los propios municipios.

Presidente, se está generando un problema muy serio, muy severo, por la capacidad de ejecución de estos recursos en los propios municipios, toda vez que para asignarlos y destinarlos a los proyectos, tienen que hacer licitaciones, concursos, y ya estamos terminando el año y esto no se va a poder llevar a cabo y los municipios pueden caer en problemas.

Dos asuntos, señor presidente, que la Auditoría Superior de la Federación investigue el destino de esos recursos que Hacienda ya transmitió a las finanzas públicas del estado de Veracruz; ¿Por qué no se han asignado a los municipios?

Y dos, establecer algún mecanismo que les dé oportunidad a los presidentes municipales de que en cuanto el gobierno del estado de Veracruz asigne aun tarde como lo está haciendo, ellos, los municipios, puedan iniciar el proceso licitatorio de sus obras sin contravenir la legislación correspondiente. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. Esta presidencia instruye a la Secretaría General para que tome nota de su solicitud y se le dé el cauce correspondiente. Gracias. Señor diputado Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Gracias, compañero presidente. En las últimas sesiones hemos sido testigos, particularmente de los reclamos de la fracción parlamentaria del PRI o de los señalamientos, señalamientos-reclamo, de en dónde se encuentran los estudiantes desaparecidos.

Recuerdo aquellos tiempos de militancia priista en los que había sentido de Estado y ese sentido de Estado nos permite entender que cualquiera que sea el responsable de la tragedia de Ayotzinapa es responsabilidad del Estado mexicano sancionar a los responsables y encontrar a las víctimas o a los estudiantes desaparecidos.

Quiero expresarlo, presidente, para que, con independencia de quién sea el responsable, no se pretenda eludir la responsabilidad del partido en el poder. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado.

Continúe la Secretaría con el orden del día.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Cámara de Diputados.— LXII Legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle, de no mediar inconveniente alguno, que sea retirada de los registros parlamentarios y de la Comisión de Seguridad Social la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social.

La anterior, publicada en la Gaceta Parlamentaria el día 13 de noviembre del 2014 y turnada a la Comisión de Seguridad Social el 27 de noviembre del 2014.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, diciembre 8 de 2014.— Diputada Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada y actualícense los registros parlamentarios.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en las fracciones VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y VII del artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número COFEME/ 14/ 4285, el ciudadano Virgilio Andrade Martínez, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, envía el informe anual de desempeño 2014 de dicha dependencia.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido, así como el anexo que en él se cita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 8 de diciembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito remitir a usted tres ejemplares del informe anual de desempeño 2014 de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria;(1) dos de ellos para su respectivo envío a cada una de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión y uno para la disposición de usted. En este último caso incluyo adicionalmente para usted una síntesis. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 9, fracción XXII y último párrafo, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

De esa manera, a fin de dar cumplimiento a la obligación referida, y en atención de lo establecido en el artículo 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito solicitarle atentamente que a través de su amable conducto se haga llegar este informe a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 5 de diciembre de 2014.— Virgilio Andrade Martínez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXI Legislatura del Honorable Congreso de Tabasco.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva  de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por acuerdo del presidente de la Mesa Directiva, por el mes de octubre del presente año, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura, tengo a bien comunicar a usted que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco emitió el punto de acuerdo número 120 del que remito un tanto para la atención que corresponda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, a 7 de octubre de 2014.— Licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez (rúbrica), oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Tabasco.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXI Legislatura del Honorable Congreso de Tabasco.

La Sexagésima Primera Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y con base en lo siguiente:

Antecedentes

1. Con fecha 25 de noviembre de 2013, se recibió en la Comisión de Equidad y Género oficio número HCE/OM/ CRSP/00870/2013, signado por el licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez, oficial mayor de este Congreso, en el cual anexa oficio número D.G.P.L.62-II-1-1334 EXP. 2424, de fecha 17 de noviembre del 2013, suscrito por el diputado José González Morfin, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, haciendo del conocimiento que en sesión celebrada en la misma fecha, se aprobó dictamen con punto de acuerdo, mismo que en su parte conducente reza:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a las legislaturas de los estados a homologar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes de la materia, en referencia con la definición y acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexual.

2. Que en virtud del contenido del citado exhorto, las integrantes de la Comisión Orgánica de Equidad y Género emitieron el proyecto de dictamen correspondiente al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de febrero de 2007 y tiene por objeto establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. En consecuencia en nuestra entidad fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 20 de diciembre de 2008 la ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene como objeto prevenir y erradicar la violencia producida con motivo de género en el Estado contra las mujeres, garantizar los recursos públicos necesarios para ello, así como establecer las bases que posibiliten el acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad, equidad y no discriminación.

Tercero. Que en virtud de encontrar ciertas diferencias en la terminología de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la Ley General y no encontrase homologada en su totalidad, las integrantes de la Comisión Orgánica de Equidad y Género de la LXI Legislatura del honorable Congreso de Tabasco dan entrada el exhorto de cuenta emitido por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión referente a la homologación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en la materia, en referencia con la definición y acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexual.

Cuarto. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución local, para aprobar, los puntos de acuerdos que propongan a la legislatura los diputados o las fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña, ha tenido a bien emitir el siguiente

Punto de Acuerdo 120

Único. La Sexagésima Primera Legislatura del honorable Congreso de Tabasco admite el exhorto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión referente a la homologación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con las leyes en la materia, en referencia con la definición y acciones específicas respecto al acoso y hostigamiento sexual para su análisis y de ser el caso, la reforma correspondiente.

Transitorio

Único. Se instruye al oficial mayor de este honorable Congreso que envíe oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, adjuntando el presente acuerdo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del Estado. Villahermosa, Tabasco, a siete de octubre de año dos mil catorce.— Diputado Uriel Rivera Ramón (rúbrica), presidente; diputada Casilda Ruiz Agustín (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXI Legislatura del Honorable Congreso de Tabasco.

Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por acuerdo del Presidente de la Mesa Directiva por el mes de octubre del presente año, correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura; tengo a bien comunicar a usted, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco emitió el punto de acuerdo número 119, del que remito un tanto, para la atención que corresponda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, a 7 de octubre de 2014.— Licenciado Gilberto Mendoza Rodríguez (rúbrica), oficial mayor del Honorable Congreso del Estado de Tabasco.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXI Legislatura del Honorable Congreso de Tabasco.

La Sexagésima Primera Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción XLIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y con base en lo siguiente:

Antecedentes

1. Con fecha 3 de diciembre de 2013, fue aprobado por la Cámara de Diputados el Punto de Acuerdo siguiente:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Congreso de Tabasco y al Congreso de Baja California a priorizar en sus agendas legislativas la armonización de sus marcos jurídicos estatales con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario de la Federación el 2 de agosto de 2006.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas que aún no tenga conformado sus Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a que inicien las acciones pertinentes para su diseño, desarrollo y consolidación, tal como establece la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a incorporar para su presupuestos de egresos la asignación de recursos suficientes para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.”

2. Con fecha 11 de diciembre del año 2013, fue recibido en Oficialía Mayor de este honorable Congreso del estado, oficio numero D.G.P.L. 62-II-2-955 de fecha 3 de diciembre del mismo año, por medio del cual se turna el punto de acuerdo antes citado.

3. Con fecha 10 de enero del presente año, fue turnado a las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equidad y Género, el punto de acuerdo multicitado, por lo que reunidas las diputadas integrantes de este órgano colegiado, con fecha 20 de febrero del 2014, procedieron a fundar y motivar el presente dictamen, al tenor de lo siguiente:

Considerando

Primero. Que uno de los argumentos que fundamentan el exhorto recibido, se basa en lo siguiente:

Contenido de la proposición

“La propia Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, vigente desde 2006, incluye como uno de sus objetivos principales el de crear un Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que conforme la plataforma de actuación y sustento de la Política Nacional en materia de igualdad de género. Dicho sistema deberá ser coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y monitoreado y evaluado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el caso de las entidades federativas, deberán realizar un ejercicio de armonización legislativa ya que, de acuerdo a la citada ley, los Congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deben expedir las disposiciones legales necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...”

...”

Segundo. Con fecha 4 de los corrientes, fue aprobada en pleno de esta LXI Legislatura del Congreso de Tabasco, “acuerdo de la Junta de Coordinación Política en Coordinación con la Mesa Directiva, por el cual se establece la Agenda Legislativa de la LXI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para el primer periodo ordinario de sesiones de su segundo año de ejercicio constitucional” donde se incluye en el apartado de desarrollo social, el tema de Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, como nueva ley.

De tal manera que, esta LXI Legislatura consiente de las necesidades para mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres de esta entidad, se compromete a expedir la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, para estar en armonía con las disposiciones federales, y generales, que permitan al estado una participación activa dentro del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de erradicar de una vez por todas las brechas de injusticia, inequidad, y violencia entre mujeres y hombres que radican en el estado.

Amén, de que el referido tema, ya se encuentra en mesas de trabajo por la Comisión Orgánica de Equidad y Género de esta LXI Legislatura, a efectos de emitir el dictamen correspondiente.

Tercero. Razón por la cual, el objetivo del exhorto de la Cámara de Diputados, se encuentra parcialmente atendido, y una vez que se expida la Ley en comento, se notificará a la referida Cámara exhortante para su conocimiento, por lo que se ordena declarar sin materia el mismo, ordenándose su archivo para todos los efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. Que en virtud de lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción XLIII, de la Constitución local, para aprobar, los puntos de acuerdos que propongan a la legislatura los diputados o las fracciones parlamentarias, para gestionar ante las instancias competentes apoyo a la población o que busquen el beneficio de la ciudadanía tabasqueña; ha tenido a bien emitir el siguiente:

Punto de acuerdo 119

Único. La LXI Legislatura del Congreso del estado de Tabasco, se compromete a expedir la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, con el fin de implementar mecanismos y se logre una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, y participar de forma activa en el Sistema Nacional para la igualdad entre mujeres y hombres.

Transitorio

Único. Se instruye al oficial mayor de este Congreso, para que realice los trámites correspondientes del presente asunto.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del estado, en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a los siete días del mes de octubre del año dos mil catorce.— Honorable Congreso del Estado.— Diputado Uriel Rivera Ramón (rúbrica), presidente; diputada Casilda Ruiz Agustín (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder Legislativo.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión.— México, Distrito Federal

Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso k), de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito comunicarle que, en la sesión ordinaria del pleno legislativo, celebrada en esta propia fecha, se recibió su oficio número DGPL 62-II-8-3944, fechado el 23 de septiembre del año actual, mediante el cual exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a que emprendan, en el marco de sus atribuciones, las acciones para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada; de igual manera se exhorta a los Congresos de los estados a legislar en la materia, considerando lo establecido en los estándares internacionales, con la finalidad de contar con un marco jurídico.

Al respecto, se acusa recibo del oficio referido y, asimismo, se informa que mediante decreto LXII-326 del 5 de noviembre del actual, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 141 del 25 de noviembre del propio año, se aprobaron diversas reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, relativas a la armonización jurídica en la materia.

Al respecto, se acusa recibo del oficio referido, agradeciendo la información remitida.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración atenta y distinguida.

Atentamente

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 2 de diciembre de 2014.— Diputado Eduardo Hernández Chavarría (rúbrica), Presidente de la Mesa Directiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder Legislativo.

La Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 58, fracción I, de la Constitución Política local y 119 de la la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente:

Decreto número LXII-326

Mediante el cual se reforman el Capítulo II del Título Décimo Octavo, del Libro Segundo y los artículos 391, 391 Bis, 392, 392 Bis, 392 Ter, y se reforma el 393, reubicándose en el citado Capítulo del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; y se reforma el artículo 109, inciso a), fracción XI, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado anexo al número 5 de fecha 17 de enero de 1987

Artículo Primero. Se reforman el Capítulo I del Título Décimo Octavo, del Libro Segundo y los artículos 391, 391 Bis, 392, 392 Bis, 392 Ter, y se reforma el 393, reubicándose en el citado Capítulo del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen:

Capítulo IIDesaparición Forzada de Personas

Artículo 391. Comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público estatal o municipal, o el particular que actuando con la autorización, apoyo, consentimiento, conocimiento o dirección de aquél; detenga, arreste, aprehenda o prive de la libertad en cualquier otra forma a una persona o facilite tal privación, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento del paradero de la víctima, con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales y las garantías procesales procedentes.

Si durante la comisión del delito se cometiere otro en contra de la víctima, se aplicarán las reglas del concurso.

Artículo 391 Bis. A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de quince a cuarenta años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil días de salario.

Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de cinco a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos.

A los servidores públicos que teniendo a su cargo la investigación del delito de desaparición forzada de personas, o sus auxiliares, que evidentemente la obstruyan o eviten hacerla, se le aplicará pena de cinco a diez años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario, además de la inhabilitación de cinco a quince años para el ejercicio de cargos públicos.

Artículo 392. Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.

Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención; la pena aplicable será de dos a ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.

Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima.

Artículo 392 Bis. Al responsable de la comisión del delito de desaparición forzada de personas, se le incrementará la pena de prisión en una mitad de la que le corresponda, cuando:

I. Sea superior jerárquico del servidor público que participe en la comisión del delito y haya tenido conocimiento del mismo y no ejerza su autoridad para evitarlo;

II. El sujeto pasivo del delito sea persona con discapacidad, migrante, menor de dieciocho o mayor de sesenta años, indígena, o mujer embarazada;

III. Se cometa con el propósito de ocultar o asegurar la impunidad de otro delito; o

IV. Se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento del mismo.

Artículo 392 Ter. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia serán excluyentes o atenuantes de responsabilidad para cometer el delito de desaparición forzada de personas, la obediencia por razones de jerarquía, así como las órdenes o instrucciones recibidas por superiores.

No podrán invocarse circunstancias de excepción como inseguridad pública, de inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia, como causa de justificación o inculpabilidad para cometer el delito de desaparición forzada de personas.

Artículo 393. Se impondrá de cuatro a doce años de prisión y multa de trescientos a quinientos días de salario, y en caso de ser servidor público se le impondrá también la inhabilitación de cuatro a doce años para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, a quien:

I. Teniendo conocimiento de la comisión del delito de desaparición forzada de personas, sin concierto previo, ayude a eludir la aplicación de la justicia o a entorpecer la investigación del mismo; o

II. Conociendo los planes para la comisión del delito de desaparición forzada de personas, sin ser partícipe, no diere aviso a la autoridad.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 109, inciso a), fracción XI, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial de Estado anexo al número 5 de fecha 17 de enero de 1987, para quedar como sigue:

Artículo 109. Habrá...

a) al c) ...

El...

La...

Para...

I. a la X. ...

XI. De...

a) Desaparición Forzada de Personas, contemplado en el artículo 391.

XII. y XIII. ...

La...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Salón de sesiones del honorable Congreso del estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 5 de noviembre del año 2014.— Diputado Ernesto Gabriel Terán (rúbrica), presidente; diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica), secretaria; diputada Laura Teresa Zárate Quezada (rúbrica), secretaria.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Tamaulipas.— Poder Legislativo.

Ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador Constitucional del Estado.— Palacio de Gobierno.— Ciudad

Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, incisos f) e i), de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, y para los efectos correspondientes, por esta vía remitimos a usted, el decreto número LXII-326, mediante el cual se reforman el Capítulo II del Título Décimo Octavo del Libro Segundo y los artículos 391, 391 Bis, 392, 392 Bis, 392 Ter, y se reforma el 393, reubicándose en el citado capítulo del Código Penal para el Estado de Tamaulipas; y se reforma el artículo 109, inciso a), fracción XI, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial de Estado anexo al número 5 de fecha 17 de enero de 1987.

Sin otro particular, nos es grato reiterar a Usted nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 5 de noviembre de 2014.— Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica), secretaria; diputada Laura Teresa Zárate Quezada (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

LEY DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República y reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos legales.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el registro de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se someta a discusión y a votación de inmediato.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea, si se autoriza que el dictamen de la Comisión de Justicia antes mencionado se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se autoriza.

VOLUMEN II

LEY DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República y reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos legales.

Está a discusión en lo general, y para hablar a nombre de la comisión y fundamentar el dictamen, por la Comisión de Justicia tiene la palabra el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Señor presidente, con su permiso.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Adelante, señor diputado.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Colegas diputados y diputadas tienen ustedes a su consideración el dictamen de la Comisión de Justicia respecto de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítanme comentarles, en principio que es un dictamen que ha...

Señor diputado Pacheco, perdón la interrupción. Como es un nuevo ordenamiento el que está a discusión, el tiempo en el tablero no es el que le corresponde, tiene usted más tiempo para expresar su fundamentación.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Se lo agradezco, señor presidente. Decía, compañeras y compañeros, que este dictamen que está hoy a nuestra consideración es un dictamen que ameritó un análisis profundo, un análisis que generó que los diversos grupos parlamentarios que conforman esta Cámara de Diputados plantearan sus inquietudes, plantearan sus argumentos, sus intenciones de modificar algún artículo específico del decreto propiamente dicho, y que hay que acreditarlo.

Nos acompañó en todo este procedimiento la Procuraduría General de la República, sus funcionarios, quienes estuvieron atentos al desarrollo a la construcción, a la conformación del dictamen que está a nuestra consideración.

Lo que digo ahora es que en un momento como en el que vivimos en esta Cámara pudiera parecer de especial significación que un dictamen como éste, que expide la Ley de la Fiscalía General de la República, sea una señal de cómo, cuando la tarea se lleva bajo la disposición de todos, bajo el respeto entre cada uno de quienes integramos los órganos que conforman esta Cámara y la intención de acatar los razonamientos convenientes que haga cada uno de los individuos de la Cámara, pueden lograrse sin duda acuerdos como el que permitió la votación unánime de este dictamen en la Comisión de Justicia el día de ayer.

Así que creo que esta seña de la Comisión de Justicia esta mañana no sólo es importante por el documento mismo que pone a su consideración, sino por la realización del trabajo –como se hizo–, por la disposición de todos nosotros en sacar un instrumento de esta envergadura.

Diría, compañeras y compañeros, que los integrantes de la comisión que hemos realizado ese profundo y responsable análisis de la iniciativa presentada por Enrique Peña Nieto, titular del Poder Ejecutivo, es sin duda una cuestión importante para la vida jurídica del país.

Se transforma por mandamiento de la reforma constitucional correspondiente, la Procuraduría General de la República en la Fiscalía General de la República. A ésta se le encarga la organización del Ministerio Público, la cual ha sido determinada como un órgano constitucional autónomo, con cargo a un fiscal general, que permitirá independencia y objetividad en las actividades que realicen respecto de la investigación y persecución de los delitos, logrando con ello contribuir a la modernización de las instituciones que procuran e imparten justicia en nuestro país.

La iniciativa, ahora incluida en el dictamen, entre otros asuntos propone vigorizar y fortalecer tres aspectos fundamentales de nuestro sistema de procuración de justicia federal.

El primero es el relativo a la principal función del Ministerio Público de la Federación, que es la de investigar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en representación de la sociedad, la cual se fortalece al dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, ya que para ejercer dicha función de manera más eficiente no debe estar subordinada a otro Poder u órgano.

En concreto, el Ministerio Público de la Federación debe ser un órgano técnico de investigación y persecución de los delitos, cuya actuación debe sujetarse con estricto apego a la ley.

En segundo lugar busca robustecer el papel del Ministerio Público de la Federación como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas generales en materia penal y procesal penal y las que sean de su competencia, de conformidad con el orden jurídico mexicano.

Por último, en estos trazos generales intenta consolidar la función del Ministerio Público de la Federación para dejar de ser percibido únicamente como un operador estrictamente jurídico, y visualizarlo como un agente que cumple con una función social relevante, que es la de ejercer la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de los delitos, a fin de garantizar su acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos y, en general, hacer cumplir la ley, lo que contribuye al fortalecimiento del Estado democrático de derecho.

El desarrollo de esta ley que ahora se propone y las modificaciones a diversas leyes, aparte de esta que se crea, tienen en su contenido las bases generales por las que funcionará la Fiscalía General. En ella se da un énfasis especial en la formación de los servidores públicos que sirvan en este órgano constitucional autónomo.

Se privilegia también, compañeras y compañeros, el servicio de carrera a que ha de sujetarse el personal que integre este órgano. Se detalla la responsabilidad de los servidores públicos que presten sus servicios en lo que ahora es la Procuraduría General de la República y que se transforma en Fiscalía General de la Nación.

Sin demérito de conservar las facultades para interponer los recursos que tengan que ver con la revisión de constitucionalidad en las materias procesal penal, penal y en las demás de su competencia –como ya lo he dicho– en virtud de que se convierte en un órgano constitucional autónomo deja de tener, como consecuencia, la representación formal del Estado, que pasa en una importante modificación a la Consejería Jurídica del Gobierno de la República.

El resto de los ordenamientos que han de modificarse tienen que ver con ser correlativos en donde ahora se menciona Procuraduría General de la República y debe ahora señalarse que esta está transformada en Fiscalía General de la Nación.

Estos son, colegas diputadas y diputados, los aspectos más trascendentes de la iniciativa presentada por el presidente de la República convertida en dictamen, que como he dicho, está ahora a su consideración.

La transformación del sistema jurídico penal en el país y de las instituciones que lo integran son punto fundamental para que el país pueda conseguir lo que en estos días tanto se ha discutido, tanto en la parte de la sociedad como en la parte del gobierno, una justicia mejor, una mejor impartición de ella, una procuración eficiente de este bien jurídico mayor que debe servir el Estado a la sociedad, que es la justicia.

Por eso, señoras y señores, es que en nombre de la Comisión de Justicia les pedimos su voto a favor de este dictamen que crea la Fiscalía y modifica diversas y diversos ordenamientos legales. Muchísimas gracias, por su atención.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Pacheco. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy discutimos, es un pilar fundamental en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y da cumplimiento al mandato constitucional, establecido en los artículos 21, 102, del Apartado A de nuestra Carta Magna, que impone que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios.

La creación de la Fiscalía General de la República cumple un objetivo fundamental, hacer más cercana y expedita la justicia, siempre de la mano del respeto a los derechos humanos.

Con este dictamen se busca la construcción de una institución cuya independencia, modernidad y desarrollo conduzca a una exitosa implementación del sistema acusatorio.

Se pretende, asimismo, fortalecer y hacer más eficaz la labor del Ministerio Público federal, que mediante la autonomía de la Fiscalía podrá desempeñar su labor sin estar subordinado por otro órgano o poder, lo que le dará más libertad de acción y en un apego irrestricto a la ley.

Si bien en Nueva Alianza estamos conscientes de que la sola autonomía no resolverá el problema de la impartición de justicia del país, sí eliminará el factor político de la ecuación para elegir al candidato más idóneo para encabezar la Fiscalía General de la República.

En esta nueva institución se pretende que el Ministerio Público federal se convierta en un agente de la sociedad y en su representante, no solo como iniciador de la acción penal sino para proteger a las víctimas, ya que se le otorga la facultad de dictar medidas para garantizar sus derechos.

Para Nueva Alianza esta medida será de suma importancia para cambiar la percepción social en la que se tiene la figura del Ministerio Público, ya que ayudará a fortalecer la credibilidad en las instituciones, lo que conducirá, paulatinamente, a fomentar la denuncia.

Como lo refiere el mandato constitucional, la conducción y el mando de la investigación le corresponde al Ministerio Público federal, con la actuación conjunta de los policías. Asimismo, se le otorga la facultad de atracción en la investigación en delitos del fuero común, cuando exista conexidad con otros del fuero federal.

El Ministerio Público estará facultado, entre otras cosas, para proporcionar protección y auxilio a quienes intervienen en el proceso penal. Con lo cual se consolida la vocación de respeto a los derechos humanos del nuevo sistema penal, ya que se pretende velar por los derechos tanto de las víctimas, evitando la llamada doble victimización, así como de los probables responsables.

Otra innovación es que se dota al Ministerio Público de la facultad para promover soluciones alternas y anticipadas a la terminación del proceso penal, cuando así lo permita la ley.

También podrá solicitar y proporcionar asistencia jurídica internacional. Lo anterior para cumplir con los compromisos que nuestro país ha contraído y enfrentar así fenómenos como la delincuencia organizada, la trata de personas, el narcotráfico y el uso de recursos de procedencia ilícita. Éstas son algunas de las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público, facultades en las que Nueva Alianza coincide y considera que contribuirán al fortalecimiento de un sistema penal más eficiente, acorde con las demandas de la sociedad.

Por lo que se refiere a las facultades del Fiscal General de la República, el dictamen es consecuente con lo que se establece en el apartado A del artículo 102 de la Constitución, en primer término se señala que el fiscal será nombrado de acuerdo al procedimiento establecido en dicho precepto.

Por otra parte el fiscal como representante social podrá vigilar la constitucionalidad y legalidad de normas generales, actos u omisiones de la autoridad; es decir, intervenir en juicios de amparo, pero únicamente en materia penal, violaciones de los derechos humanos, cuando se vean afectadas sus facultades, cuando la ley así lo señale en su carácter de representación social o en el caso de interpretación directa o un precepto constitucional.

México se encuentra en una encrucijada, el respeto a la ley es el único camino viable y es imperativo que le devolvamos la credibilidad a nuestras instituciones para cumplir el cumplimiento de la misma.

Hoy estamos creando una nueva Fiscalía de la República, que no resuelve los problemas de impartición de justicia por sí misma, pero constituye una nueva forma para su aplicación derivada de un cambio en el sistema jurídico que ha tomado varios años.

Con este decreto queremos construir una institución autónoma, independiente –concluyo, señor presidente–, moderna, eficaz y que por sobre todas las cosas sea respetuosa de los derechos humanos. Con esta intención y convicción, compañeros, votaremos a favor del dictamen para así responder a millones de mexicanos que hoy nos están exigiendo actuar sin dilación. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Félix Hays. Tiene el uso de la palabra, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene el uso de la voz, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: El presente proyecto de dictamen tiene como finalidad expedir la Ley de la Fiscalía General de la República. La cual, según definición del artículo 102 constitucional, es un órgano autónomo y está a cargo de un fiscal general. Tendrá autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta ley viene a reglamentar lo dispuesto por este dispositivo constitucional.

El país actualmente enfrenta graves problemas en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Las cifras de homicidios, extorsiones y secuestros han ido a la alza en los últimos dos años; y la cifra de homicidios dolosos rebasa la escalofriante cantidad de más de 41 mil homicidios en esta calidad. Esto desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, que viene a recrudecer ya las cifras de suyo tan graves que se dieron en el periodo de Felipe Calderón.

En tal razón, sería lógico pensar que se requiere un Ministerio Público con mayores capacidades de investigación, de persecución de los delitos, a fin de robustecer sus capacidades en materia de investigación criminal utilizando la tecnología y siempre con apego al respeto de los derechos humanos.

Sin embargo, el camino que han seguido los órganos calificados como autónomos es de una gran ficción, es de una gran simulación, y han venido no solamente a generar mayores recursos económicos en detrimento del erario, sino que se han convertido en auténticos elefantes blancos. Están los casos del nuevo IFAI, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y tantos y tantos organismos que se crean supuestamente porque van a ser autónomos, pero lo único que resulta es que siguen la línea presidencia.

Ninguna acción de inconstitucionalidad han presentado en contra de leyes que vulneran derechos humanos y que invaden su esfera de competencia. La pregunta sería ¿para qué constituir estos órganos onerosos si realmente siguen haciendo lo mismo que dependencias que están al arbitrio del Ejecutivo?

En tal sentido este cambio de denominación de procuraduría a fiscalía, es una receta que ya se ha hecho en varios estados, cambiar el nombre de procurador a fiscal, como si con ello robusteciera su independencia, muy al estilo anglosajón. La realidad es que en varios estados del país han vuelto a ponerle el nombre de procuraduría.

A nosotros nos parece, para decirlo en lenguaje llano, que esta fiscalía es la misma gata nada más que revolcada. Y todos estos supuestos de autonomía, en realidad son ficticios porque en el propio artículo 102 constitucional, en el apartado a), en su fracción IV, se establece que “el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo federal”.

Toda una faramalla del Senado para nombrarlo y el Ejecutivo lo puede remover. Y a su vez el fiscal general va a nombrar y a remover libremente, por ejemplo, -concluyo, presidente- al fiscal de combate a la corrupción.

La pregunta sería: si hubiera una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, por desvío de recursos en contra del presidente de la República, en el caso Casa Blanca -por ejemplo- ¿Qué pasaría con la autonomía? Seguramente se inventaría alguna causa grave o algún artificio para destituirlo a él y al fiscal anticorrupción.

Al final del día la espada de Damocles, del autoritarismo presidencial, siempre penderá sobre la cabeza del fiscal general. Por eso nosotros votaremos en contra, porque es una ficción esta supuesta autonomía, y porque no vemos que haya un cambio de fondo en el Ministerio Público federal. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Gracias, diputado presidente, honorable asamblea, los mexicanos hoy más que nunca demandamos la posibilidad de tener un país en el que acabe la desigualdad, en el que todos tengan acceso a las mismas oportunidades, en el que se termine la discriminación, en el que se acabe la pobreza, en el que se acabe antes que nada, la inseguridad.

En el grupo parlamentario del Partido Verde –junto con muchos de ustedes– hemos venido votando toda una serie de iniciativas, de dictámenes que tienen como propósito último cambiar al país, modificar este estado de cosas, que permita en el futuro mediano poder sobrepasar este estado en el que nos encontramos actualmente.

Quiero referirme a dos de estas reformas que hemos impulsado junto con ustedes, que podrían permitirnos ver en un futuro mediano y quizá en un futuro cercano un cambio sustancial del estado de cosas.

Me refiero desde luego a la magna reforma política de febrero de este año, a través de la cual se le dio autonomía a la hasta hoy Procuraduría General de la República encargada de la persecución de los delitos, cabeza del Ministerio Público federal y en ese sentido representante de los intereses de la sociedad, como también a la reforma por virtud de la cual se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales de marzo de este año y por virtud del cual se establece un nuevo mecanismo, un nuevo paradigma y un nuevo procedimiento para la persecución efectiva de las actividades delictivas.

El dictamen que hoy estamos discutiendo, la reforma a muchos códigos, a muchas leyes que tienen que ver con la materia de la investigación de los delitos o con la participación activa de la Procuraduría General de la República en actividades que conciernen al ejercicio de funciones legales y de representación legal del Ejecutivo federal o de la propia dependencia, vienen a concretar y a dar un cauce legal pronto a lo que se planteó dentro de la reforma constitucional de febrero de este año, toda vez que materializa ya lo que es la autonomía misma de la Fiscalía General de la República y la nueva función en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales.

México necesita acabar con la impunidad, pero estamos absolutamente convencidos –y por eso vamos a votar con este proyecto y con este dictamen– que no podría acabarse con la impunidad si no mejoramos nuestros cuerpos policiacos.

En la medida en la que quienes se encargan de la persecución de los delitos no gocen de la capacitación, de la preparación, de los principios éticos, de la confianza necesaria para cumplir su función, una función constitucional esencial de subsistencia misma del Estado mexicano, sería imposible que lográramos erradicar la impunidad y los delitos que vienen deteriorando nuestro tejido social.

La ley de fiscalía general de la República que vamos a votar, que tienen ustedes en sus curules establece –y quiero destacar estos dos puntos de entre todo el articulado que contiene– dos principios fundamentales que robustecen la importancia que tiene tanto la agencia del Ministerio Público como la policía en la persecución de los delitos. Una, el servicio profesional de carrera y la estabilidad en el empleo. La posibilidad de que les demos a nuestros ministerios públicos, a los agentes investigadores, a los peritos, que tienen una participación fundamental en el entendimiento de la verdad legal que ha de juzgarse por aquéllos que tienen la responsabilidad de impartir justicia en materia penal, es esencial para que la policía y nuestro sistema de impartición de justicia, de procuración de justicia funcionen.

A través del artículo 26 de este dictamen que tienen ustedes en sus curules, se establecen toda una serie de requisitos que tendrán que cumplir agentes del ministerio público, después en el 27 y 28 también investigadores y peritos para poder ingresar a las filas de la Fiscalía General de la República y colaborar en ésta para cumplir la meta y la función Constitucional de la propia fiscalía.

Quiero referirme someramente a las disposiciones fundamentales, a los incisos que van del d) al i), dentro del propio artículo 27 y con los que están relacionados el artículo 28. Tiene que probar, desde luego, y acreditar el control de confianza, pero sobre todo su competencia profesional.

Tiene, desde luego, que aprobar los procedimientos de reclutamiento, no ser sujeto de proceso penal, ya no queremos más agentes del ministerio público que pudieran estar vinculados dentro de las mafias que queremos nosotros erradicar, no haber sido suspendido ni sustituido por sanción administrativa como servidor público, con lo cual estamos salvaguardando la honorabilidad de los agentes del ministerio público.

Observar una notoria buena conducta, no es una buena conducta elemental, sino que tiene que ser una notoria buena conducta, algo que sea evidentemente manifiesto y que nosotros podemos juzgar en el devenir cotidiano de sus actos y, sobre todo, tiene que abstenerse de consumir sustancias ilegales, y no padecer el alcoholismo.

Eso es solamente los requisitos para el ingreso, desde luego hay una pluralidad de asuntos que tienen que tomarse en consideración y valorarse con suficiencia y con puntualidad, con profundidad en el artículo 27, fracción II, con relación al cumplimiento de su función como condición para su permanencia, porque no es una permanencia incondicionada, y lo mismo a estudiarse el 28 de la propia ley que estamos nosotros por aprobar, porque garantizan, sin lugar a dudas, una muy probable, una muy inminente eficiencia del sistema que nosotros estamos actualmente valorando.

Reitero que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde celebramos que ya podamos concretar tan pronto este mandato que deriva de la reforma constitucional de febrero de este año en materia de autonomía de la Fiscalía General de la República, y hacemos votos para que con estos nuevos instrumentos que estamos votando a favor de la fiscalía, podamos ver en el futuro más cercano un cambio radical en el estado actual de cosas en la seguridad del país y, desde luego, en el bienestar de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cuéllar Steffan.

Saludamos la presencia de alumnas del Instituto Griselda Álvarez, de Colima, que han sido invitadas por la diputada María del Carmen López Segura. Bienvenidas y bienvenidos, quienes acompañan.

También saludamos a vecinos de la delegación Tláhuac del Distrito Federal, que han sido invitados, que han sido invitadas por la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, gracias por su visita.

Le otorgo el uso de la palabra al diputado Catalino Duarte Ortuño, para que fije la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por cinco minutos, diputado. Adelante, señor diputado.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Con el permiso de la asamblea. La fracción parlamentaria del PRD votará a favor del presente dictamen, sin embargo consideramos que esta reforma está lejos de lo que el pueblo de México necesita. En efecto –la reforma política que aprobó el Constituyente Permanente–, coincidimos en la necesidad de consolidar un verdadero cambio a nuestro sistema de justicia, que estuviera acorde a los graves retos que está enfrentando nuestro país en los últimos años por la inseguridad, la violencia y la corrupción, que se han apoderado del territorio a lo largo y ancho de su geografía; y, sobre todo, que se había quedado al margen de las grandes reformas la joya de la corona, que es la máxima instancia de la procuración de justicia, y que durante décadas su diseño anacrónico ha alimentado la ineficiencia y la corrupción de todo el sistema.

Por ello consideramos imperativo que las reformas en materia de justicia penal que se aprobaron el 18 de junio de 2008, por el que se elevaron a rango constitucional los principios del proceso penal acusatorio, fueran acompañadas de la autonomía del Ministerio Público, ya que sin lograr esto el nuevo modelo acusatorio encontraría severas resistencias y contradicciones que harían nugatoria su implementación y el cabal respeto del debido proceso penal, los derechos de las víctimas y también de los acusados, lo que significaría un verdadero catalizador de la transformación de nuestro sistema de justicia.

Sin embargo, nos preocupa que en nuestro país no se cuente con un Ministerio Público al que las víctimas de los delitos puedan acudir con toda confianza, que sea una institución de probada honorabilidad, que enfrente el grave deterioro en el que ha experimentado la PGR y las procuradurías estatales en las últimas décadas, que se ha acentuado por el cotidiano manejo político de sus asuntos aplicando criterios y mecanismos ajenos a la investigación de los delitos y procuración de justicia por la grave embestida de la delincuencia organizada en las últimas décadas, que ha puesto a prueba tanto el sistema de procuración de justicia como el de la seguridad pública, sometiéndolas a una peligrosa crisis institucional.

Nos preocupa que esta ley, que debió ser el desarrollo institucional de esa reforma constitucional, no represente una salida clara al grave problema de violencia e inseguridad cotidiana que vivimos, que podría revertir las deficientes investigaciones que realiza la Policía Ministerial, las enormes carencias en la integración de la averiguación previa que hacen los Ministerios Públicos, la incapacidad para detener a los responsables.

Aunado a ello, la falta de un adecuado seguimiento de los procesos, el rezago en el conocimiento y la resolución de los juicios, la convivencia entre los delincuentes y las autoridades, que es la cruda realidad con la que se enfrentan cotidianamente las víctimas de la delincuencia, que son muestra de las recurrentes violaciones a los derechos humanos cuando se llevan a cabo principalmente detenciones arbitrarias, arraigos, cateos o se pervierten los principios del debido proceso.

Esta ley no contiene un capítulo específico que esclarezca las facultades de las Fiscalías Especializadas en Materia de Delitos Electorales y de Combate a la Corrupción, que tienen su base constitucional y que por ello deberían haber sido consideradas en esta ley, no como una facultad del fiscal general para subsumirlos en el reglamento de la Fiscalía y lograr por esta vía neutralizar el nombramiento que haga el Senado de la República.

Esta ley no resuelve las precarias condiciones laborales a las que se enfrenta cotidianamente el personal adscrito a las agencias del Ministerio Público, con salarios y prestaciones dignas, como tampoco no los provee de la infraestructura necesaria para realizar sus investigaciones.

Una vez más reiteramos que el Ministerio Público no debe valerse del mando de una fuerza policial corrompida, en la que la gente no pueda confiar, sino en una verdadera policía científica del más alto nivel profesional y ético –termino, presidente– que realice investigaciones eficaces de los delitos, usando las técnicas científicas más avanzadas, con lo que se daría un giro de 180 grados en el combate, tanto a la delincuencia organizada como a los delitos del fuero común. Sin embargo, en este texto sólo vemos la extensión de un mecanismo de nombramiento, el cambio de la denominación de la institución y la repetición de la misma visión, la misma estrategia, o sea, en los hechos la ausencia de ambas.

En razón de lo anteriormente expuesto es que el Grupo Parlamentario del PRD considera que esta ley es un paso inseguro en la dirección, que nos habíamos situado a partir de la reforma constitucional. Por ello reiteramos nuestra inicial propuesta de crear, fortalecer en su desarrollo institucional y legal a una verdadera fiscalía autónoma, porque es el primer paso para atender el reclamo del pueblo de México. Justicia y más justicia para todos. Muchísimas gracias. Gracias, por su tolerancia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Duarte Ortuño. Para fijar la postura por el PT, tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Como ya se ha dicho en esta tribuna, la reforma del 2008 del sistema procesal penal y la reforma de derechos humanos, nos dejaron como gran pendiente la creación de una Fiscalía General, que finalmente viniera a poner a México a la par de las democracias del mundo.

Desgraciadamente la reforma constitucional sin embargo contemplaba un detalle importante, que no podemos dejar de mencionar en esta tribuna, la autonomía que debería de tener la Fiscalía General que debe de actuar como un órgano autónomo en realidad se ve menguada por el formato de remoción del fiscal general. El fiscal general que cumple en todo su procedimiento para ser nombrado por el Senado a propuesta del presidente, como cualquier órgano constitucional autónomo puede ser removido por causas graves por el presidente de la República.

Esta forma de mantener control ante el fiscal general, que se aprobó en la reforma constitucional y que evidentemente en esta ley secundaria no se mejora, es una de las grandes nubes de duda que deja esta ley.

Sin embargo, una Fiscalía General autónoma dado el estado de cosas que se presentan en este país, dada la falta de creencia en las instituciones, y si por una cuestión extraña en ésta al Ejecutivo le sale bien y lo hace bien y verdaderamente nombra a un fiscal general autónomo, entonces estaremos en el camino de poder creer que se pueden refundar las instituciones.

Actuar conforme a derecho y bajo los estándares de un sistema de justicia moderno es necesario, no ha sido así el actuar de la actual Procuraduría. Esta actual Procuraduría, que hoy se transforma finalmente con esta ley secundaria y se termina el proceso para construirlo en un órgano constitucional autónomo, no hay duda que la persecución de los delitos debe ser una función autónoma del Poder Ejecutivo, la independencia garantizará finalmente imparcialidad ante violaciones legales cometidas en aras de satisfacer los intereses mezquinos, políticos u obscuros de los gobernantes.

El saldo político en estos dos años es de preocupación doble, porque avanza a la regresión y la represión que hemos visto, no solamente en las frases conocidas y ahora mundialmente famosas del procurador, sino también en la forma de actuar de la Procuraduría a la hora de reprimir y de violentar los derechos de aquellos a los que eventualmente han llamado delincuentes o a narcos, pero a los que finalmente se les ha violentado sus derechos a la hora de tratar de procesarlos, donde violentamente han sido detenidos contrario a todo Estado de derecho que dice este gobierno guardar.

La transformación de la PGR en Fiscalía, es un reto que debe de contar con procesos y operadores capaces de investigar y argumentar en juicio. Ésta no debe de ser una reforma de papel, como han sido muchas de las conocidas reformas estructurales.

La PGR actualmente no solamente se encuentra saturada y operando en un sistema de procuración de justicia desacreditado, sino que la Procuraduría ha demostrado ser ineficiente en los casos más graves que se han presentado en este país, como es el caso de Tlatlaya y de Ayotzinapa.

En lo que va de su gestión la Procuraduría de Justicia todavía deja mucho que desear. Las cifras de la PGR muestran que de enero de 2013 hasta julio de este año se han iniciado 162 mil averiguaciones previas, más o menos, pero solamente éstas terminaron el 28 por ciento en consignación.

Ahora, no estamos pidiendo que se consignen todas las averiguaciones previas pero sí que haya transparencia en el proceso que sigue. Los datos a la vista corroboran la percepción que tiene la ciudadanía en la calle, seguimos siendo pues rehenes de la delincuencia y el crimen organizado, aunado aún clima de impunidad que la gente ya no está dispuesta a soportar. Tenemos entonces, frente a esta reforma, tres retos: garantizar el respeto a los derechos humanos y de las víctimas. Ya hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tarde pero lo hizo, ha declarado que los derechos humanos y su respeto en este país son de dudoso respeto.

El segundo reto es alcanzar una verdadera autonomía y eficiencia. Y en esto creo que nos urge una reforma constitucional para quitar la atribución única del presidente de remover al fiscal general.

De no ser así, entonces el fiscal seguirá siendo un empleado del presidente. Esta reforma que nosotros votamos en contra y específicamente en este tema, debe garantizar autonomía y debe ser modificada desde la Constitución. Si no, entonces tendremos a la PGR simplemente con cambio de siglas, como ya ha sido una costumbre de esta legislatura.

El tercer reto es combatir eficientemente la corrupción y los delitos, y sobre todo los delitos electorales. Esta reforma crea una superestructura, pero solamente gubernamental, que será ineficiente si no hay una voluntad real de atacar la corrupción.

El día de ayer que se instalaba la comisión especial, y con esto culmino, señor presidente, para investigar lo del tren México-Querétaro, se hablaba mucho en el discurso de combatir a la corrupción, pero no en los hechos.

Necesitamos, compañeras y compañeros mexicanos, mandar acciones, no palabras ni discursos hacia la ciudadanía.

Algo muy grave que se perfila y que nos deja como duda en esta reforma, y con esto cerraría mi intervención, es que se dice por ahí que se perfilará al actual procurador por otros nueve años en el encargo. Lo que nos preocupa es que el procurador ya está cansado.

Entonces, hacemos un llamado a que realmente se refunde la Fiscalía General y tengamos no solamente un fiscal autónomo sino que apliquemos el Estado de derecho, tal y cual lo han dicho y lo han expresado no solamente en el papel sino también en los hechos. Es cuanto, señor presidente. Le agradezco su paciencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Karina Labastida Sotelo para fijar la postura del Partido Acción Nacional. Adelante, ciudadana diputada.

La diputada Karina Labastida Sotelo:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. El día 10 de febrero del presente año fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación reformas a los artículos 21 y 102, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales establecen la organización del Ministerio Público Federal en una Fiscalía General de la República.

El proyecto que hoy se discute presenta entre otros aspectos, tres que consideramos fundamentales en la impartición de justicia en nuestro país:

El primero, la autonomía constitucional que se le otorga a la Fiscalía General de la República a efecto de ejercer la persecución de los delitos de manera libre y objetiva en un marco de legalidad.

El segundo aspecto es que se robustece sin duda el papel del Ministerio Público Federal como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas en materia penal y procesal penal.

Y el tercero es, que la fiscalía deberá ser un agente que cumpla con una función social relevante, consistente en el ejercicio de la acción penal como representante social, brindando apoyo y asesoría a las víctimas de delitos a fin de garantizar su acceso a la justicia. Se sientan las bases orgánicas y operativas de la Fiscalía General, las cuales serán complementadas con el reglamento y con los ordenamientos que emita para tal efecto el Fiscal General. Es decir, es otro eslabón que nos permitirá complementar el nuevo sistema de justicia penal abandonando el sistema inquisitivo mixto y adoptando el nuevo sistema penal acusatorio.

La Fiscalía General de la República es la institución en la que recae la responsabilidad de políticas públicas en materia de prevención y persecución de los delitos, la defensa social y la protección de las víctimas. Mediante el proyecto que hoy estamos discutiendo, pretendemos darle herramientas a dicha institución, así como límites en su actuar, a fin de que se respeten los derechos humanos de todos los involucrados.

Nuestro país se encontrará sin duda a la vanguardia, por lo que hace a sistemas acusatorios acorde con los sistemas latinoamericanos y nos permitiría desarrollar el nuevo sistema de justicia penal con características propias de nuestro país.

No omito mencionar, que en el planteamiento de la nueva Fiscalía General de la República se considera el proceso de transición por el que atraviesa nuestro sistema de justicia penal, respondiendo a las exigencias del nuevo sistema procesal penal acusatorio, ya regulado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esto sin duda ha sido una lucha del Partido Acción Nacional. No olvidemos que en la administración pasada se realizó una intensa labor para concretar este nuevo sistema aprobando dichas reformas el 18 de junio de 2008. En el Partido Acción Nacional nos congratula enormemente la puesta en marcha de este nuevo sistema, parteaguas en la vida jurídica de nuestro país.

Sin duda seguiremos impulsando reformas encaminadas al respeto de los derechos humanos, al respeto a la vida, a la libertad y a la dignidad de las personas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Labastida Sotelo. Señoras y señores diputados, les recuerdo que al concluir la fase de fijación de posturas de los grupos parlamentarios, fenece también el plazo para la recepción de reservas, si se tiene la pretensión de modificar algún artículo del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Rojo García de Alba, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba:Con su permiso, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, señor diputado.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba: El dictamen que hoy discutimos viene a completar una transición urgente y necesaria de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República.

Planteado desde la reforma políticoelectoral de este año, este esfuerzo legislativo garantiza la autonomía de la fiscalía frente al Ejecutivo y, de eta manera, se legitima más su actuación en las funciones de investigación y persecución de los delitos, las cuales deben de ejercerse con base en criterios estrictamente técnicos y no políticos.

De esta manera se busca restablecer la confianza de la sociedad en el Ministerio Público de la Federación, el cual debe compartir la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos para llevar a cabo una de las funciones esenciales del Estado que es procurar justicia sin injerencia de otros poderes y órganos y, más aún, de influencias políticas.

La nueva fiscalía se configura como un ente autónomo de naturaleza técnica que gozará de la independencia que requiere para desahogar sus funciones, siendo así fortalecida para evitar que sea contaminada por cuestiones de naturaleza política y económica, estableciendo como prioridad la defensa de la sociedad mexicana en contra del fenómeno delincuencial.

La nueva fiscalía tendrá la capacidad de implementar el sistema de justicia procesal acusatorio, establecido constitucionalmente desde 2008 y cuya consolidación integral no debe demorar más, por lo que se considera el proceso de transición por el que atraviesa nuestro sistema penal, y por ende en el dictamen que se ha planteado, la estructura de la fiscalía bajo un esquema funcional y organizacional que le permitirá responder a las nuevas exigencias de dicho sistema, desarrolladas principalmente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Aunado a lo anterior y como parte fundamental, el dictamen que discutimos contempla elementos ineludibles que garantizan el respeto de los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima.

La nueva fiscalía se verá fortalecida con personalidad jurídica y patrimonio propios, incluyendo recursos obtenidos de capacitación, adiestramiento y actividades que le generen ingresos, características que de la mano con su independencia, garantizarán su eficaz funcionamiento.

El dictamen contempla también que la fiscalía desarrollará la función de representante social a través del Ministerio Público, que además de investigar y perseguir delitos, protegerá el derecho de los niños, discapacitados, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad.

El presente dictamen contempla también cuestiones centrales para ofrecer a la sociedad una institución profesional y eficaz, además de confiable y honesta a través de la capacitación de formación ética y técnica de los servidores públicos que la conformarán en la fiscalía general, a través de un sistema que asegurará un servicio de carrera.

Las reformas en materia procesal penal, de derechos humanos y amparo, y político electoral, evidenciaron la necesidad inexcusable de una nueva ley como la que nos ocupa hoy, para regular a la fiscalía general de la República acatando de manera responsable el mandato contenido en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen que nos ocupa también proyecta la norma constitucional hacia las leyes secundarias al contemplar la creación dentro de la fiscalía general, de dos ´más, la de atención de delitos electorales y la de delitos relacionados con hechos de corrupción, tal y como lo establece el artículo décimo octavo transitorio del decreto publicado el 10 de febrero del 2014, cuyos nombramientos de sus titulares constituye una muestra de colaboración entre poderes al establecerse que dichos funcionarios serán nombrados por el Senado de la República.

Así pues, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional participamos en el esfuerzo de crear una institución moderna, autónoma, independiente y técnica para llevar a buen puerto la implementación del sistema de justicia procesal acusatorio en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas, particularmente del imputado y de las víctimas del delito. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rojo García de Alba.

Con apoyo en el artículo 104, numeral 1, fracción I del reglamento y para la discusión en lo general le otorgo el uso de la palabra a la diputada Loretta Ortiz Ahlf hasta por tres minutos y para hablar en contra del dictamen. Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores: el hecho de tener una iniciativa, la ley de la fiscalía general de la República, para cambiar el nombre de procurador por el de fiscal general no soluciona los problemas tan graves en administración e impartición de justicia que tiene el país, sobre todo cuando no se garantiza la autonomía del fiscal general. Viene a ser la misma situación que la que estamos padeciendo actualmente con el procurador general de la República.

Hasta en tanto no sea independiente y autónomo, sobre todo del Poder Ejecutivo, no tenemos garantizado el acceso, el derecho, el fundamentalísimo derecho de acceso a la justicia, el que desaparezca la impunidad en el país y el que haya la persecución de los delitos tan graves como los que se cometieron de ejecuciones arbitrarias y desaparición forzada recientemente en Iguala y en Tlatlaya.

Llama la atención que no se haya considerado hoy, día especial, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el código de conducta o código de ética de los fiscales de Naciones Unidas, que viene a ser precisamente la carretera, el código de conducta al cual se viera sujeto este proyecto de iniciativa de ley para que la sociedad creyera que iba a ver un cambio, y que no por un cambio legislativo nada más de maquillaje, íbamos a tener un cambio en la situación que impera en el país.

Se dice que es respetuoso de los derechos humanos esta iniciativa; sin embargo, y en palabras del propio Procurador General de la República cuando compareció en esta Cámara, el arraigo se sigue dando en nuestro país, no hay figura o institución más violatoria de los derechos humanos que el arraigo por precedentes de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, con ese tipo de actos vulneramos o violamos el artículo 1o constitucional, diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Por si ello no fuera poco, se supone que con esta nueva fiscalía general, tendríamos que tener garantizado el derecho de presunción de inocencia. No hay una sola disposición que garantice que precisamente el que no se puedan fabricar culpables o testigos y que la investigación que se va a realizar por parte de la Fiscalía General de la República se apegue a los diversos instrumentos internacionales en materia de investigación de los delitos y garantice no solamente, insisto, al procesado o a las víctimas su derecho de acceso a la justicia, sino a toda la sociedad.

En otros países, dígase en Estados Unidos, cuando es nombrado el Fiscal General de la República, su obligación es frente a la sociedad y tomo una protesta en razón de hacer cumplir su autonomía y, precisamente garantizar el acceso a la justicia a todas las personas. En nuestro caso, el fiscal va a responder al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, para hablar en pro del dictamen, hasta por tres minutos.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión tengo la oportunidad de argumentar a favor del dictamen, particularmente en lo referente a la Ley de Fiscalía General de la República, que materializa lo que en su momento aprobamos en la reforma política electoral el año pasado.

Si bien la autonomía constitucional de la Fiscalía entra en vigor hasta el año 2018, es pertinente que desde ahora la Procuraduría General de la República inicie el proceso de transición institucional, organizacional y administrativa, para lo que esperamos sea el inicio de una nueva etapa en la administración de justicia.

La relevancia de aprobar el dictamen en este momento crucial para la vida nacional radica en la garantía y en el mensaje que debemos dar a la ciudadanía, desde uno de los poderes del Estado mexicano. El Congreso mexicano debe asumir su responsabilidad y compromiso con las demandas de justicia que en todos los ámbitos, en todas las regiones y en todos los extractos sociales hoy nos exigen como representantes populares.

La justicia en México es una exigencia constante en nuestra agenda nacional y hoy en esta coyuntura se manifiesta en toda su dimensión, la sociedad nos reclama con justa razón que no hemos atendido con suficiencia los problemas de nuestro sistema de justicia. Justicia que junto al bienestar y la seguridad sociales deben ser las principales preocupaciones del Estado, ya que sin ellas se rompe la cohesión social necesaria para que una democracia funcione de manera eficaz.

Considero necesario resaltar el momento político, incluso histórico, que estamos viviendo como país para reafirmar el compromiso de todos y, en este caso, de mi Grupo Parlamentario Nueva Alianza de escuchar con puntualidad las demandas sociales que hoy nos exigen congruencia y responsabilidad para tomar decisiones que realmente beneficien a las mexicanas y a los mexicanos.

No podemos soslayar que ante los embates de la delincuencia resulta indispensable contar con un sistema de justicia eficaz, eficiente, imparcial, objetivo y que por ningún motivo permita la impunidad.

Por ello es necesario recalcar que hemos avanzado en la transformación de nuestro sistema de justicia, hoy contamos con un Código Nacional de Procedimientos Penales, una Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y una Ley Federal de Justicia para Adolescentes, que forman parte de la reforma al sistema penal aprobada desde el 2008.

Si bien debemos reconocer que ello no es suficiente para resarcir los reclamos de justicia, sí debemos seguir caminando hasta lograrlo. Y en este camino nuestro grupo parlamentario asume su responsabilidad de aportar y apoyar estas medidas legislativas sin regateos y que a su vez se sustenten políticas públicas suficientes, porque eso es lo que nos está exigiendo la sociedad y es lo que México necesita. Es cuanto, presidente. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Garfias. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Mejía Berdeja para hablar en contra del dictamen.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. No sólo son cuestiones de fondo, como la falta de autonomía real y la posibilidad de que el Ejecutivo federal remueva al fiscal general, sino que también en el proyecto encontramos algunas inconsistencias que nos parece que no sólo son producto de la prisa legislativa, sino también que son rendijas que se pueden utilizar para manipular la procuración de la justicia. El artículo 1o que da sustento a esta ley no hace referencia a ser una ley reglamentaria la que organiza al Ministerio Público dentro de la Fiscalía General.

Consideramos también que la fracción VII del artículo 6o debería ser eliminada, porque se sigue hablando de recompensas y las recompensas eran factibles bajo el diseño de un sistema penal inquisitivo. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor del sistema penal adversarial y acusatorio no podrá ser posible ofertar una recompensa a las personas que proporcionen información que lleve a la captura de otro, porque iría en detrimento del principio de presunción de inocencia.

De igual manera, advertimos y es una causa que consideramos de fondo, que son muy tibias, muy tenues, prácticamente inexistentes las obligaciones en materia de derechos humanos. No se contemplan, por ejemplo, obligaciones respecto a las visitas que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para colaborar con informes sobre las actuaciones, acceso para realizar visitas o respuesta inmediata sobre la situación jurídica de las personas.

También vemos que la tortura como violación grave a los derechos humanos sigue latente y que no existen disposiciones tajantes y explícitas para prevenir este fenómeno de violación recurrente a los derechos humanos, como es la práctica de la tortura en México, que ha sido señalado por la Organización de las Naciones Unidas.

Simplemente en el artículo 31, en la fracción VI se establece como obligación de los agentes del Ministerio Público, impedir por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes.

Es decir, en todo este proyecto de dictamen sólo hay esta referencia tibia que no establece medidas de combate efectivo a la tortura y nos parece que se seguirá privilegiando la violación a los derechos humanos, arrancar confesiones por métodos de esta naturaleza. Y definitivamente vemos que en el fondo y en la forma es una ley que deja mucho que desear y por eso vamos a votar en contra. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del PRD, para hablar en pro del dictamen. Hasta por tres minutos, diputada. Tiene el uso de la voz.

La diputada Alfa Eliana González Magallanes:Crear una fiscalía debe ir más allá de un cambio de nombre y debe implicar más que un ascenso en la escala de procurador a fiscal general, con mayores atribuciones, las cuales por cierto algunos pueden considerar excesivas.

Este dictamen se presenta en un momento en el que la procuración de justicia no está sólo en entre dicho, sino que enfrenta cuestionamientos profundos por la inacción y dilación del Ministerio Público Federal en el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Esto sin dejar de mencionar el aumento alarmante en el número de homicidios, incluso por encima del sexenio anterior.

No debe decirse que el Legislativo es improductivo, por el contrario, en esta Legislatura hemos llegado al extremo de parecer una sastrería, tejiendo leyes a la medida del presidente. Aun así él no sabe cómo hacer uso de ellas para dirigir este país por la vía adecuada.

Las herramientas legales están disponibles, pero para usarlas se requieren más que spots y felicitaciones a una televisora, porque sin ella quién sabe qué sería de México, según las palabras del presidente.

El dictamen que estamos a punto de votar implica contar con un fiscal probo, quien permanecerá en el encargo de aquí hasta el 2023. Estamos en un momento en el cual urge una nueva figura ante la Procuraduría, el señor Murillo Karam ya se cansó y la sociedad mexicana no tiene la culpa de ello.

Sólo falta que con esta nueva ley pretendan ponerlo al frente de la fiscalía, ¿Para qué? ¿Para dar evasivas? ¿Para ganar tiempo, como lo ha hecho hasta ahora con la desaparición de los estudiantes de la normal rural Raúl Ignacio Burgos? Ni siquiera ha sido capaz de aportar los elementos suficientes para que María de los Ángeles Pineda esté en un penal de máxima seguridad, en vez de arraigada y sin certeza de que será encarcelada, pese a su participación en la desaparición de los 43 normalistas.

¿O ustedes creen que Murillo Karam investigará si hay o no enriquecimiento ilícito por la casa blanca? ¿Que investigará a Grupo Higa? Que no sólo presta casas en las Lomas, sino que además es parte de los consorcios para construir trenes, gana obras para acueductos que no tendrán agua para operar y además construye el Museo Barroco en Puebla. Ya supérenlo, es un escándalo que, como todo en este país, pasará como chisme de revista del corazón.

Señor Jesús Murillo Karam, ya renuncie, eso es lo más sano, no sólo para su salud, a la cual le agobia el cansancio, sino para que la Fiscalía que está por nacer no nazca muerta ni tenga a alguien que desde hace mucho dejó de trabajar y actúo de manera tardía ante la desaparición de una generación de normalistas.

Esta Fiscalía, que hoy el Grupo del Partido de la Revolución Democrática avalará, es un órgano que debe preservarnos, como sociedad, nuestro derecho a la justicia, a nuestra libertad de sufragio, pero, sobre todo, debe ser un órgano que actúe de manera efectiva en contra de la impunidad de las casas blancas, de los tlatlaya y de los iguala. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgo el uso de la palabra al diputado José Luis Flores Gómez, del PRI, que hablará en pro, pero también informo a la asamblea que aparecen, tengo registrados, a los diputados Alejandro Carbajal González, al diputado Federico González Luna Bueno y al diputado Fernando Belaunzarán. Sin embargo, concluida la participación del diputado Flores Gómez, preguntaremos a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Para el propósito señalado tiene la palabra diputado Flores Gómez, hasta por tres minutos. Si me permite, diputado Flores Gómez, si me permite, para intercalar, como corresponde, le otorgo el uso de la palabra al diputado Huerta Ladrón de Guevara, para hablar en contra.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Este dictamen aborta las propuestas de reforma de autonomía, que el PAN y el PRD enarbolaron en el trágico pacto contra México.

El señor Murillo Karam quedará designado como fiscal general, en el caso de que este dictamen que van a aprobar aquí no lo dudo los del PRD, los del PAN y los del PRI, entre otros. Y si el Senado lo ratifica, como se prevé, quedará por 24 años. No vengan a hacer demagogia a esta tribuna. Y lo están avalando ustedes.

No obstante, este aborto de una autonomía formal por una subordinación de facto de la nueva Fiscalía General que se reencarnará en el actual procurador general de la República, el artículo 102 de la Constitución determina que este fiscal y sus agentes serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.

Veamos entonces hasta dónde llega la demagogia legislativa de esta Cámara de Diputados, puesto que toca a través de la Subcomisión Instructora conocer una solicitud de juicio político que ratifiqué el 22 de octubre de este año por responsabilidad administrativa, las omisiones en la investigación de la denuncia de hechos en que se desprendía la responsabilidad del ex presidente Abarca en el asesinato de Arturo Hernández Cardona y otros líderes sociales afiliados al PRD, en el municipio de Iguala. Al grado de que fue requerido por el Senado de la República el 12 de junio de 2013, a través de un punto de acuerdo para atraer las investigaciones correspondientes.

De haberse realizado la atracción de esta investigación, el señor Murillo, el escenario del 26 de septiembre habría sido otro. La nueva Fiscalía sigue ignorando la demanda de justicia y de castigo a los delincuentes responsables de la inseguridad, que se cuestiona cada vez más en el ámbito internacional, pese al cerco informativo al que hace juego el duopolio televisivo y los grupos empresariales de la industria de la radio.

Esta demagogia legislativa que aquí se expresa hace juego al discurso oficial del Ejecutivo federal, que pretende ocultar el sol con una sombrilla.

En el quinto transitorio de este dictamen se determina que los actuales servidores públicos de la PGR que hayan sido nombrados por el todavía presidente de la República, permanecerán en sus cargos hasta que sean designados por el fiscal general de la República.

Cuestionar al fiscal general a través de la ratificación determinada en una disposición transitoria de la reforma constitucional se sustenta en la imposibilidad de contar, y escúchese bien, con un fiscal independiente del grupo político que actualmente usa y abusa de las funciones del gobierno. Carente de independencia para sus funciones y de una ética que legitime su actuación para investigar no solo a los responsables de la desaparición forzada de 42 estudiantes normalistas, 4 muertos, heridos y los que se acumulen, sino cualquier otra, culmino presidente, de las miles de desapariciones de personas que se denuncian a través de la inconformidad de los ciudadanos, que se denuncian a través de la inconformidad de los ciudadanos, que se han realizado en manifestaciones pacíficas en muchos lugares del país y del mundo en los últimos días.

Si ustedes aprueban esta ley, como prevemos los del pacto contra México, PRI, PAN y PRD y los que se le sumen, ésa será una ley que va a ser una mala noticia para quienes en este país clamamos justicia. Justicia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ahora sí, señor diputado José Luis Flores Gómez, para hablar en pro del dictamen.

El diputado José Luis Cruz Flores Gómez:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado José Luis Cruz Flores Gómez: Compañeros y compañeras legisladores, la representación social y la persecución del delito deben ahora más que nunca consolidar en un marco normativo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, el debido proceso, el combate a la corrupción, el estricto apego a la ley y el restablecimiento de la confianza en instituciones profesionales e independientes.

La propuesta presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, camina en este sentido, consolidando el compromiso de su administración con la legalidad y la transformación de México en un país de instituciones, a la vez contemplada en el entramado normativo, en la misma senda de la reforma constitucional en materia política y electoral que avalamos en este Congreso, misma que inició la virtuosa transición de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General con autonomía del Poder Ejecutivo y con nuevas facultades para el Ministerio Federal.

Fortaleciendo a las instituciones y al Estado mexicano a través de un sistema más efectivo de pesos y contrapesos que pongan como límite a las actuaciones de la autoridad a los derechos fundamentales y el respeto al orden jurídico, enviando un mensaje sólido y contundente: nada ni nadie sobre la ley, transición que hoy completaremos, de avalar en esta Cámara de Diputados el presente dictamen, para una Ley de Fiscalía General de la República, para iniciar una nueva etapa en la procuración de justicia en nuestro país.

La conducción que tendrá el Ministerio Público Federal sobre las policías, así como la referida organización del mismo en una fiscalía, órgano que cuenta ya con el rango constitucional autónomo, lo dota de independencia y objetividad en la investigación y persecución del delito, sustrayéndolo de la posibilidad de abuso de índole político en las facultades y atribuciones que se le han asignado, contando México con una ley moderna que incida en el mismo sentido renovador de las instituciones directamente relacionadas con la impartición de justicia –es motivo de congratularse también– y la sincronización que hace la normatividad en comento con las reformas en materia de procedimientos penales de 2008 coadyuvando en el tránsito de un sistema escrito y atávico a uno más contemporáneo de naturaleza oral que incidirá favorablemente en gestar una justicia mexicana más pronta, efectiva y reparadora con especial énfasis en la protección y garantía de los derechos tanto de las víctimas como de los imputados.

Mención especial merecen las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción y la dedicada a la persecución de delitos electorales. Ambos temas sensibles e insoslayables en una sociedad democrática, moderna y crítica como la mexicana, reiterando el compromiso irrestricto con los principios fundacionales del Estado mexicano como el respeto y protección a la voluntad y soberanía popular que se expresa a través del voto universal, libre y secreto, así como el repudio institucional al abuso del servicio y función pública a la opacidad y a la discrecionalidad, apostando por un México más honesto y transparente con funcionarios que rindan cuentas y que tomen las decisiones que más convengan a todo el pueblo de México.

Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos seguros que estamos dando un paso adelante en la conformación de un nuevo Estado mexicano donde los ciudadanos tengan la certeza de que sus autoridades se conducen en los cauces de la ley, de la objetividad y del bien general a través de instituciones sólidas que restablezcan la confianza de la ciudadanía en ellas.

También recordar a quien me antecedió en la palabra, que quieran o no, no podrán dejar de ser estigmatizados, y es que los que en esta tribuna piden renuncias, los que en esta tribuna piden justicia, son los que nos tienen que decir dónde tienen a esos 42 jóvenes que ustedes se llevaron y ustedes saben dónde están, porque ustedes son Abarca y ese estigma no se lo quitarán nunca.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado.

El diputado José Luis Cruz Flores Gómez: Gracias, señor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión los artículos cuya cuenta dará la Secretaría. Adelante, señor secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ley de la Fiscalía General de la República, artículos 3o., 5o., 13, 22, 6, 7, 32, 15, 16, 12, 27, 28, 29, 41, 31; artículo de distribución de denominación de la ley.

En cuanto a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se reserva suprimir el artículo 2o.

De la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el artículo 36.

Del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 167.

De la Ley de Seguridad Nacional, se solicita suprimir un artículo.

De la Ley Sobre Celebración de Tratados, artículo 7.

Disposiciones transitorias del proyecto de decreto, se solicita la adición de tres artículos transitorios. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano secretario.

En tal virtud pido a la secretaría ordene que se abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde su curul): En contra.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde su curul): En contra.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde su curul): A favor.

La diputada Tanya Rellstab Carreto (desde su curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor Presidente, se emitieron 370 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 370 votos.

En apoyo al artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Martha Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, para presentar su propuesta de modificación al artículo 3 del artículo 1 del proyecto de decreto, es decir, de la ley de la fiscalía general de la República.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. No se puede negar que las instituciones de procuración de justicia se encuentran actualmente ya cansadas ante una crisis de falta de credibilidad, confianza e independencia y sobre todo de principios de justicia.

Todos sabemos que los servidores públicos se deben y le deben el puesto al amigo, al compadre, al diputado, al senador, al líder del partido, al presidente de la República y ahora sabemos que hasta a los narcos tienen sus fichas incluidas en el sistema de servidores públicos de distintos niveles de gobierno, y la PGR y sus representantes en las entidades y sobre todo también en los municipios no escapan a deber ese favor. Por lo tanto, la ciudadanía no creé en la justicia mexicana.

En el caso de la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa nos damos cuenta, en primera, que el señor procurador ya está cansado, y lo ha anunciado públicamente, cansancio que está dando como resultado el que no se pueda dar respuesta clara a los familiares de los desaparecidos, una serie de incongruencias y de argumentos que no dan prueba real de qué pasó.

La NASA declara en uno de sus estudios, que en el lugar –y pongan atención– a donde la PGR dice que hubo tal fogata, basurero, de Cocula, ése día...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Presente su reserva, diputada...

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: ... y esa hora, estuvo lloviendo, y que jamás se observó, satelitalmente nunca se observó el supuesto incendio.

Por esto es indignante para todos los mexicanos, no es conveniente que la procuración de justicia esté en manos de un cansado y servil del Ejecutivo o de algún grupo político, sea cual sea.

El ministerio público, ahora resulta dependerá económicamente del Ejecutivo, según la propuesta, al transformarlo en un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, mismos que serán autorizados por el presidente, lo que subordinaría a sus designios. Recordemos lo que dice el viejo refrán: el que paga, manda. Y así es en este caso.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de la comisión la siguiente reserva al artículo del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de la Fiscalía General de la República. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Para presentar reserva tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Claudia Bojórquez Javier, es al artículo 3 del dictamen en comento.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier:Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputadas, diputados, medios de comunicación, público en general, pueblo de México, partiendo de un ámbito general, hoy día es la seguridad pública la prioridad número uno de nuestra población por encima, incluso, de la necesidad de empleo.

Este sentimiento es generalizado en la sociedad mexicana y radica, por un lado, en la realidad de que la incidencia delictiva se ha elevado, y por otro, en que las autoridades de prevención del delito, procuración y administración de justicia del país, al igual que las de ejecución de penas, se encuentran rebasadas, y por tanto, se percibe que para los delincuentes existe un ambiente ideal de impunidad.

Particularmente la procuración de justicia en México es anquilosada y no ha modernizado al mismo ritmo que nuestras instituciones democráticas, porque esencialmente aún y con todas las reformas al sistema penal acusatorio que se han hecho, a la creación de las figuras de los jueces de control y de ejecución de sanciones, así como de la expedición del Código Único de Procedimientos Penales, preserva el diseño del régimen presidencialista y vertical que nos caracterizó a partir de la Constitución de 1917.

En materia de procuración de justicia la Organización de las Naciones Unidas, en sus áreas especializadas, ha advertido en sus observaciones que México tiene que darle autonomía al Ministerio Público por la precaria situación en la que se encuentra la justicia penal. Nuestro país ha intentado dar cumplimiento a las observaciones de la ONU al crear la Fiscalía General de la Nación, órgano que hasta este momento no ha entrado en funciones.

Es claro que la PGR está inmersa en una mutación de gran envergadura, esencialmente en el aspecto administrativo y operativo represivo, y no así en una transformación integral que de manera profunda encuentre una reestructuración correcta en el sistema de procuración de justicia.

En otras palabras, no nada más debe cambiar el nombre de PGR a Fiscalía, sino que es necesario hacer una renovación de toda su estructura profesionalizando y culturizando a todo el personal que pertenezca a este órgano.

Ruego a la Presidencia que si puede llamar al orden a la Cámara o a los diputados que se encuentran en este pleno para poder continuar con la participación. Llamamos al orden al mismo presidente, que tampoco está en atención ni a la oradora ni al orden de este pleno.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Continúe con la presentación de su reserva, diputada.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: La profesionalización no debe entenderse como un grado de estudios para quien ingrese, sino que esa profesionalización se refiere a la experiencia y a la capacitación que se tenga respecto de la actividad que va a desempeñar el servidor público.

En la actualidad se considera insatisfactorio el avance de la PGR en el cumplimiento de su misión, acorde a las exigencias sociales de justicia penal. Esto es contrario a sus objetivos, siguen incrementándose y agravándose las conductas antisociales, calificadas como delitos federales, sobre todo las que más lesionan a la población y al orden social, tales como: la corrupción, delitos contra la salud, tráfico y portación de armas, las ejecuciones para ajustes de cuentas, lo cual se advierte que no sólo en las estadísticas serias, sino en la vivencia diaria.

Factores como la impunidad y la inseguridad en la actualidad han incidido en una crisis de confianza de la ciudadanía frente al Estado, sus niveles de gobierno y de las instituciones. Desde nuestro particular punto de vista puedo concebir que el problema toral es de cultura, de modelos de desarrollo y no únicamente del ejercicio de la función pública.

Como ya lo dije, la procuración de justicia está en crisis porque el país y tal vez el mundo entero lo están, pero si a ello le sumamos un modelo de procuración como el que ahora tenemos, centralizado, politizado, corrompido, desgastado, saturado, abandonado, pero sobre todo desacreditado, desde luego superar este caos no es nada fácil, requiere decisiones de Estado valientes e integrales, ya no a mediano y largo plazo, sino a corto plazo por el estado de emergencia en el que vivimos.

Está comprobado que la tecnología avanzada es parte fundamental de la función de las instituciones, sin embargo la verdadera inteligencia radica en el ser humano, por ello es importante que quien esté al frente de la procuración de justicia cuente con un equipo probado, que esté a la altura de las exigencias sociales. Pueden seguir con su plática, Cámara de Diputados, diputados del PRI. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se admite a discusión la reserva.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Para presentar su reserva al artículo 5, fracción XVII, tiene el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, hasta por tres minutos.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Vengo a presentar reserva del artículo 5, en donde señalamos debe decir la fracción XVII, solicitar la cancelación de órdenes de aprehensión, reaprehensión o comparecencia cuando se acredite la inexistencia de la conducta imputada, así como la reclasificación de la conducta o hecho por las cuales se haya ejercido la acción penal.

Partiendo de un ámbito general, hoy día es la seguridad pública la prioridad de nuestra población, por encima incluso de la necesidad de empleo. Este sentimiento es generalizado en la sociedad mexicana y radica, por un lado, en la realidad de que la incidencia delictiva se ha elevado, y por otro, de que las autoridades de prevención del delito, procuración y administración de justicia del país, al igual que las de ejecución de penas, se encuentran rebasadas y por tanto se percibe que para los delincuentes existe un ambiente ideal de impunidad.

Hay que decirlo con todas su letras, en este país existe un pacto de impunidad entre los distintos niveles de gobierno, que se solapan unos a otros e intercambian la ceguera y la sordera ante los distintos delitos que se cometen.

Particularmente la procuración de justicia en México es anquilosada y no se ha modernizado al mismo ritmo de nuestras instituciones democráticas, porque esencialmente, aun y con todas las reformas al sistema penal acusatorio, que incluyen los juicios orales, a la creación de las figuras de los jueces de control y de ejecución de sanciones, así como de la expedición del Código Único de Procedimientos Penales, preserva el diseño del régimen presidencialista y vertical que nos caracterizó a partir de la Constitución de 1917.

En materia de procuración de justicia, la Organización de las Naciones Unidas en sus áreas especializadas ha advertido en sus observaciones que México tiene que darle autonomía al Ministerio Público por la precaria situación en la que se encuentra la justicia penal. Nuestro país ha intentado dar cumplimiento a las observaciones de la ONU al crear la Fiscalía General de la Nación, órgano que hasta este momento entrará en funciones una vez que se apruebe.

Es claro que la PGR está inmersa en una mutación de gran envergadura, esencialmente en los aspectos administrativos y operativo represivo y no así en una transformación integral que de manera profunda encuentre una reestructuración correcta en el sistema de procuración de justicia.

En otras palabras y no nada más de cambiar de nombre de PRG a Fiscalía, sino que es necesario hacer una renovación de toda su estructura, profesionalizando y culturizando a todo el personal que pertenezca a este órgano.

La profesionalización no debe entenderse como un grado de estudios para quien ingrese, sino que esa profesionalización se refiera a la experiencia y capacitación que se tenga respecto a las actividades que deba desempeñar el servidor público en esta área.

En la actualidad se considera insatisfactorio el avance de la PGR en el cumplimiento de su misión, acorde a las exigencias sociales de justicia penal. Esto es, contrario a sus objetivos, sigue incrementándose y agravándose las conductas antisociales calificadas como delitos federales, sobre todo las que más nos lesionan a la población y al orden social –concluyo, presidente– tales como corrupción, delitos contra la salud, tráfico y portación de armas, las ejecuciones por ajuste de cuentas, lo cual se advierte no sólo en las estadísticas serias, sino en la vida diaria de las y los mexicanos.

Estos factores, como la impunidad y la inseguridad en la actualidad han incidido en la crisis de confianza de la ciudadanía frente al Estado, sus niveles de gobierno y sus instituciones.

Hoy damos un paso importante con la creación de la Fiscalía, pero no servirá de nada si no se rompe con ese pacto de impunidad. Por eso hacemos un exhorto a quienes están al frente de estos órganos de procuración de justicia, que tengan un compromiso real con la ciudadanía, porque México no aguanta más. No aguanta más impunidad, más corrupción. México necesita que las instituciones respondan verdaderamente a la justicia. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos: 5 con una adición de una fracción XXIX Bis, 14 con una adición de una fracción XIII Bis; y disposiciones transitorias del proyecto de decreto. Adelante, diputada.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Sí, gracias, presidente, con la venia suya. A raíz de los acontecimientos cometidos en Tlatlaya, pero no es a raíz, fue la gota que derramó el vaso, y también los de Iguala, Ayotzinapa, quedó al descubierto que en nuestra legislación la persecución de crímenes tan serios y que se realizan de manera sistemática y calificados por muchos de nosotros y por distintos académicos como crímenes de lesa humanidad, nuestra legislación no está, precisamente, acorde con la persecución de estos crímenes.

Tanto la desaparición forzada, la tipificación no es adecuada, como en el caso de la ejecución sumaria o arbitraria que no está tipificada en nuestro Código Penal, y que no solamente no está tipificada, sino que en el caso de los elementos de la defensa, los que están detenidos únicamente se les ha iniciado el proceso por homicidio calificado.

No es lo mismo el que se han muerto unas personas o asesinadas por cualquier persona, a que sean precisamente por las personas encargadas de la seguridad en nuestro país, y eso es precisamente lo que tendría que tipificarse en la ejecución arbitraria.

La ejecución arbitraría, debidamente la desaparición forzada, aunado a los crímenes de lesa humanidad, también a tipificar correctamente, aunque ya está el genocidio, a tipificar los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Todos éstos vinculados con el Estatuto de Roma, dígase la Corte Penal Internacional que México ratificó, este Estatuto de Roma. Incluso en el artículo 21 constitucional se establece, se contempla una regulación específica en cuanto al Estatuto de Roma.

Desgraciadamente, México no ha cumplido con su obligación de implementar o dar aplicación a este Estatuto de Roma, y en caso de que no fueran juzgadas las personas que cometieran estos delitos, díganse crímenes de lesa humanidad, por cometerse de manera reiterada, estos no podrían ser entregados, más que no pudieran ser entregados, no habría un procedimiento para que se entregaran a la justicia internacional, es decir, a la Corte Penal Internacional.

Ésa es la razón de las reservas que estoy presentando y en las que literalmente se establece, en el artículo 5, fracción XV Bis, desahogar lo que en su caso instruya el fiscal, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a la Corte Penal Internacional y su Fiscalía, incluyendo las solicitudes de colaboración, cooperación, asistencia, así como ejecutar las diligencias de detención, medidas precautorias, entrega, identificación, localización, aseguramiento, traslado, cateo y notificación. Y promover su ejecución ante las autoridades competentes, además de transmitir la información al fiscal sobre toda actuación, así como ejecutar sentencias definitivas que ordenen multas, el decomiso de bienes u objetos o reparaciones en los términos de la ley reglamentaria en la materia.

Por su parte, el artículo 14, fracción XIII Bis, establecer en coordinación necesaria con la Secretaría de Relaciones Exteriores para cualquier actuación o comunicación con la Corte Penal Internacional en lo relativo a hechos probablemente delictivos, según lo dispuesto en el Estatuto de Roma, a aplicar el principio de complementariedad del mismo y a instruir cualquier diligencia, ejecución o promoción respectiva al Ministerio Público en términos de la ley reglamentaria en la materia.

El transitorio, para los efectos de lo dispuesto en la fracción XIX Bis, artículo 5, y XIII Bis del artículo 14 y del artículo 1 del presente decreto el Congreso de la Unión deberá expedir en un máximo de 180 días naturales una ley reglamentaria, el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cooperación con la Corte Penal Internacional.

Cabe apuntar que en el mecanismo universal de derechos humanos se responsabilizó México, precisamente por no legislar en lo relativo al Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional.

Con eso nada más se confirma que en México lo que impera es la impunidad y que no hay la voluntad política, incluyendo la de esta Cámara, de regular lo relativo a los crímenes de lesa humanidad. Es cuánto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas presentadas. Si se admiten a discusión, secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, que tiene reservas propuestas de modificación a los artículos: 5, fracciones I y V; 6, fracción I y XIV, una adición de una fracción XIV, XV, XVI y XVII; al artículo 7, fracciones I, II y III; al artículo 32, fracciones V, VI, VIII y IX de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Adicionalmente del Código Nacional de Procedimientos Penales, un artículo 167, así como de otros ordenamientos que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones legales en los artículos transitorios. Dos adiciones, ¿Es así, diputada? Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos y con la tolerancia que recomienda el número de sus propuestas de modificación. Adelante, por favor.

La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem:Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Presento este conjunto de reservas porque nos parece, para mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, nos parece muy importante la creación de esta fiscalía.

Nuestro partido desde sus orígenes ha propuesto la autonomía del Ministerio Público y su profesionalización, sin embargo este dictamen tiene lagunas importantes que debemos señalar, lamentablemente el día de ayer no fue posible en la Comisión de Justicia dar una discusión al respecto y dado que se reproduce en los términos de la iniciativa del Ejecutivo es necesaria una discusión a fondo.

En la presente Legislatura muchos de los cuestionamientos y propuestas realizadas por legisladores a la Procuraduría General de la República, han obtenido como respuesta que la reestructuración en proceso atenderá o resolverá los problemas. Esa respuesta recibimos en la comparecencia del titular, licenciado Murillo Karam. Sin embargo no se ha hecho explícita la relación entre esa reestructuración orgánica y las necesidades generadas de acciones legislativas.

Con este decreto se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es sustituida por la Ley de la Fiscalía General. Al perder el carácter de orgánica se elude la posibilidad de incidir en la estructura institucional de la Fiscalía General de la República.

No es un argumento válido que la autonomía de la fiscalía impide que el Poder Legislativo se inmiscuya en su estructura orgánica, pues ese mismo estatuto le fue concedido por reforma a la Carta Magna. Por el contrario, el diseño institucional del Legislativo debe garantizar al máximo el acceso a la justicia de este nuevo órgano.

En relación a los derechos humanos es una fiscalía sin obligaciones. La obligación constitucional y convencional de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos sólo se establece de manera abstracta en las obligaciones y bases generales de la fiscalía. No hay instrumentos de investigación de oficio, expeditez, protección a víctimas, suplencia de la queja, por decir sólo algunos que podrían contemplarse para la prevención, investigación, sanción y reparación integral de todas las posibles violaciones a derechos humanos.

La fiscalía no tiene ningún instrumento para investigar posibles violaciones a derechos humanos por parte de su personal a personas detenidas o vinculadas a proceso penal. Tampoco para aplicar las medidas conducentes en reparación integral que contempla la Ley General de Víctimas cuando la fiscalía sea la responsable, ni para colaborar de manera eficaz con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Nos preocupa que se mantenga en el Código Nacional de Procedimientos Penales la disposición del artículo 167, último párrafo que establece que –comillas– “el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos y de la comunidad.

“Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la fiscalía o el funcionario que en él delegue esa facultad”.

Se considera que una fiscalía independiente no puede conservar la facultad discrecional de sustituir la prisión preventiva oficiosa pues el imputado y su defensor deberían tener la posibilidad de acreditar su disposición a colaborar con la autoridad ante el juez y si éste lo concede, la medida cautelar implicaría un mayor respeto a la presunción de inocencia que la prisión preventiva oficiosa.

No hay en esta propuesta un tratamiento adecuado de las desapariciones forzadas; señoras y señores legisladores, esto es muy grave.

Todos hemos hablado de la situación tan grave y tan crítica que nuestro país enfrenta, y una de las situaciones que tenemos que buscar atender es justamente, desde luego primero la eliminación de las desapariciones forzadas, pero por supuesto que también la atención de esta circunstancia.

No hay entonces en esta propuesta un tratamiento adecuado de las desapariciones forzadas, considerando que se trata de una violación de derechos humanos de la que es responsable el Estado, tal y como lo determinan el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establecen que la desaparición forzada se configura cuando ocurre con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado.

En este sentido proponemos facultades para que la fiscalía emprenda la búsqueda con las autoridades que podrán tener responsabilidad o vinculación con los hechos, especialmente para asegurar la colaboración o comparecencia de superiores jerárquicos que podrán tener información que contribuya con el esclarecimiento del paradero de una persona.

Asimismo que se establezca la obligación del Ministerio Pública para dictar las medidas de protección para el denunciante, testigo, allegados, defensores de la persona de-saparecida, lo que omite la responsabilidad del artículo 12.1 de la Convención Internacional.

No queda claro si habrá una unidad especializada como la que actualmente existe para la búsqueda de personas desaparecidas o si se pretende que cada agencia del Ministerio Público federal sea capacitada para esta función.

El presupuesto de la unidad se redujo 60 por ciento para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2015.

Por lo que es sumamente importante establecer quién heredará estas responsabilidades en la nueva fiscalía y cómo atenderá los casos, pues el Ejecutivo no nos informó las razones del ajuste presupuestario.

En materia de tortura planteamos disposiciones explícitas para la prevención, investigación y sanción de la tortura que es, de acuerdo a organizaciones como Human Right Watch o Amnistía Internacional, utilizada actualmente como método de investigación. De acuerdo a los cálculos, sólo uno de más de mil 500 casos denunciados por tortura es sancionado.

Por todo lo expuesto, las reservas que presento –ustedes lo habrán escuchado– se enfocan en acotar las facultades extra limitadas de la fiscalía en atender problemática actual de opacidades en sus actuaciones y la falta de autonomía de la institución, en establecer obligaciones explícitas en materia de derechos humanos.

Por lo dicho apelamos a su sensibilidad en virtud de la preocupante crisis que vivimos en esta materia. Llamo a votar a favor de las reservas presentadas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Margarita Tapia. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aceptan a discusión las propuestas de modificación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Teresa Mojica Morga, del PRD, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 5, fracción IV y la adición de una fracción III bis al artículo 7 de la Ley de la Fiscalía General de la República.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga:Con su venia, señor presidente. Es de todos conocido que en nuestro país la libertad de expresión está en riesgo y bajo constantes ataques, ya sea por parte de miembros del crimen organizado, señalados por los medios, o por autoridades a las que incomoda la difusión e información u opiniones críticas.

Quién puede decir que las y los periodistas, las personas que ejercen esta loable profesión, empresarios y trabajadores de medios están seguros en este país si sabemos que el jefe policiaco de Silao mandó golpear a Karla Silva, que el crimen de Regina Martínez en Veracruz sigue impune. Que diarios como Debate, en Sinaloa o Mural, en Jalisco, han recibido ataques con granadas. Lo ha dicho el relator especial en la materia en su visita a México.

La violencia contra periodistas genera el fenómeno de censura, pues sufren intimidación las personas que brindan a la población los elementos para formarse un juicio sobre la vida pública.

En un país con medios de comunicación amenazados y atacados, la sociedad no puede ejercer su derecho a la información. Y por lo tanto, no puede vivir en un ambiente democrático.

Este Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2012, para que las autoridades federales puedan atraer los casos de ataques contra la libertad de expresión, y apenas en abril del año pasado votamos para establecer nuevas facultades para la PGR para ejercer esta atracción.

Este trabajo legislativo, a un año de su vigencia, por desgracia puede quedar en el limbo, pues el dictamen actualmente a discusión no hace explícitas estas disposiciones como lo hace la Ley Orgánica de la PGR en su artículo 11, actualmente.

La Ley de la Fiscalía General de la República, que deroga la anterior, requiere de una adición. Nos preocupa que la Ley de la Fiscalía General sólo se contemplen dos fiscalías especializadas: una en materia de delitos electorales y la otra en materia a combate a la corrupción.

A pesar de que es un mandato constitucional establecer la posibilidad de ejercer la facultad de atracción, ésta no aparece en el dictamen. Por ello proponemos la adición de una fracción III Bis al artículo 7, para incluir una estructura orgánica de la PGR la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la libertad de expresión y de que esta forma, la existencia de este órgano no quede a discreción del fiscal.

Asimismo, planteamos que el artículo 5 faculte al ministerio público para instruir o adoptar medidas necesarias para la máxima protección del derecho a la libertad de expresión para personas periodistas que colaboran en medios de comunicación cuando se ejerza la facultad de atracción que deriva del artículo 73, fracción XXI, párrafo segundo de la Constitución como hemos mencionado.

Pedimos su voto a favor de la presente reserva a fin de que trabajemos conjuntamente por la adecuada protección de los medios y de la personas periodistas, quienes son factores clave para construir una sociedad libre e informada.

Desde aquí le digo a mi compañero diputado del PRI, los guerrerenses somos gente buena, gente trabajadora que ha aportado muchas cosas importantes a este país, me parece cínico que el PRI pregunte dónde están los 43 jóvenes desaparecidos si fue precisamente en Cocula, un municipio priista, donde los desaparecieron y encontraron los restos del joven Alexander Mora, que descanse en paz.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Presente, diputada, su propuesta de modificación.

La diputada Teresa de Jesús Mojica Morga: Ya basta. Queremos justicia los mexicanos y los guerrerenses, caiga quien caiga. Y si ya se cansaron, que se vayan a su casa a descansar.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte a la asamblea, señor secretario, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos de Jesús Alejandro, del PRD, para presentar su propuesta de modificación, que es una adición de una fracción V al artículo 7 de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Y me da oportunidad el señor diputado, nos acompañan un grupo de adultos mayores de la asociación Máquina 501 y ciudadanos del municipio de Querétaro, los saludamos con respecto y con afecto, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Adelante, diputado Carlos de Jesús Alejandro.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro:Gracias. Tlashtlaui ueyi tlacome. Gracias, señor presidente. Estimadas diputadas y estimados diputados de esta honorable asamblea, el reconocimiento en el artículo 2o. constitucional de México como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas ha tenido un fuerte impacto en el sistema judicial del país.

Asimismo, la reforma en materia de derechos humanos del 2011, al artículo 1o. que reconoce a los tratados internacionales a la par de nuestra Carta Magna significa un mito en el acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Consiente de todas estas reformas la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo a bien publicar un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de miembros, comunidades y pueblos indígenas. Esto con el fin de unificar criterios acorde a las reformas constitucionales y a los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

El artículo 2o., también de la Constitución, en su apartado B, en el numeral VIII, reconoce y garantiza el derecho de los indígenas para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, para garantizar este derecho en todos los juicios y procedimientos que sean parte, individual o colectivamente –establece este artículo–, se deben tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de la Constitución. Los indígenas –dice también– tienen todo el tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

El Convenio 169 de la OIT también establece en su artículo 9 que las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales, deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia. Y la declaración de Naciones Unidas sobre los mismos derechos en su artículo 13 refiere también que los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

La Ley General de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas, también en su artículo 10 establece el de garantizar este derecho a la plena jurisdicción del Estado en las lenguas nacionales reconocidas como tales, las más de 60 lenguas indígenas que se establecen en la Constitución.

Por ello vale la pena recalcar que en el mismo protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia para quienes imparten justicia en pueblos indígenas, que fue publicado por la Suprema Corte, establece también los principios rectores del documento del derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.

Es por ello que ante la iniciativa de la ley que hoy discutimos, los legisladores debemos garantizar y ratificar la existencia de una nueva Fiscalía General de la República, de una Unidad Especializada para la Atención de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, la cual ya existe actualmente en la Procuraduría General de la República.

Por ello estoy proponiendo que en el artículo 7o se incorpore en la fracción V, la creación por ley y no a criterio del futuro fiscal, esta Unidad Especializada.

Señor presidente, no puedo dejar de pronunciar que es necesario no solamente un cambio cosmético o de nombre en las instituciones de seguridad y de procuración de justicia; es necesario también un cambio de fondo, un cambio sustancial. Las instituciones en la materia están agotadas en la credibilidad para toda la nación. Por ello es necesario también que renuncie el gabinete de seguridad y de procuración de justicia.

No necesitamos solamente un titular que está ya cansado, como lo ha manifestado, para que continúe en el cargo. Que renuncie el gabinete y por último presidente, yo le pido en igualdad de condiciones, unos minutos, un segundo más de tolerancia.

Se dan con la piedra en la boca, sobre todo el diputado Flores Gómez y los demás diputados del PRI, porque justo falta credibilidad en las decisiones de procuración de justicia para el caso de Tlatlaya, Iguala. El alcalde de Iguala está en la cárcel, el alcalde de Cocula, a quienes sus policías municipales recibieron por parte de la Policía Municipal de Iguala a los jóvenes normalistas y estos se los entregaron a la delincuencia organizada, es un presidente municipal del PRI.

Ni ustedes ni el presidente Peña Nieto son Ayotzinapa, ustedes son Atlacomulco, ustedes son Díaz Ordaz, ustedes son los Salinas de Gortari, ustedes son los que han criminalizado la lucha social de nuestros pueblos.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte a la asamblea, señor secretario, en votación económica, si se admite la propuesta de modificación a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 7, fracciones I, II, y III; 15, párrafo primero y 16 fracción I de la Ley de la Fiscalía General de la República.

El diputado Uriel Flores Aguayo:Con su autorización. Qué bonito coro tenemos aquí hoy.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por siete minutos.

El diputado Uriel Flores Aguayo: Muy bonito coro. Artículo 7, tanto la vicefiscalía general como las vicefiscalías a las que alude este artículo carecen de base constitucional y, por tanto, no pueden ni deben ocupar un lugar jerárquico superior al de las fiscalías especializadas, las cuales sí tienen base constitucional y el procedimiento para nombrar a sus titulares es más democrático y más legítimo, ya que interviene la Cámara de Senadores en los términos del artículo 102 constitucional.

La propuesta que hacemos respeta el orden jerárquico establecido en el artículo 102 constitucional. Es decir, proponemos que en las primeras fracciones de este artículo 7 diga:

Fracción I. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Fracción II. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

Fracción III. La Vicefiscalía general y las vicefiscalías que establezca el reglamento.

En este orden de ideas es que propongo que en el artículo 15 se establezca que el fiscal general sea suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales por el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, y no como dice el dictamen propuesto, que indica que el reglamento establecerá quién suple al fiscal general.

De igual forma, propongo que en el artículo 16 se especifique que cuando se impute la comisión de un delito al fiscal general, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución y por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el suplente sea el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, ya que aunque este funcionario es nombrado por el fiscal general debe contar con el aval de la Cámara de Senadores, lo que le da un perfil de mayor autonomía y libertad de acción frente al fiscal general, y estaría en mejores condiciones de encabezar una investigación que implicara al propio fiscal general.

La propuesta es la siguiente. Artículo 16. Cuando se impute la comisión de un delito al fiscal general, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución y por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se procederá de la siguiente manera.

Uno. El titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción actuará como suplente del fiscal general, de conformidad con esta ley y su reglamento, conocerá de la denuncia y se hará cargo de la investigación respectiva.

En caso de no aceptarse, en el texto actual, dice: Fracción I. El servidor público a quien corresponda actuar como suplente del fiscal general, de conformidad con esta ley su reglamento, conocerá de la denuncia y se hará cargo de la investigación respectiva.

Si revisamos el artículo 14, fracción XV, del presente dictamen, es facultad del fiscal general nombrar y remover libremente a los titulares de las unidades administrativas que integran la Fiscalía, así como determinar sus facultades, lo cual implica que quien actuará como suplente será un servidor nombrado por el fiscal, por lo que esta situación puede conllevar que no se conduzca con imparcialidad en relación a la investigación del fiscal.

Eso también genera un conflicto de intereses, pues quien ocupe el cargo en caso de ausencia del fiscal será el suplente quien a su vez se encarga de la investigación de aquél.

Por lo anterior, les solicito que aprobemos estas reservas para darle a la composición de la Fiscalía General y a las fiscalías especializadas el rango que la propia Constitución Política les ha conferido, y con ello, la libertad de acción y la autonomía determinada en la misma Constitución. Es todo, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Flores Aguayo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Tiene la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, para presentar propuestas de modificación a los artículos 7, 12, fracción III, 12, fracciones II y III del pre citado dictamen de la Ley de la Fiscalía General de la República. Siete minutos, señor diputado.

El diputado Catalino Duarte Ortuño:Hemos señalado aquí en esta tribuna de la reforma que hoy se está discutiendo. No es suficiente para atender el tema de la procuración de justicia en este país. Consideramos que está limitada y quiero reconocer los razonamientos que hizo la diputada Tapia.

Y en ese sentido quiero ratificar que por cuanto hace a la reserva del numeral 12, la que tiene qué ver con las obligaciones del fiscal general, nosotros consideramos que al momento de comparecer a rendir su informe lo debe decir bajo protesta de decir verdad. Y además, apercibirlo de que en caso de que incurra en falsedad en su informe se proceda conforme lo establece la ley.

Igual, esta reserva que tiene que ver con la evaluación. Que no solamente comparezca a rendir un informe sino que el Senado valore si su informe se apega a la realidad, si está cumpliendo con su responsabilidad como fiscal nacional. De ser así, que sea ratificado o en su defecto, pedir que se retire de esa responsabilidad.

En relación a la reserva número 7, que son varias fracciones, centrarnos en que no observamos mecanismos de regulación en relación a la Fiscalía de Delitos Electorales, a la Fiscalía del Combate a la Corrupción.

Se dejan estas disposiciones legales sueltas, libres de tal forma que debiesen sujetarse a los convenios internacionales, y principalmente, al respeto a los derechos humanos de este país, lo cual está muy alejada, como ya lo señalé, esta reforma.

Por el otro lado estamos planteando en el numeral 12, dentro de las obligaciones del Fiscal General, que deben fijarse los lineamientos y estrategias necesarias para prevenir, sancionar y reparar las posibles violaciones de los derechos humanos reconocidas por el orden jurídico nacional y a nivel internacional.

Necesitamos, como lo dijo Carlos de Jesús, una reforma a fondo, se requiere voluntad política. Y en ese sentido yo hago un exhorto a Acción Nacional, al PRI, a todas las fracciones parlamentarias para que no sean solamente intenciones, se requiere un cambio profundo.

Yo entiendo que los compañeros del PRI tienen su piel muy sensible, parecen bebes, cuando se les trata los temas importantes empiezan a gritar, a decir cosas fuera de control, pero han señalado una y otra vez que debemos asumir nuestra responsabilidad en Iguala y en ese sentido queremos decir lo siguiente, me voy a referir al pueblo de México.

En relación a Abarca y su esposa están en la cárcel. En relación a los policías preventivos que participaron en la detención ilegal de los 43 muchachos, los policías preventivos están en la cárcel.

También decirle al pueblo de México y pedirle a los medios de comunicación que lo puedan comentar; si bien es cierto que los policías preventivos de Iguala detuvieron a los muchachos, se los llevaron, también es cierto que esos policías preventivos de Iguala llevaron los 43 muchachos a entregar a los policías preventivos de Cocula y esos preventivos de Cocula entregaron los 43 muchachos al crimen organizado y eso el pueblo de México lo debe saber, y lo que tenemos que hacer aquí tanto el PRD como el PRI es asumir nuestra responsabilidad y también otros partidos políticos.

¿Por qué se callan? ¿Por qué no dicen que sus policías preventivos de Cocula fueron los que finalmente entregaron los muchachos a la delincuencia organizada? Yo le pregunto a mi paisano de Acapulco, si sus policías preventivos no hubieran entregado a los muchachos a la delincuencia organizada, estuvieran aquí con nosotros vivos. Por eso decimos que ustedes son los que se los llevaron y ustedes deben de regresarlos.

Ya se les olvidó cuando mataron a los campesinos de Aguas Blancas.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Duarte Ortuño.

El diputado Catalino Duarte Ortuño: Ya se les olvidó la matanza de los campesinos en Chiapas cuando Chuayffet era secretario de Gobernación. Por eso asumamos nuestra responsabilidad y reconozcamos que necesitamos un cambio profundo. Vayamos a una reforma a fondo.

Con mucho respeto, no griten; suban, defiéndanse, digan aquí que sus policías preventivos de Cocula, gobernado por el PRI, son los que al final entregaron a los 43 muchachos. Que me diga aquí Manuel si no es cierto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aceptan las propuestas de modificación a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. El diputado Fernando Zárate tiene un conjunto de siete propuestas de modificación a la Ley de la Fiscalía General de la República, a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y de Seguridad Nacional. Las retira. En sus términos el dictamen.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Muñoz Soria, del PRD, para presentar propuestas de modificación a los artículos 12, fracción III y 31, fracciones VI, VIII y XIV de la Ley de la Fiscalía General de la República. Adelante, diputado.

El diputado José Luis Muñoz Soria:Presidente, en la reserva al artículo 31, le entrego una modificación a la propuesta de las reservas diferente a las que tenía registradas. Se la entrego de una manera atenta.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señor diputado, será registrado. Le pido a la Secretaría tome nota y que se incorpore además al Diario de los Debates el texto del documento. Adelante, señor diputado, por cinco minutos.

El diputado José Luis Muñoz Soria: Muchas gracias, diputado presidente. Tengo dos reservas, una al artículo 12 y otra al artículo 31 de la Ley de la Fiscalía General de la República.

Quienes estamos aquí tendríamos que estar construyendo el marco jurídico que llevara a nuestro pueblo, a nuestro país a mejores condiciones de vida y a una mejor conducta de los servidores públicos.

Y no debiéramos estar construyendo leyes que solamente sirvan para tapar delitos, como ha venido ocurriendo en muchas de las que se han aprobado por estas mayorías en esta Legislatura. Nos parece lo mismo para esta propuesta de la Ley de la Fiscalía General de la República.

En ese sentido sabemos la intolerancia que hay dentro de las mayorías y que seguramente no van a aprobar ninguna de las reservas que hagamos, aunque sean para beneficio de los que hacemos el servicio público.

No debiéramos de estar ocultando nada de lo que pasa en este país ni viendo a ver cómo podemos tapar las conductas ilícitas de nuestros compadres.

Nosotros hemos aceptado, y así debería de aceptarse también, la conducta incorrecta de un servidor público que llegó a un cargo por el PRD, y me refiero al alcalde de Iguala;

debiéramos de estar preocupados también por el alcalde de Cocula; debiéramos de estar preocupados también por lo que sucedió en Atenco, por lo que sucedió en Tlatlaya, por lo que ha venido ocurriendo en Petróleos Mexicanos con Oceanografía, debiéramos de estar preocupados porque a más de un año del desastre que hubo en Acapulco y en Guerrero por causa de las tormentas tropicales y que se dijo que se iba a ir a fondo en quién había dado los permisos para construir en zonas en las que no debería de construirse, ahí siguen tan campantes como si no pasara nada. De eso es de lo que debiera de estar preocupándolos.

Por eso decimos sí castigo al alcalde de Iguala; pero también castigo al alcalde de Cocula; también decimos sí al que fue gobernador del estado de México y fue causante de la represión en Atenco; también decimos sí al castigo a aquel o a aquellos que ocasionaron la ejecución de cerca de 15 personas en Tlatlaya. Eso es lo que debiera de estar preocupándonos, no estar buscando leyes para ocultar y tapar a los compadres.

Podrán gritar, pero eso es lo debiéramos tener la responsabilidad. Sí castigo a Iguala, al alcalde; sí castigo al alcalde de Cocula; sí castigo al causante de la represión en Atenco, que es ahora quien gobierna este país o dizque gobierna, pero que lo ha llevado al desastre en compañía de otros que han venido impulsando este modelo neoliberal del desarrollo que lo único que ha traído es pobreza a nuestro país.

La historia los va a juzgar, no hay necesidad de que gritaran ni nada, pero van a ver en un futuro no lejano la historia los va a ubicar como traidores y vende patrias. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Consulte Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Corresponden a las que inicialmente el diputado Muñoz Soria había presentado con el documento que al momento que lo hizo entregó a la Secretaría y que aparecen publicadas en sus monitores.

Para presentar propuesta de modificación a la denominación de la ley de la fiscalía General de la República para eliminar la fracción VII del artículo 6 y el artículo 7, fracciones I, II y III, tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, hasta por siete minutos.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Gracias, Presidente. El dictamen que hoy tenemos en nuestras manos y que además se aprueba sin ningún tratamiento analítico, serio, en donde verdaderamente se analice su contenido, es muy general.

No se especifican las funciones que deberá realizar el fiscal general de la República y además conserva el toque de dominio que el Ministerio Público tiene en el sistema inquisitorio.

Francamente no estamos discutiendo un dictamen serio, descriptivo, que contenga detalladamente las facultades del fiscal general y la estructura que tendrá la fiscalía general. Todo lo estamos dejando a que el fiscal sea quien determine a discreción propia en el reglamento interno.

De poco sirve cambiar el nombre de las instituciones si continuamos bajo esta misma administración rodeada de corrupción. Pocos avances lograremos ver si los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República se pasarán directamente a la ley de la fiscalía General de la República y si el titular de la nueva fiscalía quedará supeditado al mismo jefe del Ejecutivo que ahora tenemos. Pocos cambios habrá.

Empecemos con la supuesta autonomía de la fiscalía, que adquiere un carácter relativo cuando revisamos los mecanismos de designación y remoción de su titular. Para lo primero, el Senado seleccionará una decena de candidatos, los cuales serán enviados al Ejecutivo para que éste conforme una terna y la remita a los senadores a fin de aprobarlos con el voto de las dos terceras partes.

Es decir, los partidos políticos conservan la prerrogativa de proponer a los candidatos que sean acorde a sus intereses, y el presidente conserva la prerrogativa de elegir a los que más le convengan para que cualquiera de ellos pueda ser votado como fiscal, semejantes procesos han demostrado poca efectividad y legitimidad en la designación de funcionarios supuestamente independientes.

Sin embargo, lo que es preocupante, son los mecanismos para la remoción del fiscal, que quedarán en manos del presidente de la República, algo un tanto contradictorio con el concepto tradicional de autonomía.

Si bien es cierto que esta remoción podrá ser objetada por la mayoría calificada del Senado, esta facultad presidencial es un exceso de discrecionalidad que debe ser replanteada.

Por otro lado, la existencia de un Consejo Ciudadano dentro la fiscalía como un cuerpo técnico imparcial independiente y netamente ciudadano, era el vínculo necesario entre la sociedad y la institución encargada de la persecución del delito.

Un cuerpo permanente encargado no sólo de definir, proponer y dar seguimiento a los programas y políticas de la fiscalía, sino también de supervisar su labor, señalar sus faltas y alertar sobre sus vicios.

Este Consejo Ciudadano debía conformarse por expertos en materia de derecho penal, de procuración de justicia, transparencia y delitos electorales, por hombres y mujeres honorables, independientes y altamente capacitados, comprometidos con la sociedad sin vínculos ni ataduras con las estructuras burocráticas en la cual van a desempeñar su labor.

Sin embargo, la Ley de la Fiscalía aborda el Consejo Ciudadano en un solo artículo donde apenas se expresa en tres líneas señalando que dicho Consejo será conformado por asesores designados por el fiscal general, y que su labor será coadyuvar en la definición y seguimiento de programas, acciones, políticas y estrategias que se implementen en la fiscalía.

Es decir, el famoso consejo ciudadano de la fiscalía no será otra cosa más que el cuerpo privado de asesores de Murillo Karam, no se establecen requisitos que garanticen su profesionalismo ni candados que eviten su subordinación al fiscal, ni mecanismos de elección que los dote de independencia e imparcialidad, ni mucho menos herramientas para que la ciudadanía influya en sus decisiones.

Por si fuera poco, a la Procuraduría General de la República la vamos a despedir con graves secretos que se llevará a la tumba o por lo menos 12 años, tal caso será la investigación del caso Tlatlaya enviándola permanecer bajo reserva a pesar de que involucra graves crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas. Negar el acceso a la información y a la verdad es negar el acceso a la justicia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Alcalde Luján. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las tres reservas presentadas por la diputada.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las reservas expuestas por la señora diputada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Se desechan. Tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja para presentar propuesta de modificación a los artículos 15 y 16, fracción I, de la Ley de la Fiscalía General de la República. Hasta por cinco minutos, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su venia, presidente. Le pido que se puedan insertar íntegras en el Diario de los Debates estas dos reservas que fundamentalmente se refieren a inconsistencias que hay entre el artículo 102 constitucional y el artículo 15 de la ley que discutimos.

Porque, en la Constitución, el artículo 102 prevé un régimen de suplencias que será determinado por la ley, sin embargo en esta ley que estamos discutiendo no se establece con claridad, sino que se remite a su vez a un reglamento; es decir, que el fiscal general será suplido en sus escusas, ausencias o faltas temporales por el titular de la –dice– fiscalía, pero en los términos del reglamento, lo cual nos parece una anomalía, sobre todo porque hay dos fiscalías especializadas que tienen rango constitucional, como es la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía en materia de Delitos Electorales.

Nos parece, insisto, que esto genera una serie de situaciones que pueden permitir que, en el caso de que se meta una queja o una denuncia contra el fiscal, el fiscal va a ser alguien que el propio fiscal habrá nombrado y esto va a generar impunidad, contubernio, va a generar una coraza para que se siga blindando y protegiendo los errores, las omisiones, las averiguaciones previas mal integradas y toda la serie de anomalías que han generado que en muchos casos se consignen ante los tribunales, pero salen libres los delincuentes, tanto aquellos de delitos graves vinculados a la delincuencia organizada, como también delitos que tienen que ver con el fuero federal y que no son necesariamente de delincuencia organizada.

Nosotros vemos también que la mención a hechos que pueden ser afectaciones a la libertad de expresión y agresiones a quienes practican el periodismo también está muy restringido y hemos visto en este sexenio agresiones graves a medios de comunicación, a comunicadores, homicidios no aclarados; hechos de violencia, y aquí esta ley sigue siendo omisa.

Nosotros creemos que el gran problema de la procuración de justicia en el país no está necesariamente en una ley, sino en la falta de capacidad del Ministerio Público para integrar averiguaciones previas sólidas, lo cual puede ser por falta de pericia y capacidad profesional o lo que es peor, por contubernio, por complicidad y por ocultar hechos de carácter delincuencial.

Por ejemplo, en el caso de Oceanografía, que el actual titular del Ministerio Público, Murillo Karam, insisto en que es un delito cometido entre particulares, cuando ya el encargado de la Función Pública ha señalado que hay una afectación de cuando menos 500 millones a Petróleos Mexicanos por operaciones realizadas por Oceanografía. Sin embargo, el Ministerio Público insiste en que es un hecho entre particulares. Ahí definitivamente, o hay incapacidad o hay complicidad del procurador Murillo Karam.

Yo me sumo a lo que han dicho varios compañeros cuando se habla de la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre, en Iguala y en Cocula. Resulta extraño, resulta por demás sospechoso que César Peñalosa, alcalde de origen priista del municipio de Cocula, no esté detenido y tras las rejas. En su municipio se perpetró la desaparición forzada, los policías y los mandos policiacos intervinieron.

En el basurero municipal se habrían incinerado y victimado a jóvenes estudiantes normalistas, y el señor César Peñalosa goza de impunidad. Por eso nosotros no sabemos si el que lo protege es Murillo Karam o Enrique Peña, porque debía –concluyo– debía estar ya tras las rejas y sin embargo está en la impunidad.

Nosotros creemos que verdaderamente habremos de contar con una Fiscalía General autónoma y una fiscalía anticorrupción de verdad, cuando el fiscal anticorrupción procese por enriquecimiento ilícito a Enrique Peña Nieto. Si no todo lo demás son tapaderas, son complicidades, es gatopardismo. La verdadera prueba de fuego es que procesen al presidente por enriquecimiento ilícito. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Como lo ha solicitado el diputado, los textos de sus propuestas de modificación se incorporan evidentemente al Diario de los Debates.

Ahora pregunte, ciudadana secretaria a la asamblea, en votación económica, si las mismas se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, para presentar –así me lo ha solicitado– propuestas de modificación a los artículos 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que es el artículo octavo del decreto y al artículo 7 de la Ley Relativo a la Celebración de Tratados Internacionales, que es el artículo septuagésimo quinto del propio decreto. Hasta por cinco minutos, señor diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, presidente, gracias. Por supuesto que el problema de México es la impunidad, o uno de los problemas que tenemos.

Hablaba el presidente de dos Méxicos, efectivamente, en la justicia se ven muy claramente, los de un México quieren impunidad, los del otro México –que son la mayoría– sufren la arbitrariedad. En nuestras cárceles hay muchos que están dentro que debieran estar fuera y hay mucha gente fuera que debiera estar dentro. Ese es nuestro sistema de justicia y es correcto que ahí pongamos el acento.

Me parece que las propuestas que presentó el decálogo del presidente es un inicio, pero es insuficiente y vamos a tenerle que meter mano para mejorarlo y poder responder a las altas expectativas que se deben de tener para enfrentar este problema de raíz.

Es un avance lo que tenemos ahora, porque se da una autonomía. Es cierto, no es la autonomía perfecta que quisiéramos, pero se avanza hacia la autonomía con esta Fiscalía General y es correcto acompañar este esfuerzo, aunque todavía pueda ser insuficiente y pensemos que podemos avanzar quitándole algunas trabas a esta autonomía. Pero incluso si le diéramos autonomía plena a la Fiscalía General, no por eso estaríamos resolviendo necesariamente el problema.

Tenemos órganos autónomos muy poderosos, muy fuertes, importantes, pero que renuncian a ejercer su autonomía. Lo hemos visto con órganos tan importantes, como el Instituto Nacional Electoral que se achica frente a algunos poderes fácticos.

Es más, imagínense, el gobernador de Nayarit llegó a decir que los partidos de oposición estaban vinculados al crimen organizado, no dio ninguna prueba y el INE no se atrevió a tocarle un pelo por eso. Y es autónomo.

Tenemos al IFAI, que le dimos toda la fuerza, es una de las reformas que nos podemos sentir más orgullosos, pero qué hicieron con su autonomía, el IFAI. Bueno, ni siquiera quiso consultar a la Suprema Corte de Justicia sobre los datos personales en la Ley Telecom, y que es profundamente polémica.

Y así podemos ver en muchos otros organismos que tienen autonomía, tienen fuerza, pero hay un ADN en el régimen que busca que todo se someta al Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo controle a éstos.

Decía Alejandro Gómez Arias, gran promotor de la autonomía universitaria en 1929, decía: para que exista autonomía hay que ejercerla, si no se ejerce la autonomía es como si no se tuviera.

Por eso digo, no es garantía tampoco que se pudiera todavía extender más la autonomía, aunque estamos de acuerdo con ella. Ojalá que las personas que lleguen a estos órganos autónomos estén a la altura de eso.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos con complacencia, es obvio que se sometió. Esperemos que en esta nueva etapa el ombudsman sí ejerza su autonomía, y por eso acompañamos porque creemos que este avance hacia la autonomía es correcto, y hubiera sido un contrasentido no respaldarlo.

Me voy a centrar en el artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. Como saben, el Poder Ejecutivo puede hacer convenios interinstitucionales con otros países, con otras dependencias, pero siempre la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que darle el visto bueno, tiene que aprobar ese convenio.

Aquí le estamos dando autonomía a la Fiscalía General y le estamos manteniendo esa posibilidad de que pueda hacer estos convenios interinstitucionales con otros países. Yo no me opongo, pero le están quitando la facultad a la Secretaría de Relaciones Exteriores, de ratificar el acuerdo, más bien, de darle el visto bueno al acuerdo.

Por eso es que les voy a leer la reserva. Artículo 7. Las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal, así como la Fiscalía General de la República deberán mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores acerca de cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan celebrar con otros órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

La Secretaría, y éste es el agregado, deberá formular el dictamen correspondiente acerca de la procedencia de suscribirlo, y en su caso, lo inscribiría en el registro respectivo. Es decir que cuando esta Fiscalía General haga un acuerdo interinstitucional con otro país necesite también el visto bueno, el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como actualmente lo tienen otras instancias del Poder Ejecutivo, que es el que puede hacer este tipo de cosas.

Seguramente éste va a ser un tema muy polémico en el Senado, porque obviamente, ellos tienen también qué ver con estos tratados. Ojalá, pido que este artículo 7, presidente, también quede en el Diario de los Debates.

El 36 que había dicho, me di cuenta que no procedía la reserva, entonces ésa la retiro. Pero el artículo 7, éste sí me gustaría que quedara íntegro en el Diario de los Debates, presidente. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se lo agradezco, diputado. Entonces, retira la reserva relativa al artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en sus términos, del dictamen.

Consulte la Secretaría si se admite a discusión el artículo 7, relativo a la Ley sobre Celebración de Tratados, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de modificación.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión lo expuesto por el diputado Belaunzarán. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos, ahora preciso. Del artículo 1 del proyecto de decreto de la Ley de la Fiscalía General de la República, el 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 31, 32 y 41. El artículo 5 del proyecto de decreto relativo a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y artículo 8 del proyecto de decreto de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Éste está retirado. Bien, se vota también el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

El artículo 34 del proyecto de decreto relativo al Código Nacional de Procedimientos Penales y artículo 167. El artículo cuadragésimo quinto del proyecto de decreto, todo el artículo cuadragésimo quinto de la Ley de Seguridad Nacional. El artículo septuagésimo quinto del proyecto de decreto, relativo a la Ley sobre Celebración de Tratados. Por cinco minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, señor secretario. De la Ley sobre Celebración de Tratados es como habíamos precisado el artículo 7. Abra el sistema electrónico de votación, con esta precisión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos enunciados por el Presidente de la Mesa Directiva, en los términos del dictamen.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema electrónico, secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz, diputados.

La diputada Tanya Rellstab Carreto (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga (desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): En contra.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 319 votos a favor, 94 votos en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 319 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de la Fiscalía General de la República y reforma, adiciona y deroga diversos ordenamientos legales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presente.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de La Ley General de Vida Silvestre.

Atentamente

México, DF, a 9 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

Por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 87 Bis 2. ...

Corresponde al Gobierno federal expedir las normas oficiales mexicanas que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, entrenamiento, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento.

Artículo Segundo.Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un último al artículo 78; se adiciona una fracción XXIV al artículo 122 y se reforma la fracción II del artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 78. ...

Los predios e instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos y colecciones privadas, sólo podrán operar si cuentan con planes de manejo autorizados por la secretaría, y además deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

Queda prohibido el uso de ejemplares de vida silvestre en circos.

Artículo 122.Son infracciones a lo establecido en esta ley:

I. a XXIII. ...

XXIV.Realizar actos que contravengan las disposiciones de conservación de vida silvestre fuera de su hábitat natural, establecidas en la presente ley y en las disposiciones que de ella se deriven.

...

Artículo 127.La imposición de las multas a que se refiere el artículo 123 de la presente ley, se determinará conforme a los siguientes criterios:

I. ...

II. Con el equivalente de 50 a 50000 veces de salario mínimo a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII y XXIV del artículo 122 de la presente ley.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Los circos presentarán a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de forma inmediata una base de datos que incluya el número y características de los ejemplares de vida silvestre que posean. Estas bases de datos se pondrán a disposición de los zoológicos del país para que éstos estén en posibilidades de seleccionar a los ejemplares que sean susceptibles de ser integrados a sus colecciones.

Los ejemplares de vida silvestre incluidos en las bases de datos a que hace referencia el párrafo anterior que no sean seleccionados por los zoológicos, podrán ser entregados por sus poseedores a los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre pertenecientes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objeto de que no impliquen gasto por concepto de manutención de animales que ya no podrán ser utilizados en sus centros de trabajo.

Tercero.Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar sus legislaciones para dar cumplimiento al presente decreto en un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales posteriores a la publicación del mismo en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.— México, DF, a 9 de diciembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

El siguiente punto del orden del día...

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputada Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Gracias, señor presidente. Deberá de recordar este pleno que tuvimos a bien hacer una felicitación a Malala en el otorgamiento de su premio Nobel. Ayer, en la entrega de ese premio, un joven hizo uso de su derecho para manifestarse por los actos que han ocurrido en México con los normalistas de Ayotzinapa.

Solicito a la Presidencia y a esta Cámara de Diputados se tenga a bien solicitar que nuestro representante ante el país de Noruega, tenga a bien hacer las gestiones necesarias y solicitar la liberación inmediata de ese joven que en uso de su derecho hizo la manifestación en ese evento, poniendo, obviamente, en entredicho que no ha actuado el Ejecutivo federal ni este Estado mexicano en consecuencia con lo grave de estos hechos de lesa humanidad.

Es una solicitud y va, obviamente, en congruencia; reconocimos a Malala y hay un llamado ante esa bandera alzada de –Malala, please–. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. La Presidencia toma nota e instruye a la secretaría para que haga lo conducente para que lo que usted ha expresado, su solicitud, pueda ser canalizada a la embajada de México en ese país y poder hacer lo conducente. Queda debidamente registrada su preocupación en el Diario de los Debates.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de régimen político y gobiernos de coalición.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de régimen político y gobiernos de coalición.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para fundamentar el dictamen, a nombre de la comisión, tiene la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de régimen político y gobiernos de coalición.

En México desde el año de 1997 se dio la alternancia en el poder y con ello quien ha tenido la titularidad del Poder Ejecutivo no ha contado con la mayoría absoluta en el Congreso, es decir, no cuenta con la mayoría parlamentaria necesaria para concretar la mayoría de sus propuestas.

Por ello y con el fin de lograr acuerdos que aseguren la posibilidad de que se puedan abrogar una agenda legislativa en común entre varios partidos políticos, es que debemos de establecer las reglas para que esto suceda, que exista un mecanismo que garantice la fluidez parlamentaria.

Los últimos gobiernos electos en México han sido gobiernos divididos, gobiernos sin mayoría en donde los legisladores de oposición, al ser una minoría parlamentaria, no podían incidir en la agenda legislativa.

En la práctica parlamentaria se han dado importantes consensos en temas de relevancia nacional. Con esa finalidad se logró llevar a cabo la reforma constitucional en materia político-electoral de diciembre del 2013, publicada el 10 de febrero del año en curso.

Se incluyó en la fracción XVII del artículo 89 constitucional la facultad del Ejecutivo federal para que pueda conformar gobiernos de coalición en atención a los grandes cambios sufridos por nuestro país en la conformación de los órganos de gobierno, otorgando esta herramienta para mejorar el funcionamiento bidireccional entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En la actualidad se observa a nivel mundial una tendencia en la conformación de gobiernos de coalición derivados de la pluralidad étnica, social y cultural existente en diversos países y en razón de la creciente globalización, la cual conforma una sociedad cada vez más compleja y que de igual forma demanda una auténtica representación en las estructuras gubernamentales, sin dejar de lado el rumbo y las políticas que deben de dictar los gobiernos democráticamente electos.

Compañeras y compañeros diputados, estas reformas ya han demostrado su funcionalidad y viabilidad en la gran mayoría de los países europeos; llevan más de medio siglo gobernados por coaliciones, sean éstas mayorías o minorías, por ejemplo en países como Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza, entre otros, por mencionar algunos.

Los gobiernos de coalición permiten expresar mejor los principales valores de la democracia porque comparten responsabilidades de gobierno con otras expresiones políticas y apuestan al pluralismo político, ampliando de esta forma: la base social del gobierno.

Con esta reforma fortaleceremos el sistema democrático porque establecemos la posibilidad de crear mayorías parlamentarias, situando al parlamento en el centro de la actividad política, otorgando importancia central al diálogo político, lo que da paso a la inclusión de fuerzas políticas minoritarias.

Un gobierno de coalición permitirá incrementar la comunicación entre sus gobernados, teniendo en cuenta la presencia de la opinión pública. Es por ello que en la actualidad podemos encontrar en diversas formas de gobierno coaliciones que no sólo se concretan para llevar a un candidato determinado al triunfo electoral, sino que también dicha coalición se refleja en la forma en que se gobierna, atendiendo en todo momento a los integrantes de la misma, respetando sus ideales y planes de gobierno.

Esta reforma no es de carácter estrictamente electoral. Sus alcances tienen que ver con el régimen político, en virtud de que introduce innovaciones en las modalidades del proceso de gobierno.

La reforma señalada ya es una realidad, por lo que es potestativo que el Ejecutivo federal, el poder conformar un gobierno de coalición mediante la suscripción de un convenio, y un programa probado por el Congreso de la Unión.

Ahora bien, la reforma de los artículos 116 y 122 posibilita, al igual que la reforma hecha al artículo 89 constitucional, que los gobernadores cuenten con esta herramienta para optar en cualquier momento por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos en las legislaturas de los estados para con ello alcanzar mayorías y consensos.

Esta reforma no sólo se basa en un gobierno de coalición, es decir, que se pacte documentalmente acuerdos mediante un programa de acción gubernamental y consensos legislativos, sino también establecerá la facultad de las legislaturas estatales de ratificar los nombramientos que los gobernadores hagan de los funcionarios que integrarán el gobierno de coalición, con ello se obtiene un mejor control institucional al ser aprobado por los Congresos el staff que conformará el gabinete en la entidad federativa.

Se exceptúa de tal ratificación por parte de los congresos los titulares de la seguridad pública, en virtud de la pluralidad y trascendencia que tiene la seguridad nacional para proporcionar una expedita tranquilidad, paz social y condiciones propicias para normar el desarrollo de la actividad económica y por ende, de la ciudadanía.

La experiencia de la pasada elección federal claramente denota que la democracia mexicana ha cambiado y demanda una nueva generación de reformas integrales. Es por ello que urge redefinir la conformación de los órganos del Estado, así como la relación de cooperación y control que deben existir entre estos, evitando la llamada parálisis legislativa causada por gobiernos divididos.

Por lo anterior, los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales estamos convencidos que la presente reforma dotará a las entidades federativas la opción para conformar este nuevo tipo de gobiernos y brindarle a la ciudadanía una mejor y equitativa representación y con ello consolidar y legitimar gobiernos representativos de sus ciudadanos.

Finalmente, termino citando una frase del parlamentarista inglés, Douglas Alexander: en la era de los países y economías globalizadas –como la nuestra– tenemos que encontrar la manera de amplificar nuestra voz y de esa forma estaremos más propensos a ser escuchados.

Es por lo que, compañeras diputadas y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Gracias. Para fijar la postura de su fracción parlamentaria de Nueva Alianza tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra, señor diputado.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en los últimos años México ha dado importantes pasos hacia la celebración de elecciones libres, ha afianzado las libertades civiles y políticas, ha iniciado un proceso de reforma del Estado que incluye la modernización de sus instituciones y de sus leyes.

Estamos entrando en un verdadero cambio de la forma de gobierno, nuestro sistema político ha transformado su funcionamiento de diversas formas, haciendo a nuestro país uno de los que más ha modificado su normativa.

Desde 1997 ninguna fuerza política ha alcanzado una mayoría parlamentaria que permita ejercer acciones de gobierno de manera única a nivel federal, pero esta tendencia ha sido también dada en todas y cada una de las entidades federativas. La pluralidad, la alternancia y la competencia llegaron a nuestro país para quedarse.

Gracias a los acuerdos derivados del Pacto por México se promovió la renovación de múltiples estructuras jurídicas que ya no respondían al México del siglo XXI y, justamente en este marco de renovación política, los diputados federales que integramos esta Legislatura evaluaremos y tomaremos decisiones en torno al proyecto de decreto que en este momento se nos presenta, y con el que se reformarán los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de régimen político y gobiernos de coalición.

En Nueva Alianza partimos de la convicción de que una vez que aprobemos esta iniciativa estaremos ciertamente fortaleciendo al Estado mexicano y a sus instituciones.

Nuestra democracia es un sistema político llamado a resolver problemas del ejercicio del poder, es, por tanto, una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político, en el que en lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto a gobernar, sino también es el sujeto que gobierna.

La fórmula democrática parte de reconocer el pluralismo como algo inherente y positivo en la sociedad que debe ser preservado como un bien en sí mismo. A partir de la transición y la alternancia política se ha dado un cambio en la forma de gobierno.

En un sistema democrático el presidente es una pieza del sistema, donde existen balances y contrapesos institucionales. El poder del Ejecutivo se materializa a través de un orden constitucional; Los gobiernos de coalición, está comprobado en diversas latitudes de nuestro mundo, incentivan altos niveles de consenso y utilidad social, siempre que vaya acompañado de mecanismos de cooperación multipartidista.

Señoras y señores legisladores, el día de hoy nos encontramos aquí, en este salón de sesiones, para analizar, discutir y aprobar una reforma constitucional en la que, en las entidades federativas de nuestro país abonará una pluralidad política, la que sin duda fortalecerá nuestra democracia.

La alternancia permite que los diversos grupos parlamentarios participen en la conformación de un gobierno, además de intervenir en la definición de las políticas públicas a nivel local y de la política económica a nivel nacional.

Los gobiernos de coalición son un producto natural de los sistemas parlamentarios, en los cuales el gobierno necesita del apoyo y respaldo del Parlamento, pues cuando los partidos no logran mayoría deben formalizar una coalición responsable, que evite el fracaso de un gobierno.

Como parte de la reforma político-electoral aprobada en el presente año se modificó de forma somática nuestro sistema político y se constituyó un cambio auténtico en la forma de gobierno. Mediante esta reforma le estamos dando viabilidad a lo que en la Federación ya existe, trasladando a las entidades federativas el mismo sistema de coaliciones para cada una de éstas.

Por lo tanto, es el momento de establecer diseños y generar mecanismos de convivencia plural y armónica de los Poderes y de las voluntades existentes y tender hacia una verdadera vigencia del equilibrio de Poderes, lo cual puede obtenerse con la inclusión de los gobiernos de coalición.

En Nueva Alianza consideramos conveniente conformar gobiernos de coalición, lo que seguramente generará una gobernabilidad democrática, una gobernabilidad de consenso, una gobernabilidad de equilibrio entre los Poderes.

Así, en un país democrático si las realidades cambian, cambia el derecho, pero también mediante el derecho se cambian las realidades. En ese sentido, nuestro voto será a favor del dictamen que aquí nos ocupa. Es cuanto, señor presidente.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza. Hasta por 10 minutos, señor diputado.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, en el que se nos propone la reforma a los artículos 116, 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El propósito de la reforma a los artículos mencionados es establecer la posibilidad de que en las entidades federativas y el Distrito Federal se puedan establecer gobiernos de coalición mediante compromisos perfectamente establecidos en un convenio que se celebra entre el Ejecutivo estatal o Jefe de Gobierno con los integrantes del Poder Legislativo.

La propuesta contenida en el dictamen encuentra su antecedente para estos efectos en la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 10 de febrero de 2014, en la que en los artículos 76, fracción II y 89, fracción II, se da la posibilidad de que pueda haber un gobierno de coalición en el Ejecutivo, contando con una mayoría en el Legislativo.

Como todos sabemos, actualmente como forma de asociación política entre los partidos, en la legislación electoral mexicana se establecen las coaliciones, pero estas son meramente electorales y al término del proceso correspondiente por mandato de ley la coalición queda extinguida.

En el caso que nos ocupa se pretende que la coalición gubernamental dé la suficiente estabilidad política a quienes habitan en dichas entidades. Debe existir el acuerdo entre el Ejecutivo respecto de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, con base en compromisos preestablecidos contenidos en el convenio, que a fin de cuentas se refleje en el programa de gobierno que se haga.

Debemos recordar, que con base en el Sistema Nacional de Planeación, así como el Ejecutivo federal expide al inicio de su gestión el Plan Nacional de Desarrollo, los ejecutivos estatales expiden su correspondiente Plan Estatal de Desarrollo, con base en el cual se expiden los programas sectoriales.

En consecuencia, cuando se apruebe el gobierno en coalición, lo que se hace es reconocer que en el ámbito del Poder Ejecutivo se apoyarán las medidas gubernamentales, particularmente en lo que corresponde a la aprobación del Presupuesto de Egresos, con las correspondientes partidas para impulsar el desarrollo económico en los estados y, en su caso, el del Distrito Federal.

Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a dudas en nuestro país el tema de las coaliciones gubernamentales merece un tratamiento adecuado en nuestra norma fundamental, su reconocimiento y aplicación tienden a dotar a los gobiernos de la estabilidad y respaldos suficientes para que puedan gobernar en beneficio de los ciudadanos.

En cuanto a formas de gobiernos, es interesante reconocer los claros tintes parlamentarios de la propuesta y su conciliación con la forma del gobierno presidencial, pero también tenemos claro que el gobierno, en donde una sola persona impone su voluntad, está quedando atrás. Por estas consideraciones votaremos a favor el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cantú Garza. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Esta reforma conceptualmente es digna de una revisión desde los politólogos, los estudiosos de los sistemas electorales, del parlamentarismo y es, digamos, políticamente correcta desde el punto de vista de la normalidad democrática.

Yo respeto y valoro la iniciativa que presentó el diputado Silvano Aureoles, para constituir gobiernos de coalición en los estados de la República. Sin embargo, me parece que al menos desde la óptica nuestra, que en esta reforma pasa un tanto lo que pasó con la de movilidad, que las circunstancias del país, aunque sea del orden político local. Sin embargo, también las circunstancias del país irrumpen en lo que sería un modelo teóricamente correcto, pero que dada la coyuntura y las circunstancias que hoy vive México, definitivamente nos obliga a revisarla con mayor cuidado.

En primer término, en los hechos en México se dio un gobierno de coalición. Desde el arranque del sexenio en curso, el 2 de diciembre se articula el Pacto por México como un modelo que vino a legislar en los hechos, que vino a imponer reformas y que vino a constituir una mayoría parlamentaria que aprobó reforma tras reforma, las cuales nosotros consideramos regresivas.

Y hay que ver hoy cómo está el país, con un dólar lindando ya lo s15 pesos. Con un barril desplomado. Con un país polarizado y habrá quien diga que no es producto de las reformas estructurales, pero sí, no podemos soslayar que hoy México vive una crisis económica, social, una crisis política y una crisis de seguridad.

Por esa razón nosotros no compartimos el espíritu de esta reforma cuando hay un cuestionamiento a los gobiernos divididos. Cuando hay un cuestionamiento a la oposición, que en un régimen democrático es un contrapeso al poder público.

Nosotros creemos que el voto retrospectivo que dan los electores, que premian o castigan a los buenos o malos gobiernos es un elemento esencial de una democracia consolidada.

Por esa razón nosotros creemos que se parte de supuestos falsos. Se ha justificado la propuesta diciendo que el gabinete sería mejor o de mayor calidad por el simple hecho de ser ratificado por el Poder Legislativo. Lo cual no necesariamente es cierto, porque lo que México ha vivido es que se reparten las cuotas partidistas y no se privilegian los perfiles profesionales o la calidad ética de los aspirantes sino el arreglo, el reparto del pastel para acomodar los cargos públicos.

En todo caso, la ratificación de un gabinete en un gobierno de coalición tendría que ver con la discusión, con el escrutinio, con la transparencia, con la rendición de cuentas, pero no advertimos a partir de los últimos hechos que vayamos corrigiendo esta circunstancia, todos los nombramientos de los órganos autónomos responden al cuotismo, a las cuotas partidistas y no a la calidad democrática y profesional de los integrantes.

También no podemos soslayar que muchas de las propuestas de gobiernos de coalición en realidad son planteamientos personales para tener un discurso de campaña y no necesariamente porque sea el mejor diseño institucional.

Nosotros hemos visto que lo que México vive hoy con el pacto o lo que ha generado el pacto, sus frutos podridos, pues no necesariamente fueron cuestiones positivas, quizás si hubiera habido mayor oposición de quienes integran el PAN o la mayoría del PRD, quizá muchos de los problemas del país hoy no estarían pasando.

Y entonces institucionalizar los acuerdos partidistas mediante gobiernos de coalición no necesariamente fortalece la vida política y democrática del país en una circunstancia tan convulsa como la que vivimos.

Nosotros pensaríamos que abonarían más en la coyuntura actual del país otras reformas. Por ejemplo, fortalecer las atribuciones de las comisiones de investigación de las Cámaras del Congreso con base en el artículo 93 constitucional Fortalecerlas para que el Poder Ejecutivo y las instituciones públicas, sobre todo las empresas de participación estatal –las que existan todavía– o los organismos descentralizados estén siempre vigilados bajo la lupa de la oposición, por eso creemos que en todo caso tendría que fortalecerse la comisión de investigación.

Y yo por eso celebro que por ahí ya hay una iniciativa para insistir en una comisión de investigación de los contratos de Higa que se requieren 125 firmas, según el artículo 93 constitucional. Ésa sí sería una buena noticia para la democracia del país, fortalecer las comisiones de investigación.

Por otro lado, un grupo de legisladores presentamos una reforma al artículo 84 constitucional para que a los tres años de gobierno, cuando hay un mal gobierno, se pueda convocar a nuevas elecciones. Esto iría de la mano de la revocación de mandato que es indispensable en nuestro sistema político y que sigue habiendo resistencias a construir una verdadera revocación de mandato.

Si tuviéramos comisiones de investigación más fuertes, si tuviéramos revocación de mandato, este régimen político se transformaría. Habríamos evitado tantos casos de corrupción y tantos problemas en el país.

Me parece que en la coyuntura actual los gobiernos de coa-lición, aun sea en el ámbito local, institucionalizarían las componendas y los acuerdos por encima del país. Hoy México vive una crisis de representación y acotaron más la pluralidad bajo el argumento de que la oposición es negativa porque obstruye al gobierno, me parece que no es un argumento sólido.

Por esa razón mi voto será en contra y seguramente de la mayoría de mis compañeros de grupo parlamentario, porque consideramos que aunque el planteamiento conceptual y teóricamente es correcto, la coyuntura del país no amerita gobiernos de coalición. Amerita una oposición sólida, una oposición con capacidad para incidir en las políticas pero sin claudicar y sin componendas. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra la diputada Ruth Zavaleta Salgado. Hasta por 10 minutos, diputada.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Con su venia, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado: Estimadas compañeras, estimados compañeros diputados. La minuta que hoy estamos discutiendo tiene que ver con una omisión que tuvimos nosotros al votar una reforma constitucional, porque en la reforma constitucional que ya comentaron los oradores que me antecedieron del artículo 74, 76, 89, no habíamos contemplado los estados de la República para que se homologara la posibilidad de optar por los gobiernos de coalición.

Por eso es de agradecérsele al diputado Silvano Aureoles la presentación de la iniciativa que tuvo a bien presentar y la cual estamos discutiendo para reformar el artículo 116 y 122.

Me sumo a lo dicho por el compañero que me antecedió respecto a que quizás éste no sea el mejor esquema para resolver los conflictos o los posibles conflictos que se derivan de las cuestiones de gobierno, pero sí es un modelo que ya se practica desde 1985 en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay.

Respecto a la figura de coalición tenemos nosotros el antecedente si no formal en la Constitución, el antecedente de los gobiernos de coalición que surgieron en la pasada elección en el estado de Oaxaca, sumar incluso el de Puebla, el de Guerrero, por cierto, que quizás no es más amplio que los otros pero son gobiernos, y el de Sinaloa, que surgieron a partir de acordar varios partidos políticos la posibilidad de lanzar un candidato único y tener potenciada su proyección electoral.

No obstante que esto ya es una práctica y que por cierto no nos ha dado los mejores resultados, por eso me sumo a lo que dijo el compañero anteriormente, quizás no sea el mejor modelo porque lamentablemente los gobiernos que surgieron así no nos han dado los mejores resultados.

La eficiencia y la eficacia han abundado en ausencia en algunos de estos estados y la gobernabilidad tan cuestionada a nivel federal, se ve más cuestionada anteriormente en estos gobiernos locales de coalición que de hecho ya están funcionando, pero que en la norma no estaban establecidos.

Por otra parte, compañeros, ya teníamos la coalición parlamentaria, tampoco formal, pero sí en los hechos en esta Legislatura. La coalición parlamentaria impulsada por los tres partidos políticos mayoritarios, que si bien es cierto es un modelo a seguir para lograr acuerdos, adolece de la inclusión de las minorías.

Es necesario e indispensable que en el futuro esas coaliciones parlamentarias que se dieron –por cierto– fuera del parlamento, puedan establecerse dentro del parlamento, incluyendo a los partidos emergentes. Por eso la importancia de lo que vamos a votar el día de hoy. Los gobiernos de coalición vienen a responder a dos necesidades, desde mi punto de vista.

El primero es la necesidad de lograr mayorías que fortalezcan la política pública que impulsen los gobiernos en cada estado de la República.

Segundo, que vienen a obligar a la corresponsabilidad política de todos los actores que están involucrados lanzando un candidato para la obtención de sus ganancias electorales y desde ahí puedan lograr una plataforma que logre no solamente gobernabilidad, estabilidad, legitimidad, sino eficiencia y eficacia en los gobiernos y evitemos conflictos como los que estamos viviendo el día de hoy, que nos han llevado a una crisis política, social que no debería haber trascendido a nivel nacional y mucho menos a nivel internacional.

Por otra parte, compañeras y compañeros, estos gobiernos de coalición vienen también a responder a la necesidad de impulsar un nuevo modelo que nos permita que, dentro de las cámaras de diputados locales en los gobiernos de los estados, haya corresponsabilidad con lo que se vota y se discute al interior de esas cámaras.

Es decir, este modelo de coalición va a fortalecer la democracia local y nacional porque va a cambiar el modelo de discusión que tenemos en el Congreso de la Unión, en donde en esta legislatura hemos tenido que votar muchas de las leyes de manera pronta y expedita, pero muchas veces, como hoy, no hemos visto que teníamos que incluir algunas figuras locales como ésta de la coalición de gobierno.

Vamos a ser más corresponsables los diputados locales en discutir lo que estamos debatiendo en la tribuna y en poder tener mayor calma para lograr leyes de calidad, pero sobre todo políticas públicas que les den respuesta a los ciudadanos.

Son indispensables, compañeras y compañeros, con los nuevos tiempos que estamos viviendo, dos características que tienen que surgir de estas nuevas figuras. La primera es cómo logramos que además de tener instituciones fuertes, de tener leyes nuevas que fortalezcan la democracia, logremos que los ciudadanos se involucren con todo lo que estamos logrando transformar de la democracia formal.

Nos falta la segunda parte y en esa solamente vamos a lograr involucrar a los ciudadanos cuando nosotros actuemos con una representación plena que sea calificada por la eficiencia y la eficacia, pero sobre todo que sea calificada con mucha transparencia en los estados de la República y a nivel local.

Por eso creo que la corresponsabilidad que logren estas nuevas figuras de gobiernos de coalición, van a lograr que cambiemos el modelo democrático. Y, segundo, por último, cómo logramos que esos gobiernos en vista de los hechos que hemos visto en estos últimos días establezcan en sus agendas que lo más importante de un político y del quehacer público, es poner en el centro de su visión los derechos humanos y los derechos de las personas, porque estamos gobernando para las personas, porque estamos legislando para las personas y tenemos que involucrarlas en todo lo que aquí se discuta, en lo que se analice y lo que se debata desde siempre.

Por eso compañeras y compañeros, los invito a que votemos esta minuta, a que votemos a favor. El Verde Ecologista de México ha discutido ampliamente este tema en días pasados, y nosotros consideramos que es correcta la iniciativa y por eso la hemos apoyado y la impulsamos desde esta tribuna. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Zavaleta Salgado. Tiene el uso de la palabra el iniciante y además presidente de este cuerpo colegiado, diputado Silvano Aureoles Conejo. Adelante, señor presidente.

El diputado Silvano Aureoles Conejo:Muchas gracias, presidente. Gracias compañeras, compañeros, honorable asamblea, vengo a esta tribuna a fijar la postura de mi grupo parlamentario con relación al dictamen con proyecto de reforma constitucional que nos ocupa. Lo hago además con el compromiso de ser el proponente de esta iniciativa para expresar, en esta oportunidad, algunas razones por las que considero se debe de apoyar.

La reforma del Estado ya no se puede concebir a partir de una fórmula estática y perenne. En sociedades complejas y plurales como la nuestra, debe de ser una tarea permanente.

La manera en que se ejerce el poder público, la forma en que se relacionan las fuerzas políticas en aras de la eficiencia, la eficacia y la efectividad en la consecución de sus fines, debe de estar a tono con el tipo de sociedad que tenemos.

El sistema político mexicano debe corresponder a la diversidad ideológica de un pueblo pluricultural hasta en tanto no se resuelvan las asimetrías, es imposible homogenizar las visiones políticas.

Por ello debemos robustecer nuestras fórmulas de entendimiento y fortalecer nuestros espacios de encuentro, lo cual nos permitirá la identificación de la agenda común de los asuntos públicos. A ninguna fuerza política se le debe descalificar por anticipado. Todas las visiones son necesarias cuando se vive en una realidad en donde se requiere grandes soluciones.

Indiscutiblemente el ejercicio de la democracia debe seguir su cauce, para que las ciudadanas y los ciudadanos decidan sobre la base de las reglas de las mayorías, pero también el signo de las democracias maduras, el principio de la inclusión, por el cual las minorías no sólo deben de tener voz y representación, sino también la posibilidad de asumir la responsabilidad de la toma de decisiones y de la conducción del gobierno.

Hay diferentes acontecimientos que expresan la crisis del Estado mexicano a la pluralidad de enfoques políticos, en consecuencia no se debe anteponer la cerrazón ni la intolerancia.

El sistema electoral mexicano permite hoy día la constitución de coaliciones partidistas, la práctica legislativa permite las coaliciones parlamentarias, pero nos faltan los instrumentos jurídicos que nos permitan construir los gobiernos de coalición en todos los órdenes.

Es decir, hoy tenemos la oportunidad de sentar las bases, desde las normas constitucionales, para que se incluyan en las Constituciones locales de las entidades de la República y en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal los gobiernos de coalición.

Si bien es cierto que con la reforma política del 10 de febrero de 2014 es facultad del Ejecutivo federal optar por un gobierno de coalición, también lo es que dicha posibilidad aún no se encuentra prevista en los órdenes locales.

Es precisamente en los estados y en los municipios en donde por diversas razones se observa la mayor fragmentación política, en donde el tiempo transcurre en escenarios de alta competencia y no están ajenos a la constante controversia.

La posibilidad de contar en los órdenes locales con gobiernos de coalición satisface la necesidad de creare gobiernos más estables, la actuación de los servidores públicos tendería a ser más transparente a partir de visiones más incluyentes. Aportar soluciones integrales a una problemática compleja pasa por la necesidad de eliminar los obstáculos por razón de pertenencias políticas.

El propósito entonces en esta iniciativa no es reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino de diseñar un esquema donde el Ejecutivo tenga una gobernabilidad democrática más fluida, que tenga un respaldo legislativo más amplio y que el Poder Legislativo sea a su vez un contrapeso y un órgano de control más fuerte, que obligue al mismo Ejecutivo a observar estrictamente sus facultades y a una rendición de cuentas más seria y más responsable.

Obviamente el titular del Ejecutivo local, al optar por un gobierno de coalición tendrá que contar con un respaldo legislativo mayoritario y el nombramiento de sus integrantes, del Poder Ejecutivo local, de su gabinete, tendría que ser ratificado por la mayoría de sus respectivas Cámaras legislativas.

Compañeras y compañeros, el ejercicio unipersonal del poder público no corresponde ya con el mosaico ideológico y multicultural de nuestro México. La fragmentación de posturas sólo abona a la dispersión de recursos y a las políticas públicas erráticas, desenfocan las verdaderas prioridades.

La pluralidad es un valor de toda sociedad política que nosotros no hemos sabido aprovechar debidamente. Los gobiernos de minorías están condenados a la ineficacia, a la debilidad institucional y con ello a generar vacíos que han sido ocupados por los poderes fácticos, poniendo en riesgo la propia viabilidad del Estado. Ante ello, es necesario y es pertinente que más vale –y hay que decirlo con mucha claridad–, más vale tener gobiernos compartidos que tener gobiernos divididos y débiles.

La fuerza del Estado debe de estar enraizada en la fuerza de la sociedad. Para ello debemos de aprovechar al máximo el impulso social para provocar una simbiosis que nos catapulte a encontrar soluciones de largo plazo a los grandes problemas que hoy vive nuestro país.

En virtud de lo anterior es que llamo a mis compañeras y compañeros de mi grupo parlamentario, así como al resto de los integrantes de esta honorable Cámara de Diputados a votar por este dictamen.

Es tiempo de una reflexión profunda, es tiempo de alzar la mira y ubicar el momento que vivimos y con ello estar a la altura de las circunstancias y de la responsabilidad que nos toca y ofrecerle al pueblo de México las soluciones que hoy demandan. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Silvano Aureoles El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado José Alfredo Botello Montes. Hasta por diez minutos, señor diputado.

El diputado José Alfredo Botello Montes:Con el permiso del presidente. Compañeras y compañeros diputados, desde luego hay visiones distintas y esa es la riqueza del Parlamento.

Quiero decirles que no venimos a legislar por coyuntura, sino por lo que es mejor para el país y la democracia. La coalición parlamentaria se ha dado en muchas ocasiones en este Parlamento, pero aún falta una figura muy preciada, que es la figura de la coalición en el gobierno.

Desde el principio de los trabajos en esta Legislatura, los diputados y diputadas del PAN planteamos en nuestra agenda legislativa la propuesta para establecer la segunda vuelta electoral y los gobiernos de coalición, como dos figuras democráticas y de gobierno en beneficio de la transformación que estábamos viviendo en México. Por ello es que damos la bienvenida a una de estas figuras y acompañamos la iniciativa que fuera formulada por el actual presidente de la Mesa Directiva, Silvano Aureoles Conejo, votada ya de manera unánime en la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a los gobiernos de coalición en el ámbito estatal.

El maestro Alonso Lujambio, que en paz descanse, daba cuenta en su obra El poder compartido, de la importancia que los partidos y fuerzas políticas opositoras estaban teniendo en las legislaturas locales, como signo inequívoco de la transición democrática en México y ésta a partir de la reforma de 1977, que establecía la obligatoriedad para que los Congresos locales pudieran contar con un sistema electoral mixto que diera representación a las minorías.

En ese estudio, el maestro Lujambio advertía sobre la tendencia creciente de Congresos locales sin mayoría del partido del que había emanado el titular del Ejecutivo, por lo que nos da como resultado un gobierno dividido en el ámbito local.

En breve repaso de la historia reciente de nuestro país tenemos, que fue en 1994 cuando en el estado de Guanajuato se contó por primera ocasión con una mayoría en poder de un partido distinto del que había emanado el gobernador en turno, y posteriormente a ello lo mismo ha sucedido en Baja California, Chiapas, Jalisco, Tlaxcala, Colima, estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Zacatecas. O sea, casi la mitad de los estados de la República y esa tendencia es creciente.

Por ello, la importancia del decreto que hoy se nos presenta a discusión y aprobación, para reformar los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece otorgar a los titulares de los Ejecutivos locales, previa reforma que realicen los Poderes Legislativos también estatales, la opción de integrar gobiernos de coalición que puedan tener un respaldo mayoritario y plural en los respectivos Congresos.

De ser así, el gobierno de colación se regulará por el convenio y el programa respectivo, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes en las legislaturas de los estados.

El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. Las constituciones locales establecerán las facultades de las legislaturas en los estados, de ratificar los nombramientos que los gobernadores hagan de los funcionarios que integraran el gobierno de coalición, con excepción del titular en el ramo de seguridad pública.

En iguales términos será para lo que corresponde a la jefatura del Gobierno del Distrito Federal.

Esta figura, como ya se ha dicho, ya forma parte de nuestro máximo instrumento legislativo, que es la Constitución General de la República. En lo que respecta al gobierno federal y ahora con este decreto se pretende ampliarla al ámbito estatal.

El gobierno de coalición permitiría presentar un frente común entre el Poder Ejecutivo y la mayoría de los integrantes del Poder Legislativo. Se fortalece con ello la legitimidad de ejercicio en ambos poderes. Se dota de estabilidad y gobernabilidad, pues la mayoría conformada en el Legislativo daría soporte al Poder Ejecutivo.

Se genera un círculo virtuoso a partir de la cooperación y diálogo entre poderes Ejecutivo y Legislativo, teniendo como resultado la corresponsabilidad de los actores políticos.

El gobierno de coalición que estamos proponiendo es una institución que lejos de debilitar a los poderes públicos fortalece la forma de gobierno y la gobernabilidad democrática. Por ello y habiendo reconocido que esta situación en donde cada vez es más difícil conformar un gobierno que cuente por sí solo con la mayoría absoluta en las legislaturas y que esto se replica en la mayoría de las entidades federativas, es imperativo que asumamos la responsabilidad de legislar en esta materia, reformando la Constitución General de la República y por ello, los diputados y diputadas del PAN, votaremos a favor del dictamen para seguir construyendo una patria ordenada y generosa y una vida más digna para todos.

Acción Nacional, el PAN, siempre desde su fundación ha luchado por medios legales y pacíficos por construir la democracia mexicana y hoy en día seguimos dando la batalla para consolidarla y fortalecerla. Así seguiremos realizándolo porque México lo necesita. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. Don Héctor Gutiérrez de la Garza tiene el uso de la voz. Viene usted muy aplaudido, don Héctor. Aquí lo esperamos.

El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza:Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. Desde 1997 se viene presentando en México el fenómeno de los gobiernos divididos, cuya principal característica es la ausencia de una mayoría en el Congreso que contribuya a la construcción de acuerdos para la gobernabilidad, lo que ha traído como consecuencia en muchas ocasiones el inmovilismo, tal y como lo señaló el entonces senador y ahora coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, al presentar el 14 de septiembre de 2011, una iniciativa tendiente a incluir en nuestra Carta Magna la figura de los gobiernos de coalición.

Por esta razón, fue indispensable actualizar y perfeccionar el régimen político del país, lo cual fue posible gracias a la reforma constitucional en materia político-electoral publicada el pasado 10 de febrero. Fue por esa enmienda que se modernizaron las reglas e instituciones electorales y se posibilitó la consecución de acuerdos de colaboración a través de la inclusión de la figura de los gobiernos de coalición, esto en virtud de que tal institución busque establecer una responsabilidad compartida entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo con la finalidad de alcanzar los objetivos nacionales prioritarios permitiendo así definir conjuntamente un programa de gobierno y una agenda legislativa común.

Esta nueva figura a pesar de que representa una respuesta a la realidad que se ha vivido en los últimos años, únicamente fue incorporada en el ámbito federal, pese a que el fenómeno de la fragmentación política de los partidos también tiene verificativo en el ámbito de las entidades federativas, en donde la conformación de una sola fuerza política para formar gobierno.

Homologando esta facultad constitucional de formar gobiernos de coalición hacia los Poderes en las entidades federativas, se da un efecto positivo de gobernabilidad de los estados y se adoptarán políticas inclusivas que legitimarán el proceso de toma de decisiones políticas fundamentales. Igualmente, se logrará una doble legitimación tanto del ejecutivo local como del Congreso local.

Es menester señalar, que ésta es una iniciativa presentada por nuestro compañero y amigo, el diputado Silvano Aureoles, Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, en la cual refleja la pertinencia de este dictamen, ya que la facultad de optar por un gobierno de coalición en las Legislaturas de los estados debe estar contemplada en las constituciones locales o en su caso en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, replicando así el modelo federal actualmente vigente.

De igual modo, es pertinente bajo este sistema de colaboración entre poderes, que resulta pertinente tanto a los Congresos locales como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que puedan ratificar los nombramientos que los gobernadores y el jefe de gobierno hagan de los funcionarios que integran el gobierno de coalición.

Así, lo que se pretende con la inclusión de los gobiernos de coalición en los estados es evitar la parálisis parlamentaria y permitir que los Poderes Ejecutivos y Legislativos asuman la corresponsabilidad de dar estabilidad política a las entidades federativas.

El Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen toda vez que servirá para dar concordancia a las reformas estructurales puestas en marcha por el Presidente Enrique Peña Nieto en beneficio de todos los mexicanos y mexicanas.

Es llevar a nuestras entidades federativas posibilidades de acuerdo para que de ninguna manera exista justificante o excusa de la parálisis de un gobierno de un estado, de una federación que requiere el movimiento de todos. Muchísimas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted, don Héctor Gutiérrez de la Garza. Tiene la palabra en pro doña Alliet Mariana Bautista Bravo.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo:Honorable asamblea. El tema que nos ocupa hoy es de urgencia para la clase política más no para la ciudadanía que le preocupa el desempleo, la inflación, la inseguridad y sobre todo un mejor sistema de justicia y la falta de credibilidad en las instituciones que nos gobiernan.

Sin embargo demos atención al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales relativo a la opción de gobiernos de coalición en los estados de la República y en el Distrito Federal. Mi grupo parlamentario se ha expresado a favor del asunto, no obstante hacen falta algunas reflexiones en relación con el tema.

Históricamente se registra que los gobiernos de coalición se han dado en contextos donde existen sistemas políticos conflictivos, en crisis sistémicas o en procesos de fracturas sociales, polarizaciones políticas, fragmentaciones partidarias, inestabilidad social o escaso rendimiento gubernamental.

En 2010 Oaxaca, Puebla y Sinaloa optaron por una coalición político electoral. Sin embargo ésta no trascendió en la coalición de gobierno. Tal alianza sólo se limitó a la invitación de personas de los partidos coaligados a la estructura del gobierno.

Sin duda alguna el presente dictamen contribuirá a corregir algunas distorsiones políticas de nuestro sistema político, distorsiones que en algunas ocasiones se manifiestan en oportunismo electoral.

En nuestro grupo parlamentario hacemos votos para que los poderes locales tengan oportunamente la inteligencia política para reconocer que el estadio de inestabilidad les ha superado y que es urgente una reorientación política con la suma de los proyectos y programas emanados de partidos diferentes al que los postuló.

La puesta en marcha de esta reforma, lo digo con optimismo, hará a las mayorías responsables de los resultados de los gobiernos estatales.

Es necesario que nuestra democracia sea eficiente para las y los ciudadanos; que la gobernabilidad se cifre en lo mejor de los partidos y sus proyectos. Con esta reforma constitucional dejamos para otra coyuntura la discusión de sistemas electorales, como por ejemplo es la segunda vuelta.

De acuerdo con los académicos que han abordado el tema, los gobiernos de coalición se justifican en las actuales condiciones de desarrollo político de nuestro país, caracterizadas por los resultados electorales muy cerrados que han polarizado a la sociedad mexicana y requieren días que den cauce a la expresión de las diferencias.

Consideramos por ello que la reforma de los artículos 116 y 122 de nuestra Constitución, puede ayudar a fortalecer la democracia, a recuperar la confianza ciudadana.

No nos debemos conformar, debemos insistir en lograr un sistema político que incentive la participación y la vigilancia de la sociedad, la construcción de ciudadanía. Quizás debamos llegar a un sistema parlamentario; esto habrá que analizarlo.

Finalmente nos sumamos a las felicitaciones al diputado Aureoles por esta iniciativa que con seguridad redundará en la mejora del sistema político nacional. Pero por lo pronto hoy exhortamos a votar a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, doña Alliet Mariana. En contra, Javier Orihuela García.

El diputado Javier Orihuela García:Buenas tardes, compañeros y compañeras. Como ustedes han visto, no hemos subido a la tribuna porque nos hemos mantenido al margen de las discusiones. Pero hace rato recibí una llamada de compañeros de mi distrito y me dijeron: Javier, qué pasó, por qué no hablaste en el dictamen de la ley para la fiscalía y ahorita queremos escucharte. Aquí estoy por eso, compañeros.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Nada más le recuerdo que estamos en otro dictamen sobre gobiernos de coalición.

El diputado Javier Orihuela García: Entonces se nos juntaron las dos cosas. Antes que nada quiero decir que vengo a hablar no a nombre del PRD, no a nombre de mi fracción, de mi partido, sino como diputado federal del II distrito por el estado de Morelos, obligado por la presión social.

Antes que nada quiero reconocer a mi compañero, ahora presidente de la Mesa Directiva, diputado Aureoles, y decir que es loable la iniciativa.

Sin embargo, estos años que llevamos en esta legislatura hemos vivido una coalición en esta Cámara de Diputados, una coalición que desgraciadamente se ha separado de la esperanza del pueblo, se ha constituido una coalición de facto donde un grupo controla a derechas e izquierdas y nos impuso desde el primer momento de esta legislatura una política contraria a los intereses del pueblo. Y hoy muy rápido; la verdad yo esperaba que esta respuesta de la población fuera más tardía, pero ha sido muy temprana.

Esta coalición ha permitido desmejorar los derechos laborales de miles de trabajadores que han sido corridos y con esta legislación laboral ni siquiera los han indemnizado, y son miles y tengo compañeros en mi distrito, que es un distrito industrial, con un problema pues han dejado muchas empresas sin empleo a mucha gente merced a esta ley.

Impusimos una reforma educativa que creíamos que los maestros iban a acatar dócilmente y ahí los tenemos en las calles y seguimos con el problema del analfabetismo. Nuestros niveles educativos no crecen.

Se impuso por esta coalición también una reforma energética donde hoy se requiere que revisemos esos acuerdos, compañeros, porque lo que está pasando con el bajo precio del petróleo, nos va a poner una gran crisis.

Y tenemos que revisar porque requerimos despetrolizar a nuestra economía para poder hacer una reforma fiscal que nos permita resolver los problemas económicos a los que nos vamos a ver enfrentados muy en breve.

Una de las oportunidades que tuvimos para demostrarle a la ciudadanía que verdaderamente estábamos dispuestos a someternos al escrutinio de la sociedad, fue la fallida reforma política en la que no se aprobó la revocación de mandato, en la que no se aprobó el referéndum ni el plebiscito para aquellos funcionarios que una vez electos le fallen a la población, y que la población tuviera un arma para poder cambiar aquellos funcionarios, en este caso diputados locales, federales, cambiarlos porque están hartos de su incumplimiento.

Esa fue una gran oportunidad que tuvimos, y sin embargo, en vez de aceptarla para someterlos a la revocación de mandato, la hicimos a un lado. ¿Y qué aprobamos? Que podamos reelegirnos los diputados hasta cuatro veces, los senadores hasta dos veces.

Hoy, compañeros, es un buen intento –y reconozco a mi compañero Silvano– pero hoy yo quiero decirles que hemos perdido, esta Cámara de Diputados ha perdido la oportunidad de ser un verdadero Poder Legislativo, ha perdido la oportunidad de ser auténticos representantes populares.

Hemos perdido la oportunidad, compañeros, y muchos me van a dar la razón. A veces votamos para no poner en riego nuestra carrera política. Pero compañeros, hemos puesto en riesgo nuestro país, y yo les digo a muchos de ustedes de izquierda, de centro y de derecha, vayamos a las calles a gritar que si vivos se llevaron a los 43 jóvenes, vivos los queremos.

No somos capaces de salir a la calle; tenemos miedo, terror a la gente. Por eso, quiero que hagamos esta reflexión, compañeros diputados, es muy loable –vamos a decirlo– pero en una democracia donde haya honestidad, haya compromiso con el pueblo, compañeros, no donde privilegiemos nuestros intereses personales.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Concluya diputado, por favor.

El diputado Javier Orihuela García: Estoy por concluir. Por ello, compañeros quiero proponer que hagamos una reflexión profunda de lo que aquí hemos hecho en esta Cámara de Diputados...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Reflexione en silencio, diputado, porque ya se acabó el tiempo.

El diputado Javier Orihuela García: Que reflexionemos y que transformemos esta Cámara de Diputados en un verdadero poder popular, para decirle al presidente de la Republica lo que pensamos y no lo que él desea escuchar, compañeros.

Compañeros del PRI, un verdadero amigo es aquel que le dice sinceramente las cosas en este caso al presidente de la Republica. Y quisiera muchos del PRI fueran honestos y le dijeran al presidente de la República qué cosa es lo que tiene que hacer...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, le ruego que concluya, por favor.

El diputado Javier Orihuela García: Porque por querer quedar bien hemos dejado que ese gobierno se separe de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué, compañeros? Por salvar nuestra carrera política, pero –repito– lo que hemos puesto en riesgo es a nuestro país, compañeros. Reflexionemos, compañeros. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Doña Sonia Rincón Chanona tiene le uso de la voz.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza vemos con interés las reformas propuestas a los artículos 116 y 122 constitucionales, mismos que tiene por objeto armonizarlos con aquellos artículos relativos al gobierno de coalición a nivel federal, que fueron aprobados en este Congreso de la Unión en el marco de la reciente reforma política electoral.

Resultan atinadas las consideraciones de la Comisión de Puntos Constitucionales, que han enriquecido la propuesta por el diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados.

Es cierto que durante el proceso de transición política las relaciones Ejecutivo y Legislativo se convirtieron en un asidero de la discusión sobre la calidad de la democracia en México, sin embargo debemos reconocer que las exigencias de la sociedad hoy van más allá de las adecuaciones institucionales para generar acuerdos políticos. No podemos ni debemos cerrar los ojos a la realidad que enfrentamos.

En el actual contexto político y social ha quedado de manifiesto el debilitamiento en la imagen que gobiernos, partidos y actores políticos tenemos ante la ciudadanía. La penetración de grupos del crimen organizado en algunas instancias de gobierno y representación han incrementado la crisis de credibilidad y legitimidad.

Ante esta realidad debemos ser autocríticos y aceptar que el reclamo social no se soluciona sólo con adecuar los dispositivos institucionales de la democracia, por el contrario, debemos poner en el centro del debate todo el modelo de representatividad política a fin de que exista una mayor rendición de cuentas de quienes ocupamos espacios de representación popular.

Ahora es momento de transitar hacia un nuevo régimen y establecer mecanismos que posibiliten a los estados a conformar gobiernos de coalición. Estos sistemas significan una alternativa para trabajar a través de una verdadera gobernabilidad democrática al construir gobiernos fuertes, con respaldo mayoritario y plural en los respectivos Congresos, que les permitan lograr los consensos necesarios para hacer frente a los problemas que azotan a las entidades.

Al aprobar este dictamen sentamos las bases que permiten la construcción de mayorías que logren ejercer acciones de gobierno en forma cohesionada entre los poderes emanados del voto ciudadano. De no ser así, estaremos abonando a la causa de quienes apuestan a debilitar las instituciones y a seguir sembrando actitudes violentas que afectan sociedad.

Sí a los gobiernos de coalición, pero reforzando la representación política y la rendición de cuentas de los representantes populares. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Sonia. Doña Julisa Mejía Guardado, del PRD, tiene el uso de la voz y ante la circunstancia de que sólo tenemos dos reservas vamos a pedirle a doña Julisa presente la suya en esta ocasión.

La diputada Julisa Mejía Guardado:Gracias, diputado presidente. Pacto por México, .5.1 Gobiernos de coalición. Se impulsará una reforma constitucional para otorgarle al presidente la facultad constitucional de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno. En este caso el presidente y su partido constituirán un acuerdo con una o varias de las fuerzas opositoras en el Congreso para conformar una mayoría estable para que ratifique lo siguiente.

Compromiso 87. Un programa de gobierno que garantice su ejecución integral, los puntos coincidentes que hayan acordado las fuerzas políticas coaligadas, una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayoritaria de la coalición legislativa y el soporte del programa de gobierno, un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno.

Quiero ser clara y quiero ser enfática, dentro del PRD nunca se discutió la firma del Pacto por México, si fue firmado fue de manera unilateral, a espaldas del partido y en contra de los principios del PRD.

Aclaro y quiero dejar muy claro, los gobiernos de coalición no son una prioridad en la agenda legislativa del PRD. Por eso vengo a hablar en contra de la propuesta de la Comisión.

La propuesta de la Comisión va más allá del Pacto por México, porque este propone facultar solamente al presidente para integrar un gobierno de coalición. Sin embargo, las modificaciones de la Comisión facultan también a los gobiernos estatales.

Los gobiernos de coalición así como se plantea en esta reforma representan un retraso a la vida democrática del país, ya que un gobernador podrá decidir de manera unilateral y a conveniencia propia con quién va a gobernar, legalizando así la exclusión de las minorías y el autoritarismo del gobernante en turno, porque evidentemente los partidos coaligados tendrán la misma ideología, atentando así en contra de la pluralidad, la divergencia y la esencia de la democracia.

Esta propuesta de gobiernos de coalición no es más que un disfraz para el presidencialismo y el autoritarismo que se ha estado fortaleciendo a partir de este sexenio, además representa la salida fácil para alguna crisis causada por la inoperancia de algún gobierno.

Permítanme hacerme algunas preguntas y hacerles algunas preguntas, ¿quién será responsable de las acciones de un gobierno de coalición? ¿El partido mayoritario? ¿Los partidos que se coaligaron? ¿Quién será responsable? ¿A quién le van a echar la culpa? ¿A uno? ¿A todos? ¿Al gobernante en turno?

¿Qué papel va a jugar la ciudadanía ante este escenario? ¿A qué partido se le va a negar el voto en la siguiente elección? ¿Los convenios y los acuerdos serán ahora más importantes que el voto ciudadano? Ésa es otra pregunta. Desde luego, en la propuesta de la comisión no hay respuesta, no se menciona, no hay nada que pueda resolver estas dudas.

No nos hagamos, ya se les dio un premio con la reelección, ¿ahora qué pretenden? ¿La desaparición de las minorías? ¿Eso es lo que pretende esta gran mayoría?

Lo que verdaderamente hace falta, es darles herramientas a los ciudadanos, es el respeto y el reconocimiento a sus garantías ciudadanas, a las garantías constitucionales. Lo que verdaderamente hace falta, y esto sí es una prioridad en la agenda del PRD, es la democracia participativa, reflejada en el referéndum, en el plebiscito, en la segunda vuelta y, sobre todo, en la revocación del mandato.

Por cierto, ésta, la democracia participativa, no viene en ningún punto del Pacto por México, es por eso que vengo a hablar en contra de esta propuesta. Y parafraseando a José Stalin, no intentemos, por favor, poner una silla de montar a una vaca. Muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Diputada, presentó su reserva? Sí. Dado que hay una reserva presentada, pregunte la Secretaría a la asamblea en este momento si se admite a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, el dictamen queda en sus términos. El diputado Pedro Domínguez Zepeda, tiene el uso de la voz, del PRI, para hablar a favor.

El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda:Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México es un país con diversidad política. Diversidad que es reflejo, sin duda, del desarrollo político. Muestra también de la fortaleza de nuestra democracia electoral.

Sin embargo, debemos avanzar del ámbito electoral de la democracia al ámbito del ejercicio del gobierno, impregnado de los principios y los valores de la democracia. Sin embargo, hemos visto que en ocasiones esta pluralidad político-partidista puede generar una división que en determinado momento impide lograr un cúmulo de acuerdos que se traduzcan en desarrollo trascendental a favor de nuestro país.

Desde hace ya algunos años nuestro país vive un gobierno dividido, dado que no existe una equivalencia, no existe identidad partidista entre quien ejerce el Poder Ejecutivo y la mayoría en el Congreso, en los órganos parlamentarios. Lo cual, sin lugar a dudas ha provocado que no se logren acuerdos, que no se logren consensos para poner en marcha reformas necesarias para el crecimiento del país.

Esta circunstancia, desde luego, no pasó desapercibida para esta legislatura y para el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente Peña Nieto. Por eso, apoyamos una de las reformas más importantes en la historia política de nuestro país. La reforma político-electoral, indispensable para poner en marcha a México.

Debemos recordar que dicha reforma fue impulsada, y debemos reconocerle, por el coordinador de mi grupo parlamentario, del grupo mayor, del entonces senador Manlio Fabio Beltrones, quien con una visión de un presidencialismo moderno impulsó estas figuras importantes para tener una presidencia moderna, fuerte, acorde a los nuevos tiempos.

La falta de mecanismos que promuevan la construcción de acuerdos en las entidades federativas, para su mayor eficacia y gobernabilidad, demuestra que la presente iniciativa, el dictamen que está a consideración nuestra cobra una importancia y relevancia, ya que ayudará a los gobiernos locales para impulsar políticas públicas que favorezcan a la ciudadanía.

Los gobiernos de coalición son una facultad que permite acceder a metas y objetivos planteados en razón de la unificación de objetivos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, generándose un vínculo de cooperación y evitando una parálisis legislativa por la falta de consensos.

Y creo yo que más que significar una exclusión de las minorías, todo lo contrario, los gobiernos de coalición van a permitir una inclusión real, legal de las minorías en los programas de gobierno y en las acciones parlamentarias.

Aunque pueda pensarse que la facultad de formar un gobierno de coalición pudiese debilitar los poderes públicos esta cooperación de ninguna forma implica una intervención, ni mucho menos debilitamiento de los poderes. Lo que se pretende es que tanto en el país a nivel federal, como a nivel local no existan más gobiernos locales débiles, divididos y con dificultades para responder adecuadamente a las necesidades demandadas por los ciudadanos.

Además, estos gobiernos de coalición que darán confianza en el ciudadano y darán credibilidad respecto a la utilidad del voto que los mismos ciudadanos ejercen con motivo de una democracia real como la que vivimos en el país.

Por todas estas consideraciones, los legisladores de mi partido, del Revolucionario Institucional, vemos con optimismo esta reforma y hay que reconocer la iniciativa del diputado Silvano Aureoles, que amplía esta facultad de los gobiernos de coalición, no solamente al ámbito federal sino que incluye y de manera visionaria y muy importante a los gobiernos locales. Por eso los diputados y las diputadas del PRI votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, El señor diputado Fernando Belaunzarán. Le vamos a dar el uso de la voz con el objeto de que presente una reserva y hacer la discusión en lo general y en lo particular en un solo acto y tener una sola votación.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Con su venia, presidente. Primero que nada felicitar a mi coordinador y presidente, bueno a mi ex coordinador y presidente de la Mesa Directiva, por su acertada iniciativa de llevar los gobiernos de coalición por supuesto a las entidades federativas.

¿Cuál es la importancia de los gobiernos de coalición? Bueno, crear una gobernabilidad democrática, por decirlo así. ¿Cuál es el problema que ha tenido el país durante mucho tiempo o por lo menos desde 1997? Hemos tenido gobiernos de minoría y esos gobiernos de minoría han dificultado los acuerdos, han hecho que estos sean de distinto calado y que no haya la suficiente fuerza para implementar grandes acuerdos importantes.

Por supuesto, no obvio decir que al inicio de este gobierno se intentó hacer, no por gobiernos de coalición sino por un acuerdo de voluntades en una coyuntura que es el Pacto por México, pero ya no está precisamente porque era de coyuntura de voluntades.

Ya haremos el balance cada quien, creo que ahorita no es el momento de hacerlo, yo tengo mi opinión sobre este balance, pero bueno el caso es que ya no está ese acuerdo que propició algunas reformas importantes, aunque también polémicas.

Entonces, ¿En qué consisten? Pues en que haya un plan de gobierno asumido por la mayoría de un Congreso, eso es importante, cuál es el objetivo con el que se forma el gobierno de coalición, y por lo tanto que cuente con la mayoría de ese programa y que se comprometan públicamente a llevarlo a cabo.

Y segundo, pues un gobierno obviamente plural, incluyente, también de coalición como es su nombre, de tal manera que el mismo Congreso o Cámara pueda aceptarlo o pueda ratificar a este gabinete o al menos a gran parte de este, de tal manera de que con un gobierno compartido y con un plan compartido se pueda construir una mayoría eficaz, una mayoría que le dé gobernabilidad al país, al estado, etcétera.

Ése es el criterio porque lo que estaba sucediendo –insisto– son gobiernos de minoría. Había quien pensaba que había que imponer el bipartidismo como una forma de darle gobernabilidad al país. Me parece que eso sería contraproducente, qué bueno que no se logró. Somos un país diverso, plural.

La forma democrática de conseguir la gobernabilidad es precisamente con los acuerdos con el programa de gobierno y generando estos gobiernos, de tal manera que no suceda lo que está sucediendo en algunos lados donde los gobiernos de coalición se llaman así, pero son informales, y la verdad es que reproducen el presidencialismo, porque ya sea el gobernador, que es donde se han dado estos casos, el gobernador los controla y sigue siendo.

No tiene un compromiso de un programa público con el Congreso, tampoco su gabinete y eso es simplemente un gobierno plural. No es un gobierno propiamente de coalición aunque se llame así.

Me parece que esta es una salida democrática, de alguna manera nos acercamos. Del presidencialismo damos un paso hacia el parlamentarismo al darle al Congreso la posibilidad de conformar una mayoría estable a través de un programa de gobierno y a través del nombramiento o más bien la ratificación del gabinete.

Por supuesto, es a decisión del presidente en caso federal y sería a decisión de los gobernadores. A mí me gustaría que pudiéramos avanzar en donde no fuera opcional. Que quien llegara tuviera que tener un respaldo de la mayoría en su Congreso. Ese sería el paso que faltaría.

Por cierto, llamo la atención de una cosa. Recuerden que la reforma constitucional a nivel federal, establecimos el gobierno de coalición pero lo condicionamos en un transitorio a que estuviera la ley secundaria del gobierno de coalición. La ley secundaria todavía no está hecha y si no hacemos esa ley secundaria –claro, podría ser la nueva Legislatura– entonces habremos hecho una bonita figura pero no tendría posibilidad de implementarse.

¿Cuál es la reserva? Es muy sencilla. Hablamos de que en las entidades tengan que hacer la Constitución por sus Congresos locales, pero en el caso del Distrito Federal no tienen la facultad porque no tenemos una Constitución propia. Ojalá pronto hagamos la reforma política del Distrito Federal tantas veces pospuesta, para que no necesitemos que el Congreso de la Unión haga las modificaciones al Estatuto de gobierno.

Pero como todavía no está esa reforma política y la Ciudad de México no tiene todavía su Constitución, el Congreso de la Unión es el que tiene que hacer la modificación para ingresar la figura de gobiernos de coalición en el Distrito Federal a través de los cambios en el Estatuto de Gobierno.

Leo muy sencillo la reserva. Sería al 2o. Dice: En un plazo no mayor a 180 días y conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las entidades federativas adecuarán sus respectivas constituciones y el Congreso de la Unión adecuará el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Esto es para estar armonizado con la legislación que tenemos. Si antes de eso hacemos la reforma política del Distrito Federal y ya no sería necesario, mejor y corregimos eso; pero mientras eso no suceda, lo correcto legislativamente es que nosotros nos pongamos el mismo plazo para modificar el estatuto de gobierno y que también en el Distrito Federal exista esta figura. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Belaunzarán. Pregunte la secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Belaunzarán.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora pregunta la secretaría a la asamblea si se acepta que esta modificación pase a formar parte del dictamen que se someterá a la consideración de la asamblea.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aceptarse para que forme parte del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputaos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se acepta y en estas condiciones se votará el dictamen.

Honorable asamblea, las dos reservas presentadas han sido desahogadas ante la voluntad del pleno, luego entonces se ruega la apertura del sistema electrónico de votación para recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aceptada.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación aceptada por la asamblea.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga (desde su curul): A favor.

La diputada Tanya Rellstab Carreto (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Señor presidente, se emitieron 383 votos a favor, cinco abstenciones y 27 en contra. Es mayoría calificada.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, Secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por mayoría calificada el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de régimen político y gobiernos de coalición. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN III

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desindexación del Salario Mínimo.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, tiene la palabra el presidente de la misma, el diputado Julio César Moreno Rivera.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, distinguido presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, es decir, desvincular del movimiento del salario mínimo a todas las cosas que están referenciadas en él, incluyendo multas, pagos de algunos servicios y hasta los recursos que se asignan a los partidos políticos, con la finalidad de dar el primer paso para lograr un aumento real a los salarios mínimos.

En la actualidad existe consenso entre los diferentes actores de la sociedad para habilitar un instrumento que guíe las transacciones y los intercambios en la economía moderna de nuestro país.

Por ello, el dictamen que hoy está a discusión recoge la voluntad de los legisladores, del presidente de la República, del jefe de Gobierno del Distrito Federal y de las instituciones académicas para dar el primer paso hacia la construcción de una política de recuperación de los salarios mínimos de nuestro país para beneficio de todos los mexicanos. Para nadie es ajeno que el salario representa un componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social, a ser el único medio con el que cuentan millones de familias mexicanas para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, desde 1980 a la fecha, el salario mínimo ha atravesado por una larga y aguada fase de deterioro. Antes se podía comprar cuatro veces más productos que hoy con el mismo salario mínimo. La pérdida en términos reales ha sido de más del 70 por ciento de su valor real, por lo que es momento de devolverle el poder adquisitivo y darle estabilidad de la economía interna, es momento de hacer historia en este Congreso.

De acuerdo con estimaciones del Coneval, se requiere de 82 pesos con 86 centavos para que un adulto y su acompañante puedan contar con el mínimo de bienestar; es decir, lo necesario para comer.

Según estudios de diversos especialistas, la línea de bienestar mínima para contar con una canasta alimentaria y no sólo lo necesario para su alimentación, el ingreso diario debe de ser de 171 pesos. Aunado a lo anterior, México, por increíble que parezca, es el país de América Latina con el salario más bajo, solamente delante de Haití, mientras que Naciones como Alemania e Inglaterra aumentaron el salario mínimo y les ha dado buenos resultados para detonar su economía interna, elevando el consumo.

En la última década muchos países rezagados iniciaron políticas de recuperación. Un ejemplo de ello es Uruguay, inició en el año 2002 con el salario mínimo más bajo, incluso que nuestro país.

Sin embargo, del 2004 al 2014 ha tenido un incremento de más de 200 por ciento sin impactar de forma negativa a su economía. Y por el contrario, México prácticamente tiene el mismo salario de inicios de la década y es el país peor posicionado, el más bajo, según la OCDE y de América Latina, de tal forma que hay 7 millones de mexicanos que declararon ganar un salario mínimo o menos.

Conscientes de esta situación, los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales ponen a consideración de esta asamblea las siguientes modificaciones a nuestra Ley Suprema:

Primero, se adicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 constitucional con la finalidad de crear la unidad de medida y actualización para que dicha unidad sustituya al salario mínimo en esta función. Asimismo, se otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la facultad de fijar y actualizar el valor de dicha unidad.

Se reforma el artículo 41 constitucional para dejar de utilizar el salario mínimo como factor de multiplicación en la fórmula para determinar las prerrogativas de los partidos políticos, en virtud de que este artículo derivó que el salario se tomara como base para pagos, multa de servicios, entre otras cosas.

Finalmente se reforma el artículo 123 constitucional con el propósito de establecer la prohibición de que el salario mínimo pueda ser utilizado como unidad base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza laboral.

Esta reforma constitucional impactará a 702 modificaciones en diferentes ordenamientos legales, tales como: el mercantil, civil, laboral, seguridad social, entre otros. Con estas modificaciones el Congreso de la Unión demuestra que está en posibilidades de ofrecer a los ciudadanos una reforma constitucional con plenas garantías d derechos a todo el país, a sus transacciones económicas, a sus operaciones de compra y venta, y en general, a los intercambios comerciales que ocurren en el territorio nacional.

Por ello celebramos que tras la iniciativa del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, el pasado 25 de noviembre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal haya sido la primera entidad del país en crear la Unidad de Cuenta como una medida de valor en sustitución del salario mínimo para determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de pago y montos de referencia previstas en las normas locales.

Al mismo tiempo de sebe reconocer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, que desarrollaron una propuesta para crear la Unidad de Medida y Actualización, por lo que agradecemos que se hayan sumado a los esfuerzos de esta soberanía.

De igual forma es de destacar la labor de los diputados José Isabel Trejo Reyes, Miguel Alonso Raya, Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Cantú Garza, coordinadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, así como de la diputada María Luisa Alcalde Lujan, quienes presentaron iniciativas sobre este tema. A todos ellos mi reconocimiento.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, con esta reforma queda de manifiesto que el Poder Legislativo en sus diferentes niveles está trabajando para que a corto plazo el aumento del salario mínimo en nuestro país sea una realidad para que podamos avanzar y, sobre todo, para que demos muestra de las políticas laborales que estamos tomando y que sin duda nos llevaran a mejorar las condiciones de las trabajadoras mexicanas y de los trabajadores mexicanos.

Como país no podemos continuar por la ruta de la desigualdad y la división, permitiendo que existan dos Méxicos, uno inserto en la economía global con crecientes índices de ingresos, de desarrollo y bienestar, y otro más, pobre, con rezagos que no han podido resolverse por generaciones.

Como representantes del Poder Legislativo federal, estamos comprometidos a actuar en beneficio de todos y lograr que la clase trabajadora tenga como derecho adquirido lo mínimo para subsistir, razón por la cual con las modificaciones que hoy se proponen se pretende cimentar las bases de una nueva estructura para la valoración de los salarios mínimos.

El salario mínimo no es simple tema de referencia, es normativo. Hagamos que se cumpla el mandato constitucional que establece. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Mejorar el ingreso de la gente es una tarea impostergable, por ello compañeras y compañeros diputados, los invito a votar a favor del presente dictamen y dar un beneficio a quienes más lo necesiten, para entrar en una economía donde México deje de ser ese referente negativo que hoy escuchamos, y por el contrario, sea referente de progreso y de desarrollo sobre la base de los ingresos de un salario mínimo remunerador, acorde a lo que se requiere en nuestro país.

Termino con una frase que dijo el maestro emérito de nuestra máxima casa de estudios, el maestro Mario de la Cueva: En una nación de asalariados n o se podrá combatir la pobreza mientras no se restablezca el poder adquisitivo de los salarios mínimos en los términos que indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que los invito a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Ahora para fijar la postura por su Grupo Parlamentario, tiene la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, hasta por diez minutos.

El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, desde hace unos meses se ha venido generando un amplio debate sobre los impactos económicos y sociales de incrementar el salario mínimo, reconocido en nuestra Carta Magna como la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo, y que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos.

Aunque el objetivo de la ley busca garantizar que el trabajador tenga lo suficiente para subsistir con su familia en condiciones dignas. Desafortunadamente el salario mínimo ya no cumple con esa función social de satisfacer al menos las necesidades básicas de la población mexicana.

El salario mínimo actual ha tenido un agudo deterioro en términos reales desde los años Ochenta. Esta crisis ha conllevado a una constante pérdida del poder adquisitivo, al punto de que su monto actual de 67 pesos por día queda lejos de cumplir con el espíritu de su incorporación en la Constitución.

El salario mínimo en México es el más bajo en América Latina en cuanto a su monto. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, al comparar el poder de paridad de compra estamos por debajo de países como Nicaragua, Bolivia o Brasil.

De 1987 a la fecha, el precio de la canasta alimenticia recomendable registró un incremento acumulado de 4 mil 773 por ciento, mientras que el salario mínimo creció en un 940 por ciento, lo que significa que los alimentos han aumentado en una proporción de cuatro a uno, en comparación con el incremento a los salarios mínimos.

Por ello, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sabemos la importancia de lograr un salario mínimo digno, que cubra las necesidades de las familias mexicanas. Considerarlo como un instrumento legítimo y relevante para promover la igualdad y elevar el ingreso, sobre todo para los trabajadores y las trabajadoras que menos ingresos perciben es un derecho humano que debemos consolidar.

Para lograrlo es necesario que actualicemos el marco jurídico y eliminemos del salario mínimo funciones de unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, que son completamente ajenas al ámbito laboral que le da vida.

En ese sentido, el dictamen que ahora votaremos nos plantea desvincular el salario mínimo de su función como unidad de cuenta de las 140 leyes que lo contemplan y en su lugar sustituirlo por la unidad de medida y actualización que se ajustará conforme al crecimiento de la inflación.

Consideramos que con la aprobación del presente dictamen daremos el primer paso para mejorar y recuperar el poder adquisitivo de los salarios mínimos, lo que permitirá que los ingresos de las y los trabajadores sean acordes con la nueva realidad de una economía dinámica que atienda todas y cada una de las necesidades de la clase trabajadora.

Para mi grupo parlamentario mejorar los ingresos de las y los mexicanos ha sido una prioridad en nuestra agenda legislativa. Por ello, en abril del presente año, mi grupo parlamentario presentó una iniciativa a la Ley Federal del Trabajo para mejorar el cálculo del salario mínimo, incorporando las metas de inflación, pero sobre todo, los índices de la productividad nacional.

Con la aprobación de este dictamen estaremos en condiciones de iniciar un amplio debate en que estén presentes las autoridades, representantes populares del sector empresarial y del sector patronal, de los trabajadores, para determinar un cálculo del salario mínimo que cumpla con su propósito constitucional y no ponga en riesgo la creación de fuentes de empleo.

Compañeras y compañeros legisladores, hoy en todo el mundo se debate sobre la creciente desigualdad que impera en la mayoría de los países occidentales. La brecha entre los que ganan más y los que perciben menores ingresos es cada vez mayor, lo que afecta no sólo el desarrollo de las naciones, sino también afecta y de manera significativa a la cohesión social.

En esta tribuna se han presentado, durante esta legislatura, distintas formas de tratar de aminorar la desigualdad económica, desde un impuesto a la riqueza hasta reformas fiscales redistributivas, cuyo objeto es atender las necesidades de los que menos tienen. No obstante, actualmente no existe un mejor mecanismo para mejorar las condiciones de vida de las personas, que retribuir de manera justa a su trabajo realizado.

Por ello, la importancia de este dictamen, ya que una vez que el salario mínimo deje de ser considerado para aspectos distintos a lo que es el ingreso de los trabajadores, estaremos ciertamente en condiciones de explorar todos y cada uno de los mecanismos que permitan el incremento del salario, sin que ello impacte a otros temas ajenos a la temática laboral. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Cantú Garza, para hablar a nombre de su grupo parlamentario.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados, y diputadas, desde hace ya más de 30 años con la adopción del modelo económico neoliberal se inició un embate feroz contra los salarios de los trabajadores, bajo el argumento de que los salarios eran una de las principales causas de la inflación.

Se inició una política de contención del salario, que se les dijo a los trabajadores sería temporal y haría que los salarios reales se recuperaran. Sin embargo, dicha política se convirtió en permanente y el salario real de los trabajadores se ha desplomado en forma dramática.

Como se mencionó en la iniciativa y los diversos estudios nacionales e internacionales que han dado cuenta del tema, el poder adquisitivo del salario ha caído en más del 70 por ciento en los últimos 30 años.

Las implicaciones económicas, sociales y políticas de esto saltan a la vista. Bajo crecimiento económico. Demanda interna estancada y desaparición de prácticamente la industria destinada al mercado interno. Desempleo. Abandono de estudios desde edades muy tempranas y descuido o abandono de aquellas personas más vulnerables, como son los adultos mayores y los niños.

Y el ahora quizá más lacerante de los problemas, el crecimiento de la delincuencia organizada, el narcotráfico y las actividades delictivas en general. Sin duda estos problemas hacen urgente dar un cambio en la política económica en general, y en particular en la política salarial de nuestro país.

La iniciativa que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales es un avance en este camino, es el primer paso y es una muestra del interés que existe para revisar el tema salarial en nuestro país.

Lo que se pretende con la iniciativa es corregir uno de los grandes vicios en los que ha caído el sistema económico jurídico de nuestro país, utilizar el salario como una unidad de cuenta administrativa.

Al hacer del salario una unidad de cuenta se le quita su esencia económica, social y política. Es decir, el salario deja de ser una relación social y un espacio de lucha de clases para dejarlo en un simple dato de referencia.

Inclusive el salario deja de ser una categoría técnica-económica, basada en la productividad de los factores y se ha convertido en un instrumento de contención inflacionario. Es decir, se ha puesto al dinero por encima de las personas y de los trabajadores.

Hoy, con las modificaciones propuestas se recupera un poco de su esencia. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que en torno al salario, como tal, no se legisla sino que se hacen las modificaciones para mantener el sistema administrativo burocrático funcionando sin hacer referencia al salario.

Sin duda, se requiere desindexar el salario y tener una nueva unidad de medida que sea la referencia contable bajo la cual se especifiquen los pagos, multas, cobros y demás actividades que los gobiernos realizan y que requieren de un piso para funcionar.

La iniciativa avanza en este sentido. También vemos en ella elementos importantes que consideramos positivos, como es proteger el patrimonio de los trabajadores a través de sus créditos de vivienda o el de mantener como línea base de referencia el incremento de la inflación.

Ahora debemos seguir adelante en este camino que iniciamos con este dictamen, pues se abre una agenda de discusión importante. El primer punto es lograr la recuperación del poder adquisitivo del salario, pues estas reformas serán letra muerta si no se refleja en el bolsillo de los trabajadores y sus familias.

Para ello tenemos que revisar la metodología que se sigue para la fijación del salario mínimo nacional y debemos garantizar que en este proceso se cumpla realmente nuestra Constitución y el salario mínimo realmente garantice la satisfacción de las necesidades de alimento, vivienda, vestido, educación y cultura de una familia, que el salario sea realmente digno y justo.

Compañeras y compañeros legisladores, el salario no es una dádiva que se le da a los trabajadores, es un derecho laboral adquirido por años de lucha política y social y un derecho reconocido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que nuestro país ha firmado en la materia, por ello no nos espante que los trabajadores salgan a exigir su derecho, más bien ocupémonos de hacérselos reales y efectivos.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, tenemos como un fundamento de nuestra lucha al trabajo, a la dignidad que da y la emancipación individual que se logra a través de él. El trabajo nos hace libres y para de esa libertad es saber que por nuestra labor obtenemos lo justo y necesario para vivir bien y por ello la lucha por un salario justo nos hace libres.

Compañeros legisladores, compañeras, estamos en una competencia perniciosa entre los países de Sudamérica, los países del tercer mundo subdesarrollados, donde el modelo neoliberal nos ha metido en competir qué país tiene salarios más bajos, para que lleguen las inversiones de las corporaciones transnacionales.

Por eso el Presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, ha lanzado una iniciativa que nos parece muy conveniente, de que un tema que se debe de tratar en los foros latinoamericanos y de los países no alineados, es en establecer salarios mínimos regionales para que no nos hagamos la competencia ruinosa que nos estamos haciendo los países del tercer mundo a ver quién tiene salarios más bajos a costa de la pobreza de la mayor parte de nuestros compatriotas.

Entonces es momento de que México con una participación más activa en estos foros internacionales retome este tipo de propuestas para que ya no seamos rehenes de la ambición desmedida de los países imperialistas que a costa de la pobreza de nuestra gente vienen a enriquecerse las bolsas y a acumular grandes riquezas a costa de la pobreza de nuestros pueblos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchas gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada María Luisa Alcalde Luján, para fijar postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidenta. La principal fuente de ingresos de la mayoría de los mexicanos es el trabajo asalariado y el salario es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y poder mejorar sus condiciones de vida. Es por eso la importancia del tema.

El salario mínimo fue creado y establecido en el artículo 123 constitucional en 1917 con el objetivo de indicar la cantidad de dinero mínima que debe recibir una persona por su trabajo.

Se supone que el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural. Desde alimentos y vivienda hasta salud, todo debe alcanzar con el salario mínimo.

Pero aunque algunos piensen que con nuestro salario mínimo, es decir con 67 pesos diarios alcanza para casa, coche y escuela, es evidente que la realidad laboral actual ha perdido toda relación con el mandato constitucional. Desde hace más de 30 años ha habido una política constante de restricción salarial como un medio artificial para contener la inflación y vender mano de obra barata al exterior.

Hoy, esa política es la causa de la desigualdad y la pobreza, fuente de todos nuestros males que tiene postrado al país; una política salarial de hambre que apoyada con un sindicalismo al gusto del patrón se ha realizado el mayor despojo de nuestra historia. Les quitaron a los hombres y mujeres trabajadoras el derecho a una vida digna y condenaron a sus hijos a la pobreza, el desarraigo y la delincuencia.

Esta política de contención salarial ha impactado no sólo en la calidad de vida de los mexicanos sino en el desarrollo del mercado interno. Y pese a que existen consensos incluso en el sector empresarial sobre la necesidad de aumentarlo, esta medida ha sido aplazada año con año bajo el argumento de que provocaría inflación. Este argumento es a todas luces falso.

Primero porque el aumento salarial no provoca inflación si se atiende a su productividad, y en México la productividad ha aumentado de manera notoria. Por ejemplo, del 2005 al 2012, el salario retrocedió en 3.2 por ciento en términos reales, quedándose prácticamente estático; mientras que la productividad formal aumentó entre 4.1 y 4.4 por ciento. Es decir que aunque la productividad aumenta, no aumenta el salario.

Los datos internacionales confirman esta hipótesis. Chile que tiene una productividad laboral comparable con la de México, otorga un salario mínimo tres veces mayor que el nuestro. Por el otro lado, a pesar de tener una productividad cuatro veces mayor que países como Bolivia y Nicaragua, nuestro salario es similar.

La segunda razón para retrasar el aumento del salario mínimo es que desde hace décadas todas las multas, infracciones e indemnizaciones establecidas en todas las leyes del país, se fijan en función del salario mínimo. Te pasaste el alto, dos salarios mínimos; no asististe con el juez, diez salarios mínimos; tiraste la basura en la calle, cuatro salarios mínimos.

De esta manera si se aumenta el salario mínimo, aumentarían también todas las multas, derechos y contribuciones, financiamiento de partidos políticos, etcétera.

Fue por ello que nos dimos a la tarea de presentar el 11 de septiembre pasado una alternativa, una reforma constitucional que estableciera una nueva unidad de medida y de esta manera liberar al salario de tantas ataduras. En esta iniciativa nos acompañaron todos los partidos de oposición.

Ahora celebramos que el Ejecutivo se haya sumado a este esfuerzo, aunque creemos que debió hacerlo hace mucho tiempo.

Sabemos muy bien que la resistencia para apoyar la iniciativa de la oposición o presentar la propia, es con miras a evitar un incremento significativo al salario mínimo de 2015 que será impuesto por el Ejecutivo en los próximos días; porque el cuento de la concertación ya no se los cree nadie.

Exigimos un incremento al salario mínimo para 2015 de por lo menos el 10 por ciento, como ha propuesto el jefe de gobierno del Distrito Federal.

Repetir la historia de la inflación esperada para que le aumenten tres pesos, sería francamente una tomadura de pelo y sumaría al descontento que hoy se muestra exigiendo justicia e igualdad.

Antes de concluir quiero desde esta tribuna felicitar a todos los que han estado impulsando esta reforma: el Instituto de Investigaciones Jurídicas estuvo ayudando, también el CIDE, el secretario de Desarrollo Económico del D.F, Chertorivski, y el subsecretario Ricardo Becerra han sido principales impulsores y han trabajado muy duro para que esto sea una realidad.

Porque la Conasami ya no tiene pretextos para tomar otra decisión, acabemos de una vez por todas con los salarios de hambre. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Rubén Acosta Montoya para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidenta. Es claro que nuestra Constitución y nuestra Ley Federal del Trabajo tienen perfectamente plasmada una garantía y un derecho que debemos tener todos como trabajadores, y es el derecho al salario.

Lo definen así como la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo y que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos.

Como bien señala el dictamen que hoy se encuentra a consideración de esta asamblea, desde su inserción en nuestra Constitución para la determinación del salario mínimo se puntualizaron aspectos especiales como las zonas geográficas, una clasificación de esencia económica que la comisión de salarios mínimos utiliza para definir el salario, de conformidad con la zona y la actividad económica de la misma, así como obviamente las necesidades de esa zona geográfica y así ser más equitativos en el ingreso de los trabajadores y se tenga un balance en la satisfacción de las necesidades de la clase trabajadora. Ese fue el elemento primordial que se tomó para establecer ese salario.

Resulta necesario entonces insertar en el texto constitucional el concepto de unidad de cuenta, mismo que deberá sustituir al del salario mínimo para los fines distintos que no son el salario precisamente.

Es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el responsable de calcular el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizado como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de obligaciones, multas y demás supuestos previstos en las leyes federales, locales, estatales e incluso en las que aplican los municipios.

Por ello tendrá que trasladarse de un terreno completamente asimétrico y unilateral a uno donde se consideren diversos criterios que permitan dejar de vulnerar el propósito original de la garantía para el salario.

En este sentido, el dictamen que nos encontramos discutiendo, propone modificar el término de salario mínimo como referente en los supuestos que ya dije, procediendo a la desindexación del mismo; es decir, llevar a cabo la desvinculación del salario en tanto unidad de referencia de otros precios de trámite, multas, impuestos, prestaciones, entre otros conceptos se refiere.

Lo que sin duda, permitirá entonces entrar a un debate más profundo que abonará en beneficio de una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Es por todo ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del dictamen por el que se modifican el inciso a), fracción II del artículo 41 y la fracción VI, párrafo primero del apartado A del artículo 123 y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pues con ello se garantiza que el salario mínimo deje de ser utilizado como una referencia para fines ajenos a su naturaleza eliminando la trayectoria de deterioro de los salarios mínimos y dando paso a una nueva ruta de ascenso sostenido.

Estamos convencidos de que la puerta que nos permite este dictamen permitirá un debate responsable, constructivo a futuro que sobre todo beneficiará al universo de trabajadores formales, sobre todo a los más pobres. Es decir, aquellos que perciben un salario mínimo como prestación por su trabajo.

Asumamos el reto de aprobar dichas modificaciones a nuestra Carta Magna, que el aumento salarial sea el reflejo del trabajo conjunto de todas las autoridades e instituciones de los diferentes niveles y órdenes de gobierno comprometiéndonos a un solo objetivo, mejorar la calidad de vida de las mexicanas y de los mexicanos.

Efectivamente, el aumento del salario mínimo es urgente, pero para que ello represente un verdadero beneficio en favor de los trabajadores, el mismo debe plantearse por etapas, debemos iniciar por la desindexación que permita dar un aumento natural, racional, no arbitrario, pero que sin duda garantice el bienestar suficiente de todas las mujeres y hombres mexicanos trabajadores de nuestro país. Es cuando, señor presidente.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya:Gracias presidenta. Compañeras y compañeros, buenas tardes a todas y a todos.

Creo que estamos discutiendo una afortunada reforma, en donde gracias a la voluntad de todas las fuerzas presentes aquí en la Cámara de Diputados, al Ejecutivo federal, como a las diferentes fracciones parlamentarias, estamos coincidiendo en la necesidad de una vez por todas de separar el salario mínimo del conjunto de cargas que se le han impuesto, multas, créditos, financiamiento de partidos, etcétera, etcétera.

Para liberarlo y para que no haya pretextos, entonces sí, para discutir por qué la importancia de revisar el aumento a los salarios mínimos y beneficiar así cuando menos de entrada a 7 millones de trabajadores y de trabajadoras que reciben, cuando menos de los que están empleados, como salario, como pago, por su trabajo un mísero salario mínimo de sesenta y tantos pesos mensuales el día de hoy.

Ésta es la realidad de nuestro país, unos con un salario mínimo y otros multimillonarios e incluso los más ricos del mundo que tenemos en nuestro país gracias, entre otras cosas, a la explotación, a los beneficios, a la protección del Estado, a que no paguen los impuestos que deben pagar. Ésa es parte de la realidad, en todo caso, que tenemos en nuestro país.

Y también hay que decirlo con toda claridad, quienes ganan el salario mínimo y quienes ganan con un contrato colectivo de trabajo en última instancia eso contrasta con lo que recibe la mayor parte de funcionarios de alto nivel en nuestro país, incluidos los diputados y senadores del Congreso de la Unión.

Quizás el poder que más ostentación hace de sus salarios es el Poder Judicial, pero no nos escapamos tampoco nosotros ni lo senadores y menos aún el Poder Ejecutivo frente a la realidad de millones de mexicanos y mexicanas.

Lo cierto es que hoy, compañeras y compañeros, el salario mínimo en los últimos 30 años ha perdido un 75 por ciento de su poder adquisitivo. ¿Qué se compra hoy o qué se puede comprar hoy con el salario mínimo vigente? ¿Qué es lo que la gente puede hacer con ese salario para poder vivir él y su familia? Y es prácticamente nada.

La urgencia por eso de separarlo, de quitarle los pretextos de la vinculación que tenía con otra serie de aspectos, de multas, recargos, créditos, etcétera, es justamente con la intención de liberarlo para que se pueda discutir abiertamente qué es lo que debe hacerse para poder reivindicar el trabajo y reivindicar a los trabajadores.

En esto ha sido muy importante el debate que se ha abierto a partir del 1 de mayo de este año. Hay que reconocer al jefe de gobierno del Distrito Federal, a Miguel Ángel Mancera, que el 1 de mayo convocó a un debate nacional sobre el tema. Dijo entonces, ante esta situación se considera de suma importancia convocar a un gran debate nacional que nos lleve a una nueva política local y federal de recuperación del ingreso, especialmente de los que menos ganan.

Evidentemente el debate no parte de soluciones voluntaristas ni generar expectativas irreales. Si en algo ha insistido el gobierno del Distrito Federal es en efectuar un análisis responsable e incluyente, en el que la política de recuperación sea gradual y separe estos aumentos de los múltiples pagos legales, crediticios, administrativos a los que va ligado el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Se trata de una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país. Es decir a poner las bases de un piso más parejo. De esta forma, el 28 de agosto de 2014 se publicó una propuesta de acuerdo en ese sentido, denominada Política de recuperación de salario mínimo en México y en el Distrito Federal.

La propuesta es incrementar moderadamente los mini salarios para 2015, 82.86 pesos diarios para salir de la suficiencia alimentaria e incrementos anuales por arriba de la inflación, para alcanzar un salario mínimo diario de 171 pesos diarios, equivalente a 5 mil 199 mensuales con incrementos moderados, pero constantes. Esta cifra se alcanza en 2015 a 2025. En el primer caso 15.6 por ciento más la inflación, y en el segundo 7.6 por ciento.

Las proyecciones pueden revisarse, pero la idea de una estrategia de recuperación sostenida del salario a mediano plazo sólo será posible mediante un acuerdo nacional que involucre a patrones, trabajadores, Congreso, gobierno federal y locales, que permitan contener efectos, incentivos fiscales, contención de precios, tomar ese aumento como faro en revisiones salariales y contractuales, elementos que se contendrán en el acuerdo.

La desvinculación que hoy planteamos del salario mínimo como unidad de medida es un primer paso a una política de recuperación del ingreso de los trabajadores.

El dictamen a discusión recoge iniciativas presentadas desde el inicio del presente periodo por los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, así como la enviada recientemente por el Ejecutivo federal.

En los estudios que se hicieron para el dictamen de estas iniciativas, la Presidencia de la República reconoció que hizo suyo el planteamiento técnico jurídico solicitado por esta Cámara de Diputados al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Centro de Investigación y Docencia Económica, como paso previo para que la recuperación de los ingresos de los trabajadores menos calificados pueda comenzar en el año de 2015.

Celebramos la coincidencia sobre temas fundamentales que pueden repercutir en el bienestar de los trabajadores asalariados y que se reconozca la aportación de nuestro grupo parlamentario en este importante avance.

También tenemos pendiente en esta materia una política de recuperación salarial. El dictamen actual queda en una medida administrativa, sin contenido. Rotas las amarras del salario mínimo como unidad de cuenta, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no tiene pretexto para que en la revisión de los salarios ya en curso se alcance un aumento que coloque al salario mínimo general en un nivel que garantice cuando menos la adquisición de una canasta básica alimentaria y que de forma paulatina, pero constante, se alcance el nivel de suficiencia constitucional que esta remuneración debe tener.

Así damos el primer paso para que no haya pretextos y presiones para arrancar una política de recuperación de los salarios de los trabajadores con menores ingresos, una nueva política salarial es imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país.

Con medidas como la que está en discusión se podrán generar condiciones para un gran acuerdo político, económico y social con empresarios y trabajadores, para crear condiciones que lleven a la recuperación del salario y a la reivindicación del trabajo en nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Felicidades a todos.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Beatriz Zavala Peniche. Adelante, diputada.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche:Muchas gracias, presidenta. En las últimas décadas el salario mínimo ha perdido su referente constitucional, ya no responde a la Constitución que establece que proveer una vida digna al trabajador y su familia es el objetivo de establecer un salario mínimo.

De hecho, es el artículo 123 de la Constitución que nos señala que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos y de su familia.

Imagínense ustedes, ahora el salario mínimo no alcanza ni siquiera para la canasta básica alimentaria, por tanto, el salario mínimo ha contribuido a la precarización del trabajo formal e informal en México.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, del INEGI, de los 49.5 millones de personas ocupadas en el sector formal, 7 millones de trabajadores tienen la remuneración de un solo salario mínimo, esta situación es realmente paradójica, ya que quienes están empleados en el trabajo formal constituyen hoy una gran parte de la pobreza extrema en México, de la pobreza alimentaria.

El salario nominal en México ha crecido mínimamente año con año, por tanto, el valor adquisitivo del trabajador se ha disminuido a esos grados de que no alcanza a cubrir hoy ni siquiera los alimentos necesarios.

En el ámbito internacional, México –y particularmente en América Latina, según la Organización Internacional del Trabajo– es el país con más bajo salario mínimo. Apenas 67 pesos diarios cuando el promedio es de 817 pesos.

Y de acuerdo con el Coneval el índice de la tendencia laboral de la pobreza laboral se ha incrementado a un record histórico en el 2014. Fue un incremento anual de 3.46 por ciento. Es decir, se ha aumentado el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con su ingreso. En otras palabras, la pobreza extrema en México ha aumentado, como hemos dicho, en gran medida, precisamente por los que se encuentran con un empleo laboral, con un empleo formal.

Es por eso que el Partido Acción Nacional implementó y utilizó una nueva figura creada en nuestra reforma política, que es la consulta popular, para que por mandato de los ciudadanos se pudiera plantear el incremento necesario al salario mínimo.

Esta consulta popular planteó dos temas: uno, el tema de que el salario mínimo necesitaba ser incrementado y si los ciudadanos en México así lo veían en su mayoría.

Y dos. Cómo crear un referente que establezca que el salario mínimo alcance para las necesidades básicas del trabajador y de su familia.

Y se le preguntó al ciudadano si estaría de acuerdo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, que está integrado por académicos de alto nivel, podría establecer cuál es ése ingreso, para determinar que cuando menos el salario mínimo cubra primeramente la canasta básica alimentaria. Es decir, el mínimo de bienestar social para no ser pobre extremo. Y que paulatinamente el salario mínimo fuera incrementándose hasta incluir otros satisfactores básicos, para no estar por debajo de la línea de bienestar social, como educación, salud, transporte, incluso vivienda. Pero eso estamos hablando de un tiempo gradual en el que se iría incrementando.

Y a esa propuesta de la consulta popular se sumaron y respondieron afirmativamente millones de mexicanos. Desafortunadamente, como ustedes saben, la Suprema Corte desestimó la consulta popular, la llamó inconstitucional sin razón jurídica de peso. Y hoy por eso recibimos con beneplácito la propuesta de esta reforma constitucional. Sin embargo, es una reforma constitucional nada más.

Lo que va a hacer es desvincular el salario mínimo como otro referentes, por ejemplo, para créditos de los trabajadores, créditos hipotecarios, multas y otros referentes en donde el salario mínimo se toma en cuenta.

Y permitiría que el Inegi sea el que promueva o proporcione una unidad –vamos a decir– de referencia para estos otros referentes económicos como son los créditos, multas, etcétera.

Pero se queda corta la reforma constitucional y eso lo queremos plantear muy claro. Empezamos bien, hacemos esta desvinculación del salario mínimo, por cierto otras fuerzas políticas, como aquí se ha dicho, se sumaron a las mismas propuestas, pero necesitamos cambiar el mecanismo por el que hoy se establece cuál es el salario mínimo, si no vamos a seguir igual y el salario mínimo no va a dar ni siquiera para satisfacer los alimentos necesarios del trabajador y su familia.

Lo que estamos proponiendo y necesitamos que se llegue a la realidad y que tengamos ese acuerdo político aquí en el Congreso con las otras fuerzas políticas, que establezcamos cuál va a ser el criterio para la que hoy es la institución encargada de establecer año con año el salario mínimo, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, esté obligada a tomar un referente y no nada más sea un acuerdo de partes, un acuerdo donde estén representados los obreros y los patrones, sino que haya un referente real para regresarle al salario mínimo el valor adquisitivo que necesitan los trabajadores y sus familias.

Y que este referente sea fijado por los ingresos suficientes para dejar de estar en pobreza extrema, es decir, para que los trabajadores no formen parte de la pobreza alimentaria en nuestro país, y ese referente podría estar marcado por el Coneval, esta institución u otra con la autonomía suficiente para dar ese referente y obligar por ley a que sea tomado en cuenta en donde hoy se establece el incremento al salario mínimo.

Estamos aprobando, qué bueno que así sea, una reforma constitucional que nos lleve a desvincular el salario mínimo de otros referentes, pero es solo la base. Tomaron en cuenta al presentar esta iniciativa y se suma a las iniciativas que antes hemos presentado, la gran demanda ciudadana que hay para incrementar el nivel de vida en México y acabar con tanta desigualdad.

Y por último, no hay porque pensar que ése sería, el incremento al salario mínimo, una medida inflacionaria, Las crisis económicas en México han respondido a otros factores, el incremento sería paulatino y además daríamos la posibilidad de que se active el mercado interno porque los trabajadores tendrían la posibilidad de adquirir satisfactores y otros bienes que les den calidad de vida. Muchas gracias por su atención y ojalá podamos llegar a las leyes secundarias, que realmente nos lleven a un incremento real del salario mínimo y un bienestar social mayor para los trabajadores y para sus familias. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Muchas gracias, diputada. Por último tiene la palabra, el diputado Héctor García García, para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

El diputado Héctor García García:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. De acuerdo con el artículo 123 de nuestra Constitución Federal, los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades de un jefe o jefa de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria a los hijos, de tal suerte que el Estado, como principal garante de los derechos fundamentales de los mexicanos, es el responsable de hacer cumplir tal disposición con acciones y programas idóneos para un sueldo justo, adecuado, que refleje los esfuerzos de la jornada laboral de las y los trabajadores.

Este salario no sólo es la remuneración legal mínima a que pueden acceder los trabajadores, sino que también es una unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos como lo son los créditos de vivienda, determinadas obligaciones, cuotas o aportaciones de seguridad social y sanciones pecuniarias, por mencionar sólo algunos.

De tal suerte que las modificaciones a la remuneración mínima de las personas laboralmente activas impacta los valores vinculados, los cuales se encuentran en diversos ordenamientos jurídicos federales y locales. Baste señalar que tan solo en el primer nivel de gobierno 132 leyes hacen referencia a la figura del salario mínimo, lo que refleja un elemento jurídico que va más allá de una unidad económica laboral.

Ahora bien, aun y cuando existe consenso en el sentido de que los trabajadores merecen que sus remuneraciones se eleven a fin de satisfacer las necesidades básicas de un ser humano, también es cierto que la adopción de medidas dirigidas a este fin no deben ser tomadas en cuenta de forma irresponsable, toda vez que el aumento de esta clase de percepciones, cuando se determina con ligereza, provoca distorsiones en la economía que, lejos de favorecer a los más necesitados de la patria, termina por agravar sus condiciones de vida.

Derivado de lo anterior, se ha generado un debate sobre la naturaleza y alcances del salario mínimo al cual se ha unido de forma propositiva el presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien se dio a la tarea de analizar responsablemente el tema concluyendo en una iniciativa de reforma constitucional que no sólo responde a las demandas que se han planteado a lo largo de dicho debate, sino que va más allá al proponer medidas que protegen la economía del país y la de todos los trabajadores.

En efecto, de conformidad con la iniciativa presidencial presentada el pasado día 5 en esta Cámara de Diputados, el primer mandatario propuso la creación de una nueva Unidad de Cuenta denominada Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda nacional, la cual se desvinculara del salario mínimo y será utilizada como referencia para determinar diversas obligaciones y supuestos que hasta ahora se han venido sirviendo del concepto del salario mínimo.

De esta manera liberamos la figura del salario mínimo de los lastres que impiden su natural crecimiento y los cuales han generado la baja en el poder adquisitivo en perjuicio de la clase trabajadora.

Lo anterior obedece al hecho de que la vinculación entre los salarios mínimos, a determinadas obligaciones, ha traído consigo perturbaciones tales como el aumento de los costos y pagos para la población, que no están vinculadas al mejoramiento del poder adquisitivo de las y los trabajadores.

La unidad de medida propuesta se ajustará al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y se actualizará conforme a lo previsto de forma diaria, mensual y anual, por el INEGI, logrando así otorgar eficiencia y certidumbre a la economía nacional y principalmente a la economía de todas y todos los mexicanos.

Con la presentación de la iniciativa en comento el gobierno del presidente Peña Nieto demuestra una vez más su sensibilidad a los temas que debate la sociedad y su preocupación por el mejoramiento de las remuneraciones de los trabajadores.

Todos deseamos un aumento exponencial en el salario mínimo que refleje un verdadero beneficio para todos los ciudadanos, pero también debemos reconocer que tal crecimiento debe ser estudiado y aplicado en forma responsable; que dicha decisión no sea contraproducente para la economía del país y mucho menos para la economía de los trabajadores.

La aprobación del presente dictamen va orientada justo en este sentido, es por ello que recibirá el voto favorable de las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional.

Cabe hacer un reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso por el trabajo, por el entusiasmo, por la entrega y por la decisión de favorecer de una vez por todas a las y a los trabajadores mexicanos.

Sigamos así construyendo juntos el México que queremos, la patria a la que amamos, por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Para la discusión de este dictamen, se procede a dar el uso de la palabra al diputado Luis Manuel Arias Pallares, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares:Con su veía, señora presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a esta tribuna a hablar en pro del dictamen, mismo que tiene por objeto reformar los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo al constituyente de 1917, el espíritu del salario mínimo plasmado en el artículo 123 considera al salario mínimo como la remuneración suficiente que permita al trabajador satisfacer las necesidades normales de la vida considerándolo como jefe de familia.

Nuestro país se ha quedado atrás en garantizar esta definición, siendo un caso atípico con uno de los salarios mínimos más bajos del mundo debido a que éste se ha subordinado a otros objetivos y a la inercia administrativa como unidad de referencia en leyes y a objetivos de inflación.

Desde 1934, a través de la comisión de salario mínimo, se han fijado en 72 ocasiones salarios mínimos vigentes en montos crecientes sólo en términos nominales; sin embargo, se ha dado una pérdida histórica del 71 por ciento de poder adquisitivo del salario mínimo desde 1976 a 2014.

Esta reforma tiene por objeto revertir esta situación. Según datos del Inegi, el 13 por ciento de la población ocupada vive con un salario mínimo al día, mientras que el precio de la canasta alimenticia ha aumentado cuatro veces más que el salario desde 1987, razón por la cual el monto del salario actualmente es insuficiente para cubrir las necesidades esenciales de los trabajadores mexicanos y sus familias.

La relación que se ha dado al salario mínimo como unidad de referencia y como medida de control inflacionario lo ha atado a su crecimiento, lejos del nivel que mandata la Constitución. Esto es lo que ha motivado a la población a abandonar el sector formal en búsqueda de un mayor ingreso en el sector informal, impactando esto a nivel nacional.

El propósito de establecer un salario mínimo en 1934 era establecer una base para mejorar los demás salarios. A partir de las devaluaciones de 1982 se utilizó esto para contener a los demás salarios a la baja y se vinculó como unidad de referencia.

En este momento necesitamos esta reforma para romper esta problemática y dar paso a una nueva inercia. Una lucha de la izquierda ha sido la búsqueda constante de una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador y a su familia la satisfacción de sus necesidades conforme a la dignidad humana.

El Partido de la Revolución Democrática ha impulsado desde hace meses esta desindexación buscando con todas las fuerzas políticas los acuerdos que permitan hacerla realidad, tal como se concretó el pasado 25 de noviembre de forma unánime en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a propuesta del Gobierno de la Ciudad de México, así como la desindexación del salario mínimo y la creación de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México e introducir este concepto en más de 100 códigos y leyes locales.

El presente dictamen tiene los elementos suficientes para dar el primer paso. Con la desindexación del salario mínimo se eliminan las trabas que se relacionaron a éste. El siguiente paso corresponderá a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cumplir con el objetivo constitucional de establecer salarios suficientes que en congruencia con la ley y las condiciones económicas y sociales del país aseguren salarios dignos para los trabajadores mexicanos y sus familias.

Por lo anterior, nuestro grupo parlamentario ve positivo que se apruebe este dictamen para lograr, mediante la creación de la unidad de medida y actualización, la desindexación del salario y que el aumento progresivo de éste mejorará las condiciones económicas y sociales de los trabajadores más vulnerables.

Pido a esta honorable Presidencia tenga a bien insertar de manera íntegra el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta.

«Posicionamiento al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, a cargo del diputado Luis Manuel Arias Pallares, del PRD.

Con su venía Señora presidenta

Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a esta tribuna a hablar en pro del presente dictamen, mismo que tiene por objeto reformar los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De acuerdo al constituyente de 1917 el espíritu del salario plasmado en el artículo 123, Considera al Salario mínimo como la remuneración suficiente que permita al trabajador satisfacer las necesidades normales de la vida, considerándolo como jefe de familia.

Nuestro país se ha quedado atrás en garantizar esta definición, siendo un caso atípico, con uno de los Salarios Mínimos más bajos del mundo debido a que este se ha subordinado a otros objetivos y a la inercia administrativa: como unidad de referencia en leyes y a Objetivos de inflación.

Desde 1934 a través de la Comisión de Salario mínimo se han fijado en 72 ocasiones salarios mínimos generales, en montos crecientes solo en términos nominales, sin embargo se ha dado una pérdida histórica del 71 por ciento del poder adquisitivo del Salario Mínimo de 1976 a 2014, esta reforma tiene por objeto revertir esta situación.

Según datos del INEGI el 13 por ciento de la población ocupada vive con un salario mínimo al día, mientras que el precio de la canasta alimenticia ha aumentado 4 veces más que el salario desde 1987, razón por la cual el monto del Salario Mínimo actualmente es insuficiente para cubrir las necesidades esenciales de los mexicanos.

La relación que se ha dado al salario mínimo como unidad de referencia y como medida de control inflacionario lo ha atado en su crecimiento, lejos del nivel que mandata la Constitución, esto es lo que ha motivado a la población a abandonar el sector formal en búsqueda de un mayor ingreso en el sector informal impactando esto a nivel nacional.

El propósito de establecer un salario mínimo en 1934 era establecer una base para mejorar los demás salarios, a partir de las devaluaciones en 1982 se utilizó para contener a los demás salarios a la baja y se vinculó como unidad de referencia, en este momento necesitamos esta reforma para romper con esta problemática y dar de nuevo el sentido natural por el cual surgió.

Una lucha de la izquierda ha sido la búsqueda constante de una remuneración equitativa y satisfactoria,que asegure al trabajador y a su familia la satisfacción de sus necesidades conforme a la dignidad humana.

El Partido de la Revolución Democrática ha impulsado desde hace meses esta desindexación, buscando con las todas fuerzas políticas los acuerdos que permitan hacerla realidad, tal como se concretó el pasado 25 de Noviembre de forma unánime en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a propuesta del Gobierno de la Ciudad de México, la desindexación del Salario Mínimo y creación de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México e introducir este concepto en más 100 códigos y leyes locales.

El presente dictamen contiene los elementos para dar el primer paso, con la desindexación del Salario Mínimo se eliminan las trabas que se relacionaron a este. El siguiente paso corresponderá a la Conasami, cumplir con el objetivo Constitucional de establecer salarios mínimos suficientes, que en congruencia con la Ley y las condiciones económicas y sociales del país aseguren Salarios dignos para los Trabajadores Mexicanos.

Por lo anterior, nuestro Grupo Parlamentario ve positivo que se apruebe este dictamen, para lograr mediante la creación de la Unidad de Medida y Actualización, la desindexación del salario y que el aumento progresivo de esté mejorará las condiciones económicas y sociales para los trabajadores más vulnerables.

Pido a esta Honorable presidencia tenga a bien insertar de manera íntegra el texto en el diario de los debates.

Es cuanto, señora presidenta.

México, DF, a 10 de diciembre de 2014.— Diputado Luis Manuel Arias Pallarres.»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado. Así hará, se insertará el texto al Diario de los Debates de manera íntegra.

Esta Mesa Directiva, la Presidencia, para mejor proveer y estar en actitud de votar en lo general y en lo particular en un solo acto el dictamen, le otorgamos ahora el uso de la palabra a la diputada Claudia Bojórquez Javier para desahogar las reservas presentadas.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier:Con el permiso de la Presidencia. Diputadas, diputados, medios de comunicación, pueblo de México. Quiero leer antes de iniciar la participación lo que maneja el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, acordó otorgar un aumento general a los salarios mínimos de las dos áreas geográficas para el 2014 de 3.9 por ciento. Los nuevos salarios mínimos legales que regirán a partir del 1o de enero de 2014 pasado son los siguientes.

Área geográfica A, 67.29 pesos diarios; área geográfica B, 63.77 pesos diarios; el Consejo de Representantes acordó mantener para este año la actual integración municipal de las áreas geográficas para la aplicación de los salarios mínimos.

¿Qué acaso el famoso presidente de la República no dijo que en México no existen ciudadanos de primera y de segunda? ¿Por qué dos áreas geográficas para la integración de los salarios para la decisión de cuánto pagarle en salario mínimo a los mexicanos?

Además, el Consejo también actualizó la lista de profesiones, oficios y trabajos especiales a los que se les fija un salario mínimo profesional, de 67 ocupaciones vigentes en 2013, a partir del 1o de enero de este año, sólo serían 59, se suprimieron nueve y se reincorporó uno. Sí aumentan el salario, pero le quitan validez a varias licenciaturas, entre algunas la licenciatura en enfermería, en nutrición, en trabajo social y seis más. Habría que preguntarles a estos empleados si realmente –o estos profesionistas– están de acuerdo en que hoy ya no se les tome en cuenta como profesionistas con licenciatura, sino nada más como técnicos y por consiguiente se les va a bajar también el salario mínimo a la categoría de técnicos.

Lo peor que le puede ocurrir a un país que tienen desempleo, falta de educación, altos índices de corrupción e inseguridad es tener un salario mínimo que ahorca a los más desfavorecidos. El caso específico de México empeora con el tiempo, tenemos una cúpula de poder que mantiene mayor parte de la riqueza y que de manera contrastante hay cerca de 60 millones de pobres en el territorio mexicano.

El problema de un salario mínimo insuficiente es en parte el causante del aumento de los asaltos, el narcotráfico, los secuestros y otros problemas sociales. México es un país con 60 millones de pobres y 27 millonarios, estamos hablando de 60 millones de personas que carecen de 3 comedidas al día, pero de 27 personas que superan en su riqueza los mil millones de dólares.

Mientras tenemos un presidente con un avión presidencial de 6 mil 700 millones de pesos, una famosa primera dama con una casa de 86 millones de pesos y dando 1.3 millones de dólares para liquidad departamentos en zonas exclusivas, el resto del país carece de las necesidades básicas que el Estado tiene obligación de dar.

México está entre los países de mayor pobreza laboral y con alta tasa de empleo informal. Existe una planificada y ventajista manipulación de los ingresos del gobierno, que busca desequilibrar al país. Esto crea grupo de desamparados y que de manera cotidiana sufren por las malas decisiones de los que están en el poder. Todo esto con la finalidad de suprimir al pueblo y buscar apoyos económicos con fines políticos o electorales.

De manera absurda desde 1976 hasta este año los salarios en México se han reducido aproximadamente en un 76 por ciento, lo cual tiene como obvia consecuencia que en parte la economía del país no crezca por los salarios escuálidos que el Estado le da al pueblo. Aproximadamente el 75 por ciento de la población tiene un trabajo asalariado, creando una sociedad que depende del mísero ingreso que el Estado les obliga a percibir sin poder tener aspiraciones de mejorar su calidad de vida.

Lo que no quieren entender es que el salario mínimo no está basado en un precio de mercado, está determinado por el derecho constitucional al cual debemos tener acceso todos los mexicanos y mexicanas, trabajadores, y no sólo un puñado de empresarios. Se tiene que eliminar el trato administrativo del salario mínimo buscando ante todo la equidad económica de los mexicanos.

Toda persona que tenga un empleo lícito debe tener acceso a un nivel digno de vida. El salario mínimo debe ser suficiente para que los mexicanos puedan vivir en un lugar digno, para que los mexicanos puedan vivir en lugar de lo que hacen hoy, sobrevivir.

Algunos pronósticos indican que debe de haber un incremento salarial del 3.9 por ciento para este año, pero debe de existir una mayor claridad en el cálculo del aumento, ya que al tomar la inflación como eje del estudio eliminamos el factor de la pobreza social. Al parecer los que deciden la política salarial ignoran los estudios que contradicen sus ideas, ya que se ha demostrado que el establecer los salarios con base de la inflación en lugar de la productividad social provoca pérdidas de cerca del 80 por ciento del poder adquisitivo del salario que percibe el pueblo asalariado.

Pero el problema aumenta año con año, ya que de 2013 a este año la población que no tiene capacidad adquisitiva aumentó del 54 al 59.4 en el Distrito Federal. Esto quiere decir que no sólo estamos hablando de un problema para cubrir las necesidades básicas del pueblo, sino que ni siquiera pueden cubrir el costo de la canasta básica. Más clara no puedo ser; no les alcanza ni para comer.

El simple hecho del crecimiento del salario de un 900 por ciento contra el de la canasta básica, de mil 800 por ciento deja el aumento disparar y dañar la economía de las personas que menos tienen...

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Permítame diputada. ¿Con qué objeto, diputado Rojo? Sonido a su curul.

El diputado José Antonio Rojo García de Alba(desde la curul): Presidenta, pedirle que nos sujetemos al tema y a ver si me puede aceptar una pregunta la oradora.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: No está a discusión todavía la reserva, diputado, y la diputada está presentando en una sola exposición todas sus reservas. Entonces permítanle concluir y una vez que el pleno sancione si está a discusión, con mucho gusto veo si acepta la pregunta.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier: Además, en México se ha perdido un millón 983 mil 769 empleos con un pago de tres o más salarios mínimos y se crea-ron 3.3 millones de empleos situados entre uno a tres salarios mínimos. Esto quiere decir que la política del gobierno es tener más empleos con peores sueldos.

Existe una política salarial que el modelo del PRI insiste en imponer desde hace más de 30 años, favoreciendo en todo momento el mercado externo y a los intereses de los privados y no sólo se daña a los que menos tiene, esto genera que el mercado interno tenga repercusiones...

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Permítame, diputada Claudia Bojórquez. ¿Con qué objeto, diputada Mirna?

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales(desde la curul): Está usted obligada a preguntarle a la oradora si acepta la pregunta, señora presidenta, y no debe usted de permitir que se esté pasando más de los minutos, además no está hablando del tema original.

Nadie está señalando en este momento si los salarios mínimos alcanzan o no, estamos hablando de otra medida, de otra toma de medida para hacer efectivamente que no se considere el salario mínimo para multas, etcétera.

Repita usted, por favor, la pregunta que el diputado José Antonio le solicitó, que si la oradora recibe o no, o acepta o no la pregunta del diputado. Esa es su obligación, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Disculpe, diputada, pero le vuelvo a repetir, como le dije al diputado, que no está a discusión precisamente la reserva que está presentando la diputada. Una vez que el pleno sancione si admite a discusión la reserva, con mucho gusto lo sometemos a consideración. Diputada, concluya su presentación, por favor.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier:No sólo se daña a los que menos tienen, esto genera que el mercado interno tenga repercusiones, como lo vemos en estos días con el ejemplo del miserable crecimiento de la economía mexicana.

Como he insistido en contadas ocasiones, antes de ver por sus intereses o el de sus compadres, escuchen la voz del pueblo, que les exige poder vivir mejor, tener casa, tener empleo, un buen salario, educación para sus hijos y mejorar su esperanza de vida.

Señoras y señores legisladores, en México tener un empleo no significa escapar de la pobreza, se deben de aumentar los salarios y garantizar el bienestar de los mexicanos.

Es lamentable, pueblo de México, que aquí no solamente griten los del PRI el tiempo, las preguntas. Suban, acepten la reserva y aquí debatimos, compañeros. Y pregúntenle al pueblo de México si están de acuerdo con el mísero salario mínimo que les otorgan, con el despido injustificado de tanta gente y hoy viviendo ustedes en una vida de comodidades, en una vida de privilegios que muy poco les va a durar, porque el pueblo de México está cansado y lo verán y lo seguirán viendo en las calles cada día por culpa de todos ustedes, que son alcahuetes y además que respaldan las reformas que tiene un sinvergüenza hoy en Los Pinos. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Pregunte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión las reservas presentadas por la diputada Claudia Bojórquez, al artículo 123, apartado A, fracción VI.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Se desecha. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rocío Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano:Muy buenas tardes. Antes que nada, presidenta, quisiera pedirle respeto para este pleno, en virtud de que no respeta el tiempo de todos los compañeros, excede el tiempo de los mismos y desvirtúa el tema principal que estamos tratando. Ya basta de desviar la atención, basta de simular con el discurso una acción, cuando en los hechos es otra. Ustedes son responsables de lo que ha pasado y sólo se han dedicado a repartir culpas.

¿Qué han hecho ustedes por su gente? Han gobernado y no lo han hecho, y aunque se desvíen y hoy digan tema, porque lo que duele no lo quieren escuchar. Llegan aquí, se desbocan sin razón ni sentido. Les duele, yo sé que les duele decir y les duele su realidad.

El tema es que son incongruentes, el tema es que no asumen su realidad y no aceptan su responsabilidad de haber gobernado mal, de no tener el favor ni haber correspondido a la confianza de la gente y que no han sabido responder al mismo. Supérenlo y acéptenlo.

Han hecho un pésimo gobierno, han hecho un pésimo gobierno sin garantías. Y sí, la cuestión del tema, hoy sí les preocupa el tema, cuando han hablado sin razón alguna y simplemente se han dedicado a repartir culpas. Es muy fácil ser oposición y nada más hablar, pero cuando han tenido la oportunidad de ser gobierno no han hecho nada, nada por apoyar a su gente.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la remuneración y los trabajadores mexicanos han sido parte central de las discusiones de las últimas semanas.

Los gobiernos, los partidos políticos, centrales obreras y analistas han coincidido en que es necesario promover el mejoramiento de las remuneraciones. La propia ley suprema señala que el salario mínimo debe responder a las necesidades básicas del ser humano, como es el alimento, el vestido, la cultura, la educación de todas las personas, y por ello, que las leyes secundarias, reglamentos y normatividad aplicadas deben satisfacer tales necesidades en su más mínima expresión.

En este tenor, diversos grupos parlamentarios integrantes de esta honorable Cámara de Diputados propusieron reformas constitucionales, a través de las cuales se busca un aumento en el salario mínimo, en tanto que el presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, propuso a esta soberanía una reforma constitucional respecto del mismo tópico, lo cual nos demuestra que el aumento salarial a las y a los mexicanos trabajadores no es un tema exclusivo de un partido político o de un grupo social.

El dictamen que ahora se encuentra a discusión recupera todas las propuestas presentadas en materia de indexación de salarios mínimos, con lo cual la Comisión de Puntos Constitucionales ha tenido a bien proponer al pleno la creación de la Unidad de Medidas de Actualización, la cual será utilizada como una unidad referencial para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en más de 130 leyes federales y disposiciones locales.

Dicha unidad de medida tendrá un equivalente en moneda nacional y se actualizará conforme a los estudios desarrollados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de forma diaria, mensual o anual.

Tales disposiciones constitucionales demuestran el arduo trabajo y el análisis respecto al salario mínimo y a las mejores medidas para poder incrementar tal remuneración. Ya que no solo se trata de señalar una cantidad que no solo carece del análisis sino también de resultados ante las serias demandas ciudadanas.

Los legisladores del PRI seguiremos apoyando reformas responsables que verdaderamente reflejen una solución y propuestas a los problemas que día a día tienen que enfrentar millones de mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, con las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen, y como corresponde, dentro de nuestro tiempo, por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Socorro Ceseñas Chapa, para presentar reserva al artículo noveno transitorio. Hasta por cinco minutos.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa:Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Vengo a presentar reserva al artículo noveno transitorio para evitar que esta reforma constitucional termine siendo enunciativa y no incida de inmediato en un justo incremento de los salarios, particularmente los mínimos, ya que del artículo sexto transitorio pareciera desprenderse que casi por dos años no habrá aumento sustancial de los salarios.

Se hace, por tanto, indispensable adicionarse un párrafo al decreto, que aluda a la creación inmediata de una comisión plural para concertar y determinar sobre un incremento justo y constitucional de los salarios mínimos. Estos deberán incrementarse en un porcentaje mayor, siempre a la unidad de cuenta para el 2015 y subsecuentes años.

Quisiera que recordemos la propuesta del jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, sobre el incremento para los salarios mínimos en por lo menos 23 por ciento para el próximo año y años posteriores, hasta alcanzar los 171 pesos en el 2018. De no ocurrir así para el 2015 y se redujera solo dos pesos como pretende la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, nuestro país seguirá hundido en la hambruna y en la violencia.

Es obvio que no debemos esperar hasta que se apruebe esta reforma por el constituyente permanente y se emitan las leyes y reglamentos consecuentes. Nuestro Estado, nuestro pueblo espera medidas urgentes y profundas. La justicia en materia de salarios mínimos ya no puede ni debe esperar más, el obstáculo es la falta de voluntad política. Necesitamos cambios y no solo promesas, pues a las palabras se las lleva el viento, sea en discursos o escritas o en nuestros ordenamientos jurídicos.

Por lo que la reserva presentada ante ustedes y esperando sea aceptada a su discusión dirá lo siguiente: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a más tardar para el 15 de diciembre de 2014 –y al fin y al cabo que estamos acostumbrados a hacer las cosas muy rapidito– al titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a los factores de la producción bajo un criterio de pluralidad, a los titulares de las secretarías de trabajo locales, a especialistas de reconocido prestigio, entre otros, para dialogar de inmediato sobre el inicio de un proceso gradual y sostenido de incremento real de los salarios mínimos, proceso de incremento que deberá comenzar para el primero de enero de 2015. Es cuanto, y por su atención, gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Pregunte la Secretaría, en votación económica, si se acepta la propuesta a discusión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea, si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se rechaza. Tiene ahora el uso de la palabra, el diputado Fernando Cuéllar Reyes, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Cuéllar Reyes:Con su venia, presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy desde esta tribuna en una ciudad que se ha caracterizado por la defensa de los derechos y libertades de la sociedad, seremos actores y testigos de un avance de suma importancia en materia económica y laboral.

En el Grupo Parlamentario del PRD felicitamos y reconocemos al doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por colocar este tema de gran importancia para la agenda nacional. De igual manera reconocemos las diferentes iniciativas presentados por los diversos grupos parlamentarios. Reconocemos el trabajo profesional que hicieron la UNAM, el CIDE y todos los que abonaron de alguna manera para que las iniciativas se pudieran procesar y generar los consensos necesarios para el dictamen que hoy nos ocupa.

Sin duda el deterioro general de los salarios en México y muy especialmente el deterioro de los salarios mínimos, es una deformación histórica de nuestra macroeconomía y es al mismo tiempo y factor estructural de empobrecimiento y reproductor de la desigualdad en la sociedad mexicana.

No se trata solamente de un hecho instalado en la economía nacional durante los últimos 30 años, tiempo en el que vio descender el 75 por ciento de su poder adquisitivo, sino que además se trata de un hecho de acuciante actualidad pues tras la salida de la crisis financiera de 2009, los nuevos empleos creados y que recuperaron los empleos destruidos, se ubican en escalas salariales cada vez más bajas. De hecho en el Distrito Federal, por ejemplo, de los nuevos puestos de trabajo generados –según el Inegi durante 2013-, 80 mil nuevos son pagados con el salario mínimo vigente.

Esto lo que nos dice es que México está enfrentando una nueva oleada de empobrecimiento de su población sin que exista una política a la altura de este grave problema nacional. Puede decirse incluso que el mercado laboral formal, al pagar salarios mínimos tan bajos menores a la línea de pobreza alimentaria, se ha convertido en un productor sistemático de pobreza y no en el vehículo para salir de ella.

De ahí la importancia de que México acuerde y construya instrumentos, medidas y políticas activas para los ingresos, los salarios y muy especialmente de sus salarios mínimos.

Son casi siete millones de mexicanos que viven con un salario mínimo depreciado ya por más de 35 años. No sólo eso. El salario mínimo de México es el más bajo de todos los países de la OCDE incluyendo países con productividad laboral inferior al nuestro. Incluso es el más bajo de toda América Latina.

No es casualidad, compañeras y compañeros, que México sea históricamente el país más desigual y que viva uno de sus momentos más desiguales. Miremos sólo tres datos.

Hoy por hoy, el 74 por ciento del ingreso nacional se lo queda el capital, es decir la masa salarial total representa apenas el 26 por ciento de la riqueza producida cada tres años. Tres cuartas partes de esa riqueza se convierte en ganancias. Sólo el siete por ciento de la población ocupada gana más de 10 mil pesos al mes.

En 2006 esa proporción de la población era el 12 por ciento. Los mexicanos ganábamos cada vez menos, y hay que detener esa tendencia. Es una vergüenza, compañeras y compañeros, que nuestro país es el único –insisto– de América Latina, que no ha iniciado ninguna política de recuperación salarial, ni siquiera de los salarios mínimos en todo lo que va del siglo XXI.

Era urgente hacer algo y por fortuna el gobierno del Distrito Federal emplazó a un debate nacional hace nueve meses, debate rico y muy serio que derivó en un documento de gran importancia.

Es el documento que vino a presentar el jefe de gobierno de la Ciudad de México, elaborado por siete especialistas del más alto nivel y denominado Política de recuperación de los salarios mínimos en México y en el Distrito Federal, donde se argumenta de manera fundamental y persuasiva, una serie de medidas para iniciar una política nacional para los salarios, ensayado ya con éxito en otros países del mundo.

La primera recomendación contenida en ese documento es la desindexación de los salarios mínimos, de otros denominadores. Es decir, la eliminación y remoción del concepto salario mínimo como unidad de cuenta.

Compañeras y compañeros, les pido cobrar conciencia de este cambio. Estamos liberando al salario mínimo para que empiece su recuperación real después de 37 años de deterioro neto. En ese sentido estamos dando un paso histórico. Esta medida no es todavía el aumento real en los salarios mínimos, pero es su precondición necesaria.

Hoy desindexamos para debatir, sí, pero sobre todo para iniciar la recuperación de los salarios en nuestro país, que es el siguiente paso, la elaboración de que las fuerzas del progreso, de la igualdad, de la redistribución, tenemos adelante.

Hemos venido a dar este primer gran paso que lo reclama a gritos; la factura social, la enorme desigualdad sobre la que se ha querido erigir un proyecto de modernidad. Sin este mensaje de cohesión social, no hay y no habrá futuro para México. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Para presentar dos reservas tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Sánchez Torres, son dos adiciones de artículos transitorios, hasta por seis minutos.

El diputado Guillermo Sánchez Torres:Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en el dictamen en comento se establece como un requisito previo al aumento del salario, modificar el término salario mínimo, sólo para efectos de su función como unidad de cuenta, procediendo a la desindexación del mismo, es decir, llevar a cabo la desvinculación del salario en tanto unidad de referencia de otros precios de trámite, multas, impuestos, prestaciones, etcétera.

La denominación desindexación del salario mínimo no implica un aumento inmediato a los salarios, sino que busca revertir la distorsión que se le ha dado a esta figura al contemplarla como un referente del valor de mercado.

Se pretende la creación de un nuevo instrumento para sustituir al salario mínimo como monto de pago y/o conceptos de referencia respecto a variables ajenas al mercado laboral denominada unidad de medida y actualización.

Es en este contexto que estimamos necesario que los ciudadanos conozcan y se enteren de los cambios que impactarán con la entrada en vigor de la presente reforma, al mismo tiempo que se garantice su derecho a ser asesorados y orientados en el cálculo de trámites, multas, impuestos, prestaciones, etcétera.

Por lo anterior, se propone la adición de un nuevo transitorio al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales correspondiente al proyecto de decreto de las iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo para quedar como sigue.

Las dependencias de la administración pública federal tomarán las medidas necesarias con el objeto de que los ciudadanos estén informados de los cambios administrativos de la presente reforma. Asimismo, orientarán a los ciudadanos para que realicen el cálculo para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previos en la ley federal, estatales y del Distrito Federal de manera sencilla y clara.

Por otra parte, durante años la tasa de crecimiento del salario se ha detenido, entre otros factores por estar vinculada al salario mínimo como base o medida de referencia a más de 600 conceptos. Esto origina que a la hora en que la comisión de los salarios mínimos entra en el proceso para determinar el aumento anual a los mínimos se ve sujeta a múltiples presiones, más allá de los factores de producción.

Este esfuerzo de desvinculación tiene grandes obstáculos, ya que conlleva la necesaria reforma de aproximadamente 132 ordenamientos jurídicos. Es necesario evitar todo abuso por parte de servidores públicos debido a que será medida de referencia para créditos, pagos de derechos, multas, impuestos, etcétera, que pagan los ciudadanos, de manera que se propone la adición de un nuevo transitorio del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales correspondiente al proyecto de decreto de las iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo para quedar como sigue:

Todo abuso en la aplicación de la presente reforma será sancionado de conformidad con lo establecido en la legislación en materia de servidores públicos. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aceptarse las dos adiciones. A discusión primero de la propuesta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Se desechan. Por último tiene la palabra la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, hasta por cinco minutos.

La diputada Lizbeth Loy Gamboa Song:Muy buenas noches. Con la venia de la Presidencia. La Comisión de Puntos Constitucionales –de la que soy parte– en días previos hice un trabajo de relevancia para poder presentar un dictamen a esta soberanía que pudiera conjuntar las iniciativas que quienes me antecedieron en el uso de la voz enumeraron ya.

La de los grupos parlamentarios del PAN, del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano, la del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera, y la del titular del Poder Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto.

Todas, iniciativas destacadas y de altísima relevancia nacional, sobre todo porque comparten un punto en común, mejorar las condiciones económicas de la población de nuestro país.

Desindexar el salario mínimo busca mejorar las condiciones económicas de nuestro país al mejorar el ingreso de la población, es un compromiso social que esta soberanía actúe en beneficio de todos y que la clase trabajadora tenga como derecho adquirido lo mínimo para subsistir, razón por la cual con las reformas que hoy proponemos buscamos cimentar las bases para una nueva estructura para la valoración de los salarios mínimos.

Como ya expuso mi compañero del Partido Verde, Rubén Acosta, se vuelve trascendente el desligar al salario mínimo como una unidad de cuenta, índice, base o referencia de la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las diferentes leyes mexicanas.

Pero yo les pregunto a todos ustedes y a quienes no están viendo a través del Canal del Congreso, ¿Qué significa este término? ¿Qué significa la desindexación del salario mínimo? Voy a poner un ejemplo, un ejemplo que puede traducir la desindexación del salario mínimo a la vida diaria y ponerlo en la perspectiva del impacto que tiene, y para que entendamos lo que significa el tema que discutimos.

El derecho de proporcionar alimentos.

Con la desindexación no será cuantificado más en base a salarios mínimos la aportación de los alimentos que tiene que pagar el deudor alimentario, sino que será determinado en un monto específico y en su equivalente en moneda nacional, con lo que las familias, los hijos principalmente, tendrán certeza del ingreso que obtendrán como parte de la pensión alimenticia. Y pongo este ejemplo porque creo que es el más claro y el más preciso, para poder comprender la importancia de la reforma de la que estamos hablando.

Con estas modificaciones damos también respaldo a los trabajadores, como lo hicimos ya en la reforma laboral que aprobamos en esta LXII Legislatura justo al mes de haber entrado en funciones.

La presente iniciativa dará seguramente una importante derrama económica en la vida cotidiana de estados como el mío, como Quintana Roo, donde los trabajadores, principalmente los del sector turismo, que basan sus ingresos hoy en el salario mínimo, pero que a partir de ahora lo harán en la nueva Unidad de Medida y Actualización, obtendrán un aumento en su ingreso de acuerdo a su realidad laboral y que sumará al sistema de propinas, por ejemplo, lo que les generará un extra y éste representará más dinero en sus bolsillos. El beneficio será para todos, para el obrero, para el mesero, para el trabajador independiente.

Reconocemos con esta reforma la calidad del salario como derecho humano, como la vía para dar dignidad a nuestros conciudadanos, la dignidad que las circunstancias obligan y que estamos precisos a otorgarnos como mexicanos. No está toda la tarea hecha, éste es sólo un primer logro.

Un primer logro que obtendremos con el respaldo y voto de todos ustedes, respaldo y voto de todos ustedes; y que estamos convencidos, en mi grupo parlamentario, el PRI, que al manifestarnos a favor de este dictamen y emitir nuestro voto continuaremos y refrendaremos nuestro compromiso hasta lograr que la necesidad urgente de las familias de nuestro país se hagan realidad y que en sus bolsillos se vean reflejadas las reformas que hemos aprobado, y que en su ingreso diario se vean materializados los esfuerzos que hacemos todos los días como legisladores. Muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas noches.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Agotada la lista de oradores y en virtud de que hemos desahogado la discusión en lo general y en lo particular, y que el dictamen no ha ido modificado, solicito a la Secretaría que abra el sistema electrónico para registrar la votación del dictamen en sus términos en lo general y en lo particular en un solo acto hasta por cinco minutos.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen en un solo acto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico. De viva voz.

La diputada Tanya Rellstab Carreto (desde la curul): A favor.

La diputada Paulina Alejandra del Moral Vela (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

El diputado Xavier Azuara Zúñiga (desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se emitieron 369 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, por lo tanto existe mayoría calificada.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desindexación del Salario Mínimo.

Estamos muy satisfechos y agradezco el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios para esta reforma. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En la votación se considera el voto de la diputada Fernanda Schroeder, está considerado su voto, diputada. Y también del diputado Escobar y Vega. También Rosendo Serrano, el diputado Rosendo Serrano. También del señor diputado Camarillo, Rubén Camarillo. Se agregan cuatro votos más a favor, que así lo han expresado de viva voz los interesados. Continúe la Secretaría con el orden del día.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE, Y DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se forman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y adenda en materia de patria potestad.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

VOLUMEN IV

CODIGO CIVIL FEDERAL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal y adenda.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad. Continúe la Secretaría.

CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL CODIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA PROTECCION A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION XXI DEL ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTICULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Luis Oliveros Usabiaga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 2, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la fracción XVII al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Exposición de Motivos

Derivado de la necesidad de abrir espacios de participación juvenil, y de comunicación entre el sector joven y el Poder Legislativo, se convocó de manera nacional del 1 de octubre al 29 de noviembre de 2013 a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad a participar en iniciativa Joven-Es por México, convocatoria realizada por la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Juventud y el Instituto Nacional Electoral, así como por diferentes instituciones públicas y académicas federales. En dicha convocatoria resultó como ganador Osmar Jesús Rodríguez, en la categoría B en la temática Jóvenes en el Medio rural, así pues en respuesta al compromiso y obligación que se le fue otorgada a la Comisión de Juventud, y en mi calidad de presidente de dicha comisión presento ante ustedes de manera íntegra la siguiente iniciativa:

La juventud es una etapa en la cual el ser humano tiene inquietudes y sueños que cumplir y tomando decisiones que contribuyan al desarrollo social de todos los sectores sociales, las responsabilidades y obligaciones que cumplir en la vida, expuestos a problemáticas sociales como la violencia, la pobreza extrema, a la inseguridad que se vive actualmente, el desempleo juvenil, hoy en el país en la cual la juventud tiene deseos de superación personal, académica y laboral, las necesidades sociales son distintas de acuerdo con el lugar donde habiten, y de las oportunidades que se les presenten en distintos ámbitos de la vida cotidiana, los jóvenes del campo y de la ciudad tienen las mismas aspiraciones que como ciudadanos comunes, independientemente de la forma de vida, nivel social, económico y cultural, que no sean un obstáculo para un desarrollo juvenil equitativo y con oportunidades de un mejor futuro.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares, de la LIX Legislatura, en su intervención expuso que según datos del Inegi la población joven en México es mayoría, y se incrementa de forma significativa si observamos que en 1970 la población de entre 15 y 24 años aumentó 9 millones 200 mil y en 1999 fue de 20 millones 200 mil, se prevé que alcanzara 21 millones 200 mil en el 2010 y a partir de entonces, empezara a disminuir.

En México, cerca de la mitad de la población entre 15 y 24 años se dedica a trabajar y el escenario actual respecto a su participación laboral es, por lo menos, contrastante, la población joven se ha visto particularmente beneficiada de los avances educativos en el país, por lo que presumiblemente se encuentra mejor preparada que sus coetáneos de cohortes anteriores y podría, tentativamente, colocarse en mejores empleos, adicionalmente, la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo abre cada vez más espacios para la incorporación de las jóvenes a la actividad productiva, la mayor participación económica de los jóvenes en el campo puede ser resultado, por un lado, de la menor valoración de la educación, en vista de que los proyectos de vida educativos y laborales son más limitados que en las ciudades; y, por otra parte, al menor nivel de calificación requerido en actividades rurales, que permite a los jóvenes adquirir más fácilmente un empleo, aunque éstos sean muy probablemente de baja calidad y precarias condiciones laborales.

Durante el sexenio del gobierno de Ernesto Zedillo, a fin de atender a los jóvenes indígenas, rurales y migrantes del país, e implantar programas sociales y acciones encaminadas que contribuyan al desarrollo integral de este sector vulnerable, respetando sus formas de organización social, cultural y política, el Instituto Mexicano de la Juventud en 1996, instauró el Departamento de Atención a Jóvenes Indígenas teniendo como finalidad satisfacer sus demandas y necesidades sociales que los involucren de manera igualitaria con la población mexicana, en los ámbitos de salud, educación, cultura y deporte, pero los resultados no han sido satisfactorios, la juventud rural es sin duda uno de los sectores sociodemográficos más excluidos de la sociedad mexicana, se considera que la juventud rural está formada por los jóvenes quienes por razones familiares o laborales se encuentran directamente articulados al mundo agrícola, así como a quienes no están inmediatamente vinculados a las labores agrícolas pero residen en comunidades rurales o en pequeños poblados de no más de 2 mil habitantes.

La exclusión en sí misma constituye un riesgo para la cohesión social del país económica, política y cultural pues ninguna sociedad puede prosperar donde una parte se encuentra fuera de toda posibilidad de desarrollo, cuando esta problemática se centra en el sector rural, se convierte no solamente en un asunto de equidad, sino también de seguridad alimentaria y de la viabilidad de un proyecto nacional de desarrollo.

De acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018 del actual gobierno federal, es necesario tener un México incluyente, que propone centrar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen, teniendo como objetivo que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva y ampliar la inclusión laboral, particularmente hacia los jóvenes, las mujeres y los grupos en situación de vulnerabilidad para incrementar su productividad, México es hoy una democracia que demanda una ciudadanía comprometida no sólo con el desarrollo económico, sino con la justicia social, los derechos humanos, la cultura de la legalidad, la transparencia, la seguridad y con plena conciencia de su papel en el mundo.

Por ello, la ausencia de gobernabilidad en materia de juventud no ha sido suficiente para satisfacer las necesidades de la población joven, las políticas públicas y programas sociales son de corto plazo, lo cual no contribuye al desarrollo integral de todos los sectores de la sociedad, disminuyendo las oportunidades del futuro de la juventud mexicana.

Las zonas rurales son núcleos de población dispersos y muy heterogéneos, donde la principal actividad económica fue hasta finales del siglo XIX la agricultura y la ganadería, estas actividades permitían a los habitantes de estas zonas mantener cierto grado de autosuficiencia, a través del aprovechamiento de sus recursos naturales. Sin embargo, a principios del siglo XX, coincidiendo con la expansión del sector industrial, estas actividades comenzaron a debilitarse en el aspecto productivo, social, cultural, económico y ambiental de las sociedades del medio rural, donde la juventud se desarrolla diariamente para subsistir.

En México, 7 millones de jóvenes viven en situación de pobreza o miseria extrema y, por ello, en condiciones inadecuadas para su desarrollo personal, debido a la precariedad de sus ingresos y su deficiente calidad de vida no satisfacen sus necesidades básicas, lo cual repercute en el abandono temprano de los sistemas escolares, no siempre para incorporarse al sector productivo. Según datos de la Encuesta Nacional de la Juventud realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud, 24 por ciento de los jóvenes de entre 20 y 24 años son jefes de hogares, con todas las implicaciones que esto conlleva.

Los jóvenes excluidos del desarrollo económico pueden incrementar otros problemas sociales de por sí graves, como la violencia, la criminalidad, el embarazo temprano y las adicciones. En la práctica, estos jóvenes constituyen un botín muy deseable para las redes y organizaciones del crimen organizado, dado que se están incorporando a las actividades del narcotráfico, el secuestro, el robo, ya sea como mecanismo de subsistencia o bien como la única salida a la creciente frustración de expectativas. Por ello no es aventurado catalogar a los ninis como un problema de seguridad nacional, a la luz de la actual situación de violencia derivada del combate del narcotráfico que se vive en el país.

El índice nacional de participación juvenil 2013, hace referencia a la participación juvenil como un asunto prioritario de la agenda nacional es una condición necesaria para el desarrollo del país, tanto pensando en el futuro de estas personas como tomadoras de decisiones estratégicas en México, para contar con una juventud participativa, informada y responsable es fundamental para asegurar la existencia y el seguimiento de políticas públicas integrales y estructuradas, tomando en cuenta las necesidades los jóvenes del medio rural.

La situación de los jóvenes no es sino la expresión de un proceso de exclusión y precarización estructural de la vida en México, cuyos alcances aún no han sido lo suficientemente dimensionados ni ponderados, en materia de política pública. Aunque no existen estudios específicos del fenómeno nini en el medio rural, las condiciones de marginación y pobreza que caracterizan a las comunidades rurales hacen suponer que esta situación puede tener dimensiones significativas. Si se comparan por ejemplo, los hogares con ninis y sin ninis con relación a la distribución de ingreso per cápita, obtenemos que casi 70 por ciento de los ninis viven en hogares con ingreso por debajo de la mediana.

En este contexto, los jóvenes son uno de los sectores más afectados por la crisis del empleo en México lo cierto es que las perspectivas no parecen muy alentadoras, la situación del empleo juvenil empeora año tras año, aún a pesar de que la generación actual es la mejor educada y formada de todos los tiempos, un dato más de la Organización Iberoamericana de la Juventud nos indica que 40 por ciento de los jóvenes mexicanos, vive en situación de pobreza, marginación y exclusión social, y las dificultades que muchas comunidades presentan con relación a la participación y la democracia, queda en evidencia la profunda necesidad de incrementar las acciones políticas orientadas a los jóvenes por el Estado.

Sin que se vislumbre en el corto plazo una modificación sustantiva a las condiciones del actual modelo económico, es previsible que las condiciones de acceso a la educación y al mercado laboral serán todavía más precarias para un sector importante de los jóvenes en el corto y mediano plazo, sin trabajo ni educación se fomenta un crecimiento de la desigualdad social, que cuando se trata del medio rural adquiere dimensiones significativas, ya que incluso para las actividades primarias existen en el país limitaciones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que en México existen poco más de 7 millones de ninis, lo que corresponde a cerca de 25 por ciento de la población de jóvenes entre 15 y 29 años del país (OCDE, 2011).

De los ninis del país, 75 por ciento son mujeres, de tal forma que 4 de cada 10 de las jóvenes mexicanas no realizan alguna actividad remunerada ni estudian, el grupo de jóvenes entre los 20 y 24 años son los que más registran la modalidad sin estudiar ni trabajar, es decir, 2 millones 673 mil, estas cifras colocan al país en el tercer lugar entre los 34 países miembros de la OCDE que tienen el mayor número de población juvenil inactiva.

Pese a todo ello, en el medio rural están surgiendo nuevas actividades, los denominados nuevos yacimientos de empleo, en respuesta de las demandas que tanto desde el interior como desde el exterior del medio rural se están generando, estas nuevas actividades están basadas en la valorización de los recursos locales y de la calidad medioambiental, las nuevas demandas turísticas y de ocio, la segmentación y descentralización de mercados y la existencia de ayudas para la implantación de estas nuevas actividades, la actitud de los jóvenes, y en especial las mujeres jóvenes, ante estas nuevas actividades es muy positiva y supone un impulso a la permanencia de la juventud en el ámbito mundo rural, lo que permite su desarrollo tanto personal como profesionalmente en las zonas rurales, el desarrollo sostenible también significa la elección de una agricultura que se preocupe por el medio ambiente y proteja la biodiversidad e implique desarrollo al mismo tiempo.

El desarrollo sostenible tendrá que ser percibido como un elemento transversal en todo tipo de políticas y acciones que se desarrollen: es el momento de pensar globalmente para actuar en el ámbito local, nacional e internacional y así desarrollar una sociedad sostenible a través de un reparto justo de los recursos y con la mente puesta en las generaciones futuras, actualmente las zonas rurales tienen un papel clave en este proceso y está en las manos de las generaciones más jóvenes la creación del diálogo en el ámbito social y nacional para llegar a una etapa en la cual la inquietud por contribuir en los ámbitos de la educación, salud, vivienda, y recreación social sean pilares para un México incluyente y próspero para la juventud mexicana.

En los estudios y diagnósticos realizados de la Organización Iberoamericana de la Juventud, a la que México pertenece refleja que la juventud mexicana pese a tener un nivel educativo satisfactorio el desempleo ha aumentado de manera considerable, también el sector productivo que incorpora al sector informal, teniendo en cuenta que los jóvenes tienen empleos que no son bien remunerados de acuerdo a su preparación profesional, es por ello que surge la necesidad de hacerle una adicción al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que tenga como una atribución el impulso de proyectos productivos agrícolas sustentables en los jóvenes del medio rural de todos los sectores de la sociedad.

La juventud que habita en el medio rural en nuestros días, vive entre la incertidumbre generando en ellos, la falta de perspectivas de un futuro mejor y la desmotivación provocada por la desestructuración social y cultural de las comunidades rurales, esta es una de las razones de impulsar proyectos productivos agrícolas sustentables en las zonas rurales es de vital importancia, la presencia e implicación de la juventud rural en el proceso de desarrollo de las comunidades rurales es esencial para asegurar su continuidad y aportan un enorme potencial de renovación y dinamización, es necesario hacerle una adición de la fracción XVII al artículo 4 de la Ley de Instituto Mexicano de la Juventud como una atribución del mismo, para el desarrollo social de los jóvenes mediante el impulso de proyectos productivos agrícolas sustentables, involucrando a todos los sectores de la sociedad, de esta manera se contribuye a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

Los jóvenes son un factor determinante en el cambio social, el desarrollo económico y el progreso técnico, su imaginación, sus ideales, sus perspectivas y su energía resultan imprescindibles para el desarrollo de las sociedades en las que viven, es importante multiplicar los esfuerzos de los gobiernos y desarrollar políticas y programas que estén específicamente destinados a los jóvenes del medio rural con ciertas especificaciones, las medidas que se implanten para tratar los problemas de la juventud y aprovechar al máximo su potencial en los ámbitos económico, social, político y cultural actual, así como en el bienestar de las generaciones futuras.

Con base en los motivos aquí expuestos, pongo a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Único.Al artículo 4 de la Ley Del Instituto Mexicano de la Juventud vigente se adiciona la fracción XVII, como una de sus atribuciones que coadyuve al desarrollo de los jóvenes del medio rural, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XVI. ...

XVII. Impulsar proyectos productivos agrícolas sustentables en los jóvenes de 18 a 29 años del medio rural, en todos los sectores de la sociedad, así como incluir a los diferentes niveles de gobierno en la atención de la juventud mexicana.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se adicionó la fracción XVII al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud como una de sus atribuciones.

Tercero. Se turnarán a las comisiones pertinentes y dependencias de los niveles de gobierno para su consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Palacio de Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.— Diputado José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de María Guadalupe Mondragón González y suscrita por Heberto Neblina Vega, diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados que suscriben, María Guadalupe Mondragón González y Heberto Neblina Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I, del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La muerte de jóvenes estudiantes de la escuela normal rural ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, ha removido las fibras más sensibles de la conciencia nacional y llevado a muchos a reflexionar sobre el Estado de Derecho y las instituciones en México. En el ámbito penal, el auxilio y apoyo que por varios días recibieron las personas que son señaladas por diversos testigos como autores intelectuales de la masacre, obligan a revisar la figura típica del delito de encubrimiento en contraste con la prisión preventiva. Durante 43 días se registraron a lo largo y ancho de la República manifestaciones y pronunciamientos diversos de todos los sectores sociales exigiendo dar con el paradero de las víctimas. Sin embargo, a pesar de ello, quienes proporcionaron refugio y suministraron alimentos a los fugitivos optaron por persistir en brindar un manto protector a las personas que, según los datos difundidos por las autoridades, tenían una relación inmediata y directa con los delitos cometidos en Iguala, en el Estado de Guerrero en lugar de entregarlos o dar aviso a la Justicia. Una vez que fueron detenidos, el asombro de la población se tornó en indignación al saber que quien les protegió brindándoles espacio en una vivienda de Iztapalapa, saldría libre inmediatamente que lo solicitara mediante la exhibición de una caución.

No se trata de legislar en base a un caso aislado. La ola de violencia que se expande en zonas diversas de la geografía nacional, obliga a considerar este caso como emblemático en el contexto del combate la delincuencia.

Mientras la debilidad institucional sea la característica principal en un número elevado de municipios del país, el encubrimiento de personas que participen en la comisión de delitos graves tendrá incentivos jurídicos ante la facilidad para recuperar la libertad en caso de que las autoridades al agotar las líneas de investigación se topen con el encubridor. La libertad para los encubridores es sinónimo de impunidad. Como lo atestiguamos en el lamentable caso de Ayotzinapa, la investigación de hechos relacionados con la delincuencia requiere de contar con vastos recursos humanos, materiales y financieros y de remover una serie de obstáculos que entorpecen las indagatorias. De ahí que el beneficio de la libertad caucional a los encubridores no encaja en los esfuerzos que los habitantes del país están realizando para recuperar la paz y la tranquilidad social, ni en la proporcionalidad de los altos bienes jurídicos que están en juego en el contexto de la violencia extrema. La pretensión punitiva del Estado ha de enderezarse contra quien ponga en peligro o destruya los más altos bienes jurídicos de la sociedad:

“El derecho penal quiere establecer un orden social que garantice uno jurídico, como instrumento de tutela de los derechos fundamentales, definiéndolos normativamente junto con sus límites, los cuales no pueden afectarse indiscriminadamente, y cuando alguien, en el ejercicio de su libertad, racional y voluntaria, lesiona alguno de esos derechos, entra en acción el poder punitivo del Estado.”

Hoy en día se puede afirmar que los esfuerzos legislativos que se han emprendido en los últimos años y la vigencia misma de las normas que integran el sistema de justicia penal pueden quedar en entredicho por la deficiente y laxa regulación del tipo penal de encubrimiento. En momentos en que proliferan, dentro y fuera de México, la percepción de condiciones diversas que hacen pensar en un Estado fallido, la preceptiva del encubrimiento en cuanto delito que no amerita prisión preventiva contribuye al cuadro de debilidad de las instituciones. Los descomunales recursos de todo tipo con que cuentan los miembros de la delincuencia son un incentivo al que se suma el hecho de que puedan conservar su libertad los encubridores aun siendo llevados a juicio. Se trata de un caso típico en el que la realidad ha desbordado a las normas jurídicas. Cobra aplicación la cita siguiente tomada de la obra Derecho Procesal Penal de Jorge Alberto Silva Silva, juez penal: “La sociología del derecho, referida al proceso penal y a la administración o impartición de justicia penal nos informa no sólo de la realidad existente que puede influir en la creación de normas, sino también de la aplicabilidad de estas normas. Quiere esto último suponer que aunque la ley exista, ésta se acata o no. Es decir, le importa el grado de efectividad social de un grupo de normas jurídicas.”

En un Estado social y democrático de derecho el orden jurídico debe estar orientado a la creación de las condiciones sociales que permitan a sus habitantes, cada uno y en comunidad, el pleno desarrollo de sus habilidades. Destaca de lo anterior que el deber primigenio, como ha sido reconocido prácticamente desde que surgió el Estado nacional, es el proveer de seguridad a las personas. En este espacio normativo se inscribe la pretensión punitiva del Estado, la cual consiste en que se dote a los órganos encargados de la prevención, investigación y sanción del delito, de las definiciones legales suficientes y necesarias en un marco de libertades para proteger a la sociedad.

En cualquier materia, el legislador se ve motivado y, en no pocas ocasiones, obligado a echar a andar el proceso legislativo con base en los cambios o mutaciones que observa en la realidad cotidiana. En materia penal, el seguimiento de la dinámica delictiva debe ser puntual y exacto. Los avances principalmente tecnológicos que en principio son de beneficio para la humanidad en general son aprovechados por la delincuencia, la cual se encuentra ávida de incorporar a sus recursos los últimos descubrimientos. Es así que somos testigos de que la delincuencia se hace de los mejores vehículos, desarrolla sus propios blindajes, modifica incluso las armas y los proyectiles para alcanzar una potencia mayor de fuego, adquiere lo último en radiocomunicacioes. En consecuencia, es claro y evidente que las y los legisladores deben reflejar en las normas penales todas aquellas situaciones que incidan en la eficacia del sistema de justicia penal. Al respecto, la doctrina ha expresado, entre otras, la opinión siguiente: “Las fuentes reales son las expresiones humanas que determinan el contenido de las normas jurídico penales, es decir, la realidad social.”

Las leyes, no sólo las de índole penal, deben guardar una nueva orientación hacia la política criminal. Por dicho concepto se entiende, básicamente, lo siguiente: “La política criminal se ha colocado en el primer peldaño del cual ninguna disciplina podrá en un siglo desplazarla. Es la superestructura que nos promete un equilibrio entre justicia y protección social. La política criminal es un instrumento de cambio social que intenta romper la incomunicación que existe entre los planificadores de diversas actividades y sectores, procurando dirigir todo hacia una sola resultante, la justicia social.”

En este orden de ideas, la política criminal define la estrategia que el Estado, en un contexto de respeto a los derechos fundamentales, va a elaborar y a implementar para hacer frente al delito. Cuando la dinámica delictiva se agudiza ante la proliferación de grupos criminales que llegan a producir la sensación de que el entramado institucional falla en algunas zonas del territorio nacional donde debiera imperar la ley penal, es claro que el catálogo de ilícitos para contener la ola de violencia debe revisarse a fin de dotar al órgano encargado de la persecución de los delitos y sus responsables, de los instrumentos jurídicos idóneos para cumplir su tarea. En este contexto de vinculación entre la pretensión punitiva del Estado, la política criminal y el catálogo de delitos de la ley penal se inscribe la presente iniciativa cuyo propósito radica en actualizar la figura típica del encubrimiento, ante la evidencia súbita que hemos tenido en ocasión de las ejecuciones y desaparición de estudiantes del municipio de Ayotzinapa, Guerrero de que dicho delito se ha convertido en una norma jurídica disfuncional.

La prisión preventiva es una medida coercitiva personal dictada por mandato judicial, en la que se afecta directamente la libertad de la persona, a fin de cumplir con la función de asegurar la presencia del imputado en el proceso penal, y debe, además, observarse determinados presupuestos. El Código Federal de Procedimientos Penales establece cuáles son los delitos graves en los que procede la prisión preventiva. Para tal efecto, dicho ordenamiento recurre a introducir un catálogo de delitos que por su gravedad ameritan que el imputado se encuentre recluido hasta por un año mientras se dicta la resolución final en la causa criminal correspondiente. En efecto, la prisión preventiva forma parte de las medidas cautelares adoptadas en dicho ordenamiento:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, párrafo tercero;

2) Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

3) Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128;

4) Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

5) Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

6) Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

7) Piratería, previsto en los artículos 146 y 147;

8) Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis;

9) Evasión de presos, previsto en los artículos 150 y 152;

10) Ataques a las vías de comunicación, previsto en los artículos 168 y 170;

11) Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis párrafo tercero;

12) Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero;

13) Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis;

14) Derogado.

15) Derogado.

16) El desvío u obstaculización de las investigaciones, previsto en el artículo 225, fracción XXXII;

17) Falsificación y alteración de moneda, previsto en los artículos 234, 236 y 237;

18) Derogado.

19) Contra el consumo y riqueza nacionales, previsto en el artículo 254, fracción VII, párrafo segundo;

20) Violación, previsto en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

21) Asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo;

22) Lesiones, previsto en los artículos 291, 292 y 293, cuando se cometa en cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 315 y 315 Bis;

23) Homicidio, previsto en los artículos 302 con relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

24) Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

25) Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII, y el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter;

26) Robo calificado, previsto en el artículo 367, en relación con el 370 párrafos segundo y tercero, cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en el artículo 381 Bis;

27) Comercialización habitual de objetos robados, previsto en el artículo 368 Ter;

28) Robo de material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo o fuente de radiación, previsto en el artículo 368 Quinquies;

29) Robo, previsto en el artículo 371, párrafo último;

30) Robo de vehículo, previsto en el artículo 376 Bis;

31) Los previstos en el artículo 377;

32) Extorsión, previsto en el artículo 390;

33) El previsto en el artículo 400 Bis;

33) Bis. Contra el Ambiente, en su comisión dolosa, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415, párrafo último, 416, párrafo último y 418, fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción o de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera, o se trate de la conducta prevista en el párrafo último del artículo 419 y 420, párrafo último.

34) En materia de derechos de autor, previsto en el artículo 424 Bis.

35) Desaparición forzada de personas previsto en el artículo 215-A.

36) En materia de delitos ambientales, el previsto en la fracción II Bis del artículo 420.

II. De la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el previsto en el artículo 2;

III. De la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los delitos siguientes:

1) Portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción III;

2) Los previstos en el artículo 83 Bis, salvo en el caso del inciso i) del artículo 11;

3) Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, en el caso previsto en el artículo 83 Ter, fracción III;

4) Los previstos en el artículo 84, y

5) Introducción clandestina de armas de fuego que no están reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto en el artículo 84 Bis, párrafo primero.

IV. De la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el delito de tortura, previsto en los artículos 3o. y 5o;

V. De la Ley de Migración, el delito de tráfico de indocumentados, previsto en el artículo 159.

VI. Del Código Fiscal de la Federación, los delitos siguientes:

1) Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 fracciones I a la IV, cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II o III, segundo párrafo del artículo 104, y

2) Defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado se ubique en los rangos a que se refieren las fracciones II o III del artículo 108, exclusivamente cuando sean calificados.

VII. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos previstos en el artículo 223, fracciones II y III;

VIII. De la Ley de Instituciones de Crédito, los previstos en los artículos 111; 112, en el supuesto del cuarto párrafo, excepto la fracción V; 112 Bis; 112 Ter; 112 Quáter, y 113 Bis, en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 112;

VIII Bis. De la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los previstos en los artículos 432, 433 y 434;

IX. De la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, los delitos previstos en los artículos 98, en el supuesto del cuarto párrafo, excepto las fracciones IV y V, 100, fracciones I y II, y 101;

X. De la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, los previstos en los artículos 112 Bis; 112 Bis 2, en el supuesto del cuarto párrafo; 112 Bis 3, fracciones I y IV, en el supuesto del cuarto párrafo; 112 Bis 4, fracción I, en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 112 Bis 3, y 112 Bis 6, fracciones II, IV y VII, en el supuesto del cuarto párrafo;

XI. De la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, los previstos en los artículos 141, fracción I; 145, en el supuesto del cuarto párrafo, excepto las fracciones II, IV y V; 146 fracciones II, IV y VII, en el supuesto del cuarto párrafo, y 147, fracción II inciso b), en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 146;

XII. De la Ley del Mercado de Valores, los delitos previstos en los artículos 373, 374, 375, cuando el monto de la disposición de los fondos o de los valores, títulos de crédito o documentos a que se refiere el artículo 2, fracción XIV, de dicha Ley, exceda de 350,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 381, fracción II y 382, fracción II;

XIII. De la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los previstos en los artículos 103, y 104 cuando el monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los trabajadores con motivo de su objeto, exceda de trescientos cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y

XIV. De la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, los previstos en el artículo 96;

XV. De la Ley General de Salud:

1) La alteración y la contaminación de bebidas alcohólicas, previstas en las fracciones II y III, párrafo segundo, del artículo 464 de la Ley General de Salud.

2) Los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter, y en los artículos 475 y 476.

XVI. Los previstos en el Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles;

XVII. Los previstos en el artículo 49 de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas, y

XVIII. De la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los previstos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18.

XIX. De la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, el delito previsto en el artículo 114.

XX. De la Ley de Sociedades de Inversión, el delito previsto en el artículo 88. XXI. De la Ley de Uniones de Crédito, el delito previsto en el artículo 125.

XXII. De la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el delito previsto en el artículo 140. La tentativa punible de los ilícitos penales mencionados en las fracciones anteriores, también se califica como delito grave.

En este orden de ideas, con la finalidad de abatir la impunidad tratándose de delitos que ponen en peligro o destruyen altos bienes jurídicos como la vida, la libertad y la seguridad de la Nación, entre otros, se propone que cuando la conducta tipificada como encubrimiento se despliegue para brindar auxilio o apoyo a personas imputadas por los delitos establecidos como graves en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, la persona que así proceda no tenga el beneficio de disfrutar de la libertad. Es importante destacar que el Código Penal Federal ya establece que cuando el juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del acusado y las demás que señala el artículo 52, podrá imponer en los casos de encubrimiento a que se refieren las fracciones I, párrafo primero y II a IV del propio artículo 400, en lugar de las sanciones señaladas, hasta las dos terceras partes de las que correspondería al autor del delito; debiendo hacer constar en la sentencia las razones en que se funda para aplicar dicha sanción.

La suscrita considera que existe una razón de proporcionalidad entre el enunciado normativo aquí propuesto en el sentido de hacer sujeto de prisión preventiva al encubridor en función de los bienes jurídicos que sus protegidos hayan vulnerado y a los cuales conscientemente dicho encubridor presta su apoyo. El caso de Ayotzinapa es ilustrativo pues el sujeto activo de encubrimiento en dicho caso no dudó en brindar su apoyo a sabiendas de que con ello contribuía poderosamente a prolongar la situación de incertidumbre y zozobra no sólo de las víctimas indirectas como lo son los padres de los estudiantes desaparecidos sino de todo el país.

Con la convicción de que, en el contexto de violencia extrema que vive el país, quienes presten apoyo a personas que hayan cometido delitos que vulneran altos bienes jurídicos deben quedar en prisión preventiva oficiosa mientras dura la causa criminal correspondiente en la que se les impute el delito de encubrimiento, me permito elevar a consideración de esa Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194...

I...

1) ..

2) ..

3) ..

4) ...

5) ...

6) ...

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II. ..

III...

1) ...

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5) ...

IV. ...

V. ...

VI. ..

1) ...

2) ...

VII. ..

VIII. ..

VIII Bis. ...

IX. ..

X. ..

XI. ..

XII. ..

XIII. ..

XIV. ..

XV. ..

1) ...

2) ...

XVI. ..

XVII. ..

XVIII. ...

XIX. ...

XX. ..

XXII. ...

El Encubrimiento será considerado delito grave para los efectos de la legislación penal cuando la persona se coloque en alguno de los supuestos previstos en el artículo 400 del Código Penal Federal en ocasión de hechos que encuadren con la descripción típica de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en los términos del presente artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 José Luis Eloy Morales Franco, Nuevo curso de la parte general, derecho penal. Páginas 29 y 30.

2 Derecho procesal penal, Jorge Alberto Silva Silva, página 31.

3 Fernando A. Barriguita López Pérez, Averiguación previa, enfoque interdisciplinario, página 24.

4 “La reforma penal en los países en desarrollo”, Memorias del Congreso Internacional, La política criminal, María de la luz Lima de Rodríguez, página 82.

5 Hesbert Benavente Chorres, El amparo en el proceso penal acusatorio y oral, página 246.

México, Distrito Federal a 20 de noviembre de 2014.— Diputados: María Guadalupe Mondragón González, Heriberto Neblina Vega (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY PARA LA COORDINACION DE LA EDUCACION SUPERIOR

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo de la diputada María Guadalupe Mondragón González, del Grupo Parlamentario del PAN

María Guadalupe Mondragón González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2o., 8o. y 16 y se adicionan el 28 y 29 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Becas y no discriminación

El Congreso de la Unión asociado de las legislaturas de los estados se erigió en Constituyente Permanente y aprobó la reforma energética. El propósito de dichos cambios de la Carta Magna radicó en asegurar el flujo de recursos para financiar el desarrollo nacional a largo plazo. Se tuvo cuidado asimismo de que la nación continuara como propietaria de los hidrocarburos en el subsuelo. El enunciado normativo que garantiza los objetivos anteriores es el siguiente:

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria.

La decisión política fundamental anterior se estructuró con una preceptiva en la que se estableció el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo Nacional, en el cual se habrán de concentrar los ingresos producto de los diversos contratos que integran la renta petrolera. Dicho fondo habrá de llevar a cabo transferencias para solventar las múltiples necesidades para los tres órdenes de gobierno, los organismos constitucionales autónomos, y, en general, los planes, programas y acciones de gobierno.

El Constituyente Permanente identificó diversos aspectos de la realidad nacional que requieren de apoyo específico. Así, en el artículo decimocuarto transitorio del decreto constitucional correspondiente estableció conceptos de inversión que habrán de financiarse con la renta petrolera, concentrada como ya se dijo en el fondo soberano, entre los que destaca la formación de capital humano en universidades y posgrados. La disponibilidad de recursos asignables para este rubro tiene carácter contingente ya que depende del saldo de ahorro que se genere en términos de la mecánica establecida en la disposición siguiente:

Décimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. La secretaría del ramo en materia de hacienda realizará las acciones para la constitución y funcionamiento del fideicomiso público referido, una vez que se expidan las normas a que se refiere el transitorio cuarto del presente decreto.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será el encargado de recibir todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado mexicano derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. Los ingresos se administrarán y distribuirán conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en la ley para

1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos.

2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los recursos asignados al fondo se destinarán al ahorro de largo plazo mencionado en el numeral 5. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico en materia del límite máximo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y del Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización.

3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a los fondos de investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de fiscalización petrolera.

4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos petroleros del gobierno federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año, se mantengan en cuatro punto siete por ciento del producto interno bruto, que corresponde a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros de 2013. Para lo anterior, se consideran los rubros siguientes: derecho ordinario sobre hidrocarburos, derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, derecho extraordinario sobre exportación de petróleo crudo, derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, derecho para la fiscalización petrolera, derecho sobre extracción de hidrocarburos, derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de hidrocarburos, derecho especial sobre hidrocarburos y derecho adicional sobre hidrocarburos. Para efectos del cumplimiento del monto establecido en este numeral, se considerarán incluidos los recursos transferidos acorde con los numerales 2 y 3.

5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros.

Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor a tres por ciento del producto interno bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del fondo podrá destinar recursos del saldo acumulado del fondo para lo siguiente:

a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, al fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que señale su ley;

b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en energías renovables;

c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, sectorizado en la secretaría del ramo en materia de energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional; y

d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el saldo del ahorro de largo plazo; en becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto corriente.

La asignación de recursos que corresponda a los incisos a) a d) anteriores no deberán tener como consecuencia que el saldo destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de 3 por ciento del producto interno bruto del año anterior. Sujeto a lo anterior y con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, la Cámara de Diputados podrá modificar los límites y los posibles destinos mencionados en los incisos a) a d) de este numeral. Una vez que el saldo acumulado del ahorro público de largo plazo sea equivalente o superior a diez por ciento del producto interno bruto del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de largo plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Los recursos transferidos a estos destinos serán adicionales a las transferencias que se realicen de acuerdo al numeral 4 del presente transitorio.

En caso de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a una caída en el producto interno bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una caída en la plataforma de producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o su equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de las dos terceras partes de sus miembros presentes, la integración de recursos de ahorro público de largo plazo al Presupuesto de Egresos de la Federación, aun cuando el saldo de ahorro de largo plazo se redujera por debajo de tres por ciento del producto interno bruto del año anterior. La integración de estos recursos al Presupuesto de Egresos de la Federación se considerará incluida en la transferencia acorde con el numeral 4 del presente transitorio.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia de conformidad con la ley. Asimismo, deberá publicar por medios electrónicos y por lo menos de manera trimestral, la información que permita dar seguimiento a los resultados financieros de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, así como el destino de los ingresos del Estado mexicano conforme a los párrafos anteriores.

El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se constituirá durante 2014 y comenzará sus operaciones en 2015.

Alineación de las becas del Fondo Mexicano del Petróleo con los derechos humanos

En concordancia con la naturaleza de un precepto transitorio, el enunciado normativo relativo a las becas resultó escueto y conciso. La expresión “becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados” requiere armonizarse con los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política. En particular por tratarse de becas cuyo cometido radica precisamente en corregir la desigualdad social en función del acceso a la educación, cobra una importancia de primer orden el derecho a la igualdad. De ahí que se ha de garantizar la no discriminación en el otorgamiento de las becas a cargo de la instancia que finalmente, en razón de la flexibilidad que presenta o caracteriza al Fondo Mexicano del Petróleo, realice la entidad que otorgue las becas a las y los jóvenes de México. Independientemente de que cuando el saldo de ahorro sea suficiente para generar recursos disponibles, la asignación la haga el propio fondo o bien realice transferencias y ponga los recursos en la esfera del Ejecutivo federal.

En el siglo XXI, el desarrollo social y económico se entiende únicamente en términos de competitividad y productividad de las personas y las naciones. Por ello, el Constituyente Permanente ponderó la necesidad de contar con recursos específicos para financiar el acceso a la educación superior principalmente de las y los jóvenes. Las becas fueron el instrumento seleccionado para ampliar la movilidad de los estudiantes hasta las etapas finales de su trayecto educativo en universidades y posgrados.

Como se observa, la energética es una reforma que se inscribe en un cauce más amplio de transformaciones del país en pos de consolidar la democracia como un sistema político y también de justicia social. En este orden de ideas, la reforma energética y con ella las becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados se insertan en el paquete más amplio o extenso de las llamadas reformas estructurales.

En consecuencia, los postulados de la reforma energética principalmente en lo que tienen que ver con derechos sociales como el derecho a la educación y los derechos de la juventud se han de interpretar y aplicar de conformidad con las demás disposiciones de la ley fundamental.

Destaca la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 por efecto de la cual todas las autoridades del país contraen nuevas obligaciones en relación con los derechos fundamentales. El Poder Legislativo adquiere también el deber de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.

Derivado de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos en los términos descritos, se hace necesario armonizar el capítulo relativo a la formación de capital humano en universidades y posgrados con el bloque constitucional de derechos fundamentales. Tal tarea resulta exclusiva de la esfera de competencia de los legisladores.

Las becas en la educación superior

Sin duda, la expresión “becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados” requiere un ejercicio hermenéutico a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El principio pro persona se traduce en materia de las becas de la renta petrolera en que por universidades y posgrados se ha de entender en el nivel de educación superior para brindar a los beneficiarios la protección más amplia. Quedan comprendidas pues dentro del ámbito personal de validez de la reforma energética todo individuo que curse estudios superiores en universidades, institutos tecnológicos, institutos tecnológico-agropecuarios, escuelas normales, institutos politécnicos y, en general, cualquier centro de enseñanza de nivel licenciatura y posgrados.

El ordenamiento que regula la educación superior y, desde luego, los recursos para ella es la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, en términos del precepto siguiente:

Artículo 1. La presente ley es de observancia general en toda la república y tiene por objeto establecer bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre la federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones económicas correspondientes, a fin de coadyuvar al desarrollo y coordinación de la educación superior.

De conformidad con el artículo 14, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley se interpreta para su aplicación conforme a la letra o a su interpretación jurídica, lo cual nos permite considerar que, además del criterio pro persona introducido recientemente de manera expresa en la ley fundamental, es válido realizar una interpretación extensiva de la disposición anterior para considerar que dentro del objeto de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior quedan comprendidos los recursos tanto para el sostenimiento de la matrícula en dicho nivel educativo como para el otorgamiento de becas en universidades y posgrados. Sin duda, los recursos de la renta petrolera también tienen el carácter de aportaciones económicas a que se refiere la ley en cita.

Si bien la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación se ocupa de las becas, con base en los criterios anteriores resulta más apropiado desde el punto de vista jurídico regular lo relativo a las becas del Fondo Mexicano para el Petróleo en el ordenamiento que directamente regula la educación superior y los recursos aplicables en la misma ya que dichas becas se refieren a universidades y posgrados. En todo caso, los preceptos contemplados en esta iniciativa vendrían a complementar desde la perspectiva de la educación superior lo dispuesto en la Ley General de Educación para formar una preceptiva integral que regule las becas y los apoyos económicos tomando en cuenta como base fundamental la no discriminación y subsidiariamente la perspectiva de género a que alude la fracción en cita.

Tomando en cuenta que las becas tienen un destino específico que lo es la formación de capital humano en universidades y posgrados es preciso mencionar que una razón adicional para regular las becas financiadas con la renta petrolera a través de su inserción en la Ley para la Coordinación de la Educación Superior resulta del hecho de que este último ordenamiento establece que la matrícula de las licenciaturas deberán tener una relación estrecha con las prioridades y necesidades del desarrollo nacional.

El grado de especialización derivado de dicho criterio normativo revela que es más conveniente regular a las becas en dicho ordenamiento ya que las mismas también van atadas al desarrollo nacional, tal y como ya se dejó en claro al transcribir la parte conducente del artículo 27 constitucional que lo regula desde la perspectiva del uso y aplicación legítima de los ingresos provenientes de los hidrocarburos.

El fondo soberano y los derechos humanos

Las disposiciones establecidas tanto en el artículo 27 constitucional en cuanto a que la renta petrolera ha de dedicarse al financiamiento del desarrollo nacional a largo plazo así como del artículo decimocuarto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 en relación con la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo no son ordenamientos aislados cuyas normas prevalezcan por encima del resto de las leyes y los ordenamientos que integran el orden jurídico mexicano.

Como se dijo, no se trata de una opción si no que el Poder Legislativo en su carácter de autoridad tiene el deber de asumir las nuevas obligaciones consistentes en respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos con la finalidad de no incurrir en omisiones legislativas de las que en los últimos años se ha ocupado con amplitud la doctrina. Lo anterior bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad consagrados por igual en el artículo 1o. de la ley fundamental.

La presente iniciativa se refiere al sujeto obligado de aplicar las becas garantizando los principios y obligaciones de derechos humanos aludiendo a dicho sujeto como la instancia que administre las becas, con lo cual se produce una medida legislativa que se caracteriza por la flexibilidad que resulta idónea tanto para el Fondo Mexicano del Petróleo erigido en administrador del programa de becas como para cualquier dependencia que con el mismo carácter en el ámbito del Poder Ejecutivo federal y en atención a las transferencias establecidas en el ordenamiento regulador del fondo soberano lleve a cabo la asignación de las becas.

Con relación a este punto es importante tener presente que de conformidad con el artículo 8o., fracción II, inciso e), de la ley que regula al fideicomiso soberano, el fondo tiene la facultad de recomendar a la Cámara de Diputados, cuando la reserva del fondo sea superior a 3 por ciento del PIB del año previo, por conducto de su presidente, la asignación de recursos a los siguientes rubros: al fondo para el sistema de pensión universal; a financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e innovación, y en energías renovables; fondear un vehículo de inversión especializado en proyectos petroleros, coordinado por la Secretaría de Energía y, en su caso, en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional; y a becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados.

La complejidad de la educación superior

Las becas financiadas con recursos de la renta petrolera tiene dos objetivos: a) Desarrollar capital humano para impulsar el crecimiento nacional; y b) Propiciar la movilidad social en beneficio de los grupos vulnerables.

En ambos casos, la educación superior desempeña un papel estratégico. Los problemas nacionales requieren del diseño, planeación y evaluación de licenciaturas y posgrados en todas las disciplinas. Los sectores en cuyo ámbito tuvieron lugar las recientes reformas constitucionales, como la energética, la educativa, la de telecomunicaciones y la financiera, requieren con urgencia personal preparado para relanzar el crecimiento económico y el desarrollo nacional. Además de los campos anteriores, es necesario contar con técnicos y profesionistas para resolver problemas recientes como la epidemia de obesidad, la ola de suicidios, los retos y amenazas derivados del cambio climático, entre otros.

Por ello se considera adecuado que la instancia que otorgue las becas cuente con un consejo consultivo que le permita tomar decisiones con el propósito de atender el amplio abanico de sectores y disciplinas necesarias para impulsar el desarrollo nacional.

Además, es preciso tomar en cuenta que las becas tienen por destinatarios a grupos vulnerables a los que de manera persistente se les violan sus derechos como las mujeres y los jóvenes.

En consecuencia, para contar con información y datos precisos que permitan la mayor utilidad de las becas en función de impulsar el desarrollo nacional, se propone que las instituciones relacionadas de manera inmediata y directa con los segmentos sociales con presencia en la educación superior formen parte de dicho consejo, complementado con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así como organismos empresariales que conocen las prioridades y necesidades de capital humano para la planta productiva del país.

La equidad y las becas del Fondo Mexicano del Petróleo

Los indígenas y los habitantes de los municipios rurales son las personas que encuentran la mayor dificultad para salir del círculo vicioso de la pobreza. Diversas investigaciones tuvieron los hallazgos de que pobreza es destino, es decir, sin educación o preparación las niñas, niños y adolescentes que nacen en hogares en situación de pobreza es probable que nunca logren un nivel económico por encima de dicha línea, a menos que reciban una educación que les lleve hasta el nivel de licenciatura.

Como se aprecia, el reto principal de las familias de trabajadores del campo y de indígenas radica principalmente en contar con apoyos adicionales que les permita enviar a sus hijos a la escuela y completar el trayecto por encima de la educación obligatoria hasta llegar a las cátedras universitarias.

El espíritu de la reforma energética al establecer que la renta petrolera contribuya al desarrollo nacional a largo plazo consiste precisamente en que los recursos naturales de la nación permitan brindar apoyos, como las becas en la formación de capital humano en universidades y posgrados, a las clases más desprotegidas.

A través de la presente iniciativa se adopta una medida legislativa que permite al Congreso de la Unión cumplir los tratados internacionales garantizando que los recursos naturales se utilicen, a través de la renta petrolera, sin incurrir en discriminación ni vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución a las personas.

Actualización de la ley

Finalmente, y por otra parte, en diversos preceptos, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior se refiere todavía a la “Ley Federal de Educación”, anterior en su vigencia a la Ley General de Educación, por lo que se plantea la armonización correspondiente.

Decreto que reforma los artículos 2o., 8o. y 16, y adiciona el 28 y 29 a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o., 8o. y 16, y se adicionan el 28 y 29 a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para quedar como sigue:

Artículo 2o.La aplicación de la presente ley corresponde a las autoridades de la federación, de los estados y de los municipios, en los términos que la misma establece.

A falta de disposición expresa de esta ley se aplicará supletoriamente la Ley General de Educación.

Artículo 8o.La federación, los estados y los municipios prestarán en forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, conforme a lo dispuesto en este ordenamiento y la Ley General de Educación.

Artículo 16. La autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial a otros estudios de tipo superior se regirán por la Ley General de Educación, por la presente ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento.

Artículo 28. Las becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados se otorgarán por la instancia correspondiente atendiendo el pleno derecho de cada individuo a la educación con calidad, a una mayor equidad y justicia social, así como a las prioridades y necesidades del desarrollo nacional, conforme a los principios de transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.

Tales becas serán dirigidas preferentemente a los grupos y regiones con mayor deserción y rezago educativo en educación superior, o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de la Ley General de Educación.

Para efectos de lo establecido en este artículo, se entenderá por universidades y posgrados a las modalidades de educación superior establecidas en el artículo 3o. de la presente ley.

Artículo 29. La instancia que otorgue las becas a que se refiere el artículo anterior contará con un consejo consultivo, cuyo objeto será hacer recomendaciones para que en la asignación de las becas se observen los fines y principios establecidos en el artículo anterior.

El consejo se integrará con un representante de las instituciones siguientes, que designarán a los respectivos suplentes:

I. La Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

II. El Instituto Mexicano de la Juventud.

III. El Instituto Nacional de las Mujeres.

Serán invitados con voz pero sin voto

I. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior;

II. La Confederación Patronal de la República Mexicana;

Los miembros ocuparán la presidencia del consejo en el orden en que están enumerados en el presente artículo, cargo que tendrá duración de un año. El consejo expedirá sus estatutos, en los que regulará su organización y funcionamiento.

El consejo podrá solicitar datos y la información que requiera a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas; el Instituto Nacional de Geografía y Estadística; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; el Consejo Nacional de Población y demás dependencias de la administración pública federal de conformidad con la legislación aplicable.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal tendrá 180 días, a partir de la entrada en vigencia de este decreto, para convocar a la constitución del consejo.

Tercero. A partir de su constitución, el consejo tendrá 180 días para emitir los estatutos para su funcionamiento.

Cuarto.Las acciones que en la administración pública federal se deban realizar para el cumplimiento del presente decreto se deberán sujetar a los recursos humanos, materiales y financieros con los que se cuenta actualmente, así como a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal correspondiente.

Notas:

1 Artículo 27 constitucional, párrafo séptimo.

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Véase el vínculo http://www.dof.gob.mx/ nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013

Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 2 de diciembre de 2014.— Diputada María Guadalupe Mondragón González (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 19:21 horas): Se levanta la sesión y se cita a la sesión solemne para conmemorar el 40 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, que tendrá lugar mañana, jueves 11 de diciembre de 2014, a las 10 horas. Al término de la misma a la sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas de la mañana.

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