Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 272 diputadas y diputados, por tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 11:20 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de noviembre de 2014.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la diputada Graciela Saldaña Fraire

En relación a retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2014.

De la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Querétaro

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a integrar sus atlas de riesgo estales y municipales.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

Iniciativa del titular del Ejecutivo Federal

Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I niciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adicionan los artículos 47-A y 47-B a la Ley de Coordinación Fiscal.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República, con motivo del análisis del II Informe de Gobierno.

Por el que se establecen las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Declaratoria de publicidad de los dictámenes

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, primer párrafo y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión del Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manriquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Protección de la Familia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo OrtÍz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Transición Energética, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del Servicio Profesional Nacional Electoral, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 238 y 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

De decreto, para declarar el día 2 de enero de cada año, como “Día Nacional del Municipio Libre”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable para los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Pesqueros, Forestales y Minifundistas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 14 y 74 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la leyenda “A los Constituyentes de 1824”, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Martha Lucía Mícher Camarena y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 241 y 242 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que deroga el artículo 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Lilia Garza Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 484 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o., 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Carlos Augusto Morales López, Jhonatan Jardines Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 282 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María de Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Federal del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 421 Bis y adiciona un artículo 312 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Martha Gutiérrez Manrique y Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suscrita por los diputados Luis Armando Córdova Díaz, María de las Nieves García Fernández y Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 98 y 156 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a proteger y asesorar a usuarios de Telcel perjudicados por el cambio de su política de datos e investigar prácticas abusivas para que, en su caso, se sancione a dicha empresa, suscrito por los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio y Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, para que a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se difunda una campaña informativa referente a medidas de protección ante tormentas eléctricas, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a promover y vigilar las acciones y medidas de prevención y atención neonatal, a fin de eliminar las causas de mortalidad entre neonatos prematuros en México, suscrito por los diputados Leslie Pantoja Hernández y Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas dependencias del Gobierno Federal, así como al gobierno del estado de Sinaloa, para que den cumplimiento a lo establecido en la fracción B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando el derecho que corresponde a la comunidad de Cuitaboca, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Coahuila y al Presidente Municipal de Saltillo, a fin de que se realicen diversas acciones para garantizar justicia y reparación del daño al menor agredido por policías del citado municipio, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que se publique el Reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat, para que difunda las acciones que ha realizado la Profepa en cuanto a la implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la SEP, a fin de instrumentar acciones para el establecimiento de un Sistema Nacional de Matrícula Única, en educación básica, a cargo del diputado Martínez de Jesús Vásquez Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, para que retire a los servidores públicos de la Policía Federal y del INM que se encuentran instalados en las garitas clausuradas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a impulsar el aumento del personal médico y de enfermería en el país, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol, de la SFP y de la PGR, para que investiguen y en su caso, sancionen a los funcionarios involucrados en un posible daño patrimonial en perjuicio de la empresa Liconsa SA de CV, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de Gobernación y de Justicia de esta Soberanía, para que se integre la Subcomisión de Examen Previo, a fin de sustanciar la solicitud de juicio político en contra de los CC. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong, a cargo del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SRE, se reconozca la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, para recibir comunicaciones de parte de víctimas, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud del C. Dario Carrasco Santiago, y en su caso, se sancionen los presuntos actos de negligencia médica que ha padecido, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a los abusos cometidos por policías de tránsito y operadores de grúas en la Ciudad de México, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos Federal y del Distrito Federal, para que consideren la construcción de dos Centros de Atención Integral a la Salud en la Delegación Tlalpan, a cargo del diputado José Antonio Hurtado Gallegos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de noviembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta y siete diputadas y diputados, a las once horas con dieciocho minutos del martes cuatro de noviembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) Del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de la Comisión de Salud, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General el Control de la Cannabis; y que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos, y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada el pasado trece de mayo pasado. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

b) De la Cámara de Senadores:

• Por la que comunica que la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aceptó la solicitud de la licenciada Leticia Araceli Salas Torres, para separarse del cargo como titular del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y por el que nombra al ciudadano David Ruiz Ascencio, como encargado del despacho de la Dirección General del Canal citado. De enterado, comuníquese.

• Por la que comunica que aprobó dictamen por el que expresa su conformidad con el acuerdo de la Cámara de Diputados que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos ciento ochenta, ciento ochenta y cuatro, y doscientos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. De enterado, queda concluido el proceso legislativo.

c) De la Comisión Federal de Competencia Económica, con la que remite su Tercer Informe Trimestral dos mil catorce. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

d) Del Instituto Nacional de las Mujeres, con la que remite el Informe de Resultados, así como los avances de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres con sus respectivos anexos al tercer trimestre de dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Igualdad de Género, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional; y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

e) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al tercer trimestre de dos mil catorce, la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de septiembre de dos mil catorce, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de septiembre de dos mil trece; y los conceptos que integran la intermediación financiera, así como la relativa a las instituciones de banca de desarrollo y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite el Informe Anual dos mil trece de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se remite a las Comisiones de Derechos Humanos, y a la Especial de Lucha Contra la Trata de Personas, para su conocimiento.

• Con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, para que a partir de la declaratoria de desastre natural, libere los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para Baja California. Se remiten a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

g) De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implantar un programa de desazolve para prevenir desastres en la próxima temporada de lluvias; y para preservar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como observar el cumplimiento irrestricto del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en conflictos armados. Se remiten a las Comisiones del Distrito Federal, y de Derechos de la Niñez, respectivamente, para su conocimiento.

h) De la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, con la que remite resumen de actividades. De enterado.

i) De la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, con la que remite sus lineamientos de trabajo. De enterado, comuníquese.

j) De la Asamblea del Distrito Federal, oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción novena al artículo veinticinco, y se adicionan los artículos cuarenta y siete BIS y cuarenta y siete TER a la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

k) Del Congreso del estado de Quintana Roo, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos segundo y tercero de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

l) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el numeral seis, inciso b), fracción primera, del artículo segundo-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador David Monreal Ávila, del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se informa que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Atención a Grupos Vulnerables, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; y de la Ley General de Salud.

b) Protección Civil, que reforma y adiciona el artículo cuarto de la Ley General de Protección Civil.

c) Pesca, que reforma y adiciona la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de inspección y vigilancia.

d) Salud:

• Que reforma la fracción segunda Bis del artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Salud, en materia de bancos de leche.

• Que reforma la fracción segunda del artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Salud.

• Que reforma el inciso a) de la fracción segunda, la fracción quinta, y adiciona un inciso m) a la fracción primera y los incisos a), b) y c) a la fracción quinta, del artículo cuarto de la Ley de Asistencia Social.

• Que reforma el artículo ciento cincuenta y siete Bis de la Ley General de Salud.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Pesca, que reforma el segundo párrafo del artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Alfonso Inzunza Montoya. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen la diputada y los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo;

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Saraí Larisa León Montero, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo de la Rosa Escalante, del Partido Acción Nacional; y Francisco Alberto Zepeda González, del Partido Revolucionario Institucional.

A las doce horas con nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de trescientos noventa y cinco diputadas y diputados.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por unanimidad de trescientos sesenta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo sesenta y cuatro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Igualdad de Género, que reforma la fracción décima primera del artículo cuarenta de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia de la diputadaMaría Beatriz Zavala Peniche

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza; Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Partido Verde Ecologista de México; Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática; María Teresa Jiménez Esquivel, del Partido Acción Nacional; y Claudia Delgadillo González, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Sin más oradores registrados, se abre el sistema de votación para recabar votación nominal.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En votación nominal, por unanimidad de trescientos noventa y un votos, se aprueba en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma la fracción décima primera del artículo cuarenta de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

En el capítulo de Agenda Política hacen comentarios relativos al resumen de actividades presentado por la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”. Se concede el uso de la palabra para referirse al asunto, en nombre de la Comisión, al diputado José Guillermo Anaya Llamas. En la primera ronda de intervenciones, para referirse al tema, se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaMaría Beatriz Zavala Peniche

Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano;

Desde su curul realiza comentarios el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta hace aclaraciones.

Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México;

Desde su curul realiza comentarios la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo. La Presidenta hace aclaraciones.

Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática; José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional; y Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En la segunda ronda de intervenciones, para referirse al tema, se concede el uso de la palabra las diputadas y diputados: Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Roberto Suárez López, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional; y Leobardo Alcalá Padilla, del Partido Revolucionario Institucional.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios, en dos ocasiones, el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimiento los diputados: Fernando Zárate Salgado, y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se reciben las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

• De los diputados y senadores del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen; y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su opinión.

• De los diputados Fernando Belaunzarán Méndez y Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General para el Control de la Cannabis y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• De la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ciento cincuenta del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.

Desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada María del Rosario Merlín García, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace comentarios.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional, que expide la Ley General para el Fomento y la Transición al Transporte Alternativo. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos quince de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Elvia María Pérez Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y dos-D del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento sesenta y siete de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Fernanda Schroeder Verdugo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• María del Carmen Ordaz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos diecisiete, dieciocho, y diecinueve de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Landy Margarita Berzunza Novelo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintinueve Bis de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Landy Margarita Berzunza Novelo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuatrocientos diez-A del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María de Jesús Huerta Rea, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• María de Jesús Huerta Rea, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

• Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarenta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María del Carmen García de la Cadena Romero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos tercero, y ciento treinta y tres de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María del Rocío García Olmedo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Enrique Cárdenas del Avellano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento treinta de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• María Fernanda Schroeder Verdugo, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se declara el veinticinco de octubre como “Día Nacional de las Personas con Talla Baja”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Cecilia González Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Nabor Ochoa López, Francisco Alberto Zepeda González y Miguel Ángel Aguayo López, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional, respectivamente, que adiciona un artículo cuatro-C de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ossiel Omar Niaves López, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Román Alfredo Padilla Fierro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Jorge Terán Juárez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo trece de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Cecilia González Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos cincuenta, y cincuenta y nueve de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo treinta y siete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Héctor Gutiérrez De la Garza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el Artículo Primero Transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes; y se adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se adiciona la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y se reforma la Ley Federal de Defensoría Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil doce. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María del Carmen Ordaz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo segudo de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Graciela Saldaña Fraire, que reforma los artículos sesenta y cuatro, y sesenta y cinco del Reglamento de la Cámara de Diputados, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• María del Carmen Martínez Santillán, del Partido del Trabajo, que adiciona los artículos sesenta y cinco Bis ocho, y sesenta y cinco Bis nueve a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Laura Barrera Fortoul, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y ocho de la Ley General de Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Elvia María Pérez Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo trescientos sesenta del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Darío Badillo Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Felipe Ángeles”. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Raymundo King De la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Mauricio Sahui Rivero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Comercio. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos octavo, y trece de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política de la Honorable Cámara de Diputados, que el recinto legislativo de San Lázaro sea un sitio de libre acceso a Internet. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jorge Rosiñol Abreu, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Campeche, para que realicen las acciones necesarias para que el Hospital comunitario de Hopelchén empiece a prestar los servicios de salud que requiere la población de este municipio. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Javier Orihuela García, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consideren al ciclista y a las empresas promotoras de la movilidad sustentable no motorizada, como sujetos beneficiarios del sistema de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los gobernadores de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal, para que emprendan acciones que garanticen el derecho a la protección integral de la vida y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Jaime Bonilla Valdez, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja California, para que intervenga en la mediación del conflicto entre ejidatarios y locatarios, derivado de la posesión de los terrenos aledaños a La Bufadora. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Leobardo Alcalá Padilla y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que tome acciones encaminadas a la atención de la insuficiencia renal crónica. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Jorge Rosiñol Abreu, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Campeche, para que realicen las acciones necesarias para que el Hospital comunitario de Palizada, empiece a prestar los servicios de salud que requiere la población de este municipio. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Carlos Augusto Morales López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de concretar la entrega en tiempo y forma de las ministraciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil quince para estados y municipios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tabasco, para que investigue los presuntos casos de violencia y abuso sexual contra las alumnas del Plantel veintidós del Colegio de Bachilleres de Villa Benito Juárez. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de generar un programa especial para atender las externalidades negativas que pudieran generarse una vez agotadas las reservas petroleras del estado de Campeche. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Carlos Alberto García González y suscrita por diputados integrantes del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que difunda los proyectos de reglamentos que expedirá, para instrumentar las nuevas leyes y reformas aprobadas por esta Legislatura. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de agilizar las investigaciones en el caso Ayotzinapa y se ponga fin a la mal llamada guerra contra el narcotráfico. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de condenar la reciente decisión del Estado de Israel, respecto de la construcción de unidades habitacionales y asentamientos en Jerusalén Oriental y en los territorios palestinos ocupados por Cisjordania. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que se ejerzan sanciones en contra de quienes emitan y difundan programación y publicidad que de manera indirecta o engañosa pretenda evadir los lineamientos dispuestos en la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves seis de noviembre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con veintisiete minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Por este conducto y en uso de la facultad que nos confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente ejercemos el derecho a retirar la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria el 25 de julio de 2014, del siguiente proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, presentada por los suscritos.

Sobre el particular, solicitamos a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de esta Cámara.

Sin otro particular, enviamos un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.— Diputados: Graciela Saldaña Fraire, Luisa María Alcalde Luján, Martha Beatriz Córdova Bernal, Ricardo Mejía Berdeja (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarias y Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacerles de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/247/2014, el ciudadano Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al período julio-septiembre de 2014.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 3 de noviembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado subsecretario Solís:

De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5o., fracción XIII, 8o., facción VIII, y 12 fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y el artículo 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo anterior, anexo al presente me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2014, tanto impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta comisión en su quinta sesión ordinaria de dos mil catorce y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión a más tardar el 30 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de noviembre de 2014.— Carlos Ramírez Fuentes (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para su conocimiento.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo.— Unidad Estatal de Protección Civil de Querétaro.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura.— Presente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, asimismo, con fundamento en lo establecido en el artículo 18, fracción II, de la Ley de Protección Civil de Querétaro, que señala como objetivo de esta Unidad Estatal de Protección Civil el promover la gestión de riesgos en sus aspectos normativos, operativos, de coordinación y de participación, buscando la extensión de sus efectos a toda la población del estado, y en atención a su similar de número D.G.P.L. 62-II-7-1651, me permito dar respuesta:

Referente al punto de acuerdo segundo, le comento que el estado de Querétaro cuenta desde el 28 de mayo de 2009 con su atlas estatal de riesgos, que ha sido consultado por numerosas dependencias en sus programas y planes para ubicar zonas de riesgo específicas. De igual manera es una herramienta tecnológica de gran utilidad en la atención de emergencias de cualquiera de los 5 fenómenos perturbadores que atiende el Sistema Nacional de Protección Civil. Asimismo, se ha trabajado permanentemente en la promoción de los atlas municipales de riesgo, actualmente contamos con un avance de un 50 por ciento, y una vez completada la totalidad de los municipios integraremos la información al atlas estatal y nacional de riesgos la información en comento.

En relación con el punto de acuerdo tercero, le comento que dado que parte de la información que contiene el atlas estatal de riesgos es sobre instalaciones estratégicas (poliductos, gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, industria de actividad altamente riesgosa, etcétera) e información, que fue proporcionada por diversas instancias que solicitaron la firma de convenios de confidencialidad, ésta información no se comparte en la web; sin embargo seguimos trabajando en la integración de un visualizador que permita publicar, la información susceptible de ser del dominio público.

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi personal consideración.

Atentamente

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de octubre de 2014.— Licenciado José Gerardo Quirarte Pérez (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Protección Civil para su conocimiento.

LEY GENERAL DE TURISMO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se adicionan dos nuevas fracciones al artículo 3, para quedar como I y IX, recorriéndose las subsecuentes en el orden que les corresponde, respectivamente; se reforman el artículo 18 y la fracción IV del artículo 44, todos ellos de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

I. Accesibilidad: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales;

II. Actividades Turísticas: Las que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos;

III. Atlas Turístico de México: El registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo;

IV. Comisión: la Comisión Ejecutiva de Turismo;

V. Consejo: el Consejo Consultivo de Turismo;

VI. Consejo de promoción: el consejo de promoción turística de México;

VII. Consejo local: los consejos consultivos locales de turismo;

VIII. Consejo municipal: Los consejos municipales de turismo;

IX. Diseño universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten;

X. Fondo: Fondo Nacional de Fomento al Turismo;

XI. Ley: Ley General de Turismo;

XII.Ordenamiento Turístico del Territorio: Instrumento de la política turística bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos;

XIII.Prestadores de Servicios Turísticos: Las personas físicas o morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista, la prestación de los servicios a que se refiere esta Ley;

XIV. Programa: Programa Sectorial de Turismo;

XV. Recursos turísticos: Son todos los elementos naturales o artificiales de un lugar o región que constituyen un atractivo para la actividad turística;

XVI. Región turística: Es un espacio homogéneo que puede abarcar el territorio de dos o más Estados y en el que, por la cercana distancia de los atractivos y servicios, se complementan;

XVII. Reglamento: El de la Ley General de Turismo;

XVIII. Ruta Turística: Es un circuito temático o geográfico que se basa en un patrimonio natural o cultural de una zona y se marca sobre el terreno o aparece en los mapas;

XIX. Secretaría: La Secretaría de Turismo de la Administración Pública Federal;

XX. Servicios Turísticos: Los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contra prestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento;

XXI. Turismo Sustentable: Aquel que cumple con las siguientes directrices:

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia;

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

XXII. Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera de su lugar de residencia habitual y que utilicen alguno de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios por la Ley General de Población, y

XXIII. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: Aquellas fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a solicitud de la Secretaría.

Artículo 18. La Secretaría, con el apoyo y en coordinación de las dependencias y entidades competentes, promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad y Diseño Universal, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad.

Artículo 44. ...

I. a III. ...

IV. Ejecutar obras de infraestructura y urbanización, y realizar edificaciones e instalaciones en centros de desarrollo turístico que permitan la oferta de servicios turísticos; para dicho fin el Fondo deberá tomar en cuenta en la ejecución de dichas obras las necesidades de las personas con discapacidad y el Diseño Universal;

V. a XVI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 4 de noviembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Turismo para dictamen.

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, documento que el titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 353.A.-1009 y 315-A-03398, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el dictamen de Impacto Presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 4 de noviembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

LEY DE COORDINACION FISCAL

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los articulas 42 fracción XXV del Estatuto de gobierno del Distrito Federal; 10 fracción XXI, 36 fracciones V y XX de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el siguiente

Dictamen a la propuesta de iniciativa

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adicionan los artículos 47-A y 47-8 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia de la propuesta de iniciativa en comento para los efectos reglamentarios y legislativos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 30 de octubre de 2014.— Diputado Alejandro Rafael Piña Medina (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— VI Legislatura.

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, relativo a la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Capitalidad.

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la VI Legislatura.— Presente.

Preámbulo

A estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, le fue turnada para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa:

1. Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Capitalidad, presentada por los diputados Federico Döring Casar y Héctor Saúl Tellez Hernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 apartado e, Base Primera, fracción V, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 36 y 42 del Estatuto de gobierno del Distrito Federal; 1, 7, 10, fracción I, 60, fracción II, 62, fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 28, 29, 32 y 33 del Reglamento para el gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para conocer la iniciativa en materia del presente dictamen.

En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 32 del Reglamento para el gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los diputados integrantes de estas comisiones dictaminadoras, se reunieron con fecha 28 de octubre del año en curso, para dictaminar la Iniciativa de referencia con el fin de someterla a consideración del pleno de esta honorable Asamblea Legislativa, bajo los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 10 de octubre de 2013, los diputados Federico Döring Casar y Héctor Saúl Téllez Hernández, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron al pleno de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Capitalidad.

II. Con fecha XXXX la iniciativa de mérito fue turnada mediante oficio XXXXXXX, para su análisis y dictamen.

Contenido del asunto a dictaminar

Estas Comisiones Unidas se avocaron al examen de la iniciativa en comento, mismas que se transcriben íntegramente a continuación:

Exposición de Motivos

El federalismo fiscal en México es un tema polémico y recurrente en las discusiones sobre las reformas a las disposiciones normativas que regulan la recaudación y el gasto público entre los niveles de gobierno, especialmente a la luz de la discusión de los paquetes financieros y de las grandes reformas estructurales que vive nuestro país.

Las condiciones que deben regir las facultades impositivas y la distribución de los ingresos públicos entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), están muy lejos de representar hoy, un esquema equitativo y medianamente sólido de lo que debe ser un sistema federal efectivo y de las relaciones que deben guardar sus respectivas haciendas públicas.

Prueba de ello, es que en general, a la fecha existe una gran dependencia de los recursos captados por la federación de parte de los gobiernos estatales y municipales, para sufragar el gasto público; así como de la existencia de una excesiva centralización del ciclo fiscal: ingreso-gasto, que comprende los procesos de recaudación, administración, asignación y ejercicio del gasto público; incluso la determinación de las fuentes de ingreso y financia miento, la asignación del gasto público, y en última instancia la formación y desarrollo de desequilibrios financieros que padecen desde tiempo atrás la mayoría de las entidades federativas del país.

Un claro indicador de este problema, es que conforme a las cifras disponibles reportadas por el Inegi en su documento “El ingreso y el gasto público en México, 2012”, revela que los ingresos propios de las entidades federativas consideradas en su; conjunto, no alcanzan a sufragar en promedio ni el 8 por ciento del gasto total de las 32 en1idades federativas, y sólo hay 5 casos, incluido el Distrito Federal, en que los ingresos propios alcanzan a cubrir poco más del 11  por ciento del gasto ejercido en cada una de las Entidad Federativas de este país.

Da hecho, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. (SNCF) vigente, derivado de la Ley en la materia, se basa en el principio de qué los tres niveles de gobierno, pueden suscribir convenios de coordinación fiscal, por medio de los cuales los gobiernos de los estados se comprometen a limitar sus potestades tributarias a favor de la federación, a cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales federales, evitando la doble y triple tributación y cargas fiscales excesivas, asociadas a aparatos a(1ministrativos que podrían duplicar funciones.

En el marco del SNCF, hoy todas las entidades federativas han aceptado este tipo de, convenios, con lo cual, entre otros, le han cedido a la federación, la administración y recaudación de las dos principales fuentes de los ingresos fiscales, que aportan 90 centavos de cada peso de los ingresos tributarios totales del país, es decir el impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA), a pesar de, que ninguno de estos impuestos han sido concedidos al Congreso de la Unión por la Constitución en su artículo 73, fracción XXIX, que es justamente el precepto donde se establecen las facultades del honorable Congreso de la Unión, para instaurar contribuciones.

Lamentablemente, estos procesos parecen retro alimentarse en el tiempo, pues por una parte es evidente que la estructura tributaria tradicional del gobierno federal, ha sido insuficiente para cubrir los requerimientos financieros de los niveles subnacionales de gobierno, generando de manera casi automática el fortalecimiento de sus propias facultades impositivas y la ampliación de sus poderes fiscales, a costa del debilitamiento fiscal de las entidades federativas y los municipios.

La fragilidad financiera de las haciendas estatales, ha significado en los últimos a os, una grave dependencia de los recursos financieros provenientes de la federación para la mayoría de las entidades del país, que han necesitado de una m y alta proporción de recursos federales (principalmente vía Ramos 28 y 33) para p der atender sus requerimientos de gasto y programas gubernamentales: un porcentaje superior al 85 por ciento.

E1 suma, la brecha entre los recursos que tienen los gobiernos subnacionales y sus responsabilidades de gasto se hacen más grandes y evidentes.

El  gobierno del Distrito Federal, ha logrado mantener una estructura financiera que muestra el mayor grado de autonomía financiera del país, al aportar casi el 50 por ciento de su propio gasto público total, mediante ingresos propios, y solo ha necesitado recurrir a los recursos federales en poco más de 50 centavos por cada peso erogado.

Con esta iniciativa, se trata de evitar el deterioro financiero y fiscal del Distrito Federal, puesto que hay un conjunto de eventos que implican una gran carga fiscal para el gobierno del Distrito Federal, y para todos y cada uno de sus habitantes, asociados fundamentalmente con la condición legal y política que le impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 44 y 122, por ser la sede de los poderes de la Unión, pero sobre todo por su realidad social, económica y política de muchas décadas e incluso siglos.

El tamaño de la economía del Distrito Federal, en relación con la economía nacional, se refleja así:

• Es la Entidad que más contribuye al PIB Nacional: históricamente más del 20 por ciento del total.

• Actualmente contribuye con poco más del 17 por ciento

• Ocupa el segundo lugar nacional, debajo de Nuevo León, en el índice de competitividad de acuerdo con el IMCO, y simultáneamente al logrado en ciudades corno Sao Paulo, San Francisco, Barcelona y Seúl.

• Cuenta con el índice de desarrollo humano (IDH) más alto del país, 0.089, lo que lo ubica al nivel de países como Portugal o Israel.

• Forma parte de la zona metropolitana del valle de México, que junto con otras entidades, es la tercera Zona Metropolitana más grande del mundo con 20.2 millones de habitantes, 1.3 veces la población de Beijing.

• Es la Entidad con la mayor autonomía financiera, medida por la proporción de ingresos propios en el país.

• Históricamente es la entidad que recibe la mayor parte de la Inversión Extrajera Directa. Al segundo trimestre del 2013 fue receptor del 66 por ciento de los más de 23 mil millones de dólares que ingresaron al país por esta vía.

• Genera cerca del 60 por ciento del Impuesto Sobre la Renta y 48 por ciento del Impuesto al Valor Agregado.

• El Estado de México y el Distrito Federal constituyen los mercados de trabajo m s grandes del país, con 13.7 por ciento y 8.9 por ciento, respectivamente, y representan en conjunto cerca de la cuarta parle del total nacional.

• Aquí se encuentran registrados el 18 por ciento de los más de 16 millones de trabajadores asegurados al IMSS

• En el Distrito Federal se concentran poco más del 10 por ciento de las más de 3.7 millones de unidades económicas (establecimientos mercantiles) del país y están in aladas el 22 por ciento de las 20 millones de líneas telefónicas fijas.

Podemos remontamos al Congreso Constituyente de 1857, en el cual habría de definirse el sistema federalista adoptado desde 1824 por nuestro país, en el que se trae nuevamente a discusión el tema de cual lugar debía ser la sede de los poderes de los poderes federales, y en cuyo debate nuevamente razones de orden político, histórico, económico y geográfico, obligaron al Constituyente a decidir por el Distrito Fe eral, para el desempeño de tan alta responsabilidad.

El hecho es que esta condición de excepción del Distrito Federal, se traduce en una serie de costos asociados a diversos factores que nacen y se originan justamente por ser la capital del país, cuyas consecuencias debemos afrontar. Tal y como lo ex1resa el constitucionalista Manuel Aragón Reyes:

“... lo primero que podemos tener por seguro es que la capitalidad puede y debe ser entendida técnicamente como un principio jurídico cuyo contenido tiene que ver, necesariamente, con la sede de las instituciones  supremas de una comunidad.”

Justamente por esta condición que el Distrito Federal comparte con todas las capitales del mundo, es que se generan una serie de gastos que son objeto de esta iniciativa, para medir/os y tomar medidas que contribuyan a su atención, tanto en el corto como en el largo plazo, como la creación del Fondo de Capitalidad.

Es por ello que en esta Iniciativa se refiere al concepto de costos de capitalidad, como aquellos que se observan cuando “una ciudad centro ofrece bienes y servicios de os que no sólo se benefician sus residentes sino que, como consecuencia múltiples factores, sino que atrae a ciudadanos de otras entidades federativa o municipios que son usuarios y demandantes de los mismos, sin que contribuyan a su financiamiento.

En nuestra ciudad encontramos al mismo tiempo la sede de dos Poderes Legislativos, el local y el federal, dos Poderes Judiciales; y la convivencia de dos Poderes Ejecutivos, la Presidencia de la República, con el enorme aparato burocrático que representa la administración pública federal, y el Poder Ejecutivo Local, la jefatura de gobierno del Distrito Federal.

Los costos de la capitalidad:

Algunos ejemplos del costo que absorbe la Ciudad de México por ser sede de los poderes federales son los siguientes:

• Concentra una población de 8.7 millones de personas, 2.5 veces la población de Uruguay; el 75 por ciento de la actividad financiera nacional se desarrolla en el DF y cuenta con el 17.3 por ciento del total de las instituciones bancarias del país.

• En esta ciudad capital se concentran 579 instituciones de educación superior; una cuarta parte del total nacional y donde se desarrolla 80 por ciento de la investigación científica del país.

• Los doce institutos nacionales de salud que existen en México, se encuentran ubicados en el territorio de la capital, la red de atención médica del Distrito Federal brinda la cuarta parte de los servicios médicos en el país.

• Existen algunos otros ejemplos muy ilustrativos de costos en los que incurre la ciudad en rubros particulares a su situación de capital:

• Los subsidios más altos que otorga el Distrito Federal son al agua y al transporte público. De este último es obvio que la población que se beneficia no son solamente los ocho millones de personas que vivimos en la ciudad, pues diariamente aquí conviven, trabajan y se transportan entre 12 y 15 millones de personas, provenientes de nuestros estados vecinos, los municipios conurbados y demás población flotante que visita nuestra ciudad.

• En la Ciudad de México existen más de 100 predios asociados a la administración pública federal. La ley establece que están exentas de pagar el impuesto predial a la ciudad y hasta hace muy poco se negaban a pagar el servicio de agua. Algunas estimaciones hablan de que la ciudad deja de recibir al año más de 500 millones de pesos por la falta de estas contribuciones; ello sin contar 5,028 son organizaciones registradas ante la Secretaría de Hacienda como donatarias y 3,600 asociaciones civiles asistenciales, las cuales tienen derecho a elevados subsidios de agua, predial e impuesto sobre nóminas.

Seguridad Pública

En los reclusorios del Distrito Federal hay alrededor de 6 mil presos por delitos federales, de éstos, una cuarta parte no son originarios de la ciudad. Somos la entidad en cuyos reclusorios se concentra mayor población que no es propia. A un costo aproximado de 120 pesos por persona al día, la ciudad eroga casi 66 millones de pesos cada año para mantener a una población penitenciaria que no le corresponde.

En la Ciudad de México se encuentran todas las embajadas y residencias diplomáticas que existen en el país. Son alrededor de 164 según un cálculo propio. A todos estos inmuebles la ciudad destina policías y patrullas. En promedio el costo de n turno de patrulla en la ciudad es de 10,500 pesos. Si consideramos que a cada uno de éstos inmuebles se le proporciona este servicio todos los días, el costo para la ciudad es de casi 630 millones de pesos al año; además se destinan 320 patrullas para la atención de las sedes diplomáticas.

Movilidad

En la Ciudad de México se desplazan alrededor de 6 millones de autos particulares cada día, sin embargo solamente alrededor de 4 millones están registrados en la ciudad, es decir, la tercera parte de las unidades que circulan en el DF provienen de fuera, sobre todo del Estado de México. Evidentemente existe un costo asociado al mantenimiento de la carpeta asfáltica, la realización de obras viales y los operativos de tránsito.

Es claro que los esfuerzos por mantener nuestras vialidades funcionando, representaría quizás una fuente de recurso importante que nos permitiría seguir me orando los sistemas de transporte público masivo que están permitiendo la colectividad de la zona metropolitana del valle de México.

Servicios de salud

Al menos 20 por ciento de la población que se atiende en los servicios hospitalarios del Distrito Federal no es originaria de nuestra ciudad ya que proceden de otras entidades federativas y esta población no pagan sus impuestos aquí.

Estos son solo algunos ejemplos palpables y evidentes de los gastos en que incurre día con día nuestra ciudad. Sin embargo, no son los únicos.

En realidad la construcción de un índice de capitalidad para la ciudad contemplaría conceptos como el Costo de Congestión, Daños Ambientales y Consumo .de Energía.

Capitalidad: Casos internacionales

El esquema de compensación de los costos de capitalidad es utilizado de forma efectiva en varios países. Los casos más conocidos son quizás los de España, pero ciudades como Berlín, París, Brasilia e incluso Washington en los Estados Unidos aplican algún tipo de compensación para retribuir a sus ciudades capitales los gastos operativos en los que incurren.

París y Madrid cuentan con una Ley de Capitalidad y Régimen Especial. También ocurre a nivel provincial con Lyon, Marsella, Barcelona, Santander y Tenerife; y se están discutiendo Leyes de Capitalidad para los casos de Roma y La Plata.

Caso aparte es Berlín, que junto con Bremen y Hamburgo tienen el nivel de ciudad-Estado, pero como adicionalmente es la sede de los poderes federales, recibe un pago extra por ello. Berlín es un Estado más de la federación alemana, pero destaca que su territorio es la ciudad -prácticamente no tiene zona rural- y que recibe subvenciones por ser capital.

Lo esquemas como vemos son variados y permiten, si se tiene voluntad política y un poco de sentido común, encontrar soluciones ganadoras para la ciudad y la federación.

La intención de la exposición ha sido demostrar que la ciudad incurre en costos excepcionales dada su cualidad de capital de la República y que éstos deben ser compensados de alguna u otra manera.

Es por ello que se propone la creación del Fondo de Capitalidad o compensación que cubra al menos una parte de los gastos en los que incurre el gobierno capitalino y que en estricto sentido no le corresponden, mediante la creación del mismo y su incorporación a la legislación de la materia, a través del Ramo 42, Fondo de Capitalidad, y que anualmente se entregaría de manera condicionada al GDF.

Es por ello que con la presente Iniciativa se propone la creación del Ramo General 42 “Fondo de Capitalidad”, para compensar con recursos Federales al DF, hasta por 42 monto equivalente al 30 por ciento de la inversión física realizada en el ejercicio fiscal anterior por el DF, y que se situaría en aproximadamente unos 9,000 millones de pesos, mismos que se destinarían a cubrir los gastos de inversión en servicios públicos básicos, como en materia de agua, drenaje, recolección y tratamiento de desechos sólidos, transporte público, salud y seguridad pública, entre otros.

La iniciativa, plantea principalmente la creación del Fondo de Capitalidad, mediante la ¡asignación anual de recursos federales, hasta por el equivalente al 30 por ciento de la inversión física que haya aplicado el Distrito Federal en el ejercicio fiscal inmediato anterior, con el propósito de evitar el deterioro de su situación financiera y carencia en servicios públicos básicos, derivado de la necesidad de ampliar la oferta en materia de agua, drenaje, recolección y tratamiento de desechos sólidos, transporte público masivo, vialidades, salud y seguridad pública, cuyos recursos serán intransferibles a otras actividades, y deberán erogar se íntegramente en el año en que se reciban para resarcir las erogaciones efectuadas que demanda la población flotante que todos los días acude al DF, pero que no contribuye en su fin1nciamiento.

En caso, contrario, si al cierre del ejercicio quedarán recursos sin erogar, éstos deberán reintegrarse a la federación, así como es su caso los intereses que generen.

No se trata, como se ve, de darle un cheque en blanco al GDF, sino de compensar este tipo de erogaciones que ha venido realizando desde hace muchos años el gobierno de la ciudad, y que conforme al espíritu del federalismo fiscal debe at der el gobierno federal.

Po lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante el pleno de este órgano legislativo, la siguiente:

Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adicionan los artículos 47 - A y 47 - B de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples.

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas;

IX. Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo.

Artículo 47-A.El Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, de hasta el 30 por ciento de la inversión física realizada en el ejercicio inmediato anterior por parte del gobierno del Distrito Federal, con recursos propios.

Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por pates iguales al Distrito Federal, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 47-8 de esta Ley.

Artículo 47-8.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones pata la Atención de los Costos de Capitalidad, que reciba el Distrito Federal, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que directamente amplíen y le den mantenimiento a la oferta de bienes y $servicios básicos en materia de agua, drenaje, recolección y tratamiento de desechos sólidos, transporte público masivo, vialidades, salud y seguridad pública, en el Distrito Federal.

Los recursos federales asignados al fondo, serán intransferibles a otras actividades, y deberán erogarse íntegramente en el año en que se reciban para resarcir las erogaciones efectuadas que demanda la población flotante que todos los días acude al DF, para el efecto deberá llevarse un registro de los servicios de salud, transporte y seguridad pública.

Para este fin, se deberá aperturar una cuenta bancaria independiente para la recepción y registro de las operaciones del Fondo que permita identificar de manera específica y clara el destino y cumplimiento de los objetivos y metas de los recursos del Fondo.

El Distrito Federal, una vez suscrito el convenio de colaboración administrativa con la federación por conducto de la Secretaría de Hacienda, recibirá el 100 por ciento de los recursos previstos en términos del artículo 47-A de esta ley; del que corresponderá cuando menos el 25 por ciento a las demarcaciones territoriales de la entidad, que se distribuirá entre ellas, conforme a la participación que tengan en la estructura del presupuesto delegacional.

Las autoridades del Distrito Federal responsables de la ejecución de las obras señaladas en el presente artículo, respecto de dichas aportaciones, invariablemente deberán:

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, meta y beneficiarios;

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;

III. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

IV. Proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Atención del Costo de Capitalidad, le sea requerida. En el caso de las Demarcaciones Territoriales lo harán por conducto de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, y

V. El Distrito Federal será responsable de supervisar que las obras que realicen con los recursos del Fondo sean compatibles con los objetivos de preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Segundo. A la firma del presente decreto y dentro de los treinta días naturales siguientes a su publicación, el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal emitirán las Reglas de Operación correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad, mismas que deberán publicar se en el Diario Oficial de la federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contravengan al presente decreto. “

Una analizada la iniciativa de mérito, las y los integrantes de estas Comisiones Unidas, procedieron a su estudio, producto de lo cual se emiten los siguientes

Considerandos

Primero. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda son competentes para dictaminar la iniciativa de referencia, toda vez que la materia de la misma corresponde a los dispuesto por el artículo 62, fracción XXVI, de la Ley Orgánica; 28, 29, 32, 33 y 36, del Reglamento para el gobierno, 50 a 63 del Reglamento Interior de las Comisiones, todos ordenamientos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Segundo. Que de la revisión del marco jurídico que rige el trabajo de esta Soberanía, se ha encontrado que esta Asamblea Legislativa posee el derecho de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, toda vez que el Artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso o) de la Constitución Política de los; Estados Unidos Mexicanos a la letra prescribe:

“ Artículo 122. ...

[...]

A. y B....

C. El Estatuto de gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:

I. a IV. ...

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) a ñ). ...

o) Presentar iniciativas de le es o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión.”

p) y q)...

[...]

Las negritas son nuestras.

De lo anterior se desprende que la iniciativa de mérito cumple con los extremos legales necesarios para poder ser dictaminada por esta Asamblea, observando que únicamente se debe hacerla en términos de su procedencia a efecto de ser turnada al Congreso de la Unión, para que éste sea quien en última instancia decida su aprobación o la deseche.

Tercero. Que por lo que hace al contenido de la iniciativa, las y los integrantes de estas dictaminadoras, coinciden con los promoventes respecto al argumento esgrimido en el sentido de que las condiciones que deben regir las facultades impositivas y la distribución de los ingresos públicos entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), están muy lejos de representar hoy, un esquema equitativo y medianamente sólido de lo que debe ser un sistema federal efectivo y de las relaciones que deben guardar sus respectivas haciendas públicas.

Cuarto. Que así mismo hay coincidencia en que a la fecha existe una gran dependencia de los recursos captados por la federación de parte de los gobiernos estatales y municipales, para sufragar el gasto público; así como de la existencia de una excesiva centralización del ciclo fiscal: ingreso-gasto, que comprende los procesos de recaudación, administración, asignación y ejercicio del gasto público; incluso la determinación de las fuentes de ingreso y financiamiento, la asignación del gasto público, y en última instancia la formación y desarrollo de desequilibrios financieros que padecen desde tiempo atrás la mayoría de las entidades federativas del país.

Quinto. Que pese a lo anterior, el gobierno del Distrito Federal, ha logrado mantener una estructura financiera que muestra ~I mayor grado de autonomía financiera del país, al aportar casi el 50 por ciento de su propio gasto público total, mediante ingresos propios, y solo ha necesitado recurrir a los recursos federales en poco más de 50 centavos por cada peso erogado.

Sexto. Que la particular situación del Distrito Federal como capital del país, se traduce en una serie de costos asociados a diversos factores que nacen y se originan justamente por ser la capital del país, cuyas consecuencias se deben afrontar.

Séptimo. Que la iniciativa se refiere al concepto de “Costos de Capitalidad”, como aquellos que se observan cuando “una ciudad centro ofrece bienes y servicios de los que no sólo se benefician sus residentes sino que, como consecuencia de múltiples factores, sino que atrae a ciudadanos de otra, entidades federativas o municipios que son usuarios y demandantes de los mismos, sin que contribuyan a su financiamiento (sic)”.

Octavo. Que esta dictaminadora también coincide con los rubros principales planteados con los promoventes donde se observa un mayor costo de capitalidad, siendo estos: Seguridad Pública, Movilidad y Servicios de Salud.

Noveno. Que del análisis comparativo realizado por estas dictaminadoras se encontró que, en efecto, el esquema de compensación de los Costos de Capitalidad planteado por la iniciativa en dictamen es utilizado de forma efectiva en otros países, por ejemplo, Berlín, París, Brasilia e incluso Washington en los Estados Unidos.

Décimo. Que la propuesta concreta de la iniciativa de mérito plantea la creación del Fondo de Capitalidad, mediante la asignación anual de recursos federales, hasta por el equivalente al 30 por ciento de la inversión física que haya aplicado el Distrito Federal en el ejercicio fiscal inmediato anterior, los cuales deberán erogarse íntegramente en el año en que se reciban para resarcir las erogaciones efectuadas que demanda la población flotante que todos los días acude al DF, pero que no contribuye en su financiamiento.

En caso, contrario, si al cierre del ejercicio quedarán recursos sin erogar, éstos deberán reintegrarse a la federación, así como es su caso los intereses generen.

Décimo Primero. Que en el ejercicio fiscal 2014 se reconoció el concepto de “Capitalidad” al Distrito Federal y se le otorgaron 3,000 millones de pesos para compensar gastos que se generan por ser la capital del país.

Décimo Segundo. Que a pesar de lo anterior, al no estar establecido el concepto de “Capitalidad” en la Ley de Coordinación Fiscal, lo sujeta a una negociación anual que no genera certidumbre jurídica y presupuestal al Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda consideran que es de aprobarse la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Capitalidad, por lo que someten a consideración del pleno de la honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal el siguiente:

Dictamen en sentido positivo de la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para crear el Fondo de Capitalidad, en los siguientes términos:

Primero. Se adiciona una fracción IX al artículo 25, y se adicionan los artículos 47 - A y 47 - B de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. a VIII. ...

IX. Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad.

Artículo 47-A. El Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, de hasta el 30 por ciento de la inversión física realizada en el ejercicio inmediato anterior por parte del gobierno del Distrito Federal, con recursos propios.

Este fondo se entregará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales al Distrito Federal, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 47-8 de esta Ley.

Artículo 47-8.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad, que reciba el Distrito Federal, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que directamente amplíen y le den mantenimiento a la oferta de bienes y servicios básicos en materia de agua, drenaje, recolección y tratamiento de desechos’ sólidos, transporte público masivo, vialidades, salud y seguridad pública, en el Distrito Federal.

Los recursos federales asignados al Fondo, serán intransferibles a otras actividades, y deberán erogar se íntegramente en el año en que se reciban para resarcir las erogaciones efectuadas que demanda la población flotante que todos los días acude al DF, para el efecto deberá llevarse un registro de los servicios de salud, transporte y seguridad pública.

Para este fin, se deberá apertura una cuenta bancaria independiente para la recepción y registro de las operaciones del Fondo que permita identificar de manera específica y clara el destino y cumplimiento de los objetivos y metas de los recursos del Fondo.

El Distrito Federal, una vez suscrito el convenio de colaboración administrativa con la federación por conducto de la Secretaria de Hacienda, recibirá el 100 por ciento de los recursos previstos en términos del artículo 47-A de esta Ley; del que corresponderá cuando menos el 25 por ciento a las demarcaciones territoriales de la entidad, que se distribuirá entre ellas, conforme a la participación que tengan en la estructura del presupuesto delegacional.

Las autoridades del Distrito Federal responsables de la ejecución de las obras señaladas en el presente artículo, respecto de dichas aportaciones, invariablemente deberán:

VI. Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;

VII. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar;

VIII. Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;

IX. Proporcionar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Atención del Costo de Capitalidad, le sea requerida. En el caso de las Demarcaciones Territoriales lo harán por conducto de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal, y

X. El Distrito Federal será responsable de supervisar que las obras que realicen con los recursos del Fondo sean compatibles con los objetivos de preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Segundo.A la firma del presente decreto y dentro de los treinta días naturales siguientes a su publicación, el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal emitirán las Reglas de Operación correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad, mismas que deberán publicarse en el Diario Oficial de la federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Tercero.Se derogan todas aquellas disposiciones que se contravengan al presente decreto.”

Segundo.Túrnese a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para su análisis y dictamen correspondiente.

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda en su sesión del día 27 de octubre de 2014.

Diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública:Esthela Damián Peralta (rúbrica), Vidal Llerenas Morales (rúbrica), Lucila Estela Hernández, José Fernando Mercado Guaida, Andrés Sánchez Miranda (rúbrica), Christian von Roerich de la Isla (rúbrica), Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica), Víctor Hugo Lobo Román, Adriana Montiel Reyes (rúbrica); diputados de Hacienda: Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica), María Angelina Hernández Solís (rúbrica), Jaime Alberto Ochoa Amorós, Isabel Priscila Hernández, Cipactli Dinorah Pizano Osorio, Agustín Torres Pérez (rúbrica), Carmen Antuna Cruz (rúbrica), Manuel Granados Covarrubias (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL, CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, LEY FEDERAL DE EXTINCION DE DOMINIO Y LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, y Fiscal de la Federación, así como de las Leyes Federales de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y contra la Delincuencia Organizada

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 81 numeral 2, 85, 157 numeral I, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, de acuerdo con la siguiente:

Metodología:

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se indica la fecha de recepción ante la Mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

II. En el apartado de “ANÁLISIS DE LA INICIATIVA”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

III. Por último, en el apartado de “CONSIDERACIONES”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto y la aplicación de doctrina.

I.- ANTECEDENTES:

1. En sesión ordinaria celebrada el día 18 de septiembre de 2014 de la Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa a cargo de los diputados Héctor García García y Marco Antonio Bernal Gutiérrez para reformar la fracción I del artículo 368 Quáter, pasando los párrafos segundo, tercero y cuarto a ser incisos a), b) y c), respectivamente, y el último párrafo de la fracción I del propio artículo 368 Quáter; para adicionar el inciso d) a la fracción I de las fracciones V, VI, y último párrafo al artículo 368 Quáter, pasando los dos últimos vigentes a formar los párrafos penúltimo y antepenúltimo del artículo 368 Quáter; y derogar la fracción VII del artículo 254, todos estos del Código Penal Federal; para reformar el primer párrafo del artículo 177 y el numeral 25) de la fracción I del artículo 194; y adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 182-M, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales; para reformarla fracción VII del artículo 111; y derogar el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación; adicionarun segundo y tercer párrafos al artículo 13 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por último, reformarla fracción I del artículo 2o; y adicionar un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

2. En dicha sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso turnar la iniciativa de mérito a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

II.- ANÁLISIS DE LA INICIATIVA

En la iniciativa de mérito se menciona que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Ahora bien, con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos (que constituyen áreas estratégicas) mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria respectiva.

Se refiere que la realización de las distintas actividades que forman parte de las áreas estratégicas en el ámbito del petróleo y demás hidrocarburos, ameritan una protección jurídica especial, pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética del país. En atención a su alta especialización y a las condiciones mínimas de seguridad con que dichas actividades deben desarrollarse, se estima indispensable que el marco jurídico penal tipifique determinadas conductas que no sólo implican un enorme daño económico para la industria petrolera nacional, sino además, significan un elevado riesgo para la salud de las personas y del medio ambiente. Nos referimos a las distintas modalidades de lo que comúnmente se conoce como “ robo de combustibles”.

Señalan que resulta fundamental el fortalecimiento legal e institucional en materia de procuración e impartición de justicia, haciendo énfasis en la prevención del delito y en la transformación institucional de las fuerzas de seguridad, pero comprendiendo también la promoción de reformas legales para regular de una mejor manera lo concerniente a las conductas que han generado condiciones de inseguridad en el país y propiciado prácticas de corrupción. Como parte de estas conductas se han desarrollado actividades que trastocan gravemente los activos energéticos propiedad de nuestra Nación.

Sostienen que ante el incremento en el número de delitos relacionados con la posesión, transporte y comercialización ilícitas de hidrocarburos en sus distintas modalidades, el Estado se ha visto limitado para sancionar a los responsables, al no contar con instrumentos legales que tipifiquen y sancionen de forma precisa y eficaz a conductas que se han diversificado con rapidez. Al inicio, las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos de los ductos de la industria petrolera tenían como finalidad la obtención de gasolinas y diesel, sin embargo, al paso del tiempo, la delincuencia ha expandido sus actividades a los productos refinados del petróleo, incluso al propio crudo y al gas licuado de petróleo, obteniendo ingresos millonarios en perjuicio de Petróleos Mexicanos y de la economía nacional. Por esta razón, debe atenderse esta diversificación de conductas que ahora comprenden actividades ilícitas de almacenamiento, transporte, suministro, distribución y enajenación.

Con la presente reforma se pretende, por un lado, establecer tipos penales respecto de las actividades en que se han diversificado las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos, y, por otro, inhibir la realización de dichas actividades al calificar a estos delitos como graves. Así, se busca dotar al Ministerio Público y a la autoridad judicial de nuevas herramientas, a fin de que se pueda investigar, perseguir y sancionar, respectivamente, con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia.

Afirman que como resultado de la presión que el Estado ha ejercido sobre los diferentes grupos delictivos en el territorio nacional, éstos han desarrollado nuevas estrategias para captar recursos que puedan destinar a sus actividades ilícitas; es por ello que el crimen organizado ha incursionado en los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, situación que vulnera la economía nacional y pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de personas, poblaciones y el medio ambiente, así como la operación de la industria petrolera.

Refieren que el actuar de la delincuencia organizada en el robo de diversos combustibles, principalmente de la red de ductos de Petróleos Mexicanos, ha generado las llamadas tomas clandestinas, las cuales, ante el desconocimiento del producto que se transporta en los ductos, generan un peligro inminente, al igual sucede con su transportación sin las condiciones de seguridad mínimas adecuadas, basta con recordar el lamentable incidente ocurrido en San Martin Texmelucan, Puebla, el 19 de diciembre de 2010, que causó el fallecimiento de 30 personas, decenas de lesionados y cuantiosos daños materiales, siendo la causa de esta tragedia una toma clandestina en grado de tentativa, en un oleoducto de Petróleos Mexicanos.

Manifiestan que en 2010 Petróleos Mexicanos detectó y clausuró 710 tomas clandestinas; en 2011 se incrementaron a 1,419, en 2012 a 1,744 y en 2013 el número de tomas clandestinas detectadas fue de 3,046. El impacto económico estimado para la entidad paraestatal por el mercado ilícito de combustibles en el 2011 asciende a 23,900 millones de pesos, en el 2012 a 33,200 millones de pesos. Durante el primer semestre de 2012 la extracción ilícita de hidrocarburos en el Sistema Nacional de Ductos aumentó considerablemente en comparación con los años 2010 y 2011. El mercado ilícito de combustibles durante el 2013 presentó cifras alarmantes, pues se recuperaron 8’391,982 litros de hidrocarburo entre los que se encuentran combustóleo, crudo, diesel y gasolinas entre otros. En los últimos años el mercado ilícito de combustibles se ha incrementado significativamente, toda vez que en 2010 se presentaron 845 denuncias, en 2011 1,570, en 2012 1,949 y durante 2013 se presentaron 3,267 denuncias.

Señalan que la cadena de conductas ilícitas, entre ellas, la comercialización de los hidrocarburos, tiene como uno de sus mercados principales, algunos establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustible, en donde el producto adquirido ilícitamente, y supuestamente bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor. Sin embargo, estas conductas no son sancionadas por inexistencia de algún tipo penal que así lo establezca, ocasionando con ello impunidad y afectación a la seguridad energética del Estado y a la imagen comercial de Petróleos Mexicanos.

Concluyen que en atención a esta problemática, producto de algunas limitaciones u omisiones en el marco legal para un adecuado combate de las conductas ilícitas descritas, se propone adicionar, reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por lo anterior propone la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo Primero.Se reformanla fracción I del artículo 368 Quáter, pasando los párrafos segundo, tercero y cuarto a ser incisos a), b) y c), respectivamente, y el último párrafo de la fracción I del propio artículo 368 Quáter; se adicionael inciso d) a la fracción I de las fracciones V, VI, y último párrafo al artículo 368 Quáter, pasando los dos últimos vigentes a formar los párrafos penúltimo y antepenúltimo del artículo 368 Quáter; y se derogala fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 254. ...

I.a VI....

VII. Se deroga

VII.a IX...

...

Artículo 368 Quáter. ...

I.Posea, resguarde , almacene, transporte, oculte, enajene, suministre o distribuyade manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados cuando:

a) La cantidad sea de 300 litros o menor, con pena de prisión de seis meses a dos años y de cien a quinientos días multa;

b)La cantidad sea mayor de 300 litros pero menor de 1,000 litros, con pena de prisión de dos a cuatro años y de quinientos a mil días multa;

c)La cantidad sea igual o mayor a 1,000 litros pero menor de 2,000 litros, con pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a doce mil días multa; o

d) La cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de prisión de cuatro a once años y de mil doscientos a trece mil días multa.

No se aplicará la pena prevista en el inciso a)de esta fracción, siempre que se trate de la posesión de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados hasta por la cantidad de 300 litros, cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad.

II.a IV. ...

V. Sustraiga o altere los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo con pena de prisión de cinco a diez años y de doscientos a mil días multa.

VI. Se impondrán de seis a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa al comercializador o transportista de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones establecidas de acuerdo con lo señalado en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, se impondrá la misma pena del párrafo anterior al comercializador o transportista que tenga en su poder los combustibles mencionados, fuera de las zonas geográficas limitadas.

...

...

Si el responsable es franquiciatario, permisionario o distribuidor, además de las penas señaladas en el presente artículo, se le impondrá como sanción la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad.

Artículo Segundo.Se reformanel primer párrafo del artículo 177 y el numeral 25) de la fracción I del artículo 194; y se adicionanun segundo y tercer párrafos al artículo 182-M, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 177.Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica previstos en los artículos 185; 253, fracción I, incisos i) y j); 254, fracción VIII; 254 Ter; 368, fracción II, y 368 Quáter, fracciones I, IV y V del Código Penal Federal, se presumirá la propiedad federal salvo prueba en contrario.

...

Artículo 182-M. ...

Tratándose de los delitos que refiere el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, el Ministerio Público asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora del servicio e inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y continúe prestando el servicio.

En el caso anterior, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración mencionada.

Artículo 194. ...

I....

1) a 24) ...

25)Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII , los previstos en las fracciones I inciso d), IV, V y VI del artículo 368 Quáter;

26) a 36)...

II. a XVIII. ..

Artículo Tercero.Se reformala fracción VII del artículo 111; y se deroga el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 111. ...

I.a VI....

VII.No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según sea el caso, a que hace referencia la fracción V del artículo 28 de este Código, los altere olos destruya.

Artículo 115 Bis. Se deroga.

Artículo Cuarto.Se adicionanun segundo y tercer párrafos al artículo 13 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

Cuando el Ministerio Público o el juez asegure un establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicios o cualquier inmueble, vinculado con las conductas de delincuencia organizada a que se refieren la fracción I, inciso d) y la fracción IV ambas del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y en su caso, continúe prestando el servicio.

Tratándose del supuesto anterior, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración mencionada.

Artículo Quinto.Se reformala fracción I del artículo 2o; y se adicionaun segundo párrafo al artículo 29 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I.Terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; la posesión, resguardo, almacenamiento, transporte, ocultamiento, enajenación, suministro o distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados prevista en el inciso d) de la fracción I yel previsto en la fracción IV ambasdel artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II.a VII. ...

Artículo 29. ...

Tratándose de franquiciatarios, permisionarios o distribuidores que con motivo de sus funciones comerciales posean o resguarden petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de origen ilícito, deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión del hecho delictivo.

Transitorios

Primero.Para el conocimiento, investigación, atención y persecución de delitos en materia del robo de hidrocarburos y sus derivados, la Procuraduría General de la República, deberá crear en un plazo no mayor de 180 días, una agencia especializada, así como la estructura necesaria para ello, conforme al presupuesto que le apruebe la Cámara de Diputados para tal efecto.

Segundo.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- En la iniciativa propuesta se pretende reformar los artículos 254 y 368 Quáter, ambos del Código Penal Federal, que para mayor ilustración se compara con el precepto vigente en la siguiente tabla:

El artículo 254 del Código Penal Federal se ubica dentro del Capítulo I denominado “Delitos contra el consumo y la riqueza nacionales” que se encuentra situado en el Titulo Decimocuarto titulado: “Delitos Contra la Economía Pública”.

En la fracción VII de dicho precepto se describe el siguiente delito: “Al que sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, distintos a los previstos en la fracción IV del artículo 368 Quáter de este Código, cualquiera que sea su estado físico; o realice cualquier sustracción o alteración de dichos equipos o instalaciones. La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera o cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de dicha industria”.

Este delito es conocido como robo de combustible o de hidrocarburos cuyos elementos son coincidentes con los del robo genérico, a excepción del objeto materia del ilícito.

En efecto, conforme a su definición legal sus elementos Materiales y Normativos son:

1. Una acción de sustracción o aprovechamiento;

2. Que el bien sea de los conocidos como hidrocarburos o sus derivados, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, distintos a los previstos en la fracción IV del artículo 368 Quáter de este Código;

3. Que dicha sustracción o aprovechamiento se realice sin derecho;

4. Que dicha sustracción o aprovechamiento, se realice sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo; y.

5. El nexo causal entre la conducta y el resultado.

Ahora bien, el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal se ubica dentro del Capítulo I denominado “Robo” que se encuentra situado en el Titulo Vigésimo Segundo titulado “Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio”.

En la iniciativa de mérito, se propone derogar la fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal, y que la conducta que se regula actualmente en esa fracción se incorpore o adicione como una fracción V del artículo 368 Quáter del propio Código.

Como ya se dijo, actualmente dicho precepto dispone que se sancionará al que sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, distintos a los previstos en la fracción IV del artículo 368 Quáter, cualquiera que sea su estado físico, o realice cualquier sustracción o alteración ilícita de dichos equipos o instalaciones.

Sin embargo, debe precisarse que la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo fue abrogada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de agosto del año en curso por lo que deberá adecuarse el texto vigente a dicha circunstancia para que conserve su coherencia con el marco normativo aplicable.

La fracción IV del artículo 368 Quáter prevé al petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o empresas filiales, por lo que no habría hidrocarburos o derivados distintos.

Del mismo modo se pretende realizar un ajuste de forma general respecto a los cinco párrafos que forman la fracción I del artículo 368 Quáter, para definir con exactitud los distintos tipos penales que ahí están consignados respecto a sus referencias o remisiones, para incorporarlos a través de los incisos a), b), c) y d), lo cual se considera que proporciona mayor seguridad y certeza jurídica.

Por otra parte y en lo que se refiere a la fracción I del artículo 368 Quáter, se propone reformar y ampliar el tipo penal que se describe, para contemplar las conductas de almacenamiento, transportación y ocultamiento, así como actividades por las cuales se haya enajenado, suministrado o distribuido de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, ya que actualmente solo se precisan las conductas de poseer o resguardar.

En efecto, la fracción I en cita actualmente establece: “ Posea o resguarde de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados...” y se propone que se reforme para quedar de la siguiente forma: “ Posea, resguarde , almacene, transporte, oculte, enajene, suministre o distribuyade manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados cuando ...”.

Por otra parte, se propone reformar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal vigente, que establece lo siguiente: “ Cuando la cantidad sea menor de 300 litros y hasta 300 litros, con pena de prisión de seis meses a dos años y de cien a quinientos días multa”, de donde se advierte una inadecuada redacción en lo que se refiere a la cantidad de litros, dado que este supuesto será sancionado cuando la cantidad “ sea menor a 300 litros y hasta 300 litros”, siendo que lo correcto es que se establezca que la cantidad sea de 300 litros o menor, yse propone que dicho párrafo, pase a formar el inciso a), de tal modo que quede de la siguiente forma:

“ a) La cantidad sea de 300 litros o menor, con pena de prisión de seis meses a dos años y de cien a quinientos días multa;”

Por otra parte, se propone que el tercer párrafo de la fracción I del artículo 368 Quáter vigente del Código Penal Federal, pase a formar el inciso b), de tal modo que quede intocado de la siguiente forma:

“b) La cantidad sea mayor de 300 litros pero menor de 1,000 litros, con pena de prisión de dos a cuatro años y de quinientos a mil días multa”;

Por otra parte, se propone reformar el cuarto párrafo vigente de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal que establece lo siguiente: “ En caso de que la cantidad sea igual o mayor a 1 000 litros, con pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a doce mil días multa” yse propone que dicho párrafo, pase a formar el inciso c), proponiéndose además que se disponga el supuesto en el cual la cantidad de posesión, resguardo, almacenamiento, transporte, ocultamiento, que sea enajenada, suministrada o distribuida ilícitamente sea igual o mayor a 1,000 litros pero menor de 2,000 litros, de tal modo que quede de la siguiente forma:

“c) La cantidad sea igual o mayor a 1,000 litros pero menor de 2,000 litros, con pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a doce mil días multa; o”

También se propone, adicionar un inciso d) a esta fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, en la cual se contemple una pena de prisión entre cuatro y once años y una multa de mil doscientos a trece mil días cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, de tal modo que quede de la siguiente forma:

“d) La cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de prisión de cuatro a once años y de mil doscientos a trece mil días multa”.

Ésta última propuesta se analizará más adelante, cuando se estudie el catálogo de delitos graves así como en el supuesto de delincuencia organizada por estar estrechamente vinculada.

Con la finalidad de que el último párrafo de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal sea congruente y armónico con las modificaciones anteriormente descritas se propone que dicho párrafo conserve el sexto párrafo de esta fracción, mismo que refiere cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad, en cuyo caso no se aplicará la pena prevista en el inciso a), quedando en los siguientes términos:

“No se aplicará la pena prevista en el inciso a) de esta fracción, siempre que se trate de la posesión de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados hasta por la cantidad de 300 litros, cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad.”

En lo que se refiere a la propuesta de adicionar la fracción V al artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, tiene como finalidad la diversa propuesta de reubicación de la fracción VII del artículo 254 que se propone derogar para que quede de la siguiente manera:

“V. Sustraiga o altere los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo con pena de prisión de cinco a diez años y de doscientos a mil días multa”.

Sin embargo, como ya se mencionó, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo se encuentra abrogada, por lo que deberá corregirse la redacción de dicho texto, tomando con consideración dicha circunstancia, para quedar de la siguiente forma:

“V. Sustraiga o altere los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo con pena de prisión de cinco a diez años y de doscientos a mil días multa”.

En lo relativo a la propuesta de adicionar una fracción VI al artículo 368 Quáter, se debe decir que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 115 Bis establece lo siguiente:

.- Se impondrá sanción de seis a diez años de prisión al comercializador o transportista, de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios utilicen para la identificación de los productos mencionados.

Tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, también se aplicará la pena mencionada al comercializador o transportista, que tenga en su poder los combustibles mencionados, fuera de las zonas geográficas limitadas.

En tales razones, en la iniciativa de mérito se propone reubicar éste último numeral en la fracción VI del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal de tal modo que la conducta que se regula actualmente en la legislación fiscal se incorpore o adicione como una fracción VI de tal modo que quede de la siguiente manera:

“VI. Se impondrán de seis a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa al comercializador o transportista de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones establecidas de acuerdo con lo señalado en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, se impondrá la misma pena del párrafo anterior al comercializador o transportista que tenga en su poder los combustibles mencionados, fuera de las zonas geográficas limitadas”.

Sin embargo, como ya se mencionó, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo se encuentra abrogada, por lo que deberá corregirse la redacción de dicho texto, tomando con consideración dicha circunstancia.

De igual modo, cabe señalar que en la propuesta se introduce un término técnico que se emplea en materia de hidrocarburos, al que se le nombra como “marcadores”, al respecto debe decirse que en los últimos años se ha encontrado que algunos clientes de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, principalmente de Pemex Refinación, reciben y comercializan gasolinas o diésel de procedencia ilícita, aprovechando que cuentan con la infraestructura especializada para la recepción, almacenamiento y comercialización de dichos combustibles, con una actitud de “cliente desleal”. Por esta razón, se busca prevenir estas conductas ilícitas a través de la marcación de los combustibles, cuya verificación se realizará mediante el muestreo de productos de venta a los distintos clientes; asimismo, todo embarque estará documentado de que el producto contiene el marcador para su venta.

De acuerdo con la regla de las interpretaciones, se considera adecuado aplicar la interpretación auténtica o legislativa, para definir el concepto de “trazador” o “marcador” que formaría el tercer párrafo de la fracción VI del artículo 368 quáter.

Ahora bien, como ya se dijo, conforme a las reglas técnicas en materia de hidrocarburos, se define como “marcador” o “trazador” aquella sustancia química que se agrega a los Combustibles Líquidos u Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos que, sin afectar sus propiedades físicas, químicas ni sus especificaciones técnicas, permite identificar el combustible marcado, con el fin de evitar su adulteración y diferenciar el combustible proveniente de zonas de tratamiento especial, de contrabando y de mercado ilícito. Y “marcado” o trazado” es aquel proceso mediante el cual se agrega al combustible una sustancia química denominada marcador, la cual no afecta ninguna de sus propiedades físicas, químicas, ni sus especificaciones técnicas.

Luego entonces, para adecuar el texto propuesto con las observaciones que realiza ésta dictaminadora, en relación con la aclaración de los términos técnicos en materia de hidrocarburos, se hace necesario, modificar la propuesta únicamente en relación a la redacción del mismo precepto 368 quáter en su fracción VI, atendiendo a las reglas de la técnica legislativa y para mejor claridad, propuesta que quedaría de la siguiente manera:

Artículo 368 Quáter.-...

...

...

Por último, la propuesta considera de importancia adicionar un último párrafo al artículo 368 Quáter en el que se disponga que además de las sanciones contempladas en dicho artículo, cuando se trate de un franquiciatario, permisionario o distribuidor se le impondrán además la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad, de tal modo que quede de la siguiente manera:

“Si el responsable es franquiciatario, permisionario o distribuidor, además de las penas señaladas en el presente artículo, se le impondrá como sanción la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad”.

Sin embargo, se observa que la Ley de Hidrocarburos vigente, establece como conceptos adicionales a los tres señalados con antelación, los de asignatarios y contratistas, se considera que estos dos últimos conceptos deben añadirse a la propuesta legislativa, para quedar de la siguiente forma:

“Si el responsable es franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, además de las penas señaladas en el presente artículo, se le impondrá como sanción la suspensión de actividades y la disolución de la sociedad”.

Del mismo modo se considera lo preceptuado en el artículo 3° de la Ley General de sociedades mercantiles conforme al cual, las sociedades que tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos, serán nulas y se procederá a su inmediata liquidación, por lo que se considera que se debe añadir al concepto de disolución de la sociedad el de la liquidación, prevista en el numeral referido.

Las y los integrantes de ésta Comisión dictaminadora estamos convencidos que para que las leyes puedan cumplirse cabalmente es necesario primero que sean claras y entendibles por parte de todos los operadores jurídicos a los que se destinan. Si a un ordenamiento jurídico complejo se le une el hecho de que la descripción de una conducta considerada como delito se encuentra en codificaciones dispersas, es probable que, aun sin hacerlo de forma intencionada, muchas leyes no se cumplan en la práctica.

En ese sentido, toda vez que las propuestas para reformar el Código Penal Federal que han quedado descritas tienen como objetivo la armonización en un precepto, de la regulación del robo de hidrocarburos o combustibles en los términos expuestos, ésta Comisión dictaminadora considera factible y viable la propuesta que se analiza.

SEGUNDA.- En la iniciativa propuesta se pretende reformar los artículos 177, el numeral 25) de la fracción I del artículo 194; y adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 182-M, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, que para mayor ilustración se comparan con los preceptos vigentes en la siguiente tabla:

En la iniciativa de mérito, se propone reformar el primer párrafo del artículo 177 del Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de precisar que para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y el servicio público de energía eléctrica, la propiedad federal se presumirá salvo prueba en contrario, entre otros supuestos, tanto en el caso de la fracción VIII del artículo 254 del Código Penal Federal, como en el de la fracción V del artículo 368 Quáter, tomando en cuenta que en dicha fracción V se reubicaría el supuesto previsto en la fracción VII del artículo 254, por lo que quedaría en los términos siguientes:

“ Artículo 177. Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica previstos en los artículos 185; 253, fracción I, incisos i) y j); 254, fracción VIII; 254 Ter; 368, fracción II, y 368 Quáter, fracciones I, IV y V, del Código Penal Federal, se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario.”

También se propone adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 182-M del Código Federal de Procedimientos Penales, para señalar que cuando se cometan los delitos establecidos en el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, el Ministerio Público asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora del servicio, notificando de manera inmediata al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con la finalidad de que dicho establecimiento o empresa pase a su administración y se continué prestando el servicio que resulte estratégico para el país y evitar con ello el desabasto y con ello la afectación de los consumidores, por lo que quedaría en los términos siguientes:

Tratándose de los delitos que refiere el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, el Ministerio Público asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora del servicio e inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y continúe prestando el servicio.

Asimismo, se propone adicionar un tercer párrafo que contemple que únicamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar con las actividades, señalando que el suministro se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración del establecimiento o empresa, por lo que quedaría en los términos siguientes:

En el caso anterior, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración mencionada.

En la iniciativa de mérito, se propone reformar la fracción I, numeral 25 del artículo 194, en donde se busca tipificar como delito grave la conducta señalada en el inciso d) de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal.

Por otra parte, se propone adicionar, también como delito grave, el supuesto previsto en la fracción V del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, que se encuentra relacionado con la sustracción o alteración de equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo.

Por último, también se considera procedente adicionar como un delito grave la conducta a que se refiere la fracción VI del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, relativa a que el comercializador o transportista tenga en su poder gasolina o diesel, cuando éstos no contengan los trazadores o las demás especificaciones establecidas de acuerdo con lo señalado en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que utilicen para la identificación de los productos mencionados, en razón del peligro que para la población y la economía nacional representan tales circunstancias.

En ese sentido deberá modificarse la redacción del texto propuesto para hacerlo coherente con la abrogación de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en el decreto final.

Se debe decir que con la presente reforma, se pretende, inhibir la realización de dichas actividades al calificar a estos delitos como graves. Así, se busca dotar al Ministerio Público y a la autoridad judicial de nuevas herramientas, a fin de que se pueda investigar, perseguir y sancionar, respectivamente, con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia.

En ese sentido, ésta Comisión dictaminadora considera factible y viable la propuesta que se analiza.

TERCERA.- En la iniciativa propuesta se pretende reformala fracción VII del artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, que para mayor ilustración se comparan con los preceptos vigentes en la siguiente tabla:

En la iniciativa de mérito, se propone derogar la frase “combustibles que no fueron adquiridos legalmente” contenida en la última parte de la fracción VII del artículo 111 ya transcrito, ya que esta última referencia no tiene razón de ser en este dispositivo legal si se aprueba la reforma  propuesta a la fracción I del artículo 368 Quáter, mediante la cual se propone reformar y ampliar el tipo penal que se describe, para contemplar las conductas de almacenamiento, transportación y ocultamiento, así como actividades por las cuales se haya enajenado, suministrado o distribuido de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados, ya que actualmente solo se precisan las conductas de poseer o resguardar.

En efecto, la fracción I en cita actualmente establece: “ Posea o resguarde de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados...” y se propone que se reforme para quedar de la siguiente forma: “ Posea, resguarde , almacene, transporte, oculte, enajene, suministre o distribuyade manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados cuando ...”.

La segunda modificación que se propone consiste en derogar el artículo 115 Bis, lo cual ya se analizó en los puntos que preceden.

Debe señalarse que, las y los integrantes de ésta Comisión dictaminadora estamos convencidos que para que las leyes puedan cumplirse cabalmente es necesario primero que sean claras y entendibles por parte de todos los operadores jurídicos a los que se destinan. Si la descripción de una conducta considerada como delito se encuentra en codificaciones dispersas, como el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación, es probable que, aun sin hacerlo de forma intencionada, muchas leyes no se cumplan en la práctica.

En ese sentido, toda vez que la propuesta para derogar la frase “ combustibles que no fueron adquiridos legalmente” contenida en la última parte de la fracción VII del artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, va unida con la propuesta analizada en el considerando que precede, y la cual se aprobó por esta Comisión dictaminadora, ya no tiene razón de ser en este dispositivo legal y toda vez que dicha propuesta tiene como objetivo la armonización del contenido de dos preceptos en dos codificaciones diversas pero que regulan el robo de hidrocarburos o combustibles en los términos expuestos, ésta Comisión dictaminadora considera factible y viable la propuesta que se analiza.

CUARTA.- En la iniciativa propuesta se pretende adicionarun segundo y tercer párrafos al artículo 13 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que para mayor ilustración se comparan con los preceptos vigentes en la siguiente tabla:

Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 13 para señalar que cuando el Ministerio Público o el juez aseguren un establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicios o cualquier inmueble vinculado con las conductas de delincuencia organizada a que refiere el inciso d) de la fracción I, o para el supuesto descrito en la fracción IV, ambas del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, inmediatamente se notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y, en su caso, continúe prestando el servicio.

En este sentido, y con la finalidad de darle congruencia a la norma se adiciona un párrafo tercero también a este artículo 13, en el cual se disponga que tratándose del supuesto antes señalado, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración del establecimiento o empresa.

Ahora bien, los integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos que la gran variedad de formas y modos en que opera la delincuencia organizada, nos hace reflexionar que la venta de combustibles a través de la operación de alguna concesión de PEMEX, no está exenta de ser asegurada por virtud del supuesto contenido en el artículo 13 enunciado, y por ende, además de la economía nacional, los usuarios de dicho centro de venta se verían afectados por dicho aseguramiento.

Por ello, nos parece apropiado que se establezca que en caso de darse los supuestos para decretar el aseguramiento referido, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades.

En ese sentido, ésta Comisión dictaminadora considera factible y viable la propuesta que se analiza.

QUINTA.- En la iniciativa propuesta se pretende reformar la fracción I del artículo 2o; y adicionar un segundo párrafo al artículo 29 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que para mayor ilustración se comparan con los preceptos vigentes en la siguiente tabla:

Se propone adicionar al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, conductas desplegadas por la delincuencia organizada como la posesión, el resguardo, el almacenamiento, el transporte, el ocultamiento, el enajenamiento, el suministro y la distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados previstas en el d) de la fracción I del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal.

Como resultado de la presión que el Estado ha ejercido sobre los diferentes grupos delictivos en el territorio nacional, éstos han desarrollado nuevas estrategias para captar recursos que puedan destinar a sus actividades ilícitas; es por ello que el crimen organizado ha incursionado en los delitos relacionados con el robo de hidrocarburos, situación que vulnera la economía nacional y pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de personas, poblaciones y el medio ambiente, así como la operación de la industria petrolera.

Las y los integrantes de ésta Comisión dictaminadora estamos convencidos que para que las leyes puedan cumplirse cabalmente es necesario primero que sean claras y entendibles por parte de todos los operadores jurídicos a los que se destinan. Si a un ordenamiento jurídico complejo se le une el hecho de que la descripción de una conducta considerada como delito se encuentra en codificaciones dispersas, es probable que, aun sin hacerlo de forma intencionada, muchas leyes no se cumplan en la práctica.

En ese sentido, toda vez que la propuesta señalada, pretende armonizar las diversas propuestas referidas en el primer considerando, ésta Comisión dictaminadora considera factible y viable la propuesta que se analiza.

Sin embargo, debe decirse que el artículo 2° de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada vigente contempla en la fracción I una diferente redacción que es la siguiente:

Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter,financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; el previsto en la fracción IV del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

Por lo que deberá corregirse en la redacción final del decreto dicha circunstancia para que exista mayor coherencia.

Ahora bien, por lo que refiere al artículo 29 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se propone adicionar un segundo párrafo para señalar que tratándose de franquiciatarios, permisionarios o distribuidores que con motivo de sus funciones comerciales posean o resguarden petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados, o sus destinados de origen ilícito, deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión de hechos delictivo, y con ello evitar que sean doblemente victimizadas aquellas personas que son objeto de extorsión y amenazas y demás se les sancione severamente bajo el régimen de delincuencia organizada.

Sin embargo, se observa que la Ley de Hidrocarburos vigente, establece como conceptos adicionales a los tres señalados con antelación, los de asignatarios y contratistas, se considera que estos dos últimos conceptos deben añadirse a la propuesta legislativa, para quedar de la siguiente forma:

Tratándose de franquiciatarios, permisionarios, distribuidores, asignatarios o contratistas que con motivo de sus funciones comerciales posean o resguarden petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de origen ilícito, deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión del hecho delictivo.

En ese sentido, esta Comisión dictaminadora considera factible y viable la propuesta que se analiza.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Justicia someten a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Artículo Primero.-Se reformanla fracción I, pasando los párrafos segundo, tercero y cuarto a ser incisos a), b) y c), respectivamente, y el último párrafo de la fracción I del artículo 368 Quáter; se adicionaun inciso d) a la fracción I, las fracciones V y VI, y un último párrafo al artículo 368 Quáter, y se derogala fracción VII del artículo 254 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 254. ...

I.a VI. ...

VII. (Se deroga).

VIII.a IX. ...

...

Artículo 368 Quáter. ...

I.Posea, resguarde , almacene, transporte, oculte, enajene, suministre o distribuyade manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados cuando:

a) La cantidad sea de 300 litros o menor, con pena de prisión de seis meses a dos años y de cien a quinientos días multa;

b)La cantidad sea mayor de 300 litros pero menor de 1,000 litros, con pena de prisión de dos a cuatro años y de quinientos a mil días multa;

c)La cantidad sea igual o mayor a 1,000 litros pero menor de 2,000 litros, con pena de prisión de cuatro a diez años y de mil a doce mil días multa, o

d) La cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de prisión de cuatro a once años y de mil doscientos a trece mil días multa.

No se aplicará la pena prevista en el inciso a)de esta fracción, siempre que se trate de la posesión de hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados hasta por la cantidad de 300 litros, cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad.

II.a IV. ...

V. Sustraiga o altere los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo con pena de prisión de cinco a diez años y de doscientos a mil días multa.

VI. Comercialice gasolinas o diésel que no contengan los marcadores o las especificaciones, que se utilicen para identificar dichos combustibles, con penas de seis a diez años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Tratándose de gasolina o diésel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, se impondrá la misma pena del párrafo anterior al comercializador o transportista que tenga en su poder los combustibles mencionados, fuera de las zonas geográficas limitadas.

Se entenderá por marcador la sustancia química que se agrega a los combustibles líquidos u otros productos derivados de los hidrocarburos que, sin afectar sus propiedades físicas, químicas ni sus especificaciones técnicas, permite identificar el combustible marcado.

...

...

Si el responsable es franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, además de las penas señaladas en el presente artículo, se le impondrá como sanción la suspensión de actividades, así como la disolución y liquidación de la sociedad.

Artículo Segundo.- Se reformanel primer párrafo del artículo 177 y el numeral 25) de la fracción I del artículo 194; y se adicionanun segundo y tercer párrafos al artículo 182-M, del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 177.Para la comprobación de los delitos relacionados con la industria petrolera nacional y con el servicio público de energía eléctrica previstos en los artículos 185; 253, fracción I, incisos i) y j); 254, fracción VIII; 254 Ter; 368, fracción II, y 368 Quáter, fracciones I, IV y V, del Código Penal Federal, se presumirá la propiedad federal, salvo prueba en contrario.

...

Artículo 182-M. ...

Tratándose de los delitos que refiere el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, el Ministerio Público asegurará el establecimiento mercantil o empresa prestadora del servicio e inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y continúe prestando el servicio.

En el caso anterior, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración mencionada.

Artículo 194. ...

I. ...

1) a   24) ...

25)Robo calificado, previsto en el artículo 367 cuando se realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 372 y 381, fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI y XVII , los previstos en las fracciones I, inciso d), IV, V y VI del artículo 368 Quáter;

26) a 36)...

II. a  XXII. ...

...

Artículo Tercero.-Se reformala fracción VII del artículo 111; y se deroga el artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 111. ...

I.a VI....

VII.No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según sea el caso, a que hace referencia la fracción I del artículo 28 de este Código, los altere o los destruya.

...

Artículo 115 Bis. (Se deroga).

Artículo Cuarto.-Se adicionanun segundo y tercer párrafos al artículo 13 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 13. ...

Cuando el Ministerio Público o el Juez asegure un establecimiento mercantil o empresa prestadora de servicios o cualquier inmueble, vinculado con las conductas de delincuencia organizada a que se refieren la fracción I, inciso d) y la fracción IV ambas del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, inmediatamente notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y, en su caso, continúe prestando el servicio.

Tratándose del supuesto anterior, solamente se suspenderá el servicio en tanto se retira el producto ilícito de los contenedores del establecimiento o empresa y se suministran los hidrocarburos lícitos con el objeto de continuar las actividades; suministro que se llevará a cabo una vez que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes esté a cargo de la administración mencionada.

Artículo Quinto.-Se reformala fracción I del artículo 2o; y se adicionaun segundo párrafo al artículo 29 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I.Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; contra la salud, previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; la posesión, resguardo, almacenamiento, transporte, ocultamiento, enajenación, suministro o distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados prevista en el inciso d) de la fracción I yel previsto en la fracción IV ambasdel artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

II.a VII. ...

Artículo 29. ...

Tratándose de franquiciatarios, permisionarios, distribuidores, asignatarios o contratistas que con motivo de sus funciones comerciales posean o resguarden petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de origen ilícito, deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión del hecho delictivo.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 30 de octubre de dos mil catorce.

La Comisión de Justicia, diputados:Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), presidente; María del Rocío Corona Nakamura, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alejandro Carbajal González (rúbrica), Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica), Antonio Cuéllar Steffan (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Lilia Aguilar Gil (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), secretarios; Eloy Cantú Segovia, Miriam Cárdenas Cantú, Luis Armando Córdova Díaz, Andrés de la Rosa Anaya, Carlos Octavio Castellanos Mijares, Cristina González Cruz (rúbrica), Cristina González Cruz (rúbrica), Areli Madrid Tovilla, Julio César Moreno Rivera (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem, Jorge Francisco Sotomayor Chávez, Fernando Zárate Salgado (rúbrica), Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), Claudia Delgadillo González, Crystal Tovar Aragón, José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Carlos Fernando Angulo Parra.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Justicia, consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si autoriza a que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza se someta a discusión y votación de inmediato.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se autoriza. En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Para hablar y fundamentar...

El diputado José Isabel Trejo Reyes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Trejo ¿Con qué objeto?

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): Gracias, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional quiero expresar a los integrantes de esta Cámara de Diputados y al pueblo de México nuestra enérgica condena y nuestra profunda solidaridad ante el asesinato de Abel Licea Ortega, ocurrido el día de ayer cerca de las 17:30 horas en el centro de Ciudad Guzmán, Jalisco.

Abel Licea Ortega era presidente del PAN con licencia del municipio de Jilotlán. Ya había sido candidato a la presidencia municipal de dicho municipio en 2006 y su meta era serlo de nuevo el año que entra.

Es urgente que el gobierno resuelva a la brevedad estos hechos de violencia y castigue a los responsables. La impunidad debe de acabar en México.

En esta Cámara de Diputados ya perdimos a un compañero en un hecho similar en Jalisco hace apenas unas semanas. Todos, sin excepción, nos sentimos vulnerados por estos hechos trágicos.

Manifiesto mi solidaridad y mi más sentido pésame a la familia y a los panistas de Jalisco y en especial a nuestra compañera la diputada Margarita Licea González, prima del hoy fallecido. Es todo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Queda debidamente registrada su participación en el Diario de los Debates y esta Presidencia expresa también su más sentido pésame y solidaridad al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y desde luego a su familia.

Sí, diputado Belaunzarán. Estamos desahogando el inicio de la discusión del dictamen. Dígame, con qué objeto.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde su curul): Presidente. Aprovechando la apertura que siempre ha tenido al inicio de cada sesión, para decirle que el 9 de junio de este año Enrique Peña Nieto dio una de las entrevistas, en mi opinión, más afortunadas; se la dio al diario español El País. En esa entrevista dijo el presidente Peña Nieto: mire, yo personalmente creo que es parte del dilema y que habrá que preguntarle al presidente Obama. Personalmente he declarado que no estoy en favor de la legalización de las drogas y tampoco de la mariguana porque me parece que es una puerta por la que se puede incursionar al consumo de drogas mucho más dañinas para la salud.

Sin embargo, la legalización de la mariguana es un fenómeno creciente. La demanda que hemos hecho ya nosotros es que revisemos el tema, sentémonos a debatir sobre el tema, a revisar la política que se ha seguido en los últimos 30 o 40 años y que a la postre solamente ha arrojado mayor consumo y mayor producción de drogas. Por tanto, es una política fallida.

Hay que revisar eso. Insisto, yo no estoy por las legalizaciones, es un tema de convicción personal. Sin embargo, tampoco podemos seguir en esta ruta de inconsistencia entre la legalización que se ha dado en algunas partes, sobre todo en el mercado del consumidor más importante que es Estados Unidos, y México que sigamos criminalizando la producción de marihuana.

Esto declaró el presidente Peña Nieto al diario El País y me parece correcto. Pues bueno, el día martes dos estados y la capital, estoy hablando de Alaska, Oregón y Washington D.C. aprobaron la regulación de la marihuana recreativa. Es un proceso es Estados Unidos creciente e irreversible, y estoy de acuerdo, ya que se está dando esto en Estados Unidos debiéramos revisar el tema aquí en México.

Es lamentable escuchar al nuevo comisionado nacional contra las adicciones, Manuel Mondragón, con un discurso completamente distinto al que dio el presidente Peña Nieto al diario El País y que me parece muy atrasado y que simplemente recicla lo que ya no funcionó.

Termino diciendo, presidente, que no todo lo que ha dicho Mondragón me parece descartable. Él ha dicho que está abierto al debate. Lo vamos a ver, le vamos a tomar la palabra.

Al margen de una cita y ver cómo podíamos tener un diálogo y un debate y contrastar propuestas, adelanto que el próximo martes presentaré un punto de acuerdo para que se cite a la secretaria de salud, Mercedes Juan, y al comisionado nacional contra las adicciones Manuel Mondragón, a que discutamos el tema, porque creo que esta Cámara tiene necesidad, derecho y responsabilidad de entrarle a este tema tan importante. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado Belaunzarán, queda registrada debidamente su participación.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Salgado Peña, ¿con qué objeto? Sonido en la curul.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Con el propósito de sumarnos a la pena que embarga a los habitantes del municipio de Jilotlán de los Dolores, en el estado de Jalisco, a la militancia panista y de manera muy particular a nuestra compañera Margarita Licea, por el lamentable asesinato de Abel Licea, quien fungía como presidente del PAN en ese municipio.

Y pedir también a las autoridades correspondientes el esclarecimiento inmediato de este lamentable suceso. Es cuando, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Salgado Peña.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputado Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Gracias. Un minuto, sólo para sumarme a estas voces que demandan que el presidente Peña Nieto reconsidere su salida al extranjero. No porque vaya a hacer gran cosa en el país, no la está haciendo, pero simple y sencillamente una elemental presencia solidaria ante los conflictos que hoy estamos enfrentando los mexicanos. Hay un dicho en mi pueblo que dice: El rancho en llamas y el vaquero dormido. El rancho en llamas, el país en llamas, y el presidente de viaje. Creo que lo debe reconsiderar. Gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Queda debidamente registrada su participación en el Diario de los Debates.

Vamos a continuar con el orden del día, como ya lo había mencionado a esta asamblea, a iniciar la discusión del dictamen ya referido. Y para hablar y fundamentar el dictamen por la Comisión de Justicia tiene la palabra el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, de la fracción parlamentaria del PRI, presidente de la comisión.

El diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez:Colegas, diputados y diputadas, fundamento el dictamen de la Comisión de Justicia, que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones legales que afrontan el terrible flagelo por el aumento exorbitante de las tomas clandestinas y la comercialización ilícita de combustibles.

He de referir en principio la disposición de todos los integrantes de la Comisión de Justicia que coincidimos en el propósito de esta iniciativa presentada por los diputados Héctor García García y Marco Antonio Bernal, que ha hecho posible que esta mañana esté este dictamen a su consideración.

Existe, como sabemos, un serio problema de desabasto de gas natural, tomas clandestinas, robo y mercado ilícito de combustibles, esto a pesar de que se dotó de nuevas atribuciones a las Comisiones Nacionales de Hidrocarburos y la Reguladora de Energía.

En este caso, la reforma energética promovida por el presidente Enrique Peña tiene como eje central el fortalecimiento de las instituciones para poder combatir el mercado ilícito de combustibles y establecer el marco regulatorio que requiera el mercado.

El mercado ilícito y robo de combustibles en el país es un problema de seguridad nacional, la economía ilegal es un fenómenos que frena el desarrollo económico y que limita la productividad y aumenta los costos de operación de las empresas de forma directa e indirecta, impide la generación de negocios y disminuye la inversión.

Por lo anterior, el titular del Ejecutivo federal en su Programa Nacional de Seguridad Púbica 2014-2018 ha señalado que los ilícitos vinculados a la economía ilegal impactan negativamente la creación de empleos y el crecimiento del país, así como el desarrollo de sectores productivos que actúan en el marco de la legalidad, disminuyen la participación de las empresas formales en el mercado; significan una competencia desleal para las empresas que actúan con apego a la ley e inhiben la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios, pues desalientan la innovación y la creatividad.

En este sentido, el Plan Nacional de Seguridad Pública desde su ámbito de competencia se ha preocupado por combatir dichos ilícitos. Al efecto, uno de sus objetivos es la estrategia de recudir la incidencia de robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita, y también impulsar reformas legislativas que faciliten la prevención, investigación y persecución del robo y comercialización de hidrocarburos.

El denominado mercado ilícito de combustibles se ha incrementado en forma descomunal, compañeras y compañeros. En 2010 se presentaron 845 denuncias; en 2011, mil 570; en 2012, mil 949 y durante 2013se presentaron tres mil 267 denuncias y hasta septiembre del 14 han sido tres mil 566 denuncias.

No pasa desapercibido para ninguna persona la grave problemática que estamos enfrentando con el crimen organizado en materia de robo de hidrocarburos a través de la ordeña de ductos de la ahora empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. No podemos permanecer pasivos ante estos hechos.

La legislación penal en materia de hidrocarburos ha sido rebasada con la ejecución de diversas conductas, tales como almacenamiento, transporte, comercialización, suministro y distribución de ilícitos de hidrocarburos. Se requiere entonces una reforma para combatir de manera frontal y determinante estas conductas y evitar con ello la impunidad.

El presente dictamen es el instrumento jurídico como respuesta para evitar que el crimen siga desplegando estas conductas y, además, se vinculan con otras de la misma delincuencia organizada.

Los gasotraficantes son miembros de organizaciones delictivas que han encontrado financiamiento mediante la obtención ilícita de recursos a través de la sustracción, almacenamiento, distribución, suministro y comercialización ilícita de combustibles.

Para terminar con este fenómeno, con este flagelo que afecta nuestra seguridad nacional, compañeras y compañeros, es que ponemos a consideración este dictamen que permite enfrentarlo de manera más eficaz.

Pediría, señor presidente, sea incluido íntegro en el Diario de los Debates la participación que ahora pongo a su disposición. Esperemos su voto a favor de este dictamen. Gracias, compañeras y compañeros.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el día 18 de septiembre de 2014, se presentó la iniciativa a cargo de los diputados Héctor García García y Marco Antonio Bernal Gutiérrez de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para adicionar, reformar y derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Compañeras y compañeros diputados:

Fundamento del dictamen de la Comisión de Justicia, que adiciona, reforma y deroga diversas disposiciones legales que afrontan el terrible flagelo por el aumento exorbitante de las tomas clandestinas y la comercialización ilícita de combustibles.

Existe un serio problema de desabasto de gas natural, tomas clandestinas, robo y mercado ilícito de combustibles, esto a pesar de que se dotó de nuevas atribuciones a las comisiones nacionales de Hidrocarburos y la de Reguladora de Energía.

En este caso, la Reforma Energética del Presidente Enrique Peña Nieto, tiene como eje central el fortalecimiento de las instituciones para poder combatir el mercado ilícito de combustibles, establecer el marco regulatorio que requiera el mercado.

El mercado ilícito y robo de combustibles en el país es un problema de seguridad nacional.

La “Economía Ilegal” es un fenómeno que frena el desarrollo económico, ya que limita la productividad y aumenta los costos de operación de las empresas de forma directa e indirecta, impide la generación de negocios y disminuye la inversión.

Por lo anterior, el titular del Ejecutivo Federal en su “Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018”, ha señalado que los ilícitos vinculados a la “Economía Ilegal” impactan negativamente la creación de empleos y el crecimiento del país, así como al desarrollo de sectores productivos que actúan en el marco de la legalidad; disminuyen la participación de empresas formales en el mercado; significan una competencia desleal para las empresas que actúan con apego a la ley; e inhiben la aparición continua de nuevos y mejores productos y servicios, pues desalientan la innovación y la creatividad.

En ese sentido, el Plan Nacional de Seguridad Pública, desde su ámbito de competencia, se ha preocupado por combatir dichos ilícitos, tan es así que dicho programa señala expresamente en su objetivo 3. Reducir la incidencia de los delitos vinculados a la “Economía Ilegal”. Con la inclusión de este objetivo, se busca fortalecer la atención a los ilícitos que más afectan a los sectores productivos y a la economía nacional, como son el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos.

Al efecto, el citado objetivo prevé la “Estrategia 3.4 Reducir la incidencia del robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita” la estrategia y líneas de acción como el “impulsar reformas legislativas que faciliten la prevención, investigación y persecución del robo y comercialización de hidrocarburos”.

El denominado Mercado Ilícito de Combustibles se ha incrementado en forma descomunal, en 2010 se presentaron 845 denuncias, en 2011, 1,570; en 2012, 1,949 y durante 2013 se presentaron 3,267 denuncias y hasta el 30 de septiembre de 2014 se han presentado 3,566 denuncias.

A septiembre de 2014, se tienen 383 personas procesadas por estos ilícitos y tan sólo 21 sentenciados, lo que constituye un indicador de que la realidad social nos exige como legisladores ajustar los cuerpos legales para que se inhiban estas conductas deleznables.

No pasa desapercibido para ninguna persona, la grave problemática que estamos enfrentando con el crimen organizado en materia de “robo de hidrocarburos a través de la ordeña en los ductos” de la ahora empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

No podemos permanecer pasivos ante estos hechos, la protección de bienes jurídicos de gran valía, nos obliga a establecer la herramienta jurídica que permita la prevención general y especial del delito, para proteger a la comunidad.

Es un hecho que el incremento del mercado ilícito de combustibles se debe al crimen organizado, a quienes el actual Gobierno ha enfrentado sin tolerancia alguna y con adecuadas líneas de acción para su desarticulación, es por ello, que, como respuesta a la delincuencia organizada de gasotraficantes, se propone este instrumento jurídico integral.

La legislación penal en materia de hidrocarburos, ha sido rebasada con la ejecución de diversas conductas tales como el almacenamiento, transporte, comercialización, suministro y distribución ilícitos de hidrocarburos. Se requiere una reforma para combatir de manera frontal y determinante estas conductas y evitar con ello su impunidad.

El presente dictamen es el instrumento jurídico como respuesta para evitar que el crimen siga desplegando estas conductas que además, se vinculan con otras de la misma delincuencia organizada. Los gasotraficantes son miembros de organizaciones delictivas que ha encontrado financiamiento mediante la obtención ilícita de recursos a través de la sustracción, almacenamiento, distribución, suministro y comercialización ilícita de los combustibles.

Hace algunos años, nadie podía imaginarse la sustracción de Gas LP (Gas Licuado de Petróleo) de los ductos que lo transportan, actualmente va creciendo el número de tomas clandestinas de Gas LP las cuales son descontroladas y han puesto en grave peligro a las poblaciones, obligando a las autoridades a actuar de manera inmediata para su evacuación y permanencia por días en albergues.

Por ello, es necesario reforzar el marco legal para combatir las conductas ilícitas en materia de hidrocarburos.

Algunos aspectos del presente dictamen son la creación de tipos penales que prevean y sancionen las conductas que hoy se ejecutan, tales como el almacenamiento, transporte, suministro, distribución y comercialización ilícitos de los hidrocarburos.

Asimismo, se catalogan como delitos graves y de delincuencia organizada a las conductas mencionadas.

También se busca atacar el financiamiento que reciben los probables responsables por la comercialización ilícita de los hidrocarburos así como operar la extinción de dominio respecto de aquellos bienes que son utilizados para consumar estos delitos.

Los beneficios esperados con la aprobación de este dictamen son muchos, y sólo a manera de ejemplo algunos de ellos versan sobre la prevención general del delito para inhibir estas conductas, acabar con la impunidad, evitar que obtengan libertad bajo caución, proteger la vida e integridad física de las comunidades, afectar el financiamiento de las organizaciones delictivas, alcanzar su desarticulación, y en todo momento mantener el abasto de combustibles a la población.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 6 de noviembre de 2014.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Fidel Pacheco.

Damos la bienvenida y saludamos a los alumnos procedentes de la Universidad Iberoamericana del estado de Puebla, invitadas e invitados por el diputado Javier López Zavala. Bienvenidas y bienvenidos. También a los alumnos de la Universidad Iberoamericana del estado de Puebla, invitados por el diputado José Enrique Doger Guerrero. Bienvenidas, bienvenidos. Y a personas de la Universidad Marista de San Luis Potosí, invitadas, invitados por el diputado Jorge Terán Juárez. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por su visita.

Tiene ahora la palabra, en representación de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, para fijar la postura de su grupo parlamentario, la diputada Sonia Rincón Chanona.

La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia aborda un tema de mayor importancia por su impacto, no sólo en materia penal, que es sancionar una conducta que contraviene la legalidad, sino que además genera daños irreparables, como es la integridad de las personas y al medio ambiente, nos referimos al robo de combustible y que se ha convertido en uno de los mayores problemas que enfrenta Petróleos Mexicanos en los últimos años.

En el año 2010, Pemex detectó y clausuró 710 tomas clandestinas. En 2011, se incrementaron a mil 419. En 2012, a mil 744. Y en el año 2013, el número de tomas clandestinas detectadas fue de 3 mil 46. Mientras que tan sólo de enero a agosto del presente año, el robo de combustible representó una fuga financiera para Pemex de 15 mil 300 millones de pesos, cifra equivalente a 7 millones 500 mil barriles de hidrocarburos y se clausuraron 2 mil 481 tomas clandestinas, según reconoce el director general de la empresa, Emilio Lozoya.

La extracción ilícita de combustibles se ha vuelto cada vez más frecuente, la ordeña persiste debido a que los oleoductos están tomados prácticamente por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados, situación que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de personas, poblaciones y el medio ambiente, además de que ocasiona severos daños económicos.

Las reformas presentadas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Federal de Extinción de Dominio y al Código Fiscal de la Federación, permitirá que la configuración del tipo penal sirva para que el Ministerio Público y la autoridad judicial puedan tener mayores elementos jurídicos para castigar este delito que tanto daño hace a la sociedad.

El actuar de la delincuencia organizada en el robo de diversos combustibles ha provocado las tomas clandestinas, las cuales ante el desconocimiento del producto que se transporta en los ductos generan un peligro inminente.

Esto ha ocasionado graves accidentes, como el ocurrido en San Martín Texmelucan, Puebla, el 19 de diciembre del año 2010, que dejó 30 personas fallecidas, decenas de lesionados y cuantiosos daños materiales.

El robo de hidrocarburos se ha diversificado al extenderse a su almacenamiento, transporte, suministro, distribución y enajenación, creando una cadena de ilícitos que toca a establecimientos mercantiles o a empresas que son el último filtro para llegar al consumidor.

En los últimos años las autoridades mexicanas han implementado medidas para contrarrestar estos hechos, aunque los resultados han sido desalentadores.

En la medida en que estas conductas no son sancionadas de forma oportuna y eficaz, la impunidad se convierte en un incentivo para que estos grupos criminales sigan actuando en contra del orden jurídico.

Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de combatir esta actividad, por lo que votaremos a favor del dictamen para elevar a delito grave el robo de hidrocarburos para que en el marco jurídico tipifique determinadas conductas que dañan severamente a todo el sector energético.

Sin embargo, debemos señalar que ninguna norma será efectiva si los funcionarios encargados de vigilar el debido cumplimiento a la ley y el cuidado del patrimonio de las y los mexicanos, sean quienes solapen este tipo de ilícitos. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Sonia Rincón. Tiene el uso de la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo la diputada Lilia Aguilar Gil.

La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, presidente. Con la venia de la asamblea. Este ya tan anunciado dictamen por parte de las autoridades del Ejecutivo, específicamente el señor Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, finalmente da una salida, creemos nosotros magra, aunque sí una salida ya legislativa al problema del robo de combustible, que como todos sabemos, se da de dos maneras: primera, por tomas clandestinas; segunda, por el robo de pipas.

Como ya se ha dicho en esta tribuna, el crimen organizado creo su propia infraestructura para saquear Pemex. Ordeñan combustible de los ductos y las flotillas de las pipas que los transportan. El crimen organizado se financia del robo y la comercialización de combustible, mucho más que de otras actividades; desde el secuestro, hasta la extorsión.

La complicidad del personal de Pemex, basado en el crimen organizado, es capaz de mantener tomas clandestinas abiertas hasta por tres días consecutivos. El robo de combustible aumentó en este año mil 493 por ciento en tan solo 9 años. En 2005 había 136 puntas de ordeña en toda la República Mexicana y en 2014, 2 mil 418.

El director general de Pemex, Emilio Lozoya, informó que de enero a agosto de este año el robo de combustible ascendió a 15 mil 300 millones de pesos. Esta cifra equivale a mil 912 millones de pesos por mes, casi 64 millones de pesos por día, un poco más de 2 millones 600 mil pesos por hora.

Esto significa que el volumen de combustible extraído por medio de tomas clandestinas asciende a 7.5 millones de barriles, lo que significa 3 veces la expectativa de producción de 2.4 o 2.5 millones de barriles.

Tres son los lugares donde más se está extrayendo gasolina: Salamanca a Guadalajara, Reynosa a Matamoros, y Madero a Cadereyta. La gran pregunta aquí es: si esta información es accesible para quienes no somos ni Ministerio Público ni trabajamos en Pemex, ¿Por qué teniendo toda esta información y todas las posibilidades de hacer algo no se había hecho nada?

El señor Emilio Lozoya, en comparecencia en esta Cámara de Diputados utilizó su frase favorita: “Porque Pemex no es Ministerio Público”. Sin embargo, esto demuestra que a pesar de no tener los elementos jurídicos podían haber actuado y cuando menos son cómplices por omisión.

La delincuencia entonces, la delincuencia en muchos niveles, obtiene ingresos millonarios en perjuicio de Pemex y de la economía nacional que si hubiese sido y se hubiese saneado, probablemente no hubiésemos tenido la necesidad de la reforma energética que ustedes aseguran salvará a Pemex.

El robo de hidrocarburos pone en riesgo no solamente la seguridad nacional y la integridad de las personas, poblaciones, sino también el medio ambiente. Ejemplo claro lo tenemos en el derrame más reciente por una toma clandestina en Nuevo León. El volumen derramado fue de cuatro mil barriles de crudo afectando a tres mil 500 habitantes del municipio de Cadereyta. La gran pregunta aquí es ¿aquí quién paga, aquí quién repara el daño?

El más grave sin duda ha sido también la explosión en San Martín Texmelucan en Puebla, que dejó decenas de muertos y heridos por las tomas clandestinas y otra vez una responsabilidad diluida.

Ha habido claras denuncias no solamente de la participación de empleados de Pemex, sino también de la participación de trabajadores del sindicato petrolero y esperemos que con esta reforma finalmente se hagan las investigaciones pertinentes para que se deslinden responsabilidades, pero se finquen donde se tengan que fincar y se pueda investigar apropiadamente.

Los que participan en el robo de gasolina, diésel y gas, son no solamente delincuentes organizados, sino que han llevado a quienes también comercializan, a un círculo vicioso cuando los obligan a tener que comprar el combustible de estas tomas clandestinas y cuando los obligan a ser parte de este círculo vicioso del crimen organizado. Estas conductas no son sancionadas por inexistencia de algún tipo penal ocasionando impunidad.

Este dictamen establece tipos penales respecto de las actividades en que se han diversificado las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos, almacenamiento, transportación, ocultamiento, suministro o distribución, y por otro lado ha inhibido la realización de dichas actividades al calificar éste como delitos graves.

Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y por las adecuaciones que se hicieron en la Comisión de Justicia –por lo que queremos felicitar al presidente de la comisión–, votaremos a favor del mismo dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Monreal Ávila, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, este dictamen contiene disposiciones que desde nuestro punto de vista son incorrectos y por eso no podemos votar a favor.

¿Qué es lo que contiene esta disposición o esa modificación que se pretende en el dictamen de la Comisión de Justicia? Se establecen diversas sanciones por delitos en los que se hace uso ilícito de productos petroleros, de hidrocarburos y sus derivados.

Y lo más grave es que este delito de robo de combustible se eleva a delito grave, a delito calificado.

Y hay una expresión que a mí me preocupa, como un legislador responsable. Miren, dice la disposición que califica a estos delitos como “robos calificados”, pero además como “terrorismo” cometido por la delincuencia organizada, según corresponde.

Y además se establece una sanción para el responsable de dichos delitos, ya sea franquicitario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, de además de las penas correspondientes, se les impondrá como sanción la suspensión de actividades, así como la disolución y liquidación de la sociedad mercantil al cometerse los delitos referidos.

“Y el Ministerio Público –dice esta disposición-, tendrá la facultad de asegurar el establecimiento mercantil, y la empresa prestadora del servicio estará totalmente asegurada y de inmediato el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes pasará a la administración del expendio, de la estación de servicio o como comúnmente le llamamos, gasolinera”.

¿Qué es lo que sucede? Me parece muy delicado porque esta iniciativa se ve que corre el privilegio de ser empujada, impulsada por el gobierno. Esta iniciativa tiene aproximadamente un mes que se presentó; se presentó el 18 de septiembre. Muchos legisladores hemos presentado desde hace dos años iniciativas que no se han dictaminado. Aquí se ve la premura, la urgencia de los intereses del gobierno sobre un asunto que en efecto ha crecido: el robo de combustible y la venta del mismo en expendios llamados estaciones de servicio o gasolineras.

Pero qué es lo que sucede –me lo podrán aceptar aquéllos que conocen el derecho–, que ésta es una ley, de aprobarse, draconiana. Algunos recordarán por qué draconiana.

Dracón, de Tesala, que vivió hacia el siglo VII antes de Cristo, fue el primer legislador que intentó establecer un código penal estricto, con leyes severas, incluso con leyes muy graves que calificaban de manera terrorista a todos los ciudadanos y se establecía la pena de muerte hasta para delitos comunes de muy bajo impacto en la sociedad.

Por eso es que, al establecer la crueldad en los códigos, como ahora se establece, no podemos sino calificarla de draconiana. Son draconianas estas disposiciones que no van a resolver el fondo del problema.

Recuerden cómo terminó Dracón. Dracón terminó sus días en el exilio porque el descontento popular con el código draconiano fue tal que tuvo que irse exiliado a Egina y más tarde Solón tuvo que modificar la severidad y la crueldad de este código de Dracón.

Por esa razón no podemos avalar más leyes draconianas. Y miren ustedes, a los permisionarios, a los franquicitarios también los someten a estas leyes draconianas, ya que no sólo les aplican las penas severas en este delito ya establecido como grave o un delito calificado, y terrorismo, sino que la incapacidad del Estado para combatir el crimen organizado ahora se le carga a los gasolineros, a los franquicitarios.

Algunos de ustedes conocen a muchos gasolineros o franquicitarios y saben cómo opera el crimen organizado: amenazándolos de muerte si no les compran o si no expenden el combustible robado en sus estaciones

No digo que sea lo correcto, pero me parece que se requiere una mayor reflexión, porque la incapacidad del Estado mexicano para combatir la delincuencia organizada y el robo de combustible, se le va a cargar al patrimonio y a la privación de la libertad de los franquiciatarios. No digo que algunos estén involucrados o en complicidad con ellos, pero generalizar esta ley draconiana, me parece particularmente grave.

Por esa razón, en el grupo parlamentario que coordino, de Movimiento Ciudadano, votaremos en contra. Presidente, le reitero mi agradecimiento por su tolerancia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Ricardo Monreal Ávila. Tiene la palabra el señor diputado Rubén Acosta Montoya, para fijar la postura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, los hidrocarburos son bienes del dominio público. Esto implica que los recursos nacionales están o deben estar revestidos de un régimen supremo de protección, pues están vinculados con el interés nacional.

No obstante, el contexto legal, apreciamos en los hechos personas que comenten actos ilícitos en perjuicio del patrimonio nacional apropiándose de combustibles o materias primas del ámbito energético e, incluso, de instalaciones y de medios de transporte que ponen en peligro nuestra vida diaria.

Con el paso de los años, las personas dedicadas a este tipo de labores burdas se han ido especializando cada vez más para realizar sus hurtos, ya no solamente si traen gasolina o diésel, sino también insumos diversos, los cuales afectan a la economía nacional.

En torno a las ciudades descritas creemos conveniente no sólo aceptar la regulación vigente, sino incluir en la redacción normativa más conductas que identifiquen los hechos de los que usualmente los criminales realizan en perjuicio de todos los mexicanos.

Así entonces, en la actualidad no se contemplan en el Código Penal Federal verbos rectores tales como almacenar, transportar, ocultar, enajenar, suministrar o distribuir, los cuales son actividades impropias y sin embargo hasta el presente no se sancionan, pues no se actualiza la exacta figura tal como lo exige la teoría penal y nuestra propia Constitución.

De igual manera, al ver en este rubro la descripción objetiva de las sanciones, apreciamos que las mismas tal y como están en el presente, no contribuirían a disuadir estas conductas ilícitas y delictivas que laceran a la sociedad.

Sin embargo, ahora con el dictamen sujeto a su consideración vemos una progresividad en las penas derivadas de la cantidad de litros de combustible que sean sustraídas o se posean de manera ilícita. Así las cosas ahora la cantidad de 300 litros o menor se castigará con pena de prisión de seis meses a dos años y de 100 a 500 días de multa, y si la cantidad es igual o mayor a 2 mil litros se sancionará con pena de prisión de 4 a 11 años y de mil 200 a 13 mil días de multa.

Otro acierto que debemos reconocerle, tanto al proponente o a los proponentes de esta iniciativa y a los integrantes de la Comisión de Justicia, que están dictaminando a favor y que están sometiendo a consideración de este pleno este dictamen, es trascender no sólo al lucro del combustible, sino ahora ir en contra de quienes atenten en contra de las instalaciones enfocadas a la producción petrolera y sus derivados, así vemos ahora que el proyecto reconoce sancionar a quienes sustraigan o alteren los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera.

De igual modo, en el proyecto sujeto a votación se ve plenamente el carácter proteccionista del Estado, que no atenta en este caso contra el régimen liberal ni de libertades, al asegurar que en caso de ser necesario tanto el Ministerio Público como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes intervendrán con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa afectada pase a la administración de aquellas dependencias que mencioné y así continuar prestando el servicio público y satisfaciendo así las necesidades de la población, viendo así el cumplimiento de las leyes y lo que en la doctrina administrativa se reconoce como incumplimiento de la función de protección a la sociedad.

Esperamos que el apoyo a este dictamen sea de gran mayoría, cuando puede repercutir en la adquisición de la propiedad por parte del Estado por la realización de conductas delincuenciales. Para ello, además de la regulación penal, debe intervenir el contexto administrativo, tal como se propone acertadamente en el artículo 13 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, cuando menciona que el Ministerio Público o el juez podrán asegurar un establecimiento mercantil relacionado con el robo de combustible y se le notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y, en su caso, continúe prestando el servicio.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por supuesto que apoyamos el presente dictamen, felicitamos de nuevo a los proponentes y a la Comisión de Justicia, y votaremos a favor del mismo. Gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Rubén Acosta Montoya.

Me doy oportunidad para saludar a invitados especiales del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, particularmente a don Dolores López Barrios, sea bienvenido, sean bienvenidos.

Le otorgo el uso de la palabra al diputado Alejandro Carbajal González para fijar la postura del PRD. Adelante, don Alejandro.

El diputado Alejandro Carbajal González:Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el dictamen en mención es de suma trascendencia, toda vez que a lo largo de ya varios años, varias décadas, nuestro Grupo Parlamentario, diversas personalidades del Partido, de la sociedad civil han hecho de manera permanente la denuncia de este tipo de actos ilícitos de los cuales ha sido víctima Petróleos Mexicanos.

Incluso recordemos algo que tendríamos que reconocer en el sexenio de Fox, de las muy pocas cosas que tendríamos que reconocer, es que en su momento el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Hertz Manero inició una batalla frontal contra el robo de hidrocarburos, contra las tomas clandestinas, pero por aquellos intereses que no sabemos a qué altura y a qué nivel están trastocando este tipo de prácticas, tristemente salió y desde ese entonces y mucho antes, se ha venido denunciando de manera pública esta práctica.

Afortunadamente con esta iniciativa que hoy en día nos tiene en esta sesión, se va a considerar este tipo de prácticas como delitos graves, para efecto de que se les pueda dar una penalidad efectiva a quien cometa este tipo de delitos. Es algo que debemos impulsar, es algo que debemos nosotros defender, porque no tan sólo se trata de una organización mínima, esto trastoca las finanzas a nivel nacional y repercute y refleja en el ámbito de todo el bienestar del país.

La pérdida y robo de hidrocarburos repercute en programas sociales, se dejan de instalar escuelas; hospitales; infraestructura en su conjunto; una serie de beneficios que deberían de bajar a raíz de estos recursos que dejan de ingresar.

Petróleos Mexicanos establece una cifra que dicen que sería mayor a 250 mil millones de dólares en un lapso de cinco de años que tiene el registro. Esto como podemos observar, evidentemente nos preocupa, pero ahora nos ocupa porque la delincuencia organizada al principio inició con el robo de lo que era la gasolina y el diésel; lo ha ido perfeccionando porque es cierto, ante el cerrarle frentes a la delincuencia organizada, diversificó su ámbito de acción y esto se refleja en el robo del propio crudo, en el gas licuado; circunstancias que incluso nos hace un cuestionamiento y que lo quiero dejar en la mesa y aquí en esta asamblea, para que también se pueda investigar al interior de Petróleos Mexicanos.

En los distintos gasoductos, oleoductos se establecen horarios para poder enviar este tipo de productos, información que solamente proviene del interior de Petróleos Mexicanos. También tendríamos que someter a una severa investigación y aplicar la justicia penal a todos los órdenes del interior de Petróleos Mexicanos, desde funcionarios, desde sindicato, desde trabajadores sindicalizados, todos los niveles. No podemos ni debemos permitir la impunidad, que ese es uno de los grandes problemas a los cuales nos hemos enfrentado.

Se han citado ya en esta tribuna diversos casos en los cuales el robo de hidrocarburos también ha sido una amenaza para el tema ambiental. Hemos sido testigos tristemente de los daños que se hace al medio ambiente, pero no tan solo a ello, sino también hemos tenido casos en donde seres humanos han muerto por la falta de tratamiento de este tipo de prácticas ilícitas.

Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que el Partido de la Revolución Democrática emitirá su voto a favor, pero no sin antes decir y hacer especial énfasis en que se revise el interior de Pemex. La delincuencia organizada no opera tan solo al exterior, hay redes de complicidad a todos los niveles.

Es necesario que se haga especial énfasis en esta parte, porque podremos tener marcos jurídicos eficaces y eficientes, pero si no se tiene la voluntad política de hacer una investigación a fondo, no va a servir de absolutamente nada. Así es que la intención es que haya una depuración de manera absoluta. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, don Alejandro Carbajal, por su intervención. Tiene el uso de la palabra la señora diputada Esther Quintana Salinas, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Esther Quintana Salinas:Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.

La diputada Esther Quintana Salinas: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, no deseo ser repetitiva en los señalamientos en torno a esta iniciativa ni en todas y cada una de las consideraciones expresadas de los beneficios que representa legislar sobre una realidad que daña la economía de este país, derivada del cáncer delincuencial que se extiende a pasos agigantados a lo largo y ancho de nuestro México.

Tengo que reconocer que en la sesión que tuvimos de la Comisión de Justicia hubo oportunidad, de quienes somos parte de ella, de sugerir, de expresar los cambios que debían atenderse, y lo digo con toda claridad, todas y cada una de las propuestas que hicimos nosotros de cambio, del Grupo Parlamentario del PAN, fueron atendidas.

Tuve la oportunidad de dialogar también con personas de Pemex, del jurídico, y tengo que decirlo, porque sería injusto que no se señalara, que sí tuvimos respuesta.

Y obviamente también por parte del proponente, de uno de los proponentes del diputado Héctor García García, dialogó con nosotros y no tuvo empacho en reconocer que la iniciativa, porque era perfectible, básicamente en asuntos de forma, hay alguno que otro de fondo, voy a referirme de manera específica a alguna de esas consideraciones que, repito, fueron atendidas.

Para empezar, el artículo 254 hacia, señalaba a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, en el ramo del petróleo, para vincularla con la reforma a este artículo, y tuvimos que señalar que esta ley había sido derogada. Se hicieron los cambios correspondientes en las páginas 14, 16, 17, 19 y 30 del dictamen, y se cambió de ley reglamentaria del artículo 27 a la Ley de Hidrocarburos. También, en el artículo 368 Quáter se hizo la misma consideración.

Algo muy importante, en el tipo penal solicitamos que se cambiara la fracción VI, y se atendió también, para penalizar a quien comercialice gasolinas o diésel que no contenga los marcadores o las especificaciones, porque también estaban ahí los transportistas. Dimos las razones por las que no debieran estar y fueron escuchadas, porque entonces iba a ser algo de terror.

También el término de trazador se cambió por marcador. Sugerimos también que se agregara como responsables, no nada más al franquicitario que ya estaba, pero también al asignatario y contratista, y también fue atendida.

Y refiriéndonos a la disolución y liquidación, nada más decía disolución de las sociedades. Se agregó también el tema de liquidación.

En pocas palabras pues, fueron atendidos nuestros cambios sugeridos y, obviamente, la iniciativa mejora de manera sustantiva.

Ya no abundo más y simplemente quiero decir que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de esta iniciativa presentada por los diputados Héctor García García y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Quintana Salinas. Le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Héctor García García para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, pero es además iniciante del proyecto de decreto contenido en el dictamen y que ahora se discute.

El diputado Héctor García García:Con su permiso, diputado presidente. Tomo la palabra para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con respecto al dictamen de la Comisión de Justicia que tiene como objetivo afrontar el terrible flagelo en el que se encuentra nuestra industria petrolera por el aumento exorbitante de las tomas clandestinas y la comercialización ilícita de combustibles.

En la pasada administración se originó un serio problema relativo al mercado ilícito. Esto a pesar de que se dotó de nuevas atribuciones a las comisiones nacionales de hidrocarburos y reguladora de energía, mismas que no fueron capaces de implementar las herramientas necesarias en materia de transporte, almacenamiento, distribución de combustibles que hicieran frente a la situación referida.

La reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, contrario a ello tiene como eje centrar el fortalecimiento de las instituciones para poder combatir las tomas clandestinas y la comercialización ilegal de combustibles, facultándolas para establecer el marco regulatorio que requiere el mercado y dotar a los entes reguladores con las herramientas necesarias para tal fin.

El robo de hidrocarburos es un problema de seguridad nacional que afecta las finanzas públicas, los ingresos de Petróleos Mexicanos e implica la evasión de impuestos que no son aplicados en beneficio de la población.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, el robo de oleoductos y gaseoductos de Pemex ha representado una pérdida anual de cerca de 15 mil millones de pesos en perjuicio de los mexicanos.

La problemática se ha incrementado en forma descomunal. En 2010 se presentaron 845 denuncias, en 2011 mil 570. En 2012, mil 949 y durante 2013 se presentaron 3 mil 267 denuncias y hasta el 30 de septiembre de 2014 se han presentado 3 mil 566.

Para septiembre de 2014 se tienen 383 personas procesadas por estos ilícitos y tan solo 21 sentenciados, lo que constituye un indicador de la realidad social, nos exige como legisladores ajustar los cuerpos que inhiban estas conductas antijurídicas.

No pasa desapercibido para ninguna persona la grave situación que estamos enfrentando frente al crimen organizado, que se ha abocado al robo y comercialización ilícita de forma persistente.

El presente dictamen es el instrumento jurídico que busca evitar que las organizaciones delictivas sigan desplegando esas conductas nocivas para el patrimonio de todos. Los gasotraficantes son miembros de sociedades criminales que forman los distintos cárteles del país y que han encontrado la manera de obtener recursos a través de la sustracción, almacenamiento, distribución, suministro y venta ilegal de los combustibles.

Ante esa problemática, resulta necesario reformar el marco legal para un adecuado combate de las conductas delictivas en materia del robo de hidrocarburos. Para ello se propone la creación de tipos penales que provean y sancionen el almacenamiento, transporte, suministro, distribución y comercialización ilícita de los hidrocarburos, catalogándolos como delitos graves y de delincuencia organizada; atacando el afincamiento que reciben los probables responsables para la comercialización ilícita de hidrocarburos.

Los beneficios esperados son la inhibición de estas conductas, acabar con la impunidad, evitar que se obtenga la libertad bajo caución de los delincuentes, proteger la vida y la integridad física de las comunidades y del medio ambiente; afectar el financiamiento de las organizaciones delictivas, alcanzar su desarticulación y en todo momento garantizar el abasto de combustibles en la población.

Éste es el momento de tomar decisiones, no podemos postergar las acciones para acabar con la red delictiva sobre el robo de hidrocarburos, que con su falta de escrúpulos daña el patrimonio de todos los mexicanos.

El Grupo Parlamentario del PRI votaremos en favor del presente dictamen por el bien de México y de los mexicanos. A nombre del diputado Marco Antonio Bernal y de un servidor, promovente de esta iniciativa, agradecemos de manera especial a todas y a todos los integrantes de la Comisión de Justicia por el excelente trabajo que realizaron en el presente dictamen. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Héctor García García. Felicidades, diputado Héctor García.

Tengo registrados con apoyo en el artículo 104, numeral 1, fracción V del reglamento, para la discusión en lo general a las señoras diputadas y a los señores diputados: en contra, Zuleyma Huidobro González, del Movimiento Ciudadano; al diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano. A favor, el señor diputado Luis Espinosa Cházaro, del PRD; al diputado Uriel Flores Aguayo y al señor diputado Jesús Valdés Palazuelos, del PRI.

Denme licencia, antes de otorgarle la palabra a la diputada Huidobro, de saludar a alumnos y alumnas de la primaria Tierra y Libertad, y de la primaria Nezahualcóyotl, del municipio de Naucalpan, del estado de México. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Los ha invitado la diputada Irazema González Martínez Olivares. Gracias por su visita.

Aprovecho también la oportunidad para saludar la presencia de alumnos del Instituto Juventud del estado de México, invitados por la diputada Rosalba Gualito Castañeda. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos. También a sus maestros, a sus maestras que les acompañan.

Ahora sí le otorgo el uso de la palabra a la diputada Zuleyma Huidobro González, para hablar en contra del dictamen. Adelante, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la voz, diputada. Adelante.

La diputada Zuleyma Huidobro González: En las últimas administraciones el robo de hidrocarburos se ha multiplicado exponencialmente como resultado de la creciente influencia de los grupos de delincuencia organizada asociada con la rampante corrupción e impunidad.

De 2008 a 2011 Pemex erogó alrededor de 105 millones de dólares en un sistema de seguridad para vigilar la red nacional de ductos, y 244 millones 905 mil pesos en servicios de patrullaje. Aun así, en 2011 la paraestatal reportó un incremento en el robo de hidrocarburos de 38 por ciento.

Estas tendencias se han mantenido y se estima que el volumen de los hurtos asciende a 800 mil barriles por semestre. Por ello la paraestatal ha estimado pérdidas por cinco mil millones de pesos por concepto de ordeña a los ductos.

El mercado ilícito de combustibles durante el 2013 presentó cifras alarmantes, pues se recuperaron ocho millones 391 mil 982 litros de hidrocarburos entre los que se encuentran combustóleo, crudo, diésel y gasolinas, entre otros.

En los últimos años, el mercado ilícito de combustibles se ha incrementado significativamente toda vez que en 2010 se presentaron 845 denuncias, en 2011 mil 570, en 2012 mil 949 y durante 2013 se presentaron tres mil 267 denuncias.

Ha sido de tal magnitud el problema que desde la dimensión legislativa se ha tratado de desincentivar dicha conducta antisocial. Recientemente se introdujeron reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para incluir la conducta típica descrita en la fracción IV del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, dentro del catálogo de delitos contemplados en el artículo 2o. de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, el cual ahora otra vez estamos reformando.

Ahora se adiciona solicitando que al que almacene, transporte, oculte, enajene, suministre o distribuya petróleo crudo e hidrocarburos refinados, se le impondrán sanciones que también se enlistan. Ahí es donde estamos en contra porque se puede decir que ahora este robo ya se va a calificar como terrorismo, como un delito grave.

Y quiero mencionar también aquí la parte que dijo el diputado Alfonso Durazo en la mañana. El país se está cayendo a pedazos y nosotros nos estamos preocupando por otras cosas.

En realidad lo que les interesa allá afuera a los ciudadanos, es que la gasolina no siga subiendo, obviamente. Eso es lo que les interesa, no que se siga grabando como terrorismo a quienes por una necesidad tal vez, puedan estar robando esos ductos o ese combustible. De eso se deberían ustedes de estar preocupando, por estar vigilando lo que les interés a los ciudadanos.

El precio de la gasolina es lo que importa y esperemos que baja, no que siga aumentando. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro González. Para hablar en pro tiene el uso de la palabra el diputado Luis Espinosa Cházaro, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro:Con su venia, diputado presidente. Suscribí la iniciativa porque si bien es cierto que es perfectible y quedan todavía rubros pendientes, es igual de cierto que es un avance en el sentido de elevar las penas por el robo.

Se planteó aquí hace un momento la posibilidad de la necesidad, hay que aclarar que el artículo queda claramente establecido de que es a quien robe 2 mil litros o más. Y esto significa, como ya se ha dicho, un gasto para el erario público de entre 15 y 20 mil millones de pesos, que son recursos de todas y todos los mexicanos; no puede seguir la autoridad, en este caso el gobierno federal, pasivo frente a un robo descarado que se ha vuelto ya un deporte, una costumbre, que parece volverse normal.

Hay tramos en los que hay toma clandestina sobre toma clandestina y por lo tanto el aumentar las penas era indispensable y necesario, porque además de ello se ha convertido ahora en una situación que no sólo impacta en la parte económica del gobierno federal, de las finanzas públicas, sino que comienza a impactar cada vez con más frecuencia, a los ecosistemas, los daños a los ríos, lo vimos en Nuevo León en días anteriores y por lo tanto hay que parar.

Aquí lo que valdría la pena es llamar la atención a una coordinación entre la PGR, el Ejército; Pemex tiene que poner mucha más atención. Se ha hablado ya de la posibilidad de adquirir equipos que inmediatamente pudieran dar a conocer cuando comiencen a sustraerse los combustibles por parte de los ductos, y no se ha hecho.

Entonces aquí el llamado es a que haya una implementación de la misma porque elevar las penas, si sigue sin capturarse a los probables responsables, no servirá de nada.

Cabe también puntualizar que en la parte que tiene que ver con las franquicias, éstas se retirarán a quien esté comerciando con combustible. Valdría la pena que Pemex hiciera una auditoría de quién ha cambiado sus hábitos de consumo por parte de la paraestatal para efecto de poder determinar quién puede estar vendiendo los mismos volúmenes, sin consumir los mismos a Pemex y por lo tanto estar comercializando esta parte que tiene que ver con combustibles robados.

Concluyo diciendo que la coordinación entre la PGR con estas nuevas modalidades de penas con Pemex dándole información de inmediato está bien, pero la operatividad del mismo vía el ejército, vía la policía federal es lo que resulta indispensable para que pueda frenarse e inhibirse el robo de los combustibles. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Espinosa Cházaro.

Saludamos la presencia de niños, de niñas de las escuelas primarias Reforma y Heriberto Henríquez, del municipio de Naucalpan del estado de México, invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares aquí presente. Gracias también a los maestros, a las maestras que les acompañan.

Para hablar en contra le otorgo el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, Presidente. Sobre el articulado ya el diputado Monreal y la diputada Huidobro han hecho algunas referencias, pero yo me quiero referir al contexto de esta reforma.

Nos parece que para un problema tan grave, donde está involucrado el crimen organizado, el narcotráfico, personal de Petróleos Mexicanos es una solución menor que no va a la raíz del problema.

Ana Lilia Pérez, esta excelente periodista, ha documentado en el libro El Cartel Negro, toda la serie de ramificaciones que tiene la delincuencia organizada y cómo, desde el interior de la empresa, se ha generado toda esta industria delictiva a través del robo y la comercialización ilícita de combustibles.

Nos parece que esta ley no refleja toda la dimensión del problema y que considera que sólo con la elevación de penas, con homologar este tipo de delitos, con el terrorismo, se va a resolver un problema gravísimo en el país.

Por otro lado, bien lo decía la diputada Huidobro, se combate el robo de gasolina, pero se aplican los gasolinazos. Es un robo institucional donde también el afectado sigue siendo el pueblo de México.

Nosotros durante las discusiones de la reforma energética en varias ocasiones comentamos con el director de Pemex sobre la tolerancia al robo de combustible. Nos parece que si hubiera voluntad política del gobierno, ya hubiera habido otro tipo de medidas para prevenirlo y, sobre todo para castigar a los responsables.

Y con total desparpajo, el director de Pemex decía: yo no soy ministerio público. Y hoy, esta ley menor frente a la dimensión del problema nos parece que sólo quiere lavarle la cara a Pemex frente a toda esta industria criminal que ha sido auspiciada desde dentro.

También queremos señalar que este tema de la corrupción requiere una solución integral. No sólo es el combatir la ordeña de ductos, sino también que se corrija la ordeña y el saqueo que hay en esta empresa y, sobre todo, el saqueo de los recursos energéticos y la gran corrupción.

Nos parece, además, un acto de gran hipocresía hacer estas regulaciones cuando se siguen cometiendo crímenes ecológicos como el fracking, donde tuvimos que retirar varios legisladores nuestra iniciativa de ley general antifracking para que no precluyera, y aquí –como lo dijo el diputado Monreal– vía fast track con la bendición presidencial, se dictamina esta iniciativa.

¿Por qué no se ha legislado la ley general antifracking? Por qué ahí están los intereses. Ahí está la corrupción, ahí están los negocios, y ahí no quieren ni moverle una coma a la legislación medioambiental del país, y hoy salen con esto mientras vemos que a Oceanografía le están restringiendo un problema de particulares.

¿Y dónde están los funcionarios como Mario Ávila? ¿Los funcionarios como Carlos Morales, como Sergio Aceves, como Suárez Coppel, como todos los corruptos que auspiciaron estas empresas? No pasa nada, todo es –concluyo– es un asunto de particulares y sanseacabó, un pacto de impunidad.

Por cierto, no ha cumplido con comparecer el director del SAE, Héctor Orozco, frente a la invitación, a la convocatoria de la Comisión de Investigación de Pemex. Ahí está la corrupción, y ahí no se quiere meter mano y nosotros vamos a insistir.

Tampoco se hace nada con los grandes negocios, como la extraña adjudicación del tren México-Querétaro a un cuñado de Carlos Salinas de Gortari, una obra de más de 50 mil millones de pesos.

Ya no les gustó, ya piden tiempo, pero ésa es la corrupción, esos son los verdaderos negocios. Mientras el país se desangra, Peña Nieto y sus cómplices en los negocios, en el aeropuerto, en el tren México-Querétaro, que está Salinas de Gortari y que está el principal constructor del gobierno mexiquense, Hinojosa, esos son los negocios, lo demás es hipocresía y no vamos a convalidarlo. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Para hablar en pro del dictamen, es el dictamen relativo a robo de combustibles y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de La Federación y de la Ley Federal en materia de Extinción de Dominio, tiene el uso de la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en pro. Adelante, señor diputado.

El diputado Uriel Flores Aguayo:Con su permiso, diputado presidente. Creo que se formula un dictamen en sentido correcto, es difícil estar en contra de lo que aquí se está disponiendo. La legislación tiene que evolucionar y tiene que irse emparejando de acuerdo a las nuevas condiciones sociales de nuestro país.

Y en particular a mí me interesa mucho como veracruzano el fenómeno del robo, del saqueo a los ductos de Pemex que han generado daños ecológicos, que han provocado siniestros, que han puesto en alto riesgo y han afectado gravemente a las comunidades veracruzanas, estamos ahorita precisamente en una situación de crisis en la zona de Poza Rica y Cazones por una fuga derivada del robo, de la horadación de los ductos.

Pero no podemos dejar pasar la oportunidad para decir que la sola ley no resuelve, eso es de obviedad, siendo correcta pues habrá que respaldarla, pero hay que hacer un llamado al gobierno federal. La crisis nacional que vivimos y que está a la vista, tiene un componente muy singular en el robo a Pemex, en el saqueo de los ductos, es muy complejo y es abrumador; miles de ductos, de tomas clandestinas, funcionamiento paralelo.

Ha sido en verdad de llamar la atención lo que han publicado algunos medios recientemente, que han encontrado empresas, docenas de pipas, empresas distribuidoras. Si esto no es una crisis de Estado, si esto no es una forma de Estado fallido, no hay otra manera de entender la realidad. Por eso se tienen que hacer el exhorto, aprobando esto la vez se tiene que hacer el llamado enérgico, el ultimátum al gobierno federal para que refuerce sus aparatos de seguridad, para que diseñe las estrategias adecuadas que permitan que se detenga esto.

Sí la ley para inhibir, sí la ley para sancionar, pero aún con las leyes más duras, si el Estado no es capaz de dar seguridad a las instalaciones petroleras de México, la ley será simplemente una buena intención, pero por supuesto que en nuestro caso votaremos a favor de este dictamen. Es todo, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Uriel Flores Aguayo. Oportunamente se registró también el señor diputado Ricardo Monreal Ávila, para hablar en contra del dictamen, y tiene la palabra para ese fin.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, lo que están a punto de aprobar es muy grave, se los digo con toda honestidad. Como abogado, como un hombre formado en las leyes, les quiero decir que están cometiendo un error.

Es una ley severa, draconiana, que no va al fondo del problema. Es más, voy más allá, esta ley que pretenden aprobar, este dictamen, es la continuación de la reforma privatizadora del petróleo, de la energía, del gas.

Ustedes están –si lo aprueban– limpiando la ruta para las trasnacionales petroleras, que no quieren ninguna incomodidad. Son leyes que contemporizan con los extranjeros para cuidar el patrimonio futuro de ellos, que son los que se van a quedar con la renta petrolera, con el petróleo, con el gas, con la energía.

Si nosotros votamos en contra de la reforma energética, obviamente los que votamos en contra tenemos que votar en contra de esta propuesta. Son leyes absurdas, draconianas, porque miren, criminalizar al franquicitario, al permisionario es un error. Si hay delincuencia organizada no es culpa del franquicitario, no es culpa del permisionario, es culpa del Estado que no ha podido combatir con eficacia la delincuencia organizada.

Ahora establecen el delito de terrorismo para los franquicitarios, que acepten combustible o gasolina que provenga del robo. ¿Cómo va a saber el franquicitario?

Miren, en este momento hay personas procesadas, dueños o presidentes de los consejos de administración de sociedades mercantiles que están procesados sin saber que en su gasolinera se expendía combustible robado.

¿Saben cómo llegan los integrantes de los grupos del crimen organizado? Llegan con una pistola o con un rifle de alto poder y les dicen a los despachadores: descarga este camión, mañana regreso por el importe. Y esa razón va a ser suficiente para que sometas a proceso penal al franquicitario, pero no sólo, sino que embargues o asegures la gasolinera, liquides la sociedad mercantil y generes una privación del patrimonio y de la libertad para los socios, porque son sociedades mercantiles. ¿No les parece un exceso?

No puedo avalar una ley así. Por eso, ciudadano presidente, este robo de combustible, este tipo penal que ahora se eleva a delito grave y a terrorismo, no se va a resolver de esa manera, criminalizando a los permisionarios o franquicitarios. Es más, el PRI es el más perjudicado y el PAN, porque son los que tienen más amigos franquicitarios y permisionarios de gasolinas.

Presidente, muchas gracias. Es muy grave, a mí me gustaría hacer un debate más profundo sobre este dictamen, no es posible, no se puede, pero así como lo he cuestionado en su conducción, hoy le reconozco su apertura. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Monreal Ávila. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Valadez Palazuelos, y concluiríamos de este modo la discusión en lo general. Adelante, diputado. Don Jesús Valdés, rectifico, amigo diputado, adelante.

El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos:Gracias a la Presidencia. Con su venia de mis amigos y amigas diputadas y diputados federales. Ante las presiones que la estrategia de combate al fenómeno delictivo emprendido por el Ejecutivo federal, las organizaciones delincuenciales han diversificado su margen de acción, recurriendo en su búsqueda de recursos mal habidos a la ordeña de ductos y al robo de petróleo y sus derivados.

El robo de hidrocarburos ha ido constituyéndose cada vez más en una situación de riesgo, tanto para el patrimonio de todos los mexicanos, así como para la seguridad nacional.

En este sentido, es que en el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos con la comisión dictaminadora sobre la relevancia y la necesidad de que se actualice el marco legal vigente para que apliquen sanciones más severas a este delito cada vez más complejo.

Los robos de combustible representan pérdidas para la nación de entre 14 mil y 15 mil millones de pesos al año, cifra que se estimaba, en la Secretaría de Energía, en pérdidas por un total de 4 mil 700 millones de dólares, en el periodo comprendido del 2008 al 2013.

Tanto las autoridades judiciales como los representantes de Petróleos Mexicanos han actuado de manera eficiente, correcta, con más vigilancia y clausurando las tomas clandestinas detectadas, también se actúa en la empresa paraestatal de forma correctiva, es decir, cuando el delito se ha consumado, y sin embargo la actual configuración de las normas aplicables al combate de esta situación no le son favorables a este sector ni logran abatir la impunidad asociada a este tipo de ilícitos.

En el ordenamiento jurídico que se pretende modificar se aborda el fenómeno de la sustracción, transporte, venta y comercialización ilícita de hidrocarburos, como debe de ser, desde los diversos frentes, desde la tipificación como grave del propio delito, la consideración de tal como delincuencia organizada, el combate frontal a éste y como forma de financiamiento y, sobre todo, la extinción de dominio de los medios empleados para llevarlo a cabo y blanquear los capitales asociados.

Se traduce todo esto en el combate integral y frontal a la sustracción ilegal del petróleo y sus derivados, ya que el robo de combustible que enfrenta Pemex, empresa productiva del Estado, pone en riesgo la vida de personas y afecta el patrimonio de nuestra institución.

Es necesario que el sector energético nacional proteja y se garantice su normal desarrollo, por lo que nos sumamos al llamado que este dictamen nos ocupa y que se ha trabajado con tanta intensidad tanto por legisladores y fuerzas políticas, acompañándolo tanto con elementos de información, traduciéndose en nuevas disposiciones eficaces, oportunas y nuevas disposiciones para que el Estado cuente con los nuevos elementos que requiere para acompañar a Pemex en el combate del robo de combustibles, así como la impunidad en su alrededor para afrontarlas, resolverlas, pero sobre todo, que sea de manera contundente para que el Ministerio Público esté dotado ante la autoridad jurídica de nuevas herramientas, y a fin de que se pueda investigar, perseguir, sancionar respectivamente con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia.

Compañeros diputados, la reforma energética ha sido un paso en la dirección correcta para impulsar la economía mexicana y maximizar el aprovechamiento de los recursos de la nación.

No permitamos que los delincuentes menoscaben el patrimonio de la ciudadanía y acompañar a este presente dictamen es un imperativo moral para que aquellos que creemos en la protección de la riqueza de nuestro subsuelo y el combate a la delincuencia en todas sus formas. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Valdés Palazuelos.

Esta Presidencia informa que con apoyo en el artículo 109 del Reglamento, el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara ha reservado para la discusión dos artículos. Uno es el 368 Quáter, fracción I del Código Penal Federal, y el artículo 2, fracciones I y XXIX de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Entre tanto, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación del dictamen en los artículos no reservados en lo general y en lo particular. Adelante, ciudadano secretario.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Saludamos la presencia de alumnos y alumnas de la Universidad de la Escuela Libre de Derecho del estado de Puebla. Han sido invitados por el señor diputado Julio César Lorenzini Rangel. Bienvenidos. Gracias por su visita. Con afecto se los decimos, gracias. Pido a la Secretaría cierre el sistema de votación electrónico.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? De viva voz, señores diputados.

E l diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 366 votos a favor, 17 votos en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario. Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 366 votos.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos, reitero: 368 Quáter, fracción I del Código Penal Federal; 2o, fracción I y 29 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Con el tiempo prudente, señor diputado. Adelante. Por cinco minutos, con la tolerancia pertinente.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Sí, son dos, tres artículos.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado Huerta Ladrón de Guevara.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:En estos días los medios de comunicación han dado cuenta del intento por construir un nuevo pacto nacional por la seguridad. Dicen en mi pueblo que ésos son llamados a misa.

Miren, diputados y diputadas un Estado fallido busca una legitimidad imposible con la pretensión de un nuevo pacto por la seguridad, olvidando con ello el principio de legalidad que debe observar, que no es otra cosa que cumplir con la ley.

En México la violación de la ley es recurrente, no solo por los delincuentes sino por el aparato gubernamental en sus tres niveles de gobierno. En esa delincuencia esta Cámara de Diputados se hace cómplice al presentar leyes inacabadas que permiten la impunidad.

No repetiré la gravedad del delito y el daño que ocasiona al patrimonio de la nación, mismo que ratifico y subrayo para llamar su atención lo que, como es costumbre, no se admitirá a discusión alguna a lo consensuado por las cúpulas partidistas.

Las disposiciones penales que se propone reformar -368 del Código Penal Federal; 29 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada-, atendiendo al ius puniendi, esto es al monopolio de sanción que tiene el Estado y al contenido de los tipos penales que se proponen en este decreto, tienen un alcance limitado al determinar las conductas de los operadores del robo de hidrocarburos y a los responsables de su ilegal comercialización.

Las propuestas atienden en forma exclusiva al sujeto que posea, resguarde, almacene, transporte, oculte, enajene, suministre o distribuya de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados y sus derivados atendiendo al contenido esencial del principio de legalidad que en materia penal radiquen que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley que se expresa mediante el aforismo nullum crimen nulla poena sine lege.

Para perfeccionar el tipo penal del robo de hidrocarburos se propone adicionar en los artículos reservados –escúchenlo bien por favor- la responsabilidad de quien adquiera bajo cualquier modalidad, precisión que ayudará a perseguir a quien planifique o administre el robo de hidrocarburos.

Con la reforma energética que han impulsado los amigos del pacto –ustedes ya saben quiénes son- PRI, PAN, PRD- no sólo se debe tipificar el robo que ordinariamente hace la delincuencia organizada a través del robo que se hace a ductos de la industria petrolera, debe sancionarse también el robo que se hace y se hará a través de la simulación, el robo disfrazado de legal.

Recuerden que la reforma en materia de hidrocarburos, la Secretaria de Energía adjudicará áreas en exploración y campos que están en producción, que están en capacidad de operar a través de asignaciones. En esta operación existe la posibilidad del robo, ese robo disfrazado de legal, como sucede actualmente con la elusión fiscal de las grandes empresas de este país. Y obviamente esto ni por asomo aparece en esta ley.

Debe entenderse que en el robo de hidrocarburos no sólo se encuentran los sujetos que operan la ilegal extracción, almacenamiento, distribución y comercialización, también se implica a funcionarios de la empresa o funcionarios de la Secretaría de Energía, quienes conocen los ductos, los sistemas de seguridad y los monitoreos de su distribución, entre otras cosas.

Hace falta perfeccionar el tipo penal. Entiendo las prisas para asegurar a los nuevos propietarios la adquisición de los bienes nacionales en hidrocarburos. Les gana la prisa.

Esta reforma lo afirmo, no frena la delincuencia organizada en el robo de hidrocarburos, repito, esta ley no va a frenar a la delincuencia organizada en el robo de hidrocarburos. El robo seguirá.

El Pacto por la Seguridad será insuficientes mientras los operadores de la legalidad en este país, sean parte de esa delincuencia, la de cuello blanco, la infiltrada en los sistemas de representación, en el sistema financiero, y en los gobiernos federal, estatal y municipal.

Por eso –concluyo, presidente- insisto en que los chupacabras, porque así se les dice allá en Veracruz a los delincuentes que hacen esta práctica, van a seguir existiendo, y van a seguir existiendo por esta razón de Estado con la cual ustedes legislan y que no escuchan a la población.

Miren, el que convoca el dicho Pacto por la Seguridad, ya está muy desprestigiado, ya ayer en muchas plazas públicas se oía el grito “que renuncie”, “que se vaya”, “por favor ya hágannoslo sencillo”, “ya no martiricen más al pueblo de México”.

Como sé que eso no lo van a hacer, como no van a aprobar esta propuesta que realmente implicaría que paráramos este tipo de delitos, porque yo insisto, ustedes aquí están para hacerle el juego a estos intereses de los delincuentes. Son parte de este Estado que está siendo responsable de lo que ocurre en este país.

Ojalá me equivocara y ojalá este grito que ya lo anuncio que van a decir “no”, se convirtiera en un “sí”; pero evidentemente, sobre todo el PRI, el PAN y los que los siguen, seguirán aliados con los delincuentes. Es cuanto, presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Honorable Cámara de Diputados.

Diputados secretarios de la Mesa Directiva.— Presentes.

Manuel Huerta Ladrón de Guevara, diputado federal en la LXII Legislatura en esta Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de este Honorable órgano Legislativo, presento reservas al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en los términos siguientes:

Primera.Reserva a la fracción I, del artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, del artículo 1o. del decreto que se discute, para quedar como sigue:

Artículo 368 Quáter.

I. Posea, resguarde, almacene, transporte, oculte, enajene, suministre o distribuya de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados cuando:

Artículo 368 Quáter.

I. Adquiera bajo cualquier modalidad, posea, resguarde, almacene, transporte, oculte, enajene, suministre o distribuya de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados cuando:

Segunda.Reserva de la fracción I, del artículo 2o.  de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contemplado en el artículo 5o. del decreto en cuestión, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;  contra la salud previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; la posesión, resguardo, almacenamiento, transporte, ocultamiento, enajenación, suministro o distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados prevista en el inciso d) de la fracción I y el previsto en la fracción IV ambas del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

Artículo 2o. ...

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;  contra la salud previsto en los artículos 194 y 195, párrafo primero; falsificación o alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237; la adquisición bajo cualquier modalidad, la posesión, resguardo, almacenamiento, transporte, ocultamiento, enajenación, suministro o distribución ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados prevista en el inciso d) de la fracción I y el previsto en la fracción IV ambas del artículo 368 Quáter en materia de hidrocarburos; operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 Bis; y el previsto en el artículo 424 Bis, todos del Código Penal Federal;

Tercera.Reserva del párrafo segundo del artículo 29 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, contemplado en el artículo quinto del decreto en cuestión, para quedar como sigue:

Artículo 29. ...

Tratándose de franquiciatarios, permisionarios, distribuidores, asignatarios o contratistas que con motivo de sus funciones comerciales posean o resguarden petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de origen ilícito, deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión del hecho delictivo.

Artículo 29. ...

Tratándose de franquiciatarios, permisionarios, distribuidores, asignatarios o contratistas que con motivo de sus funciones comerciales adquieran bajo cualquier modalidad, posean o resguarden petróleo crudo o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de origen ilícito, deberá comprobarse su participación fehaciente en la comisión del hecho delictivo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2014.— Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica, si se acepta la modificación a los artículos que hemos precisado y que ha presentado el propio diputado Huerta.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha.

Ahora la pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos 368 Quáter, fracción I del Código Penal Federal, 2o, fracción I y 29 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en los términos del dictamen.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos enunciados por la Presidencia de esta Mesa Directiva, en los términos del dictamen.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre la Secretaría el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado secretario, tome la votación de viva voz de los señores diputados.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De viva voz:

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Esquivel Zalpa (desde la curul): A favor.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar (desde la curul): A favor.

La diputada Crystal Tovar Aragón (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente. Le comento que se emitieron 336 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretario. Aprobados los artículos 368 quáter, fracción I del Código Penal Federal; 2o, fracción I y 29 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en los términos del dictamen por 336 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de empleo de menores

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, presentadas por la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los Diputados Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez; Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Gutiérrez de la Garza, Claudia Delgadillo González y José Everardo Nava Gómez, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1 y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, fracción II, 157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 167 numeral 4 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

METODOLOGÍA

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción de cada una de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre las que versan, siendo para el caso concreto de las cinco iniciativas objeto de estudio, la edad mínima para trabajar de los menores de edad.

En el apartado de “Análisis de las Iniciativas”, se examina el contenido sustancial de las propuestas legislativas, los argumentos en que se sustentan y se determina el sentido y su alcance de cada una de ellas.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de las iniciativas mediante la evaluación de los argumentos planteados en las exposiciones de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con fecha 11 de junio de 2014, la diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo.

2. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número CP2R2A.-850, acordó se turnara a esta Comisión, para su análisis y dictaminación correspondiente, asignándole el expediente número 4656.

3.En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 11 de junio de 2014, el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

4.La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número CP2R2A.-872, acordó se turnara a esta Comisión, para su análisis y dictaminación correspondiente, asignándole el expediente número 4666.

5. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con fecha 03 de julio de 2014, el Diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo.

6.La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número CP2R2A.-1569, acordó se turnara a esta Comisión, para su análisis y dictaminación correspondiente, asignándole el expediente número 4713.

7. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con fecha 7 de julio de 2014, el Diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

8. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número CP2R2A.-1790, acordó se turnara a esta Comisión, para su análisis y dictaminación correspondiente, asignándole el expediente número 6552.

9. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 23 de septiembre de 2014, los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Gutiérrez de la Garza y Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentaron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

10. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número D.G.L.P. 62-II-4-1708, acordó se turnara a esta Comisión, para su análisis y dictaminación correspondiente, asignándole el expediente número 4990.

11. Asimismo, mediante oficios D.G.P.L. 62-II-6-1573, D.G.P.L. 62-II-3-1786, D.G.P.L. 62-II-2-1537 y D.G.P.L. 62-II-2-1538, la Mesa Directiva autorizó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social prórroga por 90 días, para la dictaminación de los asuntos materia de estudio del presente dictamen.

II. ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

1. La iniciativa presentada por la Diputada Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, plantea el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DEL TRABAJO DE LOS MENORES.

Artículo Único. Se reforman los artículos 5°., 22, 22 Bis, 23, 174, 175, últimos párrafos, primer párrafo del Apartado A del artículo 176, 362, 988; Se adiciona un segundo párrafo al artículo 331; Se deroga el artículo 175 Bis, todos de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para niños menores de quince años;

II. a XIII. ...

...

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. El Estado elevará progresivamente la edad mínima de admisión al trabajo, antes referida, a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores de edad.

Artículo 22 Bis. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta ley.

En caso de que el menor de edad no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias.

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor de edad, por consanguinidad, ascendientes o colaterales, hasta el segundo grado.

Artículo 23. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del trabajo o de la autoridad política.

...

Titulo Quinto Bis

Trabajo de los Menores

Artículo 174. Los mayores de quince y menores de dieciséis años, independientemente de contar con la autorización de ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores

I. a IV. ...

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta ley.

Artículo 175 Bis. (Se deroga)

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quince a dieciséis años de edad, los que impliquen:

I. a VII. ...

B....

Artículo 331...

Sólo las personas mayores de dieciocho años podrán ser contratadas para el trabajo doméstico. Por lo que queda prohibido el trabajo de los menores de edad.

Artículo 362. Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quince años.

Artículo 988. Los trabajadores mayores de quinceaños, pero menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las personas menores de 18 años pero mayores de 14 años que actualmente prestan sus servicios como trabajadores domésticos, podrán continuar prestando sus servicios, bajo una vigilancia especial de la inspección del trabajo y en respeto a los derechos de los menores previstos en esta ley.

2. En su exposición de motivos, la iniciativa presentada por la Diputada Verónica Juárez Piña, de referencia plantea lo siguiente:

a) El trabajo infantil es una forma de explotación y violación sistemática de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes requieren de igualdad de oportunidades para su pleno desarrollo, alejados de prácticas que dañen su integridad física y mental.

El trabajo infantil es un fenómeno cuya complejidad se deriva del tejido de relaciones con elementos económicos, sociales, históricos y culturales. Su sello es la pobreza, la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades que sufren ciertos grupos de la población en México y en el mundo, en particular, las niñas y niños a quienes se priva de parte de su infancia.

b) La proponente inicia aludiendo que actualmente, por lo menos 3.6 millones de niñas y niños en México, trabajan para contribuir a los gastos de su familia, en general para subsistir. Esto pone en evidencia que, como señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la solución más segura para acabar con el trabajo infantil, es crear trabajos dignos para sus progenitores.

Así pues, la dolorosa realidad, muestra que millones de menores de edad tienen que trabajar para sobrevivir sacrificando por este motivo sus derechos al juego, al estudio y hasta la vida, y muchos inclusive son forzados a realizar las peores formas de trabajo infantil.

El trabajo de los niños en este marco de injusticia es una de las caras más inadmisibles de la violencia hacia los menores de edad, sobre todo porque se les niega la oportunidad de ser felices y de disfrutar de los derechos que a su edad corresponde.

c) Ahora bien, en el caso de México, datos del INEGI muestran que en 2011 había poblacionalmente, y 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años, y entre ellos aproximadamente 3.6 millones de niños menores de 14 años que trabajan, como antes se señaló, predominantemente lo hacen en graves condiciones de explotación e incluso esclavitud, esto especialmente en las labores del campo. Lo que significa que la mayoría de estos niños carecen de seguridad social, salario mínimo, vacaciones, aguinaldo y demás condiciones laborales mínimas.

Por otro lado, el tercer informe global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado “Intensificar la lucha contra el trabajo infantil” menciona que en 2008, había 215 millones de niñas y niños trabajadores en el mundo, más de la mitad (115 millones) se encontraban expuestos a las peores formas de trabajo infantil como son: el trabajo en ambientes peligrosos, la esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución, así como su participación involuntaria en los conflictos armados.

d) Por otro lado la proponente argumenta que partiendo de que México es uno de los países que ha ratificado el Convenio 182 de la OIT sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, en su artículo 32 se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que sea nocivo para su salud, educación o desarrollo; y establece la obligación de los Estados parte de adoptar medidas legislativas y administrativas para garantizar la aplicación de este artículo.

e) Así mismo alude que puede ser un gran avance modificar el marco jurídico para empatarla con la edad mínima de 15 años que propugna el Convenio número 138 de la OIT que deviene del año de 1973, pues ya no sólo la sociedad sino la biología ha cambiado, en el sentido de que siendo más largo el promedio de vida, el concepto de niñez debe modificarse como antes se ha mencionado.

Así también, en este aspecto el derecho deberá evolucionar, de manera que una persona sólo se conceptuará como niña o niño para efectos de su formación y tutela en vista de su desarrollo, pero no necesariamente para el ejercicio de sus derechos. Es decir, la edad para la tutela de los menores de edad deberá aumentar, pero la edad para el ejercicio de sus derechos debe ir disminuyendo.

f) Ahora bien, la OIT señala: “En el mundo, un gran número de niños están involucrados en trabajo doméstico remunerado o no remunerado en el hogar de un tercero o empleador. Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación. El trabajo que realizan a menudo está oculto a los ojos del público, ya que estos niños puede que se encuentren aislados o trabajen muy lejos del hogar familiar. Las historias de abuso de las y los niños involucrados en trabajo doméstico son muy comunes”.

g) Por otro lado, destaca en esta iniciativa la reforma del capítulo del trabajo doméstico en materia de la edad requerida para su desempeño. Miles de niñas y niños en nuestro país, sufren con especial agudeza las injusticias que se generan en el servicio doméstico, poniéndose en riesgo su salud, su seguridad, su moralidad, en general su desarrollo. En virtud de lo cual se debe prohibir y erradicar con todos los medios sociales, políticos y económicos a nuestro alcance el trabajo doméstico de las niñas y niños.

Es decir, debe conceptuarse como una de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, si a la entrada en vigor de este Decreto, un patrón hace ya uso de la fuerza de trabajo de los mayores de 14 años y menores de 18 años, deberá cumplir puntualmente sus obligaciones laborales ordenadas en la Ley Federal del Trabajo para la prestación de los servicios de los niños, para lo que será decisivo la tutela de la inspección del trabajo.

h) La iniciadora concluye añadiendo que la iniciativa busca estar acorde con la recién aprobada -04 de junio de 2014- declaratoria de validez oficial de la reforma al Apartado A del artículo 123 Constitucional para incrementar la edad laboral de los menores de 14 a 15 años, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

3.La segunda iniciativa presentada por el Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, plantea el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; EN MATERIA DEL TRABAJO DE LOS MENORES.

Primero. Se reforman los artículos 5o., fracción I; 22; 22 Bis, párrafo primero; 23, párrafo primero; 174; 175 Bis, párrafo primero, inciso C; 176, inciso A; 362 y 988 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para niños menores de quince años;

II. a XIII. ...

...

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 22 Bis. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta ley.

...

...

Artículo 23. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política.

...

Artículo 174. Los mayores de quincey menores de dieciséis años, independientemente de contar con la autorización de ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a) a b)...

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quincey menor de dieciséis años.

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quince a dieciséis años de edad, aquellos que impliquen:

I. a VII. ...

B...

I. a V....

Artículo 362. Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quinceaños.

Artículo 988. Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 35. Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta ley, se reitera la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de 15 años bajo cualquier circunstancia.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

4.En su exposición de motivos, la iniciativa del Diputado Omar Antonio Borboa Becerra, plantea lo siguiente:

a) El iniciador señala que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a las niñas y los niños que trabajan como aquellos que lo hacen por debajo de la edad mínima legal para trabajar o porque aun habiendo alcanzado esa edad, realizan actividades que suponen una amenaza para la salud, la seguridad o el desarrollo moral, y se encuentran en condiciones de trabajo forzoso”.

b) Cita datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el sentido de resaltar la importancia del trabajo que desarrolla ese sector de la población en nuestro país, al señalar que, al primer trimestre de 2013, en los cuales niñas y niños menores de 15 años que están ocupados en alguna actividad laboral. Además, para concretar su estudio estadístico, menciona datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los cuales corresponden a fines del mes de marzo de 2013, donde al menos 204 mil 238 niñas y niños menores de 15 años estaban ocupados en alguna actividad laboral, entre los cuales el 47.2 por ciento no recibe ningún ingreso; 34.6 por ciento percibe menos de un salario mínimo al día, es decir, menos de 62 pesos diarios; 13.8 por ciento logra obtener entre uno y dos salarios mínimos diarios, esto es, entre 62 y 124 pesos; mientras que únicamente 2.8 por ciento del total logra superar la barrera de los tres salarios mínimos al día.

El proponente menciona que éstas son cifras preliminares, pero eso no quita que, en términos estructurales, las condiciones y magnitud del trabajo infantil no se hayan modificado en los últimos dos años, lo anterior se demuestra si se comparan estas cifras con las que se obtuvieron en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en su Módulo Especial sobre el Trabajo Infantil, levantado en el año 2011 y que, el iniciador no menciona en su iniciativa.

En su iniciativa, el legislador en cita señala, con base en datos oficiales, 10 entidades del país concentran dos terceras partes del total de niñas y niños menores de 15 años, que al cierre de marzo de 2013, trabajaban, mencionando las siguientes cifras: Chiapas: 19 mil 848 menores de edad; Guerrero: 18 mil 400; Puebla: 17 mil 41; Guanajuato: 16 mil 915; Michoacán: 16 mil 39, y Jalisco: 15 mil 139.

Para demostrar el estado de indefensión en que se encuentran los menores de edad que trabajan, el INEGI, tomando como referencia datos correspondientes a los delitos del fuero común, únicamente han sido procesados 372 casos entre los años 2009 y 2011, por los delitos de Explotación Laboral, Explotación Sexual y Exposición de Menores e Incapaces. En este sentido, refiere que, si cada año se contabilizan cientos de miles de casos de niñas y niños que trabajan, y únicamente se procesan 124 casos anuales por delitos relacionados con lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) identifica como las peores formas de trabajo infantil, en México la niñez enfrenta severos riesgos, ante los cuales tenemos aún muy pocos instrumentos institucionales eficaces para garantizar el principio del interés superior de la niñez.

c) Hace énfasis en que, actualmente, todo trabajo desarrollado por niñas y niños menores de 14 años es ilegal, por lo que es urgente cumplir con lo estipulado en el Convenio 182, relativo a la erradicación del trabajo en esa edad, por ser peligroso para la salud e integridad de las niñas y los niños.

d) Apunta que México ratificó en el año 2000 el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil, el cual, en su artículo 1o. establece que: “Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia”, y que aunado a esto, y pese al compromiso que esta convención implica para nuestro país, somos el único país de América Latina que falta por ratificar el Convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. Es éste convenio el que establece, en el numeral 3 correspondiente al artículo segundo que “La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.” Es por ello que, considerando que la mayoría de los países que han ratificado dicho convenio, han establecido la edad mínima para trabajar a los 15 años de edad, la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha apelado urgentemente para erradicar el trabajo infantil en el país y redoblar los esfuerzos para que todas las niñas y los niños vayan a la escuela y su pleno desarrollo no se vea obstaculizado.

e) Alude a que el 4 de junio de 2014 fue declara, por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, aprobada la reforma constitucional a la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trabajo infantil, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de junio del 2014, pero que, para el tiempo en que fue suscrita la iniciativa en cita todavía no se había realizado, destacando el iniciador la importancia de la reforma ya que incrementa la edad para trabajar a los menores de edad, de catorce a quince años, cumpliendo, con ello con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo suscrito por nuestro país.

f) El segundo ordenamiento que toca la iniciativa, y que, según el dicho del proponente, se busca armonizar con la Ley Federal del Trabo, es la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que propone modificar el artículo 35 de su texto normativo para reiterar la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de 14 años bajo cualquier circunstancia.

5. El proyecto de decreto propuesto por el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5º, 22, 22 BIS, 23, 174, 175 BIS, 176, 362 Y 988 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Artículo Único.Se reforman los artículos 5°, 22, 22 Bis, 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y 988 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 5o...

I. Trabajos para niños menores de quince años;

II. a XIII. ...

...

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 22 Bis.Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 15años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

...

...

Artículo 23.Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política.

...

Artículo 174.Los mayores de quince y menores de dieciséis años, independientemente de contar con la autorización de Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175 Bis.Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a)...

b)...

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quincey menor de dieciséis años.

Artículo 176.Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quincea dieciséis años de edad, aquellos que impliquen:

I. a VII. ...

B....

I. a V....

Artículo 362.Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quinceaños.

Artículo 988.Los trabajadores mayores de quinceaños, pero menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

La Junta de Conciliación y Arbitraje, inmediatamente de recibida la solicitud, acordará lo conducente.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

6. En su exposición de motivos, la iniciativa de referencia argumenta en favor de su propuesta normativa, los siguientes elementos tomados de su exposición de motivos:

a) El iniciador menciona que el trabajo infantil no es fenómeno novedoso, ya que ha estado presente a lo largo de la historia aunque la forma en que se presenta ha variado en el tiempo, atendiendo a las circunstancias de cada lugar y región en donde se ha manifestado.

b) Se duele de que, a pesar de los muchos años y los esfuerzos, a nivel mundial, que se han desarrollados para frenar el trabajo infantil, pareciera que las condiciones del trabajo de los menores de edad no han mejorado en muchos lugares del mundo. Apunta que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la actualidad se encuentran laborado más de 168 millones de niños, cifra que representa el 11 por ciento del conjunto de la población infantil mundial.

c) Señala que el trabajo infantil es considerado una actividad económica que, llevada a cabo por personas menores de 15 años, privan a este sector de la población mundial, de su dignidad, de su niñez, lo que ha impedido el desarrollo de su potencial y desarrollo físico y psicológico.

d) Refiere que en México esta situación no es lejana, sino que es un hecho que se manifiesta con un gran impacto en la sociedad mexicana, ya que, según los resultados del “Índice de Trabajo Infantil 2014”, elaborado por la compañía internacional Maplecroft, nuestra Nación se ubica en el lugar 56 de una lista de 197 países, calificándonos como un país que ha puesto en “riesgo extremo” a los niños que habitan en el territorio nacional.

En este mismo sentido, afirma que, en México, existen más de 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad que están trabajando, de los cuales casi una tercera parte son menores de 14 años, siendo Chiapas, Jalisco, Puebla, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, México y el Distrito Federal, la entidades que concentran el mayor número de casos.

e) Es por eso que, afirma, el Constituyente Permanente recientemente aprobó reformas que permitan contrarrestar este fenómeno, modificando la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos afecto de que se establezca, como  edad mínima para laborar, la de 15 años.

Apunta que la armonización del texto constitucional con las leyes secundarias que regulan el trabajo infantil son, del todo, importantes y necesarias, por lo que propone reformar la Ley Federal del Trabajo a efecto de establecer en su normativa como edad mínima para trabajar, los 15 años, brindando, con ello, certeza jurídica en la protección de los derechos humanos de los niños, especialmente el de a estar protegido contra la explotación y acceder al sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte, es decir, a desarrollarse con plenitud.

7. En su iniciativa, la propuesta del Diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pone a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente texto normativo:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 22, 22 BIS, 23, 174, 175 BIS, 176, 362 Y 988 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA DE TRABAJO INFANTIL

Primero. Se reforman los artículos 5, 22, 22 Bis, 23, 174, 175 Bis, 176, 362 y 988 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para niños menores de quince años;

II. a XIII. ...

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años y de los mayores de esa edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 22 Bis. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta ley.

Artículo 23. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta ley. Los mayores de quince y menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la autoridad política.

Artículo 174. Los mayores de quince y menores de dieciséis años, independientemente de contar con la autorización de ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a) y b)...

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quince y menor de dieciséis años.

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quince a dieciséis años de edad, aquellos que impliquen:

Artículo 362. Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quince años.

Artículo 988. Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de dieciséis, que no hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 35. Para garantizar la protección de los derechos reconocidos en esta ley, se reitera la prohibición constitucional de contratar laboralmente a menores de 15 años bajo cualquier circunstancia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

8. En su exposición de motivos, los argumentos que avalan la propuesta legislativa y que son de la exposición de motivos, son los siguientes:

a) El iniciador menciona que el trabajo infantil es un fenómeno trasnacional que, pese a que está rigurosamente prohibido por todas las legislaciones nacionales e internacionales, la “dramática” realidad y las estadísticas confirman el que millones de niñas, niños y adolescentes están siendo objeto de explotación laboral en todos partes del mundo.

b) Menciona que nuestro país no es la excepción a pesar de los avances legislativos logrados en la materia, y de que el gobierno federal ha ratificado la mayoría de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, las cuales tienen el objetivo de regular el trabajo infantil como el Convenio 58 que establece la edad mínima en el trabajo marítimo (1936) ratificado en 1952, el Convenio 90 sobre trabajo nocturno de menores en la industria (1948) ratificado en 1956, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada en 1990, y el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil en 2000, por lo que la situación que enfrenta la niñez mexicana sigue representando una gran preocupación para el Estado mexicano.

c) En este tenor, señala, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, correspondientes al año de 2011, estiman que en el país 3 millones de niños y niñas se encuentran trabajando en los diferentes sectores agropecuario, industrial, de la construcción, servicios, servicios, comercio y trabajos domésticos, de los que un 39.1 por ciento no asisten a la escuela, porcentaje que corresponde a un total de 1.2 millones de niños y niñas; de los cuales, 72.3 por ciento son niños y 27.7 por ciento niñas, estableciendo como causa principal de la ocupación infantil las necesidades del hogar, para satisfacer gastos escolares y así como gastos personales principalmente donde, pese a los salarios muy bajos, se encuentran en riesgo permanente de sufrir accidentes y enfermedades que al respecto la encuesta establece del total de niños y niñas trabajando en 2011, 28 por ciento se encontraron en riesgos de trabajo, 4 por ciento sufrió alguna enfermedad o accidente que requirió atención médica y 5.5 por ciento de ellos laboraba en lugares no apropiados.

d) Asimismo, señala que, en el reporte sobre la discriminación en México correspondiente al año 2012, a cargo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señala que un 10.7 por ciento de la población entre 5 y 17 años de edad se encuentran trabajando, es decir, poco más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes que combinan sus actividades escolares con un trabajo o en la mayoría de los casos abandonan el estudio para emplearse, el mismo análisis refiere que el fenómeno de trabajo infantil afecta notablemente tanto a la niñez de las zonas urbanas como de las zonas rurales.

El proponente refiere que las coincidencias en estos y otros estudios han dejado de manifiesto que al encaminar a millones de niñas y niños mexicanos exclusivamente al trabajo, se trasgreden sus derechos humanos constitucionales a la salud, al bienestar, sano desarrollo y la educación que le permita alcanzar una preparación para que en el futuro pueda tener aspiraciones a trabajos mejor remunerados, y por el contrario lo único que se está ocasionando es que los menores continúen con el mismo círculo familiar de carentes condiciones de vida y oportunidades para desarrollarse.

e) Cita que, el Titular del Poder Ejecutivo Federal presentó el 12 de junio del 2013, ante la Comisión Parmente del H. Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma el artículo 123, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trabajo de menores de edad, para elevar la edad mínima para el trabajo infantil, pasando de 14 a 15 años. Ese mismo día, dice, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD presentaron iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el mismo sentido. Ambas propuestas buscaban “actualizar la edad mínima de admisión al trabajo de 14 para homologarlo a15 años conforme al convenio 138 de la OIT, y de esta manera garantizar la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en las aulas para elevar sus niveles de escolaridad, empleabilidad, perspectivas de desarrollo y sobre todo su competitividad.”

Después de ser aprobada por el Constituyente Permanente, como lo detalla el iniciador en su iniciativa, el día 4 de junio del 2014, el pleno de la Comisión Permanente declaró la validez constitucional de la reforma a la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de trabajo infantil, turnándose al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual fue realizada el día 17 de junio del presente año.

f) Es por lo anterior que, la iniciativa presentada busca armonizar la Ley Federal del Trabajo y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el contenido de la reforma a la fracción III del Apartado A del artículo 123 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014 a fin de elevar un año la admisión al trabajo de los niños, niñas y adolescentes de 14 a 15 años de edad para hacer efectivo en nuestra legislación secundaria el mandato de nuestra ley fundamental y tratados internacionales en la materia para contribuir con esta lucha encaminada a la erradicación del trabajo infantil en la niñez mexicana y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

9. Respecto de la propuesta de los Diputados Manlio Fabio Beltrones Rivera, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, y Claudia Delgadillo González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa por ellos presentada al Pleno de esta Cámara de Diputados, propone el siguiente texto normativo:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, EN MATERIA DE TRABAJO DE MENORES

Artículo Primero. Se reforman los artículos 5o, fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer párrafo y fracción IV, penúltimo y último párrafos; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II; 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis, y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo; para quedar como sigue:

Artículo 5o...

I. Trabajos para menores de quince años;

II. y III. ...

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años.

V. a XIII. ...

...

Artículo 22. Los mayores de quince años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley.

Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan.

Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias.

Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral.

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado.

Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, éstos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.

Artículo 174. Los mayores de quince y menores de dieciocho años, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años:

I. a III. ...

IV....

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quince años relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a) y b)...

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quince y menor de dieciocho años.

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quincea dieciséis años de edad, aquellos que impliquen:

I. Exposición a:

1. Ruido, vibraciones, radiaciones no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales.

2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.

3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas.

II. Labores:

1. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros.

2. En altura o espacios confinados.

3. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores.

4. De soldadura y corte.

5. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación.

6. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias).

7. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca.

8. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear.

9. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera.

10. Productivas de la industria tabacalera.

11. Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas.

12. En obras de construcción.

13. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes y valores.

14. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas.

15. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.

16. En buques.

17. Submarinas y subterráneas.

18. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.

III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema músculo-esquelético.

IV. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves.

V. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico.

VI. Uso de herramientas manuales punzo cortantes.

Los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis podrán realizar labores señaladas en este apartado, siempre que queden garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente y cuenten con la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje o de Inspección del Trabajo.

B. Tratándose de menores de dieciocho años de edad, aquellos que impliquen:

I. Trabajos nocturnos industriales o el trabajo después de las veintidós horas.

II. Exposición a:

a. Fauna peligrosa o flora nociva.

b. Radiaciones ionizantes.

III. Actividades en calidad de pañoleros y fogoneros en buques.

IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas.

V. Trabajos en minas.

Artículo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75.

Artículo 179. Los menores de dieciocho años, disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos.

Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciochoaños, están obligados a:

I...

II. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros y documentación comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento o la edad de los menores de dieciocho años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo; así mismo, dichos registros deberán incluir la información correspondiente de aquéllos que reciban orientación, capacitación o formación profesional en sus empresas.

III. a V....

Artículo 267. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de dieciocho años.

Artículo 362. Pueden formar parte de los sindicatos, los trabajadores mayores de quince años.

Artículo 372. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros.

I. Se deroga

II. Se deroga

Artículo 988. Los trabajadores mayores de quince años, pero menores de dieciocho, que no hayan terminado su educación básica obligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

...

Artículo 995 Bis. Al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23, primer párrafo de esta Ley, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 105 y 109, último párrafo, de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 105. La obligación de obtener un empleo formal, consiste en ordenar al adolescente mayor de quince años o al adulto joven, ingresar y permanecer, en un empleo que le permita desarrollar actitudes positivas de convivencia social y fortalecimiento de autoestima, siempre que no perjudique su desempeño escolar. La finalidad de esta medida, es que el adolescente encuentre un medio lícito de subsistencia con miras a su desarrollo laboral. Para el mejor desempeño de su finalidad, esta medida puede combinarse, cuando así se considere conveniente, con la dispuesta en la sección anterior, en su modalidad de capacitación técnica.

Artículo 109. ...

I. a IV. ...

Esta medida sólo podrá aplicarse a los adolescentes mayores de quince años de edad o adultos jóvenes, de conformidad con la legislación laboral aplicable.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las reformas a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, entrarán en vigor una vez que esté vigente dicho ordenamiento.

10. En su exposición de motivos, la iniciativa de los legisladores arriba señalados, plantean lo siguiente:

a) De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se considera trabajo infantil, a toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad, sin importar el estatus ocupacional, que los priva de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Por lo tanto, afirman, se considera trabajo peligroso para el bienestar físico, mental o moral del niño, aquél que interfiere con su escolarización o les exige combinar el estudio con un trabajo excesivo y que consume la mayor parte de su tiempo.

b) Mencionan que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través del Módulo de Trabajo Infantil, anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ha manifestado que en nuestro país, durante el año 2011, existían 3 millones 35 mil 466 niñas y niños trabajando, los cuales, pertenecen a hogares con bajos ingresos o son hijos de padres con poca o nula escolaridad. Apoyados en la referida encuesta, en ese año el 39.1% de las niñas y niños que trabajan, es decir, 1.2 millones (72.3% niños y 27.7% niñas), no asistían a la escuela, lo que es un indicador claro de la afectación del derecho a la educación de los menores, asociada a su incorporación temprana a alguna actividad productiva laboral.

En este mismo punto, manifiestan los iniciadores que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en América Latina, ha evidenciado que el trabajo de niñas, niños y adolescentes sólo permite que el poder adquisitivo de las familias aumente máximo entre 10 y 20%, pero de ningún modo resuelve los problemas de pobreza. Además, la Organización Internacional del Trabajo realizó un estudio que demuestra que los beneficios económicos de la eliminación del trabajo infantil serán siete veces mayores que sus costos, ello aunado a los beneficios sociales, educativos y humanos.

c) Asimismo, refieren que, en el año 2012, fue reformado el artículo 3° de nuestra Carta Magna para establecer el carácter obligatorio de la educación media superior, lo que modifica el concepto de educación obligatoria y hace necesario revisar los rangos de edad y las disposiciones establecidas en la legislación laboral, vinculados con dicho concepto.

d) Sentencias que, al erradicar el trabajo infantil, se obliga a nuestro país a fortalecer las políticas públicas, programas y acciones que amplíen las posibilidades de que niñas, niños y adolescentes puedan acceder a condiciones de una vida digna y al disfrute pleno de sus derechos. Es por eso que, señalan, una de las acciones para enfrentar con mejores herramientas la problemática planteada, fue la aprobación, por parte del Constituyente Permanente, de la una reforma al artículo 123 Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual, se eleva la edad mínima de admisión al empleo, de catorce a quince años, con lo que se manifiesta el compromiso del Estado mexicano de garantizar los derechos humanos de la niñez y adolescencia, en concordancia con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Con esta reforma constitucional, afirman, se incide significativamente en limitar la deserción escolar, generando la posibilidad de que niñas, niños y adolescentes continúen su preparación y mejoren su empleabilidad a futuro. Con la referida reforma se modifica la edad mínima permitida para que los menores puedan trabajar, lo que implica adecuar el orden jurídico nacional que regula el trabajo infantil, favoreciendo su permanencia en la escuela y evitar en la medida de lo posible que los menores abandonen sus estudios.

f) Los proponentes traen a colación que, en al año de 1973, la Organización Internacional del Trabajo, convocó en la Ciudad de Ginebra, Suiza, a su quincuagésima octava reunión; adoptándose en dicha sesión el Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (C-138), que entró en vigor el 19 de junio de 1976. Dicho convenio tiene por objeto establecer una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo infantil y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. De acuerdo con este instrumento de derecho internacional, se debe establecer una edad límite o mínima de admisión al empleo, que no debe estar por debajo de la edad de finalización de la escolarización obligatoria, por lo general, los 15 años de edad. Pero además, indica que ninguna persona menor de 18 años debe realizar trabajos que atenten contra su salud, su seguridad o su moralidad. Esta misma cuestión sobre la edad mínima para los trabajos considerados como peligrosos, fue también recogida en el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999.

g) De la misma manera, citan, como antecedentes las convenciones y convenios de organismos internacionales que contienen disposiciones en materia de protección a la niñez, los cuales, por economía procesal, se tienen por reproducidos. Es, en ese sentido que resaltan el compromiso de las naciones y de los organismos internacionales para otorgar las condiciones de protección a la niñez, y para el caso de los adolescentes en edad permitida para el trabajo, que el mismo sea realizado con dignidad y en apego a lo establecido en las leyes aplicables, principalmente en lo relativo a la protección especial a que son acreedores por su condición de sujetos en desarrollo.

h) En relación con las propuestas de reformas a la Ley Federal del Trabajo, la iniciativa de mérito propone reformar el artículo 5°, fracción I, para armonizar esta disposición con el texto constitucional del artículo 123, Apartado A, fracción III, a fin de elevar la edad mínima de admisión al empleo, de catorce a quince años. Lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 2, numeral 3 del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, mediante el cual se establece que, la edad mínima fijada para emplear a un menor de edad, no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en su caso, no podrá ser menor a quince años. Además, en cuanto a la fracción IV del propio artículo 5° antes mencionado, y con el fin de garantizar la efectiva protección de los derechos de los adolescentes que trabajan en edad permitida, se establece la prohibición del horario extraordinario, para los menores de dieciocho años, lo que se armoniza con lo establecido en los artículos 1, 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

i) Recalcan que el texto vigente de la Ley Federal del Trabajo prevé, en su artículo 23, la regla general de que, los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esa ley. Sin embargo, el artículo 22 establece una de dichas limitaciones, consistente en regular el trabajo de menores que no hayan terminado su educación básica obligatoria. Es decir, se prevé primero la excepción y después la regla general, por lo que, con la finalidad de ajustar esta sección del marco jurídico a lo recomendado por la técnica legislativa, se propone invertir el orden de los artículos, a fin de que el artículo 23 vigente, se constituya en artículo 22, el actual 22 pase a ser 22 Bis, y el actual 22 Bis se convierta en el artículo 23.

En este orden de ideas, se propone modificar la edad señalada, pasando de 16 a 15 años; toda vez que es necesario garantizar a los adolescentes en edad permitida de trabajar, el acceso a un trabajo digno, en el cual se respeten sus derechos y se garantice su protección frente a aquellos trabajos en los que hay probabilidad de que se dañe su salud, su seguridad o su moralidad.

Adicionalmente, elimina la necesidad de que los menores cuenten con autorización para trabajar de sus padres o tutores, y a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la autoridad política; lo anterior basado en la ampliación de la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida que considera la presente iniciativa y en el reconocimiento de los derechos laborales que contiene el segundo párrafo de este artículo, el cual se mantiene. Por último, se propone que en el artículo 22 Bis de la Ley, se incorpore parte del contenido de la reforma al artículo 3° Constitucional realizada en el año 2012, la cual modificó el concepto de educación obligatoria que incluía a la educación preescolar, primaria y secundaria; para incorporar además, a ésta, la educación media superior; lo que hace necesaria la inclusión del concepto de educación básica obligatoria.

j) Con apoyo en el artículo 65, fracción I, segundo párrafo, de la Ley General de Educación, el cual señala la edad mínima de admisión a la primaria (que es de seis años) y considerando que, tomando en cuenta este supuesto, la educación secundaria termina a los quince años; la iniciativa propone la prohibición de contratación de menores de dieciséis años a menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, estableciendo la posible aprobación por la autoridad laboral correspondiente, cuando a su juicio exista compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Con lo anterior, señalan los iniciadores, se impulsa la conclusión de la educación secundaria como requisito para la incorporación al trabajo y, en su caso, se condiciona la permanencia e ingreso al mismo, de los adolescentes trabajadores menores de dieciocho años que no la hayan terminado.

k) Para apoyar la educación familiar, la iniciativa incluye que el primer párrafo del artículo 23, establezca la prohibición de trabajo fuera del círculo familiar a menores de quince años, a diferencia de los catorce años que la legislación vigente señala, manteniéndose la sanción prevista a los patrones que incurran en esa conducta. Además, se recorre el párrafo tercero, para quedar como cuarto; se adiciona un nuevo tercer párrafo, para establecer la prohibición del trabajo de menores de dieciocho años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad productiva que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y con ello, su desarrollo integral.

l) En el mismo rubro de protección al trabajo de adolescentes, la propuesta legislativa en estudio incorpora un quinto párrafo al artículo 23 para establecer que cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, éstos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.

m) En otro punto de la iniciativa, los iniciadores proponen modificas el artículo 174 para, por un lado, armonizar la disposición constitucional de edad mínima de admisión al empleo de catorce a quince años, y por el otro (en congruencia con la reforma propuesta en esta iniciativa al artículo 23), eliminar la necesidad de que los mayores de quince y menores de dieciocho años cuenten con la autorización para trabajar, de sus padres o tutores, y a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la autoridad política y, por supuesto, se mantiene el reconocimiento de sus derechos laborales consignados en ese mismo artículo.

n) Se busca, con la iniciativa, reformar el artículo 175 para prohibir el trabajo de menores de dieciocho años en trabajos después de las diez de la noche; expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato; aquellos que afecten su moralidad o buenas costumbres y aquellas consideradas como peligrosas o insalubres. Además, se establece la prohibición de la utilización de menores de dieciocho años, en lugar de menores de dieciséis años, en los casos de declaratoria de contingencia sanitaria, con lo cual se amplía el espectro de protección de su salud y su seguridad, ante situaciones de alto riesgo para cualquier persona y, en particular, para los menores.

ñ) Se busca modificar el artículo 175 Bis para armonizar su contenido con la reforma constitucional sobre la edad mínima de admisión al empleo, y para homologar el referente mínimo de contraprestaciones que deben recibir las niñas, niños y adolescentes menores de quince años, que realizan actividades relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, respecto de las que recibiría un mayor de quince años y menor de dieciocho años.

o) Es importante señalar que, de manera exhaustiva, buscan modificar el artículo 176 en lo relativo a los trabajos peligrosos e insalubres en los que está prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de modificar el rango de edad de catorce a dieciséis años, por el de quince a dieciséis años, a fin de establecer la posibilidad de que puedan desarrollar las labores señaladas en dicho artículo, buscando que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, que éstos hayan recibido instrucción o formación adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente, en razón de brindarle mayores herramientas de información y formación para el óptimo desempeño de sus labores y, además, sólo podrá permitirse la contratación de adolescentes en este rango de edad, en empleos debidamente calificados por la Junta de Conciliación y Arbitraje o de la Inspección del Trabajo, quienes deberán otorgar la autorización correspondiente, como autoridades laborales que conocen los riesgos y condiciones que implican determinados empleos.

p) Proponen reformar los artículos 178 y 179 para prohibir el trabajo de menores de dieciocho años en horario extraordinario, domingos y días de descanso obligatorio, así como otorgarles el beneficio de vacaciones anuales pagadas, homologando la edad de prohibición y protegiendo con ello a todos los menores de edad.

q) Pretende modificar el artículo 180 con el objetivo de ampliar la protección a adolescentes trabajadores menores de dieciocho años en materias de certificación de estado de salud; disposición de tiempo para el cumplimiento de programas escolares y el registro de información para ser entregada cuando la autoridad competente la solicite, relativa a datos personales, tipo de actividad productiva que desarrollan, condiciones generales de trabajo y orientación, capacitación o formación profesional que, en su caso, las empresas les proporcionen. Además, señalan, se obliga a los patrones a contar con registros y documentación que compruebe el nombre y apellido del menor, la fecha de nacimiento o la edad de los menores de 18 años; así como la información referente a la orientación, capacitación o formación profesional que, en su caso, les proporcione la empresa.

r) Además, buscan reformar los artículos 362 y 372, relativos a los derechos sindicales de las y los adolescentes en edad permitida para trabajar, con la finalidad de armonizar su contenido, con la edad mínima de admisión al empleo prevista en el artículo 123, Apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el reconocimiento del derecho a la libertad sindical y libertad de reunión, al igual que con los demás trabajadores. Con esta propuesta se elimina la restricción de los menores de dieciocho años, de formar parte de la directiva de los sindicatos, y de esta manera se amplía el rango de edad para asumir cargos en la mesa directiva de los mismos.

s) En la propuesta de modificación al artículo 988 se pretende cambiar el rango de edad de los adolescentes que no hayan terminado su educación básica obligatoria y que soliciten autorización para trabajar, para establecerlo de mayores de quince años y menores de dieciocho, en lugar de catorce años y menores de dieciséis; con lo cual se contribuye a alentar la permanencia en la escuela, inhibir la deserción escolar y, en el caso de que hubiesen abandonado los estudios básicos, fomentar el reingreso al sistema educativo, con ello se apoya la empleabilidad de los adolescentes trabajadores, se mejoran sus perspectivas personales y familiares y, por supuesto, la productividad y competitividad de las empresas y del país, siendo además congruente con lo establecido en el artículo 22 también reformado de la presente ley.

t) Por último, respecto del cambio de orden propuesto entre los artículos 22 a 23, se modifica el artículo 995 Bis, con el propósito de armonizarlo con los cambios sugeridos y hacer acorde la remisión que se hace al artículo 22 Bis vigente.

u) En lo que se refiere a las reformas a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, los iniciadores buscan modificar los artículos 105 y 109, último párrafo, de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, para armonizar esta disposición con el referido texto constitucional, a fin de establecer que la edad mínima para que un adolescente pueda obtener un empleo es de quince años.

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA.Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar las cinco iniciativas con proyecto de Decreto, mismas que reforman en su mayoría los mismos artículos y de fondo versan sobre el trabajo de los menores de edad.

SEGUNDA. Esta dictaminadora, ante el abanico de propuestas presentadas en materia de reformas a la Ley Federal del Trabajo, consideramos que, por el uso de la técnica legislativa, de la profundidad de las modificaciones, adiciones y derogaciones que se proponen, sin demérito de las coincidencias y las diferencias con las demás iniciativas, todas encuentran su sustento legal en la actual reforma Constitucional que tuvo el artículo 123, apartado A, fracción III, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de junio de 2014, y que contiene el establecimiento de la prohibición de que niños menores de 15 años de edad sean utilizados para el trabajo, reforma que, para ilustración del H. Pleno de esta Cámara, se reproduce a continuación:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

I y II...

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.

IV a XXXI...

B...

TERCERA.Asimismo, esta dictaminadora externa su preocupación y su total respaldo a este dictamen, ya que la niñez es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas, por lo que es importante garantizar que los individuos en esta fase de la vida se encuentren lo menos expuestos a ciertos riesgos que puedan deteriorar o dañar su integridad física y emocional, por lo que considera viable se lleven a cabo las modificaciones, adiciones y derogaciones a la Ley Federal del Trabajo, excluyendo únicamente lo que refiere a trabajo doméstico.

Asimismo, esta Comisión considera que respecto de la reforma a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en materia de la Comisión de Justicia, por lo que no puede pronunciarse de esa propuesta.

CUARTA. Debido a que nuestro país también ha suscrito la Convención de los Derechos del Niño, y aún y cuando la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es reglamentaria de esa disposición de carácter internacional en materia de Derechos Humanos, y en razón de que dichas disposiciones, en términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son disposiciones que constitucionalmente infieren la ampliación del catálogo de Derechos Humanos protegidos por nuestro orden constitucional y legal, y dado que uno de esos derechos se refiere a la prohibición del trabajo de menores de 15 años aprobado por el Constituyente Permanente, según se ha señalado con antelación, es que estimamos que son innecesarias las reformas propuestas al artículo 35 de la referida Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

QUINTA. Esta dictaminadora contempla necesario armonizar el artículo 176 relativo a los trabajos peligrosos e insalubres en los que está prohibida la utilización del trabajo de menores de edad, con el propósito de prohibir a los menores de 18 años las labores peligrosas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo se establece la posibilidad de que puedan desarrollar las labores señaladas en el mencionado artículo, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, que éstos hayan recibido instrucción o formación adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente, en razón de brindarle mayores herramientas de información y formación para el óptimo desempeño de sus labores y, además, sólo podrá permitirse la contratación de adolescentes en este rango de edad, en empleos debidamente calificados por la Junta de Conciliación y Arbitraje o de la Inspección del Trabajo, quienes deberán otorgar la autorización correspondiente, como autoridades laborales que conocen los riesgos y condiciones que implican determinados empleos. Lo anterior, en congruencia con lo señalado por el artículo 3, numeral 3 del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo:

Con esta reforma se atiende lo establecido en el artículo 4º de la Recomendación 190 de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a las peores formas de trabajo infantil, con lo cual México daría cumplimiento a dicho instrumento internacional orientador de la política interior, respecto de la regulación de condiciones de trabajo para los adolescentes en edad permitida para trabajar. Por lo que, en concordancia con lo propuesto en el último párrafo de este artículo, se otorga la facultad a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la Inspección del Trabajo, de emitir la autorización para emplear a mayores de dieciséis y menores de dieciocho, siempre y cuando sean valoradas previamente por dichas autoridades las condiciones del empleo, determinándose que se garantiza su salud, seguridad y moralidad, y que hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de la actividad que van a desempeñar.

La razón para no emplear a menores de dieciocho años en determinadas actividades, no implica una cuestión de discapacidad física, sino que, es una medida de protección para los adolescentes en edad permitida para trabajar. Se trata de asegurarles la plenitud del desarrollo de sus facultades físicas y mentales y la conclusión de su educación obligatoria. Por ello, en concordancia es que se reforman los artículos 191 y 267, elevando la edad mínima de admisión al empleo en buques y para desempeñar maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, de dieciséis a dieciocho años, por considerar que se trata de actividades que implican mayor esfuerzo y destreza en su desempeño, así como períodos largos separados de la familia y ausentismo escolar, además de producir un gran desgaste físico, capaz de retardar el desarrollo normal de los menores de edad.

En este tenor, se armoniza esta disposición con lo señalado por el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la edad mínima de admisión al empleo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del honorable Pleno el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO DE MENORES.

ÚNICO. Se reforman los artículos 5o., fracciones I y IV; 22; 22 Bis; 23; 174; 175, primer párrafo y fracción IV, penúltimo y último párrafos; 175 Bis, primer párrafo e inciso c); 176; 178; 179, 180, primer párrafo y fracción II;191, 267; 362; 372, primer párrafo; 988, primer párrafo y 995 Bis; y se derogan las fracciones I y II del artículo 372 de la Ley Federal del Trabajo; para quedar como sigue:

Artículo 5o....

I. Trabajos para menores de quince años;

II. y III. ...

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años.

V. a XIII. ...

...

Artículo 22. Los mayores de quinceaños pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley.

Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan.

Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

En caso de que el menor no estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias.

Queda prohibido el trabajo de menores de dieciocho años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral.

Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales; hasta el segundo grado.

Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, éstos tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, por lo menos, su educación básica obligatoria.

Artículo 174. Los mayores de quincey menores de dieciocho años, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años:

I. a III. ...

IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley.

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho años. Los trabajadores que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

Cuando con motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores, a los menores de dieciocho años les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quinceaños relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a) y b)...

c) Las contraprestaciones que reciba el menor por las actividades que realice nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quince y menor de dieciocho años.

Artículo 176.Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán, como labores peligrosas o insalubres, las que impliquen:

I. Exposición a:

1. Ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes y no ionizantes infrarrojas o ultravioletas, condiciones térmicas elevadas o abatidas o presiones ambientales anormales.

2. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.

3. Residuos peligrosos, agentes biológicos o enfermedades infecto contagiosas.

4. Fauna peligrosa o flora nociva.

II. Labores:

1. Nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas.

2. De rescate, salvamento y brigadas contra siniestros.

3. En altura o espacios confinados.

4. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores.

5. De soldadura y corte.

6. En condiciones climáticas extremas en campo abierto, que los expongan a deshidratación, golpe de calor, hipotermia o congelación.

7. En vialidades con amplio volumen de tránsito vehicular (vías primarias).

8. Agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca.

9. Productivas de las industrias gasera, del cemento, minera, del hierro y el acero, petrolera y nuclear.

10. Productivas de las industrias ladrillera, vidriera, cerámica y cerera.

11. Productivas de la industria tabacalera.

12. Relacionadas con la generación, transmisión y distribución de electricidad y el mantenimiento de instalaciones eléctricas.

13. En obras de construcción.

14. Que tengan responsabilidad directa sobre el cuidado de personas o la custodia de bienes y valores.

15. Con alto grado de dificultad; en apremio de tiempo; que demandan alta responsabilidad, o que requieren de concentración y atención sostenidas.

16. Relativas a la operación, revisión, mantenimiento y pruebas de recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas.

17. En buques.

18. En minas.

19. Submarinas y subterráneas.

20. Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo.

III. Esfuerzo físico moderado y pesado; cargas superiores a los siete kilogramos; posturas forzadas, o con movimientos repetitivos por períodos prolongados, que alteren su sistema músculo-esquelético.

IV. Manejo, transporte, almacenamiento o despacho de sustancias químicas peligrosas.

V. Manejo, operación y mantenimiento de maquinaria, equipo o herramientas mecánicas, eléctricas, neumáticas o motorizadas, que puedan generar amputaciones, fracturas o lesiones graves.

VI. Manejo de vehículos motorizados, incluido su mantenimiento mecánico y eléctrico.

VII. Uso de herramientas manuales punzo cortantes.

Los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis podrán realizar labores señaladas en este artículo, siempre que queden garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, que éstos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente y cuenten con la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje o de Inspección del Trabajo. Lo anterior, exceptuando el trabajo de pañoleros o fogoneros en buques, mismo que estará en todos los casos prohibido para menores de dieciocho años.

Artículo 178. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años, en horas extraordinarias y en los días domingos y de descanso obligatorio. En caso de violación de esta prohibición, las horas extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada, y el salario de los días domingos y de descanso obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75.

Artículo 179. Los menores de dieciocho años, disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos.

Artículo 180. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciocho años, están obligados a:

I...

II. Llevar y tener a disposición de la autoridad competente, registros y documentación comprobatoria, en donde se indique el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento o la edad de los menores de dieciocho años empleados por ellos, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de trabajo; así mismo, dichos registros deberán incluir la información correspondiente de aquéllos que reciban orientación, capacitación o formación profesional en sus empresas.

III. a V....

Artículo 191.Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los menores de dieciocho años, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 176 de esta Ley.

Artículo 267.No podrá utilizarse el trabajo de los menores de dieciocho años.

Artículo 362. Pueden formar parte de los sindicatos, los trabajadores mayores de quinceaños.

Artículo 372. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos los trabajadores extranjeros.

I. Se deroga

II. Se deroga

Artículo 988. Los trabajadores mayores de quinceaños, pero menores de dieciocho, que no hayan terminado su educación básicaobligatoria, podrán ocurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

...

Artículo 995 Bis. Al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23, primer párrafo de esta Ley, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces el salario mínimo general.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de dos mil catorce.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján, José Arturo López Candido, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes, María del Socorro Ceseñas Chapa, Patricio Flores Sandoval, Gaudencio Hernández Burgos, Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alfredo Zamora García (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de esta Cámara de Diputados se cumple para todos los efectos con la declaratoria de publicidad.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Señoras diputadas y señores diputados, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la ciudadana diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, fracción IV, 167, numeral 4, 180, numeral 1, 182, numeral 1, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, la comisión mencionada en el párrafo anterior, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.

I. Metodología

En el apartado de antecedentes se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su recepción, turno y la materia sobre la que versa la iniciativa de referencia.

En el apartado de análisis de la iniciativa se examina el contenido de las propuestas, los argumentos en los que se sustenta y se determina el sentido y alcance de la misma.

Por último, en el apartado de consideraciones de la comisión, la dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en las consideraciones de la proponente, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

II. Antecedentes

En fecha 1o. de abril de 2014, se registró en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la iniciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 167 y reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 179, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la ciudadana diputada María Sanjuana Cerda Franco (Nueva Alianza).

En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dictó el trámite, turnándola a la Comisión de Seguridad Social.

III. Análisis de la iniciativa

La iniciativa que se dictamina propone en su proyecto de decreto la reforma y adición de los terceros párrafos de los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la siguiente redacción:

“Artículo Único. Se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 167. ...

...

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado.

...

Artículo 179. ...

...

Los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos ocasiones. Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la Ley para el otorgamiento del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además deberán demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. El importe de estos créditos se aplicará para los fines previstos por el artículo 169 de este ordenamiento.

Transitorio Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación”.

La iniciativa que se dictamina, señala en la exposición de motivos que pese a que en México se ha avanzado en la consolidación de diversos mecanismos y políticas encaminadas a garantizar la seguridad social de los mexicanos, existen diversos pendientes, e, incluso, resalta que el país pasa por un momento en el que se cuestiona el futuro de la seguridad social, haciendo énfasis en que la discusión primordial tiene como eje principal la implementación de un sistema de seguridad social universal, aclarando que el mismo es cuando el Estado debe garantizar a toda la población, independientemente de su situación laboral, la protección de sus derechos, más allá del acceso a los servicios de salud.

En ese orden de ideas, señala que el derecho a la vivienda es uno de esos derechos donde el ejercicio efectivo del mismo, ha estado estrechamente ligado a la situación laboral del beneficiario y se ha implementado a través del crédito hipotecario accesible y manejable de acuerdo a los ingresos del trabajador. Agrega que esta situación se ha visto afectada por las transformaciones demográficas, urbanas, financieras y por el transcurso del tiempo, lo que ha obligado a las personas que ya ejercieron su derecho, que ya tienen una casa o departamento y que pagaron el crédito correspondiente, ahora necesitan un crédito adicional para mejorar, ampliar, acondicionar o de plano adquirir otra vivienda.

También refiere en la señalada exposición de motivos, que en muchas ocasiones, la vivienda adquirida, en el caso que nos ocupa, a través del crédito del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), se ha deteriorado y requiere mejoras importantes que implican una inversión considerable que el propietario no está en posibilidades de solventar, refiriendo como apoyo a esta argumentación que el financiamiento de la banca comercial es inabordable para el trabajador promedio afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La promovente manifiesta que la propuesta de reformar los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, busca mejorar las condiciones para el otorgamiento de créditos hipotecarios que actualmente tiene el Fovissste y fortalecer el régimen de derecho de los trabajadores al servicio del Estado. Concretamente, lo que se busca es que los servidores públicos tengan acceso a un segundo crédito hipotecario en todas las modalidades que establece la ley, una vez que se haya liquidado el primero de ellos, tal y como lo estipula, por su parte, la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

La diputada Cerda Franco, además, argumenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25 apartado 1, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su artículo 11, señalan que toda persona “tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, así como que “toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas”.

Continúa citando al jurista Karel Vasak, quien clasificó a los derechos humanos en tres generaciones, asociando a cada uno de ellos a los grandes postulados de la Revolución Francesa, Libertad, Igualdad y Fraternidad, de las cuales la primera generación comprende los derechos civiles, la segunda, los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo al derecho a la vivienda en la tercera generación, vinculándolos todos con la solidaridad cuyo fin es incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de los pueblos.

En el mismo sentido, la legisladora refiere que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, fracción XII, establece la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.

También refiere la inserción en la vida constitucional y jurídica del país, de la Ley del Infonavit, que obliga a los patrones, mediante aportaciones, a constituir el Fondo Nacional de la Vivienda y a establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar crédito barato y suficiente para adquirir vivienda, a lo que siguió la creación del Fovissste que otorga créditos hipotecarios a los Trabajadores al Servicio del Estado.

Por último la exposición de motivos refiere que, financieramente, el Fovissste cuenta con el soporte necesario para hacer frente con los recursos administrados, al otorgamiento de un segundo crédito hipotecario, a los trabajadores que así lo demanden, una vez cubierto totalmente el primero.

IV. Consideraciones de la comisión

La comisión que dictamina considera de vital importancia el derecho al acceso de una vivienda digna, decorosa, económica y accesible para los trabajadores al servicio del Estado Mexicano, ya que tanto los artículos cuarto, en su párrafo octavo, y 123 en sus dos apartados constitucionales consagran la garantía de protección al derecho a la vivienda y es una obligación de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios preservar tal derecho y hacerlo accesible a la población de nuestro país.

Se hace notar que en la reforma a la Ley del Infonavit, con un tema similar al planteado en la iniciativa que se dictamina, la argumentación es coincidente, y de ella se toman los siguientes argumentos:

La política de vivienda debe tener un sentido preponderadamente social y enfocarse a ampliar el acceso de las familias de menores recursos a una vivienda, atendiendo sus necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su ciclo de vida.

Dicha política debe promover que todos los beneficiarios tengan posibilidad de mejorar las condiciones de su vivienda.

En esa iniciativa se propuso, y así fue aceptado por el H. Congreso de la Unión, que debe de modificarse la, en aquel entonces, limitación para que los trabajadores puedan recibir crédito del Infonavit por una sola ocasión, a efecto de que los trabajadores pudieran obtener hasta un segundo crédito, siempre y cuando el salario base de cotización y los años de antigüedad en su trabajo del trabajador lo permitan, en coparticipación con entidades financieras.

Además de que, con esa reforma se apoya a las familias que conforme al desarrollo de su vida y en un entorno de movilidad, después de haber recibido un crédito de vivienda, puedan solicitar un segundo crédito que les permita cambiar el inmueble adquirido con el primer crédito, por uno de mayor tamaño, con características actuales, tanto en el ahorro de energía como en el aprovechamiento de materiales, o uno que se encuentre en otra ciudad o zona urbana, o, también, puedan remodelar o ampliar la vivienda adquirida con el primer crédito.

También se argumentó que la medida, tal como fue aprobada, contribuye a estimular un mercado secundario formal de viviendas de Infonavit y en general la actividad inmobiliaria y de la construcción.

Por último, la comisión que dictamina considera que esta iniciativa es coincidente con los argumentos que se esgrimieron en esta misma Cámara al aprobar las mismas disposiciones para la Ley del Infonavit, y no es opuesta a las disposiciones de la Constitución General de la República, sino que por el contrario, preserva sus disposiciones fundamentales.

V. Conclusiones y acuerdo

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, la comisión que suscribe concluye que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el tercer párrafo del artículo 167 y reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 179, ambos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por la ciudadana diputada María Sanjuana Cerda Franco (NA) es de aprobarse, por lo que presentan a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Único. Se reforman los artículos 167, tercer párrafo, y 179, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 167. ...

...

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado.

...

Artículo 179. ...

...

Los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos ocasiones. Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la Ley para el otorgamiento del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además deberán demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. El importe de estos créditos se aplicará para los fines previstos por el artículo 169 de este ordenamiento.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sala de juntas de la Comisión de Seguridad Social, a los 31 días del mes de julio de 2014.

La Comisión de Seguridad Social, diputados: Javier Salinas Narváez (rúbrica), presidente; Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, Patricio Flores Sandoval (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Sonia Catalina Mercado Gallegos (rúbrica), Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica en contra), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Araceli Torres Flores (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica en contra), Ernesto Núñez Aguilar (rúbrica), Rosendo Serrano Toledo, Luis Manuel Arias Pallares, Antonio Sansores Sastré, Agustín Miguel Alonso Raya, Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Carlos Muñoz Márquez, Margarita Saldaña Hernández, Rosalba Gualito Castañeda (rúbrica), Fernando Salgado Delgado (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María de las Nieves García Fernández.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra por cinco minutos el señor diputado Luis Manuel Arias Pallares por la comisión, para fundamentar el dictamen respectivo. Adelante, señor diputado. Hasta por cinco minutos, diputado Arias

El diputado Luis Manuel Arias Pallares: Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La iniciativa que está a discusión propone que se establezca la posibilidad de que un trabajador afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pueda tener acceso a un segundo crédito de Fovissste durante su vida laboral una vez que haya terminado de pagar el primero.

Quienes tuvieran la oportunidad de obtener el primer crédito y adquirieron o construyeron su vivienda con ese primer crédito con el paso del tiempo esa vivienda les queda ya chica, necesita una remodelación o requieren venderla para adquirir otra, se encuentran en el impedimento de que la Ley del ISSSTE les impide la posibilidad de poder recibir otro crédito y que por su edad ya no tengan acceso a un crédito de alguna otra institución crediticia.

Esto es así porque actualmente la Ley del ISSSTE señala con toda precisión que, en el tercer párrafo del artículo 167, el Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán por una sola vez. Esa determinación se ratifica en el tercer párrafo del artículo 179 de la misma ley que a la letra dice: Los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda por una sola vez.

La iniciativa que hoy está a nuestra consideración propone eliminar estas referencias a que el préstamo con garantía hipotecaria se hará a los trabajadores afiliados del ISSSTE por sólo una ocasión. En los párrafos mencionados en el artículo 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, señalando que los préstamos con garantía hipotecaria podrían ser hasta por dos ocasiones al mismo trabajador con los mimos requisitos que se solicitaron para el primer préstamo, siempre y cuando el primer préstamo esté totalmente liquidado y haya 18 meses de depósito en su cuenta individual en el apartado de vivienda.

Cabe resaltar que esta reforma es coincidente con la que se aprobó por este Congreso de la Unión en relación a la Ley del Infonavit, en la que se estableció la posibilidad de que los trabajadores afiliados a este instituto tuvieran acceso a dos créditos con garantía hipotecaria durante su vida laboral, accediendo al segundo de ellos una vez que el primero estuviera totalmente liquidado.

En el dictamen a la iniciativa que reformó la Ley del Infonavit se argumentó –y esto es totalmente aplicable al dictamen que se está poniendo a nuestra consideración– que este cambio apoya a las familias que, conforme al desarrollo de su vida y en un entorno de movilidad, después de haber recibido un crédito para vivienda puedan solicitar un segundo crédito que les permita cambiar el inmueble adquirido con el primer crédito por uno de mayor tamaño, con características actuales tanto en el ahorro de energía como en el aprovechamiento de materiales, o uno que se encuentre en otra ciudad o zona urbana, o también puedan remodelar o ampliar la vivienda adquirida con el primer crédito.

Con base en los argumentos planteados y toda vez que los cambios propuestos a los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE no son opuestos a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos su voto a favor para la aprobación de esta reforma, manifestando que el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática votará a favor del dictamen aprobado por la Comisión de Seguridad Social. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Arias Pallares.

Presidencia de la diputada María Beatriz Zavala Peniche

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra don José Angelino Caamal Mena. Adelante, diputado.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con su permiso, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante, gracias.

El diputado José Angelino Caamal Mena: Compañeras, compañeros legisladores, sin duda la inversión que una persona pueda hacer en favor de su patrimonio es la adquisición o mejora de una vivienda.

El acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho social universal consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, la Constitución de 1917 en su artículo 123, fracción XII, establece la obligación de los patrones a proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas. En ese sentido se creó el Infonavit para trabajadores de empresas particulares y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Fovissste, para los trabajadores al servicio del Estado.

Así, estos dos organismos han sido la principal fuente de créditos hipotecarios para las y los trabajadores, quienes a través de ellos han podido comprar o construir su vivienda. El reto ahora es que miles de familias que han hecho uso de su crédito hipotecario tienen la necesidad de nuevos recursos para que les permita ampliar sus casas, remodelarlas, adaptarlas a las necesidades derivadas de la expansión de la familia o en su caso venderlas y adquirir otra.

Por ello la importancia del presente dictamen, surgido de una iniciativa propuesta por la diputada María Sanjuana Cerda Franco, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, que busca que el Fovissste pueda otorgar un segundo crédito hipotecario a los trabajadores del Estado que ya han cubierto totalmente el primer crédito.

Al aprobar estas modificaciones contribuye también a ordenar y homologar el sistema de seguridad social en cuanto a las coberturas y normas que aplican las distintas instituciones que lo integran, dado que el Infonavit ya tiene en su legislación el derecho de los trabajadores para obtener un segundo crédito de vivienda. Por lo que otorgar el derecho a un segundo crédito de vivienda para los trabajadores al servicio del Estado significa un paso adelante para trascender las limitaciones del sistema de seguridad social y también representa reconocer que las condiciones demográficas, familiares, urbanas y económicas plantean nuevas necesidades en materia de vivienda.

En Nueva Alianza valoramos la importancia de consolidar un sistema de seguridad social fuerte, basado en principios de universalidad, solidaridad y redistribución. Pero, sobre todo, que sea administrado con eficacia, honradez y transparencia.

En ese sentido es necesario construir un sistema universal de seguridad social, donde se garanticen los derechos de seguridad social de toda la población mexicana, independientemente de su situación laboral, social, económica o cultural. Es un imperativo para asegurar la justicia y la estabilidad social.

Nuestro actual sistema se encuentra desarticulado, pues son varias las instituciones que prestan estos servicios.

Es insuficiente, porque la cobertura es limitada y faltan seguros, como el del desempleo, que aún no se aprueba. Además, es un sistema que no se ha consolidado en sus bases para que pueda ser sostenible.

Por ello Nueva Alianza continuará impulsando propuestas que promuevan la construcción de un sistema de seguridad social, con enfoque universal, el cual permita cimentar un piso de protección social básico para todos los mexicanos.

Para concluir, compañeras y compañeros diputados, reconocemos la valiosa aportación de los integrantes de los grupos parlamentarios que permitieron la aprobación de esta iniciativa, porque Nueva Alianza considera que este tema es prioritario en materia de seguridad social para todas las familias de nuestro país. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra ahora el diputado Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo, para fijar postura de su grupo, hasta por cinco minutos.

Mientras está aquí con nosotros el diputado, saludo a la Universidad de San Nicolás Hidalgo, de la Facultad de Economía y también a la preparatoria federal por cooperación Melchor Ocampo Morelia, invitados por el diputado presidente Silvano Aureoles Conejo. Sean ustedes bienvenidos todos. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Cantú Garza:Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en nuestro país la política social en materia de vivienda se encuentra en franco deterioro.

Lamentablemente es una constante que se refleja en todas las dependencias de la administración pública y el modelo a seguir será el mismo si no se sacan las manos de intereses particulares y de aspiraciones mezquinas que prácticamente hacen su presencia en todas estas instancias.

En verdaderamente penoso observar cómo es que a los únicos a quienes se benefician generalmente son aquellas personas con sueldos más altos, mientras quienes tienen salarios bajos no pueden si quiera buscar un crédito para mejoramiento de vivienda.

No es extraño escuchar, y con mucha tristeza, que aquellas personas que han dedicado hasta 20 o 30 años de su vidas a sus trabajos no han logrado hacerse de una casa, porque en los simulares previos a la aprobación de sus créditos, de forma insultante, les hacen saber que estarán sujetos a liquidar mediantes pagos quincenales, con cantidades exorbitantes, que en definitiva mermaría los demás gastos necesarios para la manutención de sus familias.

Por si fuera poco debemos recordar, que el año pasado el titular del Ejecutivo anunció la aplicación de su política de vivienda nacional, en la que uno de sus ejes principales debe ser revertir el rezago de adquisición de inmuebles y procurar la vivienda digna, pero a pesar de ello parece ser que ni siquiera se ha podido notar un ligero repunte en las cifras que demuestren verazmente el apoyo a las familias más pobres.

Ante ello, es preciso denunciar la falta de seriedad para apoyar a quienes más lo necesitan, en este sentido hay que decirlo y con todas sus letras, los programas de apoyo crediticio y de subsidio siguen siendo inoperables y no satisfacen la necesidad de la gente sencilla, humilde y trabajadora. Son programas que sólo benefician a organizaciones y grupos privilegiados.

Compañeras y compañeros legisladores, debemos preguntarnos, si esto pasa en los demás programas de vivienda a nivel nacional, ¿acaso no podrá pasar también en el Fovissste? La respuesta es clara, sí sucede también en este organismo. Ante ello, es pertinente sumar esfuerzos para reorientar los programas de adquisición de vivienda del instituto, a fin de brindar mayores oportunidades para los que menos tienen, pues no estamos hablando de un tema que tenga que ver con la falta de interés de estas personas, sino más bien se trata de un enramaje demasiado complicado para ellos.

Para este caso estamos de acuerdo con que también se procuren apoyos para la rehabilitación de sus hogares. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyamos la propuesta planteada a través de esta minuta, pues a la fecha resulta necesario fijar mecanismos en los que también puedan existir amplias posibilidades para que quienes no pueden o así lo deseen, encuentren ayuda para mejorar sus condiciones de su habitación.

No es posible que teniendo la oportunidad, diversos motivos, como los altos costos de intereses, lo complicado de las reglas de operación, en este caso, las lesivas condiciones para cubrir la figura del solicitante o beneficiario de los programas del Fovissste, las personas que realmente presentan grandes necesidades no logren ser atendidos por su institución.

En ese sentido, es pertinente homologar las condiciones que otras leyes y reglamentos poseen para hacer menos tortuoso el camino y que los derechohabientes alcancen el beneficio de los programas de vivienda.

Ahora, las modificaciones que se hacen para que los derechohabientes puedan obtener, hasta por dos ocasiones un crédito para vivienda, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado, es una medida plausible y realmente positiva para fortalecer el sistema de seguridad social para los trabajadores.

Por las consideraciones antes expuestas votaremos a favor de la presente minuta. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado. Damos la palabra ahora a la diputada Luisa María Alcalde Luján de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para fijar postura de su grupo parlamentario.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Me gustaría proponer una discusión seria respecto a este tema, que a primera vista hubiese significado un avance para los trabajadores al servicio del Estado, pero que estoy convencida que está aparejada de varios riesgos.

Primero que nada decirles que hemos venido planteando la necesidad de que este valioso instituto, como el Fovissste, sea fortalecido adquiriendo una personalidad jurídica propia que le permita actuar con más dinamismo y cumplir con los fines que le dieron vida, sobre todo porque se trata de recursos propiedad de los trabajadores al servicio del Estado. Necesitamos un Fovissste más fuerte, más autónomo, más transparente que le cumpla a los trabajadores.

Con respecto a la posibilidad de obtener un segundo crédito. Valdría la pena que reflexionáramos aquí una cifra que se dio en la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Social con motivo de la glosa, el director del ISSSTE. Nos dijo que más de 1 millón 600 mil trabajadores al servicio del Estado se encuentran hoy en lista de espera para obtener su primer crédito.

Tenemos a 1 millón 600 mil trabajadores que no han recibido siquiera la posibilidad de un crédito para una casa, para una vivienda. Ello representa 68 por ciento de los trabajadores al servicio del Estado.

Al 68 por ciento de los trabajadores se les ha negado la posibilidad de un solo crédito. Aquí estamos planteando nosotros la posibilidad de que se otorguen 2 a un mismo trabajador, lo cual sin duda es deseable. En realidad lo deseable es que se otorguen 2 o 3 créditos, los que sean necesarios.

El asunto no es ése, el asunto es que hay trabajadores que llevan años y años esperando por la posibilidad de un crédito y que jamás se les ha dado esta oportunidad. Valdría la pena que reflexionáramos si es justo que un trabajador tenga dos créditos, mientras uno no tiene absolutamente nada.

Si se trata de ampliar el fondo para que más trabajadores tengan el derecho fundamental a la vivienda, por supuesto que estamos totalmente de acuerdo; pero yo plantearía que no se pueda otorgar un segundo crédito si no se ha terminado con la lista de espera de los trabajadores que están pidiendo el primero.

Sobre todo porque nosotros aquí conocemos cómo funciona el otorgamiento de estos créditos, que muchas veces están sujetos a controles, a premios por parte de los sindicatos; lo que nos lleva a la reflexión de que seguramente habrá trabajadores que fácilmente obtengan el segundo y para los que hoy se encuentran en la lista de espera la posibilidad de obtener un crédito se va a ver reducido.

Vale la pena que tomemos esto en cuenta porque estamos hablando de un millón, y se los repito, nos lo dijo aquí el director del ISSSTE, un millón 600 mil trabajadores que no han tenido la posibilidad de recibir un solo crédito. Con todo respeto, me parece irresponsable no tener esta cifra en mente antes de dar la posibilidad de manera demagógica de permitir el segundo. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche:  Gracias, diputada. Tiene la palabra ahora el diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos para fijar su postura.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar:Con su permiso, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante.

El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Compañeras diputadas, compañeros diputados, existe una relación directa entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida profesional y familiar. Por tal motivo, la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. Por eso, felicitamos a la Comisión de Seguridad Social por este dictamen y por supuesto a la diputada proponente.

También los promotores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantizaron el derecho a la vivienda al mencionar que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure -así como a su familia- la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

De igual manera el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, promueve en su artículo 11 que toda persona posee el derecho a una vivienda adecuada y a una mejora continua de las condiciones de existencia.

En nuestro marco jurídico interno el derecho a la vivienda está tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece el derecho a la vivienda como vital dentro del marco de las garantías individuales, mencionando que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa.

Dicho lo anterior, el gobierno federal a través del Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, busca subsanar el déficit de casas promoviendo el desarrollo ordenado y sustentable del sector. Busca también mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar la vivienda rural.

Según estudios prospectivos, en los próximos años se presentarán cambios en la estructura de la pirámide de edades de la población, siendo los jóvenes en edad de formar familias nuevas uno de los sectores predominantes. Lo anterior ocasionará un crecimiento inevitable en la demanda de vivienda, demanda que el Estado está obligado a satisfacer.

Por lo tanto, una de las tareas imprescindibles del gobierno para los próximos años será redefinir el papel de los organismos nacionales de vivienda para poder hacer frente al déficit habitacional existente. En la actualidad estos organismos buscan la manera de otorgar más y mejores beneficios a los mexicanos en cuestión de vivienda.

Por ejemplo, anteriormente las personas que ya habían hecho uso de su crédito, ya sea adquiriendo una casa o departamento y que posteriormente necesitaban un crédito extra para remodelar, mantener o adquirir una vivienda, tenían que acudir al sector privado a pedir el crédito el cual es muy complicado en muchas ocasiones. Con el presente dictamen esto se acabará, ya que los trabajadores del Estado tendrán derecho a un segundo crédito y siempre son con mejores condiciones en los intereses.

A través de esta reforma las familias mexicanas se beneficiarán, ya que un segundo crédito les permitirá adquirir un mejor inmueble, de mayor tamaño, con características modernas como el ahorro de energía y el mejoramiento de los materiales de la construcción.

Para el otorgamiento del segundo crédito los trabajadores deberán cumplir con una serie de requisitos relativos a contar con más de 18 meses de depósitos constituidos a su favor en subcuentas del Fondo de Vivienda, además de demostrar que el primer crédito está totalmente liquidado.

Con mucho agrado en la fracción del Partido Verde Ecologista de México apoyamos el presente proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, la cual cumple con uno de los objetivos sociales del Estado que es el de garantizar el derecho a la vivienda digna. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias diputado Núñez. Ahora tiene la palabra el diputado Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática para fijar postura, hasta por cinco minutos.

El diputado Antonio Sansores Sastré:Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. Cuando se trata de beneficio a los trabajadores, siempre el grupo parlamentario del PRD irá de la mano. Por esto vamos a favor de la reforma al 167 y 179 de la Ley del ISSSTE, porque cuando se paga un crédito y aún está uno en la calidad de vida de poder seguir trabajando y se tiene la oportunidad de mejorar su vivienda, esto se contempla ya en el artículo 4o., constitucional el derecho a una vivienda digna.

Por ello requerimos que se apruebe para que podamos tener, los que somos trabajadores del Estado, hasta dos créditos e incluso para aquellos que son pensionados.

Hoy en día tenemos la cobertura por parte del FOVISSSTE, al 5.4 por ciento de la demanda de vivienda a nivel nacional.

En un organismo con el más alto sentido social para poder brindar el beneficio de la vivienda a los trabajadores, que se funda desde 1972, ha podido apenas etiquetar hasta por un monto aproximado de viviendas de 1 millón 500 mil en todo el tiempo de vida que lleva de su formación.

Por ello en este primer trimestre del 2014 se pudo incrementar hasta en un 17 por ciento los créditos a la vivienda.

Es necesario que se quede como se propone. A favor vamos el grupo parlamentario, de lo que es el doble crédito a la vivienda hipotecaria para los trabajadores del Estado. Muchas gracias y es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputado Sansores. Tiene la palabra ahora el diputado Víctor Rafael González Manríquez, del Partido Acción Nacional, para fijar postura de su grupo parlamentario, hasta por cinco minutos.

El diputado Víctor Rafael González Manríquez:Con su venia, ciudadana presidenta; compañeras y compañeros legisladores. En nuestro país el derecho a la vivienda se encuentra estrechamente ligado a la situación laboral del beneficiario y se ha implementado a través del crédito hipotecario accesible y manejable, de acuerdo a los ingresos del trabajador.

El derecho al trabajo es prerrogativa común de todos los hombres; se trata de una prerrogativa fundada en el derecho a la vida y a la libertad. El Estado y la sociedad deben encontrar respuestas solidarias y responsables a los retos que impone la necesidad de crear condiciones idóneas para que los trabajadores y sus familias puedan gozar de vivienda segura.

Los pobres resultados en materia de vivienda reportados en el segundo informe del presidente Enrique Peña Nieto obligan a que, como nación, comencemos a tomar medidas para mejorar las condiciones de vivienda de los trabajadores y el acceso a ella.

En dicho informe se reportó que los organismos nacionales y estatales de vivienda, los intermediarios financieros y otros organismos y entidades hipotecarias dispusieran financiar apenas 1.1 millones de créditos y subsidios.

Coincidimos con el texto del dictamen en que al reformar los artículos 167 y 177 de la Ley del ISSSTE se podrían mejorar las condiciones para el otorgamiento de los créditos hipotecarios que actualmente tiene el Fovissste y fortalecen el régimen de derecho de los trabajadores al servicio del Estado

El dictamen que hoy nos ocupa pretende que, una vez que se haya liquidado el primero de ellos, los trabajadores del Estado tengan acceso a un segundo crédito hipotecario con las características que establece la ley.

Resulta incuestionable que el derecho a una vivienda digna es un derecho humano irrenunciable. Es completamente justo que los trabajadores tengan acceso a un crédito que les permita mejorar la vivienda que adquirieron con un primer crédito y que en todos los casos tendrá por lo menos una antigüedad de 10 años, los que en promedio transcurren para que cualquier trabajador liquide su primer crédito.

Por ello, como se ha señalado, coincidimos con la propuesta del dictamen en el sentido de que los trabajadores, habiendo demostrado que han cumplido con sus obligaciones crediticias, pueden acceder a un nuevo crédito para que, por ejemplo, vendan la vivienda adquirida y compren una de mejores condiciones estructurales, incrementando así su patrimonio o que mejoren o amplíen la vivienda ya adquirida.

Para los diputados de Acción Nacional resulta claro que con la aprobación de este dictamen podrán mejorarse las condiciones para el ejercicio del derecho a adquirir viviendas cómodas e higiénicas, consagrado en el artículo 123, fracción XII y que le asiste a todos los trabajadores.

Ante la incapacidad del actual titular del Poder Ejecutivo para garantizarles vivienda digna a todos los trabajadores mexicanos, estamos convencidos que somos los legisladores quienes tenemos la responsabilidad de crear un marco jurídico adecuado para facilitarles a ellos y a sus familiares el cumplimiento de dicho objetivo.

Por ello, en el Partido Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, ciudadana presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: A usted, diputado González Manríquez. Tiene la palabra ahora la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos para fijar su postura. Adelante, diputada.

La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el disfrutar de una vivienda digna y decorosa es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución federal, el cual ha sido garantizado por el Estado mexicano a lo largo de los años.

En este sentido se han creado programas a través de los cuales todos los mexicanos tienen la posibilidad de acceder a un hogar, y de ello los legisladores priistas nos sentimos orgullosos, en virtud de que ha sido en nuestras administraciones las creadoras de las instituciones que como el ISSSTE y el Infonavit, han destinado sus esfuerzos a la creación de una prerrogativa fundamental para el desarrollo del país.

En los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el país cuenta con más de 28 millones 600 mil viviendas particulares habitadas, lo que refleja una cobertura sumamente amplia tomando en consideración que actualmente el promedio de personas por familia es de cuatro.

El gobierno federal ha aplicado acciones para que cada día más familias cuenten con algún tipo de vivienda. Baste decir que en lo que va de la administración del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se ha impulsado el otorgamiento de 858 mil 744 financiamientos para adquisición de vivienda nueva, 254 mil 480 para adquirir vivienda usada y 914 mil 328 apoyos para mejoras. En conjunto, suman un total de 2 millones 27 mil 552 acciones que han permitido beneficiar a un millón 727 mil 80 hogares.

Como sabemos, el contar con una casa trae consigo tranquilidad, salud y seguridad a las personas que la habitan, por lo que es preciso que todos los mexicanos cuenten con el beneficio de una vivienda digna y decorosa, de tal suerte que como representante de la población tenemos el deber de fortalecer nuestro marco legal con el fin de que más familias puedan disfrutar de este derecho fundamental.

Es por ello que consideramos a esta reforma sumamente adecuada, ya que amplía la posibilidad de acceder a un segundo crédito hipotecario en todas las modalidades que establece la ley.

Al reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de crédito de vivienda se beneficia de forma directa a todas aquellas personas, quien día a día hacen de todas las instituciones y organismos gubernamentales trabajen por el bien de este país. Es por lo anteriormente expuesto que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen.

Vale la pena recordar una vez más lo expresado por Lord Scarman, presidente del Consejo del Reino Unido para el Año Internacional del Refugio para las Personas sin Hogar, el alojamiento es una necesidad humana prioritaria, como el alimento y el agua, y una condición esencial de la vida civilizada. Cuando se comprendan estas verdades se reconocerá el problema de estar sin hogar como lo que verdaderamente es, una afrenta contra la dignidad humana y la denegación de un derecho humano básico. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Muchas gracias, diputada Mercado Gallegos.

Saludamos al diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del estado de Quintana Roo, y acompañantes.

Y agotada la lista de oradores para fijar posturas le damos la palabra al diputado Ricardo Monreal, por Movimiento Ciudadano, para fundamentar en contra. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadana presidente, ciudadanos legisladores, miren ustedes, éstas son de las modificaciones –propuestas de modificar artículos– que encierran una gran contradicción cuando intentan modificar el 167 y 179 de la Ley del ISSSTE.

Me parece que es un error lo que están intentando hacer y, repito, advierte un discurso falso. Aquí he escuchado con atención los discursos de quienes me han antecedido, que han fundamentado en favor, y va de todo: desde las loas a quienes dicen que son dueños de las instituciones hasta los que votarán a favor diciendo que es un gran avance para la clase trabajadora. No es así. El que un trabajador obtenga un segundo crédito de vivienda es loable, es lógico aceptarlo, si no hubiese una lista de espera de un universo de trabajadores que también reclaman ser tratados con justicia y que están en la misma condición de los que probablemente obtengan un segundo crédito.

Voy a explicar por qué. Ya lo afirmara la diputada Luisa Alcalde, cuando acudió aquí a comparecer el director del ISSSTE, a pregunta expresa de la diputada Alcalde afirmó que en lista de espera para un primer crédito de Fovissste, para la vivienda, había un millón 600 mil trabajadores al servicio del Estado que estaban calificados para recibir ese crédito, y que hasta la fecha no lo han recibido. Repito, un millón 600 mil trabajadores.

Este año pasado se recibieron 130 mil solicitudes para vivienda por parte de trabajadores al servicio del Estado, sólo se cumplieron o sólo se satisfizo a 36 mil trabajadores, quedando fuera más de 100 mil trabajadores. Luego entonces, es injusto para el millón 600 mil trabajadores, no obtengan el primer crédito en el que están anotados en la lista y en cambio se intente dar un segundo crédito a quienes ya obtuvieron un crédito.

Lo lógico sería que si hubiera suficiente dinero se cubrieran las solicitudes para un primer crédito, y una vez satisfechos estos requerimientos entonces sí iniciar con el segundo crédito. Es verdaderamente lamentable que se apruebe esto, porque se está contraviniendo el derecho de equidad y de igualdad para la clase trabajadora, y se está beneficiando a mafias sindicales de la FSTSE, de los maestros y otros organismos de trabajadores que acaparan estos créditos, los dan electoreramente, les cobran por darles este segundo crédito que va a aplicarse, si ustedes lo aprueban.

Es una reforma engaña bobos, hay que pugnar porque les den primero al millón 600 mil trabajadores que no han obtenido un solo crédito, para que después vayamos a obtener o a otorgar el segundo crédito. No tratemos desigual a los iguales. Ésa es la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado.

Saludamos a vecinos de la delegación Iztapalapa, invitados por la diputada vicepresidenta Aleida Alavez, que aquí nos acompaña. Sean ustedes bienvenidos.

También para fijar postura en contra tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. Mis compañeros Luisa María Alcalde y Ricardo Monreal han sido claros en señalar las contradicciones y las insuficiencias de este dictamen.

Quiero llamar la atención que se les han dispensado trámites o se han corrido dictámenes anticipándose en dos temas, lo del supuesto combate al robo de gasolina, que en realidad también tiene una maniobra para abrir ya el paso a los gasolineros extranjeros y, por otro lado, ya al final o en la parte última de la Legislatura esta reforma en apariencia generosa, en realidad ya es repartir el pastel con las cúpulas sindicales, magisteriales oficiales y con la FSTSE.

Porque bien lo han dicho, si se trata de apoyar a los trabajadores al servicio del Estado con créditos para vivienda, que se agote primero la lista de un millón 600 mil solicitantes, que no han sido favorecidos con un crédito, lo que representa el 68 por ciento de los solicitantes. Y una vez que se agote esta lista, aquellos que hayan sido cumplidos con el primer crédito, que puedan ser beneficiarios de uno segundo.

No hacerlo así equivaldría a seguir condenando a la inmensa mayoría de los solicitantes a estar sin este derecho constitucional a la vivienda y, por otro lado, beneficiar a unos cuantos, que son parte del clientelismo y de los beneficiarios de los grupos sindicales.

Es decir, es casi un bono de marcha en la vivienda. Ya de salida de la Legislatura de una vez arreglemos para que los sindicatos puedan repartir hasta dos créditos a aquellos que sean parte de las cúpulas o favoritos dentro de las cúpulas.

Por eso me parece adecuado que en todo caso se aprobara aquí una reserva que van a presentar mi compañera Alcalde, para que esto surtiera efectos una vez que se agote toda la lista de solicitantes de crédito a la vivienda. Si no fuera así, equivale un poco con el tema magisterial, donde unos cuantos tienen beneficios triples, cuatro plazas, canonjías y la inmensa mayoría de los maestros tienen salarios raquíticos.

Por eso, nosotros estaríamos en contra en lo general, pero esperando que se aprobara la reserva para que esto entrara una vez que se agote toda la lista de quienes no han sido favorecidos con un crédito como trabajadores al servicio del Estado.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado.

Agotada la lista de oradores, esta Presidencia informa...

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Diputado Belaunzarán, no me lo pasaron, pero usted va a posicionar, ¿En contra? ¿A favor?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): Me dijeron que como no hay votación en lo particular...

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: No, sí va a haber, diputado. Hay reservas. ¿Se inscribe a favor o en contra?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (desde la curul): En contra.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Tiene la palabra el diputado Fernando Belaunzarán para hablar en contra, hasta por tres minutos, diputado.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, gracias. Por supuesto que nosotros como partido de izquierda vamos a apoyar y respaldar todos los derechos de los trabajadores.

Y subo para explicar cómo podríamos ir a favor o cómo algunos quisiéramos ir a favor, porque, efectivamente, si se le da la posibilidad a un trabajador de tener un segundo crédito, que nadie está en contra, el problema es que puede haber privilegios, que las cúpulas sindicales pueden decidir a quién le dan el segundo. ¿Por qué? Porque hay una lista, efectivamente, de espera, hay mucha gente que no ha tenido ni siquiera el primer préstamo y si no tiene el primer préstamo, si no hay una condición de igualdad, entonces eso se puede prestar para el privilegio, incluso para que haya cierta coacción o el asunto de quieres el segundo crédito, espérame. Y es que eso va a ser discrecional.

Debiéramos poner un campo parejo para que, efectivamente, todos los trabajadores tengan la misma posibilidad de tener acceso al crédito. Entonces, voy a presentar unas reservas, en donde, leo la parte que se agregaría, es: las solicitudes de crédito de los trabajadores que aún no hayan obtenido crédito alguno, tendrán prioridad sobre las solicitudes de los trabajadores que quieren obtener un segundo crédito.

Ésa es la propuesta que quiero hacerles, para que no vaya a haber privilegiados, para que no vaya a haber castigados, de gente que tiene y cumple todas las condiciones para tener un primer crédito, pero por un manejo discrecional se les vaya a castigar o vayan a darle preferencia de una manera inadecuada a otros. Es decir, lo que no queremos es que haya privilegios.

Y miren, si vemos cómo está la situación, si entendemos de qué tamaño es la crisis por la que estamos pasando, cerremos la puerta a todos los privilegios. Esos privilegios ofenden muchísimo a la sociedad y generan una caldera y generan mucho más presión.

Entonces, la única propuesta que hacemos para poder ir a favor, por lo menos algunos diputados, es que se le dé prioridad a los que aún no han recibido un crédito y han cumplido plenamente con sus condiciones para otorgárselo. Creo que el diputado Juan Bueno Torio...

El diputado Juan Bueno Torio(desde la curul): Quiero hacerle una pregunta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: ¿Usted la acepta, diputado, la pregunta al diputado Juan Bueno?

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Si es una pregunta, con gusto.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Adelante, diputado Bueno.

El diputado Juan Bueno Torio (desde la curul): Diputado, desde luego que coincido con el comentario que usted hace. Solamente una pregunta. Este esquema que usted está planteando, de que pueda coaccionarse a un trabajador o presionarlo para determinado asunto, en el caso de que no le hayan dado crédito, ¿usted está considerando entonces que está limitada la bolsa del crédito para otorgar?

Porque hasta donde yo entiendo no hay límite para poder otorgar el crédito para una vivienda, siempre que el acreditado o el solicitante cumpla con todas las reglas que establece el propio Infonavit.

Entonces, mi pregunta es, ¿usted está haciendo este planteamiento porque considera que está limitada la bolsa del crédito? Yo así no lo considero, por eso es la pregunta.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Sí, claro, diputado. Es que hay una lista de espera gigantesca. El hecho de que haya una lista de espera gigantesca de trabajadores que esperan su primer crédito, nos dice que efectivamente está limitado. Imagínate que todos estos están formados para tener su primer crédito y llegan y los saltan para darle a alguien el segundo crédito de manera discrecional. Imagínate que eso se dé o dime si estoy hablando de un país que no conocemos, para saber que eso no pueda ocurrir.

Entonces, para darle garantías a los trabajadores que juegan en igualdad de condiciones y mientras cumplan los requisitos para tener los créditos, no va a haber privilegiados que los salten de la cola cuando no han recibido ni siquiera su primer crédito.

Entonces, voy a hacer dos reservas, pero la idea es que no haya este privilegio y que los que no han obtenido ni siquiera el primer crédito, no vayan a ser afectados por medidas que violenten lo que debe ser un juego limpio y equitativo. Insisto, los privilegios ofenden y esta puerta abre a eso si no agotamos primero la lista de los que no han obtenido su primer crédito y ya cumplieron todas las condiciones para obtenerlo.

Es simplemente una propuesta para garantizar esta igualdad. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado. Agotada. Sonido en la curul de la diputada Socorro Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Gracias, señora presidenta. He escuchado con atención los posicionamientos de los grupos parlamentarios, las preguntas o cuestionamientos que han hecho desde su curul algunos diputados y veo que no hay contradicción en el fondo del planteamiento a la reforma al 167 y al 179.

Hay coincidencia en el planteamiento, por ejemplo, en lo que hace el diputado Juan, en el planteamiento que hace el diputado Fernando Belaunzarán y en las diferentes participaciones.

Nadie en este pleno se está oponiendo al asunto de un crédito segundo. Lo que se está solicitando y coincide en varios de los posicionamientos, y el mío también, es que se cubra en primera instancia de las que todavía no están con ese beneficio que les otorga la Constitución y la Ley del ISSSTE.

No hay ninguna contradicción, por tanto, con la finalidad de generar un consenso que sea lo más acorde con lo que se ha estado planteando, la propuesta sería —y creo que la comisión no estaría en contra porque he leído las versiones estenográficas cuando se discutió— que hubiera un transitorio en la propuesta de lo que se está planteando o discutiendo y se votará en unos momentos. Que incluyera que hay la disposición o la voluntad de que se cubra a todos aquéllos, los millón y pico que sean, la cantidad que sea, que no han pedido en el transcurso de su permanencia en ese sistema de seguridad del ISSSTE, en particular Fovissste, que se tenga a bien considerar para tener su primer crédito.

Yo creo que no hay contradicción y pudiera...

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Diputada Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): ...y pudiera generar un consenso en los grupos parlamentarios.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Diputada Ceseñas.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): ...Yo sé que hay prisa. Permítame, presidenta, con todo respeto, que hay prisa para someter a votación y probablemente avanzar en los diferentes dictámenes. Pero den tiempo a los proponentes para que, en su momento, con el presidente de la comisión acepte ese agregado que pudiera ser con un transitorio y estaría obviamente votado. ¿De qué manera? ¿Sabe cómo? Por unanimidad a favor para que haya un segundo crédito a favor de las trabajadoras y los trabajadores del ISSSTE.

La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Diputada, gracias por ilustrar a la asamblea. Le informo que hay reservas y procedería la discusión en lo particular después de votado en lo general.

Por tanto, informo que de conformidad con el artículo 109 de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión los siguientes artículos: 167, por la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Movimiento Ciudadano; el 167 también, por la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática; el 167 y 179 por el diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Saludamos la presencia de alumnos y alumnas de la Escuela Preparatoria Número 3, Justo Sierra, del Distrito Federal, invitados por el diputado Israel Moreno Rivera, del PRD.

También saludamos con respeto, con afecto, a un grupo de adultos mayores de la Asociación Mis Mejores Años, de Puruándiro, Michoacán; sean bienvenidos y bienvenidas a este recinto. Los ha invitado el diputado Armando Contreras Ceballos. Gracias por su visita.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 333 votos a favor, 12 abstenciones y 26 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, por 333 votos.

Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar su propuesta de modificación, es al artículo 167. Adelante, diputada.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Presidente, estamos tratando de llegar a un acuerdo.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Si usted lo autoriza, le daría el uso de la palabra a la diputada Gloria Bautista Cuevas. ¿Está en disposición, diputada Bautista? Adelante entonces para que presente propuesta de modificación al artículo 167 del proyecto de decreto que reforma la Ley del ISSSTE. Adelante, diputada.

La diputada Gloria Bautista Cuevas:Con su venia, diputado Presidente. La propuesta de ley que se nos plantea hoy superficialmente aparece como benéfica para los trabajadores; sin embargo, consideramos que hasta en tanto no se cumpla con la exigencia de aquellos trabajadores que no han obtenido un solo crédito resulta un despropósito otorgar un segundo crédito para una casa.

Existe en esta legislación un renglón orientado a ampliar el crédito original para mejoras en la habitación; ello sería muy conveniente fortalecerlo. Que quede muy claro. Estamos a favor de que se otorguen más y mejores créditos y que todos ellos estén sujetos a un procedimiento transparente, sin manipulación corporativa ni corrupción.

No pensamos que la solución sea reducir las expectativas de aquellos que no tienen crédito canalizando los recursos a favor de quienes ya lo obtuvieron bajo las reglas que hoy privan en este fondo.

Proponemos a este pleno una revisión más amplia del tema para garantizar que todos los trabajadores tengan crédito para vivienda, que sus montos se incrementen y que se fortalezcan los apoyos adicionales para una vivienda digna.

Por todo ello consideramos que hoy la prioridad es atender al gran número de servidores públicos que no han sido escuchados en sus reclamos y que son un millón 600 mil trabajadores.

La propuesta es: dice el artículo 167: “hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre liquidado”. Debe decir: “hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre liquidado y siempre y cuando se haya agotado la lista de espera de los primeros créditos”.

Debemos perseguir la justicia compañeras y compañeros diputados. Gracias por su atención. Gracias, señor presidente.

«Hoy nos toca el derecho a la vivienda de los trabajadores al servicio del Estado. Hemos venido planteando la necesidad de que este valioso instituto de seguridad y servicios sociales sea fortalecido adquiriendo una personalidad jurídica propia que le permita actuar con más dinamismo y cumplir con los fines que le dieron vida, sobre todo, porque se trata de recursos propiedad de los trabajadores. Necesitamos un Fovissste más fuerte más autónomo, más transparente que le cumpla a los trabajadores del Estado dándole prioridad a esas largas filas de solicitantes que no han podido obtener un crédito para gozar de vivienda propia.

La propuesta de ley que se nos plantea hoy superficialmente, aparece como benéfica para los trabajadores, sin embargo, consideramos que hasta en tanto no se cumpla con la exigencia de aquellos trabajadores que no han obtenido un solo crédito resulte un despropósito otorgar un segundo crédito para casa, existe en esta legislación un renglón orientado a ampliar el crédito original para mejoras en la habitación, ello sería muy conveniente fortalecerlo. Que quede claro, estamos a favor de que se otorguen más y mejores créditos y que todos ellos estén sujetos a un procedimiento transparente sin manipulación corporativa ni corrupción.

No pensamos que la solución sea reducir las expectativas de aquellos que no tienen crédito canalizando los recursos a favor de quienes ya lo obtuvieron bajo las reglas que hoy privan en este fondo. Proponemos a este Pleno una revisión más amplia del tema para garantizar que todos los trabajadores tengan crédito para vivienda, que sus montos se incrementen y que se fortalezcan los apoyos adicionales para una vivienda digna por todo ello consideramos que hoy la prioridad es atender al gran número de servidores públicos que no han sido escuchados en sus reclamos.

Dice:

Artículo 167. ...

...hasta por dos ocasiones una vez que el primer crédito se encuentre liquidado.

Debe decir:

Artículo 167. ...

...hasta por dos ocasiones una vez que el primer crédito se encuentre liquidado y siempre que se haya agotado la lista de espera de los primeros créditos.

México, DF, a 6 de noviembre de 2014.— Diputada Gloria Bautista Cuevas (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Gloria Bautista. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha.

Me doy oportunidad para saludar con respeto y también con mucho afecto, a un grupo de adultos mayores, señoras, señores de Ixmiquilpan y de la región del estado de Hidalgo, han sido invitados nuestras amigas, las diputadas Mirna Hernández y Dulce María Muñiz, aquí presentes en esta Mesa Directiva. Muchas gracias, gracias por su visita.

Le otorgo el uso de la palabra al señor diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar ambas reservas que ha formulado a los artículo 167 y 179. Adelante, diputado Belaunzarán. Que se amplíe el tiempo.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:Miren, la verdad es que lamento mucho que no se haya podido construir un acuerdo que garantice la igualdad.

Ustedes piensen cómo se ofende la gente cuando está formada para asistir a un espectáculo cualquiera, y llega el influyente y se mete a mitad de la cola o se mete a ser el primero, obviamente en detrimento de quienes ya estaban formado en la cola y hayan cumplido su responsabilidad. No estoy en contra de que ningún trabajador haya tenido dos créditos. Es más, no estaría en contra de que tuviera tres créditos o cuatro. Lo que no estoy a favor o no puedo avalar, es que pueda haber privilegios y que haya personas, haya trabajadores que estén esperando su primer crédito y por cuestión de privilegios, de influyentismo, de cualquiera de las cosas que sí suceden en el sindicalismo mexicano, y lo sabemos, que por esas condiciones paguen y se les mermen los derechos a quien sí cumplió y sí ha estado.

Esta reserva era por la igualdad, que tuvieran prioridad los que no hayan recibido el primer crédito. Era simple y llanamente eso, que tuvieran la prioridad de recibirlo, siempre y cuando cumplieran con los requisitos.

Pero bueno, parece ser que hay algunos que para el control político quisiera mejor pasar a sus cuates, que tengan su segundo crédito antes de que muchos trabajadores hayan obtenido siquiera el primero.

Qué bueno que puedan tener un segundo, incluso ya lo dije, un tercer crédito, ése no es el problema. El problema es que se salten la cola, el problema es que por dar privilegios haya personas que hayan cumplido con sus requisitos y no tengan este crédito.

Eso es, y yo lamento mucho que no se haya construido este acuerdo, que lo único que decía es que tendrían prioridad aquellos trabajadores que hayan cumplido su requisito y no hayan obtenido el primer crédito. Era lo único que estamos pidiendo y, bueno, se rechazó porque parece ser que no se entiende y quieren seguir teniendo un México con privilegios.

Pero la crisis que estamos padeciendo hoy en el país, una crisis que es mucho más que lo de Iguala, es mucho más que eso, que tiene que ver con la seguridad, pero no sólo también tiene que ver con eso, con corrupción, con impunidad y, por supuesto, con privilegios. Y aquí estamos avalando un privilegio o la posibilidad de un privilegio.

Queríamos poner simplemente el candado, que tuvieran prioridad aquellos que no hubieran tenido el primer crédito y que estuvieran formados y que hubieran cumplido con todos los requisitos. Desgraciadamente quieren sacar esta reforma con privilegios, lamento mucho porque es no darse cuenta de lo que está pasando en el país. Es cuanto, presidente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputados secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito la reserva del artículo 167 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que presenta la Comisión de Seguridad Social para quedar como sigue:

Dice:

Artículo 167. ......

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado.

(...)

Debe decir:

Artículo 167. ...

...

El Fondo de la Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado. Las solicitudes de crédito de los trabajadores que aún no hayan obtenido crédito alguno, tendrán prioridad sobre las solicitudes de los trabajadores que quieran obtener un segundo crédito.

(...)

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2014.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputados secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito la reserva del artículo 179 del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que presenta la Comisión de Seguridad Social para quedar como sigue:

Dice:

Artículo 179. ...

...

Los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos ocasiones. Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la Ley para el otorgamiento del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además deberán demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. El importe de estos créditos se aplicará para los fines previstos por el artículo 169 de este ordenamiento.

Debe decir:

Artículo 179. ...

...

Los trabajadores podrán recibir crédito del Fondo de la Vivienda hasta por dos ocasiones de conformidad con los criterios establecidos en el tercer párrafo del artículo 167.Para el caso del otorgamiento del segundo crédito, los trabajadores deberán cubrir los mismos requisitos previstos por la Ley para el otorgamiento del primer crédito, relativos a contar con más de dieciocho meses de depósitos constituidos a su favor en las Subcuentas del Fondo de la Vivienda, además deberán demostrar que el primer crédito se encuentra totalmente liquidado y que fue pagado de manera regular. El importe de estos créditos se aplicará para los fines previstos por el artículo 169 de este ordenamiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2014.— Diputado Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, don Fernando Belaunzarán. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas formuladas por el diputado.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se acepta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desechan. Tiene el uso de la palabra la diputada Luisa María Alcalde Luján para presentar propuesta de modificación al artículo 167, ella integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

La diputada Luisa María Alcalde Luján:Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada Luisa María Alcalde Luján: Estoy convencida de que no se logró el acuerdo para modificar finalmente este dictamen por falta de tiempo, pero también por falta de información. Dicen algunos compañeros que no hay trabajadores al servicio del Estado formados para obtener un crédito, que a todo mundo que ha deseado un crédito se le ha otorgado, cosa que sería extraordinaria, pero que está sumamente alejada de la realidad. Ya decíamos nosotros: un millón 600 mil trabajadores que hoy están formados para obtener su primer crédito.

¿Y de qué trataba la reserva que me parece de elemental lógica? Lo que nosotros planteábamos es que sí, que se pueda obtener un segundo crédito, pero que se le dé prioridad a los trabajadores que no han obtenido ninguno. ¿Quién puede estar en contra de una propuesta como ésta?

Cómo es posible que prioricemos a alguien que obtenga un segundo crédito por encima de alguien que no tiene absolutamente nada, sobre todo si nuestra Constitución nos obliga a que todos los mexicanos tienen el derecho a una vivienda digna.

La propuesta específica, se las voy a leer: estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado y siempre y cuando se haya agotado todas las solicitudes de primer crédito. Demos el segundo siempre y cuando no haya trabajadores que no tengan absolutamente nada.

Yo les pido una reflexión mayor y que podamos votar a favor esta modificación, que sí abre la posibilidad a que se otorgue un segundo crédito, pero si y sólo si no existen trabajadores de tercera. No podemos tener trabajadores de primera, de segunda y de tercera, todos tienen exactamente el mismo derecho de acceder a un crédito para la vivienda, todos lo que cumplan con los requisitos y creo que está en nuestras manos hoy poder garantizarles exactamente eso.

Les dejo un dato que pueden corroborar en las páginas de internet oficiales. En 2013 se solicitaron 132 mil créditos en el Fovissste, y se otorgaron solamente 32 mil. Solamente en ese año hay 100 mil trabajadores que pidieron un crédito para su primera casa y que no lo obtuvieron. Ellos hoy corren el riesgo de nunca obtenerla. Muchas gracias.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputada Luisa Alcalde Luján, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6o., fracción X; 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó al Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente reserva:

Texto dictamen

Artículo 167. ...

...

...

Sin que motive debate, en votación económica, se dese-cha.

Texto propuesto

Artículo 167. ...

...

El Fondo de Vivienda tiene por objeto establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda. Estos préstamos se harán hasta por dos ocasiones, una vez que el primer crédito se encuentre totalmente liquidado, siempre y cuando se hayan otorgado todas las solicitudes de primer crédito.

México, DF, a 6 de noviembre de 2014.— Diputada Luisa María Alcalde Luján (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Alcalde Luján. Consulte la Secretaría en votación económica a la asamblea, si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha. Ahora le pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos precitados, que fueron materia de la reserva, 167 y 179. Por cinco minutos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos enunciados por la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Es en términos del dictamen.

(Votación)

En nombre del diputado Marcos Aguilar Vega, diputado de Acción Nacional, saludamos a jóvenes del grupo Amigos Ex Hacienda y grupo de comerciantes del estado de Querétaro. Saludos, bienvenidos a este recinto. Gracias. Cierre el sistema de votación electrónico, secretaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 272 votos a favor, 0 abstenciones, 97 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE PREMIOS, ESTIMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el premio nacional de cultura contributiva

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva .

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72, inciso e) y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

1.Eltres de julio de dos mil catorce, el diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva .

2. En esa misma fecha, tres de julio de dos mil catorce, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión dispuso que la iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

3. El primero de agosto de dos mil catorce, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron el presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

El iniciador señala que las obligaciones ciudadanas buscan satisfacer las necesidades comunitarias y sociales; el deber de la autoridad estatal implica el uso del dinero público para la creación de infraestructura y la atención de las necesidades para mejorar a la comunidad a través de la obra pública, el desarrollo social o la creación de programas en diversos ámbitos y que redunden en el bien común conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante, los ciudadanos cuestionan el uso y destino de los dineros recaudados, además de que el cumplimiento de las obligaciones fiscales es visto como una condición gravosa donde se pone en tela de juicio su efectividad y de la aplicación concreta para el bien público.

De acuerdo con la exposición de la iniciativa materia de este dictamen, es necesario la creación de una nueva forma para concebir las obligaciones tributarias fomentando la idea de solidaridad social destacando que los contribuyentes están llamados a cumplir con sus obligaciones en base a la confianza, la cooperación con respeto a los derechos humanos cuyas contribuciones impacten efectivamente en el desarrollo del país.

En este sentido, el proponente considera oportuno impulsar una cultura contributiva entendida como “una nueva conciencia confiriendo la idea de que el compromiso de los contribuyentes es imperativo en un marco ético y responsable; por otro lado, en las obligaciones de las autoridades estatales, el sistema tributario será sustentable en un marco justo y participativo para que, en una democracia, el empoderamiento ciudadano sea efectivo en el respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones como compromiso ético y social de las obligaciones tributarias”, por tal motivo la creación de un Premio Nacional de Cultura Contributiva abonará en esta nueva idea que redunde en la confianza, cooperación y solidaridad por lo que propone su creación en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la minuta al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A) En lo general

1. El 11 de junio de 2011 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos. Estos cambios fueron trascendentales debido al tratamiento de los derechos humanos y su interpretación conforme a los Tratados Internacionales en el reconocimiento de que los derechos de cada persona le son inherentes y no una graciosa concesión de la autoridad estatal.

2. La reforma descrita implica también el tratamiento, interpretación y alcances de los derechos humanos en concordancia con la actualización y diálogo en la comunidad internacional implicando la calidad de vida, las libertades, la dignidad y el respeto de todas las personas conforme a la normatividad establecida en la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que México sea parte.

3. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de los mexicanos para contribuir a los gastos públicos de forma proporcional y equitativa. El mencionado precepto dice:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. a III. ...

IV.Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

4. En este sentido, y en el marco de las recientes reformas sobre derechos humanos a la Constitución, los contribuyentes gozan de esos mismos derechos de manera tal que, al serles respetados y garantizados, bajo los criterios de las contribuciones proporcionales y equitativas, deben ser observadas por las autoridades en el ejercicio de su potestad tributaria infiriendo, desde luego, la facultad del Estado para hacer cumplir con las obligaciones de contribuir a los gastos públicos teniendo como punto permanente el respeto a los derechos humanos.

5. Por otro lado, es importante señalar que la obligación de los mexicanos para contribuir de forma proporcional y equitativa debe transformar la concepción general para ver, de otra forma, este ejercicio bajo una nueva cultura que implique que las contribuciones están en el marco de la cooperación y de la solidaridad.

6. A mayor abundamiento, nuestro sistema jurídico ha implementado las disposiciones normativas que indican claramente cuáles son los derechos de los contribuyentes. Efectivamente, el artículo 2o de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio de 2005, señala cuáles son sus derechos generales destacando aquéllos para ser informados y asistidos por las autoridades, gozar de procedimientos tributarios expeditos, la protección de sus datos personales, el trato respetuoso por parte de las autoridades tributarias así como disponer de los medios legales para su defensa ante esas mismas:

Artículo 2o. Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas.

II. Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y de las leyes fiscales aplicables.

III. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.

IV. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados.

V. Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente, previo el pago de los derechos que en su caso, establezca la Ley.

VI. Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante.

VII. Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

VIII. Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración tributaria.

IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa.

X. Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa.

XI. Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas.

XII. Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.

Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.

La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión.

XIII. Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.

XIV. Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala

6. Desde hace algunos años, estudios internacionales han venido desarrollando el concepto de Cultura Contributiva “como el conjunto de conocimiento, creencias, valores y actitudes, individuales y colectivos, que tienen los participantes del sistema tributario nacional, respecto a la tributación y la observancia de las leyes que rigen la conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza, la afirmación de los valores de ética personal, el respeto a la ley, la responsabilidad ciudadana y la solidaridad social de los pagadores de impuestos”. (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente., en: Cultura Contributiva en 12, No. 6, p. 13.)

7. De acuerdo con lo anterior, la Cultura Contributiva quiere generar una conciencia distinta de que las contribuciones no sólo implican una obligación, también desea imprimir el sentido de responsabilidad ya que el contribuyente, al aportar sus impuestos, tiene también una autoridad moral para exigir del Estado el uso correcto y transparente de los recursos públicos, obligación misma de las autoridades para impulsar esta forma de responsabilidad como lo señala el artículo 6o de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente:

Artículo 6o. Las autoridades fiscales realizarán campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación, para fomentar y generar en la población mexicana la cultura contributiva y divulgar los derechos del contribuyente.

8. Este sentido de responsabilidad y de tutela de los derechos humanos de los contribuyentes podría erradicar fenómenos como la corrupción y evasión para dar paso a la participación y la apertura propias de un régimen democrático en una relación distinta donde la autoridad tributaria no sea vista como persecutora de los contribuyentes, como terroristas fiscales, y sí en base al respeto de los derechos y garantías alentando a los ciudadanos al cumplimiento voluntario en base a la justicia y la eficacia.

9. Aunado a lo anterior, bajo la perspectiva de la Cultura Contributiva y la defensa de los derechos humanos de los Contribuyentes, nuestro país ha constituido órganos especializados en la defensa de quienes aportan al gasto público. Efectivamente, al estilo de un ombudsman ,la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tuvo su creación por decreto que expide la Ley de la Procuraduría Federal del Contribuyente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2006, otorgándole la naturaleza de organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión.

10. Entre las atribuciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, están las del formar e impulsar la Cultura Contributiva como factor de respeto de los derechos del contribuyente y sus garantías con apego a la legalidad, la responsabilidad y la solidaridad. Así, el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente establece:

Artículo 5. Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:

I. a XIV.

XV. Fomentar y difundir una nueva cultura contributiva realizando campañas de comunicación y difusión social respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a éstos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias, de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales federales, quienes deberán actuar en estricto apego a la legalidad;

XVI.a XVII.

B) En lo particular

1. La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, tiene por objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento que hace el Estado a las personas que merezcan los premios, estímulos o recompensas que en ella misma se establecen.

2. Los premios que se otorgan obedecen al reconocimiento público de una trayectoria vital ejemplar o bien a determinados actos u obras valiosas o relevantes, realizadas en beneficio de la humanidad, del país o de cualquier persona.

3. Como se ha expuesto en las consideraciones en lo general, esta Comisión estima oportuna la creación de un Premio Nacional de Cultura Contributiva que redundará en el estímulo y el fomento de la responsabilidad vista como un deber que beneficia a todos los habitantes del país al aportar justa y equitativamente las contribuciones señaladas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Este Premio Nacional no sólo será un estímulo y reconocimiento para los contribuyentes, también será un vínculo con los investigadores, estudiosos, escolares y especialistas en los temas sobre defensa de los derechos humanos de los contribuyentes así como del derecho fiscal para que el sistema tributario sea generador de confianza en base a esta cultura contributiva, de manera que, en diálogo y la interlocución propias de una democracia, la buena administración suponga los criterios de respeto a las personas y de uso transparente de sus contribuciones.

5. La creación del Premio Nacional del Cultura Contributiva supone tomar parte a favor de los ciudadanos y de realizar, efectivamente, las obligaciones señaladas en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para promover, impulsar y fortalecer la Cultura Contributiva como “práctica social reorientadora del paradigma imperante respecto al pago de los impuestos para el desarrollo de un sistema tributario más justo, simple, eficaz, basado en el empoderamiento ciudadano, a través de acciones que le permitan entender sus derechos y obligaciones tributarias como parte de un compromiso ético, político y social para con México”. (Procuraduría de la Defensa del Contribuyente., en: Cultura Contributiva en 12, No. 6, p. 22.)

C) Modificaciones a la iniciativa

1. Esta Comisión estima oportunas algunas modificaciones al proyecto de decreto, especialmente sobre las categorías del Premio que se pretende crear. Efectivamente, el artículo 125 del proyecto de decreto no indica categorías particulares como se encuentran en otros premios de la Ley en estudio señalando, simplemente, las categorías de “personas físicas y personas jurídico-colectivas” lo que, a juicio de los integrantes de este órgano legislativo, no cumple con el cometido específico de este artículo.

2. Si bien se ha visto que la Cultura Contributiva contiene importantes elementos para modificar los paradigmas del sistema de tributación, el Premio que se pretende crear bien puede contener distintas clases o rubros en los cuales pueda ser otorgado, sea a personas físicas o morales, dedicadas al estudio, investigación, promoción, defensa de los derechos de los contribuyentes en el marco de este nuevo concepto de la Cultura Contributiva.

3. En este sentido, la Comisión de Gobernación estima oportuno establecer las siguientes categorías abonando, de forma más específica, al establecimiento puntual de las clases o tipos por los cuales pueda concederse el Premio Nacional de Cultura Contributiva para quedar de la siguiente manera:

Artículo 125. El Premio Nacional de Cultura Contributiva se entregará en las siguientes categorías:

I.Promoción, divulgación y defensa de losderechos humanos de los contribuyentes en el marco de la Cultura Contributiva;

II.Generación de mecanismos para el fortalecimiento del sistema tributario justo, equitativo y solidario en el régimen democrático.

III.Investigaciones y estudios académicos sobre fortalecimiento de la Cultura Contributiva;

Por lo anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva

Artículo Único. Se adicionan el artículo 6, con una fracción XVIII; un Capítulo XXIII denominado “Premio Nacional de Cultura Contributiva”, que comprende los artículos 124, 125, 126 y 127, recorriéndose los actuales para ser los artículos 128, 129, 130 y 131 en un Capítulo XXIV denominado “Disposiciones Generales” de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6....

I. a XVII. ...

XVIII. De Cultura Contributiva.

...

Capítulo XXIII

Premio Nacional de Cultura Contributiva

Artículo 124. El Premio Nacional de Cultura Contributiva se entregará a las personas físicas o morales que realicen actividades sobresalientes que propicien en la ciudadanía la divulgación, el fomento y desarrollo de la Cultura Contributiva como la vía para incentivar el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones y mejorar el desarrollo social de la Nación, así como a aquellos ciudadanos que realicen investigaciones o estudios en materia jurídica y/o tecnologías de la información de aplicación práctica para fortalecer el Sistema de Administración Tributaria o en materia de Cultura Contributiva.

Artículo 125. El Premio Nacional de Cultura Contributiva se entregará en las siguientes categorías:

I.Promoción, divulgación y defensa de losderechos humanos de los contribuyentes en el marco de la Cultura Contributiva.

II.Generación de mecanismos para el fortalecimiento del sistema tributario justo, equitativo y solidario en el régimen democrático.

III.Investigaciones y estudios académicos, jurídicos o tecnológicos sobre fortalecimiento del Sistema de Administración Tributaria o de la Cultura Contributiva.

Artículo 126. El Premio Nacional de Cultura Contributiva consistirá en medalla, diploma y podrá adicionarse con una entrega en numerario o especie cuyo monto determinará el Consejo de Premiación. Será entregado anualmente por el Presidente de la República y el Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Artículo 127. El Premio se tramitará ante el organismo federal Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en ejercicio de su autonomía, y a través de sus instancias competentes emitirá las reglas para la integración del Consejo de Premiación que se constituirá por personas de reconocida calidad moral, académica o intelectual y representantes de los sectores público y privado, así como un representante de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Capítulo XXIV

Disposiciones Generales

Artículo 128.Las erogaciones que deban hacerse con motivo de esta Ley, serán con cargo a la partida correspondiente de la Secretaría donde se tramite cada premio, y en caso de falta o insuficiencia de partida, con cargo al presupuesto del ramo de la Presidencia. Las recompensas de que trata el capítulo XVI únicamente podrán recaer sobre el presupuesto de la dependencia u organismo al que pertenezca el beneficiario.

Artículo 129.Los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción.

Artículo 130.Salvo que esta Ley contenga disposición expresa al respecto, los jurados están facultados para proponer que dos o más personas con iguales merecimientos participen entre sí el mismo premio, o que éste se otorgue a cada una de ellas.

Artículo 131. Las recompensas señaladas en efectivo por la presente Ley, se ajustarán en la proporción en que se modifique el salario mínimo general en el Distrito Federal.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a primero de agosto de 2014.

La Comisión de Gobernación, diputados:Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (rúbrica), presidente; Esther Quintana Salinas, José Alfredo Botello Montes (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez, Mónica García de la Fuente, Francisco Alfonso Durazo Montaño, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, Williams Oswaldo Ochoa Gallegos (rúbrica), Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), secretarios; Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares, José Ángel Ávila Pérez, Faustino Félix Chávez, Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Rodrigo González Barrios, Luis Antonio González Roldán (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Julio César Moreno Rivera, Arnoldo Ochoa González (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Raymundo King de la Rosa (rúbrica), José Arturo Salinas Garza (rúbrica), Víctor Hugo Velasco Orozco, Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la Comisión para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el diputado Abel Octavio Salgado Peña, hasta por cinco minutos. Adelante, señor diputado don Abel Salgado.

El diputado Abel Octavio Salgado Peña:Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de los mexicanos para contribuir a los gastos públicos de forma proporcional y equitativa. Esta obligación ineludible tiene a su vez un componente de derechos de los contribuyentes que nuestro sistema jurídico ha implementado en distintas disposiciones normativas.

La obligación de contribuyente y la obligación del Estado de respetar los derechos de éste deben ser fundamento de una nueva cultura contributiva, en donde los contribuyentes están en el marco de la cooperación y la solidaridad.

Diputadas y diputados, la cultura contributiva quiere generar una conciencia distinta de que las contribuciones no sólo implican una obligación, también desea imprimir el sentido de responsabilidad, ya que el contribuyente al aportar sus impuestos tiene también una autoridad moral para exigir al Estado el uso correcto y transparente de los recursos públicos, obligación misma de las autoridades para impulsar esta forma de responsabilidad.

En este sentido de responsabilidad y de tutela de los derechos humanos de los contribuyentes podría erradicar fenómenos, como la corrupción y evasión, para dar paso a la participación y apertura propias de un régimen democrático, en una relación distinta donde la autoridad tributaria no sea vista como persecutora de los contribuyentes, y sí en base al respeto de los derechos y garantías, alentando a los ciudadanos al cumplimiento voluntario en base a la justicia y la eficacia.

Bajo la perspectiva de la cultura contributiva y la defensa de los derechos humanos de los contribuyentes, nuestro país ha constituido órganos especializados en la defensa de quienes aportan al gasto público. Efectivamente, al estilo de un ombudsman, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene, entre sus atribuciones, la de formar e impulsar la cultura contributiva como factor de respeto de los derechos del contribuyente y sus garantías con apego a la legalidad, la responsabilidad y la solidaridad.

La Comisión de Gobernación estima oportuna la creación de un Premio Nacional de Cultura Contributiva, que redundará en el estímulo y fomento de la responsabilidad, vista como un deber que beneficia a todos los habitantes del país, al aportar justa y equitativamente las contribuciones señaladas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este Premio Nacional no sólo será un estímulo y reconocimiento para los contribuyentes, también será un vínculo con los investigadores, estudiosos, escolares y especialistas en los temas sobre defensa de los derechos humanos de los contribuyentes, así como del derecho fiscal para que el sistema tributario sea generador de confianza en base a esta cultura contributiva, de manera que, el diálogo y la interlocución propias de una democracia, la administración suponga los criterios de respeto a las personas y de uso transparente de sus contribuciones.

La creación del Premio Nacional de la Cultura Contributiva supone tomar parte a favor de los ciudadanos y de realizar, efectivamente, las obligaciones señaladas en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para promover, impulsar y fortalecer la cultura contributiva como práctica social reorientadora del paradigma imperante respecto al pago de los impuestos para el desarrollo de un sistema tributario más justo, simple, eficaz, basado en el empoderamiento ciudadano a través de acciones que le permitan entender sus derechos y obligaciones tributarias como parte de un compromiso ético, político y social para con México.

Honorable asamblea, la materia tributaria, aun en el caso que nos ocupa, en que buscamos reconocer un mérito ciudadano, debe respetar los principios de legalidad, equidad, transparencia y eficiencia del sistema impositivo, entre otros.

Por eso, en este acto propongo una breve adición a una disposición que hoy es texto vigente, pero que por virtud de este decreto va a ser reubicada.

En el artículo 129 del decreto de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensa se establece que los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción.

Por eso, en atención a los principios que antes comentamos, en particular los de legalidad y equidad, proponemos adicionar la extensión en los términos de las leyes fiscales aplicables.

Con esta sencilla pero sustancial modificación dejaremos claro que las exenciones de impuestos o las deducciones no se realizarán de forma arbitraria o subjetiva, sino que deberá ser regulada por la autoridad fiscal abonando en la seguridad y la certeza jurídica que en materia tributaria revisten de una especial relevancia.

Insisto, esta propuesta cumple con el único objetivo de dejar clara la competencia de las autoridades hacendarias y la aplicación de las leyes fiscales que crean el marco hacendario.

Por eso, amigas y amigos diputados, agradeceré el apoyo que pudieran dar con su voto a favor del dictamen de la Comisión de Gobernación, así como de la propuesta de modificación que he planteado anteriormente. Es cuanto, diputado presidente.

«Reserva de Modificación al artículo 129 del decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva.

Dice:

Artículo 129. Los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción.

Redacción propuesta

Artículo 129. Los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción, en los términos de las leyes fiscales aplicables.

México, DF, a 6 de noviembre de 2014.— Diputado Abel Octavio Salgado Peña (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Le pido a la Secretaría, previa lectura de la propuesta de modificación presentada por el diputado Salgado Peña, citando el artículo, la Secretaría consultará a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el propio diputado en nombre de la Comisión.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: La modificación es a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Fracción propuesta. Artículo 129. Los premios y las entregas adicionales en numerario o en especie, así como las recompensas, estarán exentos de cualquier impuesto o deducción.

El agregado es “en los términos de las leyes fiscales aplicables”.

Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se acepta la modificación propuesta por el diputado Abel Octavio Salgado Peña, a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretario. Se acepta, se incorpora al dictamen que está a discusión.

Tengo registrados para fijar las posturas de los grupos parlamentarios a los diputados y a la señora diputada por Nueva Alianza: diputado Luis Antonio González Roldán. Al diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por el Partido del Trabajo. Por el Partido del Movimiento Ciudadano, su grupo parlamentario, al diputado Alfonso Durazo Montaño, y a la diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero, del PRD.

Antes de otorgarle la palabra al diputado González Roldán, quiero reconocer y saludar a integrantes de la Asociación Nacional de Carnavales de México, del estado de Colima, que han sido invitados por el señor diputado Arnoldo Ochoa González. Sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos en este recinto.

También el señor diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández ha invitado a jóvenes alumnos y alumnas de la Unitec, del Campus Atizapán. Bienvenidos, y gracias también por su interés en vivir parte de la dinámica de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgo el uso de la palabra al diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, para fijar la postura de su grupo parlamentario con relación al dictamen en mérito. Solo reitero que el dictamen a discusión incluye la modificación presentada por el señor diputado Salgado Peña. Adelante, diputado.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con la venia de la Presidencia. Señoras legisladoras, señores legisladores, la política tributaria no solo sirve para recaudar los recursos necesarios para mantener el funcionamiento del Estado, los servicios que el mismo presta, sino que debe ser considerado un instrumento de redistribución de la riqueza a través de políticas públicas de bienestar social.

Debemos reconocer que la cultura tributaria en nuestro país no goza del aprecio de la ciudadanía, mucho menos de los contribuyentes. Ven disminuir sus ingresos por el pago de impuestos que se debe realizar al Estado. Esta situación genera una serie de comportamientos que perjudican las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno como son la evasión y la elusión fiscal.

Por esta razón pensamos que es necesario mejorar y realizar todos los esfuerzos posibles para acercar a los contribuyentes y promover su interés en la tributación. La cultura contributiva es considerada como una extensión de la cultura democrática; conocida también como la cultura tributaria, se entiende como aquél conjunto de valores, creencias y actitudes compartidos por una sociedad respecto de la atribución y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales.

Derivado de esta definición, es por demás evidente la necesidad de incorporar la cultura tributaria en el imaginario colectivo y así reforzar la idea de que las contribuciones están relacionadas directamente con una mejor calidad de vida.

Como lo señala el artículo 31 constitucional en su fracción IV, es una obligación de las y los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Evidentemente estos impuestos suponen también derechos para los contribuyentes como lo estipula la propia Ley Federal de los Derechos del Contribuyente y la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Sin embargo coincidimos con la percepción de que es importante fomentar la cultura contributiva mediante la creación de un estímulo a los ciudadanos.

La ley que se busca reformar con el presente decreto tiene por objeto determinar las normas que regula el reconocimiento público que haga el Estado de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos y recompensas.

En este sentido no sólo nos parece propicia la creación del Premio Nacional de Cultura Contributiva, sino que la consideramos como un agente de cambio en la cultura de los contribuyentes y una forma de acercamiento entre la autoridad y los ciudadanos.

Al existir diferentes categorías dedicadas por ejemplo a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos de los contribuyentes, a la generación de mecanismos para el fortalecimiento al sistema tributario justo y las investigaciones y estudios académicos sobre fortalecimiento de la cultura contributiva, el premio se diversificará y aportará un mayor ímpetu a la divulgación de la cultura tributaria en el país.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos plenamente convencidos que es fundamental impulsar una cultura tributaria, siempre con la finalidad de que sea el ciudadano el principal beneficiario de la recaudación y que la misma se vea reflejado en el desarrollo de las comunidades.

Consideramos que la creación de este premio será un instrumento no sólo de fomento de cultura contributiva, sino de empoderamiento del ciudadano.

Señoras y señores legisladores, con la creación de este premio nacional estamos dando un primer paso para generar esta cultura contributiva.

Si seguimos actuando con racionalidad y transparencia en el gasto público, los contribuyentes tendrán una mejor percepción del destino de sus impuestos, teniendo la certeza de que su utilización es con la única finalidad de mejorar sus condiciones de vida. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado.

Saludamos y apreciamos la honrosa visita de universitarios de la Autónoma de Querétaro, destacadamente del doctor Gilberto Herrera Ruiz, rector, y la doctora Martha Gloria, de la propia Universidad Autónoma de Querétaro, académica distinguida.

También del presidente municipal de Tequisquiapan, el licenciado Antonio Macías Trejo, de la misma entidad. Gracias por su visita.

Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Pretender agregar un premio denominado Premio de Cultura Contributiva, supuestamente para impulsar esta cultura a través de las adiciones que se presentan a la Ley de Premios y Estímulos y Recompensas Civiles, no sólo es demagogia legislativa, sino es inocuo y va en contra de los intereses de los ciudadanos que se debaten al día de hoy en una pobreza permanente que ustedes los que seguramente van a votar a favor de esta iniciativa, de este dictamen, ustedes los han sumido en esta profunda pobreza al pueblo de México con este modelo económico que han implementado y que todavía en años pasados esta Legislatura a través de la reforma hacendaria, casi los llevaron al límite de desollarlos, de exprimirlos, de acabarlos a los ciudadanos de este país.

El artículo 124 refiere que dicho premio se entregará a las personas físicas o morales que realicen actividades sobresalientes que propicien en la ciudadanía la divulgación, fomento y desarrollo de la cultura contributiva para incentivar el cumplimiento voluntario del pago de contribuciones y mejorar el desarrollo social de la nación.

Pero no especifican cómo se llevará a cabo dicha divulgación o cómo se medirá el desarrollo de la cultura contributiva con las actividades realizadas.

Los impuestos son una obligación, no son un concurso de belleza, no se trata de elegir al rey de Carnaval o a la reina, no. Ya inclusive en el 2012, a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, se inició una campaña para difundir la cultura contributiva en el país con la finalidad de que los ciudadanos tomaran conciencia sobre la importancia de pagar impuestos.

¿Acaso este nuevo premio que se entregará a alguna persona física o moral demuestra la ineficacia de esta procuraduría? o más bien es que no han medido ni siquiera los resultados de este programa y ya vienen con esas ocurrencias. Porque no hay otra manera de decirlo.

Si lo vemos con una idea de adelantarnos, probablemente no sea nada más una iniciativa lanzada al garete. Y miren por qué. Porque en el artículo 126 refieren que el monto que determinará el consejo de premiación será entregado anualmente por el presidente de la república y el titular de la Prodecon; sin embargo, tampoco se especifica cuál será el monto o los criterios que lo definirán y, al no especificar cómo se determina este monto que se entregará, seguramente el mismo tendrá que salir de los bolsillos de la población y se entregará a personas físicas y morales.

Ya veo que en los próximos años a la misma Televisa le estarán entregando ustedes un premio porque, a través del Canal de las Estrellas, está difundiendo y azorrillando al pueblo para que pague sus impuestos.

Con más, ahorita de última hora porque obviamente la comisión no se reunió para la propuesta que hacen de modificación al 129 y decir: en los términos legales, como acostumbran ustedes hacerlo.

Por eso decimos: quiénes tendrían la capacidad de realizar actividades que propiciarían la divulgación a la que ustedes hacen mención. La discrecionalidad, como siempre, reinará en las decisiones de este tipo.

Antes de entregar reconocimientos económicos a costa del pueblo, como seguramente lo van a hacer, habría que resolver casos como los de personajes que se han enriquecido a costa del fisco.

También habría que rendir cuentas de casos como el botón de muestra, los 33 mil millones de pesos que desapareció el exgobernador de Coahuila, quien ahora disfruta, desde hace tiempo en España, sin haber dado cuenta de las facturas falsificadas que presentó a la Secretaría de Hacienda; para eso sí saben hacerlo muy bien.

Por eso, más que generar estos premios sin duda ustedes deberían de estar trabajando en la fiscalización y la transparencia mejore a partir de los programas que deberíamos de evaluar como el que ya hemos enunciado aquí de la Prodecon.

En un país con una desigualdad tan marcada como la de tener a uno de los hombres más ricos del mundo, el señor Slim, y estados como Guerrero, que tienen municipios con niveles de miseria equiparables a los países africanos de Malí o Malaui, según el PNUD y a donde además se cometen delitos de Estado, como el reciente asesinato y desaparición de jóvenes estudiantes. Pues la verdad suena ridículo pensar en premiar sin tener claro a quién, sangrando como siempre los bolsillos de quien menos tiene y sin resolver problemas de transparencia, legalidad y respeto a la ciudadanía; es, cuando menos inoportuno en este momento. Por eso nuestra fracción parlamentaria votará en contra de este dictamen.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Corresponde ahora al diputado Alfonso Durazo Montaño, fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante diputado Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados. En principio parece noble la idea de que se reconozca el esfuerzo de contribución de los ciudadanos. Parece noble, también, en principio, esta iniciativa de consolidar en el país una cultura de la contribución.

Efectivamente, es necesario hacerlo porque según cifras internacionales nuestro país registra una evasión que se ubica entre el 45 y el 80 por ciento. En los países de la región solamente Ecuador y Guatemala tienen una tasa de evasión superior a la de México, así es que en principio parecería razonable, el problema es que iniciativas de esta naturaleza frente a las condiciones del Sistema de Administración Tributaria va a tener una incidencia marginal.

No hay mayor estímulo para mover a los contribuyentes a cumplir con su responsabilidad fiscal que el cumplimiento responsable del gobierno, que el ejemplo de un gobierno transparente, de un gobierno que combata a la corrupción, de un gobierno que ejerce con eficacia y honestidad los recursos y que los distribuye sobre la base de prioridades sociales.

En cambio, el mayor desestimulo, hagamos la campaña de comunicación, que hagamos que –son los altísimos sueldos en el gobierno, son los altísimos niveles de corrupción en el gobierno, es el altísimo costo de los oropeles de los funcionarios públicos que se cumple con el recurso de los contribuyentes, es un gobierno derrochador, es una deuda que cabalga a pasos lopezportillezcos y que no tardamos de encontrarnos con los problemas fiscales que tuvo el país derivado del incremento desbocado de la deuda por los años 76-82.

Pero lo más grave es que todos estos reconocimientos son elementos para dotar de legitimidad a muchos de los grandes evasores fiscales. El gobierno de la república entrega año con año un premio a la empresa responsable por el cuidado ambiental, para su información les doy este dato: que el año pasado lo recibió Grupo México, Grupo México. ¿Y para qué le sirvió ese reconocimiento? Para lavarle la cara con el aval del gobierno.

Así es que en la fracción de Movimiento Ciudadano nos oponemos a este tipo de iniciativas falsas e irrelevantes para resolver los problemas que tiene el país, en este caso en el ámbito tributario. Imaginen, con el antecedente de que ya Grupo México recibió el premio a la empresa que más cuida el ambiente, no sería sorprendente que el próximo año el Presidente de la República estuviera entregando ahora el premio al contribuyente más cumplido, a alguna de las grandes ratas que ha parido este país.

Yo no me sorprendería que viéramos en esa fila de contribuyentes cumplidos a los Slim, a los televisos, a las televisiones Aztecas y a Grupo México. Así es que les pido, si tienen responsabilidad, hagamos un planteamiento para que primero el gobierno cumpla con su responsabilidad y después le reclamemos a la ciudadanía que cumpla con la suya. Gracias, compañero presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Alfonso Durazo.

Me doy oportunidad para saludar a integrantes de la comunidad de Lomas de San Esteban, del municipio de Texcoco, del estado de México. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por su visita. Los ha invitado el diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Gracias sinceramente.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD tiene el uso de la palabra el diputado Julio César Moreno Rivera. Adelante, señor diputado don Julio César Moreno.

El diputado Julio César Moreno Rivera:Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, el día de hoy se presenta este dictamen que discutimos en la Comisión de Gobernación. Éste es un dictamen encaminado a fomentar una nueva forma de concebir las obligaciones tributarias, buscando la idea de la solidaridad social y destacando que los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones en base a la cooperación, a la confianza y a la convicción de que sus contribuciones impacten efectivamente en el desarrollo del país.

Este dictamen propone la creación de un premio a quienes, dentro de una conciencia ciudadana promuevan, divulguen y fortalezcan la defensa de los derechos humanos de los contribuyentes en el marco de una nueva cultura contributiva.

De igual manera, está encaminado a reconocer la generación de mecanismos para el fortalecimiento de un nuevo sistema tributario en el país, que sea más justo, equitativo y solidario en el régimen democrático, tal y como lo señalan nuestras leyes. Además tiene la finalidad de reconocer las labores de investigación y estudios académicos para el fortalecimiento de la cultura contributiva.

Este premio en sus diferentes modalidades, estará encaminado a crear una moral tributaria dentro de la ciudadanía, buscando concientizar a todos y cada uno de los que conforman este país que el contribuir es un deber de solidaridad con todos los miembros de la sociedad, que sus contribuciones detonan la economía y fomentan el desarrollo de nuestro país en todas sus áreas haciendo sustentable al propio Estado y ayuda a la distribución de la riqueza recaudada en las tareas que la propia sociedad se ha impuesto.

Esta tarea de ninguna forma es fácil. Sabemos de antemano que para nadie es grato el pago de contribuciones. Sin embargo, la reforma que se propone es un paso para avanzar en ese camino, en el cual exista una verdadera consciencia y una disposición ética de todos los ciudadanos por aportar en la medida de sus capacidades para lograr una mejora de nuestro país. Por ello resulta necesario premiar y reconocer aquellos que mediante sus actos ayuden a generar y promover esta nueva cultura.

Este dictamen estoy seguro que ayudará a que más actores sociales se sumen a la nueva visión de contribuyente, en la cual a diferencia de las medidas tradicionales basadas en el temor, la fiscalización y la sanción se lleven a cabo en base a la promoción y divulgación de los beneficios que obtenemos todos al cumplir con nuestras obligaciones hacendarias.

No está por demás señalar que todos aquellos servidores públicos que manejan recursos del erario deberán hacerlo en base a los principios de honradez, responsabilidad y eficiencia en el manejo de dichos recursos, haciendo un uso racional adecuado y con apego a las leyes, ya que está comprobado que uno de los motivos que desalientan el pago de impuestos por parte de los ciudadanos es precisamente la percepción que tienen de que los ingresos públicos son utilizados con fines particulares por parte de sus gobernantes.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, los invito a votar en conciencia en el presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Julio César Moreno.

En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto, considerando además la modificación aceptada por la asamblea.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, con la modificación propuesta por la Comisión y aceptada por la asamblea.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre la Secretaría... Hay oportunidad, está abierto el sistema electrónico de votación, permítame, secretario, para que registren.

Cierre la Secretaría el sistema de votación electrónico.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Roberto Carlos Reyes Gámiz (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Ramón Antonio Sampayo Ortiz (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Señor presidente, se han emitido 307 votos a favor, 40 en contra y 13 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretario. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría con una proposición de acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República con motivo del Análisis del II Informe de Gobierno.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7o., numeral 4; 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

Considerandos

I. El 1o. de septiembre de 2014 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión su II Informe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cada Cámara podrá, con motivo del análisis del informe de gobierno, solicitar al Presidente de la República que amplíe la información, mediante pregunta por escrito.

III. De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las preguntas parlamentarias deberán referenciarse por las áreas temáticas siguientes: a) política interior, b) política exterior, c) política social y d) política económica.

IV. La Cámara de Diputados inició, en su sesión del 2 de septiembre de 2014, el Análisis del II Informe de Gobierno del Presidente de la República, por lo que procede la formulación de las preguntas que determine el Pleno, para ampliar la información relacionada con el análisis del informe de gobierno.

V. De conformidad con lo establecido en el artículo 130, numeral 5 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, tras calificar la procedencia de los proyectos de preguntas parlamentarias propuestas por los grupos parlamentarios, será responsable de proponer al Pleno, el   acuerdo mediante el que se determine el número total de preguntas, el número de ellas que corresponda a cada grupo parlamentario y el texto de las mismas.

VI. Para tal fin, la Junta de Coordinación Política solicitó al Pleno de la Cámara la aprobación del acuerdo mediante el que se establecieron el número total de preguntas a realizar, el número de ellas que correspondieron a cada grupo parlamentario, las características de las preguntas y la fecha límite en que los grupos podrían presentar sus propuestas, fijándose las 19:00 horas del día 28 de octubre del presente año.

VII. Dentro del plazo establecido, cada grupo parlamentario presentó sus propuestas, por lo que se procedió a realizar la calificación a la que se refiere el numeral 5 del artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 7o. numeral 4; 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se calificaron como legales el total de las 42 preguntas presentadas por los grupos parlamentarios para dirigirlas al Presidente de la República a efecto de que amplíe la información relativa al informe que presentó al Congreso de la Unión el 1O. de septiembre de 2014.

Segundo. Las preguntas parlamentarias, fueron formuladas por los grupos parlamentarios de acuerdo a lo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, por lo que se anexa al presente acuerdo el documento con el que cada uno de ellos hizo sus propuestas.

Tercero.Se aprueba formular las 42 preguntas parlamentarias propuestas por cada uno de los grupos representados en la Cámara de Diputados.

Cuarto.Se solicita al Presidente de la Mesa Directiva que, en su caso, se sirva ordenar el envío de los pliegos que contienen las preguntas parlamentarias al titular del Ejecutivo federal para que les de contestación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, diputada Socorro Ceseñas, ¿con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Antes de que dé el uso a la Secretaría para el segundo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, porque probablemente pueda ocurrir lo de otras ocasiones, que no voltea hacia acá o que limite el uso de la palabra.

El segundo acuerdo tiene que ver con la discusión del paquete de Egresos. Sabemos perfectamente bien que está publicado en la pantalla, no se imprimió. Tengo aquí el del año pasado, leí también cómo fue el asunto de la discusión y es exactamente igual, solamente cambia la fecha.

Y pido la palabra para hacer el cuestionamiento sobre ese acuerdo, que se votará por aclamación y obviamente habrá una mayoría que así lo acepte, pero no podemos permitir que se esté midiendo la situación del país, igual, este 6 de noviembre como hace 365 días del año, y que la Junta de Coordinación Política no tuvo a bien hacer alguna propuesta distinta, donde efectivamente se ampliara la discusión.

Y eso nos dice como mucha claridad, que se pretende más de lo mismo en este pleno, en este recinto de la Cámara de Diputados, donde lo que en su momento se aprobará, tendrá muy previo tiempo de discusión, no el necesario para hacer las adecuaciones que respondan a la situación política, económica, social del país.

Y refleja, al no modificar nada y acotar, inclusive, los tiempos de participación, incluyendo a la presentación del decreto de egresos a un tiempo limitado de 10 minutos nos parece totalmente reducido e irresponsable.

No sé quién, en su momento, haya hecho, probablemente, alguna solicitud de modificación, pero al ser firmado por todos y estar en los mismos términos que el del año pasado, pues nos refleja una total disparidad e irresponsabilidad. Porque hay varias cosas a considerar. No solamente en qué estado guarda la economía de nuestro país sino cómo se determinó el paquete de ingresos. Las fallas en las proyecciones de crecimiento económico y recaudatorio en los diferentes tipos de impuestos.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada...

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Y quise hacer el señalamiento y sé que me va a pedir ya, tengo tiempo. Disculpe y me va a dejar terminar. Entonces, me parece muy poca seriedad...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Socorro Ceseñas...

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Y cuestiono, porque va a ser, no va a haber ninguna discusión y va a ser un paquete de egresos que será solamente con quien mandate el Ejecutivo federal, los cabilderos de mayor peso y que les interese, y con los representantes de algunos grupos parlamentarios. Es cuanto y agradezco su tolerancia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le agradezco a usted, diputada Socorro Ceseñas, y le reconozco además, su derecho legítimo, no solo a participar en el momento en que estemos discutiendo, precisamente las reglas relativas para la discusión del proyecto de decreto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015.

Y adicionalmente, estimada diputada, también es su derecho de hacer propuestas de modificaciones si así lo ve pertinente.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Jorrín, ¿con qué objeto? Había solicitado Víctor Jorrín, dígame con qué objeto.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Gracias, presidente. Son dos temas. Uno, señor presidente, hace ya un año que fue el huracán Manuel y se enviaron recursos por parte del Fonden para la reconstrucción de los diferentes estados de la república que fueron afectados.

En el caso específico de Guerrero, el lunes va a haber una evaluación sobre los avances de la aplicación de este recurso en Acapulco. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación si es la cuarta vez que estoy solicitando a la Mesa Directiva que me entregue el informe que, supuestamente, ya debió haber llegado por parte del Fonden acerca de los avances que tienen en relación a la reconstrucción del estado de Guerrero? Eso por una parte.

La segunda es que si el presupuesto, como lo estamos viendo, no va a tener modificaciones, ¿cómo vamos a resolver los conflictos que se están dando en los estados de Guerrero y Michoacán, y próximamente en otros estados que esperemos que no revienten?

Queremos mayores recursos para reconstruir la paz social en el estado de Guerrero, y como vienen, no son suficientes. Por tanto, necesitamos más tiempo para la discusión de este tema. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Víctor Jorrín. Por lo que hace a su primer planteamiento, no solo tomamos nota sino que libro indicaciones a la Secretaría con el propósito de que las respuestas que se hayan dado se integren a un expediente que será puesto a su disposición y de la asamblea también, diputado Jorrín.

Por lo que hace al segundo aspecto, me parece pertinente comentar que no está agotada la discusión del presupuesto para el ejercicio fiscal del año que viene. En todo caso, ahora abordaremos las reglas relativas a la discusión en este pleno y estaremos atentos de que nos haga llegar el dictamen correspondiente de la comisión dictaminadora. Muchas gracias, diputado Jorrín.

Ahora le otorgo el uso de la palabra, para hablar en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al acuerdo que aprueba las preguntas parlamentarias que serán dirigidas al titular del Ejecutivo federal en el marco de la rendición del Segundo Informe de Gobierno. Adelante, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Hasta por tres minutos.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Realmente lo que se ha discutido es todo lo obsoleto que ya resulta este formato de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, y obviamente hay trabajo legislativo que hacer en la materia.

Yo no cuestiono la legalidad y el derecho que tienen los grupos parlamentarios de presentar sus preguntas. Evidentemente, reconozco ese trámite que hoy se está dando. A lo que llamo la atención a esta Cámara de Diputados hoy y probablemente merecería nada más sólo decir eso, que no lo digo yo, lo dicen miles; no sólo decenas de miles, sino cientos de miles de ciudadanos que se han expresado en los días recientes y el día de ayer.

La verdad es que ya no harían falta tantas preguntas que contestara el Ejecutivo, para qué. Como aquí han dicho, ya son nada más trámites y quién sabe cuándo y cómo las va a responder. Pero hay una pregunta, una sola pregunta, que es la que están reclamando miles y yo diría millones de mexicanos y mexicanas dentro y fuera del país, y otros ciudadanos de otras latitudes y esa pregunta no viene en este pliego de posicionamiento de los partidos políticos.

Obviamente yo me subo a la tribuna para decirle a la Cámara de Diputados, a ustedes, que ésa es la pregunta que debería de estar haciendo esta Cámara de Diputados al titular del Ejecutivo, a Enrique Peña Nieto. ¿Dónde están los 43 desaparecidos? ¿Dónde están los 43 estudiantes de Ayotzinapa que el Estado mexicano es parte de esta desaparición forzada de estos jóvenes que tienen a mucha población en las calles exigiendo día con día su presentación con vida? ¿Dónde está la seguridad nacional? Ésta es la pregunta que el pueblo de México exige. ¿Dónde están?

Hay que preguntarle a Peña Nieto, él es el responsable. Él sabe dónde están, que nos diga dónde están los desaparecidos. Presidente Peña Nieto, dígale al pueblo de México dónde están los 43 desaparecidos.

Ojalá esta Cámara tuviera el valor para presentar esta pregunta al Ejecutivo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Huerta Ladrón de Guevara. Yo les pido generemos condiciones para el desahogo de este acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Le otorgo el uso de la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, que se ha registrado en pro del acuerdo. Adelante, diputado Mejía.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Me registré en pro porque es un dispositivo constitucional en el 69, el derecho a hacer preguntas parlamentarias. Me parece que sí tiene obsolescencia, pero finalmente es una manera puntual de hacer preguntas al Ejecutivo, preguntas que no ha respondido al pueblo de México, y me parece que debe haber tolerancia.

Creo que el país vive un momento de crispación, de irritación social; internacionalmente señalado como un Estado que viola los derechos humanos.

Y me parece que esas expresiones de intolerancia hacia el compañero Huerta, desde luego que nosotros las rechazamos.

Me parece que la mayoría parlamentaria y particularmente el partido del titular del Ejecutivo en estos momentos debiera abonar a la distensión política y no a la polarización.

Definitivamente lo que nosotros le vamos a preguntar es lo mismo que decía Manuel ¿Dónde están los 43 desaparecidos de Ayotzinapa? ¿De qué sirve el Cisen, de qué sirve Inteligencia Nacional, de qué sirven las agencias de investigación criminal de la Procuraduría General de la República si el Estado mexicano es un Estado fallido, incapaz de tener la posibilidad de responder estos cuestionamientos?

También le vamos a preguntar ¿qué medidas va a llevar a cabo el gobierno federal para que dejen de suceder acontecimientos de esta naturaleza? ¿Por qué parecería que el gobierno está exterminando a todos los que se encuentran en contra del régimen que representa? ¿Por qué la persecución política Enrique Peña Nieto? ¿Por qué tiene una doble línea política su gobierno?

Algunos piden pactos y otros piden represión. ¿Por qué ahora los que más peligro corren en México son los estudiantes y los jóvenes? ¿A qué le tiene miedo el gobierno federal? ¿A que se unan? ¿A que lo cuestionen? ¿A que pidan la renuncia del Ejecutivo federal?

Señor presidente, respóndale a la nación. ¿Vive hoy México una crisis humanitaria? ¿Es México un Estado fallido?

Queremos no 42 preguntas parlamentarias, queremos que nos diga dónde están los 43. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Ricardo Mejía. Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría con un acuerdo más de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que establece las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 221, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con base en los siguientes:

Considerandos

I. El artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del respectivo proyecto, el Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que pueda ejercerse a partir del 1 de enero del año siguiente;

II. En atención al contenido del precepto referido, el Ejecutivo federal hizo llegar a la Cámara de Diputados, el pasado 5 de septiembre, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, con que se dio cuenta al Pleno en la sesión celebrada el 9 de septiembre de 2014 y se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para estudio y dictamen;

III. La disposición constitucional invocada establece que la Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre;

IV. El artículo 42, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, prevé los principios que deberán observar los legisladores en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación;

V. El artículo 221, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone lo siguiente:

“El dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación se discute por el Pleno en lo general y en lo particular de acuerdo con las reglas que éste apruebe a propuesta de la Junta de Coordinación Política. La propuesta deberá contemplar los principios de representatividad e inclusión que garantice la participación de todos los grupos representados en la Cámara”.

VI. En consecuencia, es necesario proponer las reglas para la eficiente discusión y votación del dictamen que genere la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el propósito de cumplir en tiempo y forma el deber constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Junta de Coordinación Política someten a consideración del Pleno las siguientes

Reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Primera.El único objeto de las presentes reglas es determinar la forma y los términos en que se discutirá y votará en sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

Segunda.El dictamen se hará del conocimiento del Pleno en el momento en que se publique en las pantallas electrónicas de las curules en el salón de sesiones y/o en la versión electrónica de la Gaceta Parlamentaria y podrá ser incorporado al orden del día de la sesión en que se presente, recibir dispensa de trámites y someterse a discusión de inmediato. Si hubiere voto particular, se estará a lo dispuesto en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercera. La discusión, en lo general, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

a) El Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública o uno de sus integrantes, podrá exponer los fundamentos legales del dictamen hasta por diez minutos.

b) Podrá hacer uso de la palabra para fijar su posición, hasta por siete minutos, un orador por cada grupo parlamentario, en orden creciente.

c) Para hablar en contra o en pro del dictamen se abrirá una ronda de intervenciones de hasta seis oradores en cada sentido, quienes harán uso de la palabra hasta por tres minutos cada uno. Al finalizar la ronda, el Presidente preguntará si el asunto está suficientemente discutido, después de leer la lista de oradores aún inscritos en ambos sentidos. Si la respuesta fuere negativa, se abrirá una nueva ronda de hasta tres oradores en cada sentido. Al término de la discusión se procederá a votar el dictamen en lo general.

d) Las reservas deberán presentarse por escrito y se registrarán ante la Mesa Directiva, indicando con claridad si se reservan artículos y anexos, o ambos, del dictamen para su discusión. En este caso, las y los diputados deberán precisar con exactitud el párrafo, fracción o inciso de los artículos, o bien el rubro, ramo, programa, partida o concepto de los anexos que reservaren. También podrán indicar los artículos que se pretendieran adicionar al proyecto de decreto, conforme a lo siguiente:

1. Cada reserva deberá presentarse en escrito por separado y podrán referirse a diversos artículos o anexos, siempre y cuando mantenga unidad temática.

2. Todas las propuestas de modificación o de adición a artículos o anexos considerados en el proyecto de decreto deberán entregarse a la Mesa Directiva en hoja membretada, sin tachaduras ni enmendaduras, firmadas por su autora o autor. De ninguna manera se admitirán reservas manuscritas o en fotocopia de la Gaceta Parlamentaria.

3. Se deberá resaltar en negrillas el texto o cantidades por modificar o adicionar. Si se trata de anexos, deberá precisarse el número, el ramo o rubro, el programa a que haga referencia, así como su ubicación en el proyecto.

4. En el supuesto de que la reserva implique la creación o incremento de erogación, la diputada o diputado que la presente deberá señalar la correspondiente fuente de financiamiento, es decir, identificará el programa específico al cual deberá reducirse la asignación prevista en el dictamen para cubrir el nuevo gasto, señalando en qué parte del decreto se ubica, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5. La recepción de las propuestas de modificación o de adición se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios en la discusión en lo general del dictamen.

6. Una vez que se haya verificado que las reservas reúnen los requisitos señalados en este inciso, serán rubricadas por los secretarios en funciones que en su oportunidad defina la Mesa Directiva durante la sesión, a efecto de continuar su trámite en los términos de las presentes reglas.

7. Asimismo, se entregará a la diputada o diputado que realice la reserva, el acuse de recibo respectivo, debidamente rubricado por los secretarios de la Mesa Directiva.

8. La Mesa Directiva únicamente registrará para su discusión las reservas integradas debidamente y deberá rechazar aquellas que no satisfagan lo establecido en el presente instrumento.

9. Una vez que la Mesa Directiva registre las modificaciones que se pretendan realizar a los artículos, anexos o ambos, para su discusión en lo particular, se procederá a la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos o anexos no impugnados del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015.

e) Si el dictamen es aprobado en lo general por la mayoría de los votos de las y los diputados presentes, se procederá a la discusión en lo particular de los artículos, anexos o ambos reservados.

Cuarta. La discusión en lo particular se llevará a cabo de la siguiente manera:

a) Harán uso de la palabra, hasta por máximo tres minutos cada uno, las y los diputados que hubieren reservado artículos, anexos o ambos.

b) Luego de la intervención de la diputada o diputado que hubiere reservado el artículo o anexo y presentada la propuesta de modificación o de adición, se consultará a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta.

c) Si la respuesta es negativa, la propuesta se desechará y el artículo o anexo de que se trate se reservará para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen, al final de la discusión en lo particular.

d) Si la respuesta es afirmativa, podrán hablar un orador en pro y otro en contra de la propuesta, hasta máximo por tres minutos cada uno.

e) Luego de las intervenciones anteriores, la secretaría consultará a la Asamblea en votación económica si se acepta la modificación o la adición propuesta; si la respuesta fuera negativa, se tendrá por desechada, pero si fuera afirmativa, el artículo o anexo de referencia se reservará para su votación nominal en conjunto, con la modificación o la adición aceptada, al término de la discusión en lo particular de los artículos reservados.

f) La consulta a la Asamblea para determinar si se aceptan o rechazan las modificaciones o adiciones propuestas se realizará en votación económica.

En caso de que hubiere duda fundada, a juicio del Presidente, se procederá a votación nominal.

g) Agotada la discusión en lo particular, el Presidente dará lectura a la lista de los artículos reservados que se votarán en conjunto, señalará con claridad cuáles quedaron en los términos del dictamen y cuáles se votarán con la modificación o la adición aceptada, posteriormente la secretaría recogerá la votación nominal respectiva. No habrá discusión alguna dado que la misma ya se produjo.

h) De conformidad con el artículo 108, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se podrá solicitar la votación por separado de un artículo o anexo reservado.

Quinta.Si durante la discusión en lo general y en lo particular del dictamen se presentara un asunto y/o suceso no previsto en estas reglas, será resuelto por la Mesa Directiva.

Sexta. En términos del numeral 2 del artículo 221 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a través de su Junta Directiva, será la responsable de hacer las correcciones al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara y realizará sólo las adecuaciones de estilo, cálculo, ajustes de cifras y cantidades que sean necesarias, las cuales deberán estar en plena correspondencia con las modificaciones o adiciones aprobadas por el Pleno. La Mesa Directiva vigilará que se cumpla, antes de remitir el proyecto.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  diputado Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica p.a.), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor secretario. Tengo registrada una moción suspensiva que formulará el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, pero quiero la autorización de ustedes –antes y para dejar constancia histórica y obviamente para los efectos legales a que haya lugar– de que la votación en el acuerdo inmediato pasado, relativo a la aprobación de las preguntas parlamentarias que se dirigirán al ciudadano presidente de la República, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno, como esta Presidencia en funciones lo manifestó fue en sentido aprobatorio y por ello se ordenó se comunicara.

Señor diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, tiene usted el uso de la palabra para la presentación de su moción suspensiva al acuerdo que le ha dado lectura el ciudadano secretario. Vamos a ser tolerantes, diputado, con el tiempo, lo anticipamos así a la asamblea.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Sí, la moción que presento está sustentada en principios constitucionales, básico el de legalidad, seguridad jurídica y certeza contenidos en el 4 y 16 de la Constitución Política del país, misma que ustedes protestaron, cada uno de ustedes juraron guardar y cumplir, protesta que implica una posición ética respecto a las conductas en el proceso legislativo, en particular el que se propone en el acuerdo que se presenta por parte de la Junta de Coordinación Política para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2015.

Ética-política que exige la observación de principios como el de receptividad, ser receptivo a las quejas y denuncias de los ciudadano; principio de transparencia, poner a la luz pública las pretensiones o intuiciones con la que en este caso se votan leyes o acuerdos; principios de dignidad, principio de fines universales, principio de servicialidad, vivir para la política entendida como el bien común y no vivir de la política. Inmoralidad de las que se sirven del poder para enriquecerse o enriquecer a los suyos y por último el principio de responsabilidad.

Es éste último principio que se elude con el acuerdo que se propone. Se evita la responsabilidad en la aprobación del gasto público federal para 2015 con un procedimiento que evita el análisis, el cuestionamiento público y abierto a los y las ciudadanas de este país.

La regla segunda evita la publicidad con la anticipación básica para reflexionar los grandes rubros del gasto público. Se asume la publicidad del dictamen al momento que se presente en la pantalla electrónica de nuestras curules. Esto es un albazo legislativo.

En la regla tercera, el inciso d), se establecen formalidades no contenidas en el Reglamento de esta Cámara de Diputados. Por ejemplo entregar en hoja membretada, sin tachaduras ni enmendaduras, formalidades que de no atenderse en las reservas presentadas serán rechazadas por la Mesa Directiva.

En el caso de reservas que impliquen creación o incremento de erogaciones, base tercera, inciso d), numeral 4, deberá de señalarse la correspondiente fuente de financiamiento. En la base tercera, incido d), numeral 5, se determina que la recepción de propuestas de modificación o de adición se hará desde el inicio de la sesión y hasta que concluya el apartado de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios en la discusión en lo general.

Esto es, se tienen 10 minutos para posicionamiento por la Comisión que presenta el dictamen, 7 minutos por cada grupo parlamentario, siento éstos 7, entonces resultan 59 minutos en total para poder elaborar y presentar reservas al dictamen que se presenta. Esto es absurdo, ¿en una hora revisar un dictamen que implica responsabilidad en el gasto púbico?

En resumen, el acuerdo que se presenta es ilegal, se proponen reglas para la discusión y votación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, que violentan los artículos 59 y 65, De la integración y aprobación del orden del día; el 64, De la aprobación de la Mesa Directiva para intercambio de espacios en el orden del día; el 106, el 109, el 110, el 113, entre otros.

El artículo 1 del Reglamento de la Cámara precisa que esta tendrá por objeto normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, así como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento.

En este sentido, el artículo 285, numeral 4, del propio Reglamento establece que el Reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios.

Un pacto contra la inseguridad proponen a nivel nacional, cuando el pleno de esta Cámara de Diputados –este es el tema– un pacto contra la inseguridad allá afuera, cuando aquí en el pleno de esta Cámara de Diputados, ustedes, violentan los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica para definir el gasto público, el cual atiende a razones políticas que en su momento se denunciarán, enormes partidas presupuestales para los negocios de los grupos políticos implicados con empresas nacionales y extranjeras, la asignación de gasto etiquetado para beneficiar y promover el moche, el gasto fiscal que beneficia de igual forma a empresarios coludidos con la delincuencia organizada y el lavado de dinero.

Vergüenza es lo que no se conoce al descuidar el Presupuesto que garantice un trato digno a los y las ciudadanas que no acceden a servicios de salud, con un trato digno y una lista de medicamentos básicos contra los negocios multimillonarios de los socios de la clase política. –Culmino, presidente.

Vergüenza es lo que no se conoce al descuidar en el Presupuesto que garantice un trato digno a los ciudadanos y ciudadanas en servicios educativos, a los de vivienda y, en general, un Presupuesto que no detonará la economía recesiva que priva en el país. Cero crecimiento, así tienen ustedes al país desde hace 30 años, un Presupuesto para el despilfarro y la corrupción.

Y recuerden que esto no es de abajo para arriba, el despilfarro y la corrupción es de arriba para abajo, de Los Pinos para abajo, pasando desde las oficinas de Hacienda. Eso es lo que ustedes pretenden, por eso proponemos se retire la propuesta de acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se establezcan reglas para esta discusión y votación de proyecto, para su corrección conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados.

«Moción suspensiva al acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que establecen las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.

Diputado Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, diputado en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, numerales 1, fracción IX; y 3, y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento moción suspensiva de la discusión en Pleno del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que establecen las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, por los hechos y razones de derecho que a continuación se exponen:

Las razones por las que se solicita se devuelva el proyecto que se presenta al Pleno son las siguientes:

Se proponen reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, que violentan a los artículos 59 y 65, de la integración y aprobación del orden del día; 64, de la aprobación de la Mesa Directiva para intercambio de espacios en el orden del día; 106, de las discusiones de puntos de acuerdo; 109 y 110 de la presentación y discusión de las reservas; 113, de la discusiones de las proposiciones de urgente u obvia resolución.

El artículo 1o. del reglamento de la Cámara de Diputados precisa que éste tendrá por objeto normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, así como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento. En ese sentido, el artículo 285, numeral 4, del propio Reglamento establece que el Reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos parlamentarios.

Que en el acuerdo que se propone se violenta lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento de esta Cámara, al determinar que las correcciones al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara se hará por la Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en lugar de la comisión en Pleno como lo determina el numeral 2 del artículo señalado.

En consecuencia solicito a esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados lo siguiente:

Único. Se retire la propuesta de acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que establecen las reglas para la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, para su corrección conforme al Reglamento de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2014.— Diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Manuel Huerta. Consulte la Secretaría a la asamblea si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva presentada.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: En votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión inmediatamente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha.

Saludo a alumnos de la Universidad Popular del Estado de Puebla aquí presentes, invitados, invitadas por el diputado Juan Pablo Adame Alemán. Sean bienvenidos, gracias por estar en este recinto, en esta discusión.

Tiene la palabra el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar en contra del acuerdo.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Únicamente para dejar constancia que nosotros no firmamos el acuerdo ni el diputado Ricardo Monreal ni el de la voz en la Junta de Coordinación Política, porque es un asunto de principios.

No puede haber una camisa de fuerza, no podemos establecer reglas más allá de lo que dispone el Reglamento de la propia Cámara de Diputados, donde se norma la discusión y la deliberación sobre proyectos de ley o de decreto, y en este caso nos parece que dada la emergencia económica del país y la importancia del presupuesto, no puede legislarse fast track.

Nos parece que se tiene que revisar a detalle, sin límite de tiempo, todas las partidas presupuestales. El tema de la austeridad, el tema del gasto corriente, el tema del Pemexproa que van a querer ya introducir, el tema también del gasto social, candados para que no se utilice electoreramente el año próximo.

Entonces, como verán, no puede restringirse a un debate simulado, a un debate encorchetado, sino que tiene que ser una discusión puntual, abierta, que lleve todo el tiempo necesario.

Hoy el presupuesto tiene que detonar el ansiado crecimiento que no se ha visto en los últimos años, pero también el presupuesto tiene que hacerse con responsabilidad. Nosotros vemos que hay esta tentación de utilizar Prospera, de utilizar diversas partidas para el clientelismo electoral y nosotros por eso queremos que se revise todo, que se revisen salarios de altos funcionarios, que se revise el gasto público de los tres poderes, los órganos autónomos y esto no puede ser motivo de una discusión ligera, de una discusión apresurada, de una discusión donde se legislan reglas que no quieren que las cosas se digan por su nombre.

Por esa razón reiteramos que estamos en contra de este Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía Berdeja. Diputado Alfonso Durazo Montaño tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para hablar en contra del Acuerdo en cuestión.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Muchas gracias. Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros de este pleno prácticamente vacío. Pero aun así, deseo argumentar ante ustedes la razón por la cual mi voto es en contra de este acuerdo.

Voy a hacer un poco de memoria, el 12 de noviembre del año pasado se sometió a la consideración de este pleno un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establecían las reglas para el debate del Presupuesto del 2013.

Quiero decirles, si revisan, si han tenido el cuidado de revisar el punto de acuerdo que hoy se somete a nuestra consideración, es exactamente el mismo, con puntos y comas, que el que fue recibido en este pleno el año pasado.

Ello nos habla en primer lugar, no solo de practicantes fosilizados sino de prácticas fosilizadas que no obstante la manera extrema en la que han cambiado las condiciones políticas y económicas del país estamos proponiendo enfrentarlas como lo hicimos el año pasado, cuando las condiciones son completamente distintas.

Basta señalar nada más un tema, que el año pasado el precio del petróleo andaba en los 90 dólares, ahora anda en los 80 dólares y con riesgos de bajar, no obstante la cobertura fiscal o la cobertura que se ha contratado para garantizar los ingresos.

Pero lo más importante, la razón fundamental por la que me opongo a la aprobación de este Acuerdo, es que la única modificación que tuvo, la única modificación, fue para reducir el tiempo de participación de reservas, de presentación de reservas, de cinco a tres minutos. Es decir, para reducir el debate y la oportunidad de aportar elementos para modificar o, eventualmente, ratificar lo que incorpore el programa de egresos de la federación.

Tal parece, como ya nos ha sucedido en otras ocasiones aquí en esta Cámara, vemos nuevamente que las posiciones que tratan de reducir las posiciones críticas a un tema de sobremesa y no al interés de las instituciones responsables de abordarlos con un sentido crítico. Gracias a todos por su atención. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Durazo Montaño. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con una comunicación de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

• Que el diputado Ricardo Monreal Ávila, cause baja como integrante titular del Comité de Administración.

• Que el diputado Ricardo Mejía Berdeja cause alta como integrante titular del Comité de Administración.

• Que el diputado Ricardo Mejía Berdeja, cause baja como integrante sustituto del Comité de Administración.

• Que la diputada Zuleyma Huidobro González cause alta como integrante sustituta del Comité de Administración.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de noviembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones (rúbrica p.a.).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta deCoordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Domitilo Posadas Hernández, cause baja como integrante del organismo permanente del Parlamento Latinoamericano.

• Que el diputado Fernado Cuéllar Reyes cause alta como integrante del organismo permanente del Parlamento Latinoamericano.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de noviembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones (rúbrica p.a.).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta deCoordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso de General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle los nombres de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

• Que el diputado Ricardo Astudillo Suárez cause baja como consejero propietario.

• Que la diputada Mónica García de la Fuente cause baja como consejera suplente.

• Que el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, cause baja como consejero suplente.

• Que el senador Carlos Alberto Puente Salas cause alta como consejero propietario.

• Que la diputada Mónica García de la Fuente cause alta como consejera suplente.

• Que el diputado Ricardo Astudillo Suárez cause alta como consejero suplente.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted, mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 5 de noviembre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones (rúbrica p.a.).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De enterado. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. ( *)

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado(a las 16:05 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 11 de noviembre de 2014 en curso, a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas. Muchas gracias.

————— O —————