SUMARIO
Del diputado Carlos de Jesús Alejandro, del Grupo Parlamentario del PRD, en relación con retiro de proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos poderes del estado de Sonora a no criminalizar la lucha de los pueblos yaquis por la defensa de su territorio, a convocar a un proceso de consulta y a respetar y garantizar los derechos de Mario Luna Romero, representante de la tribu yaqui de dicho estado, presentada el pasado 25 de septiembre. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi. Se remite a la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, a resolver la situación de malos tratos, prevaleciente en las estaciones migratorias, en particular la de Acayucan, Veracruz. Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a implementar los programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos en Baja California Sur. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento
De Correos de México, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al titular del Servicio Postal Mexicano para sumarse al reconocimiento del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, a través de la cancelación de una estampilla postal conmemorativa. Se remite a la Comisión de Trasportes, para su conocimiento
De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de incorporar tecnologías tendientes a generar ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de vivienda. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento
De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con el que remite los lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación y su anexo único. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento
A discusión el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, hace uso de la voz:
El diputado José Alejandro Montano Guzmán, del PRI
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hace uso de la palabra:
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de NA
El diputado Ricardo Monreal Ávila, de MC
El diputado Víctor Manuel Manriquez González, del PRD
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del PRI
Para hablar a favor y en contra del dictamen, participa:
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC, en pro
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
De la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”
Para referirse al acuerdo, interviene:
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT, para razonar su voto
La diputada Sonia Rincón Chanona, de NA
El diputado Arturo Escobar y Vega, del PVEM
El diputado Ricardo Monreal Ávila, de MC
El diputado Catalino Duarte Ortuño, del PRD
El diputado José Guillermo Anaya Llamas, del PAN
La diputada Miriam Cárdenas Cantú, del PRI
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC
El diputado Uriel Flores Aguayo, del PRD
El diputado Silvano Blanco Deaquino, del PRD
Aprobado el acuerdo, comuníquese
Desde su curul, el diputado José Guillermo Anaya Llamas, del PAN, para convocar a reunión de trabajo a la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”
A discusión el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hace uso de la palabra:
La diputada Sonia Rincón Chanona, de NA
La diputada Loretta Ortiz Ahlf, del PT
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez, de MC
El diputado Felipe Arturo Camarena García, del PVEM
El diputado Catalino Duarte Ortuño, del PRD
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del PAN
La diputada María Elena Cano Ayala, del PRI
Para hablar a favor y en contra del dictamen, participa:
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del PRD, en pro
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC, en pro
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
A discusión el dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria
Para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión, interviene:
El diputado Guillermo Sánchez Torres, del PRD
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, hace uso de la voz:
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún, de NA
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, de PT
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de MC
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, del PRD
La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del PRI
Para presentar su reserva al artículo 71, hace uso de la palabra:
El diputado Ricardo Monreal Ávila, de MC
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto, que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
Se recibió del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
Se recibió de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 61, 117 Bis y 120 de la Ley Federal de Derechos de Autor. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen
Se recibió del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
Se recibió de la diputada María del Rocío Corona Nakamura y del diputado Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Se recibió de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
Se recibió del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
Se recibió del diputado Silvano Aureoles Conejo y de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
Se recibió de las diputadas Margarita Elena Tapia Fonllem, Aleida Alavez Ruiz y María del Rocío García Olmedo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente y suscrita por diputados integrantes de los diversos grupos parlamentarios, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
Se recibió del diputado Silvano Aureoles Conejo y de la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 3o. del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios en juntas directivas e integrantes de las comisiones ordinarias, especiales y grupos de amistad. De enterado, comuníquese
El presidente diputado Tomás Torres Mercado, informa que en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, con excepción de las que los proponentes soliciten se inscriban próxima sesión
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:
De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de las Leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Policía Federal (en lo general y en lo particular)
De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 71 y adiciona un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria (en lo general y en particular los artículos no reservados)
De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto, que reforma el artículo 71 y adiciona un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria (en lo particular el artículo 71, reservado, en sus términos)
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 7 de octubre de 2014, de conformidad con el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados
ASISTENCIA
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría: haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 253 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 11:18 horas): Gracias. Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Orden del día
Martes 7 de octubre de 2014
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones oficiales
Del diputado Carlos de Jesús Alejandro
En relación con retiro de proposición.
De la Secretaría de Gobernación
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, a resolver la situación de malos tratos, prevaleciente en las estaciones migratorias, en particular la de Acayucan, Veracruz.
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a implementar los programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometereológicos en Baja California Sur.
De Correos de México
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el que se exhorta al titular del Servicio Postal Mexicano para sumarse al reconocimiento del Bicentenario de la Constitución de Apatzingán, a través de la cancelación de una estampilla postal conmemorativa.
De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de incorporar tecnologías tendientes a generar ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas en la construcción de vivienda.
De la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Con el que remite los lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación y su anexo único.
Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política.
Dictámenes a discusión de leyes y decretos
De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal.
De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 43 de la Ley General de Educación.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 3o. y 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Turismo, con proyecto de decreto que reforma los artículos 48, párrafo primero; 54 y el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley General de Turismo.
De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma el artículo 101 de la Ley del Seguro Social.
De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 25 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma los artículos 537 y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado José Arturo Salinas Garza y suscrita por el diputado Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que expide la Ley General del Derecho a la Alimentación Adecuada, a cargo de la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 47 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Adán David Ruíz Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Servicio Militar, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Francisca Elena Corrales Corrales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 7o. de la Ley General de Educación y 88 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Ossiel Omar Niaves López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Salvador Arellano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 185 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. del Carmen Martínez Santillán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Rocío Adriana Abreu Artiñano y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Socorro de la Luz Quintana León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 16 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Que reforma el artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 61, 117 Bis y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 14 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 178 y 192 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Luis Armando Córdova Díaz y María del Carmen García de la Cadena Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 163 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2o., 4o. y 8o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Francisco Javier Fernández Clamont, Rosalba Gualito Castañeda, Mario Alberto Dávila Delgado, Isaías Cortés Berumen, Eva Diego Cruz, Rubén Acosta Montoya y Carla Alicia Padilla Ramos, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, respectivamente.
Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Francisco Tomás Rodríguez Montero, y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de Programas Sociales.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 55 del Código Civil Federal y 230 del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley General para el Fomento y la Transición al Transporte Alternativo, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Jorge Terán Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 15-E de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Que reforma el artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por las diputadas Margarita Elena Tapia Fonllem, Aleida Alavez Ruiz y María del Rocío García Olmedo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, respectivamente y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 3o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 109 y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo, a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para que faculte a los gobiernos estatales como responsables de la implementación del plan de manejo de vehículos al final de su vida útil, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al director en jefe del Registro Agrario Nacional, para que difunda las acciones y atención que ha realizado al programa “Modernización del Catastro Rural Nacional”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo relativo a la causa penal seguida en contra de la C. Paola Geraldine Cervantes Cedeño, a cargo de la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la SS y de la SEP, para que diseñen y fortalezcan las políticas públicas destinadas a concientizar y reducir la incidencia de embarazos entre adolescentes en México, a cargo de la diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
Con punto de acuerdo por el que se hace una enérgica condena a las ofensivas y misóginas expresiones hechas por el ciudadano Alejandro García Ruiz, por ser gravemente atentatorias de los más altos principios constitucionales de libertad, igualdad y respeto entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo relativo a la difusión de los créditos fiscales por cobrar, por concepto de multas y sanciones económicas a funcionarios públicos, y los ingresos correspondientes a las recuperaciones de 2010 a 2014, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a emitir la declaratoria de alerta de violencia de género e investigar los feminicidios en el Estado de México, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Salud, de Relaciones Exteriores y de Gobernación, realicen de manera urgente las acciones de coordinación en materia de sanidad internacional, migratoria, marítima, terrestre y aérea, que establece la Ley General de Salud, con el objetivo de evitar la introducción del virus Ébola al territorio nacional, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el festejo del 250 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos y Pavón y del bicentenario de su muerte, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de aplicar lo establecido en el artículo 37 Constitucional, en el caso de Raúl Plascencia Villanueva, al recibir la Medalla de Primer Grado del Control Yuan del Gobierno de Taiwán, sin haber solicitado la autorización correspondiente a la SRE, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo para exigir justicia ejemplar y expedita contra los responsables de los crímenes en contra de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, a cargo del diputado María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efeméride
Con motivo del XL Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del diputado Raymundo King De la Rosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dos de octubre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.
Presidencia del DiputadoSilvano Aureoles Conejo
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de dos cientos sesenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con veintiún minutos del jueves dos de octubre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.
En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De la Mesa Directiva, en relación con la modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano, el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a las Comisiones de Salud, y Especiales de Asuntos Alimentarios, y de la Alimentación, para opinión. De conformidad con lo establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
b) De la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem, con la que solicita sean retiradas las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:
• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veinte de marzo de dos mil catorce y turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
• Que reforma el artículo tercero del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentada el veinte de marzo de dos mil catorce y turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.
c) De la Secretaría de Gobernación:
• Con la que remite el Informe Final de la Evaluación al Programa Presupuestario “B002 Promoción de una Cultura de Consumo Responsable e Inteligente”, en cumplimiento al Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce de los Programas Federales de la Administración Pública Federal. Se remite a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
• Con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se solucione el colapso del Puente Tamaca y se reinicien los trabajos en las carreteras Méx-140, y Méx-180M. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.
d) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de agosto de dos mil catorce, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago a las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de agosto de dos mil trece, la evolución de la recaudación para el mes de agosto de dos mil catorce y la Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública enero-agosto de dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
e) Iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo veintiuno Bis a la Ley de Planeación. Se turna a la Comisiones Unidas de Competitividad, y de Economía, para dictamen.
En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos las diputadas y los diputados: Humberto Armando Prieto Herrera, Raúl Gómez Ramírez, y Leslie Pantoja Hernández, del Partido Acción Nacional; Mirna Velázquez López, del Partido Revolucionario Institucional; María del Socorro Ceseñas Chapa, Joaquina Navarrete Contreras, ambas del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Cárdenas de Avellano, y Leobardo Alcalá Padilla, ambos del Partido Revolucionario Institucional; y Roxana Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.
En su oportunidad y desde su curul la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia un minuto de silencio en memoria de los jóvenes asesinados en los acontecimientos del Movimiento Estudiantil de mil novecientos sesenta y ocho. El Presidente concede dicha solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
El Presidente informa que el siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:
a) Unidas de Puntos Constitucionales, y de Igualdad de Género, con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Julio César Moreno Rivera. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza, del Partido del Trabajo; Aída Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano; Ruth Zavaleta Salgado, del Partido Verde Ecologista de México; Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Partido de la Revolución Democrática; Eufrosina Cruz Mendoza, del Partido Acción Nacional; y
A las doce horas con cuarenta y un minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veinte diputadas y diputados.
En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios la diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.
Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; y la diputada Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del DiputadoTomás Torres Mercado
Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de cuatrocientos votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma la fracción III del Apartado A del artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
b) De Atención a Grupos Vulnerables
• Que adiciona una fracción décima segunda al artículo tercero y un artículo tercero Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo; Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano; Bárbara Gabriela Romo Fonseca, Partido Verde Ecologista de México; Josefina Salinas Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional; y Salvador Romero Valencia, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad trescientos noventa y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción décima segunda al artículo tercero y un artículo tercero Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El Presidente realiza un reconocimiento y agradece a la ciudadana Elena Sánchez Algarín, Directora General de Proceso Legislativo, por su trayectoria de cincuenta y tres años de servicio en la Cámara de Diputados.
• Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Elvia María Pérez Escalante. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza;
Presidencia del DiputadoSilvano Aureoles Conejo
Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Rodrigo Chávez Contreras, de Movimiento Ciudadano; Josefina Salinas Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Raquel Jiménez Cerrillo, del Partido Acción Nacional; y Javier López Zavala, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene en pro el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad trescientos setenta y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la Efeméride con motivo del dos de octubre, Aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Se concede el uso de la palabra para referirse al tema a las diputadas y los diputados: Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática; René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo;
En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano. El Presidente hace aclaraciones.
Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Gloria Bautista Cuevas, del Partido de la Revolución Democrática; y Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano.
Se da cuenta con oficio de la Mesa Directiva por el que comunica modificación de turno de la minuta con proyecto de decreto por el que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez para dictamen; y a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Igualdad de Género, para opinión. De conformidad con lo establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno. Actualícense los registros parlamentarios.
Se recibieron las siguientes iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:
• Amalia Dolores García Medina, Silvano Aureoles Conejo y Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática, y por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios, que reforma los artículos segundo, y cuarenta y uno de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.
• Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Radio y Televisión, para dictamen.
De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:
a) Iniciativas con proyecto de decreto:
• José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo noveno de la Ley de Planeación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
• José Alberto Benavides Castañeda, del Partido del Trabajo, que reforma el artículo ochenta y dos del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
• Margarita Elena Tapia Fonllem, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la Ley General de Salud, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Igualdad de Género, para dictamen y a la Comisión de Derechos de la Niñez, para opinión.
• Alfa Eliana González Magallanes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• María del Carmen Ordaz Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
b) Proposiciones con puntos de acuerdo:
• María de Jesús Huerta Rea, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que supervise el cumplimiento de la protección de los derechos humanos de los menores que se encuentran en albergues infantiles o casas hogar. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.
• Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a coordinarse con académicos para implementar un observatorio de políticas ambientales. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
• Víctor Manuel Bautista López, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a fin de rendir un homenaje al profesor del Instituto Politécnico Nacional, Raúl Álvarez Garín. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la falta de escrituras en propiedades en el estado de Chihuahua. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
• Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, para que implemente las acciones necesarias para que, tanto la administración pública federal centralizada como la paraestatal, respeten los derechos fundamentales de los servidores públicos al servicio del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
• René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que implementen mejores estrategias y políticas públicas encaminadas a brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.
• Erika Yolanda Funes Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se autorice la apertura de una oficina de enlace con la secretaría, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que emprenda acciones para concientizar a la opinión pública de los efectos de la depresión clínica y promover la atención oportuna. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para que difunda los criterios, motivos y parámetros internacionales con los cuales se tomó la determinación del cambio metodológico, que representó una variación de uno punto por ciento en la variación negativa del PIB de dos mil nueve. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.
• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al presidente municipal de Silao, estado de Guanajuato, a cooperar en las indagatorias relacionadas con la investigación, esclarecimiento y sanción de los responsables por el ataque a la reportera Karla Janeth Silva Guerrero. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
• Genaro Carreño Muró, del Partido Acción Nacional y suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de prevención, conservación y en su caso restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Petróleos Mexicanos, por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, para que considere la pronta adquisición de una planta coquizadora para la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, así como y la reubicación del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana del municipio de Salamanca, Guanajuato. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que atienda de manera inmediata las recomendaciones vertidas en la auditoría financiera, en torno a la falta de control y seguridad en la emisión de pasaportes. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las secretarías de movilidad o dependencias afines de las entidades federativas, a que, en el marco de los compromisos firmados por México en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, emprendan acciones que garanticen seguridad vial. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.
• Tania Margarita Morgan Navarrete, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Secretaría de Educación Pública, para que difundan la totalidad de la información recabada en el Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial (CEMABE). Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.
• Joaquina Navarrete Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, por el que esta soberanía manifiesta su interés por que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como las unidades promotoras del empleo en las entidades federativas, promuevan la creación de fuentes de empleo hacia las personas mayores de dieciséis años y menores de treinta. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.
• Martha Leticia Sosa Govea, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, a presentar solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género en la entidad, ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se emita un dictamen de las causas de la muerte de la tortuga Golfina, y se implementen estrategias para su protección. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.
• Blanca Jiménez Castillo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de expedir y publicar el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
• Guillermo Sánchez Torres y Fernando Cuéllar Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción, y de Justicia de esta soberanía, para que dictaminen la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Transparencia y Anticorrupción y de Justicia, para dictamen.
Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes siete de octubre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta minutos.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada.
Continúe la Secretaría con comunicaciones.
COMUNICACIONES OFICIALES
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en la fracción VII, numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta el retiro de la proposición con punto de acuerdo por el que se “exhorta a diversos poderes del estado de Sonora a no criminalizar la lucha de los pueblos yaquis por la defensa de su territorio, a convocar a un proceso de consulta y a respetar y garantizar los derechos de Mario Luna Romero, representante de la tribu yaqui de dicho estado”, la cual fue presentada el día 25 de septiembre del presente, año tercero, sección séptima, número 5041, turnada a la Comisión de Asuntos Indígenas.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.— Diputado Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-8-3876, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 200.01.-092/2014, suscrito por el ingeniero Luciano Vidal García, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual responde el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al informe presentado por la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi y hace suyas las recomendaciones plasmadas en dicho informe.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 1o. de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Segob.— Presente.
Me refiero a su similar número SELAP/300/2107/14, de fecha 17 de los corrientes, que dirigió al ciudadano licenciado Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), mediante el cual adjunta para los fines procedentes, copia del oficio número D.G.P.L. 62-II-8-3876, signado por el ciudadano diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión mediante el cual comunica al ciudadano secretario de Gobernación la aprobación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se suscribe en sus términos, el informe presentado por la Comisión Especial integrada para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi y hace suyas las recomendaciones plasmadas en dicho informe.
Al respecto y por instrucciones de la oficina del ciudadano secretario del ramo, me permito informar a usted que hemos tomado nota de las recomendaciones aplicables en el ámbito de atribuciones de la Sagarpa, derivadas de dicho acuerdo, así como de las acciones que a través de Comisiones tomará el propio Congreso al respecto.
En relación con lo expuesto, nos permitimos comunicarle que por instrucciones del Presidente de la República se conformó una comisión con funcionarios de alto nivel de diversas dependencias del Gobierno Federal, entre las que se encuentran la propia Secretaría de Gobernación, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Economía, Sagarpa, Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, coordinada por el ciudadano secretario del Trabajo y Previsión Social; por parte de la Sagarpa, el ciudadano secretario del ramo ha instruido la conformación de una comisión permanente de trabajo en esa entidad federativa, encabezada por el ciudadano licenciado Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Alimentación y Competitividad, en la que además participa personal adscrito a oficinas centrales y la delegación federal de esta dependencia, comisión que tiene como propósito coordinar y fortalecer las acciones que esta secretaria está desarrollando para la atención inmediata, en su ámbito de competencia, de la problemática suscitada, acciones que se desarrollarán en plena congruencia con lo indicado en la minuta de referencia, aprobada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Sin otro particular reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
México, DF, a 26 de septiembre de 2014.— Ingeniero Luciano Vidal García (rúbrica), coordinador.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir copia del oficio número INM/CAS/024/2014 signado por el antropólogo Ignacio García Contreras, coordinador de asesores de la oficina del comisionado del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual responde el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el martes 23 de septiembre último, relativo a resolver la situación de malos tratos y violación de derechos humano, prevaleciente en las estaciones migratorias, en particular la establecida en Acayucan, Veracruz.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 2 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Me permito informarle que este instituto recibió oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1712, expediente 3965, signado por el diputado Tomas Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, por el que se me notifica el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que a la letra indica:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al licenciado Ardelio Vargas Fosado, comisionado del Instituto Nacional de Migración, a resolver la situación de malos tratos y violación a derechos humanos, prevaleciente en las estaciones migratorias, en particular la establecida en el municipio de Acayucan, en el estado de Veracruz.
Al respecto, me permito informarle que derivado de la desatención acumulada durante doce años al tema migratorio, en el cual se incluyen las estaciones migratorias, la actual administración del Instituto realiza desde 2013 diversas acciones para cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley de Migración y su Reglamento en materia de respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes y para su protección y atención.
En particular en la estación de Acayucan, Veracruz, se han realizado las siguientes acciones:
1. Se ha capacitado a los servidores públicos responsables de la operación de la estación en materia de derechos humanos, capacitaciones en las que participa la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización Internacional de las Migraciones y la Cruz Roja internacional, entre otras.
2. Desde el nivel central se ordenan y ejecutan constantes visitas de supervisión para verificar la prestación de los derechos y servicios a los migrantes, conforme a lo establecido por la Ley de Migración y su Reglamento; así como para identificar áreas de oportunidad para la mejora.
3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza visitas permanentes de verificación a la estación para constatar el cumplimiento de las disposiciones legales en la materia y emite las quejas y recomendaciones cuando así procede.
4. Se mantiene comunicación permanente con las representaciones consulares de cada nacionalidad para cumplir con la normatividad en materia de notificación sobre el alojamiento de sus connacionales en la estación migratoria.
5. Se llevó a cabo el cambio de la administración de la estación migratoria con el objeto de subsanar deficiencias encontradas en el otorgamiento de servicios a los migrantes.
6. Se realizaron obras de mantenimiento y equipamiento mayor en la estación para dignificar las condiciones de las instalaciones y para brindar una mejor atención a los migrantes.
No omito mencionar que el incidente registrado en la estación migratoria de Acayucan, Veracruz el 22 de noviembre de 2013, se debió a una confrontación entre extranjeros hondureños y salvadoreños motivada por los primeros, por lo que de ninguna manera corresponde a malos tratos, mala atención a los migrantes o condiciones inhumanas.
Asimismo, es necesario aclarar que efectivamente se solicitó la intervención inmediata de la Policía Federal y estatal para restablecer el orden y brindar protección a la totalidad de los migrantes alojados en la estación.
Informo a usted lo anterior para que se determine el tratamiento del tema ante el órgano legislativo en mención.
Atentamente
México, DF, a 2 de octubre de 2014.— Antropólogo Ignacio García Contreras (rúbrica), coordinador de asesores.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
En respuesta al oficio número DGPL 62-II-8-3928 signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200.2014. 2896 suscrito por el licenciado Juan Carlos Leal Bárcenas, secretario particular del subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a implantar los programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que han ocasionado diversos municipios de Baja California Sur.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.
México, DF, a 3 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.
Con relación al oficio número SELAP/300/2194/14 de fecha 23 de septiembre del presente año, dirigido al licenciado Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el cual hace de su conocimiento para los fines procedentes, que en oficio número DGPL 62-11-8-3928, el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica al secretario de Gobernación la aprobación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta entre otras a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, para que “implanten los programas necesarios para mitigar los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos que han dañado diversos municipios del estado de Baja California Sur.”
Al respecto, me permito informar a usted que esta dependencia por instrucciones del secretario del ramo, ha instruido al personal de oficinas centrales responsable de atender contingencias climatológicas para que permanezca en dicha entidad como refuerzo de nuestra delegación federal, para agilizar la atención a la población agropecuaria y pesquera afectada en sus bienes productivos, en el marco de la comisión conformada por instrucciones del presidente de la República, que encabeza la Secretaría de Turismo, hasta la atención total de las afectaciones en el ámbito de competencia de la Sagarpa.
Adicionalmente, le informó que el licenciado Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Alimentación y Competitividad, ha dado indicaciones para que se lleve a cabo un proceso de revisión de los proyectos autorizados para su ejecución en 2014 con el Programa de Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria y sus componentes en dicha entidad, con el propósito de agilizar en su caso la liberación de recursos, en congruencia con el punto de acuerdo a aprobado por el pleno de ese órgano legislativo.
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
México, DF, a 1o. de octubre de 2014.— Licenciado Juan Carlos Leal Barcenas (rúbrica), secretario particular.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Correos de México.
Diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.
Hago referencia a su atento oficio número D.G.P.L. 62-II-1-2031 de fecha 23 de septiembre del año en curso, en donde informa sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, que a la letra dice:
Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Servicio Postal Mexicano para que cancele una estampilla postal conmemorativa del “bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814 o bicentenario de la Constitución de Apatzingán de 1814”.
La emisión de la estampilla de referencia, ha sido incluida en el Programa de Emisiones Postales Conmemorativas y Especiales para el año 2014, la cual fue solicitada el pasado 29 de enero del año en curso, por el licenciado Felipe Cangas Hernández, director general de Cultura Democrática y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, motivo por el cual le informo que al haber dado trámite a dicha solicitud, se atiende a la vez la petición de usted para emitir una estampilla con este tema.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 26 de septiembre de 2014.— Licenciada Patricia Cravioto Galindo (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Trasportes, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en el artículo 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al Manual Administrativo correspondiente; adjunto oficio SEDEMA/DEJ/583/2014, de fecha, 12 de septiembre del 2014, suscrito por el director ejecutivo Jurídico en la Secretaría de Medio Ambiente, mediante el cual remite respuesta al acuerdo D.G.P.L. 62-II-3-1427, en donde se comunicó, por parte del diputado José González Morfín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación de éste en sesión celebrada el 25 de febrero de 2014.
Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.
México, DF, a 25 de septiembre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»
«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.
Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez, coordinador general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.
Me refiero al oficio con número de folio SG/CEL/ PA/438/2014, mediante el cual se solicita, se le haga llegar a la Secretaría de Gobierno, los comentarios pertinentes en relación al oficio D.G.P.L. 62-II-3-1427, suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relacionado con el siguiente Punto de Acuerdo:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a incorporar en sus agendas de discusión la formulación de esquemas de fomento del ahorro y el uso eficiente y racional de energía eléctrica, agua y gas, y la aplicación de ecotécnias y ecotecriologias en la construcción y equipamiento de viviendas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas, a emprender acciones para integrar dentro de sus programas de construcción de vivienda, el uso de materiales ecológicos y la incorporación obligatoria de calentadores solares de agua, focos ahorradores de energía y válvulas ahorradoras de agua.
Sobre el particular, y en el ámbito de competencia de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, me permito informar que en atención al presente punto de acuerdo, se ha venido aplicando desde el año 2007, una serie de acciones destinadas a regular, orientar y en general a promover y fomentar el uso de sistemas ahorradores en materia de agua y energía en beneficio del ambiente de la Ciudad de México.
En este sentido, de manera específica, se encuentran las resoluciones administrativas en materia de impacto ambiental, mediante las cuales en términos de lo dispuesto por la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, LAPTDF, se imponen como parte de condicionantes o medidas de compensación y mitigación a los promoventes de proyectos de obras sujetas a evaluación de impacto ambiental a través de la Dirección General de Regulación Ambiental, DGRA, que obtienen autorización condicionada en materia de impacto ambiental, las siguientes:
A) En materia de agua
• Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de cada proyecto deberán contemplar incluir en su diseño y colocación, el uso de dispositivos de ahorro o bajo consumo de agua potable, de acuerdo con las disposiciones que correspondan, tales como las contenidas en el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y las normas oficiales mexicanas. Estos dispositivos podrán ser regaderas de flujo limitado, lavamanos y grifos de contacto, cajas o tanques de sanitarios de capacidad reducida y otros que resulten aplicables a las instalaciones.
• Con fundamento en el artículo 35 fracción III de la LAPTDF, con el objeto de hacer más racional el consumo de agua potable, los proyectos deberán contemplar instalar drenajes separados, uno para aguas residuales y otro para aguas pluviales; así como, colocar pequeñas cisternas o contenedores, con la finalidad de utilizarla posteriormente en la descarga de retretes, limpieza de las áreas que sean de uso común, parque vehicular y riego de áreas verdes.
• Con fundamento en los artículos 77 fracción III de la LAPTDF, 107, fracciones II y V, 155 fracción IV de la LAPTDF, se deberán contemplar instalar una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y un sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial en cada uno de los proyectos. En este caso, las propuestas de instalación estarán sujetas a la aprobación del Sistema de Agua de la Ciudad de México.
• LAPTAR y el sistema de captación y aprovechamiento de agua pluvial, deberán recibir el mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento y cumplir con los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-003-SEMARNAT-1997.
• Con fundamento en ‘los artículos 104 y 105 fracciones VI y VII de la LAPTDF, todos los proyectos deberán utilizar agua tratada y/o pluvial en el sistema contra incendios, evitando el uso de agua potable o bien deberán presentar ante la DGRA, la justificación técnica en caso de que no fuera posible.
• Queda prohibido derramar agua potable o verter agua residual, sin previa separación de los sólidos sedimentables al arroyo de la calle, coladeras pluviales o pozos de visita del sistema de drenaje y alcantarillado; así como, descargar o arrojar materiales o residuos que contaminen u obstruyan el flujo de esos cuerpos receptores.
• El responsable de cada proyecto, deberá asegurarse que las concentraciones de los contaminantes’ presentes en las descargas de aguas residuales cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en la NA-DF-015-AGUA-2009.
• Con la finalidad de evitar el desperdicio de agua potable debido a fugas en las tuberías de conducción, se deberá revisar periódicamente el sistema hidráulico; asimismo, se deberá fomentar entre el personal, buenas prácticas ambientales en el uso de dicho recurso.
• Asimismo se deberá colocar a la salida de los desagües, un sistema de retención de sólidos y grasas; asimismo, se deberá proporcionar mantenimiento periódico a dicho sistema, llevando una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo.
B) En materia de energía
• Con fundamento en el artículo 123 de la LAPTDF, se deberá contemplar utilizar celdas fotovoltaicas para el aprovechamiento de la energía solar en las instalaciones de alumbrado en áreas comunes y en el exterior. De la misma forma, podrá instalar cristales fotovoltaicos en las fachadas que así lo permitan.
• Con fundamento en el artículo 123 de la LAPTDF, las instalaciones eléctricas deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en las normas técnicas complementarias respectivas; así como, recibir mantenimiento periódico con el fin de evitar incendios u otro tipo de incidentes. Asimismo, deberá usar para la iluminación, focos ahorradores y/o componentes optoelectrónicos pasivos, conocidos como diodos emisores de luz (LED por sus siglas en inglés).
• Con el fin de incrementar el ahorro de energía los calentadores de agua que requieran como combustible gas licuado o natural, deberán cumplir con el mínimo de eficiencia térmica que establece la NOM-003-ENER-2000.
• Con relación a lo expuesto en la NOM-008-ENER-2001, en caso de así reportarlo, deberá presentar el dictamen de eficiencia energética en los sistemas de enfriamiento aprobado por una unidad de verificación acreditada por la Secretaría de Energía.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, Distrito Federal, a 12 de septiembre de 2014.— Licenciado Roberto Sanciprián Plata (rúbrica), director ejecutivo jurídico.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.— Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Diputado José González Morfín, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura.— Presente.
Como parte del seguimiento del trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) sobre los lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación y su anexo único, y en referencia a nuestro oficio número COFEME/ 14/ 0578, de fecha 6 de marzo de 2014, se comunica lo siguiente:
El 27 de mayo de 2014, la Cofemer recibió el oficio número CIG/ LXII/ 0242/ 2014, de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, mediante el cual se remitía una valoración de los lineamientos, a efecto de considerar sus observaciones en la versión final del documento.
El Inmujeres y la Cofemer realizaron las consideraciones de mérito con base en la retroalimentación provista y, en consecuencia, fueron incorporados nuevos elementos a la versión final de los lineamientos.
El documento normativo antedicho ha sido robustecido por el equipo técnico del Congreso en materia de igualdad de género, y se suma al esfuerzo por garantizar el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, por lo cual únicamente restaría su respaldo institucional para proceder con las formalidades relacionadas con la publicación formal de los lineamientos.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
México, DF, a 9 de septiembre de 2014.— Maestro Virgilio Andrade Martínez (rúbrica), director general.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de la República.— Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación y su anexo único
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de las Mujeres.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; y Virgilio Andrade Martínez, director general de la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria, con fundamento en los artículos 17 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 y 16, fracción III, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; 8, fracción III, y 43, fracciones I y V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres; 69-E, fracción VIII, y 69-G de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2, inciso C, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 3, fracción VII, y 9, fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diverso 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014.
Considerando
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o. la igualdad entre mujeres y hombres y que, a partir de la reforma del artículo 1o. en 2011, los derechos humanos contenidos en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano forman parte de ella, lo cual incluye instrumentos clave relativos a la igualdad de género como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing.
Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone en el artículo 1o. que la administración de los recursos públicos federales deberá realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género;
Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que en el Presupuesto de Egresos se señalarán los programas a través de los cuales se otorguen subsidios que deberán sujetarse a reglas de operación y los criterios generales a que se sujetarán éstas; asimismo, dispone que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas se encargarán de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a las que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria;
Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece que corresponde al gobierno federal conducir la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, entre otras;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, aprobado por decreto publicado el 20 de mayo de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, tiene como una de sus estrategias transversales la perspectiva de género, la cual se considera fundamental para garantizar la igualdad sustantiva de oportunidades entre mujeres y hombres;
Que el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2018 establece la necesidad de diseñar acciones afirmativas desde las reglas de operación para que las mujeres tengan acceso a programas federales de subsidio;
Que el Instituto Nacional de las Mujeres tiene entre sus objetivos promover la igualdad jurídica y de oportunidades entre toda la población mexicana, por medio de estrategias y políticas públicas que garanticen la distribución equitativa de los recursos, igual que el ejercicio pleno de sus derechos;
Que el artículo 25 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 establece que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, con el Instituto Nacional de las Mujeres, revisará las reglas de operación de los programas establecidos en su anexo 12 a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, en los términos de las disposiciones aplicables; por lo que hemos tenido a bien expedir los siguientes
Lineamientos para incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación y su anexo único
Capítulo I Disposiciones Generales
Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto incorporar la perspectiva de género en las reglas de operación de los programas federales que otorguen subsidios, a fin de que el impacto de dichos programas coadyuve a disminuir las brechas de desigualdad de género y el respeto de los derechos humanos de mujeres y de hombres.
Segundo. Las dependencias y las entidades de la administración pública federal encargadas de emitir reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, en las modificaciones de las que continúen vigentes, deberán cumplir los presentes lineamientos.
Tercero. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por
I. Acciones afirmativas: el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
II. Brechas de desigualdad: son las diferencias existentes entre mujeres y hombres en cuanto a oportunidades, acceso, control y uso de recursos, bienes y servicios que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Estas brechas son construidas por la sociedad, y resultan de actitudes y prácticas discriminatorias individuales, sociales e institucionales que se han mantenido a lo largo de los años, que obstaculizan el disfrute y ejercicio igualitario de los derechos humanos.
III. Lenguaje incluyente: la manera de redactar las reglas de operación eliminando o modificando las expresiones sexistas que invisibilizan a las mujeres, las subordinan, las humillan o las estereotipan;
IV. Lenguaje sexista: la forma de expresión excluyente que refuerza la situación de discriminación hacia las mujeres, y promueve la generación de estereotipos;
V. Perspectiva de género: concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; y
VI. Visibilización de las mujeres: la manera de hacer explícita la realidad que enfrentan las mujeres para tener acceso al subsidio, a fin de que se consideren las problemáticas ligadas a su condición de mujer, así como sus necesidades e intereses, pero sin que se refuercen o reproduzcan los estereotipos o roles de género perniciosos.
Capítulo IIDe la Perspectiva de Género
Cuarto. La perspectiva de género se incorporará en las reglas de operación de los programas federales, con el propósito de contribuir a que las mujeres tengan igualdad de oportunidades para acceder a los subsidios que otorgan estos programas, y en su caso, se hará por medio de acciones afirmativas que aceleren dicha igualdad.
Quinto. Los elementos de perspectiva de género que deberán incorporarse en las reglas de operación son los siguientes:
I. Diagnóstico sobre la situación de las mujeres y la brecha de desigualdad,
II. Visibilización de las mujeres en la estructura de las reglas de operación.
III. Lenguaje incluyente.
IV. Acciones afirmativas en la ejecución del programa federal, principalmente en el mecanismo de acceso al subsidio.
V. Registros administrativos e indicadores de resultados desagregados por sexo, excepto en los programas que se dirijan únicamente a mujeres.
Sexto. El lenguaje incluyente deberá aplicarse a lo largo de toda la regla de operación. Por tanto, en su redacción deberá evitarse el uso de acotaciones o frases que establezcan que los términos utilizados en masculino contienen implícitamente la referencia a mujeres y a hombres por igual.
Séptimo. Para incorporar la visibilización de las mujeres en las reglas de operación deberán considerarse los factores sociales, económicos y culturales que obstaculizan su acceso al subsidio, a efecto de que sean contrarrestados mediante acciones afirmativas. Estas medidas deberán presentarse en la descripción de la operación del programa.
Octavo. Para la inclusión de acciones afirmativas en las reglas de operación se tomará en cuenta la visibilización de las mujeres, así como las evaluaciones realizadas al programa federal en términos de igualdad de género, y en su caso la opinión del Instituto Nacional de las Mujeres. Esta opinión podrá insertarse como complemento del dictamen regulatorio que emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en términos de lo previsto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Noveno. Los formatos y registros utilizados por el programa federal en sus procesos de ejecución deberán incluir la variable sexo.
Décimo. Los informes que se elaboren, publiquen y difundan respecto a los avances y resultados del programa deberán incluir de manera sistemática datos desagregados por sexo.
Transitorios
Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Nacional de las Mujeres trabajará de manera conjunta con las dependencias y las entidades de la administración pública federal encargadas de emitir reglas de operación para brindar la capacitación y asesoría necesarias en materia de perspectiva de género.
México, DF, a 21 de agosto de 2014.- La Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y el Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.- Rúbrica.
Anexo único
Este anexo único tiene como propósito brindar una orientación general en materia de perspectiva de género, a las y los responsables del diseño de las reglas de operación.
La perspectiva de género busca principalmente
• Desarraigar las explicaciones sobre las diferencias entre mujeres y hombres basadas en la idealización de los aspectos biológicos y la negación de la influencia social.
• Comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales, las cuales terminan por limitar el acceso equitativo a los recursos económicos, políticos y culturales de las mujeres.
• Identificar vías y alternativas para modificar la desigualdad de género, a fin de promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
• Visibilizar la experiencia de las mujeres en su condición de género para contribuir a una mirada más integral de sus necesidades, intereses y contribuciones al cambio.
A continuación se describen los elementos establecidos en el artículo quinto de los lineamientos para incorporar la perspectiva de género:
I. Diagnóstico sobre la situación de las mujeres y brechas de desigualdad
La integración de la perspectiva de género en un programa o proyecto debe hacerse desde su planeación. El primer paso para lograrlo consiste en realizar un diagnóstico de la situación particular de mujeres y hombres en relación con la problemática principal que atiende el programa, e incluirlo como un apartado de las reglas de operación.
El diagnóstico debe incluir características sociodemográficas de la población objetivo, con estadísticas desagregadas por sexo, así como una descripción de la condición y la posición de las mujeres en la problemática programa, dado que hay desigualdades por razones de género que pueden crear distintas necesidades de atención entre mujeres y hombres. Para ello, el análisis de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres resulta de gran utilidad, pues permite definir su situación respecto a la de los hombres, así como determinar si un programa está favoreciendo o no la igualdad de género, y evaluar si su efecto representa un avance en este sentido.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.
LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se turnó para estudio y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, presentada por el titular del Ejecutivo Federal.
Con fundamento en las facultades establecidas en los Artículos 39, 45 numeral 6 incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 80, 81, 82, 84 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa referida, esta Comisión somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen al tenor de la siguiente:
METODOLOGÍA
La Comisión de Defensa Nacional, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa de mérito, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:
En el apartado denominado “ ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno de la Iniciativa.
En el apartado “ CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.
En las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido de este Dictamen.
ANTECEDENTES
I. El 4 de junio de 2014, el titular del Ejecutivo Federal presentó a la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, misma que se acompaña de los oficios número 315.A.-03336 y 353.A.-0778, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el Dictamen de Impacto Presupuestario, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada en esa misma fecha, la Mesa Directiva dio cuenta de la Iniciativa, y mediante oficio CP2R.-659 comunicó a esta Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados el turno para estudio y dictamen correspondiente.
II. Los integrantes de la Comisión, realizaron diversos trabajos con el propósito de analizar el contenido de la Iniciativa, integrando sus observaciones y comentarios en el cuerpo del presente Dictamen, mismo que se somete a consideración de esta Soberanía, en los términos que aquí se exponen.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
La exposición de motivos de la Iniciativa del Ejecutivo Federal, señala que con el propósito de obtener el mejor desempeño en el servicio al Estado, los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos requieren de preparación, instrucción y actualización constantes.
Refiere que la educación militar es un mecanismo que permite a las Fuerzas Armadas Mexicanas contar con los elementos técnicos y académicos para el mejor desempeño de sus funciones.
Considera que el Sistema Educativo Militar constituye una herramienta imprescindible no sólo en la formación profesional y técnica del personal castrense, sino también para la propia institución que representan, ya que contribuyen a mejorar los niveles de eficiencia terminal y a optimizar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros disponibles.
Sin embargo, señala que no obstante la riqueza formativa que ofrece el Sistema Educativo Militar, existen obstáculos legales que dificultan el camino de preparación continua y permanente de los miembros en activo del Instituto Armado.
En este sentido, la Iniciativa propone reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con el propósito de beneficiar a los militares profesionales formados en sus filas a través del reconocimiento y de la eliminación de obstáculos en su formación.
Para atender los aspectos descritos, la Iniciativa propone realizar los siguientes cambios a la citada Ley:
1. Establecimiento del Servicio de Informática:
a) En el Artículo 68, adicionar una fracción XI, recorriendo las subsecuentes en su orden, para incorporar como parte de las Unidades de Servicios el de Informática.
b) Adicionar un Artículo 95 Bis, para describir las funciones que llevará a cabo el Servicio de Informática.
c) Adicionar un Artículo 95 Ter, para disponer que el Director del Servicio de Informática será un Ingeniero en Computación e Informática, con grado de General, y
d) En el Artículo 193, adicionar una fracción XII, recorriendo las subsecuentes en su orden, para disponer que el servicio de informática se dividirá en dos grupos, el primero, Ingeniero en Computación, que tendrá en el escalafón como grados mínimo y máximo, los de Subteniente a General de Brigada; el segundo, Especialistas del Servicio de Informática, que tendrá como grados mínimo y máximo los de Soldado a Teniente Coronel.
2. Incorporación de los cursos de capacitación y actualización, en congruencia con el Sistema Educativo Militar, así como la reducción de los tiempos de servicio obligatorio.
a) Reformar el segundo párrafo del Artículo 150, para precisar que los miembros del Ejército y Fuerza Aérea podrán ser asignados o autorizados para efectuar cursos de capacitación y actualización, en congruencia con la clasificación del Sistema Educativo Militar.
b) También en este párrafo se precisa que cuando el periodo del curso sea igual o mayor a seis meses el tiempo obligatorio del servicio será de un año, y cuando el periodo sea menor de seis meses, el tiempo adicional del servicio será igual a la duración del curso.
Asimismo, con la finalidad de dar mayor claridad al texto, se desagrega la última parte del segundo párrafo, relativa a la realización de cursos en el extranjero por parte del personal militar, en un tercer párrafo con lo cual se logra mayor claridad en los temas abordados en el citado Artículo.
3. Elevar los grados máximos en el escalafón, para los servicios de Materiales de Guerra, de Sanidad y de Enfermeras.
Se reforma el Artículo 193, en sus fracciones V, inciso B, y IX, incisos C y D, para actualizar el grado máximo al que se podrá aspirar en los servicios de Materiales de Guerra, de Sanidad y de Enfermeras, pasando de Teniente Coronel a Coronel.
4. Precisar la baja por recisión del contrato de enganche o de la renovación para los Cabos y Soldados y establecer en la Ley su derecho de audiencia.
Se reforma el Artículo 170, fracción II, inciso G, para precisar que procederá la baja por rescisión del contrato de enganche o el de su renovación, para los soldados y cabos, otorgándoles la garantía de audiencia por quince días hábiles.
Para ilustrar los cambios que propone la Iniciativa, sirva el cuadro comparativo siguiente:
CONSIDERACIONES
La Comisión de Defensa Nacional, como órgano legislativo de la Cámara de Diputados tiene competencia para atender la presente Iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (LOEFAM en adelante), en virtud de la facultad que tiene el Congreso para determinar la estructura, organización y funcionamiento de las fuerzas militares, establecida en el Artículo 73 fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra expresa:
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
(...)
XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio
(...)”
Una vez planteados los antecedentes, contenido y objetivos de la Iniciativa que se analiza, la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados como instancia legislativa competente para atender la misma,emite las siguientes consideraciones:
PRIMERA. ASPECTOS GENERALES
Esta Comisión coincide con la Iniciativa, respecto a la conveniencia de fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, a partir de la actualización de su Ley Orgánica respecto al establecimiento del Servicio de Informática; la incorporación de los cursos de capacitación y actualización conforme a las actividades de formación y profesionalización contempladas en el Sistema Educativo Militar; la elevación del grado mínimo y máximo en el escalafón para los servicios de Materiales de Guerra, de Sanidad y de Enfermeras; y finalmente, en la precisión en el procedimiento de recisión de los contratos de enganche.
Esta Comisión concuerda con el titular del Ejecutivo Federal, en el sentido de que a partir de las reformas propuestas se beneficiará a los militares formados en el Sistema Educativo Militar toda vez que implican, entre otras cosas, el reconocimiento a los egresados del Sistema Educativo Militar y la eliminación de condiciones que inhiben y limitan la formación y profesionalización de los mismos.
Se estima que la actualización de la Ley, permitirá atender con mayor eficacia las necesidades operativas, logísticas y estratégicas de los Institutos Armados, lo cual repercutirá en el cumplimiento de sus misiones generales, en beneficio de la Seguridad Nacional. La modernización que implican las reformas y adiciones propuestas, perfilará también el fortalecimiento institucional para responder a los retos actuales y futuros de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire.
Esta actualización representa avanzar hacia una Institución más eficaz en su quehacer permanente, en congruencia con los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de esa Dependencia.
En ese sentido, se considera que las reformas y adiciones propuestas por el Ejecutivo Federal inciden en las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, particularmente en la conformación orgánica del personal de las Fuerzas Armadas para lograr las condiciones operativas que les permitan el cumplimiento de sus misiones generales, en beneficio de la población y las instituciones del Estado.
El Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional proyecta para los próximos años, emprender un proceso integral de reingeniería interna, que le permita hacer más eficientes sus actividades de planeación, organización, dirección y control, destacando la transformación del Sistema Educativo Militar hacia la excelencia académica, y fortalecer el adiestramiento y doctrina militar, la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, que tendrán como finalidad, modernizar al Ejército y Fuerza Aérea.
Se coincide en que, con los cambios propuestos, se dotará a la Secretaría de la Defensa Nacional de los elementos necesarios para desempeñar con eficiencia, eficacia y economía sus atribuciones y mantener la operatividad de sus Institutos Armados en el desempeño de tareas específicas que demandan un alto grado de especialización, con lo que podrá disponer de tropas cada vez más preparadas y comprometidas con sus misiones.
Con base en lo anterior, esta Comisión encuentra jurídicamente viables las reformas y adiciones planteadas, y coincide con su alcance y sentido; en consecuencia,.
SEGUNDA. RESPECTO A LA PROPUESTA DE INCLUIR EL “SERVICIO DE INFORMÁTICA” COMO PARTE DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS EN LAS QUE SE DESEMPEÑAN ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES.
La Iniciativa propone diversas reformas y adiciones a la LOEFAM, con el propósito de: 1) establecer el “servicio de informática”, 2) enunciar las funciones específicas que debe ejercer como órgano administrativo, así como el perfil del militar que ocupe su titularidad; y 3) señalar los escalafones y grados que corresponderán a este nuevo Servicio, de acuerdo a lo siguiente:
1) Adición de una nueva fracción XI en el Artículo 68, recorriéndose las subsecuentes en su orden, para incluir el Servicio de Informática en el catálogo de Unidades de Servicio establecidas en la LOEFAM.
De acuerdo con el Artículo 54 de la Ley en revisión, el Ejército Mexicano se compone de unidades organizadas y adiestradas para las operaciones militares terrestres y está constituido por “Armas” y “Servicios”.
Las Armas –refiere la Ley- son los componentes del Ejército Mexicano cuya misión principal es el combate, siendo estas: Infantería; Caballería; Artillería; Blindada; e Ingenieros (Artículos 55 y 56).
Por su parte, los Servicios son los componentes que tienen como misión principal satisfacer necesidades de vida y operación, por medio del apoyo administrativo y logístico formando unidades organizadas, equipadas y adiestradas para dichas actividades. Los Servicios del Ejército y Fuerza Aérea son: Ingenieros, Cartográfico, Transmisiones, Materiales de Guerra, Transportes, Administración, Intendencia, Sanidad, Justicia, Veterinaria y Remonta, Meteorológico, Control de Vuelo, y Material Aéreo (Artículos 67 y 68).
Como se observa en el párrafo anterior, la Ley no contempla el Servicio de Informática, no obstante que éste ha venido funcionando en la estructura orgánica y se ha vuelto fundamental para el desarrollo organizacional de la Secretaría de la Defensa Nacional en el desempeño de sus actividades.
Como lo refiere el Ejecutivo Federal, el Servicio de Informática del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos fue reconocido oficialmente a través del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre del año 2000, mediante el cual se especificaron las funciones y personal a cargo del Servicio.
Dicho Decreto estableció la necesidad apremiante del aprovechamiento y actualización de los avances tecnológicos en materia de informática para mejorar la eficiencia administrativa y operativa de la institución, así como promover la formación de especialistas en tecnologías de la información y el desarrollo de la cultura informática entre sus integrantes.
Con base en lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional considera que al incluir el Servicio de Informática en la Ley Orgánica, se formaliza su existencia y se da sustento jurídico a su actuación desde el punto de vista jerárquico de las normas.
Si bien es cierto que el Servicio de Informática fue reconocido oficialmente a través del Decreto Presidencial de septiembre del año 2000, y que tanto el Reglamento Interior y el Manual de Organización General de la Secretaría de la Defensa Nacional contemplan la existencia de la Dirección General de Informática, su existencia para atender necesidades legitimas propias de la organización, podría estar sujeta a la voluntad de las autoridades administrativas.
Es importante destacar que una de las características de la ley es su permanencia, pues se dota de vigencia con carácter indefinido y sólo perderá ésta mediante su abrogación, subrogación y derogación por leyes posteriores que deberán seguir el mismo proceso legislativo que les dio origen, a diferencia de las disposiciones reglamentarias, en las que su vigencia, tienen un carácter discrecional de las autoridades administrativas en turno.
Asimismo, su existencia en la Ley, significa un reconocimiento en beneficio de los militares profesionales formados en sus filas que ya se desempeñan en el Servicio de Informática.
Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadoraconsidera de aprobarse la propuesta.
2) Adicionar los artículos 95 Bis, para establecer las funciones específicas que tendrá a su cargo el Servicio de Informática; y el 95 Ter, para definir el perfil profesional de su Titular.
a) Establecer las funciones específicas al Servicio de Informática mediante la adición de un Artículo 95 Bis.
La Iniciativa propone señalar como funciones específicas del Servicio, la instalación, operación y mantenimiento tanto de los bienes como de los servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; fijar normas técnicas para los bienes y servicios informáticos; recibir, almacenar, abastecer, evacuar, reparar, recuperar y controlar los bienes y servicios informáticos; planear, organizar, implementar, conservar y explotar bienes y servicios informáticos, y auxiliar en los procedimientos de auditoría y seguridad informática.
Al respecto la Comisión Dictaminadora, considera que dichas funciones son adecuadas y congruentes con la diversidad de actividades propias del Servicio de Informática.
El desarrollo organizacional, exige una gestión operativa y de recursos humanos y materiales eficiente, eficaz y racional, por tal motivo, es indispensable señalar de manera concreta en la Ley las funciones logísticas, operativas y de apoyo específicas, que como órgano técnico administrativo deberá cumplir el Servicio de Informática para contribuir al adecuado funcionamiento de las demás Unidades de Servicio y de Combate del Ejército y Fuerza Aérea.
En el proceso de diseño organizativo, la racionalidad del mismo depende en buena medida de la asignación de funciones (responsabilidades) que en contrapartida implica la posibilidad de implementar prácticas de evaluación, control, rendición de cuentas, respecto al cumplimiento de objetivos (metas), así como del ejercicio de recursos.
b) Respecto a la propuesta de adicionar un Artículo 95 Ter, para establecer el perfil profesional y Grado de quien ocupará la Titularidad de la Dirección General del Servicio de Informática.
Refiere la Iniciativa que el Decreto de creación del Servicio de Informática publicado en el 2000, establece que el titular del área sea un General procedente de Arma o Servicio, lo que da lugar a una amplia gama de profesionales que pudieran no estar lo suficientemente capacitadas en materia informática, independientemente de contar con el rango jerárquico requerido.
Por ello propone en un nuevo artículo, que la Dirección del Servicio de Informática deberá ser ocupada por un militar con el Grado de General, que tenga la profesión de Ingeniero en Computación e Informática. (Egresado de la Escuela Militar de Ingenieros, especialidad que posee los conocimientos necesarios para dirigir este Servicio)
Lo anterior, se considera acertado en observación del principio de especialización profesional, con el propósito de lograr un desempeño eficaz en las actividades propias del servicio. Cabe señalar que la especialización en el área contribuye a la gestión de equipos, la polivalencia, la innovación, la empatía y la excelencia en la comunicación, lo cual es determinante para el buen funcionamiento de un equipo de trabajo.
Esta Comisión, valora que el Grado de General establecido para quien ocupe la titularidad de la Dirección General, es acorde con el nivel de responsabilidad que requiere el cargo.
En atención a lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera acertada la propuesta.
Sin embargo, con el objeto de enriquecer la propuesta se hace notar que el Capítulo IV, denominado “Los Servicios” que incluye 35 Artículos (del 67 al 101) se encuentra subdividido en títulos y cada uno de los títulos lleva el nombre del Servicio al que hacen referencia los Artículos correspondientes. En este sentido, se incorpora el título “Servicio de Informática”, antes de los nuevos Artículos que se adicionan, con el propósito de armonizar la propuesta del Ejecutivo Federal, con la estructura de la Ley vigente.
3) Adición de una nueva fracción XII recorriendo las subsecuentes del Artículo 193 para establecer el escalafón y los grados que comprende el Servicio de Informática.
Esta propuesta tiene el propósito de establecer el escalafón del Servicio de Informática y los grados jerárquicos a los que podrán aspirar sus integrantes; para el caso de los Ingenieros en Computación e Informática de dicho servicio, podrán aspirar a los grados de Subteniente a General de Brigada; y los Técnicos Especialistas de Informática a los grados de Soldado a Teniente Coronel.
Al respecto, se observa que el escalafón de Ingenieros en Computación e Informática propuesto, es acorde con la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece para los egresados de la Escuela Militar de Ingenieros el grado inicial de Subteniente. Por su parte, el Artículo 193 de la Ley Orgánica señala como grado máximo para los escalafones de Servicios el de General de Brigada.
Por su parte, el escalafón propuesto para los “ Especialistas de Informática”, es congruente con el contenido del Artículo 195 de la Ley Orgánica, que establece que los militares especialistas pueden aspirar en la escala jerárquica militar desde soldado hasta Teniente Coronel.
Dicha propuesta es acertada y necesaria para establecer en el escalafón el rango de jerarquías al que podrán aspirar los profesionistas y especialistas en la materia, observando que los rangos propuestos para el nuevo Servicio son congruentes con los grados jerárquicos establecidos para los otros Servicios, conforme a los artículos 193 y 195.
Las jerarquías son la base para determinar la estructura organizacional, a medida que aumente el grado, o ascienda, también aumentan las responsabilidades asumidas dentro del área de adscripción. Mientras más alto sea el grado de un militar, mayor responsabilidad tendrá sobre personal, equipos y tareas.
TERCERA. SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 150, PARA INCENTIVAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA.
El Artículo 150 vigente, establece en su primer párrafo el tiempo de servicios adicionales al que se compromete el personal discente al ser admitido para efectuar Cursos de Formación en los Planteles de Educación Militar, siendo éste, como mínimo del doble de tiempo al de la duración del Curso correspondiente.
El segundo párrafo, objeto de esta reforma, establece que los militares designados o autorizados para efectuar cursos en el país, diferentes a los de formación, serviránun año adicional por cada año o fracción que duren en esa situación; asimismo establece los tiempos por cursos en el extranjero.
El objetivo principal de esta reforma es incentivar al personal militar para continuar su formación, mediante la reducción del tiempo obligatorio de prestación de servicios adicionales cuando la formación implique periodos de tiempo menores a seis meses.
Adicionalmente, se modifica el párrafo segundo con el propósito de complementar la lista de cursos incluidos, y para darle mayor claridad a su redacción se desagrega en un nuevo párrafo tercero, referido al tiempo obligatorio de servicios cuando los cursos se realicen en el extranjero.
1) Reducir el tiempo obligatorio de prestación de servicios adicionales cuando la formación implique periodos de tiempo menores a seis meses;
Como lo señala la Iniciativa, la temporalidad del servicio establecida en el segundo párrafo del Artículo 150 en comento, al referirse sólo a “cada año o fracción” ha provocado que los militares inscritos en cursos nacionales que duran días e incluso horas, se obliguen a servir de forma adicional por un año completo. Situación que resulta inequitativa y desproporcional, que en la práctica, ha producido la ausencia de interés del propio personal militar para continuar su formación, en detrimento del espíritu mismo de la educación militar.
Por ello, la Iniciativa propone precisar que los miembros del Ejército y Fuerza Aérea que sean designados o autorizados a solicitud propia, para realizar cursos en el país con duración menor a seis meses, el tiempo de servicios adicional obligatorio sea igual al de la duración de los cursos; y para el caso de los que son mayores a seis meses que el tiempo de servicios adicionales sea de un año.
Al respecto, se recuerda que la Educación Militar tiene como uno de sus objetivos –según la Ley de la materia- fortalecer mediante un proceso continuo y permanente, el desarrollo profesional del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en un marco de calidad educativa.
En ese sentido, si lo que se busca es promover la preparación constante del personal militar, se deben eliminar las barreras que limiten ese proceso continuo y permanente, en este caso el tiempo que se debe retribuir por los estudios cursados.
En razón de lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional considera positiva la propuesta de señalar de manera diferenciada, las hipótesis que se presentan en relación con la oferta y la duración de cursos para el personal militar, haciendo la distinción de aquéllos que duran menos de seis meses y los que son superiores a ese tiempo.
Esta Comisión, considera que lo anterior estimula y promueve el aprovechamiento de la variedad de cursos ofertados en el Sistema Educativo Militar, coadyuvando al desarrollo profesional del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en un marco de calidad educativa. En consecuencia, se pronuncia poraprobar la modificación propuesta.
2) Sobre las reformas propuestas al párrafo segundo del Artículo 150.
a) Se reforma para complementar la lista de cursos incluidos, agregando los de “capacitación y actualización” para hacerlo congruente con el Artículo 16 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
La redacción vigente hace mención únicamente de los Cursos de Aplicación, Especialización, Perfeccionamiento, de Postgraduados, Superiores y otros en el país.
Por su parte, la Ley de Educación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos señala en el Artículo 16, que por su propósito, los cursos del Sistema de Educación Militar se clasifican en:
“I. De Formación;
II. De Capacitación;
III. De Aplicación;
IV. De Perfeccionamiento;
V. De Actualización, y
VI. De Especialización.”
(Énfasis añadido)
Por su parte, el Reglamento de la Ley de Educación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos describe de forma específica, en el Artículo 72, cada uno de los cursos que se imparten en el Sistema Educativo Militar:
“ARTÍCULO 72.- De acuerdo con su propósito, los Cursos del Sistema previstos en la Ley, se clasifican como sigue:
(...)
II. De capacitación: Los que imparten educación para la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas que permitan al egresado, desarrollar una actividad específica en el ámbito militar.
(...)
V. De actualización: Los que proporcionan conocimientos tácticos y técnicos, de acuerdo al desarrollo científico, tecnológico y doctrinario de las armas, servicios o especialidades, y
(...)”
La educación, en general, es un proceso multidireccional de transferencia cultural del cual nos valemos para poder transmitir una serie de valores y conocimientos, que facilita el enriquecimiento personal y ayuda a interactuar con el mundo exterior.
En dicho proceso de transmisión, los cursos de capacitación y actualización son fundamentales para mantener la vigencia de los conocimientos adquiridos durante la formación educativa.
En ese tenor, se considera importante incluir los cursos de formación y capacitación en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para darle congruencia con el contenido de la Ley de Educación del Ejército y Fuerza Aérea y su Reglamento.
Por lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional considera de aprobarse la propuesta de modificación referida.
b) La Iniciativa también propone, para darle mayor claridad a la redacción, desagregar la última parte del párrafo segundo en un nuevo párrafo tercero (adición), referido a los tiempos adicionales obligatorios que deberán de cumplir los militares que realicen cursos en el extranjero.
La redacción vigente, establece que “ de que los Cursos se realicen en el Extranjeroy a su costa, ese tiempo adicional se duplicará y si las erogacionesque causen sus gastos son a cargo del Erario Nacional, el tiempo adicional de servicios se triplicará”.
La Iniciativa propone modificar la redacción trasladando el enunciado en un nuevo párrafo tercero, en el que se sustituirá “en el caso” por “En todos los casos”.
Por otra parte, en lo referente a la precisión de quién es el responsable de los gastos generados por cursar estudios en el extranjero, modifica la expresión “a su costa” por “a costa del interesado”.
Al respecto, la Comisión de Defensa Nacional coincide en que los cambios mejoran la redacción y considera que generan certeza jurídica.
En razón de lo anterior,, para adicionar un párrafo tercero en los siguientes términos:
los cursos se realicen en el extranjeroy a costa del interesado, el tiempo adicional se duplicará y, si las erogaciones son a cargo del Erario Nacional, el tiempo adicional de servicios se triplicará.”.
CUARTA. CON RELACIÓN A ELEVAR EL GRADO MÁXIMO PARA LOS EGRESADOS DE LAS ESCUELAS MILITARES DE MATERIALES DE GUERRA, DE SANIDAD Y DE ENFERMERAS.
La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, cuenta con un Capítulo IV denominado de los Escalafones, integrado por los artículos del 190 al 199, en el cual se describen los diferentes escalafones y grados que comprenden las Armas de los Cuerpos Especiales del Ejército y Fuerza Aérea, así como los que comprenden los Servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
La descripción detallada de cada escalafón y grado, da claridad a la organización y estructura del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y contribuye al eficaz cumplimiento de sus misiones, al dar congruencia a los niveles de mando y sus escalas jerárquicas.
Dicha organización también implica seguridad para el personal militar, que atendiendo a su formación profesional y militar, tendrá plena certeza del grado que le corresponderá al egresar de alguna de las carreras o realizar cualquiera de las especializaciones impartidas en el Sistema Educativo Militar.
Asimismo, constituye también un estímulo para el personal militar pues tendrá certeza de los diferentes grados que podrá alcanzar durante su carrera militar, a partir de sus estudios, pero también con base a su esfuerzo y entrega al servicio de las Armas.
Dichas disposiciones son reguladas en lo conducente, en el Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En relación con los escalafones, en el Artículo 5 del mismo reglamento, fracciones X, XII y XIII, se aportan las definiciones de Escalafón, Especialidad y Especialista, en los términos siguientes:
“Escalafones, las listas nominales de Generales, Jefes, Oficiales y Sargentos profesionales en el servicio activo, clasificados por armas, servicios, especialidades, antigüedad en el empleo, tiempo de servicios y edad.
Especialidad, el conjunto de conocimientos teóricos y prácticos de índole particular que posee el militar dentro de una ciencia, técnica o arte.
Especialista, el militar perteneciente a los servicios del Ejército o Fuerza Aérea Mexicanos que cuenta con una determinada preparación, habilidad u oficio, en alguna de las ramas de la ciencia, de la técnica o del arte y que no tiene escalafón propio, pudiendo ser profesionista, técnico, maestro, artista, artesano, obrero calificado o trabajador manual”.
En cuanto a las reformas al Artículo 193 que se analiza, el titular del Ejecutivo Federal propone elevar el grado máximo al que podrá aspirar el personal militar en los Servicios de Materiales de Guerra y Personal de Sanidad que pasarán, en ambos casos, de Teniente Coronel a Coronel.
Al respecto, cabe tener presente que el Servicio de Materiales de Guerra se divide en dos grupos: Ingenieros Industriales, cuyas jerarquías van de Subteniente a General de Brigada y de Materiales de Guerra, de Soldado a Teniente Coronel.
En el caso del Servicio de Sanidad, se divide en cinco grupos en los que destaca que el escalafón del Personal de Sanidad y de Enfermeras establece el grado máximo de Teniente Coronel.
En este sentido, de acuerdo con la Iniciativa del Ejecutivo Federal, el personal de los Servicios de Materiales de Guerra, Sanidad y de Enfermeras desarrolla, a partir de las necesidades actuales de ambos Institutos Armados, funciones superiores a las de su grado, tales como Director o Subdirector que corresponden al grado superior de Coronel.
En tal virtud, a partir de las reformas propuestas se reconocen las funciones de mando que actualmente ejerce el personal militar en los servicios citados.
Esta Comisión estima que las reformas en los términos propuestos son congruentes con las necesidades de los servicios en el Ejército y Fuerza Aérea, a la vez que reconocen la entrega y liderazgo en los cargos del personal militar.
Cabe señalar también que un gran número de mujeres militares ha causado alta, precisamente en los Servicios de Sanidad y, de manera relevante, en los relativos de Enfermería. En este sentido, de manera adicional, la reforma contribuye al reconocimiento de mujeres que han optado la carrera de las armas, en los Servicios referidos.
Dichas reformas contribuyen a mejorar la organización y estructura actual de los Institutos Armados y se reflejarán en mayor eficacia en el cumplimiento de sus misiones. Asimismo, impactarán positivamente en el mejoramiento de las condiciones e ingresos del personal militar, toda vez que se dará mayor movilidad a los movimientos escalafonarios y prospectivas de crecimiento.
Por los razonamientos expresados, la Comisión de Defensa Nacional estima viable la reforma al Artículo 193, fracción V, inciso B y fracción IX incisos C y D.
QUINTA. RESPECTO A LA PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 170, INCISO G), PARA PRECISAR LA BAJA POR RESICIÓN DEL CONTRATO DE ENGANCHE, PARA SOLDADOS Y CABOS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS Y OTORGAR EL DERECHO DE AUDIENCIA.
La propuesta de reforma descrita, tiene como objetivos:
a) Precisar que la baja por recisión del contrato de enganche o de la renovación, aplicará para soldados y cabos.
De conformidad con la LOEFAM, el reclutamiento del personal de tropa se llevará por proscripción, de conformidad con la Ley del Servicio Militar, o por enganche, conforme a las condiciones establecidas en el contrato correspondiente (Artículo 149).
Asimismo, en el Artículo 153 de la misma Ley, se establece que el tiempo de duración de los contratos de enganche para el personal que preste sus servicios en la clase de Arma o Servicio, no excederá de tres años, en tanto para los que lo hagan en la Clase de Auxiliares, no excederá de cinco años.
No obstante lo anterior, si se estiman utilizables los servicios, se podrá reenganchar al personal de Cabos y Soldados de las Clases de Arma y Servicios. En el caso de los Soldados, el tiempo de servicios de sus contratos de enganche y reenganche, será máximo de nueve años (Art. 145).
En cuanto al personal de Militares Auxiliares que ostente grados comprendidos en la clasificación de tropa, podrá ser renganchado por períodos que no excederán de cinco años, tantas veces como se estimen necesarias (Art. 156).
De conformidad con el Artículo 35 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el Contrato de Enganche es el documento que establece la relación jurídico-administrativa entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el aspirante, en el cual se estipulan las obligaciones y los derechos de este último al causar alta en alguno de los institutos armados.
El Artículo 170, objeto de la reforma que se analiza, establece que la baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, la cual procederá por ministerio de Ley o por Acuerdo del Secretario de la Defensa; en éste último caso se contempla la rescisión del contrato de enganche, conforme a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Al respecto, el Ejecutivo Federal propone precisar que los sujetos de esta causal son los Soldados y Cabos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, toda vez que de conformidad con el Artículo 145 de la LOEFAM, los Cabos y Soldados de las clases de Arma y Servicio, no serán de carrera profesional ni permanente y sus servicios en el activo estarán sujetos al contrato respectivo.
Asimismo, en la reforma se aclara que la rescisión podrá recaer en el contrato de enganche o de la renovación del mismo –reenganche-.
Cabe señalar que las causales de baja se encuentran enunciadas en el Artículo 42 del Reglamento antes citado, las cuales también deben reproducirse en el contrato de enganche correspondiente. Es decir, no constituyen actos discrecionales por parte de los jefes y mandos militares.
También se tiene presente que el contrato, en un concepto general, es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear o transferir derechos y obligaciones, durante un tiempo determinado.
En este análisis, es importante recordar que la disciplina constituye uno de los pilares fundamentales de los Institutos Armados, la cual puede afectarse por la realización u omisión de alguno de los supuestos enunciados en el Artículo 42, antes referido, por parte de algún elemento militar, pudiendo incluso poner en riesgo el cumplimiento de sus misiones o a la sociedad misma.
A partir de la reforma propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, se brinda mayor claridad a los Soldados y Cabos, respecto a las causales de baja que les podrán o no ser aplicadas, según su grado militar y relación contractual.
b) Establecer el derecho de audiencia por quince días hábiles, a quienes se coloquen en el supuesto de baja por rescisión del contrato de enganche o de su renovación.
Como parte de la reforma al inciso G), fracción II del Artículo 170, relativa a la rescisión del contrato de enganche, se traslada y amplía en la Ley el derecho de audiencia, contemplado actualmente en el Artículo 43 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de manera que el elemento a quién se le inicie el procedimiento para la rescisión del contrato, tendrá 15 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que a su favor estime convenientes.
Esta reforma es congruente con los avances llevados a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de derechos humanos y tiene por objeto fortalecer el debido proceso dentro del procedimiento de rescisión, de manera que el personal militar en los grados de Soldados y Cabos, pueda defender los derechos que estimen afectados.
El derecho de audiencia en este caso, tiene por objeto fortalecer la transparencia dentro del procedimiento administrativo de rescisión, en beneficio del personal militar de los grados referidos. Este derecho, es uno de los llamados principios jurídico-naturales del proceso, que deben formar parte de la legislación y la realidad procesal si se quiere alcanzar la justicia.
Atendiendo a este derecho, no puede dictarse una resolución perjudicial para una persona sin que ésta haya tenido oportunidad de exponer, dentro del proceso en que la resolución recae, lo que estime conveniente como medio de defensa.
Cabe señalar que conforme al Artículo 43 del reglamento antes referido, el afectado tiene actualmente tres días para manifestar lo que a su derecho convenga y aportar las pruebas conducentes, tiempo que se estima insuficiente para sustentar de alguna manera su defensa frente al acto de rescisión.
Es importante destacar que la incorporación del derecho de audiencia en la Ley lo reviste de mayor certeza jurídica toda vez que, como se mencionó anteriormente, una de las características de ésta es su permanencia, pues se le dota de vigencia con carácter indefinido y sólo perderá ésta mediante su abrogación, subrogación y derogación por Leyes posteriores que deberán seguir el mismo proceso legislativo que les dio origen.
Esta Comisión reconoce la voluntad del Ejecutivo Federal de actualizar la norma a la que nos referimos, elevando a rango de Ley el derecho de audiencia, en congruencia con el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Americana de los Derechos Humanos.
Por los razonamientos expresados, la Dictaminadora de establecer en el Artículo 170, fracción II, inciso G, de la LOEFAM, el derecho de audiencia a los soldados y cabos que sean dados de baja a consecuencia de la rescisión del contrato de enganche o del de su renovación.
SEXTA. DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEL IMPACTO PRESUPUESTAL.
La Iniciativa propone disposiciones transitorias, entre las que se destacan las dirigidas a resguardar los derechos del personal militar que actualmente ostentan cargos en los que se realizarán cargos estructurales y de escalafón, así como la referida al impacto presupuestal de la reforma.
La Dictaminadora considera acertada la disposición Segunda Transitoria, referida a las reformas al Artículo 193 en relación a la modificación de los grados máximos en los escalafones de los Servicios de Materiales de Guerra y de Sanidad, pues con ellas se resguardan los derechos adquiridos del personal que actualmente ostenta el grado de Teniente Coronel y que percibe un haber complementario debido al impedimento legal de ser ascendido.
Asimismo se considera positiva la disposición Transitoria relativa a lograr la operatividad del nuevo Servicio de Informática, que propone que en tanto no exista un General de profesión Ingeniero en Computación e Informática, la Dirección General de dicho Servicio pueda ser ocupada por un General (con otra profesión) que designe la Secretaría de la Defensa Nacional.
Respecto a las adecuaciones que se deberán realizar en el Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, derivado de las diversas reformas y adiciones a la LOEFAM, se considera razonable el plazo de 180 días naturales que se pretende establecer.
Por otra parte, se hace notar que la Comisión que suscribe, ha tomado nota puntual de la opinión de la Subsecretaria de Egresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en relación con el cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de impacto presupuestal, en el que se asegura, que en el caso de aprobarse las modificaciones propuestas en la Iniciativa de mérito, no se prevé impacto presupuestario adicional para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Finalmente, se hace notar que el Artículo sexto transitorio especifica que las erogaciones que deriven de la aplicación del proyecto de Decreto serán realizadas mediante movimientos compensados y no se requerirán recursos adicionales, por lo que la Secretaría de Defensa Nacional debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal en curso y no incrementar su presupuesto regularizable.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional que suscriben, con fundamento en los Artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la aprobación del Dictamen por el que se aprueba el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS
ÚNICO.- Se REFORMAN el segundo párrafo del Artículo 150; el inciso G de la fracción II del Artículo 170; el inciso B de la fracción V, y los incisos C y D de la fracción IX del Artículo 193; y se ADICIONAN la fracción XI, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al Artículo 68; los Artículos 95 Bis y 95 Ter; un tercer párrafo al artículo 150; y la fracción XII, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 193, todos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:
ARTICULO 68. ...
I. a X. ...
XI. Informática;
XII. Meteorológico;
XIII. Control de Vuelo; y
XIV. Material Aéreo.
Servicio de Informática
ARTICULO 95 Bis. El servicio de informática tendrá a su cargo la instalación, operación y mantenimiento de los bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea; además realizará las actividades siguientes:
I. Diseñar, desarrollar, recibir, almacenar, abastecer, evacuar, reparar, recuperar y controlar los bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea;
II. Fijar normas técnicas para los bienes y servicios informáticos;
III. Planear, organizar, implementar, conservar, explotar y adaptar bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea, así como los que queden bajo control militar;
IV. Auxiliar en los procedimientos de auditoría y seguridad informática;
V. Auxiliar a los mandos en todos los niveles en el empleo, operación y conservación de los bienes informáticos, capacitar al personal del servicio y fomentar la cultura informática, y
VI. Las demás que le confieran esta Ley y cualquier disposición aplicable.
Artículo 95 Ter. El Director del Servicio de Informática será un General Ingeniero en Computación e Informática.
ARTICULO 150. ...
Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, que sean designados o autorizados a su solicitud, para efectuarCursos de Capacitación, Actualización, Aplicación, Especialización, Perfeccionamiento, de Postgraduados, Superiores y otros en el país, además del tiempo a que ya están obligados por disposición legal o por compromiso suscrito, servirán un año adicional por cada año o fracción igual o mayor a seis meses y, en el supuesto que dicho periodo sea menor de seis meses, el tiempo adicional será igual a la duración del Curso.
En todos los casos, cuando los Cursos se realicen en el extranjero y a costa del interesado, el tiempo adicional se duplicará y, si las erogaciones son a cargo del Erario Nacional, el tiempo adicional de servicios se triplicará.
ARTICULO 170. ...
I. ...
II. ...
A. a F. ...
G. Para los Soldados y Cabos, por la rescisión del contrato de enganche o del de su renovación, otorgándoles la garantía de audiencia por quince días hábiles en los términos del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
...
ARTICULO 193. ...
I. a IV. ...
V. ...
A. ...
B. De Materiales de Guerra.
De Soldado a Coronel.
VI. a VIII. ...
IX. ...
A. a B. ...
C. Personal de Sanidad.
De Soldado a Coronel;
D. Enfermeras.
De Soldado a Coronel; y
E. ...
X. a XI. ...
XII. De Informática que se divide en dos grupos:
A. Ingeniero en Computación e Informática.
De Subteniente a General de Brigada.
B. Especialistas del Servicio de Informática.
De Soldado a Teniente Coronel.
XIII. Del Servicio Meteorológico Militar, que se divide en tres grupos:
A. a C....
XIV. Del Servicio de Control de Vuelo.
De Subteniente a Coronel.
XV. Del Servicio del Material Aéreo, que se divide en seis grupos;
A. a F. ...
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El personal del Servicio de Materiales de Guerra y de Sanidad, comprendidos en el Artículo 193 fracción V inciso B, fracción IX, incisos C y D; que ostentan el grado de Teniente Coronel y perciben un haber complementario por encontrarse en los supuestos que establece el Artículo 45 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, conservarán sus derechos adquiridos, hasta en tanto asciendan al grado de Coronel, o bien pasen a situación de retiro.
TERCERO.- Para los efectos de lo previsto en el Artículo 95 Ter, en tanto no exista un General Ingeniero en Computación e Informática, se podrá nombrar como Director General del servicio a quien designe la Secretaría de la Defensa Nacional.
CUARTO.- El Ejecutivo Federal deberá realizar las reformas necesarias al Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de conformidad con lo previsto en este Decreto, dentro de los 180 días naturales posteriores a su entrada en vigor.
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
SEXTO.- Las erogaciones que deriven de la aplicación de este Decreto serán realizadas mediante movimientos compensados y no se requerirán recursos adicionales por lo que la Secretaría de Defensa Nacional, debe sujetarse a su presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y no incrementar su presupuesto regularizable.
Notas:
1 El Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 2008, así como el Manual de Organización del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el DOF el 27 de marzo de 2009, contemplan dentro de la estructura de la Secretaría a la Dirección General de Informática, describiendo las responsabilidades de la misma.
2 Sobre el tema, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene que el derecho de audiencia forma parte de las garantías judiciales, es un derecho humano el obtener las garantías justas, no estando la administración excluida de cumplir este deber. Los derechos procesales mínimos –como el de audiencia- deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro, cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.
Por su parte, La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el citado derecho consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos,y su debido respecto impone a las autoridades, entre sus obligaciones, que en el procedimiento se cumplan las formalidades esenciales, las cuales resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de afectación. Tesis Aislada. Segunda Sala. Amparo en revisión 431/2012, 29 de agosto de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013. Tomo 2; pág. 1685.
Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 23 de septiembre de dos mil catorce.
La Comisión de Defensa Nacional, diputados:Jorge Mendoza Garza (rúbrica), presidente; Manuel Añorve Baños (rúbrica), Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica), José Ignacio Duarte Murillo (rúbrica), Raúl Macías Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica), Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Víctor Manuel Manríquez González (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Enrique Aubry de Castro Palomino (rúbrica), Ricardo Monreal Ávila (rúbrica en abstención), secretarios; Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Raúl Santos Galván Villanueva (rúbrica), José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Genaro Ruiz Arriaga (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), Maricela Velázquez Sánchez (rúbrica), José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), Sergio Augusto Chan Lugo (rúbrica), José Alejandro Llanas Alba, Heberto Neblina Vega (rúbrica), Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), Trinidad Secundino Morales Vargas (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene la palabra para hablar sobre el dictamen el diputado José Alejandro Montano Guzmán, hasta por cinco minutos.
El diputado José Alejandro Montano Guzmán:Muchas gracias, señor presidente; compañeras y compañeros diputados; amigos de los medios de comunicación, me dirijo al pleno de esta honorable Cámara de Diputados para presentar y fundamentar a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.Dictamen que plantea diversas reformas tendientes a adecuar favorablemente la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas en cuanto a Ejército y Fuerza Aérea se refiere, a través de los siguientes cuatro objetivos.
Primero. Incentiva la formación académica del personal militar.
Segundo. Incorpora el servicio de informática como parte de las unidades de servicios del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
Tercero. Eleva los grados máximos en el escalafón para los servicios de materiales de guerra, sanidad y de enfermeras.
Cuarto. Precisa que en el procedimiento de baja por recisión del contrato de enganche aplicable a cabos y soldado se garantiza el derecho de audiencia.
Respecto al primer objetivo es posible señalar que la propuesta reviste una gran importancia para el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos porque con ella se fortalece la educación militar, que es uno de los pilares fundamentales de la eficiencia operativa de dicho instituto armado.
Actualmente, la ley establece que el personal militar al que se le autorice realizar algún curso, el cual debe durar unas cuantas horas, deberá prestar servicios adicionales durante un año por cada año o fracción que dure la realización de los estudios. Ello evidentemente es desproporcionado y resulta en el desinterés del personal militar por participar en cursos de corta duración.
Por esta razón, la Comisión de Defensa Nacional ha considerado positiva la propuesta para especificar que cuando los cursos duren menos de seis meses el tiempo adicional que deberá servir el personal militar como contraprestación será igual al tiempo de duración de sus estudios.
Respecto al segundo punto, el que contempla la incorporación del servicio de informática como parte de las unidades de servicio del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, se considera positivo este dictamen en virtud de que hacerlo contribuye a fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas de tierra y aire.
Cabe señalar que en la estructura interna de la Secretaría de la Defensa Nacional el servicio de informática funciona y se ha vuelto fundamental para el desarrollo de sus actividades, motivo por el que fue reconocido oficialmente a través del decreto presidencial de septiembre del año 2000.
El dictamen no omite que el Reglamento Interior y el Manual de Organización General de la Secretaría de la Defensa Nacional efectivamente contemplan la existencia de la Dirección General de Informática. Lo que el dictamen propone es formalizar su existencia legal, garantizar su permanencia y dar sustento jurídico a su actuación desde el punto de vista jerárquico de las normas.
Por lo anterior, este dictamen considera aprobar las reformas y adiciones propuestas con el objeto de:
1. Establecer el servicio de informática
2. Enunciar las funciones específicas que debe ejercer como órgano administrativo, así como el perfil del militar que ocupe la Dirección del Servicio de Informática
3. Señalar los escalafones y grados que corresponderán a este nuevo servicio
El tercer punto del dictamen consiste en elevar dentro de la jerarquía militar el grado máximo para el personal militar de los servicios materiales de guerra, de sanidad y enfermeras, con la finalidad de que los hombres y mujeres con trayectoria de más de 20 años en la carreras de las armas puedan ascender al grado de coronel. Al día de hoy esto no es posible pues los hombres y mujeres que también trabajan con vocación en las instituciones castrenses en dicho servicio, sólo pueden aspirar a ascender al grado de teniente coronel.
El dictamen reconoce en primer lugar las funciones de quienes hoy ocupan cargos directivos que corresponden a un militar con el grado de coronel y que por las limitaciones legales ostentan el grado de teniente coronel y, en segundo lugar, tienen un impacto positivo en el mejoramiento de las condiciones e ingresos del personal militar, toda vez que se dará mayor movilidad y escalafonaria, y mejorarán las perspectivas de crecimiento.
En el cuarto y último punto, el dictamen aprueba el procedimiento de recisión del contrato de enganche para precisar la relación y el derecho de audiencia aplicable a los cabos y soldados del Ejército y la Fuerza Área, toda vez que este personal no es de carrera profesional ni permanente, y sus servicios en el activo están sujetos al contrato respectivo.
Por lo tanto, el dictamen plantea que se garantice el derecho de audiencia hasta por un plazo de 15 días para manifestar lo que convenga a los intereses del militar que se ubique en el supuesto de la recisión de contrato, generando certeza jurídica para las partes.
En suma, en la Comisión de Defensa Nacional consideramos que dichas reformas contribuyen a mejorar no sólo la organización y estructura actual del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mismas que se reflejan en mayor eficacia en el cumplimiento de sus misiones, sino también en la calidad y la profesionalización de los hombres y mujeres que prestan un importante servicio en las instituciones castrenses y en la nación.
Al mismo tiempo quisiera reconocer al presidente de la comisión, el diputado Jorge Mendoza Garza, quien bajo su conducción las reuniones de trabajo sostenidas en la comisión se han desarrollado siempre en el marco de apertura y de forma muy profesional.
Por estas razones, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que a nombre de la comisión solicito a ustedes el voto favorable para aprobar este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Montano Guzmán. Tiene ahora la palabra la diputada Dora María Talamante Lemas, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, para fijar postura sobre el dictamen hasta por cinco minutos.
La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las Fuerzas Armadas son las instituciones militares más importantes dentro del Estado para asegurar el bienestar y la paz de un territorio, la educación militar tiene como propósito fundamental formar elementos que cuenten con los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos a nivel de educación medio superior y superior para el cumplimiento de las misiones de las armas y servicios propios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana.En ese contexto el sistema educativo militar representa uno de los pilares fundamentales de la eficiencia operativa de nuestras fuerzas armadas, ya que es el encargado de capacitar a los futuros cuadros de mando del instituto armado, bajo la premisa de ser útiles a la patria a fin de disponer de un ejército y fuerza aérea profesionales, instruidos y aptos para cumplir eficientemente sus misiones constitucionales y participar en el desarrollo nacional.
Sin duda para lograr mejor formación del personal castrense se han generado cambios que permiten estructurar un sistema educativo militar compenetrado e identificado cada vez más con las funciones ciudadanas y con la capacidad de atender a la educación profesional de sus integrantes.
En ese sentido, en Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de la preparación, instrucción y actualización constante de los elementos militares. Por ello votaremos a favor del presente dictamen que propone incorporar como parte de las unidades de servicio el de informático como área fundamental para la coordinación, el desarrollo y la operación de las misiones encomendadas para la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la organización y responsabilidades de dicha unidad.
De igual modo, estas reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establecen modificaciones al escalafón de ascensos con la intención de beneficiar a los militares profesionales formados en sus filas, a través del reconocimiento de sus esfuerzos, pues hay profesionales que en la práctica ocupan cargos a los que no pueden acceder por no preverse en la legislación, además de la eliminación legal de barreras que obstaculicen y frenen la preparación continua y permanente de los elementos castrenses y dar impulso a la incorporación de los cursos de capacitación, actualización, especialización y perfeccionamiento de distintas áreas.
En Nueva Alianza entendemos la importancia de dejar que todos estos cambios consagrados en la ley para fortalecer el sistema educativo y laboral de las fuerzas castrenses y dotarlo de certeza jurídica. Sabemos que con las modificaciones se podrán atender con mayor eficacia las necesidades operativas, logísticas y estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Recordemos que el Ejército y la Fuerza Aérea nos remiten valores y principios relacionados principalmente con su identidad de la institución única y especial, cuyo objetivo primordial es defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. De ahí la necesidad de fortalecerlas para que puedan cumplir estas tareas y responder a los retos de las circunstancias actuales que nuestro país requiere. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada, gracias a usted. Tiene ahora la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, sin desapercibir que este país necesita una educación militar de alto nivel, donde los hombres y las mujeres sean, no sólo autodisciplinados, sino que no se cercene su actitud de superación, el fortalecimiento de sus habilidades, las capacidades físicas y mentales, e incluso la promoción de preparación, de estudio y de formar cuadros profesionales, tanto en el Ejército como en la Fuerza Aérea Mexicana, este dictamen que hoy se discute, aunque pudiera parecer que es necesaria la adecuación de las normas en materia de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Armada, nosotros estimamos que es un mal momento, es inoportuno estar legislando en beneficio de una jerarquía militar y olvidando al soldado, olvidando a la inmensa mayoría de soldados que requieren también de estímulos, requieren de mejores prestaciones.Los soldados, en su mayoría, carecen de este tipo de estímulos y deberíamos estar pensando en la necesidad de instrumentar mejores condiciones. Sin embargo, es un momento inoportuno -lo decía- porque ahora el Ejército mexicano está sometido a un juicio internacional, a un veredicto internacional, con motivo de la masacre ocurrida en Tlatlaya.
No podíamos ni podemos, tampoco, generalizar que el Estado mexicano, a través de sus cuerpos coercitivos, está promoviendo, auspiciando y adiestrando escuadrones de la muerte, pero la forma de actuar de este grupo de militares en Tlatlaya, que por cierto ha desatado polémica e inconformidad de grupos militares en activo y jubilados, no podemos desapercibir este evento que aún está sub júdice en los tribunales internacionales y en órganos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Pareciera ser este dictamen una necesidad, la necesidad de la preparación y la actualización constante de la educación militar, de los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, el pretender incluir, incluso, en la dirección del servicio de informática como parte de las unidades que se desempeñan actividades técnicas profesionales, donde a partir de la modificación que se haga, si es que se aprueba este dictamen, el titular de esta dirección de servicios de informática deberá ser un militar con grado de general, que tenga la profesión de ingeniero en computación e informática.
Sin embargo, es importante mencionar que en el tercero transitorio se aclara que si no existe este perfil mencionado, entonces podrá nombrarse como director general a quien designe la Secretaría de la Defensa.
Nosotros creemos que ya llegó el momento en que estén civiles en la Secretaría de la Defensa Nacional. Éste es un debate profundo, no es un debate insubstancial. Es un debate serio que nosotros deberíamos estar ya pugnando.
Pero sí me preocupa mucho el grado de deterioro al que se ha sometido al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea Mexicana, el grado de deterioro al que se les ha sometido, repito, por gobierno civiles. Durante casi 8 años el Ejército ha estado en tareas de combate a la delincuencia organizada y se le ha desgastado.
El número de recomendaciones de derechos humanos por violaciones a garantías individuales es significativo, y nosotros preferiríamos que el Ejército mexicano estuviera en los cuarteles para efectos de lo que marca la Constitución General de la República.
Sin embargo, por la gravedad del cáncer social que ha provocado la presencia de la delincuencia organizada, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea fueron las instituciones más confiables a criterio del Ejecutivo federal en turno.
Se ha continuado con la misma estrategia y ahora tenemos casos como el del Tlatlaya, que aún no se han concluido y que para nosotros constituye la vivencia de la existencia de escuadrones de la muerte adiestrados, pagados, auspiciados, promovidos desde el Estado mexicano.
Es muy grave. Miren ustedes, en tres meses, en tres estados, en tres lugares distintos los órganos de seguridad han provocado violación de derechos humanos, violación de las garantías individuales, abuso de autoridad grave. Tan solo en tres meses Morelos, estado de México y Guerrero, que por cierto están gobernados por distintos partidos, los tres estados han estado viviendo una barbarie; en Morelos se atacó la manifestación de ideas; el estado de México donde ocurrió esta masacre de Tlatlaya y algunos otros incidentes que se han ocultado; y Guerrero lo más indignante. Lo más indignante es este genocidio que ya el derecho internacional lo define por policías todos. En Morelos policía estatal, en Tlatlaya el Ejército Mexicano y Guerrero la policía municipal.
Pero los tres asuntos tienen que ver con la descomposición del país en materia de seguridad pública, es muy grave lo que está sucediendo. Y por eso me parece que deberíamos estar discutiendo otras cosas y no solamente cómo proporcionar mayores niveles de profesionalización a la jerarquía castrense, a la jerarquía militar.
En principio nosotros lo hemos establecido, hemos dicho que nos parece correcto en otros momentos estas modificaciones, parecieran ser modificaciones normales. Yo en la Comisión de la Defensa Nacional que preside el diputado Jorge Mendoza, me abstuve y manifesté mi preocupación; siento que aun cuando son aparentemente indispensables, creo que el momento, la oportunidad debiera ser otra.
Reconozco la actitud del presidente de la comisión, la apertura y siempre la capacidad de los integrantes. En esta ocasión nosotros nos vamos a abstener por la inoportunidad y porque en este momento lamentablemente el Ejército se encuentra en el banquillo de los acusados por hechos tan lamentables como es la masacre de Tlatlaya. Presidente, muchas gracias por su tolerancia.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Manuel Manríquez González, de la fracción parlamentaria del PRD, por cinco minutos.
El diputado Víctor Manuel Manriquez González:Con su venia, señor presidente. El dictamen que estamos discutiendo referente a las Fuerzas Armadas, pone en consideración el análisis y discusión sobre algunos temas fundamentales.En primer lugar hace referencia a la preparación, instrucción y actualización que requieren las Fuerzas Armadas en nuestro país.
Un segundo lugar también resalta la importancia de la educación militar como el mecanismo que eleva los elementos técnicos y sociales del personal militar.
Al respecto, la ley actual presenta lo que consideramos como algunos obstáculos que dificultan y desincentiva al personal castrense en su educación continua. Al mismo tiempo, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos presenta la limitante de no estar actualizada en cuanto a estructura operativa, no reglamenta ni considera en su artículo 68 a las unidades de servicios de informática. Tampoco considera en este apartado la descripción de las funciones del Servicio de Informática, siendo un elemento que potencialmente puede provocar espontaneidad y discrecionalidad en las funciones.
Por tal motivo, en un clima de construcción hacia el futuro vengo a hablar a favor del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
El propósito de los trabajos a través de esta iniciativa ha sido modernizar e integrar a las Fuerzas Armadas a nuestro país. Dentro de este proceso de modernización, el Ejército mexicano se ha comprometido a mejorar el desempeño de sus funciones en beneficio de la sociedad mexicana. El dictamen presentado pretende dotar a la estructura militar de los ajustes legislativos que les permita elevar la eficiencia a través de tres ejes fundamentales.
El primero es la incorporación y regularización de los servicios de informática al conjunto de servicios ya establecidos. Con esta medida se atenderá con mayor eficacia las necesidades operativas, logísticas y estratégicas de los cuerpos armados.
Con esta reforma estamos coadyuvando al proceso integral de reingeniería establecido en el programa sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La pretensión es eficientar las actividades de planeación, organización, dirección y control, impulsando el desarrollo tecnológico.
En segundo lugar, estamos convencidos de que debemos impulsar un mayor grado de capacitación y actualización del personal militar. En este sentido nuestra obligación es incentivar al personal de las Fuerzas Armadas para que complementen su formación científica y social.
Esta herramienta además de beneficiar a los cuerpos armados, genera una mayor integración con la sociedad.
El Partido de la Revolución Democrática históricamente ha sostenido que un elemento fundamental para revertir la descomposición social, es elevar la educación y reafirmar los valores mexicanos.
Para nosotros las Fuerzas Armadas no son la excepción. Por tal motivo con este dictamen estamos reduciendo los tiempos de servicio obligatorio que está obligado a cumplir el personal como contraprestación a la autorización para capacitarse.
No debemos castigar ni inhibir a quien busca profundizar sus estudios, por el contrario, la educación debe de ser premiada, apoyada e incentivada.
Las mujeres y hombres que ejercen la profesión militar, deben saber que el Partido de la Revolución Democrática siempre los apoyará en su desarrollo profesional, social y humano.
El tercer punto de esta reforma consiste en permitir que el personal de Sanidad y Enfermería puedan acceder a mayores grados en el escalafón.
Con esto combatimos la discriminación y aumentamos las posibilidades de desarrollo profesional de las y los militares. Queremos enfatizar que es prioridad en la agenda legislativa del Partido de la Revolución Democrática, impulsar la equidad de género en las funciones militares.
El servicio que las mujeres prestan a nuestra nación y a la sociedad, desde las instituciones militares, deben reconocerse y premiarse sin distinciones. A todas las mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas les quiero manifestar mi respeto y agradecimiento a su labor.
Por todas estas consideraciones quiero pedir el apoyo a todas las fuerzas políticas que integran esta soberanía, para que aprobemos estas reformas en beneficio de México.
Por último, en esta fechas tan significativas que acabamos de pasar, en la vida democrática de México, también quiero reconocer la labor de las Fuerzas Armadas, del vicepresidente de la Comisión de la Defensa Nacional y de su cuerpo técnico porque hemos venido trabajando de una manera muy uniforme y respetuosa. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputado.
Antes de continuar, esta Presidencia saluda y les da la bienvenida a alumnas y alumnos de la preparatoria procedentes del colegio Baden Powell, S.C., del municipio de Atizapán de Zaragoza, invitados por la diputada Ana Isabel Allende Cano. Bienvenidas, bienvenidos.
También damos la bienvenida a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Oriente, de Poza Rica, Veracruz, invitadas, invitados por el diputado Jorge del Ángel Acosta. Bienvenidas, bienvenidos.
Tiene ahora la palabra el diputado Víctor Díaz Palacios, de la fracción parlamentaria del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios:Con la venia de la Presidencia y en representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, vengo a dar el posicionamiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y pidiendo a la Presidencia me permita entregar el documento para que sea plasmado en el Diario de los Debates y trataré de hacer una síntesis de lo que esto conlleva.No hay duda que nuestro Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos gozan del respaldo, la solidaridad y el respeto de la mayoría de los mexicanos. Hoy estamos nosotros, diputados y diputadas, dando el fortalecimiento para la capacitación y la instrucción de todos y cada uno de los miembros de estos institutos.
Por qué les digo esto. Hoy lo que marca la ley es que cuando un miembro del Ejército y Fuerza Aérea va a un curso de capacitación, sin saber el tiempo de duración, tiene la obligación de dar un servicio por un año.
Lo que estamos proponiendo, y seguramente contará con el aval de todos y cada uno de ustedes, es que cuando el curso sea mayor a seis meses, tendrá la obligación de prestar un año de servicio, pero cuando éste sea seis meses o menos, entonces sólo tendrá la obligación de presentar el servicio por la duración del curso.
Con esto vamos a incentivar la capacitación de todos y cada uno de los miembros de estos institutos. También estamos considerando los grados máximos en escalafón para los servicios materiales de guerra, de sanidad y de enfermeras.
También actualizar la estructura operacional vigente, el perfil profesional que debe tener el director de sistemas. Hoy por hoy estamos pidiendo que sea un general ingeniero en sistemas de informática; en el supuesto de que no existiera así, tendrá que ser de una carrera similar.
Por eso, compañeras y compañeros diputados, es que el Partido Revolucionario Institucional, a través de su fracción parlamentaria, les pide acompañen su voto a favor de esta iniciativa, que por cierto, dentro de la comisión, fue aprobada sin un solo voto en contra.
Quiero terminar diciendo esto a mis compañeras y compañeros diputados: constitucionalmente el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos no fueron creados para sustituir la marcada ineficiencia de las policías municipales, estatales y ministeriales. No fue creado para sustituir la marcada ineficiencia de algunos gobernadores que no respetan el protocolo de seguridad. No fue creada para estar vigilando a todos y cada uno de los miembros de estas policías para que cumplan con su trabajo. Es por la alta corrupción que cunde en prácticamente todo el país, que el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se ven obligados a cumplir con obligaciones que constitucionalmente no fueron creadas.
Por eso, señoras y señores diputados, se es injusto cuando se trata de responsabilizar al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicanos, que son ejemplo a nivel nacional con el reconocimiento de la sociedad.
Les pido respeto a esa institución que es de las pocas que nos queda que la sociedad la reconoce. Por su atención y esperando acompañen el voto a favor de este dictamen, muchas gracias por su atención y por su benevolencia, presidente.
«Posicionamiento relativo al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que presenta la Comisión de Defensa Nacional
Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, son instituciones fundamentales de nuestro país, que tiene entre sus misiones centrales la defensa de la integridad, la independencia y la soberanía de nuestra Nación; garantizar la seguridad interior y brindar auxilio a la población civil en casos de necesidades públicas.
En aras de llevar a cabo sus atribuciones, con profesionalismo y dedicación, sus integrantes requieren de la mejor preparación, una instrucción de calidad y actualización constante, con la finalidad de obtener el desempeño que su servicio a la sociedad mexicana y a las instituciones de la República requieren.
En este sentido, la iniciativa objeto del dictamen que se presenta tiene entre sus fines, el fortalecimiento de la educación militar y, como parte de ésta, incentivar la capacitación y actualización de los militares formados en sus filas.
Asimismo, propone reformas a la estructura orgánica de la ley para reconocer formalmente el servicio de informática y regular su funcionamiento, así como el elevar los grados máximos en el escalafón para los servicios de materiales de guerra, de sanidad y de enfermeras, con los cuales se fortalecen los movimientos escalafonarios, en beneficio de los hombres y mujeres que pertenecen a estos institutos.
En cuanto al fortalecimiento a la educación militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, estableció la educación militar como una herramienta que genera el rigor académico y técnico que las fuerzas armadas mexicanas requieren para el mejor desempeño de sus atribuciones.
La educación militar, busca el desarrollo de conocimientos y la formación de habilidades que permitan crear un vínculo permanente entre la educación y el adiestramiento militar a través de su sistema educativo, integrado por un conjunto de instituciones especializadas en las áreas castrenses para responder a todos los propósitos, tipos, retos, niveles, modalidades y desafíos que implica esta noble vocación al amparo de una doctrina e infraestructura propias del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
Por lo anterior, con el dictamen que se pone a consideración de esta Asamblea, se busca consolidar la educación militar a través de una mejor formación profesional para la integración de los cuadros militares, a fin de infundirles el valor del servicio, patriotismo, superación personal y profesional, así como la responsabilidad social de difundir a quienes vayan integrándose a este noble llamado, los conocimientos que se les transmitieron.
Para estos efectos se proponen, entre otros objetivos, incorporar los cursos de capacitación y actualización en el Sistema Educativo Militar, así como reducir los tiempos de servicio obligatorio cuando los elementos militares tomen un curso con duración menor a seis meses.
Así, cuando el periodo del curso sea igual o mayor a seis meses, el tiempo obligatorio del servicio será de un año, y cuando sea menor a los seis meses, el tiempo obligatorio de servicio será igual a la duración del curso. Con esta reforma, sin duda, se estará incentivando la formación militar, lo cual repercutirá en el crecimiento profesional y se reflejará en la mayor eficiencia en sus actuaciones.
A partir de las reformas propuestas, el Sistema Educativo Militar estará en constante renovación y fortalecimiento, privilegiando el refuerzo de los conocimientos y las técnicas de los elementos militares para el cumplimiento de sus fines en beneficio de las instituciones del Estado; retirando los obstáculos que limitan o inhiben la preparación o actualización constante, como ocurre actualmente al establecer un año como servicio obligatorio, por cada año o fracción de tiempo en que se asista algún curso.
Dicha reforma confirma el compromiso de esta Cámara de Diputados, con nuestras fuerzas armadas.
Es así que en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, apoyamos las reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, contenidas en el presente dictamen; pues tienen como propósito central, beneficiar a los militares profesionales formados en sus filas a través del reconocimiento y de la eliminación de obstáculos en su formación y, en congruencia con estos avances, se eleva el grado máximo al que podrán acceder los militares en los servicios de materiales de guerra, sanidad y de enfermeras.
Cabe destacar también, la formalización en la Ley del Servicio de Informática, que a partir de los avances tecnológicos ha contribuido de manera importante en el desempeño de las atribuciones de esta secretaría. A partir de ésta, se actualiza y fortalece la estructura operacional vigente de esta dependencia, aunado al hecho de que se cuida sobremanera el perfil profesional de quien deba estar a cargo de la Dirección de Informática, quién deberá ser un general ingeniero en computación e informática.
Las reformas señaladas, entre otras que contiene el presente dictamen, fortalecerán la estructura de nuestros institutos armados y beneficiarán a sus integrantes, lo cual impactará positivamente en el cumplimiento de sus misiones, en razón de lo cual daremos nuestro voto a favor e invitamos a los demás grupos parlamentarios a hacer lo mismo.
Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revoluciona Institucional, saludamos la aprobación del presente dictamen; toda vez que conlleva el reconocimiento a las fuerzas armadas de nuestro país, las cuales constituyen una garantía de respeto a nuestra soberanía y de preservación del orden constitucional.
Muchas gracias.
México, DF, octubre 7 de 2014.— Diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señor diputado, compañero y amigo. Tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía Berdeja para hablar en pro del dictamen, hasta por tres minutos.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Con su permiso, compañero presidente. Me parece, como lo decía el diputado Ricardo Monreal, que esta Cámara avanza lento frente a los problemas que surgen en el país.Este dictamen por sí mismo es adecuado, porque modifica la Ley del Ejército y de la Fuerza Aérea para temas de actualización, capacitación, elementos técnicos, académicos, temas de escalafón, temas de informática, pero nos parece que hoy los temas de la agenda nacional se tienen que ver con nuestras Fuerzas Armadas, desde luego son de mayor envergadura.
El Ejército mexicano es un ejército popular que surge de un movimiento revolucionario y que se ha caracterizado por su institucionalidad y por el respecto al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el titular del Ejecutivo.
Sin embargo, desde hace varios años se ha sometido por orden de los civiles al Ejército a un desgaste prolongado por los temas del combate al crimen organizado, a la lucha contra el narcotráfico, y este cáncer que todo lo corroe y todo lo contamina también desafortunadamente ha afectado a algunos malos elementos de nuestros cuerpos castrenses.
Y es el tema que aquí comentaba el diputado Monreal, de la masacre de Tlatlaya, estado de México, donde fueron ejecutados según las primeras pesquisas, según los organismos de derechos humanos internacionales y reportajes sólidos de la prensa internacional, fueron ejecutados 22 personas que ya habían sido sometidas.
Nosotros queremos llamar la atención para que el grupo de trabajo que aprobó esta Cámara de Diputados sobre el tema de Tlatlaya se aboque ya a su cometido y coadyuve en los trabajos para lograr el esclarecimiento más puntual de este tema tan lamentable en materia de derechos humanos.
Nosotros reconocemos por un lado que frente a la evidencia de los hechos el secretario de la Defensa Nacional finalmente actuó y la Procuraduría General de la República está actuando también, pero nos preocupan las declaraciones de ayer del gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, que sigue manifestando que fue un enfrentamiento, igual que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plascencia.
Entonces por estas razones, compañeras y compañeros legisladores, nosotros pedimos que se aboque ya el grupo de trabajo para investigar los hechos de Tlatlaya y pueda dar un reporte lo antes posible a esta soberanía. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Mejía. Esta honorable Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida al alcalde de la ciudad de Phoenix, Arizona, Greg Stanton. Bienvenido. Quien visita nuestro país para la apertura de la oficina de la representación del estado de Arizona y de la ciudad de Phoenix en México, invitados especiales del diputado Antonio Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como también al bienvenida al cónsul general de México en Phoenix, Roberto Rodríguez Hernández. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, señor diputado Cuéllar.
También nos visita en este pleno el doctor Leopoldo Domínguez González, presidente municipal de Tepic, Nayarit, invitado por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Bienvenido, sea usted bienvenido, señor presidente.
No habiendo más oradores registrados, y en virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Cierre el sistema electrónico de votación, por favor, secretaria.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
El diputado Marco Antonio González Valdez (desde la curul): A favor.
El diputado Benjamín Castillo Valdez (desde la curul): A favor.
El diputado Fernando Salgado Delgado (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Salgado Parra (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 373 votos a favor, 0 en contra y 8 abstenciones.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado en lo general y en lo particular por 373 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día, compañeras y compañeros, es proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno. De la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo.
PROPUESTAS DE ACUERDO DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de acuerdo, con base en las siguientes
Consideraciones
Primero. En términos del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene la facultad para presentar al Pleno de la Cámara de Diputados proyectos de puntos de acuerdo.
Segundo.El artículo 42 de la Ley Orgánica otorga al Pleno la facultad de acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico y que, en términos del artículo 34, numeral 1, inciso c), de ese ordenamiento, a la Junta de Coordinación Política corresponde proponer al Pleno la integración de las comisiones.
Tercero.Para la integración de las comisiones especiales la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas con base en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las comisiones, cuidando que al hacerlo se incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno.
Cuarto. En virtud de que existe el interés por parte de los distintos grupos parlamentarios que suscriben el presente acuerdo, para dar seguimiento a la investigación de los hechos ocurridos a estudiantes normalistas en el municipio de Iguala, estado de Guerrero, se colige que la Cámara de Diputados tiene la facultad de integrar una comisión especial para tal efecto.
Quinto.De acuerdo a lo anterior, esta Junta de Coordinación Política ha estimado indispensable crear la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.
Con fundamento en las disposiciones referidas en el proemio, se somete a consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Primero.Se crea la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos Ocurridos en Iguala, Guerrero, a Alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, esta comisión estará vigente hasta el término de la presente legislatura.
Segundo. Para el cumplimiento de su objetivo, esta comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades competentes responsables y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad al marco normativo aplicable.
Tercero. Los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de esta comisión especial serán aprobados por el Comité de Administración.
Cuarto.La comisión especial deberá presentar un informe ante la Cámara de Diputados, o en su caso, ante la Comisión Permanente.
Quinto. La Junta Directiva e integrantes de la comisión especial, así como su Presidencia, vigencia y demás previsiones que se estimen necesarias para regular su funcionamiento, serán determinadas por la Junta de Coordinación Política, a propuesta de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Sexto.La comisión especial se conformará con siete integrantes, uno por cada grupo parlamentario con representación en esta Cámara y la Presidencia corresponderá al diputado representante del Partido Acción Nacional, estará integrada por:
1. Diputado Manuel Añorve Baños del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. Diputado José Guillermo Anaya Llamas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
3. Diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
4. Diputada Ruth Zavaleta Salgado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
5. Diputado Ricardo Mejía Berdeja del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
6. Diputada Lilia Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
7. Diputada Sonia Rincón Chanona del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.
La comisión tomará sus decisiones preferentemente por consenso; de no ser así, lo hará por el sistema de voto ponderado, en el que el legislador o legisladora de cada grupo parlamentario representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.
Séptimo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por la Junta de Coordinación Política.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada secretaria.
Saludamos y le damos la bienvenida a la Cámara de Diputados, al joven regidor Rodolfo Chávez Escudero, del municipio de Atlixco, Puebla, invitado por la diputada María del Rocío García Olmedo. Bienvenido, regidor.
Para hablar sobre este tema se han registrado las siguientes diputadas y diputados: el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; la diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza; el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano; el diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Agustín Miguel Alonso Raya, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Guillermo Anaya Llamas, del PAN; y la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del PRI.
Tiene, entonces, la palabra hasta por tres minutos el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado Flores. Sonido ahí en la curul del diputado.
El diputado Uriel Flores Aguayo (desde la curul): Quiero ser incluido en la lista también.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado. Queda usted registrado. Adelante, señor diputado.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:A la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos para varones, de Ayotzinapa, Guerrero ingresan estudiantes con estudios de bachillerato que desean realizar estudios de licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación física.Cuarenta y tres de sus estudiantes se encuentran desaparecidos, y por los datos que proporcionan los medios de comunicación, para la autoridad posibles víctimas de la delincuencia organizada, para la ciudadanía ya víctimas de la delincuencia organizada.
Ante la desaprobación de los organismos internacionales en derechos humanos, el Poder Ejecutivo, Peña Nieto ha reaccionado ordenando la intervención total del gabinete. Su indignación y confía en el esclarecimiento de los hechos y la detención de culpables con la aplicación de la ley.
Por su parte, el procurador general de la República anuncia que no se permitirá que ningún grupo se imponga por encima de la sociedad. Son loables las pretensiones de encontrar a los culpables de la desaparición de normalistas, pero cómo explicar el empoderamiento de la delincuencia organizada, no solo en Iguala sino también en otras zonas de Guerrero y del país.
Cómo explicar a los familiares de las víctimas la omisión de las autoridades del Estado y de la propia PGR ante la denuncia de hechos criminales imputados al hoy desaparecido presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.
La mayoría de los estudiantes de la normal son de familias campesinas de zonas de alta marginación. Hijos de familias pobres de la costa chica, de la zona de la montaña y el centro del estado de Guerrero.
Estudiantes en condiciones de pobreza que encuentran como alternativa de formación la Normal Rural.
El 26 de septiembre realizaron un boteo en la cabecera del municipio de Iguala. Ésta fue la infracción que persiguió la Policía municipal. Éste es el origen de la exposición en una zona controlada por la delincuencia organizada. Buscar culpables, indignación ante el crimen anunciado por la localización de fosas clandestinas. Encabezar las investigaciones para encontrar los responsables.
Puros anuncios propagandísticos para justificar la ineficiencia de las estructuras de gobierno, de las procuradurías responsables de investigar y perseguir a los delincuentes. Corrupción de las policías responsables de la seguridad pública, siendo que los cuerpos policiales de este municipio operan desde el mes de mayo bajo el esquema de mando único que comanda el gobierno estatal.
Aunado a ello, la posible omisión de las Fuerzas Armadas, puesto que en esta misma ciudad se encuentran las instalaciones de la 27 zona militar, instituciones de un Estado fallido que se justifican con el discurso ante el cuestionamiento internacional, ante el vuelo que se ha dado en medios internacionales de la impunidad con la que actúa la delincuencia en el país.
De ahí que esta Cámara en forma urgente apruebe una comisión especial, cuando en otros actos criminales ha existido resistencia para la misma acción. ¿Ahora se acuerda acaso coadyuvar en las investigaciones para estar a tono de la denuncia?
Deseo y espero que no sea la comparsa mediática y se actúe contra los responsables, no solo los criminales que actuaron el 26 de septiembre, sino contra las propias autoridades que por su omisión permitieron el empoderamiento de la delincuencia en la región.
Que se investigue a fondo, que se sancione si fuese el caso a la delincuencia vinculada a la política; porque la corrupción y la impunidad de las instancias de gobierno las que permiten que los delincuentes se empoderen a través de la función pública, generando gobiernos encabezados con delincuentes que crecen con sus vínculos políticos y el miedo de la sociedad.
Espero y deseo que esta comisión especial no defraude a las víctimas y sus familiares, que no sea demagogia el anunciado combate a los responsables. Esperamos no estar aquí en próximos días diciendo: se los dijimos una vez más. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra, la diputada Sonia Rincón Chanona, de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza.
La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su venia, diputado presidente; compañeras, compañeros diputados. En Nueva Alianza queremos ser firmes y enérgicos en nuestra condena y repudio a todo tipo de violencia. Los hechos acaecidos en Iguala, Guerrero nos lastiman profundamente, resulta inadmisible que jóvenes estudiantes hayan sido víctimas de criminales.Nos manifestamos a favor de la creación de la comisión especial, porque hay interrogantes que requieren respuestas claras y contundentes. Estaremos atentos y vigilantes de que las investigaciones respecto a los acontecimientos suscitados el pasado fin de semana en Iguala, se lleven a cabo con todo profesionalismo y absoluto rigor técnico y jurídico.
Lamentamos que las víctimas de estos acontecimientos sean precisamente estudiantes normalistas. Nos duele en particular porque nos formamos en la Norma para Maestros. Estaremos pendientes de las indagatorias y, en caso de que los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas pertenezcan a esos estudiantes, exigiremos que el crimen no quede sin resolución ni castigo.
Asimismo, urgimos a las autoridades a hacer todo lo posible para encontrar a quienes aún se encuentran desaparecidos a fin de salvaguardar su integridad. Es responsabilidad del gobierno local garantizar la seguridad de todas y todos los guerrerenses. Sin embargo, debemos reconocer que las autoridades locales están siendo rebasadas por los grupos criminales.
Valoramos que el gobierno federal asuma un papel más activo dentro del marco jurídico vigente para reforzar las tareas de vigilancia y seguridad pública en el municipio de Iguala.
Por estos motivos en Nueva Alianza confiamos en que todos estaremos de acuerdo con la proposición que presenta la Junta de Coordinación Política. Hacemos votos por que este caso se resuelva con la premura que exige un hecho tan aberrante y que no exista ningún resquicio para la impunidad. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, ciudadana diputada Rincón Chanona. Tiene ahora la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Arturo Escobar y Vega:Buenas tardes, presidente; gracias. El día de ayer en la Junta de Coordinación Política, un servidor fue promotor de la constitución de esta comisión en virtud de ser uno de los actos más sensibles, más bochornosos, más repudiantes y más vergonzosos que hemos vivido como país sin duda en los últimos años.Ante esa realidad y la conformación plural de esta comisión, la cual se construye con el voto casi unánime de los grupos parlamentarios, hoy en la mañana en la definición de la integración de las comisiones, la cual por supuesto apoyamos; entendemos que la presidencia de la comisión se decide que se le dé al Partido Acción Nacional.
Independientemente de la muy buena relación de amistad que nos une y que me une en lo personal de respeto y si no de admiración al diputado Guillermo Anaya y ante el referente hecho por el coordinador del grupo parlamentario del PRD, que era imposible que el PRD pudiera presidir la comisión e virtud de que dicho partido ganó la alcaldía de Iguala y gobierna a la entidad federativa de Guerrero, un servidor considera que la misma regla le tendría que aplicar al Partido Acción Nacional.
Una vez más lo subrayo y no es un tema personal con el diputado Anaya con quien, repito, me une una gran amistad con él y años de legislar juntos.
Si mal no recuerdo en el año 2011 cuando fue la elección a gobernador, el Partido Acción Nacional 10 días antes de la elección decide declinar de manera formal en la voz de su presidente, Gustavo Madero, en favor del candidato del PRD y sus aliados, en aquel entonces Ángel Aguirre.
Es mi definición que si al PRD se le imposibilita presidir la comisión porque gobierne el estado de Guerrero, la misma regla se tendría que aplicar al Partido Acción Nacional.
Por lo tanto si lo que estamos buscando es dar una muestra de imparcialidad, de pluralidad, creo yo que tanto los aliados del PRD, como el PRD, como el Partido Acción Nacional, tendrían que declinar a la posibilidad de presidir la comisión para que nunca esté tachada de imparcialidad. Esto independientemente de que estoy convencido de que Guillermo Anaya o quien la presida va a tener muestras de profesionalismo, pluralidad e imparcialidad.
Sin embargo si el mensaje que se busca es que esta comisión sirva como sirvió la comisión que se constituyó para investigar el río Sonora, en la persona de Marco Bernal, creo que es muy importante dar muestras también que en la misma constitución, pero especialmente en su presidencia, nadie va a presidirla que su partido político haya apoyado al hoy presidente municipal de Iguala y hoy al gobernador Ángel Aguirre.
Por lo tanto emplazo a esta asamblea y al Presidente de la Mesa Directiva, para que se proponga a alguien diferente para que presida esta comisión, para no iniciar los trabajos de dicha comisión pensando que pudiera haber actos de parcialidad.
Este tema es sumamente sensible y requiere de la vocación democrática de todos los diputados federales.
Por lo tanto propongo y emplazo a que sea alguien diferente al partido político o aliado o partidos políticos que entonces declinaron para apoyar la gubernatura o la candidatura del hoy gobernador Ángel Aguirre. Por su atención, gracias, presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado Escobar y Vega. Tiene ahora la palabra para referirse al tema, el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, es muy grave lo que está sucediendo en el país. En tres meses el país y el mundo han sido testigos de tres casos de abuso de poder con efectos letales, donde los actores principales son integrantes de las fuerzas armadas de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano.Sucedió en Tlatlaya, con el ejército mexicano, donde un grupo de 22 civiles armados, que después de haberse rendido fueron ejecutados extrajudicialmente. 10 días después, en el municipio de Atlixco, Puebla, la policía estatal disolvió una manifestación de campesinos y pobladores de San Bernardino, donde perdió la vida un menor de edad a consecuencia de ello.
Finalmente, el 26 y 27 de septiembre el hecho más indignante, Un grupo de policías municipales y de integrantes de una agrupación delincuencial atacaron, en el municipio de Iguala, a un grupo de estudiantes de la escuela normal, con un saldo de seis personas muertas, 19 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. De estos últimos lamentablemente los indicios apuntan que 29 de ellos habrían sido ejecutados y depositados en tres tumbas clandestinas en el mismo municipio.
Estamos hablando de tres hechos en tres estados diferentes del país con tres gobiernos de signo político distinto, cuyas fuerzas de seguridad se han visto involucradas en hechos de represión y exterminio. Así de grave y descompuesta está la situación en el territorio nacional y la crisis de seguridad que atraviesa el país.
La reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública arroja resultados terribles; desmiente el optimismo oficial sobre los presuntos avances en el combate a la inseguridad.
El tema de la violencia y la inseguridad salió del discurso oficial y de los medios de comunicación, pero no de la realidad ni de la preocupación de las familias de los mexicanos.
El año pasado, mientras en este recinto se aprobaba y se jactaban de las reformas estructurales que presumiblemente sacarán al país del subdesarrollo, allá afuera hubo una especie de guerra civil irregular, donde un grupo se dedicó no sólo a asesinar, sino sobre todo a secuestrar y extorsionar a otros mexicanos como nunca antes en el país.
Se registraron el año pasado 132 mil casos de secuestro, 361 por día; es impresionante. Por esa razón hoy nos preocupa lo que pasa sobre la violencia en el país, donde se está sufriendo una mutación y de ello damos cuenta de la barbarie que hay y que hubo en estos estados, particularmente en Iguala.
Comete el delito de genocidio –escúchenlo bien– el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetren por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión y multa, y cuando se trate de funcionarios públicos se agrava la pena. Se está frente a un grave problema de genocidio.
En la barbarie de Iguala, están dadas todas y cada una de las situaciones de un crimen de lesa humanidad:
1o. Hay una destrucción parcial de un grupo nacional como son los estudiantes de origen humilde, rural e indígena de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
2o. Se perpetraron ataques a la integridad corporal y a la salud mental de sus miembros.
3o. El hostigamiento sistemático confirmado y prolongado al que ha sido sometido este grupo estudiantil a lo largo de los últimos años por parte de diferentes instancias oficiales, ha sido impresionante.
4o. La participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de estos hechos es inadmisible.
Frente a esta barbarie ciudadanos legisladores, no sé si baste crear la comisión, lo que estamos evidenciando es que son crímenes de lesa humanidad, lo establece el Código Penal Federal y lo establecen también 11 tratados internacionales sobre derechos humanos, no sólo lo previene el Código Penal Federal el delito de genocidio, sino también instrumentos internacionales como la Convención para la prevención y sanción de delitos de genocidio y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
No permitamos, yo creo que la comisión no puede ser una comisión más. Tampoco me parece correcto que se esté frente a un asunto ordinario en donde la disputa por quien preside pareciera ser el tenor de esta discusión, no es así; no es quién lo presida, sino los alcances de esta comisión.
Yo no tengo confianza ni en el PAN ni en el PRI ni en ningún grupo parlamentario que durante mucho tiempo han siempre intentado ocultar este tipo de crímenes. No es el tema de fondo. El tema de fondo es llegar hasta las últimas consecuencias.
Frente a estos hechos lamentables, indignos de barbarie de la humanidad contra jóvenes indefensos y jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos no puede callarse esta Legislatura.
Lo dijimos el martes pasado, el jueves insistimos, que era indispensable constituir la comisión. Ahora no podemos regatear la integración de esta comisión, necesitamos que al frente de ella o como integración de ella haya hombres dignos e íntegros y mujeres dignas e íntegras que no permitan que se quede en la impunidad este hecho.
Podría incluso el colectivo decidir sin que haya presidencia de la comisión. Eso no es problema, que se tomen decisiones colectivas sería lo correcto y lo pertinente. No me parece tampoco una gran discusión de ahora impugnar a quienes vayan a ser los que presidan.
Nosotros no estamos de acuerdo ni nunca votamos a favor de que el PAN presidiera, pero tampoco sería correcto que la presidiera el PRI o cualquier ot6ro que estuviera involucrado en los hechos. Nosotros consideramos que debiera ser una gente íntegra en esta Legislatura quien pudiera estar al frente y, sin embargo, coincidimos en que pudieran ser la toma colectiva de decisiones.
Lo que sí debemos hacer es que no quede sepultado en la impunidad un hecho tan vergonzoso que está dando la vuelta al mundo como un ejemplo pernicioso del país. No es el presidente municipal, no es del gobernador del estado, es el país, es el Ejecutivo federal, es el gobierno mexicanos quienes están sentados en el banquillo de los acusados en la justicia internacional. Ése es el tema de fondo y por eso no puede pasar por desapercibido ni reducirnos a la disputa de quien presida o integre esta comisión. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Antes de continuar queremos darles la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM, invitados por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández. Bienvenidas y bienvenidos.
También a los alumnos de la Facultad de Sociología de la UNAM, invitados e invitadas por el diputado Fernando Rodríguez Doval. Bienvenidas y bienvenidos.
También a los alumnos de nivel secundaria y maestros del Centro de Educación y Cultura Ajusto, CEYCA, invitados por la diputada Isela González Domínguez.
También al grupo de jóvenes de la delegación Iztacalco de nivel medio superior de varias escuelas, invitados e invitadas por el diputado Arturo Escobar y Vega. A todas y a todos les damos la bienvenida. Muchas gracias por su visita.
Tiene ahora la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, de la fracción parlamentaria del PRD, para referirse a este tema.
El diputado Catalino Duarte Ortuño:Con la anuencia, compañeros diputados, diputadas. Evidentemente que la fracción de mi partido y mi partido a nivel nacional condena estos hechos, son hechos graves, pero de manera puntual queremos decir que nuestra fracción propuso al interior de esta Cámara la creación de esta Comisión, en el ánimo de que se haga un trabajo profesional en donde se vea la postura nuestra de no contaminar la investigación.Decirles que la seguridad nacional en este país desde hace varios años ha sido cuestionada. Debemos decirlo con claridad, la inseguridad pega en Michoacán, Tamaulipas, estado de México, Sinaloa, no podemos cerrar los ojos a la verdad. Este gobierno en este tema no ha estado a la altura.
Lo decimos desde aquí, la Federación nos ha dejado solos en Guerrero, le han puesto mucha atención a Michoacán. Qué bueno, pero Guerrero también es parte de la república.
Confiamos, queremos darle la confianza a las instituciones, esperamos resultados prontos de la Procuraduría General de la República.
Exigimos desde ahora justicia en este tema. El PRD señala con claridad; no debe haber impunidad, queremos ir a fondo. Deberá castigarse a quienes de una o de otra manera participaron.
Se tienen indicios de que se trata de grupos que se dedican a cometer ilícitos. En ese sentido, queremos señalar que es un asunto que debe ponerle mucho interés el secretario de Gobernación.
Percibimos que desde un principio se actuó por parte de la federación de manera lenta. Estamos a tiempo, podemos y debemos, por el bien de México, por el bien de la seguridad, por el bien de las instituciones obtener resultados prontos para que así podamos tener a los que participaron de manera directa o indirecta en este tema y tengamos justicia. Que se escuche bien.
Termino, señor presidente. Los diputados federales de Guerrero observamos con buenos ojos que ningún guerrerense forme parte de la Comisión. Los diputados y las diputadas guerrerenses queremos una investigación a fondo, queremos justicia pronta y expedita. Pedimos la solidaridad, no solamente en presencia militar, no solamente en el tema de la Gendarmería Nacional, necesitamos recursos para atender este tema muy serio, la inseguridad, que no sólo es Guerrero, ya lo señalé en muchos estados de la República. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias a usted, señor diputado.
Les damos la bienvenida a un grupo de líderes juveniles de la Región Segunda del municipio de Atlacomulco, estado de México, invitadas e invitados por el diputado Miguel Sámano Peralta. Bienvenidas, bienvenidos.
Tiene ahora la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, de la fracción parlamentaria del PAN.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas:Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, la situación en el estado de Guerrero es un asunto que atenta contra la dignidad nacional. En México no podremos estar tranquilos hasta que se esclarezcan los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.Desde esta tribuna condenamos y lamentamos el secuestro y homicidios de los jóvenes normalistas. Sabemos que ésta no es la única causa de desasosiego en nuestro país, pero ofende especialmente la circunstancia con que esto se presenta.
Es indignante que desaparezcan 43 estudiantes, producto de un presunto ataque del crimen organizado, al parecer en contubernio con la autoridad política, y como sabemos, el día de hoy todavía no sabemos dónde están.
El proceder de las autoridades del estado de Guerrero no sólo ha dejado mucho qué desear, sino que ha mostrado indolencia y profunda incompetencia, si tomamos en cuenta que Guerrero es la entidad federativa que registra más homicidios dolosos, tanto en el 2013 como en el 2014. Es decir, por cada 100 mil habitantes, Guerrero tiene 30.37 en 2014, cuando la media nacional es de 9.43. ¿Negligencia o irresponsabilidad? ¿O ambas? Es lo que está pasando hoy en Guerrero.
Hay una omisión evidente de las autoridades para actuar en consecuencia, si como se ha dicho se tenía ya conocimiento y antecedentes del proceder del presidente municipal y del terrible clima de inseguridad, que priva no solamente en Iguala, sino en todo el estado de Guerrero.
Exigimos a las autoridades un proceder apegado a derecho, una investigación en la que priven los criterios científicos, de transparencia y claridad en la información, pero sobre todo un trato digno y humano a las familias de las víctimas.
Es ofensivo el manejo mediático que se pretende dar a este caso. No se ponen de acuerdo ni cuántos son los desaparecidos ni cuántos han vuelto ni cuántas fosas clandestinas o de los cuerpos encontrados en ellas ni se tiene aún, por cierto, todavía quiénes han perdido la vida.
La respuesta del gobierno federal también ha sido inconsistente. Recordemos que a finales de abril de este año enviaron a Guerrero 2 mil elementos de la Policía Federal, además de los que ya estaban adscritos. Esto no es cosa menor, si tomamos en cuenta que debemos apostar, como dice el gobierno federal, a la inteligencia más que a la reacción.
Tenemos mucho qué hacer en materia de prevención, tenemos que recapitular lo que se está haciendo, el presupuesto asignado, las acciones, los municipios y las consecuencias. De 300 en 300, la Gendarmería va a terminar dispersándose por todo el territorio nacional, más con una respuesta tardía que con una garantía de incertidumbre.
Cómo es que Abarca Sánchez, ahora alcalde con licencia, Abarca Velázquez, se le ha permitido sustraerse de su responsabilidad política como lo hizo. La autoridad le haya perdido la pista. El paradero de José Luis Abarca Velázquez no debe ser otro que estar frente al Ministerio Público para ayudar a esclarecer este asunto.
Nos debe quedar claro, no podemos tener directores de seguridad pública y policías honestos mientras las autoridades políticas que les dan los nombramientos y órdenes sean corruptos o delincuentes.
Y no habrá instituciones de policía fuertes si en vez de fortalecer sus capacidades sigue reinando la impunidad.
En los últimos años como nación hemos avanzado en la concientización sobre las necesidades de que nuestros cuerpos de policía deben ser más confiables y más profesionales.
Pero debemos preguntarnos cómo están haciendo las autoridades las certificaciones y pruebas de control de confianza, si con estas aprobaciones vamos a contar con policías como los que tenemos hoy en Iguala, Guerrero.
Reiteramos, los normalistas de Ayotzinapa no son solamente un asunto de agenda política, un tema mediático o crisis de inseguridad. Son ante todo un problema humanitario.
Los desaparecidos no le pertenecen a nadie más que a sus familias, que hoy sufren la angustia de desconocer el paradero de sus hijos. Ni la opinión pública ni los legisladores ni las familias queremos una verdad a medias. Ni hallazgos sin un sustento objetivo y científico.
Instar a las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno a resolver esta tragedia con justicia y con verdad.
Lo que pasa ahora en Guerrero es un caso de dolor evitable. Las autoridades no deben alegar ignorancia en asuntos que si se dedicaran a gobernar y servir a la sociedad, no solo deberían conocerlos sino resolverlos.
Independientemente, como se ha dicho aquí en tribuna, de quién presida esta comisión, el presidente no tiene más voz y más poder que los miembros de la comisión y mucho menos que esta asamblea, que este parlamento democrático. Así lo he demostrado en la Comisión de Seguridad Pública que presido. Trabajo para bien de la sociedad de México. Un trabajo democrático e imparcialidad; esto es lo que se debe hacer en este asunto que a todos nos apena y que todos debemos de apegarnos a derecho. Por su atención, muchísimas gracias.
Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Anaya Llamas. Tiene la palabra, la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del PRI, para fijar la postura del mismo. Adelante, diputada.
La diputada Miriam Cárdenas Cantú:Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes; con el permiso de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros legisladores. Esta sociedad mexicana ha atestiguado etapas de violencia que por supuesto son inaceptables, pero esta masacre acaecida en Guerrero, en donde las víctimas eran estudiantes de la Normal Rural, los más pobres de la región que con la aquiescencia y participación de la policía municipal fueron torturados, desmembrados y asesinados con saña y crueldad inaudita.Es un hecho sin precedentes que nos indigna y ante el cual no se puede permanecer silente y se debe exigir que no quede impune. Esta barbarie considerada peor aún que la matanza de Aguas Blancas merece un seguimiento puntual por esta Cámara de Diputados.
Nos sumamos al dolor, a la indignación, a la exigencia de justicia de decenas de familias guerrerenses víctimas de este crimen, cuya gravedad obliga a esta soberanía a realizar un seguimiento exhaustivo responsable y ético de las investigaciones que lleguen a esclarecer todas y cada una de las circunstancias en que sucedieron estos acontecimientos; pero sobre todo lo que clama el pueblo de México e incluso la comunidad internacional es que se sancione a los responsables.
México merece conocer la verdad sobre este hecho indignante, lacerante y repudiable. Conocer la verdad debe ser nuestro principal objeto y sancionar a los culpables muestra única manera de responder para que se cumpla la justicia que exigen los guerrerenses y el pueblo de México, pero también que se exige en la comunidad internacional; pues no debemos de perder de vista que ya han existido pronunciamientos de la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señalan estos acontecimientos no sólo como lamentables, sino que es indispensable que se sancione a los responsables.
Ante la visible incapacidad de las autoridades locales, es de reconocer la intervención decidida del titular del Ejecutivo federal al instruir a la Procuraduría General de la República para la atracción del caso y evitar que esta masacre quede en la impunidad.
Resulta indispensable que existe congruencia entre el discurso y la práctica. Así, hoy vemos que el Estado mexicano no se encuentra inerte. Rechaza las violaciones flagrantes a los derechos humanos y está cierto que no puede permitirse que se generalicen, que se tornen sistemáticos, a riesgo de convertirse en crímenes de lesa humanidad.
Señoras y señores. El Grupo Parlamentario al que pertenezco, el del Partido Revolucionario Institucional, se suma a la propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para crear una comisión especial, pues nosotros, las diputadas y los diputados, estamos obligados a responder a los mexicanos porque es inconcebible que derechos humanos, cuyo reconocimiento inició hace más de 200 años como la vida, la integridad personal, la libertad de tránsito, la seguridad jurídica, todos estos derechos humanos de primera generación, aún no puedan ser efectivos ni reales. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Cárdenas Cantú. Señoras diputadas, señores diputados. Estaríamos dando por concluida la lista de oradores en términos reglamentarios y ello obligaría a esta Presidencia instruir a la Secretaría consultara si está suficientemente discutido o no el acuerdo.
Virtud de la naturaleza del contenido del mismo, vamos a otorgarles el uso de la palabra a tres diputados más. Diputado Ricardo Mejía Berdeja, diputado Uriel Flores Aguayo y diputado Silvano Blanco Deaquino, de Movimiento Ciudadano y PRD, respectivamente.
Concluidas las participaciones, procederemos a la votación correspondiente para el curso del punto de acuerdo que estamos abordando. Hasta por tres minutos, señor diputado Mejía Berdeja, tiene el uso de la palabra.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. No fue un partido en especial el primero que propuso esta comisión, fue la propia sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón, de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, quien propuso crear una comisión plural de legisladoras y legisladores que se aboque a estos hechos incalificables de Iguala.Nosotros el pasado 2 de octubre dimos a conocer la carta que dirigieron estos estudiantes y hoy Movimiento Ciudadano está actuando en consecuencia.
Los hechos de Iguala, al igual que los de San Fernando, en Tamaulipas donde fueron masacrados 72 migrantes, o la ejecución de 22 civiles por parte de fuerzas militares en Tlatlaya, son hechos que indignan al país y a la opinión pública internacional.
Coincidimos con el diputado Monreal en que en el caso de Iguala se prefiguran dos delitos gravísimos: la desaparición forzada y el genocidio. Este último un delito de lesa humanidad que se da cuando se pretende acabar con un grupo por razones de raza, de índole económica o social, como fue el caso y es el caso de los jóvenes normalistas de Guerrero.
Queremos llamar la atención que esta comisión debe actuar con la mayor responsabilidad y con el mayor profesionalismo.
Todos somos miembros de partidos y de grupos parlamentarios, pero no se puede partidizar facciosamente o actuar con ánimo revanchista.
Si se tratara de descalificar, prácticamente no habría quién se escapara de estar metida en la dinámica política, porque a la autoridad local la respaldaron tres partidos; pero también se opusieron a ella tres partidos: el PRI, el Verde, y Nueva Alianza.
Si fuera la lógica de uno de los diputados que subió a tribuna de descalificar por motivos partidistas, evidentemente que aquí en esta comisión hay dirigentes políticos, hay gente de colaboró en campañas, hay gente que fue candidato al propio gobierno de Guerrero. Entonces, no me parece que esa deba ser la lógica.
Incluso, como lo decía el diputado Monreal, quizá se debería establecer algún mecanismo colegiado porque no se trata de tener una posición para atacar o para llevar raja política, sino lo que debemos hacer es ir a la verdad de los hechos y que se castigue ejemplar y drásticamente a los responsables de esta situación tan grave que se dio el pasado 26 de septiembre y donde siguen desaparecidos estos jóvenes.
Además queremos señalar que no es un tema solamente de Guerrero. A principios de este año se contabilizaban más de 400 fosas clandestinas en el país desde el año 2006, desde el gobierno de Calderón. Y este número de fosas es tan grande que tan sólo en el lapso de marzo del 2011 a abril del 2013 la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que se localizaron 198 fosas clandestinas en el país, con más de 460 cadáveres.
Por eso, compañeras y compañeros, la responsabilidad es compartida de todos los órdenes de gobierno. El que está mal es el país y es desde los estados del norte, pasando por estados tan tranquilos como Querétaro, donde se localizó a un narcotraficante, hasta estados sureños donde se enfrentan estos problemas.
Por eso vamos a trabajar con profesionalismo, con responsabilidad y sobre todo para que haya claridad y se castigue a los responsables; pero no estaremos de acuerdo en que se quiera partidizar la comisión. Es cuanto, Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias por su participación. Hasta por tres minutos tiene la palabra el señor diputado Uriel Flores Aguayo.
El diputado Uriel Flores Aguayo:Agradezco diputado presidente. Vengo a manifestar mi indignación como ser humano, como mexicano, como diputado, pero sobre todo como normalista también por estos muy lamentables y espeluznantes hechos.Me parece importante decir que deberíamos de evitar perder el tiempo. Está bien la comisión, pero ojalá que dé resultados, informe en lo inmediato de algún avance, de algo importante que haya localizado.
Este tipo de barbaries no dan margen para la politiquería, para el forcejeo interpartidista, para la ocurrencia. Se tiene que actuar sin simulación y sin eufemismos. No se trata de ver quién se cuelga medallitas.
El gobernador, si es que hay gobernador en Guerrero, debería de irse. Me parece absurdo que todavía haya afanes de estar ahí. Hay que dar un mensaje ético, un mensaje de esperanza a los mexicanos, de que no todo es corrupción, no todo es desapego a valores elementales, y creo que esta barbarie nos muestra dos grandes problemas, tiene dos dimensiones.
1. El ataque al normalismo. La reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral, trae un ataque al normalismo mexicano; se reduce el presupuesto, la matrícula; van a desaparecer escuelas normas, empiezan con las escuelas rurales, hay un feroz ataque a las normales rurales y, en general, el normalismo mexicano está pasando, pero se va a profundizar una crisis muy profunda.
Hoy que está el secretario de Educación, Chuayffet, en esta Cámara, en la tarde, sería una muy buena oportunidad para cuestionarlo sobre la política hacia el normalismo que ubicamos como de ataque y desvanecimiento del peso y la incidencia en el país del normalismo, pero tenemos un problema de crisis también del país, del sistema político, de representación, de descomposición social de los poderes fácticos, es un problema que hay que ver en su conjunto.
No basta que si la policía es certificada, que si el presidente municipal, no, no, no, es un problema de conjunto. Si no se enfoca, si no se establecen mecanismos de regeneración de la democracia mexicana, lo que sea la democracia mexicana, no hay solución para nuestro país.
Deberíamos, por lo tanto, de hacernos cargo de eso, y en memoria de estos muchachos, de los mártires de Ayotzinapa ahora, de la juventud mexicana, y en defensa del país de todos nosotros, como seres humanos, como mexicanos, exigimos justicia para las víctimas de Ayotzinapa. Es todo, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Flores.
Nos acompañan alumnos y alumnas de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los saludamos con afecto, les agradecemos su presencia en este recinto. Han sido invitados por el señor presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, don Silvano Aureoles Conejo. Bienvenidos.
Finalmente le otorgamos el uso de la palabra al diputado Silvano Blanco Deaquino, hasta por tres minutos.
El diputado Silvano Blanco Deaquino:Con su permiso, señor presidente. Puntualizar que en lo personal quizá sea algo utópico, pero esto debe ser el parte aguas para modificar la política nacional de seguridad en nuestro país.Este gobierno pretendió minimizar el problema de seguridad que tenemos en México y, al no ponerlo en los medios de comunicación masivos y esconderlo, decía que estaba resolviendo el problema de inseguridad en nuestro país y hasta han señalado que ha disminuido los asesinatos, las extorciones y el secuestro. Nada más falso.
Se tiene que reconocer que en México hay un narco Estado, se tiene que reconocer que hay narco política. Se tiene que reconocer que desde la Presidencia de la República, en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales efectivamente la delincuencia organizada aporta recursos económicos para estas campañas. Eso se tiene que reconocer por parte del país.
Si no se instrumenta una política de Estado para que efectivamente México empiece a estar en una situación totalmente distintas vamos a seguir cayendo en el cinismo, como se está cayendo en este momento, compañeras y compañeros. Hay que reconocerlo.
Se habla en este momento de la situación en el estado de Guerrero, y se viene y se dice que se lamenta. Efectivamente lamentamos los hechos, pero esta comisión especial debiera tener mayores alcances y efectivamente hacer propuestas de cómo hacer una política a nivel nacional que efectivamente modificara al Estado de cosas en México.
La federación no desconocía lo que pasa en Guerrero, así como no desconoce lo que pasa en todos los estados de la república. Prácticamente no hay un solo estado de la república en el cual la delincuencia organizada imponga a presidentes municipales, imponga a diputados locales, imponga a diputados federales, imponga a gobernadores y, me atrevo decir, que también le inyecta recursos económicos para las candidaturas a la Presidencia de la República.
Entonces, compañeras y compañeros, debemos ser honestos y ser realistas, hay que hacer un esfuerzo extraordinario, todas y todos. Podemos decir efectivamente que algunos se salvan de esta situación, es cierto. No podemos decir que todos los que tienen algún cargo de representación están involucrados, tampoco es cierto, sí hay gente con honestidad, hay gente con ética en todos los partidos políticos, pero también hay gente que se presta a situaciones irregulares en todos los partidos políticos, y por eso debemos nosotros hacer un esfuerzo extraordinario, compañeras y compañeros, y no quedar solamente en tratar de remediar algo de manera indirecta, en un solo lugar, como es el caso de Iguala, y que efectivamente el alcalde posteriormente si se prueba tiene que ser procesado y quienes tengan responsabilidad ahí, pero hay que hacer un esfuerzo extraordinario y no hay que politizar el tema y no hay que decir que efectivamente quien va a presidir la Comisión no va a hacer un buen papel.
Yo espero que todos los integrantes de la Comisión cumplan ese papel, pero no sólo eso, sino que vayan más allá y quien debe de estar en el banquillo de los acusados efectivamente es el gobierno mexicano por esa omisión que tiene para reparar el estado crítico que vive este país. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Silvano Blanco Deaquino. Por la razón que hemos expuesto, pero además porque ha concluido la lista de oradores, consulte la Secretaría en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Como ha dado cuenta la Secretaría, aprobado. Comuníquese.
Para continuar con el orden del día, previamente con la venia de ustedes... Diputado Guillermo Anaya, ¿Con qué objeto? Por favor sonido en su curul.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas(desde la curul): Gracias, presidente.Una vez que fue aprobado este acuerdo y por la urgencia del tema, me permito citar desde este momento a la Comisión Especial para el día de mañana a las 10:00 horas, y por la tarde les comunicaremos oficialmente el lugar de esta Cámara en donde nos reuniremos, pero para que quede constancia y que los miembros de esta Comisión tomen nota para la reunión e instalación de esta Comisión el día de mañana a las 10:00 horas.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Anaya, a pesar de no ser el procedimiento ortodoxo para la convocatoria, pero por la naturaleza y la urgencia, la Secretaría de esta Mesa Directiva le auxiliará para el trámite correspondiente. Muchas gracias.
Nos damos oportunidad para saludar a un grupo de jóvenes empresarios que acompañan al señor diputado Luis Murguía, procedentes de los estados de Chihuahua y de Sonora. Bienvenidas, bienvenidos.
Aprovecho también la oportunidad para darle la bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Anáhuac, plantel Cancún, del estado de Quintana Roo, que han sido invitados por el diputado Raymundo King de la Rosa. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por su visita.
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y LEY DE LA POLICIA FEDERAL
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Policía Federal
Honorable Asamblea:
La Comisión de Seguridad Pública de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
1. Con fecha 1 de abril de 2014, fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Seguridad Pública para su dictamen, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 6o., 40, fracción I, y 51, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
2. Con la misma fecha, fue también turnada por la Mesa Directiva a la citada comisión para los mismos efectos, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 2, 4, 5, 8, 9, 15, 19 y 49 de la Ley de la Policía Federal, a cargo del mismo iniciante.
II. Planteamiento del problema y contenido del asunto
1. El problema común que plantean las iniciativas en turno tiene como marco la reforma constitucional de junio de 2011, en materia de derechos humanos, que al entrar en vigor amplió la esfera de éstos para las personas que se encuentran en el territorio nacional; así como la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del 2 de enero de 2013, que entre otros ajustes concentró en la Secretaría de Gobernación las funciones relativas a seguridad pública.
Dicha problemática, consiste en que la aprobación de estas reformas acarrea de forma natural desarmonización legislativa, en razón de que deben actualizarse cuerpos normativos que se correlacionan tanto con la Constitución como con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2. El objeto de la iniciativa consiste en reformar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal, con la finalidad de adecuar el marco normativo al nuevo esquema de tutela de los Derechos Humanos, que accede al entorno jurídico internacional de éstos; así como el fin de reemplazar las menciones del secretario de Seguridad Pública, funcionario actualmente inexistente, con el secretario de Gobernación.
3. El contenido de las iniciativas se ilustra a continuación, comparándose con las normas jurídicas vigentes:
A) Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
B) Ley de la Policía Federal
III. Proceso de análisis
1. La Comisión de Seguridad Pública examinó los méritos de las iniciativas del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos y doctrinales, y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.
IV. Consideraciones resultado del análisis y valoración de las iniciativas
a) En cuanto a los argumentos del autor
Primera. Se coincide en cuanto a las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el iniciante en que, a raíz de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, es necesario ajustar el marco normativo secundario de manera conforme a la Constitución, para garantizar la plena validez de los mismos y que se continúe con el cambio en el paradigma de la relación de la autoridad frente a los gobernados.
Segunda. Asimismo, en lo relativo a las reformas propuestas a la Ley de la Policía Federal, se comparte el sentir del autor en cuanto a continuar homologando la legislación secundaria en lo relativo a la reforma constitucional citada en la consideración Primera; siendo también necesario el ajustar la norma jurídica a la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entrada en vigor en enero de 2013, subrogándose al secretario de Gobernación en las funciones del otrora existente secretario de Seguridad Pública
Tercera. Que la armonización legislativa es una consecuencia lógica y deseable de la aprobación de reformas al marco legal, debido a la interrelación entre los distintos cuerpos normativos para configurar un sistema funcional.
b) En cuanto a los textos normativos propuestos
Cuarta. Se coincide con el iniciante en que los dispositivos a reformar son adecuados y corresponde a la intención del autor de la iniciativa de armonizar tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal con las reformas constitucionales y legales multicitadas.
Quinta. Esta comisión considera procedente, en razón de la identidad en el objeto de las materias en estudio, dictaminar en un solo acto ambas iniciativas.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal
Artículo Primero. Se reforman los artículos 6, 40, fracción I, y, 51, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:
Artículo 6. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.
Artículo 40. ...
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
II. a XXVIII. ...
Artículo 51. ...
I. ...
II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de procuración de justicia;
III. a X. ...
Artículo Segundo. Se reforman los artículos 2, primer párrafo; 4, fracciones VIII y IX; 5; 8, fracción XXXIV; 9; 15; 19, fracción I, y 49 de la Ley de la Policía Federal, para quedar como sigue:
Artículo 2. La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y sus objetivos serán los siguientes:
I. a IV. ...
Artículo 4. ...
I. a VII. ...
VIII. Secretaría, a la Secretaría de Gobernación, y
IX. Secretario, al titular de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 5. La investigación para la prevención de los delitos, en términos de los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el conjunto sistematizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos, con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías individuales y los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 8. ...
I. a XXXIII. ...
XXXIV. Vigilar, supervisar, asegurar y custodiar, a solicitud de la autoridad competente, las instalaciones de los centros federales de detención, reclusión, readaptación y reinserción social, con apego a los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
XXXV. a XLVII. ...
Artículo 9. Las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mecanismos administrativos, presupuestarios y de control, aplicables de manera específica a las funciones y actividades excepcionales de la Policía Federal que requieran realizarse con riesgo o urgencia.
Artículo 15. La actuación de los miembros de la Policía Federal se sujetará, invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Artículo 19. ...
I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
II. a XXXIV. ...
Artículo 49. Las autoridades responsables de efectuar las intervenciones a que se refiere la fracción XXIX del artículo 8 de esta Ley deberán regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, honradez y respeto a las garantías individuales y los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Comisión de Seguridad, diputados:José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica), presidente; José Alejandro Montano Guzmán (rúbrica), Ana Isabel Allende Cano (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), José Alberto Rodríguez Calderón (rúbrica), Consuelo Argüelles Loya, Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), José Ángel Ávila Pérez (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo (rúbrica), Felipe Arturo Camarena García (rúbrica), secretarios; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Carlos Octavio Castellanos Mijares (rúbrica), José Francisco Coronato Rodríguez (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Pedro Ignacio Domínguez Zepeda (rúbrica), Francisco González Vargas, Raúl Macías Sandoval (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Trinidad Secundino Morales Vargas, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica), Sonia Rincón Chanona (rúbrica), Francisco Tomás Rodríguez Montero (rúbrica), Víctor Serralde Martínez, María Guadalupe Sánchez Santiago, Regina Vázquez Saut (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fundamentar el dictamen, de conformidad con lo que dispone el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le otorgo el uso de la palabra al señor diputado José Alberto Rodríguez Calderón, hasta por cinco minutos. Adelante, señor diputado.
Le concedo el uso de la palabra a la diputada Sonia Rincón Chanona, hasta por cinco minutos, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza sobre el dictamen que se ha comentado. Adelante, diputada.
La diputada Sonia Rincón Chanona:Con su venia, diputado presidente.El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la palabra, diputada.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Compañeras y compañeros diputados, la inseguridad generada por la criminalidad, la violencia en nuestro país constituye un grave problema, no sólo mantiene a las personas en la zozobra y el miedo a perder su patrimonio o la vida, sino que además pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos.
El dictamen que hoy se pone a votación implica el compromiso fehaciente por parte de las instituciones de seguridad pública de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Nuestro país ha firmado 11 tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre los que se destacan la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, entre otros.
Con base en los acuerdos internacionales y en las leyes mexicanas, las instituciones de seguridad pública deben proceder desde la perspectiva del respeto y la garantía de los derechos humanos, por un lado, las obligaciones de respeto y, por otro, las vinculadas a la adopción de medidas de prevención.
A pesar del progreso legislativo gradual en materia de derechos humanos, es necesario que la Policía Federal y demás instituciones encargadas de brindar la seguridad pública, actúen con estricto apego a la legalidad.
Con todo y los esfuerzos que han realizado las distintas corporaciones a fin de erradicar este problema, aún encontramos quiénes continúan actuando con violación sistemática a los derechos humanos.
Las principales denuncias que se realizan son por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, detención o retención arbitraria, entre otros. Tan sólo en 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 41 mil 662 quejas en torno a dicha problemática.
De entre la diversidad de personas que sufren este tipo de violaciones encontramos a los migrantes, quienes se ven obligados a dejar a sus países principalmente por falta de empleo, la mayor parte de las ocasiones no buscan permanecer en nuestro país, sin embargo, las circunstancias los fuerza a permanecer más tiempo en México y es precisamente en esta travesía que muchas veces los migrantes son víctimas de abusos verbales y físicos por parte de la Policía y demás encargados de migración.
Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos los pendientes que aún persisten para garantizar de manera efectiva los derechos humanos.
Es nuestra obligación fortalecer y velar por el Estado de derecho y la legalidad de la actuación de las instituciones, por ello nuestro voto será a favor del presente dictamen, ya que esteremos dando un paso más en la consolidación de una cultura a favor de los derechos humanos, más aún, cuando se trata de las instituciones que tienen una doble obligación, proteger a la sociedad de aquellos quienes intentan romper el orden social y al mismo tiempo hacerlo garantizando los derechos humanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Rincón Chanona. Hasta por cinco minutos tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Loretta Ortiz Ahlf, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Pública, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal.Como es de nuestro conocimiento, en junio del 2011 se modificó la Constitución General de la República para establecer de manera expresa el goce de todo ciudadano de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.
En dicha reforma, en el párrafo segundo del artículo 1 se establece el principio pro persona, que significa que ante la contradicción de cualquier disposición, puede ser una ley, una norma reglamentaria y la Constitución y un tratado internacional, debe prevalecer aquella que es más favorable para la persona.
Bastaría con la simple disposición constitucional y lo dispuesto en los instrumentos internacionales para que toda autoridad respetara la jerarquía normativa de la Constitución y de los tratados, con base al artículo 1 constitucional y al artículo 133 de la propia Constitución.
No obstante, coincidimos con el diputado iniciante, que es pertinente la adecuación de los cuerpos normativos secundarios, pero sin perder de vista que la Constitución para estos efectos es auto aplicativa por cuanto se trata de normas de derechos humanos.
A los integrantes del Partido del Trabajo nos preocupa el respeto de los derechos humanos de los gobernados. Y en el caso de existencia, además, de existencia de medidas efectivas que permitan su reparación, así como sanción a la autoridad, que excediéndose de sus atribuciones que la ley le otorga y las propias obligaciones que establece la norma constitucional vulnere estos derechos.
Es buena la intención de consagrar en las dos leyes que se tratan en este dictamen, de las autoridades, de proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero sería mucho mejor dar cursos de preparación y actualización a todos los integrantes de las corporaciones policiales, a efecto de que conozcan los códigos de conducta y demás protocolos que a nivel internacional existen para el actuar, tanto de los policías como de los fiscales a nivel internacional y que obligan al Estado mexicano.
La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos son superiores jerárquicamente a cualquier ley u orden de autoridad.
Se deben evitar excesos como los ocurridos el 15 de septiembre, donde las policías encargadas de salvaguardar el orden catearon a menores de edad como si estos fueran delincuentes detenidos en flagrancia y a los cuales deberían revisar para cerciorarse de que no estaban armados.
También se deben evitar violaciones graves, en algunos casos crímenes de lesa humanidad, como los ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya y el referido hace unos momentos, que es el caso de Iguala, y en general del estado de Guerrero.
En estas situaciones no solamente se están vulnerando derechos humanos, se están cometiendo, como ya se ha puntualizado, posibles crímenes de lesa humanidad y en donde el Estado mexicano no solamente una autoridad municipal, un gobernador, sino todo el Estado mexicano es responsable por la comisión de estos crímenes.
Como referencia se tienen las sentencias de campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado mexicano por la muerte de dos menores y una joven o igual el caso Radilla por la desaparición forzada donde se responsabilizó al Estado mexicano; no importando que hubiera sido en gobiernos anteriores, en el segundo caso y en el primero que hubiera sido en el estado de Chihuahua donde se cometieron los delitos.
Apoyamos las reformas que se proponen a las dos leyes materia del dictamen, pero establecemos la premisa de que los derechos humanos deben de ser respetados en todo momento y cuando proceda alguna limitación ésta se dé conforme a las disposiciones que nuestro propio ordenamiento legal establece; cualquier situación de facto, sin orden escrita fundada y motivada es una violación a los derechos humanos
Por esta consideración votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada, y reconociendo además el respeto al tiempo concedido. Ahora tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Coronato Rodríguez, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez:Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados.El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Bajo la premisa de ese contrato social descrito por demás atingente por Juan Jacobo Rousseau, a todo Estado o nación y por ende a toda institución pública le corresponde tutelar y proteger los derechos humanos de los miembros de su sociedad, particularmente las que convergen en la materia de la seguridad pública; lo cual como consecuencia, el conocimiento prístino de los derechos humanos le es fundamental a efecto de cumplir tan loable encomienda y responsabilidad.
Lamentablemente en muchos casos no es así, priva el desconocimiento de estos derechos fundamentales y por ende se generan actos violatorios a ellos, que laceran a seres humanos inhibiendo u obstaculizando su desarrollo pleno e integral a que tienen derecho a través de las omisiones y actos que les transgreden, siendo obligado el día de hoy a destacar que la obligación del Estado de velar por el derecho primigenio a la vida es a todas luces fundamental.
Las omisiones y abusos a lo largo y ancho de nuestro país por las instituciones públicas que integran las de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno son una constante. Sólo por citar dos ejemplos, como ya lo comentaron nuestras compañeras y compañeros diputados con antelación, el caso Tlatlaya del estado de México e iguala, el de Guerrero.
Ello se debe en gran medida a que se trata de prácticas que son difíciles de controlar y monitorear, así como a la falta de mecanismos internos de controles eficaces en las propias instituciones, pero también a la mala o nula capacitación que reciben los agentes policiales en sus corporaciones respectivas.
Prueba de lo anterior es que el año pasado el Estado mexicano recibió 180 recomendaciones de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como parte del segundo examen periódico universal que presentó ante dicho consejo, situación a todas luces preocupante. Las recomendaciones hechas por la comunidad internacional versan sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad pública el aumento constante de los casos de tortura por agentes de seguridad, la violencia contra las mujeres, la presencia del Ejército en las calles y la persistencia de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras.
Todo esto da cuenta de la preocupación existente entre la comunidad internacional por la falta de reconocimiento y respeto de los derechos humanos, haciendo especial énfasis en aquéllos reconocidos por los tratados internacionales que forman parte de la legislación de nuestro país, ya que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición social.
Es por ello que concordamos y celebramos que se incorpore específicamente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en la Ley de la Policía Federal las definiciones de las funciones de las instituciones involucradas en materia de seguridad y, de manera particular de la Policía Federal, el conocimiento y la observancia de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, debiendo insistir que la responsabilidad en última instancia del desempeño de los agentes que convergen en la seguridad pública, es del propio Estado y sus instituciones, pues deben de ser ellos quienes capaciten a sus miembros para su correcto accionar frente a la ciudadanía y observando los derechos que aquí se han mencionado.
Por lo anterior quiero felicitar a nuestro compañero el diputado José Alberto Rodríguez Calderón por esta iniciativa, y decirles, compañeras y compañeros, que la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Coronato. Hasta por cinco minutos le concedo el uso de la palabra al diputado Felipe Arturo Camarena García, para fijar la postura a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Felipe Arturo Camarena García:Con su venia, señor presidente. Los derechos humanos son el fundamento de la existencia y la coexistencia humana, estos son universales, indivisibles e interdependientes y están en el centro de todas las Naciones Unidas; aspiran a conseguir en su misión mundial de paz y desarrollo.El mundo ha progresado significativamente en lo referente a mejorar el conocimiento de los derechos humanos en el ámbito mundial, instituir un marco jurídico y establecer instituciones y mecanismos para garantizar la protección de los derechos humanos.
Sin embargo todavía queda mucho por hacer. Tenemos que mejorar los resultados del siglo pasado y hacer que el respeto de los derechos humanos sea una realidad para cada hombre, mujer y niño.
En este sentido a partir de 1945 y después de dos guerras mundiales, los derechos humanos y por extensión la seguridad pública, se convierten en requisitos de legitimidad y justicia de las instituciones modernas, por lo tanto la relación seguridad pública-derechos humanos, es una relación de medio a fin, siendo el medio la seguridad pública y el fin, los derechos humanos.
Hoy más que nunca la seguridad pública se legitima con un derecho fundamental. Los organismos policiales que respeten los derechos humanos consiguen con ello promover los objetivos mismos de la aplicación de la ley y establecer al mismo tiempo una estructura no sustentada en el miedo y en el poder, sino en el honor, la profesionalidad y la legalidad.
El derecho a la seguridad pública está contemplado en nuestro párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Carta Magna, es una función básica a cargo del Estado mexicano que comprende la prevención de los delitos, su investigación y la persecución de los delincuentes.
A este respecto señala que las instituciones de seguridad pública se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Pero nuestro sistema de seguridad pública, a raíz de reformas a nuestra Constitución impulsadas en los años 90 y hasta 2008, fue orientado sobre la base de un endurecimiento del marco jurídico, así como de la ampliación de las facultades de las policías y de los ministerios públicos, con la finalidad de obtener mejores resultados en la materia. Sin embargo, el resultado obtenido fue contrario a lo esperado, generando uno de los episodios de mayor impunidad y violencia en nuestro país.
En el México de hoy las instituciones de seguridad siguen utilizando una serie de prácticas que trastocan los derechos fundamentales de las personas. Entre éstas destacan el arraigo y los cateos ilegales; la desaparición forzada de personas; ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias; tortura; tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por todo lo anterior se propone un cambio de estrategia centrada en mejorar y ampliar la formación de los derechos humanos a todos los servidores públicos que intervienen en acciones de la seguridad pública, capacitar eficazmente al personal respecto de los protocolos y lineamientos de actuación en la materia e impulsar para ello una mayor coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y lograr una certificación en el conocimiento de los derechos humanos para prevenir las violaciones a los mismos.
Asimismo, se propone respetar e incorporar a nuestra legislación los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, seguridad pública y justicia, de los cuales nuestro país es parte y tienen carácter vinculante para los estados que los ratifican o se adhieren a ellos. Entre ellos encontramos reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención, declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura u otros tratados o penas crueles, inhumanas y degradantes.
Asimismo, el código de conducta para servidores públicos encargado de velar el cumplimiento de la ley, principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas para los mismos, declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otras.
Por lo anteriormente mencionado, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyamos decididamente el presente proyecto de decreto, el cual establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el empeño de sus funciones deberán respetar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.
Consideramos, por lo tanto, que el año 2014 debe ser el punto de partida para que las autoridades del Estado mexicano refuercen el tema de los derechos humanos en el país, partiendo de que su observancia debe ser el eje rector para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y de esta manera reconstruir el tejido social, impulsándose con ello a un nuevo ambiente de convivencia. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Camarena García. Hasta por cinco minutos tiene la palabra el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Catalino Duarte Ortuño:Con el permiso del señor presidente.El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputado.
El diputado Catalino Duarte Ortuño: El dictamen que hoy nos ocupa es el resultado de armonización de nuestro marco jurídico con el texto del artículo 1o de nuestra Constitución Política.
En este sentido, la reforma que se establece es muy sencilla en cuanto a la forma, dado que lo único que introduce es la fórmula relativa a la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México forma parte.
Como parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal; sin embargo, el fondo es verdaderamente importante. En nuestro Grupo Parlamentario siempre hemos sostenido que la seguridad pública es un derecho omnigarante de los demás derechos.
Esto es, si en una ciudad o en una comunidad no existen condiciones de seguridad pública, difícilmente sus integrantes podrán acceder al derecho a la educación, a un medio ambiente sano a la salud, a la justicia y, a tantos otros de los cuales habla nuestro texto constitucional.
En este caso específicamente las reformas a la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública obligan a todos los cuerpos policíacos, estatales, municipales, a todos los cuerpos ministeriales a respetar los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales de los cuales México forma parte.
Adicionalmente las reformas que se introducen a la Ley de la Policía Federal obligan a todos sus integrantes a comportarse y llevar a cabo sus labores a partir de estos principios, lo cual incluye al propio destacamento de la Gendarmería Nacional.
Este es el texto legal que hoy se propone modificar y que nuestro grupo parlamentario votará a favor, no obstante el texto legal sigue muy alejado de la realidad histórica de nuestro país.
Las violaciones a los derechos humanos siguen siendo de manera permanente por parte de los elementos de las corporaciones policiacas, de los tres órdenes de gobierno. Ejemplos sobran, el tema de Tlatlaya, hoy el tema de Guerrero, pero –lo queremos decir muy claro– consideramos que se requiere una reforma en materia de seguridad pública más a fondo, en la cual el gobierno federal, los estados de la república, los municipios muestren voluntad política para que este país mejore en el tema de seguridad pública.
Quiero reproducir aquí para terminar en la mayoría de sus términos las precisiones que hacía el guerrerense Silvano Blanco Deaquino, se requiere un cambio en la estrategia de seguridad pública porque no sólo reformando leyes, no sólo modificando constituciones vamos a tener mayor seguridad. Se requieren muchas cosas, y principalmente que en algunos de los casos los actores políticos de verdad no tengan tentaciones, no formen parte, no se coludan con organizaciones que en muchos de los casos a nivel nacional se dedican a cometer ilícitos.
Insisto, voluntad política, interés para que este país mejore en el tema de seguridad pública. Se ha dicho aquí que el PRI, que el PAN, que el Partido Verde, todos los partidos han manifestado su rechazo al tema de la inseguridad, pero realmente lo que tenemos que hacer aquí es convocarnos para cambiar la estrategia de seguridad pública, hacer adecuaciones a nuestra Constitución para que podamos atacar de fondo la descomposición social, en la cual –como ya lo señalé– en muchos de los casos nos llegan a los políticos. Muchísimas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Duarte. Tiene la palabra ahora la diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles:Con su anuencia, señor presidente.El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.
La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Compañeras diputadas y compañeros diputados, Acción Nacional se pronunciará en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Policía Federal, propuesta por el diputado José Alberto Rodríguez Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, en la que se busca la armonización del marco legal como consecuencia de las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos, y las de 2013 donde se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la cual se decreta la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública.
Con los cambios constitucionales en materia de derechos fundamentales en junio de 2011 hay una nueva pauta para la protección, garantía y respeto a los derechos de los mexicanos. El párrafo primero del artículo 1 constitucional una vez publicadas dichas reformas, a su letra dice.
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Hacemos énfasis que de la interpretación de la lectura de dicho párrafo, que no sólo hace referencia a los instrumentos internacionales cuyo espíritu y materia sea la salvaguarda de los derechos humanos, sino que abre el panorama a todos los tratados en donde se pueda desprender un derecho fundamental.
Asimismo, los tratados no sólo adquieren un reconocimiento constitucional sino que los sitúan en la cima de la jerarquía normativa junto con nuestra Carta Magna.
Con la iniciativa de mérito consideramos que se busca que no exista ninguna confusión en cuanto a la aplicación de los tratados y así lograr una plena aplicación de los mismos. También se busca el cambio de denominación de la Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Gobernación, en base a la reforma que se promulgó el 2 de enero de 2013, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública pasan sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación, con la finalidad de que la misma asuma las políticas en materia de seguridad.
Acción Nacional coincide con el autor en el sentido de que se debe de actualizar el marco normativo para lograr así una debida armonización del mismo en materia de derechos humanos y de la operación del sistema policial y penitenciario federal, logrando así un mejor desempeño de las instituciones de seguridad pública correspondiente con una nación democrática.
Los integrantes de Acción Nacional reafirmamos nuestro compromiso por colaborar en cualquier esfuerzo para lograr el respeto y la salvaguarda de los derechos de las y los ciudadanos, y permanecemos dispuestos a contribuir con nuestro trabajo legislativo. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Yáñez Robles. Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada María Elena Cano Ayala, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI.
La diputada María Elena Cano Ayala:Con su permiso, diputado presidente.El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputada.
La diputada María Elena Cano Ayala: Diputadas y diputados, las leyes en tanto construcciones humanas no constituyen figuras perennes, sino construcciones dinámicas que deben actualizarse continuamente. Esto a fin de responder a los requerimientos sociales para las cuales fueron creadas.
En este sentido, uno de los deberes principalísimos a cargo de los legisladores consiste en estar atento al entorno político que le rodea, para así proponer soluciones legales a problemas concretos.
Atento a este imperativo, nuestro compañero legislador, el diputado Alberto Rodríguez Calderón, propuso una serie de adecuaciones que buscan armonizar diversas disposiciones aplicables en el ámbito de la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos.
Señalamos lo anterior, toda vez que como consecuencia de la reforma constitucional de 2011 se amplió sobremanera el margen de prerrogativas contenidas en nuestra Ley Fundamental, al incorporar a nuestro sistema jurídico los derechos consagrados en los tratados y convenciones suscritas y ratificadas por el Estado mexicano, lo que se traduce en la instauración de un sistema de control de convencionalidad que garantice el respeto a la dignidad de nuestra población.
Por otro lado y tras las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se dio una reconfiguración del aparato administrativo federal, que trajo como consecuencia la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y el consecuente fortalecimiento de la entidad encargada de la política interna; es decir, la Secretaría de Gobernación.
Una vez entradas en vigor tales reformas, lo consecuente es adecuar al nuevo marco normativo el resto de las normas relacionadas con estos temas, tal y como en su momento lo propuso nuestro amigo, el legislador del estado de México, Alberto Rodríguez Calderón.
Lo anterior, no es un ejercicio ocioso ni cosa que se le parezca, es una labor necesaria que da certeza y seguridad jurídica a los destinatarios de tales ordenamientos, pues con ello se evitan interpretaciones confusas, que sólo podrían entorpecer la aplicación de las normas cuya reforma hoy estamos prestos a aprobar.
Lejos de lo que es el espacio estrictamente burocrático, la actualización aquí propuesta será útil, en tanto que reflejará la voluntad del Constituyente en el sentido de ampliar la esfera de prorrogativas, por lo que la votación que estamos a punto de realizar será una consecuencia del avance de los derechos humanos en nuestro país.
Por estas razones y otras, es que las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, votaremos a favor del presente dictamen e invitamos a los miembros de otras fuerzas políticas a que otorguen su voto en el mismo sentido.
Pocas veces, como ahora, es tan afortunado traer a cuento la sentencia de Aristóteles en el sentido de que, es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos. Por su atención, muchas gracias, diputado presidente, hasta aquí mi intervención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Cano Ayala. Con apoyo en el dispositivo 104, fracción V, numeral 1, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, informo a ustedes que para la discusión en lo general se han registrado los señores diputados Fernando Belaunzarán Méndez del Grupo Parlamentario del PRD, y el diputado Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano, para hacerlo en pro del dictamen. Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el primero de los nombrados.
El diputado Fernando Belaunzarán Méndez:No podía ser más oportuno un dictamen que hable del respeto a los derechos humanos y las policías públicas. Se pensaba, hasta hace poco tiempo, que México se estaba proyectando al extranjero y la imagen de México eran sus reformas, la verdad es que hoy la imagen de México son sus tragedias.Dos nombres, Tlatlaya e Iguala están recorriendo el mundo y ya son parte de la historia universal de la infamia, para vergüenza de todos. La verdad es que es un problema grave que implica que lo veamos como lo que es, como un problema de Estado.
La inseguridad que hay o la violencia que hay en algunos casos ya no sólo es en el ámbito únicamente criminal, están incidiendo cada vez más en el ámbito también político, incluso cabe la pregunta, ¿No será la violencia ahora desatada en varios casos, casos muy reprobables, no se estará usando la violencia como un arma política de grupos criminales?
Y esta violencia desatada en algunos casos, pienso en lo terrible que aconteció con nuestro compañero diputado, o lo que acaba de pasar en Iguala contra luchadores sociales, en donde uno no encuentra la racionalidad.
Y uno dice, ¿y por qué la saña? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué contra simples estudiantes? Y uno no encuentra la racionalidad cuál es.
A lo mejor estos grupos criminales están usando la violencia como un arma de presión política, de desestabilización. Y eso, obviamente sería muy, muy preocupante.
Y en este sentido, ¿Cómo puede el Estado mexicano responder a eso con efectividad? Uno fundamental, por supuesto, es defender los derechos humanos hoy conculcados tan claramente en estos casos, como en Tlatlaya o como en Iguala, defender los derechos humanos, porque si perdemos eso, si en la batalla perdemos eso de vista, me parece que estaremos perdiendo lo fundamental.
Pero lo que sí es, vienen momentos electorales. En estos momentos electorales se tiende a ver, a pensar en el rédito electoral, en el rédito en las urnas. Pero quizás si uno cae en esa tentación el país se nos caiga de las manos por la complejidad y la dificultad de la situación. Debemos pensar o tener mirada como estadistas y enfrentarlo profundamente. Viene un proceso electoral complicado y tenemos que actuar con absoluta responsabilidad.
Por supuesto, el primer responsable es quien está al frente del Estado mexicano como titular del Ejecutivo. Pero me parece que todos tenemos que contribuir a detener esta infiltración del crimen organizado por muchos lados. En fin, tenemos que tener visión de Estado para cuidar a este país de estas graves amenazas.
Y sinceramente, lo que sucedió, lo que conocimos primero en Tlatlaya y ahora lo que pasó en Iguala con los estudiantes de Ayotzinapa es simplemente inefable, inaceptable, inaudito. No podemos hacer como que nada pasó. Qué bueno que se haya conformado ya una comisión pero veamos el bosque y no solo una parte de éste, que podamos actuar en general con este problema que no es solamente de algunos lugares.
Termino simplemente diciendo, hace poco vi la propaganda de una Universidad en Reynosa, Tamaulipas, diciendo en esta Universidad que suspendía clases por las extorsiones que había en Reynosa. Una Universidad suspendiendo clases. Hay muchas muestras en nuestro país de estas cosas que están pasando y lo tenemos que abordar como una cuestión de Estado.
Y simplemente –y termino con esto, presidente– apuntemos esto: quizás ahora los grupos criminales estén usando la violencia como una arma política para incidir políticamente y eso esté en esta absurda racionalidad de estas masacres y estas tragedias que tanto nos duelen y tanto nos deben avergonzar y nos deben no solo preocupar, sino que nos tienen que ocupar para atajarlo.
¿Cuál es el remedio para la violencia? El remedio es la democracia, y no hay democracia sin respeto a los derechos humanos. Por eso votaré a favor de este dictamen. Gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Belaunzarán. Hasta por tres minutos tiene la palabra finalmente, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para hablar en pro.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente.El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Celebramos esta reforma que introduce el tema de los derechos humanos en los cuerpos policíacos. Pero queremos llamar también la atención de una situación en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; esta ley desde que se expidió el 2 de enero de 2009, establecía un plazo de cuatro años para que todas las policías del país, federales, estatales y municipales fueran certificados en los centros de evaluación y control de confianza.
Estos controles incluyen exámenes de evaluación médica, exámenes toxicológicos, de polígrafo, de desempeño, actitudes físicas, psicológicas, entorno social y situación patrimonial; en caso de que un elemento apruebe cada una de las pruebas se le entrega la certificación, sin embargo la certificación policial sigue siendo incompleta en el país.
Ya esta Cámara en dos ocasiones ha modificado un artículo transitorio para extender el plazo de las certificaciones. Primero el 18 de noviembre de 2012 se concedió 10 meses para cumplir con la meta del cien por ciento del cumplimiento de la certificación; este plazo se debió cumplir el 28 de octubre de 2013, sin embargo como no se cumplió se volvió a modificar la ley, el artículo transitorio que establece esta situación.
Quiero decirle a esta asamblea que este plazo fatal nuevamente vence este 29 de octubre. Es decir, en escasos días nuevamente habrá vencido el plazo que establece la obligación de la certificación policial. Lo traigo a colación a propósito de este dictamen para que vean lo grave del tema.
En Iguala la Policía Municipal, 22 elementos que han sido acusados de estos hechos reprobables, de esa masacre, estos elementos de la Policía Municipal, junto con la corporación, no quisieron sumarse al Mando Único Policial y no quisieron certificarse. Hoy vean las consecuencias.
Sin embargo aquellos municipios que han hecho la certificación, hoy varios de ellos enfrentan problemas. Han adoptado el Mando Único y han certificado, pero se requiere el apoyo de la federación para la transición y el reclutamiento de nuevos elementos policiacos en estos municipios, si no, estos elementos que están en el virtual desempleo en virtud de no pasar las pruebas, se convierten en una amenaza a la seguridad.
Ahí llamamos la atención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que la Gendarmería Nacional apoye este proceso de transición no solamente en lugares críticos como Iguala, sino en lugares que están cumpliendo, porque el reclutamiento, la liquidación de los elementos y demás –concluyo, presidente-, implica todo un reto y la gendarmería ha utilizado sólo en este año cuatro mil 500 millones de pesos.
Queremos que se tome nota de que este día 29 de octubre vence nuevamente el plazo de la certificación policial. Esta Legislatura ya lo ha movido en dos ocasiones y no se logra todavía cumplir la meta. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Mejía.
En virtud de que, conforme el artículo 109 del Reglamento de esta Cámara que estamos invocando no se ha reservado artículo alguno para la discusión en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para tomar la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, señor secretario.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto...
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 394 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 394 votos el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Ley de la Policía Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Diputado Julio César Moreno ¿con qué objeto?
El diputado Julio César Moreno Rivera (desde la curul): Sólo para aclarar que mi voto fue a favor y no en abstención, presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tome nota la Secretaría. Aprobado por unanimidad el dictamen comentado.Gracias, diputado.
LEY AGRARIA
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún:«Dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Reforma Agraria fue turnada para estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 Bis de la Ley Agraria.
La Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, Apartado A, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción 1, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes
I. Antecedentes
1. El 7 de noviembre de 2013, la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto que adiciona el artículo 113 Bis a la Ley Agraria.
2. Con esa fecha, mediante el oficio número DGPL 62-II-3-1124, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados turnó para estudio y análisis a la Comisión de Reforma Agraria el expediente número 3144, que contiene dicha iniciativa.
Establecidos los antecedentes, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados exponen su contenido al tenor de las siguientes:
II. Consideraciones de la iniciativa
A) Materia
La iniciativa que el legislador propone establece un planteamiento normativo en el que se faculta a las mujeres que tengan el carácter de ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras dentro de los núcleos ejidales a asociarse para organizar y constituir las unidades agrícolas industriales de la mujer.
B) Contenido
La iniciativa en comento pretende adicionar el artículo 113 Bis a la Ley Agraria, con la finalidad de facilitar que las mujeres integrantes de cualquier núcleo de población ejidal puedan asociarse de manera libre, y organizarse para constituir una Unidad productiva que fomente su desarrollo productivo en el esquema de las sociedades rurales.
Derivado de la exposición de motivos y a fin de dilucidar el texto de la reforma que propone el iniciador, resulta de utilidad insertar el siguiente cuadro:
Texto vigente
Artículo 113. Dos o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público de Comercio.
Las uniones se constituirán siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 108 de esta ley. Asimismo, los estatutos y su organización y funcionamiento se regirán, en lo conducente, por lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley.
Propuesta
Artículo 113. ...
Artículo 113 Bis. Las mujeres mayores de edad o menores con familia a su cargo pertenecientes a un mismo núcleo agrario: ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras, podrán organizarse como unidad agrícola industrial de la mujer, la que tendrá personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de cinco socias. La denominación social irá seguida de las palabras unidad agrícola industrial de la mujer o de su abreviatura UAIM.
Su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización u otras actividades no prohibidas por la ley que desarrollen las mujeres dentro del núcleo agrario.
El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unidad, deberá otorgarse ante un fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la unidad tendrá personalidad jurídica. Para su constitución no se exigirá como requisito la aportación de tierras parcelarias por parte de las socias.
Dos o más de las unidades a que se refiere este artículo podrán constituirse como uniones de unidades agrícolas industriales de la mujer de carácter regional.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, suscriben el presente dictamen exponiendo las siguientes consideraciones:
III. Análisis y valoración de la iniciativa
Primero.Referente a la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo,señala que existe una legislación agraria insuficiente que no desarrolla de manera clara y precisa aspectos como el derecho patrimonial y el carácter productivo que debe tener la superficie de tierra destinada a la unidad agrícola industrial de la mujer (UAIM), observando que la ley debe responder a este proceso de transformación social, otorgando a la mujer rural posibilidades de desarrollo productivo a través de figuras jurídicas que posibiliten la comercialización de sus productos sin importar su condición dentro del medio rural a través de formas asociativas más claras y precisas que permitan fomentar y promover el desarrollo de la mujer.
A juicio de esta comisión, en principio pudiera parecer innecesaria la iniciativa, ya que esta figura se encuentra regulada en la Ley Agraria, toda vez que en su título cuarto de establecen una serie de disposiciones referentes a la organización, constitución y funcionamiento de las sociedades rurales para la coordinación en general de actividades productivas, en donde se contempla la participación de los diversos sectores que componen el núcleo agrario (ejidatarios, grupos de mujeres campesinas organizadas, hijos de ejidatarios, comuneros, avecindados, pequeños productores, etcétera), esto último sin hacer ningún tipo de distinción o restricción de género.
Incluso, a la fecha se encuentra vigente el Reglamento de la Ley Agraria para fomentar la Organización y Desarrollo de la Mujer Campesina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 1998, el que tiene por objeto fomentar la actividad organizada de las mujeres campesinas para su desarrollo económico y en donde se establece que las mujeres del núcleo de población ejidal o comunal podrán asociarse a través de cualquier forma que prevea la ley.
Segundo.No obstante lo anterior, esta comisión, en el análisis objetivo de la propuesta, considera que en la legislación agraria no está suficientemente claro y preciso el objeto de la unidad agrícola industrial de la mujer, relacionado con el esquema de sociedades productivas que señala en su propuesta la Legisladora proponente, por lo que se considera viable la propuesta, sin embargo, no en la forma y términos propuestos por la proponente, sin que esto signifique dejar de observar el espíritu de sus motivaciones, es decir, a juicio de esta comisión consideramos que dentro de la estructura normativa de la legislación agraria la propuesta debe ser considerada en distinta forma y términos.
Por un lado, el artículo 63 de la legislación agraria establece la figura de la unidad agrícola industrial de la mujer, que está vinculado con el artículo 71, y en donde se puede observar la falta de claridad y precisión respecto a su figura y objeto, por lo que se considera oportuno establecer lo conducente.
Por lo que corresponde a dar claridad al sector de las mujeres organizadas a través de una figura jurídica en específico que les permita mejorar las actividades productivas relacionadas con la unidad agrícola industrial de la mujer, a juicio de esta comisión se considera oportuno mencionar que de acuerdo al mismo criterio de estructura normativa de la Legislación Agraria, debe considerarse lo conducente en el numeral 108 de la multicitada ley, que es en esencia donde se generan las condiciones de forma en cuanto a la organización, constitución y funcionamiento de las sociedades rurales en sus actividades productivas y en donde se considera para estos fines la participación de los diversos sectores que componen el núcleo agrario.
Tercero.Esta comisión considera oportuno realizar algunas modificaciones de forma por cuanto al contenido de la propuesta de reforma, evitando la duplicidad de textos y eliminando algunas cuestiones que ya están consideradas en la propia legislación agraria, con objeto de proyectar mayor claridad y certidumbre jurídica en dicha normativa, al tiempo de dejar inalteradas las motivaciones y el espíritu que pretende el legislador proponente.
Para mayor comprensión entre la propuesta inicial y la modificación propuesta, a continuación se inserta en el dictamen el siguiente cuadro comparativo:
Propuesta de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo
Artículo 113 Bis. Las mujeres mayores de edad o menores con familia a su cargo pertenecientes a un mismo núcleo agrario: ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras, podrán organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, la que tendrá personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de cinco socias. La denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola Industrial de la Mujer o de su abreviatura UAIM.
Su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización u otras actividades no prohibidas por la ley que desarrollen las mujeres dentro del núcleo agrario.
El acta constitutiva que contenga los estatutos de la unidad, deberá otorgarse ante un fedatario público e inscribirse en el Registro Agrario Nacional, a partir de lo cual la Unidad tendrá personalidad jurídica. Para su constitución no se exigirá como requisito la aportación de tierras parcelarias por parte de las socias.
Dos o más de las unidades a que se refiere este artículo podrán constituirse como Uniones de Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer de carácter regional.
Propuesta de la Comisión de Reforma Agraria
Artículo 71.La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de la unidad agrícola industrial de la mujer,la cual deberá ser aprovechada por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población.
En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina, su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario.
Artículo 108. ...
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Las mujeres pertenecientes a un núcleo agrario sin importar el carácter que tengan dentro del mismo, podrán organizarse como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer y estas a su vez en uniones, cumpliendo con los requisitos que señala el presente título. La denominación social irá seguida de las palabras Unidad Agrícola Industrial de la Mujer o su abreviatura UAIM.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados someten a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria
Artículo Único. Se reforma el artículo 71 y se adiciona un octavo párrafo al artículo 108 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:
Artículo 71.La asamblea podrá reservar igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de la unidad agrícola industrial de la mujer, la cual deberá ser aprovechada por las mujeres mayores de dieciséis años del núcleo de población.
En esta unidad se podrán integrar instalaciones destinadas específicamente al servicio y protección de la mujer campesina, su objeto será la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario.
Artículo 108. ...
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Las mujeres pertenecientes a un núcleo agrario sin importar el carácter que tengan dentro del mismo, podrán organizarse como unidad agrícola industrial de la mujer y éstas, a su vez, en uniones, cumpliendo con los requisitos que señala el presente Título. La denominación social irá seguida de las palabras “unidad agrícola industrial de la mujer” o su abreviatura, UAIM.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2014.
La Comisión de Reforma Agraria, diputados:Gisela Raquel Mota Ocampo (rúbrica), presidenta; Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez, Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), Jesús Morales Flores (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra (rúbrica), Maricruz Cruz Morales (rúbrica), José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, Blas Ramón Rubio Lara, secretarios; Felipe de Jesús Almaguer Torres, Darío Badillo Ramírez, Luis Gómez Gómez (rúbrica), Lisandro Arístides Campos Córdova (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), Óscar Bautista Villegas (rúbrica), Héctor Narcia Álvarez, Darío Zacarías Capuchino (rúbrica), José Antonio Rojo García de Alba (rúbrica), Guillermo Sánchez Torres (rúbrica), José Antonio León Mendívil (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), José Humberto Vega Vázquez (rúbrica), Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Alicia Concepción Ricalde Magaña.»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fundamentar el dictamen en nombre de la comisión tiene la palabra el señor diputado Guillermo Sánchez Torres; hasta por cinco minutos, señor diputado.
El diputado Guillermo Sánchez Torres:Buenas tardes, compañeras diputadas y diputados; con la venia de la presidencia. El día de hoy vengo a esta la más alta tribuna de la nación, a nombre de la Comisión de Reforma Agraria para fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108, ambos de la Ley Agraria.Dicha iniciativa que el día de hoy celebro, fue presentada por la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y turnada a la Comisión de la Reforma Agraria, de esta Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.
Quiero hacer mención que dicha iniciativa durante su estudio y análisis, fue sujeta a diversos cambios que fueron considerados oportunos por parte de la Comisión de Reforma Agraria.
Lo anterior con el objeto de proyectar mayor claridad y certidumbre jurídica a tan importante figura denominada Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, pero siempre respetando en todo momento el espíritu inicial de la legisladora proponente.
En México viven más de 12.4 millones de mujeres que residen en áreas rurales y que viven en condiciones de gran desventaja socioeconómica. En el país residen 25 millones de habitantes en localidades rurales, la mitad son mujeres, según cifras publicadas por el Inegi.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen 22.3 millones de hogares, 5.2 millones se ubican en localidades rurales y representan el 23.3 por ciento de total de unidades domésticas.
Al segundo trimestre de 2004, 2.7 millones de las mujeres del medio rural participaron en la producción de bienes y servicios para el mercado y representan 17.3 por ciento de la población económicamente activa femenina del país.
Adicionalmente, de las mujeres rurales de cinco años y más, 1.9 millones hablan alguna lengua indígena, es decir, 17.6 por ciento.
En la actualidad la mujer en el medio rural no sólo desarrolla un papel fundamental en la vida diaria de la familia, sino que también es proveedora de ingresos para su manutención y se ha convertido en factor de trabajo productivo para el propio núcleo de la población.
Si bien es cierto que la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer es una figura que ya está contemplada en el numeral 63 de la Ley Agraria, ello no significa que la misma se encuentre actualmente bien definida en cuanto a su objeto y formas de organización, situación que resulta ser parte fundamental de las consideraciones que soporta la iniciativa.
Es por ello que con el presente dictamen se pretende facilitar que las mujeres integrantes de cualquier núcleo de población ejidal puedan asociarse de manera libre y organizarse para constituir una unidad productiva denominada Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, por sus siglas UAIM, la cual permitirá fomentar su desarrollo productivo bajo el esquema de las sociedades rurales al establecerse con precisión y claridad su objetivo, mismo que se vincula directamente con la realización y coordinación de actividades productivas, de asistencia mutua, aprovechamiento de recursos, comercialización o cualquier otra actividad que promueva el desarrollo económico y social de las mujeres dentro del núcleo agrario, sin importar su calidad dentro del ejido.
Se abrirán las posibilidades para que cualquier mujer, con el solo hecho de pertenecer a un determinado núcleo agrario, esté en condición de poderse asociar para estos fines, sin importar si es ejidataria, comunera, posesionista o avecindada, buscando con ello mejorar beneficios y mejor desarrollo para las mujeres en el campo.
Bajo esta tesitura, compañeros diputados, el presente dictamen permitirá generar mejores expectativas para las mujeres campesinas, y a quienes a través de esta tribuna hago un reconocimiento público a tan grande esfuerzo que realizan en la actualidad, no sólo en las acciones relacionados con el campo, sino también en las demás actividades en las que tan eficazmente se desempeñan, resaltando que hoy en día la mujer ya no representa ser más dentro del ejido, sino un factor de impulso económico ya reconocido en nuestro país, y que si bien es cierto con el presente dictamen no se resuelven todas las carencias que se tienen en el sector agrario, es un pequeño paso para seguir impulsando mejores condiciones para las mujeres que se desarrollen en el campo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Sánchez Torres.
Ahora para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún. Adelante, diputado.
El diputado Fernando Bribiesca Sahagún:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, como diputados federales tenemos el compromiso de combatir la discriminación e impulsar la inclusión de todos los sectores de la población. Las mujeres rurales son madres de familia, campesinas, agricultoras y pequeñas empresarias que contribuyen al bienestar de sus comunidades y al desarrollo de la economía rural.Se debe considerar primordial su participación en la producción de alimentos, que es el rol esencial para la seguridad alimentaria de nuestro país. Aunado a que su labor en muchas ocasiones pasa desapercibida, las mujeres rurales son un sector muy vulnerable, puesto que están expuestas a múltiples carencias alimentarias, educativas y de salud.
Si bien, la pobreza que prevalece en las zonas rurales es una barrera importante para el desarrollo pleno de todas las personas, la carga resulta mayor para las niñas y mujeres que están expuestas a la desnutrición y discriminación.
A este respecto, el Estado mexicano tiene mucho por hacer en materia de equidad de género y de no discriminación por motivos como la condición social, ocupación, origen étnico o cualquier otro motivo.
Tenemos que reconocer que una mujer indígena dedicada al trabajo del campo, sin una formación escolar tiene más elementos para ser discriminada que cualquier otra en el país.
Por ello, estamos de acuerdo en las modificaciones que propone el presente dictamen, cuyo objetivo central es crear unidades productivas agrícolas de mujeres y con ello impulsar su economía y su inclusión a la vida laboral.
De igual forma, consideramos correctas las modificaciones que la comisión realizó a la iniciativa original, puesto que de esta forma se cuida el principio normativo de que la ley debe ser aplicada por igual entre hombres y mujeres.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza seguiremos apoyando las propuestas para el campo mexicano que persigan la creación de cadenas productivas y la reactivación de los pequeños grupos agrarios con la visión social e incluyente.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, no sin antes exhortarlos a abordar de manera responsable y profunda los problemas que aquejan al campo mexicano y a la mujer rural, y vigilar la correcta implementación de los programas que deben promover la creación de empresas agropecuarias y el mejoramiento de las condiciones de vida en el sector rural. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, para fijar la postura que corresponde a su bancada.
El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el pleno de esta soberanía ha recibido de la Comisión de Reforma Agraria un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 y adiciona un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria, consistente en precisar y aclarar el objeto de las unidades agrícolas industriales de las mujeres.En efecto, la propuesta original de nuestra compañera legisladora estaba referida a adicionar un artículo 113 Bis al ordenamiento referido en el proemio de este documento. Sin embargo, la comisión legislativa correspondiente derivado del estudio realizado ha propuesto modificar la iniciativa antes referida para focalizarla en la reforma del artículo 71 y adicionar un párrafo octavo al artículo 108 de la ley en comento.
El meollo de la propuesta original, que en esencia no se modifica por la comisión legislativa aludida, es el establecer el marco que faculte a las mujeres que tengan el carácter de ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras dentro de los núcleos ejidales a asociarse para organizar y construir unidades agrícolas industriales de la mujer.
De ese contenido deriva el estudio efectuado acuciosamente por la multicitada comisión, obteniendo en opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo un resultado positivo para el fin propuesto por la diputada promovente.
La proposición de la Comisión logra presentar economía procesal legislativa para llegar al fin de la legisladora, de tal manera que se obtenga el mismo resultado sin necesidad de modificar o adicionar un artículo a la ley referida.
Tanto en la modificación del artículo 71 como en la adición de un octavo párrafo al artículo 108, se obtiene hacer la aclaración y precisión de que hablamos de unidades agrícolas industriales de la mujer que para los efectos de sustanciar la protección al género femenino se logra al fin propuesto en su origen.
En sustancia esta iniciativa reconoce el papel fundamental que juega la mujer sobre todo en las comunidades rurales, dando así un reconocimiento a las mujeres campesinas porque ayudan y protegen la economía familiar, y por esta razón también se lucha contra la discriminación, porque las mujeres en las comunidades rurales son verdaderamente protagonistas y ayudan a fortalecer la economía de los hogares.
En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen que nos ha presentado la Comisión de Reforma Agraria. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Héctor Hugo. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.
La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. Las mujeres en nuestro país han participado con su trabajo cotidiano en el ámbito doméstico, agropecuario y artesanal, sin embargo, no se ha dado el reconocimiento y el mérito como una actividad nacional. Por lo general el trabajo femenino y actividades agrícolas se han subestimado tanto en su magnitud como en las formas diversas en que se manifiesta.Existe falta de atención. De hecho, en la literatura de los Ochenta es denominado trabajo invisible o la invisibilidad de las mujeres.
La presente discusión es con base a una iniciativa presentada el 7 de noviembre de 2013, donde se propone facultar a que las mujeres tengan el carácter de ejidatarias, comuneras, avecindadas, posesionarias y pobladoras dentro de los núcleos ejidales a asociarse para organizar y construir las unidades agrícolas industriales de la mujer.
Lo anterior, con el fin de que pueda realizarse de manera libre y de esa manera fomentar el desarrollo productivo en el esquema de las sociedades rurales.
Estamos de acuerdo en lo expuesto, ya que se tiene una legislación insuficiente en el tema y se necesita mejorar el desarrollo de derechos patrimoniales y de carácter productivo que debe tener la tierra destinada a la unidad agrícola industrial de la mujer, así como extender las posibilidades de producción y comercialización de los productos de las mujeres.
No debemos permitir la discriminación a la mujer rural, ya que es el motor de desarrollo del campo y lamentablemente su trabajo no es reconocido, no se ve y mucho menos se registra.
En México 13 millones de mujeres viven en comunidades rurales. De ellas sólo a 610 mil se les reconoce como propietarias de la tierra. Hablando en unidades de producción el 30 por ciento se encuentra a cargo de una mujer. Sin embargo, sólo el 2 por ciento se registra a su nombre.
De acuerdo a datos de la Confederación Nacional Campesina, más de un millón 200 mil madres de familia de origen campesino se han convertido en cabeza de familias a causa de la migración de sus esposos por falta de oportunidades.
En este tema bien cabe hacer mención sobre el sufrimiento de todas las mujeres, ya sean las victimadas o madres de todas estas víctimas, desde que los malos gobiernos se han dejado penetrar por el crimen organizado.
Desde mi primera intervención en esta tribuna denuncié la corrupción como máximo de estos gobiernos de PRIAN, tratados, acuerdos, pactos y reformas están por demás, si la corrupción es la médula de este sistema de gobierno.
Hoy pregunto a todos los que estamos aquí presentes, porque no podemos darle la vuelta a la página y decir que ya estamos en otro tema, les pregunto, ¿Qué pasaría, o qué pensaríamos si esa imagen del joven desollado en Iguala fuera uno de nuestros hijos, se han puesto siquiera a pensar? Hagamos conciencia.
Las mujeres que hoy nos encontramos en este recinto no importa nuestra militancia partidista, lo que nos debe de importar es salvar a México de estos corruptos que están gobernando en todos los ámbitos y en todos los sectores.
De qué nos sirve subir y subir a esta tribuna, si los que están encabezando el Poder Ejecutivo están coludidos con asesinos sin escrúpulos. Cómo es posible que el Cisen tenía conocimiento del contubernio de las autoridades y el crimen organizado en este estado de Guerrero y este Centro de Investigación no lo denunció, para que se previera un hecho tan lamentable y tan atroz como el que hoy pone nuevamente de luto a la nación y a nuestra legislatura.
Quiero decirles que según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una madre mexicana que vive en zona rural trabaja 53 por ciento más que los hombres y 4 horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas. Tristemente los salarios de las mujeres que viven en estas zonas son mínimos e insuficientes y la mayoría carece de sistemas de seguridad social.
Faltan más acciones para que las mujeres tengan oportunidades de crecimiento en el país, seguridad social, seguridad pública, para que puedan trabajar en paz y ser más productivas. Sin embargo, no se ve mucho de este tema en este país.
Estamos a favor del dictamen a discusión, como siempre lo hemos estado la fracción de Movimiento Ciudadano. Todo lo que sea en bien del país, lo que sea en bien de las mujeres o beneficios para todos nuestros conciudadanos, siempre lo vamos a votar a favor.
Sin embargo, debemos plantear esta nueva concepción de convivencia social y productiva para la mujer campesina, programas de extensión y tecnologías agrícolas, así como financiamientos para reconocer y resguardar los derechos de la mujer en todos los sentidos y en todos los ámbitos.
No dejemos el tema en una simple modificación de un artículo, las mexicanas merecen y necesitan ver el cambio de esta práctica en el día a día. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada.
Esta Presidencia saluda con mucho gusto la presencia, en este salón de plenos, de la señora Bárbara Randolph, presidenta de la Fundación México en Harvard, quien viene acompañada de un grupo de directores de admisión de la escuela de política de negocios, de diseño y de salud pública de esa prestigiada universidad, el señor Matt Clemons, Charles Allison, Felisa Nobles, John Aslanion. Todos ellos invitados e invitadas por la diputada Lilia Aguilar Gil y acompañadas y acompañados de un grupo de distinguidas diputadas y diputados de esta Legislatura.
Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este recinto parlamentario. Muchas gracias por su presencia.
Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yazmín Copete Zapot, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática saludamos la presente iniciativa de nuestra compañera legisladora María Fernanda, porque en su propuesta cubre una necesidad que es la de resaltar la importancia de la mujer en el medio rural, toda vez que nuestro campo se ha ido feminizando, los hombres buscan mejores condiciones de vida, han ido emigrando y los que quedan allá, en el campo, muchos ya no lo trabajan, entre otros factores sociales que denotan la importancia de ellas en el campo, de nuestras compañeras mujeres.Por esto, la mujer ha tomado cada vez mayor auge en el medio, a través de su trabajo, haciéndose cargo de la manutención de su familia y haciendo posible la sobrevivencia del núcleo de la población rural.
Este proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 71 y se adiciona el párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria, sin duda alguna hace alusión en el sentido de fortalecer la figura de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, misma que consideramos procedente en razón de que la misma tiene por objeto mejorar las condiciones del campo allá en donde están nuestras mujeres.
Este proyecto de decreto que pretende que en cualquier núcleo agrario, sin importar su calidad dentro del ejido, puedan asociarse y organizarse libremente en unidades productivas con la finalidad de que a través de estas formas de organización puedan mejorar el desarrollo productivo de sus comunidades a través de las diferentes actividades que actualmente desarrolla la mujer en el campo.
En nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, siempre hemos estado a favor de aquellas reformas que tengan por objeto mejorar las condiciones del sector rural y sobre todo hoy aquellas que favorecen y benefician a las mujeres.
La Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, sin duda alguna reviste una gran importancia porque además hoy están consideradas las mujeres a partir de los 16 años, cosa que es sin duda alguna significativa, dado que en muchas ocasiones solamente se nos considera a partir de la mayoría de edad, de los 18 años.
En esta ley se considera a la mujer con todas las posibilidades de participar en estas unidades agrícolas industriales de la mujer a partir de los 16 años, quienes en la actualidad juegan un papel muy significativo en el sector agroproductivo.
Por ello nuestro grupo parlamentario apoyará el presente dictamen que está siendo puesto a consideración de este pleno. Algo que es importante también es que se puedan destinar los recursos necesarios, que se privilegie en las dependencias, que son las responsables de destinar los recursos a los proyectos productivos, a todo lo que tiene que ver con la producción rural en el campo, se privilegie el presupuesto para la mujer.
Sin duda alguna que los recursos que son manejados por las mujeres, son los recursos mejores invertidos y de ello las que estamos aquí, las compañeras diputadas que estamos aquí no nos dejarán mentir, y por supuesto aquellos compañeros diputados que también les consta que allá en las comunidades, en los municipios, en los ejidos donde la mujer está al frente de la administración hay mejores resultados.
Aprovecho este espacio para manifestar nuestro rechazo a todas estas acciones de barbarie que hoy en el estado de Guerrero enluta a los mexicanos y a las mexicanas.
Lamentablemente estos estudiantes, donde son precisamente de familias de escasos recursos, de madres que no tienen la posibilidad de pagarles una universidad en sus lugares de origen tienen que emigrar, tienen que ir a buscar esa oportunidad de preparación en lugares lejanos a donde han nacido.
Por ello comparto lo vertido aquí con el diputado Uriel Flores Aguayo, de Veracruz, cuando dice precisamente que son los normalistas hoy quienes están siendo de alguna manera golpeados por la conciencia que en un momento dado prevalece en ellos.
Desde aquí demandamos esclarecimiento y por supuesto que los gobiernos federal, estatal y municipal, saben quiénes son los delincuentes, saben dónde se encuentran sus guaridas, pero que muchas veces no actúan por beneficio político y eso se tiene que decir fuerte y claro.
Es oportuno mandar un mensaje al pueblo de México para que en las futuras campañas políticas que haya se fijen quiénes son aquéllos que compran votos, que reparten dádivas y cuáles son los orígenes de esos recursos, y entonces la sociedad en su conjunto tenemos que hacer un acto de contrición para efectos de ver hasta qué grado también la población es responsable de poner en los cargos a gente corrupta, a gente como la que hoy es vergüenza para las y los mexicanos. Gracias por la oportunidad y el tiempo, diputado presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada; muchas gracias a usted.
Le damos la bienvenida a un grupo de mujeres de la Fundación Dar, presentes aquí en el pleno, invitadas por la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo. Suerte y bienvenidas. Muchas gracias por su presencia.
Me ha pedido la palabra la diputada María Fernanda, proponente de esta iniciativa, para hablar sobre el tema, por dos minutos.
La diputada María Fernanda Schroeder Verdugo:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En México viven más de 12 millones de mujeres que residen en áreas rurales y que viven en condiciones de desventaja socioeconómica.En el país viven 25 millones de habitantes en localidades rurales; la mitad son mujeres. De acuerdo con el INEGI, en México existen 22 millones de hogares; 5 millones se ubican en localidades rurales y representan el 23 por ciento del total de unidades domésticas.
En los últimos años la participación de la mujer rural en la producción de bienes y servicios, ha sido significativa.
No obstante lo anterior, programas presupuestales como el de la Mujer en el Sector Rural, que busca la generación de ingresos mediante proyectos productivos, no han tenido el suficiente respaldo presupuestario para hacer frente al proceso de marginación del campo mexicano.
Compañeras y compañeros diputados, la problemática que expongo debe ser atendida desde un esquema relacionado con las formas asociativas para la producción en el cual las mujeres pueden asociarse entre sí a través de su trabajo y constituir sociedades productivas que fomenten y promuevan su desarrollo.
Por ello el presente dictamen propone reformar el párrafo segundo del artículo 71, y adicionar un octavo párrafo al artículo 108, ambos de la Ley Agraria, con el objeto de establecer los mecanismos jurídicos necesarios para promover la asociación de mujeres a través de la Unidad Agrícola Industrial y que ésta sea reconocida como una sociedad rural.
El dictamen busca fortalecer los derechos de la mujer rural, proteger el patrimonio sobre su tierra y promover su desarrollo a través del trabajo productivo, reconociendo su papel, su trabajo y su fortaleza dentro del medio rural.
Finalmente debo reconocer el trabajo realizado al interior de la Comisión de Reforma Agraria respecto de la iniciativa suscrita por su servidora.
El esfuerzo conjunto de los diputados de los distintos grupos parlamentarios, merece mi respeto y mi reconocimiento.
Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente y muchísimas gracias y buenas tardes a todos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. No habiendo más oradores registrados, esta presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión el siguiente artículo: artículo 71 del dictamen a discusión.
Se pide en consecuencia a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
(Votación)
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul): A favor.
El diputado Marco Antonio González Valdez (desde su curul): A favor.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 382 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra.
Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 382 votos.
Con apoyo en el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, para presentar su propuesta de modificación al artículo 71.
El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: el país se encuentra en un grave riesgo. La Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, debería estar involucrado, atento a buscar soluciones más de fondo. El país se está cayendo a pedazos, el problema de la inseguridad es impresionante, la impunidad, el desempleo son temas muy delicados.En esta propuesta no cambia nada; realmente –conozco la Ley Agraria desde hace muchos años, litigué mucho en esta materia–; la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer existe desde hace mucho tiempo; incluso en el artículo 63 refiere con toda claridad lo que implica la Unidad Agrícola Integral e Industrial de la Mujer.
En el campo los ejidatarios, los núcleos de población comúnmente les llaman guayín y es una organización de mujeres que tiene mucho tiempo de existir. Incluso la ley va más allá porque establece la facultad y la obligación de registrarlas ante fedatario público, ante el registro agrario nacional y esta figura jurídica realmente ya se contempla.
Aquí lo que se hace es una nueva definición o una nueva redacción, pero incluso escuchaba a alguien decir que a partir de ahora las UAIM podrán ser integradas por mujeres menores de 18 años y que es una gran ventaja y es un gran avance.
No, no es cierto; no es cierto. Ya actualmente es para mujeres de 16 años. El artículo 71 señala con mucha claridad, actualmente la ley lo señala: la asamblea podrá reservarse igualmente una superficie en la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que serán destinados al establecimiento de una granja agropecuaria de industria rurales, aprovechadas por las mujeres mayores de 16 años del núcleo de población.
No hay nada nuevo en esta redacción, incluso en la propuesta del artículo 108 –les repito- conozco la Ley Agraria, por eso me atrevo a comentarlo sin desdoro del esfuerzo de la proponente, no es ése el tema. Pero al artículo 108 le agregan un párrafo que a mí me parece fuera de lugar; en el contexto en el que lo sitúan agregan un párrafo, actualmente el artículo 108 tiene seis fracciones, seis párrafos, agregan un séptimo o un octavo que señala que las mujeres pertenecientes a un núcleo agrario sin importar el carácter que tengan dentro del mismo, podrán organizarse en las UAIM y estas a su vez en uniones.
La verdad es que este artículo 108 habla sobre la posibilidad y la facultad de los núcleos agrarios denominados ejidos para constituirse en uniones de ejidos y toda la redacción de este artículo se refiere fundamentalmente a uniones de ejidos o a otras organizaciones como cooperativas de otro tipo de organizaciones económicas.
Es para mí no afortunado, está bien como para pasar el tiempo, para llenar la agenda, aprobarlo, pero no tiene grandes cosas, grandes avances, no tiene nada del cual pudiéramos presumir. Lo digo y lo analizo desde el punto de vista jurídico-constitucional.
Y por último les digo, no sólo eso. En 1998, hace ya muchos años, se emitió el reglamento. Es un reglamento de la Ley Agraria relativo a fomentar las organizaciones de desarrollo de la mujer campesina que se publicó, en efecto, en 1998.
Ya en este reglamento establece la naturaleza jurídica y los alcances de las UAIM, de las Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer. Luego entonces para mí es lo que en materia jurídica le llamamos tautología, ya está en la ley, se agregan cosas, está bien, pero deberíamos estar ocupados en otros asuntos de mayor relevancia, porque el país –repito– se está cayendo a pedazos, el desempleo, la inseguridad pública, la corrupción, deberíamos estar legislando en esa materia porque es urgente lo que está pasando en el país.
Por la atención de todos, muchas gracias. Por esa razón con respecto a la proponente en lo personal me voy a abstener, aun cuando la diputada Martha había comentado votar en favor los dejaré en libertad, es un prurito jurídico simple y sencillamente. No es un prurito, es una posición jurídica respecto de la Ley Agraria y de lo que se pretende modificar.
«Con fundamento en los artículos 6o., fracción X; 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente reserva:
Artículo 71.
...
Texto del dictamen
Artículo 71. La Asamblea podrá...
...
Texto propuesto
Artículo 71. Se Elimina.
México, DF, a 7 de octubre de 2014.— Diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se desecha.
Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 71 reservado en los términos del dictamen.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 71 reservado en los términos del dictamen.
(Votación)
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema electrónico de votación.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.
El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.
El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.
El diputado Marco Antonio González Valdez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Se emitieron 347 votos a favor, 4 abstenciones y 17 en contra.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un octavo párrafo al artículo 108, de la Ley Agraria.
En tanto continuamos con el orden del día, el diputado Juan Manuel Gastélum Buenrostro invito a alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México y que son de esta Ciudad de México, y les damos la bienvenida a este recinto. Gracias por su visita.
Hecha la declaratoria de aprobación en lo general y en lo particular, pasa al Senado el proyecto de decreto para sus efectos constitucionales.
Continúe la Secretaría dando cuenta con iniciativas de diputados y de diputadas de esta legislatura.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PVEM
Ruth Zavaleta Salgado, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La independencia económica es un requisito previo para que mujeres y hombres puedan controlar sus vidas y tengan auténtica libertad para elegir. La manera más generalizada de lograr esta independencia es ganarse la vida: la participación de la mujer en el mercado laboral avanzó ya que en 1995 la mujeres ocupadas laboralmente eran 10,543,554 y en el segundo trimestre de 2014 alcanzaron la cifra de 17,357,056 pasando de un 33% de la población económicamente activa ocupada en 1995 a un 37% en 2014. Es decir si bien es cierto, el incremento de poco más de 6 millones de mujeres que cuentan con trabajo, porcentualmente el avance no es significativo.
Aún hoy, el impacto de los hijos en la participación en el mercado laboral es muy diferente para las mujeres y para los hombres, porque las mujeres siguen llevando sobre sus hombros una parte desproporcionada de las responsabilidades que entraña la vida de una familia.
Las maneras en que mujeres y hombres experimentan la pobreza y la exclusión social siguen siendo muy diferentes. Las mujeres se enfrentan a un mayor riesgo de pobreza, particularmente las que crían solas a sus hijos y las de más edad, cuando la disparidad salarial conduce a una disparidad de pensiones, sobre el particular es conveniente señalar que las Personas adultas mayores jubiladas o pensionadas 73.2% son hombres y 26.8% son mujeres.
El principio de igualdad salarial para hombres y mujeres por un trabajo igual está debidamente reconocido y salvaguardado por el Estado, al establecerse este derecho en la fracción VII del Apartado A del artículo 123 Constitucional, no obstante lo anterior los índices de discriminación salarial por ocupación muestran que: a) Las mujeres ganan 30.5% menos que los hombres en trabajos industriales; b) las mujeres ganan 16.7% menos como comerciantes; y c) Las mujeres ganan 15.3% menos como profesionales. En el mismo sentido los índices de discriminación salarial por actividad señalan: a) 20% menos en el sector comercio; b) 18.1% menos en la industria manufacturera; y c) 14% en el sector de la construcción.
Las causas profundas de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres van mucho más allá de la cuestión de la igualdad salarial por un trabajo igual. Hay una clara disparidad entre el nivel de estudios que alcanzan las mujeres y sus perspectivas profesionales, por lo que debe prestarse especial atención a la transición entre la educación y el mercado laboral. Las causas de la disparidad salarial también proceden de la discriminación en el mercado laboral, ya que las mujeres y los hombres aún tienden a trabajar en sectores y tareas diferentes. Por una parte, unas u otros están sobrerrepresentados en determinados sectores, y los empleos “para mujeres” suelen ser, en general, menos valorados que las profesiones típicamente masculinas. Por otra parte, en el mismo sector o empresa, las tareas desempeñadas por las mujeres tienden a estar menos pagadas y peor valoradas.
El avance de las mujeres en los años de estudio y que cada día hay más egresadas de carreras profesionales, permitió su protagonismo en la esfera laboral, impactando favorablemente la economía nacional y el desarrollo sostenible, no obstante lo anterior las mujeres siguen siendo discriminadas en los procesos y puestos de decisión, en especial a los niveles más altos, a pesar de que como ya se señaló, el incremento de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado en los últimos 15 años, generando que las mismas se mantengan en un rango de pobreza superior a los hombres por la diferencia salarial que aún persiste.
En razón dela problemática ya presentada el poder ejecutivo federal además de implementar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013–2018, ha impulsado una serie de acciones encaminadas al empoderamiento económico de las mujeres bajo la expectativa de lograr con ello una mayor igualdad no solo en la Norma jurídica sino de forma sustantiva entre mujeres y hombres.
Algunas de estas acciones se han impulsado desde la Secretaria de Economía por ejemplo, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur) y el Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes).
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece en su artículo 5 que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos; el artículo 15 Bis. determina que cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, están obligados a realizar las medidas de nivelación, las medidas de inclusión y las acciones afirmativas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación y que estas medidas forma parte de la perspectiva antidiscriminatoria, la cual debe ser incorporada de manera transversal y progresiva en el quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que lleven a cabo cada uno de los poderes públicos federales.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala en su artículo 12 que: “ corresponde al Gobierno Federal garantizar la igualdad de oportunidades mediante la adopción de políticas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios, como acciones afirmativas” y, el artículo 33 determina que: “el objetivo de la Política Nacional será el fortalecimiento de la igualdad en materia de establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos; el d esarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica...”
Para dar cumplimiento a los tratados internacionales (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ”Convención de Belem do Pará” y Diversos Tratados con la Organización Internacional del Trabajo) y las leyes nacionales se tienen que establecer acciones afirmativas que detonen el fortalecimiento de las empresas que impulsen la igualdad de las mujeres en el ámbito económico. Por ejemplo, la Ley del Impuesto sobre la Renta debe contemplar beneficios fiscales para los contribuyentes que hayan aplicado políticas prácticas de género en la contratación de personal, la incorporación, y la promoción de mujeres en puestos directivos.
Esta problemática no es nueva en su análisis, en la Cámara de Diputados se han presentado dos iniciativas de reformas a leyes secundarias que al respecto se detallan:
1. El 14 de marzo de 2005 la Diputada Margarita Martínez López del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa que adiciona el artículo 219 bis a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar estímulos fiscales a las empresas que contraten madres solteras o mujeres que sean jefas de familia.
2. El 7 de marzo de 2013 Las diputadas y los diputados Carla Guadalupe Reyes Montiel, Jessica Salazar Trejo, Arturo Cruz Ramírez, Ramón Montalvo Hernández y Javier Salinas Narváez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa de decreto por el que se otorga un estímulo fiscal en materia de impuesto sobre la renta, a los contribuyentes que contraten mujeres, proponiendo adicionar un artículo 222 Bis a la Ley del Impuesto sobre la renta:
Los derechos humanos constituyen hoy por hoy la piedra angular sobre la que debe erigirse el quehacer del aparato estatal, porque son la esencia del Estado de Derecho Constitucional. En este sentido el artículo 1° Constitucional establece en su párrafo quinto Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El contenido substancial que delinea al artículo 1o constitucional en cuanto a la prohibición de discriminación por género, se encuentra incorporado a su vez en el primer párrafo del artículo 4, que establece que: El varón y la mujer son iguales ante la ley.
Considerando lo anterior, se entiende que las obligaciones de respetar los derechos humanos y de garantizar su goce y ejercicio, constituyen el fundamento genérico de la protección de los derechos humanos y ello implica el deber para el Estado de organizar todo el aparato gubernamental, con el fin de que se evite y erradique toda discriminación basada en el género
Por lo expuesto y reiterando la necesidad de retomar el tema como una herramienta fundamental para impulsar la igualdad económica de las mujeres y, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 inciso H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de estímulos fiscales para quienes empleen a mujeres
Artículo Único:Se adiciona una palabra a la denominación del Capítulo II para quedar como de los Patrones que Contraten a Personas que Padezcan Discapacidad, Adultos Mayores y Mujeres, del Título VII de los Estímulos Fiscales y se adiciona un artículo 186 Bis, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Capítulo II
De los Patrones que Contraten a Personas que Padezcan Discapacidad, Adultos Mayores y Mujeres
Artículo 186 Bis. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a mujeres.
El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente al 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas señaladas en el párrafo anterior.
Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta de la trabajadora de que se trate, en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable siempre que el contribuyente cumpla, respecto de las trabajadoras a que se refiere el presente artículo, con las obligaciones contenidas en los artículos 12 y 15 de la Ley del Seguro Social y las de retención y entero a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Para el caso de contribuyentes cuya planta de trabajadoras sea mayor que la de trabajadores, únicamente podrán aplicar este estímulo fiscal hasta el 50 por ciento.
El Servicio de Administración Tributaria deberá expedir las disposiciones necesarias para la correcta y debida aplicación del presente decreto.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Lo dispuesto en el presente decreto no será aplicable a los salarios devengados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto y que se paguen con posterioridad a dicha fecha, a las personas a que el mismo se refiere.
Notas:
1 http://www.stps.gob.mx/bp/ secciones/conoce/areas_atencion/ areas_atencion/web/menu_infsector.html
2 http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/Programa-Nacional-para-la-Igualdad -de-Oportunidades-y-no-Discriminaci%C3%B3n-contra-las-Mujeres-2013-2018.pdf
3 http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/11/Programa-Nacional-para-la-Igualdad -de-Oportunidades-y-no-Discriminaci%C3%B3n-contra-las-Mujeres-2013-2018.pdf
Firma la presente, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 7 de octubre de 2014.— Diputada Ruth Zavaleta Salgado (rúbrica).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.Adelante.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma los artículos 89, 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
Hace más de una década que nuestro país comenzó a sufrir los efectos devastadores de diversos fenómenos meteorológicos. Desde el huracán Paulina en Oaxaca y Guerrero en 1997 hasta el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en Guerrero hace apenas un año, la pérdida de vidas humanas, el daño al patrimonio de las familias y de la nación, aunado a las omisiones, los yerros y las complicidades en los diferentes niveles de gobierno, se han convertido en el denominador común.
Incluso, cada vez es más frecuente que estos eventos meteorológicos constituyan verdaderas tragedias y emergencias humanitarias, al traducirse en la desaparición y el aislamiento absoluto de comunidades enteras, la destrucción de la infraestructura de vivienda y comunicación, y el consecuente empobrecimiento generalizado derivado del cierre de las fuentes laborales o de la imposibilidad de continuar con las actividades económicas; fenómenos que acompañados del desorden y la desorganización gubernamental, la rapiña y el lucro político generan, a su vez, desesperanza y desconfianza por parte de la población.
Una de las aristas desde la cual es posible analizar las causas de tal estado de cosas es el marco legal, el cual, en aras de preservar el arreglo federal sobre el cual se halla asentada la división de competencias de los tres órdenes de gobierno, ha resultado inefectivo ante la diversidad de intereses particulares que han privilegiado sobre el objetivo y el mandato constitucional del interés nacional. En este contexto, resulta necesario realizar una reforma a nuestro marco constitucional y legal que permita reconfigurar el orden de competencias de todos los niveles de gobierno en lo que respecta al desarrollo de los asentamientos humanos y la construcción de vivienda y de obras de infraestructura, con la finalidad de contar con criterios uniformes y objetivos congruentes con el interés nacional, así como establecer contrapesos efectivos que impidan que los intereses particulares se continúen apoderando de las decisiones de gobierno en detrimento del bienestar y la seguridad de la población en todo el país.
Argumentación
Hablar de asentamientos humanos es hablar de la sociedad en su dimensión espacial, es decir, del modo en el que se asienta en un determinado territorio.
A pesar de que en México, desde 1976 se cuenta con una “Ley General de Asentamientos Humanos”, ésta ha resultado desde el punto de vista tanto del control, como de la funcionalidad y la eficiencia de los asentamientos humanos, ineficaz.
El Diagnóstico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el Riesgo de Desastres 2010, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), revela que cada año 250 mil terrenos se incorporan al suelo urbano de forma irregular y que 90 mil hogares se asientan en zonas de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Dicha expansión irregular de los asentamientos humanos ha sido impulsada por la falta de planeación, el crecimiento de la población y la pobreza. Pero también, es necesario reconocer que ello también se debe a la irregularidad y la corrupción con la que se han autorizado o regularizado tales asentamientos.
El propio titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Jorge Carlos Ramírez Marín ha detallado que 68% de la vivienda se edifica de manera irregular y suele contar con el aval de autoridades. “Son pocos los estados [que penalizan la figura de la invasión de predios y aún menos] los que llevan a los tribunales a quienes promueven las invasiones”, ha señalado dicho funcionario.
En este contexto, el alto nivel de corrupción, los negocios que violando los reglamentos de construcción y las leyes en la materia, se realizan al amparo de la buena fe y el desconocimiento de la población, dan como resultado el escenario ya común de fraude, muerte y desolación en que se traducen diversos fenómenos naturales, sin tener que ser de esta forma necesariamente.
El referido reporte señala que, en cuanto a daños materiales, entre 1980 y 2006, se perdieron más de 347 mil viviendas, 2 millones quedaron con afectaciones parciales y 52.7 millones de hectáreas se desaprovecharon. Mientras que, entre 2001 y 2007, se afectaron más de 13 mil escuelas y 111 mil 481 kilómetros de carreteras y caminos.
Entre 1980 y 2006, en lo que se refiere al aspecto humano, destaca que se registraron 65 mil muertos y más de 200 mil personas desaparecidas, más de 5 millones de habitantes resultaron con alguna lesión o contrajeron alguna enfermedad, alrededor de 4 millones de personas tuvieron que ser evacuadas, 12.3 millones fueron damnificadas y, en suma, que 45 millones resultaron afectadas, de alguna forma, por algún tipo de fenómeno natural.
A decir de algunos miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordernación Territorialdel Senado, esta problemática radica en la existencia de un problema estructural en cuanto a la carencia de suelo para sectores de bajos ingresos, que es aprovechada por constructoras, quienes sin importar condiciones topográficas, régimen de tenencia, riesgos ambientales, equipamiento, transporte, caminos e infraestructura básica llevan a cabo grandes ‘zonas habitacionales’, que a la postre, tienen como efecto, amén de la eventual pérdida de vidas humanas y daños materiales en caso de desastres naturales, la informalidad, los procesos de movilidad laboral y escolar, la marginación y la pauperización que terminan desarticulando a los hogares.
En otras palabras, ha existido un entramado institucional que ha resultado ineficiente e ineficaz, al amparo de una distribución de competencias que lejos de haber privilegiado y beneficiado el orden y la seguridad de la población, ha significado su desamparo.
Por ello, resulta indispensable definir nuevas responsabilidades y atribuciones para cada uno de los órdenes de gobierno que permita dar certeza jurídica y social a la instalación de asentamientos humanos y los temas correlativos, tales como la vivienda y la infraestructura.
A este respecto, cabe recordar que el Estado mexicano, como todos los estados con sistemas federales, se basa en una distribución de las competencias entre las organizaciones jurídico-administrativas que la Constitución establece, con arreglo a la cláusula residual. De ellas, algunas, las menos, son de carácter exclusivo, mientras que la gran mayoría se desarrollan bajo la idea de colaboración o concurrencia, ya sea por la naturaleza material o espacial. La concurrencia material constituye el supuesto más claro dentro del derecho positivo mexicano, abarcando diversas materias, entre ellas, los asentamientos humanos.
En este supuesto, la concurrencia se produce porque los distintos órdenes de gobierno –u organizaciones territoriales– que intervienen en la materia mantienen sus facultades “normativas” y “ejecutivas”, según sea el caso, por lo que resulta necesaria la articulación de algún mecanismo que regule o dé cierto orden a su participación. En consecuencia, es claro que la misma Constitución permite la participación de la Federación en el desarrollo de los subsistemas normativos, condicionando o delimitando las competencias del resto de las entidades territoriales. Este mecanismo es una de las técnicas claves del denominado “federalismo cooperativo”.
En este marco, la presente iniciativa forma parte de un paquete de reformas que busca lograr un nuevo equilibrio entre los poderes federal y locales que permita poner en el centro de la actividad de planeación el interés público, social y ciudadano. Para ello, un primer paso resulta la realización de una reforma a nuestra Carta Magna, en la cual sea el Ejecutivo Federal, la instancia que, mediante los instrumentos institucionales –tal como el Centro Nacional de Prevención de Desastres– y la información con la que cuenta –como el Atlas Nacional de Riesgos– dicte lineamientos en materia de protección civil que orienten, delimiten y regulen las autorizaciones locales en materia de construcción de asentamientos humanos infraestructura de diversa índole y vivienda. Un segundo paso será el rediseño de la correspondiente legislación secundaria.
Fundamento Legal
El suscrito, profesor Marino Miranda Salgado, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único:Se reforman los incisos e) y f), fracción V, del artículo 115. Y se agrega la fracción XX al artículo 89, recorriéndose la siguiente; y la fracción X al artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 89.Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. a XIX. ...
XX. Dictar los lineamientos generales de las políticas en materia de protección civil.
XXI....
Artículo 115. ...
I. a IV. ...
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para:
a) a d)
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, observando en todo momento los Lineamientos Generales de Protección Civil.
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones , observando en todo momento los Lineamientos Generales de Protección Civil.
g) a i)
...
VI. a X. ...
Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
I. a IX. ...
X. Autorizar la construcción de obras en materia de vivienda, que no observen los Lineamientos Generales de Protección Civil.
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Mansilla, Elizabeth y Rubio Ignacio, Diagnóstico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el Riesgo de Desastres, Secretaría de Desarrollo Social, 2010, México.
2 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/09/29/920939
3 “Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4 Ver Jiménez Dorantes Manuel, “Colaboración y coordinación en el Sistema Federal Mexicano”, pp. 151, 161, 162.
5 Ídem.
Fuentes:
http://www.banrepcultural.org/ blaavirtual/geografia/masir/1.htm
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/09/29/920939
Jiménez Dorantes Manuel, “Colaboración y coordinación en el Sistema Federal Mexicano”, en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1594/11.pdf
Mansilla, Elizabeth y Rubio Ignacio, Diagnóstico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el Riesgo de Desastres, Secretaría de Desarrollo Social, 2010, México. http://www.2006-2012.sedesol. gob.mx/work/models/Sedesol/Resource/1778/2/images/Diagnostico_PRAH.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 10 de septiembre de 2014.— Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma los artículos 61, 117 Bis y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Sonia Rincón Chanona, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal y de la Ley Federal del Derecho de Autor, al tenor del siguiente
Planteamiento del problema
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la niñez mexicana es una prioridad porque si bien tiene derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en la legislación nacional, en la actualidad está expuesta a la explotación laboral.
La presente iniciativa tiene como objetivo principal, proteger a los niños, niñas y adolescentes que laboran como artistas intérpretes y ejecutantes; para que sus padres o tutores no hagan mal uso de sus ganancias, y establecer en la legislación la obligatoriedad de crear un fondo de ahorro o fideicomiso, en el que se guarde 30 por ciento de las ganancias que resulten, después de haber cubierto el pago de gastos administrativos (compra de material, insumos, etcétera), los de representación y el correspondiente pago de los impuestos causados.
La niñez es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas, por lo que es importante garantizar que los individuos en esta fase de la vida se encuentren lo menos expuestos a ciertos riesgos que puedan deteriorar o dañar su integridad física y emocional.
Por esa razón, a escala mundial se han establecido diversos mecanismos de defensa y protección de los niños y niñas, para reconocer, promover y vigilar el cumplimiento de una serie de derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, entre ellos la protección contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, que entorpezca su educación, que sea nocivo para su salud o para su desarrollo.
En México, 3.6 millones de niños de entre 6 y 14 años forman parte del mercado laboral remunerado y 1.3 millones del no remunerado. De acuerdo con estadísticas oficiales, más de 4 millones de niños mexicanos se ven en la necesidad de trabajar, en condiciones deplorables.
Una parte de esos niños trabajadores son los niños artistas y actores, quienes no sólo llegan a trabajar de 8 a 14 horas, expuestos a condiciones no aptas para niños de esas edades, que lejos de disfrutar una infancia tranquila, y que corren el riesgo de ver afectado su desarrollo físico, mental, y moral sino que, además, las utilidades que obtienen y que son administradas por sus padres o tutores en muchas ocasiones son mal administradas, de manera que cuando llegan a la mayoría de edad, esos niños actores ya no tienen dinero para continuar con sus carrera profesional.
Por tal motivo es una gran preocupación para todos velar por los derechos de la niñez mexicana y por su sano desarrollo.
Por ello se hace necesario que la Cámara de Diputados continúe trabajando por una cultura de reconocimiento y respeto de los derechos de los niños mexicanos, para que se les garanticen plenamente sus derechos humanos.
Argumentación
En el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se manifiesta claramente la protección de los niños: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.
La Carta Magna plasma la responsabilidad del Estado respecto a garantizar el bienestar y los derechos de la niñez.
El artículo 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes especifica: “La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad”.
Esa ley se desprende del artículo 4o. constitucional, la cual ordena específicamente la protección de los niños y los adolescentes, lo que permite cubrir un rango de los 0 a 18 años no cumplidos, es decir brindar protección de las personas que por su corta edad no pueden cuidarse a sí mismos.
En la gama de responsabilidades que tiene el Estado para con la niñez, existe el encargo de velar por los intereses de los trabajadores que son niños, y que se desempeñan como actores y autores. La carrera artística, actividad que por sus elementos, no ponen en riesgo los derechos ni la integridad de quienes la llevan a cabo, antes bien, estas virtudes tienen una alta aceptación dentro de la sociedad y generan escenarios de desarrollo y crecimiento profesional para el ejecutante.
El artículo 117 Bis de la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que tanto el artista intérprete o el ejecutante, tienen el derecho irrenunciable a recibir una remuneración por el uso o explotación de sus interpretaciones o ejecuciones que se hagan con fines de lucro directo o indirecto. Es de conocimiento público que ésta actividad es una de las de mayor remuneración económica, dejando grandes ganancias no solo al menor “artista” si no también a los padres, tutores o representantes legales como es el caso específico de los denominados managers.
Sin embargo, en el caso específico de los artistas menores de edad no cuentan con una regulación adecuada en nuestra legislación que los proteja de ante la dilapidación de las ganancias por parte de quienes, en teoría, deberían de velar por el uso juicioso de éstas.
En México encontramos repetidamente casos de mal manejo de las ganancias de las niñas, niños y adolescentes artistas, donde incluso se ha perdido el patrimonio generado por el menor; actualmente la forma más utilizada de regulación de esta actividad laboral, es un contrato atípico, denominado “de representación escénica”, el cual contiene un clausulado que establece la distribución de los gastos de administración y de las ganancias, que en la mayoría de los casos no favorece al artista y que además debe ser administrado por los padres o tutores quienes regularmente no realizan un fondo de ahorro o fideicomiso a favor del menor para que a su mayoría de edad, pueda hacer usufructo de sus bienes y ganancias.
Nuestra responsabilidad como legisladores es proteger ese patrimonio de los menores. Por eso resulta necesario fijar expresamente en la ley la obligación para padres, tutores o representantes de crear un fondo que estará destinado al ahorro para su futuro.
Son de conocimiento público los casos de muchos niños y jóvenes que han trabajado en el medio de la farándula, y que han sido objeto de dilapidación o fraude en las ganancia generadas durante su actividad, esto se ha documentado en múltiples testimonios de artistas de la televisión mexicana e internacional, quienes comienzan sus carreras participando en telenovelas o programas infantiles para después saltar a la fama como cantantes o actores.
Estas trayectorias en la mayoría de los casos son vigiladas por sus padres o representantes, igual que sus ganancias económicas, de entre los más sonados por tratarse de un consagrado de la música mexicana, es el del cantante Luis Miguel, quien en su infancia vivió una serie de abusos por parte de su padre, que –a su vez– también fungió como su representante.
Así como este caso, hay cientos de ellos los cuales se esconden en el anonimato tras no formar parte de un espectro de alcance nacional como es la televisión. Bailarines, artistas de teatro, niños de circo, actores de cine, etcétera, todos los días están laborando en algún lugar, lejos del amparo de las leyes y cerca del abuso y la explotación de los adultos.
La Asociación Nacional de Actores (ANDA) tiene registrados a más de 500 socios infantiles; en cuyos contratos colectivos no existe normatividad para menores de 14 años y no se puede incluir ninguna cláusula que regule las relaciones labores que éstos desempeñan.
Por ello, las empresas particulares realizan las contrataciones directamente con los padres o tutores de los menores de edad, sin dar aviso a la ANDA. Dejando sin vigilancia y protección el trabajo del menor.
Se hace necesario por ello modificar la Ley Federal del Derecho de Autor, para que en artículo 61, el cual habla de los contratos de representación escénica, se agregue la especificación, que al celebrar tales contratos, se deberá fijar en ellos la obligación de crear un fondo de ahorro o un fideicomiso de 30 por ciento de las ganancias netas del menor, para que puedo hacer uso de mismo a su mayoría de edad.
El artículo 117 Bis se refiere al derecho que irrenunciable a percibir una remuneración del uso o explotación de las interpretaciones de los artistas intérpretes o ejecutantes; por ello se hace necesario especificar que en caso de estos sean menores de edad, la remuneración se deberá apegar a lo que dice el artículo 61 de esta misma ley, en la que se especifica ellos la obligación de crear un fondo de ahorro o un fideicomiso de 30 por ciento de las ganancias netas del menor.
Respecto al artículo 120, éste especifica los contenidos de los contratos de interpretación o ejecución, por ello se hace necesario agregar una redacción en la que explique que en caso de que el intérprete o ejecutante sea menor de edad, el contrato deberá observar lo establecido en el capítulo II, “De los efectos de la patria potestad de los bienes del hijo”, del Código Civil Federal, para proporcionar una mayor protección de los bienes del menor.
Por lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan un tercer párrafo al artículo 61 y uno segundo a los artículos 117 Bis y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor
Único.Se adicionan un tercer párrafo al artículo 61 y uno segundo a los artículos 117 Bis y 120 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:
Artículo 61. ...
...
Los contratos de representación escénica, así como los contratos de interpretación y ejecución en los que el autor o ejecutante sea un menor de edad, deberán especificar las condiciones necesarias para que el cobro de regalías que se realizan a través de sus padres, tutores o representantes se administre correctamente; de tal forma que el resultante después del pago de gastos administrativos, de representación, así como de obligaciones fiscales, se destine obligatoriamente a un fondo de ahorro o fideicomiso, el cual nunca será menor de 30 por ciento de las ganancias netas, con el objetivo de que el menor pueda hacer uso de esos recursos a su mayoría de edad.
Artículo 117 Bis. ...
En el caso particular de que el titular de la remuneración se trate de un menor de edad, deberán sujetarse a lo establecido el tercer párrafo del artículo 61 de la presente ley.
Artículo 120. ...
En caso de que el intérprete o ejecutante sea un menor de edad, el contrato deberá establecer en el apartado de cláusulas la obligatoriedad de un fondo de ahorro o fideicomiso, al que se destinara el porcentaje establecido como mínimo en la presente ley; asimismo, deberán observar lo establecido en el capítulo II, “De los efectos de la patria potestad de los bienes del hijo”, del Código Civil Federal.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes.pdf
Cámara de Diputados, a 30 de septiembre de 2014.— Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
El suscrito, René Ricardo Fujiwara Montelongo, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se reforman los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en el siguiente
Planteamiento del problema
En el acuerdo político denominado “Pacto por México”, signado por los partidos políticos que cuentan con mayoría en el Congreso, se ha propuesto en el acuerdo 5.3 “crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones federales, estatales y municipales”.
A partir de esta premisa se ha creado el Instituto Nacional Electoral. Con la reforma constitucional en materia político-electoral publicada el 10 de febrero de 2014 se rediseñó el régimen electoral y se transformó el Instituto Federal Electoral en la autoridad de carácter nacional denominada “Instituto Nacional Electoral”, a fin de homologar los estándares con que se organizan los procesos electorales federales y locales para garantizar altos niveles de calidad en la democracia electoral.
Además de organizar los procesos electorales federales, el Instituto Nacional Electoral se coordinará con los organismos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades.
De la reforma constitucional en materia político-electoral podemos desprender que en la redacción de los artículos 41 y 116 de la Constitución se utilizan los términos “organismos públicos locales” y “órganos electorales locales” indistintamente en todo el texto reformado, para referirse a las autoridades electorales locales sin contener una homologación en la redacción, y si bien en algunos párrafos del cuerpo normativo se hacen referencia a los órganos electorales locales dejando claro que será una autoridad local quien tendrá a su cargo la organización de las elecciones locales; lo cierto es que la gran mayoría de la redacción considera el concepto de organismos públicos locales, sin dejar claro a qué se refiere con ello.
Argumentación
La creación del Instituto Federal Electoral, en 1990, trajo para México la existencia de un organismo especializado en materia electoral; dicho instituto se caracterizaba por ser un organismo público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, encargado de cumplir la función estatal de organizar las elecciones federales, relativas a la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión.
El Instituto Federal Electoral por mandato constitucional estaba dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; en el ejercicio de las funciones que tenía a su cargo se conducía por cinco principios fundamentales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; además, para ejercer sus atribuciones se regía bajo un esquema desconcentrado en todo el territorio nacional, con una sede central en el Distrito Federal que tenía un carácter permanente.
En la formación y el funcionamiento del Instituto Federal Electoral se distinguía el principio de desconcentración en el que se sustentaba la organización y funcionamiento de dicho Instituto, estos órganos están representados a escalas central, estatal (en cada una de las 32 entidades federativas) y distrital (en cada uno de los 300 distritos uninominales).
Ahora bien, la reforma de diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral trajo consigo cambios sustanciales a las normas que regulan la materia electoral, las cuales establecen entre otras cosas la creación del Instituto Nacional Electoral como el organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios así como de órganos electorales locales,que tendrán a su cargo la organización de las elecciones para renovar los Poderes Ejecutivo y Legislativo tanto a escala federal como local.
En dicha reforma de los artículos 41 y 116 de la Constitución se mencionan los órganos electorales locales como organismos públicos locales, entendiendo que un organismo público es aquel cuya legalidad se fundamenta desde la propia Constitución y en algunos casos sus leyes los dotan de plena autonomía funcional, técnica y de gestión, para lo cual algunos cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio que les permite ejercer en forma independiente su autonomía operacional para ocuparse de los asuntos propios de su competencia.
No obstante lo anterior, podemos desprender que cualquier alusión al término de organismos públicos locales necesariamente conlleva la necesidad de señalar la competencia del órgano al cual se hace referencia, puesto que de no hacerlo así, se pensaría que la función estatal de organizar las elecciones correspondería a cualquier organismo de la administración pública del Estado,de ahí que la Constitución emplee mal la denominación de los organismos públicos locales, puede desencadenar interpretaciones erróneas por el uso indistinto de un término o del otro.
Considerando la acepción de “organismos públicos locales”, el Instituto Nacional Electoral a través de los órganos descentralizados no sería la única autoridad encargada de organizar las elecciones, como establece el artículo 41, fracción IV, Apartado D:
Artículo 41, CPEUM
Apartado A. ...
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia.
Por ello surge la necesidad de modificar la redacción de los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que se utilice la terminología correcta de órganos electorales localespara que se haga referencia de manera clara y precisa al órgano descentralizado del Instituto Nacional Electoral, al cual se le transfieren facultades propiamente administrativas para que se encargue de la organización de las elecciones locales.
Los cambios que se proponen establecer en los artículos 41 y 116 de la Constitucionales no atentan contra la esencia de la reforma política-electoral, pues comprenden el fortalecimiento del Instituto Federal Electoral y sus atribuciones mediante su transformación en Instituto Nacional Electoral, homologando las calidades de los procesos electorales federales y de las entidades federativas; permitiendo la homologación de la redacción en el contenido de los preceptos normativos en comento en cuanto a la acepción de órganos electorales locales, lo cual daría un entendimiento más claro de los conceptos a los que se hace alusión dichas disposiciones constitucionales.
Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se reforman la fracción V, Apartado A, Apartado C y Apartado D del artículo 41 y numeral 1o. y numeral 6o. de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. ...
...
I. a IV. ...
V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales locales,en los términos que establece esta Constitución.
Apartado A. ...
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un consejero presidente y diez consejeros electorales, concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y el funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así como la relación con los órganos electorales locales...
...
Apartado B. ...
...
Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de los órganos electorales localesen los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:
...
a) a c)...
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los órganos electorales locales,en los términos de esta Constitución.
Apartado C.En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de órganos electorales localesen los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:
1. a 11. ...
a) a c) ...
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los órganos electorales locales, en los términos de esta Constitución.
Apartado D. El servicio profesional electoral nacional comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral y de los órganos electorales localesde las entidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este servicio.
...
Artículo 116....
...
I. a III. ...
IV. ...
a) y b) ...
c) ...
...
1o. Los órganos electorales localescontarán con un órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con derecho a voz y voto;
2o. a 5o. ...
6o. Los órganos electorales localescontarán con servidores públicos investidos de fé (sic. DOF 10 de febrero de 2014) pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas en la ley.
...
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2014.— Diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo (rúbrica).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
LEY GENERAL DE SALUD
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy día, la seguridad en el manejo de los medicamentos es tema recurrente y ha dejado de ser exclusivo de los centros hospitalarios para formar parte de los hogares mexicanos. Problemas derivados de la automedicación por mencionar un ejemplo, han causado un sinfín de problemas no solo en la salud inmediata de quien incurría en esa práctica; sino también en la salud pública a largo plazo de la sociedad en su conjunto por el abuso de antibióticos que causaba un debilitamiento en el sistema autoinmune exponiéndonos a más enfermedades o a las mismas, pero con mayor agresividad.
Esta situación en fechas recientes nos obligó a legislar en el tema para prohibir la libre venta de algunos medicamentos –particularmente lo antibióticos- y exigir obligatoriamente una receta médica expedida por algún profesional de la salud, y con ello sentar un antecedente fundamental sobre la cultura que debe prevalecer sobre el uso, manejo, almacenamiento y la importancia de los medicamentos.
A pesar de ello, todavía cualquier persona puede comprar ya sea en una farmacia o tienda departamental, alguna medicina sin la orientación profesional de un médico, incluso nos autodiagnosticamos y hay personas que creen tener la capacidad de sugerir la identificación del problema y el tratamiento a seguir sin tener los estudios requeridos para ello.
Lo anterior es muy común y con esto la gran mayoría de los hogares mexicanos cuentan con un botín de medicinas por demás especializado y con algunas de ellas, capaces de generar –dada una sobredosis– dolencias y estragos en nuestra salud que requerirían un tratamiento profesional y extenso.
Tener el jarabe, la pastilla, la capsula y la pomada al alcance de la mano incluso de un menor; nos ha hecho olvidar incluso lo básico, por ejemplo revisar la fecha de caducidad.
Si bien el esfuerzo legislativo anteriormente mencionado ha servido en mucho sobre la atención que al respecto requiere este problema, la verdad es que aún queda mucho por hacer e iniciar por partes sería una buena manera de afrontarlo.
Una de ellas es la facilidad y el apoyo que como sociedad ofrecemos, en el almacenamiento de los medicamentos a las personas con alguna discapacidad; en especial la discapacidad visual.
El problema puede parecer menor, pero en realidad es un asunto serio y de igualdad de oportunidades para todos sin distinción alguna. Una sociedad incluyente, así debe de funcionar.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad se define como “toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”.
En nuestro país según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) una persona con discapacidad es “aquella que presenta una limitación física o mental de manera permanente o por más de seis meses que le impide desarrollar sus actividades en forma que se considera normal para un ser humano”.
Como se puede apreciar en el párrafo anterior, la discapacidad no está sujeta a factores de género ni de posición económica, mucho menos de edad; pero siempre ha estado condicionada a identificarse dentro del margen de la discriminación y la exclusión social.
Esto debido a que los factores de discapacidad en una persona, físicamente están bien identificados y pueden ser generalmente:
• Por discapacidad motriz que se refiere a la pérdida o limitación de una persona para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una parte del mismo.
• Por discapacidad visual que incluye la pérdida total de la vista, así como la dificultad para ver con uno o ambos ojos.
• Por discapacidad mental, que abarca las limitaciones para el aprendizaje de nuevas habilidades, alteración de la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las actividades de la vida diaria, así como en su relación con otras personas.
• Por su discapacidad auditiva que corresponde a la pérdida o limitación de la capacidad para escuchar.
• Por su discapacidad de lenguaje, que implica limitaciones y problemas para hablar o transmitir un significado entendible.
Pero; socialmente los factores que hacen de una discapacidad una limitante, se saben y están definidos pero tristemente no se han erradicado y siguen representando una deuda social pendiente.
En nuestro país, según datos para el año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay más de 5 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad; es decir, más de 5 por ciento de nuestra población total (al menos de la contabilizada).
De este total de la población el 58 por ciento presenta discapacidad motriz que afecta su caminar o capacidad de moverse, un 27 por ciento visual y más del 12 por ciento entre auditiva y de lenguaje.
• De cada 100 personas discapacitadas:
– 32 la tienen por haber sufrido una enfermedad.
– 23 la desarrollaron por edad avanzada.
– 19 la adquirieron durante el embarazo o al nacer.
– 18 como lesión a consecuencia de un accidente.
– 8 por otras causas.
Con lo anterior se puede apreciar que nos estamos refiriendo a las personas con la segunda discapacidad más importante en número de casos y de factores de incidencia. Debido a que la pérdida de la vista es cada vez más consecuencia del deterioro de la salud en el individuo y apunta en un futuro cercano a posicionarse como la primera o muy cerca de la primera discapacidad en los mexicanos.
Las cifras sobre el particular son contundentes:
• El 18 por ciento de quienes sufren de discapacidad visual no rebasan los 30 años de edad.
• El 35 por ciento está en el rango de edad de entre 31 y 60 años.
• El 47 por ciento restante en mayor a los 60 años.
• El 58.4 por ciento de la población con discapacidad carece de acceso a servicios de salud (se automedican).
• El 20 por ciento de la población escolar presenta problemas visuales y el 100 por ciento de las personas de 45 años y más las presentan.
• Finalmente 1, 292, 201 mexicanos padecen discapacidad visual.
Además, desafortunadamente desde hace unos años, somos el país que ocupa el primer lugar en obesidad desde la infancia y hasta la edad adulta; y una consecuencia de padecerla es la preponderancia a desarrollar la diabetes –a la fecha más de 15 millones de mexicanos la padecen– misma que hoy en día en nuestro país es la primera causa de pérdida o disminución de la capacidad visual por motivo de enfermedad, llamándose edema macular diabético.
Por ello el sector de nuestra población que sufre de una vista reducida o completamente ausente, es importante y por el momento parece ser que se incrementara. No obstante las estadísticas, estamos refiriéndonos a personas que tienen los mismos derechos que todos y el cuidado y la procuración de su salud es uno de ellos.
Como sociedad necesitamos pensar que le estamos ofreciendo a este sector altamente vulnerable para la atención de su salud y como los estamos apoyando en el proceso de comprar, almacenar, identificar y utilizar la medicina que requieren. No estamos haciendo a la fecha, absolutamente nada.
El antecedente mediato que encontramos sobre la atención de este tema, es reciente y corresponde al 28 de octubre del 2010, cuando la entonces Diputada Margarita Liborio Arrazola presento una iniciativa de reforma al artículo 29 de la Ley General de Salud para “establecer que en el empaque o envase del medicamento, mediante marcas en relieve, se deberá incluir el nombre del mismo, la sustancia activa en lenguaje braille, con el objetivo de que la población con discapacidad visual cuente con mayores elementos que le permitan una fácil identificación del medicamento”, misma que fue aprobada con fecha 8 de diciembre del mismo año para darle turno correspondiente; sin embargo después de casi cuatro años no se ha llevado a cabo.
En las consideraciones de su iniciativa, la diputada Liborio era puntual y explicaba:
“...la mayoría de medicamentos elaborados por el sistema nacional de salud y los laboratorios establecidos en México, no cuentan con elementos que favorezcan y permitan una mejor identificación de las medicinas y los medicamentos, ante lo cual, deben confiar en la buena fe y voluntad de las personas que proporcionan dicho producto.
“Lo anterior acrecienta la desventaja y la vulnerabilidad en que ya se encuentran miles de personas con discapacidad visual. Asimismo, es un acto que se puede considerar como discriminatorio y que obstaculiza el desarrollo pleno de este grupo social.”
El texto es vigente y representa el espíritu y objeto de la presente iniciativa.
La realidad nos muestra que este importante esfuerzo no se ha llevado a cabo y se dejó en el olvido, representando una forma de discriminación en un asunto de relevancia para quienes sufren de discapacidad visual.
Estamos exponiendo a éstas personas a una medicación incorrecta y peligrosa, un mal almacenamiento de sus medicamentos. Les limitamos su capacidad de cuidar su salud sin depender necesariamente de alguien más.
Por ello, creemos necesario persistir en el tema e incluso fortalecer el esfuerzo realizado; trasladando la reforma al artículo 225 que corresponde al capítulo dedicado a los medicamentos de la Ley General de Salud para establecer la obligatoriedad de que la fecha de caducidad deberá aparecer en el envase o empaquetado de los medicamentos en lenguaje braille mediante marcas en relieve.
Realizar lo anterior y garantizar su efectiva aplicación es una deuda pendiente, más que una prebenda, para los mexicanos que sufren de una discapacidad visual; y una garantía futura para quienes estamos expuestos a padecerla.
Esta soberanía debe de asumir su responsabilidad, dándole el debido seguimiento.
Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 225 de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 225 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.
El envasado y/o empaque para su comercialización y venta al público deberá incluir la fecha de caducidad en lenguaje braille mediante marcas en relieve.
En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquéllas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor dos años después del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Definición de Discapacidad. Organización Mundial de la Salud (OMS) 2010.
2 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria. 7 noviembre de 2013.
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2008.
4 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria. 7 noviembre de 2013.
5 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria. 7 noviembre de 2013.
6 Censo de Población y Vivienda, 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
7 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria. 7 noviembre de 2013.
8 Diputada Rocío Corona Nakamura. Iniciativa Accesibilidad. Gaceta Parlamentaria. 7 noviembre de 2013.
9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
10 Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, AC.
11 Secretaria de Salud.
12 Gaceta Parlamentaria 28 de octubre de 2010. Cámara de Diputados.
13 Gaceta Parlamentaria 28 de octubre de 2010. Cámara de Diputados.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.— Diputados: María del Rocío Corona Nakamura, Rafael González Reséndiz (rúbricas).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Salud, de igual manera para dictamen.
LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Cristina Olvera Barrios, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa, que reforma y adiciona los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 83, 84 y 85 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para lo cual expresa lo siguiente:
a. Planteamiento del problema
México tiene el carácter de miembro de la Organización Internacional del Trabajo y en esa condición suscribió diversos convenios entre los que destaca el identificado como Convenio 87, que oportunamente fue ratificado por el Senado de la República, adquiriendo con ello el rango de ley superior. De conformidad con el artículo 133 de la Carta Magna y siendo que este convenio establece los lineamientos que deben regir los aspectos de libertad de asociación de los trabajadores y de libertad y autonomía sindical, son de aplicación obligatoria en México. Por tanto, es necesario adecuar la legislación vigente en esa materia contenida en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), la que a la fecha ha sido superada por la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha declarado inconstitucionales diversos artículos de la citada ley que se oponen a lo previsto en el Convenio 87.
Asimismo. los derechos de los trabajadores relativos a la libertad de asociación y de libertad y autonomía sindical materia de esta Iniciativa están también protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José Costa Rica; por el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, y por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La esencia de la reforma que proponemos tiene dos aspectos relevantes, el primero radica en armonizar el texto de la ley con las tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en consecuencia son de aplicación obligatoria, y que impiden la aplicación de los artículos cuya reforma proponemos ya que violan los más elementales fundamentos de la libertad sindical y el segundo y principal motivo de nuestra propuesta es el de posibilitar que en el texto de nuestra ley se considere y respete de manera absoluta la libertad sindical que indudablemente es un derecho natural del ser humano.
En México, la libertad de asociación se preservo en el texto de la Constitución de 1917 y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se limitó este derecho en franca oposición al texto constitucional y es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó a través de diversas tesis de jurisprudencia, declarar inconstitucionales los artículos que atentan contra ese particular derecho de los trabajadores y a la fecha esas disposiciones se encuentran vigentes aunque no son aplicables por la razón expuesta.
La figura de la libertad sindical tiene tres aspectos fundamentales: sindicación libre, autonomía sindical y pluralidad sindical.
La libre sindicación se opone y evidentemente anula el concepto de sindicación obligatoria, y de igual manera la autonomía sindical se opone contra el dirigismo sindical y la pluralidad sindical combate el concepto de unidad sindical.
La libertad sindical se sustenta en el derecho de los trabajadores a organizarse frente a sus empleadores con objeto de proteger sus intereses mediante la fijación de condiciones de trabajo a través de la igualdad jurídica y lo que al mismo tiempo genera frente al estado un dejar hacer a los trabajadores y un no prohibir ni las asociaciones ni sus luchas huelguísticas y es por ello que la libertad sindical es el reconocimiento de un derecho social habiéndose superado el equivocado concepto que la podía considerar como una concesión.
La reforma que proponemos pretende plasmar en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado los elementos necesarios para garantizar el libre ejercicio de los derechos de los trabajadores que se refieren tanto a la libertad sindical como a la autonomía sindical, de manera que esté acorde con las disposiciones que en esta materia contienen la Carta Magna y los convenios internacionales suscritos por México y que fueron ratificados por el Senado destacándose de manera particular el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, a que hemos hecho referencia.
b. Argumentación
Las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores actualmente se encuentran reguladas por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, legislación que en gran parte ha sido producto de las luchas emprendidas por los trabajadores en la búsqueda del reconocimiento y respeto de sus derechos laborales.
El artículo 133 constitucional establece que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes de los estados.
México, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, suscribió el convenio 87, habiendo sido aprobado por el Senado de la República, y teniendo en consecuencia el carácter de ley suprema. En él se establece de manera expresa que los trabajadores tienen derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de éstas, teniendo el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción, debiendo las autoridades públicas abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal, no estando sujetas las organizaciones de trabajadores a disolución o suspensión por vía administrativa.
El Convenio 87 que citamos establece que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a ellas. Señala que toda organización, federación o confederación, tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores, siendo extensivas a las federaciones y confederaciones de organizaciones de trabajadores las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 del propio convenio.
El artículo 11 dispone que todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual está en vigor el Convenio 87 está obligado a adoptar las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de sindicación.
Tanto el artículo 123 constitucional como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo garantizan el respeto a la libertad de asociación sindical y de la autonomía sindical a través del derecho de sindicación. Sin embargo, los artículos propuesta de reforma, adición o derogación de la LFTSE, materia de la presente iniciativa, violan flagrantemente estos principios.
Una muestra de lo anterior es el artículo 68 de la ley citada, el cual establece la existencia de un solo sindicato por cada dependencia, lo que constituye una violación del derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, como señala el artículo 2 del convenio 87 de la OIT.
También establece que en caso de que concurran varios grupos de trabajadores que pretendan constituir un sindicato, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje otorgará el reconocimiento al mayoritario, con lo que se transgrede el mismo artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, en la parte que establece que no se requiere autorización previa para que los trabajadores ejerzan su derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes.
El artículo 69 de la LFTSE establece que una vez que los trabajadores soliciten y obtengan su ingreso a un sindicato no podrán dejar de formar parte de él salvo que fueren expulsados, violando el derecho personal de cada trabajador de pertenecer o no a un sindicato determinado, inmerso en la libertad sindical reconocida en la Constitución federal y el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT.
Por su parte, el artículo 71 de la misma ley dispone como requisito para constituir un sindicato la no existencia dentro de la dependencia de otra agrupación sindical que cuente con mayor número de miembros, violando el artículo 2 del convenio 87 de la OIT.
El artículo 72 establece en la fracción IV que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje al recibir la solicitud de registro de un sindicato, comprobará por los medios que estime más prácticos y eficaces, que no existe otra asociación sindical dentro de la dependencia de que se trate y que la peticionaria cuenta con la mayoría de los trabajadores de esa unidad, para proceder en su caso al registro, lo que indudablemente viola el derecho que tienen los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes previsto en el artículo 2 del Convenio y la prohibición contemplada en el artículo 8.2 siguiente, en el sentido de que la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que atente en contra de las garantías previstas en el convenio.
El artículo 73 de la LFTSE señala que el registro de un sindicato se cancelará cuando se registre diversa agrupación sindical que fuere mayoritaria, violando el derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, de conformidad con el artículo 2 del Convenio 87 de la OIT.
El artículo 74 establece que los trabajadores que por su conducta o falta de solidaridad fueren expulsados de un sindicato, perderán por ese solo hecho todos los derechos sindicales que la ley concede y la expulsión solo podrá votarse por la mayoría de los miembros del sindicato respectivo o con la aprobación de las dos terceras partes de los delegados sindicales a sus congresos o convenciones nacionales y previa defensa del acusado, debiendo estar comprendida en el orden del día la expulsión.
Esa disposición viola el derecho de los trabajadores para redactar los estatutos y reglamentos administrativos de sus propias organizaciones, ya que, indebidamente impone una serie de requisitos y efectos legales en relación a la expulsión de algún miembro del sindicato, no obstante que tal atribución es propia de las organizaciones de trabajadores y no del Congreso de la Unión, violando el derecho protegido expresamente en el artículo 3 del Convenio 87 de la OIT.
El artículo 75 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prohíbe todo acto de reelección dentro de los sindicatos en abierta violación del artículo 3 del Convenio 87 de la OIT, que consagra el derecho de las organizaciones de trabajadores de elegir libremente a sus representantes, señalando así mismo que las autoridades públicas, deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.
El artículo 78 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que los sindicatos podrán adherirse a la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado, única central reconocida por el Estado, disposición que viola lo señalado en los artículos 5 y 6 del Convenio 87 de la OIT, que establecen con toda precisión que las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de constituir tanto federaciones como confederaciones así como el de afiliarse a las mismas, incluyendo organizaciones internacionales.
El artículo 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en la fracción V, prohíbe a los sindicatos adherirse a organizaciones o centrales obreras o campesinas, lo que indudablemente es violatorio de lo señalado en el artículo 5 del Convenio 87 de la OIT, que confiere a las organizaciones de trabajadores, el pleno derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a ellas.
El artículo 83 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece como causal para determinar la cancelación del registro de la directiva o del registro del sindicato, según corresponda, cuando se viole lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que resulta violatorio de los derechos consagrados a favor de los trabajadores en los artículos 2, 3 y 4 del Convenio 87 de la OIT.
El artículo 84 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado se refiere expresamente a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y señala que ningún caso podrá decretarse la expulsión de un sindicato del seno de la federación, violando flagrantemente los derechos consagrados en los artículos 5 y 6 del Convenio 87 de la OIT, en relación con los artículos 2, 3, 4 y 8 del mismo instrumento internacional, que prevén la libertad de las federaciones y de las confederaciones a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos sin que las autoridades públicas, o bien, la legislación nacional, puedan menoscabar o entorpecer el ejercicio legal de ese derecho.
El artículo 85 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado señala que todos los conflictos que surjan entre la federación y los sindicatos, o sólo entre éstos, serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; es violatorio de lo señalado en los artículos 5 y 6 del convenio 87 de la OIT, que establece la posibilidad y el derecho de las organizaciones de trabajadores de constituir federaciones o confederaciones, cuando el precepto señalado refiere a una sola federación.
México es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, Costa Rica, habiendo depositado su ratificación el 24 de marzo de 1981, y de igual forma suscribió el protocolo adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), habiendo depositado su ratificación el 16 de abril de 1996, siendo en consecuencia obligatorio para el país y es el caso que en el artículo 8 relativo a los derechos sindicales se establece lo siguiente:
Artículo 8. Derechos sindicales:
1. Los Estados parte garantizarán
a) El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y afiliarse al de su elección para la protección y promoción de sus intereses. Como protección de este derecho, los Estados parte permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados parte también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente.
b) El derecho de huelga.
2. El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto a las limitaciones y restricciones previstas en la ley, siempre que éstos sean propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público, para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de los demás.
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.
Los artículos que proponemos reformar, adicionar o derogar atentan abiertamente en contra de los principios de libertad de asociación sindical y autonomía sindical, que están protegidos y tutelados tanto en el Convenio 87 de la OIT como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José, Costa Rica” y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documentos que consagran a favor de los trabajadores la libertad absoluta de constituir las organizaciones que estimen convenientes, afiliarse a ellas, con la sola condición de observar los estatutos, así como el derecho que les asiste de redactar sus estatutos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción y de igual manera, protege el derecho de las organizaciones de trabajadores de constituir federaciones y confederaciones, así como de afiliarse.
Con base en los ordenamientos invocados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversas tesis jurisprudenciales en las que se confirma la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya reforma, adición o subrogación proponemos, ya que violan los principios de libertad y autonomía sindical que hemos referido, entre las que se destacan las siguientes:
Sindicalizados
Sindicación única. Las leyes o estatutos que la prevén violan la libertad sindical consagrada en el artículo 123, Apartado B, fracción X, constitucional. El artículo 123 constitucional consagra la libertad sindical con un sentido pleno de universalidad, partiendo del derecho personal de cada trabajador a asociarse y reconociendo un derecho colectivo, una vez que el sindicato adquiere existencia y personalidad propias. Dicha libertad debe entenderse en sus tres aspectos fundamentales. 1. Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un Sindicato ya integrado o constituir uno nuevo; 2. Un aspecto negativo, que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato determinado y la de no afiliarse a un sindicato alguno; y 3. La libertad de separación o renuncia de forma permanente de la asociación.
Ahora bien, el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernamental que establezcan las leyes o estatutos laborales viola la garantía social de libre sindicación de los trabajadores prevista en el artículo 123, Apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la República, toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
Fundamento legal
Por lo expuesto y fundado en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea el presente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 83, 84 y 85 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 83, 84 y 85 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como sigue:
Artículo 68. Los trabajadores podrán formar los sindicatos que a sus intereses convenga dentro de la dependencia la que presten servicios.
Artículo 69. Todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de lossindicatos de la dependencia donde presten servicios y podrán dejar de formar parte de los mismos según convenga a sus intereses.
Artículo 71. Para que se constituya un sindicato se requiere que lo formen 20 trabajadores o más.
Artículo 72.Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado, los siguientes documentos.
I. a IV.
Se deroga último párrafo
Artículo 73. El registro de un sindicato se cancelará por disolución del mismo.
Artículo 74. Los trabajadores sólo podrán ser expulsados de un sindicato cuando incurran en las causales que se señalen en los estatutos para tales efectos, debiendo seguirse el procedimiento que para dicho efecto se señalen en los mismos.
Artículo 75. Se deroga.
Artículo 78. Los sindicatos podrán integrar o adherirse a las federaciones que a sus intereses convenga.
Artículo 79. Queda prohibido a los sindicatos
I. a IV. ...
V. Se deroga
Artículo 83. Se deroga
Artículo 84. Se deroga
Artículo 85. Todos los conflictos que surjan entre los sindicatos, entre las federaciones o entre los sindicatos y las federaciones serán resueltos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación (Convenio 87)
Aprobada en la fecha: 17 de junio de 1948; Lugar: San Francisco; por la trigésima primera reunión de la OIT. Entrada en vigor general 4 de julio de 1950, de conformidad con el artículo 15. Aprobación del Senado: 29 de diciembre de 1949. Vinculación de México: 1 de abril de 1950. Ratificación. Publicación en el Diario Oficial de la Federación: 26 de enero y 16 de octubre de 1950. Entrada en vigor para México: 1 de abril de 1951.
2 San José, Costa Rica, 7 a 22 de noviembre de 1969, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) Adoptado en San José, Costa Rica. Fecha: 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos. Entrada en vigor: 18 de julio de 1978 conforme al artículo 74.2 de la convención. Depositario: Secretaría General de la OEA (instrumento original y ratificaciones). Texto: Serie sobre tratados, OEA, número 36. Registro en la ONU: 27 de agosto de 1979. Número 17955.
Ratificado/adhesión por México: Febrero 3 de 1981.
3 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador”. Clase de instrumento: Tratado internacional. Adopción: 17 de noviembre de 1988.
Fecha de entrada en vigor internacional: 16 de noviembre de 1999. Vinculación de México: 16 de abril de 1996 (ratificación).
Fecha de entrada en vigor para México: 16 de noviembre de 1999. Diario Oficial de la Federación: 1 de septiembre de 1998.
4 Amparo en revisión número 572/2000. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, 13 de junio de 2000. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.
El tribunal pleno, en sesión privada celebrada hoy, once de julio en curso, aprobó, con el número CXXVII/2000, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil.
Amparo en revisión número 1878/2004. Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, 4 de marzo de 2005. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.
Tesis aislada, 2a. LVII/2005, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, segunda sala, XXI, junio 2005.
Véase Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, mayo de 1999, página 5, tesis P./J. 43/99, de rubro “Sindicación única. Las leyes o los estatutos que la prevén violan la libertad sindical, consagrada en el artículo 123, Apartado B, fracción X, constitucional”.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.— Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para el dictamen correspondiente.
REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD
Planteamiento del problema
En tan sólo dos años, entre 2012 y 2014, nuestra democracia ha atravesado por cambios estructurales que, sin duda, marcarán el rumbo de su evolución. Entre ellos, se encuentra el reconocimiento constitucional del derecho de las y los ciudadanos a presentar proyectos de ley, con el objetivo de reformar o adicionar nuestro marco legal, incluyendo el constitucional.
No obstante, el ejercicio real y visible de dicho derecho, requiere de su materialización mediante la modificación a los ordenamientos legales secundarios y, específicamente, una vez que aquéllos han sido realizados, mediante la adecuación del reglamento de ambas Cámaras del Congreso, pues de otro modo, dicho derecho se encontrará con obstáculos para su efectiva implementación desde el lugar donde precisamente debe ser iniciado, lo que no tendrá otro efecto más que inhibir su ejercicio por parte de la ciudadanía.
En razón de lo anterior, la presente iniciativa propone reformar el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, a efecto de hacer operativos los cambios realizados a la Constitución y a los diversos ordenamientos legales que pretenden hacer efectivos estos últimos.
Argumentación
La calidad de un sistema democrático se sustenta, sin duda, en su capacidad para integrar al proceso de deliberación pública y de toma de decisiones a sus ciudadanas y ciudadanos. No es suficiente con reconocerle a la ciudadanía un derecho a ello, sino que es necesario generar el entramado legal, político y administrativo para su efectiva consecución.
En este contexto, resulta absolutamente necesario culminar con el proceso iniciado el 9 de agosto de 2012, en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en materia de reforma política que incluye el establecimiento, a nivel federal, de diversos derechos de participación ciudadana, entre ellos, el de iniciar el engranaje legislativo mediante la entrega de un proyecto de iniciativa y que determinó, en su artículo segundo transitorio, que el Congreso de la Unión tendría que expedir la legislación secundaria para hacer efectivos los cambios constitucionales. Esta segunda etapa, se concretó el 20 de mayo del presente año, mediante la publicación en el DOF del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.
Finalmente, a través de este decreto se estableció una tercera y última etapa que permitirá hacer asequible y operativo el derecho en cuestión, pues instituyó en su segundo transitorio, que “cada una de las Cámaras realizará las adecuaciones necesarias a sus respectivos reglamentos, derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor”, plazo que estaría cumpliéndose el próximo 16 de noviembre del presente.
De tal suerte que tales adecuaciones no constituyen un asunto menor, pues de ellas depende que las iniciativas ciudadanas, que representarán instrumentos para introducir temas en la agenda legislativa que, de otra manera, difícilmente formarían parte de ésta, ya sea porque son contrarios a los intereses de los partidos políticos o porque no les son relevantes política o electoralmente. Pero sobre todo porque constituye un ejercicio en el , sean adecuadamente publicitadas y procesadas.
No debe olvidarse que la iniciativa ciudadana es el mecanismo que, por excelencia, permite acercarse al ideal democrático descrito por Abraham Lincoln en su célebre discurso de Gettysburg, en el que un gobierno democrático debe ser “del, por y para el pueblo”; o bien, a la descripción de la democracia de José Woldenberg, en la que “...la democracia es una forma de gobierno, un modo de organizar el poder político en el que lo decisivo es que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno –lo que hay que gobernar– sino también el sujeto que gobierna”.
De este modo, la generación del marco legal y reglamentario que permita hacer realidad la implementación de la iniciativa ciudadana permitirá avanzar no sólo en la construcción de un modelo democrático que promueva una mayor cohesión social, sino en la restauración de la legitimidad para el sistema político en su conjunto.
Fundamento legal
Por lo expuesto, el suscrito, profesor Marino Miranda Salgado, diputado de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados
Artículo Único.Se reforma el numeral 1 del artículo 59; el numeral 2 del artículo 62; el numeral 1 del artículo 68; el primer y segundo numerales del artículo 77; el numeral 1 del artículo 78; el segundo párrafo, numeral 1, del artículo 81; la fracción II, numeral 2, del artículo 82; el primer numeral del artículo 83; el numeral 1 del artículo 89 y el correspondiente del artículo 102. Se agrega la fracción X al artículo 3 y se recorren las siguientes; la fracción III al artículo 80, recorriéndose las siguientes; el inciso b), fracción III, numeral 1, del artículo 175, recorriéndose los siguientes; y, el numeral 2 al artículo 177, recorriéndose los siguientes. Asimismo, se adiciona el artículo 78 Bis. Todos del Reglamento de la Cámara, para quedar como sigue:
Artículo 3.
I. a IX. ...
X. Iniciativa ciudadana: Iniciativa de ley o de decreto presentada por las o los ciudadanos, en términos de los dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XI. a XXVI. ...
Artículo 59.
1. La Mesa Directiva integrará el proyecto del orden del día de las sesiones que dará a conocer al pleno con las propuestas que reciba oportunamente de la Junta, las iniciativas ciudadanas, cuyo cumplimiento del requisito establecido en el artículo 71 constitucional, haya sido comunicado por el Instituto Nacional Electoral, los dictámenes y resoluciones que le turnen las comisiones, así como los asuntos que reciba de la Cámara de Senadores, los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los estados, las autoridades locales del Distrito Federal, los municipios y los organismos públicos o, en su caso, de los particulares.
2. y 3. ...
Artículo 62.
1. ...
2. El orden del día de las sesiones contendrá, en el orden acordado por la Mesa Directiva, los apartados siguientes: Lectura del orden del día; lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; comunicaciones oficiales; solicitudes de licencia y toma de protesta de diputadas y diputados; minutas; iniciativas de ley o de decreto del titular del Poder Ejecutivo federal, de las legislaturas de los estados y de los senadores; propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno de la Cámara; declaratorias de publicidad de los dictámenes; declaratorias de publicidad de iniciativas y minutas con vencimiento de plazos; dictámenes a discusión; iniciativas y minutas con vencimiento de plazo a discusión; agenda política; iniciativas de diputadas y diputados y en nombre de grupo, ciudadanas; proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución; proposiciones en nombre de grupo; proposiciones de las diputadas y de los diputados; peticiones de particulares, efemérides, clausura y cita.
3. ...
Artículo 68
1. El turno para efectos de dictamen, procederá para enviar a las comisiones ordinarias, las minutas, las iniciativas legislativas y ciudadanas, las observaciones del titular del Poder Ejecutivo federal, las proposiciones y otros documentos que, de acuerdo a la ley, requieran de la elaboración de un dictamen.
Artículo 77
1. El derecho de iniciativa es irrestricto, pero en el caso de las que presenten las diputadas y los diputados, su turno se sujetará a los requisitos y trámites establecidos en este reglamento. En el caso de las que presenten las y los ciudadanos, su turno estará sujeto a los requisitos y trámites establecidos en este reglamento y la ley.
2. El derecho de iniciativa comprende también el derecho a retirarla, éste lo podrá ejercer sólo el autor, desde el momento de su admisión y hasta antes de que la comisión o comisiones a las que se haya turnado acuerden un dictamen o antes de que se tenga por precluida la facultad para dictaminar. Para los efectos de este numeral, en el caso de las iniciativas presentadas por las diputadas y los diputados, por autor se entiende al o a los diputados o diputadas que suscriban efectivamente la iniciativa, antes de ser presentada ante la Mesa Directiva. En el caso de las iniciativas ciudadanas, por autor se entiende al o la representante designado por los ciudadanos.
3. y 4. ...
Artículo 78
1. Los elementos indispensables de las iniciativas presentadas por los diputados o diputadas serán:
I. a XI. ...
Artículo 78 Bis
1. Los elementos indispensables de las iniciativas ciudadanas serán:
I. Las firmas de los ciudadanos que la sustentan en términos de lo dispuesto en los incisos b), c) y d) del artículo 131 de la ley;
II. Nombre completo y dirección del representante para oír y recibir notificaciones, el cual encabezará la lista de las firmas ciudadanas.
Artículo 80
1. El dictamen es un acto legislativo colegiado, a través del cual una o más comisiones facultadas presentan una opinión técnica calificada, por escrito, para aprobar o desechar los siguientes asuntos:
I. y II. ...
III. Iniciativas ciudadanas;
IV. a VIII. ...
2. ...
Artículo 81
1. Los dictámenes que atiendan minutas deberán abocarse sólo a éstas.
En el caso de dictámenes que atiendan iniciativas ciudadanas o preferentes, estos podrán incorporar, previo acuerdo de la comisión, aquellas que sobre la materia hayan sido presentadas.
2. ...
Artículo 82
1. ...
2. Un asunto podrá ser sometido a discusión y votación del pleno sin que se presente el dictamen de comisión respectivo cuando:
I. ...
II. Se trate de iniciativas y minutas, incluyendo aquellas presentadas por las o los ciudadanos, que no hubieran sido dictaminadas por la comisión responsable, en los plazos establecidos en este reglamento y deban ser presentadas en sus términos ante el pleno, sólo cuando hayan cumplido el requisito de declaratoria de publicidad que deberá hacerse, con una anticipación de al menos dos sesiones previas a la que se discuta.
III. ...
Artículo 83
1. Los autores de las iniciativas que originan el dictamen podrán presentar por escrito ante la comisión, una reserva para modificarlo, antes del inicio de su discusión, aunque no formen parte de la dictaminadora, si consideran que la esencia de su propuesta ha sido desvirtuada. Para los efectos de este numeral, en el caso de las iniciativas presentadas por las diputadas y los diputados, por autor se entiende al o a los diputados o diputadas que suscriban efectivamente la iniciativa. En el caso de las iniciativas ciudadanas, por autor se entiende al o la representante designado por las o los ciudadanos.
Artículo 89
Si el dictamen correspondiente a las iniciativas, incluyendo aquellas presentadas por las o los ciudadanos, no se ha presentado cuando haya transcurrido el plazo para dictaminar, se tendrá por precluida la facultad de la comisión o comisiones para hacerlo, observando lo siguiente:
I. a III ...
Artículo 102
1. Las iniciativas presentadas en nombre de grupo, las del titular del Poder Ejecutivo federal, las de Senadores, las de las legislaturas de los estados, así como las iniciativas ciudadanas pasarán, desde luego a comisión.
2. y 3...
Artículo 175
1. En las reuniones de las comisiones, los asuntos se tratarán, preferentemente, en el orden siguiente:
I. y II. ...
III. Proyectos de dictamen para discusión y votación de:
a)...
b) Iniciativas ciudadanas;
c) a g)
IV. a IX. ...
Artículo 177
1. ...
2. En el caso de que se trate de una iniciativa ciudadana o una minuta, cuyo origen sea una iniciativa ciudadana, en el proceso legislativo de dictamen, el presidente de la comisión deberá convocar al representante designado por los ciudadanos, para que asista a una reunión de la comisión o comisiones que corresponda, a efecto de que exponga el contenido de su propuesta.
I. Las opiniones vertidas durante la reunión a la que fue convocado, no serán vinculantes para la comisión o comisiones y únicamente constituirán elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen;
II. El procedimiento de dictamen no se interrumpirá en caso de que el representante no asista a la reunión a la que haya sido formalmente convocado.
III. El representante podrá asistir a las demás reuniones públicas de la comisión para conocer del desarrollo del proceso de dictamen y podrá hacer uso de la voz hasta antes del inicio del proceso de deliberación y votación.
3. ...
I. a V. ...
4. y 5. ...
Transitorio
Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.— Diputado Marino Miranda Salgado (rúbrica).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para el dictamen correspondiente.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos, diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 3, numerales 1 y 2; 6, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 3 del artículo 47, y se adicionan los artículos 55-A, 55-B y 55-C de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanosal tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como fin transversalizar la perspectiva de género en el trabajo de la Cámara de Diputados y promover parlamentos sensibles al género, cumpliendo con los compromisos internacionales del Poder Legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres.
Los derechos humanos han sido definidos como “aquellos que todas las personas poseen y deben disfrutar por el mero hecho de ser humanas” tienen como características la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, la internacionalización, la progresividad y la tendencia a la especificidad (IIDH, 1992). Tales derechos son intrínsecos a las personas y, en cuanto a la participación política, atienden a garantizar el derecho de mujeres y hombres a acceder a dicha participación en condiciones de igualdad.
Diversos instrumentos internacionales han reconocido a los derechos políticos como un derecho humano, es decir, a participar en el gobierno de su país en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento en la normatividad internacional, esto no ha sido suficiente para asegurarle a las mujeres la protección de sus derechos, pues la forma en que se establecen es androcéntrica (Facio, 2000).
Es conveniente señalar que el Estado mexicano tiene la obligación de observar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales a los cuales se comprometió, obedeciendo a los postulados Constitucionales de los artículos 1o. y 133.
Entre los instrumentos que contemplan a los derechos políticos como un derecho humano se encuentra la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la cual reconoció que “los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”, lo cual representa el fundamento para que las mujeres ejerzan sus derechos civiles y políticos en los mismos términos que los hombres.
Por ello, se puede afirmar que la participación femenina en la esfera política y pública no sólo es cuestión de justicia o democracia, sino es un tema de derechos humanos.
Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer reconoce el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos sin discriminación de ningún tipo y en condiciones de igualdad con los hombres.
En este mismo sentido, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(1979) señala que la discriminación contra ellas viola los principios de igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana, dificultando la participación de las mujeres en la vida política, lo cual impide el bienestar social y entorpece el desarrollo de sus posibilidades.
También, en larecomendación general número 25, Medidas especiales de carácter temporal, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece que dichas medidas especiales abarcan una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas en los ámbitos legislativo, ejecutivo, administrativo y reglamentario. Es decir, no se limita a los sistemas de cuotas, sino que también pueden darse: asignación de recursos y tratos preferenciales. Dicho Comité plantea como medidas a impulsar, entre otras, las siguientes:
• El garantizar que organizaciones como los partidos políticos y los sindicatos no discriminen a las mujeres;
• El idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas, tales como el equilibrio entre mujeres y hombres que ocupan cargos de elección pública;
• Asegurar que las mujeres entiendan su derecho al voto, su importancia y la forma de ejercerlo;
• Asegurar la eliminación de los obstáculos a la igualdad;
• El establecer medidas para asegurar la igualdad de representación de las mujeres en la formulación de la política gubernamental; y
• La promulgación de una legislación eficaz que prohíba la discriminación de las mujeres.
En el seno de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer se señaló la importancia que, en aras del cumplimiento de sus derechos humanos, tienen los mecanismos para el adelanto de las mujeres y se especificó que la tarea de estos es “prestar apoyo en la incorporación de la perspectiva de igualdad de géneros en todas las esferas de política y en todos los niveles de gobierno”. También se destacó que a fin de obtener un funcionamiento eficaz de estos mecanismos se necesita, entre otros aspectos, contar con “mecanismos o procesos institucionales que agilicen, la planificación descentralizada, la aplicación y vigilancia”, así como la capacidad de incidencia en las políticas de gobierno. Lo anterior se traduce en la necesidad de crear las instancias necesarias, entre ellas oficinas o unidades de género, para lograr tal fin.
Lo que requiere fortalecer los mecanismos públicos (institutos, comisiones, secretarías, coordinaciones) responsables de promover la equidad de género y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trato y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación activa en el país.
Es pertinente destacar que en la actualidad, existen unidades de género en distintas dependencias y poderes como el caso de la Unidad de Género del Poder Judicial de la Federación o la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación del Instituto Federal Electoral. Esta acción ha permitido avanzar a favor de la lucha por conseguir instituciones que tengan como fundamento la defensa y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y el logro de los principios de igualdad y no discriminación. Sin embargo, aún y cuando es una tarea pendiente en todos los elementos que componen el Estado, el Poder Legislativo ha quedado rebasado en este tema.
La incorporación cada vez más alta de mujeres a los cargos de representación popular a nivel nacional e internacional ha impulsado grandes transformaciones en la vida social de los países y por resultado en la legislación que ha tenido que atender dicha realidad.
Los parlamentos, principales agentes de transformación de esta participación política de las mujeres, juegan un papel de suma importancia para que la igualdad de género sea una realidad. Aunque las mujeres participan más activamente en los congresos de sus países, éstos aún no han modificado del todo sus rígidas estructuras tanto administrativas como normativas para dar pie a la creación de reales parlamentos sensibles al género. Entendiendo por estos últimos a aquellos que fundan su quehacer diario atendiendo a las necesidades e intereses de mujeres y hombres, observando en todo momento su actuar, tanto al interior como al exterior, la perspectiva de género y propiciando el acceso de las mujeres a sus derechos humanos.
El término “género” designa los atributos vinculados socialmente al hecho de ser hombre y mujer a las relaciones entre mujeres, hombres, niñas y niños. Estos atributos y relaciones han sido determinados socialmente y se adquieren mediante socialización. El concepto de género incluye también las expectativas sobre las características, aptitudes y probables conductas tanto de hombres como de mujeres, y cuando se aplica al análisis social, revela funciones determinadas socialmente. Sexo y género no son términos equivalentes. Mientras que sexo se refiere a las diferencias biológicas, género guarda relación con las diferencias sociales, que pueden modificarse, ya que la identidad, las funciones y las relaciones de género vienen determinadas por la sociedad.
La importancia de contar con parlamentos sensibles al género, como parte fundamental del real empoderamiento de las mujeres y de la transversalización de la perspectiva de género en el poder legislativo, radica en que esta transformación abonará directamente al cumplimiento de una democracia donde los principios de igualdad y no discriminación sean motor de la misma.
Debido a su relevancia, el tema de la necesidad de la creación de parlamentos sensibles al género ha sido abordado a nivel internacional. Recientemente la Unión Interparlamentaria, organización internacional que tiene su sede en Ginebra, a la cual México ingresó en 1925, y cuyo principal objetivo es el fomento de la cooperación de los parlamentos entre sí y con el sistema de Naciones Unidas, elaboró el documento Parlamentos sensibles al género, por unos parlamentos cuyas estructuras, funcionamiento, métodos y tareas respondan a las necesidades e intereses tanto de hombres como de mujeres. En este texto se hace un estudio sobre en qué medida los parlamentos de todo el mundo incorporan las cuestiones de género, es importante resaltar, que México fue reconocido en este documento por ser el único país del estudio en donde se cuenta con un instrumentos técnico de investigación al servicio del poder legislativo en temas de género y de derechos humanos para la incorporación de la perspectiva de género en la norma y en los presupuestos públicos, nos referimos al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG).
No obstante este avance, aunado a la creación de la Comisión Ordinaria de Igualdad de Género, es necesaria la transversalización de la perspectiva de género al interior del trabajo administrativo y laboral de esta Cámara de Diputados. Esta necesidad es reconocida en diversos instrumentos internacionales que señalan la importancia de contar con una instancia al interior del Poder Legislativo que se aboque a fomentar el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación en el quehacer parlamentario. Al respecto, la Unión Interparlamentaria aprobó por unanimidad en la 127 Asamblea el Plan de Acción para los Parlamentos Sensibles al Género, donde alientan a los miembros de la Unión a señalar este plan de acción a la atención de sus parlamentos y gobiernos en el tema, a difundirlo y a ponerlo en práctica a nivel nacional. De manera concreta señala que para considerarse un parlamento sensible al género, éste debe observar las siguientes características:
1. Promover y lograr la igualdad en el número de mujeres y hombres en todos sus órganos y estructuras internas;
2. Dotar de un marco normativo en materia de igualdad de género adoptado al contexto nacional;
3. Integrar la igualdad de género en las labores que realiza;
4. Fomentar una cultura interna respetuosa de los derechos de las mujeres;
5. Promover la igualdad de género y responder a las necesidades y realidades de los parlamentarios (hombres y mujeres), para permitirles conciliar las responsabilidades laborales y las obligaciones familiares;
6. Reconocer la contribución de los parlamentarios hombres que defienden la igualdad de género y se basa en ella;
7. Alentar a los partidos políticos a que tomen la iniciativa para promover y alcanzar la igualdad de género; e
8. Impartir capacitación al personal parlamentario y proporcionarles los recursos necesarios para promover la igualdad de género, fomentar activamente el nombramiento de mujeres para ocupar puestos de responsabilidad y permanecer en esos puestos, y asegurar la integración de la igualdad de género en la labor de la administración parlamentaria.
En este sentido, cualquier parlamento que se precie de ser sensible al género debe tener, como punto de partida, la observancia plena del principio de igualdad fomentando la participación de las legisladoras y los legisladores.
Algunas de estas acciones señaladas en el Plan de Acción de la Unión Interparlamentaria, han sido impulsadas desde la Comisión de Igualdad de Género y el CEAMEG en esta Cámara de Diputados; sin embargo, la transversalización de la perspectiva de género al interior de este órgano legislativo, no es materia de las atribuciones de estas dos instancias en la Cámara de Diputados, de ahí que es necesario el planteamiento de una modificación a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento de la Cámara de Diputados.
Desde la composición de la Cámara de Diputados a nivel federal durante la XLII Legislatura 1952-1955 que era del 0.6 por ciento hasta la actual LXII legislatura donde el porcentaje de diputadas que la integran es de 36.8 por ciento –siendo este último el mayor porcentaje de la historia en el Congreso Federal–, mucho se ha avanzado en este tema hacia el cumplimiento del derecho a la participación política de las mujeres. En este sentido, este Poder Legislativo debe seguir impulsando esta participación también al interior del trabajo parlamentario y cumplir con su compromiso internacional de erigirse como un parlamento sensible al género.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Único. Se adiciona el numeral 3 del artículo 47, y se adicionan los artículos 55 –A, 55-B y 55-C de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 47.
1. ...
2. La Cámara tendrá una Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los integrantes de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros.
3. La Cámara tendrá una unidad de género.
Artículo 55-A. La unidad de género de la Cámara de Diputados es el órgano técnico responsable de consolidar el proceso de implementación de la transversalidad de la perspectiva de género en el quehacer de la Cámara de Diputados.
Con objeto de garantizar y valorar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.
Artículo 55-B. Son funciones de la unidad de género las siguientes:
I. Proponer la estandarización conforme a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres de todo todos los procedimientos y actuaciones administrativas y laborales de la Cámara de diputados;
II. Impulsar la formación y capacitación del personal de la Cámara de Diputados en relación al alcance y significado del principio de igualdad, mediante la formulación de propuestas de acciones formativas;
III. Impulsar y apoyar el desarrollo de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres que laboran en la Cámara de Diputados;
IV. Capacitar al personal de la Cámara de Diputados en temas de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género;
V. Proponer y apoyar en el planteamiento de las reformas necesarias a los instrumentos normativos internos de Cámara de Diputados a fin de incorporarle la perspectiva de género y de derechos humanos;
VI. Fomentar el cumplimiento de los principios contenidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres;
VII. Llevar a cabo el seguimiento, evaluación del desarrollo y cumplimiento de acciones que fomenten la observancia del principio de igualdad de mujeres y hombres que laboren en la Cámara de Diputados;
VIII. Crear estadísticas oficiales del cumplimiento del principio de igualdad en todas las acciones administrativas que emprenda la Cámara de Diputados y realizar el análisis, seguimiento y control de los datos desde la perspectiva de género; y
IX. Establecer convenios de colaboración con los congresos estatales a fin de estandarizar los procesos de incorporación y transversalidad de la perspectiva de género en el poder legislativo.
Artículo 55-C. La unidad de género tiene el nivel de coordinación y su titular será nombrada por acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Para ser designada titular de la Unidad de Género de la Cámara de Diputados se requiere:
I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos;
II. Haber cumplido 35 años de edad;
III. Contar con título profesional en derecho, sociología o antropología;
IV. Acreditar conocimiento y experiencia legislativa de más de 5 años en temas de derechos humanos de las mujeres, perspectiva de género, derecho parlamentario y proceso legislativo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Las fisuras del patriarcado, Reflexiones sobre feminismo y derecho. 2000, consultado en línea en http://www.flacso.org.ec/docs/safisuras.pdf
2 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena, Austria, del 14 al 25 de junio de 1993.
3 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 1953. Ratificada por México el 23 de marzo de 1981 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1981.
4 Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en Nueva York por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981. Fue publicada en el DOF el 9 de enero de 1981.
5 Recomendación general número 25. Medidas especiales de carácter temporal (trigésimo período de sesiones, 2004).
6 Quick Entry Points to Women’s Empowerment and Gender Equality in Democratic Governance Clusters.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.— Diputados: Silvano Aureoles Conejo, Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbricas).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para la emisión del dictamen correspondiente.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, suscrita por las diputadas Margarita Elena Tapia Fonllem, Aleida Alavez Ruiz y María del Rocío García Olmedo, del PRD y del PRI, e integrantes de diversos grupos parlamentarios
Las diputadas y los diputados que suscriben, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77, numerales 1 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de decreto de acuerdo a la siguiente
Exposición de Motivos
La concepción del Estado laico ha sido uno de los postulados fundamentales de nuestra organización política y norma de convivencia indispensable para la sociedad mexicana. La conformación de la República en nuestro país está profundamente ligada a la separación del Estado de los asuntos de la Iglesia y al principio de igualdad de todas las personas ante la ley, establecidos con claridad en la Constitución de 1857, en las Leyes de Reforma y en la Constitución Política vigente.
El orden jurídico nacional, que ha evolucionado en un contexto global hacia la construcción de un régimen plenamente democrático, donde se reconozcan las libertades, exige una revisión minuciosa para establecer límites a la actuación de las autoridades y para dotar a la ciudadanía de instrumentos para disfrutar y ejercer sus derechos. El reto es un marco legal eficaz, que contribuya a una ética del servicio público que genere confianza de la ciudadanía hacia el Estado, mediante la participación, la inclusión, el diálogo, la transparencia, la rendición de cuentas y la búsqueda de la igualdad.
En un entorno democrático, de pluralidad política y de diversidad de opiniones y creencias, un elemento esencial del Estado laico consiste en el establecimiento de condiciones que aseguren un trato igualitario a todas las personas. La igualdad formal debe traducirse en una vigilancia constante por parte del Estado para que no se practique discriminación alguna en contra de las personas, particularmente en relación a sus derechos y a su identidad, cualquiera que sea su pertenencia o no pertenencia a una religión o a una convicción filosófica, o independientemente de su orientación sexual, su etnia, sus características físicas o cualquier otro elemento.
En este sentido, cabe destacar la labor que la organización Católicas por el Derecho a Decidir ha desarrollado en la construcción de esta propuesta. Su tarea para fortalecer el Estado laico apunta a la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres y jóvenes, sin imposiciones ni dogmas. El Estado laico es fundamental para salvaguardar la libertad de conciencia, de pensamiento y de decisión así como garantizar que tanto la administración pública como el diseño, elaboración e implementación de leyes, políticas y programas, respeten la diversidad y la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas y filosóficas. En un Estado laico, no hay privilegios ni jerarquías: todas las personas valen lo mismo, no hay grados de humanidad, todas tienen el mismo derecho a decidir sobre su vida, con la única limitante de que no afecte los derechos de los demás.
Para explicar la pertinencia de una reforma por el respeto a los principios y las normas de la laicidad en el servicio público, debemos comenzar por los antecedentes históricos y jurídicos que la han instituido.
I. Antecedentes de la laicidad en México
a) La conformación de la identidad nacional y el régimen político
Para entender la concepción de la laicidad es indispensable recurrir a nuestra propia historia, donde se encuentran sus raíces, su cabal explicación y los valores que implica, mismos que siguen teniendo plena vigencia en la actualidad.
A pesar de que en la invasión española y la colonización de América la Iglesia católica fue un factor importante en la imposición de un modelo político de dominación, las diferencias entre el Estado y la Iglesia permanecieron durante largo tiempo en el orden virreinal. Las disputas por el poder dentro del clero regular y secular, así como de éstos con la autoridad civil son numerosas en la historia colonial. La expulsión de la Compañía de Jesús del territorio novohispano, en el marco de las reformas emprendidas por la Casa de los Borbones, es un fenómeno meridiano que ilustra tales conflictos.
En el siglo XIX, con la liberación del dominio español y la constitución de un Estado nacional, la lucha fue incesante. En la polarización entre las tendencias federalista y centralista, así como liberal y conservadora, éstas últimas fueron mejor vistas por la mayor parte de la cúpula eclesiástica, que defendía un sistema económico basado en la concentración de tierras para la agricultura, un sistema social de roles muy definidos, clases estratificadas y jerarquización de los derechos y un modelo político centralista.
La iglesia Católica era dueña de la mayor parte de las tierras que podían destinarse a la agricultura, y concentraba muchas de las funciones administrativas que regían la vida de las personas, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por el acceso a la educación, a las posibilidades contraer o no matrimonio, el tratamiento de enfermedades. Todas las personas tenían que ser católicas para poder ser ciudadanas y ciudadanos.
En las propias constituciones fue ardua tarea que se impusiera el Estado laico; fue muy difícil consagrar la libertad de creencias por la influencia determinante que ejerció la Iglesia católica. De esta manera, los primeros textos constitucionales concedieron a esta religión el carácter de oficial: la de 1824, en su artículo 3º, aunque en el 73, fracción XII, dio facultad al Congreso para arreglar el ejercicio del Patronato; la de 1836, Primera Ley Constitucional, artículo 3o., y la denominada Bases Orgánicas de 1843, artículo 6o.
Para llegar al Estado laico fue importante la labor realizada por los liberales. El punto de partida se encuentra en la denominada “pre reforma”, que encabezaron Valentín Gómez Farías y su ministro José María Luis Mora; contaron para ello con un Congreso dominado por liberales radicales dispuestos a tomar medidas de carácter progresista.
En 1833, durante su fugaz ejercicio presidencial, mientras suplía al general Antonio López de Santa Anna, Gómez Farías implantó diversas medidas de carácter laico: creación de una Dirección General de Instrucción Pública; clausura de la Real y Pontificia Universidad y eliminación del clero de la educación superior; supresión de la coacción civil para el pago del diezmo y el cumplimiento de los votos monásticos; incautación de bienes de las misiones en las Californias y de los misioneros filipinos. En el Estado de México se prohibió la adquisición de bienes por manos muertas; Michoacán concedió la facultad de reglamentar la observancia de los cánones y la disciplina externa del clero, y Yucatán declaró la tolerancia de cultos. Más aún, los liberales radicales de los estados solicitaron permiso al Congreso federal para formar una coalición en defensa del federalismo y desamortizar los bienes eclesiásticos.
Con la Revolución de Ayutla de 1854 surge la Reforma, que logra la separación del Estado y la Iglesia. Éste fue un evento inédito y visionario en los pueblos latinoamericanos de entonces. Se pusieron en marcha distintas medidas que han recibido el nombre de Leyes de Reforma y se expidió también la Constitución de 1857. El gobierno liberal que llegó con Juan Álvarez como presidente, encargó a Juárez el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, quien en breve lapso logró se promulgara la célebre Ley de Administración de Justicia y Organización de los Tribunales del Distrito y Territorios, de 23 de noviembre de 1855, más conocida como Ley Juárez.
Se ha considerado a la Ley Juárez como el primer paso en la secularización de la sociedad y en la implantación de la igualdad ante la ley. Es puente entre ambos objetivos. Mediante esta Ley se suprimieron los tribunales especiales y se establecieron restricciones precisas a los fueros militar y eclesiástico.
Aunque la Ley Juárez fue el arranque, inmediatamente después que ésta se promulgara se expidieron otras leyes con el mismo espíritu reformista: la Ley Lafragua, del 28 de diciembre de 1855, que reglamentó la libertad de prensa y eliminó las restricciones santannistas en este ramo; la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos, llamada también Ley Lerdo, de 25 de junio de 1856, por la cual entraron a la circulación económica los bienes de la Iglesia o de “manos muertas”; la Ley Iglesias, del 11 de abril de 1857, de obvenciones parroquiales, que suprimió el pago obligatorio de sacramentos como bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros.
Se expidieron también dos decretos, que restablecieron medidas pre reformistas: del 25 de abril de 1856, que derogó cualquier coacción civil para el cumplimiento religioso de los votos, y de 7 de junio de 1856, que suprimió nuevamente la Compañía de Jesús.
La etapa de la Reforma significó la consolidación del concepto de nación, cuando se define la forma de Estado, se experimenta la forma de gobierno y se conquistan libertades que persisten en nuestro derecho público. Los liberales defendieron así la libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de igualdad de las personas ante la ley así como la soberanía del pueblo y el federalismo. Todo ello sustentado en un cambio radical en las formas de relación entre las personas y quienes detentaban el poder (real y fáctico), donde los primeros pasaron de ser siervos a ser ciudadanos y donde los gobernantes debían ser elegidos por el pueblo y no por designios divinos.
El nuevo pacto social, que diferencia los ámbitos de acción de la iglesia, que se encarga de los asuntos de los fieles y de la espiritualidad de los mismos, mientras que el Estado se encarga de los asuntos ciudadanos, se expresa destacadamente en la Constitución federal de 1857. Ésta fue producto de una asamblea constituyente que se caracterizó por la profundidad de los debates y las principales aportaciones que efectuaron: derechos del hombre (sic) con un amplio y generoso catálogo; establecimiento del principio de igualdad ante la ley; concepción del Estado laico y separación de los asuntos públicos de los religiosos; ratificación del sistema federal y disposiciones complementarias; forma de gobierno presidencial con matices parlamentarios, y pronunciamientos de carácter social.
A diferencia del texto de 1824, la Constitución Federal de 1857 otorgó especial relevancia a los “derechos del hombre”, característica que se percibe desde el mismo artículo 1º: “el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.
En aplicación de esta declaración, la Constitución de 1857 enunció de manera profusa los derechos del hombre, consagró la igualdad ante la ley e instituyó el juicio de amparo como instrumento para la protección de tales derechos. El principio de igualdad ante la ley, que Juárez había impulsado con tanta firmeza, se formuló todavía con mayor amplitud en la Constitución de 1857, cuyo artículo 13 constitucional dijo a la letra: “En la República mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación puede tener fueros ni gozar emolumentos que no sean compensación de servicio público y estén fijados en la ley”. Esta formulación, que limita obviamente la jurisdicción eclesiástica, pasó en los mismos términos y en el mismo numeral a la Constitución de 1917.
En la Constitución de 1857 se incorporaron también otras libertades y postulados que caracterizan al Estado laico tales como: libertad de enseñanza, artículo 3º: “La enseñanza es libre. La ley determinará que profesiones necesitan título para su ejercicio, y con qué requisitos se debe expedir”; libre manifestación de las ideas, artículo 6º: “La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público”; libertades de expresión e imprenta, artículo 7º: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia”; derecho de petición y libertad de reunión, artículos 8º y 9º; limitación para adquirir bienes raíces para las corporaciones civiles y eclesiásticas, artículo 27, o bien la competencia exclusiva a los poderes federales para “ejercer, en materias de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes,” artículo 123.
Un postulado laico que quedó pendiente en la Constitución de 1857 fue la libertad de cultos, aunque a diferencia del texto de 1824 no se declaró la religión católica como oficial. El tema se discutió bastante, pero el proyecto de artículo que establecía dicha libertad fue devuelto a comisiones.
Con el gobierno de Juárez se complementó el Estado laico mediante diversas leyes y decretos que se promulgaron años después de expedida la Constitución de 1857, tales ordenamientos secularizaron el poder público y recuperaron para éste actividades administrativas muy importantes.
Las leyes juaristas que se expidieron fueron, principalmente, las siguientes: Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos, de 12 de julio de 1859, que privó a la Iglesia de su poder económico y convino a los liberales por su precaria situación financiera, al privar a la Iglesia de su poder económico disminuía el apoyo a los conservadores; Ley del Matrimonio Civil, de julio 28 de 1859, que estableció el matrimonio como contrato y la separación de los negocios civiles y eclesiásticos; Ley Orgánica del Registro Civil, del 31 de julio de 1859, que confirió al Estado el registro de diversos actos del estado civil de las personas que estaban reservados a la iglesia; Ley sobre Libertad de Cultos, de 4 de diciembre de 1860, que consagró de manera expresa esta libertad y protegió el ejercicio de cualquier culto religioso en el país.
Se expidieron también varios decretos que perseguían los siguientes objetivos: secularizar los cementerios, 31 de julio de 1859, quedaron bajo la autoridad civil los cementerios, panteones, camposantos y bóvedas, antes en manos del clero; días festivos y asistencia oficial, de 11 de agosto de 1859, que determinó los días que tuvieran tal carácter y prohibió a los funcionarios públicos asistir oficialmente a las ceremonias religiosas; secularización de hospitales, de 2 de febrero de 1861, por el cual el gobierno se hizo cargo de la dirección y cuidado de estos establecimientos; supresión de comunidades religiosas, 26 de febrero de 1863, con lo que los conventos se convirtieron en hospitales ante la intervención francesa.
Se expidieron diversos ordenamientos para promover la reforma educativa, con el propósito de que la instrucción fuese obligatoria, laica y gratuita; ésta cuando menos en las escuelas primarias oficiales. Mediante la ley de 15 de abril de 1861 se ratificó la libertad de enseñanza y se hizo gratuita la educación oficial. Más tarde, el 2 de diciembre de 1867, se expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios, conocida también como de Martínez de Castro, que fortaleció el papel del Estado en la educación y alentó la reforma de la enseñanza media y aun de la superior.
La Reforma tuvo repercusiones más allá del gobierno de Juárez. La doctrina liberal que inspiró a la Constitución de 1857 y a las Leyes de Reforma sirvió de sustento a los programas de gobierno que se desplegaron en la etapa de la República Restaurada (1867- 1877), logró subsistir en el régimen de Díaz y tiene efectos hasta la época actual.
Durante el gobierno de Lerdo se fortalecieron también los principios reformistas y del Estado laico. A través de ley de 25 de septiembre de 1873, se incorporaron las leyes de reforma a la Constitución de 1857, declarándose de manera terminante: “El Estado y la iglesia son independientes entre sí. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna”. Más tarde, en el decreto de 10 de diciembre de 1874, se implantó el laicismo en las escuelas oficiales, en el artículo 4o. se asentó: “La instrucción religiosa y las prácticas oficiales de cualquier culto quedan prohibidas en todos los establecimientos de la Federación, de los estados y de los municipios. Se enseñará la moral en los que por la naturaleza de su institución, lo permitan, aunque sin referencia a ningún culto...”.
En síntesis, los liberales mexicanos logran darle forma jurídica y cultural a las conquistas del Estado moderno: la protección y reconocimiento de las libertades y su ejercicio, sin imposición de ninguna índole. Sentaron las bases para la consolidación de una República desde una perspectiva laica, democrática, tolerante y abierta a la pluralidad.
b) Institucionalidad de la separación del Estado y las iglesias
En el dictamen sobre el artículo 129 de la Constitución de 1917 (posteriormente 130), se argumentó que no era suficiente “proclamar la simple independencia del Estado, como hicieron las Leyes de Reforma”, sino que era necesario “establecer la supremacía del poder civil sobre los elementos religiosos en lo que, naturalmente, toca a la vida pública”, por lo que “desaparece de nuestras leyes el principio de que el Estado y la Iglesia son independientes entre sí”, para ser sustituida “por la simple negativa de personalidad a las agrupaciones religiosas, con el fin de que, ante el Estado, no tengan carácter colectivo”.
Esta posición cambió por completo el contexto de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica. En la Constitución de 1917 se establecieron principios mucho más radicales que en el texto anterior, en los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130 se determinó: se niega personalidad jurídica a las iglesias y el ejercicio de derechos políticos a los ministros de culto; se prohíbe la participación de las agrupaciones religiosas y sus miembros en materia política; se secularizan los actos del estado civil; se establece el laicismo en la educación; se prohíbe el establecimiento de órdenes monásticas y la profesión de votos religiosos; se prohíben los actos de culto externo y se niega capacidad jurídica a las iglesias para adquirir inmuebles.
Las normas originales de 1917 tuvieron, dificultades en su aplicación, debido a que la autoridad encontró dificultades para imponer disposiciones a las que la jerarquía católica negó validez. En consecuencia, el enfrentamiento se volvió cada vez más franco entre ambas instituciones, como la expulsión del delegado apostólico Phillipi, por el presidente Obregón en 1923; a la que siguió la expedición de la denominada “Ley Calles” en 1926, que tipificaba como delitos varios actos relacionados con el culto público, lo que ocasionó finalmente que surgiera la Guerra Cristera, terminando con los “arreglos” entre el Estado y la Iglesia en junio de 1929.
Aunque todavía se producen algunas fricciones durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas, los “arreglos” predominaron en los gobiernos que lo sucedieron. Esta etapa se ha llamado de la “complicidad equívoca” entre el Estado y la Iglesia, en la cual “la secularización implantada por el Estado laico mexicano en la sociedad, va desapareciendo paulatinamente de la política gubernamental y con ella una de las principales fuentes de conflicto entre ambas instituciones”.
Pese a tal acercamiento, en los años que siguieron, los gobernantes mexicanos procuraron cubrir las formas en sus relaciones con la Iglesia, reiterando siempre comulgar con el ideario de la Reforma.
Sin embargo, esta situación empezó a menguar en el último tercio del siglo XX, con las reuniones informales que sostuvieron algunos presidentes mexicanos con el titular del Vaticano y después con las iniciativas constitucionales y legales que modificaron las relaciones entre el Estado y las Iglesias.
c) Reconocimiento de las iglesias como asociaciones religiosas
En diciembre de 1991, se presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 constitucionales por parte de la fracción parlamentaria del PRI, misma que se dictaminó junto con las iniciativas presentadas anteriormente por el PAN (1987) y el PRD (1990), resultando aprobada por los diversos partidos políticos y publicada oficialmente el 28 de enero de 1992. Más tarde, el 15 de julio de 1992, se expidió la ley reglamentaria del artículo 130, denominada Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue resultado de un consenso entre partidos sobre distintos proyectos. Los nuevos principios constitucionales y legales que rigen las relaciones entre el Estado y las iglesias en México, pueden sintetizarse de la manera siguiente:
a) Personalidad jurídica: para este efecto, se crea en el inciso a) del párrafo segundo del artículo 130, la figura de la asociación religiosa, misma que comprende no sólo a las iglesias, sino también a cualquier agrupación religiosa, a todas las cuales se les otorga personalidad jurídica como asociaciones
b) Régimen patrimonial: en la conformación del patrimonio de las asociaciones religiosas, se aplica ahora el mismo principio que privó en la Constitución de 1857, se permite ahora a dichas asociaciones adquirir y poseer solamente los bienes inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, no así en el texto original de 1917 que hizo ilusorio tal derecho para las corporaciones religiosas.
c) Libertad en materia religiosa: este principio está contenido en el artículo 24 constitucional, y se sustenta en la libertad de creencias (o de conciencia) y en la libertad de cultos. Dicha libertad religiosa, apunta Palacios Alcocer, “ se manifiesta en una serie de derechos que son los siguientes: libertad para tener creencias, para no tenerlas y para dejar de tenerlas; libertad para manifestar las creencias y para no ser obligado a hacerlo; libertad para no ser obligado a manifestar preferencias religiosas ni para ser discriminado por motivo de las mismas, libertad para asociarse con motivos religiosos y para dejar de asociarse; libertad de celebración de culto privado en los domicilios de los creyentes sin ser objeto de regulación alguna; libertad de celebración de culto público en forma ordinaria en los templos, y libertad al culto público extraordinario“.
d) Situación jurídica de los ministros de culto: con la reforma, se pasa de un marco legal que establecía prohibiciones y limitaciones a los ministros de culto, a uno permisivo y tolerante, cuyos efectos prácticos han sido hasta ahora desfavorables, porque las iglesias, particularmente la católica, han iniciado un activismo político inusitado, que entraña el riesgo de abrir viejas heridas y retornar a etapas ya superadas.
Dentro del nuevo estatus jurídico de los ministros de culto, se encuentran los referentes a los derechos políticos. Se otorga a los ministros el voto activo (pueden votar), reconociéndolos como ciudadanos en términos del artículo 34 constitucional, disposición que critica Sánchez Medal, ya que propicia que los ministros de culto:
“Dejen su ministerio y se entreguen de lleno a la política, o exhortarlos por lo menos a que participen en el campo de la política de los partidos, porque es dentro de los partidos donde se proponen los candidatos y dentro de los partidos donde se ofrece la respectiva plataforma ideológica y de acción de cada uno de ellos”.
Este derecho político concedido a los ministros de los cultos fue ejercido por primera vez en las elecciones federales de 1994.
En cuanto al voto pasivo (poder ser votados), se les concedió restringido, pues para ello la ley reglamentaria, en su artículo 14, exige una separación del ministerio religioso de cuando menos cinco años. Se le hacen también, por último, distintas prohibiciones, como la de no desempeñar cargos públicos, no asociarse con fines políticos, no realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, ni oponerse a las leyes del país o a sus instituciones y respetar los símbolos patrios.
Por su parte, el artículo 29 establece las infracciones en que pueden incurrir las asociaciones religiosas o los ministros del culto; y los artículos subsiguientes establecen el procedimiento y órganos para imponer las correspondientes sanciones, mismos de los que no se tiene noticia que hayan sido utilizados en la práctica.
Hoy sigue prevaleciendo la concepción del Estado laico, aunque sujeto a laspresiones de las fuerzas que siempre se le han opuesto. Pero el laicismo contemporáneo es una concepción que se ha enriquecido y ensanchado notablemente. Sus principios son ahora no sólo oponibles frente a las Iglesias, sino que tienen un campo de aplicación mucho más vasto en la actividad humana.
Se siguen manteniendo los postulados del laicismo que se heredaron de la historia, pero éstos, en virtud a diversas reformas constitucionales, se han fortalecido y extendido a otros aspectos de la vida nacional. La concepción del Estado laico implica ahora cuando menos los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 6o., 7o., 24, 25, 26, 27 fracción II, 40, 41, 89 fracción X y 130 constitucionales, así como las obligaciones derivadas de diversos instrumentos internacionales.
II. La reforma al artículo 40 de la Constitución
En fechas recientes, amplios sectores de la sociedad, han demandado la garantía de nuevas libertades y el ejercicio pleno de derechos reconociendo la diversidad y la pluralidad existentes. Sin embargo, muchas de estas demandas se han visto obstaculizadas por el aumento los fundamentalismos religiosos, de la influencia de las iglesias en vida política y el fortalecimiento de sectores ultraconservadores que a través de alianzas intentan imponer una agenda única.
Por ello, resultó necesario incluir explícitamente la en la Constitución a la laicidad como principio organizador del Estado y de todas las funciones que éste realiza. Después de un largo proceso legislativo, en noviembre de 2012 se aprobó la reforma constitucional del artículo 40, por la cual se incorporó al texto de este artículo la palabra “laico”, redactado de la siguiente manera:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
En el proceso de reforma al artículo 40 constitucional destacó la constante discusión en torno al problema sobre la laicidad y el laicismo, así como el carácter e importancia histórica del Estado laico y de la democracia. Analicemos algunas de las razones de los legisladores.
En su participación, el diputado Juventino Castro y Castro, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, mencionó que el carácter histórico de la reforma constitucional al artículo 40, representa la continuidad de los constituyentes de 1857 y de 1917, en especial, de los liberales y las Leyes de Reforma. Sin embargo, aunque esto es cierto, también se pueden ubicar motivos históricos inmediatos en la década de los ochenta.
En los ochenta asistimos a un proceso de recuperación de espacios y reposicionamiento de la Iglesia con más presencia en nuestro país, la Iglesia Católica; lo que se puede constatar porque a partir de ese momento, una parte importante de ella, la organizada y dirigida por la Conferencia Episcopal Mexicana, manifestó sus diferencias con el proyecto económico del presidente Miguel de la Madrid, y con el carácter antidemocrático de las elecciones, en especial las realizadas en Chihuahua en 1986. La reorganización del Episcopado mexicano por regiones socioeconómicas, realizado en 1976, sirvió para tener una presencia constante en los procesos electorales, de modo específico, los realizados en los estados del norte del país a través de los obispos pertenecientes a la ‘Región pastoral norte’, así como por medio de organizaciones civiles afines a ella. A partir de ese momento la injerencia de la Iglesia católica trascendió la vida espiritual de sus feligreses hacia el ámbito político-electoral de la defensa del voto, la crítica a los fraudes electorales y la exigencia de elecciones limpias; así como una simpatía orientada hacia el Partido Acción Nacional, quien en ese momento era la segunda fuerza electoral.
La década de los ochenta también fue el momento en el que se superó plenamente el modo de actuarque rigió las relaciones entre la Iglesia y el Estado después de la Guerra Cristera. Estas nuevas relaciones quedarían legalmente reconocidas en la reforma constitucional al artículo 130, realizada durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, publicada en enero de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Se destaca de dicha reforma, el que a las iglesias se les otorgó personalidad jurídica como asociaciones religiosas. Se les confirieron derechos políticos pasivos como ministros de culto, mas no activos, por lo que se estableció la prohibición de asociarse con fines políticos y realizar proselitismo a favor o en contra de algún candidato, partido o asociación política alguna, y a éstas se les prohibió que su nombre o título tuviera alguna palabra o indicación que se relacionara con alguna confesión religiosa.
Como afirma un destacado jurista:
“Incurriría en falsedad al afirmar que luego de esta reforma constitucional, y su consecuente legislación secundaria, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de julio de 1992, los problemas de la injerencia de la Iglesia en el ámbito político-electoral quedaron saldados. En cambio, me parece que esta reforma constitucional sólo formó parte de una estrategia más amplia de concesiones o prerrogativas que se otorgarían paulatinamente a la religión con mayor presencia en nuestro país, las cuales por supuesto serían totalmente contrarias a la vida política y jurídica de un Estado democrático; ya que se quebrantaría el respeto pleno que debe existir hacia los derechos de libertad e igualdad, así como a la pluralidad, la tolerancia, la diferencia y la no injerencia de los recursos públicos para favorecer u otorgar condiciones de privilegio o prerrogativas a un cierto sector identificado con una creencia religiosa“.
“Lo interesante de la reforma constitucional no sólo es el hecho de que se haya agregado la palabra ‘laico’ al texto constitucional, sino que debe ser el inicio de una legislación secundaria que permee todo el actuar estatal e institucional. Por tanto, es en las leyes secundarias donde se deberá dotar a la autoridad jurisdiccional de los medios para tener un papel activo en la protección y respeto a los derechos y obligaciones que se crean a partir del carácter laico del Estado. En la academia debemos estar al pendiente de cómo se desarrollan estos hechos para, si es preciso, argumentar a favor del respeto pleno a los derechos y al carácter laico de las decisiones gubernamentales e institucionales”.
En la reforma, el Estado laico se define como un “instrumento jurídico-político al servicio de las libertades en una sociedad que se reconoce como plural y diversa. Un Estado que, por lo mismo, ya no responde ni está al servicio de una doctrina religiosa o filosófica en particular, sino al interés público, es decir al interés de todos, manifestado en la voluntad popular y el respeto a los derechos humanos”.
Guido Calogero define al laicismo como un método de convivencia de todas las filosofías e ideologías posibles, donde el principio laico se basa en no pretender poseer más la verdad de la que cualquier otro puede pretender poseer Esto implica que el “Estado permanece neutral: admite el desarrollo de todas las religiones pero ninguna ocupa un lugar de privilegio, ni financia públicamente ninguna iglesia ni institución religiosa”.
La democracia está sustentada en la tolerancia, el respeto, la libertad de conciencia, igualdad de derechos y universalidad de pensamiento; no implica la negación de los credos y las preferencias particulares, sino la capacidad de relativizarlas. Así, nuestras creencias personales no deben dividirse entre lo privado, para el caso de la religión, y lo público para el caso de nuestras convicciones cívicas o políticas. El carácter del Estado democrático y laico no exige este desdoblamiento de la personalidad de los servidores públicos, ni de los ciudadanos; lo que en cambio sí requiere es que distingamos nuestros ámbitos de acción y medios de los que disponemos para realizarlos.
El carácter laico y democrático implica también a razones y argumentos que tienen como punto de partida el ineludible hecho de que somos integrantes de colectividades complejas; en la que cada individuo que la integra es una totalidad, por lo que las reglas que deben coordinar nuestra conducta viviendo en sociedad deben partir del reconocimiento de lo humano en los otros, de la complejidad que ello implica, y procurar el establecer un “régimen social de convivencia” que salvaguarde nuestro derecho a ser igualmente libres, a profesar las creencias que deseemos, a expresarlas, sin que ello implique coaccionar o interferir en el ámbito de libertad de alguien más, ni disponer de los medios establecidos para fines distintos.
Incluir en la definición de la República el carácter laico no es un mero agregado o un apéndice que desnaturalice su trayectoria histórica, como hemos sostenido anteriormente. La República es representativa porque la ciudadanía escoge, a través de los instrumentos político-electorales establecidos, a sus representantes populares. Es democrática porque expresa la soberanía popular, reconociendo la pluralidad y las creencias personales, sin negar los derechos de cada persona. Es laica porque define una relación del Estado con las iglesias y las creencias, y el espacio público, que pertenece a todos, guarda distancia de las decisiones íntimas y personales, que se toman libremente.
Por ello, en el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la CPEUM aprobado por el Senado en marzo de 2012 estableció que las atribuciones de un Estado laico serían:
“El Estado reconoce las religiones y la espiritualidad, que tiene una determinada función y una determinada actuación;
No se compromete más con alguna convicción filosófica con alguna religión; es imparcial;
Se mantiene colectivamente neutral respecto de si existe uno o varios dioses;
No se define respecto de si alguna religión es la mejor - si es que alguna lo es-;
No tolera tipo alguno de referencia o insinuación religiosa -o antirreligiosa- en sus ceremonias y proclamas oficiales;
No discrimina a ningún grupo en la provisión de los servicios públicos;
Prohíbe todo programa estatal que pretenda o consiga dar ventajas a una organización religiosa particular, y
No puede permitir que sus instituciones sean usadas para la práctica de la religión”.
III. Postulados constitucionales y legales vinculados con la laicidad en la función pública
Es menester revisar de forma sistemática e integral nuestro orden jurídico para demostrar que la laicidad es un principio establecido profunda y ampliamente, por lo que la tarea de detallar las responsabilidades hacia la laicidad en todas las actividades que atañen a la función pública no sólo es deseable, sino necesaria.
a) La reforma en derechos humanos
La reforma constitucional en materia de derechos humanos se trata del cambio más importante del último siglo, que representa un nuevo paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos.
La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución deja atrás el anterior concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama “De los derechos humanos y sus garantías”. La expresión derechos humanos, amén de ser de uso común en el derechos internacional, alude a los derechos fundamentales reconocidos por la ley y las garantías son los instrumentos del Estado para cumplir con éstos.
El artículo primero constitucional, en vez de “otorgar” los derechos, ahora simplemente los “reconoce”. Se reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales. La Constitución se abre de forma clara y contundente con la evolución histórica del derecho internacional de los derechos humanos.
En el mismo artículo primero constitucional se recoge la figura de la “interpretación conforme”, al señalarse que todas las normas relativas a derechos humanos (del rango jerárquico que sea) se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y de los tratados internacionales. Esto implica la creación de un bloque de constitucionalidad, integrado por los derechos sean de fuente nacional o internacional, a la luz del cual se deberá interpretar y aplicar el orden jurídico.
Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación “pro personae”, conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos. Este principio supone que, cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma jurídica, se deberá elegir aquella que más proteja al titular de un derecho humano y que cuando en un caso concreto se puedan aplicar dos o más normas jurídicas, el intérprete debe elegir aquella que (igualmente) proteja de mejor manera a los titulares de un derecho humano.
Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del Estado mexicano (en todos sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta forma queda claro que todo derecho humano “reconocido” por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas, con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas.
Además, las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos. El Estado mexicano debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.
A la prohibición de toda forma de discriminación, ya presente en el texto, se agrega también aquella a causa de “preferencias sexuales”. Antes de la reforma, el texto constitucional se refería simplemente a la prohibición de discriminar por “preferencias”, lo que podía generar ciertas ambigüedades sobre el alcance de dicha prohibición. La reforma deja claramente señalado que son las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en cuenta para efecto de dar un trato diferenciado a las personas o para negarles cualquier derecho.
Una de las finalidades de la educación que imparta el Estado mexicano deberá ser el respeto a los derechos humanos, de acuerdo con lo que a partir de la reforma señala el artículo 3 constitucional.
Se otorga rango constitucional al asilo para toda persona que sea perseguida por motivos políticos y se reconoce de la misma forma el “derecho de refugio” para toda persona por razones de carácter humanitario. Esto amplía la solidaridad internacional que históricamente ha tenido México hacia las personas que sufren violaciones de derechos en sus países de origen, para quienes deben estar completamente abiertas las puertas el territorio nacional.
Se establece, en el artículo 18, que el respeto a los derechos humanos es una de las bases sobre las que se debe organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Tomando como base lo que señala la Convención Americana de Derechos Humanos, se modifica el artículo 33 constitucional, para efecto de modular la facultad del Presidente de la República para hacer abandonar el territorio nacional a las personas extranjeras.
Se adiciona l fracción X del artículo 89 constitucional para efecto de incorporar como principios de la política exterior del Estado mexicano, la cual corresponde desarrollar al Presidente de la República, “el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”. Esto implica que los derechos humanos se convierten en un eje rector de la diplomacia mexicana y que no se puede seguir siendo neutral frente a sus violaciones. Si se acreditan violaciones de derechos humanos, México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las sanciones diplomáticas que correspondan según el ordenamiento jurídico aplicable.
Se le quita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad contenida en el artículo 97 constitucional, la cual pasa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se obliga a los servidores públicos que no acepten recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las respectivas comisiones estatales a fundar y motivar su negativa, así como a hacerla pública. Toda recomendación debe ser contestada, tanto si es aceptada como si es rechazada.
Se faculta a la CNDH para realizar la investigación de violaciones graves de derechos humanos. El ejercicio de dicha facultad se puede dar cuando así lo considere la Comisión o cuando sea solicitado por el Presidente de la República, el gobernador de un Estado, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, las legislaturas locales o el jefe de gobierno del Distrito Federal.
En los artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes que la irán complementando en el nivel legislativo.
En la esfera del derecho internacional los derechos humanos se estructuran a partir del llamado “derecho originario”, es decir el derecho originario es el que encontramos en los tratados internacionales. De hecho, los tratados internacionales han sido un motor esencial en el desarrollo reciente de los derechos fundamentales en todo el mundo. En los tratados internacionales y en la interpretación que de ellos han hecho los organismos de la ONU, de la OIT o de la OEA, entre otros, pueden encontrarse tanto derechos que no están previstos en la Constitución mexicana, como perspectivas complementarias a las que ofrece nuestra carta magna.
Actualmente existen poco más de 150 tratados internacionales y protocolos referidos a los derechos humanos, de manera que podemos hablar de un proceso de intensa codificación internacional de los derechos.
Tradicionalmente se ha considerado que las obligaciones del Estado en materia de derechos fundamentales tienen tres diversos niveles: respetar, proteger y cumplir o realizar. Estas obligaciones de los poderes públicos en materia de derechos fundamentales han sido detallados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, dictada en su quinto período de sesiones, en 1990. Tal observación toma como punto de partida el texto del artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece: “Cada uno de los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”.
En primer lugar, los Estados deben garantizar el goce de los derechos fundamentales sin discriminación alguna, en segundo término deben adoptar “medidas apropiadas”, esta obligación debe cumplirse dentro de un plazo razonablemente corto, con independencia de que la plena realización de todos los derechos pueda llevar un tiempo más prolongado.
Entre las medidas legislativas a tomar se encuentran las de carácter legislativo, lo cual supone en recoger en el ordenamiento jurídico interno todos los derechos que establece el Pacto, y también eliminar cualquier norma que sea contraria a esos derechos o que pueda suponer un obstáculo para su completa realización. Esto nos lleva al tema de la “armonización legislativa”, es decir, el deber de la Federación y de las entidades federativas de compatibilizar las normas internas a lo que señalan los tratados internacionales.
En virtud de lo que señala el nuevo párrafo tercero del artículo 1º constitucional todos los poderes, tanto federales como de las entidades federativas tienen esta obligación para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales.
Otra medida que los Estados parte pueden acometer de inmediato es la de realizar un “diagnóstico” de la situación que guardan cada uno de los derechos fundamentales protegidos por el Pacto, y elaborar una estrategia nacional para el desarrollo, promoción y protección de los derechos, teniendo como objetivo determinar la proporción de ciudadanos que no disfrutan de un derecho específico, identificando los sectores de la población que podría ser vulnerable.
Así, “se requiere de un proyecto de revisión integral del orden jurídico que considere derogar y modificar disposiciones que no se ajusten al nuevo mandato. Para ello, el Legislativo, como parte del Estado mexicano, también adquiere las obligaciones de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos”.
b) Las responsabilidades de servidores públicos
Las responsabilidades que asumen las personas que desempeñan empleos, comisiones o cargos públicos se encuentran señaladas en el Título Cuarto de la Constitución. Los sujetos obligados de acuerdo al artículo 108 por la Carta Magna son “los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía”. El tercer párrafo del citado artículo establece la definición del régimen de responsabilidades de servidores públicos para los Estados de la Unión como ámbito de las constituciones locales.
En la Constitución establecen responsabilidades para los servidores públicos de la siguiente forma:
a) A quienes incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, se puede imponer, mediante juicio político, la destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público (artículos 109 y 110). Lo anterior también se conoce como responsabilidad política.
b) A quienes incurran los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, se aplicarán sanciones administrativas consistentes suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y las que señalen las leyes, en este caso, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (artículos 109 y 113).
Por otro lado, en materia penal, el artículo 111 establece las modalidades del juicio de procedencia para un conjunto de servidores públicos; sin embargo, ello no es objeto de la presente propuesta.
En el caso de la responsabilidad política, serán procedentes las sanciones cuando los servidores públicos correspondientes “en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, según la fracción I del artículo 109 constitucional. En todo caso, el Congreso de la Unión debe valorar la “existencia y gravedad de los actos u omisiones”, con la posibilidad de una declaración de procedencia para probables delitos del orden penal, de haberlos.
Al desarrollar las disposiciones constitucionales aludidas, el artículo 7º de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos establece que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
“I. El ataque a las instituciones democráticas;
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
IV. El ataque a la libertad de sufragio;
V. La usurpación de atribuciones;
VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior y
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal”.
De tal forma, es posible afirmar que las conductas de servidores públicos que afecten al régimen político, a las funciones de gobierno, a los derechos y garantías o al orden jurídico de nuestro país, o bien a una combinación de los anteriores, se consideran en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho.
Prácticamente en toda la trayectoria legislativa de nuestro país se ha mantenido un procedimiento específico para sancionar a “altos funcionarios” cuyas conductas punibles fueran los antes llamados “delitos o faltas oficiales”, que abrevan originalmente de la tradición jurídica de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos, que aún hoy en día mantienen la figura del impeachment.
Es así que el juicio político pretende evitar y en su caso, sancionar violaciones a las más altas responsabilidades de los servidores públicos hacia el régimen político y el orden jurídico, por lo que “se puede afirmar que, a través del juicio político, se finca una responsabilidad política a ciertos servidores públicos de alta jerarquía por haber cometido infracciones de carácter político, en cuyo caso se aplica una sanción eminentemente política por conducto de un órgano también político”.
Por otro lado, se encuentra el marco jurídico para sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Los anteriores son susceptibles, en su caso, de derivar en responsabilidades administrativas.
En este caso, las autoridades facultadas para su aplicación son las contralorías u órganos de control de las diversas dependencias de la administración pública federal y la Secretaría de la Función Pública hasta en tanto entren en vigor las disposiciones de la legislación secundaria correspondientes a las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que instituye el órgano anticorrupción.
A pesar de su breve pasado como ordenamiento autónomo, en el año 2002, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos encuentra profundos antecedentes, subsumida en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos recientemente, y antes en la Ley sobre responsabilidades de funcionarios y empleados, y en diversas disposiciones sobre responsabilidad de las autoridades en el cumplimiento de las órdenes superiores.
Como ha establecido la jurisprudencia, la responsabilidad administrativa no opera en menoscabo de aquellas de carácter penal, civil o política: “el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones”.
En el artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se detallan las obligaciones que deben observar los sujetos correspondientes, las cuales, en caso de incumplimiento, pueden ser objeto de procedimiento administrativo y, en su caso, de sanciones. Las obligaciones se desarrollan en fracciones que van de la I. a la XXIV.
Cabe mencionar que los intereses personales, familiares o de negocios de un servidor público se consideran como susceptibles de afectar las funciones y atribuciones que le asigna la ley, por los que sólo procede la excusa o la abstención para intervenir en cualquiera de las etapas y modalidades del acto que se trate. Sin embargo, no hay ninguna disposición que aluda explícitamente a las obligaciones que el servidor público adquiere respecto a la laicidad, y en qué casos específicos debe abstenerse de hacer uso de elementos, alusiones, símbolos religiosos, o bien evitar un destino o utilización con fines religiosos de los recursos que le son encomendados para el desempeño de sus funciones.
Consideramos que el respeto a la laicidad en la función pública debería, cuando menos:
a) Evitar que los servidores públicos promuevan u obstaculicen el cumplimento de las normas en la materia.
b) Respetar el marco normativo vigente que define la forma de gobierno (el régimen político) con sus profundas raíces históricas.
c) Respetar la libertad de religión de funcionarios públicos pero marcando la separación de los ámbitos de competencia entre lo público y lo privado.
Para Gustavo Ortiz Millán, la laicidad como componente del liberalismo, postula una igualdad según la cual todos los seres humanos tienen iguales derechos fundamentales, entre los que se encuentran las libertades de conciencia, de culto y de religión. Bajo la concepción liberal, el Estado tiene la obligación de respetar la diversidad de concepciones morales y religiosas dentro de la sociedad. Cuando este valor moral de respeto al derecho de profesar las ideas religiosas de otros, de ser imparcial frente a la pluralidad religiosa y de no tratar de imponer las convicciones religiosas personales al resto de la sociedad, se lleva al plano de la ética pública, se llama laicidad.
La laicidad no es un valor que rige las relaciones entre los individuos, sino que rige las relaciones del Estado y de los funcionarios públicos con una ciudadanía plural; es un valor democrático porque garantiza la igualdad y el reconocimiento de derechos y libertades, que son componentes indispensables para cualquier sociedad democrática. Esto implica entonces, que la laicidad es un valor que entra en eso que llamamos una moralidad de rol: la ética de la función pública.
Esto no significa que los funcionarios sacrifiquen sus creencias religiosas o dejen de profesar una religión si comienzan una carrera dentro del servicio público. Tampoco se les pide que sean antirreligiosos o anticlericales. En el marco de una ética laica de la función pública, lo que se les pide a funcionarios y servidores es separar los ámbitos de competencia: una para sus asuntos privados (como miembros de la sociedad civil) y otra para los públicos (como funcionarios del Estado), pero que en caso de conflicto, antepongan, en su ejercicio como funcionarios, los valores a los que se han comprometido como miembros del Estado.
Nadie debería ser funcionario público si no se compromete con seguir un código de ética que incluya el respeto a los valores morales y a los derechos plasmados en la Constitución, por ejemplo, si no está dispuesto a respetar los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a otras libertades. Del mismo modo, nadie debería ser funcionario público si no se compromete al respeto a la religión de otros y termina afectando sus derechos. Al tratar de imponer, desde el aparato estatal, su propio código moral, un funcionario público estaría violando el compromiso que tiene con ese código de valores morales que está implícito en la Constitución.
En este sentido, la función pública enmarcada en una ética laica, de acuerdo con Pauline Capdevielle, debería seguir los siguientes principios:
1. Garantizar la imparcialidad y garantizar la separación del ámbito de las competencias.
2. Se respeta la autonomía, la autodeterminación y la conciencia de las personas.
3. Reconocer y proteger a pluralidad y la diversidad de ideas, pensamientos y formas de vida. No hay absolutos ni dogmas, ni ninguna
4. No favorecer ni discriminar a ninguna persona por su adscripción religiosa o por no tener ninguna.
5. No favorecer ni discriminar a alguna religión.
6. No exprese públicamente sus preferencias religiosas, ni asistir de manera oficial a actos de culto público
7. Sus convicciones religiosas no lo eximen del cumplimiento de la ley ni de los ejercicios de su función.
8. El funcionario público debe velar a la estricta igualdad de todos los individuos ante la ley, rechazando todo acto de discriminación basado en las convicciones y/o creencias religiosas.
9. Velar por el bien común, antes que sus creencias personales.
c) Otras disposiciones
La definición de la laicidad en México tiene particularidades propias, que solo pueden entenderse en perspectiva histórica. Hasta el 2012 que se elevó a rango constitucional el carácter laico, se hacía referencia a la laicidad indirectamente, en varios artículos que dotan de contenido al Estado laico. Estos artículos son:
Artículo 3º constitucional Se garantiza el derecho una educación ajena a doctrinas y dogmas religiosos y el criterio que la orientará será el progreso científico y tecnológico y luchará contra los fanatismos y prejuicios. Es a través de la educación que se forman ciudadanos críticos y libres, por eso se vuelve indispensable mantener la escuela libre de cualquier dogma que lo impida.
Artículo 5º constitucionalA ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Antes de las reformas de 1992, los votos religiosos estaban prohibidos.
Artículo 24 constitucional Garantiza la libertad de religión, de conciencia y de convicciones éticas. Para vivir una plena libertad de religión, se requiere un Estado que en la práctica política, cree las condiciones para que no exista discriminación alguna contra las personas en el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea su pertenencia -o no pertenencia- a una religión o a una filosofía particular. Y al mismo tiempo, permite la profesión una religión. Esto se consolida en el artículo 24 con la prohibición expresa al Estado para privilegiar o prohibir religión alguna.
La reforma reciente al artículo 24, abona al fortalecimiento del Estado laico porque ahora se reconocen constitucionalmente la libertad de conciencia y de convicciones éticas como libertades que hay debe proteger, respetar y garantizar. Proteger la libertad de conciencia implica que se protege la libertad de mujeres y hombres para tomar decisiones autónomas y responsables en todos los ámbitos de sus vidas, con voluntad y discernimiento. Mientras que el reconocimiento de la libertad de convicciones éticas es darle la misma jerarquía a las formas de religiosidad que a las posiciones no confesionales.
Artículo 27° constitucionalPermite que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar “exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto”.
Artículo 115 constitucional obliga a los estados a adoptar como régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. No puede usarse el Federalismo como excusa para fragmentar derechos ni para modificar las definiciones fundamentales del régimen.
Artículo 130 constitucionalGarantiza la separación Estado – iglesias, posibilita a las iglesias que obtenga personalidad jurídica, como asociaciones religiosas, “una vez que obtengan su correspondiente registro” además de restringir el voto activo de ministros de culto
De los artículos pilares del Estado laico, se desprenden los postulados que actualmente configuran la relación del Estado con la ciudadanía. Es importante recordar que estos postulados son herencia histórica de los liberales del siglo XIX y que se han mantenido a través del tiempo. Actualmente podemos encontrar en la Constitución:
Un primer postulado parte de la idea de que el laicidad se inspira en la libertad y la autonomía de las actividades humanas, éstas deben desarrollarse según reglas propias y no impuestas, deben protegerse dichas actividades de influencias externas y deformadoras de ideologías fundamentalistas, políticas y religiosas, así como de otros prejuicios que atenten contra la dignidad humana.
En este sentido, el artículo 1o. constitucional, párrafo tercero, impone al Estado mexicano la obligación de prohibir toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Se complementa el artículo referido con el artículo 2o. constitucional que, después de reconocer que la nación mexicana es única e indivisible, prescribe que tiene una composición pluricultural, que se sustenta originalmente en sus pueblos indígenas y señala para ellos y sus comunidades diversos principios y derechos.
Se vinculan también con este postulado de la laicidad, los derechos otorgados a las personas, en particular los derechos reproductivos, enunciados en el artículo 4o. constitucional.
Se liga asimismo con el artículo 24 Constitucional, que protege la libertad de conciencia, que implica que se protege la libertad de mujeres y hombres para tomar decisiones autónomas y responsables en todos los ámbitos de sus vidas, con voluntad y discernimiento.
La laicidad implica una postura crítica y antidogmática que parte de la premisa de que no se puede conocer la verdad en grado mayor que cualquier otro. No hay verdades absolutas.
En este sentido, el artículo 3o., en sus fracciones II y III, previene que la educación será laica, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa, así como que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
El Estado laico debe preservar en su ordenamiento jurídico una posición que, considerando la variedad de opiniones, practique una rigurosa neutralidad en materia de religión, fe o ideologías.
Para poder vivir una plena libertad de religión, se requiere un Estado que en la práctica política, cree las condiciones para que no exista discriminación alguna contra las personas en el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea su pertenencia -o no pertenencia- a una religión o a una filosofía particular. Y al mismo tiempo, posibilita la profesión libre de las religiones. Esto se consolida en el artículo 24 con la prohibición expresa al Estado para privilegiar o prohibir religión alguna así como con el reconocimiento de las convicciones éticas, brinda la misma jerarquía a las formas de religiosidad que a las posiciones no confesionales. Precepto que se complementa con las disposiciones de los artículos 27 fracción II y 130 constitucionales.
El Estado laico se inspira en los valores del pluralismo, de la libertad y de la tolerancia, en resumen, en los valores democráticos, no se identifica, por tanto, con una filosofía y teoría en particular, es un método de coexistencia de todas las filosofías y teorías posibles; el Estado laico no representa una nueva cultura, sino coexistencia de todas las culturas.
En consecuencia, las instituciones públicas deben reflejar tales valores universales, que se desprenden de los artículos 6o., 7o., 25, 26 y 41 constitucionales.
La administración del Estado, la educación, la ciencia, el arte y en general las esferas de la actividad humana, no deben servir a intereses de partidos, creencias e ideología; deben orientarse por valores universales.
A estos valores universales alude el artículo 3o., que habla de la “conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia”, así como el artículo 89, fracción X, que señala los principios normativos, aceptados de manera general por la comunidad internacional, que deben dirigir nuestra política exterior.
Por último, los postulados constitucionales referidos se han nutrido también de diversos instrumentos internacionales contraídos por nuestro país, y que forman parte de nuestro orden jurídico interno. En este sentido, habría que mencionarse, entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en los artículos 2o. y 18; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1963, artículos 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o.; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de mayo de 1948, artículos III y XII; al Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles, de 16 de diciembre de 1966, artículo 18; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969, artículos 1º y 12.
Es necesario pensar a la laicidad, no como un acto consumado, es más bien, un proceso histórico y como tal, dinámico y cambiante. La laicidad debe ser debatida y redefinida constantemente a la luz de los retos y avances de la sociedad. Lo importante a resaltar es que hasta ahora, en sociedades plurales, la laicidad es la condición imprescindible para la coexistencia armoniosa y la garantía de la igualdad en la diversidad.
IV. Los desafíos jurídicos
El primer desafío es de orden conceptual, ya que no hay una definición positiva de la laicidad como una obligación del servidor público en un marco democrático. Blancarte afirma que “en el presente, la laicidad se define en relación a la función que cumple en las sociedades modernas, ya no de defensa frente a las Iglesias, sus jerarquías y las religiones instituidas, sino encaminada a la defensa de la libertad de consciencia y al conjunto de libertades que se deducen de ella, como las libertades de creencias, de religión, de expresión y demás”.
Asimismo, Arias, siguiendo a Dworkin, considera que “una guía respecto de la validez y arraigo de la laicidad en los Estados contemporáneos, consistiría en la presencia y arraigo de tres elementos interpretativos que la distinguen. Esquemáticamente las notas características que permiten hablar de laicidad en un determinado régimen son: el respeto de la libertad de consciencia, la autonomía de lo político frente a lo religioso y la igualdad de los individuos y sus asociaciones ante la ley (no discriminación fundada en la igualdad)”, todo lo cual está garantizado constitucionalmente pero no existen mecanismos para hacerlo efectivo.
En segundo lugar, existe un problema de integralidad, en el que los pendientes legislativos son relativamente sencillos: trasladar a la legislación secundaria los principios constitucionales y desarrollarlos teniendo como único límite él esquema de las atribuciones constitucionales para las reformas legales y sus ámbitos materiales. Lo más evidente entre las lagunas jurídicas es que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ni siquiera se ha actualizado con arreglo a dos reformas cardinales a la Carta Magna adoptadas recientemente.
Por un lado, la Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos publicada el 10 junio de 2011, ya que la Ley aún menciona “garantías individuales y sociales” en vez de “los derechos humanos y sus garantías”. Considerar a la laicidad como una forma de asegurar la no discriminación aparece como un desafío más complejo que hacer una simple adecuación literal del texto constitucional vigente.
Por el otro, la reforma promulgada en 2012 para definir el carácter laico de la República, pues el artículo 7º de la Ley considera contrario a los intereses públicos el “ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal”, sin mencionar el carácter laico, una cualidad que no subsume ninguno de los conceptos en el artículo vigente.
Una tercera problemática tiene que ver con las lagunas y con las anomias específicas para el ámbito de las responsabilidades política y administrativa, como se ha descrito en apartados anteriores. Como se ha señalado, no existen sanciones ni un procedimiento de queja en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que se refiera a los servidores públicos. Tampoco, como se dijo, hay en las leyes federales de Responsabilidades y de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos disposiciones relativas a esta materia.
El procedimiento administrativo no podría tener por ventanilla única a la Secretaría de Gobernación con el argumento de que ella es la encargada de conducir las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con las asociaciones religiosas y de “vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas”, como estipulan las fracciones VIII y XXXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En todo caso, el respeto a la laicidad por parte de los servidores públicos es materia del cumplimiento a la legalidad en la función pública, y no del culto.
Un caso que ilustra la indefensión de los ciudadanos ante las violaciones al Estado laico es la llamada “macrolimosna”. En marzo de 2008, el Gobernador de Jalisco, Emilio González, anunció que donaría 90 millones de pesos para la construcción de la Plaza de los Mártires. La noticia produjo un gran descontento entre la ciudadanía y en días posteriores, se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) ya que la donación violentaba gravemente los derechos humanos de las personas y atentaba contra el Estado laico. Al expediente 712/2008 y sus acumuladas, se le sumaron7,000 quejas, de las cuales, 2,500 fueron interpuestas en los primeros 4 meses. Es el mayor número de quejas que ha recibido un ombudsman por un mismo tema en toda la historia de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos así como en la de la Comisión Nacional. Asimismo, la Cámara de Diputados solicitó una investigación exhaustiva sobre la donación debido a la presunción de uso inadecuado de recursos públicos.
Tres años después, la CEDHJ emitió la resolución del caso, en donde afirma que 1) carecen de sustento las siete mil quejas ciudadanas que cuestionaron el uso discrecional del erario, 2) el Gobernador de Jalisco no violó el Estado laico, ni la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), y 3) tampoco incurrió en discriminación religiosa en perjuicio de otras iglesias y ciudadanos porque “ninguno de los funcionarios involucrados ejecutaron actos que impidieran profesar libremente sus creencias ni tampoco se discriminó porque no se ha prohibido alguna religión en particular”.
De acuerdo al resolutivo de la CEDHJ, González Márquez no incurrió “en ejercicio indebido de la función pública” y, por tanto, “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido en las quejas presentadas y acumuladas a la presente”.
V. Las violaciones al Estado laico
A pesar de muchos episodios de violaciones al Estado laico que han generado controversia en la opinión pública, la ausencia de un marco jurídico ha impedido que se investigue y sancione en forma alguna estos fenómenos. En años recientes, como señala un especialista, “hay una especie de golpe de pasión religiosa de los gobernadores que aparentemente, ante la crisis de valores de las sociedades y de corrupción de los que no están ellos mismos exentos de señalamientos, apelan a las convicciones religiosas como alternativa”.
De acuerdo a la base de datos que ha generado la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, los casos se pueden agrupar en las siguientes categorías.
Caso 1: Consagración del Estado/Municipio a una divinidad.
Funcionario público o servidor público acude a una ceremonia religiosa y consagra (le ofrece) a una divinidad el Estado o el Municipio. En algunas ocasiones participa activamente en la ceremonia de consagración, en otras, acude a la ceremonia.
Caso 2: Entrega de llave de la ciudad a una divinidad.
Funcionario o servidor público, hace huésped distinguido a una divinidad y le entrega simbólicamente las llaves de la entidad. El Funcionario público tiene un papel activo, ya que forzosamente tiene que expresar públicamente la entrega de llaves. Ha habido ocasiones en que además del acto de entrega, se han hecho placas conmemorativas que se exponen en lugares visibles y públicos.
Caso 3: Programas públicos con contenido religioso
Diseño e implementación de programas públicos de diversa índole, cuyo contenido temático y/o conceptual contiene elementos y/o símbolos religiosos.
Caso 4: Programas públicos o políticas públicas con fundamento religioso
Diseño e implementación de políticas, planes y/o programas públicos, que sin explícitamente contener elementos religiosos, se sustentan en creencias religiosas o dogmáticas.
Caso 5: Uso de recursos públicos para beneficio de una religión o iglesia particular.
Aduciendo que son patrimonio nacional o se promueve la cultura, se utilizan recursos públicos para remodelar o restaurar templos o para instalar símbolos religiosos en lugares públicos.
En muchos casos se utilizan recursos públicos y el aparato del Estado para favorecer a una religión en particular, sin que esto implique necesariamente que pueda demostrarse como tal (por ejemplo, cuando se asignan recursos del erario para la remodelación de templos católicos o cuando en mediante cabildo se asignan o se niegan terrenos en donación a las iglesias).
Caso 6: Condicionamiento de servicios para cumplir con una cuota consensuada comunitariamente para realizar una ceremonia religiosa
Se niegan servicios y/o se condiciona el acceso a programas sociales, a la participación en ceremonias o ritos religiosos, o al pago para la realización de fiestas con religiosas. Generalmente el funcionario público que niega el servicio, apela que se rompe con la comunidad si no se participa y que son eventos y fiestas culturales, no religiosas.
Caso 7: Uso de instituciones públicas para ceremonias y ritos religiosos
Muchas veces se permite la instalación de símbolos religiosos dentro de recintos estatales o se han realizado ceremonia religiosas dentro de los mismos. En otras ocasiones se han realizado reuniones de carácter político dentro de templos y/o lugares de reunión religiosa.
Caso 8: Discursos oficiales y/o propaganda oficial que alude a elementos religiosos o que contiene símbolos religiosos.
Funcionarios públicos o servidores públicos, realizan discursos que alude a una religión o que contiene elementos religiosos.
Caso 9: Funcionarios públicos que continúan ejerciendo como ministros de culto. Y en algunos casos, su condición de ministros de culto es lo que los vuelve elegibles para desempeñar ciertos cargos, i.e. dirección de asuntos religiosos.
Caso 10: Asistencia y/o participación y/u organización de ceremonias religiosas o eventos con contenidos religiosos.
En muchas ocasiones, los funcionarios y servidores públicos, justifican su asistencia a dichos actos ya que lo hacen “a título personal”.
En muchas ocasiones, los servidores públicos apelan a que se atenta contra su libertad de expresión, de opinión y/o de religión cuando se les pide que respeten el principio de laicidad; o bien, que pueden hacerlo porque no lo hicieron en el ejercicio de sus funciones (por ejemplo acudir a un acto de culto). De ser cierto, ello justificaría la inexistencia de normas que sancionen las conductas religiosas o de contenido religioso de los servidores públicos. Sin embargo, esto no es así. En muchos casos se utilizan recursos públicos y el aparato del Estado para favorecer a una institución religiosa en particular, sin que esto implique necesariamente que pueda demostrarse como tal la afectación a quienes forman parte de otras asociaciones o tienen otras creencias, o a quienes prefieren no identificarse con ninguna de ellas. Por ello, se requiere establecer las conductas típicas bajo las cuales cualquier funcionario pueda tener una orientación de su conducta como tal, con la obligación de abstenerse de determinados actos, sin que por ello pueda tener el temor de sufrir cualquier tipo de sanción por ejercer, en el ámbito privado, sus libertades de pensamiento, expresión, religión, asociación, entre otras.
VI. La propuesta
Siguiendo a Patiño Manffer, el sentido que otorgamos a la voz laico o laicidad debe ser la guía de los actos de los servidores públicos. Es importante distinguir que los actos realizados en nombre o representación del Estado, tienen el carácter de públicos, en tanto, que a través de ellos se dispone de los recursos, medios, atribuciones y facultades que la ley les confiere y producen consecuencias para terceras personas, es decir, salen de la esfera personal del servidor público. Laicidad, para el caso del actuar de los servidores públicos, se refiere entonces, a una clara distinción de las funciones y fines que el Estado tiene como ente político-jurídico que posibilita la coexistencia pacífica de sus ciudadanos. Funciones que no deben ir más allá de lo que expresamente les está permitido, y las cuales son guiadas por los fines: justicia, equidad y bien común.
Por lo que, cuando se exige que el Estado sea laico y los actos de sus servidores también lo sean, se debe entender que tal exigencia es en el sentido de que las decisiones políticas o jurídicas no sean afectadas por las creencias religiosas de los servidores públicos, independientemente de si son creyentes de alguna religión, agnósticos o ateos. Su labor es como funcionario público, por lo tanto sus relaciones y decisiones son jurídicas y no religiosas. Sin embargo, laico no es sinónimo ser antirreligioso o ateo ya que esto supondría exigir al funcionario público renunciar a todo tipo de creencia religiosa y actuar como si ésta no tuviera importancia y dotara de sentido o significado a su existencia, lo cual no ocurre, ni es lo que se espera de quienes laboran para el Estado.
Incorporar el principio de laicidad a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es necesario con fines de armonización con el resto de nuestra legislación, y puede concretarse mediante modificaciones al artículo 7º, para redefinir acciones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
En la fracción II, “El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal” se agrega la palabra “laico”, lo que guarda congruencia con la actual redacción del artículo 40 de la Constitución Política.
La fracción III, “Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y sociales” se modifica para ser congruente con la reforma constitucional de 2011: “los derechos humanos y sus garantías”.
Las fracciones VII y VIII sólo modifican su redacción para adicionar una fracción IX consecutiva.
Se adiciona una fracción IX, análoga a las fracción VIII, en el sentido de sancionar violaciones sistemáticas o graves a los postulados constitucionales de la laicidad: a separación del Estado y las iglesias (artículo 130); a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión de las personas (artículos 1º y 24); al carácter laico de los actos, ceremonias, documentos o comunicaciones oficiales (artículos 40 y 115), o al carácter laico la educación pública (artículo 3º), de las leyes o reglamentos y de los programas públicos (artículos 27, 40 y 115).
Como se ha argumentado, las violaciones al Estado laico pueden afectar tanto el régimen de gobierno como el orden jurídico, las funciones de gobierno y los derechos y sus garantías. Dichas afectaciones son objeto de las fracciones actuales del artículo 7º de la siguiente manera:
Por lo tanto, consideramos que esta armonización guarda congruencia con las conductas susceptibles de enfrentar un procedimiento por responsabilidad política, y no desnaturaliza ni excede el objeto del juicio político como se encuentra en la legislación actual.
Por otro lado, proponemos adicionar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 8º “Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones” y en este sentido, resulta técnicamente adecuado hacerlo como nuevas fracciones sucesivas a la XIX, ya que así se han creado las obligaciones derivadas de reformas recientes en materia electoral y de derechos humanos (las fracciones XIX-A. a XIX-D).
En la fracción XIX-E se integra la obligación positiva de los servidores públicos hacia la laicidad, derivada de los mandatos de la Constitución: cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias; con la laicidad de la educación pública; con el carácter laico de la República; con el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley en materia de religión y libertad de conciencia.
En la fracción XIX-F se incorporan 11 conductas típicas en las que podría incurrir un servidor público que afectarían la laicidad y de las cuales debe abstenerse:
1. Discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de convicciones éticas, de conciencia o de religión
2. Favorecer, preferir, privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus funciones
3. Obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o aportaciones en especie o en cualquier medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna asociación religiosa.
4. Difamar, censurar, descalificar o incitar al odio, mediante cualquier medio, a cierto grupo en razón de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión.
5. Diseñar y ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido aluda elementos de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa específica.
6. Utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos
7. Permitir, promover o impartir educación religiosa en las escuelas públicas
8. Permitir, promover o fomentar la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en espacios públicos, salvo en los casos establecidos en la ley
9. Permitir el uso o utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales
10. Realizar expresiones de apología o de censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático
11. Difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos con la intención de favorecer alguna religión o asociación religiosa
Ninguno de los procedimientos, de las instituciones, de las sanciones, de las autoridades y de los derechos de los servidores públicos que actualmente están en la Ley se modifica, pues ésta contempla ya un marco adecuado en la materia.
No podría aducirse que las disposiciones que se propone adicionar para preservar la laicidad en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos son materia que podría atender la autoridad mediante el uso de sus facultades reglamentarias, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en su jurisprudencia que “el principio de la determinación constitucional de las responsabilidades de los servidores públicos, que deriva del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos, principio conforme al cual una materia reservada a la ley no puede ser regulada por un reglamento”.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 77, numerales 1 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en materia de laicidad en la función pública
Artículo Primero. Se reforman las fracciones II, III, VII y VIII, y se adiciona una fracción IX, todas del artículo 7º de, para quedar como sigue:
Artículo 7o. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
I. ...
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal y laico;
III. Las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías;
IV. a VI. ...
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior;
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal ; y
IX. Las violaciones sistemáticas o graves a la separación del Estado y las iglesias; a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión de las personas; al carácter laico de los actos, ceremonias, documentos o comunicaciones oficiales, o al carácter laico de la educación pública, de las leyes o reglamentos y de los programas públicos.
...
...
Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones XIX-E y XIX-F al artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 8o. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:
I. a XIX-D. ...
XIX-E. Cumplir con el principio histórico de la separación entre el Estado y las iglesias; con la laicidad de la educación pública; con el carácter laico de la República; con el derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la ley en materia de religión y libertad de conciencia;
XIX-F. Abstenerse de discriminar o condicionar en el servicio público a alguna persona, grupo o asociación por motivos de convicciones éticas, de conciencia o de religión; de favorecer, preferir, privilegiar o descalificar a alguna doctrina o asociación religiosa, o a alguna convicción ética o de conciencia, en el desempeño de sus funciones; de obligar o consentir que las personas sean obligadas a desempeñar trabajos, faenas o aportaciones en especie o en cualquier medio para ceremonias, devociones, actos de culto o servicios de alguna asociación religiosa; de difamar, censurar, descalificar o incitar al odio, mediante cualquier medio, a cierto grupo o persona en razón de sus convicciones éticas, de conciencia o de religión; de diseñar y ejecutar programas o políticas públicas cuyo contenido aluda elementos de alguna doctrina, grupo o asociación religiosa específica; de utilizar las instituciones, las instalaciones o los recursos públicos para la práctica de actos, ceremonias y ritos religiosos; de permitir, promover o impartir educación religiosa en las escuelas públicas; de permitir, promover o fomentar la práctica de ceremonias, devociones o actos de culto religioso en espacios públicos, salvo en los casos establecidos en la ley; de permitir el uso o utilizar referencias, expresiones, elementos, símbolos o imágenes de carácter religioso o antirreligioso en ceremonias, documentos, actos o comunicaciones oficiales; de realizar expresiones de apología o de censura religiosa en actos oficiales de carácter diplomático; y de difundir por cualquier medio de comunicación oficial contenidos religiosos con la intención de favorecer alguna religión o asociación religiosa
XX. a XXIV. ...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.Las secretarías de Gobernación y de la Función Pública deberán celebrar un convenio de colaboración que establezca las bases de colaboración y coordinación, dentro de sus respectivas competencias, a efecto de dar cumplimiento al presente decreto dentro de los sesenta días posteriores a su entrada en vigor, en tanto la Secretaría de la Función Pública continúe ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 .
Tercero. Para efectos de lo dispuesto en el artículo segundo del presente decreto, las autoridades facultadas para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos contarán con un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar, en su caso, las adecuaciones a sus disposiciones reglamentarias y administrativas con arreglo al presente decreto.
Cuarto. El Ejecutivo federal deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para capacitar en materia de laicidad a las autoridades que corresponda implementar el presente decreto en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el siguiente ejercicio fiscal a la entrada en vigor del presente decreto.
Quinto.Al expedir los ordenamientos de legislación secundaria en materia anticorrupción y reformar los existentes, el Congreso de la Unión deberá incluir, en las disposiciones que den existencia jurídica al órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción, las atribuciones específicas que le permitan ejercer los procedimientos administrativos a los que alude el presente decreto.
Notas:
1 Provocada por una ceremonia religiosa fuera de los templos y demasiado llamativa en el cerro del Cubilete, lo que se consideró como una provocación a las autoridades
2 Compromiso del Presidente de la República de no poner en vigor la ley.
3 Loaeza, Soledad. “La iglesia en el México contemporáneo”, Religión y política en México,México, Siglo XXI, 1985, p. 47
4 Palacios Alcocer, Mariano, “Reforma constitucional en materia religiosa”, Relaciones del Estado con las Iglesias, México, Porrúa, 1992, p. 257.
5 Sánchez Medal, Ramón, La nueva legislación sobre libertad religiosa, México, Porrúa, 1993, p.17
6 Blancarte, Roberto. “La consolidación del proyecto eclesiástico en las transformaciones del estado mexicano durante los ochenta” en Carlos Bazdresch, et al. (compiladores), México auge, crisis y ajuste, tomo I. Los tiempos del cambio, 1982-1988, Lecturas 73, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, Cfr. pp. 313 a 335
7 Consultada http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_121_28ene92_ima.pdf
8 Patiño Manffer, Ruperto. Reforma Constitucional del artículo 40 constitucional,http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/28.pdf.
9 Ibídem.
10 Blancarte, Roberto. Para entender el Estado laico. México: Nostra Ediciones, 2008
11 Calogero, Guido citado en Zanoni, Valerio “Laicismo”, en Bobbio, Norberto et al. , Diccionario de política, Tomo II, Siglo XXI, undécima reimpresión, 2013
12 Cliteur, P. “Por qué hablan de un ‘laicismo agresivo’”, El País, 2 de junio de 2009, disponible en: http://elpais.com/diario/2009/06/02/opinion/1243893612_850215.html
13 Pena Ruiz, Henri, La laicidad, trad. Muriel Merino, Siglo XXI, México, 2002, p. 27.
14 Habermas, Jürgen. “Fe y saber” en Debate entre el filósofo liberal Jürgen Habermas y el cardenal Joseph Ratzinger, Dossier preparado por el Prof. Manuel Jiménez Arredondo, 2001, disponible en: http://www.mercaba.org/ARTICULOS/D/debate_Habermas_ Ratzinger.htm
15 Blancarte, Roberto. “Laicidad: la construcción de un concepto universal”, en Roberto Blancarte y Rodolfo Vázquez (coordinadores), Laicidad: una asignatura pendiente, Ediciones Coyoacán, México, 2007, p. 31.
16 Caballero Ochoa, José Luis. “La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona” (artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución), en Carbonell, Miguel y Salazar Pedro (Coords.), La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Porrúa/ IIJ – UNAM, 2012.
17 Villán Durán, Carlos. Curso de derecho internacional de los derechos humanos, Madrid, 2002.
18 Abramovich, Víctor. Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, 2004.
19 Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Pensando la Reforma: los retos en la implementación del artículo1 Constitucional en materia de derechos humanos, México: Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 2013
20 José de Jesús Orozco Henríquez, “Artículo 110. Comentario”, en Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, Consejo Editorial de la LXI Legislatura Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, LXI Legislatura Senado de la República, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Miguel Ángel Porrúa; México, 2012, octava edición; tomo V, página 689
21 Poder Judicial de la Federación, Tesis de Jurisprudencia LX/96. Novena Época. Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: III, abril de 1996, Tesis: P. LX/96, Página 128.
22 Ortiz Millán, Gustavo. “La laicidad como valor moral” ponencia presentada en el seminario Desafíos en un Estado laico. Análisis del artículo 40 Constitucional. México: Palacio Legislativo de San Lázaro, 2013.
23 Tomados de Capdevielle, Pauline. “Las normas de un estado laico”. Ponencia presentada en el seminario Desafíos de un Estado laico, análisis del artículo 40 Constitucional. México: Palacio Legislativo de San Lázaro, 2013.
24 Roberto Blancarte, “¿Qué significa hoy la laicidad?, revista Este país, número 328, México, 2010.
25 Arias Marín, Alan. “Laicidad en México. Las reformas en materia religiosa”, biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3101/33.pdf
26 La primera queja fue presentada por la historiadora Laura Campos Jiménez, en la que enumera las violaciones al Estado laico y al principio de separación Estado-Iglesias por parte del Gobernador de Jalisco.
27 A estas acciones, también se suman las realizadas por la sociedad civil y la academia de todo el país: En un desplegado aparecido en el semanario Proceso, bajo el título: “Gobernadores violan la Constitución y la Ley”, reconocidos intelectuales mexicanos señalaban que “el respeto a las minorías es la esencia de los sistemas democráticos”. Por su parte, Carlos Monsiváis escribía en su crónica semanal “Del Estado laico a las macrolimosnas” ( Proceso, n. 1642, 20 de abril de 2008, pp. 52-54), en donde advertía sobre los “emblemas del desprecio iletrado por el Estado laico”. De igual manera, decenas de columnistas, editorialistas y moneros hicieron lo conducente.
Por la presión mediática, el Cardenal Sandoval Íñiguez se vio obligado a devolver el donativo en Julio de 2008.
28 El resolutivo puede consultarse en: http://lauracampos.wordpress.com/2011/05/12/fallo-de-la-cedhj-ante-la-macrolimo sna/
29 El 18 de Junio de 2012, diversas agrupaciones de la sociedad civil denunciaron algunas de estas violaciones y para mayores referencias puede consultarse http://noticiasmvs.com/#!/noticias/denuncian-flagrantes-violaciones-al-estado-l aico-en-mexico-324.html. Asimismo, académicas/os e intelectuales manifestaron su oposición a este tipo de actos: Roberto Blancarte, “El PRI y el Sagrado Corazón de Jesús”, Milenio, 7 de mayo de 2013, disponible en: http://www.milenio.com/cdb/ doc/impreso/9180559; Bernardo Barranco “Los gobernantes redentores”, Milenio Estado de México, 16 de Mayo de 2013, disponible en: http://edomex.milenio.com/cdb/doc/impreso/9180739; Jesús Silva-Herzog Márquez, “Patrimonialismo espiritual”; Reforma, 17 de Junio de 2013, disponible en: http://noticias.terra.com.mx/mexico/jesus-silva-herzog-marquez-patrimonialismo- espiritual,4169a2eadf15f310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html; Denise Dresser, Sergio Aguayo y Lorenzo Meyer, “No se respetó la separación Estado – Iglesias al entregar llaves a Jesucristo, Mesa Política con Carmen Aristegui, 10 de Junio de 2013, Disponible en: http://aristeguinoticias.com/ 1006/mexico/no-se-respeto-la-separacion-estado-iglesia-al-entregar-llaves-a-jes ucristo-analistas-mvs/ ?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=kiosko
30 Bernardo Barranco, “Gobernantes piadosos atentan contra el Estado laico”, La Jornada, 22 de mayo de 2013, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/05/22/opinion/023a1pol
31 Blancarte, Roberto. “Laicidad y secularización en México” en Estudios sociológicos, México, El Colegio de México, vol. 19, Núm. 57, septiembre-diciembre de 2001.
32 Poder Judicial de la Federación, Tesis de Jurisprudencia 6/99. Novena Época. Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, febrero de 1999, Tesis: P./J. 6/99, Página 285, rubro: Acción de inconstitucionalidad
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.— Diputados: Elena Tapia Fonllem, Gloria Bautista Cuevas, Roxana Luna Porquillo, Fernando Belaunzarán Méndez, Fernando Zárate Salgado, Agustín Miguel Alonso Raya, José Luis Muñoz Soria, Loretta Ortiz Ahlf, María Sanjuana Cerda Franco, Cristina Olvera Barrios, Lucila Garfias Gutiérrez, Aída Fabiola Valencia Ramírez, María del Socorro Ceseñas Chapa, Ricardo Mejía Berdeja, Roberto López Suárez, Karen Quiroga Anguiano, Teresa de Jesús Mojica Morga, Antonio Cuéllar Steffan, Amalia Dolores García Medina, Graciela Saldaña Fraire Miriam Cárdenas Cantú, María del Rocío García Olmedo, María de las Nieves García Fernández, Claudia Elena Águila Torres, Aleida Alavez Ruiz (rúbricas).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para la emisión del dictamen correspondiente.Adelante.
REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Iniciativa que reforma el artículo 3o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, del Grupo Parlamentario del PRD
Los suscritos diputados Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, numerales 1 y 2; 6, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII-A y XXIV-A al artículo 3., del Reglamento de la Cámara de Diputados al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La presente iniciativa tiene como fin transversalizar la perspectiva de género en el trabajo de la Cámara de Diputados y promover parlamentos sensibles al género, cumpliendo con los compromisos internacionales del Poder legislativo en materia de derechos humanos de las mujeres.
Los derechos humanos han sido definidos como “aquellos que todas las personas poseen y deben disfrutar por el mero hecho de ser humanas” tienen como características: la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia, la internacionalización, la progresividad y la tendencia a la especificidad (iidh, 1992). Tales derechos son intrínsecos a las personas y, en cuanto a la participación política, atienden a garantizar el derecho de mujeres y hombres a acceder a dicha participación en condiciones de igualdad.
Diversos instrumentos internacionales han reconocido a los derechos políticos como un derecho humano, es decir, a participar en el gobierno de su país en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento en la normatividad internacional, esto no ha sido suficiente para asegurarle a las mujeres la protección de sus derechos, pues la forma en que se establecen es androcéntrica (Facio, 2000).
Es conveniente señalar que el Estado Mexicano tiene la obligación de observar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales a los cuales se comprometió, obedeciendo a los postulados constitucionales de los artículos 1o. y 133.
Entre los instrumentos que contemplan a los derechos políticos como un derecho humano se encuentra la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la cual reconoció que “los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales” lo cual representa el fundamento para que las mujeres ejerzan sus derechos civiles y políticos en los mismos términos que los hombres.
Por ello, se puede afirmar que la participación femenina en la esfera política y pública no sólo es cuestión de justicia o democracia, sino es un tema de derechos humanos.
Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, reconoce el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos sin discriminación de ningún tipo y en condiciones de igualdad con los hombres.
En este mismo sentido, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), señala que la discriminación contra ellas viola los principios de igualdad de derechos y respeto de la dignidad humana, dificultando la participación de las mujeres en la vida política, lo cual impide el bienestar social y entorpece el desarrollo de sus posibilidades.
También, en la Recomendación General número 25. Medidas especiales de carácter temporal, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece que dichas medidas especiales abarcan una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas en los ámbitos legislativo, ejecutivo, administrativo y reglamentario. Es decir, no se limita a los sistemas de cuotas, sino que también pueden darse: asignación de recursos y tratos preferenciales. Dicho comité plantea como medidas a impulsar, entre otras, las siguientes:
• El garantizar que organizaciones como los partidos políticos y los sindicatos no discriminen a las mujeres;
• El idear y ejecutar medidas temporales especiales para garantizar la igualdad de representación de las mujeres en todas las esferas, tales como el equilibrio entre mujeres y hombres que ocupan cargos de elección pública;
• Asegurar que las mujeres entiendan su derecho al voto, su importancia y la forma de ejercerlo;
• Asegurar la eliminación de los obstáculos a la igualdad;
• El establecer medidas para asegurar la igualdad de representación de las mujeres en la formulación de la política gubernamental; y
• La promulgación de una legislación eficaz que prohíba la discriminación de las mujeres.
En el seno de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, se señaló la importancia que, en aras del cumplimiento de sus derechos humanos, tienen los procedimientos para el adelanto de las mujeres y se especificó que la tarea de estos es “prestar apoyo en la incorporación de la perspectiva de igualdad de géneros en todas las esferas de política y en todos los niveles de gobierno”. También se destacó que a fin de obtener un funcionamiento eficaz de estos mecanismos se necesita, entre otros aspectos, contar con “mecanismos o procesos institucionales que agilicen, la planificación descentralizada, la aplicación y vigilancia”, así como la capacidad de incidencia en las políticas de gobierno. Lo anterior se traduce en la necesidad de crear las instancias necesarias, entre ellas oficinas o unidades de género, para lograr tal fin.
Lo que requiere fortalecer los mecanismos públicos (institutos, comisiones, secretarías, coordinaciones) responsables de promover la equidad de género y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y trato y el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación activa en el país.
Es pertinente destacar que en la actualidad, existen unidades de género en distintas dependencias y poderes como el caso de la Unidad de Género del Poder Judicial de la Federación o la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Federal Electoral. Esta acción ha permitido avanzar a favor de la lucha por conseguir instituciones que tengan como fundamento la defensa y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y el logro de los principios de igualdad y no discriminación. Sin embargo, aún y cuando es una tarea pendiente en todos los elementos que componen el Estado, el Poder Legislativo ha quedado rebasado en este tema.
La incorporación cada vez más alta de mujeres a los cargos de representación popular a nivel nacional e internacional ha impulsado grandes transformaciones en la vida social de los países y por resultado en la legislación que ha tenido que atender dicha realidad.
Los parlamentos, principales agentes de transformación de esta participación política de las mujeres, juegan un papel de suma importancia para que la igualdad de género sea una realidad. Aunque las mujeres participan más activamente en los congresos de sus países, estos aún no han modificado, del todo, sus rígidas estructuras tanto administrativas como normativas para dar pie a la creación de reales parlamentos sensibles al género. Entendiendo por estos últimos a aquellos que fundan su quehacer diario atendiendo a las necesidades e intereses de mujeres y hombres, observando en todo momento su actuar, tanto al interior como al exterior, la perspectiva de género y propiciando el acceso de las mujeres a sus derechos humanos.
El término “género” designa los atributos vinculados socialmente al hecho de ser hombre y mujer a las relaciones entre mujeres, hombres, niñas y niños. Estos atributos y relaciones han sido determinados socialmente y se adquieren mediante socialización. El concepto de género incluye también las expectativas sobre las características, aptitudes y probables conductas tanto de hombres como de mujeres, y cuando se aplica al análisis social, revela funciones determinadas socialmente. Sexo y género no son términos equivalentes. Mientras que sexo se refiere a las diferencias biológicas, género guarda relación con las diferencias sociales, que pueden modificarse, ya que la identidad, las funciones y las relaciones de género vienen determinadas por la sociedad.
La importancia de contar con parlamentos sensibles al género, como parte fundamental del real empoderamiento de las mujeres y de la transversalización de la perspectiva de género en el poder legislativo, radica en que esta transformación abonará directamente al cumplimiento de una democracia donde los principios de igualdad y no discriminación sean motor de ésta.
Debido a su relevancia, el tema de la necesidad de la creación de parlamentos sensibles al género ha sido abordado a nivel internacional. Recientemente la Unión Interparlamentaria, organización internacional que tiene su sede en Ginebra, a la cual México ingresó en 1925, y cuyo principal objetivo es el fomento de la cooperación de los parlamentos entre sí y con el sistema de Naciones Unidas, elaboró el documento denominado “Parlamentos sensibles al Género, por unos parlamentos cuyas estructuras, funcionamiento, métodos y tareas respondan a las necesidades e intereses tanto de hombres como de mujeres”. En este texto, se hace un estudio sobre en qué medida los parlamentos de todo el mundo incorporan las cuestiones de género, es importante resaltar, que México fue reconocido en este documento por ser el único país del estudio en donde se cuenta con un instrumentos técnico de investigación al servicio del poder legislativo en temas de género y de derechos humanos para la incorporación de la perspectiva de género en la norma y en los presupuestos públicos, nos referimos al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.
No obstante este avance, aunado a la creación de la Comisión Ordinaria de Igualdad de Género, es necesaria la transversalización de la perspectiva de género al interior del trabajo administrativo y laboral de esta Cámara de Diputados. Esta necesidad es reconocida en diversos instrumentos internacionales que señalan la importancia de contar con una instancia al interior del poder legislativo que se aboque a fomentar el cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación en el quehacer parlamentario. Al respecto, la Unión Interparlamentaria aprobó por unanimidad en la 127 asamblea el “Plan de acción para los parlamentos sensibles al género” en donde alientan a los miembros de la unión a señalar este plan de acción; a la atención de sus parlamentos y gobiernos en el tema; a difundirlo; y a ponerlo en práctica a nivel nacional. De manera concreta señala que para considerarse un parlamento sensible al género, éste debe observar las siguientes características:
1. Promover y lograr la igualdad en el número de mujeres y hombres en todos sus órganos y estructuras internas;
2. Dotar de un marco normativo en materia de igualdad de género adoptado al contexto nacional;
3. Integrar la igualdad de género en las labores que realiza;
4. Fomentar una cultura interna respetuosa de los derechos de las mujeres;
5. Promover la igualdad de género y responder a las necesidades y realidades de los parlamentarios (hombres y mujeres), para permitirles conciliar las responsabilidades laborales y las obligaciones familiares;
6. Reconocer la contribución de los parlamentarios hombres que defienden la igualdad de género y se basa en ella;
7. Alentar a los partidos políticos a que tomen la iniciativa para promover y alcanzar la igualdad de género; e
8. Impartir capacitación al personal parlamentario y proporcionarles los recursos necesarios para promover la igualdad de género, fomentar activamente el nombramiento de mujeres para ocupar puestos de responsabilidad y permanecer en esos puestos, y asegurar la integración de la igualdad de género en la labor de la administración parlamentaria.
En este sentido, cualquier parlamento que se precie de ser sensible al género debe tener, como punto de partida, la observancia plena del principio de igualdad fomentando la participación de las legisladoras y los legisladores.
Algunas de estas acciones señaladas en el Plan de Acción de la Unión Interparlamentaria, han sido impulsadas desde la Comisión de Igualdad de Género y el CEAMEG en esta Cámara de Diputados; sin embargo, la transversalización de la perspectiva de género al interior de este órgano legislativo, no es materia de las atribuciones de estas dos instancias en la Cámara de Diputados, de ahí que es necesario el planteamiento de una modificación a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al Reglamento de la Cámara de Diputados.
Desde la composición de la Cámara de Diputados a nivel federal durante la XLII Legislatura 1952-1955 que era del 0.6 por ciento hasta la actual LXII legislatura donde el porcentaje de diputadas que la integran es de 36.8 por ciento –siendo este último el mayor porcentaje de la historia en el Congreso federal–, mucho se ha avanzado en este tema hacia el cumplimiento del derecho a la participación política de las mujeres. En este sentido, este Poder Legislativo debe seguir impulsando esta participación también al interior del trabajo parlamentario y cumplir con su compromiso internacional de erigirse como un Parlamento Sensible al Género.
La presente iniciativa es complementaria de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 3 del artículo 47, y se adicionan los artículos 55-A, 55-B y 55-C de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento cuya modificación corresponde a ambas cámaras.
La reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente a ésta, si bien de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81 numeral 2, 82, 84, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, es facultad de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias elaborar el dictamen correspondiente tanto a la presente como a la iniciativa mencionada, en trámites legislativos por separado.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de ésta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Artículo Único: Se adiciona la fracción XVII-A y XXIV-A al artículo 3., del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:
Artículo 3.
1. Para efectos del Reglamento se utilizan las voces y significados siguientes:
...
XVII-A Perspectiva de género: Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones.
...
XXIV-A. Transversalidad de la perspectiva de género: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Las fisuras del patriarcado. Reflexiones sobre feminismo y derecho. 2000, consultado en línea en la dirección electrónica: http://www.flacso.org.ec/docs/safisuras.pdf
2 Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. Viena, Austria, del 14 al 25 de junio de 1993.
3 Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Aprobada por la asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981. Fue publicada en el DOF el 9 de enero de 1981.
4 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada en Nueva York por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 1979, entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981.
5 Recomendación general número 25. Medidas especiales de carácter temporal (30 periodo de sesiones, 2004.)
6 Quick Entry Points to women´s epowerm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2014.— Diputados: Silvano Aureoles Conejo y Margarita Elena Tapia Fonllem (rúbricas).»
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
Continúe la Secretaría con una comunicación de la Junta de Coordinación Política.
COMUNICACIONES OFICIALES
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que el diputado Gabriel Gómez Michel cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Bielorrusia.
• Que el diputado Ignacio Mestas Gallardo cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Bielorrusia.
• Que el diputado Gabriel Gómez Michel cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Corea del Norte.
• Que el diputado Ignacio Mestas Gallardo cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Corea del Norte.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que el diputado Gabriel Gómez Michel cause baja como integrante de la Comisión Especial para impulsar la agroindustria de la palma de coco y productos derivados.
• Que el diputado Ignacio Mestas Gallardo cause alta como integrante en la Comisión Especial para impulsar la agroindustria de la palma de coco y productos derivados.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:
• Que el diputado Gabriel Gómez Michel cause baja como secretario de la Comisión de Derechos Humanos.
• Que el diputado Ignacio Mestas Gallardo cause alta como secretario en la Comisión de Derechos Humanos.
• Que el diputado Gabriel Gómez Michel cause baja como integrante de la Comisión de Ganadería.
• Que el diputado Ignacio Mestas Gallardo cause alta como integrante en la Comisión de Ganadería.
• Que el diputado Gabriel Gómez Michel cause baja como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
• Que el diputado Ignacio Mestas Gallardo cause alta como integrante en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
• Que el diputado Sergio Augusto Chan Lugo cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.
• Que el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán cause baja como integrante de la Comisión de Infraestructura.
• Que el diputado Sergio Augusto Chan Lugo cause alta como integrante en la Comisión de Infraestructura.
• Que el diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.
Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:
• Que el diputado Carlos Fernando Angulo Parra cause baja como integrante de la Comisión de Economía.
• Que el diputado Carlos Fernando Angulo Parra cause alta como integrante en la Comisión de Justicia.
Lo anterior para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 6 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobados. Comuníquense.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan y se publicarán los turnos relativos en la Gaceta Parlamentaria. (*)
CLAUSURA Y CITA
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (a las 15:18 horas): En atención a que se han agotado los asuntos de cartera se levanta la sesión y se cita a la sesión solemne en la que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, que tendrá lugar el jueves inmediato próximo, 9 de octubre del año en curso, a las 10 horas y al término de la misma a la sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas de la mañana.
————— 0 —————
RESUMEN DE TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 56 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 253 diputadas y diputados
• Comunicaciones oficiales: 8
• Acuerdos de los órganos de gobierno: 1
• Iniciativas de diputadas y diputados: 10
• Dictámenes a discusión de decretos: 3
• Intervenciones de las diputadas y los diputados: 33
NA 4
PT 3
MC 8
PVEM 2
PRD 8
PAN 3
PRI 5
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
VOTACIONES
Del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abreu Artiñano, Rocío AdrianaFavor
2 Aceves y del Olmo, Carlos HumbertoAusente
3 Acosta Peña, Brasil AlbertoFavor
4 Anaya Gudiño, AlfredoAusente
5 Aguayo López, Miguel ÁngelFavor
6 Arroyo Ruiz, Alma JeannyAusente
7 Alcalá Padilla, LeobardoFavor
8 Aldana Prieto, Luis RicardoFavor
9 Allende Cano, Ana IsabelFavor
10 Alvarado Sánchez, Brenda María IzontliFavor
11 Astiazarán Gutiérrez, Antonio FranciscoFavor
12 Araujo de la Torre, Elsa PatriciaFavor
13 Arellano Guzmán, SalvadorAusente
14 Arroyo Vieyra, Francisco AgustínFavor
15 Añorve Baños, ManuelFavor
16 Athie Flores, KamelFavor
17 Ayala Robles Linares, FlorFavor
18 Badillo Ramírez, DaríoAusente
19 Barajas del Toro, SalvadorFavor
20 Barba Mariscal, Marco AntonioFavor
21 Barcenas Nieves, Delvim FabiolaFavor
22 Barrera Barrera, PetraFavor
23 Barrera Estrada, RodimiroFavor
24 Barrera Fortoul, LauraFavor
25 Barrueta Barón, NoéFavor
26 Bautista Villegas, OscarFavor
27 Beltrones Rivera, Manlio FabioFavor
28 Bernal Bolnik, Sue EllenFavor
29 Bernal Gutiérrez, Marco AntonioAusente
30 Berzunza Novelo, Landy MargaritaFavor
31 Bonilla Gómez, AdolfoFavor
32 Caballero Garza, BenitoFavor
33 Cabañas Aparicio, María EliaFavor
34 Calderón Ramírez, LeticiaAusente
35 Calzada Arroyo, Marco AntonioFavor
36 Campos Córdova, Lisandro ArístidesFavor
37 Cano Ayala, Ma. ElenaFavor
38 Cantú Segovia, EloyFavor
39 Carbajal Hernández, Juan ManuelFavor
40 Cárdenas Cantú, MiriamFavor
41 Cárdenas del Avellano, EnriqueFavor
42 Carreño Mijares, AngelinaFavor
43 Carreón Cervantes, VerónicaAusente
44 Castillo Rodríguez, MinervaFavor
45 Castillo Valdez, BenjamínFavor
46 Charleston Hernández, FernandoFavor
47 Chávez Dávalos, Sergio ArmandoFavor
48 Córdova Díaz, Luis ArmandoFavor
49 Córdova Morán, Frine SorayaFavor
50 Corona Nakamura, María del RocíoFavor
51 Corrales Corrales, Francisca ElenaAusente
52 Cruz Morales, MaricruzFavor
53 Curi Naime, AlbertoFavor
54 De la Cruz Requena, RosalbaFavor
55 De las Fuentes Hernández, Fernando DonatoFavor
56 Del Angel Acosta, JorgeFavor
57 Del Bosque Márquez, Juan IsidroFavor
58 Del Moral Vela, Paulina AlejandraFavor
59 Delgadillo González, ClaudiaFavor
60 Díaz Athié, Antonio de JesúsFavor
61 Díaz Palacios, Víctor EmanuelFavor
62 Doger Guerrero, José EnriqueFavor
63 Domínguez Zepeda, Pedro IgnacioFavor
64 Duarte Murillo, José IgnacioFavor
65 Escajeda Jiménez, José RubénFavor
66 Fernández Clamont, Francisco JavierFavor
67 Félix Chávez, FaustinoFavor
68 Flemate Ramírez, Julio CésarFavor
69 Flores Gómez, José Luis CruzFavor
70 Flores Méndez, José LuisFavor
71 Flores Sandoval, PatricioFavor
72 Flores Treviño, María de LourdesFavor
73 Fuentes Téllez, AdrianaFavor
74 Funes Velázquez, Erika YolandaFavor
75 Galindo Quiñones, Heriberto ManuelFavor
76 Galván Villanueva, Raúl SantosAusente
77 Gamboa Song, Lizbeth LoyAusente
78 Garay Cabada, MarinaFavor
79 García de la Cadena Romero, María del CarmenFavor
80 García Fernández, Maria de las NievesAusente
81 García García, HéctorFavor
82 García Hernández, JosefinaFavor
83 García Olmedo, María del RocíoFavor
84 Garza Moreno, María EstherFavor
85 Gauna Ruiz de León, Celia IsabelFavor
86 Gómez Carmona, Blanca EstelaFavor
87 Gómez Gómez, LuisFavor
88 Gómez Gómez, PedroFavor
89 Gómez Olguín, Roy ArgelFavor
90 Gómez Tueme, Amira GriceldaFavor
91 González Cruz, CristinaFavor
92 González Domínguez, IselaFavor
93 González Farías, Eligio CuitláhuacFavor
94 González Gómez, CeciliaAusente
95 González Martínez, Olivares IrazemaFavor
96 González Reséndiz, RafaelFavor
97 González Valdez, Marco AntonioFavor
98 González Vargas, FranciscoAusente
99 Grajales Palacios, FranciscoFavor
100 Gualito Castañeda, RosalbaFavor
101 Guerra Garza, AbelFavor
102 Guerrero López, Judit MagdalenaFavor
103 Guevara González, Javier FilibertoFavor
104 Gurrión Matías, SamuelAusente
105 Gutiérrez Álvarez, HarveyFavor
106 Gutiérrez de la Garza, Héctor HumbertoFavor
107 Gutiérrez Manrique, MarthaFavor
108 Hernández Burgos, GaudencioFavor
109 Hernández González, NoéFavor
110 Hernández Iñiguez, AdrianaFavor
111 Hernández Morales, Mirna EsmeraldaFavor
112 Hernández Tapia, Gerardo XavierFavor
113 Herrera Delgado, JorgeAusente
114 Huerta Rea, María de JesúsAusente
115 Inzunza Montoya, AlfonsoAusente
116 Juan Marcos, Issa SalomónFavor
117 King de la Rosa, RaymundoFavor
118 Liceaga Arteaga, Gerardo FranciscoFavor
119 López Alvarado, Jaime ChrisAusente
120 López Landero, TomásAusente
121 López Segura, María CarmenFavor
122 López Zavala, JavierFavor
123 Macías Sandoval, RaúlFavor
124 Madrid Tovilla, AreliFavor
125 Magaña Zepeda, María AngélicaFavor
126 Maldonado Hernández, Fernando AlfredoFavor
127 Márquez Martínez, José LuisAusente
128 Márquez Velasco, SilviaFavor
129 Martínez Cárdenas, Esther AngélicaFavor
130 Medina Fierro, RicardoFavor
131 Mejía García, LeticiaFavor
132 Mendoza Curiel, María LeticiaFavor
133 Mendoza Garza, JorgeFavor
134 Mercado Gallegos, Sonia CatalinaAusente
135 Mestas Gallardo, IgnacioFavor
136 Miranda Munive, EmilseAusente
137 Montano Guzmán, José AlejandroFavor
138 Montes Alvarado, AbrahamFavor
139 Morales Flores, JesúsFavor
140 Moreno Árcega, José IsidroFavor
141 Moreno Cárdenas, Rafael AlejandroAusente
142 Moreno Montoya, José PilarFavor
143 Muñiz Martínez, Dulce MaríaFavor
144 Muñoz Kapamas, Felipe de JesúsFavor
145 Murguía Lardizábal, Luis AlfredoFavor
146 Nava Gómez, José EverardoFavor
147 Navarrete Vital, María ConcepciónFavor
148 Navarro de Alva, César ReynaldoFavor
149 Niaves López, Ossiel OmarAusente
150 Núñez Sánchez, Gloria ElizabethFavor
151 Ochoa Gallegos, Williams OswaldoFavor
152 Ochoa González, ArnoldoFavor
153 Olvera Correa, LuisFavor
154 Ordaz Martínez, María del CarmenAusente
155 Ortega Pacheco, Guadalupe del SocorroFavor
156 Ortiz García, SalvadorFavor
157 Pacheco Rodríguez, Ricardo FidelFavor
158 Padilla Fierro, Román AlfredoAusente
159 Padilla Navarro, CesarioFavor
160 Pazzi Maza, Zita BeatrizFavor
161 Peña Recio, Patricia GuadalupeFavor
162 Pérez Anzueto, Hugo MauricioFavor
163 Pérez de Alba, José NoelFavor
164 Pérez Escalante, Elvia MaríaFavor
165 Ponce Orozco, NormaAusente
166 Quian Alcocer, Eduardo RománFavor
167 Quiñones Canales, Lourdes EulaliaFavor
168 Quintana León, Socorro de la LuzFavor
169 Rangel Espinosa, JoséAusente
170 Rangel Segovia, AlejandroFavor
171 Rellstab Carreto, TanyaFavor
172 Retamoza Vega, Patricia ElenaFavor
173 Robles Aguirre, Mayra KarinaAusente
174 Rocha Piedra, Juan ManuelFavor
175 Rodríguez Calderón, José AlbertoFavor
176 Rojo García de Alba, José AntonioAusente
177 Román Bojórquez, Jesús TolentinoAusente
178 Romero Valencia, SalvadorFavor
179 Rubio Lara, Blas RamónFavor
180 Ruiz Arriaga, GenaroFavor
181 Ruiz Gutiérrez, Adan DavidFavor
182 Ruiz Moronatti, RobertoFavor
183 Ruiz Sandoval, CristinaFavor
184 Sahui Rivero, MauricioFavor
185 Salgado Delgado, FernandoFavor
186 Salgado Peña, Abel OctavioFavor
187 Sámano Peralta, MiguelFavor
188 Sánchez Cruz, LeopoldoAusente
189 Sánchez Romero, CarlosAusente
190 Sánchez Santiago, María GuadalupeFavor
191 Schroeder Verdugo, María FernandaFavor
192 Sosa Altamira, William RenánFavor
193 Terán Guevara, María RebecaAusente
194 Terán Juárez, JorgeFavor
195 Treviño Cantú, JavierFavor
196 Treviño Villarreal, Pedro PabloFavor
197 Ugalde Alegría, Aurora DenisseFavor
198 Valanci Buzali, SimónFavor
199 Valdés Palazuelos, Jesús AntonioFavor
200 Vargas Vargas, Laura GuadalupeFavor
201 Vásquez Villanueva, Martín de JesúsFavor
202 Vázquez Saut, ReginaAusente
203 Vela Reyes, Marco AlonsoFavor
204 Velasco Orozco, Víctor HugoFavor
205 Velázquez Díaz, María GuadalupeFavor
206 Velázquez López, MirnaFavor
207 Velázquez Ramírez, Diana KarinaAusente
208 Velázquez Sánchez, MaricelaAusente
209 Villaseñor Gudiño, Blanca MaríaFavor
210 Villaseñor Vargas, María de la PalomaAusente
211 Vitela Rodríguez, Alma MarinaFavor
212 Zacarías Capuchino, DaríoFavor
213 Zamora Morales, FernandoAusente
214 Zepeda González, Francisco AlbertoFavor
Favor: 174
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 40
Total: 214
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Croda, RafaelFavor
2 Adame Alemán, Juan PabloFavor
3 Aguilar Rodríguez, Aurora de la LuzFavor
4 Aguilar Vega, MarcosFavor
5 Almaguer Torres, Felipe de JesúsFavor
6 Alonso Morelli, HumbertoFavor
7 Álvarez Tovar, Martha BereniceFavor
8 Anaya Llamas, José GuillermoFavor
9 Angulo Parra, Carlos FernandoFavor
10 Aquino Calvo, Juan JesúsFavor
11 Argüelles Loya, ConsueloFavor
12 Azuara Zúñiga, XavierFavor
13 Botello Montes, José AlfredoFavor
14 Bueno Torio, JuanFavor
15 Cáceres de la Fuente, Juan FranciscoFavor
16 Camarillo Ortega, RubénFavor
17 Cárdenas Guízar, Gabriel de JesúsFavor
18 Carreño Muro, GenaroAusente
19 Castaños Valenzuela, Carlos HumbertoFavor
20 Chan Lugo, Sergio AugustoFavor
21 Coronado Quintanilla, AlbertoFavor
22 Cortázar Lara, Gerardo MaximilianoFavor
23 Cortés Berumen, IsaíasAusente
24 Cruz Mendoza, EufrosinaAusente
25 Dávila Delgado, Mario AlbertoFavor
26 De la Rosa Anaya, AndrésFavor
27 De la Rosa Escalante, ArturoFavor
28 De León Pérez, María EugeniaFavor
29 Díaz Trujillo, AlbertoFavor
30 Pérez Gavilán, Rodolfo DoradorAusente
31 Flores Flores, Enrique AlejandroFavor
32 Fuentes Solís, Víctor OswaldoFavor
33 Galindo Delgado, David CuauhtémocFavor
34 García González, Carlos AlbertoAusente
35 García Ramírez, José GuadalupeFavor
36 García Rojas, Mariana DunyaskaFavor
37 Gastélum Buenrostro, Juan ManuelFavor
38 Gómez Ramírez, RaúlFavor
39 González Carrillo, AdrianaFavor
40 González Manríquez, Víctor RafaelFavor
41 González Morfín, JoséFavor
42 González Serna, José ÁngelFavor
43 Gordillo Castillo, Néstor OctavioFavor
44 Gúzman Cervantes, Carlos BernardoFavor
45 Heredia Lizárraga, Martín AlonsoFavor
46 Jiménez Castillo, BlancaFavor
47 Jiménez Cerrillo, RaquelFavor
48 Jiménez Esquivel, María TeresaFavor
49 Labastida Sotelo, KarinaFavor
50 Larrazabal Bretón, Fernando AlejandroFavor
51 Licea González, MargaritaFavor
52 Llanas Alba, José AlejandroAusente
53 López Birlain, Ana PaolaFavor
54 López Cisneros, José MartínFavor
55 López Landero, LeticiaAusente
56 López López, RaudelFavor
57 López Noriega, AlejandraAusente
58 Lorenzini Rangel, Julio CésarFavor
59 Lugo Barriga, PatriciaFavor
60 Micalco Méndez, Rafael AlejandroFavor
61 Mondragón González, María GuadalupeFavor
62 Morgan Navarrete, Tania MargaritaAusente
63 Muñoz Márquez, Juan CarlosAusente
64 Neblina Vega, HebertoFavor
65 Niño de Rivera Vela, Homero RicardoAusente
66 Oliveros Usabiaga, José LuisFavor
67 Orta Coronado, MarcelinaAusente
68 Ortiz Mantilla, María IsabelFavor
69 Othón Zayas, MáximoAusente
70 Oviedo Herrera, J. JesúsFavor
71 Pacheco Díaz, GermánFavor
72 Pantoja Hernández, LeslieFavor
73 Paz Alonzo, RaúlAusente
74 Pedraza Aguilera, Flor de MaríaFavor
75 Pelayo Covarrubias, FranciscoAusente
76 Peña Avilés, GerardoFavor
77 Pérez Camarena, Carmen LucíaFavor
78 Prieto Herrera, Humberto ArmandoAusente
79 Quintana Salinas, EstherFavor
80 Ramírez Diez Gutiérrez, María ConcepciónFavor
81 Ramírez Romero, Luis MiguelFavor
82 Reina Lizárraga, José EnriqueFavor
83 Reza Gallegos, Rocío EsmeraldaFavor
84 Ricalde Magaña, Alicia ConcepciónFavor
85 Rivadeneyra Hernández, AlfredoFavor
86 Rivera Villanueva, Erick MarteFavor
87 Robledo Leal, Ernesto AlfonsoFavor
88 Rodríguez Doval, FernandoFavor
89 Rodríguez Vallejo, Diego SinhueAusente
90 Romero Sevilla, LeonorFavor
91 Rosiñol Abreu, JorgeFavor
92 Sada Pérez, VerónicaFavor
93 Saldaña Hernández, MargaritaFavor
94 Salinas Garza, José ArturoFavor
95 Salinas Mendiola, GlafiroFavor
96 Sampayo Ortíz, Ramón AntonioFavor
97 Sánchez Ruiz, MarioFavor
98 Serralde Martínez, VíctorAusente
99 Sosa Govea, Martha LeticiaFavor
100 Sotomayor Chávez, Jorge FranciscoFavor
101 Torres Cofiño, Marcelo de JesúsFavor
102 Trejo Reyes, José IsabelFavor
103 Urciel Castañeda, María CeliaFavor
104 Uribe Padilla, Juan CarlosFavor
105 Valladares Couoh, Cinthya NoemíAusente
106 Vargas Martín del Campo, ElizabethFavor
107 Villalobos Seáñez, Jorge IvánAusente
108 Villarreal García, Luis AlbertoFavor
109 Villarreal García, RicardoFavor
110 Yamamoto Cázares, Beatriz EugeniaFavor
111 Yáñez Robles, Elizabeth OsweliaFavor
112 Zamora García, AlfredoAusente
113 Zavala Peniche, María BeatrizFavor
114 Zepeda Vidales, DamiánAusente
Favor: 92
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 22
Total: 114
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Alavez Ruiz, AleidaFavor
2 Algredo Jaramillo, EdilbertoFavor
3 Alonso Raya, Agustín MiguelFavor
4 Amaya Reyes, María de LourdesAusente
5 Antonio Altamirano, CarolFavor
6 Arias Pallares, Luis ManuelFavor
7 Ávila Pérez, José ÁngelFavor
8 Águila Torres, Claudia ElenaFavor
9 Aureoles Conejo, SilvanoFavor
10 Barrios Gómez Segués, AgustínAusente
11 Bautista Bravo, Alliet MarianaFavor
12 Bautista Cuevas, GloriaAusente
13 Bautista López, Victor ManuelFavor
14 Belaunzarán Méndez, FernandoFavor
15 Blanco Deaquino, SilvanoFavor
16 Bojórquez Javier, Claudia ElizabethFavor
17 Bonilla Jaime, JuanaFavor
18 Borges Pasos, Teresita de JesúsAusente
19 Brito Lara, TomásFavor
20 Carbajal González, AlejandroFavor
21 Carpinteyro Calderón, PurificaciónFavor
22 Carrillo Huerta, Mario MiguelFavor
23 Cedillo Hernández, ÁngelFavor
24 Ceseñas Chapa, María del SocorroFavor
25 Contreras Ceballos, ArmandoFavor
26 Copete Zapot, Yazmín de los ÁngelesFavor
27 Correa Acevedo, AbrahamAusente
28 Cruz Ramírez, ArturoFavor
29 Cuéllar Reyes, FernandoAusente
30 Cuevas Mena, Mario AlejandroAusente
31 De Jesús, Alejandro CarlosFavor
32 De la Rosa Peláez, Sebastián AlfonsoAusente
33 De la Vega Membrillo, Jorge FedericoFavor
34 Diego Cruz, EvaFavor
35 Duarte Ortuño, CatalinoFavor
36 Espinosa Cházaro, Luis Ángel XarielFavor
37 Esquivel Zalpa, José LuisFavor
38 Flores Aguayo, UrielFavor
39 Flores Salazar, Guadalupe SocorroFavor
40 Fócil Pérez, Juan ManuelFavor
41 García Conejo, AntonioAusente
42 García Medina, Amalia DoloresAusente
43 García Reyes, VerónicaAusente
44 Garza Ruvalcaba, MarceloFavor
45 Gaudiano Rovirosa, GerardoAusente
46 González Bautista, ValentínFavor
47 González Magallanes, Alfa ElianaFavor
48 Guzmán Díaz, Delfina ElizabethAusente
49 Jardines Fraire, JhonatanFavor
50 Jarquín, HugoAusente
51 Juárez Piña, Verónica BeatrizAusente
52 León Mendívil, José AntonioFavor
53 León Montero, Saraí LarisaFavor
54 López González, RobertoFavor
55 López Rosado, RobertoAusente
56 López Suárez, RobertoAusente
57 Luna Porquillo, RoxanaAusente
58 Maldonado Salgado, José ValentínAusente
59 Manriquez González, Víctor ManuelFavor
60 Martínez Rojas, Andrés EloyAusente
61 Medina Filigrana, Marcos RosendoAusente
62 Mejía Guardado, JulisaFavor
63 Méndez Martínez, Mario RafaelAusente
64 Merlín García, María del RosarioAusente
65 Mícher Camarena, Martha LucíaFavor
66 Miranda Salgado, MarinoFavor
67 Moctezuma Oviedo, María GuadalupeFavor
68 Mojica Morga, Teresa de JesúsAusente
69 Montalvo Hernández, RamónFavor
70 Morales López, Carlos AugustoAusente
71 Morales Vargas, Trinidad SecundinoFavor
72 Moreno Rivera, IsraelAusente
73 Moreno Rivera, Julio CésarAusente
74 Mota Ocampo, Gisela RaquelFavor
75 Muñoz Soria, José LuisFavor
76 Nájera Medina, Víctor ReymundoFavor
77 Navarrete Contreras, JoaquinaFavor
78 Nolasco Ramírez, YeseniaFavor
79 Orihuela García, JavierFavor
80 Porras Pérez, PedroFavor
81 Portillo Martínez, VicarioAusente
82 Posadas Hernández, DomitiloFavor
83 Quiroga Anguiano, KarenAusente
84 Reyes Gámiz, Roberto CarlosAusente
85 Reyes Montiel, Carla GuadalupeFavor
86 Rodríguez Montero, Francisco TomásFavor
87 Rosas Montero, Lizbeth EugeniaFavor
88 Salazar Trejo, JessicaAusente
89 Saldaña Fraire, GracielaFavor
90 Salgado Parra, JorgeFavor
91 Salinas Narváez, JavierAusente
92 Salinas Pérez, JosefinaFavor
93 Sánchez Camacho, AlejandroFavor
94 Sánchez Torres, GuillermoAusente
95 Sansores Sastré, AntonioAusente
96 Serrano Toledo, RosendoAusente
97 Tapia Fonllem, Margarita ElenaAusente
98 Tovar Aragón, CrystalAusente
99 Valles Sampedro, Lorenia IvethFavor
100 Vega Vázquez, José HumbertoFavor
101 Zárate Salgado, FernandoFavor
Favor: 64
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 37
Total: 101
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Acosta Montoya, RubénFavor
2 Astudillo Suárez, RicardoFavor
3 Aubry de Castro Palomino, EnriqueAusente
4 Camarena García, Felipe ArturoFavor
5 Castellanos Mijares, Carlos OctavioAusente
6 Cuéllar Steffan, AntonioFavor
7 Escobar y Vega, ArturoFavor
8 García de la Fuente, MónicaFavor
9 Garza Cadena, Ana LiliaFavor
10 González Luna Bueno, Federico JoséFavor
11 Guillén Guillén, Mario FranciscoFavor
12 López Moreno, Lourdes AdrianaFavor
13 Martel Cantú, Laura XimenaAusente
14 Medrano Galindo, GabrielaFavor
15 Narcia Álvarez, HéctorFavor
16 Núñez Aguilar, ErnestoFavor
17 Ochoa López, NaborFavor
18 Orozco Gómez, JavierFavor
19 Padilla Ramos, Carla AliciaAusente
20 Pariente Gavito, María del Rosario de FátimaFavor
21 Pérez Hernández, Rosa ElbaAusente
22 Pérez Tejada Padilla, DavidFavor
23 Romo Fonseca, Bárbara GabrielaFavor
24 Torres Mercado, TomásFavor
25 Villafuerte Trujillo, Amílcar AugustoFavor
26 Vital Vera, Martha EdithFavor
27 Zavaleta Salgado, RuthFavor
Favor: 22
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 27
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Alcalde Luján, Luisa MaríaFavor
2 Chávez Contreras, RodrigoAbstención
3 Córdova Bernal, Martha BeatrizAusente
4 Coronato Rodríguez, José FranciscoFavor
5 Durazo Montaño, Francisco AlfonsoAusente
6 Gómez Pozos, MerilynFavor
7 Huidobro González, ZuleymaAusente
8 Hurtado Gallegos, José AntonioFavor
9 Jorrín Lozano, Victor ManuelFavor
10 Martínez Martínez, Juan LuisAusente
11 Mejía Berdeja, RicardoAbstención
12 Méndez Denis, LorenaAbstención
13 Monreal Ávila, RicardoAbstención
14 Romero Lozano, María FernandaFavor
15 Samperio Montaño, Juan IgnacioFavor
16 Soto Martínez, JoséFavor
17 Valencia Ramírez, Aída FabiolaAusente
18 Valle Magaña, José LuisAbstención
19 Vargas Pérez, Nelly del CarmenAusente
20 Villanueva Albarrán, GerardoAusente
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 5
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 20
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Gil, LiliaAbstención
2 Anaya Gutiérrez, AlbertoAusente
3 Benavides Castañeda, José AlbertoFavor
4 Bonilla Valdez, JaimeAusente
5 Cantú Garza, RicardoFavor
6 Huerta Ladrón de Guevara, Manuel RafaelAbstención
7 López Cándido, José ArturoAusente
8 Martínez Santillán, María del CarmenFavor
9 Núñez Monreal, Magdalena del SocorroFavor
10 Orive Bellinger, AdolfoAusente
11 Ortiz Ahlf, LorettaAbstención
12 Roblero Gordillo, Héctor HugoFavor
13 Romero Guzmán, Rosa EliaFavor
14 Torres Flores, AraceliFavor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 3
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 14
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Bribiesca Sahagún, FernandoFavor
2 Caamal Mena, José AngelinoAusente
3 Cerda Franco, María SanjuanaFavor
4 Félix Hays, Rubén BenjamínAusente
5 Fujiwara Montelongo, René RicardoFavor
6 Garfias Gutiérrez, LucilaAusente
7 González Roldán, Luis AntonioAusente
8 Olvera Barrios, CristinaFavor
9 Rincón Chanona, SoniaFavor
10 Talamante Lemas, Dora María GuadalupeFavor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 10
Del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de las Leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de la Policía Federal (en lo general y en lo particular)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abreu Artiñano, Rocío AdrianaFavor
2 Aceves y del Olmo, Carlos HumbertoAusente
3 Acosta Peña, Brasil AlbertoFavor
4 Anaya Gudiño, AlfredoAusente
5 Aguayo López, Miguel ÁngelFavor
6 Arroyo Ruiz, Alma JeannyAusente
7 Alcalá Padilla, LeobardoFavor
8 Aldana Prieto, Luis RicardoFavor
9 Allende Cano, Ana IsabelFavor
10 Alvarado Sánchez, Brenda María IzontliFavor
11 Astiazarán Gutiérrez, Antonio FranciscoFavor
12 Araujo de la Torre, Elsa PatriciaFavor
13 Arellano Guzmán, SalvadorAusente
14 Arroyo Vieyra, Francisco AgustínAusente
15 Añorve Baños, ManuelFavor
16 Athie Flores, KamelFavor
17 Ayala Robles Linares, FlorFavor
18 Badillo Ramírez, DaríoAusente
19 Barajas del Toro, SalvadorFavor
20 Barba Mariscal, Marco AntonioFavor
21 Barcenas Nieves, Delvim FabiolaFavor
22 Barrera Barrera, PetraFavor
23 Barrera Estrada, RodimiroFavor
24 Barrera Fortoul, LauraFavor
25 Barrueta Barón, NoéFavor
26 Bautista Villegas, OscarFavor
27 Beltrones Rivera, Manlio FabioAusente
28 Bernal Bolnik, Sue EllenFavor
29 Bernal Gutiérrez, Marco AntonioAusente
30 Berzunza Novelo, Landy MargaritaFavor
31 Bonilla Gómez, AdolfoFavor
32 Caballero Garza, BenitoFavor
33 Cabañas Aparicio, María EliaFavor
34 Calderón Ramírez, LeticiaFavor
35 Calzada Arroyo, Marco AntonioFavor
36 Campos Córdova, Lisandro ArístidesFavor
37 Cano Ayala, Ma. ElenaFavor
38 Cantú Segovia, EloyFavor
39 Carbajal Hernández, Juan ManuelFavor
40 Cárdenas Cantú, MiriamFavor
41 Cárdenas del Avellano, EnriqueFavor
42 Carreño Mijares, AngelinaFavor
43 Carreón Cervantes, VerónicaAusente
44 Castillo Rodríguez, MinervaFavor
45 Castillo Valdez, BenjamínFavor
46 Charleston Hernández, FernandoFavor
47 Chávez Dávalos, Sergio ArmandoFavor
48 Córdova Díaz, Luis ArmandoFavor
49 Córdova Morán, Frine SorayaFavor
50 Corona Nakamura, María del RocíoFavor
51 Corrales Corrales, Francisca ElenaFavor
52 Cruz Morales, MaricruzFavor
53 Curi Naime, AlbertoFavor
54 De la Cruz Requena, RosalbaFavor
55 De las Fuentes Hernández, Fernando DonatoFavor
56 Del Angel Acosta, JorgeFavor
57 Del Bosque Márquez, Juan IsidroFavor
58 Del Moral Vela, Paulina AlejandraFavor
59 Delgadillo González, ClaudiaFavor
60 Díaz Athié, Antonio de JesúsFavor
61 Díaz Palacios, Víctor EmanuelFavor
62 Doger Guerrero, José EnriqueFavor
63 Domínguez Zepeda, Pedro IgnacioFavor
64 Duarte Murillo, José IgnacioFavor
65 Escajeda Jiménez, José RubénFavor
66 Fernández Clamont, Francisco JavierFavor
67 Félix Chávez, FaustinoFavor
68 Flemate Ramírez, Julio CésarFavor
69 Flores Gómez, José Luis CruzFavor
70 Flores Méndez, José LuisFavor
71 Flores Sandoval, PatricioFavor
72 Flores Treviño, María de LourdesFavor
73 Fuentes Téllez, AdrianaFavor
74 Funes Velázquez, Erika YolandaFavor
75 Galindo Quiñones, Heriberto ManuelFavor
76 Galván Villanueva, Raúl SantosFavor
77 Gamboa Song, Lizbeth LoyAusente
78 Garay Cabada, MarinaFavor
79 García de la Cadena Romero, María del CarmenFavor
80 García Fernández, Maria de las NievesFavor
81 García García, HéctorAusente
82 García Hernández, JosefinaFavor
83 García Olmedo, María del RocíoFavor
84 Garza Moreno, María EstherFavor
85 Gauna Ruiz de León, Celia IsabelFavor
86 Gómez Carmona, Blanca EstelaFavor
87 Gómez Gómez, LuisFavor
88 Gómez Gómez, PedroFavor
89 Gómez Olguín, Roy ArgelFavor
90 Gómez Tueme, Amira GriceldaAusente
91 González Cruz, CristinaFavor
92 González Domínguez, IselaFavor
93 González Farías, Eligio CuitláhuacFavor
94 González Gómez, CeciliaAusente
95 González Martínez, Olivares IrazemaFavor
96 González Reséndiz, RafaelFavor
97 González Valdez, Marco AntonioAusente
98 González Vargas, FranciscoAusente
99 Grajales Palacios, FranciscoFavor
100 Gualito Castañeda, RosalbaAusente
101 Guerra Garza, AbelFavor
102 Guerrero López, Judit MagdalenaFavor
103 Guevara González, Javier FilibertoFavor
104 Gurrión Matías, SamuelFavor
105 Gutiérrez Álvarez, HarveyFavor
106 Gutiérrez de la Garza, Héctor HumbertoFavor
107 Gutiérrez Manrique, MarthaFavor
108 Hernández Burgos, GaudencioFavor
109 Hernández González, NoéFavor
110 Hernández Iñiguez, AdrianaFavor
111 Hernández Morales, Mirna EsmeraldaFavor
112 Hernández Tapia, Gerardo XavierFavor
113 Herrera Delgado, JorgeAusente
114 Huerta Rea, María de JesúsAusente
115 Inzunza Montoya, AlfonsoFavor
116 Juan Marcos, Issa SalomónFavor
117 King de la Rosa, RaymundoFavor
118 Liceaga Arteaga, Gerardo FranciscoFavor
119 López Alvarado, Jaime ChrisAusente
120 López Landero, TomásAusente
121 López Segura, María CarmenFavor
122 López Zavala, JavierFavor
123 Macías Sandoval, RaúlFavor
124 Madrid Tovilla, AreliFavor
125 Magaña Zepeda, María AngélicaFavor
126 Maldonado Hernández, Fernando AlfredoFavor
127 Márquez Martínez, José LuisAusente
128 Márquez Velasco, SilviaFavor
129 Martínez Cárdenas, Esther AngélicaFavor
130 Medina Fierro, RicardoFavor
131 Mejía García, LeticiaFavor
132 Mendoza Curiel, María LeticiaFavor
133 Mendoza Garza, JorgeFavor
134 Mercado Gallegos, Sonia CatalinaAusente
135 Mestas Gallardo, IgnacioFavor
136 Miranda Munive, EmilseAusente
137 Montano Guzmán, José AlejandroFavor
138 Montes Alvarado, AbrahamFavor
139 Morales Flores, JesúsFavor
140 Moreno Árcega, José IsidroFavor
141 Moreno Cárdenas, Rafael AlejandroAusente
142 Moreno Montoya, José PilarFavor
143 Muñiz Martínez, Dulce MaríaFavor
144 Muñoz Kapamas, Felipe de JesúsFavor
145 Murguía Lardizábal, Luis AlfredoFavor
146 Nava Gómez, José EverardoFavor
147 Navarrete Vital, María ConcepciónFavor
148 Navarro de Alva, César ReynaldoFavor
149 Niaves López, Ossiel OmarAusente
150 Núñez Sánchez, Gloria ElizabethAusente
151 Ochoa Gallegos, Williams OswaldoFavor
152 Ochoa González, ArnoldoFavor
153 Olvera Correa, LuisFavor
154 Ordaz Martínez, María del CarmenAusente
155 Ortega Pacheco, Guadalupe del SocorroFavor
156 Ortiz García, SalvadorFavor
157 Pacheco Rodríguez, Ricardo FidelFavor
158 Padilla Fierro, Román AlfredoFavor
159 Padilla Navarro, CesarioFavor
160 Pazzi Maza, Zita BeatrizFavor
161 Peña Recio, Patricia GuadalupeFavor
162 Pérez Anzueto, Hugo MauricioFavor
163 Pérez de Alba, José NoelFavor
164 Pérez Escalante, Elvia MaríaFavor
165 Ponce Orozco, NormaFavor
166 Quian Alcocer, Eduardo RománFavor
167 Quiñones Canales, Lourdes EulaliaFavor
168 Quintana León, Socorro de la LuzFavor
169 Rangel Espinosa, JoséAusente
170 Rangel Segovia, AlejandroFavor
171 Rellstab Carreto, TanyaFavor
172 Retamoza Vega, Patricia ElenaFavor
173 Robles Aguirre, Mayra KarinaFavor
174 Rocha Piedra, Juan ManuelFavor
175 Rodríguez Calderón, José AlbertoFavor
176 Rojo García de Alba, José AntonioFavor
177 Román Bojórquez, Jesús TolentinoFavor
178 Romero Valencia, SalvadorFavor
179 Rubio Lara, Blas RamónFavor
180 Ruiz Arriaga, GenaroFavor
181 Ruiz Gutiérrez, Adan DavidFavor
182 Ruiz Moronatti, RobertoFavor
183 Ruiz Sandoval, CristinaFavor
184 Sahui Rivero, MauricioFavor
185 Salgado Delgado, FernandoFavor
186 Salgado Peña, Abel OctavioFavor
187 Sámano Peralta, MiguelFavor
188 Sánchez Cruz, LeopoldoAusente
189 Sánchez Romero, CarlosFavor
190 Sánchez Santiago, María GuadalupeFavor
191 Schroeder Verdugo, María FernandaFavor
192 Sosa Altamira, William RenánFavor
193 Terán Guevara, María RebecaAusente
194 Terán Juárez, JorgeFavor
195 Treviño Cantú, JavierFavor
196 Treviño Villarreal, Pedro PabloFavor
197 Ugalde Alegría, Aurora DenisseFavor
198 Valanci Buzali, SimónFavor
199 Valdés Palazuelos, Jesús AntonioFavor
200 Vargas Vargas, Laura GuadalupeFavor
201 Vásquez Villanueva, Martín de JesúsFavor
202 Vázquez Saut, ReginaFavor
203 Vela Reyes, Marco AlonsoFavor
204 Velasco Orozco, Víctor HugoFavor
205 Velázquez Díaz, María GuadalupeFavor
206 Velázquez López, MirnaFavor
207 Velázquez Ramírez, Diana KarinaAusente
208 Velázquez Sánchez, MaricelaFavor
209 Villaseñor Gudiño, Blanca MaríaFavor
210 Villaseñor Vargas, María de la PalomaAusente
211 Vitela Rodríguez, Alma MarinaFavor
212 Zacarías Capuchino, DaríoFavor
213 Zamora Morales, FernandoFavor
214 Zepeda González, Francisco AlbertoFavor
Favor: 182
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 32
Total: 214
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Croda, RafaelAusente
2 Adame Alemán, Juan PabloFavor
3 Aguilar Rodríguez, Aurora de la LuzFavor
4 Aguilar Vega, MarcosAusente
5 Almaguer Torres, Felipe de JesúsFavor
6 Alonso Morelli, HumbertoFavor
7 Álvarez Tovar, Martha BereniceFavor
8 Anaya Llamas, José GuillermoFavor
9 Angulo Parra, Carlos FernandoFavor
10 Aquino Calvo, Juan JesúsFavor
11 Argüelles Loya, ConsueloFavor
12 Azuara Zúñiga, XavierFavor
13 Botello Montes, José AlfredoFavor
14 Bueno Torio, JuanFavor
15 Cáceres de la Fuente, Juan FranciscoFavor
16 Camarillo Ortega, RubénAusente
17 Cárdenas Guízar, Gabriel de JesúsFavor
18 Carreño Muro, GenaroFavor
19 Castaños Valenzuela, Carlos HumbertoFavor
20 Chan Lugo, Sergio AugustoFavor
21 Coronado Quintanilla, AlbertoFavor
22 Cortázar Lara, Gerardo MaximilianoFavor
23 Cortés Berumen, IsaíasAusente
24 Cruz Mendoza, EufrosinaAusente
25 Dávila Delgado, Mario AlbertoFavor
26 De la Rosa Anaya, AndrésFavor
27 De la Rosa Escalante, ArturoFavor
28 De León Pérez, María EugeniaFavor
29 Díaz Trujillo, AlbertoFavor
30 Pérez Gavilán, Rodolfo DoradorAusente
31 Flores Flores, Enrique AlejandroFavor
32 Fuentes Solís, Víctor OswaldoFavor
33 Galindo Delgado, David CuauhtémocFavor
34 García González, Carlos AlbertoFavor
35 García Ramírez, José GuadalupeFavor
36 García Rojas, Mariana DunyaskaFavor
37 Gastélum Buenrostro, Juan ManuelFavor
38 Gómez Ramírez, RaúlFavor
39 González Carrillo, AdrianaFavor
40 González Manríquez, Víctor RafaelFavor
41 González Morfín, JoséFavor
42 González Serna, José ÁngelFavor
43 Gordillo Castillo, Néstor OctavioFavor
44 Gúzman Cervantes, Carlos BernardoFavor
45 Heredia Lizárraga, Martín AlonsoFavor
46 Jiménez Castillo, BlancaFavor
47 Jiménez Cerrillo, RaquelFavor
48 Jiménez Esquivel, María TeresaFavor
49 Labastida Sotelo, KarinaFavor
50 Larrazabal Bretón, Fernando AlejandroFavor
51 Licea González, MargaritaFavor
52 Llanas Alba, José AlejandroAusente
53 López Birlain, Ana PaolaFavor
54 López Cisneros, José MartínFavor
55 López Landero, LeticiaAusente
56 López López, RaudelFavor
57 López Noriega, AlejandraAusente
58 Lorenzini Rangel, Julio CésarFavor
59 Lugo Barriga, PatriciaFavor
60 Micalco Méndez, Rafael AlejandroFavor
61 Mondragón González, María GuadalupeFavor
62 Morgan Navarrete, Tania MargaritaFavor
63 Muñoz Márquez, Juan CarlosAusente
64 Neblina Vega, HebertoFavor
65 Niño de Rivera Vela, Homero RicardoAusente
66 Oliveros Usabiaga, José LuisFavor
67 Orta Coronado, MarcelinaAusente
68 Ortiz Mantilla, María IsabelFavor
69 Othón Zayas, MáximoFavor
70 Oviedo Herrera, J. JesúsFavor
71 Pacheco Díaz, GermánFavor
72 Pantoja Hernández, LeslieFavor
73 Paz Alonzo, RaúlAusente
74 Pedraza Aguilera, Flor de MaríaFavor
75 Pelayo Covarrubias, FranciscoAusente
76 Peña Avilés, GerardoFavor
77 Pérez Camarena, Carmen LucíaFavor
78 Prieto Herrera, Humberto ArmandoAusente
79 Quintana Salinas, EstherFavor
80 Ramírez Diez Gutiérrez, María ConcepciónFavor
81 Ramírez Romero, Luis MiguelAusente
82 Reina Lizárraga, José EnriqueFavor
83 Reza Gallegos, Rocío EsmeraldaFavor
84 Ricalde Magaña, Alicia ConcepciónFavor
85 Rivadeneyra Hernández, AlfredoFavor
86 Rivera Villanueva, Erick MarteAusente
87 Robledo Leal, Ernesto AlfonsoFavor
88 Rodríguez Doval, FernandoAusente
89 Rodríguez Vallejo, Diego SinhueAusente
90 Romero Sevilla, LeonorFavor
91 Rosiñol Abreu, JorgeFavor
92 Sada Pérez, VerónicaFavor
93 Saldaña Hernández, MargaritaFavor
94 Salinas Garza, José ArturoFavor
95 Salinas Mendiola, GlafiroFavor
96 Sampayo Ortíz, Ramón AntonioFavor
97 Sánchez Ruiz, MarioFavor
98 Serralde Martínez, VíctorAusente
99 Sosa Govea, Martha LeticiaFavor
100 Sotomayor Chávez, Jorge FranciscoFavor
101 Torres Cofiño, Marcelo de JesúsFavor
102 Trejo Reyes, José IsabelFavor
103 Urciel Castañeda, María CeliaFavor
104 Uribe Padilla, Juan CarlosFavor
105 Valladares Couoh, Cinthya NoemíFavor
106 Vargas Martín del Campo, ElizabethFavor
107 Villalobos Seáñez, Jorge IvánFavor
108 Villarreal García, Luis AlbertoFavor
109 Villarreal García, RicardoFavor
110 Yamamoto Cázares, Beatriz EugeniaFavor
111 Yáñez Robles, Elizabeth OsweliaFavor
112 Zamora García, AlfredoAusente
113 Zavala Peniche, María BeatrizFavor
114 Zepeda Vidales, DamiánFavor
Favor: 93
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 21
Total: 114
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Alavez Ruiz, AleidaFavor
2 Algredo Jaramillo, EdilbertoFavor
3 Alonso Raya, Agustín MiguelAusente
4 Amaya Reyes, María de LourdesFavor
5 Antonio Altamirano, CarolFavor
6 Arias Pallares, Luis ManuelFavor
7 Ávila Pérez, José ÁngelFavor
8 Águila Torres, Claudia ElenaFavor
9 Aureoles Conejo, SilvanoAusente
10 Barrios Gómez Segués, AgustínFavor
11 Bautista Bravo, Alliet MarianaFavor
12 Bautista Cuevas, GloriaAusente
13 Bautista López, Victor ManuelFavor
14 Belaunzarán Méndez, FernandoFavor
15 Blanco Deaquino, SilvanoFavor
16 Bojórquez Javier, Claudia ElizabethFavor
17 Bonilla Jaime, JuanaFavor
18 Borges Pasos, Teresita de JesúsAusente
19 Brito Lara, TomásFavor
20 Carbajal González, AlejandroFavor
21 Carpinteyro Calderón, PurificaciónFavor
22 Carrillo Huerta, Mario MiguelFavor
23 Cedillo Hernández, ÁngelFavor
24 Ceseñas Chapa, María del SocorroFavor
25 Contreras Ceballos, ArmandoFavor
26 Copete Zapot, Yazmín de los ÁngelesFavor
27 Correa Acevedo, AbrahamAusente
28 Cruz Ramírez, ArturoFavor
29 Cuéllar Reyes, FernandoFavor
30 Cuevas Mena, Mario AlejandroFavor
31 De Jesús, Alejandro CarlosFavor
32 De la Rosa Peláez, Sebastián AlfonsoAusente
33 De la Vega Membrillo, Jorge FedericoFavor
34 Diego Cruz, EvaFavor
35 Duarte Ortuño, CatalinoFavor
36 Espinosa Cházaro, Luis Ángel XarielAusente
37 Esquivel Zalpa, José LuisFavor
38 Flores Aguayo, UrielFavor
39 Flores Salazar, Guadalupe SocorroFavor
40 Fócil Pérez, Juan ManuelAusente
41 García Conejo, AntonioAusente
42 García Medina, Amalia DoloresAusente
43 García Reyes, VerónicaFavor
44 Garza Ruvalcaba, MarceloFavor
45 Gaudiano Rovirosa, GerardoAusente
46 González Bautista, ValentínFavor
47 González Magallanes, Alfa ElianaFavor
48 Guzmán Díaz, Delfina ElizabethAusente
49 Jardines Fraire, JhonatanFavor
50 Jarquín, HugoAusente
51 Juárez Piña, Verónica BeatrizAusente
52 León Mendívil, José AntonioFavor
53 León Montero, Saraí LarisaFavor
54 López González, RobertoFavor
55 López Rosado, RobertoAusente
56 López Suárez, RobertoAusente
57 Luna Porquillo, RoxanaFavor
58 Maldonado Salgado, José ValentínAusente
59 Manriquez González, Víctor ManuelFavor
60 Martínez Rojas, Andrés EloyAusente
61 Medina Filigrana, Marcos RosendoAusente
62 Mejía Guardado, JulisaFavor
63 Méndez Martínez, Mario RafaelFavor
64 Merlín García, María del RosarioAusente
65 Mícher Camarena, Martha LucíaFavor
66 Miranda Salgado, MarinoFavor
67 Moctezuma Oviedo, María GuadalupeFavor
68 Mojica Morga, Teresa de JesúsAusente
69 Montalvo Hernández, RamónFavor
70 Morales López, Carlos AugustoAusente
71 Morales Vargas, Trinidad SecundinoFavor
72 Moreno Rivera, IsraelAusente
73 Moreno Rivera, Julio CésarFavor
74 Mota Ocampo, Gisela RaquelAusente
75 Muñoz Soria, José LuisFavor
76 Nájera Medina, Víctor ReymundoFavor
77 Navarrete Contreras, JoaquinaFavor
78 Nolasco Ramírez, YeseniaFavor
79 Orihuela García, JavierAusente
80 Porras Pérez, PedroFavor
81 Portillo Martínez, VicarioAusente
82 Posadas Hernández, DomitiloFavor
83 Quiroga Anguiano, KarenAusente
84 Reyes Gámiz, Roberto CarlosAusente
85 Reyes Montiel, Carla GuadalupeAusente
86 Rodríguez Montero, Francisco TomásFavor
87 Rosas Montero, Lizbeth EugeniaAusente
88 Salazar Trejo, JessicaFavor
89 Saldaña Fraire, GracielaFavor
90 Salgado Parra, JorgeAusente
91 Salinas Narváez, JavierAusente
92 Salinas Pérez, JosefinaFavor
93 Sánchez Camacho, AlejandroFavor
94 Sánchez Torres, GuillermoFavor
95 Sansores Sastré, AntonioFavor
96 Serrano Toledo, RosendoFavor
97 Tapia Fonllem, Margarita ElenaAusente
98 Tovar Aragón, CrystalFavor
99 Valles Sampedro, Lorenia IvethFavor
100 Vega Vázquez, José HumbertoFavor
101 Zárate Salgado, FernandoFavor
Favor: 68
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 33
Total: 101
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Acosta Montoya, RubénFavor
2 Astudillo Suárez, RicardoFavor
3 Aubry de Castro Palomino, EnriqueAusente
4 Camarena García, Felipe ArturoFavor
5 Castellanos Mijares, Carlos OctavioFavor
6 Cuéllar Steffan, AntonioFavor
7 Escobar y Vega, ArturoAusente
8 García de la Fuente, MónicaFavor
9 Garza Cadena, Ana LiliaAusente
10 González Luna Bueno, Federico JoséFavor
11 Guillén Guillén, Mario FranciscoFavor
12 López Moreno, Lourdes AdrianaFavor
13 Martel Cantú, Laura XimenaAusente
14 Medrano Galindo, GabrielaFavor
15 Narcia Álvarez, HéctorFavor
16 Núñez Aguilar, ErnestoFavor
17 Ochoa López, NaborFavor
18 Orozco Gómez, JavierFavor
19 Padilla Ramos, Carla AliciaAusente
20 Pariente Gavito, María del Rosario de FátimaFavor
21 Pérez Hernández, Rosa ElbaAusente
22 Pérez Tejada Padilla, DavidFavor
23 Romo Fonseca, Bárbara GabrielaFavor
24 Torres Mercado, TomásFavor
25 Villafuerte Trujillo, Amílcar AugustoFavor
26 Vital Vera, Martha EdithFavor
27 Zavaleta Salgado, RuthFavor
Favor: 21
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 27
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Alcalde Luján, Luisa MaríaFavor
2 Chávez Contreras, RodrigoFavor
3 Córdova Bernal, Martha BeatrizFavor
4 Coronato Rodríguez, José FranciscoFavor
5 Durazo Montaño, Francisco AlfonsoAusente
6 Gómez Pozos, MerilynFavor
7 Huidobro González, ZuleymaFavor
8 Hurtado Gallegos, José AntonioFavor
9 Jorrín Lozano, Victor ManuelFavor
10 Martínez Martínez, Juan LuisAusente
11 Mejía Berdeja, RicardoFavor
12 Méndez Denis, LorenaFavor
13 Monreal Ávila, RicardoFavor
14 Romero Lozano, María FernandaAusente
15 Samperio Montaño, Juan IgnacioAusente
16 Soto Martínez, JoséFavor
17 Valencia Ramírez, Aída FabiolaAusente
18 Valle Magaña, José LuisFavor
19 Vargas Pérez, Nelly del CarmenAusente
20 Villanueva Albarrán, GerardoFavor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 20
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Gil, LiliaAusente
2 Anaya Gutiérrez, AlbertoFavor
3 Benavides Castañeda, José AlbertoFavor
4 Bonilla Valdez, JaimeAusente
5 Cantú Garza, RicardoFavor
6 Huerta Ladrón de Guevara, Manuel RafaelFavor
7 López Cándido, José ArturoAusente
8 Martínez Santillán, María del CarmenFavor
9 Núñez Monreal, Magdalena del SocorroFavor
10 Orive Bellinger, AdolfoAusente
11 Ortiz Ahlf, LorettaFavor
12 Roblero Gordillo, Héctor HugoFavor
13 Romero Guzmán, Rosa EliaFavor
14 Torres Flores, AraceliFavor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 14
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Bribiesca Sahagún, FernandoFavor
2 Caamal Mena, José AngelinoAusente
3 Cerda Franco, María SanjuanaFavor
4 Félix Hays, Rubén BenjamínFavor
5 Fujiwara Montelongo, René RicardoFavor
6 Garfias Gutiérrez, LucilaAusente
7 González Roldán, Luis AntonioAusente
8 Olvera Barrios, CristinaFavor
9 Rincón Chanona, SoniaFavor
10 Talamante Lemas, Dora María GuadalupeFavor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 10
Del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria (en lo general y en particular los artículos no reservados)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abreu Artiñano, Rocío AdrianaFavor
2 Aceves y del Olmo, Carlos HumbertoAusente
3 Acosta Peña, Brasil AlbertoFavor
4 Anaya Gudiño, AlfredoAusente
5 Aguayo López, Miguel ÁngelFavor
6 Arroyo Ruiz, Alma JeannyAusente
7 Alcalá Padilla, LeobardoFavor
8 Aldana Prieto, Luis RicardoFavor
9 Allende Cano, Ana IsabelFavor
10 Alvarado Sánchez, Brenda María IzontliFavor
11 Astiazarán Gutiérrez, Antonio FranciscoFavor
12 Araujo de la Torre, Elsa PatriciaFavor
13 Arellano Guzmán, SalvadorAusente
14 Arroyo Vieyra, Francisco AgustínFavor
15 Añorve Baños, ManuelFavor
16 Athie Flores, KamelFavor
17 Ayala Robles Linares, FlorFavor
18 Badillo Ramírez, DaríoAusente
19 Barajas del Toro, SalvadorFavor
20 Barba Mariscal, Marco AntonioFavor
21 Barcenas Nieves, Delvim FabiolaFavor
22 Barrera Barrera, PetraAusente
23 Barrera Estrada, RodimiroFavor
24 Barrera Fortoul, LauraFavor
25 Barrueta Barón, NoéFavor
26 Bautista Villegas, OscarFavor
27 Beltrones Rivera, Manlio FabioAusente
28 Bernal Bolnik, Sue EllenFavor
29 Bernal Gutiérrez, Marco AntonioFavor
30 Berzunza Novelo, Landy MargaritaFavor
31 Bonilla Gómez, AdolfoFavor
32 Caballero Garza, BenitoFavor
33 Cabañas Aparicio, María EliaFavor
34 Calderón Ramírez, LeticiaFavor
35 Calzada Arroyo, Marco AntonioFavor
36 Campos Córdova, Lisandro ArístidesFavor
37 Cano Ayala, Ma. ElenaFavor
38 Cantú Segovia, EloyAusente
39 Carbajal Hernández, Juan ManuelFavor
40 Cárdenas Cantú, MiriamFavor
41 Cárdenas del Avellano, EnriqueFavor
42 Carreño Mijares, AngelinaFavor
43 Carreón Cervantes, VerónicaAusente
44 Castillo Rodríguez, MinervaAusente
45 Castillo Valdez, BenjamínAusente
46 Charleston Hernández, FernandoAusente
47 Chávez Dávalos, Sergio ArmandoAusente
48 Córdova Díaz, Luis ArmandoFavor
49 Córdova Morán, Frine SorayaFavor
50 Corona Nakamura, María del RocíoFavor
51 Corrales Corrales, Francisca ElenaFavor
52 Cruz Morales, MaricruzFavor
53 Curi Naime, AlbertoFavor
54 De la Cruz Requena, RosalbaFavor
55 De las Fuentes Hernández, Fernando DonatoFavor
56 Del Angel Acosta, JorgeFavor
57 Del Bosque Márquez, Juan IsidroFavor
58 Del Moral Vela, Paulina AlejandraFavor
59 Delgadillo González, ClaudiaAusente
60 Díaz Athié, Antonio de JesúsFavor
61 Díaz Palacios, Víctor EmanuelFavor
62 Doger Guerrero, José EnriqueAusente
63 Domínguez Zepeda, Pedro IgnacioFavor
64 Duarte Murillo, José IgnacioFavor
65 Escajeda Jiménez, José RubénFavor
66 Fernández Clamont, Francisco JavierFavor
67 Félix Chávez, FaustinoFavor
68 Flemate Ramírez, Julio CésarAusente
69 Flores Gómez, José Luis CruzFavor
70 Flores Méndez, José LuisFavor
71 Flores Sandoval, PatricioFavor
72 Flores Treviño, María de LourdesFavor
73 Fuentes Téllez, AdrianaFavor
74 Funes Velázquez, Erika YolandaFavor
75 Galindo Quiñones, Heriberto ManuelFavor
76 Galván Villanueva, Raúl SantosFavor
77 Gamboa Song, Lizbeth LoyAusente
78 Garay Cabada, MarinaFavor
79 García de la Cadena Romero, María del CarmenFavor
80 García Fernández, Maria de las NievesFavor
81 García García, HéctorAusente
82 García Hernández, JosefinaFavor
83 García Olmedo, María del RocíoFavor
84 Garza Moreno, María EstherFavor
85 Gauna Ruiz de León, Celia IsabelFavor
86 Gómez Carmona, Blanca EstelaFavor
87 Gómez Gómez, LuisFavor
88 Gómez Gómez, PedroFavor
89 Gómez Olguín, Roy ArgelFavor
90 Gómez Tueme, Amira GriceldaFavor
91 González Cruz, CristinaFavor
92 González Domínguez, IselaFavor
93 González Farías, Eligio CuitláhuacFavor
94 González Gómez, CeciliaAusente
95 González Martínez, Olivares IrazemaFavor
96 González Reséndiz, RafaelFavor
97 González Valdez, Marco AntonioFavor
98 González Vargas, FranciscoAusente
99 Grajales Palacios, FranciscoFavor
100 Gualito Castañeda, RosalbaAusente
101 Guerra Garza, AbelFavor
102 Guerrero López, Judit MagdalenaFavor
103 Guevara González, Javier FilibertoFavor
104 Gurrión Matías, SamuelFavor
105 Gutiérrez Álvarez, HarveyFavor
106 Gutiérrez de la Garza, Héctor HumbertoFavor
107 Gutiérrez Manrique, MarthaFavor
108 Hernández Burgos, GaudencioFavor
109 Hernández González, NoéFavor
110 Hernández Iñiguez, AdrianaFavor
111 Hernández Morales, Mirna EsmeraldaFavor
112 Hernández Tapia, Gerardo XavierFavor
113 Herrera Delgado, JorgeAusente
114 Huerta Rea, María de JesúsAusente
115 Inzunza Montoya, AlfonsoAusente
116 Juan Marcos, Issa SalomónFavor
117 King de la Rosa, RaymundoFavor
118 Liceaga Arteaga, Gerardo FranciscoFavor
119 López Alvarado, Jaime ChrisAusente
120 López Landero, TomásAusente
121 López Segura, María CarmenFavor
122 López Zavala, JavierFavor
123 Macías Sandoval, RaúlFavor
124 Madrid Tovilla, AreliAusente
125 Magaña Zepeda, María AngélicaFavor
126 Maldonado Hernández, Fernando AlfredoFavor
127 Márquez Martínez, José LuisAusente
128 Márquez Velasco, SilviaFavor
129 Martínez Cárdenas, Esther AngélicaFavor
130 Medina Fierro, RicardoFavor
131 Mejía García, LeticiaFavor
132 Mendoza Curiel, María LeticiaFavor
133 Mendoza Garza, JorgeFavor
134 Mercado Gallegos, Sonia CatalinaAusente
135 Mestas Gallardo, IgnacioFavor
136 Miranda Munive, EmilseAusente
137 Montano Guzmán, José AlejandroFavor
138 Montes Alvarado, AbrahamFavor
139 Morales Flores, JesúsFavor
140 Moreno Árcega, José IsidroFavor
141 Moreno Cárdenas, Rafael AlejandroAusente
142 Moreno Montoya, José PilarFavor
143 Muñiz Martínez, Dulce MaríaFavor
144 Muñoz Kapamas, Felipe de JesúsFavor
145 Murguía Lardizábal, Luis AlfredoFavor
146 Nava Gómez, José EverardoFavor
147 Navarrete Vital, María ConcepciónFavor
148 Navarro de Alva, César ReynaldoFavor
149 Niaves López, Ossiel OmarAusente
150 Núñez Sánchez, Gloria ElizabethAusente
151 Ochoa Gallegos, Williams OswaldoFavor
152 Ochoa González, ArnoldoFavor
153 Olvera Correa, LuisFavor
154 Ordaz Martínez, María del CarmenAusente
155 Ortega Pacheco, Guadalupe del SocorroFavor
156 Ortiz García, SalvadorFavor
157 Pacheco Rodríguez, Ricardo FidelFavor
158 Padilla Fierro, Román AlfredoFavor
159 Padilla Navarro, CesarioFavor
160 Pazzi Maza, Zita BeatrizFavor
161 Peña Recio, Patricia GuadalupeFavor
162 Pérez Anzueto, Hugo MauricioFavor
163 Pérez de Alba, José NoelFavor
164 Pérez Escalante, Elvia MaríaFavor
165 Ponce Orozco, NormaFavor
166 Quian Alcocer, Eduardo RománFavor
167 Quiñones Canales, Lourdes EulaliaFavor
168 Quintana León, Socorro de la LuzFavor
169 Rangel Espinosa, JoséAusente
170 Rangel Segovia, AlejandroFavor
171 Rellstab Carreto, TanyaFavor
172 Retamoza Vega, Patricia ElenaFavor
173 Robles Aguirre, Mayra KarinaFavor
174 Rocha Piedra, Juan ManuelFavor
175 Rodríguez Calderón, José AlbertoFavor
176 Rojo García de Alba, José AntonioFavor
177 Román Bojórquez, Jesús TolentinoFavor
178 Romero Valencia, SalvadorFavor
179 Rubio Lara, Blas RamónFavor
180 Ruiz Arriaga, GenaroFavor
181 Ruiz Gutiérrez, Adan DavidFavor
182 Ruiz Moronatti, RobertoFavor
183 Ruiz Sandoval, CristinaFavor
184 Sahui Rivero, MauricioFavor
185 Salgado Delgado, FernandoFavor
186 Salgado Peña, Abel OctavioFavor
187 Sámano Peralta, MiguelFavor
188 Sánchez Cruz, LeopoldoAusente
189 Sánchez Romero, CarlosFavor
190 Sánchez Santiago, María GuadalupeFavor
191 Schroeder Verdugo, María FernandaFavor
192 Sosa Altamira, William RenánFavor
193 Terán Guevara, María RebecaAusente
194 Terán Juárez, JorgeFavor
195 Treviño Cantú, JavierFavor
196 Treviño Villarreal, Pedro PabloFavor
197 Ugalde Alegría, Aurora DenisseAusente
198 Valanci Buzali, SimónFavor
199 Valdés Palazuelos, Jesús AntonioFavor
200 Vargas Vargas, Laura GuadalupeFavor
201 Vásquez Villanueva, Martín de JesúsFavor
202 Vázquez Saut, ReginaFavor
203 Vela Reyes, Marco AlonsoFavor
204 Velasco Orozco, Víctor HugoAusente
205 Velázquez Díaz, María GuadalupeFavor
206 Velázquez López, MirnaFavor
207 Velázquez Ramírez, Diana KarinaAusente
208 Velázquez Sánchez, MaricelaFavor
209 Villaseñor Gudiño, Blanca MaríaFavor
210 Villaseñor Vargas, María de la PalomaAusente
211 Vitela Rodríguez, Alma MarinaFavor
212 Zacarías Capuchino, DaríoFavor
213 Zamora Morales, FernandoFavor
214 Zepeda González, Francisco AlbertoFavor
Favor: 173
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 41
Total: 214
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Croda, RafaelAusente
2 Adame Alemán, Juan PabloFavor
3 Aguilar Rodríguez, Aurora de la LuzFavor
4 Aguilar Vega, MarcosAusente
5 Almaguer Torres, Felipe de JesúsFavor
6 Alonso Morelli, HumbertoFavor
7 Álvarez Tovar, Martha BereniceFavor
8 Anaya Llamas, José GuillermoFavor
9 Angulo Parra, Carlos FernandoFavor
10 Aquino Calvo, Juan JesúsFavor
11 Argüelles Loya, ConsueloAusente
12 Azuara Zúñiga, XavierFavor
13 Botello Montes, José AlfredoFavor
14 Bueno Torio, JuanFavor
15 Cáceres de la Fuente, Juan FranciscoFavor
16 Camarillo Ortega, RubénAusente
17 Cárdenas Guízar, Gabriel de JesúsFavor
18 Carreño Muro, GenaroFavor
19 Castaños Valenzuela, Carlos HumbertoFavor
20 Chan Lugo, Sergio AugustoFavor
21 Coronado Quintanilla, AlbertoFavor
22 Cortázar Lara, Gerardo MaximilianoFavor
23 Cortés Berumen, IsaíasAusente
24 Cruz Mendoza, EufrosinaAusente
25 Dávila Delgado, Mario AlbertoFavor
26 De la Rosa Anaya, AndrésFavor
27 De la Rosa Escalante, ArturoFavor
28 De León Pérez, María EugeniaFavor
29 Díaz Trujillo, AlbertoFavor
30 Pérez Gavilán, Rodolfo DoradorAusente
31 Flores Flores, Enrique AlejandroFavor
32 Fuentes Solís, Víctor OswaldoFavor
33 Galindo Delgado, David CuauhtémocFavor
34 García González, Carlos AlbertoFavor
35 García Ramírez, José GuadalupeFavor
36 García Rojas, Mariana DunyaskaFavor
37 Gastélum Buenrostro, Juan ManuelFavor
38 Gómez Ramírez, RaúlFavor
39 González Carrillo, AdrianaFavor
40 González Manríquez, Víctor RafaelFavor
41 González Morfín, JoséFavor
42 González Serna, José ÁngelFavor
43 Gordillo Castillo, Néstor OctavioFavor
44 Gúzman Cervantes, Carlos BernardoFavor
45 Heredia Lizárraga, Martín AlonsoFavor
46 Jiménez Castillo, BlancaFavor
47 Jiménez Cerrillo, RaquelFavor
48 Jiménez Esquivel, María TeresaFavor
49 Labastida Sotelo, KarinaFavor
50 Larrazabal Bretón, Fernando AlejandroFavor
51 Licea González, MargaritaFavor
52 Llanas Alba, José AlejandroAusente
53 López Birlain, Ana PaolaFavor
54 López Cisneros, José MartínFavor
55 López Landero, LeticiaAusente
56 López López, RaudelFavor
57 López Noriega, AlejandraAusente
58 Lorenzini Rangel, Julio CésarFavor
59 Lugo Barriga, PatriciaFavor
60 Micalco Méndez, Rafael AlejandroFavor
61 Mondragón González, María GuadalupeFavor
62 Morgan Navarrete, Tania MargaritaFavor
63 Muñoz Márquez, Juan CarlosAusente
64 Neblina Vega, HebertoFavor
65 Niño de Rivera Vela, Homero RicardoAusente
66 Oliveros Usabiaga, José LuisFavor
67 Orta Coronado, MarcelinaAusente
68 Ortiz Mantilla, María IsabelFavor
69 Othón Zayas, MáximoFavor
70 Oviedo Herrera, J. JesúsAusente
71 Pacheco Díaz, GermánFavor
72 Pantoja Hernández, LeslieFavor
73 Paz Alonzo, RaúlAusente
74 Pedraza Aguilera, Flor de MaríaFavor
75 Pelayo Covarrubias, FranciscoAusente
76 Peña Avilés, GerardoFavor
77 Pérez Camarena, Carmen LucíaFavor
78 Prieto Herrera, Humberto ArmandoAusente
79 Quintana Salinas, EstherFavor
80 Ramírez Diez Gutiérrez, María ConcepciónFavor
81 Ramírez Romero, Luis MiguelAusente
82 Reina Lizárraga, José EnriqueFavor
83 Reza Gallegos, Rocío EsmeraldaAusente
84 Ricalde Magaña, Alicia ConcepciónFavor
85 Rivadeneyra Hernández, AlfredoFavor
86 Rivera Villanueva, Erick MarteFavor
87 Robledo Leal, Ernesto AlfonsoFavor
88 Rodríguez Doval, FernandoAusente
89 Rodríguez Vallejo, Diego SinhueAusente
90 Romero Sevilla, LeonorFavor
91 Rosiñol Abreu, JorgeFavor
92 Sada Pérez, VerónicaFavor
93 Saldaña Hernández, MargaritaFavor
94 Salinas Garza, José ArturoAusente
95 Salinas Mendiola, GlafiroFavor
96 Sampayo Ortíz, Ramón AntonioFavor
97 Sánchez Ruiz, MarioFavor
98 Serralde Martínez, VíctorAusente
99 Sosa Govea, Martha LeticiaFavor
100 Sotomayor Chávez, Jorge FranciscoFavor
101 Torres Cofiño, Marcelo de JesúsFavor
102 Trejo Reyes, José IsabelFavor
103 Urciel Castañeda, María CeliaFavor
104 Uribe Padilla, Juan CarlosAusente
105 Valladares Couoh, Cinthya NoemíFavor
106 Vargas Martín del Campo, ElizabethAusente
107 Villalobos Seáñez, Jorge IvánAusente
108 Villarreal García, Luis AlbertoFavor
109 Villarreal García, RicardoFavor
110 Yamamoto Cázares, Beatriz EugeniaFavor
111 Yáñez Robles, Elizabeth OsweliaFavor
112 Zamora García, AlfredoAusente
113 Zavala Peniche, María BeatrizFavor
114 Zepeda Vidales, DamiánFavor
Favor: 87
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 27
Total: 114
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Alavez Ruiz, AleidaFavor
2 Algredo Jaramillo, EdilbertoFavor
3 Alonso Raya, Agustín MiguelFavor
4 Amaya Reyes, María de LourdesFavor
5 Antonio Altamirano, CarolFavor
6 Arias Pallares, Luis ManuelFavor
7 Ávila Pérez, José ÁngelFavor
8 Águila Torres, Claudia ElenaFavor
9 Aureoles Conejo, SilvanoFavor
10 Barrios Gómez Segués, AgustínFavor
11 Bautista Bravo, Alliet MarianaFavor
12 Bautista Cuevas, GloriaAusente
13 Bautista López, Victor ManuelFavor
14 Belaunzarán Méndez, FernandoFavor
15 Blanco Deaquino, SilvanoFavor
16 Bojórquez Javier, Claudia ElizabethFavor
17 Bonilla Jaime, JuanaFavor
18 Borges Pasos, Teresita de JesúsAusente
19 Brito Lara, TomásFavor
20 Carbajal González, AlejandroFavor
21 Carpinteyro Calderón, PurificaciónFavor
22 Carrillo Huerta, Mario MiguelFavor
23 Cedillo Hernández, ÁngelFavor
24 Ceseñas Chapa, María del SocorroFavor
25 Contreras Ceballos, ArmandoFavor
26 Copete Zapot, Yazmín de los ÁngelesFavor
27 Correa Acevedo, AbrahamAusente
28 Cruz Ramírez, ArturoFavor
29 Cuéllar Reyes, FernandoFavor
30 Cuevas Mena, Mario AlejandroFavor
31 De Jesús, Alejandro CarlosFavor
32 De la Rosa Peláez, Sebastián AlfonsoAusente
33 De la Vega Membrillo, Jorge FedericoFavor
34 Diego Cruz, EvaFavor
35 Duarte Ortuño, CatalinoFavor
36 Espinosa Cházaro, Luis Ángel XarielAusente
37 Esquivel Zalpa, José LuisFavor
38 Flores Aguayo, UrielFavor
39 Flores Salazar, Guadalupe SocorroFavor
40 Fócil Pérez, Juan ManuelFavor
41 García Conejo, AntonioAusente
42 García Medina, Amalia DoloresAusente
43 García Reyes, VerónicaFavor
44 Garza Ruvalcaba, MarceloFavor
45 Gaudiano Rovirosa, GerardoAusente
46 González Bautista, ValentínFavor
47 González Magallanes, Alfa ElianaFavor
48 Guzmán Díaz, Delfina ElizabethAusente
49 Jardines Fraire, JhonatanFavor
50 Jarquín, HugoAusente
51 Juárez Piña, Verónica BeatrizFavor
52 León Mendívil, José AntonioFavor
53 León Montero, Saraí LarisaFavor
54 López González, RobertoFavor
55 López Rosado, RobertoAusente
56 López Suárez, RobertoFavor
57 Luna Porquillo, RoxanaFavor
58 Maldonado Salgado, José ValentínAusente
59 Manriquez González, Víctor ManuelFavor
60 Martínez Rojas, Andrés EloyAusente
61 Medina Filigrana, Marcos RosendoAusente
62 Mejía Guardado, JulisaFavor
63 Méndez Martínez, Mario RafaelFavor
64 Merlín García, María del RosarioAusente
65 Mícher Camarena, Martha LucíaAusente
66 Miranda Salgado, MarinoFavor
67 Moctezuma Oviedo, María GuadalupeFavor
68 Mojica Morga, Teresa de JesúsAusente
69 Montalvo Hernández, RamónFavor
70 Morales López, Carlos AugustoAusente
71 Morales Vargas, Trinidad SecundinoFavor
72 Moreno Rivera, IsraelAusente
73 Moreno Rivera, Julio CésarFavor
74 Mota Ocampo, Gisela RaquelAusente
75 Muñoz Soria, José LuisFavor
76 Nájera Medina, Víctor ReymundoFavor
77 Navarrete Contreras, JoaquinaFavor
78 Nolasco Ramírez, YeseniaFavor
79 Orihuela García, JavierAusente
80 Porras Pérez, PedroFavor
81 Portillo Martínez, VicarioAusente
82 Posadas Hernández, DomitiloFavor
83 Quiroga Anguiano, KarenAusente
84 Reyes Gámiz, Roberto CarlosAusente
85 Reyes Montiel, Carla GuadalupeFavor
86 Rodríguez Montero, Francisco TomásFavor
87 Rosas Montero, Lizbeth EugeniaFavor
88 Salazar Trejo, JessicaFavor
89 Saldaña Fraire, GracielaAusente
90 Salgado Parra, JorgeAusente
91 Salinas Narváez, JavierAusente
92 Salinas Pérez, JosefinaFavor
93 Sánchez Camacho, AlejandroFavor
94 Sánchez Torres, GuillermoFavor
95 Sansores Sastré, AntonioFavor
96 Serrano Toledo, RosendoFavor
97 Tapia Fonllem, Margarita ElenaAusente
98 Tovar Aragón, CrystalFavor
99 Valles Sampedro, Lorenia IvethFavor
100 Vega Vázquez, José HumbertoAusente
101 Zárate Salgado, FernandoFavor
Favor: 72
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 29
Total: 101
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Acosta Montoya, RubénFavor
2 Astudillo Suárez, RicardoFavor
3 Aubry de Castro Palomino, EnriqueAusente
4 Camarena García, Felipe ArturoFavor
5 Castellanos Mijares, Carlos OctavioFavor
6 Cuéllar Steffan, AntonioFavor
7 Escobar y Vega, ArturoAusente
8 García de la Fuente, MónicaFavor
9 Garza Cadena, Ana LiliaAusente
10 González Luna Bueno, Federico JoséFavor
11 Guillén Guillén, Mario FranciscoAusente
12 López Moreno, Lourdes AdrianaFavor
13 Martel Cantú, Laura XimenaAusente
14 Medrano Galindo, GabrielaFavor
15 Narcia Álvarez, HéctorFavor
16 Núñez Aguilar, ErnestoFavor
17 Ochoa López, NaborFavor
18 Orozco Gómez, JavierFavor
19 Padilla Ramos, Carla AliciaAusente
20 Pariente Gavito, María del Rosario de FátimaFavor
21 Pérez Hernández, Rosa ElbaAusente
22 Pérez Tejada Padilla, DavidFavor
23 Romo Fonseca, Bárbara GabrielaFavor
24 Torres Mercado, TomásFavor
25 Villafuerte Trujillo, Amílcar AugustoFavor
26 Vital Vera, Martha EdithFavor
27 Zavaleta Salgado, RuthFavor
Favor: 20
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 27
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Alcalde Luján, Luisa MaríaFavor
2 Chávez Contreras, RodrigoFavor
3 Córdova Bernal, Martha BeatrizFavor
4 Coronato Rodríguez, José FranciscoFavor
5 Durazo Montaño, Francisco AlfonsoAusente
6 Gómez Pozos, MerilynFavor
7 Huidobro González, ZuleymaAusente
8 Hurtado Gallegos, José AntonioFavor
9 Jorrín Lozano, Victor ManuelFavor
10 Martínez Martínez, Juan LuisAusente
11 Mejía Berdeja, RicardoAusente
12 Méndez Denis, LorenaAusente
13 Monreal Ávila, RicardoAbstención
14 Romero Lozano, María FernandaFavor
15 Samperio Montaño, Juan IgnacioAusente
16 Soto Martínez, JoséFavor
17 Valencia Ramírez, Aída FabiolaAusente
18 Valle Magaña, José LuisFavor
19 Vargas Pérez, Nelly del CarmenFavor
20 Villanueva Albarrán, GerardoFavor
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 20
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Gil, LiliaFavor
2 Anaya Gutiérrez, AlbertoFavor
3 Benavides Castañeda, José AlbertoFavor
4 Bonilla Valdez, JaimeAusente
5 Cantú Garza, RicardoFavor
6 Huerta Ladrón de Guevara, Manuel RafaelFavor
7 López Cándido, José ArturoAusente
8 Martínez Santillán, María del CarmenFavor
9 Núñez Monreal, Magdalena del SocorroFavor
10 Orive Bellinger, AdolfoAusente
11 Ortiz Ahlf, LorettaFavor
12 Roblero Gordillo, Héctor HugoFavor
13 Romero Guzmán, Rosa EliaFavor
14 Torres Flores, AraceliFavor
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 14
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Bribiesca Sahagún, FernandoFavor
2 Caamal Mena, José AngelinoAusente
3 Cerda Franco, María SanjuanaFavor
4 Félix Hays, Rubén BenjamínFavor
5 Fujiwara Montelongo, René RicardoFavor
6 Garfias Gutiérrez, LucilaAusente
7 González Roldán, Luis AntonioAusente
8 Olvera Barrios, CristinaFavor
9 Rincón Chanona, SoniaFavor
10 Talamante Lemas, Dora María GuadalupeFavor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 10
Del dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 y adiciona un párrafo octavo al artículo 108 de la Ley Agraria (en lo particular el artículo 71, reservado, en sus términos)
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abreu Artiñano, Rocío AdrianaFavor
2 Aceves y del Olmo, Carlos HumbertoAusente
3 Acosta Peña, Brasil AlbertoFavor
4 Anaya Gudiño, AlfredoAusente
5 Aguayo López, Miguel ÁngelFavor
6 Arroyo Ruiz, Alma JeannyAusente
7 Alcalá Padilla, LeobardoFavor
8 Aldana Prieto, Luis RicardoFavor
9 Allende Cano, Ana IsabelFavor
10 Alvarado Sánchez, Brenda María IzontliFavor
11 Astiazarán Gutiérrez, Antonio FranciscoFavor
12 Araujo de la Torre, Elsa PatriciaFavor
13 Arellano Guzmán, SalvadorAusente
14 Arroyo Vieyra, Francisco AgustínFavor
15 Añorve Baños, ManuelFavor
16 Athie Flores, KamelFavor
17 Ayala Robles Linares, FlorFavor
18 Badillo Ramírez, DaríoAusente
19 Barajas del Toro, SalvadorFavor
20 Barba Mariscal, Marco AntonioFavor
21 Barcenas Nieves, Delvim FabiolaFavor
22 Barrera Barrera, PetraFavor
23 Barrera Estrada, RodimiroFavor
24 Barrera Fortoul, LauraAusente
25 Barrueta Barón, NoéFavor
26 Bautista Villegas, OscarFavor
27 Beltrones Rivera, Manlio FabioAusente
28 Bernal Bolnik, Sue EllenFavor
29 Bernal Gutiérrez, Marco AntonioFavor
30 Berzunza Novelo, Landy MargaritaFavor
31 Bonilla Gómez, AdolfoAusente
32 Caballero Garza, BenitoFavor
33 Cabañas Aparicio, María EliaFavor
34 Calderón Ramírez, LeticiaFavor
35 Calzada Arroyo, Marco AntonioFavor
36 Campos Córdova, Lisandro ArístidesFavor
37 Cano Ayala, Ma. ElenaFavor
38 Cantú Segovia, EloyAusente
39 Carbajal Hernández, Juan ManuelFavor
40 Cárdenas Cantú, MiriamFavor
41 Cárdenas del Avellano, EnriqueFavor
42 Carreño Mijares, AngelinaAusente
43 Carreón Cervantes, VerónicaAusente
44 Castillo Rodríguez, MinervaAusente
45 Castillo Valdez, BenjamínFavor
46 Charleston Hernández, FernandoAusente
47 Chávez Dávalos, Sergio ArmandoAusente
48 Córdova Díaz, Luis ArmandoFavor
49 Córdova Morán, Frine SorayaFavor
50 Corona Nakamura, María del RocíoFavor
51 Corrales Corrales, Francisca ElenaFavor
52 Cruz Morales, MaricruzFavor
53 Curi Naime, AlbertoFavor
54 De la Cruz Requena, RosalbaFavor
55 De las Fuentes Hernández, Fernando DonatoFavor
56 Del Angel Acosta, JorgeFavor
57 Del Bosque Márquez, Juan IsidroFavor
58 Del Moral Vela, Paulina AlejandraFavor
59 Delgadillo González, ClaudiaAusente
60 Díaz Athié, Antonio de JesúsFavor
61 Díaz Palacios, Víctor EmanuelFavor
62 Doger Guerrero, José EnriqueFavor
63 Domínguez Zepeda, Pedro IgnacioFavor
64 Duarte Murillo, José IgnacioFavor
65 Escajeda Jiménez, José RubénFavor
66 Fernández Clamont, Francisco JavierFavor
67 Félix Chávez, FaustinoFavor
68 Flemate Ramírez, Julio CésarFavor
69 Flores Gómez, José Luis CruzFavor
70 Flores Méndez, José LuisFavor
71 Flores Sandoval, PatricioFavor
72 Flores Treviño, María de LourdesFavor
73 Fuentes Téllez, AdrianaFavor
74 Funes Velázquez, Erika YolandaFavor
75 Galindo Quiñones, Heriberto ManuelFavor
76 Galván Villanueva, Raúl SantosFavor
77 Gamboa Song, Lizbeth LoyAusente
78 Garay Cabada, MarinaFavor
79 García de la Cadena Romero, María del CarmenFavor
80 García Fernández, Maria de las NievesFavor
81 García García, HéctorAusente
82 García Hernández, JosefinaFavor
83 García Olmedo, María del RocíoFavor
84 Garza Moreno, María EstherFavor
85 Gauna Ruiz de León, Celia IsabelFavor
86 Gómez Carmona, Blanca EstelaFavor
87 Gómez Gómez, LuisFavor
88 Gómez Gómez, PedroFavor
89 Gómez Olguín, Roy ArgelFavor
90 Gómez Tueme, Amira GriceldaFavor
91 González Cruz, CristinaFavor
92 González Domínguez, IselaFavor
93 González Farías, Eligio CuitláhuacFavor
94 González Gómez, CeciliaAusente
95 González Martínez, Olivares IrazemaFavor
96 González Reséndiz, RafaelFavor
97 González Valdez, Marco AntonioFavor
98 González Vargas, FranciscoAusente
99 Grajales Palacios, FranciscoFavor
100 Gualito Castañeda, RosalbaFavor
101 Guerra Garza, AbelFavor
102 Guerrero López, Judit MagdalenaFavor
103 Guevara González, Javier FilibertoFavor
104 Gurrión Matías, SamuelFavor
105 Gutiérrez Álvarez, HarveyFavor
106 Gutiérrez de la Garza, Héctor HumbertoFavor
107 Gutiérrez Manrique, MarthaFavor
108 Hernández Burgos, GaudencioFavor
109 Hernández González, NoéFavor
110 Hernández Iñiguez, AdrianaFavor
111 Hernández Morales, Mirna EsmeraldaFavor
112 Hernández Tapia, Gerardo XavierFavor
113 Herrera Delgado, JorgeAusente
114 Huerta Rea, María de JesúsAusente
115 Inzunza Montoya, AlfonsoAusente
116 Juan Marcos, Issa SalomónFavor
117 King de la Rosa, RaymundoAusente
118 Liceaga Arteaga, Gerardo FranciscoFavor
119 López Alvarado, Jaime ChrisAusente
120 López Landero, TomásAusente
121 López Segura, María CarmenFavor
122 López Zavala, JavierFavor
123 Macías Sandoval, RaúlFavor
124 Madrid Tovilla, AreliAusente
125 Magaña Zepeda, María AngélicaFavor
126 Maldonado Hernández, Fernando AlfredoFavor
127 Márquez Martínez, José LuisAusente
128 Márquez Velasco, SilviaFavor
129 Martínez Cárdenas, Esther AngélicaFavor
130 Medina Fierro, RicardoFavor
131 Mejía García, LeticiaFavor
132 Mendoza Curiel, María LeticiaFavor
133 Mendoza Garza, JorgeFavor
134 Mercado Gallegos, Sonia CatalinaAusente
135 Mestas Gallardo, IgnacioFavor
136 Miranda Munive, EmilseAusente
137 Montano Guzmán, José AlejandroFavor
138 Montes Alvarado, AbrahamFavor
139 Morales Flores, JesúsFavor
140 Moreno Árcega, José IsidroFavor
141 Moreno Cárdenas, Rafael AlejandroAusente
142 Moreno Montoya, José PilarFavor
143 Muñiz Martínez, Dulce MaríaFavor
144 Muñoz Kapamas, Felipe de JesúsFavor
145 Murguía Lardizábal, Luis AlfredoFavor
146 Nava Gómez, José EverardoAusente
147 Navarrete Vital, María ConcepciónFavor
148 Navarro de Alva, César ReynaldoFavor
149 Niaves López, Ossiel OmarAusente
150 Núñez Sánchez, Gloria ElizabethAusente
151 Ochoa Gallegos, Williams OswaldoFavor
152 Ochoa González, ArnoldoFavor
153 Olvera Correa, LuisFavor
154 Ordaz Martínez, María del CarmenAusente
155 Ortega Pacheco, Guadalupe del SocorroFavor
156 Ortiz García, SalvadorFavor
157 Pacheco Rodríguez, Ricardo FidelFavor
158 Padilla Fierro, Román AlfredoFavor
159 Padilla Navarro, CesarioFavor
160 Pazzi Maza, Zita BeatrizFavor
161 Peña Recio, Patricia GuadalupeFavor
162 Pérez Anzueto, Hugo MauricioFavor
163 Pérez de Alba, José NoelFavor
164 Pérez Escalante, Elvia MaríaFavor
165 Ponce Orozco, NormaFavor
166 Quian Alcocer, Eduardo RománFavor
167 Quiñones Canales, Lourdes EulaliaAusente
168 Quintana León, Socorro de la LuzFavor
169 Rangel Espinosa, JoséAusente
170 Rangel Segovia, AlejandroFavor
171 Rellstab Carreto, TanyaFavor
172 Retamoza Vega, Patricia ElenaFavor
173 Robles Aguirre, Mayra KarinaAusente
174 Rocha Piedra, Juan ManuelFavor
175 Rodríguez Calderón, José AlbertoFavor
176 Rojo García de Alba, José AntonioFavor
177 Román Bojórquez, Jesús TolentinoFavor
178 Romero Valencia, SalvadorAusente
179 Rubio Lara, Blas RamónFavor
180 Ruiz Arriaga, GenaroFavor
181 Ruiz Gutiérrez, Adan DavidFavor
182 Ruiz Moronatti, RobertoFavor
183 Ruiz Sandoval, CristinaFavor
184 Sahui Rivero, MauricioFavor
185 Salgado Delgado, FernandoFavor
186 Salgado Peña, Abel OctavioFavor
187 Sámano Peralta, MiguelFavor
188 Sánchez Cruz, LeopoldoAusente
189 Sánchez Romero, CarlosFavor
190 Sánchez Santiago, María GuadalupeAusente
191 Schroeder Verdugo, María FernandaAusente
192 Sosa Altamira, William RenánFavor
193 Terán Guevara, María RebecaAusente
194 Terán Juárez, JorgeFavor
195 Treviño Cantú, JavierFavor
196 Treviño Villarreal, Pedro PabloFavor
197 Ugalde Alegría, Aurora DenisseFavor
198 Valanci Buzali, SimónAusente
199 Valdés Palazuelos, Jesús AntonioFavor
200 Vargas Vargas, Laura GuadalupeFavor
201 Vásquez Villanueva, Martín de JesúsFavor
202 Vázquez Saut, ReginaFavor
203 Vela Reyes, Marco AlonsoFavor
204 Velasco Orozco, Víctor HugoAusente
205 Velázquez Díaz, María GuadalupeFavor
206 Velázquez López, MirnaFavor
207 Velázquez Ramírez, Diana KarinaAusente
208 Velázquez Sánchez, MaricelaFavor
209 Villaseñor Gudiño, Blanca MaríaFavor
210 Villaseñor Vargas, María de la PalomaAusente
211 Vitela Rodríguez, Alma MarinaFavor
212 Zacarías Capuchino, DaríoFavor
213 Zamora Morales, FernandoFavor
214 Zepeda González, Francisco AlbertoFavor
Favor: 168
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 214
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Croda, RafaelAusente
2 Adame Alemán, Juan PabloFavor
3 Aguilar Rodríguez, Aurora de la LuzFavor
4 Aguilar Vega, MarcosAusente
5 Almaguer Torres, Felipe de JesúsFavor
6 Alonso Morelli, HumbertoFavor
7 Álvarez Tovar, Martha BereniceFavor
8 Anaya Llamas, José GuillermoFavor
9 Angulo Parra, Carlos FernandoFavor
10 Aquino Calvo, Juan JesúsFavor
11 Argüelles Loya, ConsueloAusente
12 Azuara Zúñiga, XavierFavor
13 Botello Montes, José AlfredoFavor
14 Bueno Torio, JuanFavor
15 Cáceres de la Fuente, Juan FranciscoFavor
16 Camarillo Ortega, RubénAusente
17 Cárdenas Guízar, Gabriel de JesúsFavor
18 Carreño Muro, GenaroFavor
19 Castaños Valenzuela, Carlos HumbertoFavor
20 Chan Lugo, Sergio AugustoFavor
21 Coronado Quintanilla, AlbertoFavor
22 Cortázar Lara, Gerardo MaximilianoFavor
23 Cortés Berumen, IsaíasAusente
24 Cruz Mendoza, EufrosinaAusente
25 Dávila Delgado, Mario AlbertoFavor
26 De la Rosa Anaya, AndrésFavor
27 De la Rosa Escalante, ArturoFavor
28 De León Pérez, María EugeniaFavor
29 Díaz Trujillo, AlbertoFavor
30 Pérez Gavilán, Rodolfo DoradorAusente
31 Flores Flores, Enrique AlejandroFavor
32 Fuentes Solís, Víctor OswaldoFavor
33 Galindo Delgado, David CuauhtémocFavor
34 García González, Carlos AlbertoFavor
35 García Ramírez, José GuadalupeFavor
36 García Rojas, Mariana DunyaskaFavor
37 Gastélum Buenrostro, Juan ManuelFavor
38 Gómez Ramírez, RaúlFavor
39 González Carrillo, AdrianaFavor
40 González Manríquez, Víctor RafaelFavor
41 González Morfín, JoséFavor
42 González Serna, José ÁngelFavor
43 Gordillo Castillo, Néstor OctavioFavor
44 Gúzman Cervantes, Carlos BernardoFavor
45 Heredia Lizárraga, Martín AlonsoFavor
46 Jiménez Castillo, BlancaFavor
47 Jiménez Cerrillo, RaquelFavor
48 Jiménez Esquivel, María TeresaFavor
49 Labastida Sotelo, KarinaFavor
50 Larrazabal Bretón, Fernando AlejandroFavor
51 Licea González, MargaritaFavor
52 Llanas Alba, José AlejandroAusente
53 López Birlain, Ana PaolaFavor
54 López Cisneros, José MartínFavor
55 López Landero, LeticiaAusente
56 López López, RaudelFavor
57 López Noriega, AlejandraAusente
58 Lorenzini Rangel, Julio CésarFavor
59 Lugo Barriga, PatriciaFavor
60 Micalco Méndez, Rafael AlejandroFavor
61 Mondragón González, María GuadalupeFavor
62 Morgan Navarrete, Tania MargaritaFavor
63 Muñoz Márquez, Juan CarlosAusente
64 Neblina Vega, HebertoFavor
65 Niño de Rivera Vela, Homero RicardoAusente
66 Oliveros Usabiaga, José LuisAusente
67 Orta Coronado, MarcelinaAusente
68 Ortiz Mantilla, María IsabelFavor
69 Othón Zayas, MáximoFavor
70 Oviedo Herrera, J. JesúsAusente
71 Pacheco Díaz, GermánFavor
72 Pantoja Hernández, LeslieFavor
73 Paz Alonzo, RaúlAusente
74 Pedraza Aguilera, Flor de MaríaFavor
75 Pelayo Covarrubias, FranciscoAusente
76 Peña Avilés, GerardoFavor
77 Pérez Camarena, Carmen LucíaFavor
78 Prieto Herrera, Humberto ArmandoAusente
79 Quintana Salinas, EstherFavor
80 Ramírez Diez Gutiérrez, María ConcepciónFavor
81 Ramírez Romero, Luis MiguelAusente
82 Reina Lizárraga, José EnriqueFavor
83 Reza Gallegos, Rocío EsmeraldaAusente
84 Ricalde Magaña, Alicia ConcepciónFavor
85 Rivadeneyra Hernández, AlfredoFavor
86 Rivera Villanueva, Erick MarteFavor
87 Robledo Leal, Ernesto AlfonsoFavor
88 Rodríguez Doval, FernandoAusente
89 Rodríguez Vallejo, Diego SinhueAusente
90 Romero Sevilla, LeonorFavor
91 Rosiñol Abreu, JorgeFavor
92 Sada Pérez, VerónicaFavor
93 Saldaña Hernández, MargaritaFavor
94 Salinas Garza, José ArturoAusente
95 Salinas Mendiola, GlafiroFavor
96 Sampayo Ortíz, Ramón AntonioFavor
97 Sánchez Ruiz, MarioAusente
98 Serralde Martínez, VíctorAusente
99 Sosa Govea, Martha LeticiaFavor
100 Sotomayor Chávez, Jorge FranciscoFavor
101 Torres Cofiño, Marcelo de JesúsFavor
102 Trejo Reyes, José IsabelFavor
103 Urciel Castañeda, María CeliaFavor
104 Uribe Padilla, Juan CarlosAusente
105 Valladares Couoh, Cinthya NoemíFavor
106 Vargas Martín del Campo, ElizabethAusente
107 Villalobos Seáñez, Jorge IvánAusente
108 Villarreal García, Luis AlbertoFavor
109 Villarreal García, RicardoFavor
110 Yamamoto Cázares, Beatriz EugeniaFavor
111 Yáñez Robles, Elizabeth OsweliaFavor
112 Zamora García, AlfredoAusente
113 Zavala Peniche, María BeatrizFavor
114 Zepeda Vidales, DamiánFavor
Favor: 85
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 29
Total: 114
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Alavez Ruiz, AleidaAusente
2 Algredo Jaramillo, EdilbertoFavor
3 Alonso Raya, Agustín MiguelFavor
4 Amaya Reyes, María de LourdesFavor
5 Antonio Altamirano, CarolFavor
6 Arias Pallares, Luis ManuelAusente
7 Ávila Pérez, José ÁngelFavor
8 Águila Torres, Claudia ElenaFavor
9 Aureoles Conejo, SilvanoAusente
10 Barrios Gómez Segués, AgustínFavor
11 Bautista Bravo, Alliet MarianaFavor
12 Bautista Cuevas, GloriaAusente
13 Bautista López, Victor ManuelAbstención
14 Belaunzarán Méndez, FernandoFavor
15 Blanco Deaquino, SilvanoFavor
16 Bojórquez Javier, Claudia ElizabethFavor
17 Bonilla Jaime, JuanaFavor
18 Borges Pasos, Teresita de JesúsAusente
19 Brito Lara, TomásFavor
20 Carbajal González, AlejandroFavor
21 Carpinteyro Calderón, PurificaciónFavor
22 Carrillo Huerta, Mario MiguelFavor
23 Cedillo Hernández, ÁngelFavor
24 Ceseñas Chapa, María del SocorroFavor
25 Contreras Ceballos, ArmandoAbstención
26 Copete Zapot, Yazmín de los ÁngelesFavor
27 Correa Acevedo, AbrahamAusente
28 Cruz Ramírez, ArturoFavor
29 Cuéllar Reyes, FernandoFavor
30 Cuevas Mena, Mario AlejandroFavor
31 De Jesús, Alejandro CarlosFavor
32 De la Rosa Peláez, Sebastián AlfonsoAusente
33 De la Vega Membrillo, Jorge FedericoFavor
34 Diego Cruz, EvaFavor
35 Duarte Ortuño, CatalinoFavor
36 Espinosa Cházaro, Luis Ángel XarielAusente
37 Esquivel Zalpa, José LuisFavor
38 Flores Aguayo, UrielFavor
39 Flores Salazar, Guadalupe SocorroFavor
40 Fócil Pérez, Juan ManuelFavor
41 García Conejo, AntonioAusente
42 García Medina, Amalia DoloresAusente
43 García Reyes, VerónicaFavor
44 Garza Ruvalcaba, MarceloFavor
45 Gaudiano Rovirosa, GerardoAusente
46 González Bautista, ValentínAusente
47 González Magallanes, Alfa ElianaFavor
48 Guzmán Díaz, Delfina ElizabethAusente
49 Jardines Fraire, JhonatanFavor
50 Jarquín, HugoAusente
51 Juárez Piña, Verónica BeatrizFavor
52 León Mendívil, José AntonioFavor
53 León Montero, Saraí LarisaAusente
54 López González, RobertoFavor
55 López Rosado, RobertoAusente
56 López Suárez, RobertoFavor
57 Luna Porquillo, RoxanaFavor
58 Maldonado Salgado, José ValentínAusente
59 Manriquez González, Víctor ManuelFavor
60 Martínez Rojas, Andrés EloyAusente
61 Medina Filigrana, Marcos RosendoAusente
62 Mejía Guardado, JulisaFavor
63 Méndez Martínez, Mario RafaelFavor
64 Merlín García, María del RosarioAusente
65 Mícher Camarena, Martha LucíaAusente
66 Miranda Salgado, MarinoFavor
67 Moctezuma Oviedo, María GuadalupeFavor
68 Mojica Morga, Teresa de JesúsAusente
69 Montalvo Hernández, RamónFavor
70 Morales López, Carlos AugustoAusente
71 Morales Vargas, Trinidad SecundinoFavor
72 Moreno Rivera, IsraelAusente
73 Moreno Rivera, Julio CésarAusente
74 Mota Ocampo, Gisela RaquelAusente
75 Muñoz Soria, José LuisFavor
76 Nájera Medina, Víctor ReymundoFavor
77 Navarrete Contreras, JoaquinaFavor
78 Nolasco Ramírez, YeseniaFavor
79 Orihuela García, JavierFavor
80 Porras Pérez, PedroFavor
81 Portillo Martínez, VicarioAusente
82 Posadas Hernández, DomitiloFavor
83 Quiroga Anguiano, KarenAusente
84 Reyes Gámiz, Roberto CarlosAusente
85 Reyes Montiel, Carla GuadalupeFavor
86 Rodríguez Montero, Francisco TomásFavor
87 Rosas Montero, Lizbeth EugeniaAusente
88 Salazar Trejo, JessicaFavor
89 Saldaña Fraire, GracielaAusente
90 Salgado Parra, JorgeAusente
91 Salinas Narváez, JavierAusente
92 Salinas Pérez, JosefinaFavor
93 Sánchez Camacho, AlejandroFavor
94 Sánchez Torres, GuillermoFavor
95 Sansores Sastré, AntonioFavor
96 Serrano Toledo, RosendoFavor
97 Tapia Fonllem, Margarita ElenaFavor
98 Tovar Aragón, CrystalFavor
99 Valles Sampedro, Lorenia IvethFavor
100 Vega Vázquez, José HumbertoAusente
101 Zárate Salgado, FernandoFavor
Favor: 65
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 34
Total: 101
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Acosta Montoya, RubénAusente
2 Astudillo Suárez, RicardoFavor
3 Aubry de Castro Palomino, EnriqueAusente
4 Camarena García, Felipe ArturoFavor
5 Castellanos Mijares, Carlos OctavioFavor
6 Cuéllar Steffan, AntonioFavor
7 Escobar y Vega, ArturoAusente
8 García de la Fuente, MónicaFavor
9 Garza Cadena, Ana LiliaAusente
10 González Luna Bueno, Federico JoséFavor
11 Guillén Guillén, Mario FranciscoAusente
12 López Moreno, Lourdes AdrianaFavor
13 Martel Cantú, Laura XimenaAusente
14 Medrano Galindo, GabrielaAusente
15 Narcia Álvarez, HéctorFavor
16 Núñez Aguilar, ErnestoFavor
17 Ochoa López, NaborAusente
18 Orozco Gómez, JavierFavor
19 Padilla Ramos, Carla AliciaAusente
20 Pariente Gavito, María del Rosario de FátimaFavor
21 Pérez Hernández, Rosa ElbaAusente
22 Pérez Tejada Padilla, DavidFavor
23 Romo Fonseca, Bárbara GabrielaFavor
24 Torres Mercado, TomásFavor
25 Villafuerte Trujillo, Amílcar AugustoAusente
26 Vital Vera, Martha EdithAusente
27 Zavaleta Salgado, RuthFavor
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 12
Total: 27
MOVIMIENTO CIUDADANO
1 Alcalde Luján, Luisa MaríaContra
2 Chávez Contreras, RodrigoFavor
3 Córdova Bernal, Martha BeatrizContra
4 Coronato Rodríguez, José FranciscoContra
5 Durazo Montaño, Francisco AlfonsoAusente
6 Gómez Pozos, MerilynContra
7 Huidobro González, ZuleymaContra
8 Hurtado Gallegos, José AntonioAbstención
9 Jorrín Lozano, Victor ManuelAbstención
10 Martínez Martínez, Juan LuisAusente
11 Mejía Berdeja, RicardoContra
12 Méndez Denis, LorenaContra
13 Monreal Ávila, RicardoContra
14 Romero Lozano, María FernandaContra
15 Samperio Montaño, Juan IgnacioAusente
16 Soto Martínez, JoséFavor
17 Valencia Ramírez, Aída FabiolaAusente
18 Valle Magaña, José LuisContra
19 Vargas Pérez, Nelly del CarmenFavor
20 Villanueva Albarrán, GerardoFavor
Favor: 4
Contra: 10
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 20
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Gil, LiliaAusente
2 Anaya Gutiérrez, AlbertoContra
3 Benavides Castañeda, José AlbertoAusente
4 Bonilla Valdez, JaimeAusente
5 Cantú Garza, RicardoContra
6 Huerta Ladrón de Guevara, Manuel RafaelContra
7 López Cándido, José ArturoAusente
8 Martínez Santillán, María del CarmenContra
9 Núñez Monreal, Magdalena del SocorroContra
10 Orive Bellinger, AdolfoAusente
11 Ortiz Ahlf, LorettaContra
12 Roblero Gordillo, Héctor HugoFavor
13 Romero Guzmán, Rosa EliaContra
14 Torres Flores, AraceliFavor
Favor: 2
Contra: 7
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 14
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Bribiesca Sahagún, FernandoFavor
2 Caamal Mena, José AngelinoAusente
3 Cerda Franco, María SanjuanaFavor
4 Félix Hays, Rubén BenjamínFavor
5 Fujiwara Montelongo, René RicardoFavor
6 Garfias Gutiérrez, LucilaAusente
7 González Roldán, Luis AntonioFavor
8 Olvera Barrios, CristinaFavor
9 Rincón Chanona, SoniaFavor
10 Talamante Lemas, Dora María GuadalupeFavor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 10