INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 27 de noviembre de 2014, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados(*)

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 27 de noviembre de 2014 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 484 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 56 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

6. Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

8. Que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

9. Que reforma y adiciona los artículos 3o. Bis y 51 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el Dip. Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el Dip. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, a fin de fortalecer las acciones en materia de prevención y atención del cáncer de próstata, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en la auditoría de desempeño practicada al programa presupuestario S234 Sustentabilidad de los Recursos Naturales en Acuacultura y Pesca a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSPDF y de la CDHDF, para que se investiguen y sancionen los hechos ocurridos en contra de la C. Ross Aguinaga, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SHCP, de la SE y del SAT, a fin de prorrogar un año la vigencia del Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SEP y de sus equivalentes en las entidades federativas y en el DF, para que incorporen el estudio de genocidio, los crímenes de odio y lesa humanidad, en los planes y programas de estudio, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco, para que difunda los efectos positivos atribuibles al programa Promoción de la Cultura de Consumo Inteligente, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Conadic, para que emitan un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del INM, para que difunda las acciones realizadas para recuperar los pagos indebidos a la nómina del personal, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Conaculta, a cumplir con la normatividad para la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de las reglas de operación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS, así como al presidente y consejo de representantes de la Conasami, para que fijen los salarios mínimos profesionales correspondientes a personas trabajadoras domésticas, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR, de la Segob y del GDF, a desistirse de las acusaciones en contra de los detenidos el 20 de noviembre de 2014, suscrito por los diputados María del Socorro Ceseñas Chapa y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República, a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Cámara de Senadores.»

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Pesca y Acuacultura Sustentables, y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del PAN

Francisco Pelayo Covarrubias, diputado federal de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la a Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y adiciona el artículo 20 Bis 6 y el párrafo I del artículo 20 bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene la finalidad de definir en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el concepto de Regionalización de la pesca, así como esclarecer en el Ordenamiento Jurídico, que en el otorgamiento de concesiones y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate, asimismo como los mecanismos de regionalización de las pesquerías, lo anterior para el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícola así, como los esquemas para el ordenamiento de la pesca y la acuacultura.

El ordenamiento territorial y su manejo, requieren la definición de límites espaciales, ya que su objeto es ayudar a ubicar las actividades adecuadas, en la cantidad precisa, en el espacio idóneo. En el medio marino se reconoce que las unidades territoriales estandarizadas son insumos básicos para establecer límites máximos de efluentes en función de las capacidades de asimilación del receptor y la protección de las actividades situadas en tierra, así como su observación y monitoreo. (Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, 199; GPA 1995; iniciativa GOOS 2006)

El desarrollo sustentable ha sido cada vez más citado en los proyectos de manejo de recursos naturales, sin embargo, no ha sido suficiente el esfuerzo y el impulso que se requiere para promover la investigación acerca de la dinámica estructural y funcional de los ecosistemas y, que para su manejo se requiere un proceso que combine principios democráticos, análisis científicos, educación y aprendizaje institucional para manejar los recursos de una manera sustentable en un ambiente esencialmente dinámico. Los recursos sobre los que depende la sociedad, son proveídos mayormente por los ecosistemas, y la distribución de estos no es uniforme en el tiempo y espacio, por lo que su demanda debe estar relacionada con su disponibilidad.

Es por lo anterior, que los gobiernos, los productores, el sector primario y la comunidad en general, deben de reconocer las funciones de las diferentes regiones y las funciones de los ecosistemas, por medio de información real basada en planteamientos con rigor técnico y científico, respecto al manejo y la utilización de los recursos naturales, pues ello dará certidumbre a la ejecución de los lineamentos para las prácticas de desarrollo regional, esto ayudará a tener mejores experiencias, manejos y en consecuencia políticas más justas, que tendrán como resultado un una explotación ordenada, sustentable y que genere beneficios para el productor y la región.

El ordenamiento ecológico costero es un instrumento de política económica costera de un país, a través de la cual se establece el marco para la conservación, el aprovechamiento y el desarrollo de la zona costera, sus ecosistemas y recursos naturales, requiere de una regionalización clara para la resolución de conflictos y la orientación de las políticas para el desarrollo y conservación de su porción marina y terrestre, en nuestro país existen 17 estados costeros 33 regiones hidrológicas, lo que hace imperante y necesaria una correcta regionalización de sus mares y Zonas Económicas Exclusivas, así como una administración de su mar territorial de cada uno de los 17 estados; en donde se dé prioridad de explotación preferentemente a los habitantes de las comunidades.

En nuestro país no existen muchas propuestas de regionalización socioeconómica de los mares mexicanos, lo que trae consigo problemas locales, ya que el manejo centralizado sin tomar en cuenta a los pescadores

Un ejemplo claro de las consecuencias de una incorrecta regionalización y su aplicación en el otorgamiento de permisos por la autoridad Federal, es el complejo lagunar Bahía Magdalena-Almejas, que por sus condiciones geográficas y costeras, cuenta con una alta productividad biológica que da pie al desarrollo de importantes pesquerías industriales y ribereñas, su alta productividad primaria, ha propiciado la confluencia de intereses económicos de diversas organizaciones nacionales e internacionales, la entrada de barcos fuera de su jurisdicción y la creciente sobreexplotación de las especies con otros fines distintos al desarrollo regional.

En este contexto, un esquema de regionalización podría favorecer la descentralización en la toma de decisiones a partir de la estructura del Gobierno Federal donde las autoridades, los pescadores y los investigadores tengan la oportunidad de instrumentar los elementos de política pesquera reconocidos en la ley (ordenamientos y planes de manejo pesqueros), por medio de nuevos esquemas de trabajo, permisos y concesiones que cumplan algunas características deseables como:

1. Que se instrumenten por unidad espacial o regional;

2. Que se tomen decisiones en función de los recursos más importantes de cada unidad regional y no de una especie en particular;

3. Que se cuente con mecanismos de participación informada y toma de decisiones eficientes y flexibles que permitan la rápida adaptación a cambios en el sistema;

4. Que se genere conocimiento acerca del ecosistema, incluida la dinámica poblacional y pesquera y

5. Que se mantenga un monitoreo permanente y un registro preciso sobre las capturas.

6. Que se dé exclusividad a los productores pesqueros de la entidad a la explotación de los recursos pesqueros en la franja de las 12 millas de mar territorial.

Algunas de las aplicaciones prácticas de un esquema regional con estas características se presentan a continuación:

Características: Implementación por unidad regional

Aplicaciones prácticas del esquema de regionalización

• Define el ámbito de permisos, ordenamientos y planes de manejo.

• Ayuda a programar y evaluar la distribución del personal y recursos para la investigación y el manejo.

Características: Decisiones basadas en los principales recursos

Aplicaciones prácticas del esquema de regionalización

• Se otorgan permisos con base en la estacionalidad de los recursos de la unidad, permitiendo a los usuarios completar un ciclo anual.

• Se elaboran planes de manejo multiespecíficos por unidad de manejo.

Características: Participación informada y toma de decisiones

Aplicaciones prácticas del esquema de regionalización

• Usuarios tienen acceso a información relevante.

• Usuarios acuerdan e implementan acciones de manejo adecuadas (vedas, cuotas, refugios, etc.) para especies de importancia local.

Características: Conocimiento ecosistémico, incluyendo actividad pesquera

Aplicaciones prácticas del esquema de regionalización

• Se determina conectividad genética y de poblaciones entre unidades.

• Se establecen los ciclos pesqueros de la unidad de manejo.

Características: Monitoreo permanente y preciso.

Aplicaciones prácticas del esquema de regionalización

• Se cuenta con información que alimente los instrumentos de manejo.

• Se identifican claramente las tendencias en el sistema

Es por ello que por ello que para el registro pesquero es factible identificar unidades espaciales o regionales de pesca y grupos de especies relevantes en cada unidad, elementos clave para el manejo de pesquerías con base en el ecosistema, lo que representa una alternativa para las pesquerías ribereñas en México.

Por otro lado y según lo establece la LGEEPA en su artículo 19 Bis: “El Ordenamiento ecológico del territorio nacional y de las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, se llevará a cabo a través de los programas de ordenamiento ecológico:

....

I. Marinos.”

Cumpliendo con lo establecido en la LGEEPA, dentro del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 2012, se establecieron 80 regiones ecológicas y  tiene por objeto entre otros:

– “Establecer los lineamientos y estrategias ecológicas necesarias para promover la preservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

– Promover medidas de mitigación de los posibles impactos ambientales causados por las acciones, programas y proyectos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF);

– Orientar la ubicación de las actividades productivas y de los asentamientos humanos;

– Fomentar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales;

– Promover la protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad;

– Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

– Apoyar la resolución de los conflictos ambientales, así como promover la sustentabilidad e incorporar la variable ambiental en los programas, proyectos y acciones de los sectores de la APF”.

Igualmente existen ordenamientos de regionalización del territorio marino y costero como el “Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe” del 2012, donde se definen 203 Unidades de Gestión Ambiental (UGA), clasificadas en Marinas y Regionales.

Por otro lado, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) instrumentó el “ Programa de Regiones Marinas Prioritarias de México” con el apoyo de la agencia The David and Lucile Packard Foundation (PACKARD), la Agencia Internacional para el Desarrollo de la Embajada de los Estados Unidos de América (USAID), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés).

En este programa “...se identificaron, delimitaron y caracterizaron70 áreas costeras y oceánicas (Fig. 1) consideradas prioritarias por su alta diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por su falta de conocimiento sobre biodiversidad. De la misma forma, se identificaron las amenazas al medio marino de mayor incidencia o con impactos significativos en nuestras costas y mares, de acuerdo con las cuales se hicieron recomendaciones para su prevención, mitigación, control o cancelación. Se elaboraron las fichas técnicas para cada área prioritaria identificada, las cuales contienen información general de tipo geográfico, climatológico, geológico, oceanográfico, así como información biológica, de uso de los recursos, aspectos económicos y problemáticas de conservación y uso”.

Se llevó al cabo una clasificación de las 70 áreas prioritarias, considerando criterios ambientales (e.g., integridad ecológica, endemismo, riqueza, procesos oceánicos, etc.), económicos (e.g., especies de importancia comercial, zonas pesqueras y turísticas importantes, recursos estratégicos, etc.) y de amenazas (contaminación, modificación del entorno, efectos a distancia, especies introducidas, etc.). La clasificación resultó en diferentes grupos definidos por el patrón de uso de los recursos, el conocimiento sobre biodiversidad y las amenazas que enfrentan.

Con base en lo anteriormente señalado, y considerando la existencia de estudios de distribución espacial en las zonas marinas del país y programas de ordenamiento territorial, es importante manifestar en la ley, la inclusión de las se propone incluir el término: Zonas Marítimas Prioritarias, adicionando la ley para tales fines.

Por lo anteriormente expuesto, y con la finalidad de adecuar el ámbito normativo en materia de pesca, el suscrito Diputado Francisco Pelayo Covarrubias del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional acude a esta soberanía para someter a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la a Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, y adiciona el artículo 20 bis 6 y el párrafo I del artículo 20 bis 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Capítulo I

Del Objeto

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I a XXXIX....

XL. Regionalización: División de un territorio en áreas menores con características comunes, determinado a través de estudios técnicos y científicos para la planeación ambiental y el otorgamiento de permisos y concesiones que permite el conocimiento de los recursos para su manejo adecuado.

XLI. Registro: El Registro Nacional de Pesca y Acuacultura;

XLII. Repoblación: Es el acto de introducir organismos acuáticos vivos nativos en cualquiera de los estados de su ciclo de vida, en cuerpos de agua de jurisdicción federal con fines de mantener, recuperar o incrementar las poblaciones naturales pesqueras;

XLIII. Sanidad acuícola: Es el conjunto de prácticas y medidas establecidas en normas oficiales, encaminadas a la prevención, diagnóstico y control de las plagas, y enfermedades que afectan a dichas especies;

XLIV. Secretaría: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con excepción de aquellos casos en los que sea a través de SENASICA;

XLV. Semarnat: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XLVI. Senasica: El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria;

XLVII. Unidad de manejo acuícola: Se integra con las áreas comprendidas en una zona delimitada, en la que se establece un conjunto de unidades de producción con una infraestructura básica y las instalaciones necesarias para su operación y funcionamiento compartido, operada de forma común;

XLVIII. Veda: Es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo la pesca en un periodo o zona específica establecido mediante acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los procesos de reproducción y reclutamiento de una especie;

XLIX. Zona de escasa prevalencia: Área geográfica determinada en donde se presenta una frecuencia mínima de casos recientes de una enfermedad o plaga de especies acuáticas vivas, en una especie y periodo específicos;

L. Zona de Refugio: Las áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la finalidad primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y proteger el ambiente que lo rodea.

LI. Zonas Marítimas Prioritarias: Áreas costeras y oceánicas prioritarias por su alta diversidad biológica, por el uso de sus recursos y por su falta de conocimiento sobre biodiversidad. En ellas se identifican las amenazas al medio marino considerando criterios ambientales, económicos, información biológica y problemáticas de conservación de los recursos.

Capítulo IV

De las Concesiones y Permisos

Título Sexto

Instrumentos de la Política Pesquera

Artículo 43. El otorgamiento de concesiones y permisos, quedará sujeto a las modalidades que dicte el interés público, condicionado siempre a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate. La Secretaría basará sus decisiones en criterios de equidad social y en la información científica disponible del recurso pesquero en las Zonas Marítimas Prioritarias de México que publica Conabio, la biodiversidad de los ecosistemas evitando las amenazas de los mismos, y de los mecanismos de regionalización del mar territorial. Asimismo, se otorgarán en la zona de mar territorial, la exclusividad a los habitantes de las comunidades locales, siempre y cuando utilicen artes de pesca autorizadas.

...

...

...

De la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Capítulo IV

Instrumentos de la Política Ambiental

Sección II

Ordenamiento Ecológico del Territorio

Artículo 20 Bis 6 . La Secretaría podrá formular, expedir y ejecutar, en coordinación con las Dependencias competentes, programas de ordenamiento ecológico marino y regionalización. Estos programas tendrán por objeto el establecer los lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse la preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o superficies específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo las zonas federales adyacentes.

Artículo 20 Bis 7.- Los programas de ordenamiento ecológico marino deberán contener, por lo menos:

I. La delimitación precisa del área que abarcará el programa; así como las zonas exclusivas para repoblación y reproducción de especies marinas.

II...

III...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A partir de la publicación de las nuevas reformas en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, tendrán 120 días naturales para elaborar los estudios técnicos y científicos para establecer los criterios de regionalización.

Tercero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Pesca, tendrán un plazo de 30 días después de la conclusión de los estudios a los que se refiere el párrafo anterior, para actualizar la Carta Nacional Pesquera, los reglamentos y normas oficiales a fin de que se consideren estos criterios de regionalización en dichos ordenamientos jurídicos.

Notas:

1 J.G. Díaz-Uribe, V.M. Valdez-Ornelas, G.D. Danemann, E. Torreblanca-Ramírez, A. Castillo-López y M.Á. Cisneros-Mata

2 http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/ordenamientoecologico/Docum ents/documentos_bitacora_oegt/dof_2012_09_07_poegt.pdf

3 http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/ marinas.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los ____ días del mes de septiembre de 2014.— Diputados: Francisco Pelayo Covarrubias, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbricas).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Pesca y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe Diputado Felipe Arturo Camarena García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 113 en sus incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y cumplimiento de la obligación de presentación de la declaración de situación patrimonial.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver.

En el México de hoy, introducidos en el proceso de la consolidación de nuestra democracia, es deber inexcusable recordar que fuimos electos para cumplir con todas las responsabilidades y obligaciones que nos mandata la ley. Sin embargo, un gran número de legisladores demuestra fehacientemente que no le interesa cumplir con todas las establecidas en el marco jurídico que nos rige.

De conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes o decretos compete:

Al Presidente de la República;

A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;

A las Legislaturas de los Estados; y

A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes...

Como se deduce del artículo en comento, tenemos el derecho de iniciar leyes y el trámite que se dará a estas. Sin embargo, por otra parte, podemos observar el incumplimiento por algunos diputados federales de algunas de ellas y sin que le sea aplicada la sanción correspondiente. En concreto, el incumplimiento de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley.

Argumentos que la sustenten.

 La Doctora Cecilia Judith Mora Donatto, opina que “...en el ejercicio de sus funciones nuestros legisladores carecen de normas claras que establezcan un régimen de disciplina parlamentaria. No están obligados a rendir cuentas de sus actuaciones por ningún medio jurídico. En suma, es preciso que el Congreso antes de solicitar la reelección ofrezca a la ciudadanía una reforma de amplio calado que tenga en el centro de la misma la eficacia de los procedimientos parlamentarios, la transparencia  y la rendición de cuentas, así como un régimen de responsabilidades claro y mecanismos permanentes de vinculación con la ciudadanía, la que se debe”.

Dentro de la reflexión que hace la investigadora, considero imprescindible continuar con reformas de gran calado que tengan en el centro de la misma la obligatoriedad del cumplimiento de las normas jurídicas, por quienes tenemos como tarea fundamental su elaboración.

El artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dispone que “Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala: I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras;...”. Y en su artículo 37 dispone que la misma deberá presentarse en los siguientes plazos:

 Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

 Ingreso al servicio público por primera vez;

Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

Cambio de dependencia o entidad, en cuyo caso no se presentará la de conclusión.

 Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión, y

c) Dearación de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año...

En este tenor, para fundamentar la presente iniciativa y verificar el incumplimiento de la obligación de presentar en tiempo y forma las declaraciones patrimoniales, mediante solicitud dirigida al entonces Presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, Dip. José González Morfín, solicité el número de diputados federales que aún no presentan su declaración de situación patrimonial inicial, la declaración de modificación patrimonial 2012 y la declaración de modificación patrimonial 2013; a la cual estamos obligados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 fracción XV, 36 fracción I y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el artículo 8 fracción XII del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Al respecto, he de resaltar que el diputado presidente, de inmediato giro instrucciones a la Secretaría General para que se me brindara la información en comento.

En respuesta a mi solicitud, la Contraloría Interna de esta Cámara de Diputados, mediante oficio de fecha 28 de Agosto de 2014, me hizo del conocimiento que hasta  ese momento, ningún legislador tenía pendiente la presentación de su declaración inicial, nueve aún no habían presentado la modificación 2012 y ningún diputado pendiente por lo que se refiere a la de 2013.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que para esa fecha, habían transcurrido casi 2 años y aún no cumplían todos los legisladores con una de nuestras obligaciones establecida en la ley. No es posible que incumplamos la misma y queremos obligar a los otros 2 poderes a obedecer las normas jurídicas.

Es de destacar que, la anterior información no señala en que tiempo presentaron su declaración y, en su caso, la modificación; si los 500 diputados federales cumplieron dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con la declaración inicial, si en el mes de mayo del año siguiente presentaron puntualmente la modificación 2012; así como también quienes lo hicieron en este año del 2014, en relación al 2013. No me señalaron en que mes y día fueron presentadas extemporáneamente, y de los datos de referencia, es evidente que no todos lo hicimos dentro del plazo establecido por la ley.

El 22 de abril de 2003 se emitió el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para que la custodia, el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los C.C. diputados y los servidores públicos de la H. Cámara de Diputados, esté a cargo de la Auditoria Superior de la Federación. De igual forma, establece que dicho organismo, deberá entregar un informe dirigido a la Presidencia de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en el que se le haga saber sobre aquellos legisladores que incumplan con la entrega de su declaración patrimonial, a efecto de que ello sea publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Esto último, no se cumple.

En este tenor, coincidiendo con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan N. Silva Meza “...la opacidad en la actuación de los poderes públicos es el germen de la desconfianza ciudadana y el incentivo más perverso para el ejercicio indebido de las atribuciones que se le confieren a los órganos del Estado...”

En forma adicional, el 21 de Marzo de 2007, el mismo órgano de gobierno de esta cámara, emitió el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el cual se faculta a la Auditoria Superior de la Federación para que proporcione a la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, la información que le permita instaurar, en su caso, los procedimientos administrativos de responsabilidades por incumplimiento en la presentación de declaraciones de situación patrimonial previstas en la ley de la materia... Al respecto, hago el planteamiento ¿Cuántos procedimientos se han instaurado por esa causa?

En este orden de ideas, a pesar de los acuerdos adoptados, en la práctica parlamentaria sólo se realizan exhortos periódicos a los legisladores y servidores públicos, para conminarlos a cumplir con su presentación.

Sin embargo, dicha figura jurídica no está prevista ni en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ni en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Y ahora, en contraposición a mi propuesta, ya se ha presentado una iniciativa con la finalidad de no considerar como infracción grave el incumplimiento a la obligación prevista en la fracción XV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley.

Resulta inconcebible que se proponga no sancionar como se debe, el incumplimiento de la ley. Esto nos llevaría al absurdo, algún día, de hasta llegar a quitar esta responsabilidad para los servidores públicos de los tres poderes de la Unión y entonces, dejar al arbitrio de los servidores públicos, cumplir un mandato previsto por la ley y como consecuencia, estaríamos echando abajo, lo hasta hoy construido en la consolidación de un Estado transparente y que rinde cuentas.

La importancia de la presente iniciativa también reside en el hecho de que hemos visto como a través de ciudadanos, precandidatos y candidatos, se lava dinero, proveniente de actividades ilícitas. En este orden de ideas, ¿Dónde quedaría la transparencia  y rendición de cuentas?

Por lo anteriormente expuesto, es necesario hacer reformas al marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reformando la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar a la  Contraloría Interna a que inicie y desahogue los procedimientos administrativos en contra de los legisladores federales para que, por incumplimiento de la presentación de la declaración inicial, imponga la sanción consistente en la obligación de solicitarle la licencia definitiva, sin la posibilidad de su reincorporación y, una vez hecho lo anterior, llamar y tomarle protesta al legislador suplente, quien concluirá el encargo. Ahora bien, por lo que hace a la modificación patrimonial, de no realizarla en el mes de mayo, recibirá como sanción, el descuento de tres meses por concepto de su dieta. Si el legislador suplente no la presentare, se le comunicará que está haciendo omiso y por lo tanto también será sujeto a esta última sanción.

Por otra parte, en el caso de los servidores públicos, se faculta y deberá iniciar y desahogar los procedimientos administrativos derivados de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; sin que medie un exhorto o quede al arbitrio del jefe inmediato, sino que la Contraloría Interna imponga las sanciones conforme a la ley de la materia.

Deseo concluir que tengo el firme compromiso de sentar las bases para acelerar las reformas necesarias al marco jurídico vigente de la Cámara de Diputados, que nos permita disciplinar la función parlamentaria.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma el artículo 113 en sus incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 113

1. La Contraloría Interna, tendrá las siguientes atribuciones:

a) a c)...

d)Proporcionar asesoría a los servidores públicos de la Cámara y coordinar la recepción de sus declaraciones de situación patrimonial, así como vigilar su registro y dar seguimiento a la evolución patrimonial, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos .

La Contraloría Interna está facultada y deberá iniciar y desahogar los procedimientos administrativos en contra de los legisladores federales para que, por incumplimiento de la presentación de la declaración inicial, lleve a cabo, inicie y desahogue los procedimientos administrativos e imponga la sanción consistente en la obligación de solicitarle su licencia definitiva, sin la posibilidad de su reincorporación y, una vez hecho lo anterior, llamar y tomarle protesta al legislador suplente, quien concluirá el encargo. Por lo que hace a la modificación patrimonial, de no realizarla en el mes de mayo, recibirá como sanción, el descuento de tres meses por concepto de su dieta. Si el legislador suplente no la presentare, se le comunicará que está haciendo omiso y por lo tanto también será sujeto a esta última sanción;

e)...

f) La Contraloría Interna está facultada y deberá iniciar y desahogar los procedimientos administrativos derivados de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en contra de los servidores públicos de la Cámara por incumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha ley, e imponer las sanciones correspondientes;

g) a n)...

2 y 3...

Artículo transitorio

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Pérez, Fernando; y Ramírez, Lucero, La reforma política vista desde la investigación legislativa, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, página 154. Mora, Cecilia, La reforma del Congreso mexicano como presupuesto fundamental para plantear la reelección legislativa consecutiva, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/ libro.htm?l=3198.

2 Artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

3 http://aristeguinoticias.com/0109/mexico/la-opacidad-incentivo-perverso-genera- desconfianza-ciudadana-silva-meza/?code=reforma

4 A partir de la reforma al artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso General está facultado para expedir su propia Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2014.— Diputados: Felipe Arturo Camarena García, Erick Marte Rivera Villanueva (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

«Iniciativa que reforma el artículo 484 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Felipe Arturo Camarena García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el numeral 2 del artículo 484 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de transparencia y cumplimiento de la obligación de presentación de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral e igualdad ante la ley.

Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver

“La potestad y el imperio del Estado se evidencian en el ejercicio de la función legislativa, al imponer patrones de actuación a la conducta externa humana a través de normas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas...”

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que tenemos la obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial en los términos que la ley señala. Sin embargo, quiero manifestar que ni en esta Soberanía se cumple puntualmente con esta disposición y, derivado de ello, es lo que motiva la presente iniciativa.

Como lo señale en una de mis iniciativas presentada con anterioridad, la Contraloría Interna de esta Cámara de Diputados, mediante oficio de fecha 28 de Agosto de 2014, me hizo del conocimiento que hasta  ese momento, nueve legisladores aún no habían presentado la modificación 2012, la cual se debió presentar en el mes de mayo del año pasado.; por lo cual, para esa fecha habían transcurrido casi 2 años y aún no cumplían todos los legisladores con una de nuestras obligaciones establecida en la ley.

En este tenor, no dejo de poner el dedo en la llaga para consolidar un país transparente y que rinda cuentas, por lo cual tomando en cuenta que por disposición constitucional para los efectos de las responsabilidades a que alude el Título Cuarto, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones; propongo que se considere como infracción grave para los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral,  el incumplimiento a la obligación prevista en las fracción XV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que a la letra dice: “...Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley...”.

Además las fracciones VIII, XVI, XIX, XIX-C y XIX-D del propio ordenamiento.

Argumentos que la sustenten

En coincidencia con José de Jesús Orozco Henríquez, “el establecimiento de un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos ha sido una preocupación constante en todo régimen democrático y una de las características esenciales de todo Estado constitucional democrático de derecho para evitar el abuso del poder y controlar su ejercicio, así como para asegurar la rendición de cuentas”.

“La aspiración de los mexicanos en este sentido se ha reflejado, con mayor o menor acierto, en todos y cada uno de los ordenamientos constitucionales que desde nuestra independencia nos han regido, a fin de lograr el eficaz desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de los deberes inherentes a sus respectivos cargos.

En el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que aprobamos en el mes de mayo del presente año, consideró en el apartado de valoración de la minuta, en el numeral nueve, establecer las reglas en materia del régimen sancionador electoral y el aplicable en materia disciplinaria interna del Instituto y se reguló de manera integral y armónica los sujetos, conductas, sanciones y procedimientos sancionadores.

El decreto de mérito, en relación al tema que nos ocupa, consideró cambios a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores, ampliando el fascículo de obligaciones que tendrán los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral y previó muy acertadamente ampliar el catálogo de infracciones graves...

Recalco que muy acertadamente porque han transcurrido casi 2 años y aún no cumplían para finales del mes de agosto aquí, todos los legisladores con una de nuestras obligaciones establecida en la ley.

Siguiendo las ideas expuestas, resulta incongruente que el artículo 484 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales considere solo como faltas graves de los servidores públicos, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones X a XIV, XX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y no como lo prevé el Artículo Cuarto transitorio que señala como infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XVI, XIX, XIX-C, XIX-D, XXII y XXIII del artículo en comento.

Al respecto, deseo resaltar que dichos cambios, desde luego correspondieron a la intención de ambas Cámaras, ya que como se desprende del dictamen en comento, “Se establecen las reglas y el procedimiento para la determinación de las responsabilidades de los servidores públicos del Instituto y se regula la Contraloría General del propio Instituto...”. De igual manera, dentro de las consideraciones que los senadores señalaron en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que, la Contraloría tendrá entre otras funciones, “... fincar las responsabilidades e imponer las sanciones en términos de los lineamientos respectivos.”

En este tenor, es de destacar que con las reformas adoptadas en el año 2007 al artículo 108 Constitucional, primero del título cuarto, cuyo epígrafe es “De las responsabilidades de los servidores públicos”, en opinión de José de Jesús Orozco Henríquez, denotan una mejor técnica jurídica en su redacción y ofrecen un tratamiento unitario, sistematizado y completo del régimen mexicano de responsabilidades...

Así, a diferencia del texto constitucional anterior a 1982, que fundamentalmente hacía referencia a la responsabilidad de los “altos funcionarios” (el artículo 108 vigente, incluye en forma reiterativa, entre otros, a los servidores públicos de los organismos a los que la Carta Magna, otorgue autonomía); “de este modo, atendiendo al principio de igualdad ante la ley, se pretendió establecer la responsabilidad a nivel constitucional de todos los servidores públicos, independientemente de su jerarquía, rango, origen o lugar de empleo, cargo o comisión...”

En virtud de lo anteriormente expuesto, de considerar menos faltas graves para los servidores públicos de Instituto Nacional Electoral, que las previstas para todos los demás sujetos enunciados en el artículo multicitado, estamos frente a una disposición que no cumple con el principio de igualdad ante la ley y por ende, inconstitucional.

Resulta inconcebible que se proponga no sancionar, entre otras, como falta grave,  el incumplimiento a la obligación prevista en las fracción XV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que a la letra dice: “Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley...”

Inaceptable, entre otras conductas, no sancionar como se debe, esta omisión.

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, en un estudio, refiere que “en todos los países miembro de la Red, los legisladores están obligados a presentar una declaración jurada de patrimonio antes de comenzar y una vez finalizado su mandato. En Argentina, Colombia, México y Perú se presenta también anualmente. En el caso de Chile sólo se actualiza durante el mandato si hubiese cambios significativos en el patrimonio. Mediante la declaración jurada se manifiesta, bajo juramento, lo que los legisladores poseen en términos patrimoniales hasta el momento, lo cual se supone veraz y fehaciente. Esto genera una responsabilidad legal del declarante, ya que al someterse a corroboración, lo declarado debe cumplir con la veracidad de lo que en realidad se posee, ateniéndose al proceso judicial correspondiente en caso se demuestre lo contario... En Chile y Colombia los parlamentarios deben además presentar una declaración de intereses, mediante la cual se exponen las actividades profesionales y económicas que desarrollan, para permitir que éstas sean juzgadas públicamente, garantizando así la imparcialidad y justicia de sus decisiones...”

Aquí también cabe destacar algunas líneas de la politóloga, columnista y activista Denise Dresser, cuando señala que “... El Pacto por México deja tras de sí un Poder Legislativo atrofiado que no actúa como debería en la formulación de leyes. Deja como legado un electorado que, como no tiene accesos a mecanismos de rendición de cuentas por parte de la clase política, queda excluido de la discusión pública...”

Por lo anteriormente dilucidado, es necesario reformar el numeral 2 del artículo 484, con la finalidad de que se consideren como faltas graves de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, además las fracciones VIII, XV, XVI, XIX, XIX-C y XIX-D del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que a la letra dicen:

Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

...

VIII.Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, por haber concluido el período para el cual se le designó, por haber sido cesado o por cualquier otra causa legal que se lo impida;

...

XV.Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley;

XVI.Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;

...

XIX.Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;

...

XIX-C. Cumplir en tiempo y forma los mandatos del Instituto Nacional Electoral y cualquiera de sus órganos, conforme lo establezca la legislación electoral aplicable, proporcionarles de manera oportuna y veraz la información que les sea solicitada y prestarles el auxilio y colaboración que les sea requerido por dichas autoridades electorales;

XIX-D. Abstenerse de infringir, por acción u omisión, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos;

...

Deseo concluir que tengo el firme compromiso de sentar las bases para acelerar las reformas necesarias al marco jurídico vigente, que nos permita continuar en la consolidación de un Estado transparente y que rinde cuentas.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con el fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero.Se reforma el numeral 2 del artículo 484 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 484.

1. ...

2.En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones VIII,X a XVI, XIX, XIX-C, XIX-D,XX, XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en los incisos a) al e) y g) del artículo 479 de esta Ley.

VIII, XV, XVI, XIX, XIX-C y XIX-D

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Fernández Ruiz, Jorge, APUNTES PARA UNA TEORÍA JURÍDICA DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTADO, http://www.juridicas.unam. mx/publica/rev/boletin/cont/99/art/art1.htm

2 Artículo 108, párrafo primero.

3 “Derechos del Pueblo Mexicano”. México a través de sus constituciones, octava edición, comentario al artículo 108 por José de Jesús Orozco Henríquez, Tomo V, pág. 598, 2012.

4 Ídem.

5 Cfr. página 37 del Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/ 2014/may/20140515-IV.pdf

6 Cfr. página 37 del Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, http://www.senado.gob. mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-05-14-1/assets/documentos/Dictamen_ LGIyPE_.pdf

7 “Derechos del Pueblo Mexicano”. México a través de sus constituciones...cit

8 “Derechos del Pueblo Mexicano”. México a través de sus constituciones...cit

9 “La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa es una red de organizaciones de la sociedad civil en el ámbito latinoamericano, que promueven activamente la transparencia, el acceso a la información y la responsabilidad en los congresos de la región. Su misión es elevar los estándares de transparencia en los poderes legislativos de la región promoviendo de forma activa las buenas prácticas. La red trabaja por congresos representativos, transparentes, accesibles, que rindan cuentas, y sean eficaces.”, http://www.transparencialegislativa.org/ wp-content/uploads/2013/05/Informe-sobre-presentaci%C3%B3n-y-publicidad-de-las- declaraciones-juradas-en-los-congresos-de-Argentina-Colombia-Chile-M%C3%A9xico- y-Per%C3%BA.pdf

10 Cfr. Informe “Declaraciones Patrimoniales y de intereses en los congresos de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa”

11 Dresser, Denise, columna “Pacto con el diablo”, Diario Reforma, México, D.F., Año XXI, Lunes 22 de Septiembre del 2014, p. 17.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2014.— Diputado Felipe Arturo Camarena García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

«Iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, pone a consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 13 de la Ley del Seguro Social.

Por lo anterior, y a efecto de reunir los elementos exigidos en el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y argumentos que la sustentan

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

Frente a la ley, todo trabajador tiene derecho a la seguridad social, aunque en la realidad, la mayoría de los trabajadores no asalariados, como sucede con los artistas intérpretes o ejecutantes, autores y gestores del ámbito de la cultura quedan prácticamente fuera del sistema correspondiente; aunque su trabajo es reconocido, el hecho de que no se encuentren incorporados a la legislación en la materia, los coloca en una situación de vulnerabilidad. Por ello resulta indispensable su incorporación voluntaria al régimen obligatorio que permita dotar de protección y apoyo en materia de seguridad social al gremio cultural.

Argumentos que sustentan la iniciativa

Podemos definir a la seguridad social como el conjunto de medidas que la sociedad proporciona a sus integrantes, con la finalidad de evitar desequilibrios y disparidades económicas y sociales que, de no resolverse, significarían la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo.

Una de las formas más comunes de identificar la seguridad social es mediante las prestaciones y la asistencia médica, sin embargo, aunque valiosas, esas son solo algunas de las formas en las que se presenta en la vida cotidiana. En los hechos, el concepto de seguridad social latu sensu se encuentra en los actos de solidaridad y subsidiariedad de las personas hacia los demás, pues esos actos llevan en sí mismos la búsqueda del bien común.

En la actualidad, hay prácticamente un consenso internacional respecto a la consideración de la seguridad social como un derecho humano inalienable, producto de casi un siglo del trabajo mancomunado de organismos internacionales relevantes, como las Organizaciones Internacional del Trabajo, y de las Naciones Unidas, instituciones y organismos no gubernamentales.

Es mencionada de manera expresa como un derecho en la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde establece lo siguiente

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

La seguridad social es una disciplina dinámica y plena de diversidad que emana del Derecho Social como una vertiente del orden jurídico y que concibe al ser humano como parte de un grupo social, y no como un sujeto estrictamente jurídico, por lo que comprende las necesidades esenciales de las personas para conservar y mejorar la vida humana.

Desde un punto de vista genérico, abarca la prevención y remedio de toda clase de trances sociales. Parte de la consideración de que las reglas y directrices de la economía generan el riesgo, creado socialmente, por lo tanto las consecuencias también deben ser socialmente compartidas.

Antecedentes

La explosión demográfica y el rápido avance tecnológico generan como contrapartida el desarrollo sociológico de la organización de la fuerza productiva. Por ello surgen las instituciones del derecho colectivo del trabajo como sindicatos, el derecho a huelga, y en ese contexto se hace patente la necesidad de emitir innovadoras regulaciones en materia de salud y trabajo que hagan posible el desarrollo del trabajador y de su familia.

En 1883, Otto von Bismarck había establecido en Alemania un seguro de enfermedades y accidentes de trabajo. Beveridge lanzó el Plan Básico de Seguridad Social en 1940. Entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, prevé “los mínimos indispensables para que las personas gocen de prestaciones de carácter económico, social y cultural”.

Encontramos en México innumerables antecedentes históricos, como las leyes de Villada y Reyes, las legislaciones revolucionarias de algunos estados partiendo del artículo 123 constitucional, cuya fracción XXIX reconoció la utilidad social de establecer cajas de seguros populares para casos de riesgos inherentes a las relaciones laborales.

Desde su nacimiento hasta hoy, la seguridad social ha experimentado grandes desarrollos y modernizaciones, en correlación con la evolución de las sociedades modernas, por lo que hoy en día comprende una amplia variedad de elementos.

El concepto actual de seguridad social consta de los derechos de todos los trabajadores y sus familias, consagrados en principio en sus cartas magnas como un compromiso estatal y de la sociedad entre sí, como una exteriorización de los valores de solidaridad que tiene principalmente dos vertientes de previsión: el término de la vida productiva de las personas, así como las posibilidad de disminución de las aptitudes laborales derivadas de los riesgos de trabajo; aunque hay múltiples criterios, incluso divergentes en la legislación secundaria, existe un acuerdo unánime: la seguridad social es universal y ese carácter debe obligar a los órganos legislativos a construir enunciados normativos, que permitan ampliar su cobertura a un grado tal que se abarque a la totalidad de la población.

Por este carácter universal, y sobre todo en la búsqueda de ampliar sus márgenes de aplicación, la seguridad social considera un conjunto de medidas públicas que deben regular la prevención o reparación de riesgos que se individualizan con el otorgamiento de prestaciones económicas a cada persona, pero con miras a la protección generalizada de la comunidad en su conjunto, asegurando los mínimos indispensables necesarios para cada integrante del grupo social.

Estas medidas consisten en el aseguramiento de una mejor calidad de vida para cada trabajador, así como su familia; la facilidad de acceso a la asistencia médica; la garantía de atención en casos de enfermedad general, accidente de trabajo o riesgo laboral; las previsiones relativas a la maternidad; y las prestaciones que aseguren ingresos en el caso de ésta, de enfermedades, riesgos de trabajo, desempleo, pérdida de capacidades laborales, vejez y muerte.

La seguridad social es una materia dividida en cuanto a su jurisdicción, lo que, por su complejidad, genera en muchas ocasiones la intervención de órganos jurisdiccionales superiores, para determinar la competencia de los inferiores e incluso cuando su cobertura es limitada debido a vacíos legales, colocando en situación de alta vulnerabilidad a un gremio o grupo social en común, el legislador tiene el compromiso y por tanto, debe crear, adicionar y modificar el entramado jurídico.

Este compromiso de perfeccionar las normas jurídicas que permitan dotar de protección social a un grupo en situación de vulnerabilidad, obliga a colocar en el centro del debate al gremio de los artistas intérpretes o ejecutantes, autores y gestores del ámbito de la cultura, los cuales desempeñan sus labores de manera independiente y por la naturaleza propia de su actividad creativa, no están incorporados en la fracción I del artículo 13 de la Ley del Seguro Social y, por ende, se encuentran fuera de la protección y acceso a la seguridad social como cualquier beneficiario.

Precisamente, la naturaleza sui géneris de su actividad, aunado a esta grave omisión en la legislación específica que permita que accedan de manera directa y voluntaria a los mecanismos de protección existentes, los coloca en la incertidumbre jurídica y en un estatus de gran vulnerabilidad.

Son innumerables los casos en los que los artistas han recurrido a la solidaridad y apoyo voluntario de sus compañeros de trabajo, cuando un artista en este país pierde la salud, deja su destino a la buena voluntad del prójimo. Así lo sortea la cantante Maru Enríquez, quien sufre la obstrucción de una arteria que va directo al cerebro, el poeta Édgar List, con mal de Parkinson, el escritor Roberto López Moreno, con el riñón conectado a una permanente diálisis, el dramaturgo David Psalmon, quien sufrió un grave accidente en 2008 y padeció una compleja y costosa rehabilitación, Carlos Valencia, Iván Olivares, o el caso de Carlos Cobos, víctima de un accidente cerebral y que lamentablemente falleció el 13 de junio de 2012.

Casos como los mencionados evidencian la urgente necesidad de modificar su situación legal e incorporarlos de manera inmediata al régimen obligatorio del Seguro Social permitiéndoles la posibilidad de su incorporación voluntaria, ya sea individual o colectiva, tal y como sucede con cualquier otro tipo de trabajador y como sucede con ellos mismos en otros países, pues como puede observarse, el estado laboral actual y nivel de ingreso no les permite acceder a mecanismos de protección y atención privada.

Con ello se permitirá al artista intérprete o ejecutante, al autor y al gestor del ámbito de la cultura acceder a esquemas integrales de Seguridad Social al amparo de la norma que lo regula y a un costo asequible.

Según datos de la Subdivisión del Seguro de Salud para la Familia y Seguros para Estudiantes del IMSS, el Seguro de Salud para la Familia, en el que se tienen que inscribir los trabajadores particulares no asalariados, es decir, al que un artista intérprete o ejecutante, autor y gestor del ámbito de la cultura podría acceder, tiene los siguientes costos: de 0 a 19 años cuesta mil 320.80 pesos anuales, de 20 a 39 años mil 543.70 pesos, de 40 a 59 años 2 mil 307.30 pesos y de 60 años o más 3 mil 472.10 pesos.

En otros países hay la posibilidad de que, a través de su regulación laboral los artistas, autores y gestores de la cultura accedan a la seguridad social; en Chile se expidió en el año de 1993 la ley 19.889, que regula de manera específica las condiciones de trabajo y contratación de los creadores, artistas e intérpretes, los ubica en un plano de legalidad y gracias a ello, son sujetos de regulación y protección de los sistemas de seguridad social del Estado.

En Alemania, los artistas cotizan en el sistema de pensiones y de salud aportando, sus respectivas cuotas, con lo que se les provee de mecanismos cuantificadores de antigüedad laboral, de acuerdo con la actividad que desarrollen y se les permite acceder al sistema de salud pública y familiar de manera periódica, como a cualquier empleado asalariado sin distinción de actividad remunerada salvaguardando a sus creadores artísticos, como elementos que difunden la cultura y la esencia del país.

En Colombia, la resolución 1628, de 2004, norma los accesos a salud, pensiones y riesgos profesionales determinados por la actividad artístico-creativa que desarrollen en su calidad de profesionistas de la cultura , agregando en sus contenidos el concepto de “gestor de la cultura”; en todos los casos, a partir de una cuota semestral son incorporados al régimen de salud y cesantía.

Por ello, ante la imperiosa necesidad de incluir en la legislación en materia de seguridad social el reconocimiento y acceso de los artistas intérpretes o ejecutantes, autores y gestores del ámbito de la cultura que desempeñan sus labores de manera independiente, que no se encuentran al amparo de una norma que los ubique en una relación laboral y que por ende no cuentan con los mecanismos para acceder a un régimen de seguridad social, proponemos en la presente iniciativa una adición que permita dotar de protección y seguridad social a este fundamental grupo de mexicanas y mexicanos con quienes el Estado tiene una deuda de solidaridad y subsidiariedad.

La propuesta que sometemos a consideración del Congreso de la Unión busca el reconocimiento del artista intérprete o ejecutante, autor y gestor del ámbito de la cultura a fin de que se encuentre en los supuestos establecidos en el artículo 13, fracción I, de la Ley del Seguro Social, a fin de que su inscripción al esquema de protección motivo de regulación de esa ley, se pueda dar de manera colectiva o individual.

Todo ello, sin la intervención de fideicomisos como intermediarios que le generen un gasto mayor al artista intérprete o ejecutante, autor y gestor del ámbito de la cultura debido a que se requeriría una carga presupuestal adicional la cuál es incierta y sujeta a coyunturas diversas y ajenas al espíritu de esta propuesta.

Otra de las enormes ventajas de que la inscripción voluntaria al régimen obligatorio se pueda dar sin intermediarios y terceros , es que la relación entre el sistema de seguridad social y el asegurado es directa, caso contrario al de la figura del fideicomiso que implica el arrendamiento o adquisición de un inmueble para su establecimiento, el costo por la constitución del mismo, la operación diaria y el gasto en personal burocrático, todo ello con cargo a la aportación individual del asegurado, con lo que su inscripción se encarecería dramáticamente.

Finalmente, con ello se evita la opacidad pues con un fideicomiso que asegure a un cierto número de empadronados, existiría la posibilidad de que las autoridades del ámbito cultural, inscriban de manera discrecional a algunos, dejando fuera a otros.

II. Fundamento legal de la iniciativa

La iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que a la suscrita, en su calidad de integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, le confieren los artículos 71, fracción II, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto de reforma

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 13 de la Ley del Seguro Social

IV. Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:

Ley del Seguro Social

Título Segundo

Del Régimen Obligatorio

Capítulo I

Generalidades

Artículos 11.y 12. ...

Artículo 13.Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio

I.Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no asalariados , así como los artistas intérpretes o ejecutantes, autores y gestores del ámbito de la cultura;

II.a V. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria, las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considerará los artistas intérpretes o ejecutantes, autores y gestores del ámbito de la cultura como personas físicas con actividad en tanto se realizan las especificaciones procedentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2014.— Diputada Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

«Iniciativa que reforma el artículo 56 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y suscribe Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 56 Bis la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Gran Bretaña y Estados Unidos fueron las primeras naciones en aplicar el modelo económico neoliberal planteado por el economista austriaco Friedrich von Hayek, durante los gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan respectivamente. En ambos países se planteó al estado de bienestar como gran enemigo del libre mercado, de la modernización y el desarrollo.

En América Latina, el primer país en aplicar este modelo económico fue Chile, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En México, los gobiernos neoliberales de los últimos sexenios se han dado a la tarea de quebrar y de rematar todas las empresas públicas de nuestro país, lo que ha repercutido de forma negativa en el nivel de vida de los mexicanos pues cada una de esas transacciones ha significado una ola de despidos de trabajadores especializados que no cumplieron los requisitos para ser recontratados por las empresas privadas.

Desde las empresas productoras hasta las de transporte, telecomunicaciones y, más recientemente, las energéticas han sido desmanteladas por los gobiernos del Revolucionario Institucional y por Acción Nacional que guiaron las riendas del país. Sin embargo, ni los ferrocarriles, las aerolíneas, los aeropuertos, las carreteras, o los bancos han sido suficientes, la ambición los ha llevado a adueñarse de todo lo que pertenece al pueblo y el manejo de los ahorros de los trabajadores no ha sido la excepción.

En los últimos años se han aprobado cientos de iniciativas que han echado por suelo los logros que los trabajadores mexicanos habían tardado décadas en concretar. La aprobación de la reforma laboral en 2012 destruyó los pocos beneficios que aún se mantenían.

En 1997, con la modificación de la Ley del Seguro Social y la creación de las administradoras de fondos para el retiro (Afore), el Estado renunció al manejo de los millones de pesos que ahorran anualmente los trabajadores del país, entregando esta obligación a los capitales privados que desde entonces han enriquecido sus bolsillos a costa del trabajo de los mexicanos.

El discurso de esa época era que el Estado ya no podía cargar con el costo que significaban las pensiones y jubilaciones de quienes habían aportado durante tantos años con el régimen solidario. Lo anterior empeora cuando se hace el recuento de los rescates financieros que más han impactado en la economía nacional, por ejemplo, el de las carreteras y los bancos cuyo salvamento han representado un costo superior a 883 mil millones de pesos.

Recientemente se hizo público el desfalco de los fondos para jubilados ferrocarriles, 15 mil millones de pesos que no se sabe en qué se gastaron ni por quién, pero que ahora serán absorbidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y cubiertos con recursos públicos.

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro considera participantes en el sistema “las instituciones de crédito, administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras previstas”; es decir, todas las instituciones relacionadas con el manejo de los recursos de los trabajadores.

En Movimiento Ciudadano estamos preocupados por el futuro de los ahorros de los trabajadores. Tememos que las empresas participantes en el Sistema de Ahorro para el Retiro ejerzan un mal manejo de los recursos, tal como ha sucedido con los fondos petroleros o los ferrocarriles.

Como representantes del pueblo, estamos obligados a velar y defender los intereses de nuestros electores, de los más desprotegidos, de aquellos que no tienen forma de hacerse escuchar. En ese sentido proponemos la modificación de la fracción IV del artículo 56 Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con el objetivo de responsabilizar a las administradoras de las pérdidas que pudiera haber por los malos manejos que se hagan de los recursos ahorrados.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción IV del artículo 56 Bis la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Dictamen

Artículo 56 Bis. Los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro deberán establecer, de conformidad con las disposiciones de carácter general que emita la comisión, medidas apropiadas y suficientes para

I. a III. ...

IV. Controlar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta la información a que se refiere la fracción III anterior, incluyendo el establecimiento de planes de contingencia que aseguren la continuidad de sus operaciones y la disponibilidad de dicha información.

Propuesta

Artículo 56 Bis. Los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro deberán establecer, de conformidad con las disposiciones de carácter general que emita la comisión, medidas apropiadas y suficientes para

I. a III. ...

IV. Controlar y mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta la información a que se refiere la fracción III anterior, incluyendo el establecimiento de planes de contingencia que aseguren la continuidad de sus operaciones y la disponibilidad de dicha información, siendo responsables en todo momento de las pérdidas que pudieran existir.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE TURISMO

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito, Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 7, recorriéndose la subsecuente, de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La hospitalidad y calidez que brinda nuestro país a los turistas, aunado a su apoteósica riqueza natural y cultural le han permitido satisfacer las necesidades, gustos y paladares más exigentes a nivel nacional e internacional.

Sin embargo también la especialización y profesionalización en el área médica ha sido uno de los factores que han permitido que hoy en día nuestro país al igual que Tailandia, Singapur, India, Brasil, Colombia, Turquía, Taiwán e Israel, hayan tenido un crecimiento excepcional de la industria de exportación de servicios de salud en los últimos años.

Algunas cifras

En el año 2012 nuestro país fue considerado como el segundo destino de turismo medico en el mundo al atraer a más de un millón de pacientes extranjeros al año, la mayor parte de origen hispano, principalmente de California, Arizona y Texas.

Actualmente 2,847 millones de dólares fue el valor del turismo médico en el país durante 2013, 7.3% es la tasa de crecimiento anual que se espera de 2013 a 2016 en cuanto a turismo médico nacional.

Para 2016, se estima un monto de 3,514 millones que este segmento del turismo dejará. 63.4% del total de médicos en México son especialistas, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 57.7 por ciento.

Así, el turismo médico abona en el derrotero de crecimiento y desarrollo económico-social de nuestro país, donde el capital humano, se ha especializado logrando un alto potencial en áreas como la medicina, llegando a contar hoy en día con 12 destinos especializados en este tipo de turismo con servicios de alta calidad en áreas como oncología, ortopedia, cardiología, cirugía en general, cirugía plástica y gastroenterología, garantizando la más alta calidad.

De igual forma, existen algunas especialidades y procedimientos en turismo médico tales como:

• Cirugía plástica y estética (liposucción, cara, mamoplastia)

• Odontología (cosmética y reconstructiva)

• Cardiología / cirugía cardiaca (by-pass, reemplazo de válvulas)

• Cirugía ortopédia (reemplazo de cadera o rodilla, cirugía de articulación, artroplastia)

• Cirugía bariátrica (by-pass gástrico, banda gástrica)

• Fertilidad (fertilización in vitro)

• Trasplante de células, órganos y tejidos

• Cirugía ocular

• Diagnósticos y exámenes

En este sentido México cuenta con la infraestructura hospitalaria, y el personal especializado para hacerle frente a procedimientos quirúrgicos y terapias a un costo más accesible pero con alta calidad.

Es por ello que del 5 a 7 de noviembre del presente año, en Reynosa, Tamaulipas se llevó a cabo la Quinta Cumbre Global de Negocios en Turismo Médico, evento considerado como una de las plataformas de negocios más importantes del mundo, cuyo propósito es impulsar la promoción, el posicionamiento y comercialización de los servicios hospitalarios y los inigualables destinos turísticos de México.

La Cumbre es una feria interactiva con una duración de tres días de intensas reuniones de negocios que se celebra anualmente desde el año 2010. Dicho evento está enfocado única y exclusivamente a reunir solo a expositores nacionales e internacionales (vendedores) hospitales, clínicas dentales, médicos de diferentes especialidades, destinos turísticos, cadenas de hoteles, mediante citas pre-solicitadas e individuales con facilitadores (compradores) de Estados Unidos y Canadá que vienen a México con el firme propósito de realizar negocios y firmar contratos.

La exposición de la oferta médica y de servicios especializados que se prestan en Tamaulipas, logró el reconocimiento a nivel nacional e internacional de los asistentes, con ello se impulsa más la promoción turística, se incrementen tanto el número de citas médicas como la derrama económica.

Este encuentro global fortalece los esfuerzos de promoción que se han realizado para encaminar a esta industria y detonar su rápido crecimiento para aprovechar las ventajas competitivas que brinda el contexto internacional.

En el desarrollo de la Cumbre se dieron cita conferencistas y asistentes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Nicaragua, Colombia, República Dominicana y México, lo cual fue propicio para el desarrollo de citas de trabajo y el reforzamiento de las relaciones entre pares, fomentar el desarrollo de los clusters médicos que existen y propiciar la creación de nuevas asociaciones.

médicos en México

En México se han conformado clusters regionales para promover el desarrollo y trabajo en equipo de los diferentes proveedores, en la atención a los pacientes y sus familiares, con el interés de brindar un servicio de alto nivel, coordinado, competitivo y de gran calidad al turista médico y de salud. Por tal motivo Médicos, Hospitales, Hoteles, Laboratorios, Cámaras de Comercio y Gobiernos Locales unen sus esfuerzos y colaboración para brindar a nuestros turistas las mejores alternativas, propuestas y servicios al cuidado de su salud, logrando además que su visita y estancia exceda sus expectativas.

Así, el turismo médico en México es atendido por médicos y enfermeras altamente calificados para brindar una atención y servicio de calidad mundial a través de una amplia infraestructura hospitalaria.

Calidad y bajo costo

Nuestro país representa ahorros en servicios médicos de 36 a 89 por ciento en comparación con los costos en EUA; por lo que es considerado como la mejor opción para pacientes extranjeros principalmente de Norteamérica.

Por ejemplo, el remplazo de una válvula cardiaca tiene un costo en Estados Unidos de 170 mil dólares, aquí esa misma operación cuesta 18 mil dólares, 89 por ciento menos.

Una cirugía de columna vale 100 mil dólares allá, aquí 12 mil; un implante dental, con precio de 2,800 dólares en hospitales estadounidenses, en uno mexicano se realiza por mil 800, lo que significa 36 por ciento menos.

Otras ventajas competitivas de la industria mexicana son: la infraestructura de vanguardia que posee, su amplia base de capital humano especializado, variedad de procedimientos y tratamientos, ubicación geográfica y una relativa afinidad cultural.

La Joint Commission International acreditó recientemente a 7 hospitales de nuestro país. A su vez, la Secretaría de Salud Federal ha certificado a 122 hospitales, de los cuales 115 están homologados con estándares internacionales.

México es uno de los principales destinos mundialmente reconocidos por gran diversidad de atractivos naturales, culturales, arqueológicos, infraestructura turística de primer nivel y un servicio de gran calidad que nos distingue en el mundo. El cuidado de la Salud ha sido un motivo por el cual visitantes de EUA, Canadá, Europa, Sudamérica y todo el mundo han confiado en los servicios e infraestructura de primer nivel que México y sus destinos ofrecen, en materia de Turismo Médico, Clínicas de Especialidades, Bienestar y Retiro.

México es uno de los países con mayor diversidad en su oferta médica, de especialidades de alta calidad y tecnología de vanguardia, compitiendo con los mejores del mundo. La conectividad y alcance inmediato de los servicios nos permite brindar, al turismo médico y de salud, el mejor servicio profesional para su cuidado y atención.

Fundamento legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 7, recorriéndose la subsecuente, de la Ley General de Turismo

Único. Se adiciona una fracción al artículo 7, recorriéndose la subsecuente de la Ley General de Turismo.

Artículo 7. Para ...:

I-XVII...

XVIII. Identificar y promover en coordinación con la Secretaría de Salud los destinos especializados en turismo médico nacional, de acuerdo a la especialidad médica, tratamiento y procedimiento quirúrgico, contando en todo momento con la Certificación del Consejo de Salubridad.

XIX.Las demás previstas en éste y otros ordenamientos.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Somos Sinaloa. “Turismo de Salud”. Juan Carlos Ramírez. Revista, noviembre de 2014. México.

2 El Financiero. Impulsan en Tamaulipas el turismo médico. México, dirección URL: http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/impulsan-en-tamaulipas-al-turismo-medi co.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de noviembre de 2014.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos que se mencionan en el apartado correspondiente, pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, la iniciativa se presenta en los siguientes términos

I. Planteamiento del problema

Los diplomáticos culturales fortalecen día con día la presencia de México en foros y espacios de gran impacto, es importante mencionar que en los últimos años, la diplomacia cultural de México ha sido pujante. Ello, debido a que el país cuenta con un patrimonio histórico y con una creatividad que lo convierten en potencia cultural de alcance internacional. Dispone de una herramienta óptima para la política exterior: cultura milenaria, rica, diversa y, sobre todo, una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales contemporáneas que contribuyen a proyectar la imagen de un país moderno y emprendedor. Es un hecho que las relaciones culturales permiten el acercamiento entre los diversos sectores políticos, económicos y sociales de los diferentes países. En ese sentido, la cultura se muestra una vez más como la facilitadora por excelencia de estos intercambios, así como el puente innegable de acercamiento entre las naciones.

La especialista y diplomática Fabiola Rodríguez Barba, en su texto La diplomacia cultural de México, aborda la importancia de este tema como instrumento de política exterior del gobierno mexicano; analiza las acciones implementadas en los últimos 12 años y señala la carencia y la falta de continuidad de los programas institucionales en ese ámbito, así como la subordinación de la cultura a la agenda política del Ejecutivo. Sostiene que en México, la cultura ha sido históricamente un componente esencial del quehacer diplomático. Asimismo, que nuestro país está activamente implicado en la difusión de la cultura nacional más allá de sus fronteras, por medio de lo que se conoce como diplomacia cultural.

Fue a partir de la Revolución Mexicana, con la necesidad de consolidar una identidad nacional, que el estado inició un proceso de creación de difusión y promoción de un concepto integral de cultura nacional. Lo anterior desempeñó un papel central en la difusión interna y externa de la producción artística y cultural de los creadores mexicanos.

Es así que en las primeras décadas del siglo XX, José Vasconcelos definió una estrategia integral de cultura y educación que se tradujo, en el ámbito exterior, en las “embajadas culturales” o programas de intercambio de estudiantes con otros países americanos y, en el interior, en la creación de las primeras bibliotecas rurales y en el impulso a las “misiones culturales”. Posteriormente vimos creaciones como el Fondo de Cultura Económica (1934), el Seminario de la Cultura Mexicana (1942), el Colegio Nacional (1943) y el Instituto Nacional Indigenista (1948). En las décadas de 1940 y 1950, México impulsó una serie de grandes exposiciones en las que se dio una identificación con el pasado histórico y se puso de relieve lo prehispánico a través del muralismo mexicano.

Asimismo, la consolidación de la “época de oro” del cine mexicano se dio gracias a la emergencia de nuevas tecnologías y el surgimiento de medios de comunicación masiva que dieron origen a la televisión mexicana. A finales de los años 50, se creó la Subsecretaría de Cultura, que sería el antecedente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), y dio inicio un periodo intenso de articulación de instituciones culturales, entre ellas el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que contribuirían para proyectar al mundo el acervo cultural y el patrimonio histórico mexicanos.

Señala Rodríguez Barba, que en los años 60, la cultura se incorporó de manera formal como una instancia administrativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); es así que durante el gobierno de Adolfo López Mateos se creó una dirección encargada de los asuntos culturales.

Igualmente, durante esa época se construyeron diversos museos como el Nacional de Antropología y el de Mueso Arte Moderno. Cabe señalar que una de las etapas de mayor activismo de la diplomacia cultural mexicana se dio en los años de 1970 a 1976, durante el gobierno del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, en la que México participaría activamente en diversos foros internacionales de impronta cultural; en esta época se logró una mayor diversificación de las relaciones exteriores y se fomentó la diplomacia cultural, especialmente en América Latina y el Caribe.

Los años ochenta fueron de baja promoción cultural debido a la crisis de la deuda y los graves problemas del aparato productivo mexicano, no obstante, se impulsó la apertura de institutos y centros culturales de México en el exterior, particularmente en Estados Unidos, donde existía un mayor número de connacionales mexicanos, la intención era fomentar la cultura nacional, conocer las acciones de las comunidades mexicanas en el exterior, difundir la cultura nacional contemporánea a la población de origen mexicano y extenderla incluso al público estadounidense. De manera paralela, se dio la creación de centros culturales en Europa, particularmente en Madrid y París.

Ya durante los años 90, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari promovió una serie de actividades culturales mexicanas, como parte de la estrategia de cabildeo y consolidación de futuros socios comerciales. Fue en este periodo en el que el gobierno mexicano enfatizó el valor de la cultura como instrumento de política exterior y en el que se dieron los primeros pasos hacia una diplomacia cultural en sentido estricto.

Con la necesidad de legitimar la existencia del TLCAN, se realizó un amplio programa de “relaciones públicas” para atraer inversores extranjeros, así como actividades culturales, en particular con las comunidades mexicanas residentes en el extranjero, para mejorar la imagen del país en el exterior. La búsqueda por ampliar los mercados para los productos mexicanos, reforzar los vínculos políticos con países desarrollados, así como negociar un tratado de libre comercio, constituyeron los ejes centrales de la acción exterior de su gobierno.

Durante la administración del doctor Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República, los procesos de globalización y de cooperación internacional obligaron a fortalecer la presencia de México en el exterior por lo que se emprendió una ambiciosa reestructuración de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), entre la que destaca la creación del Instituto Mexicano de Cooperación Internacional (IMEXCI), cuya labor fue la coordinación de las comisiones mixtas de cooperación educativa y cultural y el establecimiento de programas bilaterales en ese ámbito.

El número y la profundidad de las intervenciones permiten afirmar que la política cultural mexicana consideró prioritaria durante este periodo la protección del patrimonio histórico, sin olvidar el estímulo a la creación libre y a la difusión cultural.

Con este propósito se organizaron exposiciones importantes en el extranjero, como Teotihuacan : una ciudad cosmopolita del México antiguo (Portugal y Colombia); Grandes maestros del arte moderno mexicano (Japón); José Clemente Orozco (EEUU); Imaginarios mexicanos (Canadá); Miradas cruzadas, Frida y Diego (Francia); Vida y muerte: arte funerario del occidente de México (España); José Luis Cuevas (El Salvador); Pintura moderna en México (Argentina y Brasil); y Francisco Zúñiga (Costa Rica). Esta amplia actividad cultural se correspondía con un régimen político que comenzaba a dejar atrás su talante autoritario y se acercaba a un horizonte más plural y abierto. En este sentido, la alternancia política posibilitó la apertura internacional del país a temas vedados tradicionalmente como los derechos humanos y la democracia.

Con el arribo de Vicente Fox a la Presidencia de la República, la política exterior tomó un nuevo impulso, en particular con la promoción de una nueva imagen internacional de México. En su momento, el presidente Fox anunció su propósito de dar a conocer al país en el mundo como una nación democrática, con amplias libertades y con un amplio respeto por los derechos humanos, por ello es que el Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006 enunciaba los objetivos estratégicos de su política exterior: promover y fortalecer la democracia y los derechos humanos como bases fundamentales del sistema internacional; fortalecer la capacidad para proteger y defender los derechos de los mexicanos en el extranjero; intensificar la participación e influencias de México en los foros multilaterales con un papel activo en el diseño de la nueva arquitectura internacional; utilizar los esquemas de concertación regional para equilibrar la agenda de política exterior mexicana mediante nuevos ejes de acción política; y apuntalar y encabezar los esfuerzos de promoción económica, comercial y cultural, y de la imagen de México en aras de un desarrollo nacional sustentable y de largo aliento.

En febrero de 2004, el escritor Jorge Volpi comentó en el texto “Diplomacia sin intelligentsia. Tragicomedia en tres actos”, publicado por la revista Letras Libres, que el proyecto cultural del gobierno federal hasta entonces consistió en enviar artistas, escritores y promotores culturales como representantes diplomáticos. Además –basado en una “vieja idea” de Carlos Fuentes– crear el Instituto de México (que dirigiría Alejandra Rangel), a semejanza del Cervantes de España, el Goethe de Alemania, las Alianzas francesas o el British Council. Pero al renunciar el secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman, todo quedó en el aire.

Es evidente que el papel de la representación cultural de los mexicanos en las embajadas, ha cobrado una determinante relevancia y ya no es suficiente su participación testimonial o su nombramiento, a efecto de que lleve a cabo actividades que no estén desvinculadas del trabajo global de las representaciones diplomáticas.

Por ello, para la autora de la presente iniciativa, es preciso considerarlos en los casos de excepción que contempla el artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano a fin de que, con independencia de su edad, contemplando que los agregados culturales son personas que cuentan con una formación académica y profesional que únicamente se puede adquirir con la experiencia de vida, aunado al hecho de que la propia legislación en comento considera casos de excepción, sin desequilibrar los ingresos al Servicio Exterior Mexicano a través del Instituto Matías Romero, pudieran ser contemplados para ingresar, en los procesos de selección, en las convocatorias de ingreso al mencionado servicio.

Asimismo, se propone que dada su relevancia e importancia, su denominación quede establecida en las definiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano contempladas en el artículo 1 Bis.

Con la finalidad de clarificar la función de promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo tal y como actualmente lo considera la Ley del Servicio Exterior Mexicano, se propone especificar que dicha función, ya contemplada en la propia ley adjetiva, sea asignada de manera expresa a los denominados “Agregados Culturales”.

II. Fundamento legal

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, a la suscrita, en su calidad de diputada de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, le confieren el artículo 73 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como 6 numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXV del artículo 1 Bis; asimismo, se reforman la fracción VIII del artículo 2 y II del artículo 32, todas de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

IV. Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se adiciona la fracción XXV del artículo 1 Bis; asimismo, se reforman la fracción VIII del artículo 2 y II del artículo 32, todas de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para quedar como sigue:

Artículo 1 Bis. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a XXIV. ...

XXV. Agregado cultural: es toda mexicana o mexicano que ha sido designado al amparo del artículo 7 de la presente ley y que se encarga de promover el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y de ampliar la presencia de México en el mundo.

Artículo 2. Corresponde al Servicio Exterior:

I. a VII. ...

VIII.Promover, a través de sus agregados culturales el conocimiento de la cultura nacional en el exterior y ampliar la presencia de México en el mundo;

IX. a XII. ...

Artículo 32.Los candidatos a ingresar a la rama diplomático-consular deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. ...

II.Ser menores de 30 años de edad. En casos excepcionales, la Comisión de Personal podrá dispensar este requisito si a su juicio así lo amerita el perfil académico y profesional del aspirante y a quienes durante el año anterior a la emisión de la convocatoria para el concurso público anual se hayan desempeñado como agregado cultural en las representaciones diplomáticas;

III. a VI. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federal deberá reformar el Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para adecuarlo a las disposiciones de este decreto dentro del plazo de 180 días posteriores a su entrada en vigor.

Tercero. La Secretaría de Relaciones Exteriores designará a los agregados culturales a que hace referencia este decreto, a más tardar dentro de los 270 días posteriores a su entrada en vigor.

Cuarto.Se derogan las disposiciones contrarias al presente ordenamiento.

Nota:

1. Cabe señalar, como bien señala Rodríguez Barba, que en México, dicha promoción se realiza en coordinación con las principales universidades y centros de estudios del país y fuera de éste, a través de convenios estratégicos. Es ahí donde residía la intención de crear el Instituto de México, cuyo objetivo era unificar la promoción de las labores de los centros culturales mexicanos bajo un mismo marco jurídico. La reforma de la Dirección General de Asuntos Culturales y la creación del Instituto de México, a decir del secretario Castañeda, reflejaban el papel central de la cultura en la promoción de la imagen de México. Hoy se tiene en estudio la iniciativa de crear el Instituto Octavio Paz, bajo los mismos principios y criterios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2014.— Diputada Margarita Saldaña Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA

«Iniciativa que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y suscribe Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa que reforma y adicionan los artículos 20 y 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El buró de crédito es una sociedad financiera encargada de proporcionar los servicios de registrar y administrar la información de los manejos crediticios de las personas físicas y morales.

Según los datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa a los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sus antecedentes se remontan a los años que van de 1964 a 1995, en los cuales el Banco de México realizaba la operación y los registros de la información crediticia. Sin embargo, en 1995 el aumento de los créditos pone a la vista la imperiosa necesidad de recurrir a las sociedades de información crediticia.

Desde 1995 y con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Trans Union de México, SA, integró el buró para personas físicas; y en 1997, Dun & Bradstreet, SA, para personas morales.

Pese a que estas dos empresas son parte del buró de crédito, el mayor porcentaje se los llevan los bancos en México. Y no fue sino hasta 2005 que se conformó el Círculo de Crédito, SA de CV, con accionistas como Grupo Elektra y Coppel.

Las autoridades que regulan el buró de crédito son la SHCP, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Condusef.

El buró de crédito opera desde el momento que una persona física o moral solicita un crédito automotriz, hipotecario, tarjeta de crédito, o el contrato de algún servicio de televisión por paga, o telefonía, ante cualquier empresa comercial o entidad financiera (denominados como usuarios) y el crédito es autorizado. Automáticamente se registra el cliente en el buró de crédito, se almacena en su base de datos y comienza su historial.

Derivado del oportuno o mal manejo del crédito y del cumplimiento en los pagos y las obligaciones, se genera el historial con un carácter positivo o negativo.

Actualmente, la ley prevé que las personas independientemente de la manera como manejan su crédito deben permanecer en los registros del buró por 72 meses.

Es oportuno reconsiderar este supuesto, ya que existen personas físicas o morales que han hecho un correcto y oportuno cumplimiento en las obligaciones convenidas, por lo que es necesario se reduzca a estas personas la temporalidad del registro.

Las cifras dadas por la Encuesta Nacional a los Clientes del buró de crédito de 2009 señalan que había 140 millones de créditos, de los cuales 94 por ciento correspondía a las personas físicas y 6 por ciento a las personas morales.

Respecto al círculo de crédito, la base de datos indicó que se formaba de 58.4 millones de créditos, de los cuales 36.3 millones eran de personas físicas. Aunque es necesario aclarar que más de la mitad de las personas que aparecen en el buró se debe a créditos financieros, seguidos de los préstamos comerciales.

Aunque se esperaba que en 2011 creciera en 14 por ciento el crédito bancario, las expectativas en 2010 señalaron un incremento en la cartera vencida, es decir, aumento el nivel de morosidad en los clientes de 2.86 en abril a 2.88 en mayo (http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/07/09/ creditomorosidad-impag os-cnnexpansion 5 de marzo de 2011).

No obstante, este hecho se observa desde una óptica esperanzadora porque quiere decir que el crédito creció. Aunque se debe especificar que sólo en lo referente a las tarjetas de crédito.

La reciente crisis económica provocó el desempleo masivo de muchos trabajadores mexicanos, lo que ocasionó la falta de recursos para cumplir con algunas de sus obligaciones en tiempo y forma.

No es justo que los efectos de la crisis del país perjudiquen económica y moralmente al aparecer como morosos en el buró de crédito por 72 meses, cuando estas personas han hecho un esfuerzo para cubrir sus compromisos.

Este plazo lo único que hace es afectar el crecimiento económico y el crediticio, pese a lo que dicen las instituciones financieras y el gobierno.

Al permanecer tanto tiempo en el buró, las personas son orilladas a recurrir a prestamistas informales, y a ser objeto de abusos y a perder su patrimonio.

Por lo anterior propongo en esta iniciativa la disminución del tiempo que deben guardar los historiales crediticios las sociedades de información crediticia, para el caso de personas que paguen sus adeudos, para así quedar en posibilidad de solicitar créditos de nueva cuenta, y no tener que esperar seis años para ser sujetos de este tipo de préstamos.

Estamos comprometidos con las personas físicas y las morales que cumplen cabalmente sus obligaciones.

Por lo anterior someto a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 20 y 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia

Único. Se reforman y adicionan los artículos 20 y 23 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20. La base de datos de las sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los usuarios. Los usuarios que entreguen dicha información a las sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban y la fecha del primer incumplimiento. Las sociedades no deberán inscribir por ningún motivo créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida mayor de 72 meses. En el caso de las personas físicas y morales con historiales crediticios que reflejen el cumplimiento de la obligación la temporalidad máxima que se conservarán será de doce meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta ley.

(...)

Artículo 23. Las sociedades están obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean proporcionados por los usuarios, correspondientes a cualquier persona física o moral, al menos durante un plazo de doce meses desde el cumplimiento de la obligación.

Las sociedades deberán eliminar del historial crediticio del cliente la información que refleje el cumplimiento de cualquier obligación, después de doce meses de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial.

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2014.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o. Bis y 51 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de Ricardo Monreal Ávila y suscrita por Ricardo Mejía Berdeja, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa que adiciona un inciso c) al artículo 3o. Bis y reforma la fracción segunda del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la presente iniciativa se aborda un tema poco estudiado en México, aunque muy conocido en los centros de trabajo. El mobbing, que es un anglicismo que significa acoso o acoso moral o psicológico en el trabajo.

En México este tipo de fenómenos no ha sido estudiado sistemáticamente; así pues, no hay cifras ni referencias oficiales sobre la extensión, el grado, el carácter y las tipologías particulares que asume el hostigamiento laboral.

El mobbing es un comportamiento negativo entre superiores e inferiores jerárquicos de una organización laboral, a causa del cual la o el afectado es sometido a ataques sistemáticos, directos o indirectos, durante mucho tiempo de manera continua. Este fenómeno adquiere patrones similares en el nivel internacional, pero se le percibe de diferentes modos según las culturas.

En México, el tipo de acoso laboral más extendido es el congelamiento: ignorar y “hacerle el vacío” a la víctima. Y es percibido de diferentes modos conforme la posición socioeconómica del afectado. Los sectores de escasos recursos lo perciben como una manera de discriminación social.

El mobbing es un tipo de violencia laboral que es ejercida por personas sin distinción de género sobre hombres y mujeres en formas sistemática y por un tiempo prolongado con el objetivo de provocar un daño deliberado, donde sus consecuencias pueden ser devastadoras para las víctimas dando origen a una serie de trastornos psicológicos.

Es uno más de los elementos de un fenómeno mayor: la violencia laboral. Este concepto va más allá de la simple agresión física e incluye conductas que son susceptibles de violentar e intimidar a quien las sufre. Así la violencia en el lugar de trabajo incluiría las conductas físicas o verbales amenazantes, intimidatorias, abusivas o acosantes.

También existe el acoso sexual que no debe confundirse con el acoso laboral aunque éste podría ser una forma del mismo. La diferencia fundamental con el acoso en el trabajo es que con éste se busca la autoeliminación laboral a través de un hostigamiento denigrante planificado, mientras que en el acoso sexual se busca otro fin de naturaleza diferente, puesto que busca simplemente el acercamiento sexual prevaliéndose de la situación en la empresa.

Dados los evidentes signos externos que se manifiestan en la violencia física en el entorno laboral, ésta es más fácil de detectar, sin embargo, no ocurre lo mismo con la violencia psicológica la cual en muchas ocasiones puede negarse o deformarse. Por lo tanto, la violencia en el trabajo se manifiesta como un abuso de poder con el objetivo de doblegar la conducta de otro mediante la utilización de la fuerza física y o psicológica.

A pesar de que estas conductas tienen formas de expresión muy variadas, presentamos a continuación algunas de las más habituales:

a) Ataque a la víctima a través de medidas organizacionales

• Designar los trabajos peores o más degradantes.

• Designar trabajos innecesarios, monótonos o repetitivos.

• Designar tareas por debajo de sus cualificaciones o habilidades.

• No asignar ningún tipo de trabajo.

• Exceso de trabajo (presión injustificada o establecer plazos imposibles de cumplir).

• Tácticas de desestabilización: cambios de puesto sin previo aviso, intentos persistentes de desmoralizar o retirar ámbitos de responsabilidad sin justificación.

b) Aislamiento social

• Restringir las posibilidades de comunicación por parte del superior o de los compañeros.

• Traslado a un puesto de trabajo aislado.

• Ignorar a la persona o no dirigirle la palabra.

c) Ataques a la vida privada de la persona

• Críticas constantes a la vida privada.

• Terror a través de llamadas telefónicas.

• Atribución de fallos psicológicos y de falsas enfermedades.

• Burlarse de algún defecto personal.

• Imitar los gestos o la voz de la víctima.

• Ataques a las actitudes y creencias políticas y/o religiosas.

d) Violencia física

• Acoso o violencia sexual.

• Amenazas de violencia física.

• Maltrato físico.

e) Agresiones verbales

• Gritar o insultar.

• Críticas permanentes al trabajo de las personas.

• Amenazas verbales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha escogido la expresión de violencia en el trabajo para referirse a la cuestión en sus informes de 1998 y 2000, en el que señala que esta situación está evolucionando en el sentido de que en la actualidad se le concede tanta importancia a la conducta psicológica como a la física y se reconoce plenamente el alcance de los actos de violencia menor. En el que 4 por ciento de los trabajadores han sido objeto de violencia física, 2 por ciento de acoso sexual, y 8 por ciento de medidas de intimidación.

De acuerdo con una encuesta de OCC Mundial realizada a más de 2 mil participantes 51 por ciento de los profesionistas mexicanos ha sufrido algún tipo de bullying laboral.

Las respuestas de los entrevistados arrojaron diversas formas de maltrato que han vivido, entre éstas rumores o calumnias (30 por ciento); aislar o excluir a la persona (18.6 por ciento); insultos (18.5 por ciento); ignorar o no dejar participar al colaborador (16.9 por ciento), y amenazar (11 por ciento).

Ante la pregunta de si ellos han ejercido, alguna vez, bullying en contra de un compañero de trabajo, 82.2 por ciento afirma que nunca lo ha hecho, 16.9 por ciento dice que sucedió alguna vez y 8 por ciento acepta tener esta conducta en forma regular.

70 por ciento de los profesionistas encuestados consideran que ambos géneros están expuestos por igual a sufrir intimidación laboral, a pesar de que a nivel mundial esta práctica suele ser 2.5 veces más frecuente en contra de mujeres. El 54 por ciento de los participantes considera que el acoso es ejercido por compañeros, mientras que 46 por ciento indica que proviene de un superior, cita el sondeo de OCC.

La necesidad de adecuar las estructuras de las organizaciones para poder responder a las demandas y desafíos que genera un mundo cada vez más globalizado, tanto en el ámbito público como privado, supone que sus miembros estén sometidos a continuas y cada vez más complejas relaciones interpersonales. Este proceso de interacción no sólo se lleva a cabo dentro del propio sistema organizacional sino también con individuos de otras organizaciones y los usuarios que utilizan los productos o servicios que ellas generan, y es en este contexto donde se planifican y ejecutan conductas de mobbing o acoso psicológico de parte de uno o más de sus miembros contra otros individuos.

Los causantes de conductas de mobbing o acoso psicológico han sido considerados como intimidadores en serie, mediocres inoperantes activos, perversos narcisistas, acosador psicopático y acosador paranoide.

Para las víctimas, las consecuencias de ser provocadas por los acosadores pueden ser devastadoras no sólo desde un punto de vista físico sino también desde el psicológico dando origen a cuadros de estrés, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, depresión e incluso intentos de suicidio.

Debido a que la violencia laboral puede proceder de distintas fuentes, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, a través de la nota técnica de prevención 489 (INSHT. [NTP489], 1999) hace referencia a una de las clasificaciones más difundidas sobre tipos de violencia en el trabajo, la cual fue elaborada por la California División of Ocupational Health and Safety (OSHA) y menciona los episodios violentos considerando las personas implicadas, ahí se menciona la violencia tipo III.

En esta categoría el causante de la violencia tiene un tipo de vinculación laboral directa con algún trabajador o grupo de trabajadores de la organización. Además puede existir una implicación más indirecta; el perpetrador elige cierto lugar porque tiene rencor, animadversión hacia aquel sitio ya sea porque el lugar tiene una carga representativa o simbólica. Sin embargo, el tipo más habitual es aquél donde el objetivo de la acción violenta fijado por el agresor corresponda a un compañero de trabajo o a un superior suyo.

Las acciones realizadas pueden estar motivadas por dificultades percibidas en su relación con la probable víctima y lo que busca obtener puede ser revancha, un ajuste de cuentas o en algunos casos hacer justicia por sí mismo.

Es en esta categoría donde se llevan a cabo, de preferencia, conductas que se encuadran dentro del concepto de mobbing o acoso psicológico.

El concepto no es nuevo, el primero en estudiar el mobbing fue el etólogo austriaco Konrad Lorenz (Lorenz, 1966), quien al observar el comportamiento de determinadas especies animales constató que en ciertas oportunidades, los individuos más débiles del grupo formaban una coalición para atacar a otro más fuerte.

Durante la década de los 80, el psicólogo Heinz Leyman (Leyman, 1997) de la Universidad de Estocolmo, considerado la máxima autoridad mundial sobre el tema, lo define como

“Una situación en que una persona, o varias, ejercen una violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado, sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo con el fin de destruir sus redes de comunicación, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y conseguir su desmotivación laboral”.

En 1996, Leyman operacionaliza su definición: “El psicoterror o mobbing en la vida laboral conlleva una comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien, a consecuencia de ello, es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada, a base de acciones de hostigamiento frecuente y persistentes (al menos una vez por semana) y a lo largo de un prolongado periodo de tiempo (al menos durante seis meses). A causa de la alta frecuencia y la larga duración de estas conductas hostiles a que es sometido un individuo, el maltrato sufrido se traduce en un suplicio psicológico, psicosomático y social de proporciones”.

Esta definición deja fuera los conflictos temporales y se centra en el momento en que la situación psicológica que afecta al individuo se traduce en trastornos psiquiátricos. Aquí la distinción entre “conflicto” y “psicoterror” no está centrada en qué se hace, o cómo se hace, sino mas bien en la duración de lo que se hace.

Uno de los especialistas más reconocidos en el ámbito español y europeo es el psicólogo Iñaki Piñuel y Zabala, profesor titular de la Universidad Alcalá de Henares. Para el profesor Piñuel, el acoso laboral “consiste en el deliberado y continuo maltrato modal y verbal que recibe un trabajador, hasta entonces válido, adecuado o incluso excelente en su desempeño, por parte de uno o varios compañeros de trabajo, que buscan con ello desestabilizarlo y minarlo emocionalmente con vistas a deteriorar y hacer disminuir su capacidad laboral o empleabilidad y poder eliminarlo así más fácilmente del lugar y del trabajo que ocupa en la organización”.

En este sentido el acoso laboral se presenta como un conjunto de conductas premeditadas las cuales se ejecutan de acuerdo a una estrategia preconcebida y extremadamente sutil con un objetivo claro y concreto: la anulación de la víctima.

Uno de los elementos más característicos del mobbing o acoso psicológico en el trabajo es que no deja rastros visibles y las secuelas son las propias del deterioro psicológico que presenta la víctima, las cuales fácilmente pueden atribuirse a problemas personales o de relación con sus compañeros de trabajo. Así, el o los acosadores inician este proceso motivados por distintas razones: celos profesionales, envidia donde ésta última no se focaliza sobre los bienes materiales de la víctima, sino sobre sus cualidades personales positivas, como su inteligencia, capacidad de trabajo, razonamiento, etcétera.

En las organizaciones, el mobbing o acoso psicológico puede afectar indistintamente a cualquier nivel jerárquico de ella, y a hombres o mujeres.

Este fenómeno se manifiesta en tres formas:

1. Ascendente: donde una persona con rango jerárquico superior en la organización es agredida por uno o varios subordinados. Esto ocurre en forma general cuando se incorpora una persona desde el exterior y sus métodos no son aceptados por sus subordinados, o porque ese puesto es ansiado por alguno de ellos. Otra modalidad dentro de este tipo, es aquella en que un funcionario o trabajador es ascendido a un cargo donde debe dirigir y organizar a antiguos compañeros, los cuales no están de acuerdo con la elección.

2. Horizontal: en esta categoría, las conductas de acoso pueden ser ejecutadas por un individuo o por un grupo en contra de otro trabajador. En este último caso, se sabe que un grupo tiene una identidad y comportamientos que son propios, se rige por reglas y códigos los cuales no corresponden a la suma de los comportamientos individuales de sus miembros, bajo esta premisa un trabajador puede ser acosado por los restantes miembros del grupo o al no pertenecer a él, el grupo lo toma como blanco de sus ataques.

3. Descendente: esta modalidad es la más habitual, donde la víctima se encuentra en una relación de inferioridad jerárquica o de hecho con respecto al agresor. Las conductas ejecutadas por la persona que ostenta el poder tienen por objetivo minar el ámbito psicológico del trabajador, ya sea para mantener su posición jerárquica o como una estrategia de la organización para que el afectado se retire en forma voluntaria sin que ésta incurra en costos económicos compensatorios.

No tiene una serie de fases fijas que abarquen desde su aparición hasta su desenlace.

En México se ha estudiado poco el tema en términos de dimensionar sus reales alcances y los costos involucrados no sólo desde el punto de vista económico sino también social.

Se requiere un marco legal que, por una parte sancione a los acosadores y por otra, proteja en forma efectiva los derechos de las víctimas.

El mobbing o acoso psicológico es una grave patología organizacional que debe ser conocida por los psicólogos laborales para intervenir en forma oportuna al interior de la organización previniendo su ocurrencia, y por los psicólogos clínicos ya que cuando no se conoce el fenómeno, el diagnóstico puede ser errado y las manifestaciones sean interpretadas en términos de otros aspectos como estrés, ansiedad, depresión sin considerar los aspectos situacionales que los ocasiona.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno el siguiente

Decreto por el que se adiciona  un inciso c) al artículo 3o. Bis y reforma la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo

Primero. Se adiciona el inciso c) al artículo 3o. Bis de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue

Artículo 3o. Bis. Para efectos de esta ley se entiende por:

a)...

b)...

c) Acoso laboral o mobbing, es una forma de violencia psicológica constituida por acciones negativas reiteradas y sostenidas de hostigamiento ejercidas sobre un trabajador por parte de un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato que perduran por un tiempo determinado y atentan contra la dignidad; ataque sistemático reiterado contra la autoestima de una persona en el trabajo para hacerla sentir excluida, maltratada o subvalorada, alterando su derecho al trabajo.

Segundo. Se reforma la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I. ...

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento y/o acoso sexual, acoso laboral, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

III. al X. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. La violencia abierta se ve sustituida por formas camufladas de violencia, como la denominada violencia psicológica o de guante blanco. STSJ de Madrid, de 24 de septiembre de 2002.

2. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-25032008000200 003&script=sci_arttext .El hostigamiento laboral como forma de discriminación: un estudio cualitativo de percepción.

3. Acoso Psicológico en el Trabajo: “Mobbing” Dr. Javier Caballero Rendón Medico Familiar Pol. 9 de Abril CNS. Revista Paceña de Medicina Familiar; Rev Pac Med Fam 2005; 2(2): 132-138

4. http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2012/08/08/mexicanos-sufren-bullying-en- el-trabajo

5. Alfonso Riquelme: Mobbing, Un Tipo de Violencia en el Lugar de Trabajo Ciencias Sociales Online, julio 2006, Vol. III, No. 2 (39 - 57). Universidad de Viña del Mar-Chile

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜISTICOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo de Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por Ricardo Monreal Ávila, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente Ricardo Mejía Berdeja y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país que debido a su privilegiada ubicación geográfica posee una inmensa riqueza natural y cultural, expresada en la amplia biodiversidad, variedad de climas, ecosistemas y especies.

A su vez, México posee un vasto mosaico cultural que se hace patente en la diversidad cultural y lenguas indígenas, así nuestro país es considerado multicultural y pluriétnico.

Sin embargo es menester dar a conocer que cada día persiste el descenso relativo del número de hablantes de lenguas indígenas originarias en relación con la población total. En la actualidad, la distribución de los hablantes de lenguas indígenas conserva un patrón previo: muestra una concentración en el sur y el sureste del país. Las entidades con mayor población indígena son Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo,  Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

Parte fundamental de los derechos de los pueblos indígenas, y que es un factor para su desarrollo y permanencia es su lengua, contextualizándola como el medio/sistema de comunicación constituido por signos de carácter social históricamente determinados.

Los idiomas originarios son construcciones milenarias que permiten a los hablantes expresar las abstracciones más elevadas y las mayores atrocidades. Tan sólo dos idiomas, el náhuatl y el maya peninsular, lo hablan más de 1 800 000 personas mayores de cinco años; le siguen, por número de hablantes, zapoteco, mixteco, tzotzil, otomí, tzeltal, totonaco, mazateco, chol, huasteco, mazahua, chinanteco, purépecha y mixe. Las lenguas indígenas son prácticamente orales, lo que sin duda ha fortalecido la raíz comunitaria de su habla que expresa en peculiares inflexiones microrregionales.

En este sentido, en materia de educación se han introducido planes y programas bilingües con un sentido castellanizador, que  han contribuido como un elemento para que los indígenas puedan acceder a mejores y mayores oportunidades, contribuyendo a que no sean sujetos de abusos y que sus derechos no sean violentados de manera sistemática.

El factor económico-social es  importante, obliga a aprender y utilizar el español, desplaza y finalmente lleva a la extinción la lengua materna, al no transmitirse de generación en generación.

Se ha descuidado la conservación de la lengua materna, aquella que es la primera con la que tiene contacto una persona, entendámosla como aquella que se aprende en el seno familiar, que dota de identidad a los individuos, y muchas veces funge como elemento de arraigo a un grupo social, cultura o etnia.

La importancia que reviste la conservación y uso de la Lengua Materna ha sido externada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), quien  aboga por educar a los niños en sus lenguas maternas desde la más tierna infancia, pues ello contribuye a crear bases sólidas de aprendizaje: si los niños utilizan su lengua materna en casa o en la enseñanza preprimaria están bien predispuestos para alfabetizarse en su lengua materna sin dificultades y, a continuación, aprender un segundo idioma (quizá el idioma nacional) en una etapa posterior de su escolarización.

En el mundo se hablan unas 7 mil lenguas, según el Atlas de las lenguas en peligro de la UNESCO, de estas aproximadamente 3 mil estarían en riesgo de desaparecer en las próximas décadas.

Se estima que la mitad de las lenguas  del mundo carecen de escritura. Con la globalización y el desarrollo de internet, las lenguas más usadas son el inglés, el chino y el español. Se da la circunstancia de que la gente se comunica cada vez más pero simultáneamente se hablan menos idiomas. Una lengua que no está presente en internet está prácticamente muerta. Su desaparición es una pérdida irreparable de la historia, la cultura y los conocimientos ancestrales de un pueblo o grupo étnico.

La mitad de las lenguas del mundo se habla en ocho países: Papúa Nueva Guinea con casi 900 lenguas, Indonesia con casi 740, Nigeria con 515, India con 400, México con 364 variantes lingüísticas (68 lenguas y sus variedades dialectales), Camerún y Australia con más de 260 y Brasil con 234.

Otra consideración es que muchas familias indígenas hablan la lengua de prestigio: el español, en detrimento de la materna; la estigmatización a la que son sometidos por hablar un idioma diferente les lleva a abandonar su lengua materna de forma voluntaria, sobre todo en la población indígena joven.

La UNESCO celebra, el Día Internacional de la Lengua Materna el 21 de febrero, que fue proclamado por la Conferencia General en noviembre de 1999; órgano supremo que reconoció el papel desempeñado por la lengua materna en el desarrollo de la creatividad, la capacidad de comunicación y la elaboración de conceptos, pero también en el hecho de que las lenguas maternas constituyen el primer vector de la identidad cultural. Celebrando el Día Internacional de la Lengua Materna se intenta promover a la vez, el desarrollo individual y la diversidad cultural de la humanidad. Durante la misma reunión, la Conferencia General adoptó igualmente una resolución recomendado medidas a favor del multilingüismo.

Posteriormente en enero de 2006 la UNESCO creó un órgano de vigilancia estratégico para garantizar la sinergia entre todos los sectores y servicios preocupados por los idiomas.

Así el 16 de mayo de 2007, la Asamblea General, proclamó el 2008 como Año Internacional de los Idiomas, de conformidad con la resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Dicha celebración llega en un momento en que la diversidad lingüística está cada vez más amenazada. El idioma es esencial para todos los tipos de comunicación; ahora bien, la comunicación es lo que posibilita el cambio y desarrollo de las sociedades.

Esto se inscribe en el marco de sus esfuerzos para proteger el patrimonio inmaterial de la humanidad y preservar la diversidad cultural. Al menos tres mil de las seis mil lenguas que se hablan en el mundo están en peligro de desaparecer en mayor o menor grado.

En México, 46 lenguas están catalogadas como vulnerables, de las cuales 35 están seriamente amenazadas y 21 corren el riesgo de desaparecer en poco tiempo: el chinantenco, el zapoteco, el papabuco, el ayapaneco, y el mixteco tienen menos de 10 hablantes entre la población anciana; el lacandón y el seri tienen menos de 800 hablantes. Y un caso de mayor gravedad es el del grupo étnico Pame que cuenta con tan solo 3 hablantes adultos mayores. Todas estas lenguas están al borde de la extinción.

Otras lenguas en México son las siguientes: Chol, huasteco, maya, mixe, otomí, triqui, zoque, mayo, cakchiquel, cochimí, cucapá, huave, kumiai, lancandón, mame, yaqui, pima, quiché, entre otras.

La discriminación lingüística, étnica, política o cultural ha estado siempre muy presente. La desaparición de una lengua conduce a la desaparición de varias formas de patrimonio cultural inmaterial y, en particular, del legado invaluable de las tradiciones y expresiones orales de la comunidad que la habla, que incluye poemas, proverbios y leyendas, adivinanzas y canciones.

Asimismo, la pérdida de los idiomas indígenas va también en detrimento de la biodiversidad, además de los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo que conforman la cosmovisión de los pueblos indígenas.

Cada lengua refleja una visión única del mundo y una cultura compleja que refleja la forma en la que una comunidad ha resuelto sus problemas en su relación con el mundo, y en la que ha formulado su pensamiento, su sistema filosófico y el entendimiento del mundo que le rodea. Por eso, con la muerte y desaparición de una lengua, se pierde para siempre una parte insustituible de nuestro conocimiento del pensamiento y de la visión del mundo.

Al respecto del inestimable valor cultural e intelectual de las lenguas, cada una de ellas es un universo conceptual, un complejo y fascinante ensamblaje de sonidos y emociones, de asociaciones y símbolos, de representaciones del movimiento y del tiempo.

Debemos estar a favor de la protección del patrimonio inmaterial que comprende la música tradicional y popular, la danza, las ferias, las tradiciones, saberes tradicionales, tradiciones orales y lenguas. Sobre estas tradiciones y prácticas que se encuentran en el centro de la diversidad cultural, la UNESCO propone que la comunidad internacional tome medidas para proteger estos tesoros culturales, como ya lo son los sitios naturales y culturales del patrimonio material.

De lo antes expuesto surge la necesidad de contemplar dentro de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la importancia de preservar y usar la lengua materna, como base del mosaico  multicultural y pluriétnico de nuestro país.

Fundamento legal

La presente Iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Único.Se reforma el artículo 1o., 3o., 11 y la fracción I, del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 1.La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas, privilegiando el uso cotidiano y libre de la lengua materna bajo un contexto de respeto.

Artículo 3.Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. Lapluralidad diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la Nación Mexicana.

Artículo 11.Las autoridades educativas federales y de las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua; así como el respeto a la práctica y uso de la lengua materna.Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos.

Artículo 13. Corresponde...

I.Incluir dentro de los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo bajo un contexto de respeto y reconocimiento de las lenguas maternas indígenas nacionalesde las diversas lenguas indígenas nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;

II. a XV...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 UNESCO. Día Internacional de la Lengua Materna [en línea], México, URL: http://www.unesco.org/new/es/international-mother-language-day/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Ssa a fortalecer las acciones preventivas y de atención del cáncer de próstata, a cargo de la diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María del Carmen García de la Cadena Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Diversas enfermedades pueden atacar nuestro cuerpo, las cuales dependiendo de las mismas y del tiempo en el que se detecten, tienen cierto tratamiento y curación, pero existen otras que deben ser detectadas tempranamente con el fin de ser erradicadas del organismo, ya que de lo contrario provocan la muerte del paciente; en este sentido, existen padecimientos que necesitan mayores estudios en virtud de que son consideradas mortales.

Actualmente uno de los padecimientos más graves y que ha cobrado la vida de millones de personas en México y el mundo es el cáncer, el cual es definido como la proliferación celular o multiplicación desordenada de células de tejido u órgano, que se propagan por el organismo y tienden a reproducirse sin control, invadiendo otros órganos y alterando las funciones normales del cuerpo.

Las causas del cáncer pueden ser químicas, virales, genéticas o inmunológicas, los cuales aterrizan en la clasificación siguiente: testicular, pulmonar, de mama, de riñón, linfoma, de estómago, de piel, cervico-uterino, colorrectal, leucemia, de cerebro y de próstata, este último ha sido la causa del deceso de miles de hombres en el país y por desgracia va en aumento.

La próstata es parte del sistema reproductor del hombre, ubicada frente al recto y debajo de la vejiga, rodea la uretra y se encarga de producir parte del fluido seminal.

El cáncer de próstata comienza en las células, ya que se producen nuevas células cuando las viejas o deñadas no mueren y se mantienen en el cuerpo a pesar de que este no las necesite, este exceso y acumulación de células forma con frecuencia una masa de tejido denominada tumor. Los tumores en la próstata pueden ser benignos o malignos,  los primeros se caracterizan porque rara vez ponen en riesgo la vida de la persona, no invaden los tejidos de su alrededor, no se diseminan a otras partes del cuerpo y pueden extirparse (y generalmente no vuelven a crecer). Por lo que hace a los tumores malignos, estos algunas veces pueden poner la vida en peligro, logran invadir órganos y tejidos cercanos (como la vejiga o el recto), pueden diseminarse a otras partes del cuerpo y llegan a extirparse en general (pero algunas veces vuelven a crecer).

En caso de que el tumor de la próstata sea maligno este puede crecer de tres formas: Local (crecimiento tumoral e invasión de la cápsula prostática, que con el tiempo puede romper la misma y crecer invadiendo los tejidos y órganos periprostáticos), diseminación linfática (cuando existe una clara relación entre el tamaño del tumor primitivo y la probabilidad de afectación ganglionar) y diseminación hematógena (se realiza a través de los vasos sanguíneos, preferentemente hacia el hueso).

Entre los síntomas principales del cáncer de próstata se encuentra la necesidad de orinar frecuentemente (especialmente por la noche), dificultad para comenzar a orinar o retener la orina, flujo de orina débil o interrumpido, micción dolorosa o con ardor, dificultad para tener una erección, eyaculación dolorosa, sangre en la orina o el semen y dolor o rigidez frecuente en la región lumbar, las caderas o la parte superior de los muslos.

El cáncer de próstata es un serio problema en México desde hace muchos años, ya que según lo señala la Secretaría de Salud (SS), en 1999 el tumor maligno en la próstata ocupó el segundo lugar de mortalidad general, siendo el más frecuente en edad pos-productiva con 3,766 defunciones y tasa del 71.7 por cada 100 mil en el grupo de 65 años y más.

Actualmente el número de pacientes con esta enfermedad ha aumentado de forma alarmante, tal como lo señala la SS en 2010, la cifra de hombres fallecidos por cáncer de próstata fue de 5,404, con lo que se refleja un aumento exponencial en poco más de 10 años.

Cabe reconocer que los número expuestos por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, (Ensalut 2012), el porcentaje de hombres adultos de 60 años o más que se realizó la prueba de detección de cáncer de próstata por medio de antígeno prostático se ha mantenido constante entre 2006 y 2012, al ser 10.4% y 9.5%, respectivamente.

Derivado de lo anterior se puede concluir que diariamente mueren 15 hombres a causa del cáncer prostático, siendo así uno de los tumores malignos más frecuentes en la población masculina y la principal causa de muerte en varones mayores de 65 años, este problema de salud se agrava aún más debido a que como lo señala el urólogo Pedro Martínez del Instituto Nacional de Cancerología, menos de una tercera parte de los casos se identifica a tiempo.

Es preciso mencionar que son los carcinógenos industriales, el tabaquismo, el uso de alcohol, la circuncisión, el sobre peso, el grupo sanguíneo, historial de cáncer prostático y la edad (siendo los hombres mayores de 45 años los más propensos a la enfermedad), los principales factores de riesgo que provoca el cáncer de próstata.

No podemos dejar de mencionar que diversas Diputadas y Diputados de la actual legislatura han presentado documentos a través de los cuales se busca disminuir radicalmente esta enfermedad que cobra la vida de miles de hombres anualmente.

El cáncer de próstata es un problema del sector salud que debe de solucionarse de forma urgente y en donde las autoridades en la materia tienen la responsabilidad de buscar todas las medidas adecuadas con el fin de que el género masculino se quite cualquier estereotipo y se realice los exámenes correspondientes que prevengan y en su caso detecten la enfermedad en el momento en que esta pueda ser combatida.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero:La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que fortalezca los programas y acciones encaminados al combate y prevención de cáncer de próstata.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que emprenda una campaña que incentive a los hombres mayores de 45 años a realizarse los estudios médicos correspondientes, con el fin de prevenir y/o detectar el cáncer de próstata en forma temprana.

Notas:

1 http://www.amlcc.org/index.php/cancer/que-es 13 de noviembre de 2014 14:44 horas.

2 http://www.amlcc.org/index.php/cancer/tipos-de-cancer 13 de noviembre de 2014 14:53 horas.

3 http://www.cancer.gov/espanol/tipos/necesita-saber/prostata/WYNTK_Prostata.pdf 18 de noviembre de 2014 14:17 horas.

4 Ídem.

5 https://www.aecc.es/SobreElCancer/CancerPorLocalizacion/cancerdeprostata/Pagina s/quees.aspx 18 de noviembre de 2014 14:29 horas.

6 http://www.pcf.org/site/c.leJRIROrEpH/b.8586057/k.390C/S237 ntomas_del_C225ncer_de_Pr243stata.htm 18 de noviembre de 2014 14:36 horas.

7 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/cancer_prostata.pdf 18 de noviembre de 2014 18:06 horas

8 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/MEXICO-PERFIL-CANCER-2013.pdf 18 de noviembre de 2014 18:39 horas.

9 http://udr.com.mx/2013/08/cancer-de-prostata/ 18 de noviembre de 2014 18:41 horas.

10 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/11/06/mueren-a-diario-15-hombres-por-ca ncer-de-prostata-en-el-pais-863.html 18 de noviembre de 2014 18:50 horas

11 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/cancer_prostata.pdf 18 de noviembre de 2014 18:50 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de noviembre de 2014.— Diputada María del Carmen García de la Cadena Romero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN ACUACULTURA Y PESCA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sagarpa a atender las acciones emitidas por la ASF en la auditoría de desempeño practicada al programa presupuestario S234, “Sustentabilidad de los recursos naturales en acuacultura y pesca”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes:

Antecedentes

1. En el año 2000, con la adición y modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el fomento, la administración y regulación de la actividad pesquera, se transfirió a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Posteriormente y congruente con la nueva disposición legal, se creó por Decreto la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), como un Órgano Administrativo Desconcentrado de esa Secretaría, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2001. En el decreto se estableció la necesidad de impulsar el desarrollo acuícola y pesquero del país, orientando sus actividades y procesos en términos de eficiencia, calidad, rentabilidad y sustentabilidad, en un marco de corresponsabilidad que propicien la actuación coordinada del Gobierno Federal y la vinculación e inserción de las autoridades de los estados y municipios en la administración y conservación de los recursos pesqueros y el desarrollo acuícola, y que es indispensable que la administración, regulación y fomento de la pesca y la acuacultura se concentren en un órgano administrativo, que además tenga a su cargo las actividades de inspección y vigilancia en la materia.

2. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se señaló que el sector agropecuario y pesquero es estratégico y prioritario para el desarrollo del país. En ese documento, se estableció que el potencial pesquero de México no ha sido explotado de manera sustentable con responsabilidad y visión. Se cuenta con más de tres millones de km2 de zona económica exclusiva, la extensión de sus costas colocan a México en el noveno lugar a nivel mundial, esto le permite al país contar con un significativo potencial pesquero, tanto por su diversidad como por los volúmenes de pesca presentes en sus zonas marítimas.

3. La Auditoría de Desempeño 12-0-08I00-07-0391 tuvo como objetivo evaluar los componentes del programa: la disminución del esfuerzo pesquero, la inspección y vigilancia, y el ordenamiento pesquero y acuícola, a cargo de la Conapesca; la revisión comprendió el análisis del Sistema de Evaluación del Desempeño, la eficacia en el cumplimiento de objetivos y metas, la eficiencia en la gestión operativa y la economía en la aplicación de los recursos presupuestarios. En cuanto al Sistema de Evaluación del Desempeño, se revisó la lógica vertical y horizontal de los indicadores relacionados con los componentes disminución del esfuerzo pesquero, inspección y vigilancia, y ordenamiento pesquero y acuícola del Programa Presupuestario S234 “Sustentabilidad de los Recursos Naturales”, encontrando los siguientes hallazgos:

• En eficacia, se verificó el cumplimiento de objetivos de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola, y la población objetivo del componente ordenamiento pesquero y acuícola.

• En eficiencia, se examinaron: el cumplimiento de metas de los indicadores de los componentes ordenamiento pesquero y acuícola, disminución del esfuerzo pesquero e inspección y vigilancia; la atención de solicitudes de proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola; la elaboración de los proyectos de ordenamiento pesquero y acuícola; los requisitos para el otorgamiento de apoyos a proyectos de ordenamiento; el cumplimiento de los plazos para el otorgamiento de permisos y concesiones pesqueras y acuícolas; el establecimiento de zonas de refugio y acuerdos de veda; la inspección y vigilancia de las zonas de refugio y áreas de veda; el retiro de embarcaciones; el comportamiento programático presupuestal; y la rendición de cuentas sobre el cumplimiento del objetivo de la política pública en materia de ordenamiento y regulación de las actividades pesqueras y acuícolas.

• En economía, se revisó el cumplimiento de los montos otorgados por proyecto y los gastos de operación de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación de la Sagarpa.

Consideraciones

1. La Conapescacarece de un sistema de información que concentre datos del presupuesto programado y de su ejercicio, toda vez que no existe en el Portal de transparencia el rubro relativo al Programa S234“Sustentabilidad de los recursos naturales en acuacultura y pesca”, asimismo no está a la vista la información relativa a la Matriz de Resultados ( MIR).

2. La Auditoría Superior de la Federación considera que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca no acreditó el cumplimiento del objetivo de generar instrumentos de política pública que apoyen la regulación y administración de las actividades pesqueras y acuícolas, induciendo el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde se destaca lo siguiente:

3. En 2012, la Conapesca no realizó 12 proyectos es decir el 7.2% de la meta establecida de elaborar 39 proyectos programados; debido a que no realizó ninguno de los 12 proyectos por recursos estratégicos previstos; y no elaboró un proyecto de ordenamiento acuícola.

4. En los 19 proyectos realizados por la Conapesca no se acreditó su contribución al objetivo de aprovechar sustentablemente los recursos pesqueros y acuícolas, para asegurar la recuperación y disponibilidad presente y futura de las especies.

5. La Conapesca determinó no acreditó la cuantificación numérica de su población objetivo de las comunidades pesqueras y acuícolas, tanto por grupo específico como por región del país, entidad federativa y municipio de las comunidades en donde es necesario establecer y/o fortalecer los esquemas de regulación y administración.

6. En 2012, se constató que en 26 solicitudes de permisos y 2 de concesiones, se rebasó el plazo establecido. Asimismo, se identificó que 289 permisos de pesca lo que equivale al 81.2% y 11 permisos de concesiones lo que equivale al 39.3%, no contaron con el registro de la fecha de ingreso de la solicitud, por lo que no fue posible verificar si cumplió con el plazo establecido para su autorización.

7. En 2012, la Conapesca participó en acciones de inspección y vigilancia en coordinación con la Secretaría de Marina y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, orientadas a combatir la pesca ilegal, en la que se realizaron 21,333 recorridos terrestres y 19,823 acuáticos, se retuvieron 8,684,976.7 kilogramos de productos pesqueros, se enviaron 111 personas al Ministerio Público, se detuvieron 438 vehículos, 13 embarcaciones mayores y 412 menores. Se constató que en ese año la comisión no determinó las metas y los resultados de inspección y vigilancia para las zonas de refugio y las áreas de veda de especies pesqueras y acuícolas.

8. En 2012, la Conapesca cumplió en 30.0% la meta de retirar 40 embarcaciones camaroneras, y atendió el 54.5% de las solicitudes recibidas. En el periodo 2005-2012, se retiraron 800 embarcaciones con igual número de permisos y concesiones; sin embargo, la comisión no dispuso de las metas de mediano plazo relacionadas con el retiro de embarcaciones pesqueras, y no se acreditó la contribución de las acciones en el uso sustentable de los recursos pesqueros mediante el retiro voluntario de embarcaciones.

9. Como resultado de la Auditoría en comento, la ASF emitió las siguientes recomendaciones al desempeño, sin que a la fecha se hayan atendido de acuerdo al informe de observaciones y solventaciones remitido a la Cámara de Diputados, de conformidad con los siguientes contenidos;

10. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

11. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Lic. Enrique Martínez y Martínez, para que atienda con carácter de urgente las 15 acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la Auditoria de Desempeño 12-0-08I00-07-0391 por la ASF, practicada al Programa Presupuestario S234 “Sustentabilidad de los Recursos en Acuacultura y Pesca” a cargo de Conapesca sobre recomendaciones relativas a inejecución de proyectos estratégicos, cobertura, falta de soporte documental en las solicitudes y acciones que se encuentran sin atender.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre de 2014. —Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

INVESTIGUEN Y SANCIONEN LOS HECHOS OCURRIDOS EN CONTRA DE LA CIUDADANA ROSS AGUINAGA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSPDF y de la CDHDF a investigar y sancionar los hechos ocurridos contra la ciudadana Ross Aguinaga, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado lunes 23, la joven Ross Aguinaga de 23 años de edad denunció, a través de la red social Facebook, que fue víctima de abuso por parte de elementos de la policía capitalina ya que, cuando iba caminando hacia su casa ubicada en la colonia Juárez, una patrulla la comenzó a seguir y sus ocupantes le dijeron palabras obscenas. En su relato, el cual se volvió viral, denunció:

Me pusieron contra la pared, me metieron mano al brassiere y me manosearon los senos, lo mismo debajo de la falda y en los calzones, el que me estaba revisando me decía cosas mientras lo hacía. ‘Qué bonitas piernas’. ‘Qué rica estás’. Me paralicé, estaba asustada y llorando y pidiendo auxilio. Unas personas que iban pasando se acercaron y les dijeron que no tenían por qué hacerme eso, los empezaron a grabar y a decir que me soltaran. Los puercos se asustaron y se fueron.

Asimismo, en entrevista con el periódico Sin Embargo, expresó que dos de sus amigos habían sufrido abusos por parte de la policía, en las colonias Roma, Juárez y Condesa, todas ellas ubicadas en la delegación Cuauhtémoc.

Si bien estos hechos podrían parecer aislados, la realidad es que lo ocurrido se suma a varios casos documentados de abuso y violación a los derechos humanos por parte de elementos del Gobierno del Distrito Federal, sobre todo al término de las diversas manifestaciones que se han llevado a cabo a raíz de lo ocurrido el pasado mes de septiembre en Iguala, Guerrero y la falta de respuestas por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

El Distrito Federal se ha perfilado como una ciudad progresista y de vanguardia, por lo que este tipo de actos limitan y representan graves retrocesos para los capitalinos y las personas que visitan la entidad.

Es por ello que, en el entendido de garantizar los mecanismos que permitan la protección y defensa de los derechos humanos, presentamos a esta honorable asamblea el siguiente resolutivo con

Puntos de Acuerdo

Primero.La honorable Cámara de Diputados exhorta a Jesús Rodríguez Almeida, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal a investigar y sancionar los hechos ocurridos en contra de la ciudadana Ross Aguinaga.

Segundo.La honorable Cámara de Diputados exhorta a Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a investigar el caso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre de 2014. — (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

PRORROGAR UN AÑO LA VIGENCIA DEL DECRETO QUE MODIFICA EL DIVERSO POR EL QUE SE REGULA LA IMPORTACION DEFINITIVA DE VEHICULOS USADOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los titulares de la SHCP, la SE y el SAT a prorrogar un año la vigencia del decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Una de las características de la franja fronteriza del norte de México, es el que la mayoría de los hogares cuentan cuando menos con un medio de transporte motorizado, de tal forma que alrededor del 70% de las viviendas poseen algún vehículo, mientras que en las zonas metropolitanas no fronterizas esta cifra se acerca al 55%.

La relativa ventaja de un mejor ingreso, junto con la posibilidad de adquirir automóviles del mercado estadunidense (en muchas ocasiones, en deterioradas condiciones), orienta a las familias fronterizas a poseer un vehículo y a asumir los costos de su uso y mantenimiento, gastos que no son menores.

Situación que no es bien vista en el interior del país, ya que se piensa que es injusto el que los habitantes de la frontera norte puedan adquirir estas unidades con mayor facilidad y a mejor precio que a las que tienen acceso el resto de los mexicanos, pero, en este razonamiento no se toma en cuenta que el costo de la vida en la frontera norte suele ser más alto, que la calidad de vida es menor a la que se tiene en otras partes del país y que el transporte público en estas ciudades es de pésima calidad, por lo cual, la alternativa del transporte individual resulta estimulada, no obstante su peso sobre el ingreso familiar.

En razón de su colindancia con la frontera sur de los Estados Unidos de América, la región fronteriza norte de nuestro país, viene a ser una zona de intenso intercambio comercial y amplia competencia de mercado, donde el consumidor fronterizo dispone de un mercado binacional para satisfacer sus necesidades de consumo, acorde a sus necesidades y sus posibilidades económicas.

Como en toda economía de mercado, corresponde a la rama del comercio formal y organizado, cubrir y atender la oferta y del mercado local, dentro del respeto al marco legal y contando con condiciones empresariales propicias y de competitividad comercial, tal como ha venido sucediendo con el ramo de los automóviles de segunda mano en la región frontera norte.

En esta actividad, por más de 60 años, el gobierno de la república ha otorgado a las zonas fronterizas las facilidades legales y técnicas para la importación de diversas mercancías, para el consumo y uso dentro de una franja perfectamente delimitada y adyacente a los países vecinos, como es el caso del sector de importación y venta de automóviles de segunda mano que se ha creado en la frontera norte.

A diferencia de otras mercancías de importación, la importación de automóviles para uso exclusivo dentro de la franja fronteriza, que llevan a cabo los comerciantes legalmente establecidos para este ramo, ha sido benéfico para todo el país, debido a que es una fuente importante de recaudación hacendaria, crea miles de empleos directos e indirectos, ya que en torno a esta actividad se ha formado una fuerte cadena de valor, conformada por talleres mecánicos, carroceros, pintores, tapiceros, refaccionarias, yonkeras, llanteras, vidrieros, mofleros, agencias aduanales, gestores, u otros agentes que de este mercado han encontrado la forma de sacar adelante a sus familias, si bien, no existe un dato exacto sobre los empleos generados a raíz de la existencia de estas empresas de compra venta de vehículos, no es exagerado afirmar que se generan arriba del millón de empleos.

Al día de hoy, los comerciantes que en la frontera norte importan automóviles para que dichos vehículos sean vendidos y utilizados en esta zona, se encuentran desarrollando sus actividades bajo los términos de los siguientes decretos:

• “Decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del Estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Estado de Sonora.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de abril de 2006. (En referencia al segundo transitorio de este instrumento).

• “Decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2014.

Pero, estos empresarios enfrentan una situación de incertidumbre, ya que, por una parte, el decreto del 30 de enero de 2014, señala que el mismo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. Lo que en la práctica, a su vez, deja inoperante el Decreto del 26 de abril de 2006.

Por la otra, a raíz de estos decretos, los mismos empresarios trabajan por medio de sus “Registros como Empresa Comercial de Autos Usados”, mismos que marcan una vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año.

Ante el inminente término de los registros como empresa comercial de autos usados, los poseedores de los mismos se han acercado a la Secretaría de Economía con la intención de renovarlos, con resultados desfavorables para estos empresarios, a la vez de que han buscado el coadyuvar con las autoridades federales a fin de que la importación de autos usados para la franja fronteriza norte continúe como una actividad que beneficie a esta región y al país en general.

Tomando en cuenta el peso que la importación y venta de automóviles usados tiene para la economía de la frontera norte, las deficiencias en el transporte público ya descritas en las ciudades de esta frontera y el menoscabo en la calidad de vida que para los habitantes de la misma tendrá, el que estos comerciantes se vean imposibilitados para continuar con sus actividades, aunado a las mermas en la recaudación fiscal. Los integrantes de la Comisión Asuntos Frontera Norte, en reunión plenaria acordamos que la presidencia de la esta Comisión, presentara un Punto de Acuerdo, en el sentido de pedirle a las dependencias del Ejecutivo Federal, involucradas en el tema, el que se prorrogue por un año y solo para la zona que señala el Decreto del 26 de abril de 2006, el mencionado decreto del 30 de enero de 2014.

Además de que se renueven por un año más los “registros como empresa comercial de autos usados”, para los comerciantes en el ramo que operan en la franja de la frontera norte.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, al titular de la Secretaría de Economía, y al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para con base a las atribuciones y facultades a ellos conferidas, se prorrogue por un año la vigencia del “decreto que modifica el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de enero de 2014, solo para los comerciantes establecidos en la franja de la frontera norte que importan y venden automóviles conforme al “decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en los estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial del estado de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Estado de Sonora.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de abril de 2006. De igual forma se renueven también por un año los “registros como empresa comercial de autos usados”, para estos mismos comerciantes.

Nota:

1 Con respecto a la menor calidad de vida que tienen los habitantes de las ciudades de la frontera norte, comparada con ciudades de similar densidad demográfica del interior del país, se puede consultar: Guillén López, Tonatiuh. “Frontera norte: los contrastes de la calidad de vida”, Revista Política Exterior, Secretaría de Relaciones Exteriores, número 81, octubre 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

INCORPORE EL ESTUDIO DE GENOCIDIO, LOS CRIMENES DE ODIO Y LESA HUMANIDAD, EN LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de Educación Pública federal y locales a incorporar en los planes y programas respectivos el estudio del genocidio, y los crímenes de odio y de lesa humanidad, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Miriam Cárdenas Cantú, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o. numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es un factor fundamental en la formación de las mujeres y los hombres para la vida en sociedad, ya que además de proveer conocimientos, enriquecer la cultura y los valores; es una herramienta necesaria e indispensable para alcanzar mejores niveles de bienestar social, para romper las brechas de desigualdad y propiciar el pleno desarrollo de las personas.

La formación de valores  aparece como una clara exigencia de la sociedad al sistema educativo, hoy en día la sociedad a nivel mundial se ubica dentro de un fenómeno de cambio de valores, cuyas trasformaciones éticas han surgido a lo largo de la historia debido al desarrollo de la ciencia y la tecnología y el intercambio multicultural; esta creciente diversidad puede generar conflicto y desacuerdo, motivo por el cual se debe fomentar el respeto universal a los demás, incorporándose esta enseñanza a la actividad educativa de cada grupo poblacional.

Una eficaz herramienta para luchar contra actitudes de intolerancia en donde se violen los derechos de los miembros de la sociedad es la educación ética  basada en valores comunes que propicien el respeto y la tolerancia. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General  las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, junto con los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y sus Protocolos son el claro ejemplo del desarrollo de esta ética universal.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  establece que la educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos; que se materializa a través del derecho a la educación que implica la necesidad de garantizar educación gratuita y obligatoria de buena calidad para todas y todos, en escuelas seguras con una infraestructura adecuada, instalaciones y recursos, especialmente docentes capacitados;  que ésta  posea contenidos relevantes y métodos, respetando los derechos de todos, con especial  atención  a las necesidades de las minorías y comunidades indígenas, transmitiendo a la ciudadanía valores compartidos, paz y reconciliación.

En nuestro país, uno de los mayores logros éticos se encuentra en el aseguramiento Constitucional del derecho a la educación; como un derecho humano fundamental que propicia el desarrollo igualitario social al permitir la adquisición de  diversos conocimientos y la transmisión de principios y valores comunes a la sociedad; así, la educación es un medio para elevar la calidad de vida de las personas al ofrecer una oportunidad de romper los círculos de pobreza y marginación al fomentar el desarrollo de la personalidad e identidad y  las capacidades físicas e intelectuales individuales; en este sentido, la educación no sólo es la base del desarrollo del individuo, sino también de una sociedad democrática, tolerante y no discriminatoria.

En nuestra Carta Magna el artículo 3o. establece que el estado tenderá a desarrollar todas las facultades del ser humano, fomentando el respeto a los derechos humanos, en la independencia y en la justicia; además, el artículo 2o. de la Ley General de Educación establece que “La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social”;  con dichas bases, la educación juega un papel vital para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país pues constituye un medio para realizar todos los demás derechos humanos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018 establece que “la educación debe impulsar las competencias y las habilidades de cada persona, al tiempo que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los otros”, para lo cual resulta indispensable la impartición de una educación de calidad que potencie el desarrollo de las capacidades en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo de cada uno de las y los individuos, transitando hacia el máximo aprovechamiento de la capacidad intelectual.

Una de las mejores herramientas educativas para fomentar la ética, los valores y  el respeto a los derechos humanos es la creación de programas de estudio didácticos  en donde se transmita el recuerdo de sucesos históricos nacionales e internacionales en donde fueron agraviadas la integridad y los derechos de la sociedad; en la historia de la humanidad el “holocausto” es el claro ejemplo de la más grande violación a los  derechos humanos a un grupo de personas, Adolfo Hitler y su pensamiento antisemita mediante su estricta política nazi encabezo esta histórica persecución y exterminio de más de seis millones de judíos y otras razas; en el cual fueron cometidos una serie de delitos y agravios contra la vida, la integridad, la dignidad y la salud entre muchas otras atrocidades; en las cuales los principales delitos internacionales cometidos en este suceso fueron: el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; así como la violación de todos los derechos humanos hasta el momento reconocidos.

Así como el “holocausto”, existen otros sucesos modernos en la historia de los países en donde podemos presenciar la constante violación a los derechos humanos; por lo tanto si queremos evitar estos actos de violación en el futuro debemos educar a nuestros estudiantes acerca de los diferentes conflictos y sucesos internacionales, así como los delitos y consecuencias que éstos acarrean. Este es el sentir que recientemente recogió la Organización de la Sociedad Civil, denominada “Embajada Mundial de Activistas por la Paz”, quien ha venido llevando a cabo el proyecto: Foros Universitarios “Educando para no Olvidar”, en las principales ciudades de la República Mexicana, en donde muchas escuelas y universidades del país ya han participado, y se sumaron a la propuesta de la propia Embajada, para que “El Holocausto, paradigma del Genocidio”, sea tema  de estudio en las escuelas.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce que la enseñanza de la historia del Holocausto es esencial para fomentar las libertades fundamentales, la tolerancia, los valores, el respeto mutuo y la observación de los derechos humanos. La UNESCO considera que  las situaciones en donde se desvaloran los derechos humanos suceden debido a la falta de educación, ya que en esta se gesta en las mentes de las personas, es por eso que en las mentes deben erigirse baluartes de paz, es importante tener abierto el nexo con el pasado no solo nacional sino internacional, para que en el presente les permita prepararse a las futuras generaciones y evitar que estas acciones de violación a los derechos humanos como el “Holocausto” no se vuelvan a repetir.

La misma Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció, en su cuadragésima segunda sesión plenaria y con el consenso de todos sus miembros, que el 27 de enero de cada año se recuerde el “Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto” mediante la resolución 60/7 del 1º de noviembre de 2005. Pero la parte medular que aún no se ha cumplido de dicha resolución, es lograr que los Estados miembros elaboren programas educativos para mostrar a las futuras generaciones la realidad histórica de los hechos lamentables y repudiables como los acontecidos durante el Holocausto, con el fin de evitar actos de genocidio en el futuro y rechaza toda negación, ya sea parcial o total, de ese hecho histórico”. Asimismo condena todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, dondequiera que tengan lugar”. Incluyendo además un programa de difusión sobre el tema “El Holocausto y las Naciones Unidas”, junto con medidas tendientes a movilizar a la sociedad civil en cuanto al recuerdo y la educación sobre este tema, con el fin de evitar que ocurran actos genocidas en el futuro.

El programa tiene como misión combatir la negación del Holocausto, según lo establecido en la Resolución 61/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En todas sus actividades (y, en particular, aquellas dirigidas a estudiantes de todo el mundo), el Programa establece conexiones esenciales entre las causas subyacentes del genocidio, las lecciones que podemos aprender del Holocausto y el fomento de los derechos humanos y los valores democráticos.

Es en este contexto que México ha estado trabajando intensamente por el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y ha venido adaptando su legislación en ese campo, en cumplimiento con los compromisos emanados de los tratados y convenciones internacionales a los cuales se ha adherido; así como las demás recomendaciones que ha emitido la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en el ámbito de la educación.

Ante ese panorama y con base en lo expuesto, haciendo propia la propuesta de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, presento al pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaria de Educación Pública implemente  dentro de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, en las materias donde se fomenta el respeto a los derechos humanos, según lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tema de la enseñanza del “Holocausto, paradigma del Genocidio” como herramienta para evitar que presentes y futuras generaciones repitan crímenes y acciones de violación a los derechos fundamentales de la humanidad.

Segundo.Se exhorta a las Secretarias de Educación Pública Estatales y del Distrito Federal, a incluir el tema de la enseñanza del “Holocausto, paradigma del Genocidio”, en los planes y programas de estudio de educación básica y media superior,  dentro de la asignatura encargada de fomentar el respeto a los derechos humanos como herramienta de prevención para evitar que presentes y futuras generaciones repitan acciones de violación a los derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputada Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

PROMOCION DE LA CULTURA DE CONSUMO INTELIGENTE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Profeco a difundir los efectos positivos del programa Promoción de la Cultura de Consumo Inteligente, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados federales José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, con base en los siguientes:

Antecedentes

1.El Programa Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente ( PCCI)a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), contribuye a impulsar la equidad en las relaciones de consumo mediante la promoción de una cultura de consumo inteligente y responsable manteniendo formados a los consumidores a través de medios impresos como la Revista del Consumidor, Programas de Tv y Radio, así como por los nuevos canales de comunicación vía internet, como lo son las redes sociales y herramientas interactivas, por medio de los cuales los consumidores se informan sobre los precios de productos y servicios para el cuidado de la economía familiar.

2.Se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En la Meta Nacional IV denominada “México Próspero”, apartado “IV.1: Diagnóstico”, se señala que “la creación de una cultura de consumo responsable, la modernización de las instituciones encargadas de la protección del consumidor, la incorporación de nuevos métodos de atención y servicio a los ciudadanos, y el fortalecimiento de la presencia de las instituciones y la certidumbre en los procesos, constituyen desafíos para un Estado que busca incentivar la competencia y a la vez fortalecer la equidad respecto a las relaciones entre los consumidores”. Igualmente, se alinea con la “Estrategia 4.7.5. Proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales claras y seguras”.

3.La naturaleza del PCCIB002, nace con base en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual define el ámbito de competencia y funciones del programa; en concatenación con lo anterior, dicho programa no cuenta con Reglas de Operación, Padrones de Beneficiarios ni Población Potencial y Objetivo, tampoco se entregan apoyos por medio de este programa ya que su carácter no es social.

4.La Profecorefiere un crecimiento en el índice de protección de los derechos del consumidor; El Coneval por su parte, indica en la Evaluación de Desempeño para el periodo 2012-2013 que el Programa no mide su impacto, solo informa las actividades y hace 2 encuestas al año a los consumidores sobre hábitos de consumo y comparativo de precios, el número de páginas vistas de los productos de Estudios sobre Consumo, la edición de la Revista del Consumidor en Línea, productos informativos y atención mensual a grupos de consumidores.

5.La Universidad Autónoma del Estado de México, realizó la evaluación de consistencia y resultados 2012-2013 al PCCI, detectando que no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo que incluya la definición de ésta; especifique metas de cobertura anual ni tampoco que abarque un horizonte de mediano y largo plazos y sea congruente con el diseño del programa. En ese sentido, es conveniente establecer una estrategia de cobertura, considerando una definición adecuada de la población objetivo, especificando metas anuales, abarcando un horizonte de mediano y largo plazo, y que sea congruente con el diseño del Programa, abarcando todos sus componentes.

6.Por otro lado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que durante el mes de mayo último la cartera vencida de la banca repuntó a 78.1 millones de pesos, su mayor monto, en pesos constantes, en 11 años.

Su crecimiento se aceleró 27.5% anual en términos reales, desde 15.4% en abril, y además es la cifra más elevada desde diciembre de 2011.

7.La evolución del presupuesto para el Programa Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente, ha sido de la siguiente manera:

Millones de pesos

Ejercicio

Fiscal                       Programado     Ejercido

2011                                     310.4               349.5

2012                                    282.6               313.8

2013                                    282.5               342.5

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal

Como se observa en el recuadro anterior, los montos ejercidos durante los últimos tres años han presentado sobreejercicio.

Consideraciones

1.El Programa Promoción de una Cultura de Consumo Inteligente no cuenta con un plan estratégico con las características señaladas para los programas federales. Si bien existen programas o planes de trabajo para las tres Direcciones Generales que participan en el PCCI; no existe uno que los integre de forma consistente, ni son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados; igualmente, no contemplan el mediano o largo plazo, no establecen los resultados a alcanzar en los niveles de Fin y Propósito, y no cuentan con indicadores para medir el avance en el logro de sus resultados. Sería conveniente integrar un Plan Estratégico adecuado y consistente, con una visión que examine escenarios futuros de mediano y largo plazo, que trascienda su enfoque de operación anual y plantee metas a 6 años. El esfuerzo individualizado de las tres Direcciones Generales que participan en el PCCI debe integrarse y formalizarse en un documento estratégico general, con metas específicas para los niveles de Fin y Propósito, así como con indicadores adecuados que faciliten el monitoreo de los avances y logros.

2.El Programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo que incluya la definición de ésta; especifique metas de cobertura anual; abarque un horizonte de mediano y largo plazo y sea congruente con el diseño del programa. En ese sentido, es conveniente establecer una estrategia de cobertura, considerando una definición adecuada de la población objetivo, especificando metas anuales, abarcando un horizonte de mediano y largo plazo, y que sea congruente con el diseño del Programa, abarcando todos sus componentes.

3.El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

4. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciada Lorena Martínez Rodríguez, para que haga del conocimiento público los efectos positivos atribuibles al programa Promoción de la Cultura de Consumo Inteligente en congruencia con el repunte de la cartera vencida de 78,112 miles de  tarjetas de crédito, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

EMITIR UN PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA ADICCION Y EL ABUSO DEL ALCOHOL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y de la Conadic a emitir un programa nacional contra la adicción y el abuso del alcohol, a cargo del diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Velasco Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La transformacion de la sociedad implica grandes beneficios en términos de derechos, libertades y  beneficios para la población, pero al mismo tiempo, conlleva a transofrmaciones profundas en la conformación de las relaciones en el seno mismo de las familias y de la comunidad.

De manera paradójica a la vez que existe una comunicación practicamente universal, un flujo constante y permanente de información en tiempo real y la econompia, la educación, la tecnología, se han globalizado, eliminandose las barreras de las distancias y acortandose las brechas sociales; también existen impactos negativos en el desarrollo fisico y mental de las nuevas generaciones, ya que existen fenomenos de aislamiento, de descomposición social, con multiplicidad de familias monoparentales, aumento de fenomenos como las adcciones al alcohol, cigarro y drogas, violencia escolar y padecimientos en aumento como la obesidad infantil o el suicidio juvenil.

Muchas de estas circunstancias alcanzan una importancia cunatitativa o cualitativa tan importante que se convierten en temas de salud pública o en materia de la agenda de gobierno.

Tal ha sido el caso de el llamado bullying y la obesidad infantil, que debido al aumento de casos, así como las consecuencias cada vez más graves que están teniendo.

Por ejemplo, ante los hechos ocurridos este año en Estado como Tamaulipas o el Estado de México, en donde jovenes estudiantes perdieran la vida por agresiones de sus propios cumpañeros y una actitud omisa de las autoridades educativas, se dejo ver la magnitud del problema en el país.

Diversos estudios de universidades y organizaciones, entre ellos, el realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, entre los países miembros reporta que en México, 40.24 por ciento de los estudiantes declara haber sido víctima de acoso; 25.35 por ciento haber recibido insultos y amenazas; 17 por ciento ha sido golpeado y 44.47 por ciento dice haber atravesado por algún episodio de violencia verbal, psicológica, física y ahora a través de las redes sociales.

Según estos datos, México ocuparía el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como privadas.

Se generó entonces, todo un movimiento antibullyng en todo el país, con el impulso de organizaciones de la sociedad civil, amplia participación de los medios masivos de comunicación, e incluso con un auge relavante en redes sociales, lográndose no solo el repudio social a estas actitudes, sino la generación de campáñas formales e informales contra el fenómeno y desenbocó en una acción institucionjal contundente a través de tres acciones formales:

1. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública arrancó en junio de 2014, una campaña en seis entidades del país con mayor incidencia de bullying, violencia y acoso escolar: Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Estado de México, Campeche y Baja California. La campaña cuenta con participación de padres de familia, maestros, alumnos y artistas.

2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dieron inicio, tambien en junio de 2014, a una campaña en contra el acoso escolar o “bullying”, con la firma de diez compromisos para capacitar, en una primera etapa, a 1.6 millones de maestros agremiados al SNTE, contra el problema de la violencia escolar, que en los últimos cuatro años ha tenido un “crecimiento exponencial”, de acuerdo con el titular de la CNDH.

3. El Congreso de la Unión y el gobierno de la república pusieron en marcha la campaña #Yoloborro, en redes sociales, mediante la firma en septiembre de 2014, de un acuerdo para difundir mensajes y tomar acciones contra el ciberbullying. En consecuencia, se emitió en medios un spot elaborado por la Cámara de Diputados para llamar a los usuraios de internet a ser cuidadosos con la información o las fotos que publican para prevenir posibles agresiones, así como a que no ataquen a otros cibernautas.

4. El 1 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado una iniciativa preferente para crear una Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, cuyos ejes son: obligar a las autoridades federales, estatales y municipales a garantizar el respeto a los derechos de los menores; establecer procuradurías que apoyen a aquellos que estén sujetos a procesos penales o administrativos, y fijar medidas para combatir el bullying en las escuelas.

Con moficiaciones de ambas Cámaras al proyecto original se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reformaron los artículos 25 y 26 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, además de abrogarse la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Así las cosas, se trata de acciones contundentes para tratar de aminorar o erradicar el problema del bullying. En el caso de la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud OMS, y la OCDE, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad en niños y adultos, desplazando a Estados Unidos, que ocupaba el primer lugar.

Siete de cada diez mexicanos padecen odesidad. Las razones son el alto consumo de alimentos procesados ricos en calorías, sumados a un estilo de vida cada vez más sedentario. La consecuencia es el incremento de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades de las articulaciones y algunos tipos de cáncer.

Ante la seriedad del problema, el gobierno de la república tomó acciones contundentes para tratar de revertir el creciente fenómeno:

1. México gasta 7 por ciento del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo debajo de Estados Unidos que invierte el 9 por ciento.

2. La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, reformas al Reglamento de la Ley Generasl de Salud en materia de Publicidad y al Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, dentro de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes.

Con las reformas México establece reglas de etiquetado y publicidad de alimentos y bebidas no alcoholicas, incorporando prácticas internacionales para el diseño y suministro de información transparente a los consumidores.

Ahora es obligatorio calcular el contenido calórico de un producto y reportar el contenido energético total del producto para el caso de bebidas saborizadas, chocolates, botanas y productos de confitería.

Por otra parte, se establecen horarios en televisión y cine para restringir la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas que no cumplan con los estándares de calidad nutrimental.

3. Se  restringió la venta en escuelas, de alimentos y bebidas poco nutritivos y con alto contenido de grasas, sales y azúcares, conocidos como alimentos chatarra y se hizo obligatoria la disponibilidad de bebderos en sus instalaciones, mediante modificaciones legales y reglamentarias.

Pero el presente documento tiene por objeto llamar la atención sobre otro problema de salud pública que se ha mantenido presente en la sociedad a lo largo del tiempo, y que por su aceptación social ha permanecido en un bajo perfil en los medios de comunicación, pero que no debe dejar de tener importancia para las autoridades en materia de salud y de prevención de adicciones, me refiero al alcoholismo.

De acuerdo con la OMS, México se encuentra en el lugar diez en consumo de alcohol en América Latina, con 7.2 litros de consumo per cápita por año.

Según datos de un encuesta de la forma Consulta Mitofsk, la edad promedio de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas es de 17.4 años en promedio; 16.8 años para los hombres y 18.3 para las mujeres. Y el 22 por ciento de los mexicanos declaran consumir bebidas alcohólicas por lo menos una vez por semana, mientras que el 18 por ciento declara hacerlo una vez por mes y 35 por ciento aún con menor frecuencia; una cuarta parte de la población declara no ingerir bebidas alcohólicas “nunca”.

Algunos estudios como el denominado “Investigación social y cultural sobre el consumo del alcohol y el alcoholismo en México” del doctor Luis Alfonso Berruecos Villalobos, arrojan estos datos:

• El alcoholismo el principal causante de accidentes con un 70  por ciento, 60  por ciento de los traumatismos.

• El  80  por ciento de los divorcios  están asociados del alcoholismo.

• El  60  por ciento de los suicidios vinculados con el alcoholismo.

• El alcoholismo representa el 11.3 por ciento de la carga total de enfermedades.

• El 38  por ciento de los homicidios en el país son cometidos por estar bajo los efectos del alcohol.

• El 38  por ciento en casos sobre lesiones, particularmente entre jóvenes de 15 y 25 años de edad están relacionados con el consumo del alcohol y los accidentes ocupan la primera causa de mortalidad.

En el caso de las mujeres, según estudios de la División de Investigaciones Epidemiológicas y Sociales, del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” de la Secretaría de Salud:

• El 9 por ciento de las mujeres entre los 18 y los 65 años de zonas urbanas beben 5 copas o más en cada consumo.

• El 10  por ciento de las bebidas alcohólicas que se venden en México es consumido por mujeres.

• Las mujeres mayores de 60 años de edad son el grupo más afectado,  usualmente es población que empezó a beber en la juventud y continúa haciéndolo.

• Actualmente beben a la par que los hombres lo que las pone en desventaja en cuanto a los riesgos a su salud, dado que cuentan con más grasa corporal impide que el alcohol se pueda diluir y por lo mismo son más vulnerables con la intoxicación con menores dosis de alcohol.

• El 16.8  por ciento  consumió bebidas alcohólicas durante su embarazo.

• El 7.4  por ciento  la cerveza era la bebida de preferencia de mujeres que amamantaban a su hijo.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, señala:

• El 32.8 por ciento de los mexicanos tiene un consumo alto de alcohol, es decir, más de 30 millones de personas.

• El 6 por ciento de la población tiene dependencia.

• Aqueja al 10.8 por ciento de los hombres entre 12 y 17 años y al 1.8 por ciento de las mujeres.

• Afecta a 4.1 por ciento de los adolescentes y 6.6 por ciento de los adultos, este índice aumentó significativamente entre los hombres de 2008 a 2011.

• El 55 por ciento de los consumidores se inició antes de los 17 años, previo a la edad legal para poder comprar alcohol, el 39 por ciento entre los 18 ys 25 años y solamente 5.9 por ciento después de los 25 años.

• Solamente 6.8 por ciento de los enfermos con dependencia reciben tratamiento. El rezago es mayor en las mujeres, hay 2.2 hombres con dependencia en tratamiento, por cada mujer con esta misma condición.

• Hay más bebedores en las regiones centro, que incluye a los estados de Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

De tal suerte es un tema de salud pública que merece atención permanente de los distintos órdenes de Gobierno, de organizaciones de la sociedad civil y de la sociedad en general.

En este sentido es importante destacar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de forma concordante el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 establece como meta establcer una política pública exitosa de prevención, protección y promoción, que deba incorporar no sólo acciones propias de salud pública, sino también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en términos de su responsabilidad respecto a comportamientos sexuales, actividad física, alimentación, así como de consumo de alcohol.

Pero es necesario ampliar las acciones de prevención y atención de este enfermedad más allá de la sola acción del gobierno de la república, para incorporar un esfuerzo de los estados y los municpios, que sea permanente y de alto impacto.

Por lo que el presente documento propone a esta soberanía exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno de la república y a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que emitan un Programa Nacional contra la Adicción y el Abuso del Alcohol, que coordine acciones permanentes en los tres órdenes de gobierno, en rubros como:

• La prevención del consumo temprano de alchohol.

• La disminución del alto consumo en población de 12 a 65 años.

• La inclusión de atención de enfermos dependientes del alcohol en instancias del sector público.

• La puesta en marcha de una compaña especifica para disminuir el consumo de alcohol en mujeres, espcialmente en embarazadas y lactantes.

• La puesta en macha de una campaña específica de prevención y atención del alcoholismo en la zona centro del país, que incluya a los gobierno estatales y municipales.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a a la Secretaría de Salud del gobierno de la república y a la Comisión Nacional Contra las Adicciones para que emitan un Programa Nacional contra la Adicción y el Abuso del Alcohol que coordine acciones permanentes en los tres órdenes de gobierno.

Segundo.Que dicho Programa Nacional contra la Adicción y el Abuso del Alcohol, contenga entre otras, acciones específicas para:

1. La prevención del consumo de alchohol a temprana edad.

2. La disminución del alto consumo en población de 12 a 65 años.

3. La inclusión de atención de enfermos dependientes del alcohol en instancias del sector público.

4. La puesta en marcha de una compaña especifica para disminuir el consumo de alcohol en mujeres, especialmente en embarazadas y lactantes.

5. La puesta en marcha de una campaña específica de prevención y atención del alcoholismo en la zona centro del país, que incluya a los gobierno estatales y municipales.

Referencias y sitios consultados

Programa Sectorial de Salud 2013-2018.

Encuesta Nacional Contra las Adicciones 2011.

www.presidencia.gob.mx

www.senado.gob.mx

www.diputados.gob.mx

http://www.oecd.org/centrodemexico/

http://www.who.int/countries/mex/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputado Víctor Hugo Velasco Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

RECUPERAR LOS PAGOS INDEBIDOS A LA NOMINA DEL PERSONAL DEL INM

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del INM a difundir las acciones realizadas para recuperar los pagos indebidos a la nómina del personal, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputadosfederalesJosé Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6º, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

1.El Instituto Nacional de Migración ( INM) es un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación ( Segob) que tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia migratoria.

2.Para el cumplimiento de los objetivos el instituto tiene el programa presupuestario E008 “Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos” alineado al Eje 5 de política pública del Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) “Democracia Efectiva y Política Exterior”, y al Programa Sectorial de Gobernación (2007-2012), el cual tiene como objetivo mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando los trámites en desarrollo tecnológico.

3.En cuanto a su política para la administración de los recursos humanos, el INM, conjuntamente con la Segob , establece mecanismos de control y supervisión para garantizar que la plantilla ocupacional se ajuste al número de plazas autorizadas por zona económica y de conformidad con el análisis de plazas y remuneraciones, y en su caso, efectuar las gestiones correspondientes para modificar su plantilla autorizada.

4. La Auditoría Superior de la Federación, practicó la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 527/2012 al Programa Presupuestario E008 “servicios migratorios en fronteras”, puertos y aeropuertos”, en donde detectó que en las partidas 11301 “Sueldo Base” y 15402 “Compensación Garantizada”, se ejercieron 398.0 y 477.1 millones de pesos, respectivamente, los cuales se revisaron en su totalidad, con los resultados siguientes:

Derivado de dicha revisión, se comprobó que los pagos de las percepciones correspondientes a las zonas 1, 2 y 3 por 873.1 millones de pesos se realizaron con base en las nóminas elaboradas por la Dirección General de Recursos Humanos de la Segob, por las cantidades liquidadas que le correspondían a cada trabajador, considerando las cantidades devengadas en el periodo correspondiente y de acuerdo con los tabuladores mensuales brutos de sueldo base y compensación autorizados por la SHCP. Sin embargo, el sueldo base pagado en 7 niveles de la zona 2, por 34.2 millones de pesos, y la compensación garantizada de 3 niveles de la zona 2, por 68.7 millones de pesos, rebasaron los tabuladores autorizados, como se muestra en el cuadro anterior.

5.Para justificar dichos movimientos a la nómina, la Directora General de Recursos Humanos del INM, señaló que el pago de las percepciones en cada una de las quincenas del personal observado se realizó con estricto apego a las Compensaciones Garantizadas y Sueldos Tabulares; para tal efecto envió las pantallas del Sistema de Nómina las cuales indican que el personal observado corresponde a la zona 3.

6. En 2012, el Instituto Nacional de Migración contó con 6,014 plazas autorizadas (1,480 corresponden a personal de mando, 3,492 a personal de enlace y 1,042 a personal operativo), las cuales están distribuidas en 3 zonas: “Zona Económica 1” con 4,972 plazas, “Zona Económica 2” con 547 plazas y “Zona Económica 3” con 495 plazas. Al respecto, se identificó que algunas plazas del personal operativo pagadas en las zonas 2 y 3 no fueron acordes con el número de plazas autorizadas en cada una de ellas, como se muestra a continuación:

Cabe señalar que lo anterior se originó debido a que entre 35 y 69 plazas autorizadas de la zona 3 se pagaron en la zona 2 y entre 16 y 32 autorizadas en la zona 2 se pagaron en la zona 3, sin que esos movimientos de reubicación de personal se registraran en la estructura ocupacional autorizada; no obstante, ello no implicó rebasar el total de plazas autorizadas en el Analítico de Plazas y Remuneraciones ni los montos mensuales autorizados en los tabuladores para esas plazas.

Al respecto, la Directora General de Recursos Humanos de la Segob señaló que el INM, con la finalidad de regularizar las plazas autorizadas en las zonas que correspondan, giró el oficio núm. INM/DGA/504/2013 de fecha 30 de enero de 2013, y fue en la segunda quincena de febrero de ese año que se aplicaron los cambios solicitados quedando las plazas y zonas económicas de acuerdo a lo autorizado en el Analítico de Plazas.

7.En las partidas 11301 “Sueldo Base” y 15402 “Compensación Garantizada”, se ejercieron 398.0 y 477.1 millones de pesos, respectivamente. Se comprobó que los pagos de las percepciones correspondientes a las zonas 1, 2 y 3 por 873.1 millones de pesos se realizaron con base en las nóminas elaboradas por la Dirección General de Recursos Humanos de la Segob, por las cantidades liquidadas que le correspondían a cada trabajador, considerando las cantidades devengadas en el periodo correspondiente y de acuerdo con los tabuladores mensuales brutos de sueldo base y compensación autorizados por la SHCP. Sin embargo, el sueldo base pagado en 7 niveles de la zona 2, por 34.2 millones de pesos, y la compensación garantizada de 3 niveles de la zona 2, por 68.7 millones de pesos, rebasaron los tabuladores autorizados.      

8.La evolución del presupuesto para la Política Migratoria, Programa Presupuestario E008 “Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos”, ha sido de la siguiente manera:

Consideraciones

1.No obstante que la Dirección General de Recursos Humanos emitió diversos documentos para regularizar el número de plazas de acuerdo al analítico de plazas autorizadas, no se proporcionó evidencia de la ejecución de la corrección; asimismo, de la cantidad de códigos y plazas observados (8 claves de puesto y 101 plazas), únicamente se señalan como códigos y plazas a regularizar 5 claves de puesto y 25 plazas.

Lo mismo ocurrió con los movimientos a la nómina en cuanto a los pagos en demasía, sin embargo, de acuerdo con la entidad federativa de adscripción indicado en la nómina y el Catálogo de Zonas Económicas del Gobierno Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigente a partir del 1 de enero de 2011, dichos trabajadores corresponden a la zona económica 2.

El número de plazas de las zonas 2 y 3 no son acordes con las autorizadas en cada una de ellas; se rebasaron los tabuladores autorizados en sueldo base por 34.2 millones de pesos, y en la compensación garantizada por 68.7 millones de pesos; se pagaron 10.3 millones de pesos después de la baja de los servidores públicos.

2. El Programa Presupuestario E008, de manera recurrente ha observado sobreejercicio en el orden de un 160 por ciento para los años 2012 y 2013. En el estado del ejercicio del presupuesto para 2012, de acuerdo con las cifras reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012; el presupuesto original autorizado ascendió a 1,830.9 millones de pesos y se modificó con ampliaciones por 3,365.0 millones de pesos y reducciones por 2,115.0 millones de pesos, lo que dio como resultado un presupuesto neto modificado de 3,080.9 millones de pesos, del cual se ejercieron 3,079.7 millones de pesos. La diferencia por 1.14 millones de pesos, se reportó como una economía según el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012.

3.El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

4. Lo anteriormente expuesto en observancia a lo señalado en los artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Migración, licenciado Ardelio Vargas Fosado, a realizar las acciones para recuperar 102.9 millones de pesos por los pagos de nómina indebidos al personal e implemente los mecanismos que aseguren el control presupuestal de la nómina, a fin de que erradiquen el desvío de recursos y pagos en exceso o indebidos al personal.

Palacio Legislativo, a 27 de noviembre de 2014.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

REGLAS DE OPERACION DEL FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Conaculta a cumplir la normativa sobre la publicación en el DOF de las reglas de operación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

1.Desde 1989 a través del mandato irrevocable 10886-1, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y el Banco Nacional de Comercio Exterior SNC (Bancomext), constituyeron la operación y funcionamiento para la creación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), instancia que administra y controla los recursos etiquetados que el gobierno federal y la sociedad civil destinan para la operación de los programas de estímulo, creación y difusión de los bienes artísticos y culturales, así como a la conservación de nuestro patrimonio cultural que en el marco de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de 1972, han inscrito 10 ciudades mexicanas como patrimonio mundial de la humanidad: Campeche, Ciudad de México y Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas.

Al respecto se ha instrumentado el programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, para la conservación y preservación de las características que le permitieron a cada ciudad obtener la declaratoria como patrimonio cultural mundial, resguardando y preservando su valor histórico, así como restaurando las características arquitectónicas y urbanísticas, con prácticas de conservación, rehabilitación, recuperación y restauración de cada una de las diez ciudades mexicanas consideradas patrimonio mundial, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de acciones e implementación de proyectos enfocados al uso adecuado de espacios públicos ubicados en los centros históricos de éstas, su rescate con buenas prácticas urbanas, enalteciendo la importancia de sus corredores turísticos.

2.El Fonca se rige por su propia normatividad interna, misma que sólo ha sido aprobada por su órgano rector: la “comisión de supervisión”, quien para efectos de operación y administración de recursos, autoriza tanto las reglas de operación, como los “lineamientos para aplicar recursos del mandato”. Cabe mencionar que dicha comisión forma parte junto con otras representaciones del órgano colegiado para la toma de decisiones en el Fonca.

Su consejo directivo, mediante la primera sesión ordinaria del 31 de marzo de 2014, aprobó para las modificaciones a las reglas de operación del programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, siendo publicadas en su portal de transparencia. No obstante ello, dicho ordenamiento normativo no observa los “criterios generales” señalados en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 2002.

Tales reglas de operación, no están alineadas a las disposiciones legales en materia de mejora regulatoria, señaladas en el título tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como en las disposiciones generales que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria emitió mediante oficio del 14 de enero de 2004, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en sus artículos 4o. y 77 Inciso I y del PEF de 2014.

3.Mediante “ acuerdo por el que se expiden los criterios generales para modificaciones a las reglas de operación de los programas gubernamentales ya existentes y para la elaboración de las reglas de operación” publicado en el DOF 16/01/02, establece en su artículo segundo quelos criterios generales son los siguientes:

I.En la elaboración de las reglas de operación de nuevos programas y en las modificaciones a las reglas que se encuentren vigentes, las dependencias deberán apegarse a lo conducente a la estructura que a continuación se indica:

1.Presentación

2.Antecedentes

3.Objetivos

3.1Generales

3.2Específicos

4.Lineamientos generales

4.1Cobertura

4.2Población objetivo

4.3Características de los apoyos

4.3.1Tipo de apoyo

4.3.2Monto del apoyo

4.4Beneficiarios

4.4.1Criterios de selección

4.4.1.1Elegibilidad (Requisitos y restricciones)

4.4.1.2Transparencia (Métodos y procesos)

4.4.2Derechos y obligaciones

4.4.3Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción en la ministración de recursos

5.Lineamientos específicos

5.1Coordinación institucional

5.1.1Instancia(s) ejecutora(s)

5.1.2Instancia(s) normativa(s)

5.1.3Instancia(s) de control y vigilancia

6.Mecánica de operación

6.1Difusión

6.2Promoción

6.3Ejecución

6.3.1Contraloría social (participación social)

6.3.2Acta de entrega recepción

6.3.3Operación y mantenimiento

7.Informes programático-presupuestarios

7.1Avances físicos-financieros

7.2Cierre de ejercicio

8.Evaluación

8.1Interna

8.2Externa

9.Indicadores de resultados

10.Seguimiento, control y auditoría

10.1Atribuciones

10.2Objetivo

10.3Resultados y seguimiento

11.Quejas y denuncias

11.1Mecanismo, instancias y canales

II.En el caso de programas de subsidios, las reglas de operación que emitan las dependencias, por sí o en su carácter de coordinadoras de sector, deberán sujetarse a criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en los términos de lo dispuesto por el artículo 59 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.

En los demás casos, las dependencias deberán prever criterios que aseguren transparencia en su distribución, aplicación y comprobación.

III.Las dependencias deberán prever en las reglas de operación que emitan, la coordinación de acciones que, en su caso, se requiera con otras dependencias, entidades y organismos no gubernamentales, a fin de evitar duplicar el ejercicio de recursos y reducir gastos administrativos, y que los mecanismos de operación y administración faciliten la obtención de información para la evaluación de los beneficios económicos y sociales netos y para el control y seguimiento en su asignación y aplicación.

IV.Los programas que lleven a cabo las dependencias y entidades, sujetos a reglas de operación, deberán cumplir con el principio de anualidad del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que los recursos previstos para los mismos se ejercerán durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2002, así como para el caso de los programas que inician su operación en el presente ejercicio fiscal, en los cuales sólo podrán ejercer sus recursos a partir de que se publiquen sus reglas de operación, y

V.Los recursos asignados a los programas sujetos a reglas de operación no pierden su carácter federal, por lo que en dichas reglas se deberán establecer mecanismos para el control y fiscalización de los recursos públicos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Considerandos

1.Los procesos administrativos del Fonca no cumplen con lo establecido en la mejora regulatoria y sus reglas de operación, a pesar de que se han sido aprobadas por la “comisión de supervisión”, que de acuerdo al mandato, es la máxima figura de autoridad, no cumplen con los ordenamientos que regulan la materia.

En concatenación con lo anterior, las reglas de operación del fondo, no cuentan con la opinión de Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y tampoco se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, de tal manera que puedan producir efectos jurídicos. Como consecuencia de ello, no existe en el programa Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial:

• Informes programático-presupuestarios;

• Avances físicos-financieros.

• Resultados de evaluación.

• Indicadores de resultados.

2.Lo anteriormente expuesto fomenta opacidad en la transparencia y rendición de cuentas, información que no existe en el Portal de Transparencia, dado que sólo publican información de tipo normativo, incumpliendo con ello lo que establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados” y lo expuesto en los artículos 6, 12 fracción IV; 13 fracciones I y II; 15 fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49 fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88 fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sean aprobados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, licenciado Rafael Tovar y de Teresa, a cumplir la normatividad para la emisión en el Diario Oficial de la Federación, de las Reglas de Operación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para que produzcan efectos jurídicos, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 4o. y 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y considerar los “criterios generales para la emisión de las reglas de operación” por la Función Pública.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a registrar el proceso ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de conformidad con los criterios publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2002.

TerceroSe exhorta respetuosamente al titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a cumplir con las obligaciones derivadas de las reglas de operación, tales como informes programáticos, presupuestales e indicadores, y las demás disposiciones que marca la ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

FIJEN SALARIOS MINIMOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A PERSONAS TRABAJADORAS DOMESTICAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS y tanto al presidente como al consejo de representantes de la Conasami a fijar los salarios mínimos profesionales correspondientes a trabajadores domésticos, a cargo de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

I.En la actualidad es una obligación de las instituciones del Estado mexicano proteger los derechos laborales de las y los trabajadores, en especial de este grupo de empleados del hogar, quienes se encuentran vulnerados en sus derechos laborales, es decir gozan de protección parcial por ser considerado un trabajo especial, además de que no se ha fijado para dichos trabajadores la percepción diaria que han de obtener como producto de su trabajo.

En la Constitución federal, se establece en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo tercero, que “Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones”, situación que en la actualidad se han abstenido de cumplir tanto el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami),el consejo de representantes y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al no fijar y hacer público cuál es el salario mínimo diario que han de percibir las personas trabajadoras domésticas.

En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 335, se señala que “La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores”, es decir, al trabajador doméstico.

II. Ante la situación anterior y con el objeto de no dejar desprotegido al sector laboral del empleado o trabajador doméstico, la suscrita solicitó al titular de la Conasami, para que informara cuál es el salario mínimo diario que ha de percibir dicho trabajador, ya que en la actual tabla por la que se fijan dichos salarios no aparece el salario diario que ha de percibir el trabajador doméstico.

Con fecha dos de junio del año en curso, se recibió respuesta del Conasami, en que se concretó a responder “...no es atribución de esta comisión nacional el determinar el número de salarios mínimos que percibe una trabajadora...”, refiriéndose al trabajador doméstico, situación que no atiende la petición formulada, ya que no solamente se abstuvo de proporcionar la información solicitada, sino que además la respuesta careció de fundamentación y motivación.

En la página web de la Conasami se establece, entre otras cosas, que su misión es la de establecer las bases y elementos para la fijación de los salarios mínimos generales y profesionales que han de percibir los trabajadores, entre éstos el empleado doméstico, situación que no está cumpliendo el titular de dicha dependencia, ni el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que en el artículo 335 de la Ley Federal del Trabajo se establece que el salario del trabajador doméstico será fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

III. Es de vital importancia y por ser un derecho constitucional y un derecho laboral, para que los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión y el de la Conasami, fijen el salario mínimo diario que ha de percibir el trabajador doméstico, y con ello cumplan con lo establecido en la Constitución federal, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo tercero, así como lo ordenado en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 335, ya que hasta la fecha no se encuentra establecido en la tabla de salarios de este año 2014 el monto en salario diario que ha de percibir el trabajador doméstico.

IV. Es claro que esta propuesta no pretende apegarse a la concepción limitada de la Conasami de continuar sin incrementar el salario mínimo de los trabajadores mientras el incremento de los bienes y servicios aumenta desmesuradamente, pretende incorporar la propuesta de fortalecimiento del salario mínimo que considera su incremento paulatino, la indexación de otras medidas económicas y administrativas; a fin de que las y los trabajadores en un futuro logren recibir un salario digno que les permita cubrir de manera suficiente sus necesidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y al Consejo de Representantes de la Conasami, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones fijen los salarios mínimos profesionales correspondientes a las personas trabajadoras domésticas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputada Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

DESISTIRSE DE LAS ACUSACIONES CONTRA LOS DETENIDOS EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR, la Segob y el GDF a desistirse de las acusaciones contra los detenidos el 20 de noviembre de 2014, suscrita por los diputados María del Socorro Ceseñas Chapa y Agustín Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, Socorro Ceseñas Chapa, Agustín Miguel Alonso Raya, Aleida Alavéz Ruiz, Claudia Elizabeth Bojórquez Javier y Alejandro Sánchez Camacho, diputados de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2; 100; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes consideraciones:

A través de diversos medios de comunicación, por declaraciones de los familiares y abogados de los detenidos y de informes de diversas organizaciones civiles de protección y defensa de los derechos humanos, entre otras el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC. y de la Organización para los Derechos de la Infancia, hemos sido enterados de las ilegalidades y abusos cometidos contra ciudadanos, jóvenes en su mayoría, con el pretexto de castigar la violencia que se registró en el centro de esta ciudad el pasado 20 de noviembre; sobre todo porque quienes fueron detenidos no fueron quienes cometieron los desmanes y en su mayoría recibieron maltrato de la policía y fueron remitidos al Ministerio Público y luego a las autoridades federales sin que mediara una explicación del motivo de su detención y supuesta culpabilidad.

Como es de dominio público y como se ha hecho habitual desde el 1 de diciembre de 2012, el pasado 20 de noviembre un grupo, no identificado aún, de provocadores, cometió destrozos a todas luces condenables y que deben ser castigados como a derecho corresponde; pero no fue sino hasta después de consumados estos hechos que los elementos de Seguridad Pública del DF, en coordinación con policías federales, iniciaron las aprehensiones, indiscriminadamente, dándose el caso de ciudadanos remitidos sólo por el hecho de defender a jóvenes que eran salvajemente golpeados, y de jóvenes, a su vez, que fueron detenidos en las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México, muy lejos del escenario de los hechos y además con lujo de violencia.

Organismos defensores de los derechos humanos han enumerado las violaciones a los derechos humanos cometidas al concluir la marcha pacífica del 20 de noviembre, y en primer lugar se ha mencionado que se violentó el derecho a la protesta, ya que el operativo policiaco fue diseñado para generar miedo al cometer actos de represión indiscriminada. Además de las detenciones arbitrarias mediante la generación del caos en medio del desalojo de una plaza pública y, de acuerdo con testimonio, con la intención de que la gente no vuelva a manifestarse.

Existen irregularidades comprobadas también en las averiguaciones previas. Sabemos de casos de detenidos que fueron torturados y amenazados, hubo a quienes se les sembraron armas blancas sólo para inculparlos. Hay casos de detenidos muy lejos del escenario de los desmanes, a quienes los policías que los remitieron ubican haciendo destrozos en las inmediaciones de Palacio Nacional. Incluso, hay casos de ciudadanos que estaban pidiendo “no violencia” que recibieron como respuesta golpes e insultos por parte de la policía. Es inadmisible que jóvenes estudiosos, ejemplares, en algunos casos único sostén de sus familias, y adultos productivos y responsables, reciban la cárcel como castigo por su espíritu solidario y se les mantenga en penales de alta seguridad y además fuera de su lugar de residencia bajo cargos tan insostenibles como la asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio, considerados delitos graves que no alcanzan fianza.

En el caso de los detenidos con motivo de los sucesos violentos del aeropuerto de la Ciudad de México, en la mañana del jueves 20 de noviembre, también hay irregularidades y violaciones muy parecidas. A todos los detenidos se les acusó de los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, portación y fabricación de objetos aptos para agredir y portación de arma prohibida, que si bien son considerados como no graves por lo que alcanzan el beneficio de la libertad bajo caución, los mantendrán bajo proceso con los inconvenientes que esto implica y corriendo el riesgo de ser sentenciados, como ya ha pasado, sin pruebas firmes y certeras.

Como antecedente de todo esto, cabe señalar que el 14 de noviembre por la noche fueron detenidos por agentes federales vestidos de civil, dos jóvenes activistas Julián Luna y Alejandro Fidel Ramírez. Los “levantaron” en la colonia Del Valle, y después de horas desaparecidos los llevaron al Ministerio Público de la delegación Benito Juárez, y ahí los acusaron de haberles robado –a los mismos policías– 500 pesos, armados con dos cuchillos. Ambos fueron trasladados al reclusorio Norte sin que hubieran pasado las 48 horas que la ley establece.

El 15 de noviembre, Jacqueline Santana (estudiante de la carrera de economía en la FES Aragón) y Bryan Reyes Rodríguez (guitarrista de flamenco y maestro de música) fueron detenidos a las afueras de la unidad donde viven, cerca de la delegación Venustiano Carranza. Bryan es uno de los liberados de las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre de 2012, y había denunciado por redes sociales la detención de Luna y Ramírez, así como el hostigamiento y persecución que ellos mismos sufrían por parte de sujetos armados y con radiocomunicadores.

Bryan y Jacqueline fueron detenidos por 14 sujetos vestidos de civil pero trataron de defenderse, gritaron pidiendo ayuda. En medio de la confusión y los gritos fue que llegó un policía preventivo del Distrito Federal y le apuntó a uno de los civiles armados, por lo que estos se tuvieron que identificar como policías federales. Fue hasta entonces que se supo que era la propia policía la que los estaba vigilando y finalmente levantando, sin una denuncia formal contra ellos. Y fue entonces cuando los agentes tuvieron que decir que los jóvenes los habían asaltado, que por eso los estaban deteniendo y que los llevarían al Ministerio Público. Esto es delicado porque hace pensar en un intento de desaparición forzada.

Se les acusa de robo agravado con violencia contra el ejercicio legítimo de la autoridad. Concretamente los agentes dicen que los intentaron asaltar con dos cuchillos y que se llevaron 500 pesos. El delito es considerado grave, así que no hay libertad bajo fianza. Cabe señalar que la defensa de los jóvenes pidió que se hicieran pruebas para mostrar que ellos nunca habían tocado los cuchillos que los federales presentaron como pruebas, ni el dichoso billete de 500 pesos y que se revisaran las cámaras en donde se supone que sucedió el robo. Pero antes del término que establece la ley para el desahogo de pruebas fueron consignados, Bryan al reclusorio Norte y Jaqueline al reclusorio femenil de Santa Martha. Ambos reportan tortura y amenazas dentro de los penales.

Si a eso le sumamos las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto del 19 de noviembre en favor del uso de la fuerza estatal, y las declaraciones del jefe de Seguridad Pública del DF, jactándose de los excesos de la policía antimotines de la ciudad como si fueran heroicidades, estamos ante un signo ominoso que amenaza el desarrollo pacífico de la protesta ciudadana, y más aún, de la tranquilidad de los habitantes de una ciudad que debiera ser ejemplo de libertades y ejercicio pleno de derechos.

Ante estas anomalías solicitamos muy atentamente al procurador general de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, y al jefe del gobierno del DF, ponderación de los casos de los imputados, una investigación seria y a fondo que permita ubicar a los verdaderos responsables de los actos violentos para que se les castigue conforme a la ley, que regresen al DF los 11 detenidos del 20 de noviembre que se mantiene en penales de máxima seguridad en Veracruz y Nayarit, y el desistimiento de la acción penal contra los detenidos cuya responsabilidad no se ha acreditado ni se pueda acreditar, para que cese el clima de hostigamiento y amenaza que tiende a inhibir deliberadamente la protesta y las actitudes de oposición que se encuadran en el marco del derecho y que hoy se pretende responsabilizar como culpables de la violencia, sometiendo a los detenidos, la mayoría estudiantes, y a sus familias, a una dinámica injusta e inédita desde hace muchos años que debe tener punto final.

Considero que éste no sería un gesto de debilidad, mucho menos pretender que no pasó nada el pasado 20 de noviembre y alentar la impunidad, sino antes bien una necesaria muestra de respeto a los derechos humanos que hoy más que nunca se necesita en el país, y especialmente en la Ciudad de México. Pero además iniciar el esclarecimiento de la verdad mediante acciones que eviten distracciones sospechosas y lleven a lo verdaderamente importante: el esclarecimiento del destino de los 43 desaparecidos de Iguala.

En razón de lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:

Primero. Emitir un exhorto por parte de esta Cámara Diputados al procurador general de la República, licenciado Jesús Murillo Karam, al secretario de gobernación, licenciado Miguel Osorio Chong y al jefe del gobierno del Distrito Federal, licenciado Miguel Ángel Mancera, para que se desistan de las acusaciones sin fundamentos contra los 11 detenidos por los lamentables sucesos del 20 de noviembre de 2014.

Segundo. El inicio de un proceso serio de investigación que permita conocer y detener a los verdaderos responsables de los desmanes y la violencia registrados en el centro de la Ciudad de México y en otros municipios y ciudades del país, así como deslindar las responsabilidades en la represión y las detenciones registradas ese día

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014— Diputada Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

DICTAMINAR LA MINUTA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE VIOLENCIA ESCOLAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, a cargo del diputado Julio César Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Senado de la República a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, en atención a las siguientes

Consideraciones

Primera. El 29 de abril de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, turnándolo en la misma fecha a la Cámara de Senadores para su discusión y votación.

Segunda.El 30 de abril de 2013, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió la minuta del dictamen con proyecto de decreto señalado en el punto anterior, turnándolo a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

Tercera.La Minuta enviada por la Cámara de Diputados propone introducir a la Ley General de Educación, diversas disposiciones con la finalidad de:

• Que las autoridades educativas del país, federales y locales, se coordinen para garantizar la seguridad y convivencia escolar, así como para prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar.

• Incluir como obligación de los padres de familia, promover desde el hogar la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar.

• Que en cada escuela pública de educación básica se establezcan medidas para la divulgación de la cultura de convivencia, respeto y tolerancia escolar.

• Prevenir y controlar la violencia y el acoso escolar como condición para una formación escolar equitativa.

Cuarta.No obstante lo anterior, hasta la fecha, las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos del Senado de la República, han sido omisos en emitir el dictamen correspondiente.

Quinta.Los legisladores que suscribimos el presente punto de acuerdo, estamos conscientes de la necesidad de avanzar en el combate a la violencia escolar, mejor conocida por la expresión “bullying”, que constituye un grave problema educativo sobre el que poco se ha regulado en nuestro ordenamiento jurídico nacional.

Sexta.Con la aprobación de la minuta enviada a la colegisladora, se establecerá un marco de legalidad que imponga límites a todas aquellas conductas que lastiman y vulneran la dignidad de las personas y, que les impiden desarrollarse y crecer de acuerdo a las finalidades que persigue el sistema educativo nacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único.Se exhorta al Senado de la República como cámara revisora, y en específico a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, para que dictaminen a la brevedad posible la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de violencia escolar, recibida para su estudio y dictaminación el 30 de abril de 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2014.— Diputados: Israel Moreno Rivera, Ricardo Mejía Berdeja, Ricardo Monreal Ávila, Amalia Dolores García Medina, Antonio García Conejo, Claudia Elena Águila Torres, Jessica Salazar Trejo, Joaquina Navarrete Contreras, Graciela Saldaña Fraire, Roberto Carlos Reyes Gámiz, Saraí Larisa León Montero, Trinidad Morales Vargas, Francisco Tomás Rodríguez Montero, Martha Lucía Mícher Camarena, Mario Rafael Méndez Martínez, Teresita de Jesús Borges Pasos, José Luis Esquivel Zalpa, Verónica García Reyes, Verónica Beatriz Juárez Piña, Elena Tapia Fonllem (rúbricas).»

Se turna a la Cámara de Senadores, para su atención.