Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 11:27 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 11 de noviembre de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Con el que remite dos oficios por los que notifica la revisión de la constitucionalidad de la Consulta Popular 2/2014, en materia de salarios mínimos y 3/2014, en materia de petróleo y energía eléctrica.

De la Cámara de Senadores

Con el que remite el segundo resolutivo del acuerdo aprobado por el que exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que someta a discusión en los términos reglamentarios, ante el pleno de la misma, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite el informe de la visita oficial a México del señor Juan E. Méndez, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que tuvo lugar del 21 de abril al 2 de mayo de 2014.

Con el que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De las delegaciones Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza del Distrito Federal

Con los que remiten tres contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para implantar un programa de desazolve para prevenir desastres en temporada de lluvias.

De la Secretaría de Salud del Estado de Morelos

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión del Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bibliotecas.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, primer párrafo y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a través del Servicio Postal Mexicano, se emita en 2015 una estampilla conmemorativa del centenario del nacimiento del muralista José Raúl Anguiano Valadez.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, para que difunda la información relativa al Proyecto denominado “Obra de Recuperación del Foro Lindbergh y del Parque México”.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a fin de editar un libro conmemorativo del centenario de la toma de Zacatecas; Los Tratados de Teoloyucan y del Ingreso del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México.

De la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal, realice las gestiones necesarias a fin de emitir el Decreto expropiatorio respecto del predio que ocupa el Centro Cultural Polyforum Siqueiros.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que designe al miembro titular vacante del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, con el objeto de garantizar la debida integración y funcionamiento de dicho órgano colegiado.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo federal, Estatales y del Distrito Federal, para que coordinen, operen y actualicen los Registros Nacional y Estatales de los Centros de Atención, como lo mandata la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal, y al Gobierno del Estado de Nuevo León, para que conforme a sus atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para agilizar la mitigación, saneamiento y remediación de las afectaciones ambientales causadas por el derrame de hidrocarburos al Río San Juan, del Municipio de Cadereyta, Nuevo León.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previa consulta con las comunidades indígenas involucradas, resuelva sobre la concesión o denegación de la autorización ambiental para que inicie la obra de construcción de la Hidroeléctrica “Las Cruces”.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, para que actualicen las normas mexicanas sobre las descargas en cuerpos de agua por la actividad minera.

De la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Economía y de Trabajo y Previsión Social, para que implementen mejores estrategias y políticas públicas encaminadas a brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

De la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo por los que se desechan Tres Iniciativas con proyecto de decreto que reforman y adicionan el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo por los que se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 365, 373, 377, 386 y 390 y se adiciona el artículo 391 Tris de la Ley Federal del Trabajo.

Agenda política

Comentarios sobre las comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas a las solicitudes de Consulta Popular en materia de salarios mínimos y en materia energética, a cargo de los Grupos Parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 4-Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manriquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Protección de la Familia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo OrtÍz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Transición Energética, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del Servicio Profesional Nacional Electoral, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 238 y 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

De decreto, para declarar el día 2 de enero de cada año, como “Día Nacional del Municipio Libre”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga los artículos 215-A, 215-B, 215-C y 215-D del Código Penal Federal, y expide la Ley General para la Prevención, Búsqueda, Investigación y Sanción de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del diputado Alejandro Carbajal González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 25 y adiciona un artículo 47-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 17 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Maricruz Cruz Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 41, 90 y 94 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable para los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, Pesqueros, Forestales y Minifundistas, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 14 y 74 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, la leyenda “A los Constituyentes de 1824”, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Martha Lucía Mícher Camarena y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga el artículo 99 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 484 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Salvador Romero Valencia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ana Paola López Birlain, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5º, 31 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Carlos Augusto Morales López, Jhonatan Jardines Fraire, Fernando Belaunzarán Méndez y Roberto Carlos Reyes Gámiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 282 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Federal del Uso de Tecnología para la Seguridad Pública, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 421 Bis y adiciona un artículo 312 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Martha Gutiérrez Manrique y Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, suscrita por los diputados Luis Armando Córdova Díaz, María de las Nieves García Fernández y Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 98 y 156 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, el nombre de “Jesús García Corona; Héroe de Nacozari”, a cargo del diputado Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Interculturalidad, Identidad y Movilidad Humana, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por los diputados José Everardo Nava Gómez y María de la Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Gestión Escolar y, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamente Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Mauricio Sahui Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo para que el titular de la SCT, explique las razones por las cuales se revocó la Licitación para la construcción del proyecto del Tren de Alta Velocidad de Pasajeros México-Querétaro, a cargo del diputado Marcos Aguilar Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que el beneficio de exención de pago en el Metrobús se otorgue a las personas adultas mayores de 60 años, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a proteger y asesorar a usuarios de Telcel perjudicados por el cambio de su política de datos e investigar prácticas abusivas para que, en su caso, se sancione a dicha empresa, suscrito por los diputados Juan Pablo Adame Alemán, Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez, Juan Bueno Torio y Arturo De la Rosa Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional contra las Adicciones, así como al Comisionado Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, para que difundan los datos relativos a los resultados de las políticas instrumentadas para garantizar el derecho a la salud, tratamiento y rehabilitación de los consumidores problemáticos del país, a cargo del diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales correspondientes, a fin de promover la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual, estableciendo campañas dirigidas a los niños, vinculadas a inculcar el valor e importancia del libro para el progreso del individuo y de la sociedad en general, a cargo del diputado Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conafor, para que intervengan en el combate de la plaga existente denominada “Descortezadores” en pinos del municipio de Concepción Pápalo, del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Juan Luis Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Baja California, a fin de que los trabajadores del gobierno y municipios del citado Estado, que deseen acogerse al beneficio de la jubilación, vean respetado en tiempo y forma su derecho, conforme a la normatividad aplicable, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Semarnat, se emita una NOM que evite la liberación de olores desagradables al medio ambiente, a cargo del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que modifique los lineamientos para la operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, si se dispensa la lectura, tomando en consideración de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves seis de noviembre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la sexagésima segunda legislatura.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y dos diputadas y diputados, a las once horas con veinte minutos del jueves seis de noviembre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de las Comisiones de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, presentada veinticuatro de abril de dos mil catorce. Se actualizan los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento.

c) De la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Querétaro, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a integrar sus atlas de riesgo estales y municipales. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

d) De la Cámara de Senadores, con la que remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

e) Del Titular del Ejecutivo Federal, por la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

f) De la Asamblea legislativa del Distrito Federal, oficio con el que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción novena al artículo veinticinco, y se adicionan los artículos cuarenta y siete-A y cuarenta y siete-B a la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. En virtud del trámite anterior, en votación económica se autoriza someter a discusión y votación de inmediato el proyecto de decreto.

Acto seguido, se da inicio a la discusión del proyecto de decreto de las Comisión de Justicia, por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: José Isabel Trejo Reyes, del Partido Acción Nacional; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; Abel Octavio Salgado Peña, del Partido Revolucionario Institucional; y Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza;

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México; Alejandro Carbajal González, del Partido de la Revolución Democrática; Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional; y Héctor García García, del Partido Revolucionario Institucional.

A las doce horas con veintidós minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuatro diputadas y diputados.

Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra la diputada Zuleyma Huidobro González, Ricardo Mejía Berdeja, y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, y en pro los diputados: Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Partido de la Revolución Democrática; Uriel Flores Aguayo, del Partido de la Revolución Democrática; y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos trescientos sesenta y ocho Quáter, fracción primera, del Código Penal Federal; y segundo, fracción primera; y veintinueve de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trescientos sesenta seis votos a favor; diecisiete en contra, y tres abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuesta de modificación a los artículos trescientos sesenta y ocho Quáter, fracción primera, del Código Penal Federal; y segundo, fracción primera, y veintinueve de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha. En votación nominal por trescientos treinta seis votos a favor, veintiocho en contra, y tres abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos trescientos sesenta y ocho Quáter, fracción primera, del Código Federal; segundo, fracción primera; y veintinueve de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en términos del dictamen, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de menores. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones de:

a) Seguridad Social, que reforma los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Luis Manuel Arias Pallares. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaMaría Beatriz Zavala Peniche

Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Ernesto Núñez Aguilar, Partido Verde Ecologista de México; Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Rafael González Manríquez, del Partido Acción Nacional; y Sonia Catalina Mercado Gallegos, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra los diputados: Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja, ambos de Movimiento Ciudadano; y Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelación del diputado Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional.

En su oportunidad y desde su curul hace comentarios en relación con el tema la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta hace aclaraciones.

La Presidencia informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve, del proyecto de decreto.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En votación nominal por trescientos treinta y tres votos a favor; veintiséis en contra, y doce abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados el proyecto de decreto que reforma los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuesta de modificación a los artículos reservados del proyecto de decreto, a las siguientes diputadas y diputado:

• Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento sesenta y siete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano, al artículo ciento sesenta y siete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por doscientos setenta y dos votos a favor, y noventa y siete en contra, se aprueban en lo general y en lo particular, los artículos reservados términos del dictamen, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos ciento sesenta y siete, y ciento setenta y nueve de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Gobernación, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Abel Octavio Salgado Peña, quien presenta propuesta de modificación de la propia Comisión, que en votación económica es aceptada. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; y Julio César Moreno Rivera, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados, en votación nominal por trecientos siete votos a favor, cuarenta en contra, y trece abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular, con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la Asamblea, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para crear el Premio Nacional de Cultura Contributiva. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con dos acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República, con motivo del análisis del Segundo Informe de Gobierno.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.

Se somete a discusión e interviene en contra el diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Por el que se establecen las reglas para la discusión y votación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince. Se concede la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, que en votación económica no se toma en consideración y se desecha. Se somete a discusión e intervienen en contra los diputados Ricardo Mejía Berdeja, y Francisco Alfonso Durazo Montaño, ambos de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes del Comité de Administración; del Parlamento Latinoamericano; y del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. De enterado. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, que reforma el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Javier López Zavala, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento doce de la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población, para dictamen.

• Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza, que reforma los artículos ciento treinta y dos, y ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Rubén Acosta Montoya, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos doscientos cuarenta y uno, y doscientos cuarenta y dos del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ana Lilia Garza Cadena, del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y del Código Penal Federal. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Justicia, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se difunda una campaña informativa referente a medidas de protección ante tormentas eléctricas. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Leslie Pantoja Hernández y Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a promover y vigilar las acciones y medidas de prevención y atención neonatal, a fin de eliminar las causas de mortalidad entre neonatos prematuros en México. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal, así como al gobierno del estado de Sinaloa, para que den cumplimiento a lo establecido en la fracción B del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando el derecho que corresponde a la comunidad de Cuitaboca. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Gobernador del estado de Coahuila y al presidente municipal de Saltillo, a fin de que se realicen diversas acciones para garantizar justicia y reparación del daño al menor agredido por policías del citado municipio. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que se publique el reglamento correspondiente a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• Integrantes de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que difunda las acciones que ha realizado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en cuanto a la implementación, ejecución o adhesión a los planes de manejo de los residuos peligrosos por los sujetos obligados de la industria farmacéutica. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Martín de Jesús Vásquez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a fin de instrumentar acciones para el establecimiento de un sistema nacional de matrícula única, en educación básica. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que retire a los servidores públicos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración que se encuentran instalados en las garitas clausuradas. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a impulsar el aumento del personal médico y de enfermería en el país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República, para que investiguen y en su caso, sancionen a los funcionarios involucrados en un posible daño patrimonial en perjuicio de la empresa Liconsa SA de CV. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a las comisiones de Gobernación y de Justicia de esta soberanía, para que se integre la Subcomisión de Examen Previo, a fin de sustanciar la solicitud de juicio político en contra de los ciudadanos Ángel Heladio Aguirre Rivero, Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong. Se turna a las Comisiones de Gobernación y de Justicia, para su atención.

• Integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se reconozca la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, para recibir comunicaciones de parte de víctimas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, a fin de garantizar el derecho a la protección de la salud del ciudadano Darío Carrasco Santiago, y en su caso, se sancionen los presuntos actos de negligencia médica que ha padecido. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, relativo a los abusos cometidos por policías de tránsito y operadores de grúas en la Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los gobiernos Federal y del Distrito Federal, para que consideren la construcción de dos centros de atención integral a la salud en la delegación Tlalpan. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes once de noviembre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con cinco minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la Secretaría, a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Víctor Jorrín.

El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano (desde la curul): Gracias, señor presidente, para comentarle los sucesos del puerto de Acapulco. Se encuentra el puerto en una crisis económica; los meseros no tienen trabajo, no hay turismo; los pequeños hoteleros no tienen para pagar la nómina, tienen que pagar los impuestos, y se requiere una actuación inmediata del gobierno federal, de todas las secretarías, para que de inmediato se busque una estrategia de cómo reactivar la economía del puerto de Acapulco.

Y la otra parte es un llamado de atención a la Secretaría de Gobernación para que busque la negociación y ponga orden a los problemas sociales que se están presentando. Si no hay credibilidad de parte de los afectados, por parte de las notas que está emitiendo el gobierno federal, se tendrá que buscar alguna otra alternativa para buscar la paz social; de lo contrario, señor presidente, Guerrero se va a seguir prendiendo y va a prender al país. Es urgente la atención al estado de Guerrero.

Es urgente que todo el gabinete se ponga a trabajar para atender lo que está ocurriendo en Guerrero. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Queda registrada su intervención en el Diario de los Debates.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado López Suárez.

El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para condenar los actos vandálicos contra el senador Alejandro Encinas que el día de ayer tuvimos en el estado de Veracruz.

Y asimismo desde el PRD tenemos claridad de que fue organizado este acto vandálico por parte del gobernador del estado, que además de desaparecer periodistas, ahora agrede a senadores de la república. Y como es sabido por los medios de comunicación, tenemos claridad que la versión que ha corrido desde las notas periodísticas y que hoy sostiene el padre Solalinde sobre lo que hace el gobernador del estado de Veracruz es verídico, dado que el exalcalde de Iguala fue detenido en el estado de Veracruz días antes de lo que anunció la PGR.

No nos extraña la agresión que sufrió el senador Encinas porque es toda una campaña que están montando primero contra nuestro delegado en Iztapalapa y ahora contra cualquier dirigente perredista que visita el estado de Veracruz.

Hacemos un llamado al gobierno de Veracruz para que sea prudente, que no cometa tantos errores y que además tenga claro que se está sabiendo la verdad poco a poco de que él es quien hace la guerra sucia por parte del PRI y del gobierno federal y que vamos a estar al tanto y a defender lo que creemos y no vamos a dejar que se siga agrediendo a compañeras y compañeros dirigentes del PRD. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Queda registrada su participación en el Diario de los Debates. Señor diputado José Luis Muñoz Soria.

El diputado José Luis Muñoz Soria (desde su curul): Muchas gracias, diputado presidente. Solamente hacer un llamado al Ejecutivo federal para que no esté pensando que los mexicanos y las mexicanas no racionalizamos las cosas. El planteamiento que hace respecto a la casa blanca no se lo traga nadie.

Además, pedirle que pudiera modificar su equipo de asesores por la gran estupidez que hicieron con información privilegiada de asignar un contrato para el tren y luego echarlo para atrás.

Plantearíamos que los recursos que vuelva a asignar, a adjudicar el contrato y que los recursos que tuviese que haber pagado los asignara a las normales rurales, que son las instancias de formación de profesores en nuestras áreas correspondientes.

Decirles que sean un poquito inteligentes, que no piensen que somos tontos. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada su participación, señor diputado, en el Diario de los Debates.

Me ha pedido también la palabra el diputado Uriel Flores Aguayo, también la diputada Claudia Bojórquez, también la diputada Loretta y también el diputado Gaudencio Hernández.

Le voy a pedir a la asamblea su comprensión para que una vez desahogadas sus participaciones podamos continuar con el orden del día. Recuerdo que hay agenda política por aquellos temas que pueden ser posibles desahogar en esa parte del orden del día. Diputado Uriel Flores.

El diputado Uriel Flores Aguayo(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Me interesa destacar que si bien el tema de la agenda política para la sesión de hoy es un tema sumamente importante, da la impresión de que ya es muy posterior. Digamos, es un hecho consumado, más allá de la interpretación u opinión que tengamos, el asunto de la consulta.

Pero hay otros asuntos que están pesando mucho en el ánimo del país como son la famosa licitación del tren rápido México-Querétaro, la Casa Blanca, el viaje del presidente a China y Australia, y me parece que no se debería de eludir, independientemente de la posición de cada fuerza política, son temas de mucha, muchísima importancia para la salud del país, y este foro es el mejor foro para darles un tratamiento adecuado para que haya una explicación, para que haya claridad.

Creo que el país está pasando por una situación muy difícil de crisis nacional, y es cuando un órgano del Estado como esta Cámara de Diputados debería de apuntarse con una postura mucho más oportuna, más útil, más adecuada para esa circunstancia. Simplemente destacar esto, diputado, y le agradezco mucho la oportunidad.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias diputado Flores Aguayo. Diputada Claudia Bojórquez.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): Gracias, presidente. Efectivamente creo que el país hoy no está como para seguir tolerando el excesivo comportamiento de la familia presidencial en que van a tomar un relax a China con un pretexto político, pero que además quiere burlarse de los mexicanos y de las mexicanas, y no solamente es un abuso, sino un pecado poder mostrar tan lujosa casa que ni millonarios han podido o han querido comprarse, y además que tiene muchas ligas ahí con algunos empresarios o con algunos constructores o con alguien que va a tener participación en las licitaciones del tren.

Creo que no solamente Enrique Peña Nieto y su familia le debe una explicación a México, sino que además necesitamos que se esclarezca el recurso de dónde sale para comprar dicha casa, porque además desde la toma de protesta ellos son fotografiados, o al menos la famosa primera dama es fotografiada, desde ahí entrevistada y dice las expansiones que va a tener la casa para comodidad de sus hijos.

Si tan sólo la milésima parte fuera puesta en los maestros normalistas, fuera puesta en la investigación de Ayotzinapa, fuera puesta en cada uno de los estados que estamos en quiebra, creo que al país le iría mejor. Muchísimas gracias. Y espero que el pueblo de México no se duerma y no se trague esta gran mentira que nuevamente Enrique Peña Nieto le está haciendo a todos y cada uno de nosotros.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada Bojórquez.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Diputada, Loretta.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (desde la curul): Gracias, presidente. Para hacer referencia al informe del relator especial contra Tortura, Juan Méndez, publicado en la Gaceta el día de hoy, en que hace alusión a la importancia que tiene para el Estado mexicano y para la comunidad internacional emitir la legislación para hacer factible y posible la aplicación del estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma.

Ese estatuto no ha sido implementada su aplicación y es una de las recomendaciones que en el mecanismo de evaluación universal precisamente se hizo a México, desgraciadamente se encuentra ahorita durmiendo el sueño de los justos en la Comisión de Justicia. Hago un llamado para que la Comisión de Justicia, más que publique, entre a la discusión y debate de este dictamen, para la implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, lo que sería la Ley de Cooperación para la entrega de los criminales de lesa humanidad. Y esto lo quiero relacionar porque tiene vinculación con Ayotzinapa, Iguala, y obviamente también con Tlatlaya.

Fueron torturados y ejecutados y a su vez también desaparecidos muchísimas personas, y si quisiéramos hacer efectivas las sanciones y acabar con la impunidad en México tendríamos que tener esa legislación que es indispensable para que en su caso se pueda juzgar a los que han actuado en este sentido, ante los tribunales internacionales y precisamente las denuncias presentadas, la primera que fue en el año 2010 se presentó, no solamente contra el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, sino también contra mandos altos del Ejército y obviamente también contra integrantes del crimen organizado.

Si queremos acabar con esa impunidad sería necesario que tuviéramos la legislación adecuada. Es una ofensa al Estado mexicano que no tengamos esa legislación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracia, diputada. Su preocupación y participación quedan debidamente registradas en el Diario de los Debates. Diputado Hernández Burgos.

El diputado Gaudencio Hernández Burgos(desde la curul): Gracias, presidente. Sólo para referirme a que en Veracruz condenamos todo tipo de violencia o agresión. Estamos en contra de ello, pero queremos dejar claro que en Veracruz se respeta a todos, a todas las personas y se respeta el nivel partidista de cada personaje. Igual, no podemos perder de vista que las causas del problema fueron los malos gobiernos del PRD en Guerrero y en Iguala y su contubernio con la delincuencia organizada.

Que hoy no vengan a cambiarnos el tema. Necesitamos seguir promoviendo el respeto. Si bien se ha pedido respeto, necesitamos también que se siga respetando en cada uno de nuestros estados.

Estamos en contra de las agresiones y de la violencia. No a las especulaciones y a los juicios de valor. Ya basta de calumnias, tenemos que seguir fomentando esta unidad y el amor por México. Gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: A usted, diputado. Señor diputado Miguel Alonso Raya.

El diputado Agustín Miguel Alonso Raya(desde la curul): No es justificando actos de intolerancia y buscando seguir escupiendo para arriba acusando a otros de lo que se padece.

La narcopolítica ha penetrado instituciones completas, incluido a veces la Interpol, y al propio zar antidrogas, la Procuraduría y demás instancias. Debería ser una preocupación y deberíamos buscar la manera de ponernos de acuerdo para transformar en serio esas instituciones. Pero no es buscando y echando culpas y tratando de poner una cortina de humo frente a actos de intolerancia que no son y no pueden ser ignorados ni permitidos por nadie como lo acontecido ayer en Veracruz. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado. Con dos intervenciones más vamos a continuar el orden del día, el diputado Añorve.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): ¿Quién más? ¿Quién sería el segundo, señor presidente, con todo respeto?

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Esa es su intervención, señor diputado?

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): No, señor presidente, pero usted dijo –con todo respeto– que iba a cerrar con la intervención del diputado Gaudencio la ronda que usted mismo había permitido.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Después de usted y el diputado Catalino la vamos a cerrar.

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Lo que quiero pedirle, señor presidente, es que nos podamos circunscribir al orden del día.

Como dijo el diputado Alonso Raya, no caer en juicios de valor, cuando en este momento lo que requerimos, por supuesto, es objetividad y también cumplir perfectamente bien con lo que nos corresponde. Por eso este llamado es respetuoso, señor presidente, pero tenemos que hacer valer también la palabra de la Mesa Directiva. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado Añorve. No voy a poder negarle la palabra al señor coordinador del Verde una vez que termine el diputado Catalino.

El diputado Catalino Duarte Ortuño(desde la curul): Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo que no debemos hacer valoraciones sin sustento, a la ligera. El tema de Iguala sigue su curso, muchos lo conocen, ha titubeado en varias ocasiones el procurador general de la República, de tal manera que hasta el momento no se tienen los elementos suficientes para establecer el lugar, la identidad, dónde están los 43 jóvenes.

Y por otro lado, todos conocemos, en Guerrero, de la relación, posible relación del presidente municipal de Cocula, de la cual poco se ha dicho. Y que valdría la pena también no hacer valoraciones a la ligera.

Lo mismo el presidente municipal de San Miguel Totolapan, en donde tenemos un levantamiento de cientos de personas, de ciudadanos de la sierra, señalando cuestiones de inseguridad.

Termino, señor presidente, invitando a la serenidad, a que las instituciones asuman su responsabilidad, y decirlo aquí, de manera pública, que alguien de mala fe, con el interés de perjudicar mi imagen ha señalado que nosotros somos familiares de la señora Abarca. Nada qué ver. Que verifiquen todos mis datos, es una falsedad y lo podemos comprobar verificando el árbol genealógico, y además, verificando los registros de las oficialías del Registro Civil. Es una falsedad. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias.

El diputado Arturo Escobar y Vega(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Defina usted su participación, diputado Escobar, para continuar con el orden del día. Tiene usted la palabra, diputado Escobar.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): Para una vez más emplazarlo a que podamos integrar ya el orden del día.

Y dejar muy en claro, señor presidente. Ante cada mención, ante cada mentira, ante cada engaño, especialmente de los partidos que postularon al señor Abarca, tendrá que haber una contestación.

México vive tiempos delicados y el emplazamiento tiene que ser, a ser responsables en lo que decimos y en la forma que actuamos. Porque al final del día la verdad saldrá a la superficie, y en esta verdad tendrá que haber responsabilidad del partido político y la coalición que postuló al señor Abarca. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Continúe la Secretaría con el orden del día.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Para:Luis Eduardo Espinoza Pérez, secretario técnico de la Mesa Directiva.

De: Juan Alberto Galván Trejo, director general de Asuntos Jurídicos.

Asunto: Consulta Popular 2/2014.

Por este medio, me permito informarle que el día de hoy fue recibido en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el oficio SSGA-III-45698/2014, de la Sección de Trámites de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual notifica al Presidente de la Mesa Directiva, el engrose de la sentencia de 29 de octubre de 2014 y votos relacionados con la revisión de la constitucionalidad de la materia de Consulta Popular 2/2014.  ¿Estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Coneval?, al tenor del resolutivo siguiente:

Único.Es inconstitucional la materia de consulta formulada por Gustavo Enrique Madero Muñoz y diversos ciudadanos.

Lo anterior, a efecto de que la Mesa Directiva en uso de sus atribuciones legales, dé curso a los trámites correspondientes en términos de la Ley Federal de Consulta Popular.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2014.— Licenciado Juan Alberto Galván Trejo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Para:Luis Eduardo Espinoza Pérez, secretario técnico de la Mesa Directiva.

De: Juan Alberto Galván Trejo, director general de Asuntos Jurídicos.

Asunto: Consulta Popular 3/2014.

Por este medio, me permito informarle que el día de hoy fue recibido en la Dirección General de Asuntos Jurídicos el oficio SSGA-II-45712/2014, de la Sección de Trámites de Amparos, Contradicciones de Tesis y demás asuntos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual notifica al Presidente de la Mesa Directiva, el engrose de la sentencia de 30 de octubre de 2014 y votos relacionados con la revisión de la constitucionalidad de la materia de Consulta Popular 3/2014.¿ A si está de acuerdo en que se mantenga el decreto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de petróleo y energía eléctrica publicado el 20 de diciembre de 2013?, y otro documento con la justificación política y técnica, al tenor del resolutivo siguiente:

Único. Es inconstitucional el objeto de la presente consulta.

Lo anterior, a efecto de que la Mesa Directiva en uso de sus atribuciones legales, dé curso a los trámites correspondientes en términos de la Ley Federal de Consulta Popular.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2014.— Licenciado Juan Alberto Galván Trejo (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado. De conformidad con el artículo 28, fracción VI de la Ley Federal de Consulta Popular, archívense los asuntos como total y definitivamente concluidos. Notifíquense a los promoventes. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Gobernación, cuyo resolutivo segundo dice lo siguiente:

Segundo. Por tratarse de una materia que pudiera considerarse como de trascendencia nacional, para lograr el cumplimiento del mandato constitucional expresado por el poder de reforma constitucional en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de agosto del año 2009, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que someta a discusión en los términos reglamentarios, ante el pleno de la misma, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por esta soberanía el día 8 de noviembre del año 2011 y que se encuentra pendiente de su aprobación.

Atentamente

México, DF, a 4 de noviembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia, para su atención.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del oficio número DEP1294/14, suscrito por el ciudadano Emilio Suárez Licona, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales remite el informe de la visita oficial a México del señor Juan E. Méndez, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que tuvo lugar del 21 de abril al 2 de mayo de 2014.

Lo anterior, con el propósito de que, en su caso, emitan los comentarios u observaciones que se tengan sobre “correcciones factuales o imprecisiones en el informe”.

Cabe señalar que el informe oficial de la visita será presentado en el marco del vigésimo octavo periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en marzo de 2015, por lo que se solicita de la manera más atenta que dichos comentarios u observaciones sean remitidas a más tardar el 14 del actual.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 6 de noviembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado subsecretario:

Por este conducto, me permito hacer referencia a la visita oficial a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, señor Juan E. Méndez, que tuvo lugar del 21 de abril al 2 de mayo de 2014.

Sobre el particular, en anexo encontrará el proyecto de informe, el cual incluye una serie de recomendaciones al Estado mexicano, que fueron trasmitidas a esta dependencia de manera confidencial.

Al respecto, y con fundamento en el artículo 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en las facultades de la Subsecretaría bajo su digno cargo, solicito a usted ser el amable conducto de transmitir dicho informe a la Mesas Directivas del honorable Congreso de la Unión, a efecto de que se turnen a las comisiones correspondientes para que se encuentren en posibilidad de transmitir los comentarios u observaciones que se tengan sobre “correcciones factuales o imprecisiones en el informe”, tal y como lo solicitó el relator especial; prestando particular atención en los párrafos 7, 10, 14, 18, 23, 24, 33, 50 y 58, los cuales se enfocan en aspectos relacionados con el ámbito de competencia del Poder Legislativo.

En ese sentido, y de no mediar inconveniente, ruego a usted solicitar que dichos comentarios sean transmitidos a esta secretaría, de ser posible, para el 14 de noviembre del presente, con la finalidad de que la respuesta al informe preliminar pueda ser procesada como documento oficial de las Naciones Unidas, además de que la misma se encuentre disponible simultáneamente a la publicación oficial del informe de la visita.

Destaco a su atención que el informe oficial de la visita será presentado por el Relator Especial en marzo de 2015, en Ginebra, Suiza, en el marco del vigésimo octavo Periodo Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 3 de noviembre de 2014.— Emilio Suárez Licona (rúbrica), director general de Coordinación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-2-1579, signado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número B00.00.01.-139, suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a llevar a cabo las acciones necesarias para el saneamiento del río Zahuapan, en Tlaxcala.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 5 de noviembre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con atención a su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 1665/ 14, sobre el punto de acuerdo mediante el cual la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat, la Profepa y la Conagua, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para el saneamiento del río Zahuapan, en Tlaxcala.

Al respecto, y en ejercicio de las atribuciones que confiere a la coordinación de asesores de la dirección general el artículo 16, fracción VI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, me permito adjuntar la respuesta de esta institución.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 31 de octubre de 2014.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

« Asunto: Vigilancia del cumplimiento de la normativa en materia de descargas de aguas residuales en la cuenca del río Zahuapan en la circunscripción de Tlaxcala, 2013 y 2014

Antecedentes

Hay dos grandes fuentes de contaminación del río Zahuapan, las excretas municipales generadas por la población asentada en la cuenca y las generadas por industrias, por lo que el director local se ha reunido con todos los presidentes municipales y los industriales para exhortarlos a tratar el agua residual que se genera.

En 2013 apretamos las tuercas y en 2014 prácticamente visitaremos todos los municipios y las industrias, no hay voluntad ciudadana para tratar las aguas residuales, por ello estamos actuando para que haya voluntad y crear conciencia de las autoridades, de los industriales y la ciudadanía.

La cuenca del río Zahuapan es una subcuenca del río alto Atoyac, la cual es una de las más contaminadas del país. A la cuenca del Zahuapan descargan 39 de los 60 municipios del estado, así como los corredores industriales de Tetla, Xaloztoc, Tlaxco, Ixtlacuixtla y Xiloxoxtla yagua residual de microindustrias de la mezclilla que descargan a los alcantarillados municipales, por lo que estas últimas dejan de ser competencia de la Conagua.

A la altura de Xicohtzinco confluye el río Zahuapan al río Atoyac, el río Zahuapan es el principal dren de Tlaxcala y en su desarrollo de 65 kilómetros recibe descargas de agua residual de origen urbano-industrial.

Acciones realizadas

• Declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes:

A partir de la publicación de la declaratoria de clasificación del río Atoyac: el 6 de julio de 2011 se han emitido 8 permisos de descarga de aguas residuales con condiciones particulares más estrictas por ser el Zahuapan un afluente del río Atoyac y para determinar dichas condiciones particulares de descarga se consideraron, además de los parámetros establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996, los indicados en dicha declaratoria de clasificación en el tramo correspondiente del río Atoyac.

Año 2013

• Visitas de inspección

Visitas de inspección realizadas en el programa anual de inspección. Adicionalmente, en coordinación con la Gerencia de Calificación de Infracciones, Análisis y Evaluación de oficinas centrales, se llevó a cabo el programa de visitas de inspección para el saneamiento de la cuenca Atoyac-Zahuapan.

Haciendo un total de 19 visitas de inspección en la cuenca del río Zahuapan en 2013:

17 industriales

1 municipal

• Procedimientos administrativos

De las 18 industrias visitadas, 4 industrias incumplieron la Ley de Aguas Nacionales, pues rebasaron los límites máximos permisibles de alguno de los parámetros establecidos en sus condiciones particulares de descarga de su permiso otorgado por la Conagua, imponiéndose multas por un monto total de 310 mil 848.00 pesos, además de la corrección de su descarga. De las 4 multas impuestas, 2 fueron pagadas y 2 impugnaron, estando pendientes de resolver dicha impugnación por el Organismo de Cuenca Balsas.

De la visita al centro recreativo de un municipio en la cuenca del Zahuapan, se impuso sanción administrativa por un monto de 77 mil 712.00 pesos por descargar sin permiso a un bien nacional. Asimismo, se suspendieron las actividades que daban origen a la descarga (sanitarios centro recreativo). Dicha suspensión a la fecha subsiste.

Año 2014

• Visitas de inspección

A la fecha se han realizado 29 visitas de inspección a descargas de aguas residuales a la cuenca del río Zahuapan:

• 12 industriales

• 17 municipales

• Procedimientos administrativos

A la fecha se han turnado para su calificación cuatro visitas a establecimientos industriales, de las cuales dos no tienen sanción, una se está actualmente instaurando el procedimiento administrativo respectivo por rebasar parámetros y una está pendiente de calificarse.

El resto de las visitas industriales y las visitas de inspección a municipios aún no se turnada para su calificación. En cuanto se turnen se procederá a calificarlas y, en su caso, a instaurar los procedimientos administrativos correspondientes.

Acciones por realizar

• Emisiones de permisos de descarga en el río Zahuapan como afluente del río Atoyac en la declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes:

A la fecha está en proceso la emisión de un permiso de descarga de aguas residuales. Adicionalmente, todas las solicitudes de nuevos permisos o modificaciones a permisos que ingresen este año se atenderán con esta mecánica.

• Visitas de inspección en la cuenca del río Zahuapan en 2014

• 7 industriales programadas

• Procedimientos administrativos

De las visitas de inspección que se realicen en 2014 se calificarán los expedientes y, en su caso, se instaurarán los procedimientos respectivos.

Comisión Nacional del Agua

Dirección Local Tlaxcala

Asunto:Diagnóstico técnico integral para plantas de tratamiento de aguas residuales en Tlaxcala

Antecedentes

Hay dos grandes fuentes de contaminación del río Zahuapan, las excretas municipales generadas por la población asentada en la cuenca y las generadas por industrias, por lo que el director local se ha reunido con todos los presidentes municipales y los industriales para exhortarlos a tratar el agua residual que se genera.

En 2013 apretamos las tuercas y en 2014 prácticamente visitaremos todos los municipios y las industrias, no hay voluntad ciudadana para tratar las aguas residuales, por ello estamos actuando para que haya voluntad y crear conciencia de las autoridades, de los industriales y la ciudadanía.

En Tlaxcala hay 127 plantas de tratamiento de aguas residuales, de las cuales la operación de 95 por ciento es a cargo de los municipios, únicamente 7 plantas de tratamiento son operadas por el gobierno del estado, a través del Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de las Aguas Residuales de Tlaxcala.

La operación de las plantas a cargo de los municipios es deficiente o nula, debido a la falta de interés de las autoridades municipales, aunado a la falta de cultura de la población beneficiada, al no pagar una tarifa justa y real por el servicio recibido, que no permite a los municipios contar con recursos suficiente para cubrir los gastos de operación.

El gobierno del estado solicito a la Conagua apoyo para realizar el diagnóstico técnico de la situación de las plantas de tratamiento, apoyando la Conagua la petición aportando 10 millones de pesos en el programa Apazu 2014.

Acciones realizadas

El gobierno del estado está concluyendo la licitación del diagnóstico, considerando que la contratación se lleve a cabo en octubre y la ejecución de noviembre a febrero de 2015.

Dicho diagnóstico incluye, además de las plantas de tratamiento, la elaboración de un plan de saneamiento en 138 localidades del estado sin sistema de tratamiento.

Acciones por realizar

El diagnóstico contiene las siguientes actividades:

1. Verificar la situación física y operativa de las 127 plantas de tratamiento del estado.

2. Estudios de aportación y calidad del agua por tratar.

3. Análisis de factibilidad técnica económica de las opciones de tratamiento, con base en el reúso que se dé al agua residual tratada.

4. Elaboración del plan de saneamiento para 138 localidades mayores de 500 habitantes que no cuentan con sistema de tratamiento.

Datos del proyecto en caso de haberlo

Aun no se cuenta con información definitiva.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2032 signado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/0190/2014 suscrito por el licenciado Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implementar acciones para difundir en los centros de trabajo los cambios contenidos en la reforma fiscal, respecto de los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores; así como dar a conocer en todo el país los mecanismos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de noviembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/1644/14, signado por el encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 23 de septiembre pasado, inherente a la difusión de los cambios de la reforma fiscal en centros de trabajo y dar a conocer los mecanismos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos, mismo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a efecto de que coadyuve dentro del ámbito de su competencia, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que implemente acciones para difundir en los centros de trabajo los cambios contenidos en la reforma fiscal, respecto de los derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y sus respectivas delegaciones en todo el país para dar a conocer los mecanismos de defensa del trabajador sobre sus derechos adquiridos.”

Al respecto, le expreso que se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, siendo importante mencionar que derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2012, por la que se incorporó el término de trabajo digno o decente, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que están presentes elementos como: respeto pleno a la dignidad humana del trabajador y la trabajadora; no discriminación; acceso a la seguridad social y percepción de un salario remunerador; capacitación continua; condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo; el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva, y la tutela de la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente a la o el patrón; la Secretaría de Trabajo y Previsión social (STPS), implementó un operativo permanente denominado Trabajo digno o decente, saludable y libre de violencia, el cual tiene como objetico promover el respeto a los derechos humanos y laborales por parte de las y los patrones, verificando que se establezcan condiciones en las que se otorgue a todos los trabajadores trabajo digno o decente.

Dentro de este operativo se da a conocer a empleadores y trabajadores los beneficios fiscales que conlleva la formalización del empleo, destacando la incorporación a la seguridad social, la cual tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión, tomando en consideración lo establecido en el decreto por el que se otorgan estímulos para promover la incorporación a la seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de abril.

Asimismo, en las referidas diligencias se da a conocer a los factores de producción la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores (LAAT), cuyo objeto es promover y regular la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito ocupacional.

En dicho ordenamiento se establece que los gastos en los que incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadores, así como para la entrega de despensas o de vales para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, serán deducibles de los términos y condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

La ley del ISR dispone que tratándose de vales de despensa otorgados a los trabajadores, serán deducibles siempre que su entrega se realice a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria; en tanto que en la LAAT se dispone que para el caso de los vales impresos y electrónicos queda prohibido canjearlos por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito, o bien, canjearlos o utilizarlos para comprar bebidas alcohólicas o productos del tabaco.

En el caso de los servicios de comedor y comida proporcionados a los trabajadores, se mantiene el tratamiento fiscal, no considerándose como ingresos en bienes, asimismo la erogación correspondiente a esta prestación es deducible del ISR, siempre que se cumplan con algunos requisitos. La deducción será del cien por ciento, cuando está a disposición de todos los trabajadores y no exceda de un salario mínimo general diario del área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.

Por otra parte, en cuanto al segundo punto del exhorto, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), como órgano desconcentrado de esta secretaría, cuenta con una página de Internet en la que describe los servicios que ofrece a solicitud de los usuarios, mismos que consisten en:

• Orientación y asesoría para los trabajadores, sus derivados o beneficiarios sobre los derechos y obligaciones derivados de las normas de trabajo y previsión y seguridad sociales, así como de los trámites, procedentes y órganos competentes antes los cuales acudir para hacerlos valer.

• Conciliación. Que consiste en proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus conflictos, mediante la celebración de convenios fuera de juicio y hacerlos constar en actas autorizadas.

• Representar jurídicamente a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios, cuando éstos así lo soliciten, ante los órganos jurisdiccionales, administrativos y cualquier otra institución pública o privada, a efecto de ejercitar las acciones y recursos que correspondan en la vía ordinaria, especial, inclusive el juicio de amparo, hasta su total terminación.

Igualmente, dicha representación ha transmitido la información que antecede en medios masivos de comunicación, e inclusive, ha llevado a cabo dos campañas anuales para el pago de aguinaldo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

Aunado a lo anterior, en la página de referencia se destina un apartado a la reforma fiscal, abarcando los incentivos y beneficios para personas físicas o morales que contraten personas con discapacidad y/o adultos mayores. Haciendo patente lo establecido en el artículo 186 de la ley del ISR que permite a los patrones que contraten personas con alguna discapacidad, deducir de sus ingresos el equivalente al cien por ciento del impuesto sobre la renta de dichos trabajadores. Asimismo, se otorgará un beneficio a quien contrate a adultos mayores, que consiste en el equivalente a 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más.

Reflejando a la par los beneficios fiscales publicados el 26 de diciembre de 2013, por los que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en 80 por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulados del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente a 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas.

Asimismo, se hace alusión al artículo 61, fracción XV, de la Ley Aduanera, en el que se dispone que no se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de los vehículos especiales o adaptados y las demás mercancías que importen las personas con discapacidad que sean para su uso personal, así como aquellas que importen las personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta que tengan como actividad la atención de dichas personas.

Además, de poner de manifiesto la viabilidad de deducir cien por ciento de la inversión para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad a que se refiere el artículo 186 antes mencionado, el acceso y uso de las instalaciones del contribuyente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2014.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2036, signado por la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/0189/2014, suscrito por el ciudadano Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a realizar las actividades de inspección y vigilancia en materia de seguridad e higiene respecto de las minas de carbón existentes en el estado de Coahuila, con el objeto de garantizar condiciones dignas y seguras a los trabajadores que en ellas laboran.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 7 de noviembre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/1643/14, signado por el encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 23 de septiembre pasado, inherente a la práctica de inspecciones en materia de seguridad e higiene a minas de carbón ubicadas en Coahuila, mismo que a continuación se transcribe en su parte conducente:

“ Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en coordinación con la Secretaría del Trabajo del Estado de Coahuila, realice las actividades de inspección y vigilancia en materia de seguridad e higiene respecto dejas minas de carbón existentes en el Estado Libre y Soberano de Coahuila, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras a los trabajadores que en ellas laboran.

Segundo...”

Al respecto, le expreso que se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, siendo importante recordar a partir de la entrada en vigor de la NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón, vigente desde el 23 de marzo de 2009, se practican de manera permanente operativos de inspección a este tipo de centros de trabajo, sumando al mes de septiembre de 2014, la práctica de 2,535 inspecciones en beneficio de 55,745 trabajadores, dictándose 11,495 medias técnicas de seguridad y salud, y por lo que se refiere al 2013 y 2014 se han llevado a cabo 39 restricciones de acceso y/o limitación de operaciones, con apego a los artículos 512-D Bis y 541, fracción VI Bis de la Ley Federal del Trabajo que se adicionaron con motivo de su reforma en 2012, en los que se contempla una nueva atribución a la Inspección Federal del Trabajo para la adopción de medidas de seguridad de ampliación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, que faculta a los inspectores del trabajo para decretar la restricción de acceso o limitar la operación en las áreas de riesgo detectadas, independientemente de la imposición de la sanción económica que corresponda por el incumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Asimismo, cabe destacar que en todas las inspecciones practicadas con posterioridad a la citada reforma, se contempló lo establecido en el capítulo denominado “De los Trabajadores en Minas”, que se adicionó en el ordenamiento aludido con motivo de su modificación, y en el que se dispone que para el correcto funcionamiento de estos centros de trabajo, se debe contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo el cual debe operar un trabajador, designado por el patrón.

Además, se establecen obligaciones del patrón, entre las que destacan:

• Suspender las actividades y disponer la evacuación de los trabajadores a un lugar seguro en caso de riesgo inminente para la seguridad y salud de los mismos:

• No contratar o permitir que se contrate a menores de 18 años.

Por su parte, el referido capítulo también contempla que los trabajadores podrán negarse a prestar sus servicios siempre y cuando la Comisión Mixta, de Seguridad e Higiene confirme que se identifiquen situaciones de riesgo inminente que puedan poner en peligro su vida, integridad física o salud o las de sus compañeros de trabajo.

Al momento que se tenga conocimiento de alguna situación de riesgo inminente, se le deberá informar a los inspectores del trabajo para hacer constar la existencia de dicho riesgo, y de manera inmediata, ordenar las medidas correctivas o preventivas, en materia de seguridad e higiene, estas medidas correctivas o preventivas, en materia de seguridad e higiene, estas medidas podrán consistir en la suspensión total o parcial de las actividades de la mina, con la finalidad de salvaguardar la vida, la integridad física o la salud de los trabajadores.

En este marco, vale la pena señalar que para el desahogo de las diligencias del sector que nos ocupa, la ley no señala la participación de la autoridad local en auxilio de la federal, toda vez que la aplicación de las normas de trabajo corresponde a esta última, cuando se trate de la rama minera.

Sobre el tema de subcontratación que se aborda en las consideraciones de la proposición del punto de acuerdo, se precisa que la propia reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012, fortalece la normatividad en la materia con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad, salud y protección social en el trabajo.

De esta manera se establece que el contrato que se celebre, debe constar por escrito y cumplir con las siguientes condiciones:

• No podrá abarcar a la totalidad de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo.

• Deberá justificarse por su carácter especializado.

• No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considera patrón para todos los efectos de la ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Además, se sanciona la subcontratación dolosa, previendo que no se permitirá el régimen de subcontratación, cuando se transfieran de manera deliberada, trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir derechos laborales.

Aunado a lo anterior, debe mencionarse que la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Coahuila se ha robustecido, ya que no obstante que desde 2005, fue publicado un acuerdo por el que se determinó la circunscripción territorial de las delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y se delegaron facultades en sus titulares, y en el que se estableció la oficina de Sabinas en Coahuila, para atender los municipios de Acuña, Allende, Castaños, Cuatrociénegas, Frontera, Guerrero, Jiménez, Morelos, Monclova, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, San Buena Ventura, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza, la citada oficina carecía de facultades para instaurar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo para el cumplimiento de las normas de trabajo, de previsión social, contractuales de carácter laboral y las normas oficiales mexicanas; así como las de los tratados y convenios internacionales en materia laboral ratificados por los Estados Unidos Mexicanos, y tampoco tenía atribuciones en la expedición de autorizaciones para el funcionamiento de los recipientes en la expedición de autorizaciones para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión, generadores de vapor o calderas; por lo que, en dicho tenor, se impulsó la transformación de tal representación.

Así, el 18 de diciembre de 2013, con el objeto de acercar a su población, los servicios que corresponde prestar a la secretaría, en atención al aumento poblacional, económico e industrial de la circunscripción territorial de Coahuila, fue emitido el acuerdo por el que se crea la Subdelegación Federal del Trabajo en Sabinas, cuya competencia se amplió a 8 municipios más: Abasolo, Candela, Escobedo, Hidalgo, Juárez, Lamadrid, Nadadores y Sacramento; atendiendo actualmente 26 municipios.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2014, se publicó el aviso en el Diario Oficial de la Federación por el que se da a conocer el inicio de actividades de la Subdelegación Federal del Trabajo en Sabinas, la que cuenta con mayores facultades de operación que le permiten desahogar su trabajo sin los inconvenientes que se presentaban siendo una oficina.

Igualmente, es relevante puntualizar que ha sido fortalecida la plantilla de inspectores con que cuenta esta dependencia, ya que, en 2012 fueron creadas 400 plazas de inspector federal del trabajo calificado, que cuentan con un nivel administrativo superior a aquellas con las que se venía trabajando, a fin de equiparar sus percepciones alas actividades, funciones, facultades y responsabilidad que tienen los inspectores federales del trabajo, toda vez que crear plazas con perfiles y percepciones similares a las que ya existían, si bien permite incrementar el número de inspectores, dificulta la vigilancia de la normas de seguridad y salud o de aspectos complejos, debido a que, al no contar con una formación profesional los nuevos servidores públicos tendrían que pasar por un largo y complicado proceso de capacitación para estar en aptitud mínima de cumplir cabalmente con la gran responsabilidad de constatar las condiciones de seguridad en los centros de trabajo eventualmente prevenir accidentes de trabajo en las industrias de alto riesgo, como por ejemplo, la minería y en específico la extracción del carbón mineral.

Así, de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se creó el perfil de dichas plazas, diseñado para que los inspectores cuenten con un nivel de conocimientos y formación que les permita practicar:

• Inspecciones de seguridad e higiene en centros de trabajo y ramas de la industria de alta peligrosidad ubicadas en la clase de riesgo V, del Catálogo de actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

• Inspecciones a recipientes sujetos a presión y/o calderas.

• Inspecciones en operativos especiales en materia de outsourcing fraudulento y participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

• Supervisión a unidades de verificación, laboratorios de prueba y organismo de certificación (organismos de tercera parte para la evaluación de la conformidad).

• Dictaminación de actas.

Los Requisitos de las plazas son:

• Estudios de nivel medio superior certificados.

• Tres años de experiencia en actividades relacionadas con seguridad e higiene o normatividad laboral.

Actualmente se cuenta con 926 plazas de inspector, 376 de inspector y 550 de inspector calificado (150 plazas adicionales al pasado sexenio).

La Delegación Federal del Trabajo en Coahuila actualmente cuenta con 47 plazas de inspector federal del trabajo (28 de ellas de inspector federal del trabajo calificado), de las cuales 15 pertenecen a Saltillo, 6 a Torreón y 26 están adscritas directamente en la recién aprobada Subdelegación Federal del Trabajo en Sabinas, Coahuila, (15 de ellas son de Inspector Federal del Trabajo Calificado). Esta última unidad administrativa representará en adelante una mayor presencia, no sólo física sino legal en los actos que lleve a cabo esta secretaría en la región.

De la misma forma, a fin de promover la especialización de los inspectores del trabajo y de todas aquellas personas involucradas en la función de inspección, se constituyó en coordinación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) un comité de gestión por competencias de vigilancia de la normatividad laboral para elaborar estándares de competencia, relacionados con dicha actividad. Al día de hoy, ha desarrollado ocho estándares en materia de seguridad y salud.

• EC0391 “Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo”

• EC0397 “Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo”

• EC0449 “Gestión de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo”

• EC0470 “Administración de la seguridad y salud en la obra de construcción”

• EC0493 “Medición de los niveles de iluminación y reflexión en el ambiente laboral”

• EC0494 “Mediación de los niveles de ruido en el ambiente laboral”

• EC0495 “Operación segura de calderas”

• EC0496 “Verificación de las condiciones de seguridad e higiene en las minas de carbón”

A la par, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), dentro de su oferta educativa ofrece en el área de Producción y Transformación, la carrera técnica de Seguridad e Higiene y Protección Civil, cuyos pasantes tendrán oportunidad de realizar sus prácticas profesionales en esta secretaría.

Por otra parte, en mayo de 2013 se desarrollaron evaluaciones referentes a conocimientos sobre las NOM-023-STPS-2012 y NOM-032-STPS-2008, en las que, del universo de inspectores contemplados para realizar dicha evaluación (503 personas) el 77% la presentaron; acreditando el 84.67%. Esta evaluación se aplicó a todas las delegaciones de esta secretaría en las cuales se visitan minas.

En junio de 2013 se aplicó un examen de conocimientos relacionados a la reforma laboral del total de los inspectores que presentaron dicha evaluación (482 personas) el 91.07% acreditaron la misma.

De igual forma, en 2013 se logró capacitar al 90% de los inspectores federales del trabajo y jefes del departamento adscritos tanto a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, como a las diferentes delegaciones, subdelegaciones y oficinas federales del Trabajo de esta Secretaría, impartiéndose los temas de:

Cabe señalar que con la donación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de una plataforma electrónica denominada sistema de capacitación a distancia de la inspección del trabajo (Sicadit), para capacitar y evaluar el personal que participa en el proceso de inspección, incluyendo a los inspectores federales del trabajo, a partir de su implementación se ha venido desarrollando una serie de cursos en línea y evaluaciones que han permitido elaborar materiales de apoyo para quienes los tomen.

Durante 2014 se ha capacitado a servidores públicos que intervienen en el proceso de inspección a través de la plataforma del Sicadit, con los temas siguientes:

Al mismo tiempo, la STPS, con el propósito de generar una cultura de autoevaluación, a través de la asesoría y orientación a los empleadores sobre la manera más efectiva de cumplir con la normatividad laboral, en particular las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, impulsa la inclusión al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST), mediante la suscripción de compromisos voluntarios en las empresas para el cumplimiento de la normatividad, con el fin de disminuir la tasa de accidentes laborales respecto de la media nacional.

En dicho contexto, la STPS ha puesto a disposición de los sujetos obligados diversos apoyos informáticos:

• Asistente para la identificación de las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo;

• Asesoría para la instauración de sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo;

• Eva1uación del Funcionamiento de sistemas de administración en seguridad y salud en el trabajo;

• Evaluación del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo;

• Elaboración de programas de seguridad y salud en el trabajo;

• Programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo;

• Identificación y control del equipo de protección personal, y

• Reconocimiento, evaluación y control de agentes contaminantes químicos.

En el PASST se otorgan niveles de reconocimiento de “Empresa Segura”:

• Primer nivel. Por el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo.

• Segundo nivel. Por las acciones de mejora continua en la seguridad y salud.

• Tercer nivel. Por sus logros en la administración de la seguridad y salud en el trabajo.

• Revalidación del reconocimiento del tercer nivel de “Empresa Segura”, por la eficaz administración de la seguridad y salud en el trabajo.

De los 4,350 centros de trabajo incorporados al PASST, 75 están en el estado de Coahuila, 1.7 por ciento. De ellos 13 centros de trabajo han obtenido el primer nivel de reconocimiento de “Empresa Segura”; 14 el segundo nivel; 15 el tercero, y cinco la revalidación de este último, con una disminución en la tasa de accidentes (respecto de la media nacional) de primer nivel = (25.8%); segundo nivel = (71.5%); tercer nivel = (80.4%), y revalidación del tercer nivel = (86.5%).

El sector minero existen 22 centros de trabajo reconocidos como “Empresa Segura” a nivel nacional, que cuentan con los niveles de reconocimiento y estadística que a continuación se describen:

• Los 26 centros de trabajo que han obtenido el primer nivel de reconocimiento de “Empresa Segura” tienen una tasa de 2.93 accidentes por cada cien trabajadores, es decir, 21.2 por ciento inferior a la tasa del sector minero para el año 2013 que fue de 3.72, y 12.7 por ciento superior al promedio nacional de 2.6 para ese mismo año.

• Los siete centros de trabajo a los que se ha otorgado el segundo nivel de reconocimiento de “Empresa Segura” presentan una tasa de 1.05 accidentes por cada cien trabajadores, es decir, 71.8 por ciento debajo de la tasa del sector minero y 59.6 por ciento menos que el promedio nacional, correspondiente a 2013.

• Los 13 centros de trabajo que recibieron el tercer nivel de reconocimiento de “Empresa Segura” tiene una tasa de 0.24 accidentes por cada cien trabajadores, es decir, 93.5 por ciento menor a la rasa del sector minero y 90.8 por ciento inferior al promedio nacional en 2013.

• Por último, los dos centros de trabajo que recibieron la revalidación de tercer nivel de reconocimiento de “Empresa Segura” tienen una tasa de 0.00 accidentes por cada cien trabajadores, es decir 100.0 por ciento a la tasa del sector minero y del promedio nacional en 2013.

De los citados centros de trabajo del sector minero reconocidos como “Empresa Segura”, 4 pertenecen el estado de Coahuila:

Independientemente de las acciones descritas, no debe olvidarse que con el propósito de facilitar el conocimiento, observancia y vigilancia de la NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón, en marzo de 2009 la STPS elaboró la Guía para la evaluación del cumplimiento de la normatividad en seguridad para minas subterráneas de carbón; y en julio de 2011, para mejorar la seguridad de las explotaciones realizadas por pequeños productores en la región carbonífera de Coahuila, se elaboró otra guía dirigida, de manera específica, a las operaciones a menor escala.

Finalmente, es de mencionar que todos estos esfuerzos han rendido fruto, ya que de acuerdo a los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social el número de accidentes, incapacidades, enfermedades y defunciones con motivo de los riesgos de trabajo, han descendido en los últimos tres años dentro de la actividad económica extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos en minas de profundidad, en el estado de Coahuila.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 30 de octubre de 2014.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el manual administrativo correspondiente; adjunto el oficio número DGODU/3746/ 2014, mediante el cual la ciudadana Mercedes Díaz Ferrería, directora general de Obras y Desarrollo Urbano en la delegación Azcapotzalco, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-4-1718, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo la aprobación del mismo en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención al oficio SG/CED/1157/14, de fecha 1 de octubre del presente año, enviado al jefe delegacional, Sergio Palacios Trejo, donde solicita el programa de desazolve urgente de acuerdo a lo aprobado en la Cámara de Diputados.

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que conmine a las delegacionales que conforman el Distrito Federal a implementar un programa de desazolve urgente como medidas institucionales de prevención en las principales colonias afectadas de las delegaciones inundadas el periodo pasado, a fin de evitar desastres en la próximas lluvias.”

Al respecto, me permito remitir copia del Programa de Desazolve para el año 2015, que realizará esta delegación, el cual ya fue aprobado por Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo, poniéndome a sus órdenes en el teléfono 53 52 22 44.

Atentamente

Azcapotzalco, DF, a 17 de octubre de 2014.— Mercedes Díaz Ferrería (rúbrica), directora general de Obras y Desarrollo Urbano.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al manual administrativo correspondiente; adjunto el oficio número DGODU/003907/2014 mediante el cual el maestro Jorge Enríquez Hernández, director general de Obras y Desarrollo Urbano en la delegación Cuauhtémoc, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-4-1718, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del mismo en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Ciudadano Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

En atención a su oficio número SG/CED/1161/14, mediante el cual envía oficio número D.G.P.L.62-II-4-1718 de fecha 23 de septiembre de 2014, suscrito por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, quien hace del conocimiento que en sesión celebrada el jueves 23 de septiembre de 2014, se resolvió aprobar el siguiente

Dictamen

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del Distrito Federal para que conforme a las delegaciones que conforman el Distrito Federal, a implementar un programa de desazolve urgente como medidas institucionales de prevención en las principales colonias afectadas de las delegaciones inundadas el periodo pasado, a fin de evitar desastres en las próximas lluvias.

Al respecto me permito informar a usted, que esta dirección general cuenta con un programa anual de desazolve antes y después de lluvias, así mismo, invariablemente se realizan acciones mediante las cuales se exhorta a la comunidad a tomar consciencia de lo que implica el arrojar basura a las coladeras.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de octubre de 2014.— Maestro Jorge Enríquez Hernández (rúbrica), director general de Obras y Desarrollo Urbano.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del Gobierno con otros órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y al Manual Administrativo correspondiente; adjunto el oficio número DGODU/2781/14 mediante el cual la ciudadana Dolores Aurora Picazo Ramírez, directora general de Obras y Desarrollo Urbano en la Delegación Venustiano, Carranza, remite respuesta al punto de acuerdo D.G.P.L. 62-II-4-1718, en donde se comunicó por parte del vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación del en sesión celebrada el 23 de septiembre del 2014.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 29 de octubre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Ciudadano Fernando Daniel Cravioto Padilla, coordinador de Enlace Delegacional de la Secretaría de Gobierno.

Me refiero a su oficio número SG/CED/1170/14 de fecha 1 de octubre del presente año, mediante el cual comunica punto de acuerdo donde se exhorta a implantar un programa de desazolve urgente como medida de prevención en las colonias afectadas por inundación.

Sobre el particular le informo a usted, que la delegación Venustiano Carranza en conjunto con el órgano desconcentrado Sistema de Aguas de la Ciudad de México, lleva a cabo el Programa Anual de Limpieza y Desazolve con equipo hidroneumático y malacates.

Adicionalmente la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de este órgano político administrativo implantó el programa de desazolve en las colonias de esta demarcación. Asimismo, en relación con el Programa Operativo Anual en obra por administración, POA, se atienden los servicios solicitados a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, y demás solicitudes al respecto.

Por lo anterior expuesto, agradecemos tenga por atendido el exhorto emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y su atento requerimiento quedando a sus órdenes para cualquier comentario u observación al respecto.

Atentamente

México, DF, a 13 de octubre de 2014.— Dolores Aurora Picazo Ramírez (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión del Distrito Federal, para su conocimiento.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo.— Secretaría de Salud de Morelos.

Diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura.— Presente.

En atención a su oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2118, de fecha 21 de octubre del año en curso, relativo a la aprobación del acuerdo emitido dentro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; al respecto, me permito informar que:

Con fecha 27 de octubre del año que transcurre, se giró oficio número SS/DGJ/884/2014, dirigido a la directora general de Servicios de Salud de Morelos, doctora Ángela Patricio Mora González, mediante el cual se requirió girar instrucciones a quien corresponda para el efecto de comunicar a esta Secretaría de Salud las acciones y gestiones necesarias para dar cumplimiento al punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fecha 21 de octubre del presente año.

En consecuencia, con fecha 3 de noviembre del año que transcurre, se recibió en la Dirección General Jurídica, el oficio DAM/SP/DSR/2904/2014, suscrito por el director de Atención Médica, doctor Víctor Manuel Pérez Robles, en el cual comunican las acciones que se están ejecutando en cumplimiento del acuerdo que nos ocupa, mismas que a continuación se enumeran:

l. Programa de Planificación Familiar y Anticoncepción y Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes adscritos al Departamento de Salud Reproductiva.

2. Campañas para medios masivos de comunicación, tomando como base los materiales diseñados por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual Reproductiva, en los cuales se abordan temas de planificación familiar, participación del hombre y prevención de embarazo e infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes.

3. Foro con el tema “Salud integral de los y las adolescentes con énfasis en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos”.

4. 19 servicios amigables dentro de las unidades de salud, diseñados para brindar atención en salud sexual y reproductiva a la población adolescente, considerando las necesidades específicas de este grupo etario.

En virtud de lo anterior, se anexa copia simple del oficio DAM/SP/DSR/2904/2014, suscrito por el director de Atención Médica, doctor Víctor Manuel Pérez Robles, que contiene de manera detallada las acciones antes citadas y las cuales han sido ejecutadas por el Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud de Morelos.

Sin otro particular, esperando que la información le sea de utilidad, reciba un saludo cordial.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 3 de noviembre de 2014.— Doctora Vesta L. Richardson López Collada (rúbrica), Secretaria de Salud del estado de Morelos.»

«Escudo.— Secretaría de Salud de Morelos.

Licenciada Berenice López Ángeles, directora general Jurídica de la Secretaría de Salud de Morelos.— Presente.

En atención al oficio SS/DGJ/884/20l4, dirigido a la doctora Ángela Patricia Mora González, directora general de Servicios de Salud de Morelos, mediante el cual se cita el punto de acuerdo aprobado en sesión con fecha 21 de Octubre del año en curso y que a la letra dice:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.”

La información sobre las acciones y gestiones que se llevan a cabo por este organismo se señalan a continuación:

1. Las acciones en la materia se realizan a través de los programas de Planificación Familiar y Anticoncepción y el Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, adscritos al Departamento de Salud Reproductiva, los cuales tienes como objetivos “contribuir a que la población mexicana disfrute de una vida sexual y reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, mediante servicios de calidad en planificación familiar y anticoncepción, con absoluto respeto a sus derechos y a su libre decisión” y “contribuir al desarrollo y bienestar de las y los adolescentes, mejorando su salud sexual y reproductiva y disminuir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual, por medio de estrategias basadas en el reconocimiento de la diversidad cultural y sexual, las relaciones de género, superar las inequidades sociales y que promuevan el respeto y ejercicio de sus derechos humanos, en particular sus derechos sexuales y reproductivos”, respectivamente.

2. En materia de difusión, se han realizado dos campañas para medios masivos de comunicación, tomando como base los materiales diseñados para el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual Reproductiva en los cuales se abordan los temas de planificación familiar, participación del hombre y prevención de embaraza e infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

3. Por otra parte respecto a las consecuencias de un embarazo a temprana edad, por parte del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes se desarrollan foros con el tema “salud integral de los y las adolescentes con énfasis en salud sexual y reproductiva, con enfoque de derechos”, les cuales tienen como objetivo informar a los jóvenes sobre temas en salud reproductiva. En el presente año se han desarrollado tres foros con una asistencia total de 3 mil adolescentes.

4. Finalmente en el estado se cuenta con servicios amigables dentro de las unidades de salud, diseñados para brindar atención en salud sexual y reproductiva a la población adolescente, considerando las necesidades específicas de este grupo etario, entendiendo su forma y estilos de vida, su modo de vincularse socialmente, libres de estigmas y prejuicios, y que los diferencien de los servicios que tradicionalmente se han operado para la atención de esta población.

Aprovecho la oportunidad para mandarle un cordial saludo.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 30 de octubre de 2014.— Doctor Víctor Manuel Pérez Robles (rúbrica), director de Atención Médica.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

LEY GENERAL DE TURISMO

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del articulo 4 de la Ley General de Turismo.

Atentamente

México, DF, a 6 de noviembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. a V. ...

VI. Coadyuvar a la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de cambio climático, en materia de turismo;

VII. a XV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 6 de noviembre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente;senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante Oficio D.G.P.L. 62-II-3-1443, expediente 3842, le fue turnada para su análisis y dictamen, la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 9 de abril de 2013, el diputado Ricardo Astudillo Suárez, del  integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 155 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, misma que contó con la adhesión del Diputado Arturo Escobar y Vega, del mismo Grupo Parlamentario.

Segundo. En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Tercero.En sesión plenaria de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, efectuada el 13 de mayo de 2013, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuarto. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, verificada el 3 de septiembre de 2013, el Pleno Cameral aprobó por unanimidad de cuatrocientos cincuenta y cuatro votos, en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

Quinto.En la misma fecha, la Cámara de Diputados envió al Senado de la República, la minuta con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.   

Sexto. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 05 de septiembre de 2013, se dio cuenta con la minuta con proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

Séptimo.En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado, dispuso que dicho proyecto se turnara a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios legislativos, Segunda, para dictamen.

Octavo.Mediante oficio CMARN/133/2013, fechado el 17 de septiembre de 2013, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, solicitó a la Mesa Directiva  del Senado de la República, prórroga para presentar el dictamen correspondiente a la minuta proyecto de decreto  que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

Noveno.Mediante oficio número DGPL-1P2A.1049, de 19 de septiembre de 2012, la Mesa Directiva del Senado, autorizó la prórroga hasta por la mitad del plazo que marca el párrafo 1 del artículo 212 del Reglamento del Senado.

Décimo.En reunión de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, segunda, efectuada el 26  de noviembre de 2013, se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Décimo Primero.En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 25 de febrero de 2014, con dispensa de primera y segunda lecturas, se aprobó en votación nominal el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, procediendo a su devolución a la Cámara de Diputados, para los efectos constitucionales.

Décimo Segundo.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 27 de febrero de 2014, se dio cuenta al Pleno con el oficio del Senado de la República, mediante el cual se devuelve la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Décimo Tercero.En la misma sesión ordinaria, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”

Una vez analizado el expediente de la minuta proyecto de decreto objeto del presente dictamen, exponemos el siguiente:

II. Contenido de la minuta

La colegisladora coincide en señalar que el artículo 4o. Constitucional, consagra el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y que el respeto a ese derecho será garantizado por el Estado.

Refieren los senadores que no obstante los avances en materia de regulación de residuos y contaminantes, está pendiente el fortalecimiento de la legislación en materia de contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, ya que éstos pueden impactar en sentido adverso a la salud humana.

Precisan que la normatividad define al ruido como “todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas”. Asimismo, advierten que el problema ambiental generado por el ruido se asocia tanto a las grandes ciudades, como a zonas rurales contiguas a vías de comunicación o a zonas turísticas.

Observan que la Organización Mundial de la Salud, considera que la exposición de una persona al ruido con más de 70 decibeles por un período de 24 horas, puede provocar discapacidad auditiva; Además, apuntan que  encontraron que el ruido generado por el tráfico se asocia a diversos padecimientos que, calculan, influyen en la pérdida anual de un millón de años de vida saludable.

Refieren diversos estudios e investigaciones hechos en nuestro país sobre los efectos dañinos del ruido sobre la salud, cuyos resultados son realmente alarmantes, dado el incremento de los casos como el de trauma acústico crónico que en diez años se elevó 2.1 veces.

Hacen referencia a los casos de población que padece pérdida auditiva irreversible provocada por escuchar música a altos volúmenes, los cuales no deben exceder el nivel de los 110 decibeles, ni excederlos por períodos de más de cuatro horas y en un máximo de cinco veces al año.

Observan que la Semarnat, siendo la dependencia facultada para dar cumplimiento a lo previsto en la fracción XII del artículo 5o. y el artículo 156 de la LGEEPA, ha expedido normas oficiales mexicanas que establecen límites máximos de emisión de ruido; sin embargo, sólo refieren cuatro NOMs, en la cuales se establecen límites máximos permisibles de emisión de ruido de vehículos automotores en tres clasificaciones diversas, y una de fuentes fijas.

Por otro lado, ilustran sobre el concepto del término “vibraciones”, así como sobre los efectos adversos que las vibraciones pueden tener sobre la salud de las personas. Asimismo nos transmiten que las vibraciones se convierten en problema ambiental por efecto del ruido que se produce en exteriores o en vías de comunicación, o por efecto del uso de maquinaria y equipo que impactan en inmuebles cercanos.

Hacen referencia a estadística sobre denuncias por ruido y vibraciones presentadas ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, reconociendo que la dependencia del Ejecutivo federal, responsable de la expedición de la normatividad correspondiente, ha sido omisa en el uso de sus atribuciones.

En relación con la energía térmica y la lumínica, la Comisión homóloga del Senado, nos ilustra sobre el carácter de contaminantes que estas energías poseen, cuando en un proceso industrial se emiten grandes cantidades de calor residual. Señalan que las actividades industriales referidas, usan agua en sus procesos de enfriamiento y, consecuentemente, el recurso hídrico  utilizado es descargado en cuerpos de agua con temperaturas más bajas, generando efectos adversos en el ambiente, al reducir la densidad del agua del cuerpo receptor y, en consecuencia, la cantidad de oxígeno disuelto en ella.

Señalan que para evitar los efectos nocivos de la contaminación térmica en el agua, la Semarnat expidió la NOM-001-ECOL-1996, y la NOM-002-ECOL-1006; las cuales establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de los usos industrial , doméstico y de servicios, en aguas y bienes nacionales o en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

Aluden a que de acuerdo con el Instituto de Astronomía de la UNAM, la contaminación lumínica es: “el flujo luminoso proveniente de fuentes artificiales de luz que provoca aumento del brillo del cielo nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes”, cuyos efectos consisten en la reducción hasta en un 90% de la cantidad de cuerpos celestes que se pueden observar, lo que obstaculiza el desarrollo de la investigación astronómica.

Refieren que estudios sobre el impacto de la contaminación lumínica en la salud, han demostrado el incremento de cefalea, fatiga, ansiedad y estrés, y que la exposición del cuerpo humano a la luz artificial nocturna se asocia con el incremento del riesgo de contraer cáncer.

Consideran que la luz es el sincronizador más potente de los ritmos biológicos, y que por ello, la contaminación lumínica deslumbra y desorienta en sus rutas de desplazamiento a las especies silvestres de hábitos nocturnos; mientras que en los insectos, mencionan que se ha documentado la alteración de sus ciclos reproductivos y migratorios.

En cuanto a la contaminación por radiación electromagnética, la colegisladora manifiesta que, según la Organización Mundial de la Salud, los resultados del Proyecto Internacional del Campo Electromagnético, iniciado en 1996, demuestran que no existe evidencia científica que confirme afectaciones a la salud por la exposición humana a campos electromagnéticos de bajo nivel.

En este punto, el Senado manifiesta que si bien la Semarnat no ha emitido una Norma Oficial Mexicana que establezca los límites máximos permisibles de este contaminante, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, expidió la NOM-013-STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

En cuanto a la contaminación por olores, la colegisladora manifiesta que igual que en otros tipos de contaminación, la Semarnat no ha emitido Norma Oficial Mexicana alguna, al respecto.

Las comisiones unidas dictaminadoras del Senado, comparten la inquietud por robustecer el marco jurídico que mitigue la contaminación referida en el Capítulo VIII del Título Cuarto de la LGEEPA, el cual no ha sido normado por la Semarnat, como lo exige el artículo 155 de la propia Ley; sin embargo, advierten que una parte de la propuesta de la Cámara de Diputados, es innecesaria e incluso “contraviene lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 156 que dispone que es a través de normas oficiales mexicanas y no a través de programas como se establecerán los procedimientos para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.”

Una vez analizado el contenido de la minuta objeto del presente dictamen, las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes

III. Consideraciones

Quienes integramos esta comisión dictaminadora, coincidimos con la colegisladora en que el Estado debe garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Consideramos que el proyecto de reforma que nos ocupa, es parte del fortalecimiento que requiere nuestra legislación para regular el tema de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Reconocemos el concepto de “ruido”, en los términos planteados por la colegisladora: “todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas”.

Apreciamos válida la observación de estudiosos e investigadores de nuestro país, quienes han detectado los efectos dañinos del ruido sobre la salud humana, y cuyos resultados preocupantes se resumen en el incremento de los casos de trauma acústico crónico cuyo número se elevó más de dos veces en diez años.

Es importante reconocer los casos quienes padecen pérdida auditiva irreversible, ocasionada por escuchar música en niveles que exceden los 110 decibeles y en períodos excesivos de más de cuatro horas y en más de cinco ocasiones al año.

Reconocemos con la colegisladora, la omisión en que incurre la Semarnat al no cumplir cabalmente con la atribución legal que le faculta para expedir las normas oficiales mexicanas que establecen límites máximos de emisión de ruido; pues el Senado sólo refiere cuatro normas oficiales mexicanas, en la cuales se establecen límites máximos permisibles de emisión de ruido a vehículos automotores en tres clasificaciones diversas, y una de fuentes fijas.

Nuestra coincidencia con el Senado en cuanto a la validez del concepto vertido sobre el término “vibraciones”, así como la precisión sobre los efectos adversos que dichas vibraciones pueden tener sobre la salud de las personas, efectos que las convierten en problema ambiental, consecuencia  del ruido que se produce en exteriores o en vías de comunicación, o por efecto del uso de maquinaria y equipo que impactan en inmuebles cercanos.

Consideramos que las estadísticas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, si bien son ciertas y motivan a preocupación, no son datos representativos de la realidad nacional en el tema de que tratamos, máxime si reconocemos la actuación menor de la dependencia de la Administración Pública Federal, facultada para expedir las Normas Oficiales Mexicanas que se requieren para atender el problema que representan las emisiones de los contaminantes a que se refieren los artículos 155 y 156 de la LGEEPA.

Consideramos válida la orientación que la colegisladora ha dado a la contaminación por emisión de energía térmica, al ubicarla en los procesos industriales que emiten grandes cantidades de calor residual, cuyo proceso de enfriamiento se sustenta en el uso de agua, la cual aumenta su temperatura y que al ser descargada en cuerpos de agua receptores con temperaturas inferiores, generan efectos adversos en el ambiente, al reducir la densidad del agua del cuerpo receptor y, en consecuencia, la cantidad de oxígeno disuelto en ella.

En nuestra consideración, las normas oficiales mexicanas NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996, en su emisión, no han sido creadas para atender el problema que representan las emisiones de contaminantes a los que alude lo dispuesto en los artículos 155 y 156 de la LGEEPA. Dichas NOMs establecen los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales provenientes de los usos industrial, doméstico y de servicios, en aguas y bienes nacionales o en los sistemas de drenaje y alcantarillado municipales.

Estimamos afortunado el concepto desarrollado por el Instituto de Astronomía de la UNAM, sobre el término “contaminación lumínica”: “El flujo luminoso proveniente de fuentes artificiales de luz que provoca aumento del brillo del cielo nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes”, cuyos efectos consisten en la reducción de hasta un 90% de la cantidad de cuerpos celestes que se pudieran observar.

Estimamos loable la realización de estudios sobre el impacto de la contaminación lumínica en la salud, los cuales han demostrado el incremento de cefalea, fatiga, ansiedad y estrés; además de revelar que la exposición del cuerpo humano a la luz artificial nocturna se relaciona con el incremento del riesgo de contraer cáncer.

Consideramos valioso saber que la luz es el sincronizador más potente de los ritmos biológicos; por ello, la contaminación lumínica deslumbra y desorienta a las especies silvestres de hábitos nocturnos en sus rutas de desplazamiento; mientras que en los insectos, ha permitido documentar la alteración de sus ciclos reproductivos y migratorios.

Apreciamos en todo la manifestación de la colegisladora, en cuanto a que la contaminación por radiación electromagnética, según la Organización Mundial de la Salud, y como resultado del Proyecto Internacional del Campo Electromagnético, iniciado en 1996, demuestra que no existe evidencia científica que confirme afectaciones a la salud por la exposición humana a campos electromagnéticos de bajo nivel.

En este punto, aceptamos la expresión de la colegisladora al manifestar que si bien la Semarnat no ha emitido una Norma Oficial Mexicana que establezca los límites máximos permisibles de este contaminante, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, expidió la NOM-013-STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

En cuanto a la contaminación por olores, coincidimos en que, como en otros tipos de contaminación, la Semarnat no ha emitido Norma Oficial Mexicana alguna, al respecto.

Las Comisiones Unidas dictaminadoras del Senado, comparten nuestra inquietud  por fortalecer nuestra legislación con disposiciones válidas y eficaces que atiendan la necesidad de mitigar la contaminación referida en el Capítulo VIII del Título Cuarto de la LGEEPA, en tanto la Semarnat cumple su función normativa como lo exige el artículo 155 de la propia Ley.

Consideramos inaceptable, por imprudente, la advertencia de la colegisladora, en el sentido de que una parte de la propuesta de la Cámara de Diputados, es innecesaria e incluso “contraviene lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 156 que dispone que es a través de normas oficiales mexicanasy no a través de programas como se establecerán los procedimientos para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Estimamos preciso hacer un ejercicio de hermenéutica jurídica para interpretar debidamente lo dispuesto en el texto del artículo 156, en el contexto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

En principio, el artículo 156 de la LGEEPA, establece:

“ Artículo 156. Las normas oficiales mexicanas en materias objeto del presente Capítulo, establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión respectivos.

La Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesarios con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen daños a la salud.

La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma.”

Es evidente que el texto vigente del párrafo primero del artículo 156, es claro en señalar que las normas oficiales mexicanas establecerán los procedimientos a fin de prevenir y controlar la contaminación de que se trata, y fijarán los límites de emisión respectivos; sin embargo, es indebida la tácita interpretación de la existencia de una prohibición para que se prevean programas para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Estimamos que la interpretación hecha por el Senado, es equívoca, aunque la entendemos no mal intencionada; en efecto, no se pueden equiparar las funciones que cubren las normas oficiales mexicanas y las que corresponden a los programas de la administración pública, a pesar de que estén orientados hacia objetivos comunes.

De tal manera, las normas oficiales mexicanas a que se refiere el párrafo primero del artículo 156 de la LGEEPA, tienen como función o encargo, establecer los procedimientos o instrucciones para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, así como fijar los límites máximos permisibles  de emisión de los contaminantes respectivos; por su parte, el agregado con el cual se propone reformar el párrafo tercero del mismo numeral, para que la Semarnat, con la información relacionada con este tipo de contaminación, así como con la de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma, derivada de esa información la Secretaría en coordinación con los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios formule y aplique programas y campañas a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.”;desde luego, los programas y campañas propuestos deberán observar, tanto en su formulación como en su aplicación, los procedimientos y límites de contaminantes permisibles previstos en las normas oficiales mexicanas, cuando existan.

A mayor abundamiento, estimamos pertinente observar la diferencia de objetivos existente entre las normas oficiales mexicanas y los programas en materia ambiental.

El artículo 5o. de la LGEEPA, establece que son facultades de la Federación, entre otras:

- La expedición de las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas en la propia Ley (fracción V);

- La formulación, aplicación y evaluación de los programas de ordenamiento ecológico general del territorio y de los programas de ordenamiento ecológico marino (fracción IX), y

- La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente (fracción XV).

Por su parte, el artículo 7o. de la propia Ley, atribuye a los Estados, entre otras, las facultades siguientes:

- La prevención y control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme lo establecido en esta Ley no sean de competencia federal (fracción VII), y

- La formulación, expedición y ejecución de los programas de ordenamiento ecológico regional del territorio, con la participación de los municipios respectivos (fracción IX).

Asimismo, en lo conducente, el artículo 8o. de la Ley, confiere a los municipios, entre otras atribuciones, las facultades siguientes:

- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal (fracción VI), y

- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la federación, en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo (fracción XII).

El artículo 15, fracción XVI de la LGEEPA, prevé que para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará, entre otros, el principio siguiente: “El control y la prevención de la contaminación ambiental, el adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población.”.

En este orden de ideas, el artículo 17 de la Ley, ordena que en la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico que se establezcan de conformidad con esta Ley y demás disposiciones en la materia.

Adicionalmente, el artículo 19 BIS del ordenamiento legal que se analiza, señala que el ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico: I. General del Territorio; II. Regionales; III. Locales, y IV. Marinos.

Estimamos pertinente recordar lo previsto en el artículo 20 BIS 2 del mismo cuerpo normativo, el cual establece que los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos de las leyes locales aplicables, podrán formular y expedir programas de ordenamiento ecológico regional, que abarquen la totalidad o una parte del territorio de una entidad federativa; y que cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades federativas, el Gobierno Federal, el de los Estados y Municipios respectivos, y en su caso el del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, podrán formular un programa de ordenamiento ecológico regional. Para tal efecto, la Federación celebrará los acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los gobiernos locales involucrados.

Vale recordar que el artículo 20 BIS 3, dispone que los programas de ordenamiento ecológico regional a que se refiere el artículo 20 BIS 2 deberán contener, por lo menos:

I. La determinación del área o región a ordenar, describiendo sus atributos físicos, bióticos y socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales y las tecnologías utilizadas por los habitantes del área;

II. La determinación de los criterios de regulación ecológica para la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que se localicen en la región de que se trate, así como para la realización de actividades productivas y la ubicación de asentamientos humanos, y

III. Los lineamientos para su ejecución, evaluación, seguimiento y modificación.

Derivado del contenido de las disposiciones referidas en los párrafos que anteceden, esta Comisión Dictaminadora considera inviable la aprobación, en sus términos, de la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, enviada a esta Soberanía por el Senado de la República, para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, estimamos pertinente modificar la minuta proyecto de decreto enviada por la colegisladora, para insistir en la propuesta del proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en los términos en que fue aprobada por la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, el 3 de septiembre de 2013.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo previsto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 156. ...

...

La Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma , derivada de esa información la Secretaría en coordinación con los gobiernos de los Estados, el Distrito Federal y los Municipios formulará y aplicará programas y campañas a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de mayo de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto, María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para tal efecto tiene la palabra, la diputada Lourdes Adriana López Moreno, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno: Con su venia, señor presidente. A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le fue turnada para su análisis y dictamen, la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General para la Protección y Equilibrio al Ambiente. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Ricardo Astudillo Suárez y el diputado Arturo Escobar y Vega, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

En sesión ordinaria de esta honorable Cámara de Diputados, verificada el 3 de septiembre de 2013, el pleno camaral aprobó por unanimidad de 454 votos esta iniciativa. Es importante señalar que en la Cámara de Senadores plantean una modificación por lo cual nos regresan esta minuta a discusión a Cámara de Diputados.

También es importante destacar, que no obstante los avances en la materia en regulación de residuos y contaminantes, ambas Cámaras coincidimos en que está pendiente el fortalecimiento de la legislación en materia de contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, ya que éstos pueden impactar en sentido adverso a la salud humana.

Además, coincidimos con los conceptos ambas Cámaras en cada uno de estos tipos de contaminación enlistados en el dictamen que hoy nos ocupa, derivado de la importancia que estos temas tienen en cuestiones ambientales e, insisto, de salud humana.

Sin embargo, aunque las comisiones unidas del Senado comparten esta inquietud, es importante señalar que advierten que una parte de la propuesta de la Cámara de Diputados es innecesaria e incluso contraviene a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 136, que dispone que es a través de normas oficiales mexicanas y no a través de programas como se establecerán los procedimientos para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Por lo que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta honorable Cámara de Diputados consideramos inaceptable, y quizás hasta imprudente, la advertencia de la colegisladora en el sentido de que una parte de la propuesta de la Cámara de Diputados es innecesaria o contraviene lo dispuesto en el primer párrafo del 156. Estimamos preciso hacer un ejercicio de hermenéutica jurídica para interpretar debidamente lo dispuesto en el texto del citado artículo.

El artículo 156 de la LGPPA establece que las normas oficiales mexicanas en materia objeto del presente capítulo establecerán los procedimientos a fin de prevenir la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores y fijarán los emisión respectivos.

En ningún momento establece una prohibición para que la secretaría que tiene la competencia de atención a los temas ambientales, particularmente de contaminación por estas causas, sean prohibidas o estén limitadas en el sentido de establecer programas.

Es importante señalar que la interpretación hecha por el Senado es equívoca, aunque entendemos que no malintencionada. En efecto, no se pueden equiparar las funciones que cubren las normas oficiales mexicanas y las que corresponden a los programas de la administración pública, a pesar de que estén orientadas hacia objetivos comunes.

De tal manera, las normas oficiales mexicanas a las que se refiere el párrafo primero del artículo 156 de la LGPPA tienen como función o encargo establecer procedimientos o instrucciones para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores; así como fijar los límites máximos permisibles de emisión de los contaminantes respectivos.

Por su parte, el agregado al cual se propone reformar en el párrafo tercero del mismo numeral para que la Semarnat, con la información relacionada con este tipo de contaminación, así como la de los métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma permita, en coordinación con los gobiernos estatales del Distrito Federal y municipales, formular y aplicar normas y campañas a fin de prevenir y controlar estos tipos de contaminación.

Desde luego, los programas y campañas propuestos deberán observar tanto en su formulación como en su aplicación los procedimientos y límites de contaminantes permisibles, previstos en las normas oficiales mexicanas, cuando éstos existan.

A mayor abundamiento de manera muy breve comentaré que el artículo 5o., de la LGEEPA establece como facultad de la Federación, además de la expedición de normas oficiales mexicanas, la formulación, aplicación, evaluación del programa, así como la regulación de la prevención de contaminación ambiental originada en los términos de la presente minuta.

Por su parte el artículo 7o., de la propia ley atribuye a las competencias estatales en los mismos términos y el artículo 8o., a las competencias municipales, así como el artículo 15 de la LGEEPA prevé que para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta ley, en materia de preservación y restauración al equilibrio ecológico y al ambiente, son competencia de la Semarnat.

Derivado de lo anterior es que la Comisión de Medio Ambiente pone a consideración de este honorable pleno la insistencia de establecer en la modificación al párrafo tercero del artículo 156, el establecimiento de obligatoriedad a la Semarnat, de poder realizar programas y campañas destinadas a la prevención y atención de contaminación por ruido, por energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas, vibraciones y olores, ya que consideramos, insistimos, la interpretación del Senado es equívoca al decir que solicitar que en ley queda el establecimiento por obligatoriedad de establecer estos programas, sea contradictorio a la que la misma ley manifiesta.

Por lo tanto esperamos que así como en la comisión los distintos grupos parlamentarios avalaron nuestra propuesta para que quede determinada la existencia de este articulado para el establecimiento de programas de prevención, contar con el respaldo de este honorable pleno. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada López Moreno. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputado presidente, compañeras diputadas y diputados. Ante cualquier circunstancia y necesidad resulta prioritario que prevalezca cada uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución Política. Y como es el caso particular del artículo 4o., y por lo que se señala que toda persona tiene derecho a disfrutar un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, y el cual estará garantizado por el Estado.

Pese a los avances que se han tenido sobre la regularización de residuos y contaminantes, una materia pendiente ha sido el fortalecimiento de las disposiciones para evitar la contaminación por el ruido, vibraciones y energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores que atraen como consecuencia impacto negativo hacia la salud de la población.

Sobre el ruido, se define como todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas y que se asocia a las diversas actividades cotidianas que se suscitan tanto en las ciudades como en las zonas rurales.

Al respecto, diversos estudios realizados en nuestro país han permitido identificar los efectos dañinos que se generan en la salud como consecuencia de soportar el ruido, cuyos resultados son realmente alarmantes, dado el incremento de casos como trauma acuática crónica que en 10 años se elevó 10 veces.

Por otra, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha considerado que la exposición de una persona a sonido con más de 70 decibeles por un período de 24 horas le puede provocar discapacidad auditiva y que si excede de 110 decibeles podrá provocar pérdida auditiva irreversible.

Hasta este momento sabemos que Semarnat ha expedido cuatro normas oficiales mexicanas que establecen límites máximos de ruido que versan sobre los límites máximos permitidos de emisión de ruido de vehículos automotores, cuyas calificaciones han resultado insuficiente para atender este problema.

Otro aspecto que nos preocupa y al que se ha dado poca atención son los efectos que provocan a la salud la emisión de vibraciones, ya que éstas se convierten en problema ambiental por el ruido que se provoca en exteriores o en vías de comunicación o por efecto del uso de maquinaria y equipo que impacta en inmuebles cercanos.

A lo anterior se le suman los impactos de la energía térmica, donde Semarnat ha emitido normas oficiales mexicanas, las cuales establecen los límites máximos permitidos por contaminación en las descargas de aguas residuales provenientes de los usos industriales, domésticos y de servicio en aguas y bienes nacionales y en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

Sobre la energía lumínica, se describe como el flujo luminoso proveniente de fuentes artificiales que provoca aumento del brillo del cielo nocturno, disminuye la visibilidad de los cuerpos celestes, y contamina al emitir grandes cantidades de calor residual, lo que ha ocasionado diferentes efectos negativos en la salud, tales como el incremento de cefalea, fatiga, ansiedad y estrés y que la exposición del cuerpo humano a la luz artificial nocturna se asocia con el incremento del riesgo de contraer cáncer.

Por último, sobre la contaminación por radiación electromagnética y de la contaminación por olores, a la fecha ninguna cuenta con alguna disposición normativa que establezca los límites máximos permisibles de estos contaminantes.

Compañeras y compañeros diputados, en Nueva Alianza compartimos esta preocupación y nos sumamos al compromiso para fortalecer la legislación vigente que regula el tema de la contaminación provocada por el ruido, las vibraciones y la energía térmica, la lumínica, las radiaciones electromagnéticas y los olores para atender el problema que representa las emisiones de estos contaminantes.

Hoy por hoy conocemos que el Estado debe de garantizar en derecho de toda persona un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Es por eso que daremos el voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señora diputada Cristina Olvera. Tiene ahora la palabra la diputada Loretta Ortiz para fijar la postura de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta propuesta de modificación al artículo 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, nos enfrenta al enorme rezago que en materia regulatoria ecológica tiene México.

Está claro que la propuesta de la colegisladora al igual que la postura de la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara de Diputados y que han trabajado con buena voluntad y con la intención firme de poder abonar a las mejoras en las condiciones de vida de las personas a través del cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, no deja de ser eso, una buena voluntad y buenas intenciones, y no se llega al fondo del asunto y, sobre todo, a mejorar el medio ambiente en beneficio al derecho humano fundamental de gozar de un medio ambiente sano para gozar a su vez del derecho a la salud, pues mientras seguimos trabajando en reformar leyes, el medio ambiente se sigue deteriorando y seguimos deteriorándolo en contrariedad no solamente al Estado mexicano, sino también a todo el medio ambiente del que debe gozar el planeta que llamamos tierra.

Coincidimos en sus términos en este dictamen con lo propuesto con la Colegisladora. La aportación fundamental es apenas tocada y deja una esencia de aplicación de la propuesta de reforma en un estado potestativo y no obligatorio.

En ese sentido es preciso señalar que la propia minuta no menciona que la ley en comento en su artículo 20 bis 2 nos dice que cuando una región ecológica se ubique en el territorio de dos o más entidades federativas, el gobierno federal, el de los estados y los municipios respectivos y, en su caso, el del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, podrán formular un programa de ordenamiento ecológico regional, para tal efecto la federación celebrará acuerdos o convenios de coordinación procedentes con los gobiernos locales involucrados.

Resulta claro que no se plantea un instrumento que obligue a las entidades federativas y a los municipios a formular un programa de ordenamiento ecológico regional, situación que debería haberse planteado porque de otra forma seguiremos con buenas intenciones y abonando a una incertidumbre en cuanto al mejoramiento del medio ambiente.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de que el tema del medio ambiente es completamente una prioridad y no se trata de un experto tratado con ciertos matices. La propuesta que aquí se presenta parece incompleta, puesto que se hace presente la omisión de sanciones, díganse normas oficiales, que pueden aplicarse para el caso de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y por olores.

Insistimos a nuestro parecer el tema del medio ambiente, en definitiva debe representar menos discursos, debemos llevar a la práctica mecanismos que se vean reflejados en realidad, puesto que esto representa un asunto toral para el bienestar de la humanidad.

Con esta legalización no se están cumpliendo con los instrumentos internacionales que México ha celebrado ni se satisface el derecho al medio ambiente. Esperamos, los del Partido del Trabajo, que en las próximas o futuras iniciativas se busque en realidad proteger de manera efectiva el derecho a un medio ambiente sano. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, por el Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano.

Y, si me permite, voy a saludar la presencia de estudiantes de la Universidad Panamericana del Distrito Federal, invitados por el diputado Arturo Escobar y Vega. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadana presidenta, ciudadanos legisladores, en efecto éste es un dictamen insuficiente, es un dictamen que faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en coordinación de los estados, de los municipios y del Distrito Federal puedan formular y aplicar programas y campañas para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y otros.

El país está padeciendo un gran problema, estos dictámenes se inscriben en una situación ordinaria de normalidad en el país, que en esa normalidad podrían pasar, pero creo que la Cámara debería estar preocupada por la crisis política institucional que se está viviendo, que no tiene precedente en las últimas décadas, y que es profunda; una crisis que está tocando a todos, una crisis que amerita tomar decisiones extremas, como un nuevo Constituyente, como una sacudida al Poder Judicial, como una revisada a todo el aparato burocrático y de gobierno del país.

Pero déjenme decirles sobre la contaminación. Nosotros creemos que este dictamen es insuficiente, pero hace unos días, el fin de semana estuvimos el Grupo Parlamentario que coordino, Movimiento Ciudadano, en Cuetzalan, Puebla.

Es impresionante lo que aquí en ese lugar está pasando, malas carreteras, hospitales construidos nuevos, sin médicos, un abandono a la gente y sobre todo el inicio de la depredación con la llegada de mineras, de empresas trasnacionales en búsqueda de energía, del petróleo y de gas, y me parece que los pobladores de Cuetzalan han hecho cosas extraordinarias que nos pueden servir a todos aquellos que estamos contra la depredación ambiental, y sobre todo quienes estamos en contra de estas reformas privatizadoras que han votado la mayoría de ustedes y que frente a la negativa de la Corte de haber permitido la consulta pública sobre la reforma energética, este camino que han tomado ellos, los habitantes de Cuetzalan, sobre todo las ONG, las organizaciones campesinas, las organizaciones sociales es extraordinario, que yo aquí les relato.

Esto fue el fin de semana. Ellos lograron el 5 de noviembre, las ONG, que el cabildo declarara por unanimidad, por unanimidad, repito, no otorgar autorización de uso del suelo, de cambio de uso del suelo o de construcción para la realización de ningún proyecto de exploración o explotación minera, de hidrocarburos de ninguna de sus formas o de generación de energía hidroeléctrica en el municipio, que sea incompatible con las políticas de uso del suelo determinadas en las unidades de gestión ambiental establecidas en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla, así como no otorgar concesiones de uso de suelo, aprovechamiento o explotación del agua a ninguna empresa privada o extranjera que busque obtener un lucro de la misma.

Este documento, que es público, que es un documento con fuerza legal, es la solución para todos aquellos municipios en donde no deseamos que se instalen prácticas como el fracking, como la explotación irracional del suelo, como la explotación de minas, como la explotación del subsuelo para la obtención de hidrocarburos, como la entrega de la tierra vía ocupación temporal, vía ocupación superficial que podrá generar despojo a las comunidades, despojo a los propietarios.

Me parece una decisión imaginativa, de verdad una decisión de una solución muy creativa del pueblo de Cuetzalan, que ojalá y los municipios del país que estamos en contra del fracking y de la explotación irracional de la tierra y del saqueo de nuestros recursos acudan a esta figura jurídica.

Le pediré a la presidenta que ordene se inscriba este documento público en mi intervención como anexo, para que pueda servir de orientación a estas generaciones que estamos en contra de la depredación ambiental, de la contaminación del medio ambiente y del saqueo de nuestros recursos naturales, que de no prohibirlo, de no frenarlo lamentaremos más tarde el que se esté haciendo.

Presidenta, muchas gracias por la atención. Muchas gracias a toda la asamblea por la atención prestada a esta intervención. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Intégrese el texto que entregó el diputado Ricardo Monreal al Diario de los Debates, íntegro.

Quiero saludar también a estudiantes del Instituto Superior Benjamín Franklin y alumnos de la escuela primaria Lauro Aguirre, del estado de México, que se encuentran hoy con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos. Invitados por la diputada Irazema González Martínez.

Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Graciela Saldaña Fraire:Con su permiso, señora presidenta. Diputados y diputadas, el rechazo de esta iniciativa por parte del Senado de la República indica que la adhesión del tercer párrafo al artículo 156 resulta innecesaria e incluso contraviene en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 156, que dispone que es a través de las normas oficiales mexicanas y no a través de programas, como se establecerán los procedimientos para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores.

Si bien, estos tipos de contaminación son en realidad los causantes de molestias a los seres humanos y no necesariamente al medio ambiente, aunque en este tema déjenme decirles, que se ha demostrado científicamente que todo ruido que sobrepasa el nivel de unos ciertos decibeles a los seres vivos, llevan afectaciones en todo su sistema nervioso y su conducta.

La intención de este artículo es de atender el malestar que genera este tipo de contaminación, se puede determinar que la molestia genera daño. Sin embargo, estamos frente a la forma clásica de aplicación del principio precautorio que se consagró en la Declaración de Río, en su principio 15, que dice: “con el fin de proteger al medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución, conforme a sus capacidades, cuando haya peligro de daño grave o irreversible. La falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.

Dicho principio, tan necesario para proteger la salud, aplicado, por ejemplo, en México cuando llega el caso de emergencia de la epidemia de influenza H1N1, ustedes recordarán que se suspendieron clases, se tomaron medidas extremas de higiene. Con esta propuesta se puede probar que es muy necesaria la aplicación de este principio, al que esta legislatura se ha negado a legislar.

Por otra parte, cabe señalar que sólo han sido expedidas normas en materia de ruido para los casos de vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, que no han dado límites permisibles.

El Grupo Parlamentario del PRD, a pesar de las contradicciones y la falta de normas oficiales mexicanas, votaremos a favor de esta reforma al artículo 156 de la ley, para que se formulen y apliquen programas y campañas a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnética y olores, como también ya lo comentaron algunas de mis compañeras que me antecedieron en la palabra, ya que este tipo de contaminación es tangible y provoca molestias fuertes en población, que en algunos casos puede ocasionar problemas de la salud, como ya lo comenté.

Pero hacemos un exhorto, desde esta tribuna, y de manera urgente, a la Semarnat, para que a la brevedad expida las normas que pueden atender este tipo de contaminación, que den sustento a los programas, campañas que tengan que implementar, estados, municipios y la misma ciudad de México, ya que estos programas tienen que ser difundidos, tienen que prevenir, fundamentalmente, la contaminación. Porque además, diputadas y diputados, este problema de contaminación, como ya se comentó en esta ley, tiene que ver mucho con la salud de los seres vivos, pero también, principalmente, de los seres humanos. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. A continuación tendrá el uso de la palabra la diputada Erika Yolanda Funes Velázquez, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Y quiero también darles la bienvenida a vecinos del pueblo de Chimalcoyotl, delegación Tlalpan, que están ahí hoy con nosotros, invitados por la diputada Malú Mícher. Ahí viene la diputada a saludarlos. Aquí está la diputada saludando a sus invitados. Bienvenidas, bienvenidos.

La diputada Erika Yolanda Funes Velázquez:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia.

No obstante los avances que se han dado en el país, en materia de regulación de residuos y contaminantes sólidos hemos avanzado más lento en el fortalecimiento de la legislación, en materia de contaminación visual, térmica y auditiva. Esto, pese a que dicha clase de contaminación puede incidir en sentido adverso a la salud humana.

El ruido ha sido reconocido como contaminación en la legislación, describiéndolo como todo sonido indeseable que moleste o perjudique a las personas, y es asociado tanto a las grandes urbes como a las zonas rurales, en inmediaciones de zonas turísticas o vías de comunicación.

Incluso la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la exposición prolongada de una persona al ruido suele provocar discapacidad auditiva, además de señalar que el ruido generado por el tráfico es asociado a consecuencias fisiológicas, que calculan, influyen en la pérdida de un millón de años de vida al año de la población global.

En nuestro país los efectos dañinos del ruido sobre la salud son alarmantes, dado el incremento de los casos como el trauma acústico crónico, que en diez años se ha llevado más del doble.

Por su parte, las vibraciones se constituyen como un problema ambiental por efecto del ruido que producen en exteriores o en vías de comunicación, o causadas por el uso de maquinaria y equipo de alto impacto en lugares cercanos.

La contaminación lumínica se define como el flujo luminoso de origen artificial que genera un aumento del brillo en el cielo nocturno, disminuyendo la visibilidad de los cuerpos celestes hasta un 90 por ciento, lo que obstaculiza el desarrollo de investigación astronómica.

Se ha demostrado su incidencia en un incremento de cefalea, fatiga, ansiedad y estrés, además de que se ha establecido que está asociada con el incremento de riesgo de cáncer por el rol fundamental de la luz en la sincronización de los ritmos biológicos, lo que también genera desorientación en las rutas de desplazamiento de los animales nocturnos, así como la alteración de sus ciclos reproductivos y migratorios.

En el PRI compartimos la inquietud por robustecer en el marco jurídico que mitigue la contaminación referida, previéndolo desde la ley y no relegando únicamente a normas oficiales los programas para prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores; que coadyuven con el control de la prevención de la contaminación ambiental; que nos ayuden a tener un adecuado aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento de un entorno natural en los asentamientos humanos como los elementos fundamentales para elevar la calidad de vida de la población y en cumplimiento al mandato constitucional que otorga el artículo 4o. al Estado, en materia de protección y garantías para el derecho a la salud. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado.

No estando el diputado y no habiendo más oradores registrados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular de este dictamen, hasta por cinco minutos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Sigue abierto el sistema electrónico, diputadas, diputados. Ciérrese el sistema electrónico de votación. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Por favor diputados, de viva voz.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Diputado Escobar.

El diputado Arturo Escobar y Vega (desde la curul): A favor.

La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): A favor.

La diputada Luisa María Alcalde Luján (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos de Jesús Alejandro (desde la curul): Abstención.

La diputada Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Cantú Garza (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal(desde la curul): A favor

La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): a favor.

El diputado Abraham Correa Acevedo (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 410 votos a favor, 0 en contra y 20 abstenciones.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 410 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 156 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión del Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 30 de abril de 2014, el diputado Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. La misma fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, con fecha 20 de mayo 2014, a través del oficio número D.G.P.L.62-II-1-1876, de fecha 30 de abril de 2014 y mediante el número de expediente 4464.

3. Con la finalidad de contar con mayores elementos de valoración de la iniciativa objeto del presente dictamen, la Comisión de Deporte solicitó a la Mesa Directiva, con fecha 19 de junio de 2014, prórroga para emitir el documento de análisis correspondiente, de conformidad con el artículo 183 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, misma que fue autorizada con fecha 24 de junio de 2014.

4. Los diputados integrantes de la Comisión de Deporte aprobaron el presente dictamen con fecha 10 de septiembre de 2014.

II. Contenido de la iniciativa

a) El diputado promovente establece en su iniciativa, que el estado en que se encuentra la infraestructura física deportiva en México se considera como uno de los temas prioritarios para el Congreso de la Unión, cuando se asocia al sobrepeso y obesidad que padecen al menos 70 por ciento de los mexicanos en edad adulta, pero también cuando se alude al uso responsable de los recursos públicos en materia de planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte.

b) Asimismo menciona, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud Pública, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut). El sobrepeso y la obesidad afecta a 7 de cada 10 adultos mexicanos de las distintas regiones, localidades y nivel socioeconómico. En nuestro país, en relación con el sobrepeso y la obesidad en menores de cinco años se ha registrado un ligero ascenso entre 1988 y 2012 que pasado de 7.8 a 9.7 por ciento respectivamente. El principal aumento de la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad se observa en la región norte del país con 12 por ciento.

c) De los adolescentes de entre 12 y 19 años, 35 por ciento presentan sobrepeso y obesidad. Respecto a la proporción de sobrepeso por sexo el mayor porcentaje lo representan las mujeres con 23.7 por ciento, mientras que en hombres es de 19.6. Para el caso de la obesidad, el porcentaje de adolescentes de sexo masculino con obesidad fue mayor con 14.5 que en las del sexo femenino 12.1.

d) Sobre actividad física en adolescentes de 10 y 14 años, la Ensanut de 2012, da cuenta que en el grupo de niños y adolescentes de 10-14 años, 58.6 por ciento no realizó ninguna actividad de tipo competitivo durante los 12 meses previos a la encuesta.

En el grupo de adolescentes de 15-18 años 22.7 por ciento es inactivo, 18.3 moderadamente activo y 59 por ciento activo. Por último, se afirma que nuestro país actualmente, se encuentra en un proceso de transición donde la población presenta un aumento inusitado de sobrepeso y obesidad que afecta a todas las edades, a las zonas urbanas y rurales, y a las diferentes regiones del país.

e) Pese a las cifras alarmantes, el diputado promovente manifiesta que resulta oportuno reconocer que en los últimos cinco años, México ha logrado avanzar significativamente en el proceso de construcción de una política integral en materia de cultura física y deporte, a través de la elaboración e implementación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte (PNCFD) 2008-2012, del diagnóstico y propuestas para la masificación de la activación física y el deporte de alto rendimiento y la Estrategia Nacional en materia de Cultura Física y Deporte en México.

f) El diputado Fernando Larrazábal cita que lo anterior se confirma en el sexto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, eje 3, “Igualdad de oportunidades, cultura y esparcimiento”, 3.8, “Cultura, arte, recreación y deporte”, página 580, en el que se destaca el incremento que a nivel nacional ha tenido la activación física escolar, laboral, de delegaciones y municipios, derivado de la implantación de la estrategia nacional de activación física Actívate, Vive Mejor, que tiene como propósito masificar, en coordinación con las diversas instancias del gobierno federal, estatal y municipal, la práctica regular y sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y contribuyan a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país.

g) El diputado cita también el mismo informe, página 588, la estrategia “Propiciar el desarrollo de infraestructura deportiva y aprovechar espacios públicos abiertos para la construcción de canchas deportivas como medio eficaz para promover la práctica de los deportes. Impulso a la construcción, remodelación, rehabilitación, ampliación, adecuación y equipamiento de instalaciones deportivas”, se da cuenta que para 2012 se programó una inversión total por 3 mil 204 millones de pesos, con la siguiente distribución:

• Infraestructura Deportiva Estatal. Se comprometieron 708 millones de pesos, 100 por ciento del total programado, para la ejecución de 64 acciones de obra. De conformidad con el calendario de ministraciones, a agosto se han transferido recursos por 472.8 millones de pesos para los proyectos presentados por las 19 entidades federativas beneficiadas; la diferencia se ministrará en la fecha calendario que corresponda a lo convenido.

• Infraestructura deportiva municipal. En relación con los recursos por 2 mil 496.9 millones de pesos referidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, de 545 municipios, que fueron beneficiados, se aprobaron los respectivos proyectos para 431 ayuntamientos, los que ya suscribieron los convenios correspondientes, lo que da un importe total de 2 mil 133.1 millones de pesos de recursos comprometidos. Con base en el calendario de ministraciones, se han transferido a agosto mil 225.2 millones de pesos; la diferencia se ministrará con base en la programación convenida por 907.9 millones de pesos.

h) De forma particular, la citada estrategia se implementó a partir de la consideración de que en nuestro país, la infraestructura deportiva no corresponde al tamaño de nuestra población y por ello, el objetivo de ésta fue crear más espacios o mejorar los existentes y en especial, afrontar los compromisos de los Juegos Panamericanos de 2011, así como el plan para la celebración del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.

i) En este marco de acciones encaminadas a la atención y control de esta problemática de salud pública, el 31 de octubre de 2013 el Ejecutivo federal dio a conocer la nueva Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, integrada por tres pilares que son la Salud Pública, la Atención Médica Oportuna y la Regulación Sanitaria y Política Fiscal.

j) Como se observa, los logros hasta hoy alcanzados son innegables, la orientación estratégica para disminuir la problemática de salud pública como el sobrepeso y la obesidad, mejorar la calidad de vida de la población y posicionar a nuestro país en las competencias de alto rendimiento a nivel regional y mundial puede constatarse; aunque en este marco, es necesario reconocer que aún hay pendientes que el Congreso de la Unión, no puede seguir postergando.

k) De manera particular, en materia de infraestructura física deportiva, la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, en el capítulo I, “De la Infraestructura”, en los artículos 90 a 98, considera de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento y recuperación de las instalaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, promoviendo para este fin, la participación de los sectores social y privado en el territorio nacional.

Específicamente, los artículos 91, 93 y 96 de la LGCFD prevén:

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte sean financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta:

1. Las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda; y

2. Los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la norma oficial mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público.

El artículo 93 reconoce a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), como la instancia que coordinará con la Secretaría de Educación Pública, los estados, el Distrito Federal, los municipios y los sectores social y privado el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física y deporte y emitirá para ellos los lineamientos correspondientes.

El artículo 96 prevé que las instalaciones destinadas a la activación física, la cultura física, el deporte y en las que se celebren eventos o espectáculos deportivos deberán proyectarse, construirse, operarse y administrarse en el marco de la normatividad aplicable, a fin de procurar la integridad y seguridad de los asistentes y participantes, privilegiando la sana y pacífica convivencia, de manera que impidan o limiten al máximo las posibles manifestaciones de violencia y discriminación y cualquier otra conducta antisocial.

l) De los citados artículos de la LGCFD, se advierte la ausencia de criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia contenido en la norma oficial mexicana correspondiente a la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte. Asimismo, la diversidad de criterios de calidad, funcionalidad, sustentabilidad y pertinencia en la construcción, remodelación ampliación, adecuación, mantenimiento y conservación de las instalaciones deportivas en cada una de las entidades federativas.

Por lo anterior se propone reformar el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte con objeto de garantizar que en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario se incorporen requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia.

m) Adicionalmente a lo citado, el diputado manifiesta que en el portal de la Conade, http://www.conade.gob.mx/, relativa a la normateca interna que tiene como objetivo asegurar la difusión oportuna de la normatividad que regula la organización y la operación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en ninguna de las citadas disposiciones se encuentran las relativas a las normas oficiales mexicanas sobre los requerimientos de construcción y seguridad, instalaciones deportivas y criterios requeridos en materia de instalaciones deportivo-recreativas, deportivas, del deporte en la rehabilitación y activación física deportiva.

n) Asimismo declara que lo anterior se confirma con la solicitud de información número 1113100018010, en la que durante la octava sesión extraordinaria del comité de información, llevada a cabo el 2 de septiembre de 2010, la Subdirección General del Deporte ratificó “la inexistencia de las normas oficiales sobre instalaciones deportivas; ordenando este comité a emitir la resolución correspondiente declarando la inexistencia de información referente a las normas oficiales mexicanas sobre instalaciones deportivas al que hace alusión el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte en el artículo 50 y si hay una regulación o en su caso reglamento sobre el uso y manejo de las instalaciones deportivas; de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 70 de su reglamento. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, solicitud de información 1113100018010, resolución número SDG/ UE/ RE013/ 2010”.

o) De los planteamientos expuestos, el diputado promovente señala que los pendientes en la agenda de la materia y la última reforma constitucional al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 12 de octubre de 2011, surge la necesidad de proponer la incorporación de requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia en la planeación y construcción de infraestructura física deportiva.

p) En este marco es oportuno retomar la visión del documento de trabajo: México 2030 proyecto de gran visión, eje 3, “Igualdad de oportunidades, cultura física y deporte”: “México es país líder con un desarrollo integral de la cultura física y deporte en la que se encuentran involucrados el sector público y privado, alineados y trabajando en conjunto; creando un medio ambiente en el que la población cuente con el hábito de la actividad física y el deporte, así como la infraestructura adecuada que permita su práctica sistematizada, que genere salud, desarrollo del deporte y líderes en la sociedad” y para hacer realidad esta visión es necesario partir de la consideración que la expansión de la infraestructura de calidad en el ámbito público es uno de nuestros principales desafíos como nación en desarrollo.

q) El promovente manifiesta que en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se reconoce, que el fortalecimiento de una política integral en materia de cultura física y deporte es un imperativo del Estado mexicano a partir de la entrada en vigor de la última reforma al artículo 4o. constitucional citada y por ello, se considera urgente incorporar al marco regulatorio de la materia, requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia en la planeación y construcción de las instalaciones destinadas al cumplimiento del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.

r) Asimismo establece que es importante no perder de vista que los requisitos mencionados deberán definirse por la Conade desde el punto de vista de la promoción, fomento y estímulo a la cultura física y la práctica del deporte, previstos en artículo constitucional aludido, con la finalidad de garantizar a todas las mexicanas y mexicanas que los materiales como los equipos que se utilicen en cada obra son los adecuados a partir de su integración en la norma oficial mexicana correspondiente.

s) Por lo anterior propone reformar el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con objeto de garantizar que en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público se incorporen requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia, que deberán estar contenidos en la norma oficial mexicana correspondiente. Lo anterior, en el marco del ejercicio responsable del gasto y atención adecuada para el desarrollo de la cultura física y el deporte. Convencido de la necesidad de consolidar una política de estado en materia de cultura física y deporte, que garantice la calidad de vida de nuestros habitantes en el actual contexto político democrático y que coadyuven a contrarrestar la problemática de salud pública como el sobrepeso y la obesidad, la presente iniciativa tiene la intención de contribuir a los mencionados fines.

Por las consideraciones expuestas, el diputado Fernando Larrazábal Bretón presenta la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

En los siguientes términos:

Artículo Único. Se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción, seguridad, criterios de calidad, sustentabilidad y pertinenciadeterminados en la norma oficial mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contará con 180 días naturales para emitir la norma oficial mexicana correspondiente.

III. Análisis, discusión y valoración de la iniciativa

En la reunión ordinaria de la Comisión de Deporte de fecha 10 de septiembre de 2014, los integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones que sostiene la proposición objeto del presente dictamen, coincidiendo que la iniciativa objeto del presente dictamen presenta congruencia con el marco normativo vigente.

En tal virtud, es preciso señalar que los seres humanos por naturaleza tienden a realizar actividad física, por ello; a lo largo de la historia las civilizaciones han sometido ésta a juegos adaptados de formas diversas, así como a establecer prácticas y reglas para su realización.

En esta evolución, la delimitación de los correspondientes espacios para la práctica de estas actividades también ha jugado un papel preponderante, actualmente se cuenta con una gran diversidad de sitios o zonas con características específicas para practicar deportes, sin embargo; los orígenes de estos lugares se remontan a espacios abiertos y terrenos rudimentarios en los cuales se practicaba la caza, equitación o lucha, pasando por aquellas palestras o gimnasios en los que en la Grecia antigua se practicaron los primeros Juegos Olímpicos, o aquellos edificios como el Royal Albert Hall de Londres o el Madison Square Garden de Nueva York, erigidos en la época de la Revolución Industrial, mismos que han dado lugar a costosas y muy adelantadas instalaciones deportivas como el Estadio Olímpico de Beijing conocido como El Nido de Pájaros, en las cuales el uso de la tecnología es preponderante.

Lo anterior destaca la necesidad de perfeccionar la concepción en torno a los parámetros de diseño, dimensiones, economía, acceso, utilidad y aprovechamiento que caracterizan la infraestructura destinada a la práctica de los deportes y que está destinada al uso de deportistas, jueces, entrenadores, espectadores, etcétera.

En tal sentido, las instalaciones deportivas representan en la actualidad elementos indispensables para el desarrollo de la función social y saludable que trae aparejada la práctica del deporte, esto hace necesario que su diseño, construcción, control y mantenimiento sean etapas cuidadosamente planeadas y calculadas, lo cual generará que la infraestructura deportiva de nuestro país, responda a las necesidades de la población e influya de manera positiva en la promoción y el desarrollo de hábitos saludables en nuestra sociedad.

Numerosos instrumentos internacionales respaldan que el entorno físico influye o desmotiva de manera fundamental la práctica del deporte, por ello; la calidad en la creación de la infraestructura deportiva, que responda a criterios de sustentabilidad y pertinencia, atendiendo a criterios técnicos, adecuación a los entornos físicos, la necesidad de la población, la posibilidad real de mantenimiento de los mismos, entre otros factores; constituye una variable que es preciso considerar en las políticas públicas encaminadas al desarrollo del deporte en México; en tal sentido, la emisión de los instrumentos jurídicos necesarios, como lo es la norma técnica correspondiente; son elementos auxiliares que facilitan la labor de la administración pública en todos sus niveles.

En virtud de las consideraciones expuestas, los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar considerando la opinión de la asociación deportiva nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción, seguridad, criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia determinados en la norma oficial mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte contará con 180 días naturales para emitir la norma oficial mexicana correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de septiembre de dos mil catorce.

La Comisión de Deporte, diputados:Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, Mayra Karina Robles Aguirre (rúbrica), William Renán Sosa Altamira, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán, Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Jorge Salgado Parra, Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Arturo Escobar y Vega, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica).»

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Para fundamentar el dictamen tiene el uso de la voz el diputado Felipe de Jesús Muñoz, mejor conocido como el “tibio”.

El diputado Felipe de Jesús Muñoz Kapamas:Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Subo a esta tribuna para solicitar su voto aprobatorio al dictamen que la Comisión del Deporte presenta el día de hoy.

La práctica del deporte es un factor de cohesión de todas las sociedades. Los seres humanos a lo largo del desarrollo de la humanidad han procurado el crecimiento de la actividad física, misma que ha evolucionado conjuntamente con el progreso de las civilizaciones y se ha convertido actualmente en una actividad que demanda cada vez más la sociedad, en razón de mejoramiento de la calidad de vida, la expresión del desarrollo y la misma ciudadanía nos lo está pidiendo.

Con la aprobación de nuevas modalidades y tipos de práctica, el deporte es componente fundamental para la conservación de la salud, el fomento de las relaciones personales y del bienestar físico y el aumento de la autoestima.

Es por esta razón que la ciudadanía demanda más frecuentemente la construcción de espacios deportivos que cubran las necesidades y expectativas.

Actualmente México presenta una problemática grave en torno a la salud pública. La obesidad se ha convertido en un enemigo presente en nuestra vida cotidiana y afecta de manera grave la interacción humana, la cohesión familiar, el entorno social y la misma economía de nuestra población.

En razón de lo anterior, es preciso modificar nuestros hábitos de alimentación, eliminar las prácticas sedentarias y realizar actividad física que nos permita elevar nuestra calidad de vida.

El Congreso de la Unión no ha permanecido inmóvil ante estas necesidades de nuestra sociedad. Prueba de ello fue la aprobación del impuesto especial sobre la producción y servicios, en octubre del 2013, que tiene entre sus finalidades gravar el consumo de las bebidas azucaradas y de los refrescos. Con esta medida impulsamos a la población a estar consciente de la necesidad de adoptar estilos de vida más saludables.

El dictamen objeto de esta discusión presenta a la consideración de este honorable pleno reformas al artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, las cuales permiten incluir criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia a la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público.

Problemas como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y crónico degenerativas que derivan de la misma, generan un costo al país de alrededor de 100 mil millones de pesos. Es primordial dar atención inmediata con medidas que propongan cambios sustanciales en nuestros estilos de vida.

Mediante la aprobación de este dictamen será posible abrir las posibilidades a efecto de implementar acciones que transformen los hábitos de la población mexicana, y muy especialmente de la infancia y de la adolescencia.

El año pasado se aprobó por este Congreso la instalación de bebederos públicos en las escuelas públicas. De contar con su voto aprobatorio para este dictamen, será posible también que esta medida sea implementada en los centros deportivos.

Hoy las instalaciones y la infraestructura deportiva son elementos clave en el diseño y construcción de diversos programas gubernamentales que establecen la práctica del deporte en su vertiente educativa, de conservación de la salud o con fines competitivos. Es por ello que se deben de atender criterios de sustentabilidad, calidad y pertinencia que den respuesta a todas estas necesidades.

Quiero agradecer al diputado Fernando Larrazabal Bretón por la presentación de esta importante iniciativa que, con la aprobación del dictamen por parte de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, permitirá el diseño de espacios para la práctica deportiva que respondan adecuadamente a los compromisos internacionales que en materia ambiental, de salud y de respeto a los derechos humanos y de accesibilidad México ha adquirido en años anteriores.

Compañeras y compañeros diputados: la práctica del deporte es un componente de la formación educativa de los ciudadanos. Sin espacios ni instalaciones deportivas de calidad resulta imposible articular una política pública que favorezca el fomento del deporte en nuestro país.

Toda sociedad avanzada en la actualidad pondera el deporte como un elemento primordial para la construcción de infancia y juventudes sanas y comprometidas con el desarrollo de su país.

Por lo anterior solicitamos su voto aprobatorio para el presente dictamen. Es cuanto, tengo que decir.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Muñoz. Para posicionar a su grupo parlamentario tiene el uso de la voz don Fernando Bribiesca Sahagún, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, uno de los problemas que enfrentamos en el país en los últimos años es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, asuntos que se han convertido en verdaderos problemas de salud pública y que afectan la demanda de dicho servicio.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2012, dan cuenta de los niveles de prevalencia de peso excesivo entre nuestra población. El 73 por ciento de las mujeres y el 69 por ciento de los hombres adultos presentan estos problemas.

De no actuar con determinación, estaremos atentando contra nuestro futuro. El sobrepeso y la obesidad se encuentran presentes en el 36 por ciento de las jóvenes adolescentes y en el 34 por ciento de los muchachos adolescentes, así como en niñas y niños de edad escolar con el 32 y 37 por ciento respectivamente.

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades osteoarticulares, entre otras, generándose un costo elevado para el Estado y la sociedad, el combatir esta pandemia.

Tan solo en 2008, un año antes de que nuestros menores obtuvieran el nada honroso primer lugar de niños obesos en el mundo, se ha estimado que el gasto ascendió a 67 mil millones de peso y se calcula que para el 2017 se requieran más de 151 mil millones de pesos.

Es necesario reconocer que contamos con opciones a fin de revertir la problemática que nos aqueja, una de ellas consiste fundamentalmente en promover y fortalecer la práctica deportiva y la activación física, acciones que por su importancia han recibido un importante apoyo a nivel presupuestal en los últimos años, como lo demuestra la canalización de 3 mil 211 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de este 2014 para el Fondo de Infraestructura Deportiva municipal, cuyos recursos se destinan a construir y equipar espacios orientados a promover la activación física en los 537 municipios de todo el país.

Lamentablemente el problema no se resuelve sólo con canalizar más recursos públicos en este rubro. Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza daremos nuestro voto a favor del dictamen, que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que ponen a nuestra consideración la comisión respectiva.

Para Nueva Alianza resulta de suma importancia el incorporar, a la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte, criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia, así como la obligatoriedad de emitir la norma técnica correspondiente.

Nosotros apoyamos con determinación toda acción legislativa encaminada a mejorar la salud de millones de mexicanas y de mexicanos, que en su propósito de llevar una vida sana demandan infraestructura física, de espacios deportivos funcionales, que coadyuven en la salud de todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, diputado Bribiesca. Don Gerardo Villanueva Albarrán, del MC, tiene el uso de la voz para posicionar a su grupo en este dictamen hasta por cinco minutos.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venía, diputado presidente. Estamos de acuerdo en las precisiones que se hacen con este dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte, y también creemos que urge en el país una actuación distinta de sus instituciones, en particular de esta Cámara de Diputados, para que al momento de discutir el presupuesto se tomen decisiones relevantes.

Se habla mucho de que estamos en una gran crisis social, que estamos en un momento muy delicado para el país, bla, bla, bla, bla, y sin embargo el presupuesto sigue siendo inercial y, en el peor de los casos, el Ejecutivo federal envía disminuciones presupuestales en el tema del deporte. Bueno, ¿entonces en qué quedamos? ¿Les preocupa el deporte o no les preocupa el deporte?

Qué tenemos que hacer en la Comisión de Deporte en esta Cámara de Diputados, cuando desde la comisión –lo hemos dicho públicamente– se admite que poco se puede hacer para modificar el curso de una decisión presidencial. Caray, eso lo puedo aceptar si estuviéramos en 1960 y estuviera gobernando Gustavo Díaz Ordaz. Eso lo puedo aceptar si fueran los años 70, los tiempos en que era la hora del señor presidente con Luis Echeverría Álvarez, pero caray eso no lo podemos aceptar los diputados de ninguna Comisión y menos en la Comisión del Deporte, y sin chistar prácticamente aceptar una disminución presupuestal, ni en los programas de la Conade ni en los temas de infraestructura deportiva, porque no nada más es precisar los conceptos de la ley.

Para que esto tenga una mínima eficacia, que yo entiendo que la ley no nada más es una prosa redactada con cierta lógica jurídica, sino que estamos buscando efectos que desencadenen procesos en el desarrollo de las comunidades del país.

Al menos la Comisión del Deporte decidió y votamos a favor, de buscar un fondo de recursos que ojalá aquí se acepte en el debate que ya se avecina presupuestal, para mejorar las condiciones de las instalaciones deportivas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que están en unas condiciones verdaderamente deplorables. En el caso del Distrito Federal, pueden darse una vuelta aquí a Félix Cuevas, no me imagino cómo están las instalaciones en el resto del país.

Se aprobó un fondo para concluir el deportivo para la comunidad triqui en Oaxaca, son 10 millones de pesos, no es nada. Ojalá eso proceda. Se opinó también a favor de incrementar el fondo para los medallistas olímpicos, para que tengan un seguro de gastos médicos. Lo menos que podemos hacer por los deportistas olímpicos es eso. ¿Es mucho pedir?

¿Vamos a agachar la cabeza, vamos a permitir que una mayoría que no quiere enfrentar al señor presidente? No, no, no vamos a admitir o por lo menos no nos vamos a callar que en este país el matrimonio presidencial tenga una casa de 89 millones de pesos y duela el codo para apoyar a las comunidades indígenas, rurales y marginadas urbanas en este país.

Una instalación deportiva, ¿Cuánto cuesta, para que la comunidad conviva y haga deporte? Tres millones de pesos. Algo todavía más digno y mejor acabado, seis millones de pesos.

¿Cuántas de estas instalaciones haríamos con la casa blanca de las Lomas del matrimonio presidencial? Nada más lo dejo para la reflexión y porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados dar esa discusión.

Y porque esta reforma solamente tiene sentido, sí y sólo sí, si aplica de forma responsable, con valentía y sobre todo con una cosa que es fundamental, buscando el respeto al Poder Legislativo y haciendo uso cabal de nuestras facultades constitucionales, en este caso obviamente en beneficio de la gente que quiere hacer deporte, pero no tiene dónde.

Y ustedes saben dónde, porque ustedes, por lo menos 300 diputados vienen de caminar la calle y de pedir el voto. Y nosotros sí sabemos dónde se requiere avanzar en la infraestructura deportiva, por supuesto que con estos criterios. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Doña Gabriela Medrano Galindo, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Gabriela Medrano Galindo:Con la venia de la asamblea. El orden público es un concepto sobre el cual gravita gran parte de la estructura social y la estabilidad de cualquier sistema jurídico.

El orden público, de acuerdo a criterios jurisprudenciales es un concepto jurídico indeterminado. Sin embargo, sí pueden identificarse los elementos que lo integran, entre ellos resaltan dos que impactan directamente en el dictamen que en este instante se propone a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, me refiero a la planeación demográfica y a la salud pública.

En este orden de ideas, podemos advertir que la población es el elemento humano del Estado, son las personas los sujetos productivos que con su trabajo e intelectualidad hacen grande la economía de un país.

Esto hace que los encargados de planear y ejecutar las políticas públicas de un gobierno lo hagan, no sólo previniendo los objetivos a conseguir, sino también verificando que las personas deben estar en condiciones homeostáticas debidas para trabajar, producir y crear.

En este sentido, es notorio que la población debe contar con elementos materiales que faciliten la realización de actividades físicas. Sin embargo, esa infraestructura no se ha visto reflejada, pues la gente no practica deporte posiblemente por una cuestión de cultura, pero también en varias ocasiones porque no existen las áreas para tal fin, o bien, existiendo estas áreas se hayan en estado impropio para ser utilizadas.

La falta de actividad física se nota y da resultados indeseables, como las enfermedades asociadas con el sedentarismo, problema que golpea a gran parte de la salud humanitaria, que de hecho la Organización Mundial de la Salud especifica que el 60 por ciento de la población mundial no realiza la actividad necesaria para mantener su cuerpo en condiciones aceptables.

En nuestro país, tan sólo el 10 por ciento de la población mantiene un nivel saludable, lo cual es de suma preocupación, pues niños, adultos y ancianos padecen las monsergas asociadas a las enfermedades del sedentarismo. La inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a mortalidad mundial. También es la causa principal de entre 21 y 25 por ciento de los cánceres de mama y de colón. El 27 por ciento de los casos de diabetes y aproximadamente el 30 por ciento de la carga de cardiopatía isquémica.

Por lo tanto, estamos seguros que siempre serán positivas iniciativas de esta índole, que sirven para acercarles a las personas más medios instrumentales para cuidar de su salud física y con ello colaborar con el orden público en sus rubros de salud y planeación demográfica.

Recordemos que la salud es un derecho constitucional, por ello, la bancada a la cual represento votará a favor de la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte, financiadas con recursos provenientes del erario público, atendiendo a criterios de calidad, sustentabilidad y pertinencia.

Creemos que los mexicanos requieren de más y mejor ejercicio, proveámosles entonces los insumos para tal efecto, pues sólo en un México sano se puede crecer económicamente y tener el orden social tan deseado por todas las personas. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y es mucho, ciudadana diputada. Doña Juana Bonilla Jaime, del PRD, tiene el uso de la voz.

La diputada Juana Bonilla Jaime:Con su venia, señor presidente. El país se encuentra en un proceso de transición donde la población presenta un aumento inusitado de sobrepeso y obesidad que afecta a todas las edades, al nivel socioeconómico y a las zonas urbanas y rurales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la obesidad y el sobrepeso afectan a 7 de cada 10 adultos. Los menores de 5 años registran un ascenso de 7.8 a 9.7 por ciento. En los adolescentes entre 12 y 19 años es del 35 por ciento. Por cierto, el mayor porcentaje se ubica en las mujeres, con el 23.7 por ciento y en hombres 19. 6 por ciento.

En este marco de acciones encaminadas a la atención y control de la problemática de salud pública, el Ejecutivo federal dio a conocer la Estrategia nacional para la prevención y el control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes, integrada por tres componentes: salud pública, atención médica oportuna y la regulación sanitaria y política fiscal.

Para disminuir la problemática de salud pública que conlleva el sobrepeso y la obesidad, la orientación estratégica es mejorar la calidad de vida de la población y posicionar a nuestro país en las competencias de alto rendimiento a nivel regional y mundial.

Es necesario reconocer que aún pendientes que no pueden seguir postergándose. De esta manera, México ha avanzado de manera significativa en la construcción de una política pública integral en materia de cultura física y deporte, cuya prioridad en la práctica de la actividad física y el deporte, con objeto de construir un México con ciudadanos saludables y con mejor bienestar y calidad de vida.

El análisis de la situación actual del sistema deportivo mexicano identifica fortalezas y debilidades que permiten implementar políticas públicas estratégicas para la mayor proyección del deporte a nivel nacional.

De aquí que sea de suma importancia implementar políticas y programas que incidan en actividades físicas y deportivas para la población en general e impulsar la construcción, remodelación, rehabilitación, ampliación, adecuación y equipamiento de las instalaciones deportivas a nivel nacional para su desarrollo se deberán aprovechar los espacios públicos para la construcción de deportivos, donde se promueva la práctica de los deportes y la cultura física.

El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2013-2018, de la presente administración, determina que la infraestructura deportiva no corresponde al tamaño de nuestra población. De aquí la necesidad de crear más espacios deportivos y mejorar los existentes.

En ese contexto se considera prioritario incorporar al marco regulatorio en materia de infraestructura deportiva los requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia en la planeación y construcción de las instalaciones destinadas al cumplimiento del derecho a la cultura física y a la práctica del deporte.

La reforma al artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte tiene como objeto garantizar que en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos públicos, se incorporen requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia que deberán estar contenidos en la correspondiente norma oficial mexicana.

Por lo tanto el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en sus términos a favor del dictamen que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputada.

Esta Presidencia saluda con mucho afecto y cariño a los estudiantes de la Universidad Contemporánea de las Américas; al Centro de Estudios Superiores del Oriente; a la Universidad Latina de América, de la licenciatura en administración de empresas, Campus Morelia; y a la Universidad Intercultural Indígena, Meseta Purépecha, en Michoacán. Todos ellos invitados, claro, del diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de esta Cámara y michoacano. Sean ustedes bienvenidos.

Esta Presidencia destaca también la presencia en el pleno del señor Gerardo Gardea Agraz-Sánchez, representante del líder espiritual Dalai Lama en Nuevo León. Sea usted también bienvenido, invitado por la diputada Sada.

Tiene el uso de la voz, don Fernando Larrazabal Bretón, del Partido Acción Nacional. ¿No está don Fernando Larrazabal? Ahí viene. Tómese su calma, no hay problema.

El diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón:Con su permiso, presidente. El estado en que se encuentra la infraestructura física deportiva en México debe considerarse como uno de los temas prioritarios para este Congreso de la Unión, máxime cuando este tema se asocia con el problema de sobrepeso, obesidad, que afecta a 7 de cada 10 adultos mexicanos de las distintas regiones y niveles socioeconómicos de nuestro país; pero también cuando este problema llega a los niños, jóvenes de los diferentes planteles educativos.

Esta prioridad se deriva de la última reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a cultura física y al deporte que hoy es un derecho fundamental para toda persona.

Por ello, quiero hacer un reconocimiento especial a las diputadas y diputados que integran la Comisión del Deporte, quienes al aprobar el presente dictamen han contribuido a consolidar una política de Estado en materia de cultura física y del deporte que garantice la calidad de vida de nuestros habitantes y contrarreste la problemática del sobrepeso y la obesidad.

En este marco y este orden de ideas, para fomentar la cultura física de las personas que viven en nuestro país es indispensable contar con la infraestructura adecuada, de calidad, que permita su práctica y que genere salud y a la vez desarrolle ese hábito sano, sobre todo en niñas, niños y adolescentes.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, para hacer realidad esta política en materia de cultura física y del deporte es necesario fortalecer la infraestructura deportiva a partir de criterios de sustentabilidad y pertinencia, que deberán ser definidos por la Conade.

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconocemos que el fortalecimiento de una política integral en materia de cultura física y del deporte es imperativo en el Estado mexicano.

Por ello, se está proponiendo reformar el artículo 91 de la Ley General de la Cultura Física y del Deporte, con objeto de garantizar que en la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y del deporte, financiadas con recursos provenientes del erario, se incorporen requisitos de calidad, sustentabilidad y pertinencia.

Esta iniciativa obedece a que actualmente se invierte una cantidad importante de recursos federales, estatales y municipales, que son alrededor de 5 mil millones al año, en diferentes instalaciones deportivas.

Esta iniciativa obedece o busca que para esta inversión que se hace en los diferentes órdenes de gobierno exista un manual, un procedimiento que establezca estándares de calidad mínima para que esos recursos que se invierten puedan tener garantía, sean invertidos de manera adecuada para lograr el objetivo fundamental, que es promover el deporte. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Larrazabal.

Honorable asamblea, es para la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión un honor recibir a la destacada luchadora de los derechos de la mujer, a la señora Kenza El Ghali, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Reino de Marruecos, quien asiste acompañada por el señor Mekki El Hanouri, senador del Reino de Marruecos, y del señor Mustapha El Hor, ministro y consejero de la embajada de ese país en México; así como del doctor Santiago Rivas, secretario Ejecutivo del foro de presidentes y presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y de la Cuenca del Caribe, FOPREI. Esta ilustre delegación efectúa una visita a la Cámara de Diputados para sostener un encuentro de cortesía y trabajo con diputadas y diputados de este cuerpo colegiado.

Más allá de la cortesía protocolar, me honra decir que es para esta Cámara de Diputados, un honor reconocer en el trabajo de Kenza, un estímulo para los derechos de las mujeres, de repente tan difícilmente reconocidos en el mundo árabe contemporáneo. Un abrazo y bienvenida, Kenza, bienvenida.

Tiene el uso de la palabra el diputado Noel Pérez de Alba, del PRI, para hacer uso de la voz.

El diputado José Noel Pérez de Alba:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, como es sabido, la práctica regular de actividad física origina hábitos saludables que mejoran la calidad de vida de los individuos, contrarrestando así los efectos de diversas enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, que en los últimos años han aquejado a un gran número de personas.

La práctica de actividades deportivas genera beneficios no sólo en la apariencia física, sino en los aspectos psicológico y social, ya que mejora la autoestima, la capacidad cognitiva permite la interrelación entre diversas personas o grupos y refuerza valores y propicia la sana competencia.

Es por ello que el gobierno federal ha desarrollado políticas públicas que fomenten una cultura y actividad física en concordancia con la meta nacional.

México con educación de calidad, que visualiza la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente importante para una educación integral.

Uno de los objetivos de esta meta es promover el deporte de manera incluyente y así lograr la incorporación de la población en actividades físicas, pero para poder alcanzarla el Estado mexicano tiene como tarea indispensable crear una infraestructura deportiva adecuada que influya positivamente en la promoción de actividades deportivas y así se motive a la población mexicana a incorporarse a la práctica de algún deporte.

Por lo tanto y con el fin de impulsar el desarrollo de la infraestructura deportiva en nuestro país, apoyamos al presente dictamen en razón de que busca fomentar la creación, remodelación, rehabilitación, adecuación y equipamiento de instalaciones deportivas tanto a nivel federal como local, prestándole más atención a su diseño, calidad y sustentabilidad para que estos establecimientos estén acordes con las necesidades de los deportistas.

Así México creará una infraestructura pública deportiva competitiva y de calidad que contribuirá a que la gente esté más sana, a establecer un medio ambiente en el que la población se sienta más cómoda para practicar actividades deportivas y a fomentar los espacios de inclusión para niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Por lo anterior expuesto y con el propósito de contribuir en la promoción y fomento de la cultura física y deporte en todos los mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Y por su participación también, diputado. Para hablar en pro, y con esto cerramos la lista de oradores, tiene el uso de la voz don Alfonso Durazo Montaño, de MC, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño:Gracias, compañero presidente, distinguidas personalidades, bienvenidas aquí. Es una pena que el país se encuentre en llamas y esta Cámara de Diputados se encuentre en babia. No es posible que al inicio de esta sesión algunos diputados, algunas diputadas no hayamos tenido oportunidad de expresar algunos puntos de vista sobre temas de coyuntura, pero sumamente relevantes, en virtud de la presión de la fracción parlamentaria del PRI para desahogar la agenda, una agenda realmente irrelevante frente a la tragedia del país.

Estamos de acuerdo con lo que hoy están planteando respecto al tema deportivo, pero eso no es lo que ahorita interesa a los mexicanos. El país está incendiado y al presidente no se le ocurre sino huir hacia adelante, a salto de mata, en un viaje realmente protocolario e irrelevante para las condiciones actuales del país. Con decirles que uno de los temas que ahorita deberían de estarnos...

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia con todo respeto le pide se centre en el tema.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Presidente, eso es lo que estoy denunciando, presidente, que los temas que estamos tratando no son temas de la coyuntura del país y no pueden quitarme la oportunidad de tener otras prioridades.

Regresaré, presidente, al tema del deporte, no sin antes plantear lo que debo aquí expresar. Temas como la lumbre de la corrupción que ya alcanzan los aparejos de la familia presidencial, si no son suficientes, ahí está el tema del Presupuesto.

Presidente, quise hablar al inicio de la sesión, con todo respeto, presidente, no me lo permitieron y ahora en mi tiempo estoy también acotado por una comisión de sensores que nunca suben aquí a exponer sus puntos de vista. Presidente, deme la oportunidad y con todo respeto termino y me centro.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: El tiempo que le resta, diputado.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente. Hay muchos temas. Está la madre de las tragedias que marca hoy al país, está Ayotzinapa, la provocación protegida a Palacio Nacional.

Finalmente, presidente, no me voy a pasar ni un segundo. Recomiendo a la Junta de Coordinación Política mayor responsabilidad, mayor sensibilidad y mayor pertinencia para debatir los temas que estamos aquí analizando en esta Cámara de Diputados. Gracias presidente, gracias.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, a usted, diputado.

Ábrase el sistema electrónico de votación, siendo un artículo único, para recabar votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia recibe con todo cariño a estudiantes del Instituto Superior Benjamín Franklin y a los alumnos de la Escuela Primaria Lauro Aguirre, invitados por la diputada Irazema González Martínez Olivares, del estado de México, compañera y amiga nuestra. Adelante, secretaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Gracias. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera(desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Señor presidente, se emitieron 427 votos a favor, 3 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular, por 427 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

LEY GENERAL DE EDUCACION

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 176 y 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes

En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 13 de marzo de 2014 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura.

En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó el trámite de recibo de la Iniciativa y, por instrucciones de la Presidencia, fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos mediante el expediente número 4051.

El 14 de marzo se recibió por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su dictamen.

II. Descripción de la iniciativa

La diputada Abreu Artiñano argumentó a la iniciativa lo siguiente:

a. El analfabetismo constituye una deuda social respecto de la cual no se ha podido alcanzar el éxito deseado. En este sentido, reconoce que las estrategias gubernamentales para abatir esta deuda no han sido suficientes para lograr el éxito que sería esperable dados los recursos invertidos y los adelantos tecnológicos actuales.

Después de 1970, disminuyó la cantidad absoluta de analfabetos, pero de manera muy lenta, apenas 1.3 millones de personas, es decir, unos 32 mil cada año en promedio.

b. El analfabetismo continúa vigente en nuestro país, con una tasa del 6.9 por ciento en una población de 15 años o más (5.3 millones de personas que no saben leer ni escribir), de conformidad con los resultados del último Censo General de Población y Vivienda (2010).

Casi la mitad de los analfabetos tiene más de 60 años, pero también debe tomarse en cuenta que más de medio millón son jóvenes entre 15 y 29 años y más de 2 millones tienen entre 30 y 59 años, es decir, son personas en plena edad productiva. Por otra parte, el limitar la inversión en materia educativa a los mayores de 60 años implica limitar el desarrollo de los adultos mayores.

c. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la educación, la cual será gratuita y obligatoria al menos hasta la instrucción elemental. El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ratifica este derecho estableciendo las obligaciones del Estado por proporcionar servicios de educación gratuitos y obligatorios hasta nivel básico y la obligación de tutores y custodios de hacer preservar estos derechos.

Se considera que el analfabetismo limita el crecimiento de las personas y afecta su entorno familiar, restringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculiza el goce de otros derechos humanos, además de imposibilitar la integración armónica del individuo a la sociedad.

d. El analfabetismo no es un fenómeno individual, sino de naturaleza estructural, se encuentra estrechamente vinculado con la pobreza, las tasas más altas de analfabetismo se presentaron en 2010, en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

e. El analfabetismo en las poblaciones rurales sigue teniendo indicadores tres veces superiores a los registrados en las zonas urbanas.

f. El objetivo principal de esta iniciativa es precisar en la ley, el objetivo en materia de alfabetización.

Con base en lo anterior, la diputada Abreu Artiñano propone la iniciativa en los términos siguientes:

Artículo 43.La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria. Se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

En materia de alfabetización el objetivo será erradicar y evitar el analfabetismo.

De acuerdo a los argumentos de la iniciativa hechas por la diputada Abreu, esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, hace las siguientes

III. Consideraciones

Esta Comisión Dictaminadora, coincide de manera general con la iniciativa de la diputada Abreu, pues daría rumbo claro a la política pública ejercida por el poder Ejecutivo Federal en materia de combate al analfabetismo, al establecer el objetivo de erradicar el analfabetismo.

Sin embargo, como medida complementaria es preciso señalar que, para alcanzar una plena armonía del marco jurídico vigente en materia de combate al analfabetismo, se deben establecer modificaciones en cuanto a:

1. Hacer referencia a los recursos financieros y materiales que se requerirán para generar la erradicación y evitar el analfabetismo

El Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y para los Adultos (FAETA), regulado en el artículo 42 y 43 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se conforma con los registros de planteles, instalaciones educativas y plantillas de personal; con el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Se distribuye de acuerdo con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros.

Con respecto a la educación para adultos, mediante este fondo se promueven las estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago educativo y contener el rezago neto anual, en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo; así como a contribuir en la formación de los adultos mediante una educación que les proporcione habilidades y conocimientos que les permitan un mejor desarrollo en su vida y el trabajo.

En cuanto a la determinación del gasto para el fondo en comento, actualmente los mencionados recursos se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF, exclusivamente a partir de los elementos siguientes:

I. Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo de la suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos federales y aportaciones de seguridad social;

II. Por los recursos presupuestarios que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adicionándole lo siguiente:

a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación,

b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior y

c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones educativas, y

III. Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y formación para el trabajo. Las fórmulas referidas se publican por la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación.

Entre el año 2000 y 2014, los recursos para el FAETA ascendieron de 771.2 millones de pesos a 1742 mdp, lo cual representó un aumento acumulado en términos reales de 75.7%, con un promedio anual de crecimiento de 3.8%.

Sin embargo, en este punto es necesario considerar los recursos que recibe el órgano ejecutor, por parte de la Administración Pública Federal, encargado del analfabetismo y del rezago educativo, el INEA, que junto con el presupuesto asignado a FAETA sumó un presupuesto total de 2,801 mdp en 2000, mientras que en 2014 ascendió a 2023.3 mdp, lo que implicó un descenso en el presupuesto de 27.8%, con un promedio de decrecimiento de 2.2% anual.

En este sentido es importante mencionar que la autoridad federal reconoció durante su informe de labores 2013 que el avance en materia de analfabetismo fue de 0.9% (se estimó que pasó de 38.5% a 37.6% entre 2012 y 2013), lo cual implicaría que la meta plasmada en la Campaña Nacional de Alfabetización de disminuir en 50% el índice de población que no sabe leer ni escribir no se alcanzaría con estos resultados; por lo que se aprecia conveniente que se establezcan metas realistas, que sean acordes a los presupuestos que proponga el Ejecutivo Federal y que ratifique la propia Cámara de Diputados.

2. Incluir el rezago educativo de manera integral entre los objetivos

La Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano (NEOEM) establece que la población con carencia por rezago educativo es aquella que cumple alguno de los siguientes criterios:

1. Tiene de tres a quince años, no cuenta con la educación básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal.

2. Nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa).

3. Nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria (secundaria completa).

Según cifras oficiales, para 2012 la población total en situación de rezago ascendió a 38.5%, que representa más de 32 millones de personas, con 6.1% de analfabetos (5.1 millones), 12.2% sin primaria terminada (10.3 millones) y 20.2% sin secundaria terminada (16.9 millones), esto sólo para la población en los supuestos 2 y 3 de la definición. Para el criterio 1 de la definición, la población entre 6 y 15 años que formó parte del rezago educativo hasta 2010 según cifras oficiales era de 5.9%, lo que según las estimaciones de población de CONAPO en 2012 representaría más de 1.3 millones de niñas, niños y jóvenes. Esto nos lleva a estimar la problemática del rezago educativo para más de 33 millones de personas, que representan el 38% de la población total en México.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) reporta que atendió durante 2012 un máximo de 1.3 millones de personas, con un total acumulado de 814 mil graduados, lo que implicaría que sólo el supuesto 1 de la definición de rezago educativo está siendo cubierto en atención y de este sólo se gradúa el 62%, lo que implica que cada año se suman al “pasivo” de rezago educativo aproximadamente 500 mil personas.

Adicionalmente, se aprecia que en términos históricos desde la promulgación de la Ley Nacional de Educación para Adultos ya se reconocía la necesidad de formación para “quienes en la edad primera no apreciaron las ventajas de la educación o no pudieron alcanzar sus beneficios por causas diversas; los trabajadores urgido de ganar su jornal, imposibilitados por lo mismo para concurrir a las aulas, podrán ahora, con un sacrificio menor, estudiar a la medida de sus posibilidades, aprovechando esta segunda oportunidad y acreditar sus progresos que tendrán igual valor al de la enseñanza escolarizada, lo cual representa una gran conquista para ellos, y en autocrítica valiente, corregirá, si lo hubo, las desventajas de la inasistencia, de la deserción escolar, achacables al burocratismo, cuando no a cualquier posible ineficacia en el propio servicio educativo.”

Lo anterior, abona en favor de los argumentos expresados en la iniciativa de la diputada Abreu Artiñano, pero exige que no sólo se incluya la alfabetización, sino de manera integral todo el rezago educativo, pues al igual que en ese caso, el no erradicarlo y evitarlo (en palabras de la diputada promovente) “limita el crecimiento de las personas y afecta su entorno familiar, restringe el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculiza el goce de otros derechos humanos, además de imposibilitar la integración armónica del individuo a la sociedad.”

3. Armonización del marco jurídico

Los artículos que versan sobre la educación para adultos en la Ley General de Educación son los artículos 43 y 44 de la Ley General de Educación, con las siguientes especificaciones:

Artículo 43. Se refiere a quién va dirigida la educación para adultos, su integración y el apoyo del que gozará (en la participación y solidaridad social).

Artículo 44. Se integra por la especificación administrativa de que la federación podrá prestar los servicios de educación para adultos, la forma en que se podrán acreditar los conocimientos, la intervención del Estado y sus entidades, así como lo relativo al servicio social para voluntarios.

De acuerdo a lo anterior, se considera pertinente que la propuesta de la diputada Abreu sea trasladada al artículo 44 de la Ley General de Educación, pues corresponde a los aspectos administrativos, operativos y alcances del propio sistema de educación para adultos.

Asimismo, se debe señalar que aun cuando el texto de la LGE señala como educación para los adultos la que se otorga a mayores de 15 años, ésta no guarda congruencia con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que a la letra dice en su artículo 2 “son... adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos”. En este sentido, es preciso que la iniciativa guarde congruencia con estos conceptos, pues dentro de su definición se incluyen tanto los adolescentes como los adultos.

4. Transparencia de recursos federales

En el documento “Diagnóstico sobre la Opacidad en el Gasto Federalizado” de la Auditoría Superior de la Federación (junio, 2013), se hacen patentes una serie de áreas de oportunidad relativas al FAETA, que incluyen:

a. No se tiene establecida una fórmula explícita que sustente la distribución transparente de los recursos o ésta no se ha hecho público, ni es de conocimiento pleno de las entidades federativas. Se ha mencionado que los criterios son los establecidos en el artículo 43 de la LCF, pero resultan genéricos y carecen de claridad, especialmente en el caso de la educación para los adultos, ya que se desconoce el principio elegido para su asignación, pues los recursos transferidos a los IEEA (Institutos Estatales para la Educación de los Adultos) no están correlacionados con el grado de rezago educativo que presentan las entidades. Tampoco poseen elementos que permitan considerar la eficiencia de las entidades en materia de los alcances obtenidos y con ello basar el presupuesto en resultados. Lo anterior ha derivado en que la distribución de los recursos a los estados sea básicamente inercial.

Es importante señalar en esta materia que al interior de los estados la mezcla de recursos (ramos 11 y 33, estatales y donaciones) impide hacer una correcta evaluación de los resultados obtenidos con recursos del fondo.

Asimismo, el mandato de publicar en el DOF las fórmulas de distribución empleadas por la SEP, no se ha cumplido, lo que resta transparencia al proceso de la distribución de los recursos del fondo, ya que ni para las entidades federativas ni para la sociedad quedan claros los criterios con los que se determina su asignación para satisfacer las necesidades de la educación tecnológica y para adultos en los estados.

b. Para que se tenga una plena transparencia en los recursos es menester que las entidades receptoras abran cuentas específicas para cada programa, la ASF detectó 8 entidades que en el caso de FAETA no cumplen con este supuesto.

A nivel local, aunque el artículo 49 de la LCF y el PEF 2011 establecen la necesidad de agilizar la entrega de los recursos a las instancias ejecutoras, las secretarías de finanzas estatales o sus homólogos incurren en la entrega tardía de los recursos o sus rendimientos financieros. En la revisión por la ASF de la Cuenta Pública 2011, se observó que esta situación se presentó en 7 entidades federativas de las 15 auditadas. El monto observado ascendió a 622.9 miles de pesos por la falta de transferencia del total de los recursos del fondo y a 351.7 miles de pesos porque no fueron entregados los rendimientos financieros a los entes ejecutores.

c. El control del presupuesto ejercido se hace por la vía de los informes trimestrales, en esta materia las entidades federativas dejan de enviar tales informes en aproximadamente 10% de los casos en tiempo y forma, lo que impide dar un seguimiento puntual de los recursos. Al respecto, la ASF detectó que existen estados que no han firmado los convenios de coordinación respectivos, como son: Baja California, el Estado de México y Michoacán; sin embargo, reciben los recursos complementarios del fondo. Debido a la inexistencia de convenios suscritos, las entidades no se ven obligadas a cumplir con lo establecido en ellos, lo que genera opacidad, ya que no se les puede fiscalizar conforme a acciones y reglas previamente convenidas.

d. Los recursos adolecen de problemas en materia de planeación por irregularidades en el programa de inversión anual.

e. En materia de difusión, se tienen: i. Falta o incumplimiento en la entrega a la SHCP de la información sobre el ejercicio, destino y resultados del recurso, ii. Insuficiencias en la calidad de la información enviada a la SHCP, iii. Falta o débil difusión de los informes trimestrales a la población y iv. Insuficiente alcance de la información que arrojan los indicadores de desempeño.

En esta materia es importante destacar que la SHCP observó la falta de congruencia entre la información presentada en la Cuenta Pública 2011 y lo reportado por las entidades federativas en el portal aplicativo de la SHCP sobre los recursos asignados y los ejercidos en el fondo, en la vertiente de la educación para los adultos, lo que impide que se conozca el nivel de subejercicio en el que incurrieron los estados y la transparencia de la ejecución de los recursos, ya que los montos ministrados a las delegaciones del INEA e IEEA, en 8 estados no están conciliados con lo que la Cuenta Pública señala y en otros 2 no se reportó la información; además, es importante resaltar que los montos, en algunos casos, no siguen un patrón acumulativo por trimestre en el Formato Único del portal.

f. Falta o debilidades en los registros contables y presupuestarios. En esta materia se debe destacar que a pesar de que las figuras solidarias constituyen el factor humano sustantivo para erradicar el rezago educativo del país, ya que son las encargadas de dar asesorías, impartir clases y aplicar exámenes a los usuarios, los recursos destinados a ellas son poco significativos (15.5% en promedio por entidad federativa, de los recursos del fondo). Además, en las actuales reglas de operación del programa de educación para los adultos y formación para el trabajo, así como en los convenios de federalización, no se establece un porcentaje mínimo que los IEEA deban destinar al pago de figuras solidarias mediante recursos del fondo, por lo que no es transparente el criterio que aplican las entidades para ello.

En la práctica, generalmente el patronato se limita a ser el medio por el cual se efectúan las gratificaciones a las figuras solidarias y así evitar la relación laboral con los IEEA; sin embargo, las entidades federativas constantemente incurren en el pago de gastos de operación del patronato, aun cuando éstos no se ajustan a los objetivos del fondo ni tampoco el patronato cumple con el objeto de su creación, de ser grupos de fomento a la educación. Al respecto, tanto en la LCF como en las actuales reglas de operación del INEA, no se establece que no se deben destinar recursos federales (particularmente del FAETA) al pago de este tipo de gastos.

g. Insuficiente participación de la ciudadanía en la gestión de los recursos; y,

h. Falta de evaluación de los resultados de los recursos.

5. Establecer un criterio adecuado en cuanto a los alcances de una política de combate al analfabetismo.

La erradicación del analfabetismo implica arrancar de raíz el problema, lo cual no es posible debido a las dinámicas que guarda el fenómeno del analfabetismo; es decir, la demanda por servicios educativos varía en el tiempo, dependiendo de las personas que lo requieran (alterado por las dinámicas poblacionales).

Adicionalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tiene establecido el 4% como el parámetro para considerar un territorio como libre de analfabetismo, con lo que México se colocaría como un territorio donde subsiste el analfabetismo, debido a que las cifras oficiales marcan que el porcentaje es aún de 6.1%, lo cual esconde en el argumento el que existen entidades, tales como Oaxaca, Chiapas y Guerrero con 16.2%, 15.8% y 14.8% de su población analfabeta, que superan por mucho este porcentaje.

Por lo anterior, se considera que es necesario adecuar la iniciativa de la diputada Abreu, a fin de que tenga mayor impacto en la política pública respecto al analfabetismo.

Debido a la importancia de estas observaciones, se recomienda que se incluyan de manera clara especificaciones al respecto, pues de otra forma un reforzamiento de los recursos, necesario para el real abatimiento del problema del rezago educativo no estaría garantizado por criterios de transparencia.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente Proyecto de Decreto que reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación, en materia de analfabetismo, para efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación

Único. Se modifica el primer párrafo del artículo 44 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 44.Tratándose de la educación para adolescentes y adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente Ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. En la prestación de estos servicios, las autoridades deberán procurar la disminución del número de personas que no hayan cursado o concluido su educación en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley.

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente Decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Tercero. El ejecutivo federal en un plazo no mayor de 90 días publicará en el Diario Oficial de la Federación, las normas para la administración de los recursos FAETA de los estados, las cuales deberán establecer reglas claras y puntuales bajo las cuales deben operar los recursos del fondo; incluir indicadores de transparencia y responsabilidad en los criterios de asignación de las transferencias federales; la fórmula que incluya los criterios y elementos considerados para distribuir los recursos del FAETA entre las entidades federativas; promover mecanismos en las entidades federativas para incentivar la realización de las evaluaciones previstas por la ley, la revisión de los convenios de federalización de educación tecnológica y de descentralización de educación para adultos, para hacerlos más funcionales y operativos; establecer los mecanismos necesarios para cumplir con los Convenios de Descentralización y constituir los Institutos de Educación para Adultos en las entidades que carecen de ellos; y, establecer reglas claras o lineamientos que regulen el principio de anualidad en el ejercicio y aplicación de los recursos.

Notas:

1 Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. Disponible en: http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/ temas/pef/2014/docs/33/r33_epr.pdf

2 Citado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la sección de transparencia presupuestaria, disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ptp/contenidos/?id=11

3 Se considera el índice de precios implícitos del PIB a precios de 2008, considerando los precios del primer trimestre de 2014.

4 A precios de 2008.

5 Coneval, en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Avances-Rezago-educati vo.aspx

6 Fuentes INEA (2012). Consulta en: http://www.inea.gob.mx/ineanum/pdf/rezago_2012_16abril13.pdf

7 http://www.inea.gob.mx/ineanum/

8 Publicada en el DOF el 31 de diciembre de 1975

9 Diario de Debates de la Cámara de Diputados del 29 de Diciembre de 1975.

10 Consulta en: http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Diagnostico_s obre_la_Opacidad_en_el_Gasto_Federalizado_version_final.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 11 de septiembre de 2014.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), presidente; María Guadalupe Mondragón González (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín (rúbrica), Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez (rúbrica), Dora María Guadalupe Talamante Lemas, Héctor Hugo Roblero Gordillo (rúbrica), Nelly del Carmen Vargas Pérez, Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Mario Francisco Guillén Guillén (rúbrica), secretarios; Juan Manuel Gastélum Buenrostro (rúbrica), Alejandra López Noriega, Glafiro Salinas Mendiola, Leticia López Landero, Blanca Estela Gómez Carmona (rúbrica), Julio César Flemate Ramírez, Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), María de Jesús Huerta Rea (rúbrica), Arnoldo Ochoa González, Jorge Herrera Delgado, Harvey Gutiérrez Álvarez, Mónica García de la Fuente (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar, Roberto López González, Fernando Cuéllar Reyes.»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Y, para fundamentar el dictamen, tiene la palabra la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez hasta por cinco minutos.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados federales, a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos el analfabetismo recae como una barrera que brecha la interacción entre las personas, que frena el pleno desarrollo y desenvolvimiento del individuo ante su entorno, y que debilita su participación plena y efectiva en la sociedad, restando igualdad de condiciones para competir con los demás.

Sin duda alguna un tema de suma importancia para una economía en desarrollo es el problema del analfabetismo, ya que éste engloba un amplio conjunto de variables económicas que sirven como indicadores tanto del desempeño económico integral que ha tenido el país como de la eficiencia y contundencia que están teniendo las políticas públicas enfocadas a corregir este problema.

Actualmente en México existen 53.3 millones de personas que viven en situación de pobreza, lo que significa un aumento de medio millón a los 52.8 millones de personas que en el 2010 se encontraban en esta condición.

Si analizamos las diferentes causas de este problema nos damos cuenta de que en el ámbito educativo, según las Naciones Unidas, las poblaciones pobres reciben una educación pobre. La marginación y la penuria educativa tienen a México en el lugar 55 en acceso a la educación a nivel mundial. Más de 34 millones de personas sufren rezago, analfabetismo o tienen apenas cuatro años de estudio. En el discurso se señala que la educación es gratuita, sin embargo los gastos que se generan rebasan la posibilidad de que un padre de familia o el propio estudiante puedan cubrirlo.

La educación para adultos en nuestro país es un gran problema que tiene que ver con la pobreza, exclusión, discriminación y desigualdad. Según datos de la Organización Nacional para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, señala a nuestro país en la posición 16 de 28 países analizados, aún más bajos que Colombia, Paraguay y Panamá.

Una reforma educativa debería de presentar de forma abierta y participativa la emergencia de un proyecto respecto del tipo y modelo de educación que se desea para el país y de un enfoque integral de todo tipo. Es por ello necesario explicitar el papel que debe de jugar la enseñanza, las plataformas de aprendizaje y sus procesos y no sólo los aspectos administrativos o laborales que reproducen el mismo esquema con el que se ha venido operando durante por lo menos las últimas cuatro décadas, con las consecuencias desastrosas que se viven en el sistema educativo nacional.

Por lo tanto, nos damos cuenta que en México existen grandes asimetrías estructurales y la desigualdad social es el principal problema del sistema educativo. Las peores escuelas son para quienes más lo necesitan. El gobierno y autoridades están convencidos de que el sistema educativo no funciona por culpa de los maestros, sin analizar el contexto ni las condiciones sociales y económicas que viven millones de mexicanos.

Otro aspecto que no podemos dejar pasar en el tema es la sensibilización y compromiso hacia el ámbito educativo y de erradicación del analfabetismo. Es por ello que esta Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos celebra la presente iniciativa, que pretende integrar a quienes el sistema privó de recibir una educación básica para una mayor integración dentro de la sociedad actual. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada.

Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos de la primaria Rey Itzcóatl, del municipio de Texcoco, estado de México, del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, invitados por él. Bienvenidas, bienvenidos.

También a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana de Puebla, invitados por la diputada Consuelo Argüelles Loya. Y del Centro de Estudios de Veracruz, invitados por el diputado Humberto Alonso Moreno. Bienvenidas, bienvenidos.

Tiene ahora la palabra, para fijar postura por su grupo parlamentario, la diputada Dora María Talamante Lemas, por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

También están presentes alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, campus Tehuacán, del estado de Puebla, invitados por el diputado Lisandro Arístides Campos Córdova. Bienvenidas, bienvenidos.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la transformación del sistema educativo en nuestro país requiere que los diferentes tipos, niveles y modalidades que se han establecido se presenten conforme a reglas y objetivos claros, que permitan hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, tal y como lo mandata nuestro texto constitucional.

Precisamente uno de los tipos de servicio que nuestro marco jurídico prevé es el relativo a la educación para adultos, la cual está destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido la educación primaria y secundaria y que se presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo.

Si bien se han realizado esfuerzos por parte de la Cámara de Diputados al aprobar el reconocimiento explícito de la educación media superior como objeto de la educación para los adultos, es una realidad que en México el analfabetismo continúa vigente debido a que las cifras oficiales marcan que el porcentaje es aún del 6.1 por ciento arriba del parámetro fijado por la organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el cual es del 4 por ciento para considerar un territorio como libre de esta problemática. Aún más grave es que según listas oficiales para el 2012, la población total en situación de rezago ascendió a más de 32 millones de personas, que representa el 38 por ciento de la población total en México.

Por ello resulta importante establecer cómo se prevé en el presente dictamen a discusión como objetivo de la educación para adultos en los diferentes servicios, el de procurar la disminución del número de personas que no hayan cursado o concluido su educación en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Educación.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza reafirmamos nuestro compromiso de dotar de recursos financieros y materiales que se requieran para erradicar el analfabetismo. Asimismo, coincidimos con las consideraciones realizadas por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en el sentido de incluir el rezago de manera integral entre los objetivos de la educación para adultos, así como las prevenciones económicas, establecidas en los transitorios del dictamen.

Por lo anterior, nuestro voto es a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañeros.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que analizamos en la Comisión de Educación y Servicios Educativos está referido a puntualizar en el artículo 44 de la Ley General de Educación, que la autoridad federal en la materia podrá prestar los servicios que corresponden conforme a ésta, no sólo adultos, sino también adolescentes, cuya atención pudiera conceptuarse como atribución de manera exclusiva a las autoridades educativas locales.

La iniciativa presentada por nuestra compañera legisladora fue modificada por la comisión respectiva, a efecto de que la intensión sea trasladada no al artículo 43, sino al artículo 44 del ordenamiento referido y en esa virtud se nos hace llegar un dictamen positivo con modificaciones. Se trata, en pocas palabras, de ajustar el texto en un artículo más idóneo para hacer la modificación congruente. En el cuerpo del dictamen se aborda, asimismo, en aras de la puntualización el tema de que las autoridades educativas federales procuren disminuir el número de analfabetas que hay en el país.

Un pueblo sin educación y lo que conlleva es un pueblo ayuno de futuro promisorio, no se trata sólo de atender a los casi 6 millones de mexicanos que acusan al analfabetismo en nuestro país.

Al respecto debe mencionarse, que desde 1920 en épocas en que José Vasconcelos comenzó su carrera en la educación del país dieron inicio los esfuerzos para que el analfabetismo fuera erradicado de la vida de los mexicanos.

Al respecto, es muy importante hacer mención de un poco de la historia de las campañas citadas, porque esos intentos tuvieron sus mayores puntos álgidos en las seis campañas formales de alfabetización.

En 1921, en el periodo 1934-1940, en el correspondiente a 1940-1946. En 1958 con el maestro Torres Bodet, en los últimos años del sexenio de Díaz Ordaz y en sexenio 1976-1982.

Las campañas de alfabetización no podrían comprenderse sin la participación más que activa del maestro Torres Bodet.

En su segunda administración en la Secretaría de Educación Pública, de 1958 a 1964, durante la Presidencia de Adolfo López Mateos se dio inicio a un plan de 11 años para la extensión y el mejoramiento de la enseñanza primaria, para atender por completo la demanda real de educación primaria.

Sin embargo, a la fecha la erradicación del alfabetismo solo ha sido un buen deseo sin materializar en los hechos, debido a que ello no es posible tiene que ver a las dinámicas que guarda el fenómeno en comento.

Aquí tenemos que poner el énfasis en que no solo se trata de falta de recursos económicos sino de todo un entramado que permita erradicar este flagelo de una parte importante de mexicanos.

Hoy el analfabetismo siegue siendo una asignatura pendiente del Estado. Desde nuestra óptica, la propuesta de nuestra compañera diputada para hacer las precisiones referidas son bienvenidas.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen presentado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos al pleno de esta soberanía. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputada presidenta. Vasconcelos decía que mientras alguien no tenga completa la educación básica, el gobierno y el Estado mexicano siempre tendrá una deuda con él.

Yo digo que Vasconcelos sigue presente, porque reformar el artículo 44 de la Ley General de Educación tiene un retraso de más de 80 años. Sin embargo, hoy establecemos como responsabilidad del gobierno que debemos procurar la disminución de adolescentes y adultos que no hayan concluido su educación primaria y secundaria. Sin embargo, la educación aparte de la pobreza y muchos otros problemas sociales que tenemos en México, la educación sigue siendo el gran reto de México.

Para educación no hay suficiente, en México vemos que hoy existe una casita blanca que se compra, y bueno una casita blanca con jardines, con una alberquita, calefacción central, iluminación de colores para que se pueda manejar esta iluminación para no aburrirse y vemos que aparte de todo, de ribete, regalada; y regalada por el propio Estado mexicano. Ah, pero para educación no hay, haciendo la brecha de la desigualdad y del analfabetismo cada día más grande en México.

No olvidemos que al gobierno le conviene tener a un pueblo ignorante; ojalá que todos los que estamos aquí presentes tomemos consciencia y responsabilidad aprobando una cantidad digna. Perdón.

La diputada Angelina Carreño Mijares(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Diputada, permítame un momento, es que me está pidiendo la palabra la diputada Carreño. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): Gracias, presidenta. Para realizar una respetuosa moción de apego al tema. Yo creo que lo que venimos a tratar, los dictámenes por los que se han esforzados los diferentes compañeros de las diversas comisiones merecen el respeto del uso del tiempo apegados al tema que estamos tratando; ojalá pudiésemos tener esa sensibilidad para con el trabajo que hemos compartido con los compañeros de las comisiones. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Continúe, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Ojalá diputada y me estuviera usted poniendo atención para que sepa que el dictamen que estamos discutiendo es el que nos ocupa el día de hoy.

Y ojalá estuviera usted poniendo atención en el llamado que les estoy haciendo, de que tengamos consciencia y responsabilidad aprobando más recursos y más presupuesto a educación. Porque para la ignorancia suya y de muchos de ustedes, no saben por qué México no sale adelante en el tema educativo cuando nos queremos comparar con países de primer mundo, con países como Vietnam. Y si usted analiza, son países que tienen un 20 por ciento del producto interno bruto a educación, cosa que nosotros no tenemos en México.

Y no nada más se necesita para el analfabetismo que existe en México, se necesita para las escuelas. El gobierno lo único que hace es pagar el sueldo de los maestros. Entonces, debemos discutir mayor presupuesto a educación. Si no, todo va a ser una falacia y vamos a seguir con estos más de 80 años de retraso en materia educativa que propuso Vasconcelos, por ignorantes, porque no sabemos ni cuánto se necesita para educación ni mucho menos sabemos cuánto se destina para educación.

No podemos seguir con migajas para el sistema educativo en México y estar queriendo responsabilizar y culpar a los maestros de México de la baja calidad educativa que tenemos en nuestro país, y que nos coloca ante la OCDE y organismos internacionales...

Pisa, para que investigue lo que es Pisa, le encargo, diputada, y sepa de qué manera estamos posicionados a nivel internacional en estos estudios y es por falta de presupuesto.

Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Queremos erradicar el analfabetismo en México, pero debemos ser conscientes. Sin presupuesto no podemos avanzar en educación. Es cuanto.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Mario Francisco Guillén Guillén, para fijar postura por su grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista.

El diputado Mario Francisco Guillén Guillén:Con su venia, diputada presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, la educación es un derecho al cual deben tener acceso todos los seres humanos por igual, sin distinción de condición social, edad, sexo, religión o diferencia alguna de cualquier otra índole.

Por lo anterior, los gobiernos de todo el mundo están obligados a emprender las medidas necesarias para procurar que este derecho sea otorgado a todos los ciudadanos, incluyendo también, por supuesto, a aquellos adultos que ya no están en edad escolar, pero que no saben leer ni escribir.

La alfabetización es un aspecto muy importante del derecho a la educación, pues en ésta se basa la posibilidad de acceder a niveles superiores de enseñanza.

Estar alfabetizado es un requisito casi indispensable para desenvolverse en el mundo moderno, para insertarse exitosamente en el ámbito laboral y en general para enfrentar mejor los desafíos que la vida misma nos plantea.

Dotar al individuo de esas competencias de lectura, escritura, es brindarle confianza en sí mismo y autonomía para la toma de decisiones, con la que éstas se convierten en elementos fundamentales para la construcción de sociedades sostenibles, prósperas y pacíficas.

No saber leer ni escribir representa un obstáculo para que los individuos cumplan con sus obligaciones como ciudadanos en una sociedad libre y democrática, al mismo tiempo que limita la posibilidad de que éstos conozcan sus derechos y exijan que sean respetados.

En ese sentido un país que posee un alto grado de alfabetización, se encuentra en mejores condiciones para potenciar el desarrollo y el progreso de su sociedad que aquellas naciones cuya población presenta tasas altas de analfabetismo.

“La alfabetización –dice Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas- es una clave para el cambio y un instrumento práctico de poder en cada uno de los tres principales pilares del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, el desarrollo social, y la protección del medio ambiente”.

En virtud de la importancia que la alfabetización reviste para el desarrollo tanto de los individuos como de las comunidades, el Estado mexicano ha emprendido grandes esfuerzos en esta materia.

Es importante recordar que hace 100 años al comenzar la revolución mexicana, tan sólo el 20 por ciento de los mexicanos sabía leer y escribir. Por este motivo el régimen post revolucionario instauró la educación gratuita y obligatoria para todas las niñas y niños del país, del mismo modo que se empeñó en la formación de un ejército de maestros rurales con el objeto de hacer llegar la alfabetización a todos los rincones del territorio nacional.

Si bien es cierto que lo anterior dio como resultado que la tasa de alfabetización de nuestro país se ubique hoy por encima del 90 por ciento, también tiene que reconocerse que los más de 5 millones de analfabetas que hay en México, representan casi el 7 por ciento de la población mayor de 15 años; sigue siendo una asignatura pendiente para el Estado mexicano, pues esas personas al no saber ni leer ni escribir, ven reducidas seriamente sus posibilidades de desarrollo, además de que los adultos que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a leer ni a escribir, se debe de reconocer que en México existen grandes grupos de personas que presentan diferentes grados de rezago educativo que si bien no son analfabetas, su paso por la escuela resultó insuficiente para adquirir las capacidades básicas para desarrollarse adecuadamente en el mundo moderno.

Atendiendo a lo anterior el gobierno de la república puso en marcha desde el pasado mes de agosto, una Campaña Nacional de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, cuya meta es reducir el índice de analfabetismo actual en un 50 por ciento para el 2018.

Además se pretende que, como resultado de este esfuerzo, 2.2 millones de personas adultas concluyan la educación primaria y 3.1 la educación secundaria.

En este sentido, la propuesta que estamos discutiendo hoy, compañeros diputados y diputadas, resulta clave para la lucha para la erradicación del analfabetismo y la reducción del rezago educativo y ésta se convierta en una política pública del Estado que tenga continuidad, más allá de este sexenio.

Por lo aquí expuesto, compañeras y compañeros, el Grupo Parlamentario del partido verde votará a favor del presente decreto. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Roxana Luna Porquillo.

La diputada Roxana Luna Porquillo:Con su venia, señora presidenta. Uno de los problemas que vive nuestro país es el analfabetismo. Estamos frente a una realidad de la que no se pueden escapar millones de mexicanas y mexicanos, sobre todo por la dependencia de la mano visible y la acción compensadora del Estado, porque el analfabetismo ha sido y sigue siendo el poderoso factor en la perpetuación de la pobreza, de la marginación y de la exclusión social.

En el mundo de hoy se instaura una sociedad de la economía del conocimiento. La educación se concibe como un proceso para toda la vida, y el analfabetismo de nuestro país avergüenza porque al mismo tiempo incrementa la vulnerabilidad económica, social y cultural de las familias.

Nuestro país, si bien es cierto que ha tenido avances en materia educativa, los rezagos son mucho más notables. Como un ejemplo de esto bastaría recordar los 32 millones de mexicanos que se encuentran en condición de rezago escolar, ya sea por la condición de analfabetos o por no haber concluido los estudios de primaria o secundaria.

El sentido de mi voto es a favor de las modificaciones realizadas por la comisión dictaminadora en las que se incluye la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y para los Adultos de los Estados, incorporando a los adolescentes menores de edad y señalando también la necesidad de establecer las reglas bajo las cuales se deben operar los recursos, incluyendo indicadores de transparencia, responsabilidad en los criterios de asignación de las transferencias federales, entre otros.

El dictamen no lo puede todo, consecuente con el propósito fundamental de erradicar el analfabetismo; por tanto, su permanencia seguirá vinculada con las condiciones de desigualdad y de pobreza que han sido persistentes en el país. Tampoco se estableció una relación entre el Estado con las comunidades originarias del país y la política para integrarlas.

Sin entrar en esta polémica, la diferencia entre las culturas, entre los idiomas, la forma de vida y la organización han sido vistas como un signo de atraso y abuso. El analfabetismo afecta en gran medida a este sector de la sociedad, en particular el lenguaje hablado y escrito sin duda es una de la expresión que traduce el alma y el pensamiento, y en la palabra está el secreto de nuestra especie. Se trata de un auténtico Código de Cultura. Pero para la escritura crea los seres reflexivos, desarrolla la conciencia de la historia, además que forma mejores mujeres y hombres.

Por ello el Estado tiene en la educación y en la alfabetización uno de los mayores retos y obligaciones. En México, en términos generales a partir de lo que establece el censo de población y vivienda se consideran analfabetos a los que han pasado a la edad escolar y no saben leer ni escribir.

Esta es la tónica, se asocia normalmente a la escuela como el lugar privilegiado para el aprendizaje y la alfabetización como la etapa inicial o el primer nivel de escolarización. No saber leer y escribir constituye una de las grandes desventajas personales y sociales que una persona puede tener, de hecho, se puede decir que esta condición margina, aísla y demerita a los individuos, incluso su propio medio social de tal suerte que la educación ha sido reconocida como un derecho para ser una de las condiciones necesarias para establecer las relaciones de igualdad.

La Unesco establece que la alfabetización es una necesidad básica del aprendizaje que se adquiere a lo largo de toda la vida y que permite a las personas desarrollar sus conocimientos y capacidades para poder participar plenamente en esta sociedad.

El concepto se relaciona con las nociones de ciudadanía, identidad cultural, desarrollo socioeconómico, derechos humanos, equidad, con la necesidad de crear entornos alfabetizados para el sostenimiento del desarrollo.

En estas últimas décadas, el conocimiento se ha convertido en un elemento central y de un nuevo paradigma productivo y la educación es un factor fundamental. Los conocimientos técnicos permiten aumentar la productividad individual. La educación es una inversión que tiene efecto positivo a nivel individual, pero también conlleva efectos para el conjunto de la sociedad a través del incremento del empleo y el crecimiento económico de la equidad social.

Para México la pérdida de productividad por el ingreso de trabajo que genera el analfabetismo es suficiente, es demasiado para poder considerar su erradicación no sólo como un objeto social, sino como una prioridad económica.

El analfabetismo tiende a analizarse en términos de la responsabilidad individual sin considerar la importancia y la responsabilidad de las instituciones, y de sus políticas, por lo que el desafío es convertirlo en una oportunidad para su total erradicación. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD estaremos votando a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Por último, para fijar postura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra la diputada Dulce María Muñiz Martínez hasta por cinco minutos.

Si me lo permiten, quiero dar la bienvenida a estudiantes de Movilidad Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se encuentran presentes con nosotros, invitados por la diputada Patricia Lugo Barriga; y a estudiantes de la Escuela Primaria Isaac Ochoterena, de Tlalpan, Distrito Federal, invitados por el diputado José Antonio Hurtado Gallegos. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Dulce María Muñiz Martínez:Gracias, presidenta. Con su permiso, presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI considera pertinente reformar el artículo 44 de la Ley General de Educación, a efecto de establecer que tratándose de la educación para adolescentes y adultos la autoridad educativa federal podrá prestar los servicios que, conforme a la presente ley, corresponda prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, quienes deberán procurar la disminución del número de personas que no hayan cursado o concluido la educación, en términos de lo dispuesto por el propio ordenamiento.

Alfabetizar y reducir el rezago educativo es una tarea fundamental y prioritaria que implica a los ámbitos Legislativo y Ejecutivo, en tanto que la ley y las políticas públicas de manera coordinada deben posibilitar la accesibilidad a la educación a todas las mexicanas y a todos los mexicanos en cada rincón del país.

Resalta de la propuesta en comento la distinción que se hace de la educación dirigida a los adolescentes y la dirigida a los adultos, toda vez que –como bien lo señala la dictaminadora– aun cuando el texto de la Ley General de Educación señala como educación para los adultos la que se otorga a mayores de 15 años.

Dicha disposición no guarda congruencia con la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ni con los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México en la materia, en donde se considera adolescentes a quienes tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos. De ahí que es preciso armonizar y dotar de congruencia a la norma jurídica, evitando que los adolescentes sean incluidos dentro de la categoría de adultos.

Es menester señalar que para evitar que las disposiciones legislativas queden en meros postulados o en un catálogo de buenas intenciones, consideramos de fundamental importancia el establecer que las acciones emprendidas deberán atenderse también en el ámbito presupuestario y sujetarse a normas claras para la administración de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos de los Estados, incluyendo indicadores de transparencia y responsabilidad en los criterios de asignación de las transparencias federales.

En suma, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor del presente dictamen porque da continuidad a la reforma educativa que hemos emprendido. Estamos ciertos que de aprobarse constituirá un elemento fundamental que fortalecerá la educación para los adolescentes y adultos en las entidades federativas, lo cual sin duda impactará en una mayor calidad de vida, toda vez que será un elemento fundamental para acceder a nuevas oportunidades de empleo y de desarrollo personal. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se ha registrado para la discusión en lo general el diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar en pro del dictamen. Hasta por tres minutos, diputado. Gracias.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidenta. Ya fijó posición nuestra compañera Martha Beatriz Córdova y la compañera Nelly del Carmen Vargas también lo hizo a nombre de la Comisión. Desde luego que estamos de acuerdo en que se tomen medidas legislativas a partir de la reforma a la Ley General de Educación, para abatir el grave problema de analfabetismo que sigue existiendo en algunas entidades del país.

Nosotros cuando votamos en contra de la reforma educativa regresiva, que fue el primer engendro del Pacto por México, en diciembre de 2012, señalamos que la reforma educativa era incompleta, que era una reforma laboral en realidad con dedicatoria al magisterio, a los maestros y que no atacaba de fondo los problemas estructurales del país en materia educativa.

Señalamos también que no se puede evaluar igual a un maestro de Monterrey o de la Ciudad de México, que a un maestro de la montaña de Guerrero o de la sierra de Puebla o de Oaxaca. Y esta reforma que hoy se plantea parte de una realidad, que seguimos siendo un país con un déficit de alfabetismo brutal.

Por eso nosotros estamos a favor, porque en analfabetismo va de la mano con la pobreza, el analfabetismo va de la mano con la desigualdad, con la discriminación, con los rezagos. Y México sigue siendo hoy –después de todos estos años de neoliberalismo rapaz– un país con más de 53 millones de pobres y seguramente producto de las reformas estructurales regresivas esta pobreza habrá de incrementarse. Porque no solamente no llegan las inversiones, sino que hoy México es señalado internacionalmente como un país donde no se respetan los derechos humanos, donde hay una crisis humanitaria y el colmo, donde sus gobernantes son desde el primer nivel víctimas, o mejor dicho corruptos que hacen un daño a la imagen pública del país.

Nosotros quisiéramos que además de este tema que concentra la problemática del país, se abordara de frente los temas de la corrupción. Lo dijimos la semana pasada, que estaban tratando de armar un negocio corrupto en el tren México-Querétaro con esa licitación. Y dijimos que mientras el país estaba ensangrentado Peña Nieto y sus cómplices estaban en los negocios corruptos.

Por la tarde vino la “rectificación” –entre comillas– y se canceló esta licitación, pero después gracias a una gran investigación periodística nos dimos cuenta que hoy hay una riqueza inexplicable de la pareja presidencial.

No se puede tapar el sol con un dedo, porque aunque nosotros en la Cámara lo neguemos, toda la prensa internacional habla hoy de la corrupción en México y de la casa blanca de Enrique Peña Nieto de más de 86 millones de pesos.

Somos un país con pobreza, con analfabetismo y tenemos un gobierno que no puede justificar sus ingresos. Y aunque ustedes quieran ser tapadera, aunque quieran cubrir la casa blanca de Peña Nieto es hoy un tema nacional e internacional. Que aclaren cómo se hicieron de esos ingresos. Todo el país está esperando una respuesta...

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Permítame, diputado. Por favor concluya.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias. No habiendo más registro de oradores, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y al grupo del adulto mayor Los Amigos de la Luz, que nos visitan este día, en esta Cámara, invitados por el diputado Marcos Aguilar Vega. Bienvenidas, bienvenidos.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señora presidenta, se emitieron 0 votos en contra, 2 abstenciones y 418 votos a favor.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobado en lo general y en lo particular por 418 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley General de Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

DICTAMENES DE PUNTOS DE ACUERDO

ESTAMPILLA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL MURALISTA JOSE RAUL ANGUIANO VALADEZ

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Transportes, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a emitir en 2015 por el Servicio Postal Mexicano una estampilla conmemorativa del centenario del nacimiento del muralista José Raúl Anguiano Valadez

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue turnada para estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a emitir en 2015 por el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) una estampilla conmemorativa del centenario del nacimiento del muralista José Raúl Anguiano.

La Comisión de Transportes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción VI, 81, numeral 2, 82, 84, 85, 157, 158, 167, numeral 4, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el 4 de septiembre de 2014, Luis Armando Córdova Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a emitir en 2015 por el Sepomex una estampilla conmemorativa del centenario del nacimiento del muralista José Raúl Anguiano.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión turnó la proposición a la Comisión de Transportes, para el estudio y dictamen correspondientes.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

El proponente expone que José Raúl Anguiano Valadez fue uno de los muralistas más reconocidos del siglo XX. En su obra, destacan el México rural e indígena, es sus paisajes se plasman como símbolos de identidad nacional las tradiciones rurales, como su religión, sus fiestas y sus tradiciones, lo cual le permitió ser conocido en el mundo.

Su calidad artística puede apreciarse en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología e Historia y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras instituciones.

El autor de la proposición expresa que hablar del muralista José Raúl Anguiano Valadez significa hacer referencia a un artista cuya obra plasmó una visión mexicanista; muestra de ello son sus obras. Su inquietud artística y de identidad nacionalista lo motivó a fundar el Taller de la Gráfica Popular, en 1938, donde realizó grabados y litografías con muestras solidarias hacia los trabajadores y los campesinos. Fue cofundador del Salón de la Plástica Mexicana, en 1949 (que actualmente forma parte del Instituto Nacional de Bellas Artes), donde se exponen las obras más representativas de la plástica nacional. Han formado parte de esté salón obras de destacados pintores, escultores, muralistas y grabadores; sobresalen los trabajos de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Rufino Tamayo y Juan O’Gorman.

El diputado proponente expone que si bien las nuevas tecnologías han provocado un nuevo paradigma en las comunicaciones, el correo convencional constituye aún uno de los servicios estatales más relevantes en la SCT, no sólo por su uso recurrente, especialmente para las comunicaciones comerciales, sino por el arte de sus estampillas, coleccionadas en todo el mundo. El correo representa en el caso de México un elemento de nuestra memoria histórica. En este sentido, a lo largo de más de cuatro siglos el correo con sus cartas, cédulas reales, sellos y estampillas ha creado una importante y destacada cultura postal.

Podemos citar que la diversidad de imágenes en la estampilla ha sido amplia. Por ejemplo, la emisión regular de éstas de 1934 a 1950 consistió en 15 estampillas postales, con precios desde un centavo hasta cinco pesos, hechas con grabados de imágenes indígenas yalaltecas (mujeres indígenas de Oaxaca cuya vestimenta tradicional consiste en huipil blanco y falda de enredo) y tehuanas, mujeres del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y cuya vestimenta es de dos piezas: una blusa, llamada huipil, y una falda, ambas bordadas con coloridas y llamativas flores.

El autor del punto de acuerdo propone a la Cámara de Diputados que a través de un objeto de gran valor cultural y artístico conocido y codiciado a escala mundial, una estampilla emitida por el Sepomex, el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República conmemoremos a uno de los muralistas mexicanos más reconocidos en el planeta: don José Raúl Anguiano Valadez.

Por todo lo anterior se presenta la siguiente

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT a emitir en 2015 por el Servicio Postal Mexicano una estampilla conmemorativa del centenario del nacimiento del muralista José Raúl Anguiano Valadez.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos formulados en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La comisión dictaminadora coincide con el proponente y hace una mención de los logros del artista.

La obra de Raúl Anguiano es codiciada por reconocidos coleccionistas nacionales y extranjeros. Sus obras han sido expuestas no sólo en México, sino en países como Argentina, China, Estados Unidos de América (en San Francisco), Francia, Italia, Polonia y Suecia. Obtuvo reconocimientos tan significativos por su trabajo como la condecoración en la categoría de Commendatore de Italia en 1977; el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2000; en 1956, el Congreso de Jalisco le impuso la condecoración José Clemente Orozco; en 1958 recibió la Medalla de Oro del Salón Panamericano de Porto Alegre, Brasil; el Premio Jalisco, en 1983. La Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión determinó concederle, en 2005, la prestigiada Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913, “por la destacada trayectoria de este mexicano universal, activo creador y promotor de nuestras artes en todo el mundo, genio en cuyas obras se reconoce el ser mexicano del siglo XX, cualidades que deben inspirar a nuestros compatriotas a comprometerse con la superación nacional”.

Sin embargo, esta comisión dictaminadora, con fundamento en el artículo 64 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, que establece que “las emisiones de estampillas postales se harán, retirarán, substituirán o resellarán en los términos en que lo disponga por decreto el presidente de la República”, considera necesario cambiar el exhorto al titular del Ejecutivo federal.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes emiten el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Respetuosamente se exhorta al titular del Ejecutivo federal a emitir un decreto a fin de crear una estampilla conmemorativa del centenario del nacimiento del muralista José Raúl Anguiano Valadez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2014.

La Comisión de Transportes, diputados: Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), presidente; Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), Jesús Tolentino Román Bojórquez, Miguel Sámano Peralta (rúbrica), María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Jorge Rosiñol Abreu (rúbrica), Luis Manuel Arias Pallares (rúbrica), Valentín González Bautista, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), secretarios; Rafael Acosta Croda, José Angelino Caamal Mena, Marco Antonio Calzada Arroyo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), Fernando Cuéllar Reyes (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), Víctor Rafael González Manríquez (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), Roy Argel Gómez Olguín, María del Rosario Merlín García, Jesús Morales Flores (rúbrica), J. Jesús Oviedo Herrera (rúbrica), Germán Pacheco Díaz (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), José Soto Martínez (rúbrica), Jorge Terán Juárez.»

EDITAR UN LIBRO CONMEMORATIVO DEL CENTENARIO DE LA TOMA DE ZACATECAS; LOS TRATADOS DE TEOLOYUCAN Y DEL INGRESO DEL EJERCITO CONSTITUCIONALISTA A LA CIUDAD DE MEXICO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a editar un libro conmemorativo del centenario de la toma de Zacatecas, los Tratados de Teoloyucan y el ingreso del Ejército Constitucionalista en la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2 fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 17 de septiembre de 2014, el diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a editar un libro conmemorativo del centenario de la toma de Zacatecas, los Tratados de Teoloyucan y el ingreso del Ejército Constitucionalista en la capital del país.

Segundo. Con fecha 18 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-7-1629, la turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su respectivo dictamen.

Tercero. Mediante oficio número CCC/LXII/3128 de fecha 22 de septiembre de 2014 la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión se reunieron el 23 de octubre de 2014, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a editar un libro conmemorativo del centenario de la toma de Zacatecas, los Tratados de Teoloyucan y el ingreso del Ejército Constitucionalista en la capital del país.

Segundo.Como antecedentes, el diputado proponente menciona que 2014 se ha caracterizado por la conmemoración del centenario de tres importantes acontecimientos vinculados a la Revolución Mexicana: La toma de Zacatecas, los Tratados de Teoloyucan y el ingreso del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México.

Los hechos históricos referidos, lamentablemente, son poco conocidos y valorados por las nuevas generaciones, ya que el conocimiento e interés por la Revolución Mexicana se va perdiendo y solamente en el ámbito institucional se hace remembranza de tan significativos momentos relacionados con esa etapa que definió el rumbo del país.

Es por ello que siendo el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) la instancia competente para contribuir al rescate y conservación de materiales documentales, bibliográficos y gráficos sobre las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido la historia nacional, como lo establece el artículo 1o. de su decreto en vigor, que el proponente considera indispensable exhortarlo para el efecto de que lleve a efecto una edición conmemorativa de los tres relevantes pasajes referidos de la historia de México.

Igualmente sostiene que la toma de Zacatecas, los Tratados de Teoloyucan y el ingreso del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México, podrán difundirse entre la sociedad mexicana para que no se pierda nuestra identidad nacional.

Tercero. Conforme al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo tiene derecho a recibir educación, la cual tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Aunado a lo anterior, el artículo 7, fracción III, de la Ley General de Educación prevé que la educación que impartan el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fortalecerá la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país.

Cuarto. En los tratados internacionales de que México es parte, también se establece el derecho humano a la educación así como a los valores constitucionales y legales que se señalaron en el considerando precedente.

Así, el artículo 1 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todos los pueblos deben establecer libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.

Igualmente en el artículo 13 (1) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales los estados parte reconocen el derecho de toda persona a la educación, además de que ésta debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Se establece en el mismo artículo que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

En el artículo 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, se ratifica el derecho de toda persona a la educación así como que deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.

Adicionalmente se indica en el artículo que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.

Quinto. Que el INEHRM es el órgano desconcentrado de la Secretaría deEducación Pública, que tiene por objeto desarrollar y colaborar en la investigación, estudio y difusión de la historia de las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas por las revoluciones que han definido la historia nacional; así como coadyuvar en la formación de especialistas en estos campos, y contribuir al rescate y conservación de materiales documentales, bibliográficos y gráficos sobre dichas transformaciones, para difundirlos entre la sociedad mexicana.

Dicho instituto fue creado bajo el nombre de Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 1953 y era un órgano de la Secretaría de Gobernación “para adquirir, concentrándolos en el Archivo General de la Nación, los documentos que se refieren a dicha revolución y planear y publicar trabajos de investigación histórica sistemática, promoviendo las medidas adecuadas para el mejor conocimiento de esa época”.

Por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1987, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana amplió sus objetivos, para coadyuvar en la formación de especialistas en su campo.

Por otra parte, el 29 de mayo de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se cambia la denominación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana por Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y se reforman los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o., fracción II del decreto por el que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana amplía sus atribuciones y objetivos”.

En ese decreto se amplió el ámbito de competencia y estudio del INEHRM a las revoluciones que han acontecido en el México independiente, entre ellas la Independencia de 1810, la Revolución liberal de 1857, la Revolución social de 1910, así como la transición democrática de finales del siglo XX.

En la página web del INEHRM se destaca que en el año 2014, se conmemoran importantes hechos como el bicentenario de la promulgación del Decreto constitucional para la Libertad de la América mexicana, conocido como la Constitución de Apatzingán, los centenarios de la defensa heroica del Puerto de Veracruz, de los Tratados de Teoloyucan y de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes.

En la misma se indica que el INEHRM ha emitido 720 publicaciones impresas y electrónicas; de ellas, 53 versan sobre la Independencia de México, 31 se ocupan de la Reforma liberal, 25 abordan temas relativos al siglo XIX, 307 giran en torno a la Revolución Mexicana, 66 están dedicadas al siglo XX, 36 se agrupan en los rubros de cronologías, Marina-Armada de México, Conmemoraciones 2010 y Conmemoraciones 2013. Por otra parte, se han editado 107 libros para el público infantil y 55 publicaciones periódicas, entre revistas, boletines y diarios conmemorativos. Producto de la utilización de las nuevas tecnologías, se han editado 40 libros en PDF, además de 417 artículos contenidos en la sección expedientes digitales de la página de Internet del INEHRM.

De igual manera, el INEHRM dispone de 5 mil 542 síntesis informativas sobre la Independencia, la segunda Intervención Francesa y la Revolución Mexicana, contenidas en nueve periódicos de la sección Días de México, que cubren los periodos 1808-1812, 1861-1862 y 1908-1912.

Sexto. Arturo Langle Ramírez, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, afirma que son dos los principales hechos históricos que registra la toma de Zacatecas y ambos de vital importancia para México: uno, el triunfo definitivo constitucionalista, y el otro, el rompimiento Carranza-Villa.

El año de 1914 marcó la senda del triunfo de las armas constitucionalistas. Todos los cuerpos del ejército e inclusive columnas volantes de segundo orden obtuvieron victorias sobre los federales. El cuerpo de ejército del noroeste, a las órdenes del general Álvaro Obregón, inició el desplazamiento hacia el sur desde Navojoa, Sonora, el 25 de marzo; tras derrotar a los gobiernistas en Acaponeta, en Tepic y en Orendáin ocupó la importante plaza de Guadalajara el 9 de julio, dirigiéndose días después a la ciudad de Querétaro a reunirse con el general Pablo González, para que ambos marcharan a Teoloyucan, estado de México, donde llegaron el 13 de agosto con la representación del primer jefe, Venustiano Carranza, para entablar las negociaciones sobre la entrega de la Ciudad de México y del gobierno mismo de Francisco Carbajal, quien ocupaba la presidencia interinamente a consecuencia de la renuncia de Victoriano Huerta; los representantes gobiernistas fueron el general José Refugio Velasco, que era el secretario de la Guerra, y Eduardo Iturbide, como autoridad civil de la Ciudad de México.

Pablo González, general en jefe del cuerpo de ejército del noreste, después de haber fracasado en octubre de 1913 en el asalto a la ciudad de Monterrey, logró finalmente su ocupación el 24 de abril de 1914, posesionándose más tarde de Saltillo y dirigiéndose posteriormente a la ciudad de Querétaro, a la que llegó el 8 de agosto, continuando hacia Teoloyucan al desempeño de la comisión ya relatada, en compañía del general Obregón.

La campaña de la División del Norte, comandada por el general Francisco Villa, había sido impresionante y los triunfos venían desde fines de 1913; en marzo de 1914 ocupaban Torreón; obtuvieron otras victorias como la de Ciudad Juárez, San Pedro de las Colonias, Paredón, etcétera, y hacia el mes de junio estaba lista para atacar Zacatecas, máxime que habían fracasado Pánfilo Natera y los hermanos Arrieta; por otra parte, ante el avance incontenible de la División del Norte, el gobierno presidido por el general Victoriano Huerta, jugándose su última carta, reunió en aquella plaza a lo mejor de su contingente, sumando un efectivo de 12 mil hombres que puso a las órdenes del general Luis Medina Barrón; los resultados como ya se mencionó fueron favorables a los constitucionalistas, pero lo más importante fue el desmoronamiento del Ejército federal, y junto con él vino la caída definitiva del gobierno de Victoriano Huerta, ya que para el 15 de julio de ese año presentaba su renuncia al Congreso de la Unión. En otras palabras fue el golpe de gracia al huertismo que, ante la falta de apoyo militar, tuvo que entregar el poder usurpado en aquellos trágicos acontecimientos de febrero de 1913.

Séptimo. Que los legisladores integrantes de esta comisión dictaminadora consideramos procedente la propuesta del diputado proponente, en razón de que, conforme a lo razonado en estos considerandos, la difusión de los hechos históricos, para fomentar la conciencia cívica entre la población es un mandato constitucional que, a la vez, constituye un derecho humano.

Por ello, es conveniente que esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al órgano desconcentrado del Ejecutivo federal, que sea competente, para que se edite un libro que recoja los últimos estudios e investigaciones sobre el centenario de la toma de Zacatecas, los Tratados de Teoloyucan y el ingreso del Ejército Constitucionalista en la capital del país y se edite el libro correspondiente.

Igualmente coincidimos en que el órgano competente para realizar esas investigaciones y edición es el INEHRM, órgano desconcentrado de la SEP, en razón de que la normatividad que le rige precisamente le faculta a realizar estas investigaciones y difundirlas, entre otros, emitiendo libros especializados.

Es por lo antes razonado que esta Comisión de Cultura y Cinematografía considera procedente aprobar en sus términos la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a editar un libro conmemorativo del centenario de la toma de Zacatecas, los Tratados de Teoloyucan y el ingreso del Ejército Constitucionalista en la capital del país.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía, pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México a editar un libro conmemorativo del centenario de la toma de Zacatecas, los Tratados de Teoloyucan y el ingreso del Ejército Constitucionalista en la capital del país.

Notas:

1. Conforme al artículo 1 del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del similar por el que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana amplía sus atribuciones y objetivos; del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública; del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación y del Acuerdo por el que se determina la coordinación ejecutiva de los programas y calendarios acordados por la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2010.

2. Disponible en http://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/El_INEHRM

3. Ver http://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Publicaciones

4. Ver Arturo Langle Ramírez, “El significado de la toma de Zacatecas”, en José Valero Silva (Editor), Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México,México, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, 1965, P. 125-133.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a ____ de ______ de 2014.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), presidenta; Raquel Jiménez Cerillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Angélica Carreño Mijares (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán (rúbrica), Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Alejandro Sánchez Camacho, Ana Paola López Birlain, María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes.»

DECRETO EXPROPIATORIO RESPECTO AL PREDIO QUE OCUPA EL CENTRO CULTURAL POLYFORUM SIQUEIROS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal que realice gestiones a fin de emitir el decreto expropiatorio sobre el predio que ocupa el centro cultural Polyforum Siqueiros

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 157, numeral 1, fracción I, y 158 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 3 de septiembre de dos mil catorce,  la diputada Zuleyma Huidobro González y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de esta LXII Legislatura, la proposición con punto de acuerdo por el cual se le solicita al Ejecutivo federal realice las gestiones necesarias a fin de emitir decreto expropiatorio respecto del predio que ocupa el Centro Cultural Polyfórum Siqueiros.

Segundo. Con fecha 9 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio  número D.G.P.L. 62-II-4-1677, la turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía para su respectivo dictamen.

Tercero. Con fecha 6 de octubre de 2014, la Subdirección General del Patrimonio Artístico Inmueble, envió oficio SGPAI/2502/2014 dirigido a la Presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía, signado por el doctor Xavier Guzmán Urbiola, subdirector general, mediante el cual se informa que después del análisis de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Zuleyma Huidobro González y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano, el Instituto Nacional de Bellas Artes reitera que buscará mediante el diálogo llegar a una conciliación de intereses con los propietarios del inmueble, que permita al INBA actuar dentro del marco de su competencia para preservar el patrimonio declarado monumento artístico, y con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, respetar los derechos del propietario.

Asimismo, consideran que de común acuerdo se pueden instrumentar mecanismos y fuentes de financiamiento para restaurar y preservar el Polyfórum Cultural Siqueiros, sin necesidad de afectar el Monumento Artístico en su integridad, ni patrimonialmente a sus propietarios.

Por último, señalan que se requiere evaluar la relación costo/beneficio de una expropiación y si las causas de utilidad pública son lo suficientemente justificables para proceder en consecuencia.   

Cuarto.Mediante oficio número CCC/LXII/3049 de fecha once de septiembre de dos mil catorce la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la proposición con punto de acuerdo turnada, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Quinto. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el veintitrés de octubre de dos mil catorce, para dictaminar la proposición señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que esta comisión es competente para conocer y resolver respecto de la proposición con punto de acuerdo por el cual se le solicita al Ejecutivo federal realice las gestiones necesarias con el fin de emitir decreto expropiatorio respecto del predio que ocupa el Centro Cultural Polyfórum Siqueiros.

Segundo.Como antecedentes, los diputados proponentes mencionan que en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la que tiene el derecho de transmitir el dominio a los particulares, constituyéndose así la propiedad privada. Y que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Que la Ley de Expropiación en el artículo 1, fracción IV, señala como causa de utilidad pública para que proceda la ejecución de una expropiación, la conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional.

Que conforme a los artículos 2 y 4 del ordenamiento arriba mencionado, es competencia del Ejecutivo Federal emitir la declaratoria de utilidad y publicar el decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, mencionan que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, prevé en el artículo 38 que las zonas y monumentos estarán sujetos a la jurisdicción de los poderes federales, en los términos prescritos por la ley y su reglamento.

Tercero. Los diputados refieren que el 18 de julio de 1980, mediante decreto emitido por el entonces presidente de la República, José López Portillo, el Polyfórum Siqueiros fue declarado Monumento Artístico Nacional, estableciéndose en el documento lo siguiente:

Artículo 1. Se declara monumento artístico nacional la totalidad de la obra del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, incluyendo la del caballete, la obra gráfica, los murales y los documentos técnicos, sean de propiedad nacional o de particulares.

Artículo 2. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura será el organismo competente para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y Reglamento, respecto de la obra de David Alfaro Siqueiros, declarada monumento artístico por el presente decreto.

Artículo 3. Los propietarios o poseedores de obras realizadas por David Alfaro Siqueiros tendrán las siguientes obligaciones:

I. Inscribirlas en el registro público de monumentos y zonas artísticas, dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;

II. Dar aviso al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura;

a) Del cambio de propietario o poseedor de las obras de su enajenación y de cualquier transacción que sobre ellos se realice. Tratándose de operaciones translativas de dominio, deberán hacerse constar en escritura pública;

b) De todo cambio de lugar en que se depositen las obras, cuando el cambio sea solamente temporal.

Artículo 4. Los propietarios o poseedores de las obras a que se refiere este decreto solo podrán llevar a cabo reparaciones o restauraciones en las miomas, mediante autorización que al efecto expida el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, por lo que se deberán dar aviso al propio instituto de cualquier alteración, cambio o deterioro que observen en ellas.

Artículo 5. La reproducción de las obras de la presente declaratoria solo podrá hacerse con autorización del instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Si dicha reproducción se hace con fines comerciales, el Instituto fijará los derechos que deban cubrirse y en su caso se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Derechos de Autor.

Artículo 6. Queda prohibida la exportación de las obras del artista mexicano David Alfaro Siqueiros. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura podrá autorizar excepcionalmente la exportación temporal de una o varias de dichas obras, siempre que se otorguen las garantías necesarias para asegurar su reingreso al país; o bien, de manera definitiva cuando sean adquiridas por museos o galería de exposiciones de reconocido prestigio, con el fin de ser exhibidas públicamente en condiciones convenientes para el interés cultural de México.

Artículo 7. La falta de cumplimiento a las disposiciones del presente decreto será sancionada en los términos de los preceptos legales aplicables.

Cuarto. Que la problemática que se expone en esta proposición, comenzó durante el sexenio pasado, cuando la administración del INBA le dio al propietario del Polyfórum Cultural Siqueiros, el ciudadano Alfredo Suárez Ruiz, un permiso para reubicar los murales y construir un nuevo complejo, así también, se dio a conocer la intención de querer mover los murales de David Alfaro Siqueiros y construir en su lugar una Torre de uso comercial de 57 pisos. Esto a pesar de existir más de 35 mil firmas ciudadanas que buscan impedir el daño a la obra artística, así como frenar el crecimiento desmedido de una zona a punto de colapsar.

Que el proyecto que se pretende levantar en el lugar, busca convertir al centro de eventos en un edificio de 48 pisos, más nueve de estacionamiento, el cual contará con departamentos, hotel, oficinas y comercios, y que así lo detalla el documento que tiene acuse de recibo de la Dirección General de Regulación Ambiental del gobierno del Distrito Federal.

Que se ha dado a conocer que en la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno del Distrito Federal, se han realizado dos solicitudes de certificado único de zonificación de uso de suelo, respecto del predio donde se encuentra el Polyfórum Siqueiros, en fecha 12 de marzo de 2013 y 10 de abril de 2014 respectivamente.

Señalan que los dueños del terreno donde se encuentra la obra mural, dicen no contar con los recursos necesarios para el mantenimiento del inmueble y de la obra, y que parte de ello se debe a que ha funcionado como institución privada y que después de más de cuatro décadas, resulta insostenible.

Que es necesario que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura preserve jurídica y materialmente las obras declaradas como monumento artístico, como es el caso del Polyfórum Siqueiros, por tratarse de una institución federal normativa responsable de salvaguardar la obra de David Alfaro Siqueiros.

Quinto. Que con fecha 31 de mayo de 2014, el ciudadano Alfredo Suárez Ruiz propietario del Polyfórum Cultural Siqueiros, interpuso un amparo indirecto en contra de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos del Instituto Nacional de las Bellas Artes, para defender sus derechos como propietario, cuyo número de expediente es el 646/2014, el cual fue radicado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.

Que con fecha 11 de agosto de 2014 se emitió sentencia, cuyos resolutivos fueron el sobreseimiento del juicio de amparo y no amparar ni proteger al quejoso ciudadano Alfredo

Suárez Ruiz, por no acreditar una autorización previa para el cambio de ubicación del monumento artístico.

Que con fecha 25 de junio de 2014, mediante oficio número CP2R2A.- 1256 el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza hizo del conocimiento de la Diputada proponente el Oficio de la Coordinación de Enlace con el H. Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, que contenía la respuesta al Acuerdo de la Comisión Permanente, de fecha 28 de mayo de 2014 relativo a la preservación del Polyfórum Cultural Siqueiros, en donde se destaca lo siguiente:

– Con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y su Reglamento, corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) su protección y preservación.

– El Polyfórum Cultural Siqueiros es un inmueble indivisible de la obra artística a la que está asociada. El inmueble como los interiores y exteriores están declarados Monumento Artístico Nacional.

– Que el 28 de octubre de 2013, el ciudadano Alfredo Suárez Ruiz presentó ante la Subdirección General de Patrimonio Artístico Mueble del INBAL, un proyecto para desplazar el Polyfórum 30 metros hacia Insurgentes con la intención de desarrollar un proyecto inmobiliario en el predio.

– Que en fecha 14 de marzo de 2014, la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos emitió opinión en sentido de la no pertinencia de mover el monumento artístico, la cual le fue notificada al subdirector general de Patrimonio Artístico Inmueble.

– Que con fecha 24 de abril de 2014, el juez primero de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal notificó al INBAL la demanda de amparo promovida por el ciudadano Alfredo Suárez Ruiz en donde consideraba violación a sus derechos, en virtud de que la opinión emitida por la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos revoca una supuesta autorización otorgada el 30 de noviembre de 2012.

Sexto.Que en enero de 2014, la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble, el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes, realizaron un análisis de las condiciones técnicas para la restauración del Polyfórum Siqueiros, dando cuenta detallada del creciente deterioro del inmueble.

Mencionan los diputados que se trata de una causa de orden público y de interés social, por tratarse del Patrimonio Artístico y Cultural de la Nación, por lo que se conmina al Ejecutivo federal para que emita el decreto expropiatorio en términos de la Ley de Expropiación vigente y demás ordenamientos aplicables.

Que el Polyfórum Cultural Siqueiros alberga la obra mural de David Alfaro Siqueiros, es decir, se encuentra parte de la historia mural de nuestro país y con ello parte de la identidad cultural a través de la historia plasmada en murales.

Los diputados proponentes señalan que al término de la Revolución Mexicana surgió un movimiento artístico denominado “muralismo” que proponía plasmar la realidad mexicana en obras monumentales, entre sus principales exponentes se encontraban Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, los cuales con cada uno de sus estilos y técnicas, constituyeron la crónica de la lucha y la historia del pueblo mexicano, influyendo en la plástica contemporánea iberoamericana.

Asimismo, que el muralismo en México no sólo representó una expresión artística, sino una falange de la Revolución de 1910 y su idealismo sociopolítico y con el propósito de que existiera un espacio que albergara la obra cumbre del muralista mexicano y en el que se llamara a los hombres a establecer la libertad, el bienestar y la justicia sobre la tierra por medio del arte, se construyó un espacio exclusivamente para el pintor, al cual se le denominaría como Polyfórum Siqueiros.

Que los diputados de Movimiento Ciudadano coinciden en que “la cultura es concebida como el conjunto de rasgos que caracterizan e identifican a una sociedad o a un grupo social dentro de los cuales destacan las diversas manifestaciones artísticas, cosmovisiones, modos de vida, tradiciones, creencias, festividades, formas de interacción y sistemas de valores y forman parte del patrimonio de la sociedad en su conjunto.” Así también, consideran que los diputados tienen la obligación de representar los intereses de los ciudadanos y de la Nación en términos del artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y que ante la nueva evidencia que existe, derivada de los informes que se han dado a conocer del Polyfórum Cultural Siqueiros, donde se demuestra que el ciudadano Alfredo Suárez Ruiz lo tiene en estado de deterioro y no piensa en su cuidado sino en negocios personales, los diputados proponentes señalan que el punto de acuerdo que se analiza, es un paso para tratar de preservar el patrimonio artístico y cultural del país, anteponiendo el interés público, sobre los intereses de un particular.

Séptimo.Para el análisis del presente punto de acuerdo, es importante destacar que en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en México en el año 1982, se define en un sentido amplio a la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”

También, la conferencia señala que el patrimonio cultural comprende “las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas.”

En este sentido, la preservación y cuidado del patrimonio cultural ha sido un tema constante a nivel internacional, con el propósito de que sea incluido como parte fundamental dentro de las políticas públicas de los gobiernos, que contribuirá a reafirmar su identidad cultural y con la finalidad de conservar el patrimonio cultural de la humanidad.

Por ello, los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en la materia, han dado como resultado la creación de un marco jurídico que regula el patrimonio cultural, a través de normas para la conservación de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Es el caso de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, cuyo objeto es de interés social y nacional, y sus disposiciones de orden público.

La mencionada ley establece que la responsabilidad primordial en la preservación del patrimonio cultural en el país corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en lo referente a custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los períodos prehispánico, virreynal y siglo XIX y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en lo relativo al patrimonio artístico del siglo XX.

Para el caso que nos ocupa, el Centro Cultural Polyfórum Siqueiros se describe en su página web, como un foro múltiple en donde se realizan actividades de carácter cultural, político y social, que consta de varios espacios: el Foro Universal, el Espacio Arte Emergente (EAE), la tienda, el teatro y las oficinas administrativas; y en donde los doce paneles exteriores del edificio y el mural “La Marcha de la Humanidad”, suman un total de 8 mil 700 metros cuadrados de la muestra más importante y representativa del muralismo mexicano.

Su exterior tiene forma de dodecaedro, decorado con doce piezas complementadas en altorrelieve: El Liderato, El Árbol Seco y El Árbol Renacido, El Circo, Alto a la Agresión, Moisés Rompe las Tablas de la Ley, El Cristo Líder, La Danza, La Huida, Invierno y Verano, El Mestizaje, La Música y El Átomo.

Asimismo, tiene una barda de sesenta metros de largo por seis metros de alto, que en la parte superior presenta varias siluetas humanas estilizadas que van de un extremo a otro y en donde la última figura funge como una línea de fuerza que dirige la atención hacia el dodecágono. Su segmento inferior está cubierto con pedacería metálica.

En el interior de la barda, para celebrar el cincuentenario del movimiento muralista mexicano (1921-1971), David Alfaro Siqueiros personificó los retratos de Diego

Rivera, José Clemente Orozco, José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez y Gerardo Murillo (Dr. Atl).

En medio de los retratos de Orozco y Posada se encuentra una escultura realizada por Armando Ortega, que representa a un ser carbonizado, simbolizando el renacer del hombre a pesar de todas sus muertes.

Por último, en la misma página web se describe la misión del Centro Cultural la que es: “promover, difundir y preservar la obra escultopictórica del maestro David Alfaro Siqueiros y posicionar el Polyfórum al nivel de los mejores museos internacionales. Así mismo incentivar a través del arte y la cultura a descubrir el profundo contenido y la relevante aportación del muralismo en el ámbito universal.”

En este orden de ideas, los diputados proponentes mencionan que el 18 de julio de 1980, mediante Decreto del Presidente José López Portillo, el Polyfórum Siqueiros fue declarado Monumento Artístico Nacional, comprendiendo la totalidad de la obra del artista mexicano David Alfaro Siqueiros, incluyendo la del caballete, la obra gráfica, los murales y los documentos técnicos de propiedad nacional o de particulares.

En este sentido, el artículo 33 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante, para lo cual se atenderá a alguna de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas. Para los bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano.

Señala la misma ley, que la obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.

Asimismo, su artículo 38 estipula que las zonas de monumentos estarán sujetas a la jurisdicción de los poderes federales en los términos prescritos por la ley y su reglamento.

Conforme lo arriba mencionado, la problemática que se analiza en el presente dictamen, consiste en que el terreno donde se ubica el Centro Cultural Polyfórum Siqueiros pertenece al ciudadano Alfredo Suárez Ruiz, concurriendo el derecho de propiedad privada, con el interés social de preservar un monumento artístico que forma parte del patrimonio cultural de la nación.

En relación con lo anterior, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 27 que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, esta tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.

Asimismo, dentro del mismo artículo se establece una limitación a este derecho de propiedad privada, denominada expropiación, la cual sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el siguiente sentido:

Época: Novena Época

Registro: 175498

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXIII, Marzo de 2006

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 37/2006

Página: 1481

Propiedad Privada. El derecho relativo está limitado por su función social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, 16 y principalmente el 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada; sin embargo, lo delimita fijando su contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel derecho, la Constitución Federal lo limita a su función social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad privada por causas de interés público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad sino que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente la norma fundamental.

Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Colima. 24 de noviembre de 2005. Mayoría de nueve votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el dieciséis de febrero en curso, aprobó, con el número 37/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil seis.

Respecto a la figura jurídica de expropiación contemplada en la Carta Magna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente Tesis Aislada:

Época: Octava Época

Registro: 230066

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo II, Segunda Parte-1, julio-diciembre de 1988

Materia(s): Administrativa

Tesis:

Página: 259

Expropiación está sujeta a que exista un caso de utilidad pública.

La garantía de seguridad jurídica de las personas exige la intervención y tramitación del expediente administrativo de expropiación, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo tercero de la ley de la materia, en donde se prueba que el bien raíz afectado es el indispensable para la satisfacción del interés social, con los estudios técnicos, proyectos, planos y demás elementos que cada caso requiera. La falta de dicho expediente produce la ilegalidad del acto expropiatorio, por ausencia de motivos y fundamentos, puesto que al no estar demostrada la necesidad de ocupar por esta vía la propiedad privada, en modo alguno puede decirse que existe una causa de utilidad pública.

Revisión administrativa 2533/88. Autotransportes San Pedro Santa Clara, kilómetro 20, SA de CV. 8 de diciembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: Atzimba Martínez Nolasco.

Revisión administrativa 2013/88. Teresa Marín Lama viuda de González, sucesión. 15 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alberto Pérez Dayán.

En este sentido, los diputados señalan en los antecedentes del punto de acuerdo, la intención del ciudadano Alfredo Suárez Ruiz de reubicar los murales del Centro Cultural Polyfórum Siqueiros para construir un nuevo complejo que constaría de 57 pisos, los cuales tendrían uso de departamentos, hotel, oficinas y comercios.

Además, mencionan que a decir de los dueños del terreno, no cuentan con los recursos necesarios para el mantenimiento del inmueble y de la obra, ya que ha funcionado como institución privada y que después de más de cuatro décadas resulta insostenible.

Por último, manifiestan que ante la nueva evidencia que existe derivada de los informes que se han dado a conocer del Polyfórum Siqueiros, se demuestra que el complejo se encuentra en un estado de deterioro progresivo.

Si bien, durante más de cuatro décadas los dueños del terreno donde se encuentra el complejo habían podido sostener los costos de mantenimiento del recinto, es evidente que ya no se encuentran en posibilidad de alcanzar los objetivos en beneficio de la colectividad, es decir, el cuidado y preservación de la obra artística que en ella se encuentra, sumado al hecho de querer reubicar los murales, lo cual podría generar daños a la obra artística, hace imperiosa la necesidad de que el Ejecutivo federal, por tratarse de una causa de orden público e interés social, adopte las medidas jurídicas necesarias a fin de evitar la pérdida de la obra del muralista David Alfaro Siqueiros y que forma parte del patrimonio cultural de nuestra nación.

Como se mencionó con anterioridad, la expropiación sólo puede hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, por lo que para su realización deberá acreditarse plenamente la causal de utilidad pública con base en los dictámenes técnicos correspondientes, así como la adecuada integración del expediente administrativo de expropiación.

Para ello, la Ley de Expropiación en su artículo 1, fracción IV, contempla dentro de las causas de utilidad pública la de conservación de los lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edificios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las cosas que se consideran como características notables de nuestra cultura nacional.

Asimismo, la secretaría de Estado competente será la encargada de emitir la declaratoria de utilidad pública y posteriormente, el Ejecutivo federal deberá emitir declaratoria de expropiación mediante decreto que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Cabe mencionar que dentro del procedimiento que establece la ley para llevar a cabo la expropiación, se establecen garantías para los interesados, quienes podrán manifestar lo que a su derecho convenga y presentar las pruebas que estimen pertinentes; al desahogo de pruebas; a presentar alegatos conforme a los plazos establecidos; así como a impugnar la resolución a través del juicio de amparo.

Octavo.La dictaminadora coincide con los propósitos plasmados en la proposición que se analiza,  ya que la garantía de preservación del patrimonio cultural es determinante para que permanezca en el tiempo y continúe alimentando a generaciones posteriores, por ello, el Estado mexicano ha implementado diversas formas  legislativas y administrativas para su protección.

Estamos ciertos de que la gran riqueza del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la nación, son también ejemplo de pluralidad cultural de este país, pero sobre todo de nuestra gran riqueza cultural, por lo que Centro Cultural Polyfórum Siqueiros, al ser una obra magistral de gran relevancia, se considera de suma importancia su protección y conservación a través de la aplicación de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley de Expropiación y la demás normatividad aplicable en la materia, que contribuya a la preservación de este patrimonio cultural.

Con base en lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión de Cultura y Cinematografía pone a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Artículo Único.La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal realice las gestiones necesarias a fin de emitir decreto expropiatorio respecto del predio que ocupa el Centro Cultural Polyfórum Siqueiros.

Notas:

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/1191941 3801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf

2 Ídem

3 Polyfórum Siqueiros.  http://www.polyforumsiqueiros.com/htmls/conocenos/conocenos_01.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a__ de_____ de 2014.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados:Margarita Saldaña Hernández (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías, Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Zuleyma Huidobro González (rúbrica), Bárbara Gabriela Romo Fonseca (rúbrica), Hugo Jarquín, Roberto López González (rúbrica), Víctor Oswaldo Fuentes Solís (rúbrica), Angelina Carreño Mijares (rúbrica), secretarios; Claudia Elena Águila Torres, Alma Jeanny Arroyo Ruiz, Juana Bonilla Jaime, Frine Soraya Córdova Morán, Blanca Estela Gómez Carmona, Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), José Martín López Cisneros, María Carmen López Segura (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz, Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Martín de Jesús Vásquez Villanueva, Alejandro Sánchez Camacho, Ana Paola López Birláin, María Isabel Ortiz Mantilla, Carlos Bernardo Guzmán Cervantes.»

DESIGNE AL MIEMBRO TITULAR VACANTE DEL PLENO DE LA COMISION DE APELACION Y ARBITRAJE DEL DEPORTE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a designar al miembro titular vacante del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte para garantizar la debida integración y funcionamiento del órgano colegiado

Honorable Asamblea:

La Comisión de Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente

Dictamen

I. Antecedentes

1. El pasado 18 de septiembre de 2014, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, suscribieron una Proposición con punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara de Diputados, para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a fin de designar al miembro titular vacante del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.

2. El pasado 25 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva turnó a la Comisión del Deporte para efectos de análisis y dictamen el asunto mencionado en el numeral anterior, mediante el número de expediente 5028, a través del oficio No. D.G.P.L. 62-II-1-2054.

II. Contenido de la proposición

a) Las y los diputados integrantes de la Comisión, argumentan que la actual Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, en sus artículos 78 y 79, establece que la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) es como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, que tiene por objeto, entre otros, conocer y resolver el recurso de apelación sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona física o moral inscrita en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) o cualquiera de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos, que afecten los derechos deportivos reconocidos a favor del apelante, en la misma ley o en los reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen.

Asimismo, dicho organismo es el encargado de conciliar dentro del proceso de recurso de apelación e intervenir como panel de arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos.

b) De igual forma se argumenta que el artículo 80 de la citada ley prevé que la integración de la CAAD, a través de un pleno, de unidades administrativas y de oficinas regionales, necesarias para el cabal desempeño de sus funciones. Respecto del pleno, éste se integrará por un presidente y cuatro miembros titulares que son designados por el titular del Ejecutivo federal, por un periodo de tres años, pudiendo ser reelectos un periodo más. Estos nombramientos deberán recaer en personas con profesión de licenciado en derecho o abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo, reconocido prestigio y calidad moral.

Actualmente la CAAD se encuentra conformada por un presidente y tres miembros titulares ratificados por el titular del Poder Ejecutivo federal para el periodo 2013-2016. Lo anterior debido a que el 1 de febrero de 2013, hizo efectiva su renuncia uno de los cuatro miembros titulares, misma que fue comunicada mediante escrito de fecha 17 de enero de 2013, al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto.

c) En tal sentido, la naturaleza jurídica de la CAAD como órgano colegiado, requiere que sus resoluciones sean adoptadas por mayoría de votos; esto es, tres de cinco; no obstante lo anterior; la actual integración y funcionamiento del citado órgano –Un presidente y tres miembros titulares- hace inminente la posibilidad de empate en cualquiera de las resoluciones que éste adopte y, al mismo tiempo limita el cumplimiento eficaz y oportuno al momento de conocer y resolver recursos de apelación, arbitraje, mediación y conciliación, debido a que estos medios de solución de conflictos se aprueban por mayoría de votos.

d) Ante tal panorama, las diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión de Deporte, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proponen mediante la proposición objeto del presente dictamen, exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones en materia de deporte, designe al miembro titular vacante del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, con el objeto de garantizar la debida integración y funcionamiento de dicho órgano colegiado.

III. Análisis, discusión y valoración de la proposición

a) Las y los integrantes de la Comisión de Deporte analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen, en la reunión ordinaria realizada para tal finalidad.

b) En este tenor, la proposición objeto del presente dictamen presenta congruencia con el marco normativo vigente y es de vital importancia resaltar, que la CAAD es un organismo que tiene 22 años de funcionamiento, su creación se origina con la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte de 1990 y se constituye en 1992, y ha evolucionado en relación a sus atribuciones, tras las reformas a la Ley General del Deporte del año 2000, la Ley General de Cultura Física y Deporte de 2003, y sus reformas en 2013.

c) La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones, se integra por un pleno y por unidades administrativas y oficinas regionales.

d) La CAAD tiene entre sus funciones, el conocer y resolver los Recursos de apelación, el Arbitraje, la Mediación y Conciliación que ante éste órgano se presenten, respecto de controversias de naturaleza jurídica deportiva que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, con la organización y competencia que la Ley establece; entendiendo que ejerce atribuciones materialmente jurisdiccionales.

e) La CAAD cuenta con figuras jurídicas tan importantes, como lo es la Suspensión provisional y definitiva del acto impugnado y la suplencia de la queja, las cuales dotan de certeza jurídica a quienes acuden a este órgano de justicia, por la posible violación a sus derechos deportivos.

f) En este contexto, la existencia de medios alternativos de solución de controversias, la posibilidad de imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio, la agilidad en el desahogo de los procedimientos, la autonomía técnica y administrativa y la ampliación de atribuciones, han sido factores decisivos para que la CAAD haya recurrido a la instalación de oficinas regionales, áreas de mediación y de compilación y sistematización de criterios generales.

g) No obstante lo anterior, el pleno de la CAAD tiene más de un año funcionando con la falta de un integrante, cuyo nombramiento es atribución del Ejecutivo federal.

Ante esta situación, es necesario puntualizar que las resoluciones emitidas por este tipo de órganos colegiados, constituyen actos que implican el resultado de la colaboración de varias y diversas voluntades, por ello; el funcionamiento de estos órganos debe basarse dentro de las disposiciones legales que regulan su actuación, no solamente para garantizar que esta manifestación de la voluntad por parte de los miembros integrantes del órgano colegiado sea protegida y expresada, en condiciones de equidad y con la certeza de que en esta decisión que afectará a terceros, se hayan cumplido todos los requisitos para que ésta tenga plena validez jurídica.

h) En virtud de lo anterior, las sesiones de este órgano colegiado, suponen la confluencia en lugar y tiempo determinados, de un número mínimo de miembros integrantes de este órgano colegiado a efecto de conformar la resolución colectiva en términos de legalidad; condición sine qua non para estar en posibilidad de emitir todo tipo de acuerdo así como para considerar válidas las sesiones celebradas y todo tipo de votación que en ellas se lleve a cabo.

i) Por las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones en materia de deporte, designe al miembro titular vacante del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, con el objeto de garantizar la debida integración y funcionamiento de dicho órgano colegiado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de octubre de dos mil catorce.

La Comisión de Deporte, diputados: Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre, William Renán Sosa Altamira (rúbrica), Regina Vázquez Saut (rúbrica), Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera (rúbrica), Gabriela Medrano Galindo, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), Jorge Salgado Parra, Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica).»

COORDINEN, OPEREN Y ACTUALICEN LOS REGISTROS NACIONAL Y ESTATALES DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL INFANTIL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y del Distrito Federal a coordinar, operar y actualizar los registros nacional y estatales de los centros de atención, como dispone la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y del Distrito Federal a coordinar, operar y actualizar los Registros Nacional y Estatales de los Centros de Atención, como dispone la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada el 4 de septiembre de 2014, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se por el que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos federal, estatales y del Distrito Federal a coordinar, operar y actualizar los Registros Nacional y Estatales de los Centros de Atención, como dispone la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Segundo. La misma fue turnada con el número de expediente 4870 a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente manifiesta que, una vez más hemos visto la falta de un registro, control y responsabilidad de los encargados de las instituciones que albergan a niñas, niños y adolescentes que por situaciones de abandono, administrativas, judiciales y de otra índole, se encuentran de albergues, casas hogar, casas de asistencia en total desprotección, existiendo un gran déficit de datos y de información confiable que permita conocer su situación y de esta manera elaborar políticas públicas eficaces, de seguimiento y evaluación. Miles de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental hoy en día, se encuentran en total desamparo.

Menciona que es injustificable que después de tres años de ser aprobada la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, no exista como lo marca la Ley un Registro Nacional de Centros de Atención.

De igual forma señala que el 18 de abril de 2013 fue presentada una iniciativa que expedía la Ley de Coordinación y Control de las Instituciones de Asistencia Social y Responsables de la Tutela de Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de crear un nuevo ordenamiento jurídico que tenga por objeto establecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y sus órganos político-administrativos, para el control de las instituciones de asistencia social responsables de la tutela de las niñas, niños y adolescentes. Facultar a la Secretaría de Gobernación, para conocer el registro de identificación de niñas, niños y adolescentes en instituciones de asistencia social.

Determina que este no es tema nuevo, pues la carencia de controles y los riesgos para la población infantil institucionalizada se hicieron patentes desde que se dio la desaparición de varios niños en una casa hogar llamada “Casitas del Sur” en el Distrito Federal en el 2009, quedando al descubierto todas las irregularidades que existían. Otro caso más salió a la luz el pasado mes de junio del presente año, agentes de la Procuraduría General de Justicia de Puebla señalan que rescataron a 33 menores de edad y 10 jóvenes de una casa hogar, presuntas víctimas de violencia y otros ilícitos.

En este mes también fuimos informados de una operación conjunta entre el gobierno federal y de Michoacán, donde informaron que se rescataron a casi 600 persona, de las cuales 462 son menores de edad, derivado de diversas denuncias hacia la casa hogar denominada “La Gran Familia”, en donde se presume eran víctimas de abusos sexuales y psicológicos, que vivían en condiciones inhumanas, operación en la que inclusive participó el Ejército para intervenir este albergue que operaba como internado.

Por último argumenta que, si bien la Ley de Asistencia Social, establece en el capítulo IX que la supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las normas mexicanas, corresponde a la Secretaría de Salud a través del organismo y a las autoridades locales, además de que serán coadyuvantes del organismo en la supervisión, los Sistemas Estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia y las juntas de asistencia privada u órganos similares, ésta no se cumple.

Por tanto, consideramos que es apremiante que exista un control estricto de todos los menores de edad de su salud y su condición jurídica. Es necesario además, establecer en el Reglamento de la ley, los mínimos de información que deben proporcionar para la conformación del registro. Es claro que si no se ve de manera integral el problema, seguiremos escuchando casos lamentables como los que aquí se han mencionado y seguiremos teniendo más deudas sociales con nuestra niñez.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos, federal, estatales y del Distrito Federal, para que coordinen, operen y actualicen los Registros Nacional y Estatales de los Centros de Atención, como lo mandata la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos, federal, estatales y del Distrito Federal, a efecto de que realicen las acciones necesarias para la instrumentación de un control estricto y un registro actualizado de las y los niños, su estado de salud y situación jurídica, que se encuentran en los Centros de Atención previstos en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Consideraciones

Primera.La comisión dictaminadora considera que la protección de niñas y niños es una tarea del Estado mexicano que debe realizar vigilando periódicamente los lugares o centros en donde son albergados las niñas y los niños, con objeto que tengan la máxima seguridad para su bienestar y desarrollo pleno de sus personas, como lo indica el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Es importante el registro de la identidad de las niñas y niños para tener conocimiento de su origen y personalidad, con lo cual se contribuye a que estos menores de edad en algún momento de su vida puedan ser localizados de inmediato, en caso de, alguna desaparición forzosa. Por esas causas, se considera se debe tomar en cuenta lo que en la Convención sobre los del Niño se hace mención claramente de la identidad del niño, en el artículo 8, que los Estados parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados parte deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

Además, el registro es el resultado necesario para asegurar una identidad jurídica, la cual a su vez es necesaria para garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la convención. Se ha señalado que el registro de nacimiento es uno de los derechos humanos fundamentales. No sólo otorga al niño o niña el reconocimiento legal de su existencia e identidad, sino que además señala que pertenece a una familia, a una comunidad y a una nación. Demuestra que la niña o el niño tiene un lugar en todas y cada una de dichas instituciones.  Abre el camino a los demás derechos, como el acceso a los servicios sanitarios y a la educación, ofrece protección contra la discriminación y el abandono, determina el tratamiento por parte del sistema jurídico y dura toda la vida, garantizando el derecho del individuo a ocupar su puesto en la vida social y política del país.

Segunda.El gobierno federal, de los estados y del Distrito Federal, deben reforzar esfuerzos de acuerdo con sus respectivas competencias, para vigilar los centros de atención infantil y guarderías que sus registros estén actualizados, con la finalidad que la población infantil que acuda a estos lugares esté protegida.

Con lo que se velará por el interés superior del niño, que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo octavo, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Es urgente que los Poderes Legislativos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, legislen para que se constituya un Registro Nacional para los Centros de Desarrollo Integral Infantil y guarderías establecida en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con lo que se contribuirá con el cuidado y protección de la niñez mexicana. De esta manera el Registro Nacional se coordinará con los Registros Estatales de los Centros de Atención.

Tercera.No podemos negar la gran importancia social que tienen los Centros de Atención, pues en sus manos se deja la enorme responsabilidad del cuidado de miles de niñas y niños, además de bridar ayuda a madres y padres trabajadores; pero es necesario lograr concretar el equilibrio que se necesita en su operación, para que estas puedan seguir existiendo y sigan colaborando en el desarrollo y bienestar de nuestros niños y niñas.

La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, impulsada por ciudadanas y ciudadanos, que se publicó hace 4 años con la finalidad de garantizar que los Centros de Atención Infantil del país cuenten principalmente con requisitos de seguridad y protección civil, y así evitar tragedias como la ocurrida en 2009, aún no es del todo operativa; esto a consecuencia del atraso que han tenido las entidades en armonizar su legislación y por falta de reglamentos locales para su funcionamiento; hasta hoy, solo Colima, Sonora, estado de México, Puebla, Yucatán, Baja California y Jalisco lo han hecho; mientras que el Distrito Federal y Tabasco están en proceso; solo Jalisco la ha reglamentado e instalado. Cuatro años, es demasiado tiempo para armonizar las leyes locales con la ya mencionada ley, pues tomemos en cuenta que se encuentra de por medio el “interés superior de la niñez”.

En relación con este punto de acuerdo, este atraso provoca que no se pueda actualizar el Registro Nacional de los Centros de Atención que la ley ya antes citada estipula; por lo que es urgente que el gobierno federal lleve a cabo las acciones necesarias para actualizar y operar el respectivo registro, además de que los Congresos locales den celeridad a la legislación respectiva, y por consiguiente, operen, actualicen  y coordinen sus registros de los centros de atención para así llevarse a cabo correctamente el Registro Nacional de los Centros de Atención.

Por tanto, en la Comisión de Derechos de la Niñez estamos conscientes que el cuidado y protección de las y los niños en nuestro país es una labor en la cual toda la sociedad debemos estar inmersos, pero principalmente los tres niveles de gobierno, quienes tienen una mayor responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las leyes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos, federal, estatales y del Distrito Federal, para que coordinen, operen y actualicen los Registros Nacional y Estatales de los Centros de Atención, como lo mandata la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos, federal, estatales y del Distrito Federal, a efecto de que realicen las acciones necesarias para la instrumentación de un control estricto y un registro actualizado de las y los niños, su estado de salud y situación jurídica, que se encuentran en los Centros de Atención previstos en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena, Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Alberto Anaya Gutiérrez, Mirna Velázquez López (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz.»

DERRAME DE HIDROCARBUROS AL RIO SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA, NUEVO LEON

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de Nuevo León a llevar a cabo, conforme a sus atribuciones, acciones para agilizar la mitigación, el saneamiento y la remediación de las afectaciones ambientales causadas por el derrame de hidrocarburos al río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León

Honorable Asamblea:

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 79, numeral 1, fracción II, 80, numeral 1, fracción VI, 85 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de septiembre de 2014, María del Socorro Ceseñas Chapa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), al procurador federal de Protección al Ambiente (Profepa) y al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a reparar los daños causados al río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León, y promover ante las instancias correspondientes el deslinde de responsabilidades de los involucrados.

Segundo. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para análisis y dictamen.

Tercero.En sesión plenaria de la Cámara de Diputados celebrada el 4 de septiembre de 2014, María de Jesús Huerta Rea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Desarrollo Sustentable, y de Salud de Nuevo León, así como a las representaciones de la Profepa y de la Conagua en la misma entidad, que agilicen las acciones de limpieza y mitigación del daño necesarias, ante las afectaciones causadas con el derrame de crudo, ocurrido en el río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León.

Cuarto. En la misma reunión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, turnándolo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para análisis y dictamen.

II. Contenido de la proposición

La legisladora proponente diputada María del Socorro Ceseñas Chapa informa que la explotación de una “toma clandestina” de petróleo crudo en Cadereyta, Nuevo León, provocó una fuga que alcanzó la corriente del río San Juan el 17 de agosto del presente año. Mediante el boletín de prensa regional número 74, Pemex informó lo siguiente: “técnicos especializados controlaron un derrame de hidrocarburo provocado por una toma clandestina instalada en el oleoducto Madero-Cadereyta, en las inmediaciones del poblado San Juan, del mismo municipio”.

La legisladora considera importante destacar que Cadereyta es uno de los principales municipios del estado y colinda al norte con Pesquería; al sur con Santiago, Allende y Montemorelos; al este con General Terán y Los Ramones; y al oeste, con Juárez. De acuerdo con el último censo del Inegi, la población del municipio rebasa 86 mil habitantes, en una extensión territorial superior a mil 4.5 kilómetros cuadrados.

Informa la proponente que la afectación de este derrame se generó principalmente en los cuerpos de agua de la subcuenca, de los ríos San Juan (50 por ciento), Pesquería (26 por ciento), Ramos (16 por ciento) y Monterrey (8 por ciento), pudiendo afectar los afluentes de los ríos Sabinas, San Juan, Santa Catarina, Atongo, Ramos, Garrapatas y Ayancual; en los intermitentes de los ríos Los Sabinos, El Pilón Viejo, Carrizalejo, Arroyo Chueco, El Salitre, Santa Isabel, La Boquilla, Los Cuatro Tubos y Arroyo Salado. Sobre lo anterior, las acciones emprendidas por la empresa Basa y Pemex han ofrecido empleo a los habitantes de la comunidad para llevar a cabo las tareas de limpieza ocasionadas por el derrame, tarea que la proponente considera inaceptable.

Por su parte, la legisladora proponente del asunto mencionado en el antecedente tercero, diputada María de Jesús Huerta Rea, confirma que la Constitución Política consagra derechos fundamentales entre los que encontramos el derecho a la salud y el derecho a gozar de un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. El ejercicio pleno de estos derechos se ha visto afectado por diversos motivos, entre los cuales, menciona los estragos causados en diversas partes del país, por los siniestros registrado en la infraestructura de Pemex, debido a las tomas clandestinas que terminan provocando derrames y afectaciones a las regiones en las que se realizan.

Refiere de acuerdo con el informe de la Jefatura de Seguridad Industrial de Protección Ambiental de Pemex-Refinación Zona Norte, señala que en lo que va del año se han detectado 121 tomas clandestinas, de las cuales 117 han sido descubiertas por las acciones de Pemex, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades federales, particularmente las tomas clandestinas localizadas en Cadereyta.

Menciona que dichos datos reflejan las afectaciones al estado, como el siniestro ocurrido en la línea 2 del oleoducto Madero-Cadereyta, en el tramo Nuevo Teapa-Madero González, precisamente en la comunidad de La Fragua, afectando al río San Juan, afluente importante del Bravo, y uno de los principales afluentes de la presa el Cuchillo-Solidaridad, considerada una de las más importantes fuentes de abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana de Monterrey.

Confirma que la afectación por el derrame de petróleo, alcanzó aproximadamente 18 kilómetros a lo largo del río San Juan, perjudicando al menos a seis comunidades. Sobre lo anterior, el domingo 17 de agosto del presente año, la vocería de Pemex dio a conocer la información en la que indicó que como medida preventiva y para el control del derrame provocado por una toma clandestina instalada en el oleoducto Madero-Cadereyta, en las inmediaciones del poblado de San Juan en este municipio, se procedió a cortar el flujo del hidrocarburo.

Indica que Pemex ha informado que los trabajos de limpieza en las márgenes del río y en la acequia que conduce el derrame hacia el río San Juan, se han venido realizando las 24 horas del día, con el objetivo de concluirlas de manera rápida y efectiva; para ello, trabajan en el lugar de los hechos más de 500 personas, por lo que se han colocado barreras oleofílicas que absorben el aceite, así como barreras marinas que impiden el avance del crudo y facilitan su contención.

Una vez analizadas las proposiciones con punto de acuerdo referidas, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por encontrarse convergente la petición y el planteamiento respecto del derrame del río San Juan, estimamos pertinente conjugar ambas proposiciones en un solo dictamen, en el ánimo de favorecer la economía del procedimiento parlamentario, lo que hacemos a partir de las siguientes

III. Consideraciones

Los integrantes de la comisión dictaminadora reconocemos loable el planteamiento de las diputadas proponentes y coincidimos en la propuesta de exhortar a las autoridades federales y estatales competentes, para que atiendan el problema que representa la contaminación de la cuenca del río San Juan, en Nuevo León, y de las posibles afectaciones ambientales.

Estimamos importante señalar que México ocupa un lugar destacado en el ámbito internacional, por estar reconocido como un país continente de una megadiversidad de recursos que se reflejan en gran variedad de ecosistemas, climas, bosques, selvas, pastizales, flora, fauna, ríos y lagos, entre otros.

El agua es el elemento fundamental para la vida y de acuerdo con cifras correspondientes a 2010, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se observa que la cobertura de agua potable es de 88 por ciento de los municipios que prestan el servicio de agua potable en México tienen servicio de agua potable y 80 por ciento de los estados tienen este servicio en todos sus municipios.

Estimamos importante mencionar que de acuerdo con la información publicada en las estadísticas del agua en México, edición 2013, presentada por la Conagua, Aspectos geográficos que influyen en la disponibilidad del agua, se confirma que la ubicación geográfica y el relieve son factores que inciden sobre la disponibilidad del recurso hídrico. En México, dos terceras partes del territorio se consideran áridas o semiáridas, comprendiendo la zona norte del país, con precipitaciones anuales menores de 500 mm, mientras que el sureste es húmedo con precipitaciones que superan los 2 mil mm por año.

La superficie de la cuenca del río San Juan se divide en tres zonas y en base a su funcionamiento, la zona de cabecera generalmente es la parte alta de las montañas que garantiza la captación inicial de las aguas y el suministro de las mismas a las zonas inferiores durante todo el año; los bosques, en las cabeceras de las cuencas, controlan la cantidad y temporalidad del flujo del agua protegiendo a los suelos de ser erosionados por las corrientes del vital líquido con la consecuente sedimentación y degradación de los ríos y la pérdida de fertilidad en las laderas.

Por lo anterior consideramos que la zona cabecera de la subcuenca del río San Juan es la Sierra Madre Oriental y la Sierra del Cerro de la Silla, sus laderas captan y transportan el agua a niveles inferiores almacenándose en la presa Rodrigo Gómez, liberando el recurso hídrico que viaja a través de 135 kilómetros hacia la llanura y en el municipio de China, Nuevo León, y se almacena en la presa El Cuchillo-Solidaridad, para luego liberarse hasta su desembocadura en el río Bravo que desemboca en el Golfo de México.

Reconocemos que entre las funciones hidrológicas más importantes de la cuenca está la captación de agua que escurre a través de arroyos y ríos; en el proceso de transportación se pueden presentar áreas de almacenamiento en diferentes formas y tiempos de duración. A lo largo de su trayecto esta cuenca, de acuerdo con su topografía, origen geológico y tipo de suelo, entre otros, provee diversidad de sitios y rutas que registran interacciones entre las características de calidad física y química del agua; estos sitios constituyen hábitats y corredores de flora y fauna terrestre y acuática, como componentes biológicos del ecosistema; dichas funciones ambientales de la cuenca incluyen la recarga hídrica de los mantos freáticos, la conservación de la biodiversidad que permite mantener el germoplasma de las especies nativas, además de mantener la integridad y diversidad de los suelos al permitir que el agua fluya a través de los canales.

El río Bravo tiene subcuencas intermedias, y precisamente el río San Juan, cuyo recorrido por el territorio de Nuevo León ha permitido constituir dos cuerpos de almacenamiento para el uso doméstico y urbano del recurso hídrico: las presas Rodrigo Gómez, La Boca y El Cuchillo-Solidaridad, las cuales suministran el recurso para el servicio de agua potable a la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León.

El 17 de agosto de 2014 se presentó el incidente del derrame de hidrocarburo que afecto al río San Juan, y que de acuerdo con información de la Conagua y de Pemex, se debió a una toma clandestina descontrolada del oleoducto de 24 pulgadas de diámetro de la línea uno Madero-Cadereyta, en Cadereyta, Nuevo León, provocando que el crudo fluyera 12 kilómetros a través de una acequia hasta llegar al río San Juan, en el mismo municipio. El crudo se esparció en una distancia estimada de 6 kilómetros del cauce del río San Juan; desde el sitio de la descarga de la acequia hasta el sitio en que fue contenido por la empresa Basa contratada por Pemex, para realizar las acciones correspondientes a la remediación y saneamiento de la zona afectada. Cabe mencionar que la distancia del sitio de la irregular descarga del crudo del río San Juan hasta la presa El Cuchillo, es de aproximadamente 78 kilómetros, por lo que se estima que no se generaron mayores riesgos de contaminación en esta fuente de abastecimiento.

Uno de los principales activos con que cuenta Nuevo León es su riqueza natural; particularmente, los cuerpos de agua, el suelo, el clima y sus bosques, entre otros, por lo que la implementación ágil del saneamiento con visión integral de la cuenca del río San Juan, contribuye en el proceso de recuperación de las áreas dañadas derivadas del derrame de hidrocarburos por una irregular toma clandestina en los ductos de Pemex, suscitado en Cadereyta, Nuevo León. Por ello consideramos que la puesta en marcha de acciones inmediatas, responsables y correctas, evitará poner en riesgo el futuro de los recursos naturales de la localidad afectada.

La biodiversidad se ha visto comprometida en las últimas décadas debido a las actividades humanas que generan un deterioro acelerado de los ecosistemas y una disminución crítica de las especies, el agua y de la biodiversidad, como uno de los problemas ambientales más serios que enfrentamos, por lo que es importante sumar esfuerzos para revertir este efecto negativo y contribuir a la conservación, conocimiento y uso sustentable de los recursos naturales.

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente dictamen con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, así como al Ejecutivo estatal para que a través de la Secretaría de Salud de Nuevo León, en ejercicio de sus respectivas atribuciones, agilicen la reparación y mitigación de las afectaciones ambientales causadas por el incidente del derrame de hidrocarburo crudo en el cuerpo de agua del río San Juan, en Cadereyta, Nuevo León; asimismo, promuevan ante las instancias correspondientes el deslinde de responsabilidades por los daños causados.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Nuevo León a informar a esta soberanía sobre los trabajos de remediación y saneamiento realizados en coordinación con gobierno federal en la zona afectada por el derrame de hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León, así como los avances alcanzados y el estado que guarda la recuperación ambiental de dicha zona.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al organismo descentralizado Petróleos Mexicanos a informar a esta soberanía sobre los trabajos de remediación y saneamiento realizados en la zona afectada por el derrame de hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León, así como los avances alcanzados y el estado que guarda la recuperación ambiental de dicha zona.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz.»

CONCESION O DENEGACION DE LAS AUTORIZACIONES AMBIENTALES PARA QUE INICIE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA “LAS CRUCES”

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat a resolver, previa consulta con las comunidades indígenas involucradas, sobre la concesión o denegación del permiso ambiental para iniciar la obra de construcción de la hidroeléctrica Las Cruces

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el expediente 4890, le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobernador constitucional del estado de Nayarit, para que instruyan la revisión de las resoluciones emitidas sobre los proyectos de las comunidades indígenas de Nueva Villa de San Blas, así como de la hidroeléctrica “Las Cruces”.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, numeral 1, fracción VI; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ese Honorable Pleno, el proyecto de dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobernador constitucional del estado de Nayarit, para que instruyan la revisión de las resoluciones emitidas sobre los proyectos de las comunidades indígenas de Nueva Villa de San Blas, así como de la hidroeléctrica “Las Cruces”.

I. Antecedentes

Primero.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de septiembre de 2014, la diputada Cristina Olvera Barrios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobernador constitucional del estado de Nayarit, para que instruyan la revisión de las resoluciones emitidas sobre los proyectos de las comunidades indígenas de Nueva Villa de San Blas, así como de la hidroeléctrica “Las Cruces”.

Segundo.En la misma sesión, la presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Una vez analizado el planteamiento de la diputada proponente, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos el siguiente

II. Contenido de la proposición

La diputada proponente plantea que México, de acuerdo con nuestra Constitución Federal, es una nación “pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

Señala que de los 2 mil 443 municipios existentes, sólo 30 de ellos no registran una elevada dispersión de la población indígena. Asimismo refiere la existencia de 15.7 millones de habitantes indígenas, de los cuales, sólo 7 millones hablan su lengua natal.

Apunta que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el concepto del término territorio indígena, es “el espacio apropiado y valorizado por los pueblos indígenas, ya sea de manera simbólica o instrumental. Son espacios en donde practican y desarrollan su vida colectiva, sus actividades económicas, políticas sociales y religiosas. Los territorios indígenas son unidades geográficas que pueden estar separadas como por ejemplo: el cerro, el sitio sagrado, o las rutas de peregrinación, ya que son espacios en los que reproducen sus prácticas culturales.”

Refiere que el territorio constituye para los indígenas, una parte fundamental de su historia, de su identidad y de su vida misma; un elemento esencial e inalienable de su comunidad, y que de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los territorios son “lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”

Indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el aval del Gobierno de Nayarit, ha violado los preceptos antes mencionados mediante la emisión de dos resoluciones.

El primero de los casos se da entre el comisionado de Bienes Comunales de la comunidad indígena Nueva Villa de San Blas, en Nayarit, donde la SEMARNAT resolvió desincorporar la zona en que se encuentra la Isla del Rey, del régimen de dominio público para entregarlo a la desarrolladora turística Aramara, SA de CV, acto presuntamente violatorio, consistente en la entrega de 354 mil 364.89 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, mismos que, según la proponente, integraban el patrimonio de esa comunidad indígena.

Apunta que la Isla del Rey, a la cual el pueblo Huichol llama: “Tatei Haramara”,  es un lugar sagrado en donde nace el agua que alimenta a todas las formas de vida que hay en la comunidad, donde de las 13 hectáreas  que comprende dicho lugar sagrado, el gobierno del estado vendió diez, aunque ocho de ellas son de reserva natural.

Manifiesta que se está en espera de que la SEMARNAT decida si otorga o no el permiso ambiental al proyecto de construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, mismo que en caso de aprobarse, será desarrollado por  la Comisión Federal de Electricidad.

Expresa que la construcción de este proyecto sobre el caudal del río San Pedro Mezquital, implica el desalojo forzoso de cientos de habitantes de territorios indígenas, así como la afectación de catorce sitios sagrados.

Señala que con dicho proyecto, se vulnerarán los derechos humanos a la vivienda adecuada, al agua y a los medios de subsistencia, a la cultura y a la educación de estos pueblos.

Indica que las comunidades indígenas no fueron consultadas sobre el proyecto, en los términos previstos en el artículo 6 del propio Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asegura que de construirse la hidroeléctrica “Las Cruces”, la reducción del caudal del Río San Pedro, afectaría las actividades de las que dependen económicamente más de 20 comunidades de la zona.

En base a lo anterior, la Proponente solicita a la Cámara de Diputados, exhorte al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al Titular del Ejecutivo del Estado de Nayarit para que instruyan la revisión de las resoluciones emitidas en los casos descritos, a fin de evitar los posibles daños que se infligiría a las comunidades indígenas la construcción de estos dos proyectos que se tienen previstos, mediante la proposición de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que instruya la revisión y, en su caso, rectificación de la resolución emitida en el caso de la comunidad de Nueva Villa de San Blas, así como el permiso ambiental para la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces en el estado de Nayarit.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Nayarit para que, en el ámbito de sus atribuciones, garantice los derechos humanos de los pueblos indígenas Wirráikas y Náyeri, que resultarán afectados en su cultura, patrimonio y territorio por actos de autoridad del Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En virtud del análisis realizado sobre la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, las y los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresamos las siguientes:

III. Consideraciones

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconocemos con la Proponente, que México es una nación pluricultural, en los términos del Artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Coincidimos con la Proponente en cuanto al señalamiento de que más de 2 mil 400 municipios del país, registran una elevada dispersión de la población indígena, y que sólo alrededor del 44 % de los habitantes indígenas hablan su lengua natal.

Reconocemos válida la definición planteada para el término “territorio indígena”, como: el espacio apropiado y valorizado por los pueblos indígenas,  donde practican y desarrollan su vida colectiva, sus actividades económicas, políticas sociales y religiosas. Los territorios indígenas son unidades geográficas que pueden estar separadas, ya que son espacios en los que reproducen sus prácticas culturales.

Estimamos válida la definición del Convenio 169 de la OIT, en el sentido de que los territorios de los pueblos indígenas son todo lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.

Consideramos atendible por esta Soberanía, la posibilidad de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el aval del Gobierno de Nayarit, haya violado las disposiciones internacionales referidas por la Proponente, mediante las dos resoluciones de realización incierta, y que presuntamente consisten en desincorporar del régimen de dominio público, un área de 354 mil 364.89 metros cuadrados de terrenos ganados al mar, continente de una zona de 130 mil metros cuadrados, área total de la Isla del Rey, mismos que, según la proponente, integraban el patrimonio de una comunidad indígena.

Sobre este punto, en particular, consideramos que los terrenos ganados al mar, es decir los 354 mil 364.89 metros cuadrados de terrenos que antes de ser objeto de  la desincorporación del régimen de dominio público, no eran playas , ni eran parte de la Zona Federal Marítimo Terrestre, pues eran mar.

En razón de lo anterior, la Isla del Rey, al no ser mar, tampoco podría ser un terreno ganado al mar. En consecuencia, todos estos terrenos no pueden ser parte integrante del patrimonio de una comunidad indígena. Por ello, estimamos que los terrenos objeto de la desincorporación del régimen de dominio público, en su caso, no pueden comprender terrenos integrantes del patrimonio de una comunidad indígena.

Sin embargo, apreciamos prudente exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en la brevedad posible, y previa consulta a las comunidades indígenas involucradas, resuelva sobre si otorga o deniega la autorización ambiental para que inicie la obra de construcción de la hidroeléctrica “Las Cruces” y, en su caso, el desarrollo del proyecto por la Comisión Federal de Electricidad.

En cuanto a las posibles  afectaciones a las actividades económicas  que desarrollan las comunidades de la zona de construcción de la hidroeléctrica “Las Cruces”, estimamos son materia de la manifestación de impacto ambiental y de la autorización correspondiente a cargo de la Semarnat.

Finalmente, consideramos que la revisión de los actos emitidos por autoridad competente del Ejecutivo Federal, debe resolverse mediante el Recurso previsto en la Ley Federal del Recurso Administrativo, y no mediante un punto de acuerdo que carece de efectos vinculatorios.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estima inviable la proposición con punto de acuerdo, en los términos planteados en los resolutivos del mismo.

Por lo anterior expuesto y fundado, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen con proyecto de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en breve término, y previa consulta a las comunidades indígenas involucradas, resuelva sobre la concesión o denegación de la autorización ambiental para que inicie la obra de construcción de la hidroeléctrica “Las Cruces” y, en su caso, el desarrollo del proyecto correspondiente por la Comisión Federal de Electricidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz.»

ACTUALICEN LAS NORMAS MEXICANAS SOBRE LAS DESCARGAS EN CUERPOS DE AGUA POR LA ACTIVIDAD MINERA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conagua a actualizar las normas mexicanas sobre las descargas en cuerpos de agua por la actividad minera

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con expediente número 4883, le fue turnada para dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que actualicen las normas mexicanas sobre las descargas en cuerpos de agua por la actividad minera; transparentar la información del monitoreo de la calidad del agua de los ríos recientemente afectados por los desastres mineros, así como hacer públicos los derechos de agua de Grupo México; y a que desarrollen e implementen políticas públicas para la minería sostenible y la conservación de cuerpos de agua.

Esta comisión dictaminadora, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e), f) y g), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II; 80, numeral 1, fracción VI; 85 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este honorable pleno cameral, el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de septiembre de 2014, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que actualicen las normas mexicanas sobre las descargas en cuerpos de agua por la actividad minera; transparentar la información del monitoreo de la calidad del agua de los ríos recientemente afectados por los desastres mineros, así como hacer públicos los derechos de agua de Grupo México; y a que desarrollen e implementen políticas públicas para la minería sostenible y la conservación de cuerpos de agua.

Segundo.En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.”

Como resultado del análisis de la proposición objeto del presente dictamen, las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, expresamos el siguiente

Contenido de la proposición

El diputado proponente señala que México tiene una gran capacidad minera; que además de ocupar el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial, está entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales, y es el primer destino en inversión para la exploración minera en América Latina y 4o. en el mundo, de acuerdo con el reporte de Metals Economics Group, correspondiente a marzo 2013. El sector minero contribuye con el 4.9 por ciento de nuestro producto interno bruto.

Refiere que la producción minera en México se concentra en doce entidades federativas fuertemente vinculadas con el agua, la cual se utiliza en los procesos de exploración, explotación y en los de concentración por flotación, en la fusión y electro refinación, o en el proceso hidrometalúrgico consistente en lixiviación, extracción por solventes y electro obtención.

Sostiene que en la minería, cada proceso u operación utiliza importantes volúmenes de agua para contribuir a la eficiencia del proceso. De ahí que la demanda industrial-minera del agua sea significativamente mayor que la que presentan otros usos del vital líquido. La industria minera también es fuente de contaminación, puesto que en todas las etapas incluidas en sus procesos, generan problemas ambientales de alto impacto al generar aguas residuales, residuos peligrosos y, en algunos casos, emisiones de gases y partículas a la atmósfera.

Sin embargo, dos de las etapas que más contaminación producen son las de explotación de los minerales y la de fundición-refinación.

Por otro lado, refiere que en nuestro país, más del 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación y en los ríos del país se han encontrado residuos de mercurio, plomo, cromo y cadmio, entre otros.

Menciona que la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), indicador de calidad del agua de la Comisión Nacional del Agua, señala que las descargas industriales representan 340 por ciento más de contaminación, que las aguas residuales municipales.

Comenta que en la Unión Europea (UE) son miles los compuestos que están reglamentados y prohibidos; en contraste, en México son cientos las sustancias altamente tóxicas que se vierten en los ríos y, sin embargo, pocas han sido reguladas.

Nos ilustra sobre la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, que establece las normas de calidad medioambientales para el agua en toda la Unión Europea, definiendo contaminantes químicos preocupantes (arsénico incluido), y convocando a los estados miembros a su eliminación en los cuerpos de agua.

El proponente manifiesta que el pasado 6 de agosto de 2014, el derrame de un represo utilizado en la operación de la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, vertió 40 mil metros cúbicos —equivalentes a 40 millones de litros— de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, con cuyas aguas se sustenta el consumo humano y las actividades económicas de 22 mil habitantes de siete municipios aledaños.

Nos refiere los antecedentes que se han dado a conocer en varios medios de comunicación, sobre científicos de diversos centros de estudio, quienes han estado documentando la contaminación en el acuífero desde tiempo atrás, alertando a los productores sobre sus efectos, por lo que seguramente no se trata de un hecho aislado y reciente.

Este desafortunado acontecimiento ha sido calificado ya como el peor desastre ambiental minero.

Adicionalmente, el proponente hace referencia al hecho ocurrido el 10 de agosto del año en curso, en el municipio de El Oro, en Durango, una emergencia ambiental en una mina, ocasionada por que la presa de jales de la empresa Proyecto Magistral derramó alrededor de 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro al arroyo denominado La Cruz.

Asimismo, refiere el caso de Tetela de Ocampo, Puebla, donde según el proponente, se han realizado diversas movilizaciones ante la posible contaminación del Río Papaloateno, por la presunta explotación a cielo abierto del cerro La Espejera, con el objetivo de extraer oro por parte de la minera Frisco.

El proponente manifiesta que la minería es una actividad importante para la economía del país, y para la generación de empleos; sin embargo, es ineludible actuar con prontitud para evitar que se siga poniendo en riesgo la seguridad hídrica de nuestros ecosistemas y cuerpos de agua, así como las condiciones de vida de los pobladores en la zona de afectación del proyecto minero.

Para el proponente, tan importante es el desarrollo y crecimiento de ese sector económico, como el adecuado equilibrio con la conservación y preservación del agua en el país.

Aún y cuando existen normas mexicanas que permiten la descarga de ciertos volúmenes de substancias contaminantes o tóxicas, lo cierto es que nuestra política debería estar encaminada para alcanzar cero descargas de este tipo en los próximos años.

Finalmente, considera que este órgano legislativo debe ser coadyuvante en el desarrollo de una política integral en la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que señala: “el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan...”

Finalmente, el proponente somete a la consideración de esta Soberanía los resolutivos del punto de acuerdo, siguientes:

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua, a revisar y, en caso necesario, actualizar las Normas Oficiales Mexicanas 001, 002 y 003 sobre las descargas en cuerpos de agua, así como las NOM 120, 141 y 157 relacionadas con la actividad minera y el impacto ambiental, a fin de mitigar la afectación de cuerpos de agua;

Segundo Se exhorta respetuosamente a los titulares de las mismas dependencias a transparentar en sus portales de internet los derechos de agua, concesiones y permisos otorgados a Grupo México, así como el estado que guarda sus pago de derechos; y en el mismo tenor, toda la información relacionada con el monitoreo de la calidad del agua de los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, así como del arroyo La Cruz en Durango; y del Río Papaloateno, en la localidad de Tetela de Ocampo, Puebla, hasta que se restituya el estado base de estos cuerpos de agua, como lo establece el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua para que desarrollen políticas públicas encaminadas a la implementación de tecnologías verdes, procesos y desarrollo de capacidades para la minería sostenible, así como para la conservación de los cuerpos de agua susceptibles de ser vulnerados en México, por esta actividad.

En virtud del contenido de la proposición que nos ocupa, quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes

Consideraciones

Reconocemos que México tiene la gran capacidad minera que le permite ocupar el primer lugar como productor de plata y estar entre los diez principales productores de 16 minerales; asimismo, coincidimos en que el sector minero de nuestro país aporta el 4.9 % del producto interno bruto del país.

Coincidimos con el proponente en que la industria minera requiere de importantes volúmenes de agua para su utilización en las diversas etapas del proceso de producción, lo que representa una demanda de volúmenes mayores de los requeridos en para otras actividades comprendidas dentro del uso industria del recurso hídrico.

Reconocemos que en las diversas etapas del proceso de la producción minera se ocasionan graves impactos contra el ambiente a través de la generación de aguas residuales, así como de residuos peligrosos y la emisión de gases y partículas contaminantes a la atmósfera, siendo las etapas de explotación de los minerales y la de fundición y refinación, las que producen más contaminantes.

Evidentemente, advertimos que la gran mayoría de los cuerpos de aguas nacionales presentan altos grados de contaminación, destacando las aguas residuales del uso industrial, por ser continentes de residuos de mercurio, plomo y cadmio, entre otros.

Estimamos acertado el señalamiento del proponente, en el sentido de que la demanda bioquímica de oxígeno, según la Comisión Nacional del Agua, indica que las descargas de aguas residuales del uso industrial, son 3.4 veces más contaminantes que las descargas de aguas residuales municipales, provenientes de sus diversos usos.

Coincidimos con el proponente, en cuanto a la carencia en México de una regulación que atienda el problema de la contaminación de los cuerpos de agua receptores de substancias de alta toxicidad contenidas en las aguas residuales de los diversos usos de agua que se vierten en ellos.

Concordamos con el proponente, en el reconocimiento del grave problema que representa el derrame del represo de la mina Buenavista del Cobre, con vertimiento de 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado, en los ríos Bacanuchi y Sonora, cuyas aguas se destinan al consumo humano y las actividades económicas de los habitantes de siete municipios del Estado de Sonora.

Tenemos conocimiento de que la contaminación del acuífero ha venido siendo documentada, sus efectos han sido hechos del conocimiento de los productores; de tal manera, estimamos se trata de una sucesión de hechos irregulares por la falta de tratamiento de las aguas residuales de uso industrial, y continuados por la repetición permanente de las descargas en dichos cuerpos de agua.

Al lado del desastre ambiental minero referido en el párrafo anterior, estimamos pertinente atender también, la emergencia ambiental ocasionada por el derramamiento de aproximadamente 2 mil metros cúbicos de agua con cianuro, por la presa de jales de la empresa Proyecto Magistral, al arroyo: “La Cruz, en el municipio de El Oro, en el Estado de Durango; así como el caso de Tetela de Ocampo, donde se ha movilizado la población ante el riesgo de contaminación del Río Papaloateno, a partir de la probable explotación minera a cielo abierto, del cerro de La Espejera, para la extracción de oro por la Minera Frisco.

En nuestra consideración, si bien la minería resulta una actividad importante para la economía del país y la generación de empleos, requerimos actuar con celeridad, en aras de dar certidumbre a la población de las comunidades citadas, salvaguardando la seguridad hídrica de los ecosistemas y cuerpos de agua, eliminando en la medida de lo posible los riesgos que corre la población mencionada, en virtud de los eventos reseñados que ponen en grave riesgo el desarrollo y crecimiento del sector económico, en particular la industria minera, así como el adecuado equilibrio y la conservación y preservación de los ecosistemas amenazados, y de la calidad y cantidad del recurso hídrico nacional.

Finalmente, estimamos viable la propuesta de que esta Cámara de Diputados coadyuve en el desarrollo de una política integral en materia de prevención de daños al ambiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que señala:

“Artículo 53. El Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión desarrollarán políticas integrales en materia de prevención de daños al ambiente; investigación, persecución, sanción y prevención general y especial de los delitos e infracciones administrativas que los ocasionan; así como...”.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen con proyecto de

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua, a revisar y, en su caso, actualizar las Normas Oficiales Mexicanas 001, 002 y 003 que versan sobre las descargas en cuerpos de agua; así como las Normas Oficiales Mexicanas 120, 141 y 157, relativas a la actividad minera y el impacto ambiental, a fin de mitigar la afectación de cuerpos de agua;

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Director General de la Comisión Nacional del Agua, a transparentar en sus portales de internet los derechos de agua, concesiones y permisos otorgados a Grupo México, así como el estado que guarda el pago de sus derechos; asimismo, la información relacionada con el monitoreo de la calidad del agua de los ríos Sonora y Bacanuchi, en el Estado de Sonora; del arroyo La Cruz, en el Estado de Durango, y del Río Papaloateno, en Tetela de Ocampo, Puebla, hasta que se restituya el estado base de estos cuerpos de agua, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que desarrollen políticas públicas encaminadas a la implementación de tecnologías verdes, procesos y desarrollo de capacidades para la minería sostenible, así como para la conservación de los cuerpos de agua susceptibles de ser vulnerados en México, por dicha actividad productiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), J. Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, María Isabel Ortiz Mantilla, Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Ángel Cedillo Hernández, Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez (rúbrica), Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez, Marina Garay Cabada (rúbrica), Ignacio Mestas Gallardo (rúbrica), Fernando Hernández Charleston, Adriana Hernández Íñiguez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López (rúbrica), Ramón Antonio Sampayo Ortiz (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz.»

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y POLITICAS PUBLICAS ENCAMINADAS A BRINDAR MAYORES OPORTUNIDADES A LAS Y LOS JOVENES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Juventud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Economía, y del Trabajo y Previsión Social a implantar mejores estrategias y políticas públicas encaminadas a brindar a los jóvenes mayores oportunidades

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud de la LXII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente dictamen.

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 2 de octubre del año 2014, el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Economía y del Trabajo y Previsión Social, para que implementen mejores estrategias y políticas públicas encaminadas a brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes.

2. La presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen” mediante el número de expediente 5093.

3. A partir del día 3 de octubre del 2014, con fundamento en el artículo 182 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada en la Comisión de Juventud.

4. En sesión ordinaria celebrada el día 2 de octubre del año 2014, la diputada Joaquina Navarrete Contreras del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo para que esta Soberanía manifieste su interés por que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como las unidades promotoras del empleo en las entidades federativas, promuevan la creación de fuentes de empleo hacia las personas mayores de 16 años y menores de 30.

5. La presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Juventud, para su dictamen” mediante el número de expediente 5102.

6. A partir del día 3 de octubre del 2014, con fundamento en el artículo 182, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, inició el término de cuarenta y cinco días hábiles para que la proposición fuera dictaminada en la Comisión de Juventud.

II. Contenido de las proposiciones

El punto de acuerdo presentado por el diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza con expediente 5093, propone exhortar a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social, de Educación Pública, de Economía y del Trabajo y Previsión Social con la finalidad de que implementen mejores estrategias y políticas públicas encaminadas a brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes.

Lo anterior, de acuerdo a la exposición de motivos del promovente, en respuesta a los cambios y procesos económicos y tecnológicos constantes, debido a que esta situación dinámica, aunada a un mercado laboral que se trasforma de manera permanente, requiere de un conjunto de capacidades desarrolladas, habilidades y competencias que permitan la inserción de las y los jóvenes al mercado de trabajo.

Por lo que refiere, al punto de acuerdo presentado por la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con expediente 5102, propone exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como las unidades promotoras del empleo en las entidades federativas, con la finalidad de que promuevan la creación de fuentes de empleo para las personas mayores de 16 años y menores de 30 años de edad.

Con base a la exposición de motivos de la promovente, presenta el correspondiente exhorto debido a que existe una necesidad urgente de revertir la tendencia de desempleo juvenil actual, ya que las instituciones de nuestro país carecen de capacidad para brindar a la juventud mexicana oportunidades para su desarrollo y de esta manera fortalecer el capital humano, por lo que el Estado tiene la obligación de promover acciones en beneficio de los sectores que requieren de su apoyo.

Es así, que en el presente dictamen se abordan las proposiciones con número de expediente 5093 y 5102 respectivamente, debido a que en términos generales, ambos diputados promoventes plantearon en ellas, la propuesta de instruir a las instancias pertinentes en la elaboración y supervisión de políticas públicas y estrategias, encaminadas a promover el empleo juvenil para combatir el rezago social y la proliferación de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

III. Proceso de análisis

En México la educación es uno de los temas preponderantes que contemplan el interés general de la población, siendo un asunto prioritario para lograr el crecimiento y el desarrollo de las naciones, ya que los países que han logrado apropiarse del conocimiento, aceleran su crecimiento económico de manera sostenida y sus habitantes adquieren una mejor calidad de vida, así pues, lo expuso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ya que considera que la educación puede sacar de la pobreza y la exclusión social a los individuos y por ende a la sociedad, de este modo y siguiendo esta línea encontramos que la educación tiene una relación directa con el empleo y el desempleo.

Nuestro país, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tiene como propósito crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. Aunado a lo anterior, encontramos que en México los problemas que aquejan al estudiantado son de diversa índole, en el caso de las y los jóvenes particularmente, 38.2 millones de personas entre el rango de 12 a 29 años de edad (grupo que comprende la tercera parte de la población total en el país), encuentran dificultades para seguir con sus estudios.

De acuerdo con el Informe Nacional para la Evaluación de la Educación 2014, la deserción escolar es el mayor problema que enfrenta el país ya que este factor permite que el desempleo aumente, la inactividad en el ámbito académico puede ser ocasionada por diversos factores en los distintos niveles educativos. Por ejemplo, en educación primaria, la deserción puede ser propiciada por problemas familiares mientras que a nivel secundaria y media superior se puede atribuir a condiciones sociales.

La educación en un nivel básico ha logrado el objetivo de tener una cobertura universal entre la población de 5 a 14 años, sin embargo y de acuerdo con cifras presentadas en el estudio Panorama de Educación 2014 realizado por la OCDE, nuestro país tiene el 53% de individuos entre 15 a 19 años de edad con registro y matricula en educación, dejando a casi la mitad de los jóvenes sin posibilidad de acceso al correspondiente nivel educativo. Si se compara con países como Argentina con el 73% o Brasil con el 78%, nuestro país exhibe un menor índice de jóvenes con posibilidades de cursar su nivel medio superior. Cabe señalar que, la demanda por ingresar a una escuela de nivel medio superior y superior en instituciones públicas del gobierno, es elevada.

De acuerdo con la encuesta Parametría,nueve de cada diez estudiantes en México están matriculados en escuelas gubernamentales, cuyo comportamiento destaca que las personas tienen preferencia por la educación pública antes que la privada en niveles básicos a superiores. Así mismo la OCDE indica que de entre los hombres jóvenes en el mundo de 15 a 29 años de edad, aproximadamente el 40%, se encuentra estudiando, el 50% está fuera de la educación pero con empleo y sólo el 10% no estudia ni trabaja. Por su parte las mujeres jóvenes en educación media superior y superior se registran por debajo del 40%, mientras que el 25% está con empleo y fuera de la educación y las que no estudian ni trabajan son alrededor de 35%.

Además, esta organización deja ver que en la actualidad, los estudiantes mexicanos tienden a abandonar la escuela de manera prematura, ya que el 62% de los jóvenes de 16 años están inscritos en educación media superior, mientras que 35% de los jóvenes de 18 años cursan estudios (19% en media superior y en educación superior el 16%). De tal manera que la cifra de jóvenes que se encuentran estudiando disminuye conforme incrementa la edad, por lo que apenas el 26% de los jóvenes de 20 años se encuentran matriculados en alguna universidad.

La Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 presentó que el 43.1% de los jóvenes terminó la secundaria, el 28.2% cursó su preparatoria o bachillerato, el 10.5% únicamente concluyó sus estudios a nivel profesional y tan sólo el 0.5% termina sus estudios de posgrado como la maestría o el doctorado. En este contexto, se presenta un grupo de jóvenes quienes al no tener ni estudios ni trabajo se encuentran pertenecientes al denominado grupo “ninis”. Relacionado a esto, encontramos que existe una relación directamente proporcional entre el aumento de la población en esta circunstancia y la edad, como lo verifica la OCDE, ya que a mayor edad existe más posibilidad de que los jóvenes se encuentren en un estado de inactividad, así mismo es importante mencionar que en México, la población general se encuentra con el 37% de educación media superior, por debajo del promedio de países pertenecientes a la OCDE con el 75% a nivel general de sus 34 integrantes encontrándose sólo por arriba de Turquía que tiene el 34%.

De igual manera, si tomamos en cuenta que el capital humano hace referencia a la capacidad que tiene el personal en relación a sus estudios, conocimientos, capacidades, habilidades y que son aplicables a los centros de trabajo de los individuos donde se desempeñen y que probablemente se verán remunerados, se determina que la inversión en estas características es de suma importancia.

Ante esta situación, el 56.9% de las y los jóvenes considera que es más importante el estudio en comparación con experiencia laboral (26.6%) para conseguir trabajo. Sin embargo, de acuerdo con reportes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 78.9% de las personas sin empleo tienen estudios de bachillerato y nivel superior, es decir casi son ocho de cada diez desempleados. Además la OCDE destaca que en el año 2012 México y Corea fueron los únicos países en donde la tasa de desempleo fue más alta en personas con educación superior (4.6%) que en educación media superior (3.5%). El 6.7% de jóvenes con educación superior y en edad de 25 a 34 años están desempleados, en contraste con el 4.5% de personas que no tiene empleo y que cuenta con educación por debajo de la enseñanza media superior.

En este contexto, encontramos que la juventud mexicana pone sus expectativas en el nivel académico para conseguir un buen empleo, pero contradictoriamente esto no sucede según lo demuestran las cifras citadas líneas arriba, la realidad de nuestro país contempla deficiencias para erradicar el problema de deserción escolar a nivel medio superior a falta de oportunidades que permitan a las y los jóvenes su permanencia en el ámbito académico y su continuidad en nivel superior e incluso a la etapa de posgrado.

Fuentes bibliográficas

• Consejo Nacional de Población

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Encuesta Nacional de Juventud 2010

• Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012

• Información Económica de coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

• Informe Nacional para la Evaluación de la Educación 2014

• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

• Secretaría de Educación Pública

IV. Consideraciones

Con base en las opiniones recabadas, y el análisis propio de la Comisión de Juventud, se llegó a lo siguiente:

De acuerdo a cifras oficiales por instituciones y organizaciones de reconocimiento internacional, en México nos encontramos con importantes problemáticas que requiere atención y solución de manera inmediata, la deserción escolar, el desempleo juvenil y falta de oportunidades para el sector joven de la población, son lamentables realidades a las que los jóvenes de nuestro país se enfrentan.

En este, tenor considerando que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, en este tenor uno de los objetivos del Gobierno Federal en materia de juventud, es contribuir a la integración de los jóvenes al desarrollo, mediante el fortalecimiento a la coordinación interinstitucional de acciones dirigidas a la atención de los jóvenes.

Por lo anterior, se considera que es facultad de las Secretarías y Unidades a nivel nacional y local, responsables en generar políticas públicas en materia de juventud, promover de manera efectiva la inserción y permanencia de las y los jóvenes en el mundo laboral, así como brindar oportunidades académicas de calidad y las facilidades de la continuidad de la vida académica para la correcta prevención de la deserción escolar.

Ante esta problemática, la Comisión de Juventud considera que se deben generar de manera urgente soluciones viables para corregir esta situación, que de no ser atendida a la brevedad, se traduciría en rezagos sociales incrementales, un capital humano poco productivo y un menor potencial de crecimiento económico, lo que afectaría directamente al desarrollo del país, considerando que hoy en día México es un país de jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Juventud de la LXII legislatura presentamos el siguiente:

Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal, particularmente al Instituto Mexicano de la Juventud, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Economía, y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que implementen más y mejores políticas públicas que faciliten la transición académica hacia el mercado laboral.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las unidades promotoras de empleo en las entidades federativas del país para que implementen más y mejores políticas públicas que promuevan la creación del empleo para los jóvenes comprendidos entre 16 y 29 años de edad.

Notas:

1 Visión y Misión, Secretaría de Educación Pública disponible en el sitio web:

http://www.sep.gob.mx/es/sep1/ sep1_Vision_de_la_SEP#.VC2r9vl5NUU

2 Cifras publicadas por el Consejo Nacional de la Población

3 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Disponible en http://www.inee.edu.mx/bie/mapa_indica/2010/PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT02/2 010_AT02__d-vinculo.pdf

4 Título original Education at a Glance 2014, OECD INDICATORS. Disponible en el sitio web: http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/la-movilidad-educativa-se-hace-mas-le nta-en-el-mundo-industrializado-dice-la-ocde.htm

5 Sólo Colombia y China presentan las tasas de matriculación más bajas con el 43 y 34% respectivamente.

6 VV. AA, “La evaluación de la educación: el contraste de dos realidades latinoamericanas”, VI Congreso WAPOR, Latinoamérica, Santiago, Chile 2014. Disponible en

http://www.parametria.com.mx/ carta_parametrica.php?cp=4668

7 Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, México, IMJUVE-IIJ, UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.

8 Palabra que se utiliza para describir a los jóvenes que no estudian ni trabajan. Negrete Prieto, Rodrigo y Leyva Parra, Gerardo, “Los ninis en México: una aproximación crítica a su medición” en Realidad, datos y espacios, Revista Internacional de Estadística y Geografía, INEGI, volumen 4, número 1, enero-abril 2013 [en Línea] http://www.inegi.org.mx/RDE/RDE_08/RDE_08_Art6.html

9 Australia, México, Bélgica, Nueva Zelanda, Chile, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Alemania, Austria, Estonia, Polonia, Finlandia, Portugal, Francia, Suecia, Grecia, Suiza, Irlanda, República Eslovaca, Islandia, Eslovenia, Israel, España, Italia, República Checa, Japón, Turquía, Canadá, Hungría, Corea, Reino Unido, Luxemburgo y Estados Unidos. http://www.oecd.org/centrodemexico/paisesmiembros.htm

10 Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012, México, IMJUVE-IIJ, UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos.

11 Información económica de coyuntura Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Disponible en el sitio web: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/boletines/boletin/muest ra.asp?tema=20&c=1047

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de octubre del año 2014.

Comisión de Juventud de la LXII Legislatura, diputados:José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), presidente; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), Laura Guadalupe Vargas Vargas (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz, Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), Humberto Armando Prieto Herrera (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, secretarios; Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar (rúbrica), René Ricardo Fujiwara Montelongo, Gerardo Gaudiano Rovirosa (rúbrica), Ricardo Medina Fierro, María Teresa Jiménez Esquivel, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel, Jesús Antonio Valdés Palazuelos (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Jessica Salazar Trejo, Jorge Salgado Parra, Jorge Francisco Sotomayor Chávez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Diputados, por favor, pongan atención, estamos votando en bloque los dictámenes positivos, nadie hizo ver su votación en lo económico. Vuelva a repetir la votación, secretario, por favor.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Con gusto, presidenta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobados. Comuníquense.

El siguiente punto del orden del día es dictámenes en sentido negativo.

DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS

LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen negativo de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXII Legislatura, fue turnado por la Mesa Directiva para el estudio y dictamen correspondientes la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Esta dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXV y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que esta comisión procedió a elaborar el presente dictamen, al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

El 23 de septiembre de 2014, José Soto Martínez, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en uso de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó la iniciativa que reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 62-II-7-1652, expediente 4993, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. Contenido de la iniciativa

El diputado proponente manifestó en su exposición de motivos lo siguiente:

La iniciativa considera necesario “adoptar acciones que permitan a las cooperativas convertirse en una alternativa de desarrollo, a través del impulso de una economía social que, mediante las cooperativas, genere empleos; la implementación de políticas públicas de fomento al cooperativismo, como una alternativa de organización ante la compleja situación del desempleo en el país, y la aprobación de fondos federales y estatales de impulso de la actividad cooperativa”.

Señala que “es tiempo de construir un nuevo esquema económico que cambie hacia una economía social y solidaria, donde la producción de bienes y servicios por parte de organizaciones y empresas se fundamente en objetivos sociales y se guíen por prácticas de cooperación, solidaridad, ética y autogestión democrática”.

El proponente destaca que “el modelo cooperativo es complementario de otros sistemas económicos dominantes, como los de la libre empresa, economías sociales planificadas y economías mixtas” y agrega que “en México, a pesar de que las sociedades cooperativas iniciaron hace aproximadamente 140 años, su apoyo e impulso es limitado y su predominio en el producto interno bruto nacional es bajo”.

Asimismo, apunta que “las cooperativas pueden dar una visión diferente a los asuntos macroeconómicos, tales como el crecimiento, el empleo y la distribución de la riqueza. En este sentido, las cooperativas, que plantean una perspectiva distinta en la construcción de la economía, mediante la promoción de un modelo empresarial diferente, han demostrado que es posible la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente”.

Para fortalecer sus argumentos, el proponente señala además de los principios del cooperativismo, como la ayuda mutua, la responsabilidad colectiva, la democracia interna, igualdad en oportunidades para sus integrantes, la equidad en la participación y la solidaridad, así como valores éticos como son la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y una clara vocación social, la importancia que ha ganado esta forma asociativa a escala mundial.

Entre otros datos destaca que más de mil millones de personas en el mundo pertenecen a alguna cooperativa, que también son parte fundamental para el sector financiero, pues prestan servicios a más de 857 millones de personas.

Además, las cooperativas generan 100 millones de empleos en el mundo y las 300 más grandes valen 1.6 trillones de dólares, monto igual al que alcanza la novena mayor economía del mundo. El proponente menciona que en España el grupo cooperativo Mondragón es uno de los 7 más grandes grupos financieros e industriales; en Bélgica, las cooperativas farmacéuticas tienen una participación en el mercado de 19.5 por ciento y en Brasil son responsables de producir 72 por ciento del trigo, 43 por ciento de la soja, 39 por ciento de la leche, 38 por ciento del algodón, 21 por ciento del café y sus exportaciones son superiores a los mil 300 millones de dólares.

Para concretar su propuesta, el legislador propone reformar el Artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas

Artículo Único. Se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas para quedar como sigue:

Artículo 93. Los gobiernos federal, estatal, municipal y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo de políticas públicas que impulsen el cooperativismo.

Sin menoscabo de lo establecido en el artículo siguiente, en cada ejercicio presupuestal anual la Cámara de Diputados y los congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplarán la inclusión de un fondo federal y estatal, en el ámbito de su competencia, con recursos que sirvan de impulso a la actividad cooperativa mediante el otorgamiento de créditos.

III. Consideraciones

Primera. Esta dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa con fundamento en los artículos 39, numeral 2, fracción XXV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados

Segunda. Los integrantes de esta comisión dictaminadora reconocen la importancia del objetivo que persigue el proponente al presentar su iniciativa, de impulsar el desarrollo de cooperativas, como una opción asociativa que tiene muchas ventajas y ha contribuido a generar una experiencia positiva a favor de grupos sociales. Gracias a las 9 mil 767 cooperativas mantienen sus puestos de trabajo y sus ingresos alrededor de 182 mil 928 personas.

Ese interés coincide, por cierto, con diversas disposiciones sociales que están vigentes y que no son consideradas en la iniciativa.

Por ejemplo, con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo séptimo del artículo 25, que establece lo siguiente:

Artículo 25. ...

...

...

...

...

...

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018, en el Capítulo IV.2 correspondiente a las acciones que se adoptarán para eliminar las trabas que limitan el potencial productivo del país también aborda este tema. Con ese objetivo, propone desarrollar “una política de fomento económico con el fin de crear un mayor número de empleos, desarrollar los sectores estratégicos del país y generar más competencia y dinamismo en la economía”. Con ese propósito, establece, “se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicos de la economía mexicana de manera regional y sectorialmente equilibrada”.

Y agrega el siguiente párrafo “para ello, se fortalecerá el mercado interno, se impulsará a los emprendedores, se fortalecerán las micro, pequeñas y medianas empresas, y se fomentará la economía social a través de un mejor acceso al financiamiento”, en el que reconoce la importancia de la economía social. Este reconocimiento no deja lugar a dudas acerca de la necesidad de proporcionar mayores recursos a la economía social.

En consecuencia, en la estrategia 4.8.5, denominada “Fomentar la economía social”, como líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo propone “Realizar la promoción, visibilización, desarrollo y cooperación regional e intersectorial de las empresas de la economía social, para mitigar las diferentes formas de exclusión económica y productiva” destacando la necesidad de “fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, financieras y gerenciales de las empresas de la economía social”.

A esto habría que añadir que la posibilidad que tiene la economía social de mitigar las formas de exclusión económica y productiva requiere recursos financieros.

También está en línea con la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2013. Esta Ley que transforma al Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, establece que “el instituto tiene como objeto instaurar políticas públicas de fomento del sector social de la economía, a fin de fortalecer y consolidar al sector como uno de los pilares de desarrollo económico del país, a través de la participación, capacitación, investigación, difusión y apoyo a proyectos productivos del sector”.

Adicionalmente, el 11 de junio de 2014 se publicaron importantes reformas con la expectativa de hacer más eficiente su aplicación, así como la administración de las funciones del Instituto Nacional de la Economía Social.

Como se observa, en el marco legislativo del país existen disposiciones que buscan promover el desarrollo de cooperativas, como lo propone el legislador que suscribe la iniciativa. Su propuesta tiene la misma orientación que las y los integrantes de esta comisión dictaminadora calificamos como positiva.

Tercera. Un primer supuesto que propone aportar el legislador iniciante es que en cada ejercicio anual la Cámara de Diputados... incluya un fondo para el impulso de la actividad cooperativa mediante créditos.

Habrá que recordar que, de acuerdo con los párrafos segundo y tercero de la fracción IV del artículo 74 de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Ejecutivo federal es el único facultado para iniciar el proceso legislativo para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de cada año.

Dichos párrafos señalan:

El Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 del mes de noviembre.

Cierto es que la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece la forma en que las comisiones ordinarias participan de la discusión del proyecto de presupuesto, sin embargo, hoy es fundamental que el Ejecutivo incluya en este documento recursos necesarios para el financiamiento de los Programas federal de los sectores.

La carencia de un programa de fomento a la economía social, previsto en la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo Referente al Sector Social de la Economía, hace complicada la creación de un fondo de apoyo a las sociedades cooperativas.

Esta ley es insuficiente para establecer los lineamientos bajo los cuales se distribuiría dichos recursos, y se convertiría en un fondo de distribución discrecional para quien efectuará dicha repartición.

Cuarta.Otro supuesto de la iniciativa es que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal creen los fondos de impulso a la actividad cooperativa con créditos.

Es plausible la intención del legislador proponente, sin embargo el artículo 40 constitucional señala que “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.

Por ello no se justifica imponerle en esta ley la obligación de crear un fondo cuando carecen de leyes que los sustenten o de acciones en el programa estatal de desarrollo, y lo más importante insuficiencia presupuestaria para esta actividad socioeconómica.

En congruencia, la fracción XXIX-N faculta del artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la federación, estados y municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Quinta. La creación de fondos, como ya lo señalamos en anteriores consideraciones, depende de que exista una ley de fomento cooperativo y sugiere que los fondos sean expedidos por los congresos de los estados en función de sus “competencias”.

Hasta el momento, sólo Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Quintana Roo, Zacatecas y el Distrito Federal cuentan con un fundamento jurídico local para la creación de fondo de impulso del cooperativismo.

Por eso aún faltan 27 entidades federativas que armonicen su sistema jurídico al artículo 25 constitucional y a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a la economía social.

Verdad es que el desarrollo de políticas públicas estatales es atribución de los congresos locales y hasta el momento, como ya lo señalamos, la mayoría de esas instancias no han adoptado una política favorable al cooperativismo.

Sexta. Finalmente, el iniciador del presente proceso de dictamen propone que la forma de apoyos sea mediante “créditos”.

Quienes dictaminamos consideramos que el concepto “crédito” se encuentra sujeto a la normatividad de la Ley de Instituciones de Crédito, para la cual se considera servicio de banca y crédito la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.

Además, dice la ley, no se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuenta de cheques.

Por otro lado, los subsidios o apoyos directos son los programas que destinan recursos económicos para realizar diversas estrategias donde los beneficiarios, ya sea población o gobiernos locales, a los que van dirigidos deben cumplir algunos requisitos.

Con toda precisión, el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria concibe lo que es un subsidio:

Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán:

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio;

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.

En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos;

III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los grupos sociales y géneros;

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;

V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación;

VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;

VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;

VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento;

IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se pretenden; y

X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos.

Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio económico y social. Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a X de este artículo.

Por ello no consideramos el crédito como una política apropiada para el impulso de las sociedades cooperativas, sino más bien el otorgamiento de subsidios en los términos de la ley mencionada

En conclusión, esta dictaminadora considera que si bien la iniciativa de reformar el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas tiene un propósito favorable para el sector, que coincide con disposiciones que buscan fortalecerlo, no es de aprobar, porque en su estructuración interacciona de manera no armónica con leyes que están vigentes y por lo mismo impedirían su aplicación.

Por lo expuesto, la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la LXII Legislatura somete a consideración de la asamblea los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, presentada el 23 de septiembre de 2014 por el diputado José Soto Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido.

Notas:

1 Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, página 87.

2 Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018, página 140.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2014.

La Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, diputados:Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Luis Olvera Correa (rúbrica), Mariana Dunyaska García Rojas, Érick Marte Rivera Villanueva (rúbrica), María del Rosario Merlín García (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), José Antonio León Mendívil, José Arturo López Candido, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Jesús Morales Flores, Gisela Raquel Mota Ocampo, Cesario Padilla Navarro, Alejandro Rangel Segovia.»

LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen negativo la Comisión de Competitividad, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Honorable Asamblea:

La Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 162, 176, 177 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente:

Dictamen

I. Antecedentes:

1. El 30 de abril de 2014, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

2. Por oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1709, del 30 de abril de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión turnó para dictamen de la Comisión de Competitividad la iniciativa de referencia.

3. Por oficio CC/CDHCU/LXII/258/2014, del 10 de julio de 2014, la Junta Directiva de la Comisión de Competitividad solicitó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputado José González Morfín, la amplitud del plazo para dictaminar la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

3. Por oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1773, del 28 de julio de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión autorizó la ampliación del plazo para dictaminar la iniciativa de referencia.

4. La Comisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue convocada en términos de ley para el análisis de la iniciativa antes referida, emitiendo el presente dictamen conforme a lo siguiente:

II. Contenido y objeto de la iniciativa de ley

En la exposición de motivos de la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,se señala que la misma se sustenta en lo siguiente:

“Resulta urgente que el Gobierno federal incremente y fortalezca las políticas de impulso específicas para las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de que nuestro país pueda disminuir sus desventajas respecto de países con los que compite directamente... Por la importancia de las Mipymes, es importante instrumentar acciones para mejorar su entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación... un elemento clave hacia el cual las autoridades mexicanas deben enfocar sus baterías, es sin duda la estimulación de la demanda... la interacción de la micro, pequeña y mediana empresa, con el Estado debe ser mejorada con el objetivo de impulsar y facilitar el desarrollo y consolidación de las empresas... la Ley para el Fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa... contempla el destinar el 35% de las adquisiciones... a las Mipymes... este criterio no toma en cuenta el desarrollo diferenciado que se da entre ellas, pues lo común es que el porcentaje de estas adquisiciones sea inversamente proporcional al tamaño de la empresa... es por ello que la iniciativa busca establecer porcentajes fijos que sean reservados para asignaciones a las unidades productivas más pequeñas... proponemos que el 35% establecido en la ley, sea desagregado de acuerdo al tamaño de la empresa: el 15% a las de mediano tamaño, 10% a las clasificadas como pequeñas al igual que las microempresas”.

En otros términos, se plantea modificar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa para establecer que el 35% de compras públicas y adquisiciones a las Mipymes se divida conforme al tamaño de éstas: 10% para microempresas, 10% para pequeñas empresas y 15% a medianas empresas.

Texto Vigente

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipymes debe atender los siguientes criterios:

I a VIII...

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las Mipymes de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, conforme a normativa aplicable.

Propuesta de Reforma

Artículo 10.- La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipymes debe atender los siguientes criterios:

I a VIII...

IX. Promover que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus delegaciones en las Entidades Federativas y en el Distrito Federal realicen la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública para destinarlas a las Mipymes de manera gradual, hasta alcanzar un mínimo del 35%, del cual 10% será asignado a microempresas, 10% a pequeñas empresas y 15% a medianas empresas conforme a normativa aplicable.

III. Consideraciones

Primera.Que laComisión de Competitividad de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segunda. Que conforme al Segundo Informe de Gobierno 2013-2014 del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Programa de Compras de Gobierno a Mipymes significó en 2013 compras por “un valor de 102,522 millones de pesos, lo cual representó un incremento de 9.2% con respecto a lo registrado en 2012... De enero a julio de 2014 se reportaron compras a las Mipymes por un monto de 49,452 millones de pesos, lo que significó un avance de 47.6%, con respecto a la meta programada para 2014”. Sin embargo, nada se dice con respecto a la distribución de las compras por tamaño de empresas.

Tercera.Que es necesario citar lo que establece el párrafo primero del artículo 134 constitucional, que a la letra señala “los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Lo que significa que las compras públicas a Mipymes deben observar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Cuarta. Que los integrantes de la Comisión de Competitividad comparten la preocupación de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez en relación a la necesidad de fortalecer los programas gubernamentales destinados a las Mipymes; sin embargo, consideran improcedente establecer porcentajes fijos de compras a Mipymes dependiendo del tamaño de éstas. Esto es así porque desde el punto de vista de la Comisión de Competitividad, más que establecer porcentajes fijos acordes con el tamaño de las Mipymes, lo que se requiere es fortalecer las capacidades tecnológicas y organizacionales de éstas para que así puedan competir exitosamente. Y ello no se obtiene al señalar porcentajes fijos de compras públicas, sino mediante el encadenamiento de las Mipymes con las empresas tractoras nacionales y extranjeras.

Más todavía, el establecer porcentajes fijos acordes con la escala de producción de las Mipymes no garantiza que éstas puedan cumplir con las condiciones de compras públicas que satisfagan los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en materia del ejercicio del gasto. Por lo que una reforma en tal sentido ocasionaría que la administración pública contravenga los principios referidos.

Por lo expuesto y fundado, la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXII Legislatura, reunida en sesión plenaria el 29 de octubre de 2014, a las 10 horas, en el salón A del edificio G del Palacio Legislativo de San Lázaro, considera que no es de aprobarse la iniciativa en análisis, por lo que se somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

IV. Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa,presentada por la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez el día 30 de abril de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2014.

Así se acordó y votó el dictamen a la iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en sesión plenaria de la Comisión de Competitividad realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2014.

Diputados:Adolfo Orive Bellinger (rúbrica), Cecilia González Gómez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), José Isidro Moreno Árcega (rúbrica), Alfredo Anaya Gudiño (rúbrica), Salomón Juan Marcos Issa (rúbrica), Alberto Coronado Quintanilla (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Domitilo Posadas Hernández, Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Irazema González Martínez Olivares (rúbrica), Adriana Fuentes Téllez, Francisca Elena Corrales (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Luis Alfredo Murguía Lardizábal, Pedro Pablo Treviño Villarreal, Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica), Gerardo Peña Avilés (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo, Purificación Carpinteyro Calderón, Uriel Flores Aguayo.»

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen negativo la Comisión de Desarrollo Rural, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII y XIV, y se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII, todas ellas del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión de Desarrollo Rural, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XIX, 44, 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, numeral 1, fracción II; 81; 82, numeral 2; 84; 85, numeral 1, fracción XII; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4; 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

I. Antecedentes

Primero. En sesión plenaria de la Cámara de Diputados, celebrada el día 22 de abril de 2014, la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII y XIV y se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII, todas ella del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En esta misma fecha la Mesa Directiva dictó trámite sobre dicha iniciativa, turnándola a la Comisión de Desarrollo Rural para dictamen.

Segundo. En fecha 21 de Mayo de 2014, mediante oficio numero: CDR/468/2014 signado por los Diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Rural, se solicitó prórroga a la Iniciativa que nos ocupa al Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 183 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero. En fecha 27 de Mayo de 2014, la Mesa Directiva mediante oficio: D.G.P.L. 62-II-3-1723, autorizó la prórroga por noventa días para dictaminar la iniciativa materia del presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Descripción de la iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto que nos ocupa, señala como objeto, el buscar una mayor productividad, competitividad y crecimiento económico en el sector agropecuario mediante el fortalecimiento de las unidades económicas rurales a través de la realización de visitas de diagnóstico y orientación técnica con el fin de detectar las necesidades y proporcionar los apoyos necesarios, así como la orientación técnica el desarrollo pleno de éstas unidades.

Para efecto de emitir el presente dictamen, esta comisión considera necesario hacer la transcripción de algunas partes de la exposición de motivos, con la finalidad de clarificar los alcances de la iniciativa que nos ocupa, en los siguientes términos:

“El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 afirma dentro de su capítulo IV, México Próspero, en su título Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos, en el punto referente al sector agroalimentario, que el campo es un sector estratégico, a causa de su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional y nos dice que de cara al siglo XXI, el sector agrícola presenta muchas oportunidades para fortalecerse y que se requiere impulsar una estrategia para construir el nuevo rostro del campo y del sector agroalimentario, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad que también sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales, así nos señala que la ganadería tiene un alto potencial que no se ha aprovechado a cabalidad, debido a la descapitalización de sus unidades productivas.

Lo anterior demuestra que tenemos que fortalecer precisamente a las unidades económicas rurales para que puedan desarrollarse plenamente y de esta forma se impulse a fondo la actividad agropecuaria, no debemos olvidar que como se ha dicho son las más numerosas y las que tienen más requerimientos para que puedan funcionar plenamente, así como que sean autosuficientes.

Considero una realidad el interés del gobierno de la república por impulsar el desarrollo del campo, el cual es nuestra principal fuente de producción de alimentos, a través de actividades como la agricultura, la ganadería, la porcicultura, la avicultura, la apicultura, entre otras, pero necesario es el fortalecimiento de acciones como la implementación de los registros de todas aquellas unidades productivas para saber con plena vigencia con que contamos y desde luego en qué condiciones se encuentran, otro de los aspectos que se requieren es el fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular la realización de visitas de diagnóstico y orientación técnica a las unidades productivas con el fin de detectar físicamente las necesidades y proporcionar los apoyos necesarios, así como la orientación técnica para su desarrollo pleno, la atención personalizada y directa es vital por lo que se debe de impulsar, ya que nos sirve para constatar la realidad y escuchar de la viva voz del productor sus inquietudes.

Otra de las necesidades que se requieren atender es el impulso al otorgamiento oportuno de apoyos a los productores, así como un servicio de elaboración gratuita de proyectos productivos para los pequeños y medianos productores, quienes por lo general son de modestos recursos económicos, y desde luego la agilización de su trámite para su pronta aprobación en su caso, como he dicho es importante también el fortalecer las acciones correspondientes a la implementación de los registros de unidades productivas, como su permanente actualización enmarcada en la realidad, todo lo anterior contribuiría a impulsar el desarrollo del campo y las actividades agropecuarias a fondo.”

Una vez analizado el contenido de la iniciativa, las y los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, formulamos las siguientes:

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión comparte el espíritu de la iniciativa, que es el generar una mayor productividad y competitividad en el sector rural, impulsando el desarrollo de la agroindustria para mejorar la competitividad del campo y las condiciones de vida de quienes subsisten de él.

Cabe señalar que la población del sector rural en nuestro país es vulnerable, ya que presenta entre otras características: ingresos bajos y estacionales, ausencia de un salario fijo, altos riesgos de salud, rezago educativo y exposición a riesgos naturales. De la misma forma tal y como lo menciona el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 la restricción de la competitividad del campo mexicano se debe entre otras cosas a la falta de la disponibilidad de tierra cultivable; debe recordarse que el 28% cuenta con riego y el 72% se cultiva en temporal, aun cuando el 60% del valor de la producción se genera en las áreas de riego, la falta de oportunidad y costo de financiamiento, el fomento a la innovación y el desarrollo tecnológico merman la productividad del campo, por lo que se hace necesario replantear el sistema de políticas públicas dirigidas al sector agrícola y que puedan detonar la competitividad y la productividad de éste sector.

Segunda.De acuerdo a la problemática planteada en la primera consideración, la diputada promovente propone reformar las fracciones VII y XIV, y adicionar las fracciones XV, XVI y XVII al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural, la cual a continuación se transcribe y se compara con el texto vigente de dicha Ley:

Legislación vigente

Artículo 32. ...

Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante.

I.- a VI.- ...

VII. El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de insumos y la información económica y productiva;

VIII. – a XIII.- ...

Propuesta de reforma 

XIV.Las demás que se deriven del cumplimiento de esta Ley.

Artículo 32. ...

Lo dispuesto en este precepto se propiciará mediante.

I.- a VI.- ...

VII. El fortalecimiento de los servicios de apoyo a la producción, en particular el financiamiento, el aseguramiento, el almacenamiento, el transporte, la producción y abasto de insumos, las visitas de diagnóstico y orientación técnica de las unidades productivas, el registro y actualización de unidades productivas y la información económica;

VIII. – a XIII.- ...

XIV. El fomento de la promoción de los programas de apoyo a las actividades agropecuarias dirigida a la comunidad y a los productores, así como del otorgamiento oportuno de los mismos;

XV. El Impulso del servicio de elaboración gratuita de proyectos productivos para los pequeños y medianos productores que lo requieran, así como la agilización de su trámite para la pronta aprobación en su caso;

XVI. El impulso del dialogo y trato directo con los productores; y

XVII. Las demás que se deriven del cumplimiento de esta ley.

Del cuadro anterior se aprecia que la citada reforma prevé que el Ejecutivo Federal junto con las Entidades Federativas y los municipios emprendan acciones como el fomento a la promoción de los programas de apoyo a las actividades agropecuarias, el impulso en la elaboración de proyectos productivos de manera gratuita y el diálogo directo del Ejecutivo con los productores, éstas acciones con la finalidad de incrementar la productividad y la competitividad en el ámbito rural tal y como lo establece el propio artículo 32 en su segundo párrafo de la citada Ley.

Tercera. Esta comisión dictaminadora coincide con el espíritu de la iniciativa en el sentido de que deben de encontrase mejores mecanismos legales y de política pública que puedan reactivar la productividad del campo y mejorar sus competitividad, recordemos que nuestro país se ha convertido en un importador agroalimentario neto. De la misma forma la OCDE ha puntualizado que en las últimas dos décadas México redujo en más de la mitad los subsidios agrícolas, al pasar de 28% en 1991-1993 a 13% en 2010-2012, muy por debajo del promedio de 19% de la OCDE.

De la misma forma el porcentaje de los subsidios en México representa entre la cuarta y quinta parte respecto a lo que aplican Noruega, Suiza, Japón y Corea, cuyos agricultores reciben subsidios que equivalen a 63, 56, 55 y 53 por ciento de los ingresos agrícolas de su país. En este sentido esta comisión precisa que si bien comparte el fondo de la iniciativa, deben de analizarse cada uno de las propuestas realizadas y los alcances de las mismas.

Cuarta. En primera instancia, las propuestas de modificaciones y adiciones al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable podrían tener algún efecto en las asignaciones presupuestales contenidas en el PEF. En este sentido mediante el oficio con número CEFP/DG/0363/14 elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, señala que la iniciativa si bien no tiene impacto presupuestario, las facultades que se pretenden otorgar al Poder Ejecutivo a través de las adiciones de las fracciones VII y XV del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se encuentran conferidas a otros órganos de la Administración Pública Federal y en diversos Fondos contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

En una primera instancia se menciona que, en cuanto a la propuesta de modificación de la fracción VII, el CEFP advierte que las acciones que se pretenden asignar en tal fracción ya las realiza el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) entre cuyas atribuciones se encuentran las de realizar operativos de inspección, verificación y supervisión en campo, para obtener información que permita contribuir a la solución de problemáticas específicas del sector agroalimentario; es decir la elaboración de diagnósticos.

En cuanto a la propuesta del servicio de elaboración gratuita de proyectos productivos para los pequeños y medianos productores, propuesta contenida en la fracción XV de la Iniciativa en comento, el CEFP menciona que al respecto existen entre otros, algunos instrumentos de política púbica contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, como el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA) para el cual el PEF 2014 asignó un monto de 700 millones de pesos; mientras que para el Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (PROMETE) la asignación presupuestal fue de 1,141.8 millones de pesos, para el mismo periodo y cuyos objetivos radican justo en facilitar la elaboración de proyectos productivos, y están dirigidos a población que ha sido considerada como vulnerable.

Quinta.Esta comisión a su vez comparte los señalamientos hechos por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) mediante el oficio CEDIP/LXII/3438/CT/14, mediante el cual indica que en ciertas disposiciones contenidas en la propuesta de reforma podrían contravenir la Constitución, además de representar un alto costo financiero para la administración pública. En referencia a las visitas de diagnóstico, el CEDIP menciona que ante el incumplimiento de las visitas por parte de la autoridad federal, los productores podrían considerarse afectados y podrían recurrir a instancias jurisdiccionales alegando violación a sus derechos por la falta de diagnósticos y orientaciones para llevar a cabo sus actividades agrícolas lo que lejos de fomentar la competitividad de las unidades productivas podrían perjudicarlas.

En cuanto a la propuesta de adicionar las fracciones XIV, XV y XVI al artículo 32, en donde se establece que el Ejecutivo Federal deberá fomentar la promoción de los programas de apoyo a las actividades agropecuarias dirigidas a la comunidad y a los productores, así como el otorgamiento oportuno de ellos, y el impulso de la elaboración gratuita de proyectos productivos  para los pequeños y medianos productores; el CEDIP establece que tales propuesta podrían contravenir disposiciones constitucionales.

El artículo 27 en su fracción VII, cuarto párrafo se establece que:

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.

De tal precepto, se establece que los ejidatarios y los comuneros tienen el derecho constitucional de adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, por lo  que una propuesta como la contenida en la iniciativa, que pretende que sea el Estado quien elabore los proyectos productivos podría interpretarse como violatoria del citado precepto constitucional. Además si el Estado fuera quien se encargara de los proyectos productivos esto representaría un alto costo financiero para la administración pública, sin pasar por alto que se rompería con el esquema con el que actualmente trabajan las dependencias en sus reglas de operación.

Debe indicarse también que de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Cámara de Diputados está facultada para señalar dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación: “los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos que deben sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia”. Por lo que de aprobarse la propuesta de reforma podrían surgir contradicciones legales e inaplicabilidad especialmente en cuanto a los que se refiere a los apoyos erogados al sector agropecuario.

En cuanto a la propuesta de adición de una fracción XVI al artículo 32 que implicaría el impulso del diálogo y trato directo con los productores, esta comisión dictaminadora coincide con los argumentos esgrimidos por el CEDIP en el sentido de que la redacción de la fracción es confusa y puede interpretarse como el diálogo directo entre el Ejecutivo Federal con los productores lo cual es contraviene a lo establecido en los Capítulos I y II (artículos 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30 y 31, fracción III) de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, donde se prevé que el Ejecutivo Federal será el encargado de coordinar las acciones y programas de las dependencias y entidades, con apoyo e intervención de una Comisión Intersecretarial y de los Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable de las entidades federativas.

Por tal motivo, esta comisión considera dictaminar en sentido negativo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII y XIV, así como se adicionan las fracciones XV,XVI y XVII, todas ellas del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, y en términos de la Fracción G del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del numeral 2 del artículo 180 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones VII y XIV, así como se adicionan las fracciones XV, XVI y XVII, todas ellas del artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Segundo.Archívese el presente expediente, como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.

La Comisión de Desarrollo Rural, diputados:Víctor Serralde Martínez (rúbrica), presidente; Noé Barrueta Barón (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), Francisco González Vargas (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Cesario Padilla Navarro (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Luis Miguel Ramírez Romero (rúbrica), Alfredo Zamora García, Armando Contreras Ceballos (rúbrica), Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, secretarios; Verónica Carreón Cervantes, Marina Garay Cabada, Josefina García Hernández, María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica), Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, Javier López Zavala (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González, Juan Luis Martínez Martínez (rúbrica), Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica), Mario Rafael Méndez Martínez, Héctor Narcia Álvarez (rúbrica), César Reynaldo Navarro de Alba, José Luis Oliveros Usabiaga (rúbrica), José Noel Pérez de Alba (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro, María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez (rúbrica).»

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen negativo la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente:

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con fecha 24 de abril de 2014, el diputado José Soto Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1524, acordó que se turnara a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictaminación correspondiente, asignándole número de expediente 4351.

3. Asimismo y mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1591, de fecha 29 de mayo del año en curso, la Mesa Directiva autorizó a esta comisión un prórroga para la dictaminación del presente asunto, de conformidad con el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Análisis de la iniciativa

1. La iniciativa de referencia materia del presente dictamen, plantea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:

Artículo 57. ...

...

El instituto cuidará y velará, tomando las medidas del caso, para que el monto de las pensiones de los trabajadores se incremente en proporción similar al aumento de los salarios de los trabajadores en activo, como un mecanismo que permita resarcir la pérdida que vayan padeciendo.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. En su exposición de motivos, la iniciativa de referencia plantea lo siguiente:

A) El proponente inicia argumentando que los sistemas de pensiones buscan proteger el flujo de ingresos del trabajador y de su familia que puede verse interrumpido por algunos riesgos, como son la edad avanzada, cesantía en edad avanzada, muerte prematura y accidentes; así como enfermedades que provocan invalidez o incapacidad para continuar trabajando.

Lamentablemente, el bajo nivel de las pensiones de los trabajadores al servicio del estado, como las de la mayoría de los pensionados en México, muestra una situación lastimosa que afecta el nivel de vida de las personas y familias que viven de sus pensiones.

B) Ahora bien, el iniciante argumenta que en la iniciativa se considera que el poder adquisitivo que han perdido los montos de sus pensiones debe ser revisado y tomar medidas para revertirlo.

Actualmente, el ISSSTE cuenta con aproximadamente 1.9 millones de trabajadores que cotizan en el sistema de pensiones y unos 0.3 millones de pensionados y jubilados, esto significa que tiene 7 trabajadores activos por cada pensionado.

Lamentablemente, el monto que representan estas pensiones se han visto afectadas por diversos factores, como la pérdida del poder adquisitivo del salario, el nivel de la inflación y la delicada situación económica del país.

C) De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos en los últimos seis años superó el 25 por ciento, en tanto que el nivel de la inflación anual fue de 4.4 por ciento. Tan sólo en 2012, la inflación en alimentos alcanzó 6.5 por ciento en promedio y los salarios aumentaron 0.3 por ciento.

Como podemos apreciar, la reforma al artículo 57 afecta a las jubilaciones y las deja totalmente en desventaja, en comparación con los incrementos salariales que se dan cada año.

D) Por otra parte, es de conocimiento público el nivel de desgaste de la capacidad de ingreso de la mayoría de la población. Entre diciembre de 1994 y diciembre de 2012, el costo de la canasta básica de consumo, según cifras de la Universidad Obrera de México, se incrementó 582 por ciento, ya que de 56.3 pesos por día a 384.4 pesos, y los productos que integran dicha canasta básica han registrado incrementos que superan el 1000 por ciento: la tortilla aumentó 364 por ciento; el pan blanco, 980 por ciento; la leche, 611 por ciento; el frijol, 623 por ciento; el huevo, 862 por ciento y el bistec de res, 412 por ciento.

E) El iniciante concluye aludiendo que actualmente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuenta con alrededor de 12 millones de derechohabientes, de los cuales 2.6 millones son trabajadores y 860 mil pensionados.

El panorama descrito exige que la cuantía de las pensiones de los jubilados y pensionados del ISSSTE se incrementen en proporción similar al aumento los salarios de los trabajadores en activo, como un mecanismo que permita resarcir la pérdida que han tenido y como un instrumento solidario para aquellos trabajadores que dedicaron parte de su vida al crecimiento del país.

III. Consideraciones

Primera. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

Segunda. Que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, una vez que analizó la propuesta del diputado aquí planteada, se pronuncia por desecharla, en virtud de que el texto normativo que pretende reformar, no tiene coincidencia alguna con el texto normativo vigente de la Ley en comento, por lo cual la iniciativa carece de técnica legislativa, además de precisar que el artículo vigente versa sobre quiénes cubrirán las prestaciones en dinero y en especie del seguro de riesgos del trabajo, es decir, que el artículo no guarda relación con el texto vigente, por lo que esta dictaminadora presenta un cuadro comparativo, en el cual se aprecia la incongruencia que guarda la propuesta.

Por lo antes expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a consideración del honorable Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado José Soto Martínez, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días de noviembre de dos mil catorce.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez, Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján, José Arturo López Candido, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes, María del Socorro Ceseñas Chapa, Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alfredo Zamora García (rúbrica).»

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen negativo la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 365, 373, 377, 386 y 390, y adiciona el 391 Ter de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma los artículos 365, 373, 377, 386 y 390; y adiciona el 391 Ter de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de dar certeza en la celebración del contrato colectivo de trabajo, sobre todo en el sentido de que el sindicato que lo solicite, en verdad represente a los trabajadores de un centro de trabajo determinado y no se realice una mera simulación, presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Con fundamento en los artículos 39, numeral 1, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con lo siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa el acuerdo legislativo en estudio.

En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración del referido acto legislativo mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En Sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en fecha 18 de junio de 2014, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ejerciendo su facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, presentó la iniciativa que reforma los artículos 365, 373, 377, 386 y 390; y adiciona el 391 Ter de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de dar certeza en la celebración del contrato colectivo de trabajo, sobre todo en el sentido de que el sindicato que lo solicite, en verdad represente a los trabajadores de un centro de trabajo determinado y no se realice una mera simulación.

2. La Mesa Directiva de ése órgano constitucional, con identidad de fecha en sesión y mediante oficio número CP2R2A.-1086, acordó se turnara a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictaminación correspondiente, asignándole el número de expediente 4675.

II. Análisis de la iniciativa

1. La Iniciativa materia del presente dictamen, plantea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 365, fracción II, 373, párrafo tercero, 377, fracción III, 386 y 390; y adiciona el artículo 391 Ter de la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado A del Artículo 123 Constitucional

Artículo Primero. Se reforman los artículos 365, fracción II, 373, párrafo tercero, 377, fracción III, 386 y 390 de la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado A del Artículo 123 Constitucional, para quedar como siguen:

Artículo 365. ...

I...

II. Una lista con el número, nombres, firmas y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios;

III. ...

IV. ...

Artículo 373. ...

...

En todo momento cualquier trabajador tendrá el derecho de solicitar información a la directiva, sobre la administración del patrimonio del sindicato, misma que deberá de ser entregada dentro del plazo de diez días.

...

Artículo 377...

I. ...

II. ...

III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas de sus miembros, anexando la documentación que así lo acredite.

...

Artículo 386. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores, previo el acuerdo de la asamblea o asambleas, y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.

Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, previo el acuerdo de la asamblea del sindicato de que se trate, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la junta federal o local de conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la junta federal o local de conciliación y arbitraje.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 391 Tris de la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del Apartado A del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 391 Tris. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje realizarán de oficio una investigación, cuando un solo sindicato tenga la titularidad de dos o más contratos colectivos de trabajo, a efecto de determinar que el referido sindicato efectivamente representa a los trabajadores de la fuente de trabajo con la que se firma el contrato.

Si de la investigación realizada se determina que el sindicato no representa a los trabajadores de la fuente de trabajo con la que se firmó el contrato, el mismo será nulo de pleno derecho.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

2. En su exposición de motivos, la Iniciativa de referencia plantea lo siguiente:

a) Define a los sindicatos como “asociaciones regulares o permanentes para regular las relaciones entre trabajadores y dadores de trabajo para imponer condiciones y ordenar cualquier profesión o trabajo”, con base en el concepto que arroja Giulliano Mazzoni en su obra La conquista della libertá sindicale.

Señala que el término sindicalismo significa “el movimiento desarrollado en los últimos cien años en el ámbito de la producción industrial caracterizado por la tendencia de los trabajadores a agruparse en asociaciones estables, distribuidas profesionalmente y dirigidas a defender los intereses, reivindicar los derechos y luchar por las aspiraciones colectivas de los mismos”, lo cual afirma con apoyo de Alejandro Gallart Folch, en su libro Sindicalismo como fenómeno social y como problema jurídico.

Menciona estas definiciones para aclarar y comprender el fenómeno del sindicalismo, apoyándose, además en el Diccionario de la Real Academia, al definir a éste como el “sistema de organización obrera por medio del sindicato”; asimismo, aporta el concepto de Eberhard Welty, quien en su catecismo social afirma: “determinada orientación sindical cuyas características son la estructuración sobre las bases locales, no profesionales o de asociaciones; el empleo de la fuerza de la ‘acción directa’; el dominio inmediato de los bienes productivos por parte del trabajador”, o “todo orden social basado en las dos partes del mercado de trabajo, es decir, en la colaboración armónica de las asociaciones obreras con las patronales”.

También cota al doctor Mario de la Cueva que atribuye al concepto de “sindicalismo” una dinámica política al identificarla con “una regla de acción encaminada a provocar la transformación de la sociedad y del estado”. Con este concepto se excluye al concepto de sindicalismo patronal, señalando que es un movimiento nacido a manera de “desquite”, como respuesta o reacción frente al sindicalismo obrero, señalando, además, que como hecho histórico y sociológico son dos realidades originales que no se mezclan y cuyos papeles no pueden ser asimilados.

b) Menciona que el fenómeno social del sindicalismo, se entiende, dentro de un contexto profesional, como el conjunto de trabajadores que participan en el ejercicio de un mismo oficio o de una misma serie de oficios. Es, afirma, una categoría social o de un cuerpo intermedio que puede dar lugar a fenómenos sociales desde el momento en que se organiza en sindicatos, en organismos sustentados en el principio de solidaridad en sentido horizontal, lo que no pasa en un régimen corporativo, la cual es de tipo vertical, reuniendo a todos los representantes de la profesión en un solo organismo común.

c) En su exposición de motivos habla del concepto de libertad, así de su ejercicio, señalando, también, que dicho derecho público y universal no es una facultad absoluta, omnímoda e ilimitada, ya que, en razón de la propia naturaleza humana, la libertad no puede ir en contra de los principios morales básicos ni en contra de las libertades ajenas, por lo que es necesaria la intervención del derecho para hacer compatibles las cualidades y aptitudes del ser humano, para que todos los componentes de la sociedad tengan la posibilidad de actuar dentro de los límites del equilibrio y la armonía social. En ese sentido, la libertad sindical es una manifestación de la libertad humana y su ejercicio lleva a la perfección y realización del trabajador. Menciona, además, que la libertad de asociación va de la mano con la libertad de trabajo, ya que, citando a Guillermo Cabanellas, en su Derecho sindical y corporativo,el “trabajador aislado queda a merced del más fuerte”, señalando que el “individualismo obrero frente a la coalición natural de fuerzas, de medios, de relaciones de capital, no constituiría otra cosa que la negación de toda libertad”. Concluye que el fundamento último de la libertad sindical, considerada como el derecho de los trabajadores a formar asociaciones con objeto profesional, reside en la esencia misma del derecho subjetivo que es la igualdad. Citando lo establecido por la Oficina Internacional del Trabajo la base que consagra la libertad de asociación está en los sistemas de igualdad jurídica en las relaciones sociales y en la libertad económica, ya que sin una y otra es imposible desenvolver un derecho de asociación destinado a defender intereses de orden profesional.

Apunta que la libertad sindical se apoya en el derecho a la personalidad del trabajador como medio de protegerla y lograr el respeto de otros derechos que hacen al cumplimiento de realización como hombre. Considerado desde este punto de vista el tema se presta a señalar que la limitación del derecho de asociación (libertad sindical), se manifiesta también cuando la asociación resulta impuesta, en la terminología corriente la cuestión a que se refiere en la iniciativa es la que se plantea bajo una alternativa: sindicato libre o sindicato obligatorio. En lo que al sindicato libre se refiere, resulta ser un sistema legal que garantice la libertad de asociarse al sindicato que el trabajador prefiera, o que simplemente prescinda de establecer normas relativas al ejercicio de aquel derecho; en lo referente al sindicato obligatorio señala que se deriva de un régimen legal obligatorio que no permite opción, sea porque ha establecido el sindicato único, sea porque bajo la apariencia de un pluralismo sindical se esconde un régimen de sindicato único. También puede darse por los mismos trabajadores bajo amenazas y violencias, o utilizando otros medios que se vinculan con cláusulas convencionales.

Si bien lo relativo al sindicato obligatorio se vincula con el derecho “negativo” de asociación, la iniciadora refiere que la obligatoriedad de afiliación a un sindicato exclusivo impuesto por la autoridad pública es una total violación del derecho subjetivo de asociación (considerado como la posibilidad de constituir asociaciones libremente), lo que se traduce en la conversión del sindicato en un ente público. Lo mismo sucede, afirma, en los casos de los sindicatos únicos, lo cuales coaccionan la libertad de los trabajadores al no permitirles su integración a otros sindicatos o la formación de nuevos. La proponente señala que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sostenido que la facultad de los trabajadores para conformar organizaciones sindicales, debe basarse en el principio del respeto a la vida interna de estas organizaciones. Al respecto, menciona, la Constitución Mexicana dispone, en la fracción XVI del apartado A del artículo 123 de su texto fundamental el que “...tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.”

En ese sentido México, en el artículo 123 constitucional, ha consagrado la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias.

d) Señala que los sindicatos gozan de ciertos derechos y obligaciones. Citando a Mario de la Cueva, divide los derechos sindicales en “directos y reflejos: los primeros derivan del derecho estatutarios y de los beneficios logrados por la actividad de los sindicatos, los segundos son las prerrogativas que la ley otorga a los trabajadores sindicatos respecto de quienes no lo son”. En ese sentido, refiere, dentro de los derechos que tiene los sindicatos, se encuentra el que, puedan firmar con la parte patronal el contrato colectivo del trabajo. Cuando señala el “contrato colectivo” menciona que, debido a la fuerza del concepto a nivel doctrinal, legalmente se impuso su concepto de una manera definitiva, ya que es, dice, una expresión que resume la tendencia moderna a dejar que sean los sindicatos legalmente reconocidos, quienes determinen las condiciones generales y mínimas del trabajo, a las que deben someterse los trabajadores y los dadores de trabajo, al celebrar sus contratos singulares.

Enfatiza, parafraseando al maestro emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, que el contrato colectivo de trabajo es la mejor expresión de la nueva sociedad, así como el contrato individual lo fue de la sociedad liberal, lo cual rompe con la idea del trabajo como mercancía, del surgimiento del individualismo y del liberalismo, que trae aparejada la idea de la explotación del obrero a cambio de vender su trabajo. Menciona en su iniciativa que la concentración de grandes masas de obreros alrededor de la máquina, al tiempo que desarrolló el espíritu de solidaridad, despertó el afán de ahogadas reivindicaciones sociales, y el sindicato fue el organismo hábil que consiguió canalizar la incontenible rebelión de los oprimidos, convirtiéndose pronto en un poderoso instrumento de lucha.

Después de hacer una referencia a conceptos históricos, sociológicos y científicos sociales del fenómeno del sindicalismo, señala que el contrato colectivo de trabajo surgió como la necesidad de los trabajadores de organizarse en sindicatos, a efecto de defender sus derechos básicos, en contra de los abusos de los patrones. Pero, señala que no obstante que los contratos colectivos de trabajo surgieron como la defensa del trabajador sindicalizado, en la práctica se ha dado la indebida utilización de este tipo de trabajos para el efecto de proteger a la parte patronal mediante la simulación de estos contratos, a los cuales se les ha conocido como “contratos colectivos de trabajo de protección”.

En ese contexto, dice, la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas, miembro activo de la Campaña Internacional contra los contratos colectivos de protección patronal en México, presentó, el 5 de febrero de 2009, una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violaciones al Convenio 87 de los derechos sindicales en México, acusación que el gobierno mexicano negó, en su respuesta del 22 de marzo de 2010, la existencia de los contratos colectivos de protección patronal, así como los argumentos y pruebas presentadas, pidiendo a esa instancia internacional desechara la queja.

Critica que el gobierno mexicano niegue la existencia de los contratos colectivos de protección patronal bajo el argumento de que el sistema jurídico no los prevé y para ello se apoya en algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que, afirma, la justificación gubernamental en el sentido de que la legislación laboral no reglamenta los contratado colectivos de protección patronal, no es indicativo de que en la realidad jurídica del país no existan.

Después de proporcionar datos y cifras que, por economía procesal damos por reproducidas, la iniciadora afirma que los contratos colectivos de trabajo de protección patronal son una realidad más que evidente, a la que la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, así como las juntas locales y federales de Conciliación y Arbitraje, han sido omisas en realizar una verdadera protección de los derechos de los trabajadores y no una simulación. Señala que la simulación jurídica en los contratos de protección patronal han sido producto de la actual redacción de la Ley Federal del Trabajo, que ha otorgado a los patrones y autoridades gubernamentales el control del derecho sindical, desde los registros sindicales (toma de nota) hasta la validez de la declaratoria de huelga, entre otros. Es por eso que, el objetivo de la iniciativa radica en realizar modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, a efecto de dar una mayor certeza, en el sentido de que el sindicato de solicite la firma de un contrato colectivo de trabajo, en verdad represente a los trabajadores de un centro de trabajo determinado y no se realice una mera simulación. En el mismo sentido, busca imponer la obligación para las juntas de conciliación y arbitraje, de realizar una investigación cuando en sus registros conste que un sindicato o sindicatos tienen firmados dos o más contratos colectivos de trabajo, a efecto de que indague si efectivamente dicho sindicato representa a los trabajadores de la fuente laboral, y así evitar contratos colectivos de trabajo de protección patronal, en el que los trabajadores desconocen quién es el sindicato que los representa e inclusive ni siquiera forman parte del sindicato que tiene la titularidad del contrato colectivo del trabajo con la patronal.

III. Consideraciones

1. Esta dictaminadora con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocó a dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto de referencia.

2. Que esta comisión, bajo los argumentos esgrimidos por la proponente considera lo siguiente:

a) La propuesta presentada por la iniciadora, de ser aprobada en sus términos, puede violentar el principio de la autonomía sindical. Lo anterior en razón de que el artículo 359 de la Ley Federal del Trabajo señala que los sindicatos tienen derecho a normar su vida interna a través de la redacción de sus estatutos y de sus reglamentos, así como elegir libremente a sus representantes, el organizar su administración y sus actividades, y formular sus programas de acción. Las propuestas aquí contenidas buscan que la ley se entrometa en la vida interna de las organizaciones sindicales, por lo que no es procedente la iniciativa interpuesta.

b) También debe tomarse en consideración lo dispuesto en el artículo 364 de la Ley Federal de Trabajo, el cual nos aclara que no es necesario contar con las firmas de los trabajadores agremiados al sindicato para su constitución y registro, dado que también pueden ser considerados los trabajadores rescindidos de la relación laboral. Por lo que es innecesaria su firma, por lo que la propuesta es improcedente.

c) También debe tomarse en cuenta que el plazo señalado propuesto por la legisladora, no está incluido en los estatutos de ningún sindicato, por lo que creemos que este mecanismo otorga transparencia y coerción a los trabajadores al momento de exigir la rendición de cuentas a sus respectivos secretarios nacionales. Sin embargo esta herramienta no es necesaria debido a que las situaciones de las finanzas internas de un sindicato son parte del principio de autonomía sindical, ya que el mismo artículo menciona que en cualquier momento cualquier trabajador puede solicitar la información de las finanzas internas, siendo que estas no sean entregadas, el trabajador podrá recurrir a la instancias internas, siendo agotadas estas, intervendrá la Junta de Conciliación y Arbitraje a fin de que estas sean entregadas al solicitante.

d) Son los artículos 359, 371 y 376 de la Ley Federal de Trabajo los que nos indican que la vida interna de los sindicatos es regida por los estatutos acordados dentro de su asamblea, por lo que la firma del contrato colectivo la hace el secretario del sindicato como su representante y con previo acuerdo de su órgano interno, por lo que la iniciativa de referencia es inocua al respecto.

e) Es necesario considerar que el artículo 370 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona que ningún registro sindical podrá ser cancelado, lo cual, aunado al numeral 379 de la misma ley nos menciona que la única forma en que este será disuelto es mediante el voto de las dos terceras partes que lo integran.

f) La propuesta de adición del artículo 391 Ter, vulnera el principio de democracia sindical. Estamos convencidos de que es por medio de los estatutos sindicales por los cuales se determina la vida interna del sindicato y de sus miembros; es donde se da la acción democrática dentro y fuera de la organización, por lo que los actos de constitución, de redacción de su ley interna, la libre elección de sus representantes, al interior, y al exterior la participación en los asuntos que corresponden a la vida nacional, al exterior, entre otros, son los actos democráticos fundamentales de un sindicato. Por lo tanto, el que la autoridad laboral inspeccione si un sindicato es representativo, o no lo es, vulnera todo ese marco jurídico que tutela los principios básicos de toda organización laboral.

g) Esta dictaminadora considera que los datos y elementos aportados no son suficientes para probar la ineficacia de la norma jurídica, y por consecuencia su abrogación, puesto que no se tiene noticia alguna de que la norma jurídica que se pretende derogar haya sido impugnada o atacada mediante al amparo, por lo que se entiende es una norma aceptada socialmente, contrariamente a los argumentos expuestos por la iniciadora.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa que reforma los artículos 365, 373, 377, 386 y 390; y adiciona el 391 Ter de la Ley Federal del Trabajo, presentada ante el pleno de Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de junio de 2014, por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de dos mil catorce.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados:Claudia Delgadillo González (rúbrica), presidenta; Jorge del Ángel Acosta (rúbrica), Francisco Grajales Palacios (rúbrica), Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (rúbrica), Fernando Salgado Delgado, Karina Labastida Sotelo (rúbrica), Rafael Alejandro Micalco Méndez (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján, José Arturo López Cándido, José Angelino Caamal Mena (rúbrica), secretarios; Carlos Humberto Aceves y del Olmo, Luis Ricardo Aldana Prieto, Elsa Patricia Araujo de la Torre (rúbrica), Marco Antonio Barba Mariscal (rúbrica), Silvano Blanco Deaquino, José Alfredo Botello Montes, María del Socorro Ceseñas Chapa, Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Gaudencio Hernández Burgos, Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Esther Quintana Salinas (rúbrica), Alfredo Zamora García.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo, salvo el listado con el numeral 4, separado para discusión.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Aprobados los puntos de acuerdo, archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

AGENDA POLITICA

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre las comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas a las solicitudes de consulta popular en materia de salarios mínimos y en materia energética, a cargo de los grupos parlamentarios.

Se han registrado para referirse al tema, en primer lugar la diputada María Sanjuana Cerda Franco para hablar a nombre de su grupo parlamentario, el Partido Nueva Alianza. Adelante, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por siete minutos.

La diputada María Sanjuana Cerda Franco:Con su permiso, diputada presidenta. Señoras, señores legisladores, la consulta popular es uno de los más importantes instrumentos de la democracia directa. Es un derecho político fundamental de los ciudadanos que bien ejercido puede robustecer la participación ciudadana en la formulación de las políticas públicas y la rendición de cuentas.

La consulta popular llega con retraso a México. Apenas en la reforma constitucional en materia político-electoral, promulgada en agosto de 2012 se incorporó esta figura a nuestra Carta Magna, mientras que la Ley Federal de consulta popular entró en vigor en marzo de este año.

Sin embargo, el estreno o inicio de la consulta popular ha sido una experiencia marcada por una serie de circunstancias que afectan directamente la funcionalidad de este instrumento democrático.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el artículo 35 de la Constitución declaró que no es constitucional la materia de las cuatro consultas promovidas por los cuatro partidos políticos.

Esa resolución del máximo tribunal, correcta e inapelable, obliga a una revisión crítica tanto de la utilización que quisieron hacer los partidos sobre esta consulta popular, como del marco jurídico que establece requisitos, materia de las consultas y procedimiento, a fin de estar en condiciones de ofrecer a los ciudadanos una explicación convincente sobre las razones jurídicas por las que en las elecciones de 2015 no habrá consulta popular alguna.

La Suprema Corte argumentó que las preguntas de las consultas promovidas por partidos políticos se ubican en alguna de las hipótesis contempladas en el numeral tercero de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, que establece que no podrá ser objeto de consulta popular la restricción a los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y los gastos del Estado, así como la seguridad nacional y lo relativo a las Fuerzas Armadas.

Más allá del debate sobre los criterios de interpretación del texto constitucional, lo cierto es que las preguntas planteadas carecieron desde un principio de un sólido fundamento para acreditar su constitucionalidad como materia de la consulta.

Seamos respetuosos de las decisiones de los actores políticos, sin embargo, consideramos que en el fondo de esta cuestión está la vigencia de los derechos políticos de los ciudadanos y la necesidad de reconquistar la confianza perdida en las instituciones.

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que la consulta popular, junto con la iniciativa ciudadana y las candidaturas independientes constituyen un avance importante en el proceso de empoderamiento de los ciudadanos. Estos instrumentos de la democracia directa pueden contribuir a elevar la intensidad y la calidad de la participación ciudadana en los procesos de decisiones públicas. Algo que en este momento necesita urgentemente el sistema político mexicano.

Por ello, consideramos que es muy importante que se explique a la ciudadanía por qué se promovieron consultas populares con la finalidad de revocar disposiciones constitucionales y leyes vigentes, cuando este instrumento no tienen alcances revocatorios.

También es indispensable que se explique a los ciudadanos que apoyaron con su firma las cuatro consultas populares mencionadas, la razón de que la materia de las preguntas formuladas versaran sobre temas vedados por la Constitución, como son los ingresos del Estado y la materia electoral.

Podemos recordar, entonces, que los sujetos legitimados para solicitar la realización de una consulta popular son el presidente de la República, al menos el 33 por ciento de cualquier de las cámaras del Congreso de la Unión y los ciudadanos en un número, al menos, del 2 por ciento de la lista nominal.

La ciudadanía reclama un proceso de crítica y autocrítica. Se tiene que precisar a fondo si es legal y sobre todo, si es legítimo que los partidos políticos promuevan consultas populares en un proceso en que se corre el riesgo de que el derecho de los ciudadanos a solicitar la realización de consultas sea limitado, manipulado o de plano, expropiado por los partidos políticos.

Para Nueva Alianza la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar las cuatro consultas populares plantea la necesidad de revisar a fondo tanto el marco jurídico de la participación ciudadana como el sistema de representación política. Con ello se logrará fortalecer este ejercicio democrático.

Es evidente que la desconfianza en las instituciones tiene como una de sus fuentes la escasa rendición de cuentas de los representantes y gobernantes. Hemos avanzado en algunos mecanismos de transparencia, pero la gran mayoría de las irregularidades no se investigan y quedan en la impunidad.

Por esas razones la consulta popular es un instrumento democrático fundamental que tenemos que preservar y fortalecer a través de la consulta que tiene resultados vinculantes, los ciudadanos asumen el derecho a pronunciarse sobre temas de trascendencia nacional y ejercen su capacidad de control y supervisión del proceso de decisiones públicas, encontrando así una forma de canalizar y superar la desconfianza que sienten hacia las instituciones representativas.

Es lamentable que no se hayan promovido consultas populares legítimas para la jornada electoral de junio de 2015; sin embargo podemos decir que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación brinde la oportunidad de asumir el compromiso de proteger la consulta popular de todo intento de partidización.

El mensaje de la corte es claro, en el sentido de que debe evitarse que la consulta popular se convierta en un mecanismo de propaganda política o en un canal para promover los intereses electorales de los partidos políticos. Las diputadas y los diputados de Nueva Alianza, ratificamos nuestro compromiso con los derechos políticos de los ciudadanos.

En estos tiempos de intensos desafíos a la democracia y creciente desconfianza en las instituciones es imperativo cuidar y expandir los instrumentos de participación ciudadana como la consulta popular, que representa y representaría una bocanada de aire fresco para la política mexicana que tanta falta nos hace. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra para hablar del tema, la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por siete minutos.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros diputados. Llama la atención que ahorita nos lamentemos de una reforma constitucional en materia de consulta popular y la aprobación de su ley cuando esto fue materia y objeto del famoso Pacto por México; es decir, fue aprobado por el Partido de Acción Nacional, por Nueva Alianza, por el Verde Ecologista, por el Partido de la Revolución Democrática.

Los únicos que votaron en contra fueron el MC y el Partido del Trabajo y las razones que argumentamos en ese momento se centraron básicamente en que no se estaba respetando un derecho fundamental de toda persona, de todo individuo; un derecho humano, contemplado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que a la vez está protegido por el artículo 1o. constitucional que es el derecho a la participación de los asuntos políticos en este país y que no se respetó.

A raíz de la reforma, precisamente del 9 de agosto de 2012, la Constitución fue reformada para establecer este derecho a la consulta; actualmente este derecho se encuentra previsto, como se señaló en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución.

Al aprobarse la reforma constitucional que reconoció el derecho a la consulta, se señaló en un artículo transitorio que el Congreso de la Unión tenía un año para aprobar la ley secundaria. La Ley Federal de Consulta Popular se aprobó el 27 de febrero de 2014, se publicó el 14 de marzo de este año y fue publicada posteriormente en el Diario Oficial de la Federación.

Posteriormente, las ciudadanas Elena Poniatowska, Claudia Sheinbaum y otros ciudadanos presentamos ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión un aviso de intención con petición de consulta popular, la cual formalizaron mediante escrito del 10 de septiembre de 2014, que cumplía con todos los requisitos establecidos en los artículos 35, fracción VIII, numeral 1, inciso c) de la Constitución federal, y 22 fracción III de la Ley Federal de la Consulta Popular. Esto es, al menos 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, casi 3 millones de firmas.

La Constitución es un ordenamiento que no puede exclusivamente interpretarse gramaticalmente, debe ser interpretada de tal suerte que las normas y principios que contiene se realicen en la mayor medida posible para acortar la distancia entre la norma, el deber ser y la realidad, el ser.

La Constitución es el marco que puede justificar la existencia del Estado y el orden jurídico de un país, siempre y cuando su interpretación y aplicación tengan como propósito posibilitar la realización efectiva de los derechos humanos fundamentales y de los principios democráticos de los ciudadanos.

Una interpretación restrictiva deslegitima, subrayo, deslegitima al Estado y al orden jurídico y hace a la Constitución un simple instrumento al servicio del poder. Vuelvo a subrayar.

El derecho a la consulta previsto en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución procede respecto a la pregunta formulada por Morena por las razones siguientes. El numeral 3 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución precisa las materias que no pueden ser objeto de consulta. En esa norma no se establece que los principios de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución no pueden ser objeto de ella.

Según la Constitución, no serán objeto de consulta las siguientes materias: restricción a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización; funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

Lo anterior significa a contrario sensu que todas las materias no especificadas en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución pueden ser objeto de consulta, incluyendo a las reformas constitucionales.

Segundo. De acuerdo a nuestra Constitución, en la interpretación de los derechos fundamentales, el derecho a la participación ciudadana en una consulta, es un derecho fundamental de carácter político. Se debe proteger en la mayor medida posible a las personas y la interpretación de las normas que afecten derechos fundamentales, tiene que ser progresiva y maximizadora de los derechos antes mencionados, según indican los párrafos segundo y tercero del artículo 1o., de la Constitución, por lo que establecer restricciones que la Constitución no prevé, implica vulnerar la Constitución, principalmente el principio de interpretación pro omine o a favor de la persona.

Los derechos fundamentales no están sujetos a regateo político. Como dijo Ronald Dorkins “cartas de triunfo”. En este sentido si la Constitución no restringe o limita la consulta y no la prohíbe, para preguntar a los ciudadanos, si están de acuerdo con el sistema de contratación de la reforma energética, el intérprete no puede agregar limitaciones que reduzcan los significados constitucionales.

Cuarto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debió garantizar una interpretación conforme y pro omite; el derecho de la consulta ciudadana, pues a partir de la reforma constitucional sobre derechos humanos publicada el 10 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación, principalmente en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o., de la Carta Magna y con apoyo también entre otras en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en el expediente varios 912- 2010 en relación al caso Rosendo Radilla Pacheco, su engrose fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de octubre del 2011, que delimitó el contenido del control constitucional y de convencionalidad en nuestro país, admitía el control difuso de constitucional y de convencionalidad, y reconoció que éste debía ejercerse de oficio, que es obligatorio y no potestativo para todas las autoridades, interpretar al ordenamiento, a la luz de los principios pro omine, todos los derechos fundamentales y la legislación y demás normas que se aprueben en este país.

En consecuencia la Suprema corte de Justicia de la Nación debía en el caso concreto maximizar los derechos políticos previstos en diversas disposiciones de la Constitución, artículos 1o., décimo tercero, 6o., trigésimo quinto, trigésimo noveno, entre otros. Y en los artículos 1o., 2o., décimo tercero, vigésimo tercero, vigésimo noveno y vigésimo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, misma que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, según lo dispone el artículo 133 de la Carta Magna.

En una interpretación conforme, tal como se ordena en el párrafo segundo del artículo 1o., de la Constitución, se debe atender a lo previsto en la Constitución y en los tratados y leyes y demás ordenamientos para lograr la mayor efectividad del derecho humano o libertad de que se trate, con mayores alcances posibles en los términos del principio pro homine y favor libertatis.

En consecuencia, la suprema corte estaba obligada a promover y a ampliar la garantía de los derechos humanos de la participación política. La decisión mayoritaria de los ministros de la suprema corte, con excepción del voto particular del ministro Cosío, es violatoria de derechos humanos y por eso el Partido del Trabajo y los de Morena estamos inconformes porque estamos viviendo no un estado de derecho, sino en un estado violatorio de los derechos fundamentales. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja para hablar por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por siete minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, presidenta. Un parlamento que se autocensura no le sirve al pueblo de México.

En la reforma política, en el tema de la consulta popular, hubo simulación –nosotros lo denunciamos–, señalamos que la corte iba a negar las consultas, amparada en su visión conservadora y de consigna. Desafortunadamente no nos equivocamos.

México vive hoy una crisis nacional que se manifiesta en una crisis económica, política, social, de seguridad pública; en una crisis humanitaria de afectaciones gravísimas a los derechos humanos y también una crisis de moral pública con niveles mayúsculos de corrupción. Es lo que Ricardo Monreal ha definido como la república de la hipocresía.

La decisión de la corte de negar las consultas populares, en especial la de la reforma energética, se inscribe en el contexto de exclusión, negocios al amparo del poder y sumisión de los tribunales a los grandes intereses económicos corruptos. Confirma la cerrazón del régimen y las complicidades que están detrás del despojo del petróleo, los hidrocarburos y la electricidad.

En una democracia genuina no hay instituciones intocadas, todas tienen que someterse al escrutinio ciudadano y a un régimen republicano de rendición de cuentas. No puede haber instancias ni personajes ni poderes al margen de la crítica ciudadana.

El Pacto por México, de cuyos productos es resultado la consulta popular, es parte de lo que ha situado a México en una crisis humanitaria de dimensiones todavía no advertidas. Sólo en las autocracias la genuflexión y el culto a la personalidad suplanta la reflexión y al debate informado. Las cosas tienen que decirse por su nombre, si el presidente de la República es corrupto y tiene su Casa Blanca debe decirse. Si malos elementos del Ejército violan derechos humanos y practican ejecuciones extrajudiciales debe decirse. Si la Corte actúa por consigna, debe decirse también.

En estos momentos en que el país atraviesa por una gran polarización social, el régimen representado por la Corte ha optado por el endurecimiento, por cerrar las vías institucionales para que el pueblo de México pueda expresarse sobre temas trascendentes a través de la consulta popular.

En lugar de actuar con altura de miras, de abrir la posibilidad a que el pueblo fuera escuchado, han sumado un nuevo agravio a la enorme irritación social que hoy se manifiesta en las calles, en las redes sociales, en las universidades y en diversas partes del país, irritación que incluso pide la renuncia del presidente de la República.

Bastaba con que la Corte interpretara el texto constitucional con una visión progresista y garantista como un auténtico tribunal constitucional para que de conformidad con los artículos 1o, 35 y 39 aprobara las consultas y, en especial, la consulta sobre la reforma energética.

De la Constitución se desprende en el artículo 39 que la soberanía reside en el pueblo, que las normas relativas a los derechos humanos como es la participación en la definición de temas trascendentes deben ser por parte de todos los servidores públicos para interpretar los derechos humanos en su visión más amplia.

El artículo 35 establece que es derecho de los ciudadanos votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Sin embargo, la Corte no actuó, o mejor dicho, actuó por consigna, negó al pueblo la oportunidad de ser partícipe en grandes decisiones nacionales.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con excepción del ministro Cossío, acostumbrados a los privilegios, a sus jugosos emolumentos y a vivir en su olimpo, aislados del pueblo de México, le negaron a éste la posibilidad de votar en las consultas populares.

A los ministros y a las ministras de la Corte no les importa la opinión de la ciudadanía, sólo el favor del príncipe, por ello son cómplices del grave estado que hoy vive el país y del cáncer que invade el cuerpo de la república, sus resoluciones son de consigna y son parte de la justicia podrida que hay hoy en México.

Por esa razón es inexplicable que esta Cámara le haya otorgado la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri a una integrante de la Corte, como es la ministra Olga Sánchez Cordero, quien no solamente ha proyectado resoluciones polémicas y cuestionadas, sino que fue la autora de la resolución que negó la consulta energética.

También hay historia con el anatocismo, con el caso Florence Cassez, con el caso Lydia Cacho, pero eso es otra historia. Por lo pronto señalar que ya somos casi 125 diputados y diputadas que estamos pidiendo que se le retire la medalla Eduardo Neri a Olga Sánchez Cordero.

La cuarta parte de la Cámara de Diputados está pidiendo que se le retire la medalla y, si no quieren obsequiar el procedimiento parlamentario para poner a consideración del pleno que se le retire la medalla, por dignidad y por ser rechazada por la cuarta parte de la Cámara de Diputados sería la ministra regresar la medalla, eso sería actuar con la mínima dignidad que le toca.

Concluyo, presidenta. México hoy es gobernado por una cleptocracia. La cleptocracia es definida como el gobierno de los corruptos y como la institucionalización en el Estado de la corrupción como una política pública.

Creemos que en esta hora crítica el país se tiene que clarificar la riqueza del titular del Poder Ejecutivo y de su pareja, negar esto en esta hora crítica del país es dejar en manos del Poder Ejecutivo a una persona sin autoridad moral en estas horas críticas del país.

El máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, está al servicio de la corrupción, de los negocios, de los trafiques petroleros, del despojo del principal recurso del país; una Corte al servicio de los cleptócratas. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por siete minutos.

El diputado Antonio Cuéllar Steffan:Con su venia, diputada presidenta. Vengo a decir en primer lugar que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México fue o está integrado por este número de diputados que junto con la gran mayoría de esta asamblea votamos a favor la reforma constitucional en materia política, porque estamos absolutamente convencidos de la importancia que tiene la consulta popular como institución jurídica en el devenir de México.

Es cierto, y tengo que reconocerlo, que el país atraviesa una grave crisis, pero no podemos dejar de ver que esa grave crisis muchas veces también la está causando precisamente este discurso incendiario que escuchamos repetidamente todos los días en esta tribuna, en contra de las instituciones que hemos venido nosotros construyendo. Tenemos que ponerle un alto, porque nosotros en la Constitución hemos establecido instituciones que son precisamente las que permiten ir construyendo el México que todos anhelamos, pero no podemos a través de nuestros discursos ir destruyendo lo que tanto trabajo le va costando a muchos mexicanos.

Se dice que los mexicanos no confían en sus instituciones, pero no confían porque nosotros no sabemos explicar qué son nuestras instituciones. Nuestras instituciones son un gobierno fuerte; nuestras instituciones son un marco jurídico que se cumpla y que se aplique. Las consultas populares le sirvan precisamente a la ciudadanía para acercarse con nosotros, para decirnos cuál es su sentir con relación a los asuntos de trascendencia nacional que nosotros tenemos que discutir en esta tribuna, pero la consulta popular bajo ningún motivo, como institución jurídica que estamos construyendo apenas en esta democracia que está naciendo, pero que viene madurando a pasos agigantados, bajo ningún motivo la consulta popular viene a sustituir el proceso de discusión de las leyes.

Es terriblemente peligroso que nosotros podamos suponer que esta deliberación política que estamos teniendo aquí con relación hoy al tema de la consulta popular, la vayamos a trasladar a las calles para que la ciudadanía sea la que debata. ¿Cómo?, ¿a través de qué cauces?, qué es lo que se tiene que hacer en el país.

El Poder Legislativo nació para expedir las leyes, pero el Poder Judicial, y concretamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nació para interpretarlas y para decidir cómo es que tienen que aplicarse en el caso concreto al que éstas se refieren.

Resulta terriblemente inadecuado que a través de este discurso queramos a pretendamos politizar la labor de justicia que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A través de la consulta popular nosotros nos dirigimos a la ciudadanía y planteamos una pregunta, pero no es a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la que le compete resolver si la pregunta es conveniente o es pertinente, lo único que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin entrar al debate político es decidir si los supuestos de prohibición de la consulta popular se actualizan o no se actualizan en el caso concreto de la pregunta de que se trate.

Evidentemente, si nosotros incorporamos a la Suprema Corte dentro de los mecanismos de calificación constitucional de la consulta popular, es porque tenemos que reconocer que la Corte ha venido ganando entre los mexicanos y frente a nosotros un estadio, un nivel de prestigio y de moralidad, que no podemos venir nosotros a destruir con un discurso baladí, no podemos nosotros venir a acusar aquí a los ministros de desvíos de...

No quiero ya mencionarlos, porque a final de cuentas lo han dicho los que me antecedieron en el uso de la palabra, pero no podemos venir nosotros a formular acusaciones sobre las nubes, cuando realmente lo que ellos hacen es una labor de interpretación constitucional, que en este momento y en esta tribuna jamás se ha cuestionado.

Desde luego que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos conscientes de cuál fue la labor que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de las preguntas que se plantearon en este caso y encontramos que su labor fue apegada a lo que establecen los causes que se han previsto en la Constitución. Pero tenemos que ser conscientes de algo, la labor de la Corte, que no es política, sino jurídica, tratándose del establecimiento de procedencia de la consulta popular no está sujeta a una restricción de una limitación de la interpretación constitucional, como si fuera un procedimiento de calificación de estricto derecho. Tiene que entenderse cuál es la teleología de la norma constitucional y qué es lo que se pretende proteger.

No vamos a llevar a las calles lo que tiene que resolverse en los tribunales. En este caso, si la consulta popular puede ser afectiva de estos elementos que también como derechos humanos se están protegiendo en la Constitución, evidentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace bien al intervenir y cerrar la puerta para que una consulta popular pueda efectuarse cuando pueda llegar a tener una terrible consecuencia en contra de la ciudadanía.

Quiero por último nada más señalar que en el Partido Verde, en estricto apego a la Constitución, a la división funcional de Poderes, a las decisiones emanadas de los órganos encargados de la interpretación y control constitucional, respetamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dentro del procedimiento de procedencia de las solicitudes de consulta popular sometidas por diversos partidos políticos. Lo que no es obstáculo para continuar siendo expectantes de la manera en que en lo sucesivo se siga desarrollando el procedimiento de consulta popular.

Junto con la mayoría de este Congreso estamos preocupados, pero al mismo tiempo estamos creando las instituciones y confiamos en que con la práctica, en que con el ejercicio de esta actividad política, que hoy estamos compartiendo con la ciudadanía a través de esta reforma política de carácter constitucional, a través de la iniciativa ciudadana a partir de la consulta popular, desde luego que vamos a tener una democracia mucho más fortalecida.

Yo los invito solamente a que recapacitemos con seriedad, con serenidad, cuál es la trascendencia que está teniendo allá afuera el discurso incendiario, que sin justificación se viene a pronunciar a esta tribuna. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Amalia García Medina, para hablar por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Muchas gracias, compañera presidenta de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros, estamos tratando varios asuntos que son de la mayor importancia, todos ellos.

Uno tiene que ver con un derecho fundamental, es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en consultas en un mecanismo de democracia directa, ya está en la Constitución.

El asunto que debería o el tema que debería prevalecer en cualquier decisión de cualquier poder público, es este derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, que lamentamos, yo lo lamento, de verdad, y mi grupo parlamentario también, decir que ha sido conculcado, y no coincidimos con la interpretación de la Corte.

Podemos tener el mayor respeto a otro poder, pero no estamos obligados a decir que coincidimos cuando tenemos una diferencia de fondo y cuando, además, la reforma a la Constitución para garantizar este derecho de democracia directa, es producto de la decisión del Constituyente Permanente, que es el Congreso de la Unión, y me parece, compañeras, compañeros, que no deberíamos disminuir la capacidad y el trabajo que se realizó en este Congreso de la Unión y en esta Cámara de Diputados.

Aquí se votó esta reforma, aquí se hizo un trabajo de fondo, aquí se elaboró, y no coincidimos, y yo voy a señalar algunas de las razones por las cuales consideramos que la determinación de la mayoría de los ministros y ministras de la Corte es inadecuada.

Y digo de la mayoría, porque también hay que señalar que no fue una opinión unánime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate se dio ahí también y se está conculcando un derecho de ciudadanas y ciudadanos, incluso en la primera votación que se desarrolló sobre el primer asunto puesto a análisis en la Corte, la votación fue tan dividida, que solamente la diferencia de un voto o de un ministro hizo la diferencia.

Es decir, el debate está en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué tendríamos nosotros que decir que no entramos a ese debate. Y yo pongo en el centro algunos de los asuntos que en la Suprema Corte se discutieron.

El tema de trascendencia nacional y lo que en la Corte se señalaba es que había que definir qué significaba trascendencia nacional.

Pero compañeras y compañeros, ¿Qué asunto de mayor trascendencia nacional podría haber que aquel que tiene que ver con la propiedad de la nación sobre su riqueza energética?

¿Puede éste ser catalogado, sí o no, como un asunto de trascendencia nacional? Indudablemente que sí. ¿Quién podría negar que es un asunto de trascendencia nacional? Absolutamente nadie.

Pero en esta interpretación que hace la Corte se deja de lado esta interpretación que sería fundamental.

Adicionalmente, en el debate que se realizó en la Corte se señala y se dijo también por diversos analistas, algunos, lo deseo subrayar, que la propia Constitución en el artículo 35, que establecía limitaciones para que la propia Constitución pudiera ser reformada o tocada a través de un proceso de consulta popular.

Nada más erróneo e inexacto que eso. Si el Constituyente permanente, que es el Congreso de la Unión, hubiera querido que nada de la Constitución se tocara en un proceso de consulta popular, lo hubiera puesto negro sobre blanco y hubiera dicho ningún artículo de la Constitución podrá ser modificado en un procedimiento de consulta popular a través de democracia directa; pero no lo dice así.

El artículo 35 constitucional señala claramente que el único artículo de la Constitución, el único que no podrá ser llevado a consulta es el artículo 40, lo dice de manera clara, negro sobre blanco, el único. ¿Por qué razón? Porque ese artículo se refiere al régimen republicano democrático federal de nuestro país, no se va a llevar obviamente, y ésa fue la decisión del constituyente permanente, a consulta si México se convierte en una república monárquica; por supuesto que no. Y por eso el constituyente dijo que el único artículo que no se tocaría es el 40, eso no entrará a debate, pero todo lo demás de la Constitución sí puede entrar a debate.

Adicionalmente, cuando algunos analistas decían, es que hay una contradicción, porque para reformar la Constitución se requiere acudir a un procedimiento que está establecido en el 135 constitucional que conocemos perfectamente, tiene que ser aprobado por dos terceras partes aquí y luego pasar a los Congresos de los estados; pero no hay absolutamente ninguna contradicción, porque el artículo 35 constitucional señala que cuando hayan votado en una consulta popular al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nacional de electores, si la mayoría de ese 40 por ciento vota en determinado sentido, esa decisión expresada en las urnas es vinculatoria y obliga a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

¿Qué quiere decir esto? Que si en una consulta el primer domingo de junio votara al menos el 40 por ciento del padrón electoral y de ese 40 por ciento la mayoría determinara que se reformara la Constitución, puesto que es vinculatoria a ese procedimiento, la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso tendría que iniciar el procedimiento establecido en el 135, es absolutamente congruente y claro.

Y termino con un asunto sustancial, también se argumentó desde antes que votáramos la reforma; la votaran, perdón. Nosotros, yo no la voté y no la votó el PRD, no votamos por la entrega de nuestros hidrocarburos y del petróleo a la iniciativa privada, pero hubo aquí una mayoría que lo votó así; desde esos días ya había un argumento que tomara como base el 35 constitucional para decir que no podría ir a consulta porque era un asunto de gastos y de ingresos. Nada más frívolo y superficial que querer reducir lo que ya la propia Constitución en el 25, en el 27 y en el 28 señalaban no como un asunto de ingreso y gasto.

Aquí no se está hablando del petróleo como un asunto de impuestos, no, en el 25, en el 27 y en el 28 se señala con claridad, primero en el 25, que al Estado le compete la rectoría en materia del desarrollo del país. Y se señala en el artículo 28 que las áreas estratégicas, petróleo e hidrocarburos, tal como lo dice el artículo 27, son propiedad de la nación.

De tal manera que el petróleo, el gas, los hidrocarburos no son un asunto de ingreso y gasto, son propiedad de la nación, son recursos estratégicos; tienen que ver con la sustentabilidad del país. No solamente recursos estratégicos, tienen que ver incluso con la seguridad nacional de México.

Pero en esta interpretación que ha hecho la mayoría de la Corte –termino, señora presidenta, para no equivocarme y decir señor presidente– en esta interpretación de la Corte se comete además –y aquí ya no es la interpretación jurídica, constitucional, sino en el ámbito político y democrático– un gravísimo error.

El país está en una situación de tensión extrema. Hay quien dice que México está en llamas. Sabemos el enorme problema que hay en nuestro país por los diferendos. ¿Cuál tendría que ser el mejor mecanismo para resolverlos si no el de la consulta democrática popular? ¿Por qué no hacer uso de este instrumento de democracia directa, si ya está en la Constitución?

Creemos que no se utiliza este instrumento de democracia directa para que decida la población por una ceguera, porque hay la intención de conculcar ese derecho, pero se comete un gravísimo error.

Porque, si bien es cierto que la decisión que se tomó entrega al país a la iniciativa privada y al extranjero, no se hace cargo de que aquí el ambiente político es explosivo y que ante un ambiente explosivo la manera más sensata, más inteligente, democrática de resolverlos tendría que ser a través de una vía pacífica, civilizada, garantizando derechos, como el de que acudieran millones de hombres y mujeres que tienen derecho a ir a las urnas a decidir sobre el futuro de su país.

Eso es lo que se está negando. No solo se le niega a los millones y millones que firmaron la solicitud de consulta, se les niega a ellos y a ellas y se le niega a todo México, porque todo el país tiene derecho a ser consultado y a decidir sobre su presente y su futuro. Eso es lo que se le negó.

Por eso discrepamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo decimos de manera clara y subrayada, no estamos de acuerdo en que se violente un derecho que ya está en la Constitución. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval, para hablar por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:¿Con qué objeto, diputada Bojórquez?

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Para rectificación de hechos, del tema de la consulta popular, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Lamentablemente en el tema de agenda política, diputada, no hay rectificación de hechos. Adelante, diputado Rodríguez Doval.

El diputado Fernando Rodríguez Doval:Gracias, diputada presidenta. En el año 2012 todavía en la legislatura pasada se incorporó a nuestra Constitución el derecho a la consulta popular. Esto era algo completamente novedoso en el constitucionalismo mexicano porque nunca había existido un instrumento de democracia participativa en nuestra ley fundamental, salvo un breve paréntesis entre el año 67 y el año 77 donde existió la figura del referéndum únicamente para el Distrito Federal, que por cierto nunca se ocupó.

Y cuando en el año 2012 se incorporó este instrumento de consulta popular, explícitamente se mencionó que era con el afán de empoderar al ciudadano, y no solamente empoderar al ciudadano, sino que empoderando al ciudadano precisamente podríamos tener una democracia más participativa y también de mejor calidad.

Y por supuesto cuando se incorporó este instrumento de la democracia directa como es la consulta popular, no se hizo para sustituir a la democracia representativa, sino para complementarla como ocurre en prácticamente todas las democracias de este mundo.

Por lo tanto era un avance político importante esta reforma que se hizo en el año 2012 y que a nosotros en esta legislatura nos tocó reglamentar en su ley secundaria.

Y en esa reforma se estableció explícitamente, expresamente, que sería la Suprema Corte de Justicia la que ejercería el control de la constitucionalidad, cosa que hoy vemos que en efecto ocurrió, sin embargo sus resultados a pocos deja satisfechos, porque no olvidemos que cuando se reformó la Constitución para incorporar el derecho a la consulta popular, precisamente se hizo como un derecho del ciudadano en el artículo 35 y los derechos políticos, no olvidemos, están considerados como derechos humanos.

Por lo tanto, al hacer una interpretación de un derecho humano se estableció también, en la anterior legislatura, en el artículo 1o, que tiene que utilizarse el principio pro persona, es decir, que las normas de derechos humanos deben de interpretarse de la manera que resulte más favorable para las personas y en este caso para los ciudadanos.

Consideramos, muy respetuosamente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hizo las interpretaciones sobre el control de constitucionalidad de las consultas populares, honestamente consideramos que no interpretó según el principio pro persona, al menos hablamos en el caso de la consulta popular que más de dos millones de ciudadanos propusieron para aumentar el salario mínimo en este país.

Consideramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extralimitó, porque si vemos las resoluciones de los ministros observamos que incluso analizaron las posibles consecuencias o efectos económicos, sociales o políticos que podrían llegar a generarse con las consultas, lo cual no está dentro de las atribuciones de la corte.

La corte tiene que establecer un control de constitucionalidad, es decir, en el caso de las consultas, la corte tiene que decidir si éstas se ajustan o no a la Constitución y si se ajustan o no a lo establecido en el artículo 35, cuyas restricciones son muy claras. Ese artículo dice con toda nitidez que no puede haber consultas populares en materia de derechos humanos, que no puede haber consultas populares en materias electorales, en materia de los ingresos y gastos del Estado, en materia de la organización y funcionamiento de las fuerzas armadas o incluso en materia de seguridad nacional, y por supuesto el artículo 40, que es sobre la forma de gobierno de este país.

Sin embargo, la corte no tiene facultades para decir que una consulta popular sobre el salario mínimo puede tener, por ejemplo, efectos negativos en la inflación, como hubo algún ministro que lo insinuó. La corte no puede venir a decir, en una interpretación demasiado vaga de las restricciones establecidas en el artículo 35, que como el trabajo es un derecho humano no puede ser consultado el tema del salario mínimo.

Consideramos, con todo respeto para los ministros de la corte, que su interpretación fue bastante mediocre y fue bastante vaga porque finalmente, con esta interpretación tan abierta sobre los ingresos y gastos del Estado o sobre los derechos humanos, prácticamente ninguna consulta nunca será viable en este país. Y eso fue lo que nos dejó clara la interpretación que hizo la corte la semana antepasada.

Por eso es que los diputados de Acción Nacional hemos anunciado, por voz de nuestro coordinador, que vamos a presentar una iniciativa de reforma tanto al artículo 35 constitucional como a la Ley Federal de la Consulta Popular, con el único objetivo de que éste sea un instrumento viable para los ciudadanos.

Quiero insistir en que la consulta popular es un derecho de los ciudadanos y así está establecido en el artículo 35, y los derechos políticos, quiero insistir, son derechos humanos y por lo tanto tenemos que buscar la interpretación más amplia y que de mejor manera proteja ese derecho humano.

Por supuesto que no se trata de estar cayendo en una democracia plebiscitaria, no se trata de estar consultando absolutamente todo lo que se haga en este país; para eso estamos los representantes. Pero sí se trata de ponernos al mismo nivel que ya están otras democracias en el mundo que han combinado perfectamente a la democracia representativa con algunos instrumentos de democracia directa y participativa para aquellos casos que verdaderamente requieren una participación del pueblo y que sea éste el que tenga la última palabra.

Y también quiero señalar que junto con esta reforma que vamos a presentar al instrumento de la consulta popular, los diputados de Acción Nacional vamos a insistir en nuestra propuesta de reformar la Ley Federal del Trabajo para homologar el salario mínimo con la línea mínima de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.

Eso precisamente era lo que nosotros habíamos puesto a consideración de la Corte, para que pudiera hacerse una consulta al respecto, ya que la Corte decidió con argumentos, insisto, por demás pagos indiscutibles que esa reforma no procedía, vamos nosotros a impulsarla en esta Cámara de Diputados y también vamos a impulsar una reforma que sabemos que otros diputados de otros partidos ya han visto con buenos ojos que es desvincular el salario mínimo como unidad de medida.

Hoy en día sabemos que el salario mínimo funciona como unidad de medida para multas, para créditos, para pago de derechos, eso es lo que queremos también, desvincular para que de esa manera el salario mínimo en efecto, pueda ser también un instrumento al servicio de los trabajadores. Esa reforma, esa iniciativa ya la presentó Acción Nacional y esperemos encontrar un buen eco por parte de los demás partidos.

Termino, diputada presidenta insistiendo en que los derechos políticos también son derechos humanos. No lo perdamos de vista y ojalá que podamos también encontrar los consensos necesarios para hacer una reforma que permita que ese instrumento de consulta popular nos ponga al mismo nivel que las democracias más avanzadas del mundo. Gracias.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:Gracias diputado Fernando Rodríguez Doval. Por último tiene la palabra para hablar del tema de agenda política la diputada Martha Gutiérrez Manrique, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por siete minutos.

Quiero saludar también a invitados que se encuentran con nosotros el día de hoy de una asociación popular de Coahuila, invitados por el diputado Mario Dávila, que están aquí presentes. Bienvenidas, bienvenidos.

La diputada Martha Gutiérrez Manrique:Con su permiso, señora presidenta. A nombre de mi grupo parlamentario quiero expresar nuestro absoluto respeto a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos reconocer que más allá de la formalidad de sus integrantes, estos han cumplido cabalmente con las cada vez más exigentes tareas que le impone la propia evolución de nuestro sistema democrático y jurídico.

No podemos olvidar que, por primera vez en la historia de México, mediante las reformas constitucionales que recientemente aprobamos, se estableció la posibilidad de realizar consultas populares como un mecanismo novedoso para fortalecer la democracia participativa en nuestro país.

La consulta popular es un mecanismo existente en más de la mitad de los países del mundo, mediante el cual se pregunta la población su opinión respecto de propuestas de cambios legislativos o proyectos de gobierno en una lógica prospectiva.

Recordemos, compañeras diputadas y compañeros diputados, que este mecanismo fue objeto de múltiples y muy profundos debates durante la discusión de la reforma constitucional en ambas Cámaras, obtuvo el voto aprobatorio de la mayoría calificada requerida y cuyo dictamen además fue aprobado por la mayoría de las Legislaturas de los estados en cumplimiento con el procedimiento establecido para llevar a cabo una reforma constitucional.

Es decir, la consulta popular es producto del Constituyente Permanente y nosotros somos los primeros obligados en respetar sus términos. La Corte es la instancia facultada para calificar la constitucionalidad de las propuestas de consulta popular atendiendo las materias, que en el artículo 35 de la Carta Magna se estableció que no serán objeto de consulta popular, como son: los ingresos y el gasto del Estado, la materia electoral, los principios previstos en el artículo 40 constitucional, los que restrinjan los derechos humanos, pongan en riesgo la seguridad nacional o la organización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

Consideramos que, si bien estos criterios generales deben prevalecer, también es preciso reconocer que durante los debates sostenidos entre los ministros de la Corte se vertieron cuestiones que conviene tomar en cuenta para que desde el Legislativo podamos debatir y establecer criterios más claros, para evitar interpretaciones subjetivas en la evaluación de constitucionalidad de una propuesta de consulta que corresponde al máximo tribunal.

El Grupo Parlamentario del PRI está abierto a la posibilidad de perfeccionar este mecanismo de democracia participativa recién establecido para que sea un instrumento viable y eficaz. La figura de consulta popular es imperfecta, si es así debemos mejorarla.

Los propios debates de los ministros al analizar las distintas propuestas de consulta popular marcan la ruta que podemos recorrer para revisar los aspectos de la legislación que deban modificarse a la luz de esos criterios, aunado a nuestra propia experiencia parlamentaria para hacer los cambios que se requieran y contar México con una verdadera democracia participativa.

Se trata entonces de abordar con seriedad la tarea de dar certeza y viabilidad al derecho ciudadano de participar en consultas populares consagrado en la Constitución, para que cumpla con su función y consolide la participación y la confianza ciudadana en nuestra democracia.

Lo que no se vale es descalificar los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie puede eludir su responsabilidad, porque la Corte interpretó y resolvió en uso de los instrumentos legales con los que nosotros mismos le dotamos. Tampoco se vale una manipuladora ceguera. Tampoco –y lo subrayo- se deben hacer juicios de valor y partidizar una resolución cuando ésta no les favorece, y solamente aplaudir lo que partidistamente les beneficia. Ése es un doble discurso que carece de fundamento.

Se trata entonces de abordar con seriedad la tarea de dar certeza y viabilidad al derecho ciudadano de participar en consultas populares, consagrado en la Constitución. No es atacando a las instituciones ni menoscabando su autoridad aludiendo intereses político-electorales como podemos perfeccionar nuestro marco normativo ni fortalecer nuestra democracia.

Hoy más que nunca los legisladores debemos ser ejemplo de cumplimiento a las normas que nosotros mismos creamos, porque las decisiones que se toman de acuerdo con el procedimiento legislativo establecido –y éste ha sido el caso- son decisiones que nos obligan a su exacta observancia y cumplimiento a todos, y no solamente a quienes votamos a favor.

Ello, compañeras y compañeros diputados, se llama congruencia. Ello se llama respeto por la ley, por la democracia y por el estado de derecho. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:El siguiente punto del orden del día. Vamos a dar parte a las iniciativas de diputados y diputadas, o a nombre de grupos.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado José Alberto Benavides Castañeda, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, José Alberto Benavides Castañeda, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto que reforma el primero párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Ley de Asistencia Social, la asistencia social se entiende como el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impiden el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

En la ley en comento se mencionan los sujetos que tienen derecho a la asistencia social los cuales son individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Sin duda los casos anteriores mencionan condiciones desfavorables bajo las cuales es imprescindible brindar asistencia social, pero se omite el incluir a las condiciones económicas como una condición que sin duda representa una situación de indefensión y que por lo tanto debería de ser tomada en cuenta para que se considere al otorgar asistencia social, ante la situación de pobreza que perjudica a más de 53 millones de personas en el país.

Si bien los problemas relacionados con carencias económicas como lo es la pobreza se pueden considerar como un problema social, existe la especificación de esta problemática al tratarla como un tópico aislado en otras disposiciones legales, considerando la gravedad de este problema en el país.

En la Ley General de Salud, en el apartado referente a la Asistencia Social se menciona:

“Artículo 168. Son actividades básicas de Asistencia Social:

I. La atención a personas que, por sus carencias socio- económicas o por su condición de discapacidad se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo;

...”

Al mismo tiempo, los artículos 6 y 35 de la misma Ley, se hace referencia a la situación económica dentro de grupos vulnerables como una situación de desequilibrio y de las condiciones socioeconómicas como un factor a considerar en la provisión de servicios públicos.

“Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

Del I al II. ...

I. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

...”

Artículo 35. Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

De la I a la IV. ...

...

Tomando en cuenta que la Ley General de Salud es una disposición que da origen a la Ley de Asistencia Social, es conveniente incluir como sujetos que tienen derecho a la asistencia social a aquellos que tengan carencias económicas que los excluyan de los servicios relacionados a una vida plena y productiva.

Actualmente la pobreza es aceptada como un fenómeno social multidimensional  que afecta a millones de personas en el mundo, dicha pobreza reconoce que las  personas poseen una serie de atributos, cuantitativos y cualitativos, que abarcan,  además de la dimensión monetaria, dimensiones del ser, por lo cual puede ser  originada debido a múltiples causas y sus efectos pueden ser variados.

Nuestro país se ha convertido en una fábrica con una alta productividad para generar pobreza. Persiste el desplome del poder adquisitivo del trabajador, de la ciudad y del campo, del empleado y del técnico así como de las amas de casa; más de la mitad de la población está en condiciones de pobreza y alrededor de 11.5 millones de mexicanos viven una situación de pobreza extrema.

Uno de los ámbitos que debe de ser de mayor interés para este Congreso lo constituye el área social, por ser ésta donde han repercutido con mayor agudeza los efectos negativos de las crisis económicas que ha enfrentado México y de las políticas gubernamentales llevadas a cabo en los últimos sexenios, que han provocado crisis recurrentes.

México al igual que la mayoría de las naciones en vías de desarrollo ha visto incrementar el nivel de pobreza en su tejido social. La desigualdad en México es peor que hace 50 años y el poder adquisitivo de los salarios actuales es menor al de hace dos décadas, sin embargo, para desterrar a la pobreza se tiene que entender las causas de su origen, porque sólo de esa manera se pueden plantear alternativas que combatan a fondo y de forma sistemática a este grave flagelo social y es por ello la necesidad de que el ciudadano reciba del gobierno oportunidades de asistencia social, que lo lleven a una mejor situación que facilite su inserción al  mercado de trabajo que le permitan cubrir al menos las necesidades básicas de sí mismo y de su familia.

La desigualdad social no sólo depende de las diferencias de clase o ingreso, sino también de la distribución desigual del poder social y del acceso al empleo, a la asistencia social, al mejoramiento personal y a la participación social, cultural y política.

La salud constituye uno de los ámbitos de la política social en la que existe una necesidad de reorientar, mediante la canalización de mayores recursos a este sector y que la asignación de estos sea eficiente, siendo dirigida a quien tenga las mayores necesidades, principalmente las relacionadas con las cuestiones de poder adquisitivo y en general carencias económicas. Una población sana y bien alimentada será la base para que los habitantes de nuestra nación logren mayores niveles de desempeño en cada una de las actividades que realizan.

El sistema de salud en México no ha logrado dotar de los servicios médicos elementales y, en cierta medida, especializados, así como de hospitales a la población de los núcleos urbanos de mayor concentración. Sin embargo, en el campo mexicano continúa la población dispersa en múltiples comunidades en donde existe pobreza, a las que no llega la cobertura de los más elementales servicios médicos, ni cuentan con hospitales. Por ello, el reto del sector salud, de la asistencia social y de las políticas públicas en esta materia, será lograr una cobertura total de esos servicios y la mayor especialización de los servicios médicos ante el creciente proceso de envejecimiento de la población mexicana.

Lo que se propone específicamente es modificar el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social para que se incluyan las condiciones económicas de las familias y de los individuos, como un factor que otorgue derechos a la asistencia social por parte del Estado; en el entendido que se considera prudente la especificación de este tipo de condiciones y con ello se logre de manera clara y precisa un acceso a aquellos que se encuentren en situación de pobreza y por ello necesiten de la asistencia social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración, la presente iniciativa de ley con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Para quedar como sigue:

Artículo

Artículo Primero. Se reforma el primero párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 4.Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

...

De la I a la XII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan  al presente Decreto.

Notas:

1 Medición de la Pobreza > Pobreza en México 2012| Coneval

2 Acercamiento al problema social de la pobreza. De las nociones de pobreza a los mecanismos causales. Liliana María Gallego Duque.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de noviembre de 2014.— Diputado José Alberto Benavides Castañeda (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Iniciativa que reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Juan Bueno Torio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos nuevas fracciones al artículo 82 de la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace mucho tiempo han existido diversas inquietudes para mejorar nuestro federalismo en materia fiscal. El gobierno Federal, así como los estados y municipios han buscado establecer diversos mecanismos encaminados en crear fórmulas para una distribución más eficiente y de mayor equidad de los recursos que integran la hacienda pública local.

Resultado de esto fue la creación de la Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor en 1978. Además de la concurrencia impositiva, la citada Ley permite la participación del gasto, a través de la colaboración administrativa resultante del acuerdo que habilita a las autoridades estatales y municipales para gestionar contribuciones.

La Ley de Coordinación Fiscal regula tanto las participaciones como las aportaciones federales. Las primeras establecidas en el Capítulo I y las segundas en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Estos recursos son transferidos de la Federación a los gobiernos subnacionales, por un lado, para administrar libremente sus haciendas y por otro lado, para financiar competencias previamente descentralizadas como educación básica y salud, o para llevar a cabo obra que se considera los gobiernos estatales y municipales pueden llevar a cabo con mayor eficiencia, que si se realizaran de forma centralizada.

De igual manera, los gobiernos estatales y municipales reciben recursos adicionales de la federación por concepto de convenios de descentralización, convenios de reasignación así como por programas y proyectos que son etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal  a través del Ramo 23 y en los anexos correspondientes a temas como la cultura, infraestructura deportiva, seguridad, etcétera.

En este contexto, es frecuente encontrar cada vez más que en particular los municipios han venido fortaleciendo su capacidad para administrar estos recursos, desarrollando una hacienda seria y profesional, que opera bajo parámetros comúnmente aceptados.

También en algunos otros municipios es notorio el atraso en esta materia, lo que impide o dificulta el acceso a recursos frescos para dar satisfacción a las necesidades que requiere el desarrollo.

Es importante señalar que la Cámara de Diputados ha sido sensible a la situación por la que atraviesan especialmente los municipios y ha autorizado recursos crecientes para diversas funciones.

De unos años para acá, diversas funciones de las encomendadas por ley a los estados y municipios han adquirido una relevancia preponderante. La seguridad pública, la educación y deporte, la salud, la inversión en infraestructura para el desarrollo y medio ambiente son algunas de las funciones encomendadas.

En este orden de ideas, las transferencias del erario federal a las haciendas locales se realizan por medio de fondos de participaciones y aportaciones federales, así como por medio de los diversos programas y proyectos de inversión señalados anteriormente.

Para el caso de las participaciones y aportaciones federales la ley de coordinación fiscal establece no solo los criterios de distribución de los recursos, sino también se describen los tiempos de entrega de recursos federales, los conceptos en los que los estados y municipios pueden invertir, así como los criterios para generar mayor transparencia.

En el caso de los programas y proyectos de inversión, su uso, aplicación y transparencia quedan determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.

No obstante que durante los últimos años la Ley de Coordinación Fiscal ha sufrido una serie de reformas encaminadas a mejorar las fórmulas de distribución de los recursos y que en el presupuesto de egresos se ha hecho una redacción más precisa de los mecanismos de entregas de recursos a los municipios beneficiados, siguen siendo en la mayoría de los casos, los Gobiernos Estatales los que fungen como intermediarios para la entrega de dichos recursos a los órdenes municipales.

Existe un problema de toma tintes históricos y que ubica a los municipios en serios problemas al enfrentarse con retrasos en la entrega de los recursos por parte de los estados y en algunas ocasiones por parte de la propia Federación cuando de recursos de programas y proyectos se trata.

En el caso de las participaciones y aportaciones, a pesar de que existe un calendario que establece los tiempos de ministración de recursos de la Federación a los Estados, la Ley de Coordinación Fiscal no establece el tiempo límite que tiene cada Ejecutivo Estatal para entregar los recursos a sus municipios.

Además, la ley no establece sanciones específicas para los Gobiernos Estatales y funcionarios públicos que incurran en el retraso o mal uso de los recursos que les corresponden a los gobiernos municipales.

En cuanto a los recursos que corresponden a los municipios y que han sido etiquetados en la Ley de Presupuesto de Egresos, si bien es cierto que son los gobiernos locales los que deben gestionar la entrega de recursos a través de la elaboración de los proyectos de inversión o firmas de convenios, es importante señalar que en el cuerpo del articulado de dicha ley, no se establece ningún tipo de sanción en caso de que sea la Federación la que retrasa por motivos ajenos a los municipios, la entrega del recurso federal.

De tal forma que el retraso o “jineteo” de recursos por parte de los estados o la Federación, quienes son los que detentan primeramente dichos recursos, termina por convertirse en un problema para los ayuntamientos, pues toda vez que los recursos que se destinan a estos por parte del Estado son de suma importancia para el desempeño de sus actividades cotidianas, pues la inversión en proyectos de infraestructura social básica, así como el saneamiento de sus finanzas dependen en gran medida de su ministración en tiempo.

Muchas han sido las iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados con el objeto de establecer en el cuerpo de la citada ley, los tiempos máximos de entrega. No obstante, estas han sido dejadas en el olvido por parte de la o las Comisiones a las que han sido turnadas.

Por esta razón, el presente proyecto de iniciativa tiene por objeto establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en los convenios firmados entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales para la transferencia de recursos federales, se establezcan sanciones a los gobiernos estatales y funcionarios públicos que incurran en el retraso en la ministración de recursos o cuando los funcionarios públicos locales incumplan las obligaciones establecidas en la ley que regula la entrega de dichos recursos, en este caso, la Ley de Coordinación Fiscal o en las establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La perspectiva del federalismo fiscal implica no sólo la adecuada distribución de atribuciones fiscales entre las partes integrantes de la federación, sino también la entrega puntual, de acuerdo al calendario de ministración, de dichos recursos.

Para alcanzar un esquema óptimo de distribución de recursos y funciones fiscales entre los tres órdenes de gobierno, es necesario alcanzar un equilibrio entre corresponsabilidad y eficiencia, para que conjugados correctamente con un sistema de transferencias federales óptimo, los órdenes locales que en este caso son los municipios, tengan la capacidad presupuestal para poder solventar sus planes de inversión en el corto y mediano plazo.

Resulta necesario que se le otorgue certeza presupuestaria, a través de la norma, a los municipios, ya que en la “cadena de distribución” de recursos, son estos los más afectados. Además, es fundamental que se establezcan las sanciones adecuadas que se encaminen a eliminar la corrupción que comúnmente generan los fondos dirigidos a dichos órdenes locales.

Con ello, aseguramos que  el sistema de transferencias de recursos federales garantice que todos los individuos gocen de las mismas oportunidades, a partir de la certeza presupuestaria arriba señalada.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único.Se adiciona una fracción IV y V al artículo 82 y se recorren en el mismo orden las subsecuentes, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como siguen:

Artículo 82. ...

...

I. a II. ...

III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y respetar dichos calendarios;

IV. Establecer sanciones administrativas a funcionarios públicos estatales que integran los Gobiernos de los Estados, en caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detecte que de acuerdo a los calendarios de entrega, se incurrió en el retraso en la ministración de los recursos federales a municipios previstas en la Ley de Coordinación Fiscal, incumplimiento de las obligaciones que les corresponden después de otorgados los recursos, nulo ejercicio de los recursos en los términos de las disposiciones aplicables o cuando se detecten que éstos han sido desviados para propósitos distintos a los autorizados.

V. Imponer una pena de dos a siete años de prisión, y multa de mil a quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien incurra en las conductas previstas en la fracción IV del artículo 82 de esta Ley.

VI. a XIV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el ejercicio fiscal siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, martes 11 de noviembre de 2014.— Diputado Federal Juan Bueno Torio (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Iniciativa que reforma los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Julio César Moreno Rivera, integrante del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo a la sección B del artículo 26; y se reforma el inciso a), fracción II, del artículo 41; y la fracción VI, párrafo primero, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

En México, más de tres cuartas partes de la población obtienen su principal fuente de ingresos del trabajo asalariado. El salario es un componente fundamental del desarrollo económico nacional y del bienestar social pues es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a mejorar sus condiciones de vida.

El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, es más que evidente que la realidad laboral mexicana dista mucho de satisfacer el mandato constitucional y las imperiosas necesidades de las familias trabajadoras.

La relación entre el estado de pobreza en que está sumida buena parte de la población con la política de restricción salarial impuesta desde hace más de 30 años, resulta innegable. Ni siquiera los más férreos defensores de nuestro actual modelo económico se atreven a alegar que con esta contención se favorece la inversión, la competitividad y la orientación hacia el mercado externo, pues muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer los salarios con base en criterios de la inflación y no de la productividad social ha ocasionado una pérdida de casi el 80% del poder adquisitivo del salario.

Basta señalar que de diciembre de 1987 a la fecha, el salario mínimo registró un aumento de 900 por ciento, mientras los precios de la canasta básica en este lapso aumentaron en 4 mil 800 por ciento.

No cabe duda de que la política de contención salarial ha impactado negativamente al mercado interno, y pese a que hoy existe consenso (incluso entre el sector empresarial) sobre la necesidad de aumentar el salario mínimo y replantear nuestro fallido esquema de determinación salarial, dicha reforma ha sido paulatinamente aplazada bajo el argumento de que tales cambios impactarían en miles de factores externos vinculados al monto del salario mínimo, como son las multas, derechos y contribuciones, o el financiamiento a los partidos políticos. Y es que durante décadas el salario mínimo también ha servido como unidad de cuenta, base o medida de referencia para efectos legales.

Se ha generado una amplia discusión sobre cuál debe ser el rumbo de la política salarial y los términos en los que el salario mínimo deba ser mejorado, en lo que existe consenso, es en desvincular el salario mínimo de factores ajenos a su naturaleza.

Contenido de la iniciativa

Esta Iniciativa se basa en el trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mismo que se resume en los siguientes puntos:

1. La creación de una medida que sustituya a los salarios mínimos en el entramado legal mexicano.

2. Establecer en la Carta Magna la necesidad  de que la vida económica mexicana opere y recurra a una “Unidad de Cuenta” propia, fijada, diseñada y actualizada en sus propios términos.

3. Sustituir la indexación del salario mínimo que hoy se encuentra en la Constitución (artículo 41, inciso I, párrafo a) y que lo convierte en factor de determinación de financiamiento de los partidos políticos. Este es el único caso en el que los salarios mínimos están indexados a nivel constitucional y por eso, se requiere de ese cambio adicional.

La desvinculación del salario mínimo como unidad, base, medida o referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de una reforma a la Constitución que contiene tres elementos. El primero es introducir en la norma fundamental el concepto de Unidad de Cuenta, mismo que deberá sustituir al concepto de “salario mínimo” que actualmente utilizan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general. Para este efecto se propone adicionar con un nuevo párrafo el artículo 26 sección B, al tiempo que se otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo responsable de medir la inflación, la facultad de fijar anualmente el valor de dicha unidad con base en la inflación anual. La segunda requiere necesariamente de una reforma constitucional que modifique el inciso a), fracción II del artículo 41 (relativo al financiamiento de los partidos políticos, sustituyendo la unidad de salarios mínimos por la unidad de cuenta), así como la fracción VI, párrafo primero, del apartado A del artículo 123, con el objeto de prohibir que el salario mínimo siga siendo utilizado como unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Asimismo se establece un régimen transitorio que obliga al Congreso de la Unión, a los Congresos de las Entidades Federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de la reforma a efecto de desvincular el salario mínimo en todas aquellas leyes que lo establecen como unidad. Para permitir la entrada en vigor inmediata de la desvinculación, se establece además que en tanto se realizan dichas adecuaciones las referencias a “salarios mínimos” que contengan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general en todo el país deberán entenderse referidas a la Unidad de Cuenta.

El cuarto artículo transitorio fija el valor que deberá tener la Unidad de Cuenta, señalando que será equivalente a sesenta y siete pesos con veintinueve centavos.

El artículo quinto transitorio ofrece una salvaguarda para evitar que las instituciones del Estado que otorguen créditos a la vivienda sigan actualizando el importe de los créditos conforme al salario mínimo, y dispone que dichas instituciones (INFONAVIT, FOVISSSTE, etc.) sustituyan su actualización por el de Unidad de Cuenta a partir de la fecha de entrada en vigor de presente decreto.

Finalmente, el artículo sexto transitorio garantiza que los contratos y convenios privados que establezcan la figura del salario mínimo como unidad de cuenta para cualquier efecto no se vean afectados, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

Proyecto de Decreto

Único. Se adiciona con un nuevo párrafo la sección B del artículo 26; y se reforma el inciso a), fracción II, del artículo 41; y la fracción VI, párrafo primero, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 26.

A. ...

...

...

...

B. ...

...

...

...

...

El organismo establecerá anualmente la Unidad de Cuenta que será utilizada como índice, unidad, base, medida o referencia para los efectos que determinen las leyes. Para fijar dicha unidad se tomará como base la inflación anual.

C. ...

...

...

...

Artículo 41. ...

...

I. ...

...

...

...

II. ...

...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento de la unidad de cuenta vigente. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b). y c). ...

...

...

III. a VI. ...

Artículo 123. ...

...

A. ...

I. a V. ...

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

VII. a XXXI. ...

B. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, los Congresos de las Entidades Federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este decreto.

Tercero. En tanto se realizan las adecuaciones previstas en el artículo anterior, las referencias al salario mínimo que contengan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas de carácter general deberán entenderse referidas a la Unidad de Cuenta a que se refiere el artículo 26 de esta Constitución.

Cuarto. Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, la Unidad de Cuenta a que se refiere la sección B, del artículo 26 será equivalente a sesenta y siete pesos con veintinueve centavos, y será actualizado por el organismo competente al final de cada año.

Quinto. Las instituciones del Estado que otorguen créditos a la vivienda dejarán de actualizar el importe de los créditos conforme al salario mínimo a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, debiendo sustituir su actualización por el de la Unidad de Cuenta.

Sexto. La Unidad de Cuenta no será aplicable a los contratos y convenios privados que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto utilicen el salario mínimo como unidad de referencia para cualquier efecto, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2014.— Diputado Julio César Moreno Rivera (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Iniciativa que adiciona el artículo 4-Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado federal Fernando Bribiesca Sahagún, miembro del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 4 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  Pública Gubernamental, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

La tendencia de las políticas de transparencia a nivel tanto mundial como nacional buscan impulsar canales de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos que permitan tener más certeza y conocimiento sobre las acciones que ejerce el gobierno en sus servicios y cuyas tareas estén disponibles para consulta pública de acuerdo a lo que dicta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En la presente iniciativa se propone especificar los principios básicos de transparencia y rendición de cuentas que ayudarán a las instituciones de gobierno y sujetos obligados a la trasparencia a poner a disposición de la ciudadanía la información susceptible de consulta. El destacar principios en la ley servirá como fundamento para un buen gobierno, el cual dé coherencia a su papel de combatir la corrupción, mejora sustantiva al gobierno y credibilidad en la función de rendir cuentas.

La tendencia en el tema de transparencia a un gobierno abierto “open data” representa una filosofía que se refiere a una apertura de datos concentrada en una plataforma de gobierno que sin restricciones técnicas o legales, ponga la información a disposición de los ciudadanos, favoreciendo la transparencia, la información pública de las diversas dependencias para que pueda ser redistribuida y utilizada en beneficio de la ciudadanía.

El establecimiento de principios en la ley, con los cuales no se cuenta actualmente,  permitirá asegurar que cualquier actividad realizada por los sujetos obligados esté respaldada por un marco de funcionamiento permanente y claro, así como consideraciones para el diseño de políticas y acciones en el tema. La integración de principios y comunicación de mecanismos existentes a la ciudadanía, generará mayor confianza en la aplicación de las políticas públicas y la acción del gobierno.

Argumentación

México es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto, que representa una iniciativa multilateral donde 63 gobiernos de países miembros se dan a la tarea, en conjunto con la sociedad civil, de promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción, y usar la tecnología como habilitador de esa apertura. En el plan de Acción 2013-2015, se menciona que el objetivo es buscar un gobierno abierto a una cultura de transparencia, colaboración, participación y rendición de cuentas que permita la creación de nuevos emprendimientos y la generación de soluciones a retos públicos que se suscriban al desarrollo del país.

En el documento se establecen cuatro principios base de gobierno abierto, los cuales sirvieron como punto de partida para el diagnóstico y elaboración del plan de acción: Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnología e innovación.

Con base en el reciente manual publicado en Latinoamérica por Open Knowledge Foundation, la plataforma de open data representa los siguientes beneficios:

• Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un todo y a un costo razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de Internet. Además, la información debe estar disponible en una forma conveniente y modificable.

• Reutilización y redistribución: los datos deben ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos.

• Participación universal: todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la información. No debe haber discriminación alguna en términos de esfuerzo, personas o grupos. Restricciones “no comerciales” que prevendrían el uso comercial de los datos o restricciones de uso para ciertos propósitos no son permitidos.

También, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la Cepal, destaca en su artículo sobre “Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región”, que los beneficios específicos del Open Government Data son:

• Mayor confianza en el gobierno, ya que la confianza es un resultado del gobierno abierto, pues si los ciudadanos confían en el gobierno y en sus políticas específicas, pueden estar más dispuestos a pagar (tasas, contribuciones, impuestos) para apoyar y financiar esas políticas.

• Asegurar mejores resultados al menor costo. El codiseño y ejecución de políticas, programas y (provisión de) servicios con los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil ofrece el potencial para explotar un reservorio más amplio de ideas y recursos.

• Elevar los niveles de cumplimiento. Hacer que la gente sea parte del proceso les ayuda a comprender los retos de la reforma y puede ayudar a asegurar que las decisiones adoptadas sean percibidas como legítimas.

• Asegurar la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas. Disminuyen las barreras de entrada a los procesos de decisión que enfrentan las personas para la participación.

• Fomentar la innovación y nuevas actividades económicas. El compromiso de la ciudadanía y del gobierno abierto es cada vez más reconocido como motor de la innovación y la creación de valor en los sectores público y privado.

• Mejora de la eficacia. Mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos que de otra forma se enfrentan a barreras para participar. La participación ciudadana puede garantizar que las políticas sean más específicas y atiendan a sus necesidades, eliminando desgastes potenciales.

La participación de organizaciones internacionales ha colaborado a expandir la concepción de principios base del gobierno abierto; Sunlight Foundation es una asociación que ha elaborado diversas iniciativas mundiales sobre este tema destaca los siguientes principios:

1. Integridad: Los conjuntos de datos publicados por el gobierno deben ser publicados de la manera más completa posible, lo que refleja la totalidad de lo que se registra en un tema particular.

2. Primacía: Los conjuntos de datos publicados por el gobierno deben ser datos de fuente primaria.

3. Puntualidad: Los conjuntos de datos publicados por el gobierno deben estar disponibles para el público en el momento oportuno.

4. Facilidad de acceso físico y electrónico: Los conjuntos de datos publicados por el gobierno deben estar tan accesibles como sea posible. Por accesibilidad debe entenderse la manera más fácil a través de la cual se puede obtener información, ya sea a través de medios físicos o electrónicos.

5. Legibilidad de la información: El manejo de la mejor entrega de información con formatos amigables que puedan hacer visible y manejable los datos.

6. No discriminación: Donde cualquier persona puede acceder a cualquier información en cualquier tiempo sin necesidad de identificarse o manifestar ningún tipo de justificación para hacerlo.

7. Uso de formatos disponibles y gratuitos.  La información almacenada debe poder ser entregada en formatos cuyo uso sea gratuito y accesible para el público en general.

8. Libre Licencia: La diseminación de los datos no debe estar sujeta a ninguna restricción, derecho de autor, patentes o marcas o comercio secreto, con una privacidad razonable en cuanto a que se permiten restricciones por seguridad.

9. Permanencia: La capacidad de encontrar información en el tiempo se conoce como permanencia. La información gubernamental que ya se haya hecho disponible en línea debe permanecer en línea.

10. Costes de uso: Evitando imposición de tarifas que desincentive la solicitud de información por parte del usuario.

De acuerdo con la Cepal estos principios los estableció un grupo de investigadores en Sebastopol, California, a fin de diseñar un mejor entendimiento del Open Government y cuyos principios se establecen bajo la premisa de que la información es más valorizada cuando es compartida, con lo que no sólo se beneficia al usuario final sino que también se hace más eficiente el uso de recursos públicos siendo la transparencia, la participación y la colaboración la piedra angular de un gobierno abierto.

Nuestro país debe establecerse en la vanguardia de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, donde sus principios básicos permitan fortalecer las prácticas democráticas de una cultura integral que se fundamente en las acciones de su gobierno y la exigencia de participación e información por parte de los ciudadanos. La transparencia y rendición de cuentas que impulsa nuestro país requiere de buenas prácticas que se traduzcan en principios de la gestión democrática de las acciones, con el objeto de formar mejores propuestas que nos conduzcan a una mejor gestión pública.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento

Decreto por el que se adiciona un artículo 4 Bis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin especificar los principios básicos que deben regir las acciones de transparencia y acceso a la información de la ley

Artículo Único. Se adiciona un artículo 4 Bis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue:

Artículo 4 Bis.Son principios de esta ley:

I. Apertura e Integridad: La información pública solicitada por los ciudadanos debe ser obtenida de fuente primaria y entregarse de manera completa, esto es, que contenga la totalidad de lo que se registra en un tema en particular.

II. Legibilidad: La información pública solicitada por los ciudadanos debe hacerse accesible en archivos amigables que hagan fácilmente visible y manejable la información en ellos contenida.

III. Puntualidad. La información pública solicitada por los ciudadanos debe estar disponible para  quien la solicite en el momento oportuno.

IV. Permanencia y Reutilización: La información pública solicitada por los ciudadanos que ya se haya hecho disponible en línea debe permanecer almacenada en línea. Accesibilidad: La información pública debe estar tan accesible como sea posible. Por accesibilidad debe entenderse la manera más fácil a través de la cual se pueda obtener la información, ya sea a través de medios físicos o electrónicos, sin crear dificultades o ambigüedades para su solicitud o acceso, debiéndose otorgar de forma ordenada y ágil que ayude a facilitar la consulta que los ciudadanos soliciten.

V. No discriminación: La información pública es accesible a todo tipo de personas, sin importar su raza, religión, sexo, preferencia sexual o edad, por lo que  todos podrán solicitar datos de acuerdo lo establecido en la presente Ley sin necesidad de identificarse o manifestar ningún tipo de justificación para ello.

VI. Libre licencia: La entrega de la información pública no debe estar sujeta a ninguna restricción, términos de servicio, o reglas que obstruyan la obtención de datos por parte de los ciudadanos y deberá ser entregada en formatos cuyo uso sea gratuito y accesible para el público en general

VII. Costos de uso. La información pública debe entregarse sin costo o imposición de tarifa alguna.

Los principios de la Ley se circunscriben en el marco de principios generales como lo son la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y la innovación en tecnología para el acceso a la información.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Alianza para el Gobierno abierto. Disponible en la página electrónica: http://pa2015.mx/

2 Open Knowledge Foundation. (2010-2012). Manual de Datos Abiertos. Disponible en la página electrónica: http://www.datos.misiones. gov.ar/repositorio/documentos/Manual_de_Datos_Abiertos.pdf

3 Cepal. (2012). Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región. UN. Disponible en: http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp? xml=/publicaciones/xml/7/46167/P46167.xml &xsl=/ilpes/tpl/p9f.xsl &base=/ilpes/tpl/top-bottom.xsl

4 Sunlight Foundation. Diez principios para la apertura de información del gobierno. Disponible en la página: http://sunlightfoundation.com/ policy/documents/ten-open-data-principles/

5 Gastón, C. Naser, A. (2012). Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica. Serie 4 Gestión Pública, Cepal ONU. Disponible en la página electrónica: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/46167/datosabiertos_17_04_2012.pdf

Dado en el Palacio Legislativo San Lázaro, a 11 de noviembre de dos mil catorce.— Diputado Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY DE PETROLEOS MEXICANOS Y LEY DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Petróleos Mexicanos, y de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo y la fracción III de los artículos 36 y 92; la fracción I del artículo 93 de la Ley de Petróleos Mexicanos; el primer párrafo y la fracción III de los artículos 35 y 94; la fracción I del artículo 95 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Exposición de Motivos

El pasado 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, entre ellas la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

Sin duda con su expedición se fortalecerá el desarrollo económico y brindará grandes beneficios para todos los mexicanos, sin embargo, estos ordenamientos no contemplan de forma adecuada lo correspondiente a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Resulta fundamental que en instituciones de tal relevancia, que de manera conjunta manejan recursos por más de 900,000 millones de pesos, se tengan controles efectivos que permitan combatir la corrupción y las ineficiencias administrativas de sus servidores públicos.

Ambas leyes establecen excepciones a la aplicación de responsabilidades administrativas para sus servidores públicos, las cuales, de mantenerse en sus términos, provocaría que cualquier acto u omisión que cause daños y perjuicios, pueda ser eximida de responsabilidad administrativa.

En un primer término, los artículos 35 y 94 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y de la misma forma los artículos 36, y 92 de la Ley de Petróleos Mexicanos, establecen los casos en que el personal en general y los miembros del Consejo de Administración de CFE y de Pemex, no incurrirán en responsabilidad administrativa  derivada de sus actos u omisiones, resultando inaceptable que en su fracción III, establezcan como excepción al finamiento de responsabilidad administrativa, cuando actuando de buena fe, los servidores públicos seleccionen la mejor opción a su leal saber y entender.

En otras palabras, la redacción actual exime de responsabilidad tanto a los miembros del Consejo de Administración como al personal en general, cuando su actuación sea de buena fe y cuando sus decisiones sean desde su leal saber y entender.

Es claro que con esta redacción, cualquier acto u omisión que realicen los servidores públicos de los citados organismos, será eximido de toda responsabilidad, pues claramente y en todo momento se podrán escudar en este artículo argumentando que tomaron la decisión de buena fe y conforme a su leal saber y entender, aunque ese acto haya sido corrupto o haya provocado daños y perjuicios al patrimonio de la nación.

Esto lleva a la pregunta: ¿Desde cuándo la función y el servicio público debe ser eximido de responsabilidad?

Muchas de las responsabilidades administrativas en las que han incurrido los servidores públicos en los últimos años, quizá la mayoría, conllevaron buena fe: a su leal saber y entender pretendieron cubrir rezagos de un programa con fondos de otro; o presupusieron que firmar una autorización que agilizaba algún trámite sería positivo.

Es imprescindible se eliminen de las leyes términos tan profundamente imprecisos e imposibles de probar, pues lo único que hacen es abrirle la puerta a la opacidad y propician la corrupción y la impunidad.

En aras de la congruencia y consistencia que debe haber detrás de la administración pública del gobierno federal, no se puede asumir que las personas y los Consejos que integran, puedan equivocarse y actuar corruptamente, sin sanción alguna, sin consecuencia, pues esto es de lo que está hecha la impunidad.

No se puede avalar que, legalmente, las Empresas del Estado puedan actuar de buena fe y sólo con el leal saber y entender de sus directivos. Deben estar bajo el mando de hombres y mujeres preparados, de formación sólida, de probidad absoluta, que sepan que de sus decisiones devienen consecuencias, pues de ellas dependen vidas, patrimonios y futuros.

Por esta razón, se propone cerrar los espacios de opacidad, removiendo los conceptos de “buena fe” y “leal saber y entender”, y adecuando la redacción para que, sin afectar al servidor público, sus actos tengan consecuencias.

Por otra parte, pero en el mismo sentido, la fracción I de los artículos 93 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 95 de la Ley de Comisión Federal y Electricidad, establecen que la Unidad de Responsabilidades podrá abstenerse de iniciar un procedimiento o de imponer sanciones administrativas al personal cuando por una sola vez, por un mismo hecho y en un periodo de un año, la actuación del empleado, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible.

Como se observa, de nueva cuenta estas disposiciones permiten que actos o abstenciones de servidores públicos, sobre cuestiones de criterio debatible u opinable, puedan constituirse como actos ilegales exentos de sanción.

La redacción actual, brinda la posibilidad a funcionarios de CFE y Pemex de no ser sancionados por la Unidad de Responsabilidades Administrativas, cuando en sus asuntos se presente una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, sin importar si dichos actos son o no legales.

La esencia de los artículos en comento, es generar certeza jurídica para los funcionarios públicos que realizan actos o abstenciones referidos a cuestiones opinables, discutibles o que pueden aceptar diferentes criterios de interpretación de la norma, de tal manera que pueden ampararse a estos ordenamientos para no ser sancionados. Sin embargo, lo que no se puede permitir, es que estos actos o abstenciones vulneren la norma, y precisamente la redacción de este artículo en sus términos, permite que esto suceda.

Resulta necesario corregir esta cuestión porque de mantenerla, se protegerían y solaparían conductas ilegales que pueden traducirse en pérdidas económicas para la Nación y peor aún, en pérdidas humanas, todo esto sin sanción para los responsables.

Por esta razón, se propone agregar a la redacción actual, la condición de que la abstención de la Unidad de Responsabilidades para iniciar procedimientos o sancionar a funcionarios, se dé, siempre y cuando, el acto o abstención del servidor público de que se trate, no constituya una desviación a la legalidad.

Esto no es nuevo, actualmente todos los servidores públicos de la Administración Pública Federal se sujetan a estos términos, de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 17 BIS de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Pemex y CFE no deben ser la excepción.

Considerado lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el primer párrafo y la fracción III de los artículos 36 y 92; la fracción I del artículo 93 de la Ley de Petróleos Mexicanos; el primer párrafo y la fracción III de los artículos 35 y 94; la fracción I del artículo 95 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad

Artículo Primero. Se Reforman el primer párrafo y la fracción III de los artículos 36 y 92; la fracción I del artículo 93 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 36. Los miembros del Consejo de Administración no incurrirán, individualmente o en su conjunto, en responsabilidad por los daños o perjuicios que llegaren a sufrir Petróleos Mexicanos o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, derivados de los actos u omisiones que ejecuten o las decisiones que adopten, cuando se actualice cualquiera de los supuestos siguientes:

I. ...

II. ...

III. Se compruebe que los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles, con base en la información disponible al momento de la decisión.

Artículo 92.El personal de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no incurrirá, individual o conjuntamente, en responsabilidad por los daños o perjuicios que llegare a ocasionar a las mismas, derivados de los actos u omisiones, así como por decisiones que adopte, cuando se actualice cualquiera de los supuestos siguientes:

I. ...

II. ...

III. Se compruebe que los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles, con base en la información disponible al momento de la decisión.

Artículo 93. La Unidad de Responsabilidades podrá abstenerse de iniciar un procedimiento o de imponer sanciones administrativas al personal, cuando de las Investigaciones o revisiones practicadas advierta que se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor  público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio  o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre  que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad, y obren constancias de los  elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o

II. ...

...

Artículo Segundo.Sereforman el primer párrafo y la fracción III de los artículos 35 y 94; la fracción I del artículo 95 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:

Artículo 35. Los miembros del Consejo de Administración no incurrirán, individualmente o en su conjunto, en responsabilidad por los daños o perjuicios que llegaren a sufrir la Comisión Federal de Electricidad o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, derivados de los actos u omisiones que ejecuten o las decisiones que adopten, cuando se actualice cualquiera de los supuestos siguientes:

I. ...

II. ...

III. Se compruebe que los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles, con base en la información disponible al momento de la decisión.

Artículo 94. El personal de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, no Incurrirá, individual o conjuntamente, en responsabilidad por los daños o perjuicios que llegara a ocasionar a las mismas, derivados de los actos u omisiones, así como por decisiones que adopte cuando se actualice cualquiera de los supuestos siguientes:

I. ...

II. ...

III. Se compruebe que los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles, con base en la información disponible al momento de la decisión.

Artículo 95. La Unidad de Responsabilidades podrá abstenerse de iniciar un procedimiento o de imponer sanciones administrativas al personal, cuando de las Investigaciones o revisiones practicadas advierta que se actualiza cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Que por una sola vez, por un mismo hecho y en un período de un año, la actuación del servidor  público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio  o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre  que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad, y obren constancias de los  elementos que tomó en cuenta el servidor público en la decisión que adoptó, o

II. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de noviembre de 2014.— Diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Ana Paola López Birláin, del PAN, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, María Guadalupe Mondragón González, Ernesto Alfonso Robledo Leal y Ana Paola López Birláin, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Agustín Barrios Gómez Segués, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y Jesús Antonio Valdés Palazuelos, por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I del numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, por lo que conscientes de

Preámbulo

Que el Congreso de la Unión está facultado para distribuir convenientemente la función educativa entre la federación, los estados y los municipios, conforme al artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dicho efecto se emitieron las leyes que tengan como propósito unificar y coordinar la actividad educativa que garanticen el cumplimiento de los fines de la educación.

Que conforme a las reformas constitucionales de fecha 26 de febrero de 2013, se deberán proponer adecuaciones al marco jurídico vigente encaminadas al fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, con el objetivo de propiciar las condiciones de participación alumnos, maestros y padres de familia en la mejora de la calidad de la educación.

Que conforme al artículo 3o. constitucional, los mexicanos tienen derecho a una educación de calidad, entendida como la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos educativos que aseguren el máximo aprendizaje de los estudiantes.

Que en el marco del federalismo educativo, corresponde a la Federación determinar los planes y programas de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria que deberán ser aplicados en todo el país. Que dichos planes y programas podrán ser adecuados para reflejar las particularidades de las regiones del país en cuanto a historia, geografía y costumbres.

Que la participación social en la educación es esencial para la lograr una educación que sea eficiente, pertinente y equitativa; asegurando la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia. Para lo cual, el Estado está obligado a atender de forma prioritaria a grupos y regiones con mayor rezago. Para la atención de dicha regiones la Federación está facultada para apoyar con recursos específicos a las regiones más rezagadas, previa suscripción de convenios de coordinación con las entidades federativas respectivas.

Que las entidades federativas en su ámbito de competencia están facultadas para proponer los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudios para la educación básica.

Que cada entidad federativa está compuesta por un mosaico de regiones que tiene particularidades propias que deben ser reflejadas en la organización escolar, y que es facultad de los estados regular la administración escolar local para lograr una mejor gestión de la educación, respetando los lineamientos emitidos por la federación.

Que existen las condiciones para que los Estados lleven a cabo la regionalización de la administración educativa, que les permita incluir a los sectores sociales locales en la gestión de la educación y cumplir con el objetivo de propiciar la contribución de los padres de familia en la mejora de la calidad en la educación.

Que la regionalización permite la innovación en los métodos educativos, mismos que de ser evaluados satisfactoriamente por el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación podrán ser adoptados en los planes y programas de estudio para los demás distritos de la entidad.

Que la presente propuesta, dota a las entidades federativas de facultades para adoptar Distritos escolares que reflejen las características propias de cada entidad federativa en cuanto a las características de la población escolar. Los distritos se determinarán en función de la población matriculada, los recursos humanos y materiales existentes en cada entidad.

Que los distritos escolares permitirán una mejor administración del sistema educativo estatal, ya que permitirán la gestión educativa distrital que atenderá de forma más eficiente los requerimientos de las instituciones educativas agrupadas en cada distrito.

Exposición de Motivos

Los partidos políticos, las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno, las organizaciones de la sociedad civil pero principalmente los docentes y los alumnos se percataron de la necesidad de transformar al sistema educativo nacional para que permitiera egresados idóneos para insertarse en la economía globalizada y en la incesante ampliación de la vida democrática características del siglo XXI. Las principales fuerzas políticas con presencia en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados lograron construir consenso en torno a postulados básicos que permiten proporcionar a niñas, niños y adolescentes una educación integral. Fue así como el 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene la reforma constitucional en materia educativa. Los mexicanos disfrutamos ahora de un nuevo derecho fundamental que es la educación de calidad.

El postulado básico establecido en el artículo 3o. constitucional sobre el que se construye el nuevo marco jurídico de la educación en México es el siguiente:

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Los legisladores tuvieron cuidado de no caer en la elaboración de una mera declaración de derechos sociales y fueron más allá. El Constituyente Permanente dotó de garantías tanto al acceso como al disfrute de la calidad en la educación. Se establecieron deberes básicos del Estado con el propósito de alcanzar de manera progresiva la calidad en la educación. Entre dichos deberes destacan los materiales y métodos educativos adecuados, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos. Todo lo anterior, con objeto de garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Es importante destacar que al establecer que la educación será de calidad, se introdujo un componente esencial. Se colocó al mejoramiento constante como la base del máximo logro académico de los educandos. Esta iniciativa tiene como finalidad establecer una estructura orgánica idónea, dentro del sistema educativo nacional, para hacer del mejoramiento constante en la función social de la educación una realidad. En efecto, el inciso d) de la fracción II del precepto constitucional índice en materia educativa dispone lo siguiente:

II. El criterio que orientara a esa educación se basara en los resultados del progreso científico, luchara contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

a) a c) ...

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;

Junto con la mejora constante, se establecieron en la reforma constitucional otros instrumentos tendientes a alcanzar la calidad de educación. Tales herramientas son un sistema de información y gestión educativa, el establecimiento de un servicio profesional docente, con base en evaluaciones del personal así como fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas.

La preceptiva constitucional para garantizar el derecho fundamental a una educación de calidad se complementa con el mandato expreso dirigido al Poder Legislativo y contenido en el agregado normativo que se hizo a la fracción XXV del artículo 73 de la Carta Magna y que resaltamos en negrillas a continuación:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a XXIV. ...

XXV. Para establecer el servicio profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la república escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la república, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la república. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

La integración jurídica propia de los preceptos anteriores revela que la mejora continua se ha de buscar y lograr a través de la articulación de los instrumentos que se anclaron en la reforma constitucional, en particular la organización escolar. De ahí surge la intención legislativa de la presente iniciativa al proponer a los distritos educativos como estructura institucional con el objeto principal de lanzar los procesos de mejora continua en el ámbito escolar.

Con las leyes secundarias, relacionados de manera directa e inmediata con la mejora continua de la educación, entraron en vigor diversos preceptos entre los cuales sobresale el artículo 28 bis de la Ley General de Educación. En dicha disposición se adoptan medidas legislativas tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Y se coloca como líder de dicho proyecto de mejora continua a los directores de los planteles. Sin embargo, existen tres razones de peso para crear una estructura organizacional por encima del ámbito de las direcciones de los centros escolares a fin de lograr la verdadera mejora continua de la función educativa.

A) La mejora continua implica un liderazgo de proyecto que permita lograr objetivos de manera significativa en el sistema escolar, siendo que la escuela requiere de apoyos especializados a fin de contar con los medios idóneos para lograr avances que resulten importantes en el corto plazo.

B) Los directores se encuentran saturados de actividades. La carga administrativa de los docentes se reducirá cada día más y más para dejarles tiempo que dediquen exclusivamente a la docencia. De ahí que, en esa misma medida, se incrementará el volumen de actividades de carácter administrativo que desarrollen los directores de las escuelas. No olvidemos que en las escuelas inciden múltiples y variadas políticas públicas que requieren para la aplicación de acciones, planes y programas en beneficio de la niñez de una visión transversal. Actividades principalmente relacionadas con la salud, la protección civil, la seguridad en las escuelas, la creación y fomento de una cultura de derechos humanos, entre otras, inciden en la carga de trabajo de las y los directores de las escuelas dejándoles poco tiempo y espacio para que encabecen el complejo proceso de mejora continua que se requiere en las escuelas de México.

C) Un porcentaje significativo de escuelas carecen de director.

De conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente el personal con funciones de dirección es el “que realiza la planeación, programación, coordinación y ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable, y tiene la responsabilidad de generar un ambiente escolar conducente al aprendizaje; organizar, apoyar y motivar a los docentes; realizar las actividades administrativas de manera efectiva; dirigir los procesos de mejora continua del plantel; propiciar la comunicación fluida de la escuela con los padres de familia, tutores u otros agentes de participación comunitaria y desarrollar las demás tareas que sean necesarias para que se logren los aprendizajes esperados”.

Sin embargo, resulta que un elevado número de escuelas carecen de personal directivo, de modo que la mejora continua queda al garete ya que los docentes se concentran en tratar de alcanzar los objetivos pedagógicos. En efecto, en el informe 2014 del INE, se anota lo siguiente: “En todos los niveles de educación básica hay un número importante de escuelas públicas con estructuras poco ocupacionales conformada solo por docentes (67 por ciento de los preescolares, 50.7 por ciento de las primarias y 46.5 por ciento delas secundarias) y son bastante menos frecuentes estructuras que incluyan a personal de los tres tipos (23.6, 36.9 y 34.4 por ciento respectivamente)”.

Como es bien sabido, la práctica de la mejora continua como método para alcanzar la calidad en procesos de trabajo tuvo su origen en Estados Unidos de América y alcanzó un alto desarrollo en Japón donde fue perfeccionada y llevada a grados óptimos. La amplia bibliografía sobre la calidad total y la mejora continua se puede aplicar desde luego al ámbito educativo. Un principio de mejora continua consiste en que debe haber un líder que se dedique exclusivamente a irradiar las prácticas de mejora a toda la organización. Como hemos mencionado, los directores de las escuelas no se encuentran en condiciones de desarrollar esa tarea pero sí de participar y coadyuvar, como ejes de transmisión, en torno a los procesos de mejora continua provenientes de las autoridades educativas y la escuela.

Por ello, en esta iniciativa se propone la creación de distritos escolares, encabezados por un superintendente, que se ocupe de llevar a cabo la mejora continua como función administrativa del sistema educativo nacional. A través de convenios entre la federación y las entidades federativas, se propone la creación de los distritos escolares como estructura organizacional idónea para dirigir e impulsar la mejora continua en la educación. Respetando los principios de técnica legislativa, se establece la atribución tanto de la federación como de las entidades federativas de concurrir a la planeación, preparación y puesta en marcha de los distritos educativos estableciendo con claridad los objetivos que con los mismos se persiguen. Con esta misma orientación, se propone la introducción en la ley de la materia de un capítulo que describa las funciones, objeto y alcances de los distritos escolares.

La presente iniciativa guarda congruencia con el espíritu de la reforma a la Ley General de Educación. La mejora continua de la educación fue objeto de las valoraciones principales de legisladores y legisladoras para emitir una nueva preceptiva de la educación.

El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 21 de agosto de 2013 establece lo siguiente:

Destaca que “la Ley General de Educación ha sido desde su vigencia, el eje fundamental, la columna vertebral sobre el que se estructura y articula el entramado jurídico que en nuestro país dan forma al sistema jurídico educativo nacional”.

Menciona también que “la Ley General de Educación es la piedra angular sobre la que se estructura la regulación de la educación en nuestro país”.

Precisa que dicho ordenamiento: “establece que la educación se prestará en el marco del federalismo y de la concurrencia de competencias con las entidades federativas”.

Los integrantes de la comisión dictaminadora hicieron hincapié en “... que el sistema educativo nacional deberá asegurar la participación activa y con responsabilidad social de todos los involucrados en el proceso educativo”. También se aseguraron los diputados de mencionar lo siguiente: “Reitera que se brindará una educación de calidad, entendida por esta como la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo desde la perspectiva de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad”.

En el dictamen ocupa especial situación de privilegio la gestión escolar, la cual comprende la mejora de la infraestructura, la adquisición de materiales educativos, la resolución de problemas de operación básicos así como propiciar condiciones de participación entre los alumnos, maestros y padres de familia bajo la conducción del director del plantel. Al describir el contenido de la iniciativa, en el dictamen se hace mención a lo siguiente: “... propone adicionar un artículo 28 bis para establecer que las autoridades educativas federales, locales y municipales deberán realizar las acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión en las escuelas, tanto en los planteles de educación básica mediante la emisión de lineamientos, como en los que imparten educación media superior a través de mecanismos de colaboración”.

Especial énfasis hicieron los integrantes de la comisión en lo siguiente: “... es conveniente hacer notar que el papel de líder que debe tener todo director de una escuela se desarrolla adicionalmente en la Ley General del Servicio Profesional Docente”.

Como se aprecia, uno de los componentes principales para lograr la calidad de la educación, además de los aspectos técnicos educativos derivados de la evaluación de los docentes, radica en fortalecer la función administrativa a través del empoderamiento de los directores de escuela. Sin embargo, la suscrita considera que, además de consolidar la función administrativa y de guía de los directores de escuela como impulsores de la mejora continua, se requiere que se realice una proyección y re-estructuración administrativa más amplia.

La labor cotidiana del director de un plantel tiene una carga de trabajo tal que le impide cumplir adecuadamente con la función de impulsar, medir que es muy importante y generar resultados en cuanto a la mejora continua para lograr un mayor aprendizaje. La suscrita considera que se requiere de una estructura organizacional más amplia para que entre el director de la escuela y las autoridades educativas haya un ente abocado expresamente a lograr la mejora continua en la educación. Para lograr dicho propósito, la suscrita propone en la presente iniciativa la creación de los distritos escolares.

La mejora continua tiene que ver con la gestión del hecho educativo. Al respecto, son ilustradoras las consideraciones de Gilberto Guevara Niebla: “cuando abordamos la dimensión pedagógica, además, constatamos que un problema crucial es el sistema de gestión de las escuelas: se trata de dirigir pedagógicamente a 26 millones de alumnos, 1.4 millones de profesores y 240 mil escuelas mediante un modelo centralizado. Todas las normas pedagógicas (currículum, materiales educativos, métodos de enseñanza, formación de profesores, etcétera) son decididas en la capital de la república por la SEP (y por el SNTE como ocurre con la ACE).

La mejora continua en cualquier ámbito en que se aplique siempre lleva a innovar, es decir, a hacer los mismos procesos pero de manera más eficiente y eficaz. En torno al tema de la innovación el experto Carlos Muñoz izquierdo, académico emérito de la Universidad iberoamericana, considera a título de recomendación, lo siguiente: I Crear un instituto que se encarga de diseñar, experimentar y difundir gradualmente las innovaciones educativas que son necesarias para elevar la calidad de educación que se imparte en las distintas localidades del país.

En razón de las profundas diferencias que se encuentran incluso de una región a otra al interior de los Estados y el Distrito Federal, la suscrita plantea en la presente iniciativa que se organicen distritos escolares que cumplan la función a la que alude Muñoz Izquierdo.

Felipe Tirado, profesor-investigador de la ENEP Iztacala de la UNAM, piensa que es necesario abrir una función de Procuraduría que procure el interés de la ciudadanía en materia educativa. El mismo fin se puede lograr a través de la medición de resultados derivados de los procesos que lleven hacia la educación de calidad.

Francisco Miranda López, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, estima lo siguiente: “Es necesario tomar en cuenta que no sólo con reformas curriculares, financiamiento público y evaluación del sistema educativo cambiará. Necesitamos quizás un nuevo engranaje institucional que sustente las nuevas culturas de trabajo y desarrollo educativo que esperamos del sistema. Quizá por ello necesitamos refundar el sistema sobre nuevas bases. No ya las escuelas girando como satélites alrededor del sistema si no, más bien, pensar las escuelas en el centro del sistema”.

Enseguida, dicho autor presta atención a algunos aspectos fundamentales, entre ellos el siguiente: pensar en esquemas más integrales y articulados de vinculación con las escuelas: sistema de monitoreo, sistema de apoyos y soportes institucionales, así como un nuevo esquema de inversión, mediante fondos de inversión directa a las escuelas sobre la base de proyectos de innovación educativa.

Como observamos, diversos expertos coinciden en la necesidad de articular un sistema que con miras a lograr la educación de calidad sea capaz de generar innovaciones, lo cual se logra en diversos ámbitos y actividades a través de la mejora continua, estableciendo la medición de procesos de calidad.

Es importante mencionar que la mejora continua en tanto componente de la calidad en la educación por mandato constitucional implica que se adopte la estructura organizacional que permita elevar los resultados en el aprendizaje. No se trata únicamente de medir dicha mejora a través de las diversas pruebas que se aplican a las y los alumnos en los distintos niveles de enseñanza. La medición se debe realizar respecto de las actividades relevantes derivadas del proceso de enseñanza.

En este sentido, el Poder Legislativo queda obligado a adoptar medidas legislativas que hagan de la mejora continua una garantía en el desarrollo de los procesos que implican las actividades educativas día con día. Respecto al reconocimiento explícito de la educación como un derecho de las personas, Manuel Ulloa manifiesta lo siguiente: “... éste reconocimiento se reflejó en la reforma constitucional sobre derechos humanos publicada en el Diario Oficial el 10 de junio de 2011.

Desde entonces, la defensa y la protección del derecho a la educación son una obligación ineludible del Estado mexicano y de sus instituciones, que están comprometidos a cumplir con el orden jurídico internacional. La reforma extiende la facultad del ciudadano, sin distingo de ningún tipo, a exigir el derecho a la educación y a demandar sus necesidades de intereses en este ámbito”.

La mejora continua tiene un enfoque dirigido a la satisfacción de los usuarios de los productos o servicios. Tratándose de la educación, en consecuencia, las acciones de mejora van enfocadas a que las y los alumnos, así como los padres de familia y la sociedad en general obtengan el mayor grado de satisfacción.

Lo anterior implica que cualquier propuesta para fortalecer la mejora continua en el ámbito educativo ha de llevar un componente de participación social intenso, ha de haber una participación de calidad, esto es, sin obstáculos y en un ámbito democrático. La sistematización de los procesos que giran en torno al hecho educativo ha de tomar en cuenta de manera destacada a las y los alumnos, a los padres de familia y a la comunidad del entorno del centro escolar. La participación de los usuarios debe concretarse de manera ordenada, a efecto de complementar la acción docente con el propósito de lograr el máximo aprendizaje.

En el esquema de amplia participación social en la educación, los distritos educativos han probado en diversos países su eficacia para vincular al ejercicio docente con los usuarios en búsqueda de la calidad en la educación. En la obra denominada Futuro educativo: distritos, el autor Gildardo Gutiérrez Méndez expresa lo siguiente: “Los distritos educativos son responsables de la administración de todas las escuelas públicas en una zona dada, que puede ser un municipio entero o parte del mismo. Es un cuerpo político único, el equivalente al de una ciudad. Los distritos escolares tienen un cuerpo legislativo, llamado consejo escolar, comité escolar, cuyos miembros son elegidos directamente por la población mediante la celebración de unas elecciones. Estos miembros, por su parte, tienen la responsabilidad de elegir a un supervisor, generalmente un profesor altamente cualificado, para actuar como jefe ejecutivo del consejo, responsable también de tomar decisiones y poner en marcha las políticas”.

Dicho autor continúa manifestando lo siguiente: “Los distritos deberán funcionar como unidades administrativas, que sean representativas de su área de influencia. Es decir, que estén altamente vinculadas en lo social, en lo demográfico, económico y cultural. Que atiendan a partir de lo local a las necesidades reales de los alumnos y establezcan las prioridades de las escuelas”. El autor propone establecer una estructura descentralizada que sea más unitaria y eficiente en su administración. Que permita a las comunidades y las escuelas dentro del distrito educativo, tener injerencia, decisión y acción directa sobre el desarrollo de las actividades educativas en su zona.

El comentario finaliza con las siguientes palabras de dicho autor: “Mediante este proceso gradual y ordenado se busca democratizar de una forma efectiva el proceso educativo en México. Involucrando de una manera propositiva a los padres de familia y miembros de la sociedad civil, en los procesos que componen la instrucción académica y que mediante la inclusión de los demás actores se convertirá en el ejercicio diario y de cada uno de los distritos educativos”.

La autonomía de gestión en las escuelas requiere de orden. Por medio de los distritos escolares se logra reconocer la diversidad de las regiones, estimular los casos de éxito en los planteles y conducir la génesis de innovaciones que permitan incrementar el nivel de aprendizaje y, con ello, dotar a la educación de calidad. Todo ello con la virtud de mantener alineados los esfuerzos en cada escuela no sólo del personal docente sino también de la dirección, los padres de familia y el entorno social con los objetivos y metas de los planes y programas de estudio impulsados por las autoridades educativas.

En consecuencia, con el propósito de articular los componentes constitucionales en general y los de la organización escolar y el mejoramiento constante en pos de la calidad en la educación, se propone la instauración de los distritos escolares en las entidades federativas como instancia encargada de la aplicación del Sistema Nacional de Gestión de la Calidad Total en la Educación.

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Único. Se reforman la fracción segunda del artículo 13, el último párrafo del artículo 14 y el tercer párrafo del artículo 48; y se adicionan un último párrafo al artículo 14 y la sección 5, De la mejora continua en la educación”, del capítulo II, Del federalismo educativo”, que consta de los artículos 31 Bis 1 a 31 Bis 3, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo. 13. Corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:

I. ...

II. Proponer a la secretaría los contenidos regionales y distritales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;

III. ...

Artículo 14. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, las atribuciones siguientes:

I. a XIII. ...

El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta ley, así como para la creación de distritos escolares en las entidades federativas que atiendan las particularidades de la población estudiantil local y permitan la participación de la sociedad, a través mecanismos de participación social establecidos en esta ley.

Los convenios no podrán comprender las actividades que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 12 y 13, respectivamente.

Capítulo II

Del Federalismo Educativo

Secciones 1 a 4..

Sección 5

De la Mejora Continua en la Educación

Artículo 31 Bis 1.La Secretaría de Educación Pública implantará el Sistema Nacional de Gestión de la Calidad Total en la Educación. Los mecanismos administrativos que aplique la secretaría para generar procesos de mejora continua corresponderán a las etapas del proceso de planeación, organización, dirección y control del sistema educativo de calidad.

Los indicadores para la medición del desempeño en la función docente serán elaborados por la secretaría en coordinación con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Artículo 31 Bis 2.Las entidades federativas organizarán los distritos educativos cuyo objeto será llevar a cabo las actividades inherentes a la mejora continua en la educación atendiendo a las características especiales de cada región.

Artículo 31 Bis 3.En la planeación estratégica para asegurar la mejora continua en los procesos educativos cada escuela establecerá la visión, misión, objetivos, metas, políticas de calidad educativa en sus diferentes niveles organizacionales en armonía con los planes y programas expedidos por las autoridades educativas.

Artículo 48. ...

...

Las autoridades educativas locales, previa consulta al consejo estatal técnico de educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, contenidos regionales y distritales que –sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados– permitan atender las necesidades la población estudiantil local.

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La administración distrital será parte del sistema educativo nacional, por lo que su adopción por las entidades federativas se deberá llevar a cabo de forma armónica con lo establecido en esta ley y en los lineamientos generales que de ésta derivan.

Tercero.La Secretaría de Educación Pública instaurará el sistema nacional de gestión de la calidad total en la educación en un plazo de 180 días hábiles.

Notas:

1 Artículo 3o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 El derecho a una educación de calidad, Informe 2014, Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, página 68.

3 Referencias que aparecen en las páginas 11 y 12 del dictamen.

4 México 2012, La reforma educativa, coordinador Gilberto Guevara Niebla, página 26.

5 Ibídem, página 57.

6 Ibídem, página 68.

7 90 años de educación en México, Rodolfo Tuirán y Susana Quintanilla, página 131.

8 Página 66.

9 Futuro educativo: distritos, Gildardo Gutiérrez Méndez, página 68.

México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2014.— Diputados: Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Luis Alberto Villarreal García, José Isabel Trejo Reyes, María Guadalupe Mondragón González, Agustín Barrios Gómez Segués, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Ana Paola López Birlain, Marcos Aguilar Vega, Cecilia González Gómez, Jorge Federico de la Vega Membrillo, Adriana Fuentes Téllez, José Noel Pérez de Alba, Heberto Neblina Vega, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, Andrés de la Rosa Anaya, Kamel Athie Flores (rúbricas).»

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz (a las 15:18 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 13 de noviembre de 2014, a las 11 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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