Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 287 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 11:18 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que es encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 4 de noviembre de 2014.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del diputado Fernando Belaunzarán Méndez

En relación a retiro de iniciativa.

De la Cámara de Senadores

Por el que comunica que la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aceptó la solicitud de la Licenciada Leticia Araceli Salas Torres, para separarse del cargo como titular del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y por el que nombra al Ciudadano David Ruiz Ascencio, como encargado del despacho de la Dirección General del Canal de Televisión del Congreso.

Con el que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De la Comisión Federal de Competencia Económica

Con el que remite su tercer informe trimestral 2014.

Del Instituto Nacional de las Mujeres

Con el que remite el informe de resultados, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al tercer trimestre de 2014.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de 2014, la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de 2014, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2013; y los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe anual 2013 de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Con el que remite dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, para que a partir de la Declaratoria de Desastre Natural, libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para Baja California.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite dos contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implantar un programa de desazolve para prevenir desastres en la próxima temporada de lluvias; y para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como observar el cumplimiento irrestricto del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados.

De la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”

Con el que remite resumen de actividades.

De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión

Con el que remite sus lineamientos de trabajo.

Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adicionan los artículos 47 BIS y 47 TER a la Ley de Coordinación Fiscal.

Iniciativa del Congreso del Estado de Quintana Roo

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

I niciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 6, inciso b), fracción I, del Artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, de la Ley Federal de Derechos, de la Ley General de Asentamientos Humanos, y de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Protección Civil.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la Fracción II, la fracción V, y adiciona un inciso m) a la Fracción I y los incisos a), b) y c) a la fracción V, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, primer párrafo y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Agenda política

Comentarios relativos al resumen de actividades presentado por la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General para el Control de la Cannabis, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley General para el Fomento y la Transición al Transporte Alternativo, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Protección de la Familia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo OrtÍz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 410-A del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Transición Energética, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del Servicio Profesional Nacional Electoral, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 238 y 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para declarar el día 2 de enero de cada año, como “Día Nacional del Municipio Libre”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o. y 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María del Rocío García Olmedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 130 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, por el que se declara el 25 de octubre como “Día Nacional de las Personas con Talla Baja”, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 4-C de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Nabor Ochoa López, Francisco Alberto Zepeda González y Miguel Ángel Aguayo López, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente.

Que reforma el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable para los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Pesqueros, Forestales y Minifundistas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 14 y 74 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roman Alfredo Padilla Fierro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 50 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Cecilia González Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el Artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012, a cargo del diputado Héctor Gutiérrez De la Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 64 y 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 65 Bis 8 y 65 Bis 9 a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 78 de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 360 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Felipe Ángeles”, a cargo del diputado Darío Badillo Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la leyenda “A los Constituyentes de 1824”, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Martha Lucía Mícher Camarena y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que deroga el artículo 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 484 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 13 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, suscrita por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a proteger y asesorar a usuarios de Telcel perjudicados por el cambio de su política de datos e investigar prácticas abusivas para que, en su caso, se sancione a dicha empresa, suscrito por los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio y Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, que el recinto legislativo de San Lázaro sea un sitio de libre acceso a Internet, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Campeche, para que realicen las acciones necesarias para que el Hospital comunitario de Hopelchén empiece a prestar los servicios de salud que requiere la población de este municipio, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la SHCP, en coordinación con la SE, la Sagarpa y la SCT, consideren al ciclista y a las empresas promotoras de la movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable, a cargo del diputado Javier Orihuela García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que emprendan acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California, para que intervenga en la mediación del conflicto entre ejidatarios y locatarios, derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que tome acciones encaminadas a la atención de la insuficiencia renal crónica, suscrito por los diputados Leobardo Alcalá Padilla y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del estado de Campeche, para que realicen las acciones necesarias para que el Hospital comunitario de Palizada, empiece a prestar los servicios de salud que requiere la población de este municipio, a cargo del diputado Jorge Rosiñol Abreu, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a fin de concretar la entrega en tiempo y forma de las ministraciones aprobadas en el PEF 2015 para estados y municipios, a cargo del diputado Carlos Augusto Morales López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Tabasco, para que investigue los presuntos casos de violencia y abuso sexual contra las alumnas del Plantel 22 del Colegio de Bachilleres de Villa Benito Juárez, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de generar un Programa especial para atender las externalidades negativas que pudieran generarse una vez agotadas las reservas petroleras del estado de Campeche, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que difunda los proyectos de reglamentos que expedirá, para instrumentar las nuevas leyes y reformas aprobadas por esta Legislatura, a cargo del diputado Carlos Alberto García González y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de agilizar las investigaciones en el caso Ayotzinapa y se ponga fin a la mal llamada guerra contra el narcotráfico, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a fin de condenar la reciente decisión del Estado de Israel, respecto de la construcción de unidades habitacionales y asentamientos en Jerusalén Oriental y en los territorios palestinos ocupados por Cisjordania, a cargo de la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, para que se ejerzan sanciones en contra de quienes emitan y difundan programación y publicidad que de manera indirecta o engañosa pretenda evadir los lineamientos dispuestos en la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión, suscrita por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves treinta de octubre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos sesenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con treinta y cuatro minutos del jueves treinta de octubre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas y los diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional; Celia González Gómez, del Partido Revolucionario Institucional; Luisa María Alcalde Luján, y Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano; y Raúl Gómez Ramírez, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, relativo a cambios de integrantes de comisiones ordinarias. De enterado, comuníquese.

b) De los diputados:

• Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de la Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Atender la Obesidad y el Sobrepeso, presentada el pasado treinta de abril.

• María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, por la que solicita que se retire de la Comisión de Competitividad, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada el pasado siete de julio.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación:

– Con la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo a fortalecer las acciones de la actual Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito en las diferentes etapas que forman parte de la cadena de mercado ilícito de combustibles; extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el país. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Relativo a realizar una inspección de los ríos Atoyac y El Salado y se determine el proceso de saneamiento correspondiente. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Relativo a fortalecer las acciones de Estrategia Integral de Abatimiento del Mercado Ilícito para prevenir y controlar el robo de combustible en el Sistema Nacional de Ductos, a fin de evitar un accidente que ponga en peligro la vida de la población, así como evitar daños al medio ambiente. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Relativo a atender las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, contenidas en la Cuenta Pública de dos mil doce, en materia de inspección para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en minas de carbón subterráneas, para evitar tragedias como la ocurrida en la mina de Pasta de Conchos. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

– Con la que remite las observaciones finales del Informe inicial de México sobre el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado los días dieciséis y diecisiete de septiembre del año en curso en Ginebra, Suiza. Se remite a las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Educación Pública, con la que remite Información de las Unidades Responsables, correspondiente al destino de los recursos federales que reciben las universidades e instituciones públicas de educación media superior y superior, al tercer trimestre del ejercicio dos mil catorce, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarenta y tres del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió de la Cámara de Senadores minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil quince, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el proyecto de decreto.

Acto seguido, se da inicio a la discusión de la minuta con proyecto de decreto, que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince. El Presidente informa a la Asamblea que la Cámara de Senadores realizó modificaciones a la Carátula de Ingresos; al párrafo sexto del artículo primero; y a la fracción primera del artículo séptimo del proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra al diputado Damián Zepeda Vidales, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para informar a la Asamblea en qué consisten las modificaciones hechas por la colegisladora. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; y Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática.

A las doce horas con veintiocho minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos dieciséis diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en contra la diputada y los diputados: Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja y Zuleyma Huidobro González, ambos de Movimiento Ciudadano; y en pro el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos setenta y cinco votos a favor; treinta tres en contra, y cuatro abstención, se aprueba en lo general y en lo particular la Carátula de Ingresos; el párrafo sexto del artículo primero; y la fracción primera del artículo séptimo, del proyecto de decreto modificados por la Cámara de Senadores. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Cambio Climático, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Sergio Augusto Chan Lugo. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo; Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano; Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México; Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática; y Silvia Márquez Velasco, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro la diputada y los diputados: Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática; Lizbeth Loy Gamboa Song y Salvador Romero Valencia, ambos del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos ochenta y siete votos a favor, y una abstención, se aprueban en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

b) Igualdad de Género, que reforma las fracciones sexta, séptima y vigésimo tercera del artículo siete; la fracción primera del artículo veintiséis; la denominación del Capítulo séptimo; el artículo veintiocho; y el segundo párrafo del artículo treinta de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada María Leticia Mendoza Curiel. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática; y María del Rocío García Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en pro la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trecientos ochenta y ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma las fracciones sexta, séptima y vigésimo tercera del artículo siete; la fracción primera del artículo veintiséis; la denominación del Capítulo séptimo; el artículo veintiocho; y el segundo párrafo del artículo treinta de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Bárbara Gabriela Romo Fonseca, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Rosendo Serrano Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo quince-C de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Rosendo Serrano Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo quince-E de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Rosendo Serrano Toledo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo doce de la Ley de Seguro Social. Se turna a la Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para dictamen.

• Marino Miranda Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos treinta y dos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuarenta y tres de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisiones Unidas de Gobernación y de Igualdad de Género, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria y suscrita por diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria y suscrita por diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos cuarenta y nueve de la Ley de Coordinación Fiscal y ochenta y dos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria y suscrita por diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Fernando Zárate Salgado, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos catorce, y sesenta y nueve de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a fin de que tomen las medidas necesarias para impulsar la comercialización del maíz blanco que se produce en el estado de Sinaloa. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Roberto López Rosado, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que difunda a través de su portal de Internet, los informes trimestrales detallados sobre los alcances y el total de población beneficiada con el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, de enero a septiembre de dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Carla Alicia Padilla Ramos y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente medidas específicas en materia de atención y acceso para tratar la problemática de las enfermedades raras en México. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño y Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares del Gobierno Federal y del Gobierno del estado de San Luis Potosí, ejecuten las acciones necesarias para la pronta atención, mitigación y resarcimiento de las afectaciones provocadas por la contaminación de las fuentes de agua potable de la ciudad de San Luis Potosí. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que decrete la constitución de una Comisión de Verdad, integrada por mexicanos de reconocido prestigio y expertos internacionales en defensa de los derechos humanos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• René Ricardo Fujiwara Montelongo, Nueva Alianza, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a impulsar una política exterior dirigida a respetar, proteger y promover los derechos humanos de las familias migrantes detenidas en los centros residenciales de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• María del Carmen García de la Cadena Romero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para dotar de mayor conocimiento a los docentes en el tema del bullying o acoso escolar. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Martín Alonso Heredia Lizárraga y Jorge Iván Villalobos Seáñez, del Partido Acción Nacional, relativo a la disminución de los recursos destinados al estado de Sinaloa en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil quince. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María de Lourdes Amaya Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las autoridades federales y del estado de Oaxaca, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral de los daños causados a Irene Cruz Zúñiga y a su familia, por diversas violaciones a sus derechos legales. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública y a la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, a fin de transparentar el proceso de licitación para el proyecto (Tren de Alta Velocidad México - Querétaro) y se difundan cada una de las etapas, los aspectos económicos y técnicos del mismo. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, por el que se exhorta al titular de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNADM), a generar un mecanismo de reconocimiento a los mejores promedios de cada área de conocimiento que están por graduarse en este periodo escolar y se mantenga como programa permanente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Leobardo Alcalá Padilla y María de las Nieves García Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de modificar el acuerdo general 16/2011 del Pleno del CJF que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, a fin de realizar acciones para garantizar que no se ejerza violencia política contra las mujeres en el estado de Quintana Roo. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, para que deslinde responsabilidades por la muerte del estudiante del Centro Universitario de Lagos, de la Universidad de Guadalajara. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, para que en el proceso para resolver la problemática con el Instituto Politécnico Nacional, se instaure un formato de diálogo que permita construir un espacio en el que se proceda al nombramiento de los directivos, la recuperación del semestre, así como la discusión y compromisos de la visión a largo plazo del Politécnico. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes cuatro de noviembre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y tres minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la Secretaría poner a consideración y a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta de la sesión anterior.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a usted el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Control de la Cannabis; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada el 13 de mayo pasado por el diputado Miguel Alonso Raya y un servidor, y que fue turnada para su dictamen a la Comisión de Salud de ésta Cámara y que aún se encuentra pendiente de dictamen.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2014.— Diputados: Fernando Belaunzarán Méndez, Miguel Alonso Raya (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

Permítame, secretario. ¿Con qué objeto, señora diputada Ricalde? Ahí tiene sonido.

La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña(desde la curul): Gracias, señor presidente. Nuevamente vengo a este honorable pleno a tomar la palabra. El pasado fin de semana, el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge, reinició su práctica común de violencia política.

Queda claro que los mandatos judiciales para él son letra muerta. Que se puede burlar de las autoridades judiciales y que tristemente no pasa nada. Por cada acción, como la que estoy realizando en este momento, los ataques de él son más absurdos, se atreve a difamar, clonar, hacer fotomontajes y a violar la orden de un juez.

Estas revistas, que son de su autoría y que las muestro y las traigo aquí, señor presidente, para que el pleno las vea, son precisamente los ataques que él hace a la oposición.

Afirmo que son de su autoría porque tengo los mensajes de su celular, donde él se ufana de ser quien redacta los textos de esta revista. La revista se llama La Razón, no trae director, todo dice redacción, no puede hacerse una denuncia formal por lo mismo, porque es un acto cobarde. Y, desde luego, esto es lo que él utiliza para promocionarse y por dentro para atacar a la oposición. De nueva cuenta tapizó —como él dice— el estado de Quintana Roo.

Como pueden ver, el dinero público lo utiliza para atacar y difamar a todos aquellos que nos oponemos a su forma de gobierno y aquí está la prueba.

Un mensaje final, señor presidente, felicito a las autoridades federales por la aprehensión de la pareja imperial de Iguala. Y les pregunto, ¿cuándo detendrán las acciones de Roberto Borge? Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada, quedan registradas sus palabras en el Diario de los Debates. Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación de la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la que remite los siguientes acuerdos:

Uno por el que aceptó la solicitud de separación del cargo como titular del Canal de Televisión del Congreso a la Licenciada Leticia Araceli Salas Torres, y

Otro por el que se aprobó la propuesta del ciudadano David Ruiz Ascencio como encargado del despacho de la Dirección General del Canal del Congreso.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que dicha documentación, misma que se anexa, se remitiera a las Juntas de Coordinación Política y a las Mesas Directivas de las Cámara del Congreso de la Unión.

Atentamente

México, DF, a 28 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo número CB/LXII/027/2014. Se acepta la solicitud de separación del cargo como titular del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la licenciada Leticia Araceli Salas Torres, causando baja el 31 de octubre de 2014, debido a que en los próximos días se incorporará al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Derivado de la primera convocatoria abierta para elegir al titular del Canal, la licenciada Salas Torres asumió la Dirección General en mayo de 2007 y en abril de 2011 fue reelecta por unanimidad para un nuevo periodo de cuatro años, mismo que concluiría en 2015.

Asimismo, se instruye el turno de este acuerdo a las Juntas de Coordinación Política y Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, para los efectos administrativos y legales correspondientes.

México, DF, a 23 de octubre de 2014.— Ciudadanos Legisladores Integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso: senador Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Presidente;diputada Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), secretaria;diputado Maximiliano Cortázar Lara, secretario;diputada Alfa Eliana González Magallanes, integrante;senador Jesús Casillas Romero (rúbrica), integrante;senador Daniel Ávila Ruiz (rúbrica), integrante.»

«Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdo número CB/LXII/028/2014. Se aprueba en lo particular y en lo general la propuesta para nombrar al ciudadano David Ruiz Ascencio, actual director de Información y Noticias del Canal del Congreso, como encargado del despacho de la Dirección General del Canal del Congreso, en tanto la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso,convoca y selecciona a quien ocupe el cargo de directora o director general del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo que estable el artículo 14, inciso a), del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se instruye el turno de este acuerdo a las Juntas de Coordinación Política y Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, para los efectos administrativos y jurídicos correspondientes.

México, DF, a 23 de octubre de 2014.— Ciudadanos Legisladores Integrantes de la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso: senador Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Presidente;diputada Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), secretaria;diputado Maximiliano Cortázar Lara, secretario;diputada Alfa Eliana González Magallanes, integrante;senador Jesús Casillas Romero (rúbrica), integrante;senador Daniel Ávila Ruiz (rúbrica), integrante.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Comuníquese.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reformaban y adicionaban los artículos 180, 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo cual su proceso legislativo queda concluido.

Atentamente

México, DF, a 28 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. Queda concluido el proceso legislativo.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Federal de Competencia Económica.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafo vigésimo, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 12, fracción XXV, y 49 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2013, el titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) deberá presentar trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.

En cumplimiento a este mandato, envío el tercer informe trimestral 2014 de la Cofece, correspondiente al periodo del 1o. de julio al 30 de septiembre del presente, en disco compacto, así como una versión impresa.

Por último, le informo que en apego al artículo 20, fracción IX, de la LFCE, el informe adjunto fue aprobado de manera unánime por el pleno de la Cofece en la sesión ordinaria del 23 de octubre de 2014.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2014.— Alejandra Palacios Prieto (rúbrica), comisionada Presidenta.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Nacional de las Mujeres.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.—Presente.

Por este medio y en cumplimiento de los artículos 1 y 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, me permito hacerle llegar, en versión impresa y electrónica, el informe de resultados correspondiente al periodo julio-septiembre de 2014 del Instituto Nacional de las Mujeres, así como en electrónico los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al tercer trimestre de 2014.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 30 de octubre de 2014.— Licenciada Marcela Eternod Arámburu (rúbrica), secretaria ejecutiva.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, secretario. Diputado Zamora, ¿Con qué objeto?

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Sí, muchas gracias, presidente. Para manifestar mi preocupación e inconformidad con las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia en relación al tema de las consultas ciudadanas.

Me parece que es desafortunado que la Corte haya resuelto que todas no reunían los requisitos. Y que se le niegue a la ciudadanía la participación directa en la toma de decisiones que le afectan.

Me parece que hay ministros de la Suprema Corte que al parecer, o pareciera que les está faltando capacidad, les está faltando sensibilidad y les está faltando una adecuada interpretación de la norma.

También creo que en base a ello la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores debiéramos revisar esta ley, a efecto de que estas propuestas que de por sí, el porcentaje que se solicita, precisamente para que pasen a consulta ciudadana es alto, pues no quede un trabajo tirado, porque una mala interpretación no permita que la ciudadanía participe.

Por ello creo yo que la propuesta del diputado Fernando Doval, de hacer una modificación, incluso, ir más allá, que ya no sea la Corte la que defina si va a la consulta o no, sino que prácticamente sean los ciudadanos, al momento de juntar las firmas que los porcentajes de la ley establecen, que se dé esta oportunidad. Porque necesitamos que la ciudadanía participe en esta clase de decisiones.

Y finalmente, también solidarizarme con la preocupación de lo que está siendo objeto la diputada Alicia Ricalde. Ojalá que el gobernador deje de señalar o de hacer este tipo de actos que denigran a la mujer, pero especialmente también, que denigran a la política. Gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su participación, señor diputado Zamora.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor Fernando Belaunzarán, diputado, ¿Con qué objeto?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Sí, gracias, presidente. El día de ayer, hoy amanecimos con la noticia, desde ayer lo supimos, asesinaron a un general del Ejército, otra vez, ahí en Nuevo León.

Hace poco tres estudiantes norteamericanos y un mexicano fueron abordados por una policía de élite en Matamoros y aparecieron muertos. Son problemas muy graves. La liebre puede saltar en cualquier lado, presidente. Y yo no voy a pedir la renuncia de ningún gobernador, de ningún presidente municipal, eso se los dejo a otros; yo quiero invitar a mis compañeros a que veamos por encima de las urnas y entendamos la magnitud del problema.

Lo quiero decir con todas sus letras, si no atendemos la política de drogas, cualquier cosa que se haga en materia de seguridad será simplemente una remozada, un asunto de fachada. En el centro, en el corazón de la crisis de seguridad que vivimos está la fallida guerra contra las drogas; lo dijo hace poco por cierto, en una gran entrevista el filósofo Fernando Savater, pero no se necesita ser filósofo español para darse cuenta de eso.

Está en nuestra experiencia el fracaso rotundo de la guerra contra las drogas y si no atendemos ese problema, no vamos a resolver el problema de la seguridad, no vamos a llegar a fondo, aunque no niego que haya algunas medidas importantes que se pueden tomar.

En ese caso tenemos que seguir muy de cerca las elecciones o los referéndums que se están dando hoy en la Unión Americana. Los estados de Oregón, de Alaska y la capital de Estados Unidos, Washington, DC están hoy llevando referéndums sobre la regulación de la mariguana recreativa. Hay un cambio en el modelo, hay un cambio en el mundo y México debiera verlo como una oportunidad para cambiar el modelo en la política de drogas.

Termino como un breve comentario. Lamentables las declaraciones del nuevo comisionado nacional contra las adicciones, Manuel Mondragón. Verdaderamente no ofrece nada nuevo, lo que nos dice es que van a insistir con la misma política que ha fracasado; esto que dijo de que no quiere ver un país mariguanero, parece de la madres superioras de las carmelitas descalzas, porque, qué lástima que haya estado al frente de la seguridad pública no sepa que México es el segundo productor de mariguana en el mundo a pesar de la prohibición, porque la prohibición no resuelve el problema, hace todo más complicado.

Termino con eso, y ojalá en la sesión cuando discutamos el problema de seguridad haya oportunidad de ampliarlo, pero no quería que se nos pasara el observar lo que está pasando en los referéndums en esos tres estados de la Unión Americana y nos da la oportunidad, insisto, de cambiar; porque el campeón del prohibicionismo está cambiando y ahora resulta que somos más papistas que el Papa. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su intervención, señor diputado Belaunzarán. Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), 22 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre de 2014. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente al mes de septiembre de 2014.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de 2013.

Para dar cumplimiento a los artículos 31 y 55 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito y 48 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se adjunta la información mediante la cual se han a conocer los conceptos que integran la intermediación, financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de octubre de 2014.— Fernando Aportela Rodríguez (rúbrica), subsecretario de Hacienda y Crédito Público.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Distraigo su fina atención para presentar a usted el Informe Anual 2013 de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos,previsto en el artículo 93 de la Ley General en la materia, que a la letra señala:

“...La Comisión Intersecretarial elaborará, con la información que reciba de todas las dependencias participantes de los tres órdenes de gobierno, un informe anual el cual contendrá los resultados obtenidos por el programa nacional.

Este informe será remitido al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y las dos Cámaras del Congreso de la Unión y se le dará una amplia difusión en los medios de comunicación en todo el territorio nacional.”

No omito manifestarle, que dicho informe contó con la aprobación de todos los integrantes y participantes de los Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de los organismos oficiales de defensa de los derechos humanos, que conforman dicho órgano colegiado.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

México, DF, a 28 de octubre de 2014.— Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong (rúbrica), Secretario de Gobernación.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión Especial de lucha contra la trata de personas, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-3928 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 307-A.- 3684, suscrito por el ciudadano Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a liberar de manera urgente los recursos considerados en el Fonden para el combate de los fenómenos meteorológicos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 29 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia al oficio número SeLAP/300/2191/14 en el que cita el oficio DGPL62-II-8-3928 emitido por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mediante el cual remiten punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo. En lo que corresponde al ámbito de competencia se establece respuesta al primer punto.

Primero.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a partir de la declaratoria de emergencia emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, seliberen de manera urgente los recursos considerados en el Fonden para el combate de los fenómenos metereológicos...

Al respecto, y con fundamento en lo establecido enel artículo 62, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informa lo siguiente:

Al día de hoy existen dos declaratorias de desastre natural para Baja California Sur:

• Lluvia severa del 3 al 6 de septiembre de 2014, que afecto a los municipios de Comundú, La Paz, Loreto, Los Cabos, y Mulegé.

• Huracán Odile del 14 y 15 de septiembre de 2014, que afecto a los municipios de Comundú, La Paz, Loreto, Los Cabos, y Mulegé.

• Para ambos desastres esta unidad administrativa ha autorizado recursos por concepto de apoyos parciales inmediatos y para gastos de evaluación de daños conforme al siguiente cuadro: Lluvia severa del 3 al 6 de septiembre que afectó severamente a cinco municipios. Huracán Odile del 14 y 15 de septiembre que afectó a cinco municipios

Al día de hoy, ambos sucesos se encuentran en proceso de evaluación de daños por lo que se está en espera de los diagnósticos definitivos para su análisis y aprobación.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2014.— Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-3928, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCE/0598/2014, suscrito por el maestro César Becker Cuéllar, titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar los programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que han dañado diversos municipios del estado de Baja California Sur.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 29 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/300/2196/14 del 23 de septiembre de 2014, mediante el cual hizo del reconocimiento del licenciado Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública, que por oficio número DGPL 62-II-8-3928, el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunico a esa secretaría el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada en la misma fecha, el que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a partir de la declaratoria de emergencia emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, se liberen de manera urgente los recursos considerados en el Fonden para el combate de los fenómenos meteorológicos. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Secretarías de Desarrollo Social; de Comunicaciones y Transportes; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; de Educación Pública; de Salud; y de Turismo, así como a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Federal de Electricidad, implementen los programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que han dañado diversos municipios de Baja California Sur.

Sobre el particular, me permito remitir a usted copia del oficio número CPEP/363/2014, del 6 de octubre último, signado por el ingeniero Luis Antonio Jiménez, coordinador de Proyectos Estratégicos Presupuestales de la Oficialía Mayor, mediante el cual informa lo siguiente:

...hago de su conocimiento que ante la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del huracán Odile, del 14 y 15 de septiembre de 2014, que afectó 5 municipios de Baja California Sur, la Oficialía Mayor inició el protocolo de respuesta ante dicho evento, destacando lo siguiente:

• Se mantiene constante comunicación y coordinación con las autoridades competentes del sector, federales y estatales, para dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, así como los lineamientos de operación específicos de daños.

• Ante la emergencia del fenómeno meteorológico, el 15 de septiembre de 2014 se instaló el Comité de Evaluación de Daños, y el 16 del mismo mes se instaló el Subcomité de Evaluación de Daños.

• Se presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de los oficios números OM/0635/2014 y OM/0650/2014, del 22 y 25 de septiembre del año en curso, respectivamente, la solicitud por concepto de apoyo parcial inmediato (API) por un monto de 65.3 millones de pesos y 4.1 millones de pesos para mitigar los trabajos y obras prioritarias urgentes de competencia federal.

• De conformidad con la normativa en la materia, los sectores educativo, cultural y deportivo, de sostenimiento estatal, presentaron sus respectivas solicitudes a la UPCP de la SHCP por concepto de API.

• Se presentó a través del oficio número OM/0645/2014, del 24 de septiembre del año en curso, la solicitud a la UPCP de la SHCP por concepto de gastos derivados exclusivamente de trabajos de evaluación y cuantificación de daños por un monto de 4.8 millones de pesos.

• Se dio a conocer a la delegación federal de la SEP en el estado de Baja California Sur, la autorización que otorgó la UPCP de la SHCP por 23.0 millones de pesos, 3.3 millones de pesos y 6.0 millones de pesos, por concepto de API de la infraestructura educativa, cultural y deportiva, de sostenimiento estatal, a través de los oficios números CPEP/352/2014, del 24 de septiembre; CPEP/359/2014, del 29 de septiembre; y CPEP/360/2014, de la misma fecha que el anterior, respectivamente.

• Se dio a conocer a la delegación federal de la SEP en Baja California Sur la autorización de recursos que otorgó la UPCP de la SHCP por concepto de API de la infraestructura educativa de sostenimiento federal, a través de los oficios números CPEP/353/ 2014 y CPEP/361/2014, del 25 y 29 de septiembre del presente año, respectivamente.

• Se dio a conocer a la delegación federal de la SEP en Baja California Sur la autorización de recursos que otorgó la UPCP de la SHCP por concepto de gastos derivados exclusivamente de los trabajos de evaluación y cuantificación de daños, a través del oficio número CPEP/358/2014, del 29 de septiembre del presente año.

Asimismo se hace mención que personal del INFED se encuentra en camino realizando la evaluación y cuantificación de daños y en coordinación con esta área se está revisando y validando la información que será cargada al sistema Fonden en línea, a fin de estar en posibilidad de realizar la solicitud definitiva de recursos al fideicomiso Fonden.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 24 de octubre de 2014.— Maestro César Becker Cuéllar (rúbrica), titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Licenciado Adrián Guerra Yáñez, coordinador de enlace con el Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me refiero al oficio UR 120 UCE/CECU/0992/14 Ref. 0171-P., recibido el 2 de octubre del presente año, mediante el cual da a conocer al ciudadano oficial mayor el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 23 de septiembre de 2014, y solicita los elementos que se consideren necesarios a fin de dar debida respuesta a la Secretaría de Gobernación.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que ante la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del huracán Odile del 14 y 15 de septiembre de 2014 que afectó 5 municipios del estado de Baja California Sur, la Oficialía Mayor inició el protocolo de respuesta ante dicho evento, destacando lo siguiente:

• Se mantiene constante comunicación y coordinación con las autoridades competentes del sector. federales y estatales, para dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, así como los lineamientos de operación específicos aplicables.

• Ante la emergencia del fenómeno meteorológico. el15 de septiembre de 2014 se instaló el Comité de Evaluación de Daños, y el 16 del mismo mes se instaló el Subcomité de Evaluación de Daños.

•  Se presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de los oficios números OM/0635/2014 y OM/0650/2014, del 22 y 25 de septiembre del año en curso, respectivamente, la solicitud por concepto de apoyo parcial inmediato (API) por un monto de 65.3 mdp y 4.1 mdp para mitigar los trabajos y obras prioritarias urgentes de competencia federal.

De conformidad con la normativa en la materia, los sectores educativo, cultural y deportivo de sostenimiento estatal presentaron sus respectivas solicitudes a la UPCP de la SHCP por concepto de API.

• Se presentó a través del oficio número OM/0645/2014, del 24 de septiembre del año en curso, la solicitud a la UPCP de la SHCP por concepto de gastos derivados exclusivamente de los trabajos de evaluación y cuantificación de daños por un monto de 4.8 mdp.

• Se dio a conocer a la Delegación Federal de la SEP en el estado de Baja California Sur, la autorización que otorgó la UPCP de la SHCP por 23.0 mdp, 3.3 mdp y 6.0 mdp, por concepto de API de la infraestructura educativa, cultural y deportiva, de sostenimiento estatal, a través de los oficios números CPEP/352/2014, del 24 de septiembre; CPEP/359/2014, del 29 de septiembre; y CPEP/360/2014, de la misma fecha que el anterior, respectivamente.

• Se dio a conocer a la Delegación Federal de la SEP en el Estado de Baja California Sur, la autorización de recursos que otorgó la UPCP de la SHCP, por concepto de API de la infraestructura educativa de sostenimiento federal, a través de los oficios números CPEP/353/2014 y CPEP/361/2014, del 25 y 29 de septiembre del presente año, respectivamente.

• Se dio a conocer a la delegación federal de la SEP en el estado de Baja California Sur la autorización de recursos que otorgó la UPCP de la SHCP, por concepto de gastos derivados exclusivamente de los trabajos de evaluación y cuantificación de daños, a través del oficio número CPEP/358/2014, del 29 de septiembre del presente año.

Asimismo, se hace mención que personal del Inifed se encuentra en campo realizando la evaluación y cuantificación de daños y en coordinación con esta área se está revisando y validando la información que será cargada al Sistema Fonden en línea, con el fin de estar en posibilidad de realizar la solicitud definitiva de recursos al Fideicomiso Fonden.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de octubre de 2014.— Ingeniero Luis Antonio Jiménez (rúbrica), coordinador de Proyectos Estratégicos Presupuestales.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remiten a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7o. y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente; adjunto el oficio número DGSU/1100/2014, mediante el cual el ciudadano Jorge A. Ceballos Deveze, director general de Servicios Urbanos en la delegación Benito Juárez, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-4-1718, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación del mismo en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 23 de octubre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Delegación Benito Juárez.— Soluciones.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de enlace delegacional de la Secretaría de Gobierno.

Por medio del presente reciba un cordial saludo, mismo que aprovecho para hacer referencia a su oficio SG/CED/1158/ 14, por el cual se hace de conocimiento que el pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

Punto de Acuerdo

“Único. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que conmine a las delegaciones que conforman el Distrito Federal a implementar un programa de desazolve urgente como medidas institucionales de prevención en las principales colonias afectadas de las delegaciones inundadas el periodo pasado, a fin de evitar desastres en las próximas lluvias.”

Sobre el particular, me permito comunicarle que este órgano político-administrativo, a través de la Unidad Departamental de Operación Hidráulica permanentemente ejecuta el programa delegacional denominado “Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje”, por el cual se lleva a cabo la conservación, rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de drenaje en las 56 colonias que conforman la delegación; efectuando en lo que va del año el mantenimiento de 855 kilómetros de la infraestructura del sistema de drenaje así como la extracción de 1,220 metros cúbicos de azolve. Adicionalmente se trabaja en conjunto con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México en el Programa Anual de Limpieza y Desazolve 2014, en el que se consideran la red primaria y secundaria, las vías rápidas, los pasos a desnivel así como los paraderos.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

México, DF, a 10 de octubre de 2014.— Jorge A. Ceballos Deveze (rúbrica), director general de Servicios Urbanos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III, artículo 23, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos del gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; adjunto oficio DIF-DF/DG/380/2014, de fecha 6 de octubre del 2014, suscrito por el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, mediante el cual remite respuesta al acuerdo DGPL 62-II-2-1383, en donde se comunicó por parte del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 22 de abril de 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 22 de octubre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador General de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez, coordinador general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En relación con su oficio SG/CEL/PA/744/2014, mediante el cual refiere el documento DGPL 62-II-2-1383, del 22 de abril de 2014, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que se hace del conocimiento un acuerdo aprobado por el pleno de esa Cámara, que se dictó en los siguientes términos:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar a plenitud en el ámbito de sus competencias, el ejerci­cio de los derechos humanos de los niños y los adolescentes, consignados en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, principalmente en las entidades federativas donde se presentan enfrentamientos con la delincuencia organizada. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales y municipales, así como al del Distrito Federal, a abocarse al cumplimiento puntual del segundo protocolo facultativo que se desprende de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la participación de éste en conflictos armados. Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno a implementar en el ámbito de sus respectivas competencias, acciones, programas sociales y políticas públicas que contribuyan a lograr que los niños y los adolescentes queden blindados ante el riesgo de verse sumados a acciones bélicas o la incorporación con algún grupo delictivo del crimen organizado derechos a favor de la infancia bajo la directriz de diversos principios rectores, entre ellos, el interés superior de la infancia, el de no discriminación, de supervivencia y desarrollo y el derecho a ser escuchado.

En ese contexto los integrantes de la sociedad suman esfuerzos para que la infancia reciba, de manera especial, los cuidados y atenciones necesarios para su sano crecimiento y bienestar; no obstante ello, lo cierto es que muchas niñas, niños y adolescentes viven en entornos especialmente difíciles que los ubican en situaciones de riesgo, que afectan su desarrollo integral. La pobreza es un factor importante que contribuye a que los niños, niñas y adolescentes, tal como se precisa en el Acuerdo, se conviertan en un blanco fácil para los grupos criminales, pues son convencidos para unirse a ellos bajo la promesa de dinero y una mejor vida para ellos y sus familias, lo que se convierte en una alternativa para atender sus necesidades de forma más o menos inmediata.

A fin de mitigar esa situación, la actuación de todas y cada una de las autoridades, en un marco de cooperación y corresponsabilidad del sector público, social y privado, se dan a la tarea de construir caminos en pro de una mejor protección de los derechos de la infancia. Así, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF), a través de sus diversos programas sociales, trabaja para generar mejores condiciones que permitan a las familias y a sus integrantes, específicamente las niñas, niños y adolescentes, el pleno ejercicio de sus derechos.

El DIF-DF brinda atención integral a la infancia de la Ciudad de México, a través de diversos programas que están a cargo de las Direcciones Ejecutivas, dentro de los que destacan:

Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria (DEAA)

La DEAA tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de los niveles de nutrición de la niñez, la familia y los grupos de la población en condiciones de riesgo, vulnerabilidad o marginación, a través del otorgamiento de apoyo alimenticio directo, así como del fomento y formación de hábitos alimenticios nutricionales.

Esta Dirección tiene a su cargo el Programa de Desayunos Escolares, que entrega raciones alimenticias conforme al calendario escolar, a niñas y niños de educación inicial, preescolar, primaria y especial, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal, directamente en los planteles.

Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez (DEAN)

Por medio de los diversos programas que tiene a cargo la DEAN se brinda una atención integral a las niñas y niños del Distrito Federal en general, no sólo a aquellos que se ubican en una situación de vulnerabilidad. Esos programas son:

– Programa de Educación Garantizada, por medio del cual se brinda un apoyo económico a los niños y niñas residentes del Distrito Federal que han perdido al sostén económico de su familia ya sea por defunción o invalidez, cuya finalidad es evitar la deserción escolar.

–  Programa de Becas Escolares para menores vulnerables.

–  Programa Hijas e Hijos de la Ciudad, que contribuye a garantizar derechos fundamentales de la población beneficiaria como el de salud, identidad y educación, así como el derecho a la alimentación y vivienda al ingresar a una institución que cuente con modelo residencial.

– Programa de Prevención para la Detección Temprana de Depresión Infantil, en él se brindan pláticas de sensibilización para lograr una detección por medio de la identificación de signos de alarma.

– Programa de Apoyo a la Niñez, a través del cual se otorgan servicios deportivos, culturales y recreativos en 55 Centros DIF-DF, dirigidos a niñas y niños que habitan en unidades territoriales de media, alta y muy alta marginalidad del Distrito Federal.

Por otra parte, en los Centros de Desarrollo Infantil (CADI) se brindan servicios pedagógicos, asistenciales, lúdicos y recreativos a niñas y niños, hijas e hijos de madres trabajado­ras, madres solas estudiantes y padres con custodia, preferentemente sin seguridad social, inscritos en los 36 Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil del DIF-DF.

Asimismo, se brinda atención en los Centros de Día con el propósito de que las niñas, niños y adolescentes, indígenas y urbano marginales, que tienen entre 6 y 17 años de edad, en exclusión social; conozcan, promuevan, defiendan y ejerzan sus derechos, a través de la atención integral que se brinda en los referidos Centros y en el Albergue en Central de Abasto, para contribuir a la construcción de una Cultura de Prevención para evitar el riesgo de callejerización en el Distrito Federal.

Dirección Ejecutiva de Niños Talento (DENT)

A través del Programa de Niños Talento, a cargo de esta Dirección, el DIF-DF proporciona a las niñas y niños las herramientas que les permitan fortalecer su formación académica y elevar su nivel de vida mediante una formación integral y de calidad, por medio del desarrollo y perfeccionamiento de sus habilidades culturales, científicas y deportivas. Programa enfocado a una población infantil de 6 a 15 años de edad con promedio mínimo de 9.0, que estudian en escuelas primarias y secundarias públicas del Distrito Federal y que además radican en la Ciudad de México, quienes reciben un estímulo económico mensual de 150.00 pesos, y toman sus clases extraescolares en los centros pertenecientes al DIF-DF.

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ)

Esta dirección atiende a un gran número de población infantil, a quienes presumiblemente se han violentado sus derechos, dentro de las acciones que realiza se destacan las relativas a la prevención y atención al maltrato infantil, que incluye un proceso de investigación social para corroborar los reportes de maltrato y/o descuido infantil y en la fase de intervención social se brinda orientación familiar y atención psicoterapéutica para generar formas alternas de convivencia y dinámica familiar, dirigidas a los integrantes que las conforman.

Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad (DEAPD)

Esta Dirección tiene el propósito fundamental de promover el desarrollo personal, la incorporación social y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de este importante sector de la población, donde se incluyen las niñas y niños con discapacidad. Tiene a su cargo los siguientes programas:

– Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad, que pretende contribuir a mejorar calidad de vida de este grupo poblacional, en especial de aquellas personas de escasos recursos, que habiten en zonas de media, alta y muy alta marginación.

– Programa de Unidades Básicas de Rehabilitación, por medio del cual se lleva a cabo la promoción de acciones de salud, prevención de la discapacidad, detección oportuna y tratamiento simplificado de los procesos discapacitantes, con la participación activa de los miembros de la familia.

– Programa de Ayudas a Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo adoptar medidas para identificar cualquier forma de explotación, violencia y abuso en contra de las personas con discapacidad o que se encuentran en situación de abandono u orfandad.

– Programa de Prevención, Rehabilitación e Integración Social a Personas con Discapacidad (Eventos de Sensibilización con la Población en General en Materia de Discapacidad), que tiene como objetivo que las personas con discapacidad y sus familias puedan tener una mejor calidad de vida y una mejor interacción dentro de la sociedad.

Es importante señalar que por parte del DIF-DF, todas las acciones que desarrolla a favor de la infancia, responden también a la política pública establecida por el Gobierno del Distrito Federal, en pro de la niñez y al cumplimiento de la iniciativa “10 por la Infancia”, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, siempre en búsqueda de una mejor atención a la población en situación de mayor vulnerabilidad.

Finalmente, el reto para el DIF-DF es dar continuidad a todos y cada uno de los programas antes referidos y realizar las acciones necesarias para, en su caso, ampliar su cobertura, a fin de que con el desarrollo de los mismos se mejore la situación de diversas familias y con ello evitar que las niñas y niños de esas familias visualicen como alternativa para atender sus necesidades el unirse a grupos criminales bajo la expectativa de conseguir un ingreso para mejorar sus condiciones de vida.

Forma parte del reto trabajar, por parte del DIF-DF, de manera conjunta y coordinada con todos los actores de la sociedad, a fin de generar cada día mejores condiciones y oportunidades de vida para las niñas, niños y adolescentes de esta Ciudad, en un marco de estricto respeto a la normatividad nacional e internacional que prevé la protección de los derechos humanos de la infancia.

Sin otro momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco (rúbrica), director general del DIF-DF.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero al acuerdo de esa junta de coordinación, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, el pasado 7 de octubre del presente; al respecto:

Adjunto, envío a usted resumen de actividades de la citada comisión, hasta el día de hoy, mismo que fue aprobado por los integrantes en reunión celebrada en esta fecha. (*)

Lo anterior, para los efectos procedentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2014.— Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me permito comunicar a usted que en reunión celebrada en esta fecha, se recibió de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión comunicación con la que remite los lineamientos de trabajo de dicha comisión, mismos que se anexan.

Atentamente

México, DF, a 28 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión

Lineamientos de trabajo 2014

Antecedentes

La Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión correspondiente a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión el 12 de febrero de 2013 fue formalmente instalada en la Cámara de Diputados.

Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República el 12 de febrero de 2014 la Cámara de Senadores recibe la presidencia de la comisión recaída en el senador Adolfo Romero Lainas.

Conforme al programa de trabajo numeral 1, aprobado por el pleno de la comisión, se emite el presente

1. Para efectos de estos lineamientos se entenderá por:

El Congreso: El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión:La Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de Unión.

La Ley Orgánica:La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Sistema:El Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión.

Bibliotecas:Las que integran el Sistema, Biblioteca General del Congreso de la Unión, Biblioteca Legislativa de San Lázaro, Biblioteca Melchor Ocampo.

Acervo:Fondos bibliográficos y documentales en diversos formatos, de contenidos parlamentarios, científicos o culturales que pertenecen a las bibliotecas del Poder Legislativo Federal.

2. Integración.

Conforme a lo establecido en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, la comisión se integrará por tres diputados y tres senadores, artículo 128 del Reglamento del Senado de la República y artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

a) Junta Directiva

Presidente: El cargo se ejercerá durante doce meses –del 1 de septiembre al 31 de agosto de cada año legislativo– estando sujeto a la discrecionalidad de cada Cámara para optar por tomar o ceder el turno.

El orden de prelación en que los grupos parlamentarios ocupen su turno en cada Cámara, lo decide la correspondiente Junta de Coordinación Política; estando sujeto a la adecuada elegibilidad de legisladores miembros para ocuparla cuando sea pertinente.

Será quien vigile y coordine el ejercicio de las funciones de la Comisión bajo los principios de pluralidad, equidad, diversidad inclusión, imparcialidad y democracia.

Funciones:

I. Deberá presidir y conducir las reuniones para las cuales hará una convocatoria ordinaria o extraordinaria;

II. Conceder el uso de la palabra, dirigir los debates, discusiones y deliberaciones y formular la declaración del resultado correspondiente;

III. Firmar junto con los secretarios las actas de las reuniones de la comisión y los informes procedentes;

IV. Enviar a servicios parlamentarios, copia de las actas y de las listas de asistencia de las reuniones de la comisión, para efectos de su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en el sitio electrónico de las Cámaras.

V. Informar por escrito a los integrantes de la comisión sobre los asuntos turnados;

VI. Nombrar al secretario técnico, con la aprobación de la comisión, así como dirigir sus trabajos y evaluar su desempeño;

VII. Nombrar al representante administrativo y a los asesores;

VIII. Nombrar al personal de apoyo y administrar el presupuesto que se asigna en ambas Cámaras para la comisión, de acuerdo a la normatividad aplicable;

IX. Las demás que deriven de los reglamentos de ambas Cámaras y otras disposiciones:

Dos secretarios: Quienes serán electos de manera directa por los integrantes de la Junta Directiva.

Los cargos serán rotatorios entre los grupos parlamentarios representados en la comisión.

En caso de que algún integrante deje de formar parte de un grupo parlamentario, éste hará la propuesta para su sustitución.

Funciones:

I. Asistir al presidente en todo lo relacionado con la preparación y conducción de las reuniones de la comisión;

II. Sustituir al presidente en sus ausencias temporales;

III. Convocar a reunión en caso de que el presidente no lo haga por cualquiera que fuese la razón;

IV. Comprobar el quórumde las reuniones, someter a votación los asuntos que instruya el presidente, hacer el cómputo relativo y llevar el registro de los acuerdos que se tomen en ellas;

V. Hacer las propuestas de las actas y firmar junto con el presidente las actas aprobadas;

VI. Dar seguimiento a los asuntos turnados a la comisión;

VII. Las demás que deriven de los reglamentos de ambas Cámaras y otras disposiciones.

Tres integrantes:Según acuerdo de la Junta Directiva y de los legisladores integrantes.

b) Secretaría técnica

Secretario técnico:asiste y asesora al presidente de la comisión así como a los integrantes para el control, seguimiento y sistematización en el cumplimiento de las funciones y lograr el objeto del sistema.

La secretaría técnica cuenta con los recursos humanos y materiales en la Cámara con la presidencia en turno.

Funciones

I. Apoyar a la formulación y ejecución del programa de trabajo de la comisión;

II. Recibir, registrar, revisar y dar seguimiento a los asuntos turnados o remitidos, dando inmediata cuenta de ellos a la Junta Directiva;

III. Preparar bajo las indicaciones del presidente, la convocatoria, el proyecto de orden del día y los documentos necesarios para las reuniones de trabajo;

IV. Llevar el registro de asistencia de los senadores y diputados y levantar en consulta con los secretarios las actas de las reuniones;

V. Participar con voz en las reuniones, cuando se requiera, para presentar proyectos, aportar información o emitir opiniones.;

VI. Organizar y mantener actualizado el archivo y la información de la comisión;

VII. Coadyuvar con el presidente, para dar seguimiento al trabajo de los asesores y del personal de apoyo;

VIII. Fungir como enlace con las áreas administrativas de ambas Cámaras; asimismo con los titulares de las Bibliotecas del Sistema;

IX. Difundir las actividades de la comisión, a través de los medios de comunicación de ambas Cámaras;

X. Elaborar la memoria de labores y el acta de entrega a la presidencia entrante, de los asuntos que hayan sido turnados a la comisión junto con la documentación de referencia:

c) Representante Administrativo:Persona designada por el presidente de la comisión, perteneciente a la Cámara que no tenga en turno la presidencia, quien será el titular de la oficina alterna de seguimiento.

d) Asesores del presidente:Prestadores de servicio profesionales contratados a propuesta del presidente en turno, con la autorización de las áreas administrativas, respectivamente, de ambas Cámaras.

e) Asesores en oficina de seguimiento y enlace:Personal autorizado para dar atención y seguimiento a los asuntos de la comisión en la Cámara que no tenga el turno en la presidencia.

3. Mecanismos de trabajo

La comisión sustenta sus funciones y trabajo con la interpretación de lo establecido en el Marco Jurídico del Congreso, en lo relativo a las comisiones ordinarias; adecuando las funciones de acuerdo a las necesidades, ya que es una Comisión Bicamaral, la cual elabora análisis, informes, opiniones de los asuntos que se le turnen. De igual manera que una comisión ordinaria se ejercen facultades de información, control y evaluación que le corresponda con base a su denominación, si elaborar dictámenes o iniciativas, sólo propuestas que se turnarán a las comisiones correspondientes.

4. Reuniones de trabajo

a) Reuniones ordinarias: Se realizarán cuatro durante la vigencia de cada presidencia en turno, con previa convocatoria la cual deberá ser emitida por lo menos con cinco días de anticipación, acompañándose del orden del día y, en su caso, de los documentos motivo del análisis o propuestas a discutirse en la reunión.

El lugar para llevarlas a cabo será preferentemente en la sede de la Cámara que tenga la presidencia, sin que esto sea obstáculo para que se realice en la otra Cámara.

Los acuerdos tomados respetarán el consenso y, en su defecto, se adoptarán por mayoría de votos de los integrantes presentes. En caso de empate, la presidencia tendrá el voto de calidad;

b) Reuniones extraordinarias: Podrán convocarlas el presidente o a solicitud firmada de la mayoría de los integrantes de la comisión.

Una vez instalada la comisión o rotada la presidencia en las Cámaras, se reúne para que la Junta Directiva informe, en su caso, de los asuntos pendientes de la legislatura anterior o de la presidencia anterior, según sea el caso.

Cualquier senador o diputado puede asistir, con voz pero sin voto, aun sin ser parte de la comisión.

Las reuniones serán de carácter público o privado y podrán transmitirse por el Canal del Congreso de acuerdo a su programación.

Las actas de las reuniones deberán contener el nombre de quien haya presidido, de los secretarios y demás integrantes; la relación de los senadores y diputados presentes y, en su caso, de invitados; la hora de inicio de conclusión; la síntesis de los asuntos y tratados conforme al orden del día, con referencia a los resultados de las votaciones y los acuerdos adoptados.

La asistencia a las reuniones se acredita por integrantes presentes, mediante su registro y firma.

Se considera inasistencia a una reunión cuando en senador o diputado, no registra asistencia.

La inasistencia deberá justificarse, mediante oficio ante el presidente de la Junta Directiva en forma previa o dentro de los cinco días hábiles posteriores a la reunión convocada.

El desarrollo de las reuniones se tratará de acuerdo al siguiente orden:

• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;

• Aprobación del acta de la reunión anterior;

• Asuntos a tratar ya sean de carácter informativo o deliberativo para votación;

• Proyectos de oficio, comunicaciones y acuerdos;

• Oficios;

• Informes;

• Avisos;

• Asuntos generales, solo en caso de ser reunión ordinaria.

5. Atribuciones de la comisión

a) Aprobar el programa de trabajo de la comisión;

b) Dictar las políticas para el funcionamiento del sistema, así como vigilar los trabajos para lograr su objetivo.

c) Coordinar, dirigir y supervisar todas las actividades encaminadas al cumplimiento del objeto del sistema;

d) Proponer, evaluar y aprobar proyectos con relación al sistema;

e) Realizar foros de consulta;

f) Vigilar el correcto funcionamiento del depósito legal, así como mantenerlo vigente y actualizado.

h) Analizar y aprobar los convenios de colaboración con organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeros, con acuerdos de las Mesas Directivas de ambas Cámaras;

i) Recibir, analizar y orientar las quejas, observaciones y solicitudes que se presenten sobre el funcionamiento del sistema;

j) Vigilar las funciones administrativas de las bibliotecas que integran el sistema, para así apoyar a su mejor funcionamiento;

k) Establecer mecanismos de colaboración con los titulares de las bibliotecas;

l) Analizar, evaluar y proponer sobre temas de interés en relación a las bibliotecas;

m) Evaluar y proponer mejoras en la legislación relativa a la comisión;

n) Ser enlace entre las Cámaras y las bibliotecas;

o) El cumplimiento de las atribuciones de la comisión se sujetan a los procedimientos establecidos en la Constitución, la ley y los reglamentos de las Cámaras, respectivamente;

p) Las demás que sean acordadas por sus integrantes.

6. Oficina Alterna de Seguimiento

La Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, alterna su presidencia cada doce meses entre ambas Cámaras, por lo que a la Cámara a la que corresponda el turno de la presidencia, garantizará que ésta cuente con una oficina para ejercer las funciones que tiene asignadas, así como los apoyos de recursos humanos y presupuestales necesarios.

La Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, alterna su presidencia cada doce meses entre ambas Cámaras, por lo que a la Cámara a la que corresponda el turno de la presidencia, garantizará que ésta cuente con una oficina para ejercer las funciones que tiene asignadas, así como los apoyos de recursos humanos y presupuestales necesarios.

Deberá garantizar el espacio de trabajo, los recursos presupuestales ordinarios y el personal administrativo básico para que los legisladores en la Cámara que es su ámbito de acción, de manera que en conjunto se cumplan con tareas de forma simultánea y continúa en ambas Cámaras.

En las oficinas alternas, los legisladores solicitaron a sus órganos de gobierno correspondientes los asesores necesarios para ejecutar el plan de trabajo y los acuerdos de la Comisión Bicamaral, procurando que nunca sean menos de dos asesores contratados.

7. Presupuesto y financiamiento

El presupuesto se integra por los recursos e ingresos percibidos a través de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Los ingresos se integran con:

a) Las aportaciones que realice el Congreso, a través de cada Cámara por partes iguales, conforme al presupuesto asignado y de conformidad con la normatividad;

b) La comisión podrá gestionar, ante los órganos competentes de ambas Cámaras, recursos extraordinarios para el desarrollo de proyectos específicos de la comisión, debiendo ofrecer el debido sustento.

c) Los legisladores de cada Cámara, comprobarán ante sus órganos de gobierno correspondientes el ejercicio transparente de los recursos que les hayan asignado.

Transitorio

Único. Los presentes lineamientos de trabajo entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2014.— Senadores: Adolfo Romero Lainas, presidente; Braulio Manuel Fernández Aguirre (rúbricas). Diputados: Heriberto Galindo Quiñones, Fernando Rodríguez Doval, secretarios; Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado, comuníquese.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 36, fracciones V y XX, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Dictamen a la propuesta de

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 25; así como los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia de la propuesta de iniciativa en comento para los efectos reglamentarios y legislativos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 30 de octubre de 2014.— Diputado Alejandro Rafael Piña Medina (rúbrica), vicepresidente.»

«Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el fondo de capitalidad para el Distrito Federal

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la VI Legislatura.— Presente

Preámbulo

A las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda, les fue turnada para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa:

1. Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el fondo de capitalidad para el Distrito Federal, presentada por los diputados Esthela Damián Peralta, Efraín Morales López y Daniel Ordóñez Hernández, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10, fracción I, 60, fracción II, 62, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para conocer la iniciativa en materia del presente dictamen.

En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 32 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las diputadas y los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras, se reunieron con fecha 28 de octubre del año en curso, para dictaminar la iniciativa de referencia, con el fin de someterla a consideración del pleno de esta honorable Asamblea Legislativa, bajo los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 21 de octubre de 2014, la diputada Esthela Damián Peralta, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, presentó en nombre propio y de los diputados Efraín Morales López y Daniel Ordóñez Hernández, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el fondo de capitalidad para el Distrito Federal.

II. Con fecha 24 de octubre de 2014, la iniciativa de mérito misma fue turnada mediante oficio número MDPPTA/ CSP/598/2014 para su análisis y dictamen.

Contenido del asunto a dictaminar

Estas comisiones unidas se avocaron al examen de la iniciativa en comento, que se transcribe íntegramente a continuación:

Exposición de Motivos

Desde que en 1980 se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el Distrito Federal ha sido subsidiario de los estados más pobres del país, pues aporta más de lo que recibe y, en cambio, eroga recursos muy por encima de otras entidades.

El Distrito Federal es la entidad que más contribuye al producto interno bruto, PIB, nacional: históricamente más de 20 por ciento del total, equivalente a lo que generan juntos los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Durango, Aguascalientes, Morelos, Zacatecas, Baja California Sur, Colima, Nayarit y Tlaxcala. Es la entidad con la mayor proporción de ingresos propios en el país, prácticamente la mitad de sus recursos se deben a recaudación propia, por lo que es la entidad menos dependiente de la federación.

La presente iniciativa está motivada en que, en términos de asignación de recursos, el Distrito Federal sufre año con año de una pérdida presupuestaria.

El Distrito Federal. es el espacio público de convivencia de los tres Poderes de la Unión y con mayor tradición histórica dentro de la vida pública de México, concentra más de 164 embajadas y residencias diplomáticas; más de 100 inmuebles pertenecientes a la administración pública, 80 edificios de entidades paraestatales y organismos descentralizados de la administración pública federal; así como los comités ejecutivos nacionales de todos los partidos políticos, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, entre otros. Lo anterior significa para el DF una erogación de alrededor de 12 mil millones de pesos anuales, de este costo, casi una cuarta parte, es decir entre dos y tres mil millones de pesos, corresponde al predial que no pagan estas instancias, pues son beneficiadas con una exención constitucional.

Adicionalmente, hay que mencionar los costos operativos adicionales que genera a la administración de servicios en la ciudad la “población flotante” que diariamente se mueve en la capital del país, ya que millones de mexicanos de todas partes tienen empleo, comercio, estudios, esparcimiento, atención médica, etc., precisamente en este espacio geográfico.

Sí bien los montos asignados por concepto de transferencias federales son significativos, hay que tener en cuenta que para la población objeto de los servicios que se prestan en el D.F aún son marginales para atender con calidad y suficiencia las necesidades de los capitalinos, los cuales muchas veces padecen un fenómeno de exclusión de servicios precisamente por esta población flotante.

Las finanzas públicas de la capital del país tienen importantes presiones y para afrontarlas es necesario llegar a un punto de equilibrio entre el número de beneficiarios de los servicios públicos, las políticas públicas y los costos económicos que realmente se erogan para hacerlos llegar a su población objetivo.

Aunado a lo anterior, el círculo presupuestal del DF tiene importantes distorsiones provocadas, por su particular estatus jurídico, el cual no es el de una entidad federativa. Sin embargo, la ciudad es el referente nacional en cuanto a calidad de vida por acceso, promoción y protección de derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional como son: salud, educación, cultura, entretenimiento y libertad.

Adicionalmente cabe destacar que es el Distrito Federal la entidad que más contribuye al PIB nacional: históricamente con más del 20 por ciento del total. Además, es la entidad con la mayor proporción de ingresos propios en el país, prácticamente la mitad de sus recursos se deben a recaudación propia, es la Entidad menos dependiente de la Federación.

El Presupuesto de Egresos de la Federación enviado por el Ejecutivo federal es aprobado cada año por la Cámara de Diputados, dicho presupuesto se encuentra normado entre otros ordenamientos, por la Ley de Coordinación Fiscal, norma que determina la conformación de determinados Fondos de Aportaciones, que son los vehículos mediante los cuales la Federación orienta recursos económicos a las entidades.

Pese a todo el esfuerzo que realiza la administración del Distrito Federal para ser la entidad número uno en recaudación no recibe un estímulo, sino al contrario, es castigada ya que de las participaciones que le corresponden del total recaudado por impuestos federales como ISR e IVA, recibe únicamente doce centavos aproximadamente por cada peso recaudado, en contraste con otras entidades que reciben más recursos aun cuando no cuentan con los programas sociales que el gobierno del Distrito Federal aplica en beneficio de sus habitantes.

A pesar de destacar en la instrumentación de medidas de eficiencia recaudatoria, de ser pionero en el diseño y puesta en práctica de mecanismos y sistemas modernos de recaudación y control de su padrón de contribuyentes, ha sido excluido en la asignación de diversos fondos de recursos federales, por el hecho de no ser considerado una entidad federativa, tal es el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM, en cuanto a recursos para la infraestructura de educación básica.

El esquema de compensación de los costos de capitalidad planteado es utilizado de forma efectiva en varios países. Los casos más conocidos son quizás los de España, pero ciudades como Berlín, París, Brasilia e incluso Washington en Estados Unidos aplican algún tipo de compensación para retribuir a sus ciudades capitales los gastos operativos en los que incurren, generando corresponsabilidad entre gobierno federal y gobierno local.

El costo de capitalidad, incrementa la inequidad presupuestal que ha venido sufriendo el Distrito Federal, ya que no solo no tiene un ingreso que lo compense, sino que ha sufrido disminuciones en su presupuesto por el cambio de fórmula para la distribución de las participaciones federales desde 2008, fórmula que no considera a la población flotante y le ha generado pérdidas al Distrito Federal de 2008 a 2012 del orden de 11 mil 500 millones de pesos y que para el 2013 se estimó en 3 mil 500 millones de pesos la pérdida.

Con esto se garantizan más servicios y mejor calidad de vida, además de derechos plenos a los ciudadanos del Distrito Federal, los cuales muchas veces padecen un fenómeno de exclusión de servicios precisamente por esta importante población flotante.

A su vez, a la población flotante se le estaría dando la seguridad de disfrutar de estos mismos servicios con mayor efectividad, calidad y suficiencia.

Es importante mencionar que en el ejercicio fiscal 2014 se reconoció el concepto de “Capitalidad” al Distrito Federal y se le otorgaron 3,000 millones de pesos para compensar gastos que se generan por ser la capital del país, mismos que fueron insuficientes, además de que al no estar establecido este fondo en la Ley de Coordinación Fiscal, lo sujeta a una negociación anual que no genera certidumbre jurídica y presupuestal al Distrito Federal.

Aunado a lo anterior, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 (PEF de 2015), considera un monto total de 2 mil millones de pesos por concepto de “Fondo de Capitalidad”, es decir, mil millones menos que el considerado para el ejercicio de 2014, lo que sin duda impactará en la calidad de los servicios que gozan los que habitan o transitan por el Distrito Federal y que se desarrollaron con cargo a los recursos de dicho fondo.

El objetivo es resolver la creciente necesidad que tiene el Distrito Federal en materia de suficiencia presupuestaría, a través de la creación de un Fondo para la Capitalidad dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo General 33, con el objetivo de continuar, potenciar y mantener políticas públicas, subsidios y programas dentro de la ciudad en que residen los poderes de la unión con los beneficios que ya reciben en materia de contribuciones e infraestructura de, servicios, sin discriminar a una población flotante en la Ciudad de México cercana a los cinco millones de personas y que generan importantes presiones financieras.

Así también que apoye a resarcir los costos que generan a la ciudad, las marchas y plantones que por ser sede de los poderes federales asentados en esta capital, se realizan en al Distrito Federal desde los diferentes estados y municipios de la República.

La ciudad requiere de un apoyo extraordinario y permanente que le permita seguir atendiendo la creciente demanda social que como capital del país recibe

Esta iniciativa propone que se cree a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 el “Fondo para la Capitalidad” como un fondo adicional integrante del Ramo General 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, a efecto de resarcir, en un acto de justicia, al Distrito Federal los importantes costos de capitalidad expuestos con anterioridad, generados por la oferta de bienes y servicios de los que no sólo se benefician sus residentes, sino los ciudadanos de otros municipios y entidades federativas que los consumen y disfrutan sin que contribuyan a su financiamiento.

De frente al tratamiento desventajoso de la Ley de Coordinación Fiscal, y en general del actual esquema de gasto descentralizado para el Distrito Federal, es preciso plantear las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el carácter jurídico de la Ciudad de México, como sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, lo que le da la característica de capital de nuestro país.

Segunda. Que esta característica conlleva costos adicionales que no tienen otra entidades federativas y que son aquellos que se generan cuando una ciudad cent ofrece bienes y servicios públicos de los que no solo se benefician sus residente , sino que como consecuencia de múltiples factores, también los ciudadanos e otros estados y municipios, (población flotante) que los consumen sin contribuir a su financiamiento, como son salud, trasporte, seguridad, tráfico, infraestructura física, electricidad, medio ambiente, etcétera y que se estima en más de cinco millones de personas.

Tercera. Aunado a los anteriores considerandos, preexisten las razones jurídicas que frecuentemente se invocan en materia de federalismo y que encuentran su mejor camino de concreción en esta propuesta de un nuevo Fondo para la Capitalidad y que son las siguientes: un arreglo de orden federal donde tanto estados como federación tienen competencias diferenciadas, pero armónicas, con base en el texto constitucional; situación que se observa actualmente; la sede de los poderes federales no necesariamente sitúa a la federación en un espacio determinado consistente en edificios, monumentos o funcionarios, esto es relevante porque permite separar el espacio público de la sede federal lo que evidencia que no se pueden soslayar las necesidades presupuestales de ese territorio con independencia de los ingresos federales. El arreglo federal requiere corresponsabilidad y sensibilidad a las presiones presupuestales del espacio en donde se asientan estas instituciones del estado mexicano, una vez más este Fondo parece ser una solución armónica y no gravosa en términos de modificación normativa.

Cuarta. Que es necesario regular situaciones, circunstancias o hechos que de facto ya suceden o que puede preverse que acontecerán en un futuro inmediato como consecuencia de un riesgo sistémico por colapso financiero, lo cual implicaría un menoscabo para el patrimonio público federal radicado en el Distrito Federal. Como ejemplo de lo anterior, se encuentra la tarifa del Metro, organismo que para garantizar que siga manteniendo la atención a los millones de usuarios que diariamente se benefician de él, ha tenido que estar generando para el gobierno del Distrito Federal un déficit de operación de más de 6 mil millones de pesos al año, costo absorbido por el presupuesto del Distrito Federal, ya que el precio del boleto del metro se encuentra subsidiado para todos los usuarios, sean población local o flotante.

Lo que hace necesario conciliar en el fuero local políticas públicas coordinadas pero diferenciadas como el caso de las autonomías del modelo español que efectivamente estimulen el desarrollo regional y que apuntalen el crecimiento total nacional, mantener pues un subsidio al Metro es una cuestión de verdadera inversión pública con un valor de retorno inmediato en la cadena económica y que como único esquema alternativo de inversión estaría comprometiendo parte de este Fondo para la Capitalidad.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 25; así como los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal para Quedar como sigue.

Artículo 25. ...

I. a VIII. ...

IX. Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal

Artículo 47 Bis. El Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.65 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2 de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio correspondiente. Este fondo se enterará mensualmente, en los primeros 10 meses del año por partes iguales al Distrito Federal, por conducto de la federación de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 47 Ter de esta ley.

Artículo 47 Ter. Las aportaciones federales que por concepto de Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal reciba el Distrito Federal se destinará principalmente a la recuperación de los costos que por concepto de capital del país eroga el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, por los servicios que presta a la población flotante proveniente del resto de las entidades federativas que diariamente transita en el Distrito Federal, como son:

a) Servicios de transporte público;

b) Seguridad pública;

c) Mantenimiento de carpeta asfáltica;

d) Agua potable;

e) Drenaje; y

f) El resto de servicios relativos que se prestan a la población flotante.

Transitorios

Primero.El Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal será incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la Cámara de Diputados cada año y se incluirá dentro del Ramo General 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

Segundo.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Una analizada la iniciativa de mérito, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas, procedieron a su estudio, producto de lo cual se emiten los siguientes:

Considerandos

Primero. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda son competentes para dictaminar la iniciativa de referencia, toda vez que la materia de la misma corresponde a los dispuesto por el artículo 62, fracción XXVI, de la Ley Orgánica; 28, 29, 32, 33 y 36, del Reglamento para el Gobierno; 50 a 63 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Segundo. Que de la revisión del marco jurídico que rige el trabajo de esta Soberanía, se ha encontrado que esta Asamblea Legislativa posee el derecho de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, toda vez que el Artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso o) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra prescribe:

Artículo 122. ...

...

A. y B. ...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

I. a IV. ...

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) a ñ)...

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión;

p) y q)...

...

De lo anterior se desprende que la iniciativa de mérito cumple con los extremos legales necesarios para poder ser dictaminada por esta Asamblea, observando que únicamente se debe hacerlo en términos de su procedencia a efecto de ser turnada al Congreso de la Unión, para que éste sea quien en última instancia decida su aprobación o la deseche.

TERCERO.- Que por lo que hace al contenido de la iniciativa, las y los integrantes de estas dictaminadoras, coinciden plenamente con el espíritu de los promoventes, en el sentido de que el Distrito Federal sufre de importantes presiones presupuestales dado su carácter de Capital de la república mexicana.

CUARTO.- Que lo anterior genera costos operativos adicionales debido a la oferta de servicios en la ciudad para la “población flotante”, entendida como el contingente demográfico compuesto por aquellas personas que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de la comunidad, residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico comunitario, en este caso, la Ciudad de México.

QUINTO.- Que en efecto, el presupuesto del D.F. tiene importantes distorsiones provocadas por su particular estatus jurídico, el cual no es el de una entidad federativa, lo cual implica que no pueda acceder a algunas transferencias federales que se encuentran reservadas a los Estados integrantes dela República, tal es el caso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en cuanto a recurso para la infraestructura de educación básica.

SEXTO.- Que a pesar de ser la entidad de la república que más aporta al PIB nacional (alrededor del 20% del total) y pese al esfuerzo que realiza la administración del Gobierno del Distrito Federal para ser la entidad número uno en  recaudación y destacar en la instrumentación de medidas de eficiencia recaudatoria, siendo pionero en el diseño y puesta en práctica de mecanismos y sistemas modernos de recaudación y control de su padrón de contribuyentes, no recibe estímulo alguno, sino que del total de recursos recaudados por concepto de impuestos federales como ISR e IVA , recibe únicamente doce centavos aproximadamente por cada peso recaudado.

SÉPTIMO.- Que del análisis comparativo realizado por estas dictaminadoras se encontró que, en efecto, el esquema de compensación de los Costos de Capitalidad planteado por la iniciativa en dictamen es utilizado de forma efectiva en otros países, por ejemplo, Berlín, París, Brasilia e incluso Washington en los Estados Unidos.

OCTAVO.- Que en el ejercicio fiscal 2014 se reconoció el concepto de “Capitalidad” al Distrito Federal y se le otorgaron 3,000 millones de pesos para compensar gastos que se generan por ser la capital del país.

NOVENO.- Que de la revisión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 (PPEF 2015), se encontró que considera un monto total de 2,000 millones de pesos por concepto de “Capitalidad”, es decir, 1,000 millones menos que el considerado para el ejercicio 2014. En este sentido existe un amplia coincidencia en que esta merma de recursos impactará en la calidad de los servicios que gozan los ciudadanos que habitan y/o transitan por el territorio del Distrito Federal.

DÉCIMO.- Que a pesar de lo anterior, lo promoventes poseen razón en cuanto al argumento vertido en el sentido de al no estar establecido el concepto de “Capitalidad” en la Ley de Coordinación Fiscal, lo sujeta a una negociación anual que no genera certidumbre jurídica y presupuestal al Distrito Federal.

Undécimo. Que la nomenclatura planteada para la iniciativa respecto al término “reforman diversas disposiciones” no se considera correcta en términos de técnica legislativa, por lo que estas dictaminadoras consideran conveniente, modificarla a efecto de que su turno al Congreso de la Unión contenga una propuesta técnicamente correcta. En este sentido, la nomenclatura correcta para la iniciativa objeto del presente dictamen es:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal

Por lo expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda consideran que es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal, por lo que someten a consideración del pleno de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente:

Dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de crear el fondo de capitalidad para el Distrito Federal

Primero. Se adiciona una fracción IX al artículo 25; así como los artículos 47 Bis y 47 Ter a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VIII. ...

IX. Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal.

...

...

Artículo 47 Bis. El Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.65 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2 de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio correspondiente. Este fondo se enterará mensualmente, en los primeros 10 meses del año por partes iguales al Distrito Federal, por conducto de la federación de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 47 Ter de esta ley.

Artículo 47 Ter. Las aportaciones federales que por concepto de Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal reciba el Distrito Federal se destinará principalmente a la recuperación de los costos que por concepto de capital del país eroga el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, por los servicios que presta a la población flotante proveniente del resto de las entidades federativas que diariamente transita en el Distrito Federal, como son:

a) Servicios de transporte público;

b) Seguridad pública;

c) Mantenimiento de carpeta asfáltica;

d) Agua potable;

e) Drenaje; y

f) El resto de servicios relativos que se prestan a la población flotante.

Transitorios

Primero. El Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal será incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la Cámara de Diputados cada año y se incluirá dentro del Ramo General 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Túrnese a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su análisis y dictamen correspondiente.

Notas:

1 Contingente demográfico compuesto por aquellas personas que, aun no estando oficialmente inscritas en el censo de población de la comunidad, residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico comunitario, en este caso, la Ciudad de México.

2 Capitalidad es la cualidad de ser una población cabeza o capital de provincia, región o estado.

3 El subrayado es nuestro.

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda en su sesión del lunes 27 de octubre de 2014.— Diputados de la ALDF: Esthela Damián Peralta (rúbrica), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica), presidente de la Comisión de Hacienda; Vidal Llerenas Morales (rúbrica), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y secretario de la Comisión de Hacienda; María Angelina Hernández Solís (rúbrica), vicepresidenta de la Comisión de Hacienda; Lucila Estela Hernández, secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Jaime Alberto Ochoa Amoros, José Fernando Mercado Guaida, Isabel Priscila Vera Hernández, Andrés Sánchez Miranda (rúbrica), Cipactli Dinorah Pizano Osorio (rúbrica), Christian Von Roerich (rúbrica), Agustín Torres Pérez (rúbrica), Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica), Carmen Antuna Cruz (rúbrica), Víctor Hugo Lobo Román (rúbrica), Manuel Granados Covarrubias (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY DEL SISTEMA DE HORARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo.— Congreso del Estado de Quintana Roo.— LIV Legislatura.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El suscrito, diputado Pedro José Flota Alcocer, presidente de la Mesa Directiva del segundo mes del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional de la honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en cumplimiento a la encomienda de la soberanía popular que represento y con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción III del artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la fracción III del artículo 16, y 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de ese honorable pleno deliberativo, la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 2 y las fracciones I y IV, recorriéndose en su orden y contenido la subsecuente del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El huso horario indica la contabilidad del tiempo en alguna zona geográfica. En nuestro país en la actualidad existen tres zonas horarias, las cuales son, las pertenecientes a la Zona Centro, Zona Pacífico y Zona Noroeste.

La Zona Centro: Referida al meridiano 90° al oeste de Greenwich comprendiendo la mayor parte del territorio nacional.

La Zona Pacífico: Referida al meridiano 105° Oeste y que comprende los territorios de los Estados de Baja California Sur; Chihuahua; Nayarit, con excepción del Municipio de Bahía de Banderas; Sinaloa y Sonora.

La Zona Noroeste: Referida al meridiano 120° Oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja California.

Al respecto, es importante mencionar que el establecimiento de zonas horarias en distintos meridianos se basa en la posición geográfica de los Estados, lo que de acuerdo a las características propias de un lugar permite un mayor intercambio comercial con las fronteras, el aprovechamiento de la luz solar y los beneficios económicos que pudieran generarse en las actividades comerciales, productivas y turísticas, así como el ahorro de energía eléctrica.

Nuestra entidad se ubica en la porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por una línea divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de Yucatán, sigue el meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich, hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto, llega después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche -cerca de Put- que se localiza en el meridiano 19 grados, 39 minutos, 07 segundos de latitud norte y 89 grados, 24 minutos, 52 segundos de longitud oeste de Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala, y las islas de Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y Contoy, situadas en el Mar Caribe y la de Holbox en el Golfo de México, así como las islas, islotes, cayos y arrecifes adyacentes a su litoral.

Esta entidad federativa se encuentra dividida administrativamente en diez municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum y Bacalar. Destacan en la entidad actividades económicas vinculadas al turismo, tales como comercio, servicios, manufactura, agronegocios, forestal, pesca, acuacultura y artesanías.

Por la ubicación de nuestro estado, se estima que éste se vería mayormente beneficiado al establecerse dentro de una nueva zona horaria, con el fin de que esté en condiciones de obtener una mayor competitividad en materia turística y comercial, y es que actualmente el Estado continúa ubicado en el régimen del meridiano 90° que es el que rige a la mayor parte del país, esto, pese a que Cancún se ubica en el paralelo 75°, quitando así dos horas de sol diariamente, argumento sólido que hace factible nuestra propuesta.

Lo anterior es de suma importancia ya que dentro del proceso de globalización económica, el turismo es una de las mayores industrias a nivel mundial; sin duda una parte de las fuerzas macroeconómicas de la globalización. En este sentido, Quintana Roo más conocido como el Caribe Mexicano, se concentra en una sola región, se trata de la Zona Norte integrada por los Municipios de Isla Mujeres, Tulum, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel que albergan destinos turísticos como Holbox, Cancún, y la Riviera maya, entre otros. Al establecerse Quintana Roo dentro de una zona horaria distinta a aquella en la que se encuentra comprendida, con el cambio de meridiano obtendría beneficios similares a otros destinos del Caribe, como Puerto Rico, Bahamas, Jamaica, Cuba, además países centroamericanos y países sudamericanos, de esta manera nuestra entidad operaría con mejores tiempos de interconexión por manejo del mismo horario con aeropuertos canadienses y estadounidenses, los cuales en suma representan a los torrentes de mayor afluencia del mercado turístico en nuestra entidad federativa. Entonces, resulta de gran importancia estimar que la homologación del huso horario con el de la costa este de los Estados Unidos incrementaría la generación de divisas hasta en un 10 por ciento, la captación de turismo, la competitividad con destinos turísticos del Caribe y, definitivamente la probabilidad de abrir nuevas rutas aéreas; asimismo, facilitaría la llegada de viajeros de Miami, Atlanta, las Carolinas, Chicago y Nueva York, que representan un 50 por ciento del total del arribo de turistas a Quintana Roo.

Ante lo señalado, Quintana Roo tiene un producto interno bruto de 15,844 millones de dólares, lo que presenta un Producto Interno Bruto Estatal per cápita de 11,900 dólares (1.24 veces el promedio nacional) que lo coloca en el quinto lugar nacional.

En el mismo sentido, es la segunda entidad federativa con mayor crecimiento económico del país, cabe recalcar que al cierre de 2013, según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, obtuvo un crecimiento del 4.7 por ciento de su Producto Interno Bruto, por arriba de la media nacional.

En 2013 alcanzamos cifras récord en afluencia turística, ocupación hotelera y derrama económica. Se recibieron 13 millones 546 mil 673 visitantes, que generaron una derrama económica de 105 mil 237 millones 844 mil 800 pesos.

En 2013 la oferta hotelera de Quintana Roo fue de 86 mil 949 habitaciones, el sector hotelero creció 1.2 por ciento respecto a 2012. La infraestructura nos permite captar el 41.49 por ciento de las divisas turísticas que ingresan al país y que representan una derrama económica de 74 mil 125 millones 519 mil pesos. La Riviera Maya y Cancún ofertan 76 mil 588 habitaciones hoteleras.

En aras de lo anterior, Quintana Roo se mantiene como el principal destino nacional en arribo de cruceros. En 2013 arribaron a nuestros puertos 1 mil 129 cruceros con 3 millones 409 mil 847 pasajeros 4.11 por ciento más que en 2012. De acuerdo con las evaluaciones de satisfacción que realizan la Carnival Cruise Line y Norwegian Cruise Line a sus cruceristas, Cozumel se mantiene en primer lugar como destino preferido en las rutas del Caribe Occidental por la diversificación de servicios para el turismo con opciones de entretenimiento y bellezas naturales que ofrece.

En 2013 el Aeropuerto Internacional de Cancún, en el municipio de Benito Juárez, rompió el récord de operaciones y pasajeros, por segundo año consecutivo, al movilizar 16 millones 700 mil 398 pasajeros. El turismo extranjero fue liderado por el de origen estadounidense de los estados de California, Texas, New York e Illinois a los destinos de Cancún y la Riviera Maya.

En este sentido, nuestra pretensión es crear una zona horaria sureste que comprenda de forma exclusiva al territorio del Estado de Quintana Roo, a fin de que sus características y situación geográfica se encuentren más aprovechadas al homologarse a las de otros países respecto de las diversas actividades que de forma preponderante desarrolla nuestra entidad en materia comercial y turística. Esta reforma sin duda alguna permitirá seguramente un mejor posicionamiento económico de nuestra entidad en relación a las operaciones mercantiles de otros países, permitiendo además el ahorro en el consumo de energía derivado del aprovechamiento de la luz solar; el aprovechamiento de la luz solar es clave para el incremento de actividades comerciales, turísticas y laborales. Con la propuesta legislativa el Estado de Quintana Roo también se obtendrían beneficios económicos, los cuales se traducen en un incremento en la derrama anual estimada de 1,845 millones de pesos anuales adicionales, lo cual representaría un incremento de 3.64%, tomando en cuenta que nuestra entidad en el año 2010 tuvo una derrama de 50.748 millones de pesos.

Por otra parte, los beneficios de la implementación de la zona horaria sureste para el territorio del Estado de Quintana Roo, se darán no solo en el sector económico, particularmente en el plano turístico, sino que también atañen al ámbito social, ya que diferentes sectores de la sociedad, como las niñas, niños y adolescentes; jóvenes; mujeres; adultos mayores y personas con discapacidad se verán favorecidos con estos cambios.

Con esa propuesta los habitantes de Quintana Roo podremos obtener grandes beneficios con el aprovechamiento de la luz natural, ya que las actividades turísticas de la Costa Maya, el campo quintanarroenses y demás actividades realizadas en el norte y sur del estado estarán investidas de esquemas de aprovechamiento laboral y de esparcimiento.

Los efectos positivos en la vida cotidiana se reflejarán en el fortalecimiento de la convivencia familiar, al facilitar que los miembros de las familias puedan, al término de sus actividades ordinarias, convivir con el aprovechamiento de la luz natural, de igual forma incrementará la convivencia social entre los miembros de una comunidad, ya que la interacción de los individuos en los espacios comunes, podrá efectuarse bajo el uso de la luz solar, desarticulando elementos que propician acciones delictivas e incrementan la inseguridad pública.

Desde la Selva depositada en todo el Estado hasta la Costa del Mar Caribe este nuevo huso horario del cual solicitamos su establecimiento, nos mantendrá en una dinámica económica que nos permitirá fortalecer el uso racional de los recursos naturales, la actividad ganadera, cañera, pesca y demás actividades económicas productivas que se realizan en el sur del Estado, lo que con una mejor referencia solar permitirá empezar sus labores con una puesta de sol oportuna y culminar con un día que les hará propicio llegar a casa, acompañados de esa propia luz natural.

A propósito de lo todo lo antes mencionado, es importante manifestar que estamos conscientes de que el Senado de República ha atendido como parte de su labor legislativa, un dictamen relativo a este tema, en el que se enfatizó puntualmente la importancia de que nuestra entidad federativa estuviere comprendida dentro de una nueva zona horaria, la Zona Sureste; sabemos que esa labor se dio en el mes de abril del año 2012, sin embargo, el tema es suma relevancia por lo cual a través de nuestra pretensión se replica esa necesidad debido a que nuestro Estado por sus características y ubicación geográfica extraordinaria interactúa en demasía con nuestro vecino país del Norte compartiendo actividades de gran importancia como la económica, la mercantil y desde luego, la turística.

En ese sentido, es válido mencionar el caso de Baja California, entidad única que se encuentra comprendida dentro de la Zona Noroeste, y cuyo horario se tiene en una forma diferenciada con el resto del país, derivado de la reforma al decreto por el que se establece el horario estacional en México, medida que hoy en día le permite a dicha entidad, disfrutar más de la luz natural y eficientizar el uso de la energía y a su vez, contar con un horario estacional similar al del sur del estado de California, Estados Unidos, lo que le permite en gran medida compartir relaciones comerciales de gran importancia. En ese sentido, esta reforma solicita que Quintana Roo tenga un tratamiento equiparable al de Baja California en razón de nuestra ubicación geográfica, nuestra actividad económica, y desde luego, nuestra interacción con visitantes de la Costa Este de Estados Unidos y de Canadá, y de las relaciones comerciales con esos países.

Por lo antes expuesto, es que nos permitimos proponer el presente acuerdo mediante el cual esta honorable XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo determina en ejercicio de la facultad para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión que nos otorga como soberanía popular, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como un ejercicio de participación democrática en las decisiones de la Federación, es que nos permitimos presentar a la consideración del Congreso General de la Unión, la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforman los artículos 2 y las fracciones I y IV, recorriéndose en su orden y contenido la subsecuente del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 2 y las fracciones I y IV, recorriéndose en su orden y contenido la subsecuente del artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se reconoce para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de los husos horarios 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, aceptando los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que establece el meridiano cero.

Artículo 3. ...

I. Zona Centro: Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III, IV y V de este mismo artículo;

II. ...

III. ...

IV. Zona Sureste: Referida al meridiano 75 grados oeste, el cual comprende el territorio del Estado de Quintana Roo, y

V. Las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional aceptados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil catorce.

Atentamente

Diputado Pedro José Flota Alcocer (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Energía, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 6, inciso b), fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178, del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 28 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«David Monreal Avila, senador de la República de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 8, fracción I, numeral 1, del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La política fiscal económicamente tiene un papel fundamental que se desempeña como un soporte de los esfuerzos por elevar el nivel de vida en un país. Un mayor gasto en infraestructura, educación, salud pública, programas sociales, innovación y apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pyme) puede incrementar el crecimiento de la productividad, lograr un crecimiento más incluyente y reducir la pobreza generalizada.

No obstante lo anterior, se requiere implementar una reforma fiscal de gran calado que mejore la eficiencia y la equidad del gasto público, que hagan la base de ingresos fiscales más amplio y más estable.

Durante el primer año de la presente administración, se anunció una serie de decisiones relacionadas con la responsabilidad fiscal así como medidas de austeridad en materia de gasto público, contemplando una reforma hacendaria eficiente y equitativa como palanca de desarrollo.

Sin embargo, de acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la política de gasto y de manejo del déficit público por parte del gobierno federal ha sido un fracaso, pues ninguna ha contribuido al crecimiento económico.

El gasto público ejercido este año contribuyó en muy poco a acelerar el crecimiento económico o a contrarrestar los efectos negativos de la reforma fiscal.

Ante esta situación se puede afirmar la existencia de dos grandes fracasos de la presente Administración; por una parte la reforma fiscal implementada no era la adecuada, pues consistió esencialmente en un incremento de impuestos en una coyuntura técnicamente recesiva, misma que se prometió cancelar con una expansión del gasto público.

No obstante, los resultados demuestran que no ha habido tal efecto multiplicador del gasto, por el contrario, realmente la eficiencia del gasto público ha ido declinando de forma importante como un factor de crecimiento de la economía. Adicionalmente se ha observado como la política de recurrir a un mayor déficit de casi 40 por ciento del producto interno bruto, tampoco ha dado los resultados esperados.

En el documento Estadísticas tributarías en América Latina 1980-2010, presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2013, si bien se resaltó que la recaudación tributaria en México era la más baja de la OCDE en 2010, se hizo mención del papel dominante de la imposición indirecta como el IVA que, en combinación con el poco peso relativo del impuesto sobre la renta en la recaudación total, contribuyen a una reducida progresividad potencial del sistema tributario.

La estructura impositiva actual de México durante los últimos años es asfixiante para los sectores que menos ingresos perciben, pues los ingresos tributarios del país dependen significativamente de los impuestos indirectos como el IVA, los cuales representaron en 2010 más del 50 por ciento de los ingresos obtenidos por el Estado mexicano para ese año, en comparación con el 33 por ciento en promedio de los países miembros de la OCDE.

Con lo anterior se puede llegar a una primera conclusión, una verdadera reforma fiscal requiere de grabar a quienes mayores ingresos tienen, el nivel reducido de los ingresos tributarios en México durante los últimos años es resultado de una baja recaudación en los principales impuestos al ingreso y al consumo. Por concepto del impuesto sobre la renta (ISR) el país recauda el 5.2 por ciento del PIB, mientras el promedio de los países de la OCDE dicha recaudación es de alrededor de 12 por ciento del PIB.

Por su parte, los ingresos provenientes del impuesto al valor agregado (IVA) son de 3.7 por ciento del PIB en México, mientras que para los principales países de América Latina la recaudación son de 6.5 por ciento del PIB,’ y para los países miembros de la OCDE, en promedio, es de 6.6 por ciento del PIB.

Si bien se sabe que los impuestos al consumo también son necesarios para mejorar el esquema tributario en un país, en el caso de México se deben de considerar otras variables en el momento de ajustar este impuesto, pues si bien lo deseable sería igualar los ingresos al de los países de la OCDE y de los principales de América Latina, las características de generación de empleos, el bajo crecimiento y desarrollo económico de México, no permiten grabar más a los mexicanos, pues sus ingresos reales son insuficientes y les permite llevar una vida en términos generales regular.

La reforma hacendaria contempló entre otras disposiciones, algunas modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, una de ellas fue la aplicación un gravamen de 16 por ciento en alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascota s en el hogar. Mientras que con relación a la Ley del Impuesto sobre la Renta se estableció una tasa máxima de 35 por ciento para quienes cuenten con ingresos superiores a tres millones de pesos anuales.

Lo realmente trascendente de las modificaciones anteriores, tiene que ver con el impacto negativo que representa cada una de ellas, pues mientras el IVA en alimentos para mascotas representa un gasto mayor para las familias mexicanas, traducido en menores ingresos familiares, el ISR empresarial sigue siendo bajo con respecto de lo de otros países de la región, incluso de la OCDE.

El impuesto al alimento para mascotas representa un daño directo a los animales, a las familias mexicanas y al bienestar de la sociedad.

De acuerdo con diversos estudios y estimaciones realizadas por casas encuestadoras y por asociaciones de cuidado de animales, se calcula que en México existen 23 millones de perros y gatos, de los cuales sólo el 30 por ciento cuentan con un hogar, es decir, poco más de 6 millones 900 mil animales. Mientras que el 70 por ciento restante se trata de animales que viven en situación de calle, por pérdida, abandono incluso por haber nacido en esa condición.

Ante esta situación es necesario que las políticas públicas del gobierno federal, se encuentren encaminadas a rescatar, regresar a su hogar, incluso reincorporarlos con una nueva familia, pues de no atenderse esta situación se estaría dando paso que se les asesine, mueran de hambre o sean blanco de abusos.

Las mascotas juegan un papel social que va mucho más allá de ser un artículo de lujo, como lo considera la actual Ley del Impuesto al Valor Agregado, pues de acuerdo con algunos estudios, cuando las personas deciden abrir la puerta de su hogar a un perro, gato u otra mascota, lo hacen con el pleno convencimiento de que serán parte importante de la familia, pues proporcionan apoyo social y emocional a cada uno de los integrantes de la misma.

El punto de inflexión de la reforma hacendaria en alimento para mascotas, radica en el hecho de que 46 por ciento de los hogares que tienen mascota dice comprar comida exclusiva para sus mascotas, por lo que es el grupo al que directamente le afecta el gravamen de 16 por ciento de IVA a los alimentos comercializados.

Sin embargo, la propia Asociación Mexicana de Productores de Alimentos para Mascotas, AC. (AMEPA), en su momento expresó que dicho gravamen tiene poco efecto recaudatorio, pues el grado de participación es menor al 1 por ciento de lo que el gobierno federal pretende recaudar por todo el paquete fiscal de la reforma, y por el contrario, dañaría el ingreso de los hogares y afectaría a la propia industria, los empleos que genera y sus inversiones.

El gobierno federal debe considerar que el alimento procesado para mascotas no es un bien suntuario ni una manifestación de riqueza, pues el 70 por ciento de los mexicanos consideran a su mascota como un miembro más de la familia, es incoherente que se le cobre más impuestos solo por una acción de compañía.

Esta medida recaudatoria discrecional frena el desarrollo de la industria e impacta de manera negativa en la planta productiva nacional, poniendo en riesgo la inversión y la generación de empleos.

Esta industria ya ha observado los efectos negativos de esta medida, pues se ha generado una caída en ventas superiores al 10 por ciento anual, con lo cual las compañías productoras frenaron este año inversiones por un monto de entre 20 y 30 millones de dólares.

De 2009 a 2014 de acuerdo con la AMEPA, todavía se estimaba un crecimiento anual compuesto de 17 por ciento en sus ingresos y 9 por ciento en volumen; no obstante, tras la aplicación del IVA a estos productos, las expectativas para los próximos cinco años se han recortado a la mitad, de acuerdo con cifras de Eromonitor Internacional.

Entre los principales impactos económico-negativos de la población se encuentra, el aumento de precio del producto que afecta cuando menos al 43 por ciento de los hogares con menores ingresos del país. Lo anterior luego de que el 47 por ciento de las ventas totales del alimento para mascotas se llevan a cabo mediante el canal tradicional (tiendita de la esquina), por medio de este canal el consumidor compra el producto aproximadamente dos veces por semana con un gasto promedio de 19 pesos, lo cual confirma que la compra del alimento procesado para mascotas forma parte de la despensa cotidiana para mascotas.

En cuanto al impacto social y afectivo, de acuerdo con diversos estudios e investigaciones, el vínculo entre el ser humano y la mascota satisface una necesidad psicosocial, una mascota proporciona la misma satisfacción sin importar el grupo de edad o nivel socioeconómico del propietario, por lo que la mascota cumple una función social y afectiva reemplazable dentro de la familia, y la alimentación es una parte fundamental para su bienestar, cuidado y longevidad.

Por si fuera poco, se están permitiendo las bases para adquirir un problema aún mayor de salud pública. Existen millones de perros y gatos en situación de calle, lo cual tiene implicaciones preocupantes para la salud, por las heces fecales ‘expuestas al aire, contaminación, problemas de socialización y peligrosidad, entre otros.

Adicionalmente, el IVA en alimentos para mascotas propicia a que más propietarios de mascotas opten por abandonarlas por no contar con ingresos suficientes para mantenerlas, problema que se agudiza exponencialmente.

El incremento en el precio de los alimentos para mascotas trae como consecuencia la elección de otros productos de menor calidad, dando paso a que las mascotas que gozan de buena salud adquieran enfermedades gástricas, alergias, entre otras, cuyo tratamiento requerirá de medicamentos y otros alimentos, incrementando el gasto de la familia.

Al final el gasto será tan grande que la familia optará, probablemente, por abandonar a su mascota en la calle.

Otro aspecto importante a considerar son las protectoras y fundaciones de rescate animal, con la implementación de este impuesto se está poniendo en peligro los animales que se cuidan en estos hogares. El incremento de precios en alimentos afecta la labor de los protectores independientes y de las fundaciones que se encargan del rescate de perros y gatos en situación de calle.

Por mencionar un ejemplo, la asociación Pro Defensa de los Derechos de los Animales, en 2013 invertía 17 mil 980 pesos al mes en la alimentación de 60 animales, actualmente esta cifra se traduce en 20 mil 856 pesos, es decir 3 mil pesos más que el año anterior.

Por lo tanto, para atender a los casi 16 millones de animales en situación de calle, las asociaciones y fundaciones, de intentar atenderlos a todos, requerirían de un monto mensual aproximado de 5 mil millones de pesos tan solo para la alimentación, sin considerar variables como la estética canina, la vacunación, incluso vestido. Con lo anterior se pone en riesgo la labor y operatividad de dichos centros de atención animal.

Ante la ausencia de una política pública que tenga como objeto atender el problema de los animales callejeros, es más que obvio que el gobierno federal se encuentra rebasado por dicha situación, no cuenta con la capacidad ni la con la disponibilidad para apoyar o para llevar a cabo las actividades a las que se dedican tanto albergues como casas de protección de perros y gatos callejeros, sin embargo, es reprobable el hecho de hacerse de ingresos tributarios por concepto de mascotas, sin importar sus efectos negativos sociales, como el incremento de especies en la calle.

La clave de una mayor captación tributaria no se encuentra en crear más impuestos regresivos para las familias mexicanas, sino en impuestos que verdaderamente se apliquen a quienes más ingresos perciben.

En esta reforma se ha dejado de lado la reducción de los niveles de desigualdad mediante reformas tanto del lado de los ingresos como de los gastos, no se ha modificado el sistema de financiamiento de los estados y el federalismo de los estados y el federalismo fiscal.

Adicionalmente, escasas han sido las políticas de mejoramiento en la calidad medioambiental, no se han mejorado los incentivos para que los agentes ocupados en el sector informal operen en la formalidad, y por si fuera poco, el factor de la seguridad pública sigue sin mejorar el clima de negocios en el país.

En el marco de la reforma hacendaria, el gobierno federal, en 2013, implementó el Programa de Aceleración del Crecimiento Económico, cuyo objetivo sería responder al insuficiente desempeño de la economía nacional, durante el primer semestre de ese año, buscando dinamizar el mercado interno y apoyar el empleo.

Los resultados del programa traerían un déficit de 0.4 por ciento del PIB en 2013, para evitar recortes en el gasto público ante la reducción de los ingresos fiscales.

De igual manera, con base en el fortalecimiento de las finanzas públicas, a raíz de esta reforma hacendaria, se propuso un déficit de 1.5 por ciento en 2014, a fin de estimular decididamente la economía.

Los resultados tanto de la implementación de la reforma hacendaria como del programa de aceleración son empobrecedores, pues en promedio de 2013 al segundo trimestre de 2014 el país ha presentado un crecimiento promedio de 1.5 por ciento del PIB, la tasa de desempleo se mantiene sin cambios significativos con un promedio de 5 por ciento y el número de mexicanos en la informalidad ronda los 30 millones de personas, poco más de la mitad de la población económicamente activa, y por si fuera poco más de 50 millones de personas se encuentran en situación de pobreza.

Por ello es necesario que el gobierno federal tome cartas en el asunto, eliminando un impuesto que tributariamente es innecesario pero que está afectando a más de la mitad de los hogares mexicanos.

Una mascota no es un bien de lujo, sino un integrante más de la familia.

Derivado de lo anterior someto a esta Soberanía la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral 6, inciso b), fracción I, del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el fin de contrarrestar los efectos negativos en los ingresos de las familias mexicanas ocasionados por el incremento del IVA en alimentos para mascotas, luego que las mascotas en el hogar no son manifestaciones de riqueza.

Único. Se deroga el numeral 6, inciso b), fracción 1, del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Legislación vigente

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

a)...

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:

1. a 5. ...

6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

Propuesta de modificación  

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos actividades siguientes:

I. La enajenación de:

a)...

b) Medicinas de patente y productos destinados a la alimentación a excepción de:

1. a 5. ...

6. Alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

Notas:

1 Fracasan política fiscal y gasto en México. Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Disponible en línea en http://economía.terra.com.mx/fracasan-politica-fiscal-y-gasto-cide, 2d2f4c961da88410VgnCLD200000blbf46d0 RCRD.html

2 Estadísticas Tributarias en América Latina 1990-2010, México. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2013. Disponible en http://www.oecd.org/ctp/tax-global/Mexico%20country %20note_final.pdf

3 Reforma de la Hacienda Pública, Explicación ampliada de la Reforma Hacendaria, Presidencia de la República. Disponible en línea: http://reformas.gob.mx/wp-content/uploads/2014/06/EXPLICAClON AMPLIADA DE LA REFORMA HACENDARIA. pdf

4 Los efectos del impuesto al alimento para mascotas. 2013. Disponible en línea en: http://www.veoverde.com 2013/10/los-efectos-del-impuesto-al-alimento-para-mascotas/

5 Propuesta de modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Asociación Mexicana de Productores de Alimentos, A.C. (AMEPA). 2013. Disponible en línea en: http:archivos.diputados.gob.mx/Comisiones LXII Hacienda/P/021013/26.pdf

6 Frena inversión por IVA a alimento para mascotas. El Universal. 2013. Disponible en línea: http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/impreso frenan-inversiones-por-iva-a-alimento-para-mascotas-1127 33.html

7 Programa de Aceleración del Crecimiento Económico. Presidencia de la República. 2013. Disponible en línea: http://www.presidencia. gob.mx/programa-de-aceleracion-del-crecimiento-economico/

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de noviembre de 2014.— Senador David Monreal Ávila (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, LEY FEDERAL DE DERECHOS, LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 81, 84, 85, 152, 157, numeral 1, fracción I, 167, numeral 4, 176 y 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de ésta el presente dictamen:

Antecedentes

I. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión en fecha 20 de noviembre de 2007, la diputada María Esperanza Morelos Borja, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura y el Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte, y General de Salud.

II. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

III. En sesión celebrada el 26 de marzo de 2008, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura aprobó el dictamen de la iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de las Leyes de Asistencia Social, de Desarrollo Rural Sustentable, de Fomento para la Lectura y el Libro, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, General de Cultura Física y Deporte, y General de Salud.

IV. En fecha 10 de abril de 2008, el dictamen de mérito fue presentado de primera lectura.

V. En sesión celebrada el 17 de abril de 2008, el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura aprobó el dictamen al proyecto de decreto por 267 votos y pasó a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. En fecha 21 de abril de 2008, la minuta fue recibida en la Cámara de Senadores de la LX Legislatura y en la misma fecha turnada directamente a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos.

VII. En fecha 22 de agosto de 2013, las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos aprobaron en sentido positivo con modificaciones la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud.

VIII. En fecha 5 de septiembre de 2013, el dictamen de mérito fue presentado de primera lectura ante el pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

IX. En sesión celebrada el 10 de septiembre de 2013, el pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura aprobó el dictamen al proyecto de decreto por 90 votos y pasó a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IX. En fecha 12 de septiembre de 2013, la minuta fue recibida en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura y en la misma fecha fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio, discusión y aprobación correspondiente.

Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXII Legislatura procedió al análisis de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud, la cual se elaboró en sentido positivo con modificaciones.

Contenido de la minuta

La minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud, devuelta del Senado de la República para los efectos del artículo 72 fracción e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura en sesión de 17 de abril de 2008.

El proyecto de decreto de la minuta devuelta por el Senado fue elaborado y aprobado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores. El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la minuta referida en sesión de fecha 10 de septiembre de 2013.

Las comisiones unidas consideran que la minuta tiene como objeto armonizar la legislación federal con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Ley General de las Personas con Discapacidad, en lo concerniente a eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos o erróneos para referirse a ellas, adoptando el término de “personas con discapacidad”.

La minuta con proyecto de decreto que se estudia y dictamina establece en el artículo primero reformas de los incisos b) y e) de la fracción I del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social. Sin embargo, estos incisos fueron reformados en los mismos términos el 1 de junio de 2011, por lo que queda sin materia el artículo señalado.

De la misma manera, el artículo tercero de este proyecto de decreto dispone reformar la fracción VIII del artículo 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, la cual fue abrogada el 24 de julio de 2008, mientras que la ley respectiva vigente no contempla la fracción que se propone reformar ni una disposición equivalente que se refiera a las personas con discapacidad, por lo que queda sin materia el artículo mencionado.

Asimismo, el pasado 7 de junio fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Física y Deporte que abroga lo anterior, con lo que la reforma propuesta a esta ley también ha quedado sin materia.

En virtud de los argumentos anteriores, estas comisiones unidas consideran pertinente modificar la minuta en estudio, y dado que los artículos primero, tercero y noveno del proyecto de decreto quedan sin materia, se suprimen de la minuta, recorriendo el orden natural del articulado que conforma dicho proyecto de decreto. Por tanto, estas comisiones unidas aprueban la minuta del proyecto en comento, con las modificaciones señaladas y fundamentadas.

Consideraciones

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables mantiene su opinión favorable respecto a las reformas de diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Impuesto sobre la Renta, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud.

Existe coincidencia y consenso en términos generales con las reformas y adiciones que se pretenden realizar a las diversas leyes en la minuta del Senado de la República, las que resultan ser convenientes, toda vez que su objeto es el de homologar y armonizar nuestra legislación para que esté acorde con las convenciones internacionales y la Carta Magna, para el efecto de que el término de “discapacitados” sea sustituido y modificado por el de “personas con discapacidad”. Sin embargo, esta comisión dictaminadora considera necesario llevar a cabo modificaciones a algunas de las disposiciones que pretenden ser reformadas y adicionadas por la minuta en comento, pues no concuerdan con lo previsto en la propia legislación vigente.

1. Con relación a la reforma de las fracciones X del artículo 15, IV del artículo 154 y al artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, esta comisión considera que es procedente y conveniente eliminar el término de “discapacitados” contenidos en dichas disposiciones, para sustituirlo, homologarlo y armonizarlo por el concepto de “personas con discapacidad”, de conformidad con el artículo 4o., inciso b), de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, ratificado por el Senado de la República el 17 de diciembre de 2007; con el concepto de “las discapacidades” establecida en el último párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con el artículo 2, fracción XXI, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y con los artículos 3o. y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, en los que se emplea el término de “discapacidad”. De igual manera, resulta necesario y conveniente sustituir el término de “personas de la tercera edad” por el de “personas adultas mayores” establecida en la misma fracción X del artículo 15, para el efecto de homologar y armonizar este último término previsto en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 3o., fracción I.

2. En relación con la reforma de la fracción XIII del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, esta comisión considera que no es procedente ni viable, toda vez que no concuerda lo que se pretende reformar con lo previsto en el vigente artículo 40 de dicho ordenamiento jurídico. Es decir, no tiene relación alguna la reforma pretendida con el artículo 40 de la nueva y vigente Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, toda vez que éste establece la deducción de costos de los contribuyentes que celebren contratos de arrendamiento financiero; en cambio, la reforma que se pretende se refiere a los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bienes.

3. En relación con la reforma del inciso c) de la fracción IV del artículo 4 y la fracción III del artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esta comisión considera que es procedente y congruente, toda vez que se armoniza y homologa el término de “personas con discapacidad” con lo determinado en la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

4. Con relación a la reforma de la fracción IV del artículo 142 y 147 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, esta comisión considera lo siguiente: en primer término, en lo relativo a la reforma de la fracción IV del artículo 142 de dicho ordenamiento jurídico, en el sentido de suprimir el requisito señalado para que a los familiares de militares se les pueda otorgar atención médica quirúrgica “siempre que la enfermedad o padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de sus derechos”, se observa que esta reforma crea mucha confusión en relación a las personas que pueden recibir atención médica, toda vez que no concuerda con lo que prevé el artículo vigente, ya que sobre el particular, se realizó una reforma a dicha disposición, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2006, que establecía e incluía el derecho a recibir la atención médica quirúrgica a: “Los hijos discapacitadoso incapacitados para trabajar en forma temporal o total y permanente, y”.

Posteriormente se realizó otra reforma de dicha disposición, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2008, cuyo texto vigente establece que quienes pueden recibir la atención médica quirúrgica son “los hijos incapacitados o imposibilitados para trabajar en forma total y permanente, siempre que la enfermedad o padecimiento sea de origen congénito o se haya contraído dentro del periodo de la vigencia de los derechos”. En virtud de lo anterior, además de actualizarse una grave confusión en relación a las personas que deben recibir la atención médica quirúrgica, hay un desfase total en el objetivo original de lo que desea reformar la propuesta de la presente Minuta, con el mismo texto reformado posteriormente en 2008 y vigente actualmente. Y en segundo término, se considera que esta propuesta de modificación de eliminar el requisito de que el origen de la discapacidad se haya generado dentro del periodo de derechos, en forma indudable va a generar un impacto presupuestario no cuantificable, toda vez que se incrementará el número de personas con derecho a recibir atención médica, cuya discapacidad se haya originado fuera del periodo de derechos y en consecuencia, se verá incrementado el gasto.

Con relación a la reforma del artículo 147 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, esta comisión considera conveniente que se lleve a efecto, ya que es congruente y armónica con los términos antes aludidos establecidos en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

5. En relación con las reformas del cuarto párrafo del artículo 198, el quinto párrafo del artículo 198-A, el cuarto párrafo del artículo 288 y el tercer párrafo del artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, esta comisión considera adecuadas las reformas que se proponen, toda vez que se homologan y armonizan los conceptos de las personas con discapacidad con la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Desarrollo Social y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

6. Con relación a la reforma de la fracción IX del artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, la reforma que se pretende es procedente porque se armoniza y homologan los conceptos sobre “personas con discapacidad” con la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

7. En relación con la reforma del segundo párrafo del artículo 77 Bis 4 de la Ley General de Salud, esta comisión considera conveniente sustituir el término de discapacitados” por el de “personas con discapacidad”, armonizando este ordenamiento con la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Por lo anterior, y una vez analizada la minuta materia de este dictamen, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, Federal de Derechos, General de Asentamientos Humanos, y General de Salud

Artículo Primero. Se reforman las fracciones X del artículo 15 y IV del artículo 154, así como el artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

I. a IX. ...

X. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas de la mujer, los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, personas con discapacidad, personas con enfermedades terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales;

XI. a XIX. ...

Artículo 154. ...

...

I. a III. ...

IV. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y personas con discapacidad, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática, y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas.

V. y VI. ...

Artículo 162. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector rural, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros, adultos mayores y personas con discapacidad, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas, en los términos del programa especial concurrente.

Artículo Segundo. Se reforman el inciso c) de la fracción IV del artículo 4 y la fracción III del artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 4. Se establecen con carácter obligatorio las siguientes prestaciones y servicios:

I. a III. ...

IV. Servicios culturales, consistentes en

a) y b) ...

c) Atención a jubilados, pensionados y personas con discapacidad; y

d) ...

Artículo 198. Para los fines antes enunciados, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras del Fondo de Servicios Sociales y Culturales, ofrecerá los siguientes servicios:

I. y II. ...

III. De atención a jubilados, pensionados y personas con discapacidad;

IV. y V. ...

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 147 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

Artículo 147. Tratándose de menores de edad, personas con discapacidad mental o sensorial, incapacitados y personas adultas mayores con alguna discapacidadmental, sensorial o alguna discapacidad física, no podrá ordenarse la hospitalización sin el consentimiento de los padres o quienes legalmente los representen.

Artículo Cuarto. Se reforman los párrafos cuarto del artículo 198, quinto del artículo 198-A, cuarto del artículo 288 y tercero del artículo 288-A-1 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 198. ...

I. a III. ...

...

...

Estarán exentos del pago de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo los menores de 6 años y las personas con discapacidad.

...

...

Artículo 198-A. ...

I. a III. ...

...

...

...

Estarán exentos del pago de los derechos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo los menores de 6 años y las personas con discapacidad.

...

...

...

...

...

Artículo 288. ...

...

...

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho, los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos, monumentos y zonas arqueológicas los domingos.

...

Artículo 288-A-1. ...

...

No pagarán el derecho a que se refiere este artículo las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para realizar estudios afines a los museos, a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los museos los domingos.

Artículo Quinto. Se reforma la fracción IX del artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 33. ...

I. a VII. ...

VIII. La celebración de convenios entre autoridades y propietarios o la expropiación de sus predios por causa de utilidad pública;

IX. La construcción y adecuación de la infraestructura, el equipamiento y los servicios urbanos para garantizar la seguridad, libre tránsito y accesibilidad requeridas por las personas con discapacidad, estableciendo los procedimientos de consulta a las personas con discapacidad sobre las características técnicas de los proyectos; y

X. ...

Artículo Sexto. Se reforma el segundo párrafo del artículo 77 Bis 4 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 4. ...

I. a IV. ...

Se considerarán integrantes del núcleo familiar a los hijos y adoptados menores de dieciocho años; a los menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguinidad con las personas señaladas en las fracciones I a III que anteceden; y a los ascendientes directos en línea recta de éstos, mayores de sesenta y cuatro años, que habiten en la misma vivienda y dependan económicamente de ellos, además de los hijos que tengan hasta veinticinco años, solteros, que prueben ser estudiantes, o bien, personas con discapacidad dependientes.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de junio de 2014.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), presidenta; Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Elvia María Pérez Escalante (rúbrica), Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas (rúbrica), Genaro Carreño Muro (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), secretarios; José Angelino Caamal Mena, Martha Beatriz Córdova Bernal, Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Roberto López Rosado (rúbrica), Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca, María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 de Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PROTECCION CIVIL

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Protección Civil, con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Protección Civil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Protección Civil, correspondiente a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, 45, numeral 6, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 82, numeral 1, 84, 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente

Dictamen

I. Antecedentes legislativos

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión del 24 de abril del 2014, fue presentada por la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa que reforma los artículos 4, 92 y 94 de la Ley General de Protección Civil, la cual fue turnada a la Comisión de Protección Civil para el análisis y dictamen correspondiente.

2. El 19 de junio del 2014, la Comisión de Protección Civil, aprobó solicitar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados una prórroga al plazo para dictaminar la iniciativa en cuestión, con fundamento en el artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa en cuestión, propone seis modificaciones contenidas dentro de los artículos 4, 92 y 94, así como dentro del título XVIII de la Ley General de Protección Civil (LGPC):

1. Reforma a la fracción II del Art. 4º.Al respecto, la diputada proponente considera que dentro de las prioridades de las políticas públicas en materia de protección civil enumeradas en el artículo 4º, es necesario que la cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil, sea inculcada desde la niñez.

Con este fin propone la siguiente reforma:

Texto original LGPC

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. ...

II. Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;

...

Propuesta de modificación de la iniciativa

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. ...

II. Promoción de una cultura de responsabilidad social relativaa la protección civil dirigida a la población desde la niñez con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;

...

2. Adición de la fracción VIII al artículo 4o. de la LGPC. La proponente considera también que, además de la vulnerabilidad generalizada de la población rural, resultan seriamente afectados los habitantes de las costas y la población dedicada a la acuacultura y a la actividad pesquera, por lo que estos requieren ser precisados en la Ley para fortalecer el compromiso del Estado con ellos, sobre todo en el caso de contingencias.

Con fundamento en lo anterior propone la siguiente adición:

Texto original

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

Propuesta de modificación de la iniciativa

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. La atención prioritaria para la población vulnerable entre esta la rural y la costera;

3. Adición de una fracción IX al artículo 4o.Aunque la exposición de motivos de la iniciativa no abunda respecto a las razones por las cuales se considera necesaria la difusión de la normatividad de protección civil entre la población, se infiere que la proponente considera que con esta medida, se puede ayudar a la prevención de desastres. Por ello, propone añadir lo siguiente:

Texto original LGPC

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

Propuesta de modificación de la iniciativa

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. La difusión de la normatividad en materia de protección civil entre la población

4. Reforma del capítulo XVIII de la LGPC.Dado que en la iniciativa se considera necesario añadir los sectores acuícolas y pesqueros al sector rural mencionado en los artículos 92 y 94, así como atención especial a las zonas costeras, y dado que éstos artículos pertenecen al capítulo XVIII de la LGPC, se propone modificar el nombre del artículo XVIII: “De la atención a la población rural afectada por contingencias climatológicas”, a “De la atención a la población rural y costera afectada por contingencias climatológicas”.

5. Reforma al artículo 92 de la LGPC.Se propone reformar el citado artículo para especificar el apoyo a los productores acuícolas y pesqueros. Lo anterior, según lo establecido en la exposición de motivos de la iniciativa, con base en dos razonamientos:

a. Que el artículo 91 de la LGPC establece de manera textual que: “Es responsabilidad del Gobierno Federal y de las entidades federativas atender los efectos negativos provocados por fenómenos climatológicos extremos en el sector rural, en este sentido, se deberá contar con los mecanismos que permitan atender de manera ágil y oportuna mediante apoyos directos y contratación de seguros catastróficos a los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, de bajos ingresos, afectados por contingencias climatológicas extremas...”.

Por lo tanto, la diputada proponente considera necesario que los artículos 92 y 94 de la LGPC, también mencionen de manera explícita a los productores acuícolas y pesqueros.

b. Que se ha incrementado el crecimiento poblacional en los estados costeros por encima de la media nacional, y que la población que habita cerca de las costas es la más vulnerable a los fenómenos naturales, en particular los pequeños productores dedicados a la acuicultura y la pesca.

Por lo anterior, la iniciativa propone la siguiente reforma:

Texto original LGPC

Artículo 92. Para dar cumplimiento a la responsabilidad del Gobierno Federal de atender a los productores rurales de bajos ingresos afectados por contingencias climatológicas el Ejecutivo federal deberá vigilar, la instrumentación de un programa para la atención de fenómenos naturales perturbadores que afecten los activos productivos de productores rurales de bajos ingresos y su previsión presupuestal según lo establecido en el artículo 4 de esta Ley.

Propuesta de modificación de la iniciativa

Artículo 92. Para dar cumplimiento a la responsabilidad del Gobierno Federal de atender a los productores rurales, acuícolas y pesqueros de bajos ingresos afectados por contingencias climatológicas el Ejecutivo federal deberá vigilar, la instrumentación de un programa para la atención de fenómenos naturales perturbadores que afecten los activos productivos de productores rurales , acuícolas y pequeros de bajos ingresos y su previsión presupuestal según lo establecido en el artículo 4 de esta Ley.

6. Reforma al artículo 94 de la LGPC.Basada en los mismos argumentos que el punto anterior, la iniciativa considera pertinente especificar la creación de una reserva especial no solo para el sector rural en general, sino para el sector acuícola y pesquero, y los habitantes ubicados a no más de 20 kilómetros de las costas del territorio.

Texto original LGPC

Artículo 94. El Gobierno Federal deberá crear una reserva especial para el sector rural con el propósito de proveer de recursos en forma expedita al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, cuando los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación se hubiesen agotado.

Propuesta de modificación de la iniciativa

Artículo 94. El Gobierno Federal deberá crear una reserva especial para el sector rural, acuícola y pesquero así como para los habitantes ubicados a no más de 20 kilómetros de las costas del territorio con el propósito de proveer de recursos en forma expedita al Programa de Atención a Contingencias Climatológicas, cuando los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación se hubiesen agotado.

III. Consideraciones de la comisión

La Comisión de Protección Civil, después de analizar la Iniciativa antes mencionada, ha concluido emitir un dictamen en sentido positivo con modificaciones. A continuación se detallan los argumentos para las modificaciones aprobadas y desechadas en el dictamen respecto las que se proponen en la iniciativa:

Primero. Aprobar con modificaciones, la propuesta de reforma a la fracción II del artículo 4o. de la LGPC.

Esta comisión comparte la preocupación de que la cultura de protección civil sea promovida, con énfasis en hacerlo desde la niñez. Compartimos la visión de la diputada proponente, considerando que de esta manera se puede reforzar la cultura de la prevención a través de la educación oportuna en materia de protección civil.

Sin embargo, consideramos también que lo anterior puede hacerse a través de una redacción más eficiente a la que se propone en la iniciativa, sin modificar el espíritu de la propuesta, modificando la fracción II del artículo 4º de la LGPC para quedar como sigue:

Segundo. Aprobar con modificaciones, la propuesta de adición de una fracción VIII al artículo 4o. de la LGPC.

Detrás de esta propuesta, existe la muy válida preocupación de que las políticas públicas de protección civil, den prioridad a la población vulnerable. De manera general, puede entenderse por población vulnerable, a aquella en condiciones de precariedad económica o que por sus condiciones de vida – ubicación geográfica, condiciones de vivienda - se encuentra en un mayor riesgo que el promedio de la población.

La Comisión coincide con la diputada proponente al considerar que, ya sea en prevención o atención de desastres, las políticas públicas deben dar prioridad a la población vulnerable, por ser ésta la que se encuentra en un mayor riesgo.

Sin embargo, no consideramos que sea pertinente especificar, entre los potenciales grupos de población vulnerable, a la población rural y costera. Esto limita la definición de vulnerabilidad a una condición poblacional, como la que existe entre lo rural y lo urbano, o geográfica – cercanía a las costas-, cuando la mayor o menor vulnerabilidad de un grupo poblacional solo puede definirse de manera contingente, dependiendo del tipo de fenómeno al que dicha población esté expuesta.

Está implícito en la exposición de motivos de la iniciativa, que al hablar de riesgos y desastres que afectan particularmente a la población rural y costera, se tienen en mente los fenómenos hidrometeorológicos. Pero cabe recordar que además de éstos, el artículo 2 de la LGPC contempla diversos fenómenos: antropogénicos, geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socio-organizativos.

Por tanto, si consideramos todos los tipos de fenómenos, es claro que en ocasiones, como en el caso de un sismo, la población más vulnerable puede encontrarse en un contexto urbano.

Incluso si tomáramos en cuenta únicamente los riesgos y desastres ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos, no siempre la población costera es la más vulnerable. En ocasiones puede ser la población ubicada en la montaña, en el caso de aludes, o la población del interior en casos de sequías, por mencionar algunos ejemplos.

Por todo lo anterior, se propone aprobar la adición de la fracción VIII al artículo 2º de la LGPC con modificaciones, como se presenta a continuación:

Tercero. Desechar la propuesta de adición de una fracción IX al artículo 4o. de la LGPC.

La exposición de motivos de la iniciativa, no hace explícita la razón por la cual se considera pertinente añadir entre las prioridades de las políticas públicas en materia de protección civil, la difusión de la normatividad de protección civil entre la población.

Se infiere que la diputada proponente considera que, al difundir la normatividad entre la población, se fortalece la cultura de la prevención, mediante la cual se pueden minimizar las pérdidas humanas y los daños materiales.

Esta comisión comparte el interés por fortalecer la cultura de la prevención, así como la información disponible a la población con este fin.

Sin embargo, cabe recordar que en materia de protección civil, se dificulta la transmisión de información de cualquier tipo a la población en riesgo, y en ocasiones solo es posible transmitir la información indispensable. En este escenario, las autoridades responsables y las políticas públicas de protección civil, deben priorizar los esfuerzos de difusión.

Esta comisión, considera que las tareas de difusión prioritarias, deben enfocarse a información directamente relacionada con la prevención y acciones en caso de emergencia, es decir: alertas oportunas respecto a fenómenos perturbadores; qué hacer en caso de sismo, huracán, alud, erupción volcánica o contaminación de fuentes de agua; cuáles son las rutas de evacuación; cómo se deben de organizar las brigadas de protección civil; qué artículos de primera necesidad hay que tener a la mano, entre otras cosas.

Nada de esto es información presente en la normatividad de protección civil, ya que es otro su propósito.

La normatividad regula principalmente el ámbito de acción y competencias de las autoridades en materia de protección civil, los principios que guían su actuar, los mecanismos de coordinación entre diferentes órdenes de gobierno, así como los mecanismos de acceso a los diferentes fondos de atención a desastres y emergencias.

Es decir, son las autoridades responsables en materia de protección civil quienes realmente necesitan conocer la normatividad respectiva. Aunque es un objetivo deseable, es cuestionable si ésta información abone en alguna medida a fortalecer la prevención o capacidad de reacción de la población en caso de emergencia. Y por el contrario, si puede restarle fuerza a la difusión de información esencial de prevención y sobrevivencia.

Incluso en el supuesto de que, en lugar de difundir la normatividad se propusiera difundir solamente información esencial para prevención y reacción en caso de desastres, en opinión de esta comisión, esto ya se encuentra contemplado actualmente en el los artículos 5° fracción V y 10º de la LGPC, que establecen como una de las prioridades en la actuación de las autoridades competentes, la gestión integral de riesgos, que comprende una serie de acciones de concientización, capacitación, y difusión de medidas preventivas a la población.

Por todo lo anterior, ésta comisión considera desechar la propuesta de adición de una fracción IX al artículo 4o. de la LGPC para quedar como sigue:

Cuarto. Desechar las propuestas de reforma del capítulo XVIII y los artículos 92 y 94 de la LGPC.

Se considera innecesaria la modificación propuesta al título del capítulo XVIII de la LGPC que actualmente dice: “De la atención a la población rural afectada por contingencias climatológicas”, por “De la atención a la población rural y costera afectada por contingencias climatológicas”.

El artículo 91 de la LGPC, el primero del citado capítulo XVIII, habla de apoyos al sector rural, dentro del que especifica a los sectores productivos agrícola, pecuario, acuícola y pesquero de bajos ingresos.

De lo anterior, se desprende que las referencias posteriores al sector rural en los artículos 92 y 94 de la ley, comprenden a los sectores productivos descritos en el artículo 91.

Por ello, es innecesario especificar nuevamente, en cada uno de los artículos del capítulo XVIII, los sectores productivos a tomar en cuenta dentro del sector rural.

Más aún, la clasificación de sector rural no excluye a los sectores pesqueros y acuícolas, ya que es una clasificación poblacional, mientras que los sectores referidos hablan de una clasificación por actividad productiva.

En cuanto a la especificación geográfica de dar prioridad a las zonas costeras, se considera poco pertinente, ya que al hacerlo sólo se tendrían en mente los fenómenos hidrometeorológicos que afecten las costas, cuando en realidad existen muchas otras zonas rurales que pueden ser afectadas lejos de las costas, tales como: los aludes en las montañas, las sequías al interior del territorio, las inundaciones en márgenes de ríos y lagunas, erupciones volcánicas en las faldas de zonas volcánicas, entre muchas otras.

Por todo lo anterior, ésta comisión considera desechar las propuestas de reforma al capítulo XVIII y artículos 42 y 44 de la LGPC para quedar en los términos de la redacción actual.

A continuación, se resume en una tabla comparativa la redacción original, las modificaciones propuestas en la iniciativa, y las aprobadas o desechadas por éste dictamen:

Por lo expuesto, la Comisión de Protección Civil somete al pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Protección Civil

Artículo Único. Se reforman la fracción II y se adiciona la fracción VIII del artículo 4º de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. ...

II. Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;

III. al V...

VI. El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil en los tres órdenes de gobierno;

VII. El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las tecnologías, y

VIII. La atención prioritaria para la población vulnerable.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veinticinco de septiembre de dos mil catorce.

La Comisión de Protección Civil, diputados:Francisco Alfonso Durazo Montaño (rúbrica), presidente; David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Raudel López López (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba (rúbrica), Fernando Charleston Hernández (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Arturo Cruz Ramírez, secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Tomás López Landero, Leticia Mejía García (rúbrica), Lorena Méndez Denis, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Francisco Pelayo Covarrubias, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 de Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue devuelta por la Cámara de Senadores, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia, presentada el 15 de diciembre de 2010, durante la LXI Legislatura, por el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 162 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión de Pesca sometemos a su consideración el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

1. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2010 por el pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, el diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro, integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó a la Comisión de Pesca para dictamen.

3. El 13 de diciembre de 2011, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados presentó ante el pleno el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia; fue aprobado en lo general y en lo particular con 261 votos a favor y 1 abstención.

4. En sesión celebrada el 15 de diciembre de 2011 por el pleno de la Cámara de Senadores de la LXI Legislatura, su Mesa Directiva recibió oficio de la Cámara de Diputados mediante el cual se remitió la minuta con proyecto de decreto en dictamen.

5. Con esa fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; y de Estudios Legislativos, Primera, para dictamen.

6.- El 27 de septiembre de 2012, se publicó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República por el que se constituyen las comisiones ordinarias que funcionarán durante la LXII Legislatura, mediante el cual se modifica el nombre de la hasta entonces Comisión de Medio Ambiente; Recursos Naturales y Pesca, para crear las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y, por separado, de Pesca.

7. La Junta de Coordinación Política del Senado de la República, en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2013, aprobó el acuerdo por el que se modificó la denominación de la Comisión de Pesca, para quedar como “Comisión de Pesca y Acuacultura”.

8. Con fecha 19 de febrero de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República acordó rectificar el turno de la minuta de este dictamen para quedar en la Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos, Primera. Con lo anterior se procedió a su estudio, análisis y valoración a efecto de elaborar el dictamen correspondiente.

9. Con fecha 22 de abril de 2014, las Comisiones de Pesca y Acuacultura, y de Estudios Legislativos presentaron ante el pleno del Senado de la República dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia; se aprobó.

10. Con fecha 28 de abril de 2014, La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que se devolvió de conformidad con lo que establece la fracción e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el expediente con la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Con la misma fecha lo turnó a la Comisión de Pesca para dictamen.

Descripción de la minuta

Esta minuta con proyecto de decreto tiene como finalidad reformar diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que la autoridad competente realice las visitas de inspección y vigilancia mediante un mecanismo procesal claro, que no vulnere el principio de legalidad y permita a la parte afectada defenderse de manera eficaz.

Tomando en cuenta la realidad en la que se encuentran muchos pescadores, quienes no cuentan con permisos legales para ejercer su actividad, se ha planteado la necesidad de prever medidas que adviertan la pesca ilegal.

Con la aprobación de esta minuta se garantizará una mejor aplicación de la ley, ya que quedará establecido el procedimiento mediante el cual, el afectado, puede acudir ante la autoridad que emite el acto administrativo, para ofrecer y desahogar las pruebas que considere idóneas para sus intereses, de tal suerte que cuando se emita la resolución, ésta pueda recurrirse de forma eficiente.

En la minuta se expone que debido a la imprecisión de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, los pescadores ribereños sufren las consecuencias de la omisión en el cumplimiento de alguna determinación administrativa, aunque sean actos subsanables, terminan perdiendo, además de sus artes de pesca, los pocos recursos económicos que poseen. Lo anterior, aunado a la necesidad de contratar servicios legales particulares; o bien, pagar las multas y sanciones impuestas.

Consideraciones

A. Los integrantes de las Comisiones de Pesca y Acuacultura, y de Estudios Legislativos argumentan que el procedimiento de inspección, verificación y vigilancia que establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se encuentra también regulado de manera supletoria en el título tercero, capítulo décimo primero, “De las visitas de verificación”, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que todas las disposiciones ahí contenidas son susceptibles de ser aplicadas y observadas de manera obligatoria, por el personal autorizado por la Sagarpa para dichas visitas de inspección, verificación y vigilancia. Por ello reproducir en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables disposiciones adjetivas ya se encuentran previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no sólo resulta innecesario sino que podría generar duplicación de normas en ambos ordenamientos. En consecuencia, estimaron pertinente desechar todas las disposiciones normativas propuestas originalmente respecto a los actos administrativos, así como del procedimiento para las visitas de verificación. Es el caso de todos los requisitos propuestos en la minuta remitida por la Cámara de Diputados para reformar el artículo 126, ya que se encuentran previstos en el artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En consecuencia, resulta innecesario incluirlos, ya que generaría una duplicación de normas, afectando la claridad y amplitud de los derechos de seguridad jurídica, contenidos ya en la legislación secundaria vigente, posición con la que los legisladores integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados coincidimos.

B. Las características sociales y económicas propias de los pescadores, especialmente los pescadores ribereños, requieren ampliar el espectro de seguridad jurídica. En este sentido se propone establecer en la ley que los verificadores o inspectores debidamente autorizados, proporcionen la información necesaria a los visitados respecto de la autoridad que emitió la orden administrativa, el término o plazo para manifestar lo que a su derecho convenga, así como las consecuencias jurídicas subjetivas que produce la visita de inspección. Estas adiciones permiten tener mayores elementos de seguridad jurídica para que los visitados puedan presentar elementos de prueba, antes de que se emita el acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

C. La armonización del artículo 127 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se estima conveniente al mencionar en el texto reformado verificación o inspección” con los términos “verificador o inspector”. Toda vez que, son términos distintos, el primero es más amplio y el segundo más específico.

D. Por lo que corresponde al artículo 130 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, los integrantes de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura; y de Estudios Legislativos proponen ampliar la seguridad jurídica de los visitados durante el procedimiento administrativo de verificación o inspección. Considerando pertinente incluir dentro del procedimiento administrativo de verificación, una etapa procesal que armonice con la garantía de audiencia del visitado, para que pueda manifestar lo que a su derecho convenga y presentar las prueba pertinentes.

E. Los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados consideramos estas modificaciones procedentes, viables y sobre todo que contribuyen a depurar y dar mayor certidumbre y consistencia jurídica a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Reglamentaria del Artículo 27, Fracciones XXIX a L, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía, así como las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sometemos a la consideración de esta asamblea, y para efectos de la fracción a) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia

Único. Se reforman los artículos 127, párrafos primero y segundo, 128 y 130, párrafo segundo; y se adicionan un tercer párrafo al artículo 127, recorriendo el actual párrafo tercero a cuarto, y un segundo párrafo al artículo 130, recorriendo el actual párrafo segundo a tercero, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 127.En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos que se hubiesen presentado durante la diligencia, cumpliendo las formalidades previstas para tal efecto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Concluido el levantamiento del acta, el inspector o verificador proporcionará al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, la información respecto a la autoridad que emitió la orden de visita de inspección o verificación; asimismo hará de su conocimiento el plazo o término con el que cuenta para manifestar lo que a su derecho convenga ante dicha autoridad, y los demás datos sobre las consecuencias jurídicas de la visita de inspección o verificación.

Los hechos, omisiones o irregularidades administrativas detectadas en las visitas de inspección que estén debidamente asentados en el acta respectiva se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.

A continuación se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la diligencia, por los testigos y por el personal autorizado, quien entregará copia del acta al interesado. Si la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos, se negaren a firmar el acta, o el interesado se negare a aceptar copia de la misma, dichas circunstancias de asentarán en ella, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 128.La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección en los términos previstos en la orden escrita a que se hace referencia en el artículo 126, así como a proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta ley y demás disposiciones que de ella deriven. La información deberá mantenerse por la autoridad en absoluta reserva, si así lo solicita el interesado, salvo en caso de requerimiento judicial.

Artículo 130. ...

Si el visitado, en el plazo que señala el primer párrafo de éste artículo ofrece pruebas, la autoridad, en el término de tres días hábiles acordará su admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la audiencia de desahogo de pruebas, la que deberá celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique; y de la cual se levantará acta que será suscrita por los que hayan intervenido.

Admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por el interesado, o habiendo transcurrido el plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo, sin que haya hecho uso de este derecho, se pondrán a su disposición las actuaciones, para que en un plazo de tres días hábiles presente por escrito sus alegatos.

Una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, la Secretaría procederá, dentro de los veinte días siguientes, a dictar por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará al interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.

En los casos en que proceda, la Secretaría hará del conocimiento del Ministerio Público Federal la realización de actos u omisiones constatados en el ejercicio de sus facultades que pudieran configurar uno o más delitos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en México, Distrito Federal, a 19 de junio de 2014.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Saraí Larisa León Montero (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano, Francisco Grajales Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 de Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción II Bis del artículo 64 de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa, en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 28 de mayo de 2014, Cristina Olvera Barrios y Dora María Guadalupe Talamante Lemas, integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para el análisis y dictamen correspondientes.

III. Contenido de la iniciativa

Incluir en la competencia de las autoridades sanitarias la creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán

I.Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios;

II.Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia materna, promoviendo que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;

II Bis.Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III.Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años; y

IV.Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

Iniciativa

Artículo 64. ...

I. y II. ...

II Bis. La creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. a IV. ...

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los instrumentos y las acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud se considera éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La lactancia materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta todos los nutrimentos y anticuerpos que lo mantendrán sano.

La leche humana está compuesta en 88 por ciento por agua, la carga renal de solutos es 3 veces menor que la de cualquier fórmula comercial, lo que permite que el riñón (que sólo tiene una capacidad de filtración de 25 por ciento) mantenga su función adecuadamente y el bebé no requiere ser hidratado con agua, té, jugos o fórmulas aun en lugares muy calurosos.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y la continuación (con introducción gradual de los alimentos sólidos) hasta el segundo año de vida.

Tercera.Un banco de leche humana (BLH) es un centro especializado en el ámbito del centro de lactancia materna de un hospital materno infantil encargado de promover, fomentar y proteger la lactancia. Su función esencial técnico-asistencial es recibir y recolectar, clasificar, analizar, pasteurizar, almacenar y luego enviar para su distribución la leche humana excedente de las madres que han decidido donarla solidaria y voluntariamente. Los BLH proveen leche humana para recién nacidos de alto riesgo y sirven como centros de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y actúan como centros de capacitación para el personal de salud (Organización Mundial de la Salud).

Cuarta.La Ley General de Salud establece en el artículo 31: “La atención materno-infantil es materia de salubridad general”. En el 61 señala que dicha atención es de carácter prioritario; comprende acciones de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como la atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo.

Quinta. La política nacional en salud del gobierno federal 2012-2018 se desarrollará a través de cinco estrategias para mejorar la atención de la salud entre la población en situación de vulnerabilidad, entre las cuales figura la creación de 13 bancos de leche materna en 12 entidades federativas.

Sexta. A fin de fomentar la lactancia materna y los beneficios nutricionales que ello conlleva para los recién nacidos, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) prevé finalizar el presente año con el establecimiento de 30 BLH en el territorio nacional.

Así lo dio a conocer Gabriel O’Shea Cuevas, titular de la CNPSS, al encabezar la cuarta reunión del organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud, quien además puntualizó que hasta el momento ya operan 17 de esos inmuebles en el país.

Agregó que la productividad de los BLH instalados es alta y se refleja en los poco más de 227 mil 140 mililitros de leche pasteurizada, recolectada; esto, sólo en los hospitales general de Fresnillo, y de la Mujer Zacatecana, y en el Instituto Nacional de Perinatología.

Séptima. Hasta ahora se han puesto en marcha 11 bancos de leche en estados como Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y México. Además, se han adquirido equipos de pasteurización para otros tres bancos, que iniciarán actividades en el último trimestre del año.

Entre los sitios donde se construirán BLH destacan Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, Durango, Apatzingán, Tepic, Chetumal, La Paz, Hermosillo, Saltillo, San Cristóbal de las Casas, Ciudad Victoria y Campeche.

Octava. En el marco de la conmemoración de la Semana Mundial de Lactancia Materna, la Secretaría de Salud llevó a cabo la primera reunión del comité Arranque Parejo en la Vida, con el propósito de presentar la Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018.

La estrategia cuenta con líneas de acción e indicadores donde la Organización Panamericana de la Salud podrá contribuir en el fomento, la protección y la promoción de la lactancia materna en México.

Los principales acuerdos para el seguimiento se enmarcaron en que todas las entidades federativas diseñarán un plan de trabajo para ser apoyado por el nivel federal; la formación de un grupo de trabajo interinstitucional para seguimiento y monitoreo; el lanzamiento oficial de la estrategia y su presentación en el Consejo Nacional de Salud. La Secretaría de Salud reiteró el compromiso con el tema y el incremento de la inversión en las acciones a favor de la lactancia materna.

Novena.Dicho proyecto no prevé la observancia del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el cual se establece que a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta del financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto, por lo cual la comisión dictaminadora estima viable incluir en un artículo transitorio en términos de la normatividad que la Secretaría de Salud emita para tal efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo expuesto, se estima conveniente aprobarse el presente proyecto de dictamen con modificaciones.

Se somete a consideración de la asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 64 de la Ley General de Salud

Único.Se reforma la fracción II Bis al artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64. ...

I. y II. ...

II Bis. La creación de al menos un banco de leche humana en cada entidad federativa en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. y IV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud establecerá la normativa para la instalación y el funcionamiento de los bancos de leche.

Asimismo, las acciones que deban realizar las entidades federativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en términos de la normativa que la Secretaría de Salud emita al efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica en abstención), María Elena Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 de Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), así como 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 26 de febrero de 2013, los senadores Maki Ortiz Domínguez, Francisco Salvador López Brito, Luisa María Calderón Hinojosa, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; los senadores Lisbeth Hernández Lecona, Marcela Guerra Castillo, María del Roció Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; los senadores Rabindranath Salazar Solorio, Luz María Beristain Navarrete, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 64, fracción II, de la Ley General de Salud.

2. Con misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso que se turnara a la Comisión de Salud, y a la de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 10 de abril de 2014, fue presentado el dictamen de primera lectura de las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos.

4. Con fecha 22 de abril de 2014, fue presentado el dictamen a discusión con proyecto de decreto, el cual fue aprobado por 83 votos a favor y se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

5. En sesión celebrada con fecha 28 de abril de 2014 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud.

6. Con misma fecha la Presidencia de la Cámara de Diputados dispuso que la minuta de mérito fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la Minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la minuta

Se reforma el artículo 64, fracción II, de la Ley General de Salud, con la finalidad de impulsar la instalación de lactarios en los centros de trabajo público y privado, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 64. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentes establecerán:

I. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios;

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil;

II Bis. Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuenten con servicios neonatales;

III. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de 5 años, y

IV. Acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales, para la atención del embarazo, parto y puerperio.

Minuta

Artículo 64. ...

I. ...

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

II Bis a IV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud establecerá la normatividad para la instalación y funcionamiento de los lactarios.

Asimismo las acciones que deban realizar las dependencias o entidades de la administración pública federal para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en términos de la normatividad que la Secretaría de Salud emita para tal efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señalan asimismo que la lactancia materna, LM, es el proceso de secreción y evacuación de la leche humana que se mantiene mientras ésta sea removida periódicamente y se inicia después del parto. La leche materna es un fluido biológico muy completo y específico para las necesidades de la niña o niño, contiene carbohidratos, lípidos, proteínas, incluidas inmunoglobulinas, calcio, fósforo, vitaminas, elementos traza, hierro, zinc, factores de crecimiento y otras sustancias que la hacen el alimento completo para los infantes. Recomiendan como imprescindible la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses del recién nacido, así como también seguir amamantando hasta avanzado el segundo año de vida, al mismo tiempo que se va ofreciendo al bebé otros alimentos complementarios.

Tercera. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Organización Mundial de la Salud, lanzaron una iniciativa llamada Hospital Amigo del Niño, IHAN, y la estrategia mundial para la alimentación del lactante y del niño pequeño, y el plan de acción regional sobre la salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención del recién nacido y del niño, aprobada por los estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud 2008, con el propósito de promover una lactancia materna exitosa.

Cuarta. Por lo anterior el pasado 22 de octubre de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “acuerdo por el que se establecen las directrices para fortalecer la política pública en lactancia materna”. El cual tiene por objeto establecer directrices que permitan fortalecer la política pública en lactancia materna, a fin de fomentar que todos los niños y niñas mexicanos puedan beneficiarse con prácticas óptimas en la materia, logrando los mayores niveles posibles de lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida y continuando con esta práctica en forma complementaria a otros alimentos hasta avanzado el segundo año de vida.

Quinta. Derivado de la importancia a la promoción y fomento para la lactancia materna, la Ley General de Trabajo establece diversas medidas para hacer efectivos los derechos de las mujeres trabajadoras que están en periodo de lactancia, una de ellas es contar con las condiciones laborales accesibles para dicho propósito.

En este sentido, el pasado 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas al artículo 170 de la Ley Federal de Trabajo en donde se amplían los derechos de las madres trabajadoras, por medio del cual se estableció que las madres trabajadoras tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado.

Sexta. Esta comisión dictaminadora considera que derivado de lo expuesto es oportuno y pertinente aprobar el presente dictamen con la finalidad de adecuar el marco jurídico a las necesidades que demandan las mujeres trabajadoras.

Bajo las consideraciones citadas en el presente, la Comisión de Salud da cuenta mediante el presente acuerdo que los objetivos propuestos en la minuta analizada los califica como viables.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 64 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 64. ...

I....

II. Acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno- infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

II Bis.a IV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud establecerá la normatividad para la instalación y funcionamiento de los lactarios.

Asimismo, las acciones que deban realizar las dependencias o entidades de la administración pública federal para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, en términos de la normatividad que la Secretaría de Salud emita para tal efecto, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 de Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la fracción II y la fracción V; y adiciona un inciso m) a la fracción I y los incisos a) a c) a la fracción V del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), así como 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 12 de abril de 2011, los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, José Antonio Badía San Martín, Sebastián Calderón Centeno, Ramón Galindo Noriega, Carlos Osuna Dávila, Héctor Pérez Plazola, Alfredo Rodríguez y Pacheco, así como Beatriz Zavala Peniche, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

2. Con fecha 23 de febrero de 2012, el senador Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

3. En las mismas fechas, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado turnó las iniciativas a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen correspondiente.

4. Con fecha 20 de febrero de 2014 fue publicado el dictamen de primera lectura de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, Primera, en Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

5. Con la misma fecha, se presenta dictamen de segunda lectura, a discusión, sin debate, y se aprueba en votación nominal, en el pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura.

6. En sesión celebrada con fecha 25 de febrero de 2014 de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción II, la fracción V, y se adiciona un inciso m) a la fracción I y los incisos a), b) y c) a la fracción V, del artículo 4 de la Ley General de Salud, para los efectos los que se refiere el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual dicto trámite para que se turnara a la Comisión de Salud, para análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la minuta

a) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentada por los senadores Guillermo Tamborrel Suárez, José Antonio Badía San Martín, Sebastián Calderón Centeno, Ramón Galindo Noriega, Carlos Osuna Dávila, Héctor Pérez Plazola, Alfredo Rodríguez y Pacheco, así como Beatriz Zavala Peniche, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El objetivo de la reforma es la inclusión de sujetos de asistencia social, para reforzar la protección de sus derechos que requieren por parte del Estado. Por ello se propone reformar el inciso b) de la fracción II del artículo 4 de la ley, recorriendo los incisos b) y c) a los incisos c) y d), para incluir a las “madres solas que tengan a su cuidado a sus hijos, sean niñas, niños y adolescentes.

Por otra parte se propone reformar la fracción V del mismo artículo con el objetivo de modificar los conceptos de “adultos mayores” por el de “personas adultas mayores” e “incapacidad por discapacidad”.

Finalmente, propone incluir como sujetos de asistencia social, en el mismo sentido del párrafo anterior, a las “personas adultas mayores que ejerzan la patria potestad”.

b) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicional el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, presentada por el senador Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Propone incluir a niñas, niños y adolescentes huérfanos como sujetos de asistencia social, con la finalidad de que accedan a los beneficios que la ley señala.

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El artículo 2o., fracción V, de la Ley General de Salud, establece que el derecho a la protección de la salud, tiene entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

En este sentido en el artículo 3o., fracción XVIII, establece que será materia de salubridad general la asistencia social.

Por otra parte establece en el artículo 6o., fracción III, que el Sistema Nacional de Salud tiene entre sus principales objetivos colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social.

Considerando como un servicio básico de salud establecido en el artículo 27, fracción X, los referentes a la asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas.

Tercera. La Ley de Asistencia Social define en el artículo 3, que se entenderá por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva, en las que comprenderán acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Cuarta. Derivado de lo anterior la Ley de Asistencia Social en el capítulo II denominado “Sujetos de la asistencia social” establece:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) Desnutrición;

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas;

c) Maltrato o abuso;

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;

f) Vivir en la calle;

g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;

i) Infractores y víctimas del delito;

j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza;

k) Ser migrantes y repatriados, y

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa.

Para los efectos de esta ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia y las madres adolescentes.

b) En situación de maltrato o abandono, y

c) En situación de explotación, incluyendo la sexual.

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;

IV. Migrantes;

V. Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;

VI. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales;

VII. Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes;

VIII. Víctimas de la comisión de delitos;

IX. Indigentes;

X. Alcohólicos y fármaco dependientes;

XI. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y

XII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Quinta. Referente a la propuesta de adición para incluir a las madres Solteras la Colegisladora ha observado:

En lo que corresponde a madres solteras, el Consejo Nacional de Población, Conapo, señala que de los 25 millones de mujeres que tienen hijos, casi 4.5 millones la quinta parte de ellas son madres solas, siendo innegable que cada vez son más frecuentes los hogares en los que existe una mujer como jefa de familia al cuidado de los hijos.

Prueba de ello son los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, que establece que en un periodo de quince años (1990 a 2005), los hogares con jefatura femenina se han visto duplicados, pasando de 2.8 millones en 1999 a 5.7 millones en 2005.

Asimismo, el Conapo menciona que las madres solas son segregadas, lo que representa una realidad que debe ser abordada para buscar una solución que les permita estar en igualdad de oportunidades y, con ello, poder optimizar el desarrollo de sus hijos.

En virtud de lo anterior esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos planteados por la colegisladora, ya que el concepto de madres solas debe promover que quienes están a cargo de hijos menores de edad puedan ser consideradas bajo el modelo de asistencia social como una contribución del Estado para auxiliarlas en el difícil camino de ser el sostén familiar.

Sexta. Referente a la propuesta de adición para incluir a las personas adultas mayores que ejercen la patria potestad, la colegisladora menciona:

Por lo que respecta a las reformas en materia de personas adultas mayores, nos encontramos con que el Código Civil Federal en su Título Octavo, artículo 414, señala que los ascendientes en segundo grado ejercerán la patria potestad ya sea a falta de ambos padres o bien, por cualquier otra circunstancia que esté prevista en tal cuerpo normativo, en el orden que el juez de lo familiar determine.

Esto, genera en muchas ocasiones que niñas, niños y adolescentes estén bajo la supervisión y cuidado de personas que por su condición se enfrentan a diversas problemáticas de salud, limitaciones físicas, mentales y en muchas ocasiones económicas.

De acuerdo con el Censo de 2010 del Inegi, en México hay 10 millones 612 mil 489 personas mayores de 60 años, lo que representa el 6.1 por ciento de la población total.

Esta dinámica poblacional y económica obliga a que en el Estado mexicano tomemos las previsiones de las que nos alerta la curva demográfica, como es el hecho de que diariamente 800 personas pasan a formar parte del sector de población de personas adultas mayores y según estimaciones del Consejo Nacional de Población, para 2050 habrá 42 millones de personas adultas mayores.

Lo anterior, hace evidente que las personas adultas mayores se encuentren en situación de desigualdad de oportunidades para cumplir a cabalidad con sus obligaciones respecto de la patria potestad, por lo que incluirlas como sujetos de asistencia social coadyuvaría con la gran responsabilidad que en ellos se ha delegado, adicionando un inciso c) a la fracción V del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

Séptima. Referente a la propuesta de reforma a la fracción V del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, es innegable la necesidad de modificar el concepto de “adultos mayores” por el de “personas adultas mayores” toda vez que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, establece en la fracción I del artículo 3o. que las personas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional, serán consideradas “personas adultas mayores”.

Octava. Referente a la propuesta de reforma referente a la modificación del vocablo “incapacidad” por “discapacidad”, en razón de homologar la terminología con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, esta comisión dictaminadora lo estima viable coincidiendo con los argumentos planteados por la colegisladora ya que como lo menciona es un respeto fundamental a los derechos de las personas con discapacidad.

Novena. Referente a la reforma y adiciona el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para incluir a los niños huérfanos es pertinente citar lo siguiente:

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, define a una niña o niño huérfano como aquél que ha perdido a uno o ambos progenitores.

Según UNICEF, en América Latina hay 10 millones 700 mil niñas, niños y adolescentes huérfanos (desde recién nacidos hasta 14 años); de éstos, México ocupa el segundo lugar con un 15.95 por ciento que asciende a 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes huérfanos.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, niñas, niños y adolescentes huérfanos se enfrentan a diversas dificultades que se ven maximizadas por su condición y el futuro incierto que puede esperarles, ya que deben lidiar no sólo con la pérdida de sus padres o uno de ellos, sino con una mayor desatención, en mucho casos, en la protección de sus derechos fundamentales, agravando su condición económica estando en riesgo de ser más susceptibles a la pobreza patrimonial y alimentaria.

Asimismo presentan severos problemas en materia de salud y educación, debido a que las consecuencias de la pérdida y la desatención de la que son sujetos, puede imposibilitar el acceso a sus necesidades básicas y orillarlos a abandonar la escuela, sin dejar de mencionar los riesgos que corren de sufrir abusos y maltratos.

Finalmente y con base a los datos expuestos, se estima viable la propuesta de adicionar un inciso m) al Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para contemplar como sujetos de sus beneficios a niñas, niños y adolescentes huérfanos.

En ese sentido, coincidimos con los criterios establecidos por la Colegisladora, en que todas las reformas tendientes a promover un estatus de igualdad a través de la promoción de beneficios especiales para las personas que se encuentran en especial condición son necesarias para el fortalecimiento y perfeccionamiento del marco jurídico nacional en favor de esos sectores.

Por lo expuesto los integrantes de la Comisión de Salud de la LXII Legislatura, consideran que la minuta en estudio es viable.

Se somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción II y la fracción V y se adiciona un inciso M) a la fracción I y los incisos A), B) y C) a la fracción V, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Artículo Único. Se reforman el inciso a) de la fracción II y la fracción V y se adicionan un inciso m) a la fracción I y los incisos a), b) y c) a la fracción V, del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

...

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:

a) a j)...

k) Ser migrantes y repatriados;

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y

m) Ser huérfanos.

...

II. Las mujeres:

a) En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de edad;

b) y c)...

III. y IV. ...

V. Personas adultas mayores:

a) En desamparo, marginación o sujetos a maltrato;

b) Con discapacidad, o

c) Que ejerzan la patria potestad.

VI. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 de Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), así como 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Antecedentes

1. Con fecha 29 de abril de 2013, la senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXII Legislatura, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, en sesión plenaria de Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la Iniciativa de mérito fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 03 de abril de 2014 se presenta Dictamen en Primera Lectura de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos.

4. Con fecha 8 de abril de 2014 se presenta dictamen en segunda lectura de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos, en el que se aprueba en votación nominal, y se envía a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

5. En sesión celebrada con fecha 10 de abril de 2014 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

6. Con misma fecha la Presidencia de la Cámara de Diputados dispuso que la minuta de mérito fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. Metodología

La Comisión de Salud, encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

En el apartado “Contenido de la minuta”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Minuta en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. Contenido de la minuta

Señalar que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para prevenir además del VIH/sida, todas aquellas enfermedades de transmisión sexual principalmente en las poblaciones de mayor vulnerabilidad.

Por lo que la senadora formula la siguiente propuesta:

Ley General de Salud

Texto vigente

Capítulo IIEnfermedades Transmisibles

Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/sida.

Minuta

...

Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/sida y enfermedades de transmisión sexual.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Las enfermedades de transmisión sexual, ETS, alguna vez llamadas enfermedades venéreas, se definen como un grupo de enfermedades causadas por diversos agentes infecciosos que se adquieren por la actividad sexual.

Las enfermedades de transmisión sexual afectan a mujeres y a hombres de todos los estratos socioeconómicos y razas. Son más comunes en los adolescentes y los adultos jóvenes.

La incidencia de las ETS está en aumento, en parte debido a que en las últimas décadas, las personas jóvenes tienen actividad sexual más tempranamente y se casan más tardíamente. Como resultado, las personas sexualmente activas hoy en día tienen más probabilidad de tener muchas parejas sexuales durante sus vidas y por lo tanto tienen más riesgo de desarrollar enfermedades de transmisión sexual.

La mayoría del tiempo, las ETS no causan síntomas, particularmente en las mujeres. Sin embargo, aun cuando no causan síntomas, una persona infectada puede transmitir la enfermedad a su pareja sexual.

Los problemas de salud causados por las ETS tienden a ser más severos y frecuentes en mujeres que en hombres, en parte debido a que la infección es asintomático en las mujeres y no acuden al médico hasta que ya han desarrollado complicaciones.

Cuando se diagnostican y se tratan tempranamente, muchas de las ETS pueden ser curadas efectivamente.

Existen varios factores de riesgo para tener una ETS y estos son:

• iniciar una vida sexual durante la adolescencia.

• tener muchas parejas sexuales.

• tener una pareja sexual que tiene muchas parejas sexuales.

• no usar un condón o preservativo durante el acto sexual.

Algunas de las ETS más importantes son:

VIH

El sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) se reportó primeramente en Estados Unidos en 1981. Es causado por un virus que se llama VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, un virus que destruye la capacidad del cuerpo para defenderse de una infección.

Las personas con sida son muy susceptibles a tener muchas enfermedades peligrosas llamadas infecciones oportunistas y ciertas formas de cáncer. La transmisión del virus ocurre principalmente durante la actividad sexual y al compartir agujas para inyectar drogas intravenosas.

Infección por clamidia

Esta infección es ahora la más común de todas las ETS bacterianas. La infección por clamidia puede causar una secreción genital anormal y ardor al orinar.

En las mujeres, la infección por clamidia no tratada puede llevar a complicaciones como la enfermedad inflamatoria pélvica, una de las causas más comunes del embarazo ectópico e infertilidad en las mujeres.

En muchas personas, la infección por clamidia no provoca síntomas.

Herpes genital

La infección por herpes es causada por el virus del herpes simplex, VHS. Los síntomas principales de una infección por herpes son ampollas dolorosas en el área genital. Estas pueden provocar una sensación de comezón o picor en las piernas, nalgas o región genital.

Las ampollas del herpes generalmente desaparecen en 2 o 3 semanas, pero el virus permanece en el cuerpo por vida y las lesiones pueden reaparecer con el tiempo. Algunos casos recurrentes o severos de herpes genital pueden ser tratados con drogas antivirales que requieren prescripción médica.

Estas drogas o medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas pero no a eliminar el virus del herpes de su cuerpo. Las mujeres que adquieren el herpes genital durante el embarazo pueden transmitir el virus a sus bebés. La infección no tratada de herpes genital en bebés puede resultar en retraso mental y muerte.

Verrugas genitales

Las verrugas genitales (también llamadas verrugas venéreas) son causadas por el virus del papiloma humano o VPH, un virus muy relacionado al virus que causa las verrugas en la piel. Las verrugas genitales generalmente aparecen como protuberancias duras que no provocan dolor en el área genital, pene o alrededor del ano. Si no se tratan, pueden crecer y desarrollar una apariencia como de coliflor.

Además, de las verrugas genitales, ciertos tipos de VPH pueden causar el cáncer cervical y otros cánceres cervicales.

Gonorrea

Los síntomas más importantes de la gonorrea son una secreción de la vagina o pene y dolor o dificultad al orinar. Las complicaciones más serias y comunes de la gonorrea generalmente ocurren en las mujeres. Estas complicaciones incluyen la enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico e infertilidad.

Sífilis

Los primeros síntomas de la sífilis pueden no ser detectados debido a que son muy leves y desaparecen. Lo primero que aparece es una lesión llamada “chancro”. Esta lesión no produce dolor y es como una llaga en el pene o en la vagina o alrededor de la vagina. También puede ocurrir cerca de la boca, ano o manos. Si la sífilis no se trata, puede avanzar a etapas más avanzadas incluyendo una erupción o rash y eventualmente complicaciones del corazón y sistema nervioso central.

Otras enfermedades de transmisión sexual son la tricomoniasis, la vaginosis bacteriana y las infecciones por citomegalovirus.

Tercera. Según la Organización de la Salud, OMS, hay más de 30 bacterias, virus y parásitos causantes de infecciones de transmisión sexual, la mayor parte de las cuales se propaga por contacto sexual. Pueden dar lugar a enfermedades crónicas, sida, complicaciones durante el embarazo, infertilidad, cáncer cervicouterino y muerte.

Según estimaciones hechas por la OMS en 2005, cada año se producen en el mundo 448 millones de nuevos casos de ETS curables (sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis) en adultos de 15 a 49 años. En esta cifra no se incluyen las infecciones por el VIH y otras ETS que siguen afectando la vida de las personas y las comunidades en todo el mundo. En los países en desarrollo, las ETS y sus complicaciones se encuentran entre las cinco primeras categorías de enfermedades que llevan a los adultos a buscar asistencia sanitaria.

Cuarta. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, entre 2005 y 2010, la candidiasis urogenital y el virus del papiloma humano fueron las afecciones de mayor incidencia en jóvenes de 15 a 24 años de edad, siendo aún mayor entre los jóvenes de 20 a 24 años.

Aunado a ello existe evidencia que señala que el padecimiento de una enfermedad de transmisión sexual aumenta la probabilidad de infección por VIH. A nivel mundial se estima que 11.8 millones de personas de 15 a 24 años viven con esta enfermedad, de los cuales 7.7 millones son mujeres de 4.5 millones son varones, con alrededor de 6 mil jóvenes infectados a diario.

Quinta. La prevención y la asistencia de las enfermedades de transmisión sexual constituyen un mecanismo de intervención que mejora la situación sanitaria de la población y previene la transmisión del VIH. En consecuencia, el Onusida y la OMS recomiendan conceder alta prioridad a la elaboración de mecanismos encaminados hacia esa meta. 2

Sexta. De acuerdo con la Ley General de Salud, dentro del Título Octavo, denominado “De La Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes” capitulo II, “De las enfermedades trasmisibles” se establece que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las enfermedades transmisibles.

Como complemento de lo anterior en su artículo 157 Bis de la Ley en comento, se establece:

Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/sida.

Séptima. Es importante mencionar que las dificultades con el uso, acceso y disponibilidad de métodos de protección entre los jóvenes incrementan su exposición a otra serie de enfermedades, como son las enfermedades de trasmisión sexual, que en caso de no ser detectadas o tratadas a tiempo, pueden generar complicaciones a largo plazo, por lo que se estima pertinente emitir dictamen a favor de la presente minuta en estudio, considerando viable las modificaciones de redacción propuestas por la Colegisladora, para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Minuta

Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual.

Texto propuesto por la colegisladora

Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/sida y demás enfermedades de transmisión sexual.

Esta comisión dictaminadora coincide en que lo anterior permitirá que las autoridades correspondientes lleven a cabo las acciones pertinentes que conlleven a evitar el contagio no sólo del VIH/sida, como hoy lo dispone el precepto en comento, si no que las acciones en favor del uso correcto del condón, se extiendan a las demás enfermedades de transmisión sexual, como lo establece el artículo 134, fracción VIII, el cual menciona que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realicen actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de enfermedades transmisibles como Sífilis, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades de transmisión sexual.

Por lo expuesto, para los efectos de la fracción a), del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades de transmisión sexual, para quedar como sigue:

Artículo 157 Bis. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón, priorizando a las poblaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de contraer la infección del VIH/SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 United Health Care.

2 Onusida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont (rúbrica), María de las Nieves García Fernández, Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elena Cabañas Aparicio, José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena, Marcelina Orta Coronado (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández (rúbrica), Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 de Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

La Comisión de Pesca, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 2, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta asamblea, el presente dictamen:

Antecedentes

A. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 22 de abril de 2014, Alfonso Inzunza Montoya, diputado del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

B. Con la misma fecha, la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Pesca para el estudio y dictamen correspondientes. Se recibió en ésta el 23 de abril de 2014.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa propuesta por el diputado Alfonso Inzunza Montoya pretende reformar el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en el sentido de incorporar al contenido del artículo de r6eferencia la intervención del Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), en los términos siguientes:

La secretaría podrá permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, la cual se realizará en conjunto y bajo supervisión del Instituto Nacional de Pesca,para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Marina las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

Lo anterior, en favor del interés público que reviste la información derivada de las investigaciones, que se realizan a través de la pesca de fomento.

Consideraciones

Primera. La reforma propuesta respecto al artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables pretende adecuar y perfeccionar la norma jurídica vigente, con el propósito de fortalecer el sector, considerando el contexto actual, el cual exige responder a las demandas y necesidades de un mundo globalizado. La reforma propuesta permitirá que la investigación científica en torno de la pesca de fomento impulse una gestión equitativa, sustentable y eficaz de los recursos agropecuarios, como condición indispensable para reducir la pobreza.

Segunda. Dada la complejidad y la interacción de las relaciones entre la política internacional y la nacional en materia pesquera y ambiental, es necesario sistematizar y compatibilizar el trabajo de atención de ambas agendas por el Inapesca, en razón de los siguientes antecedentes:

a) El Inapesca ha sido un organismo activo en la política internacional pesquera y ambiental, por lo tanto debe contar con información actualizada, confiable y sistemática de las metodologías de investigación de vanguardia, de las propuestas novedosas en materia de política de gestión pesquera y ambientales en el ámbito internacional, a fin de programar, planear, coordinar y orientar el desarrollo de la investigación pesquera en el país;

b) El Inapesca provee de información a distintas instancias gubernamentales involucradas en la materia, y da sustento científico y tecnológico a la toma de decisiones sobre políticas nacionales en congruencia con los compromisos internacionales adquiridos por México; y

c) El Inapesca, con fundamento en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las disposiciones derivadas del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un órgano asesor de carácter científico-técnico dependiente de la Sagarpa, y es el responsable de acuerdo con la mencionada ley de “que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas...”

Tercera. El diputado proponente de la iniciativa pone a consideración que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables adopte un texto acorde con lo normado en los artículos 245 y 249 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, donde se considera que “los Estados ribereños, en el ejercicio de su soberanía, tienen el derecho exclusivo de regular, autorizar y realizar investigación científica marina; a proporcionar informes preliminares sobre las investigaciones; y a garantizar la participación del Estado ribereño en las investigaciones científicas”.

Cuarta. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la legislación secundaria y en los ordenamientos internacionales suscritos por el Estado mexicano, se considera viable la propuesta planteada por la iniciativa que nos ocupa.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión encontramos pertinente la adición propuesta, por lo que sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 64. ...

La secretaría podrá permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, se realizará en conjunto y bajo supervisión del Instituto Nacional de Pesca, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Marina las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en México, Distrito Federal, a 18 de junio de 2014.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Saraí Larisa León Montero (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete, María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano, Francisco Grajales Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para fundamental el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por la Comisión, el diputado Alfonso Inzunza Montoya.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señor presidente. El dictamen que a nombre de la Comisión de Pesca me permito someter a la consideración de este pleno, propone reformar el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Esto, para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, pueda permitir la pesca de fomento en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, ésta deberá de realizarse en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca, dejando establecido asimismo que las peticiones que la Secretaría en referencia reciba de extranjeros o de organismos internacionales, sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en los términos de la legislación aplicable, se hará del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Marina, tal y como ya está preceptuado en la propia ley referida.

Entre las consideraciones tomadas en cuenta por la comisión dictaminadora, está que la reforma propuesta pretende adecuar y perfeccionar la norma jurídica vigente con el propósito de fortalecer al sector considerando el contexto actual, el cual exige responder a las demandas y necesidades de un mundo globalizado.

Así, la reforma en comento permitirá que la investigación científica en torno de la pesca de fomento impulse una gestión equitativa, sustentable y eficaz de los recursos pesqueros como condición indispensable para reducir la pobreza.

Además, y dada la complejidad y la interacción de las relaciones entre la política internacional y la nacional en materia pesquera y ambiental, es necesario sistematizar y compatibilizar el trabajo de atención de ambas agendas por el Inapesca, en razón de los antecedentes siguientes.

El Inapesca ha sido un organismo activo en la política internacional pesquera y ambiental, por lo tanto debe contar con información actualizada, confiable y sistemática de las metodologías de investigación de vanguardia de las propuestas novedosas en materia de política de gestión pesquera y ambientales en el ámbito internacional a fin de programar, planear, coordinar y orientar el desarrollo de la investigación pesquera en el país.

Este instituto provee de información a las distintas instancias gubernamentales involucradas en la metería y da sustento científico y tecnológico a la toma de decisiones sobre política nacional y en congruencia con los compromisos internacionales adquiridos por México.

Y el propio Inapesca, con fundamento en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las disposiciones derivadas del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables, es un órgano asesor de carácter científico y técnico dependiente de la Sagarpa y es el responsable de acuerdo con la mencionada ley de que la investigación científica y tecnológica se consolide como herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas, mecanismos y decisiones relativos a la conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas.

Por las consideraciones expuestas los integrantes de esta comisión encontramos pertinente la adición propuesta, por lo que solicitamos de manera respetuosa de todos ustedes el voto a favor del presente dictamen en razón del interés público que reviste la información derivada de las investigaciones que se realizan a través de la pesca de fomento. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Inzunza.

Están en la lista para hablar, por las distintas fracciones parlamentarias, el diputado Rubén Benjamín Félix, de Nueva Alianza; el diputado Héctor Hugo Roblero, del PT; el diputado Juan Luis Martínez, de Movimiento Ciudadano; el diputado Rubén Acosta, del Partido Verde; la diputada Saraí Larisa León Montero, del PRD; y el diputado Arturo de la Rosa Escalante. Y le damos la palabra al señor diputado Rubén Benjamín Félix. Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Muchas gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, recientemente hemos aprobado distintos dictámenes que tienen que ver con el tema de fortalecer la industria pesquera en el país. El impuso que se pretende dar a esta actividad ha sido sustentado en diversas ocasiones, y este caso no es la excepción.

El dictamen que se presenta pretende adecuar el marco normativo mediante una reforma al segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. La reforma busca dar más importancia a la participación del Instituto Nacional de Pesca, para permitir la actividad pesquera de fomento en el caso de los científicos, técnicos e instituciones e investigación de extranjeros.

El Inapesca es la única institución mexicana de investigación pesquera con cobertura nacional y en permanente contacto con el sector pesquero y sus problemas de desarrollo y administración, razón por la cual resulta fundamental su incorporación a los estudios que se realicen en colaboración con el extranjero.

Como un órgano público descentralizado, sectorizado, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, es conveniente que el Instituto tenga una participación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para fomentar el desarrollo científico de la explotación pesquera del país.

En Nueva Alianza pensamos y hemos sido consecuentes con esta perspectiva, que impulsar la ciencia y tecnología constituye un motor de desarrollo y crecimiento de las naciones. En este sentido consideramos conveniente que la Ley se adecue a las circunstancias del avance tecnológico mundial, y de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores se dé un mayor impulso al fomento científico en la materia.

El Inapesca realiza un gran número de actividades científicas enfocadas al desarrollo de la industria pesquera y a la acuacultura, por lo que resulta indispensable que estas experiencias sean compartidas en torno de colaboración internacional, a fin de contribuir con el crecimiento de la industria.

La coordinación e investigación con otros países es una manera de contribuir a disminuir los daños de la sobreexplotación de ciertas especies y puede fomentar la diversificación de la producción nacional.

Asimismo, estamos ciertos que compartir las experiencias, conocimientos y tecnología en materia pesquera de otros países es la mejor manera de dar un impulso al avance de nuevas metodologías para un mayor crecimiento de la industria.

Por estos motivos nos manifestamos a favor del dictamen de la Comisión que preside mi amigo Alfonso Inzunza –felicidades- esperando que la labor que hemos venido realizando en cuanto al perfeccionamiento del marco normativo tenga eco en lo que más nos importa, que es precisamente el crecimiento del país mediante el desarrollo de las comunidades que se dedican a esta labor, que puede conseguir abatir el problema de abastecimiento alimentario de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Rubén Félix. Tiene ahora la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo. Hugo Roblero, del Partido del Trabajo, ¿Renuncia usted a su turno?

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Pesca ha puesto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El objetivo es que en el caso de la pesca de fomento se permita la participación de científicos técnicos e instituciones de investigación nacional y extranjera en conjunto y bajo supervisión del Instituto Nacional de Pesca.

La pesca de fomento es la que tiene como propósito el estudio, la investigación científica y la experimentación en cuerpos de agua de jurisdicción federal, orientada al desarrollo de biotecnologías o a la incorporación de algún tipo de innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia de tecnología en alguna etapa del cultivo de especies de la flora y fauna cuyo medio de vida total o parcial sea el agua.

En este sentido, la incorporación del Instituto Nacional de Pesca como coadyuvante y supervisor de dichas actividades es un mecanismo que permitirá realizar e impulsar el desarrollo científico y tecnológico del sector pesquero, con una perspectiva de protección y sustentabilidad ambiental.

Garantizar que la actividad pesquera sea sustentable en el tiempo y con el medio ambiente es menester para la supervivencia de comunidades, familias que viven de esta actividad.

Asimismo aumentar la capacidad de recolección de especies comerciales y con potencial económico es una condición necesaria para aumentar los ingresos de las familias y contribuir a superar el rezago económico y la situación de pobreza que existe entre las comunidades pesqueras del país. Por ello fomentar y fortalecer el desarrollo tecnológico e impulsar técnicas de pesca más eficiente es una condición necesaria para el desarrollo.

En nuestro país existen instituciones de investigación y desarrollo en la materia, como los centros regionales de investigación pesquera. Sin embargo, la situación en nuestro país en materia de financiamiento a la ciencia y el desarrollo tecnológico aún está muy por debajo de lo que se requiere para lograr su desarrollo y su expansión al sector productivo industrial.

Sin duda, debemos legislar y trabajar por revertir esta situación nacional, pero también debemos tomar los conocimientos y los desarrollos de aquellos que hayan avanzado en el tema.

En este sentido, es que la participación extranjera es permitida e inclusive recomendable, pues también se parte de que la actividad que se realiza es noble y sin fines económicos individuales, pues la naturaleza de la ciencia, el conocimiento y la investigación.

Sin embargo, eso no significa que las actividades y acciones que realicen los extranjeros en el país sean abiertas o que se realicen a discreción. Se deben realizar bajo el conocimiento y la supervisión de las autoridades mexicanas y siempre garantizando la soberanía nacional y la propiedad del país de los recursos naturales, por ello, la inclusión del Instituto Nacional de Pesca en el artículo citado, es un acierto y adecuación necesaria en la materia.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen. Es cuanto, gracias, diputado presidente.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Roblero Gordillo. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, en México desde la creación del Instituto Nacional de la Pesca, ahora conocido como el Instituto Nacional de Pesca, éste ha sido el encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura.

Además, de encargase del desarrollo, la innovación y transferencia tecnológica que requiere este importante sector en nuestro país, hoy en día es la única institución mexicana de investigación pesquera, con una cobertura nacional.

Debemos resaltar que en nuestro país contamos con condiciones propicias, para poseer un gran número de especies y ocupar así el lugar número 17 de la producción pesquera a nivel global, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

La pesca en México es una importante fuente de empleo, genera más de 350 mil empleos directos y más de 2 millones de manera indirecta. También auxilia a los ingresos económicos del país, ya que el sector pesquero mexicano contribuye al punto 2 por ciento del producto interno bruto, además de ser una importante fuente de alimentación.

Cabe mencionar que dentro de los productos más importantes de la pesca mexicana, por producción y valor encontramos al camarón, los túnidos y la sardina, todos estos a nivel mundial.

Otros productos importantes son el pulpo, la langosta, el robalo y el huachinango, además de otras 40 especies de menor producción.

En el país contamos con tres entidades federativas que se califican dentro de las más importantes respecto al volumen de captura y se encuentra en el litoral Pacífico. En Sonora el promedio anual es de 611 mil toneladas. En Sinaloa con 338 mil toneladas y Baja California Sur con 151 mil.

Lamentablemente se está generando materia prima, a la cual no se le da un valor agregado. Prueba de esto es que nos encontramos con un rezago en el tema de industrialización de productos pesqueros y también la pesca comercial en México ha alcanzado su máximo potencial de desarrollo existiendo consenso en que la mayoría de sus pesquerías están siendo explotadas en los máximos niveles y algunas ya están en deterioro o sobreexplotadas.

Nosotros, como fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos a favor de la presente iniciativa que pretende reformar el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, esto para lograr proteger el ámbito pesquero y así salvaguardar nuestros recursos naturales y dar un mayor empuje a este importante sector, ya que muchas veces se encuentra en el olvido.

Debemos también tener límites, ya que en algunos casos la pesca es de manera excesiva y algunas especies se encuentran en peligro de extinción.

El Instituto Nacional de Pesca debe supervisar todo lo que tenga que ver con permisos respecto a la pesca no solo de fomento sino también la pesca comercial, esto para beneficio de nuestro mismo país y sus habitantes.

Un tema también importante sería la protección de nuestros ecosistemas evitar a toda costa temas como derrames y que se impongan multas más severas a quienes contaminen nuestros mantos acuíferos, ríos, lagos y mares.

De lo contrario estos eventos seguirán sucediendo, como ya ha ocurrido en nuestro país, en perjuicio de millones de familias.

Así es que compañeros, nosotros vamos a aprobar este presente dictamen, pero justo ahora que estamos en el tema del Presupuesto, ojalá que haya voluntad política y sensibilidad para ser sensibles con este importante sector pesquero. No solamente la pesca, los campesinos en la actualidad siguen esperando apoyos, están de rodillas, el campo está abandonado totalmente y hagamos lo que nos corresponde como representantes populares. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Juan Luis Martínez Martínez. Quiero aprovechar y saludar la presencia de niños, de niñas de las escuelas primarias Revolución, de la escuela primaria Nicolás Bravo, de la Heriberto Enríquez y de la Sor Juana, también escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz. Sean bienvenidos, sean bienvenidas niños, niñas.

Y además saludamos con aprecio a los docentes, a las maestras, a los maestros que les acompañan. Han sido invitados por la diputada Irazema González Martínez, todos de Naucalpan de Juárez, del estado de México. Gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra, el diputado Rubén Acosta Montoya, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, señor diputado.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. La comunidad mundial se enfrenta a diferentes retos, entre estos se encuentra la alimentación y la nutrición de la población que cada vez es más creciente. Es importante mencionar que el pescado y los productos pesqueros están entre los productos alimenticios más comercializados a nivel mundial.

Si bien es cierto que la producción de la pesca de captura se mantiene estable y la producción acuícola sigue creciendo, no podemos bajar guardia y es que la contribución de la pesca y la acuacultura, la seguridad alimentaria se ven limitadas por una serie de problemas, entre ellos cabe destacar la mala gobernanza, la deficiencia de los regímenes de ordenación pesquera, los conflictos por la utilización de los recursos naturales y el uso intensivo de prácticas pesqueras y acuícolas inadecuadas.

Por consiguiente es prioritario asegurar que el bienestar ambiental sea compatible con el bienestar humano a fin de que la prosperidad sostenible a largo plazo sea una realidad para todos.

En este sentido se instruyó la pesca de fomento, cuyo propósito es el estudio, desarrollo, repoblación de recursos marinos y por supuesto su hábitat mediante la recolección de ejemplares vivos, permitiendo que un porcentaje se comercialice y el resto se define a proyectos de conservación e investigación.

De igual manera, la pesca de fomento permite a los investigadores conocer mejor el recurso y valorar las posibilidades de establecer la pesquería de manera comercial, llevando a cabo investigaciones sobre la ecología, biología, pesquería y comercialización del producto.

Por tanto con la finalidad de regular dicha actividad, en el presente dictamen se propone permitir la pesca de fomento, en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación de extranjeros, la cual se realizará en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca.

Cabe señalar, que el Instituto Nacional de Pesca es la única institución mexicana de investigación pesquera y acuícola, su compromiso con el principio de la pesca responsable le confieren bases científicas sólidas con datos fidedignos para conservar, ordenar y desarrollar la pesca y de esta manera contribuir al cuidado de la biodiversidad, los ecosistemas y el hábitat acuático.

Por lo anteriormente expuesto, en el Partido Verde Ecologista de México por supuesto que apoyamos el presente proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, ya que esto beneficiará a la población de nuestro país, a nuestro hábitat y a nuestros recursos naturales en general, ya que esto beneficiará a la población a la que pertenecemos. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Rubén Acosta. Tiene el uso de la palabra la diputada Saraí Larisa León Montero, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.

La diputada Saraí Larisa León Montero:Gracias. Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados. Acudo a esta soberanía para posicionar al Grupo Parlamentario del PRD en favor del dictamen de la Comisión de Pesca por el que se reforma el segundo párrafo al artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para que la secretaría pueda permitir la pesca de fomento en el caso de científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, la cual se realizará en conjunto y bajo la supervisión del Instituto Nacional de Pesca, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales sin perjuicio de los demás requisitos que deban cumplirse en términos de la legislación aplicable.

Apoyamos la reforma en razón de que está acorde con el artículo 29, fracción XVII de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que establece que el Inapesca contará con la atribución de designar observadores a bordo en las embarcaciones o en las instalaciones pesqueras o acuícolas para fines de investigaciones. En el Grupo Parlamentario del PRD vemos que esta atribución al Inapesca coadyuvará a mantener la soberanía nacional dentro de nuestros límites costeros y en altamar.

El artículo 48 de la Constitución General de la República prevé que las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes de los mares territoriales, así como las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán directamente del gobierno de la federación con excepción de aquellas islas sobre las que hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los estados.

Debemos de coincidir con esta nueva atribución ya que el Inapesca, de acuerdo con la Sagarpa, es la única institución mexicana de investigación pesquera con cobertura nacional y en permanente contacto con el medio pesquero y sus problemas de desarrollo y administración.

Dotar al Instituto Nacional de Pesca de atribuciones para que supervise a científicos, técnicos e instituciones de investigación extranjeros, es un acto de política pública de un Estado responsable.

El término frontera ha experimentado una evolución en los últimos años y se hace necesario distinguir entre una acepción restringida y otra amplia. La primera la utilizamos como sinónimo del límite de territorio de un estado; y en cambio en la segunda designa también los límites en la Zona Económica Exclusiva en los que un país posee poderes y autoridad, y la plataforma continental.

Diputadas y diputados, nuestra reforma contribuye a que el Inapesca, con la supervisión que va a realizar, preservará nuestras zonas económicas exclusivas y nuestros derechos como nación independiente, sobre los recursos marítimos.

Coincidimos en el PRD en la urgencia de armonizar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, por lo que nos expresaremos a favor del dictamen de la Comisión de Pesca.

En este mundo globalizado es necesario que las instituciones de la república supervisen las actividades de los no nacionales, aun así sean científicos o de investigación.

Finalmente hacemos un respetuoso llamado a la colegisladora a que a la brevedad discuta el asunto contenido en el dictamen en que en este acto votaremos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada León Montero. Tiene la palabra don Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para fijar la postura de su grupo.

El diputado Arturo de la Rosa Escalante:Muy buenas tardes. Honorable asamblea, para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional toda iniciativa que procure la consecución de una patria ordenada y generosa y permita alcanzar una vida mejor, más digna para todas y para todos los mexicanos, siempre será apoyada, y de ser el caso, también será defendida.

En esta oportunidad por mandato expreso de mi fracción, a quien le agradezco la confianza, vengo a ésta, la más alta tribuna del país para expresar nuestro respaldo al dictamen que ahora nos ocupa y cuyo contenido normativo significa, sin lugar a dudas, un importantísimo avance hacia el indispensable fortalecimiento de la investigación en beneficio de la actividad pesquera y la acuícola de nuestro país.

Vengo de un estado de la Unión, joven, con muchísimo empuje y grandísimo potencial: Baja California Sur. Ejemplos, si los hay, de actividad económica sustentable a la explotación de combustibles fósiles y que a través del turismo y la pesca, colabora con México para progresar hacia un porvenir mejor.

En este orden de ideas, Baja California Sur aporta poco más del 9 por ciento de la producción pesquera nacional y en conjunto con nuestros vecinos de Baja California Norte, Sonora y Sinaloa representamos más del 75 por ciento del total de la actividad pesquera de nuestro país.

La reforma aquí propuesta otorga amplias facultades al Instituto Nacional de Pesca para intervenir en la supervisión de los permisos de pesca, de fomento que otorga la Sagarpa con fines científicos, técnicos y de investigación, siempre que dichos trabajos estén a cargo de instituciones extranjeras de investigación.

Asimismo, el Inapesca estará obligado y facultado para realizar, conjuntamente con la institución a cargo del proyecto de investigación, los estudios e investigaciones objeto del permiso de pesca de fomento. La finalidad de otorgarle dichas facultades al Inapesca es la de salvaguardar el interés público que reviste la información derivada de las investigaciones que se realizan a través de la pesca de fomento.

En este orden de ideas, no hay que dejar de subrayar que el talón de Aquiles de la Conapesca es la falta de vigilancia, lo cual ha ocasionado que los permisos de pesca de fomento sean utilizados para la depredación de nuestros recursos pesqueros.

Sólo por mencionar un caso, en Baja California Sur Conapesca otorgó el permiso de pesca de fomento número PPF/GGOPA-024/14 para la pesquería de Pajarito en favor de la Cooperativa San José del Cabo. La falta de vigilancia por parte de las autoridades encargadas y la autorización de artes de pesca depredadoras han ocasionado que el permisionario esté afectando gravemente el hábitat marino. Hay que recordar que estas artes de pesca son redes que tocan el suelo marino y desafortunadamente las redes no tienen ojos y van llevando a su paso todas las especies que encuentran; entre ellas podemos destacar las reservadas a la pesca deportiva, las que se encuentran en veda y peor aún aquellas especies que se encuentran en peligro de extinción.

Por esta razón quisiera hacer un respetuoso exhorto a la Conapesca para que ponga en marcha más y mejores políticas públicas de vigilancia de nuestros litorales.

Por lo demás, un servidor y nuestra fracción parlamentaria están de acuerdo en el presente dictamen. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado De la Rosa Escalante. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Alberto Zepeda González para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Francisco Alberto Zepeda González:Muy bien día. Compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias presidente de la Mesa Directiva. Presento a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, posicionamiento al proyecto de decreto que reforma el artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Desde agosto de 1962, el Inapesca que se creó como el Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas Pesqueras, ha dirigido la investigación pesquera del país, aportando en su momento conocimientos básicos en materia de biología, distribución y abundancia de los recursos pesqueros, ya sea de agua dulce o salada del país.

Posteriormente, en 1971, se transformó el Instituto Nacional de Pesca incorporando nuevas áreas de investigación que se orientaron a la evaluación y manejo del patrimonio pesquero, y del análisis integral de este sistema, tendiendo puentes con la estructura productiva del sector, consolidándolo en su carácter de consultor de gobierno para planificar, ordenar y mejorar de manera el desarrollo pesquero acuícola nacional.

En la actualidad, el Inapesca es un órgano público descentralizado, sectorizado con la Sagarpa, activo, tanto de la política internacional pesquera y ambiental, por lo que coincidimos en el sentido del dictamen y consideramos que el Instituto debe contar con la información más moderna, confiable y sistemática de las metodologías de la investigación vigentes y de vanguardia; de las propuestas más nuevas en materia de política de gestión de los recursos pesqueros, ambientales en el ámbito internacional, a fin de generar programas y planes generando coordinación y orientado el desarrollo de la investigación pesquera en México.

El Instituto Nacional de Pesca es la única institución del país en materia de investigación pesquera y acuícola con cobertura nacional, misma que se encuentra en un diálogo constante e ininterrumpido en el sector pesquero desde hace 52 años, consciente y sensible de sus problemas y necesidades para su desarrollo, así como para su administración.

Las relevantes labores que el Instituto desahoga como una parte del principio de la pesca responsable, son evidentes al proporcionar a la autoridad pesquera y acuícola sólidas, bases científicas con datos fehacientes para conservar, ordenar y desarrollar la actividad pesquera y coadyuvando en el cuidado de la biodiversidad los ecosistemas y el hábitat acuático.

El Inapesca habla a su excelencia científica y tecnológica, la cual hace fuente de estudios internacionales reconocidos y referentes ante los organismos internacionales y ONG, integrado por personal investigador capacitado para afrontar retos que aporten soluciones y tecnologías al sector pesquero y acuícola, para mejorar su productividad, rentabilidad y producción de los recursos, contando con una plantilla que asciende a 438 trabajadores, 292 investigadores y técnicos, y 146 de apoyo, más del 70 por ciento realiza sus actividades en centros regionales de investigaciones pesqueras, colaborando todos para lograr una fortuna, protección y conservación de la flora, fauna acuática a través de sus investigaciones en materia de pesca y acuacultura.

El instituto cuenta con facultades de primera importancia para el sector: coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica, y elabora y actualiza los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas, así como la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, entre muchas otras que dirige la pesca por la senda del crecimiento y el desarrollo.

Es por eso que en el PRI compartimos el sentido del dictamen, para que sea el Inapesca quien supervise la pesca de fomento en el caso que Sagarpa se le autorice en términos de la ley a científicos, técnicos e instituciones de investigaciones extranjeras.

Por cierto, compañeras diputadas y compañeros diputados, ha sido turnada a la Comisión de Hacienda una iniciativa que precisamente va focalizada a fortalecer una parte del sector productivo en el país, como es la pesca lastimada por el desarrollo económico.

Esta iniciativa va orientada a generar a partir de los ingresos de las administradoras portuarias integrales en el país una plataforma de recursos que vayan destinados una parte a fortalecer este sector que durante muchos años ha quedado rezagado. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del dictamen. Diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Francisco Alberto Zepeda González, por su participación.

Honorable asamblea, en razón de que se ha agotado la lista de oradores y que el proyecto de decreto aborda sólo un párrafo de un artículo por ello le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recibir la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las jóvenes, a los jóvenes de la preparatoria Centro Escolar Quetzal, de Morelia, Michoacán. Les damos la bienvenida en nombre del señor diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva y paisano de ustedes. Les reconocemos su interés por los temas que aquí se abordan en este Congreso, en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias por su visita.

El diputado Kamel Athie Flores ha invitado a un grupo de estudiantes del Tecnológico de Cuauhtémoc, Chihuahua, de la capital manzanera dicen, no del país sino del mundo. Sean bienvenidos, muchas gracias también, por su visita.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 364 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Pasa al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 40, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Dictamen de la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 79 numeral 2, 80; 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la Honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 30 de abril de 2014, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante el pleno de esta Cámara de Diputados Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el Artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Con fecha 20 de mayo de 2014, la mesa directiva turnó la iniciativa en el expediente 4517 para dictamen a la Comisión de Igualdad de Género.

La iniciativa en comento propone que en el texto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se reconozca expresamente el derecho de las madres y padres biológicos y por adopción al permiso y prestaciones por paternidad y maternidad.

Refieren que en la actualidad existen diversos tipos de familias: familias nucleares, familias en cohabitación, familias monoparentales, familias homoparentales, familias reconstituidas, familias con hijos adoptivos, familias biparentales, familias polinucleares, familias extensas, etcétera.

Definen a las familias con hijos adoptivos, como aquella con uno o más hijos naturales que han adoptado uno o más hijos y señalan además que los mismos derechos que tiene una madre o padre bilógicos deben tener los padres adoptantes, asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta a la madre adoptante, esta licencia sirve también como una posibilidad de dar tiempo a la madre adoptante de crear un vínculo afectivo con el menor.

De acuerdo con los diputados proponentes, el hecho de adoptar debe llevar en sí una serie de derechos iguales a los de los padres biológicos, el marco jurídico en México frente a la adopción ha sufrido transformaciones, en cada entidad federativa se ha legislado de manera diferente atendiendo las necesidades de la población.

Precisan que la adopción es el procedimiento legal que permite a una niña o niño convertirse, en términos legales, en hija o hijo de sus padres adoptivos, distintos de los naturales. Mediante la adopción se busca integrar a una familia a los niños que carecen de ella.

Por ello estiman que debe ser una obligación brindar mayor protección a los padres adoptantes y a los niños y brindarles el afecto y atención que necesitan; dar los elementos necesarios para una mayor inclusión a sus nuevas familias.

En ese sentido, destaca que también se han orientado esfuerzos para impulsar en la norma la licencia de paternidad, que incluye nuevas responsabilidades para los varones, por lo que de manera similar se considera necesario ampliar los derechos y obligaciones a diversos tipos de familia, en este caso se trata de las familias adoptantes.

Reiteran que la iniciativa en comento surge de la necesidad de robustecer la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con objeto de otorgar a las mujeres y hombres una licencia por maternidad o paternidad, en caso de adopción.

La licencia de paternidad tiene como objetivo la distribución de tareas en el hogar y del cuidado de las hijas e hijos, para así buscar mayor participación del género masculino en el trabajo de la casa y un mayor equilibrio en las responsabilidades y atenciones que se requieren en una familia con un bebé recién nacido.

Abundan ejemplificando que en algunos países las licencias por paternidad existen desde hace décadas. Suecia fue el primer país que reglamentó la licencia por paternidad en el año 1974; Noruega y Finlandia la implementaron dos años después. Recientemente, en España, se aprobaron 30 días para la licencia de paternidad; en Inglaterra fue aprobada por seis meses completos; Canadá otorga 35 semanas; Estados Unidos, dos semanas es la regla general, aunque en cada estado y en cada compañía se reglamente de una manera diferente; Venezuela desde 2007 otorga 14 días; Ecuador, Brasil y Chile desde 2009, el primero por 15 días y los otros dos sólo 5 días.

Señala que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley y que la iniciativa subraya que las madres y padres adoptivos deben ser iguales a las madres y padres genéticos ante la ley. Es necesario que se reconozca el derecho que todas las personas deben tener a una licencia por maternidad y paternidad, independientemente de la manera en que fueron padres.

Finalmente destaca que se debe contribuir al reparto equitativo de las responsabilidades familiares y en cumplimiento a la igualdad entre hombres y mujeres para que se reconozcan los derechos de las madres y padres adoptantes.

Consideraciones

Esta comisión dictaminadora coincide con los diputados proponentes en la necesidad de impulsar el reparto equitativo de las responsabilidades familiares entre mujeres y hombres sin distinción entre los diversos tipos de familia, en especial aquellas que se constituyen como adoptivas.

La propia Convención de los Derechos del Niño de 1989, señala que uno de los derechos básicos de toda niña o niño es el de tener una familia. Cuando la familia biológica no puede proporcionarles los cuidados necesarios para vivir y desarrollarse en su propio seno, puede ser dado en adopción, de forma que esos cuidados sean, entonces, proporcionados por una familia adoptiva.

De tal suerte que es innegable que las familias biológicas y las adoptivas, indistintamente tienen como objetivo el bienestar físico y emocional de cada uno de sus miembros. También comparten la calidad del vínculo, el sentimiento de pertenencia, y el cumplimiento de roles, que pueden ser tan válidos y profundos en las familias adoptivas como en las biológicas.

El hecho de adoptar o acoger a un niño innegablemente conlleva a una serie de derechos similares a los de las madres biológicas, sin embargo, tal como lo expresan los proponentes, nuestra legislación es aún muy limitada al respecto, por lo que se considera necesario precisar en la legislación los derechos y obligaciones de las madres y padres adoptantes.

Esta comisión observa que la iniciativa se enmarca en el plano de la Discusión vigente sobre conciliación de la vida personal, familiar y profesional, en cuya reflexión se ha reconocido que la situación afecta tanto a las mujeres como a los hombres, porque el tiempo es el mismo para todas las personas. Sin embargo, se advierte que las mujeres tienen más dificultades para hacer compatibles las demandas que exige el ámbito de lo profesional y el ámbito privado a lo largo de toda la vida.

En ese sentido, consideramos que la iniciativa es oportuna en virtud de que abona a la idea de que la conciliación es necesaria porque el número de madres que tienen un empleo ha aumentado, pero también porque los padres tienen el derecho y la responsabilidad de la atención y educación de sus hijas e hijos, de manera que es necesario encontrar soluciones que permitan a mujeres y hombres repartir y compartir las obligaciones y aspectos de la vida familiar y las tensiones y oportunidades del trabajo remunerado, de manera que la igualdad de oportunidades se aplique tanto a las condiciones de vida como a las condiciones de trabajo.

La Encuesta Nacional de uso del Tiempo, nos brinda un panorama de la participación de los hombres en el cuidado de las hijas e hijos, de tal suerte que los resultados señalan que en los hogares donde hay menores de seis años, el 85 por ciento de las mujeres participa en su cuidado, para el caso de los hombres lo hace el 52 por ciento; las horas que le dedican a esta actividad las mujeres a la semana son 12.5 en promedio y los hombres 5.5 horas en promedio; respecto a los permisos que se otorgan a las hijas e hijos, en el 72 por ciento de los casos los toman ambos padres, pero un 16 por ciento lo decide sólo la mujer.

De tal manera que para esta comisión, al igual que para los proponentes, es innegable la importancia que tiene la participación de los hombres en la crianza de los hijos y la necesidad de buscar un equilibrio en las tareas dentro del hogar, de ahí que algunas dependencias gubernamentales han implementado la licencia por paternidad, como se lleva a cabo desde hace tiempo en países desarrollados.

Sin embargo, esta comisión tiene la siguiente consideración: de la simple lectura de los argumentos citados por los proponentes, se puede apreciar, que la iniciativa  no tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, siendo que su objetivo es otorgar a las mujeres y hombres una licencia por maternidad o paternidad, en caso de adopción.

Del mismo modo los proponentes señalan que:

En algunos países las licencias por paternidad existen desde hace décadas. Suecia fue el primer país que reglamentó la licencia por paternidad en el año 1974; Noruega y Finlandia la implementaron dos años después. Recientemente, en España, se aprobaron 30 días para la licencia de paternidad, en Inglaterra fue aprobada por seis meses completos, Canadá otorga 35 semanas, Estados Unidos, dos semanas es la regla general, aunque en cada estado y en cada compañía se reglamente de una manera diferente, Venezuela desde 2007 otorga 14 días, Ecuador, Brasil y Chile desde 2009, el primero por 15 días y los otros dos sólo 5 días.

Como puede observarse el argumento esgrimido por los proponentes versa sobre licencias de paternidad y no de padres adoptivos, no obstante lo anterior en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, estos derechos o permisos para los padres adoptantes ya están considerados, como se detalla a continuación.

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; y

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban;

Por tal motivo, esta Comisión estima necesaria y oportuna la modificación que la iniciativa propone a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que precisa de manera textual la obligación equitativa de las mujeres y los hombres en el cuidado de las hijas e hijos y elimina la posibilidad de cualquier distinción entre los padres y madres biológicas y adoptantes.

Expresamos nuestra coincidencia y aprobación del dictamen en sus términos en sentido positivo.

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Igualdad de Género, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 40. ...

I. a X. ...

XI. Contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 8 de julio de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Delfina Elizabeth Guzmán Díaz (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales, Irma Elizondo Ramírez (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), María Eugenia de León Pérez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado, Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Leticia López Landero, Aida Fabiola Valencia Ramírez, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, por la Comisión, para fundamentar el dictamen, ello con apoyo en el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara. Tiene el uso de la palabra, diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena:Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. La iniciativa que hoy se somete a nuestra consideración tiene como propósito reconocer expresamente en el texto de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres el derecho de las madres y padres biológicos y por adopción para los permisos, prestaciones laborales, por maternidad o paternidad, según sea el caso.

Para la Comisión de Igualdad de Género la iniciativa que hoy votamos, que votaremos es pertinente, es congruente, porque busca eliminar cualquier distinción entre la figura de padres o madres biológicas y padres o madres adoptivas que pudiera significar algún tipo de discriminación en detrimento de estos últimos o de estas últimas. Es decir, mismas responsabilidades, mismos derechos.

Por ello consideramos muy oportuno robustecer, fortalecer los derechos de las madres, de los padres adoptivos en el marco de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, reconociendo a las mujeres y a ellos, a los hombres también una licencia por maternidad o paternidad en caso de adopción.

En este sentido, consideramos que la iniciativa es congruente con la línea de acción de la Comisión de Igualdad de Género en esta Cámara de Diputados, que ha impulsado en la agenda legislativa el tema de las licencias de paternidad cuyo objetivo –como sabemos– es la redistribución de tareas en el hogar y del cuidado de las y los hijos, para buscar una mayor participación de los hombres en los trabajos de la casa y un mayor equilibrio en las responsabilidades y atenciones que se requieren en una familia con una o con un recién nacido.

Observamos que la iniciativa se enmarca en el plano de la discusión vigente sobre la conciliación de la vida personal, la vida familiar, la vida profesional, en cuya reflexión se ha reconocido que la falta de reconciliación en estos ámbitos familiares, profesionales y personales nos afecta tanto a las mujeres como a los hombres, porque es el mismo tiempo para todas las personas.

Sin embargo, se advierte que las mujeres tienen mayores dificultades para hacer compatibles las demandas que exige el ámbito de lo profesional y el ámbito privado a lo largo de toda la vida. Es decir, las mujeres no hemos podido sortear el obstáculo de la múltiple jornada.

Por lo anterior, estimamos que las modificaciones propuestas son adecuadas, en virtud de que abonan a la idea de que la conciliación es necesaria, porque por un lado ha aumentado el número de madres que tienen un empleo, que se han incorporado al mercado laboral, pero también porque los padres, los hombres tienen el derecho y la responsabilidad de la atención y educación de sus hijos e hijas.

De manera que es necesario encontrar soluciones que permitan, a ambos, repartir y compartir las preocupaciones y obligaciones de la vida familiar, pero también de las gratificaciones, así como también de contar con mejores condiciones para el acceso a un trabajo remunerado.

La igualdad de oportunidades, la igualdad sustantiva debe aplicarse, porque tanto a las condiciones de vida familiar deben ser una realidad, como a las condiciones de trabajo. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo nos brinda un panorama de la participación de los hombres en el cuidado de las hijas e hijos, y los resultados señalan que en los hogares donde hay menores de seis años, el 85 por ciento de las mujeres participa en su cuidado, para el caso de los hombres lo hace sólo el 52 por ciento. Las horas que se dedican a esta actividad, las mujeres, a la semana, son de 12.5 horas en promedio, y los hombres apenas 5.5 horas en promedio.

Ante este panorama para la Comisión de Igualdad de Género, es innegable la importancia que tiene que la participación conjunta, democrática, la democracia empieza en casa, y por ello consideramos que la intervención, la participación activa de los hombres en la crianza, en la educación, en la economía y en todo lo que significa el cuidado de adultos mayores y, en este caso, de hijos o de hijas recién nacidos, o adoptivos, es importante y es una necesidad para equilibrar en las tareas dentro del hogar.

Por ello, saludamos a algunas dependencias gubernamentales que han implementado la licencia por paternidad que, desde esta Cámara de Diputados, en la reforma laboral logramos ampliar para que también los hombres gozaran de este beneficio y no les dé ninguna vergüenza cambiar un pañal o estar con su hijo o su hija recién nacido y crezcan en el amor que deben tenerle a su hijo o a su hija.

Por tal motivo, abogamos para que ésta reforma sea aprobada y con ello se precise, de manera textual, la obligación equitativa de las mujeres y los hombres en el cuidado de las hijas e hijos, y se elimine la posibilidad de cualquier distinción entre los padres y las madres biológicas y las y los adoptantes.

Compañeras, compañeros, es para nosotros muy grato solicitarles su voto a favor de esta reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que por unanimidad hemos logrado sacar en nuestra Comisión de Igualdad de Género.

Me felicito y felicito a todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género por este gran logro, y llamo a todas y a todos ustedes a votar a favor de esta reforma. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señora presidenta.

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias a usted, diputada Mícher, por esta fundamentación.

Aprovecho saludar a estudiantes de bachillerato del Instituto Sanjuanense de Estudios Superiores de San Juan del Río, Querétaro, invitados por el diputado José Guadalupe García Ramírez. Bienvenidos.

Ahora está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen presentado, y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra el diputado Fernando Bribiesca para fijar postura, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, actualmente la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dicta que con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de ambos corresponde a las autoridades contribuir a un reparto equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad.

Los avances que se han realizado respecto a la licencia de paternidad han permitido que se incluya de manera positiva a los hombres para el goce de este derecho, buscando mayor participación del género masculino en el trabajo de la casa y en las atenciones que se requieren en este proceso.

En esta congruencia, la propuesta que analizamos en la Comisión de Igualdad incorpora este derecho en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y permite que se reconozca tanto para padres biológicos como para padres por adopción, de la misma manera, como ya se establece en la Ley Federal del Trabajo y en instrumentos internacionales.

Recordemos que la misma ley equipara la fecha de parto a la fecha en que el menor pasa a formar parte del seno de la familia adoptante, por lo que esta licencia servirá como una posibilidad para crear un vínculo afectivo con el menor.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos que las familias con hijos adoptivos tienen los mismos derechos que aquellas con hijos naturales, por lo que consideramos fundamental que se precise el concepto de madres y padres por adopción.

Además, es obligación para el Poder Legislativo el adecuar la legislación interna de la Convención de los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales, con el fin de garantizar que se brinden a los menores los cuidados necesarios para su sano desarrollo.

Por lo anterior y debido a que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es la principal herramienta que concentra las acciones, las políticas, los programas y los presupuestos que permiten garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en todo el territorio nacional nos manifestamos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta. Muchísimas gracias, compañeros diputados.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Bribiesca. Ahora, de acuerdo al artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de nuestra Cámara tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del PT, para fijar postura también, hasta por cinco minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras, compañeros legisladores. La Comisión de Igualdad de Género ha puesto a consideración de esta honorable asamblea, el proyecto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La iniciativa propone que se reconozca expresamente el derecho de las madres y padres biológicos y por adopción, al permiso y prestaciones por paternidad y maternidad. La atención temprana a los niños y sus madres desde el momento del parto y hasta los cinco años es una de las principales recomendaciones de organismos internacionales para garantizar el saludable y correcto desarrollo y nutrición de los infantes; asimismo la recuperación de la madre y la vinculación con su hijo en los primeros años de vida del mismo. De igual manera, es necesario para lograr la generación de lazos afectivos y emocionales saludables para madre e hijo.

Por su parte, el padre tiene un papel fundamental en los primeros meses de recuperación después del parto en cuanto a brindar la atención y cuidados a la madre y al hijo. Asimismo, la generación de lazos de identidad y reconocimiento entre el padre y los hijos se da principalmente en los primeros meses de vida del infante.

Por estas consideraciones garantizar que los padres pueden tener un periodo de gracia laboral por concepto de embarazo y alumbramiento es un derecho que han ganado los trabajadores mexicanos, a pesar de estas necesidades el tiempo de licencia por maternidad que se les otorga a las madres en nuestro país es de los menores del mundo, es apenas de 12 semanas, menos de las 14 establecidas por la Organización Mundial del Trabajo en el Convenio 183 y mucho menos de las 18 sugeridas en la Recomendación 191 del citado organismo.

Y en el caso de los padres es prácticamente inexistente, pues los cinco días que hoy se les reconocen a los padres no son suficientes ni equitativos, inclusive se ha señalado que así como está hoy vigente esta norma, la licencia de paternidad solo coadyuva a fortalecer los estereotipos machistas que aún persisten en nuestra sociedad.

En el caso de las familias adoptantes, el otorgamiento de derechos es mucho menor, el periodo de adaptación e inclusión a la nueva familia que requieren tanto los niños como los padres es crucial, para lograr la sana y armónica convivencia que regirá o no el desarrollo futuro de la familia. Y a pesar de lo anterior, el reconocimiento del derecho a gozar de licencias de paternidad aún no se reconoce de forma integral.

Sin duda es necesario reconocer los mismos derechos de los padres genéticos a los padres adoptantes; asimismo y como se menciona en la iniciativa reconocer y ejercer de forma efectiva el derecho de los niños a tener una familia.

Por ello el Partido del Trabajo comparte la preocupación de los promoventes del proyecto y pugna por el reconocimiento de los derechos paternos iguales a todos los tipos de familia. Asimismo, pugnamos por el reconocimiento de la igualdad entre madres y padres en función del cuidado y educación de los hijos, así como de la cooperación y el bienestar familiar.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Loretta. Tiene la palabra la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, para fijar postura hasta por cinco minutos.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señora diputada.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Actualmente la paternidad se relaciona con el deseo y posibilidad de una familia de tener un hijo. Y, por lo tanto, una paternidad biológica o una paternidad adoptiva tienen el mismo objetivo y en consecuencia deben ser tratadas con igualdad de circunstancias y derechos. La legislación equipara el parentesco existente entre ambos tipos de padres con independencia del vínculo que se tenga con el menor.

En México la igualdad la igualdad entre los sexos ha sido un elemento clave para que los cambios sociales e institucionales generen equidad y crecimiento a una sociedad. La búsqueda por alcanzar beneficios mutuos para hombres y mujeres ha logrado que el país día con día evolucione hasta convertirse en una entidad política tolerante ante las diferencias existentes en el país.

La igualdad ha avanzado a pasos agigantados induciendo que tanto hombres como mujeres puedan aspirar a los mismos puestos de trabajo, estudiar y competir en las mismas universidades y procurar instituir una familia donde ambas partes se encarguen del desarrollo y obligaciones que conllevan la formación de un hogar mexicano.

En el área laboral el precepto a trabajo igual salario igual, ha reconocido la igualdad jurídicolaboral entre el hombre y la mujer. La ratificación de las normas de trabajo no tienen la finalidad de crear desigualdades entre ambos géneros sino que, por el contrario, su objetivo primordial es proteger a su personal otorgándole equivalencia de oportunidades.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve el incremento de beneficios entre ambos sexos para que puedan acceder a un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

La Ley Federal del Trabajo establece que tanto los trabajadores como las trabajadoras, disfrutarán de las mismas obligaciones y compromisos, así como la igualdad de salarios por el servicio prestado.

Por otra parte la ley protege fervientemente a la trabajadora que se encuentra en estado de gravidez.

La legislación es clara estableciendo los lineamientos que prohíben exponer a la mujer y al producto de la concepción a trabajos insalubres, peligrosos, nocturnos, industriales o a la prestación de servicios en horas extras.

En contexto la madre disfrutará de seis semanas anteriores y seis semanas posteriores al parto, gozando de un salario digno, con la plena certeza de que una vez concluido el plazo podrá reintegrarse a sus funciones laborales previas.

La iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 40, fracción XI de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, fue presentada en el mes de abril del año en curso, por los diputados Ricardo Mejía Berdeja, y Ricardo Monreal Ávila, con el fin de reconocer la igualdad de derechos de las madres y los padres biológicos, así como los padres adoptantes, en relación al permiso y prestaciones por paternidad y maternidad.

Al hablar de igualdad entre los hombres y las mujeres, es necesario plantearnos el argumento de cómo han evolucionado los roles familiares entre las uniones de las familias mexicanas.

Por ejemplo actualmente la pareja labora en conjunto para procurar el desarrollo y mejora de su hogar; ambos tomas las decisiones de su hogar, así como también se encargan del cuidado de los hijos con independencia de su sexualidad.

Esta situación era impensable e inconcebible hace unas décadas de la nación mexicana. Al ser padre y madre socialmente equiparados, deben percibir el mismo goce de permisos para el cuidado del hijo recién nacidos y ser apoyados laboralmente en las prestaciones económicas resultantes del ciclo del parto.

Además la reforma consiste en otorgar los mismos derechos de una madre o padre sanguíneos a los padres adoptivos, asemejando la fecha del parto de la madre biológica con la fecha de entrega del menor al nuevo hogar de la familia adoptante.

El proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, señalando que se debe contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, conociendo a los padres biológicos y por adopción, el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo.

Enhorabuena por los papás de este país, papás biológicos y papás adoptivos. Felicidades, diputado Ricardo Mejía; felicidades, diputado Ricardo Monreal. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Valencia. Les damos la bienvenida a estudiantes de distintas carreras y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sean ustedes muy bienvenidos. Son invitados por el diputado Arturo Escobar y Vega. Bienvenidos.

Tiene la palabra ahora la diputada María del Rosario Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México, para fijar postura, hasta por cinco minutos

La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito:Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras diputadas y diputados: en los últimos años la adopción ha sido reconocida como una medida de protección para los niños privados de un medio familiar, pero es ante todo la posibilidad de brindar un hogar a un infante que por diferentes causas ha crecido con la carencia de casi todos sus derechos fundamentales.

De acuerdo con un texto publicado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, se hizo un diagnóstico de la adopción en nuestro país en el año 2005, realizando proyecciones estadísticas sobre el aumento del número de niños sin cuidados familiares e institucionalizados en nuestro país, el cual mostró que en 2005 el número de niños en casas hogar era de 28 mil 107 y las proyecciones indicaban un incremento a 29 mil en el año 2010.

Dichas cifras son el reflejo de la lamentable situación por la que atraviesa la niñez como uno de los sectores más vulnerables de nuestro país. La elevada y creciente cifra de niños que habitan en casas hogar son el resultado de diversos factores, y la falta de educación, embarazos a temprana edad y la pobreza son las principales causas que la originan.

Es por lo anterior que debe darse prioridad a las personas que asumen el compromiso de integrar, a través de la adopción, a los niños que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse en su núcleo familiar, pues así como los padres biológicos, éstos asumirán la responsabilidad de procurarles bienestar.

Para ello será necesaria la participación conjunta de ambos padres, pues tanto la intervención de la mujer como la incorporación de los hombres a una paternidad activa son sin duda los elementos indispensables para el desarrollo de la niñez.

Por cierto, ha de haber muchos estados, pero en el mío, en Chiapas, ya hay una ley donde cuando se es padre de familia se tienen ocho días hábiles para faltar a su trabajo para ayudar a la madre en los cuidados del recién nacido.

Estamos conscientes de los avances que se han dado en los últimos años. Parte de un cambio histórico está en los roles de género de mujeres y hombres que se están produciendo en las últimas décadas, y eso evidencia el desarrollo de la sociedad en una participación más equitativa y respetuosa.

Hoy en día, es común la inclusión de la mujer a la vida laboral desempeñando incluso, diversas labores que por años habían sido exclusivas de los varones, por lo que sin duda cada vez será mayor la participación de nosotras en los diferentes sectores profesionales y laborales.

Así pues, también en las labores que antes fueron consideradas exclusivas o prioritariamente de responsabilidad de las mujeres, observamos mayor participación de los hombres. Bienvenidos.

Ejemplo de lo anterior son la crianza y educación de sus hijos. Si bien siempre debieron ser responsabilidad de ambos padres, lo cierto es que con frecuencia fueron definidas como tareas de mujeres.

Es por ello que hoy más que nunca se debe impulsar una mayor participación de los hombres en dichas labores. Es por ello que las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del decreto por el que se reforma la fracción XI del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ya que resulta necesario contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres biológicos y por adopción el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad en términos de la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior, ya que consideramos que acciones como éstas, además de fomentar la integración de las familias como base fundamental de cualquier ser humano, impulsa el desarrollo personal, social y profesional de las mujeres y los hombres en toda igualdad. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Pariente Gavito. Tiene la palabra la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar postura hasta por cinco minutos.

La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz:Muy buenas tardes compañeros, compañeras, con el permiso, presidenta.

A través de la historia de la humanidad, el concepto de familia ha ido cambiando constantemente de acuerdo a las etapas que como seres humanos hemos atravesado. Sin embargo, algo que es una constante, es que la familia es el pilar necesario de todo individuo, para la creación de un mundo mejor.

Una familia es respeto, tolerancia, comprensión. Una familia es amor. Si la familia fuese definida de acuerdo a valores emocionales, no se tendría una clasificación de ellas. Una familia sólo es comprensible en su propio entorno, sin embargo por cuestiones legales y técnicas las familias tienen que dividirse de acuerdo a su proceso de conformación.

La adopción es sin duda uno de los procesos más humanos y admirables, un acto que requiere la mayor de las responsabilidades posibles para cobijar a esos niños que, por diversas circunstancias, les ha sido arrebatada la posibilidad de crecer dentro de un seno familiar. Los padres adoptivos y madres adoptivas tienen las mismas responsabilidades jurídicas y morales que los padres biológicos, sin embargo no los mismos derechos. Dicho proyecto propone que padres y madres adoptivos cuenten con los mismos derechos: prestaciones por los términos de maternidad y paternidad.

Felicito a los compañeros diputados promoventes de esta iniciativa, porque es un gran paso en dos temas fundamentales: la igualdad de género y los procesos de adopción en México. Los hombres y mujeres somos iguales ante la ley, sin embargo por ahora sólo las madres adoptivas, al igual que las genéticas, tienen el derecho a licencia por maternidad.

En el Grupo Parlamentario del PRD asumimos que la igualdad de género no es sólo un asunto de mujeres, por ello estamos a favor de este proyecto, porque comprendemos que es necesario que se reconozca el derecho de todos los hombres y de todas las mujeres a tener una licencia por maternidad y paternidad de manera independiente en la que hayan sido padres.

La licencia de paternidad contempla el proceso que deben tener los padres adoptivos con el hijo o hija a quien han decidido cobijar; una tarea emotiva, sin embargo nada fácil, y que requiere tiempo completo de padres y madres para adaptar y formar de mejor manera una nueva familia.

Con la licencia de paternidad no sólo se crea un derecho de igualdad al de las mujeres que son madres adoptivas, con ello también se prevé un reparto equitativo en el ámbito laboral, de tareas domésticas, de cuidado al nuevo integrante de la familia y sobre todo de afecto, cariño que tanto necesita este pequeño o pequeña que tiene de nuevo la oportunidad de recibir amor en una familia.

Desde el Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor del bienestar físico y emocional de los miembros que componen una familia sin diferenciar las clasificaciones de ellas. Los derechos de padres y madres genéticos y adoptivos deben ser equivalente a sus responsabilidades, por ello apoyamos esta iniciativa considerándola positiva en la conformación de una sociedad igualitaria y responsable.

Tenemos fe en que la modificación de eta ley no sólo brindará licencia de paternidad a los padres adoptivos, sino que enmarca los principios de una relación de igualdad entre hombre y mujer. Qué mejor ejemplo para los niños y niñas que en un tiempo crecerán y volverán a ejemplificar ese legado que sus padres han dejado, el de los mismos deberes y los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Esto significa un real acercamiento hacia la igualdad de género. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Guzmán Díaz. Damos un saludo a alumnos destacados de la comunidad de Santa María del Monte, en Zinacantepec, así como a padres, maestros y autoridades que los acompañan. Todos ellos invitados por el diputado Gerardo Hernández Tapia, que aquí nos acompaña. Sean todos bienvenidos.

Tiene la palabra ahora la diputada María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional, para fijar postura hasta por cinco minutos.

La diputada María Teresa Jiménez Esquivel:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional la verdadera igualdad se logra cuando todas y todos tenemos el mismo poder para incluir en la sociedad nuestras propias ideas. Por tanto, para nosotros es fundamental velar donde el Legislativo cuente con posibilidades y derechos y responsabilidades en todas las áreas de esta vida.

Por ello, nuestro Grupo Parlamentario observa y comparte la relevancia del dictamen que hoy se discute, pues consideramos que reconocer a los padres por adopción en correspondencia al texto vigente de la Ley Federal del Trabajo, el igual derecho que a los padres biológicos al permiso y a la presentación por paternidad.

Sin duda se abona el reparto más equitativo de las responsabilidades familiares y con ello a la creación de las condiciones jurídicas y materiales que garantizan a los ciudadanos la vigencia de sus derechos y obligaciones por el Estado.

Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, dada la importancia que tiene el que los padres acompañen los primeros días de vida a sus hijos o la llegada del pequeño que adopte la familia.

Estamos convencidos de que impulsar acciones como ésta contribuyen a que este permiso de paternidad ayude a compartir y a asumir con una nueva mentalidad las responsabilidades familiares, ahora para los padres adoptantes, pues para nosotros este tipo de acciones ayuda a los padres biológicos y adoptivos a comprender la etapa de la vida inicial donde se recibe a un nuevo ser humano en la familia, a comprender mejor y apoyar a su pareja.

Reconocemos también que la niñez tendrá un mejor desarrollo al ver o sentir que ambos padres están atentos en cada etapa de su vida, como proveedores de amor, cariño y comprensión. Esta propuesta abona a dar un mayor rol de participación al hombre en las responsabilidades familiares, que en muchos casos son enfrentados solamente por la mujer, sin el apoyo de la pareja, porque tienen que trabajar.

Además, apoyamos que se pretenda lograr un reparto más equitativo en el cuidado y satisfacción de las necesidades básicas y efectivas de las niñas, de los niños y de las familias, en general. Padres y madres deben tener la oportunidad de asumir el compromiso con el cuidado y protección de los niños que procrean.

Compañeras y compañeros, la responsabilidad compartida entre ambos padres indudablemente se consolida si aprobamos el presente dictamen. En Acción Nacional creemos que es necesario apoyar todas las acciones que se encaminan a dar un mayor rol de participación al hombre y a las labores domésticas y a la crianza de sus hijos, pues en este tiempo es un imperativo lograr un reparto más equitativo en el cuidado y satisfacción de las necesidades básicas y efectivas de las niñas y los niños.

Al votar a favor de este dictamen, Acción Nacional refrenda su reconocimiento pleno de las consecuencias prácticas de la común dignidad de las mujeres y de los hombres y de su común carácter de sujetos y agentes responsables y colaboración en la construcción, animación y dirección de la sociedad, pues para nosotros, hombres y mujeres, deben reconocer su valor propio y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Tere Jiménez. Le damos la palabra ahora a la diputada Claudia Delgadillo González, del Partido Revolucionario Institucional, para fijar postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos. Adelante, diputada.

La diputada Claudia Delgadillo González:Muchas gracias, diputada presidenta. Los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen la protección de la familia, como un derecho humano.

La importancia de perfeccionar los dispositivos que rodean a esta institución cobran realce al considerar que la familia, independientemente de su forma específica, es un núcleo social elemental, alrededor del cual la mayor parte de la población se agrupa, se encuentra económicamente, emocionalmente y les permite construir una identidad, adquirir padrones de socialización e integrarse como elementos activos a una sociedad.

Si bien, el espacio de desenvolvimiento de las familias tiene un ámbito reducido y de carácter privado, siendo el agente formativo por excelencia, el impacto de los efectos de las dinámicas que generan en la sociedad es de muy amplio alcance.

El orden o desorden social futuro depende en gran medida de los pronósticos para la superación de los desafíos a que hoy se enfrentan las familias mexicanas. Como bien señala, el secretario general de la ONU, en la conmemoración de este año del Día Internacional de la Familia, las familias unidas y funcionales, sea cual sea su composición, pueden ayudar a reducir la pobreza, mejorar el bienestar de las madres, fomentar la igualdad y promover los derechos humanos.

En este sentido, es fundamental redoblar los esfuerzos para formular políticas de desarrollo que acojan la complejidad y diversidad del fenómeno familiar. Que reconozcan los cambiantes procesos sociales, económicos y demográficos que les impactan. Y que promuevan activamente la igualdad de trato en todas las familias, con independencia de sus estructuras.

En México, el cambio en la forma en que se le nombra es que hace estadística sobre ella y es la regulación de las situaciones que les atañen, dan cuenta de la evolución de las familias y de la forma en las que se les está concibiendo.

Por parte del Poder Legislativo, es necesario continuar en la modernización de la legislación, para adecuarla conforme a las nuevas realidades que abarca la institución familiar bajo este enfoque amplio de desarrollo.

En este sentido, son de reconocerse avances significativos en los años recientes. Por citar algunos ejemplos, tenemos la reforma en la Ley Federal del Trabajo en el año 2012, entre la que se incorporó la licencia de paternidad, tanto para padres biológicos como para padres adoptantes y las reformas al Código Civil Federal en materia de adopción plena, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en abril del año 2013.

El Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo que es preciso abonar a los objetivos para el pleno reconocimiento y goce de derechos de todos los integrantes y de todas las formas de familias en condiciones de igualdad y no discriminación.

Asimismo, reconocemos la importancia de emprender acciones para facilitar la conciliación en la vida personal, en la vida familiar y profesional y para cerrar la brecha entre la participación de hombres y mujeres en el trabajo de labores domésticas y de sus cuidados.

Por tanto, estamos de acuerdo en suscribir este dictamen para incluir expresamente que como parte de las acciones que las autoridades correspondientes desarrollarán a fin de promover procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y hombres deberán contribuir a un reparto más equilibrado en las responsabilidades familiares reconociendo a los padres biológicos y por adopción, el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad.

De este modo estamos contribuyendo a la configuración de un entramado institucional que proteja a nuestras familias mexicanas. Y que además, les faciliten en ella a todos los individuos que conformamos, podamos ejercer con plenitud nuestros derechos y acceder a mejores posibilidades. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Delgadillo. Saludamos a vecinos de la colonia Mesa de Hornos, de aquí del Distrito Federal, invitados por la diputada Martha Lucía Mícher Camarena. Sean ustedes bienvenidos.

Saludamos también, con mucho gusto, a miembros de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, de la carrera de Derecho. Estudiantes, bienvenidos, maestros, invitados por nuestro diputado presidente, el diputado Silvano Aureoles Conejo.

Y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los siguientes diputados: la diputada Lorenia Valles Sampedro y el diputado Ricardo Mejía Berdeja.

En consecuencia tiene la palabra la diputada Lorenia Valles Sampedro, hasta por tres minutos. Adelante, diputada.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro:Con su permiso, presidenta. La iniciativa que hoy se somete a nuestra consideración tiene como propósito incluir en el texto legal de manera expresa el derecho de las madres y los padres biológicos o por adopción al permiso y prestaciones por paternidad y maternidad.

Como Grupo Parlamentario del PRD estamos a favor del sentido de este dictamen, pues constituyen un reconocimiento y garantía a los derechos que tienen los hombres y las mujeres a la igualdad, a las madres y padres adoptivos que deben darse en las mismas condiciones que a las madres y los padres biológicos.

Lo anterior derivado de que nuestro marco jurídico, los alcances y derechos que se otorgan a la figura de la adopción son diferentes en cada entidad federativa; sin embargo estamos convencidas y convencidos que debe garantizarse el derecho de las madres y los padres adoptivos para integrarse como familia.

Con ello brindar mayor protección a los derechos de los padres adoptantes, así como a las niñas y niños para brindarles el afecto y la atención que necesitan, así como todos los elementos necesarios para una mayor inclusión en sus nuevas familias.

Nos congratulamos con este tipo de iniciativas dado que responden a la realidad social, a una demanda legítima de las mujeres y de los hombres que han constituido familias a través de la adopción para ampliar los derechos y obligaciones previstos en la ley, en el caso de las familias adoptantes.

Esta iniciativa coadyuva para lograr la igualdad entre mujeres y hombres que han adoptado hijos o hijas que no tienen que ser diferentes para el caso de las madres y los padres biológicos. En plena armonía con el principio de igualdad y de no discriminación, ordenado en el artículo 1o., párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa es enfática al señalar que se debe contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, reconociendo a los padres biológicos y por adopción, el derecho a un permiso y a una prestación por paternidad, en términos de la Ley Federal del Trabajo.

Innegablemente esta iniciativa contribuye a un mejor reparto de las diversas tareas y responsabilidades al seno de la familia, para así buscar una mayor participación del género masculino en el trabajo de la casa y un mayor equilibrio en las responsabilidades y atenciones que se requieren en una familia con un recién nacido.

En algunos países del mundo que se encuentran a la vanguardia en el índice de desarrollo humano, ya se han implementado este tipo de medidas. Por ejemplo: en Suecia se han otorgado licencias por paternidad desde el año 1974; en España se otorgan 30 días por licencia de paternidad, entre otros casos. En América Latina también tenemos dignos ejemplos de este tipo de avances. Países como Ecuador, Chile y Brasil, otorgan entre cinco y 15 días de licencia por paternidad.

Como grupo parlamentario coincidimos con los proponentes y con la comisión dictaminadora, pues la iniciativa sin lugar a dudas abona a la igualdad entre mujeres y hombres.

En concreto, al reparto equitativo de las responsabilidades familiares conforme a lo ordenado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual votaremos a favor del presente dictamen y ojalá así pudieran hacerlo todas y todos los diputados. Muchísimas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Le otorgamos la palabra ahora al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. Para señalar y reconocer el trabajo de la Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Martha Lucía Mícher Camarena y legisladoras de los diferentes grupos parlamentarios que han dictaminado esta iniciativa que el de la voz y el diputado Ricardo Monreal Ávila presentamos hace unos meses, con el propósito de avanzar en un reparto equitativo de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres y plantear las licencias de paternidad, lo mismo para padres biológicos que para aquellos que sean por adopción.

Partimos de la base de que la sociedad y las familias mexicanas han cambiado producto de la realidad social y que hoy no puede haber ningún dejo de discriminación por razón de nacimiento o por razón de adopción.

En ese sentido, nos parece que homologar y avanzar en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en este tema es fundamental, y adecuar a su vez esta legislación a lo que dispone la Ley Federal del Trabajo. Por esa razón nosotros, a nombre de mi compañero Monreal y el de la voz, reconocemos el trabajo de la comisión.

Hay algunas iniciativas más que hemos presentado sobre estos temas y confiamos en que de aquí al resto de la Legislatura podrán salir.

También recuerdo y hago un señalamiento a la Mesa Directiva sobre una iniciativa que también presentamos de reforma constitucional para establecer en el artículo 123 las guarderías para varones. Esto suscitó un debate álgido, un debate profundo en la Comisión de Puntos Constitucionales, y finalmente se dictaminó a favor para la reforma al artículo 123.

Sin embargo de manera extraña este dictamen fue congelado indebidamente. En esa reforma estábamos planteando que se reconociera como un derecho constitucional para los varones contar con guarderías y no solamente dejarlo en la legislación secundaria o en los reglamentos del Seguro Social.

Por esa razón al mismo tiempo que reconocemos el trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, que valoramos este dictamen positivo de nuestra iniciativa, hacemos un recordatorio sobre ese pendiente, sobre las guarderías de varones que todavía está pendiente en esta Legislatura. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía Berdeja.

Se ha agotado la lista de oradores y por eso le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recibir la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire:  Se emitieron 391 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 391 votos el proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 40 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

AGENDA POLITICA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es comentarios relativos al resumen de actividades presentado por la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos.

Para presentar el informe tiene la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, presidente de la comisión, hasta por siete minutos.

El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el día de hoy presentamos ante este pleno el resumen de actividades hasta hoy desarrolladas por la Comisión especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos.

El trabajo de esta comisión se ha caracterizado por estar alejado de tintes políticos y buscando la justicia y el desenvolvimiento de la verdad ante hechos que nos duelen a todos los mexicanos.

El posicionamiento que doy el día de hoy ante ustedes como presidente de esta comisión trata de ser lo más objetivo y puntual, ya que después cada grupo parlamentario fijará su postura en lo particular.

En este informe se da cuenta de todas las acciones desarrolladas que muestran las múltiples aristas que hemos encontrado en el seguimiento de una serie de investigaciones, no sólo la ministerial, por estos lamentables hechos.

Hemos visto a grandes sectores de la población, a las organizaciones civiles, a la Academia, a la Comisión de Derechos Humanos, a la autoridad federal y a la autoridad local, las expresiones de frustración e impotencia expresadas en las calles de las ciudades de Guerrero, de esta capital y de otras ciudades alrededor de México y del mundo como reacción ante la percepción pública, de la poca celeridad con que ministerialmente se ha tratado el asunto, pero no podemos olvidar que si bien una investigación ministerial debe de resolverse en un plazo razonable, no menos cierto es que debe considerarse la complejidad del asunto y los actores involucrados.

Ante los hechos, encontramos una ausencia de estándar nacional homologado desde los puntos de vista penal y pericial para realizar un seguimiento estricto de protocolos de búsqueda y localización de personas, según los estándares internacionales.

No obstante, reconocemos la cooperación que hasta ahora han mostrado todas las autoridades con las cuales hemos requerido reuniones de trabajo e informes sobre la atención de los expedientes de queja de presuntas violaciones de los derechos humanos y la integración de las investigaciones penales.

Si bien, la labor de allegarnos de información sobre el seguimiento a la investigación de los hechos aún no ha sido concluida. Contamos con elementos preliminares que hacen presuponer que en el fuero común y en el fuero federal se cometieron irregularidades graves en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas sufridas por los estudiantes de la Escuela Norma Rural.

Se cometieron garrafales errores como el de no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos, pues en casos de este tipo, es vital la actuación de la autoridad en las primeras 72 horas, pues una desaparición forzada tiene por lo menos tres elementos básicos:

La primera, la privación de la libertad, el no saber dónde están los jóvenes;

El segundo, que la privación de la libertad haya sido hecha por particulares o por la autoridad, en este caso los policías municipales; y,

Tercero, la negación del paradero hasta el día de hoy de los jóvenes.

Si bien, existen procedimientos cuasijurisdiccionales en paralelo como el de la Comisión Interamericana, no debe afectarse, sino complementarse con el ámbito de competencia de las autoridades ministeriales correspondientes para la continuación de la investigación de los hechos sufridos por los estudiantes normalistas.

No podemos dejar de lado la dolorosa posición, tanto de los familiares como de los estudiantes sobrevivientes. Debe evitarse la zozobra que ya sufrieron por la desaparición de sus familiares. Nuestras actividades de seguimiento aún continúan, y aún faltan muchas diligencias por desahogar y diversas autoridades que todavía deben remitirnos información, como puede ser: la inspección ocular en Iguala con apoyo técnico de servicios periciales, reuniones de trabajo con Sedena, Segob, la PGR, el Cisen, la Comisión Nacional de Seguridad Pública, reunión con el gobernador interino y el fiscal general de justicia de Guerrero, reunión con el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas y sostener también reunión de trabajo con el equipo argentino antropólogo forense.

Reiteramos que las investigaciones deben desahogarse en un plazo razonable, pero tampoco pedimos de una solución rápida y a contentillo en detrimento de la verdad de los hechos. Conocemos a las víctimas, hay señalamientos claros de quiénes fueron parte de los ejecutores, contra quienes ya se han ejercido diversas acciones penales, pero aún falta complementar esas acciones con el esclarecimiento del paradero o la suerte de los estudiantes desaparecidos.

El derecho a la verdad abarca tanto el ámbito de las familias de los estudiantes, de los que perdieron la vida, como de la sociedad mexicana e internacional en su conjunto, porque el derecho a la verdad tiene aspecto tanto individual como colectivo, entraña la identidad y sanción de los responsables y en el caso de desapariciones forzadas particularmente entraña el derecho a conocer el paradero o la suerte de las víctimas.

Todo esto no excluye la sanción por omisión de todos los responsables jerárquicos y de todos aquellos que hicieron caso omiso de su responsabilidad de proteger cuando tuvieron noticias de los hechos que sucedían en Iguala, incluso de preverlos conociendo los antecedentes criminales del ex alcalde y de sus familiares.

Como sabemos, en la madrugada de hoy fueron capturados el ex presidente municipal de Iguala y su esposa, señalados como responsables de los hechos, ellos nos permite confiar en tener nuevos datos que estas personas aporten a la policía y contribuirá a localizar a los jóvenes, pero no sólo eso, sino que también pueden aportar datos que lleven a las autoridades a ejercer acción penal contra sus cómplices, aun si estos se encuentran enquistados en el gobierno.

Reconozco desde aquí la colaboración y disposición de mis compañeros diputados y de mis compañeras diputadas que integran esta comisión especial, pues en el afán de contribuir al objeto que nos fijó este pleno siempre han estado dispuestos a contribuir y reunirnos con quienes consideremos necesario, aportando valiosos puntos de vista para la presentación del resumen de actividades y el buen desarrollo de los trabajos encomendados. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Anaya.

Damos la bienvenida a los alumnos de la Preparatoria General Nicolás Reyes Alegre, de San Matías Cocoyotla, del estado de Puebla, invitadas e invitados por el diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidas y bienvenidos al pleno de la Cámara de Diputados.

Compañeras, compañeros, la Junta de Coordinación Política acordó que en el marco de la presentación del informe preliminar que ya ha sido presentado por el diputado Guillermo Anaya, se abriera un espacio para agenda política para hablar sobre el tema. En tal virtud los grupos parlamentarios han registrado a diputadas y diputados para fijar el posicionamiento sobre el tema de los hechos lamentables de Iguala y lo que es ampliamente conocido por todas y por todos.

El acuerdo es que haya participación en orden ascendente de las distintas fracciones parlamentarias, hasta por siete minutos. Así, ha registrado la fracción parlamentaria de Nueva Alianza a la diputada Sonia Rincón Chanona; del Partido del Trabajo, la diputada Lilia Agilar Gil; de Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Berdeja; del Partido Ecologista de México, la diputada Ruth Zavaleta Salgado; del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero; de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado José Alfredo Botello Montes y de la fracción parlamentaria del PRI, el diputado Manuel Añorve Baños.

En consecuencia, vamos a iniciar las participaciones de las fracciones parlamentarias. Les informo también que hay algunas solicitudes para participación de diputadas y diputados a través de la solicitud de rectificación de hechos.

Vamos a buscar que la participación sea equilibrada y en consecuencia desahogaremos en este momento sólo los posicionamientos de las fracciones parlamentarias. Durante el desahogo de estas participaciones trataremos el otro asunto con los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Por lo tanto tiene la palabra hasta por siete minutos, la diputada Sonia Rincón Chanona, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a menos de un mes de la instalación de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, de la cual soy integrante, presentamos un resumen de actividades, mismo que puede ser consultado completamente en la Gaceta Parlamentaria.

En el documento se plasma a manera de resumen las reuniones que se realizaron con diversos funcionarios, como aquí nuestro compañero Guillermo Anaya Llamas lo ha expuesto ante este pleno. Tuvimos reuniones con funcionarios del órgano federal y local, con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. No obstante, no hemos logrado tener la reunión con los familiares de los 43 desaparecidos, debido a que no tienen confianza en la clase política. Este sentimiento de desconfianza no es solamente de los familiares, sino es de una generalidad en nuestro país, porque estamos viviendo momentos muy complejos en materia de seguridad pública.

Estamos frente a un Estado desarticulado en el que existe una gran corrupción política, ya que en ocasiones las personas electas para un cargo público se olvidan para lo cual fueron elegidos. Es decir, en lugar de brindar protección a la ciudadanía y respetar sus derechos humanos, anteponen sus intereses de poder y para ello son capaces de violar impunemente los derechos humanos de cualquier persona.

Hoy amanecimos con la noticia de que fueron detenidos en la madrugada el ex edil de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, por parte de un grupo de elite de la Policía Federal de Iztapalapa del Distrito Federal. Estas acciones son congruentes con la información proporcionada en nuestras reuniones con la PGR y con la Secretaría de Gobernación, en la que nos comentaban que un grupo de inteligencia estaba tras las pistas del paradero de estas personas prófugas, situación que aportará información que lleve a esclarecer estos hechos y el lugar donde se encuentran los alumnos desaparecidos.

El día de hoy hay más de 62 individuos detenidos e inmiscuidos en estos hechos tan lamentables, pero faltaban estas personas que tienen mucha información que proporcionar, sobre todo lo más importante es el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza manifestamos nuestra más amplia solidaridad a los familiares de los jóvenes normalistas y de las personas que perdieron la vida en esos lamentables y dolorosos, indignantes e inaceptables hechos de violencia, suscitados en el estado de Guerrero el día 26, 27 de septiembre del año en curso.

Condenamos enérgicamente estos hechos de violencia que enlutan hogares guerrerenses y provocan indignación nacional. Expresamos nuestra inmensa preocupación por el respeto intrínseco e irrestricto de los derechos humanos de las víctimas, tanto directas como indirectas y, sobre todo, la reparación integral del daño causado.

Frente a estos hechos de violencia no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad, esto debe expresarse con toda claridad frente al mundo en consonancia.

Compañeras y compañeros, por el bien de todos estos delitos deben de investigarse y resolverse a la brevedad posible, siempre en cumplimiento al Estado de derecho, nadie, absolutamente nadie puede estar por encima de la ley.

Es necesario que el gobierno realice acciones concretas y contundentes para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y el sistema de justicia del país. Es imperativo replantearnos el modelo de coordinación en materia de seguridad pública, de tal manera que blindemos a las instituciones de la corrupción y de los grupos del crimen organizado.

Es urgente reafirmar nuestro compromiso de garantizar los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, haciendo un énfasis especial en aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, gracias.

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Rincón Chanona. Saludamos a alumnos y padres de familia de la escuela primaria Miguel Ángel de Quevedo, de aquí del Distrito Federal, invitados por el diputado René Fujiwara Montelongo.

Y le damos la palabra ahora, para fijar postura, a la diputada Lilia Aguilar Gil, hasta por siete minutos.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, presidenta. Con la venia de la asamblea. Pareciera que el país que queremos dibujar o del que se habla en las reformas estructurales es un país distinto al que se vive en las calles.

Tenemos que reconocer que somos un país con alta incidencia de violencia, donde pareciera que no prevalece la ley ni el Estado de derecho sino las complicidades y la corrupción.

Este tema, inclusive para poder discutirse en esta Cámara de Diputados, tuvo que pasar por un proceso porque había quienes se sentían ofendidos que tratáramos el tema de Ayotzinapa como un fracaso sistémico del respeto a los derechos humanos en este país.

Es cierto, hay inconformidades e indignación, pero hay inconformidades e indignación en la calle, no solamente por los asesinatos, las desapariciones, las violaciones de derechos humanos sino porque esto se ha vuelto, nos guste o no, un problema estructural y porque entonces pareciera que el poder público es uno, el de las reformas estructurales. Y que el país vive una realidad distinta, el del día a día, donde las reformas estructurales no les dan de comer pero tampoco les dan oídos a sus necesidades, inclusive quiere desaparecerlos, como inclusive en este tema se ha dicho que hay la necesidad de restructurar el proyecto de las normales rurales.

Nosotros podemos resumir Ayotzinapa en cosas muy sencillas, 43 desaparecidos, 6 muertos, el gobierno del Estado no intervino a pesar de haber tenido conocimiento desde las seis de la tarde de que había iniciado la visita de los estudiantes.

El Ejército, al que fueron a tocarle a su puerta, no intervino. No atraparon no solamente al secretario de Seguridad Pública, a pesar de que lo podían haber hecho sino que tampoco pudieron o tuvieron la capacidad en el gobierno estatal de poner la vigilancia para que Abarca y su esposa no se fugaran, ahora hallados, un tiempo casi, casi 40 días después de la tragedia.

Retraso en la intervención del gobierno estatal pero también del gobierno federal, de 72 horas que son claves para la búsqueda de personas. La desaparición forzada de los 43 estudiantes que a pesar de que el Estado mexicano no lo quiere reconocer es un crimen de lesa humanidad.

Un sistema de búsqueda de personas completamente débil, desestructurado y no productivo. No sabemos el móvil de la desaparición. La criminalización de los jóvenes, la idea de la desaparición de las normales rurales y simplemente una evidente desestructuración del gobierno en su conjunto frente a una crisis de derechos humanos.

Los hallazgos de las fosas, de las decenas de fosas clandestinas, que pareciera que no son personas porque en el momento en que se descartan que tienen que ver con este caso, simplemente se echan a un lado y entonces el Estado mexicano específicamente la Procuraduría General de la República no se ha hecho la pregunta, ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué están ahí?

La desaparición forzada de personas, la ausencia del estado de derecho derivado de la vinculación de gobernantes con la delincuencia organizada, que pone en esta comisión y que pone en el Congreso de la Unión una gran pregunta, ¿Hasta dónde está metido el crimen organizado? No solamente en las presidencias municipales, sino también en las gubernaturas, y sobre todo el querer minimizar y el querer ocultar la realidad.

Nos parece que la reunión que tuvo el presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo plan que emitió apenas la semana pasada es tardío. Es justo que no solamente las víctimas, sino también los sobrevivientes, no solamente no se sientan representados, sino que no confíen en el poder público razón por la cual por cierto esta comisión no ha podido reunirse con ellos.

Existen a la fecha 22 mil 322 personas no localizadas, los 43 son solamente el ejemplo de lo que está realmente sucediendo en este país y de la gran omisión que hay de la PGR en el tema.

El estado de Guerrero por su parte, ocupa desde 2011 las primeras posiciones de inseguridad por las cifras de incidencia delictiva, por cada cien mil habitantes la entidad registra la tasa más alta de homicidios dolosos, secuestros y robo de vehículos; la violación sistémica está en México y pareciera que los legisladores no queremos verla.

Ante la indignación de las víctimas y los familiares se crea esta comisión especial a propuesta del Partido del Trabajo, que tenía como objeto no necesariamente ser el ministerio público de este tema, sino ayudar y coadyuvar a la resolución y a que se siguieran los protocolos adecuados en la búsqueda de personas.

Sin embargo, estos son los resultados, tenemos que dentro de las primeras 72 horas en la búsqueda de personas, no solamente el gobierno del estado, sino también el gobierno federal no participó activamente y el gobierno del estado tiene acciones dudosas, eso lo sabemos por el informe que el mismo procurador de Guerrero, Iñaki Blanco, nos dio en su momento cuando estuvimos en el estado.

El protocolo de búsqueda de personas no fue el adecuado. Los derechos de las víctimas y las familias no fueron respetados. No se les da información de calidad. No se les han entregado la información cuando menos de si hay pistas de sus familiares, están vivos o están muertos. No se les ha dado atención médica. No se les ha dado apoyo económico y, para colmo de males, la tan importantemente creada Comisión Nacional de Víctimas ni siquiera pudo estructurar un discurso aceptable en su comparecencia ante esta comisión especial, por no decir que no informó absolutamente nada porque el presidente de la misma no tenía la más mínima información.

Esa es la importancia que el Estado mexicano le daba a los derechos de las víctimas y es por eso que desde el PT hemos pedido la remoción del señor Rochín de esta comisión tan importante. No se cubrieron los derechos desde el principio de las víctimas.

El rol de la Policía Estatal fue lamentable. Las grandes contradicciones que existen entre la versión del que era el secretario de gobierno y el procurador en la época de Ángel Aguirre, son evidentes. Mientras el gobernador Ángel Aguirre decía que se habían enterado de los asuntos desde las siete de la tarde, el procurador decía que habían tenido información inmediata hasta las 11 de la noche. Pero sabían entonces que había violaciones y que había muerte en Iguala y decidieron no intervenir, lo mismo que el Ejército.

Las conclusiones a las que se puede llegar en esta comisión son muchas y no las hemos presentado en este reporte de actividades porque nos falta lo más importante. La reunión con las víctimas, con los familiares, con los estudiantes.

Desde esta tribuna yo hago un llamado a ellos para que confíen en las distintas fuerzas representadas en esta Cámara de Diputados de que queremos ayudarlos, pero sobre todo queremos ayudar a que los derechos a los que son susceptibles les sean cumplidos frente al gran fracaso del Ejecutivo municipal, estatal y federal.

Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este es el gran caso de violación de derechos humanos en este país. La sistémica violación de los derechos humanos y la desaparición forzada que eventualmente el Ejecutivo federal tendrá que hacer frente y a al que tendrá que darle cara. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada. Le otorgamos la palabra ahora al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, recordando que son hasta siete minutos para su intervención.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. La respuesta y el manejo que se le ha dado a la actual crisis con relación a la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre en el municipio de Iguala, así como la ejecución extra judicial de 22 personas en Tlatlaya, estado de México, ponen al descubierto la ausencia de protocolos y acciones del Estado mexicano ante las graves violaciones a los derechos humanos, poniendo de manifiesto la gran descomposición del sistema político mexicano.

No es la primera vez que nuestro país enfrenta situaciones como éstas, y la realidad indica que a 19 años de distancia las graves masacres a cargo de agentes del Estado siguen sin ser atendidas como debe de ser y las víctimas no reciben justicia ni reparación.

La justicia se sigue impartiendo por consigna y por amiguismo; es el botín político de unos y la ruina de otros. La destitución de personajes incómodos y una disculpa mustia para las víctimas y sus familias.

En 1997 Emilio Chuayffet renunció a su cargo en la Secretaría de Gobernación ante la falta de acciones contundentes y la presión social por la masacre de Acteal, durante el gobierno de Ernesto Zedillo. No sucedió nada más.

En 1995 el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, solicitó licencia definitiva como consecuencia de la masacre de Aguas Blancas y no sucedió nada más. El gobierno federal ha puesto en bandeja la cabeza de otro gobernador, pero el problema sigue ahí.

Aún con la detención de Abarca el día de hoy por la madrugada, no ha sucedido nada más hasta ahora, porque la exigencia principal, el motivo de lucha de familiares y alumnos, sigue existiendo.

Una desaparición forzada que no es responsabilidad sino del propio Estado que ha atentado por años en contra de las normales rurales y su cuerpo estudiantil.

No podemos desvincular estos hechos que van ligados a la criminalidad desatada y a la narco política, con la polarización social que actualmente se vive en el país, donde la amplia mayoría sufre las consecuencias de la pobreza, el desempleo y la discriminación.

Estas heridas sociales se han agravado con la desaparición de los 43 estudiantes jóvenes normalistas, sin dejar de lado también la gravedad de casos como el de Tlatlaya, me centraré en lo de Iguala.

No quiero dejar de señalar que muchas de estas reflexiones las hemos comentado con legisladores de Guerrero, como los diputados Catalino Duarte, la diputada progresista y luchadora Rosario Merlín, el diputado Jorge Salgado, el diputado Miranda, el diputado Carlos de Jesús y todos ellos siempre preocupados por encontrar justicia en estos hechos.

A más de un mes de la desaparición forzada de los normalistas, queda claro que el gobierno federal encabeza un gobierno que miente, que maquilla los hechos y que ha hecho hasta lo imposible porque no se tipifiquen estos hechos como delito de lesa humanidad, desaparición forzada.

Lejos han quedado los discursos triunfalistas por la aprobación de las 11 reformas estructurales; ahora el país se desangra en la violencia criminal, en la violación de los derechos humanos y en la falta de respeto a amplios grupos sociales.

Cómo alguien como Peña Nieto puede aspirar a ser un gran estadista y a publicitarse internacionalmente cuando en México existe una violación sistemática de los derechos humanos, que no solamente se focaliza en un grupo, sino en diferentes grupos sociales. Ante ello y ante los hechos que han sido narrados una y otra vez por diferentes autoridades, queda claro que existe una fuerte complicidad del poder con lo sucedido en Ayotzinapa y como siempre los grupos vulnerables son los que reciben la peor parte.

Como si no fuera poco para las familias de desaparecidos, ahora, en el colmo, se acusa a los jóvenes normalistas de posibles vinculaciones con el crimen organizado. Se construye una re-victimización de estos estudiantes que han sido golpeados sistemáticamente por su condición de pobreza, de precariedad y su necesidad de ser parte de la educación rural de nuestro país.

Esto se puede resumir en la reseña que hacen jóvenes normalistas y que ha sido documentada y señalada en medios de comunicación, donde dicen que ya heridos algunos de ellos, los fueron a visitar militares al hospital y después de maltratarlos, de encañonarlos, de cuestionarlos les dijeron: ustedes se lo buscaron.

Esa es parte de la criminalización que están viviendo estos grupos sociales en el país.

Por otro lado, se permitió que transcurrieran 72 horas vitales para la búsqueda, sin que el gobierno federal tomara en serio el caso y sin que ni siquiera el procurador Murillo Karam se atreviera a decir en público que se trataba de desaparición forzada.

Fue hasta el 22 de octubre, casi un mes después, que a través de las redes sociales la Secretaría de Gobernación anunciara que se estaban concluyendo diligencias para acreditar el delito de lesa humanidad de desaparición forzada, mismo que se tipifica en un plazo máximo de 72 horas.

Por su parte, el presidente de la República actuó con incomprensible indiferencia y negligencia, se tardó 11 días en hablar en público desde que ocurrieron las desapariciones y tuvieron que transcurrir 33 días para reunirse con los padres y familiares de estudiantes desaparecidos.

Señoras y señores legisladores, de estos hechos y otros más que son parte ya del paisaje cotidiano nacional, podemos afirmar que nuestro país se encuentra actualmente en una crisis humanitaria.

México está en una crisis humanitaria, en una situación en donde existe una amenaza contra la vida de las personas esparcida a nivel nacional, su salud, seguridad y la capacidad mínima de subsistencia de individuos y comunidades.

La realidad no sólo está en Guerrero, está en la Sierra Tarahumara, en los municipios indígenas de Oaxaca, en los cientos de mujeres asesinadas en el estado de México, Chihuahua, Guanajuato. Nuestro país enfrenta una ola de salvajismo como nunca antes.

Y en tal virtud queremos señalar algo que es muy importante y con ello concluyo. Está pendiente una reunión con el secretario de la Defensa Nacional en la cual insistiremos una y otra vez, porque Ayotzinapa es además una omisión viva de lo que hizo el Ejército.

En Iguala está asentado el 27 Batallón de Infantería que cuenta con 450 elementos. No actuaron en defensa de los jóvenes y sí se trasladaron a los hospitales a amedrentarlos, por eso queremos tener la reunión con el secretario de la Defensa Nacional.

Sobre ello, queremos señalar que hasta el 21 de octubre ni la CNDH ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni ninguna autoridad había mencionado si quiera una investigación relacionada con los integrantes del Ejército, que en el menor de los casos negaron auxilio a mexicanos siendo atacados por agentes en el momento desconocidos, y en el peor pudieron haber participado en los hechos.

México ha sido acusado en el examen periódico universal el año pasado de no reconocer la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas para recibir quejas individuales, argumentando que México se encuentra en días de instaurar sus propios mecanismos. Y hoy, que la realidad se nos atraviesa, queremos señalar las omisiones en materia de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de los derechos humanos.

México de no corregir estos hechos, de no castigar ejemplarmente a los responsables, sean de nivel municipal, sean de nivel estatal o sean de nivel federal, se constituirá en un Estado fallido y en un Estado ausente del respeto a los derechos humanos. Vivos los llevaron, vivos los queremos. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado Ricardo Mejía.

La diputada Julisa Mejía Guardado (desde la curul): Presidenta, por alusiones personales.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Perdón, pero en este formato de posicionamiento no caben las alusiones, diputada. Se está tratando ahora, como se les informó antes, en la Junta de Coordinación Política el acuerdo para una segunda ronda probable de rectificación de hechos, y en ese momento tendrán esa oportunidad los grupos parlamentarios.

Damos la palabra ahora a la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por siete minutos para fijar postura.

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Presidenta, para rectificación de hechos. Diputada, le pido que me otorgue sonido en la curul, ni siquiera sabe lo que voy a comentar.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con mucho gusto, diputado. Sonido en su curul.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Muy buenas tardes al pueblo de México. Primero agradecer que me otorga el sonido y la oportunidad de opinar. Pedirle que me pueda considerar al final del posicionamiento de cada grupo parlamentario para rectificación de hechos, pero además porque el diputado de Movimiento Ciudadano hizo alusiones precisas al diputado Catalino Duarte y es para el tema.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Sí, diputado, recogemos su solicitud y estamos a la espera del acuerdo de los grupos parlamentarios para las rondas que serían de rectificación de hechos. Y hemos otorgado la palabra a la diputada Ruth Zavaleta. Adelante, diputada.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado:Gracias. Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, este tema, recordarán cómo comenzamos a discutirlo: inmediatamente sucedidos los hechos. Apenas había sido jueves, viernes, sábado, domingo y el martes esta honorable asamblea ya discutía el tema de Guerrero, ya se veía como un problema de crisis nacional por algunos actores políticos que hemos tenido el pulso de lo que pasa en el estado de Guerrero y en algunos estados de la república, respecto a cuestiones de inseguridad y sobre todo de impunidad.

Pero no hay que decir mentiras si queremos aclarar los hechos porque también, compañeros y compañeras, hay que decir las cosas por su nombre. Mentira que nos hayamos opuesto los compañeros del PRI y del Verde a nombrar las cosas por su nombre exacto.

Sí fue desaparición forzada en el estado de Guerrero, en el municipio de Iguala y sí fue crimen de Estado ordenado por un presidente municipal y también se debe de reconocer que el día de hoy, y un reconocimiento al gobierno federal, y no sólo por eso sino por otras cosas que voy a mencionar aquí, la detención de ese señor que seguramente aclarará muchas cosas que hoy tenemos pendientes, la de mayor importancia descubrir qué ha pasado con los 43 desaparecidos.

Compañeras y compañeros, qué bueno que la Comisión no ha utilizado políticamente la información que se le da a cada uno de sus integrantes, pero qué pena que muchas veces tengamos que ver en la prensa cosas que no se dicen aquí en la tribuna.

Yo me quiero unir a lo que pronunció la diputada Lilia hace días, respecto a que al gobernador del estado de Guerrero se tenía que hacer juicio político, porque si ella siendo integrante de un partido que apoyó la propuesta de ese candidato y posteriormente como gobernador, y el presidente municipal de Igual, es muy legítimo y por ello nos queremos unir a esa propuesta que ella realizó, porque después de lo que escuchó esta Comisión nos queda claro que la mayor omisión y el mayor problema radica, no en lo que hemos construido la Federación, sino lo que se ha construido o no se ha construido en cada estado de la república.

Sí es cierto que estamos hablando de dos Méxicos; uno el que estamos construyendo a nivel federal y otro el que existe en los estados de la república, pero qué, compañeros, ¿no siempre estamos manifestando nuestra exigencia de reconstruir el federalismo? ¿Qué no acaso ha sido una demanda constante de poder fortalecer los estados de la República?

No hemos construido quizás en el mismo nivel la democracia federal con la democracia estatal, y ese es el problema, pero el problema tiene nombre y apellido, el problema también tiene que ver con nuestros partidos políticos. Y precisamente es ahí donde nosotros debemos de concentrar nuestras energías.

De nada sirve que nos estemos señalando mutuamente nuestras culpas, lo que tenemos que construir en este momento es un nuevo pacto federal, un nuevo pacto para que podamos combatir la impunidad en cada estado de la República, en cada municipio, caiga quien caiga, compañeros.

Aquí el problema es que cuando le va a afectar a un partido político negocia con otro y entonces constantemente no se hace justicia, se hacen tapaderas, se hace impunidad y eso ya no lo podemos seguir permitiendo, porque precisamente este problema de Iguala tiene que ser el ejemplo de la crisis que nos debe motivar a unirnos en este momento a reconstruir el Estado de derecho y reconstruir la posibilidad de la paz mexicana.

Compañeras y compañeros, no es cierto que el presidente de la República sea el responsable, el presidente de la República y el gobierno federal ha hecho todo lo posible para poder salir de esta crisis.

El problema lo conocemos muy bien, el problema se llama estados de la República y tenemos que poner de nuestra parte en cada estado y en cada municipio, reconstruir lo que no hemos visto o lo que se ha perdido.

Compañeros diputados, compañeras diputadas, espero de verdad que el día de hoy se pueda saber qué pasó con los 43 normalistas que aún están desaparecidos. Pero también es mentira que no se les ha dado apoyo a los familiares de las víctimas. Ahí están los medios de comunicación que consigna la propia reunión con el presidente de la República.

¿En dónde está la omisión? La omisión está en algunos partidos que propusieron ese gobierno y que no han querido asumir la responsabilidad y que se han cobijado tras un discurso donde ahora convocan a un acuerdo nacional, pero que en los días previos donde tuvo mayor importancia e impacto su participación fueron omisos, o aún más, se reunieron con los actores que ocasionaron estos conflictos sin informarle a la autoridad.

Compañeras y compañeros, sí debe de haber responsables y sí debe de haber culpables. No debe haber impunidad. Tenemos que unirnos para que no haya impunidad ni en este ni en ningún caso.

Lamentablemente este problema ha originado que en todos los estados de la República se estén señalando actores políticos, que quizá están o no están involucrados en asuntos indebidos, pero aquellos que lo estén tienen que estar ante la justicia. No debe haber impunidad de hoy en adelante. Tenemos que unirnos para cobijar a los ciudadanos que han confiado y creído en nosotros. Tenemos que reconstruir la República, compañeras y compañeros, éste es el momento, aprovechemos la crisis para salir adelante unidos.

Yo los conmino a que todos nos unamos con el presidente Enrique Peña Nieto y reconstruyamos el pacto federal, que es urgente en este país. Muchas gracias, compañeras y compañeros.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias a usted, diputada Ruth Zavaleta.

Le damos la palabra a la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD, para fijar postura hasta por siete minutos.

La diputada Lilia Aguilar Gil(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Sí, diputada Lilia Aguilar, sonido en su curul.

La diputada Lilia Aguilar Gil (desde la curul): He sido abiertamente aludida en el discurso anterior y como sé que no me va a dejar pasar a la tribuna, simplemente voy a clarificar por el hecho al que he sido aludida.

Yo agradezco la atención que ha tenido la diputa Ruth Zavaleta en leer lo que saca la prensa de mí y entiendo también su enojo y su defensa. Yo simplemente quiero clarificar algo.

La propuesta de juicio político que se presentó por una servidora fue para análisis dentro de la Comisión Especial, quien ha presentado -y hay que reconocérselo- la solicitud de un juicio político ha sido el diputado Manuel Huerta, no solamente para el ex gobernador Ángel Aguirre, sino también para el procurador general de la República y para el señor Miguel Osorio Chong.

En el tema de las interpretaciones y las defensas yo no tengo nada más qué decir que esto no es un asunto de diferencia su ataque. Un crimen de Estado -ella es abogada- tal y como está estructurado no quiere decir que se cometió nada más en Iguala, sino que demuestra un fracaso sistémico de este tema. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Quedan registradas sus palabras, diputada Lilia Aguilar.

Y tiene el uso de la palabra la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, adelante, diputada.

La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero:Con su venia, presidenta. Los terribles casos de las ejecuciones en Tlatlaya y los asesinatos de Iguala, de desaparición forzada de los normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, han servido, compañeros y compañeras diputadas, como dos vitrinas que claramente exponen la grave situación generalizada de corrupción, impunidad y violencia que azota a México.

Ésta es una verdad. Esto es un hecho contundente que el Estado no puede negar y si lo negamos, diputadas, estamos mal. Es tan crítico este momento, que la sola exigencia de los padres y los familiares de las víctimas es: vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Es evidente que la cifra de asesinatos que nos ha venido diciendo la Secretaría de Gobernación, en donde dice que había disminuido, es totalmente falsa, ya que estamos viendo que con la aparición todos los días de una fosa nueva es claro que ahí están esos asesinatos, en calidad de desaparecidos en todo el territorio nacional. Ante esto enuncio las siguientes consideraciones.

Estamos ante un evidente caso de ausencia y conducción del Estado en materia de seguridad pública, luego de conocer las contradicciones, vacíos y desinformación de parte de las instituciones federales directamente encargadas de la conducción de las investigaciones.

La ampliación de la inconformidad de las propuestas, las movilizaciones son un indicador directo, a propósito de la solidez con que hasta ahora se han desarrollado las pesquisas para encontrar a los responsables y los argumentos que tuvieron para actuar y cómo lo hicieron.

Hasta el momento el móvil del crimen colectivo sigue siendo motivo de rumores y especulaciones. La extraordinaria violencia con la que se desarrollaron los hechos denota no solo la inutilidad de una serie de medidas para contener la criminalidad en México, sino también la mala aplicación de las sanciones por parte de las procuradurías de los más de 50 policías municipales de Iguala y Cocula detenidos, que hasta el momento no sabemos ni cuál es su nivel de participación y responsabilidad penal.

En los gastos extraordinarios reportados a la Auditoría Superior de la Federación, los que correspondan a las actividades de inteligencia y seguridad en el país rebasan el 50 por ciento del autorizado, sin que se perciban claramente resultados proporcionales a este gasto asignado.

Es indispensable que conforme haya ampliaciones presupuestales se tengan claros resultados en el trabajo que están haciendo, en particular, sobre la conducción en las investigaciones resalta la clara improvisación, inconexión y sobre todo, la ausencia de profesionalismo, capacidad técnica para recuperar la valiosa información en el terreno de los hechos. No obstante, contar con la calidad apropiada de los recursos humanos, así como la asistencia del personal profesional que han tenido que venir a hacernos peritos extranjeros ante la incapacidad de los peritos que están trabajando en la PGR.

A más de un mes y una semana de los acontecimientos, lo único que ha ido en aumento es la comprensible indignación de las familias y comunidades afectadas, así como las muestras de apoyo y solidaridad en todo el país y en el extranjero a nuestros estudiantes desaparecidos.

La cantidad de intereses que se entremezclan en la realidad del estado de Guerrero, en el municipio, incluso con la clara complicidad de las áreas de inteligencia del gobierno federal, llevan a pensar respecto a en qué otras entidades de la República está pasando lo mismo y se están haciendo de la vista gorda.

Debemos, precisamente, no dejar de lado que buena parte de esta crisis que vive el país se debe al modelo económico que por años empobrece a millones de mexicanos, tal y como lo constatan las cifras del Coneval y del INEGI. La ausencia de una auténtica política social que promueva el desarrollo de las comunidades no ha dado resultado, hasta ahora, la aplicación de los modelos del gobierno federal.

La respuesta de amplios sectores sociales, de medios de comunicación convencionales supone también que esta crisis no es coyuntural sino que se va a ir agravando con el tiempo.

Como nunca, la legitimidad del gobierno, sus instituciones, procedimientos y leyes se encuentran sometidas a la supervisión de la sociedad, queda claro que mientras más tiempo pase sin que se ofrezcan resultados esto será proporcional al desgaste de esa imagen falsa que han querido construir de un presidente de la República eficiente.

Dicha posibilidad es sin duda el principal problema y desafío con el que hoy el gobierno de la República se enfrenta; dar explicaciones técnicas, retóricas o legales no puede satisfacer la necesidad imperiosa de informar con la verdad. La falta de información y agilidad para informar es lo que ha provocado de forma gradual y persistente que el foco de atención se haya desplazado obviamente hacia el gobierno de la República. Para el bienestar de la nación debe recuperarse el terreno perdido mediante acciones creíbles, no discursos.

Compañeros y compañeras diputadas, debemos de dar respuestas, hechos. La pesadilla está muy lejos de terminar. No queremos que se insista en la tesis ahora creada y maquillada de la pareja solitaria. Sabemos que existen responsables arriba de ese presidente municipal y complicidades de autoridades de inteligencia del gobierno federal, tanto en el ámbito formal como en el de las estructuras delincuenciales. Esta pareja no se manda ni se mandaba sola, actúa en contubernio con otras autoridades y se debe de investigar y se debe de castigar.

Asimismo, compartirles que el Cisen la verdad ha dejado mucho que desear, no ha habido un serio seguimiento de investigación de los hechos. Cómo es posible que después de tanto tiempo no hubiera ninguna línea de investigación acerca de las actividades de este presidente municipal. Y qué decir de las averiguaciones pendientes que tenía y que el propio procurador General de la República tenía conocimiento.

Y qué decir de las fallas de inteligencia militar estando un batallón en el lugar de los hechos, ya que en Iguala se encuentra precisamente esta actividad en donde sabemos que se desarrollan mecanismos de inteligencia. Y qué decir también de la inteligencia de la policía federal, cómo es posible que el C4 nada más funcionaban cuatro cámaras, que también no tendrían que haber sido responsables de la prevención de estos hechos tan lamentables. Ya hubo capturas en el ámbito municipal, ya hay ceses y renuncias en el ámbito estatal y estamos esperando y exigimos que a la brevedad también haya responsables del gobierno federal.

Creemos que la impunidad se ha empezado a combatir cuando haya responsables materiales intelectuales por acción y también por omisión compañeros diputados, en los tres niveles de gobierno.

Queremos llamar la atención de ustedes, diputadas y diputados, en razón de que a la fecha las víctimas y sus familiares no se han querido reunir de manera formal con los integrantes de esta Cámara debido a que pese los discursos de algunos legisladores, no hay confianza.

La ciudadanía, con este tipo de hechos, cada vez más pierde la confianza en sus instituciones y sobre todo en sus representantes populares, pues el informe que hoy se entrega no contiene dicha información, de voz propia de las víctimas, así como de las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos que las han acompañado en este tiempo, por lo cual el informe que hoy se presenta, si es bien un avance de control parlamentario, no es suficiente compañeros, ya que es un informe que al momento carece de la parte fundamental de todo proceso de investigación: darles voz a las víctimas.

Por eso desde esta tribuna exhorto a las víctimas y familiares de las víctimas a que se acerquen a la Cámara, acercarnos nosotros con ellos y darles las garantías de que serán escuchados, atendidos y acompañados en todas sus justas demandas sin pretender, como algunos lo quieren hacer, lucrar, comprar o intimidar, a fin de querer cambiar versiones de un plumazo de lo que verdaderamente pasó ese día.

Por ello, compañeras y compañeros, no podemos permitir nunca más un servidor público pagado con el dinero de todos los mexicanos realizando actos delictivos en el país y peor aún, de lesa humanidad. No más.

Que caigan todos los responsables. Que encontremos vivos a los 43 normalistas, caiga quien caiga de los tres niveles de gobierno. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputada Rosas Montero.

Tiene la palabra ahora el diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar postura hasta por siete minutos. Adelante, diputado

El diputado José Alfredo Botello Montes:Con el permiso, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.

El diputado José Alfredo Botello Montes: Compañeras y compañeros diputados. Desde cualquier ángulo que se mire atacar a jóvenes, sean estudiantes o no y desaparecerlos sin que se conozca el motivo, es totalmente condenable.

En el Grupo del PAN hemos señalado que la prioridad en el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa es buscarlos hasta localizarlos con vida.

En este caso de los estudiantes atacados y desaparecidos sale a la luz pública una serie de deficiencias, olvidos y complicidades que debieron desaparecer hace mucho tiempo en nuestro país. O, mejor dicho, no tienen cabida en un régimen democrático y de derecho como pretendía ser el nuestro.

Los datos que han sido arrojados a la opinión pública no hacen otra cosa sino confirmar un estado de cosas lamentables y señalo tan solo dos.

Primero. Policías coludidos con el crimen organizado, lo que nos da que no sólo se padece una deficiente capacitación y preparación de los cuerpos de seguridad municipal, sino que ahora la ciudadanía debe padecer un franco contubernio entre los que están para protegerla, con los delincuentes.

Segundo, autoridades municipales corruptas. Con ello queda evidente que algunas autoridades municipales están cooptadas por los delincuentes y que conviven con ellos a plena luz del día sin consecuencia alguna. Pero cuando estas deficiencias se juntan, los resultados los tenemos a la vista.

De acuerdo al resumen de actividades que presenta hoy la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, encontramos que sus actividades han sido serias, y lejos de protagonismo alguno han venido trabajando con formalidad y contundencia, por lo que esperamos en su momento, un informe completo y detallado de todo lo encontrados, manifestándoles desde esta tribuna nuestro respaldo y apoyo en sus tareas.

En el grupo parlamentario del PAN exigimos redoblar los esfuerzos de todas las autoridades encargadas de las investigaciones para que los jóvenes puedan localizarse con vida y regresar a sus actividades cotidianas; pero al mismo tiempo exigimos que se les dé toda la atención médica y psicológica que requieran, los heridos en esa noche aciaga, y los familiares de los desaparecidos.

Todo el peso del Estado para el castigo a los responsables. Por eso nos congratulamos de que la Procuraduría General de la República haya localizado en la madrugada de hoy, y presentado ante la justicia al presidente municipal de Iguala con licencia y a su esposa, para que respondan de su actuación tanto en lo penal, civil y administrativo.

Lo mismo debe ocurrir para el caso de las autoridades que hubieren actuado negligentemente en las investigaciones.

De igual forma pedimos que se finque responsabilidad a las autoridades gubernamentales que manifestaron omisiones, falta de pericia o claras omisiones en diversas etapas de tan lamentable situación, como por ejemplo, no vigilar adecuadamente al presidente municipal de Iguala y permitir su huida, cuando ante las evidencias de los hechos pudo haber proporcionado oportunamente información que hubiera ayudado a resolver las cosas.

No podemos dejar de lado que las autoridades federales, concretamente la Procuraduría General de la República tuvo una tardanza de ocho días para calificar o recalificar el delito bajo el tipo legal de desaparición forzada, mismo que es de competencia del fuero federal y al estar contenido en el Código Penal Federal y por lo tanto actuar en consecuencia.

Consideramos que se debe realizar una depuración estricta, completa y exhaustiva a los cuerpos policiales en todo el estado de Guerrero, dando seguimiento a las actividades de los elementos que sean cesados. Misma situación debe aplicarse también en el caso de los servidores públicos que participan y hayan participado en las áreas de procuración de justicia.

Esa depuración de los cuerpos de seguridad es elemental para la protección y seguridad de los habitantes del estado de Guerrero, pues no basta con el plan de seguridad que se anunció por el secretario de Gobernación el pasado 29 de octubre, por el cual la seguridad pública quedó a cargo de fuerzas federales. Son necesarias la depuración y capacitación de todos los elementos policiales y muchas acciones más.

En el Grupo Parlamentario del PAN exhortamos a los tres niveles de gobierno para implementar de inmediato en el estado de Guerrero las medidas necesarias para garantizar a los habitantes de la región el pleno ejercicio de sus derechos, así como la prevalencia del estado de derecho y la legalidad.

De la cronología que aparece en el resumen de actividades de la comisión especial queda de manifiesto, conforme a lo señalado por los organismos protectores y defensores de los derechos humanos, así como por lo informado por la Procuraduría General de la República, que estamos ante una desaparición forzada de personas, lo cual, de corroborarse, no hará otra cosa sino avergonzarnos a todos. La desaparición forzada de personas es práctica de gobiernos totalitarios y ante demócratas no puede emularse o tolerarse en regímenes democráticos como el nuestro.

Desde esta tribuna es correcto señalar que todos sumemos fuerzas y demostremos unidad para enfrentar los desafíos. Es necesario que a la par que se atienden los problemas de Iguala, se alerte ante lo que pueda suceder en otras regiones o estados del país, como ya se ha denunciado aquí en el caso de Quintana Roo, como también sabemos en el caso de Tamaulipas y muchos otros más.

No esperemos a que las dimensiones de los hechos o la tragedia ocurran para centrar la atención en los problemas, sino preverlos con anticipación. No debe haber mezquindad ni cálculo político en materia de seguridad. Ningún gobierno puede ser omiso o manifestar incapacidad ante hechos que atenten contra la integridad y seguridad de sus jóvenes y de cualquiera de sus ciudadanos.

Todos debemos actuar con responsabilidad. Eso es lo que esperan los mexicanos que nos eligieron. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Alfredo Botello. Le damos la palabra ahora al diputado Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar postura, hasta por siete minutos.

El diputado Manuel Añorve Baños:Con su permiso, presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI en esta Cámara de Diputados ha participado en esta comisión especial con la más abierta y franca disposición de contribuir con toda seriedad y responsabilidad para que los ciudadanos y este pleno conozcan la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero y dar seguimiento a las investigaciones que realizan las autoridades y, por supuesto coadyuvar también con la autoridad federal.

Lo hacemos así, porque tenemos la convicción de que es indispensable partir de la verdad para encontrar después los mejores caminos que lleven a recuperar la tranquilidad, la paz, la concordia y la gobernabilidad en nuestro estado de Guerrero, sin olvidar que lo prioritario, lo más importante y urgente es que se conozca el paradero de los 43 jóvenes normalista de Ayotzinapa actualmente desaparecidos, con la petición que se sigan haciendo todos los esfuerzos necesarios para terminar con el dolor y la incertidumbre que viven sus padres, sus familias y sus comunidades.

Ante los hechos de Guerrero no puede haber indiferencia y mucho menos impunidad. Por ello, desde que el gobierno federal atrajo la investigación, se siguen dando resultados y ello destaca de manera particular la detención de Abarca y su esposa, y esto es apenas el inicio, como lo ha establecido el presidente Enrique Peña Nieto, donde ha dicho que no habrá impunidad y se aplicará la ley tope hasta donde tope.

Por supuesto, estamos frente a un problema que tiene en el centro la protección de los derechos de las víctimas y la aplicación de justicia para ellas. Es un tema en el que hemos coincidido quienes participamos en esta comisión plural, y bajo esa premisa hemos logrado construir este primer pre-informe que hoy se presenta. Es importante que podamos continuar como hasta ahora, por encima –y así lo he dicho- de banderas ideológicas y alejados de consideraciones políticas.

Por eso la comunicación con las autoridades de todos los niveles con las que nos hemos reunido y nos sigan con estas reuniones permitiendo hacer una evaluación ponderada de las actuaciones de cada quien, sin repartir culpas o hacer exculpaciones adelantadas en enjuiciamientos que no nos corresponden.

Lo peor siempre de una investigación –y así no hay que perder memoria de la historia– es politizarla, por eso debemos no hacer juicios de valor y no perder de vista lo prioritario, como lo he dicho, que es encontrar a los 43 estudiantes. Ésa ha sido la instrucción del presidente Enrique peña Nieto a su gabinete de seguridad y ésa es su disposición y compromiso como primer mandatario, y así lo ha manifestado de manera reiterada.

Adicionalmente quiero expresar desde esta tribuna que mi grupo parlamentario tiene claro que el Ejército Mexicano es una institución respetable, un pilar sólido de nuestras instituciones democráticas y que merece el mayor reconocimiento como siempre se lo ha dado el pueblo de México.

Amigas diputadas y amigos diputados, reitero la prioridad de nuestro grupo parlamentario por sobre cualquier otra cuestión es que aparezcan –y así lo reitero– los 43 jóvenes normalistas. Y seguiremos coadyuvando en este comité, con las autoridades competentes de todos los niveles de gobierno para alcanzar ese objetivo.

Por supuesto, nos sumamos a la convocatoria que ha realizado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para construir un pacto que fortalezca al Estado de derecho y evite que casos como el que hoy nos ocupa vuelvan a repetirse. Ésa es una tarea en la que nadie debe de excluirse y en la que todos, fuerzas políticas, instituciones del Estado y ciudadanos, estamos llamados a participar por todos nosotros y por México. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Manuel Añorve Baños. Tiene el uso de la palabra, en una segunda ronda, el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, diputada Socorro Ceseñas?

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Primero ponga sonido. Ya. Gracias. Presidente, para que me haga favor de anotarme en rectificación de hechos en este tema de la agenda política.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Deseo –si me permite, diputado Huerta Ladrón de Guevara– informar a esta asamblea que la agenda política se está desahogando en términos del artículo 101 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es decir, no proceden mociones y en todo caso lo procedente es que los grupos parlamentarios fijen sus posturas con relación al informe preliminar que ha rendido la Comisión Especial.

De hecho, esta segunda ronda, señoras legisladoras y señores legisladores, se ha abierto por virtud de la petición de los grupos parlamentarios y con la facultad que tiene esta Presidencia, lo estamos obsequiando. De suerte que, de tener interés de participar a nombre de su grupo parlamentario, le sugeriría de modo respetuoso lo haga por conducto del coordinador de su propio grupo. Muchas gracias. Por favor, diputado Huerta, adelante.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Gracias. La desaparición forzada compromete al Estado mexicano desde el 9 de noviembre de 2002, al entrar en vigor la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El artículo 215 del Código Penal Federal determina que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que hay participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención.

Desde el 27 de septiembre los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa denunciaron que 58 de sus compañeros se encontraban desaparecidos, señalando que tenían indicios de que algunos normalistas se encuentran retenidos en el cuartel del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala.

Siete días después, el 4 de octubre, la PGR a través de la SIEDO anuncia la atracción de la investigación. El 6 de octubre, en conferencia de prensa, Murillo Karam informa que se trasladará a Iguala, Guerrero con el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, para encabezar personalmente las indagatorias y esclarecer el caso de los normalistas desaparecidos.

A 39 días no hay respuesta, existe un silencio que delata cómplices, encubrimiento. El informe parcial que hoy se presenta, si bien no es conclusivo sí es necesario atender omisiones graves en la investigación de la verdad. Se omite la información relativa a las fosas clandestinas con cuerpos humanos, una, cuatro, cinco, nueve, 12, 15, 19, ¿Cuántas fosas? ¿Cuántos muertos? ¿A quién se encubre?

Desconocemos cuántas mexicanas y mexicanos que tienen derecho a su identificación y consecuencia investigación de los criminales responsables, ¿En que otros municipios del estado de Guerrero se han localizado fosas clandestinas? ¿Basta la licencia de Aguirre al gobierno del estado? ¿Se ha iniciado la investigación de sus omisiones y complicidades? ¿Quiénes más están implicados, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la Procuraduría de Justicia del mismo estado de Guerrero; la policía federal, el Cisen, el Ejército a través del 27 batallón de Iguala, que se encuentra a poco más de un kilómetro del lugar de los hechos? ¿El procurador Murillo Karam, que conoció de hechos del crimen organizado, del cual ahora el detenido es parte? ¿A quién se encubre?

Las complicidades no garantizan la vida de los 43 normalistas desaparecidos, la salud de los heridos y la vida de los asesinados a mansalva y alevosía. Fue un crimen de Estado, se grita en las calles, ¿Quiénes son los responsables? Ahora se pretende que para evitar hechos como los sucedidos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, se anuncias un pacto por la seguridad.

¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando el que lo convoca ha sido omiso en cumplir con sus obligaciones legales en su calidad de presidente del sistema nacional de seguridad? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando se ha tolerado la complicidad a un procurador que desconoció e ignoró un clamor de justicia de las víctimas del hoy detenido ex presidente municipal de Iguala? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto de seguridad, cuando la comandancia del 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con su aparente omisión se asocia al crimen organizado? ¿Cómo creer en la viabilidad de un pacto por la seguridad, cuando los partidos políticos representados en el Congreso del estado de Guerrero guardaron silencio cuando se clamó el desafuero de José Luis Abarca Velázquez, por las víctimas de Unidad Popular de Iguala?

Esta Cámara de Diputados no puede ser cómplice del crimen de Estado, aún puede actuar con la verdad, con la justicia tan negada a miles de víctimas de la delincuencia organizada que impera en el sistema político y judicial de este país.

Escuchen a los jóvenes, escuchen a los familiares de las víctimas, que de nueva cuenta tienen que salir a protestar a las calles, lo harán mañana, 5 de noviembre, en esta ciudad.

Por mi parte aquí estoy, tratando de ser voz de todos estos ciudadanos, tratando de que ustedes reflexionen y de verdad, busquemos la verdad. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. No puede ser posible que sigamos siendo omisos –concluyo, presidente– a tan graves hechos. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, el país vive una crisis sistémica. No se puede de ninguna manera ocultar, no se puede reducir el tema a un municipio o a un estado. Verlo desde ese punto de vista es equivocado.

Lo de Iguala fue la gota que derramó el vaso. Pero esto y este vaso se vino llenando de desapariciones masivas durante al menos los últimos 10 años, ante la ineficacia de las autoridades y la incredulidad de la sociedad.

Recordemos algunos antecedentes. El 20 de enero de 2005, entre Tenosique y El Ceibo, en Tabasco, desaparecen 12 jóvenes que realizaban una excursión en las montañas de la frontera entre México y Guatemala.

En diciembre de 2010, un grupo de 12 cazadores, de Guanajuato, fue detenido por policías municipales entre los municipios de Joaquín Amaro y Tabasco, Zacatecas, y hasta la fecha no se sabe nada de ellos.

El 18 de marzo de 2011, alrededor de 50 camionetas pick up irrumpieron en el municipio de Allende, Coahuila, secuestrando de manera violenta a cerca de 300 personas, apellidadas Garza, Gaytán, Moreno y Villanueva, presuntamente en venganza por el robo de un cargamento de cocaína de Los Zetas. No se volvió a saber del paradero de ninguno de ellos.

El 3 de agosto de 2011, un autobús con 11 campesinos poblanos migrantes que viajaban a Reynosa, Tamaulipas, desaparecieron antes de llegar a su destino.

El 12 de septiembre de 2012, un autobús de la línea Nortern Star América, con una decena de campesinos migrantes desapareció en Salvatierra, Guanajuato, entre Tarimoro y Celaya.

El 11 de noviembre de 2013, el autobús Futura, número 1084, con 30 pasajeros a bordo, que cubrían la ruta Zacatecas-México, desapareció entre los límites de Zacatecas y San Luis Potosí, desde entonces no se sabe nada de ellos.

La página Valor por Tamaulipas, una de cuyas colaboradores la doctora María del Rosario Fuentes Rubio, fue desaparecida y presuntamente asesinada por un cárter de la delincuencia en Reynosa, Tamaulipas, por lo cual la UNICEF ha reclamado la investigación exhaustiva al gobierno de México.

La página Yo Soy Red, que administra el bloguero Alberto Escorcia ha creado un mapa interactivo con más de 22 mil nombres de desaparecidos, con información más detallada y precisa que la propia lista de desaparecidos oficiales de la Segob.

Se propone otra, crear una especie de Wikileaks de los desaparecidos en México.

Es impresionante observar cómo en 70 por ciento del territorio nacional está cubierto con puntos rojos. De manera, preocupante así es el mapa de las desapariciones. Se sobrepone en la lámina de las casi 300 fosas clandestinas que se han encontrado en los últimos años, que se han encontrado en varias partes del país.

La noticia de la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas en Iguala, ha generado la mayor crisis de credibilidad y confianza sobre el gobierno de México, porque cayó sobre esta conciencia colectiva, abonada con casi una década de desapariciones continúas, forzadas, silenciosas y varias de ellas masivas, donde las autoridades de todos los niveles se han visto rebasadas.

En este tiempo la inseguridad ha disputado el primer lugar con la crisis económica en su modalidad de desempleo o carestía de la vida, como el principal problema para los mexicanos, sin que se haya logrado revertir.

Si la apuesta oficial es que el tiempo olvide lo de Iguala y estas desapariciones que describo, están equivocados. No será así.

Nos parece muy grave lo que está pasando. Necesitamos revisar la estrategia de seguridad que debe empezar instalando una comisión de la verdad, que atienda no solo el caso de Iguala sino los más de 22 mil desaparecidos ocurridos en los últimos 10 años. El rastreo y localización de las fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio nacional, con la tecnología de punta que existe al respecto. Reformas legislativas para adoptar los estándares internacionales de castigo y prevención de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.

Reparación de daños a las familias de miles de víctimas con las propiedades y recursos incautados al crimen organizado y con recursos públicos.

Una reforma integral al Estado de derecho en sus vertientes policial, ministerial y judicial. Una reorientación educativa y cultural, y sobre todo, atender al problema económico.

No es un problema de localizar o de reubicar en un municipio esto que está pasando en México. Es muy grave y presidente, por cierto, muchas gracias por su tolerancia. Creo que ha redefinido su papel. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Monreal Ávila. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene la palabra el señor diputado Rubén Acosta Montoya, por favor, adelante.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Por supuesto que estamos de acuerdo en que lo que estamos viviendo con los 43 estudiantes desaparecidos es indignante. Pero también, no debemos olvidar que detrás de esto hay una cadena de omisiones, que por supuesto, no estamos jugando a que se olviden. Estamos jugando, más bien, el gobierno federal está llevando a cabo las acciones necesarias para esclarecer los hechos que no se pudieron esclarecer y que no se pudieron prevenir en el gobierno de Guerrero.

Porque no podemos olvidar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 2013, dio un informe al gobierno de Guerrero respecto de los hechos que ocurrían, violentos, en ese estado. Y ningún partido político reclamó por esos hechos que consignaba la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mucho menos por las recomendaciones que estaba ahí.

Por el contrario, ya tenemos conocimiento de la cadena de omisiones que se vinieron haciendo sobre todo en este caso. Lo primero, permitir que un alcalde con esos antecedentes llegara a ejercer un puesto que jamás debió ejercer.

Lo segundo, un gobernador que lo consintió y no nada más eso, que no actuó con la celeridad debida en este hecho y en otros hechos que han resultado lamentables.

Lo tercero, que la primera explicación que se hizo pública por parte de ellos cuando fue la comisión especial a Guerrero fue: No supimos cómo se nos peló el alcalde. Eso es un descaro. Eso es lo que no podemos permitir, así como tampoco podemos permitir que se difame al gobierno federal. A nosotros no se nos peló, nosotros lo agarramos ayer; más bien hoy en la madrugada.

Pero no nada más eso, con otros estados que sí nos han permitido la colaboración en materia de seguridad sí ha habido resultados contundentes, y se los digo porque soy de Chihuahua. En Chihuahua, por ejemplo, los índices de delincuencia han bajado considerablemente, así como han bajado en Nuevo León...

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Presidente

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Acosta, ¿me permite, por favor?

El diputado Rubén Acosta Montoya: Claro, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, diputado Catalino Duarte?

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Solo si me permite hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, diputado Catalino Duarte. Esta Presidencia en funciones ha dado cuenta a la asamblea de que el formato que estamos desahogando no es un dictamen a discusión y por ende no es procedente una moción.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Ya dijo que sí el señor legislador. El diputado ha aceptado la pregunta.

El diputado Rubén Acosta Montoya: No señor, no se la he aceptado porque primero se debía de pronunciar el presidente, y el presidente ha dicho que junto con su bancada el formato no fue aceptado.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Por eso, ¿Tiene miedo de contestar? Si está seguro de lo que está señalando, permita que le haga la pregunta, no tenga miedo a contestar. ¿Usted sabe a quién le corresponde atender el tema de la delincuencia organizada?

El diputado Rubén Acosta Montoya: No tengo ningún miedo y se la voy a contestar. Por supuesto que hubo omisiones en Guerrero y estoy totalmente seguro que en los estados en los que ha habido la colaboración institucional de los tres niveles de gobierno ha habido resultados favorables y uno de ellos es Chihuahua, y le puedo mencionar otros más en los que no ha habido resultados favorables porque los gobiernos perredistas no lo permitieron es en Michoacán y en Guerrero.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rubén Acosta, concluye con esta reflexión su participación por el tiempo, para efectos de que se registre que quien otorga el uso de la palabra es esta Presidencia, por favor.

El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado Roberto López Suárez, para fijar la postura del mismo. Adelante, diputado.

El diputado Roberto López Suárez:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Roberto López Suárez: Agarraron al presidente municipal, ahora localicen a los desaparecidos sin son tan eficientes. La desaparición forzada constituye una violación de las más graves a los derechos humanos, que afecta tanto a las personas que han desaparecido como a los familiares, amigos y conocidos.

La familia de los 43 jóvenes hasta el momento desconoce el paradero. Si están siendo torturados, si fueron asesinados, y hay responsabilidades en todos los niveles de gobierno. A nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal.

Mienten quienes vienen a decir aquí que el 27 Batallón de Infantería no tenía responsabilidades. Claro que tenían responsabilidades y tienen responsabilidades de lo que pasó. ¿Cómo es posible que un batallón de Infantería que además tiene inteligencia militar, que además está destacado ahí, se supone que para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no supiera de las actividades delictivas de narcotraficantes y autoridades municipales, estatales y seguramente federales?

Mienten quienes quieren exonerar al Ejército mexicano. Tienen que rendir cuentas. Este informe de actividades parcial de la comisión especial carece del sentido más claro, le falta el elemento fundamental. ¿Por qué no han llamado a dar testimonio a las víctimas y a los testigos de los hechos? ¿Por qué no lo han hecho?

El presidente de la comisión, cuando yo lo señalé en el pleno la semana pasada, se atrevió a decir: Pásenme el teléfono de los muchachos para llamarles o darles mi teléfono. Hagan una convocatoria pública. Ya los recibió el presidente de la República y esta comisión que está para coadyuvar, ¿ni siquiera los cita?

Hay una responsabilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto. En lugar de estar en campaña el presidente de la comisión, debería de presentar un informe sobre los hechos de Iguala, cosa que no ha hecho.

El Ejército Mexicano tendría que explicar qué hizo esa noche y madrugada, dónde estaban. Hay testimoniales de los muchachos que han señalado a los medios de comunicación, que había militares presentes pero no actuaron.

También les quiero decir que la Policía Federal, al igual que el Ejército, estaba en la zona y tampoco tuvo una intervención o quién sabe si la intervención fue para ayudar también a los delincuentes o a los policías municipales.

Hoy hay un movimiento social muy importante y pretenden muchos legisladores tapar el sol con un dedo. Veintisiete países tienen gente en la calle manifestándose para que aparezcan los 43 estudiantes; más de 40 universidades del país están en un paro y convocaron a uno nuevamente.

Y aquí la Comisión Especial no puede llamar a las víctimas para que den testimonio de los hechos.

¿Qué pedimos al gobierno estatal y al gobierno federal? Que sigan la pista para los autores intelectuales y los que faltan, aparte de los que ya aprehendieron, que aparezcan los 43 muchachos, que esperemos que estén con vida, y que además esclarezcan los hechos, que se han presentado, como aquí han señalado algunos compañeros legisladores, no solamente en el caso de Iguala, en todo el país tenemos desapariciones forzadas.

Hay varias organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, que ha planteado que en esta parte del sexenio llevamos más desaparecidos que en la guerra de Calderón; siete veces se ha aumentado el Presupuesto en materia de seguridad y no hay resultados. Al contrario, tenemos una crisis en las instituciones, de impartición de justicia en este país y hoy vemos cómo una gran movilización social exige resultados.

Qué casualidad que hoy que capturan al supuesto líder de la banda, quieren cerrar la investigación prácticamente. No, esto no ha terminado, tienen que aparecer los muchachos.

Y también pedimos que los peritos argentinos no sean retirados de la investigación, porque después puede resultar que aparezcan unos cuerpos y que digan que son los muchachos y no sean los muchachos. Tienen que aparecer. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Roberto López Suárez. Denme oportunidad de saludar a un grupo de adultos mayores que nos visitan de la Colonia Reforma Lomas, y de la comunidad de La tinaja de la estancia de Querétaro. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por su visita; los ha invitado el diputado Marcos Aguilar Vega.

Le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Carlos Alberto García González para que fije la postura del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, por favor.

El diputado Carlos Alberto García González:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: los hechos ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre de este año, donde lamentablemente se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, seis ejecuciones extrajudiciales, torturas y demás violaciones graves a los derechos humanos no sólo de las víctimas directas o indirectas de estos delitos, sino en sí constituye una herida abierta al pueblo mexicano.

Un Estado que se precie de ser democrático y de derecho no puede permitir que estos delitos se cometan en contra de persona alguna. Además, debe generar los instrumentos legales y las políticas públicas que sean capaces de anticiparse y remediar estas graves violaciones.

En este caso desafortunadamente se dieron todas las condiciones para que estos hechos se pudieran prevenir; una entidad federativa con una evidente debilidad institucional, con la mayor incidencia en delitos como homicidio doloso por cada 100 habitantes, con una fuerte desigualdad social y económica.

Los lamentables hechos ocurridos en Iguala pudieron, compañeras y compañeros, haberse evitado. El contexto enrarecido por nexos de grupos del crimen organizado con autoridades políticas no son nuevos; desde el 2011 existen averiguaciones previas y diversos señalamientos y acusaciones que fueron ignorados por funcionarios de todos los órdenes de gobierno.

En Acción Nacional siempre nos hemos pronunciado por el respeto a la dignidad humana. No sólo nos preocupan los desaparecidos en Iguala. No debemos olvidar, compañeros, que de conformidad con las cifras oficiales, existen más de 22 mil desaparecidos en este país, personas con nombre y apellido que no son ni deben ser tratadas como números; son seres humanos que pertenecen a sus familias y a sus comunidades, personas con dignidad que queremos de vuelta.

En el PAN nos pronunciamos porque las inconsistencias en las investigaciones y procedimientos periciales, así como la deficiencia en la atención y protección a las víctimas no se repitan, porque no vuelva a haber omisiones en la calificación de delitos como éste, que es la desaparición forzada de competencia.

Para ello, este Poder Legislativo tiene mucho que hacer. Todos debemos de considerar la creación de una ley general contra la desaparición que incluya la homologación y aplicación de protocolos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluyendo la regulación de procedimientos de exhumación de los seres humanos.

Estamos ahorita en el momento para garantizar que las partidas presupuestales sean consecuentes con los objetivos nacionales de alcanzar de a de veras el derecho a la verdad y el acceso a la justicia.

En ese sentido vemos con preocupación que las partidas a la Unidad Especial de Investigación para Personas Desaparecidas de la PGR, sólo se le otorgue en el proyecto de Egresos 15 millones de pesos.

En Acción Nacional no vamos a lucrar con el sufrimiento de las víctimas, pero tampoco permitiremos que prevalezca la impunidad de los actores de los órdenes de gobierno involucrados y velaremos porque los responsables tengan la jerarquía que tengan, sean llevados ante la justicia.

Abogamos porque se encuentre a los 43 jóvenes desaparecidos con vida. Exigimos que las víctimas indirectas, los familiares, estudiantes y comunidad en general sean debidamente atendidas por el Estado mexicano. Trabajaremos porque estas gravísimas violaciones a los derechos humanos sean sancionadas y, sobre todo, que no vuelvan a repetirse en nuestro país.

Es cuanto, señor presidente. Por su atención a todas y a todos los diputados, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Muchas gracias a usted, diputado García González.

Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, el señor diputado Leobardo Alcalá Padilla.

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Catalino Duarte. ¿Dígame con qué objeto, diputado Catalino Duarte?

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Presidente, primero lamentar que la Junta de Coordinación Política cerró a fondo esta discusión. Es un tema importante, no nos dieron oportunidad a diputados federales de Guerrero, de fijar algunas cosas importantes.

Pero aprovecho muy rápido para señalar que los diputados federales de Guerrero tenemos en nuestro poder documentos oficiales en las que oportunamente informamos a Osorio Chong, al procurador general de la República de lo que estaba pasando en la entidad. Eso, en el momento que usted considere, lo ponemos a la vista del pueblo de México.

Por el otro lado nos preocupa muchísimo que las posturas de algunos actores políticos solamente se centren en el tema de Iguala. Tenemos documentados cientos y cientos de hechos que tienen que ver con la delincuencia organizada y Manuel Añorve lo puede corroborar cuando fue presidente municipal...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado, Catalino Duarte...

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): ... en Acapulco. Termino, termino.

Nos dicen que el Presidente de la República no tiene culpa, se está tratando de delitos que tienen que ver con la delincuencia organizada y el pueblo de México sabe que tratándose de la delincuencia organizada le corresponde al gobierno federal atender el tema.

Sé que a Ruth Zavaleta le preocupa...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Concluya, diputado Catalino Duarte.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Le preocupa el hecho de que le diga que Héctor Beltrán era –no sé si recuerde quién era su operador financiero...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Duarte...

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): No sé si lo recuerde. No sé si se acuerde de Goyeneche, militante del Partido Verde, y que valdría la pena pidieran también se investigara porque seguramente esa fracción sabe del tema.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Catalino Duarte, concluya por favor.

El diputado Catalino Duarte Ortuño (desde la curul): Le agradezco la comprensión. Adelante, señor orador.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Señor diputado Alcalá Padilla, tiene usted el uso de la palabra. Y reconocemos su paciencia, y el respeto al derecho de su participación pugnaremos por ella como también de la asamblea, por favor, adelante.

El diputado Leobardo Alcalá Padilla:Muchas gracias, presidente. Y para ser más ágiles desde esta tribuna le digo: no voy a aceptar preguntas, no voy a aceptar interpelaciones, y creo que intentaría ser lo más claro posible.

Pues claro que sí hay responsables, caray, claro que existe un responsable, y es un presidente municipal; claro que existen responsables, y es un gobernador hoy con licencia y un presidente municipal que lo acaban de sacar de su madriguera y que ha sido ya detenido. Sí, claro que sí hay responsables.

Y ahora resulta que muchos de los que apoyaron tanto al de Iguala como al propio gobernador ahora ya los desconocen con una singular alegría, cuando hoy muchos de ellos estaríamos –y muchos de nosotros– tratando de saber cuáles van a ser las respuestas que ellos nos van a dar.

Claro que existen, claro que existen responsables. Y les pediría que no desviemos la atención, el tema de ahorita es 43 seres humanos que en este momento están desaparecidos. Y desde esta tribuna hago un amplio reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército por el trabajo y porque siguen siendo de manera institucional pilares de esta nación.

Conocer la verdad y de lo que ocurrió en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre pasados es un imperativo de la justicia, un deber de consciencia y una obligación solidaria con quienes hoy exigen con toda razón que se les dé respuesta sobre el paradero de sus hijos.

Encontrarlos, saber de ellos, ofrecer respuestas, pero respuestas ciertas, a los familiares es una tarea prioritaria y que no cabe el desaliento ni puede escatimarse ningún esfuerzo y que también para castigar a los responsables de las muertes que se dieron en esas fechas.

Es por ello que aquí no nos desgarremos las vestiduras, no veamos partidos políticos, hay responsables, y ya lo dije, sí, sí hay responsables, hoy lo que debemos hacer todos en conjunto y los tres niveles de gobierno es tratar de buscar a toda manera que estos jóvenes puedan ser encontrados.

Tenemos la convicción de la conformación plural y felicitamos a la propia comisión que está representada por todos los partidos políticos y que le ha imprimido una solidez, un equilibrio, un propósito esencial que es conocer con certeza qué paso y cuáles fueron las circunstancias que propiciaron los hechos tan lamentables.

Hoy quiero manifestar que como todos sabemos, sí apareció ya el criminal Abarca, saliendo ya de su madriguera en Iztapalapa, y coincidentemente en Iztapalapa, y también y ojalá no se asusten, gobernada por Jesús Valencia, que por cierto es gente de Marcelo Ebrard.

Ahora sí, preguntemos al criminal Abarca. Todo mundo queremos saber qué pasó, pues ahora vamos viendo cuántos son sus cómplices para que podamos llegar al a verdad. Confiamos en que muy pronto habrá más resultados de esas investigaciones y estaremos pendientes de conocer los detalles.

Llamamos a todas las fuerzas políticas aquí representadas, sin distingos ni ideologías, y de las banderas políticas, a seguir contribuyendo desde nuestra trinchera. No aceptamos las declaraciones irresponsables de Ángel Aguirre, donde señala que existe infiltración de grupos delictivos en la Normal Rural de Ayotzinapa.

Me parece no solamente lamentables, son temerarias sus declaraciones y no lo vamos a aceptar. Es irresponsable lo que se declara. Es cuanto, presidente, muchas gracias.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. En rectificación de hechos no hay preguntas, no hay alusiones. Una moción de procedimiento, diputado Zárate. Sonido para la moción del diputado Zárate, por favor.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Gracias, presidente. Una moción de procedimiento consistente en expresar que apenas está empezando el debate.

Yo creo que con la inteligencia y con la prudencia que usted en sus actos ha demostrado, debería someter a consideración del pleno abrir una nueva ronda cuando menos de tres minutos, para que pueda en realidad, para que en realidad se pueda seguir discutiendo. Aunque yo creo que usted en el ejercicio de sus atribuciones y en el cumplimiento de la ley y los principios de la Ley Orgánica y del Reglamento de esta Cámara, podría unilateralmente abrir una nueva ronda, por lo tanto yo se lo solicito de la manera más atenta.

La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): Señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputada, permítame. La Junta acordó, compañeras, agenda política para tratar el tema que ya ha sido ampliamente discutido y además se abrió una segunda ronda para desahogar las inquietudes que con justicia y con razón han expresado compañeras y compañeros. De tal manera que agotada la segunda ronda el punto ha terminado su discusión.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Lo que pasa, presidente, es que se vertió en la tribuna una insidia muy fuerte. Y estaba originalmente planteada la rectificación de hechos, que es precisamente para contestar ese tipo de afirmaciones. Y en un acuerdo que se llegó después de la Junta dejan la posibilidad de contestar.

Si dicen o la insidia es que porque fue encontrado alguien en una delegación que tiene dos millones de habitantes ahí se ve el contubernio, les preguntaría si todos los narcos que se descubrieron el sexenio pasado en el estado de México implican el contubernio del gobierno de Enrique Peña Nieto. La verdad es que eso sería absurdo, pero hay que medirnos con la misma vara.

Lamento profundamente que sean incapaces de mirar por encima de las urnas. Esta es una crisis de Estado. El crimen organizado está por todas partes infiltrándose y aquí solamente buscan a ver cómo sacan raja política de la próxima elección. Es una mirada muy pequeña, porque va a salir la liebre por todos lados, porque el problema sigue. Si ellos lo quieren simplemente circunscribir a un municipio, a un lugar, se equivocan, el problema es mucho más grave y mucho más grande. Lamento la cortedad de miras.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, legisladoras y legisladores federales integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos treinta y cinco años, nuestro país ha implementado diversas medidas para combatir las prácticas de corrupción, a través de cambios jurídicos, creación de instituciones y puesta en marcha de programas y acciones.

Así se creó en 1982 la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, lo que ahora se conoce como la Secretaría de la Función Pública, dentro de un programa denominado “renovación moral de la sociedad”. Con el transcurso del tiempo y el paso de diferentes administraciones, esta dependencia ha sufrido diversos cambios, debido al incremento de sus atribuciones y facultades, que van desde el control interno, la modernización administrativa, la implementación del servicio profesional de carrera, hasta la aplicación de procedimientos sancionatorios.

Podría interpretarse que las funciones de la Secretaría de la Función Pública equivalen a las de un órgano anticorrupción, excepto porque carece de independencia política, al estar conformada como una Secretaría de la Administración Pública Federal; no obstante, es importante el papel que debe desempeñar para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas en el ámbito federal.

A su vez, la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados fue sustituida por medio de una reforma constitucional en 1999, por la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación -la Auditoría Superior de la Federación-, con el objetivo de ampliar sus facultades de vigilancia y reforzar la capacidad de control sobre la Administración Pública Federal, con atribuciones para realizar auditorías de normatividad, contables o de desempeño, evaluaciones de resultados y fiscalizar el recurso federal en todos los órdenes de gobierno.

La Auditoría Superior de la Federación, pese a su corta edad y limitadas capacidades presupuestarias, ha acreditado eficacia en el desempeño de su actividad, adquiriendo un papel cada vez más importante en el control de la discrecionalidad de los recursos públicos federales, máxime que, si bien se encuentra ubicada como un órgano de la Cámara de Diputados, se diseñó para que tuviese autonomía técnica y de gestión, evitando con ello directrices e injerencias por parte del poder político.

En forma paulatina se han creado cuerpos legales en los últimos tres decenios, encaminados a establecer una normatividad para implementar políticas públicas en la materia, a saber: Ley de Fiscalización Superior, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de Contabilidad Gubernamental, Ley de Asociaciones Público Privadas, Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Convenciones Internacionales, etcétera.

El 15 de noviembre de 2012, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron dos iniciativas para modificar el orden jurídico relacionado con la rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas: la primera buscaba crear la Comisión Anticorrupción, y la otra modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de transformar la estructura de la Administración Pública Federal (APF). En ésta última, se propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública (SFP), desarticulando sus atribuciones y remitiéndolas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tales como:

• La mejora de la gestión.

• La cultura de la legalidad.

• El sistema electrónico CompraNet.

• El nombramiento de los comisarios de las entidades de la administración pública federal.

• Declaraciones patrimoniales y su seguimiento.

• La elaboración de la política pública en materia de combate a la corrupción y rendición de cuentas.

• Nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control por los titulares de las dependencias o entidades respectivas.

• Las conciliaciones e inconformidades en materia de contrataciones públicas.

• El Sistema de Contratación Pública.

• El Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.

En la discusión de dicha reforma, la Cámara de Diputados incorporó un artículo transitorio, en el cual se estableció que en tanto no existiera la base constitucional y legal del nuevo órgano anticorrupción propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública continuaría funcionando normalmente.

La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se aprobó en el Congreso de la Unión el 13 de diciembre de 2012, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

Por otro lado, el 13 de diciembre de 2013, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen en materia de combate a la corrupción, cuyo objetivo principal es la creación del órgano de combate a la corrupción, mismo que se recibió como minuta en la Cámara de Diputados el pasado 4 de febrero de 2014, encontrándose pendiente de dictaminación.

Es preciso señalar que esta iniciativa se nutre de la reflexión que los legisladores de Acción Nacional han aportado en la discusión y aprobación de dichas reformas, y en ello se debe dejar claro que desde el inicio de las discusiones, el PAN mantuvo una postura crítica sobre la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, pues se sostenía, como ahora, que lo conducente era la reestructura de sus funciones. Por otro lado, la minuta que aprobó por unanimidad el Senado de la República, se constituye en un referente obligatorio para la propuesta que hoy se somete a consideración de la sociedad.

Consideraciones

La corrupción en México es un tema que se relaciona transversalmente con otros rubros torales, tanto de competencia pública como de incumbencia privada, que de manera urgente es menester incorporar en la agenda nacional: la rendición de cuentas, la transparencia, el respeto al Estado de Derecho, y por supuesto, la consecución del Bien Común.

Y aunque el tema de la corrupción ha sido una constante en los últimos años, hoy más que nunca se ha hecho público, manifestándose y traduciéndose en onerosos endeudamientos de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, sindicatos opacos, aduanas ineficientes y un conjunto de leyes laxas, lo cual ha despertado un profundo agravio social.

Los legisladores de Acción Nacional estamos convencidos de que el desempeño en el servicio público, debe invariablemente guiarse por una dimensión de carácter ético y profesional, basado en la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos, que implique la correcta selección de medios para alcanzar objetivos dignos y valiosos para la consecución del bien común.

Las causas de la corrupción en México, lo mismo que sus consecuencias, se explican por una multiplicidad de factores: una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas); un marco institucional débil en supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto; y además, la lentitud en la impartición de justicia. Todo esto hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al consumidor- que ha hecho de la impunidad parte de nuestra vida pública.

El fenómeno de la corrupción emana de un sistema político y económico que se aprovecha de la fragmentación y dispersión de los órganos reguladores y de supervisión, que si bien están facultados para garantizar la transparencia y el correcto ejercicio de los recursos de los contribuyentes, en la práctica, debido a la falta de claridad en los mandatos, la dispersión de facultades y la falta de coordinación entre poderes y los distintos órdenes de gobierno, alimentan la cultura de la corrupción. Ésta es también promovida a nivel institucional por un sistema que se encuentra fragmentado, y que presenta amplias lagunas jurídicas en la tipificación de actos de corrupción, tanto de servidores públicos como privados, lo que provoca que el sistema de procuración de justicia resulte completamente ineficaz en la disuasión e investigación de dichos actos.

México es parte de tres importantes convenciones internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos (OEA); y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC); todas ellas constituyen obligaciones internacionales para nuestro país, al haber sido firmadas por el Ejecutivo Federal y ratificadas por el Senado de la República.

El cumplimiento de estas convenciones por parte del Estado Mexicano ha sido evaluado por países pares. Entre las principales recomendaciones, destacan las relativas a no sólo aplicar el régimen de sanciones a los servidores públicos, sino a la participación de particulares, inclusive en grado de tentativa, por hechos de corrupción.

La OCDE en su más reciente informe, destacó el avance de México en cuanto a establecer legislación de combate a la corrupción en materia de contrataciones públicas, acorde a las mejores prácticas internacionales, pero recomendó ampliar esta práctica a otros actos administrativos.

Adicionalmente, se ha recomendado a México ampliar las facultades de investigación para la detección de actos de corrupción de las autoridades competentes, en especial en lo relativo al seguimiento de los recursos de posibles actos de cohecho. Asimismo, se ha hecho hincapié en la fragmentación de las atribuciones y la poca efectividad en la coordinación entre autoridades.

Por su parte, instituciones como la Secretaría de la Función Pública y el marco jurídico en la materia, no han logrado abatir el fenómeno. El combate a la corrupción, en realidad, ha sido insuficiente como política pública.

De acuerdo al último informe del Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por la organización Transparencia Internacional en 2013, nuestro país ocupa el lugar número 106 del índice de corrupción de 177 naciones, lo que hace necesario redoblar esfuerzos en el establecimiento de medidas institucionales tendientes a prevenir, detectar y sancionar las conductas relacionadas con actos de corrupción en los diversos ámbitos de gobierno.

La percepción de los mexicanos sobre los actores sociales y autoridades en las que debiera descansar la procuración de justicia y el combate a la corrupción, así como sobre determinadas instancias de representación, es desalentadora:

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2011, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 91.8% de los mexicanos estima que la corrupción es prevalente en la policía y 88.6% considera lo mismo respecto a los partidos políticos. El tercer lugar en la percepción de corrupción lo ocupan las agencias del Ministerio Público, con 81.8%. El 34.3% consideró que el grado de incidencia de esas prácticas es “muy frecuente” en los municipios, mientras que 35.2% y 37.6%, respectivamente, opinó lo mismo con respecto a los gobiernos estatal y federal.

Además, los efectos de la corrupción se expanden más allá de los límites de lo político y lo social: este fenómeno se ha convertido en un factor determinante de incertidumbre económica.

De acuerdo al Índice de competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), el Estado de Derecho en México tiene uno de los peores desempeños, al ocupar el lugar 134 de 142 países. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, un país con alta percepción de la corrupción carece de reglas claras y genera incertidumbre en las empresas, lo que inhibe las inversiones y el crecimiento económico.

En el marco del Foro Económico Mundial, el 13 de abril de 2012, se expuso que la corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los gobiernos, y particularmente en el caso de México, su costo equivale alrededor del 9% del PIB. Entre tanto, las empresas erogan hasta el 10% de sus ingresos en sobornos. De acuerdo a los datos de la organización no gubernamental No Money Laundering, los grupos criminales en México obtienen ganancias anuales equivalentes al 5% del PIB. Lo anterior, permite señalar que la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en México.

Desde esta perspectiva, la corrupción incide negativamente en el desarrollo de la economía nacional.

El Banco Mundial estima que la corrupción puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1 por ciento anual.

En 2010, Transparencia Mexicana reportó que para la conformación del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, identificó al menos 200 millones de actos de corrupción para acceder a 35 trámites y servicios monitoreados. Ese mismo año, los datos indicaron que en diez de cada cien ocasiones en que se realizó un trámite o se accedió a un servicio público, los hogares pagaron sobornos. Se estima que el costo económico de esta forma de corrupción rebasó los 32 mil millones de pesos, lo cual representa 165 pesos por cada hogar mexicano que debió pagar por el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como por concesiones y servicios administrados por particulares. Transparencia Mexicana aseguró que una de las razones del descenso de México en el índice fue la percepción internacional sobre el crimen y el narcotráfico, pero principalmente se debió al estancamiento en materia de transparencia.

Es fundamental retirar de inmediato los perniciosos incentivos existentes, sea en el servicio público o en el ámbito de lo privado, para realizar acciones u omisiones con miras a obtener un beneficio personal.

Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que fomentar y promover la integridad y el combate a la corrupción, se ha convertido en un tema prioritario para dar viabilidad no sólo al desarrollo del país, sino a la preservación de la sociedad y del mismo Estado.

El combate directo y decidido a los actos de corrupción, mediante la modernización de nuestras instituciones, debe otorgar a la ciudadanía funciones directas de fiscalización, investigación y persecución de los delitos en la materia. Además, es urgente combatir la cultura de la impunidad que prevalece en México, y eliminar la incertidumbre jurídica de ciudadanos, empresarios y de la sociedad en su conjunto.

La corrupción tiene consecuencias altamente negativas en todos los aspectos de la vida cotidiana de los mexicanos. La naturaleza de este fenómeno exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas; su erradicación es la única forma de fortalecer las instituciones democráticas, evitar distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro del orden social.

La corrupción tiene efectos adversos en el desarrollo económico, ya que genera ineficiencia y distorsiones considerables. En el sector privado, la corrupción incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales, ya que a éste hay que sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el costo del manejo de las negociaciones con los funcionarios públicos y el riesgo de incumplimiento de los acuerdos.

También se generan distorsiones en el sector público, al desviarse inversiones públicas a proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son más abundantes. Los funcionarios pueden incrementar la complejidad de los proyectos del sector público para ocultar o allanar el camino para tales tratos, distorsionando todavía más la inversión. La corrupción también hace descender el cumplimiento de las regulaciones relacionadas con la construcción, el medio ambiente u otras, reduce la calidad de los servicios e infraestructura gubernamentales e incrementa las presiones presupuestarias sobre el gobierno.

En consecuencia, este fenómeno produce desconfianza en los partidos políticos, los dirigentes políticos y en la mayor parte de las instituciones públicas. En muchos países genera en la ciudadanía abstención y pérdida del interés por la política, debilitando el régimen de participación democrática.

Acción Nacional se pronuncia por acabar con los intereses que laceran el patrimonio nacional y debilitan a las instituciones; es menester terminar con la complicidad entre la administración pública y las organizaciones, sean privadas, sindicales o internacionales, que viven de la corrupción. Es fundamental para combatir la corrupción y la ineficiencia administrativa, una adecuación constitucional que siente las bases de un nuevo orden jurídico tendiente a su erradicación.

Sistema Nacional Anticorrupción

Si bien en México existe un marco normativo que rige la conducta de los servidores públicos y se han realizado grandes avances en su implementación, para el Partido Acción Nacional el combate a la corrupción es una condición indispensable para poder continuar el desarrollo de nuestro país en todas sus esferas. Por tanto proponemos crear un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se conformará por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana. Dicho Sistema se entenderá como un conjunto de instituciones que con absoluta independencia, se coordinan entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad.

La tarea consiste en desarrollar un sistema de rendición de cuentas “horizontal”, en el cual el poder se dispersa, no existe un monopolio legal de ninguna institución y cada una de ellas es individualmente responsable. Es decir, un sistema de contrapesos diseñado para que todos los órganos públicos, en sus tres niveles, y los servidores públicos que los integran, sean responsables entre ellos y exista una real rendición de cuentas. De esta forma, el Sistema podrá manejar los conflictos de intereses en el sector público, dispersando eficazmente el poder.

El cambio radica en la forma de implementación del Sistema. México, a lo largo de los años, ha desarrollado el ejercicio público a través de un sistema “vertical”, es decir, el ejercicio del poder y sus responsabilidades no se comparten de igual forma en todos los niveles de gobierno, lo que ha redundado en un sistema ineficiente. El Sistema Nacional Anticorrupción que proponemos, busca crear un esquema en el que se impongan límites y se vigile a los servidores públicos y a los particulares, en su caso, estableciendo las bases necesarias para la exitosa coordinación de las instituciones responsables de combatir la corrupción.

El combate a la corrupción tiene que ver con decisiones estructurales, sobre la base de procedimientos eficaces, basados en la prevención de conductas relacionadas con actos de corrupción, de la participación ciudadana, la observancia de las leyes y la racionalidad de las sanciones, por señalar algunos aspectos.

El problema de la corrupción no es únicamente originado por los servidores públicos, sino que es un problema multifactorial, que debe ser abordado por la sociedad en su conjunto, debido a que sus consecuencias pueden ser variadas y afectar a todos los sectores.

La prevención, la corrección y el combate a las prácticas de corrupción, constituyen un aspecto de interés nacional que debe estar siempre presente en la agenda pública, para la búsqueda de soluciones integrales que abonen a la eliminación de esta problemática, que desafortunadamente se encuentra presente en todos los órdenes de gobierno.

La meta general del Sistema Nacional Anticorrupción es que todos los servidores públicos ejerzan sus atribuciones dentro del marco de legalidad, de modo que los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y pueda realizarse el fin último del Estado de Derecho: la justicia. Lo que se busca es convertir la corrupción en un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos. Como tal, el sistema esta? diseñado para optimizar la coordinación tendiente a cumplir con las políticas en materia de prevención, control y sanción de la corrupción, que permitan fortalecer la integridad institucional.

Para ello se prevé que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se integre por instancias competentes, cuyo objeto será el de coordinar sus respectivos esfuerzos a fin de implementar políticas transversales en materia de control, prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la integridad, en los términos que establezca la ley general que al efecto expida el Congreso de la Unión.

A la par del Comité Coordinador, habrá un Consejo Nacional para la Ética Pública, que estará encargado de garantizar la adecuada implementación de las políticas y programas desarrollados por el Comité Coordinador en sus respectivos órdenes de gobierno.

El Consejo estará conformado por el Presidente de la República, quien lo presidirá, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Presidentes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos en el ámbito federal, el Auditor Superior de la Federación, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Consideramos que la participación ciudadana es fundamental en el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que las organizaciones de la sociedad civil podrán coadyuvar con los órganos responsables del combate a la corrupción.

El Comité de Participación Ciudadana será el órgano ciudadano mediante el cual se canalizarán los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, en su función de coadyuvar con las autoridades en el combate a la corrupción. Se conformará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, quienes serán designados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Se propone que sea la ley la que determine sus atribuciones y funcionamiento.

Adicionalmente, se propone que las organizaciones de la sociedad civil que tengan interés en participar, se registren en el Comité de Participación Ciudadana, y puedan coadyuvar con los órganos responsables del control y sanción de la corrupción en la prevención de la misma. Finalmente, se propone que puedan emitir recomendaciones públicas no vinculantes al Comité Coordinador.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

1. El establecimiento, de conformidad con la ley, de sistemas de coordinación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales.

2. El establecimiento y la promoción de políticas en materia de prevención, control y disuasión de la corrupción con carácter integral, en especial sobre las causas que generan dichos actos.

3. El fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, para desarrollar programas y acciones conjuntas en temas de prevención, detección y control de la corrupción.

4. El establecimiento de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre prevención, detección y control de la corrupción generen las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

5. La formulación de un sistema de indicadores sobre gestión y desempeño del Comité Coordinador.

6. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados de la aplicación de las políticas y programas implementados por las instituciones que lo integran.

Para el PAN, es de la mayor importancia considerar la participación de todos los poderes y órdenes de gobierno, pero en igual medida de la sociedad civil organizada, sumando los esfuerzos en el análisis, estudio, diagnóstico, diseño, evaluación y coordinación de las estrategias de prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.

Respetando el sistema federalista, se propone que cada Entidad Federativa estará obligada a reproducir el sistema en su ámbito respectivo, bajo las bases establecidas en la Constitución y en la Ley General que regule el Sistema, debiendo observar además las políticas acordadas por el Sistema Nacional Anticorrupción. La suma de esfuerzos y propósitos comunes obligan a la uniformidad, reconociendo y observando los ámbitos competenciales, con políticas, evaluaciones y estrategias nacionales.

En consecuencia, el combate a la corrupción será una función a cargo de la Federación, los Estados y Municipios, así como del Distrito Federal y de los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en sus respectivos ámbitos de competencia, y para su ejercicio, los entes públicos federales, estatales y municipales contarán con órganos internos de control, que tendrán las facultades que determine la ley, para prevenir, corregir, investigar y sancionar los actos u omisiones que constituyan faltas, responsabilidades administrativas menoresa la ley, así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.En el caso de aquellas faltas administrativas que sean catalogadas como graves, podrán investigar y sustanciar el procedimiento respectivo y, una vez concluidas las etapas del procedimiento, deberán remitirlo al Tribunal competente para resolución.

El Sistema Nacional Anticorrupción estará conformado por mecanismos de control interno, de control externo y de sanción.

En materia de control interno, proponemos el fortalecimiento de la actual Secretaría de la Función Pública en materia de prevención, corrección, auditoría, investigación y sanción. Es decir, este esquema tendrá que derivar en una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el objeto de que reasuma todas las funciones que le fueron derogadas mediante la reforma a dicha ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero del 2013.

En materia de control externo, proponemos que además de la Secretaría de la Función Pública, sean dos órganos más, absolutamente independientes del Poder Ejecutivo, los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. Para lo anterior, estarán facultados para recibir quejas y denuncias ciudadanas, con la garantía de que un planteamiento como el propuesto genere los esquemas de vigilancia y coordinación que den lugar a investigaciones serias y completas, a fin de castigar con efectividad a quienes realizan actos de corrupción.

En aras de fortalecer el combate a la corrupción y a la ineficiencia administrativa, esta iniciativa busca otorgarle mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación, para que su actividad no se limite a realizar diversas auditorías, sino que además tenga la atribución de realizar las investigaciones correspondientes -de oficio o derivadas de quejas, denuncias o de las propias auditorías- donde se presuma responsabilidad administrativa de carácter grave, o algún acto de corrupción por parte de algún servidor público o de particulares que manejen recursos públicos.

Si derivado de sus investigaciones determinare la existencia de una presunta responsabilidad administrativa o penal, podrá promover las acciones procedentes ante el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción o cualquier otra autoridad que resulte competente en la imposición de las sanciones respectivas. Asimismo, estará facultada para recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

Con esta adición, se busca darle autonomía técnica y de gestión a la instancia que investigará las irregularidades cometidas por funcionarios públicos, y eliminar la problemática actual que presenta la Auditoría Superior de la Federación, dado que la gran mayoría de los pliegos de responsabilidad administrativa sancionatoria que realiza, concluyen sin algún tipo de sanción para el servidor público.

Además podrá, en vía de atracción o revisión, investigar los actos u omisiones que impliquen alguna presunta irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de las autoridades locales, respecto de los recursos que ejerzan en los términos que la ley disponga. Estas figuras resultan esenciales para que, respetando el ámbito de las Entidades Federativas, excepcionalmente se puedan conocer y resolver aquellos casos que, por su importancia y trascendencia, no puedan ser resueltos por las instancias locales, privilegiándose así la plena autonomía e independencia en la resolución .

Asimismo, resulta de vital importancia eliminar la condición de anualidad y posterioridad reinante en la función de fiscalización, que hoy, más que fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, distorsiona el objetivo para el que fue creada.

Esta modificación le desata las manos a la ASF, permitiéndole llevar a cabo auditorías en tiempo real, para contar con información oportuna y periódica, que facilite la detección de irregularidades y evite posibles daños a la hacienda pública, así como para corregir acciones que pudieran estar al margen de las normas, planes o programas, desde una etapa temprana, evitando que el tiempo siga siendo un factor de impunidad.

Sin duda esta modificación se traducirá en la detección oportuna de actos irregulares, en la mejora del gasto de los recursos, y brindará una mayor confianza a la ciudadanía.

En este sentido, proponemos además que desaparezca el Informe del Resultado, para dar paso a la creación de un nuevo esquema, compuesto, por un lado, por el “Informe General Ejecutivo del Resultado” (antes Informe General) que será el documento final que contendrá la síntesis de los resultados de fiscalización, y por el otro, por los “Informes Individuales de Auditoría”, que se entregarán conforme se vayan concluyendo, para de esta forma proporcionar a la Cámara de Diputados, de manera oportuna, los insumos necesarios para la revisión de la Cuenta Pública y no tener que esperar hasta que el Informe Final le sea entregado.

Asimismo, en el momento en que los “Informes Individuales de Auditoría” se entreguen a la Cámara de Diputados con los resultados de su fiscalización, adquirirán el carácter de públicos, lo que abonará sustancialmente a la transparencia que tanto exigen y merecen los mexicanos.

De igual forma, se deja claro que los Informes de auditoría que deban entregar las entidades estatales de fiscalización y la entidad de fiscalización del Distrito Federal, tendrán el carácter de públicos.

Para hacer más ágil, eficaz y oportuna la revisión de la Cuenta Pública, se propone modificar el plazo de presentación de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo Federal, al último día hábil del mes de febrero; la entrega a la Cámara de Diputados del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, al 31 de octubre del año en que sea entregada la Cuenta Pública; y finalmente, la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública por la Cámara de Diputados, a más tardar al 15 de diciembre del año de su presentación; es decir, el “Ciclo de Fiscalización” comenzará y concluirá el mismo año, de esta forma podrá considerarse como un importante elemento de análisis en la determinación del presupuesto del año siguiente.

En este mismo tenor, con el objeto de no dilatar el ejercicio de revisión, es necesario incorporar la posibilidad de que la ASF inicie el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

En Acción Nacional estamos convencidos de que estas modificaciones le permitirán a la ASF realizar plenamente su función de fiscalización de los recursos públicos, pero además, con la incorporación de la facultad de investigación, se convertirá en pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, y contribuirá eficazmente al combate a la corrupción y a la ineficiencia administrativa, que tanto le cuesta a todos los mexicanos.

La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción será el órgano responsable de ejercer la acción penal en los delitos que al efecto se prevean en la Ley General de Delitos contra la Corrupción, y contará con las más amplias facultades de investigación; tendrá por objeto la investigación y persecución de los delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia federal, así como de cualquier otro delito cometido por un servidor público en el desempeño de un empleo, cargo o comisión, incluso tendrá la posibilidad de atraer aquellos casos que estime procedentes. En caso de que en sus investigaciones existiera presunta responsabilidad administrativa por actos de corrupción o por faltas administrativas graves, la Fiscalía estará facultada para actuar como órgano acusador, turnando el expediente directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En materia de sanciones, proponemos otorgar las facultades de sanción a los jueces en materia penal (ante acusaciones de la Fiscalía), y en materia administrativa, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; retirando la facultad de corrección y sanción a las contralorías que dependen de los Ejecutivos Federal, estatales o municipales, respecto de aquellas conductas que se estimen no graves por el legislador ordinario.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; imponer las sanciones graves a los servidores públicos de los poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos, por responsabilidades administrativas en los términos que disponga la ley; a los servidores públicos locales, por las irregularidades cometidas en el manejo o aplicación de recursos federales; y a los particulares que incurran en actos de corrupción, en los términos que determinen las leyes. Podrá imponer a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Además podráimponer las siguientes sanciones: suspensión, destitución e inhabilitación.

Sistema Nacional de Fiscalización

La fiscalización en nuestro país se ha visto debilitada por una clara falta de coordinación entre los órganos encargados de ejercer esta importante labor; por esta razón resulta necesaria la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización, que coordine las acciones de los órganos de fiscalización en el país, para generar condiciones que permitan un mayor alcance en sus revisiones; evite duplicidades; permita un intercambio efectivo de información; homologue los criterios de planeación, ejecución y reporte de auditorías; y establezca una serie de deberes para quienes conforman el Sistema.

En tal virtud, se propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes de carácter general que regulen la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, para hacer eficaz y eficiente la revisión del destino que se da a los recursos públicos.

Sistema Nacional de Planeación

El Programa Especial de Rendición de Cuentas de la Red por la Rendición de Cuentas, establece que “fiscalizar permite conocer si el presupuesto fue ejercido (y en su caso ajustado) de acuerdo con las disposiciones previstas; si las decisiones gubernamentales siguieron los cursos de acción inicialmente planteados; y si las metas y objetivos de los programas y servicios públicos se cumplieron con eficacia, economía y eficiencia”. Esta definición de fiscalización comprende los aspectos de la fiscalización formal y la material, donde la primera consiste en el control de legalidad y la segunda en la verificación de la consecución de los fines del Estado. Tanto en la fiscalización formal como en la material, es indispensable la planeación y la comparación con los planes, presupuestos y programas.

El objetivo de la fiscalización según el programa citado, es “asegurar una adecuada revisión de los logros y resultados de la gestión financiera, y una vinculación oportuna de la información producida con las actividades de planeación y presupuestación”. No hay manera de fiscalizar si no se tiene un punto de partida con el cual medir o comparar. Por tal motivo, es indispensable reforzar la planeación orientada a los resultados.

La Ley de Planeación vigente provoca la fragmentación y dispersión de las políticas públicas. Si bien cada Entidad Federativa requiere de programas diversos para atender las necesidades específicas de su sociedad y región, es del mayor interés para Acción Nacional que se den las condiciones para que comiencen a desarrollarse objetivos alineados a un proyecto de Nación.

En efecto, hay políticas nacionales y programas que requieren de la intervención de los tres órdenes de gobierno; por ejemplo, en materia de salud, seguridad o transparencia. Es necesario que las Entidades Federativas trabajen de manera vinculada y coordinada con la Federación en el diseño, implementación y evaluación de sus respectivos programas. En este sentido, la Ley de Planeación en su actual diseño queda rebasada.

Así, retomando el espíritu de la Ley de Planeación vigente, es necesario dar un mayor impulso al Sistema Nacional de Planeación Democrática previsto en la fracción II del artículo 1 de la Ley, por lo que la presente propuesta permite facultar al Congreso de la Unión a emitir un ordenamiento de carácter general que consolide un verdadero Sistema de Planeación Democrática, que vincule la actuación y los esfuerzos en los tres órdenes de gobierno, de forma tal que pueda constituirse un verdadero esquema de medición, que permita evaluar los logros y resultados en la actuación de cada gobierno.

Extinción de dominio

La presente iniciativa propone establecer que los bienes derivados del delito de enriquecimiento ilícito, sean tratados conforme al procedimiento de extinción de dominio. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está convencido de que la medida que proponemos, cumple un objetivo central dentro de los tratados internacionales en materia de combate a la corrupción de los que México es Parte, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, a fin de sancionar de manera efectiva el enriquecimiento ilícito, así como otras conductas en las que se involucren servidores públicos.

Las razones por las que se realiza tal planteamiento, es que actualmente la vía para sancionar este delito es mediante el “decomiso”; sin embargo dicha figura, aunque en algunos casos resulta efectiva, pocas veces funciona de manera expedita. Lo anterior, en razón de que se requiere la determinación firme de la autoridad judicial en la causa penal, lo cual implica que su ejecución está relacionada directamente con el proceso que se siga contra el servidor público. De esta manera, sólo hasta que se decreta la culpabilidad plena de la persona, es procedente ejecutar el decomiso, lo que contrasta en aquellos casos en que resulta notoria la disparidad entre el patrimonio del servidor público y los ingresos legítimos que ha declarado con anterioridad y durante el ejercicio de su encargo público.

Así, es muy común el caso de aquellos servidores públicos que recurren a todas las vías legales, no tanto para comprobar su inocencia sino para impedir la imposición de una sanción penal, lo cual invariablemente está ligado al retraso en la ejecución del decomiso o a su imposición, aun cuando no pueda comprobarse la legal posesión de bienes que se hayan adquirido durante una gestión pública cuestionada por actos de corrupción.

A nuestro juicio, estas complicaciones procesales quedarían superadas si se sanciona el enriquecimiento ilícito a través de la Extinción de Dominio, ya que se trata de un procedimiento autónomo del penal, por lo que se desvincula de la culpabilidad de la persona al enfocarse a sancionar únicamente los instrumentos, objetos y productos de alguno de los delitos contemplados en el segundo párrafo del artículo 22 constitucional.

Señoras y señores legisladores:

Lamentablemente, nos encontramos ante un escenario que no podemos ni debemos ocultar. La corrupción se ha extendido de manera alarmante, lo que se refleja en nuestras circunstancias sociales, económicas, jurídicas e indudablemente en nuestras condiciones de seguridad. No es posible seguir postergando la discusión de este tema, la sociedad no resistirá más la ignorancia, desidia o irresponsabilidad de su clase política. Nunca antes como ahora, se ha requerido una reforma de gran calado, que fortalezca nuestras instituciones; que detone de un esquema integral de combate a la corrupción y un mejor esquema de fiscalización de los recursos públicos; que genere las condiciones para que de una vez por todas logremos erradicar la corrupción que tanto daño nos ha causado.

Esta LXII Legislatura del Congreso de la Unión ha sido sensible a los cambios constitucionales y legislativos que nuestro país ha requerido. La gran mayoría de las reformas aprobadas ha generado, y otras estarán por hacerlo, beneficios concretos a los ciudadanos, que esperamos pronto se reflejen en su economía.

No podemos estar ajenos a los cambios que a nivel mundial se presentan para combatir la corrupción. En Acción Nacional estamos convencidos de que las reformas que hemos propuesto y aprobado, nos llevarán a ser una de las 8 economías más importantes a nivel global y la más importante en América Latina. Sin embargo, ya hemos insistido en que lo anterior no se puede consolidar sin un esquema claro, armónico y eficaz que genere las condiciones de integridad que deben observar las autoridades, los particulares y la sociedad en su conjunto.

El Partido Acción Nacional presenta ante la sociedad mexicana esta reforma con absoluta responsabilidad, con la convicción de que sólo con una reforma estructural como ésta, podremos dar a nuestras familias la seguridad de un futuro libre de prácticas indebidas, que afectan a toda una colectividad en beneficio de unos cuantos.

En Acción Nacional estamos seguros de que la suma de voluntades y de esfuerzos de la sociedad mexicana, de las autoridades y de todas las fuerzas políticas reunidas en el Congreso de la Unión, generará las condiciones para contar con una clase gobernante honesta, transparente y eficiente, que las distintas agrupaciones sociales, la comunidad solidaria y subsidiaria que tanto hemos anhelado. Hacemos un llamado a la sociedad mexicana a ser partícipe de este gran cambio estructural, y a los Partidos Políticos a debatir de manera seria y responsable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 22....

....

I. ...

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos , trata de personas y enriquecimiento ilícito, respecto de los bienes siguientes:

a) a d) ...

III. ...

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas, corrupción, delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

...

b) ...

c) ...

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando:

1. Tengan conexidad con delitos federales;

2. Versen sobre delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, o

3. Versen sobre los delitos de corrupción.

...

XXII. a XXIII. ...

XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales ; así como para expedir las leyes generales que regulen el Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 y el Sistema Nacional de Fiscalización;

XXV. a XXIX-C. ...

XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional; así como la ley general que regule el Sistema Nacional de Planeación Democrática.

XXIX-E. a XXIX-G. ...

XXIX-H.Para expedir leyes que instituyan el Tribunal Federal de Justicia Administrativa,dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establezcan su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; imponer las sanciones los servidores públicos de los poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos por las responsabilidades administrativas graves en los términos que disponga la ley, a los servidores públicos locales por las irregularidades cometidas en el manejo o aplicación de recursos federales, y a los particulares que incurran en actos de corrupción en los términos que determinen las leyes; imponer a los responsables las responsabilidades resarcitorias que correspondan así como las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales;

XXIX-I. a XXIX-U. ...

XXIX-V. Para expedir la ley general en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

XXX. ...

Artículo 74. ...

I. a V. ...

VI. ....

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de la Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 15 de diciembre del año de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones técnicas tanto de los informes individuales de auditoría como del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.

La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federacióny al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización;

VII. ...

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos, en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes;

IX. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

I. ...

...

II.Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del titular de órgano responsable del control interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de Relaciones; los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;

III. a XIV. ...

Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federaciónde la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá realizar revisiones preliminares y solicitar información del ejercicio en curso.

De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación podrá, en su caso, realizar evaluaciones preliminares a través de los informes trimestrales que el Ejecutivo Federal entrega al Congreso de la Unión y solicitar información del ejercicio en curso, pudiendo emitir recomendaciones de carácter preventivo sin perjuicio de sus facultades de fiscalización y de las acciones que le corresponda, en su momento, emitir. También podrá realizar las auditorías o revisiones en los plazos que, en su caso, establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación o las demás disposiciones jurídicas.

...

I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, de los fideicomisos públicos y de las concesiones o cesiones parciales de bienes del dominio público, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

...

...

La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión en los términos que disponga la ley, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio respectivo.

En las situaciones que determine la Ley, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción o cualquier otra autoridad que resulte competente;

II. Entregar los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados, conforme vayan concluyendo las mismas y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superiorde la Cuenta Pública, a la Cámara de Diputados a más tardar el 31 de octubre del año en que sea entregada la Cuenta Pública, los cuales se someterán a la consideración del Pleno de dicha Cámara y tendrán carácter público. Los informes individuales de auditoría incluirán el dictamen de su revisión, así como también un apartado específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que incluya una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre las mismas, únicamente en los casos en donde no se atienda el resultado observado. El Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública contendrá los elementos que al efecto establezcan las disposiciones legales aplicables.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación de los informe s individuales de auditoría se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría Superior de la Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría.

El titular de Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

La Auditoría Superior de la Federacióndeberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Federaciónlas mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia.

La Auditoría Superior de la Federacióndeberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.

La Auditoría Superior de la Federacióndeberá guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que vaya rindiendo los informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición;

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna presunta irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y en vía de atracción o revisión de las autoridades federales y de las locales respecto de los recursos que ejerzan en los términos que la ley disponga, así como efectuar visitas domiciliarias, para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos. Derivado de sus investigaciones podrá promover las acciones que sean procedentes; y

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, o a los recursos que ejerzan las autoridades locales en los casos que las leyes señalen; promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. Para lo anterior, podrá interponer el juicio de amparo en contra de las determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de la Fiscalía de Combate a la Corrupción en la forma y términos que la ley determine.

Se deroga

............

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares que Incurran en Actos de Corrupción y Patrimonial del Estado.

Artículo 109. Los servidores públicos que incurran en responsabilidad serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. ......

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será sancionada en los términos de la ley general penal.

III. Se aplicarán sanciones administrativas por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones, además de las que señale la ley general, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones. La ley general establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones, así como las autoridades encargadas de ello.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

La leydeterminará los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Dicha ley sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan, y

Las faltas administrativas graves y los actos de corrupción serán investigados y substanciados por los órganos internos de control, por la Auditoría Superior de la Federación o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal que resulte competente; las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control en los términos que señale ley. Si de las investigaciones de la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción existiera presunta responsabilidad administrativa por actos de corrupción o por faltas administrativas graves, conforme al procedimiento previsto en la ley turnará el expediente directamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, actuando como órgano acusador.

IV. Se aplicarán a los particulares que intervengan en actos de corrupción, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva; el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales, así como las demás sanciones que determine la ley. Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos de corrupción sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella. Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones, así como las autoridades encargadas de ello.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular quejas y denuncia ante las autoridades competentes respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.

Los entes públicos federales, estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir, investigar y sancionar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas distintas de aquellas que son competencia de los tribunales, así como revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Corresponde a los órganos internos de control, a la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos en la materia de las entidades federativas, perseguir ante los tribunales competentes, los actos u omisiones que constituyan responsabilidad administrativa en términos de la fracción III de este artículo, así como a los particulares que incurran en actos de corrupción, con independencia de presentar las denuncias por actos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la Fiscalía para el Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución o ante las autoridades locales competentes, respectivamente.

En tratándose de responsabilidades administrativas graves y en delitos, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogos en las entidades federativas, estarán facultados para recurrir las determinaciones de los tribunales y de la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción, en la forma y términos que la leyes determinen, incluso mediante el juicio de amparo.

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción se conformará por el Comité Coordinador, el Consejo Nacional para la Ética Pública y el Comité de Participación Ciudadana.

El Comité Coordinador se conformará por el Ejecutivo Federal, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República, el organismo garante que establece el artículo 6o de esta Constitución, el Consejo de la Judicatura Federal, así como por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y tendrá por objeto la coordinación tendiente a cumplir con las políticas en materia de prevención, control y sanción de la corrupción que permitan fortalecer la integridad institucional, de conformidad con las siguientes bases mínimas: 

1. El establecimiento, de conformidad a la ley, de sistemas de coordinación entre el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales.

2. El establecimiento y la promoción de políticas en materia de prevención, control y disuasión de la corrupción con carácter integral, en especial sobre las causas que generan dichos actos.

3. El fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para desarrollar programas y acciones conjuntas en temas de prevención, detección, control y sanción de la corrupción.

4. El establecimiento de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre prevención, detección, control y sanción de la corrupción generen las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

5. La formulación de un sistema de indicadores sobre gestión y desempeño del Comité Coordinador.

6. La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados de la aplicación de las políticas y programas implementados por las instituciones que lo integran.

Los integrantes del Comité Coordinador designarán de entre sus miembros a un Secretario Técnico, que tendrá las atribuciones que en la ley se determinen.

El Consejo Nacional para la Ética Pública será el órgano encargado de garantizar la adecuada implementación de las políticas y programas desarrollados por el Comité Coordinador. Para lo anterior, dicho Comité podrá presentar ante el Consejo los principales avances y problemas de la implementación de sus políticas y programas. Estará conformado por el Presidente de la República, quien lo presidirá, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Presidentes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los órganos constitucionales autónomos en el ámbito federal, el Auditor Superior de la Federación, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

El Comité de Participación Ciudadana se conformará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción, quienes serán designados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. El Comité, a través de los evaluadores que al efecto le proponga al Consejo Nacional para la Ética Pública, realizará la evaluación anual del funcionamiento y resultados del Comité Coordinador. El Consejo Nacional para la Ética Pública deberá pronunciarse sobre dichas recomendaciones en un plazo no mayor a seis meses. La ley determinará las atribuciones y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.

El Comité de Participación Ciudadana convocará a las organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, a fin de coadyuvar con los órganos responsables del control y sanción de la corrupción en las acciones de prevención y podrán participar con la autoridad en la resolución de las faltas administrativas graves en la forma y términos que se establezca en la ley.

El Comité de Participación Ciudadana podrá presentar recomendaciones públicas no vinculantes al Consejo Nacional para la Ética Pública.

Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas del Distrito Federal y de los Municipios, incluyendo los órganos de control interno, colaborarán y prestarán auxilio a la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que fije la ley. En el cumplimiento de sus atribuciones los órganos federales responsables del control y sanción de la corrupción no estarán limitados por los secretos bancario, bursátil, fiduciario o fiscal.

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción, conforme a las bases previstas en el presente artículo.

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo 114. ...

...

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones sean calificados por la ley como de responsabilidad administrativa por faltas graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a cinco años, ni de quince años tratándose de actos de corrupción.

Artículo 116. ...

...

I. ...

...

...

a) y b) ...

...

II. ...

...

...

...

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

...

...

III. y IV. ...

V.Las Constituciones y leyes de los Estados deberáninstituir Tribunales de Justicia Administrativa,dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa de las faltas graves que se establezcan en la ley, y a los particulares que incurran en actos de corrupción en los términos que determinen las leyes; imponer, en su caso, la responsabilidad resarcitoria, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales;

VI.a IX. ...

Artículo 122. ...

...

...

...

...

...

A)y B) ...

C) ...

BASE PRIMERA. ...

I. a IV. ...

V. ...

a) y b) ...

c) ...

...

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito Federal tendrán carácter público.

El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

d) ...

e)Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

f) a m) ...

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa para el Distrito Federal.

ñ) a q) ...

BASE SEGUNDA A BASE CUARTA. ....

BASE QUINTA.Existirá un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares; imponer las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa respecto de las faltas graves que determine la ley, y a los particulares que incurran en actos de corrupción en los términos que determinen las leyes; imponer, en su caso, la responsabilidad resarcitoria, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del Distrito Federal o al patrimonio de los entes públicos del Distrito Federal;

...

D. a H. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, aprobará la legislación a que se refieren las fracciones XXI, inciso a) sobre delitos en materia de corrupción, XXIV, XXIX-D y XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución.

Tercero. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, aprobará la legislación a que se refiere la fracción XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, incluyendo:

1. Los requisitos para ser designado titular de los órganos internos de control, competentes para prevenir, corregir e investigar las responsabilidades administrativas, y sancionar aquellas faltas menores distintas a los actos calificados por la ley como de corrupción;

2. Los mecanismos de profesionalización de los funcionarios públicos responsables del control y sanción de la corrupción;

3. Las bases y lineamientos que, en los tres órdenes de gobierno, deberán reunir los registros de servidores públicos de todos los poderes y órganos públicos que contengan, entre otra información, la relativa a la situación patrimonial, historial de servicio público y sanciones administrativas impuestas. Dicha información será recabada por los registros correspondientes de los organismos responsables del control y sanción de los actos de corrupción, y concentrada en una base de datos nacional;

4. Las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y de los particulares, y sus sanciones;

5. Las autoridades competentes para conocer de los procedimientos de investigación y de responsabilidad administrativa;

6. Las obligaciones de los servidores públicos y de los particulares en el manejo de recursos públicos.

Cuarto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se hacen a los artículos 79, 109, 113, 116 y 122, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las leyes a que se refieren los transitorios anteriores.

Quinto. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar la adecuaciones normativas que, en su caso, sean necesarias para dar cumplimiento al presente Decreto a fin de prevenir y reducir los riesgos de corrupción en materia de contratación gubernamental; mejora regulatoria, a efecto de simplificar y transparentar los trámites y procesos gubernamentales; de servicio profesional de carrera y de administración de recursos humanos, para simplificar y transparentar los procesos de contratación, así como fortalecer la honestidad, la profesionalización, la especialización y la evaluación de los servidores públicos, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor del presente decreto.

Sexto. En tanto se expide la legislación a que se refiere el artículo tercero transitorio de este Decreto, se aplicará la relativa en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, a los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de dicha legislación.

Séptimo. La Federación y las entidades federativas deberán garantizar que los órganos responsables del control y sanción de la corrupción en el respectivo orden de gobierno, cuenten con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para su integración y operación.

Octavo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas legales necesarias para el establecimiento e integración del Consejo Ciudadano para la Ética Pública y del Comité de Participación Ciudadana, previstos en el presente Decreto, en un plazo de 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Noveno. El Congreso de la Unión deberá realizar en un plazo no mayor a 90 días las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría de la Función Pública asuma nuevamente todas las facultades que le fueron derogadas mediante reforma a dicha ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

Décimo. Los titulares de las contralorías u órganos análogos de los organismos constitucionales autónomos que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta en tanto se realice la designación a que se refiere la fracción VIII del artículo 74 que se adiciona por virtud del presente Decreto, salvo que hayan sido nombrados en los términos previstos por dicho precepto, en cuyo caso durarán en su encargo por el plazo por el que fueron nombrados.

Décimo Primero. El Comité Coordinador a que se refiere el segundo párrafo del artículo 113, deberá instalarse en un plazo no mayor a 90 días, contado a partir de la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIV del artículo 73.

Décimo Segundo.Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo en un plazo no mayor a 90 días, contado a partir de la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIV del artículo 73.

Décimo Tercero. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados.

Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados.

Décimo Cuarto. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos que determine la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución.

Décimo Quinto. Los trabajadores de base que se encontraban prestando sus servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en los términos que determine la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución.

Décimo Sexto. El Consejo Nacional para la Ética Pública y el Comité de Participación Ciudadana a que se refieren el artículo 113, deberán instalarse en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIV del artículo 73.

El Registro Nacional de las organizaciones a que se refiere el párrafo tercero del artículo 113, deberá estar en funciones dentro de un plazo no mayor de 90 días, contado a partir de la entrada en funciones del Comité de Participación Ciudadana.

Décimo Séptimo. Las leyes federales y locales contemplarán en las controversias sobre contrataciones públicas, el derecho de los particulares de optar por la vía administrativa que corresponda o por el procedimiento jurisdiccional ante el Tribunal competente. Para tal efecto, las leyes establecerán un procedimiento sumario para la resolución de dichas controversias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 noviembre de 2014.— Diputados: Rafael Acosta Croda, Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Marcos Aguilar Vega, Felipe de Jesús Almaguer Torres, Humberto Alonso Morelli, Martha Berenice Álvarez Tovar, José Guillermo Anaya Llamas, Carlos Fernando Angulo Parra, Juan Jesús Aquino Calvo, Xavier Azuara Zúñiga, José Alfredo Botello Montes, Juan Bueno Torio, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Rubén Camarillo Ortega, Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, Sergio Augusto Chan Lugo, Alberto Coronado Quintanilla, Gerardo Maximiliano Cortázar Lara, Isaías Cortés Berumen, Andrés de la Rosa Anaya, Arturo de la Rosa Escalante, María Eugenia de León Pérez, Alberto Díaz Trujillo, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Carlos Alberto García González, José Guadalupe García Ramírez, Raúl Gómez Ramírez, Adriana González Carrillo, José González Morfín, José Ángel González Serna, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, Martín Alonso Heredia Lizárraga, Raquel Jiménez Cerrillo, María Teresa Jiménez Esquivel, Karina Labastida Sotelo, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Margarita Licea González, José Alejandro Llanas Alba, José Martín López Cisneros, Raudel López López, Alejandra López Noriega, Julio César Lorenzini Rangel, Patricia Lugo Barriga, Tania Margarita Morgan Navarrete, Juan Carlos Muñoz Márquez, Heberto Neblina Vega, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, José Luis Oliveros Usabiaga, Marcelina Orta Coronado, María Isabel Ortiz Mantilla, Máximo Othón Zayas, J. Jesús Oviedo Herrera, Germán Pacheco Díaz, Leslie Pantoja Hernández, Flor de María Pedraza Aguilera, Francisco Pelayo Covarrubias, Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Peña Avilés, Humberto Armando Prieto Herrera, Esther Quintana Salinas, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Luis Miguel Ramírez Romero, Rocío Esmeralda Reza Gallegos, Alicia Concepción Ricalde Magaña, Alfredo Rivadeneyra Hernández, Erick Marte Rivera Villanueva, Fernando Rodríguez Doval, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Jorge Rosiñol Abreu, Verónica Sada Pérez, Margarita Saldaña Hernández, José Arturo Salinas Garza, Glafiro Salinas Mendiola, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Marcelo de Jesús Torres Cofiño, José Isabel Trejo Reyes, María Celia Urciel Castañeda, Juan Carlos Uribe Padilla, Cinthya Noemí Valladares Couoh, Elizabeth Vargas Martín del Campo, Jorge Iván Villalobos Seañez, Luis Alberto Villarreal García, Ricardo Villarreal García, Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, Alfredo Zamora García, María Beatriz Zavala Peniche, Damián Zepeda Vidales (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señoras diputadas y señores diputados, permitan que continúe la Secretaría con el orden del día.

Remítase a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su opinión.

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DE LA CANNABIS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Iniciativa que expide la Ley General para el Control de la Cannabis; y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, suscrita por los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Debido al alarmante crecimiento del crimen organizado y de todos los fenómenos destructivos que genera la producción, el procesamiento, el tráfico, la venta y el consumo ilegal de sustancias prohibidas, como son la violencia y la farmacodependencia, la desarticulación de las familias y del tejido social, la cooptación de las personas, sobre todo hombres y mujeres jóvenes a las filas de las bandas criminales, la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras gubernamentales en todos los niveles; así como de los circuitos financieros locales, nacionales y globales; y ante la evidencia de que la llamada guerra contra el narcotráfico resultó una estrategia fallida que disparó la violencia y la inseguridad como lo demuestran las más de 60 mil muertes registradas en la pasada administración; se hace evidente y urgente el cambio de paradigma para enfrentar el problema del tráfico ilegal de drogas, haciendo énfasis en la educación y la necesidad de promover el ejercicio responsable de la libertad, en lugar de la política punitiva y meramente represiva que, como es notorio, ha fracasado.

Por ello, planteamos como una de las rutas estratégicas alternas, la regulación de la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de la cannabis y sus productos derivados, para sustraer de manos criminales un importante mercado, y minimizar y reparar los daños sociales que genera esta actividad ilegal, en virtud de ser actualmente la sustancia ilegal de mayor consumo en México y en el mundo y que más recursos económicos genera al crimen organizado.

Argumentos

Las sociedades contemporáneas padecen las consecuencias nocivas del crimen organizado, el narcotráfico se ha consolidado como la actividad principal vista de manera global. El tráfico ilegal de sustancias prohibidas, que también implica la producción y el procesamiento ilegal de las mismas, involucra a millones de personas en el mundo y produce incalculables ganancias anuales. El poderío económico del crimen organizado le permite infiltrar estructuras gubernamentales y financieras en todo el mundo y han mostrado, en nuestro país y en otras regiones de América Latina, tener una capacidad bélica superior a las policías y, en algunos casos, equiparables a los ejércitos regulares, incluido armamento ligero y pesado de última generación.

Si analizamos el desarrollo de las sustancias prohibidas durante el siglo XX y lo que va del XXI, sabiendo por supuesto, que muchas de ellas son milenarias y han acompañado a las sociedades desde épocas remotas, podemos concluir que los gobiernos optaron por la misma estrategia, tanto para la producción de los opiáceos en 1909, en la Comisión sobre el Opio, en Shangai y en la Conferencia Internacional en La Haya que resultó en la Convención Internacional del Opio de 1912, hasta para la producción química de enervantes, las famosas “piedras”, a finales del siglo XX, la estrategia fue regulación restrictiva de todas las sustancias psicoactivas orientadas hacia el uso médico y hacia la prohibición de cualquier otro tipo de uso.

Así se fueron orientando las políticas de los diferentes países del mundo, a través de convenciones antes de 1946 y ya con el auspicio de la Organización de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. La ONU asumió la responsabilidad del control de las drogas ilícitas, al crear la Comisión de Estupefacientes en el marco del Consejo Económico y Social. Esta tardó hasta 1961 en consolidar una normatividad internacional a través de la Convención Única sobre Estupefacientes, mientras derogaba gran parte de las convenciones que le antecedieron. Los esfuerzos de esta comisión a lo largo de sus 50 años de vida han consistido en limitar los usos de las drogas clasificadas a aquellos “médicos y de investigación científica”. Con ello se ha pretendido eliminar cualquier otra razón o forma de uso, incluso si este es tradicional en alguna localidad o pueblo originario.

Para 1988 la política punitiva anti uso de drogas se recrudecía con la firma de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas psicotrópicas que tipificó penalmente y obligatoriamente la posesión de drogas para el consumo personal alrededor del mundo.

Actualmente, en el primer tramo de nuestro siglo, podemos afirmar que justamente la prohibición, como política de Estado, no ha podido acabar con este problema y al parecer, atendiendo a la estadística del mercado y de los estudios mundiales de adicciones, en los hechos, ha contribuido en el incremento exponencial del negocio ilícito. Es obvio que los países con industria bélica se han beneficiado del negocio.

Dicho de otra manera, más coloquial, a pesar de que las sustancias están prohibidas, sobre todo en cuanto a su libre producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, en realidad se producen, procesan, distribuyen, venden y consumen globalmente en un lucrativo negocio al amparo del mercado “negro”, generando violencia, criminalidad, ganancias multimillonarias al crimen organizado, descomposición social y corrupción en los gobiernos.

Con independencia de los propósitos de la prohibición –como política de Estado– que se impulso, desde hace un siglo debemos revisar con toda responsabilidad y sinceridad la pertinencia de mantenerlo, en virtud de sus resultados, puesto que el consumo de sustancias prohibidas no ha dejado de incrementarse y se han generado males sociales muy perniciosos como el de la violencia desbordada. Por lo anterior se hace indispensable cambiar de paradigma como punto de partida para construir políticas de Estado más eficaces contra el manejo ilegal de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Desde hace más de 25 años, varios países como Alemania, Australia, Brasil, Canadá, España, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suiza, han promovido políticas alternativas al enfoque prohibicionista que generalmente son conocidas como de reducción de daños.

Resulta obvio pensar que un cambio de paradigma, que implica un nuevo enfoque y un cambio cultural profundo debemos hacerlo con responsabilidad y con rigor científico y jurídico; pero también es cierto que debemos hacerlo en el inmediato.

De hecho al ver que la prohibición no resolvía el problema del incremento de las adicciones y del tráfico ilegal de las sustancias prohibidas, el debate internacional y regional volvió a cobrar fuerza. En 2008, los ex presidentes de México –Ernesto Zedillo–, de Colombia –César Gaviria–, y de Brasil, –Fernando Enrique Cardoso– impulsaron la creación de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, promoviendo la despenalización –no la legalización– de la marihuana.

En años recientes, varios Estados de la Unión Americana han dado importantes pasos para la despenalización y la regulación de la marihuana, que ya suman 20 estados y un distrito, los que han decidido establecer la llamada cannabis médica, como es el caso de California. Pero la reciente decisión de los ciudadanos de Colorado y Washington representa un parte aguas, pues en ellos se reconoce la posibilidad de consumirla legalmente con fines recreativos. Vale la pena preguntarse si es pertinente mantener la “guerra” para que la cannabis no ingrese a Estados Unidos, cuando en ese país ya está permitida. Recordemos que la mayor parte de la marihuana que se produce en México se consume en dicho país.

Las regulaciones al uso de la cannabis aprobadas en el país vecino son muy estrictas, pero están trabajando en generar conciencia y promover una nueva cultura para la reducción de daños y riesgos con fondos económicos generados a partir de impuestos y diversos trámites necesarios para normar la producción, el procesamiento, la distribución, la venta y el consumo del cannabis y sus productos derivados.

También es necesario reconocer que, aunque el ex presidente Felipe Calderón se opuso activamente a que avanzara la regulación de la marihuana en California, fue él quien impulsó en nuestro país la reforma conocida como “Ley de Narcomenudeo” reformando la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, para establecer un tope máximo de portación de narcóticos para consumo personal y para promover mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno y precisar la corresponsabilidad del gobierno federal con los gobiernos locales en materia de prevención, sanción e investigación del combate al narcomenudeo.

El avance principal de ese incipiente marco jurídico es la clara diferenciación que se hizo entre un usuario, un farmacodependiente y un narcomenudista. También a partir de esta reforma se establecieron las cantidades lícitas de portación de los usuarios, fijando 5 gramos para la marihuana, 2 gramos para el opio, 500 miligramos para cocaína, 50 miligramos para heroína, 40 miligramos para metilendioxianfetamina y 0.015 miligramos para LSD.

La idea de proponer una regulación rigurosa para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de la cannabis y sus derivados, parte de los datos concretos recabados por las autoridades competentes en México mismos que se reflejan en la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, que es la última que se ha publicado, en donde se establece con claridad que la marihuana es la droga más usada. La han consumido el 4.2 por ciento de las personas entre los 12 y 65 años. La encuesta revela que en los últimos años, el consumo a la marihuana ha crecido sobre todo entre los hombres de 1.7 a 2.2 por ciento. En las mujeres se ha mantenido prácticamente igual, en el rango del 1.1 por ciento. La población consumidora representa en México el 1.2 por ciento sobre la población general, duplicando el consumo a la cocaína y otras drogas, que está en el rango del 0.5 por ciento de la población. La evidencia es contundente para poder afirmar que la cannabis es la sustancia psicoactiva que más se consume en nuestro país y de la cual existe el mayor número de adictos y adictas.

La Ley General para el Control de la Cannabis y las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, a la Ley Federal de Derechos, y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que propongo, proveerán de un marco jurídico riguroso para regular la producción, el procesamiento, la distribución, la venta y el consumo de la cannabis y sus derivados y también reforzarán las medidas legales y penales en contra de cualquier abuso que exceda los ámbitos de control, contra la venta del producto a menores de edad y también nos permitirá sustraer a la cannabis y a todo el mercado que genera de las manos de las organizaciones criminales, además de que generará un Fondo para la Prevención, Reducción de Daños, Riesgos y Tratamiento de la Farmacodependencia.

La mejor política frente a las drogas es la que busca reducir el consumo mediante la persuasión racional, basada en información científica. La educación y el convencimiento siempre serán mejores y más efectivos que la represión y la coacción. Finalmente, el ser humano decide de acuerdo a su conciencia qué hacer con su vida y con su organismo, es un asunto de libertades individuales. Por ello, el desafío cultural que tenemos es el de promover el ejercicio responsable de la libertad, algo que ninguna ley puede suplir.

Esta propuesta de reforma prevé mecanismos de regulación para el consumo controlado de la cannabis para personas mayores de edad, y añade penas muy severas para quienes distribuyan y vendan a menores de edad.

El marco jurídico que se propone, también permitirá generar nuevos recursos fiscales que serán utilizados para prevención, para la reducción de daños y riesgos, así como para el tratamiento de la farmacodependencia.

Fundamento

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se expide la Ley General para el Control de la Cannabis y que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Primero. Se expide la Ley General para el Control de la Cannabis, en los siguientes términos:

Ley General para el Control de la Cannabis

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de utilidad pública y sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente la Ley General de Salud.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto regular la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo de los productos derivados de la cannabis.

Artículo 3. La orientación, prevención, producción, distribución, comercialización, muestreo, verificación y en su caso la aplicación de medidas de seguridad y sanciones relativas al procesamiento de los productos de la cannabis, serán reguladas bajo los términos establecidos en esta ley y en la Ley General de Salud.

Artículo 4. La Secretaría de Salud será la responsable de coordinar las siguientes acciones:

I. Prevenir el consumo de productos derivados de la cannabis;

II. Alertar a la población de los efectos físicos y psicológicos de la cannabis;

III. Llevar a cabo el control sanitario del proceso productivo de los derivados de la cannabis;

IV. Establecer los lineamientos generales para la certificación de las licencias sanitarias para la producción y autoproducción de la cannabis;

V. Establecer los lineamientos generales para el consumo de la cannabis y

VI. Establecer los lineamientos para el tratamiento y rehabilitación de la dependencia a la cannabis u otras sustancias.

Artículo 5. Para efectos de esta ley, se entiende por:

I. Cannabis: Sustancia psicoactiva tomada del cáñamo (cannabis sativa, híbrida, índica y americana o marihuana).

II. Productos derivados de la cannabis: cigarrillos, cogollos secos y desmenuzados para pipas e infusiones.

III. Control sanitario: Conjunto de acciones que realiza la Secretaría de Salud para verificar el cumplimiento de las normas en el proceso de producción y en la autoproducción de la cannabis y en su caso, aplicación de sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud y otras autoridades competentes, con base en lo que establecen esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables.

IV. Licencia sanitaria: La Secretaría de Salud emitirá la licencia sanitaria, de conformidad con lo que establezca el Reglamento correspondiente.

V. Industria de la cannabis: Es la conformada por los productores autoproductores, fabricantes, distribuidores y comercializadores;

VI. Producción industrial: Es la producción destinada a la comercialización.

VII. Distribución: La acción de vender productos de la cannabis para fines comerciales;

VIII. Autoproducción: Es la producción limitada a 5 plantas de cannabis sativa, híbrida, índica y americana o marihuana para consumo personal.

IX. Denuncia ciudadana: Notificación hecha a la autoridad competente por cualquier persona respecto de los hechos de incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables;

X. Ley: Ley General para el Control de la Cannabis

XI. Fondo: Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia, establecido en la Ley de Ingresos.

XII. Programa: Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia.

XIII. Secretaría: La Secretaría de Salud;

XIV. Verificador: Funcionario o funcionaria de la secretaría que tiene la facultad de vigilar el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Atribuciones de la autoridad

Artículo 6. La aplicación de esta ley estará a cargo de la secretaría en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía, la Procuraduría General de la República y otras autoridades competentes.

Artículo 7. La secretaría aplicará esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 8. La secretaría coordinará las acciones que se desarrollen para prevenir y tratar la dependencia a los productos derivados de la cannabis, promoverá y organizará los servicios de detección temprana, orientación y atención a las personas que tengan alguna dependencia y que deseen abandonar el consumo, investigará sus causas y consecuencias, fomentará la salud; y desarrollará acciones permanentes para informar sobre las consecuencias físicas que genera el consumo de productos derivados de la cannabis.

Artículo 9. Son facultades de la secretaría, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables:

I. Coordinar todas las acciones relativas al control sanitario de los productos de la cannabis;

II. Establecer métodos de análisis para evaluar que la fabricación y procesamiento de los productos derivados de la cannabis se realice de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Determinar a través de disposiciones de carácter general la producción industrial de la cannabis;

IV. Determinar a través de disposiciones de carácter general lo relativo a las características, especificaciones y procedimientos relacionados con la autoproducción de la cannabis.

V. Emitir y en su caso revocar las licencias correspondientes para la producción, autoproducción, fabricación, distribución y venta de los productos de la cannabis;

VI. Promover la participación de la sociedad civil en la ejecución del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia, y

VII. Proponer al Ejecutivo federal las políticas públicas para la prevención del consumo y para el tratamiento de la dependencia de los productos derivados de la cannabis.

Artículo 10. Las compañías productoras de derivados de la cannabis tendrán la obligación de entregar a la secretaría la información que ésta les solicite para garantizar que se apeguen a la normatividad.

De la prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia

Artículo 11. Para la prevención del consumo y el tratamiento de las adicciones, la secretaría, establecerá lineamientos que garanticen la instrumentación y ejecución del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

I. Instrumentar campañas de información para alertar sobre los efectos físicos y psicológicos del abuso en el consumo de estupefacientes.

II. Establecer en todo el país centros para el tratamiento de la dependencia.

Artículo 12. Para poner en práctica las acciones del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

I. El programa se financiará con los recursos de un fondo especial establecido en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

II. El fondo del programa se constituye con los ingresos anuales recaudados a través del pago de derechos por concepto de las licencias y verificaciones de los productores, autoproductores, procesadores, distribuidores, comercializadores y vendedores y por concepto de pago de los impuestos establecidos en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Producción, autoproducción, comercio, distribución y venta de los productos derivados de la cannabis

Artículo 13. Todo establecimiento que proceso, distribuya o venda productos derivados de la cannabis, requerirá licencia sanitaria de acuerdo con los requisitos que establezca la secretaría.

Artículo 14. Todos los espacios físicos en los que se procesen productos derivados de la cannabis en la modalidad de autoproducción deberán contar con licencia y cumplir los requisitos que establezca la secretaría.

Artículo 15. Los productores de cannabis tendrán las siguientes obligaciones:

I. Contar con la licencia expedida por la Secretaría de Salud;

II. Renovar anualmente la licencia de producción;

III. Acreditar las verificaciones de la Secretaría de Salud;

IV. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para financiar el Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia;

V. No participar en el proceso de distribución o venta de los productos.

Artículo 16. Quien procese los productos derivados de la cannabis tendrá las siguientes obligaciones:

I. Contar con la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud;

II. Acreditar la calidad de la materia prima utilizada;

III. Renovar anualmente la licencia;

IV. Acreditar las verificaciones que haga la Secretaría de Salud sobre la identidad, pureza, seguridad, estabilidad y cualquier otra prueba que señalen las disposiciones reglamentarias aplicables;

V. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para financiar el Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia;

VI. No participar en el proceso de distribución o venta de los productos.

Artículo 17. Quien comercie productos de la cannabis tendrá las siguientes obligaciones:

I. Contar con la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud;

II. Renovar anualmente la licencia;

III. Acreditar las verificaciones que periódicamente realice la Secretaría de Salud;

IV. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para el Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia;

V. Exigir a los compradores que acrediten su mayoría de edad con identificación oficial con fotografía, de lo contrario serán sancionados conforme a lo que establece el Código Penal Federal, y

VI. Exhibir en los establecimientos la licencia sanitaria expedida por la secretaría.

VII. No participar en el proceso de producción o procesamiento del producto.

Artículo 18. Los autoproductores deberán:

I. Adquirir la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud

II. Renovar anualmente la licencia de autoproducción;

III. Acreditar las verificaciones que periódicamente realice la Secretaría de Salud.

IV. Pagar las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos para el Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia;

Artículo 19. El monto recaudado por concepto de impuestos será destinado al Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia.

De los establecimientos destinados al procesamiento de productos derivados de la cannabis

Artículo 20. Los establecimientos que se destinen al procesamiento de los productos de la Cannabis se clasifican, para los efectos de esta ley, en:

I. Fábrica o laboratorio de materias primas para la preparación de infusiones, y cigarrillos.

II. Almacén de acondicionamiento de productos;

III. Almacén de depósito y distribución de productos derivados de la cannabis;

IV. Tienda: El establecimiento que se dedica a la comercialización de productos de la cannabis

V. Los demás que determine el Consejo de Salubridad General.

Artículo 21. Los establecimientos citados en el artículo anterior de esta ley deberán contar con un responsable de la identidad, pureza y seguridad de los productos.

Los responsables deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y serán designados por los titulares de las licencias o propietarios de los establecimientos, quienes darán el aviso correspondiente a la Secretaría de Salud.

Artículo 22. Los responsables sanitarios de los establecimientos a que se refiere el artículo 20 de esta ley deberán ser profesionales con título registrado por las autoridades educativas competentes, de acuerdo con los siguientes requisitos:

El responsable de cada establecimiento deberá ser profesional farmacéutico, químico farmacéutico biólogo, químico farmacéutico industrial o químico industrial.

Artículo 23. En los casos en que resulten afectadas, por acción u omisión, la identidad, pureza, conservación, preparación, dosificación o manufactura de los productos, el responsable del establecimiento y el propietario del mismo responderán a las sanciones que correspondan en los términos que señalen esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Expedición de licencias

Artículo 24. Corresponde a la secretaría con base en lo dispuesto en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables:

I. Expedir las licencias requeridas por esta ley;

II. Revocar dichas licencias;

III. Vigilar el cumplimiento de esta ley, y

IV. Ejecutar los actos del procedimiento para aplicar medidas de seguridad y sanciones.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría emitirá las disposiciones correspondientes.

De la vigilancia sanitaria

Artículo 25. Los verificadores serán nombrados y capacitados por la secretaría, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

Artículo 26. Los verificadores realizarán actos de orientación, educación, verificación de las disposiciones de esta ley, de la Ley General de Salud y otras disposiciones en materia de control sanitario.

Artículo 27. Los verificadores podrán realizar visitas ordinarias y extraordinarias, sea por denuncia ciudadana u otro motivo, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Salud, de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 28. La labor de los verificadores en ejercicio de sus funciones, así como la de las autoridades federales, estatales o municipales, no podrá ser obstaculizada bajo ninguna circunstancia.

Artículo 29. Las acciones de vigilancia sanitaria que lleven a cabo las autoridades competentes para efecto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, se realizarán de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley General de Salud.

Artículo 30. Los verificadores estarán sujetos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De las sanciones

Artículo 31. El incumplimiento a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de ella, serán sancionados administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

Artículo 32. Las sanciones administrativas serán:

I. Clausura definitiva

II. Pérdida de la licencia sanitaria

III. Resarcimiento de los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las personas;

Artículo 33. Procederá el retiro de la licencia, cuando los productores o los autoproductores excedan los límites de producción establecidos por la Secretaría de Salud.

Artículo 34. Cuando con motivo de la aplicación de esta Ley, se desprenda la posible comisión de uno o varios delitos, la autoridad correspondiente formulará la denuncia o querella ante el Ministerio Público sin perjuicio de la sanción administrativa que proceda.

Artículo 35. Serán sancionadas con las disposiciones del Código Penal Federal y demás disposiciones aplicables las siguientes actividades:

I. Producir, distribuir y comercializar productos derivados de la cannabis sin la licencia correspondiente;

II. Realizar sin licencia vigente actividades de autoproducción

III. Comerciar, vender, distribuir o suministrar productos de la cannabis en lugares públicos inferiores a un radio de un kilómetro de centros de recreación infantiles, de guarda de niños, centros de estudios, centros cívicos, parques o cualquier sitio que congregue a menores de edad.

IV. Comerciar, vender o distribuir cualquier producto derivado de la cannabis vía telefónica, por correo, internet o cualquier otro medio de comunicación;

V. Distribuir gratuitamente productos derivados de la cannabis con fines de promoción;

VI. Comercializar, distribuir, donar, regalar y vender productos derivados de la cannabis en instituciones educativas públicas y privadas;

VII. Emplear a menores de edad en actividades de comercio, producción, distribución, suministro y venta de estos productos.

De la participación ciudadana

Artículo 36. La secretaría promoverá la participación de la sociedad civil en la prevención y tratamiento de la dependencia a través de:

I. Promoción de la salud comunitaria;

II. Educación para la salud;

III. Difusión de las disposiciones legales en materia del control de los productos derivados de la cannabis;

IV. Coordinación con los consejos nacional y estatales contra las adicciones, y

V. Las acciones de auxilio de aplicación de esta ley como la denuncia ciudadana.

De la denuncia ciudadana

Artículo 37. Cualquier persona podrá presentar ante la autoridad sanitaria correspondiente una denuncia en caso de que observe el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 38. La autoridad competente salvaguardará la identidad e integridad del ciudadano denunciante.

Artículo 39. La secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para que los ciudadanos puedan efectuar denuncias, quejas y sugerencias sobre el incumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 3, la denominación del capítulo IV, los artículos 191, 192, 192 Bis, 193 Bis, 194, 198, 235, 237, 245, 252, 479, se adiciona el artículo 235 Bis y el artículo 479 Bis de la Ley General de Salud para quedar en los siguientes términos:

Artículo 3o. ...

I. a XX. ...

XXI. El Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia.

XXII. a XXVIII. ...

Capítulo IVPrograma Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia

Artículo 191. La Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia, a través de las siguientes acciones:

I. La prevención, reducción de daños y reducción de riesgos

II. Tratamiento de la farmacodependencia

III. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, así como sus consecuencias en las relaciones sociales y;

IV. La información a la población sobre la forma de reconocer los síntomas de la farmacodependencia y adoptar las medidas oportunas para la reducción de daños y riesgos

...

Artículo 192. La Secretaría de Salud elaborará un programa nacional para la prevención, reducción de daños, riesgos y tratamiento de la farmacodependencia, y lo ejecutará en coordinación con dependencias y entidades del sector salud y con los gobiernos de las entidades federativas.

Este programa establecerá los procedimientos y criterios para la prevención, reducción de daños y riesgos y será de observancia obligatoria para los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y en los establecimientos de los sectores público, privado y social que realicen actividades preventivas y de tratamiento de la farmacodependencia.

...

De conformidad con los términos establecidos por el programa nacional para la prevención, reducción de daños y riesgos, así como el tratamiento de la farmacodependencia, los gobiernos de las entidades federativas serán responsables de:

I. Promover y llevar a cabo campañas permanentes de información y orientación al público, para la prevención de daños a la salud provocados por el consumo de estupefacientes y psicotrópicos; y

II. ...

Artículo 192 Bis. Para los efectos del programa nacional se entiende por:

I. ...

II. Consumidor: Toda persona que consume o utiliza habitualmente estupefacientes o psicotrópicos y que no presenta signos ni síntomas de dependencia;

III. a VI. ...

VII. Reducción del daño: Son las políticas de salud orientadas a reducir las consecuencias nocivas relacionadas con el consumo problemático de substancias psicoactivas.

VIII. y IX. ...

Artículo 193 Bis. ...

Se suprime

Artículo 194. ...

...

I. ...

II. Producción, procesamiento y distribución de los productos derivados de la cannabis;

III. y IV. ...

...

Artículo 198. ...

I. ...

II. Procesamiento de los productos derivados de la cannabis.

III. a VII. ...

...

...

Artículo 235. ...

I. a IV. ...

V. Lo que establezca la Ley General para el Control de la Cannabis

VI. ...

...

Artículo 235 Bis. La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, suministro, empleo, uso, consumo de la cannabis sativa, híbrida, índica y americana o marihuana, su resina y preparados queda sujeta a las disposiciones de la Ley General para el Control de la Cannabis.

Artículo 237. Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.

...

Artículo 245. ...

I. ...

Tenociclidina TCP 1-[1-(2-tienil) ciclohexil]-piperi-dina.

Canabinoides K2

...

II. ...

III. ...

IV. ...

Tetrabenazina

Tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: Ä6a (10A), Ä6a (7), Ä7, Ä8, Ä9, Ä10, Ä9 (11) y sus variantes estereoquímicas

Tialbarbital

...

V. ...

Artículo 252. Con excepción del tetrahidrocannabinol con los isómeros: Ä6a (10A), Ä6a (7), Ä7, Ä8, Ä9, Ä10, Ä9 (11) y sus variantes estereoquímicas, las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán, para su venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta, las primeras dos veces.

Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Artículo 479 Bis. No se penalizará la portación de cannabis sativa, híbrida, índica y americana o marihuana, su resina y preparados para consumo personal.

El Ministerio Público no ejercerá acción penal en contra de quien cultive, produzca, procese, almacene o comercialice productos derivados de la cannabis cuando se acredite contar con la licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud.

Las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas, conocerán y resolverán de los delitos o ejecutarán las sanciones y medidas de seguridad en contra de quienes vendan, comercien, distribuyan donen o regalen productos o derivados de la cannabis a personas menores de edad.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 198 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 198. Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de amapola, hongos alucinógenos, peyote, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.

...

...

...

Artículo Cuarto. Se adicionan las fracciones IV y V y un último párrafo al artículo 195 y el artículo 195 D-1 a los la Ley de Derechos para quedar como sigue:

Capítulo XIVDe la Secretaría de Salud

Sección PrimeraAutorizaciones en materia sanitaria

Artículo 195. Por los servicios que presta la autoridad sanitaria para actividades reguladas por la misma, se pagarán los siguientes derechos:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Por cada solicitud y, en su caso, expedición de licencia sanitaria de establecimientos para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, del Cannabis y sus productos derivados, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:

a) Por hectárea cultivable 8 mil pesos.

b) Por fábrica o laboratorio 15 mil pesos.

c) Por almacén de depósito y distribución 8 mil pesos.

d) Por farmacia o botica 5 mil pesos.

e) Droguerías y tiendas 5 mil pesos.

e) Autoconsumo 1 mil pesos.

Por la modificación o actualización de la licencia sanitaria señalada en esta fracción, se pagará el 75 por ciento del derecho que corresponda anualmente.

V. Para el ejercicio anual de la licencia sanitaria de establecimientos para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, del cannabis y sus productos derivados, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:

a) Por hectárea cultivable 32 mil pesos.

b) Por fábrica o laboratorio 60 mil pesos.

c) Por almacén de depósito y distribución 32 mil pesos.

d). Por farmacia o botica 20 mil pesos.

e) Droguerías y tiendas 20 mil pesos.

f) Autoconsumo 3 mil pesos.

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia, establecido en la Ley de Ingresos.

Artículo 195-D-1. Por los estudios y análisis sanitarios que se realicen a petición de los particulares para determinar las condiciones sanitarias y legales de las actividades, de los establecimientos para la producción, procesamiento, distribución, venta y consumo, del Cannabis y sus productos derivados, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas:

a) Por hectárea cultivable 2 mil pesos.

b) Por fábrica o laboratorio 3 mil pesos.

c) Por almacén de depósito y distribución 2 mil pesos.

d) Por farmacia o botica 1 mil pesos.

e) Droguerías y tiendas 1 mil pesos.

f) Autoconsumo 500 pesos.

La recaudación anual del derecho a que se refiere este artículo se destinará al Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daños y Riesgos, y Tratamiento de la Farmacodependencia, establecido en la Ley de Ingresos.

Artículo Quinto. Se adiciona el inciso G, H e I al artículo 2o., la fracción XVIII del artículo 3o. y la fracción XIV-1, al artículo 19, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A. a F. ...

G) Cigarros de cannabis 160 por ciento.

H) Infusiones de cannabis 40 por ciento.

I) Infusiones en presentación líquida 50 por ciento.

II. ...

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XVII. ...

XVIII. Productos derivados del cannabis.

a) Cigarros de cannabis.

b) Infusiones de cannabis.

c) Infusiones en presentación líquida de cannabis.

Capítulo VDe las obligaciones de los contribuyentes

Artículo 19. Los contribuyentes a que se refiere esta ley tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de la misma y en las demás disposiciones fiscales, las siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. ...

XIV-1.

Los fabricantes, productores, empaquetadores y distribuidores de los productos derivados de la cannabis, deberán estar inscritos en el padrón de contribuyentes de productores, procesadores, distribuidores y vendedores de los productos derivados de la cannabis, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, los productores, procesadores, distribuidores y vendedores de los productos derivados de la cannabis, deberán cumplir con esta obligación para poder solicitar marbetes y precintos, según se trate, debiendo cumplir con las disposiciones del Reglamento de esta ley y disposiciones de carácter general que contempladas en la Ley General para el Control de la Cannabis.

XV. al XXII. ...

Transitorios

Primero. Las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y a la Ley de Derechos, a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a la Ley de Ingresos, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Ley General para el Control de la Cannabis, entrará en vigor a los quince días posteriores al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 noviembre de 2014.— Diputados: Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Iniciativa que reforma el artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que adicionan una fracción XVIII al párrafo 1 del artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de elaboración de indicadores de desempeño para el control evaluatorio del Plan Nacional de Desarrollo, al tenor del siguiente

Planteamiento

La facultad del Congreso de la Unión en materia del Plan Nacional de Desarrollo debe fortalecerse con la construcción de indicadores de desempeño que permitan a las comisiones ordinarias concretar el control evaluatorio del Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con las reformas de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y adiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados del 12 de noviembre de 2013 (http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2013/mar/20130320-V.html#Iniciativa2) .

Exposición de Motivos

El primer párrafo del numeral A del artículo 26 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala:

El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Párrafo reformado Diario Oficial de la Federación (DOF), 5 de junio de 2013

En tanto, el párrafo cuarto, describe:

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

El 12 de noviembre del 2013, en esta soberanía fue aprobada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 39 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 157, 158 y 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Dicha propuesta busca “fortalecer las capacidades institucionales del honorable Congreso de la Unión para dar seguimiento y evaluar el desempeño del Poder Ejecutivo en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo”.

Con esa razón, la modificación que se formuló al artículo 39 de la Ley Orgánica fortaleció la facultad de las comisiones ordinarias para realizar tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio “conforme a los dispuesto en el párrafo cuarto del numeral A del artículo 26”.

De esa forma se logró vincular normativamente el trabajo de las comisiones ordinarias, con el tema de la planeación nacional.

Esta capacidad se apuntaló al adicionarse la facultad al numeral III al artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

I. y II. ...

III. De control evaluatorio, conforme al párrafo cuarto del numeral A del artículo 26 de la Constitución y con base en indicadores de desempeño;

...

En la adición aprobada respecto al artículo 158 del mismo Reglamento, se observa que para el cumplimiento de sus tareas, las comisiones de dictamen deberán, entre otras actividades ya establecidas:

VII. Realizar el análisis del informe que el Ejecutivo remite a la Comisión Permanente sobre las acciones y resultados de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, previsto en el numeral A del artículo 26 de la Constitución y con base en indicadores de desempeño.

Esta facultad permitirá que la Cámara de Diputados tenga instrumentos medibles con los cuales evaluar el desempeño del Ejecutivo federal al instrumentar el Plan Nacional de Desarrollo y también permitirá que en las comparecencias de los principales responsables del gobierno de la república haya elementos desde los cuales tener un panorama más certero del dónde venimos, cómo estamos y adónde vamos.

La ausencia de indicadores de desempeño para evaluar las políticas públicas y las acciones de gobierno convierten la presentación de resultados en un asunto más de corte diplomático que un verdadero ejercicio de evaluación.

Estamos ante la posibilidad de diluir aquellas comparecencias donde el funcionario dice lo que quiere y los legisladores preguntan lo que quieren, cada cual desde su particular visión e interés público.

La iniciativa propone que las comisiones definan, durante el primer mes posterior a su instalación, los indicadores de desempeño a fin de que de que tengan instrumentos a través de los cuales iniciar el seguimiento de las acciones del gobierno federal y las bases para dar seguimiento evaluatorio al Plan Nacional de Desarrollo y de los programas de gobierno y que sean entregadas (artículo 150).

Actores involucrados sobre las modificaciones

• Gobierno federal. Instituciones que comparecen ante comisiones o el pleno de la Cámara de Diputados.

• Comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.

Incentivos de los actores involucrados

Actor: Gobierno federal.

Incentivos

Puede definir con claridad los indicadores a través de los cuales proporcionará la información a la Cámara de Diputados.

Demuestra claramente cuáles son los avances en las materias relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo y disminuye la dispersión en las comparecencias de los funcionarios ante la Cámara.

Actores: Comisiones ordinarias.

Incentivos

Tienen instrumentos definidos para dar seguimiento y evaluar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Pueden definir una agenda sobre la cual podrán solicitar información el gobierno federal y a los funcionarios que asistan a comparecencias.

Tendrán bases para establecer una mejora en el trabajo legislativo, garantizando que la Cámara sea un poder que ejerza equilibrio en las políticas públicas del gobierno federal.

Importancia de la aprobación de las reformas

• Para continuar las modificaciones y fortalecer las facultades de la Cámara de Diputados en materia del Plan Nacional de Desarrollo.

• Uno de los principios de los legislativos es su capacidad para dar seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas por la administración pública. La creación de indicadores de desempeño es un paso importante para fortalecer esta facultad de la Cámara de Diputados.

Conclusión

La facultad para que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados construyan indicadores de desempeño para evaluar permitirá tener herramientas a través de las cuales el Ejecutivo rinda cuentas y transparencia el desarrollo y aplicación del Plan Nacional de Desarrollo.

Aprobada la reforma el pasado 12 de noviembre, es necesario construir esa serie de indicadores de desempeño para que cada comisión ordinaria tenga los instrumentos precisos para realizar su tarea.

La formulación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y la rendición de cuentas no solamente consisten en buenas intenciones sino en hechos concretos que pueden medirse y hacerse públicos.

Por lo expuesto y fundado, presento a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adicionan una fracción XVIII al párrafo 1 del artículo 150 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de elaboración de indicadores de desempeño para el control evaluatorio del Plan Nacional de Desarrollo, para quedar como sigue:

...

Artículo 150.

1. Son atribuciones del presidente de la Junta Directiva

I. a XVII. ...

XVIII. Presentar durante el primer mes, a partir de la instalación de la comisión, los indicadores de desempeño a través de los cuales se realizará el control evaluatorio del Plan Nacional de Desarrollo.

2. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.— Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

La diputada María del Rosario Merlín García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado secretario. Diputada Merlín, ¿Con qué objeto?

La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Únicamente, presidente, compañeros y compañeras diputadas, para decirles que este agravio nada más a la humanidad, no sólo a los jóvenes de Ayotzinapa, pero que ellos sí están exigiendo que esa plática que tuvieron con el presidente de la república haya la entrega de los jóvenes, porque si bien todos nos proclamamos porque se encuentren y los presenten.

De acuerdo a los informes de los 600 civiles desarmados que están buscando y que nos dieron esa información, cuando van a llegar y han llegado a un lugar donde encontraron 20 colchonetas hace unos días y comida recién comprada, la Gendarmería antes de llegar dice: alto, regresemos porque está oscureciendo y vayamos más tarde. Al regresar al otro día temprano ya fueron movidos estos jóvenes, y en tres lugares o personas, jóvenes o personas, pero más de 20 han sido movilizados. Ellos concluyen.

Y aquí hago el llamado y el exhorto a la Presidencia de la República y a la Procuraduría y a la Secretaría de Seguridad Pública, que dejen de obstaculizar el encuentro y la entrega de estos jóvenes. La Gendarmería, que en lugar de ayudar, está previendo o, parece ser, avisando que ya van a encontrarlos.

Y una cosa más, este pacto...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Concluya, diputada, por favor.

La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Déjenme terminar, compañeras. Ojalá no fuera tu hijo el que está perdido, de ninguno de los que están aquí. Ojalá.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputadas, permitan que termine la señora diputada.

La diputada María del Rosario Merlín García (desde la curul): Y por ello, no sólo a nombre de los jóvenes de Ayotzinapa, a nombre de la humanidad, que el presidente de la república nos entregue, él tiene la información y sabe dónde están, porque la Gendarmería le informa cada momento que actúa, cada momento que se mueve, y ese pacto de seguridad que tanto proclama, es como querer votar. A ver vamos a votar para que yo sea la presidenta de la república. Si ya está. La seguridad ya está, la seguridad está en la Constitución de la República, nuestra Constitución, qué pacto vas a firmar si la seguridad es competencia del Estado en lugar de estar desapareciendo y matando a nuestros hijos.

Y algo, para terminar nada más decirles, señoras, compañeras, compañeros, a nombre de todos los familiares que se han acercado para reclamar estas fosas y que les han contestado, no solo los de Ayotzinapa que les han contestado que sus desaparecidos posiblemente estén en esas fosas que han sacado y que no tienen para el ADN, para saber si es su hijo o es su esposo y los han vuelto a echar a la fosa común.

Es el exhorto a la federación, que se aplique dinero para hacer el ADN de estos cuerpos que han encontrado en esas fosas. Y no han sido 27, en unas fosas 60 cuerpos, en otras 30 según informes de los mismos compañeros civiles que están recorriendo esta zona.

Vivos se los llevaron pero a todos vivos los queremos, a todos los ciudadanos que han desaparecido.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan. Publíquese el turno en la Gaceta Parlamentaria. (*)

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 15:27 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 6 de noviembre del año 2014, a las 11 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 de la mañana.

————— O —————