INICIATIVA Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 16 de octubre de 2014, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados (*)

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a la iniciativa con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 16 de octubre de 2014 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los órganos directivos del IMSS, a fin de implantar un programa de modernización y especialización de las unidades de medicina familiar (clínicas del IMSS), en el estado de Baja California, a cargo del diputado Benjamin Castillo Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SCT, se intensifiquen las campañas de difusión en relación al proceso de transición digital terrestre, asimismo, para que se difundan los avances de dicho proceso, así como de la entrega de televisores que corresponden a dicha transición, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Bansefi, para que difunda en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado para atender las observaciones de la auditoría financiera sobre el aprovechamiento de infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y comunicaciones, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, relativo a las tarifas eléctricas preferenciales en el estado de Tabasco, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California, a fin de que evite la destrucción del parque Benito Juárez, en Tijuana, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, para que establezca una estrategia para la provisión de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en localidades indígenas y acelerar las inversiones en la materia, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedatu, para que a través de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra y en coordinación con las diversas autoridades del estado de San Luis Potosí, se fortalezcan los programas y acciones de regulación de los diversos asentamientos humanos irregulares en los 58 municipios de esa entidad, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedena, para que difunda en su portal oficial de internet las acciones que ha realizado para atender las observaciones de la ASF, relativas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Chihuahua, emprenda las acciones necesarias para dar atención a los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Guachochi, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, para que desarrolle un monitoreo permanente en toda área del país, en la cual tenga presencia la nueva División de Gendarmería de la Policía Federal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a dependencias de los tres niveles de gobierno, a fin de establecer mesas de trabajo interinstitucional, para realizar proyectos ambientales viables y aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos, en la zona donde se estableció la planta recicladora Bicentenario, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a fin de implementar un programa que permita la regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados o importados en el territorio mexicano, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de la SE, dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 20 y 35 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a la PGJ del estado de Puebla, así como a la CNDH, a investigar y esclarecer la posible violación a diversos derechos humanos cometidos en contra de diversos activistas sociales afectados y opositores a la construcción del proyecto Plaza de las Siete Culturas en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, suscrito por la diputada Roxana Luna Porquillo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.»

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Lucila Garfias Gutiérrez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo infantil, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México el trabajo infantil es un fenómeno que aún sigue perjudicando a un grupo importante de menores en situación de vulnerabilidad, extendiéndose a lo largo de todo el territorio, lo que dificulta su descenso y erradicación fácilmente, sin embargo, sabemos que es una problemática que afecta directamente en su estudio, salud, alimentación y el sano esparcimiento, además de que viola gravemente sus derechos constitucionales y el interés superior de la infancia, esto es, de las niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, nuestro país cuenta con “estrategias en el marco de la política para contribuir a la erradicación del trabajo infantil”, además del propio marco jurídico laboral regulatorio. No obstante, estas medidas implementadas no han sido suficientes.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que en el 2011 había 40 millones de niñas, niños y adolescentes en el país, de los cuales, tres millones 35,466 infantes de 5 a 17 años realizaban alguna actividad económica.

Estos datos son una clara muestra que indica la inserción de niñas y niños al mercado laboral a una edad muy temprana, aun cuando la propia ley lo prohíbe; ya que, tres de cada 10 infantes que trabajan tienen entre 5 a 13 años de edady el resto son adolescentes de 14 a 17 años; esdecir, el 3% de la población infantil que trabaja no tiene acceso a las garantías, ni derechos establecidos en la ley laboral,que los proteja en su condición de trabajadores con edad no suficiente, evitando la violación a sus derechos fundamentales, su explotación, criminalización, humillación, y discriminación.

Aunado a lo anterior, en el país también existe otro problema para los infantes que trabajan desde la informalidad; debido a que en éste ambiente se carece completamente de protección y cuidado; generando mayores escenarios de violencia, humillación y peligro para estos menores, que, por necesidad realizan alguna actividad laboral en este sector de la economía mexicana.

Trabajo informal, que tiende en su mayor proporción a concretarse en las calles y espacios públicos (vendedores de diversos artículos), o desde unidades económicas o negocios familiares, prestación de servicios, en el comercio, trabajo en mercados, central de abasto, igualmente cuando fungen como niños acompañantes de los adultos que trabajan, son vulnerables a sufrir algún peligro o abuso.Asimismo, se observan menores realizando actividades de servicios personales y mendicidad, por lo que existen una gran variedad de trabajo que se involucra en la informalidad.

Ante esta situación, México es considerado como uno de los países de mayor pobreza laboral y con más alta tasa de empleo informal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); al respecto es necesario mencionar que tan sólo en el 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó por primera vez los resultados sobre la “Medición de la Economía Informal 2003-2012, Base 2008”, los cuales señalan que el 25% del PIB mexicano surgió de la economía informal y el 60% de la población ocupada se ubicó allí: con 31 millones de personas.

Asimismo, el otro 75.0% restante del PIB se genera en el sector formal con 40.2% de la población ocupada formal. Es decir que por cada 100 pesos generados de PIB del país, 75 pesos lo generan el 40% de ocupados formales, mientras que 25 pesos los generan el 60% de ocupados en informalidad.

Y de ese 25% del PIB aportado por los agentes económicos informales, el 11% proviene de los micro negocios o changarros de todo tipo y el 14% restante proviene de la laboriosidad individual que se distribuye entre “otras modalidades de la informalidad”: trabajadores no remunerados, trabajadores por cuenta propia, empleadores y trabajadores subordinados y remunerados quienes no cuentan con el amparo del marco legal e institucional (seguridad social, prestaciones sociales y todos aquellos derechos marcados por la LFT), que afecta en mayor proporción a menores de edad que trabajan en estos entornos.

De tal forma, que en el marco de la economía formal e informal, se concentra la posibilidad de contar con las peores formas de trabajo; que deben ser evitadas. Respecto a la economía formal se advierte que el 43.8% del total de población infantil ocupada no percibe ingreso alguno por el trabajo que realizan; y en la segunda modalidad se presentan indicadores de abusos, explotación y humillación que dañan su infancia y adolescencia en la mayoría de las ocasiones sin percibir para sí el ingreso de sus laborales.

En la actualidad, el trabajo infantil es visto como algo cotidiano en la sociedad mexicana, claro ejemplo es el aumento considerable que este fenómeno sufre durante los periodos vacacionales, con una mayor proporción en las calles de menores que aprovechan este espacio para adquirir un beneficio o cubrir una necesidad que les ha sido negada, en lugar de enfocarse en actividades recreativas u culturales, debido a las carencias que padecen.

En este entendido, el Módulo de Trabajo Infantil 2011, señala que el 29.5% de las niñas, niños y adolescentes ocupados realiza actividades agropecuarias, un 11.9% se dedica a la industria manufacturera, un 4.8% a la construcción, el 25.5 % al comercio y el 26. 7 a servicios.

Ante este panorama que refleja la fehaciente realidad de los infantes que trabajan, se torna prudente y necesario reforzar nuestro marco jurídico en materia laboral infantil, a fin de mejorar el cuidado, protección y vigilancia de niñas, niños y adolescentes trabajadores, con la finalidad de evitar la exclusión de cualquier menor de edad que por necesidad realice o efectúe una actividad económica laboral, propiciando que se le brinde atención y cuidado especial como infantes trabajadores.

Por los motivos antes expuestos presento la siguiente iniciativa con el objetivo de garantizar la atención, protección y vigilancia de menores para trabajar, que practican alguna actividad económica; y de niñas, niños y adolescentes que trabajan en la informalidad, supuesto este último no previsto en la ley, permitiendo la debida procuración de sus derechos, regidos por el interés superior de la niñez y las demás prerrogativas que amparen su condición.

Argumentación

En México, el fenómeno del trabajo infantil está regulado constitucionalmente en el artículo 123; y es plasmado en la Ley Federal del Trabajo en los artículos 22, 22 Bis, 23,29, 173 a 180, 191, 267, 343-C fracción IX, 372 fracción I, 541 fracción I, 691, 988, 995. Sin embargo, a pesar de dicha normatividad, existen lagunas jurídicas, que han permitido el aumento de menores de edad en esta condición, debido a la desatención de niñas, niños y adolescentes trabajadores que practican alguna actividad económica; pero que por su condición de edad, o ámbito o sector económico en el que se desempeñan, han sido excluidos en la ley laboral, evitando la protección y cuidado.

De tal manera, que los problemas del trabajo infantil han sido propiciados por la falta de esta certeza jurídica, que avale y reconozca plenamente su condición, aunque la propia LFT mencione en su numeral 8º, quese entiende por trabajo “toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de protección técnica requerido por cada profesión u oficio”, de tal modo que si nos abocamos a este precepto.

De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño, la edad en la que se requiere de mayor seguridad, protección y asesoramiento es, entre los 6 y los 8 años que se presenta una etapa de significativa transición en los niños; tratándose de una de las transiciones más importantes, que puede tener mayores secuelas a futuro si no es manejada de la manera más apropiada por el Estado.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a las niñas y niños que trabajan como aquellos que lo hacen por debajo de la edad mínima legal para trabajar o porque aun habiendo alcanzado esa edad realizan actividades que suponen una amenaza para la salud, la seguridad o el desarrollo moral.

En contraste con estas dos definiciones señaladas; en nuestro país se observa la falta de estos elementos en la ley y la protección de menores trabajadoresse extiende sólo hacia aquellos que figuran dentro de la edad permitida, visualizados a través de los siguientes elementos:

a) Armonización legislativa y atención a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativas a la edad mínima de admisión al empleo contenida en el artículo 2.3 del Convenio 138 de la OIT (15 años), con la iniciativa del Presidente de la República, que presentó a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el pasado 12 de junio de 2013, que reforma al artículo 123, Apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar la edad mínima de admisión al empleo de catorce a quince años.

b)Fortalecimiento de la función inspectiva de jurisdicción federal, mediante el incremento de servidores públicos inspectores, a fin de desarrollar metodologías de identificación y retiro del trabajo infantil en los centros de trabajo y la canalización de la atención de presuntos delitos cometidos a menores de edad, para ello, se elaboró el Protocolo de inspección en materia de trabajo infantil y protección al trabajo adolescente permitido.

c) Se distribuyóa través de las Delegaciones Federales del Trabajo en las 32 entidades federativas el listado de Trabajos Peligrosos e Insalubres prohibidos para Menores Trabajadores en edad permitida a través de la Carta de derechos humanos y laborales para menores trabajadores en edad permitida.

Siendo escazas las medidas hasta ahora contenidas en nuestros marcos jurídicos y políticas públicas para combatir esta problemática, es que se torna fundamental la procuración de protección de los menores trabajadores con mecanismos de defensa que garanticen su seguridad; siendo indispensable eliminar la presencia de niñas, niños y adolescentes en lugares peligrosos, con actividades de riesgo, largas horas en ayuno y donde muchos de ellos presentan indicadores de abuso de poder, explotación, maltrato o discriminación.

A fin de eliminar los posibles efectos perjudiciales en la seguridad, la salud y el desarrollo moral de niñas, niños y adolescentes, todo trabajo infantil deberá ser evitado; sobre todo cuando las condiciones que desempeñen dificultan su acceso a la escuela, la salud y la alimentación, o que simplemente afecten en su desarrollo físico, moral y psicológico.

Los datos más recientes del Inegi indican que el trabajo infantil perjudica el aprendizaje, por lo que un 39.1% de total de las niñas, niños y adolescentes que trabajan no asiste a la escuela y el 45.6% combina el trabajo y las actividades escolares con quehaceres domésticos. Además, del total de los adolescentes de 14 a 17 años que trabaja, el 51.1% no asiste a la escuela; y 6.7% de los adolescentes ocupados de dichas edades no ha concluido la primaria y uno de cada 100 no tiene instrucción.

Así mismo, el 29.8% de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años ocupados declaro? que si dejara de trabajar, no tendría dinero para sus estudios, vestido y/o diversión; 18.6% no aprendería un oficio, lo que le haría irresponsable, mientras que 2.8% reporto? que en caso de no trabajar podría volver a la escuela o a los quehaceres del hogar.

Los datos mencionados demuestran cómo el trabajo infantil, es un gran problema que debe contar con una mayor tutela, que asegure el interés superior de la niñez, y que contemple a todas las niñas, niños y adolescentes que estén inmersos en esta situación, sin distinción de edad, sexo y condición de actividad practicada, evitandodescuido y abandono.

Es indispensable considerar que niñas, niños y adolescentes que trabajan sin vigilancia ni protección, son propensos a recibir agresiones, burlas, tratos diferenciados por ser menores de edad por autoridades municipales, funcionarios u policías, siendo más susceptibles y vulnerables, motivo por el cual, la presente iniciativa tiene como objetivo asegurar la debida protección, regulación, cuidado y asesoramiento especial, para toda la niñez que forma parte del trabajo infantil y realizan diferentes actividades laborales.

Buscando garantizar la protección, supervisión especial infantil, respetando el ejercicio pleno de sus derechos, con el propósito de forjar mecanismos para niñas, niños y adolescentes que trabajan, sin derechos laborales y se encuentran a la sombra de la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, en materia de trabajo infantil

Único.Se adicionan dos párrafos al artículo 22 Bis; se reforma la fracción I del artículo 5; el artículo 22; los párrafos primero y tercero del artículo 22 Bis; el párrafo primero del artículo 23; el párrafo primero del artículo 173; el artículo 174; el párrafo primero y los incisos b) y c) del artículo 175 Bis; el numeral 6 del inciso primero de la Base Primera y la Base Primera del artículo 176; el artículo 362 y 995 ; todos de la Ley Federal de Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. Trabajos para menores de quince años

IV...

XII...

Artículo 22. Queda prohibid o en todo el paísla utilización del trabajo de los menoresde quince años ; y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación obligatoria, o que dicho trabajo implique un riesgo o peligro en su persona,salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Artículo 22 Bis. Cuando las autoridades del trabajodetecten trabajando a unmenorde quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus labores.Al patrón o personaque incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley.

En caso de que el menorno estuviere devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias.

Se entenderá por círculo familiar a los parientes de l menor de quince años,por consanguinidad, ascendiente o colateral; hasta el segundo grado.

Los menores de dieciocho años que por sus condiciones de vulnerabilidad tengan la necesidad de realizar alguna actividad laboral o económica en el sector formal o informal, contarán con vigilancia, supervisión, asesoramiento y cuidado especial mediante programas de asistencia para garantizar su integridad, seguridad y el respeto a los derechos estipulados en ésta ley y los tratados internacionales aplicables en la materia.

Todo menor de edad que realice alguna actividad laboral o económica, detectado por las autoridades del trabajo deberá recibir un trato digno, respetuoso y amable, garantizando siempre el interior superior de la niñez.

Artículo 23. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de quince y menores de dieciocho necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política.

Artículo 174. Los mayores de quince y menores de dieciocho años, independientemente de contar con la autorización de Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

Artículo 175 Bis. Para los efectos de este capítulo, no se considerará trabajo las actividades que bajo la supervisión, el cuidado y la responsabilidad de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, realicen los menores de quinceaños relacionadas con la creación artística, el desarrollo científico, deportivo o de talento, la ejecución musical o la interpretación artística en cualquiera de sus manifestaciones, cuando se sujeten a las siguientes reglas:

a)...

b) Las actividades que realice el menor de quince añosno podrán interferir con su educación, esparcimiento y recreación en los términos que establezca el derecho aplicable, tampoco implicarán riesgo para su integridad o salud y en todo caso, incentivarán el desarrollo de sus habilidades y talentos; y

c) Las contraprestaciones que reciba el menorpor las actividades que realice, nunca serán menores a las que por concepto de salario recibiría un mayor de quince y menor de dieciséis años.

Artículo 176. Para los efectos del artículo 175, además de lo que dispongan las Leyes, reglamentos y normas aplicables, se considerarán como labores peligrosas , de riesgo o insalubres, las siguientes:

A. Tratándose de menores de quincea dieciochoaños de edad, aquellos que impliquen:

I. Exposición a:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

II. Labores:

1. ...

2. Q ue realicen bajo tierra, bajo el agua,en alturas o espacios confinados;

3. En las cuales se operen equipos y procesos críticos donde se manejen sustancias químicas peligrosas que puedan ocasionar accidentes mayores , o maquinaria y herramientas peligrosas, que conllevan su manipulación o el transporte manual de cargas pesadas;

4. ...

5.

6. En vialidades con amplio y bajo volumen de tránsito vehicular (vías primarias y secundarias)

7...

8...

9. En donde los menores queden expuestos a abusos de orden físico, psicológico o sexual;

a) Cualquier forma de esclavitud o prácticas análogas a ella, como la venta de y trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de menores en grupos delictivos o pertenecientes al narcotráfico;

c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, así como el reclutamiento forzoso u obligatorio de menores en grupos delictivos o pertenecientes al narcotráfico, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes;

Artículo 362.Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de quinceaños.

Artículo 995. Al patrón o las personas que viole n las prohibiciones contenidas en el artículo 133 fracciones XIV y XV, y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de menores se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2500 veces el salario mínimo general.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Meta Nacional IV. México Próspero. Objetivo 4.3. Promover el empleo de calidad. Estrategia 4.3.2. Promover el trabajo digno y decente, se busca instrumentar diversas líneas de acción, entre otras, “...iii) Contribuir a la erradicación del trabajo infantil”. Fuente: http://www.stps.gob.mx/ bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/inclusion_laboral/igualdad_la boral/archivos/130212%20Pol%C3%ADtica%20TI%20%20INTERNET%20Menores%20%20y%20Jor n.pdf

2 Módulo de Trabajo Infantil MTI 2011, Escuela Nacional y Ocupación de Empleo, Consultado en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ resultados_mti11.pdf.

3 Estadística apropósito del día mundial contra el trabajo infantil, INEGI, 12 de junio del 2013. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas /2013/Infantil0.pdf

4 Medición de la economía informal, 2003-2012, base 2008. Boletín de prensa Núm. 306/14, 30 de julio del 2014. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comun icados/Especiales/2014/julio/comunica4.pdf

5 Ibídem.

6 Módulo de Trabajo Infantil, 2011 (MTI 2011). “Posición en la ocupación”, diapositiva 27. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/resultados_mti11.pdf

7 Ibídem.

8 Política para la prevención del trabajo infantil y la protección de menores trabajadores en edad permitida, http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/areas_atencion/areas_atencion/inclus ion_laboral/igualdad_laboral/archivos/130212%20Pol%C3%ADtica%20TI%20%20INTERNET %20Menores%20%20y%20Jorn.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de octubre 2014.— Diputada Lucila Garfias Gutiérrez.»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

IMPLANTAR PROGRAMA DE MODERNIZACION Y ESPECIALIZACION DE LAS UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de los órganos directivos del IMSS a implantar un programa de modernización y especialización en las clínicas de Baja California, a cargo del diputado Benjamín Castillo Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Benjamín Castillo Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, apartado 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo para hacer un respetuoso exhorto al director general y a los órganos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar acciones administrativas y destinar recursos para implantar un programa de modernización y establecer los servicios de especialidades médicas en las clínicas a cargo del IMSS para beneficio de la población del área rural de Baja California. Asimismo, se cuente con el abasto de medicamentos, insumos, equipamiento médico y laboratorios de análisis clínicos básicos en las unidades médicas, todo ello con base en la aplicación del derecho a la protección de la salud y al acceso a los servicios de calidad para los habitantes del estado, con base en las siguientes

Consideraciones

En el país, el acceso a los servicios de salud es un derecho consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, es obligación del Estado procurar y garantizar el acceso a dichos servicios para toda la sociedad.

El IMSS forma parte del sistema nacional de salud y desde su creación, en 1943, se encarga de dotar de servicios de salud y seguridad social a sus derechohabientes. Hoy cuenta con más de 16 millones de asegurados en todo el país; por tanto, es una institución fundamental para todos los mexicanos.

Cuenta con amplia infraestructura de hospitales, clínicas, centros médicos y de investigación que de manera integral atienden a sus asegurados.

Sin embargo, la prestación de servicios no es homogénea para toda la población y existen localidades a lo largo del país, que no tienen acceso a servicios de especialidades y por consecuencia para acceder a ello, tienen que trasladarse de su comunidad a ciudades y poblaciones que por su concentración demográfica cuentan con unidades médicas y hospitales con ese tipo de atención.

Como diputado federal, durante los recorridos por las poblaciones y comunidades del estado, los habitantes me han manifestado en múltiples ocasiones la necesidad de dotar a las clínicas del IMSS de la zona rural de medicamentos, insumos, equipamiento médico, laboratorios de análisis clínicos para la detección oportuna de enfermedades y, en especial demandan ampliar los servicios de atención médica, esto es, contar con áreas de servicios de salud especializadas.

Con esas acciones se evitará la pérdida de vidas durante los traslados a la ciudad para ser atendidos en hospitales que sí cuentan con estos servicios. El enfermo tiene que realizar un recorrido que va de una a dos horas; aunado a esto, muchas veces las ambulancias que prestan el servicio de urgencias, carecen de equipo básico para la atención de primeros auxilios y en el peor de los casos el paciente y sus familiares se las tiene que arreglar para trasladarse por sus medios.

Por ello es necesario exhortar a las autoridades del IMSS a atender en el ámbito de su competencia esta problemática y cumplir así la meta nacional de un México Incluyente, señalada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que es garantizar los derechos sociales de todos, entre ellos brindar la protección a la salud.

Para que la población en el medio rural acceda a servicios de salud con calidad, habrá que hacer un diagnóstico del actual funcionamiento de las clínicas rurales que, con más de cinco décadas de operación, reflejan el deterioro de su infraestructura y la obsolescencia de su equipo médico, además de la falta de insumos, unidades de traslado y, sobre todo la inexistencia de unidades médicas o clínicas con especialidades básicas como cardiología, endocrinología, psiquiatría, pediatría, odontología, ginecología, obstetricia, entre otras.

Todo ello ha dado como consecuencia que en los últimos años la población del medio rural en Baja California no cuente una verdadera protección social en salud, generando lamentables pérdidas humanas.

No están en duda la labor del IMSS ni la capacidad de sus trabajadores. El problema recae en que la red de clínicas del IMSS necesita ser fortalecida a partir de la implantación de proyectos de modernización que doten a las unidades médicas de mejores servicios en las comunidades rurales del estado.

Esas acciones beneficiarán también a las unidades médicas de las ciudades, desahogando la concentración de derechohabientes, mejorando la prestación de servicios y la relación médico-paciente.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director general y a los órganos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social a implantar con el carácter de urgente un programa de modernización y especialización de las unidades de medicina familiar (clínicas) en Baja California, a fin de destinar e invertir recursos para garantizar el abasto de medicamentos, insumos, equipamiento médico y dotar de servicios de especialidad en cada clínica de la zona rural.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputado Benjamín Castillo Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LA TRANSMISION DIGITAL TERRESTRE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intensificar por la SCT las campañas informativas sobre el proceso de transición digital terrestre, y difundir tanto los avances de éste como de la entrega de los televisores correspondientes, a cargo del diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Andrés de la Rosa Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se intensifiquen las campañas de difusión relativas al proceso de transición digital terrestre, e informe a la opinión pública de los avances de dicho proceso, así como de la entrega de televisores que corresponden a dicha transición, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con la aprobación de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) el decimonoveno transitorio establece que la transición digital terrestre culminará para nuestro país el 31 de diciembre de 2015.

La actual ley determina que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, implementará los programas y acciones vinculados con la política de transición a la televisión digital terrestre, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores.

Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir la transmisión de señales analógicas de televisión radiodifundida en todo el país, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, una vez que se alcance un nivel de penetración de noventa por ciento de hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión radiodifundida.

De igual forma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá concluir las señales analógicas de televisión radiodifundida anticipadamente al 31 de diciembre de 2015, por área de cobertura de dichas señales, una vez que se alcance, en el área que corresponda, el nivel de penetración ya referido.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizarán campañas de difusión para la entrega o distribución de televisores y para la conclusión de la transmisión de señales analógicas de televisión, respectivamente.

No obstante lo anterior, ha sido evidente la falta o casi nula información hacia los ciudadanos acerca de cómo se habrá de desarrollar este proceso, ante qué autoridad podrán acudir para informarse de lo relativo a esta transición y de quiénes serán beneficiados con la entrega de televisores digitales, por lo que se torna urgente conocer la información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o de quien corresponda, respecto a los avances de este proceso.

Es más imperioso aún conocer toda la información del proceso de transición, dados los referentes negativos que existen como fue el caso del municipio de Tijuana, en donde prevaleció la desorganización, el desorden y por tanto la inconformidad de los ciudadanos.

Consideramos que el proceso de transición a la televisión digital terrestre no ha sido eficaz en la atención a los ciudadanos, debido a que no se han cuidado los procesos como es el caso de la logística, la cobertura, la entrega, los términos legales y las condiciones socio-económicas de las personas que son candidatos a adquirir los televisores.

Cabe destacar que el costo de la transición a la televisión digital terrestre es de 26 mil millones de pesos en el que se repartirán 13.8 millones de televisores, pero en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 sólo se aprobaron 10 mil millones, por lo que no hay suficiencia y transparencia en la utilización de los recursos para la transición a la televisión digital terrestre.

Está por llevarse a cabo el apagón analógico en diversas ciudades del país hacia fines de este año, como es el caso de Mexicali, Baja California, y a la fecha no ha habido ninguna campaña de información y difusión del proceso de transición que le permita a los ciudadanos estar informados de ello y por tanto, saber a dónde acudir para que quienes puedan tener derecho a la entrega de televisores los puedan recibir, aún más cuando se escucha que en el mes de octubre de este año en esa ciudad se entregarán televisores por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y me parece que esto no sólo es privativo de Mexicali, sino que pareciera que en las restantes ciudades sujetas al proceso para este año, están en las mismas circunstancias: este proceso no debe desarrollarse en la opacidad, debe ser claro, transparente y abierto a los ciudadanos que serán los beneficiados o los afectados dependiendo de cómo se realice.

Por otra parte, vemos con preocupación que el 13 de mayo de este año, se publicó el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en el Diario Oficial de la Federación, y revisando la publicación se identifica que en las fechas para la entrega de televisores se considera a 58.8 por ciento de los beneficiarios de la zona centro, la cual se empalma con las elecciones intermedias que realizarán en 2015.

La entrega de televisores está por iniciarse en la región centro, sin embargo en algunos municipios se disputarán alcaldías y diputaciones en los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, y el Distrito Federal; en Michoacán y Guerrero estará habrá elección de gobernador.

Esta situación puede afectar los procesos electorales, debido a que la entrega de televisores digitales se puede tornar en un factor que incida en las elecciones que se realizarán en 2015.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que se intensifiquen las campañas de difusión relativas a la entrega de televisores que corresponden a la transición hacia la televisión digital terrestre.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que se informe a la opinión pública, en un plazo no mayor a 30 días, del proceso de entrega de televisores digitales, así como la información relativa a los padrones de personas que se harán acreedoras a este beneficio en Mexicali y en las restantes ciudades en las que se dará el apagón analógico en este año, así como los criterios para la inclusión de beneficiarios en los referidos padrones.

Tercero. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que presente en un plazo no mayor a 30 días, un informe a la opinión pública de los avances que tiene hasta este momento el programa de trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

Cuarto. Se solicita al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que modifique el calendario de entrega de televisores digitales, para no interferir con los procesos electorales programados para 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputado Andrés de la Rosa Anaya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

BANSEFI DIFUNDA EN SU PORTAL DE INTERNET

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del Bansefi a difundir en el portal oficial de internet las acciones realizadas para atender las observaciones de la auditoría financiera sobre el aprovechamiento de infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y comunicaciones, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados, José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

1. Las organizaciones en su proceso de administración y gestión deben buscar la eficiencia en el manejo de la información y esto sólo será posible utilizando adecuadamente las TIC. Éstas se conforman por un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, para su uso eficiente debe asegurarse:

• Mantener la información con un alto nivel de calidad para soportar las decisiones.

• Generar valor a la organización a través de las inversiones en las TIC.

• Lograr la excelencia operativa aplicando la tecnología de manera confiable y eficiente.

• Mantener los riesgos relacionados con las TIC en un nivel aceptable.

• Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de las TIC.

• Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos contractuales y políticas relevantes.

2. La operación de una institución bancaria (como es el caso del Bansefi), por la responsabilidad en el manejo de recursos de terceros, así como las medidas de seguridad que deben cumplir sus operaciones, deben estar automatizadas.

3. El Bansefi ha tenido una evolución importante en las operaciones que las autoridades financieras del país le han asignado, si bien, ha crecido en el volumen de transacciones, también en el esquema de inversiones para sistematizar sus procesos; de enero de 2003 a julio de 2013 el Bansefi ha invertido 3,084.3 millones de pesos en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas.

4. Pese a lo anterior, en el ejercicio de los recursos la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha detectado observaciones, mismas que se muestran a continuación:

Consideraciones

I. En la revisión de la Cuenta Pública de 2012, mediante la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-2-06HJO-02-1184, al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., correspondiente al “Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las TIC”, la Auditoría Superior de la Federación emitió Dictamen Negativo; toda vez que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (Bansefi), no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, donde destacan los resultados siguientes:

a)De los contratos de desarrollo de sistemas y auditoría a los sistemas informáticos se han pagado 17.5 millones de pesos que representan el 34.9% de la muestra auditada, los cuales no han sido implementados por lo que no generan beneficios a la institución;

b)El avance del cumplimiento del MAAGTIC-SI informado por la Dirección General Adjunta de Tecnología fue 100.0% y lo reportado por el OIC el 100.0%, la evaluación determinó el 30.4%;

c)Se carece de un sistema de gestión de seguridad de la información;

d)Los controles requeridos para la consistencia y trazabilidad de los datos son deficientes para constatar la validez de las bases de datos de clientes, domicilios, depósitos y préstamos.

II. De los hallazgos encontrados, la AuditoríaSuperior de la Federación determinórecuperaciones probables por 17.5 millones de pesos.

III. Asimismo, la ASF determinó 11 observaciones las cuales generaron: 4 Recomendaciones, 8 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 4 Pliegos de Observaciones.

IV. Respecto a lo anterior, se detecta que de las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se identifica que no se han aclarado ni recuperado los 17.5 millones de pesos, de los cuales se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal y faltan de atender 8 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 4 pliegos de observaciones, mismas que se describen a continuación:

V. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

VI. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

VII. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX ,indica quela información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información deutilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito que sea aprobado de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, ciudadano Jorge Estefan Chidiac, a que derivado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-2-06HJO-02-1184, concerniente al “Aprovechamiento de Infraestructura y Servicios de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones”, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las observaciones que refieren principalmente a 17.5 millones de pesos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, como recuperaciones probables, correspondientes a los sistemas informáticos, mismos que no se han implementado, por lo que no generan beneficios a la institución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

TARIFAS ELECTRICAS PREFERENCIALES EN EL ESTADO DE TABASCO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las tarifas eléctricas preferenciales en Tabasco, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Nelly del Carmen Vargas Pérez, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En Tabasco, de acuerdo con las cifras presentadas por la Comisión Federal Electricidad (CFE) y por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), de los 676 mil 983 usuarios de electricidad, incluyendo hogares, comercio e industria, más de 400 mil presentan adeudos a la paraestatal.

Lo anterior indica que el 60 por ciento de los tabasqueños que consumen electricidad no tienen sus recibos de luz al día, muchos de ellos como parte de un movimiento que se inició hace 16 años para oponerse a tarifas que consideran impagables para la población de bajos ingresos.

Cabe señalar que pese a la firma del Acuerdo Solidario Compensatorio por Tabasco en 2007, las personas que no pagan a la CFE se han incrementado de manera considerable: con base en datos de la paraestatal, en el año 2010, unos 413 mil 918 morosos debían 2 mil 187 millones 547 mil 678 pesos; en 2011, 423 mil 639 usuarios adeudaban 2 mil 758 millones 800 mil pesos; y a marzo de 2012 458 mil 258 personas debían 4 mil 936 millones 580 mil 455 pesos, por lo que podemos inferir que en el 2013 las cifras aumentaron, con lo cual se corre el riesgo de caer en una situación de no pago generalizado.

Las tarifas eléctricas en Tabasco son elevadas debido, en gran medida, a las temperaturas extremas que en la entidad se registran, es por ello que la aplicación de tarifas preferenciales resulta un tema de suma importancia.

Hace un par de años, José Adrián Carbajal, investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, analizó la situación y concluyó que es posible hacer una estimación de la cantidad de energía correspondiente al monto del adeudo.

Tomando como precio, con subsidio incluido, 1.7 pesos por kilowatt hora (KW/h) se tiene que la deuda es equivalente a aproximadamente 2 mil 903 millones de KW/h. Tabasco contribuye a la energía del país aportando su petróleo y gas, y es posible establecer una equivalencia energética entre la electricidad (en KWh) y el petróleo, esto es, un barril de petróleo equivale a 1 mil 700 KWh. Así, la deuda energética de Tabasco equivale a 1 millones 707 mil 647 barriles de petróleo.

Ahora bien, si Tabasco produjo en 2012, 516 mil barriles diarios, entonces la deuda corresponde a poco más de 3 días de producción petrolera en el estado; con base en esto, se podría argumentar que la equivalencia energética no es realista, debido a que los costos finales en el mercado de cada uno de ellas son diferentes.

En dinero, cotizando el barril de petróleo en un promedio de 102 dólares por unidad y el precio del dólar en 13 pesos, la producción petrolera de Tabasco representa un ingreso de 684 mil 216 millones de pesos diarios, lo que significa que la deuda a la CFE puede ser cubierta con la producción petrolera en 7 días. En otras palabras, la energía consumida por medio millón de tabasqueños en aproximadamente 10 años, se paga en una semana.

Por lo argumentado, queda claro, además de la magnitud de la explotación de los recursos naturales, que la decisión de dicho pago y de la reducción de las tarifas para el caso de Tabasco es una decisión de índole política.

Las elevadas tarifas eléctricas no permiten el desarrollo industrial del estado, poniéndolo en una desventaja competitiva con el resto del país y del mundo, aunado a que esto se ha convertido en un conflicto para los sectores productivos y la población en general, quienes desde hace varios años solicitan una solución definitiva al alto cobro de la luz.

Aunque en el estado el factor humedad produce mayor calor, en los tabuladores de tarifas eléctricas no se refleja como determinante de un precio justo y preferencial, como sí se presenta en otras entidades con condiciones climáticas incluso menos extremas.

Entre las zonas que cuentan con tarifas preferenciales sobresalen: la región de Baja California, la noreste, la norte y la noroeste; en las cuales resulta mucho más caro trasladar la electricidad, debido a que se encuentran muy alejadas de las principales hidroeléctricas que la generan en el país.

Esto último representa una razón más para aplicar un precio favorecedor para el consumidor en el estado de Tabasco, ya que numerosas presas hidroeléctricas, como Peñitas, Malpaso, Chicoasén y La Angostura, se encuentran a unos cuantos kilómetros de la entidad.

Por ello, proponemos que se promueva ante las instancias competentes, la reclasificación de una tarifa acorde a la realidad climática del estado, cumpliendo así la promesa del Ejecutivo federal, el cual se comprometió a bajar el costo de la luz en su campaña hacia la Presidencia.

Dar solución a este conflicto pasa necesariamente por la reasignación de tarifas eléctricas justas y por la renegociación de la deuda. La federación debe proponer esquemas de pago que otorguen facilidades a los usuarios, a través de reducciones de la deuda y plazos que permitan abonar periódicamente los recursos.

Por lo anteriormente expuesto, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, para que establezca la aplicación de tarifas preferenciales en el consumo de energía eléctrica en el estado de Tabasco, considerando como uno de los elementos esenciales el factor humedad.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una reestructuración de las tarifas eléctricas en el estado de Tabasco, que considere al factor humedad como un elemento esencial en la fijación de precios.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para establecer una restructuración de la deuda que enfrentan los usuarios de electricidad en el estado de Tabasco, que incluya un esquema de pago en el que se otorguen facilidades a los consumidores y en el que se incentive una cultura de pago puntual, a través de un programa en el que se reduzca un mes de adeudo, por cada recibo pagado en tiempo y forma.

Notas:

1 http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Disposiciones-complementarias .aspx

2 http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerdos-que-autorizan-o-modi fican-tarifas.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.—Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EVITAR LA DESTRUCCION DEL PARQUE BENITO JUAREZ, EN TIJUANA BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California a evitar la destrucción del parque Benito Juárez, en Tijuana, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, integrante de la LXII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Generalmente, cuando hablamos del ambiente pensamos en espacios prístinos, naturales, en los que no se ha dado la intervención humana, o ésta ha sido muy limitada, pero el ambiente no sólo se refiere a estos espacios naturales, sino que los espacios artificiales creados por el ser humano, en los que vivimos, nos desenvolvemos y pasmaos nuestras vidas, son también pate importante de él, como acertadamente señala el primer numeral de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, documento resultantes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, acontecida en Estocolmo, Suecia, en 1972.

Dicha conferencia, auspiciada por Naciones Unidas, fue el evento que convirtió al medio ambiente en un tema de relevancia a nivel internacional, en el que participaron gran parte de las naciones que forman la ONU, y surge por la presión ejercida por las sociedades de varios países sobre la degradación del ambiente natural y lo inhumana que se estaba tornando la vida en las ciudades debido a los problemas relacionados con un ambiente urbano nocivo para la salud física y psicológica.

Al respecto, el mencionado numeral 1 de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano dice:

1. El hombre es a la vez obra y artífice del ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta se ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea. Los dos aspectos del ambiente humano, el natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales,incluso el derecho a la vida misma.

Desde que inicia el movimiento ambientalista a escala mundial, como una obligación que la sociedad impone a sus respectivos gobiernos, el tema del ambiente artificial ha sido parte de este movimiento y el reclamo de que éste sea acorde con el bienestar humano ha sido parte significativa de él. Además, como podemos observar en el numeral citado, el tema del ambiente forma parte del catálogo de los derechos humanos.

El derecho a un ambiente sano es reconocido en el título primero, capítulo I, “De los derechos humanos y sus garantías”, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), cuyo artículo 4o., párrafo, señala:

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto de este derecho. El daño y deterioro ambiental generarán responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley.

Otro ordenamiento que es parte de nuestro acervo jurídico de normas vigente, referentes al derecho humano y el ambiente, lo encontramos en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), aprobado por el Senado el 12 de diciembre de 1995 y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1 de noviembre de 1998.

El artículo 11 de este instrumento ordena a los Estados parte proteger y mejorar el ambiente, tanto el natural como el artificial:

Artículo 11. Derecho a un ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente.

Con lo escrito en los párrafos precedentes queda claro que el derecho al ambiente sano es un derecho humano, tutelado por el derecho interno y el internacional reconocido y vinculante para México.

Si recordamos, la Carta Magna ordena en el tercer párrafo del artículo 1o. a todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias a proteger todos los derechos humanos:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Es de señalarse, como lo hace el párrafo citado del artículo 1o. de la CPEUM, que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos.

Lo anterior significa entre otras cosas re decir que no se puede establecer una jerarquía entre estos derechos y que están interrelacionados, ya que la violación de uno de ellos conlleva a la violación de otros, por ejemplo, el derecho al agua en cantidad y calidad suficiente está relacionado con el derecho a la vida y a la salud, de tal forma que como consecuencia de no respetarse el primero, los otros dos también serán violentados.

Los parques y las áreas verdes de una ciudad contribuyen a respetar el derecho a un ambiente sano y por lo mismo al respeto a otros derechos, como es el derecho a la salud, tanto en su faceta física como psicológica, ya que la cobertura de zonas verdes en la ciudad es de gran importancia para mantener una buena calidad de vida.

Las plazas, los jardines, los parques o los bosques urbanos desempeñan un papel fundamental en el medio ambiente y la biodiversidad de la ciudad, además de ser espacios para el paseo, el relajamiento o el ocio, a nivel de ordenación del territorio forman parte de su estructura, y simbolizan un ambiente de ciudad equilibrada, donde la edificación se amortigua con los espacios naturales.

Por lo anterior, los espacios verdes son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) imprescindibles por los beneficios que reportan en nuestro bienestar físico y emocional contribuyendo a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, haciéndolas más habitables y saludables.

Según recomendaciones de la OMS, las ciudades deben disponer, como mínimo, de entre 10 y 15 metros cuadrados de área verde por habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población.

En el caso de Tijuana, la recomendación de la OMS está muy lejos de observarse, está ciudad fronteriza cuenta con menos de 1 por ciento de áreas verdes que recomienda la norma internacional, y aunque existen planes para revertir esta situación, aún falta mucho para alcanzar un mejor estándar.

Todo lo expuesto en el presente punto de acuerdo viene a colación porque en Tijuana, Baja California, capital del estado, entre el edificio del ayuntamiento y el palacio de gobierno del estado, se forma el parque Benito Juárez, una de las pocas áreas verdes de carácter público con las que cuenta la ciudad.

Sobre el área de este parque se pretende construir una mega obra con varias zonas concesionadas a la iniciativa privada, con lo cual se perderá uno de los pocos parques con los que se cuentan y un espacio público pasará a ser de acceso restringido para gran parte de la población.

Como hemos mencionado, el derecho a un ambiente urbano sano es un derecho humano, de tal forma que al suprimirse el parque Benito Juárez, se violentará entre otros este derecho, con consecuencias para la salud física y psicológica de los habitantes.

Además de la afectación a la calidad de vida que deriva de la destrucción uno de los pocos parques públicos con que cuenta la ciudad, el que se pretenda construir y concesionar este espacio que pertenece a todos los habitantes de la ciudad conlleva a otros problemas que causan mucho malestar a los tijuanenses.

Máxime si tomamos en cuenta que el predio donde se encuentra el parque, el palacio del gobierno del estado y el edificio del ayuntamiento, es parte de los terrenos cedidos por el gobierno federal por medio decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de julio de 1978. Dicho decreto dispone que sobre ellos se construyan el palacio municipal, una plaza cívica (función que actualmente cumple el parque Benito Juárez) y el edificio del gobierno de estado.

De prosperar un proyecto como el que al parecer se pretende llevar a cabo, que le dará un uso distinto al terreno, se estaría contraviniendo el decreto por medio del cual se dio la enajenación “a título gratuito”, en favor de la administración estatal del terreno en cuestión, y este solo hecho, sería motivo para que Baja California y Tijuana perdieran el predio con todo lo que en él se haya construido.

Lo anterior, con base en el artículo tercero del multicitado decreto de 1978:

Artículo Tercero. Si el gobierno de Baja California diera a los inmuebles que se le enajenan un uso distinto del señalado en este decreto, revertirán con todas sus mejoras y accesión en favor del gobierno federal”.

Como se señaló, el parque Benito Juárez cumple las funciones de plaza cívica, espacio público que todos los tijuanenses sentimos como algo nuestro. Pregunto a los lectores del presente escrito: ¿Qué pensarían si hubiese un proyecto que pretendiera privatizar la plaza cívica de la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución? Muy probablemente, les parecería una abominación que atenta contra el patrimonio de todos los mexicanos. Bien, pues de igual forma nos sentimos los tijuanenses respecto a que se pretenda privatizar nuestra plaza cívica, el parque Benito Juárez.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento llamado al gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California, licenciado Francisco Arturo Vega de Lamadrid, a que de acuerdo con las atribuciones que le fueron conferidas en la normativa aplicable, evite la destrucción del parque Benito Juárez, de Tijuana, y la concesión de este espacio público a la iniciativa privada.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento llamado al presidente municipal de Tijuana, Baja California, doctor Jorge Astiazarán Orcí, a que de acuerdo con las atribuciones que le fueron conferidas en la normativa aplicable, evite la destrucción del parque Benito Juárez, de Tijuana, y la concesión de este espacio público a la iniciativa privada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO EN LOCALIDADES INDIGENAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a establecer una estrategia para proveer de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a localidades indígenas y acelerar las inversiones en la materia, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Sonia Rincón Chanona, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numeral 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010 del Inegi hace constar que en México existen 15.7 millones de mexicanos que, de acuerdo a su cultura, se consideran indígenas, de un total de 112 millones 336 mil 538 habitantes; lo anterior hace que el país ocupe el octavo lugar en el mundo, entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas.

A nivel mundial, uno de cada tres indígenas vive en condiciones de pobreza, situación que en México se acentúa aún más.

El documento denominado Informe sobre seguimiento mundial 2011: Mejorar las posibilidades de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, señala que “investigaciones realizadas en países de América Latina con importantes poblaciones indígenas muestran una persistentemente alta, y que no mejora la tasa de pobreza entre la población indígena”.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (2013), el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social declaró que 7 de cada 10 indígenas viven en pobreza y 3 de cada 10 en situación extrema. Esta proporción sólo es superada en el mundo por la que prevalece en la República Democrática del Congo, donde la relación es de 8.4 por cada 10, de acuerdo con datos publicados por el Fondo Monetario Internacional.

Tan sólo por ingresos, al 42.4 por ciento no le alcanza ni para adquirir la canasta básica. Por carencias sociales, al 81 por ciento le afecta la falta de acceso a seguridad social; el 59.7 por ciento padece por la ausencia de servicios básicos en la vivienda, que implica drenaje, agua potable y electricidad. El acceso a la alimentación, a la educación y a una vivienda de techos, muros y pisos firmes son derechos que no ven satisfechos alrededor del 34 por ciento de los indígenas del país.

En materia de salud, datos recientes señalan que un niño indígena muere con mayor frecuencia que un niño urbano. Según datos del Perfil Epidemiológico de los Grupos Vulnerables en México 2010, la tasa de mortalidad en niños menores de 1 año en población no indígena fue de 140 muertes por cada 10 mil nacidos vivos, pero en la población indígena la tasa ascendió a 228 muertes por cada 10 mil.

El informe explica que en grupos vulnerables, como los indígenas, se compromete la esperanza de vida por la desigualdad social y económica que afecta principalmente la salud; “esto como consecuencia de malos hábitos de higiene, carencias en los servicios básicos como el agua potable o un suelo firme”.

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social de México (LGDS), la medición de la pobreza incluye las siguientes dimensiones: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.

En México, hacia el año 2010 el 93.3 por ciento de las viviendas disponían de servicios de agua; en contraste, entre los indígenas únicamente el 72.5 por ciento de las viviendas contaban con este servicio.

De casi 20 millones de viviendas que existen en México, 92.8% disponen de saneamiento; en contraste, entre las viviendas indígenas, sólo el 63.6% cuenta con este servicio.

Esto, aunado al hecho de que de acuerdo al Inegi el 60% de la población indígena vive en localidades menores a 2,500 habitantes, representa un reto importante en lo que refiere a garantizar la cobertura de los servicios básicos de agua potable y saneamiento

El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México 2006, desarrollado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), señala que las regiones indígenas presentan notables variaciones en lo que se refiere al acceso a los servicios básicos; en buena medida influidas por el grado de conurbación, o, por el contrario, la dispersión que prevalece entre las localidades que las conforman.

Estos patrones de dispersión-concentración están influidos originalmente por los factores del medio natural, como los accidentes geográficos, y posteriormente por la tradición cultural y las dinámicas sociodemográficas y económicas de las regiones y del país.

Entre las regiones cuya dispersión de localidades ha estado condicionada por su accidentada geografía podemos mencionar a la región Tarahumara y la Huicot, hecho que ha limitado la provisión de infraestructura básica y servicios en las viviendas.

El problema de la dotación de servicios de infraestructura básica en localidades dispersas también se ha señalado en las dificultades para la construcción de las líneas de abastecimiento eléctrico y los desagües o drenajes necesarios, así como por el alto costo que implican.

A partir de ello se puede inferir que el costo por vivienda para los pueblos indígenas es más caro y tiene un grado de complejidad técnica mayor, por la dispersión territorial, y por el tipo de soluciones que se están empleando. De otra manera, la cobertura ya se habría alcanzado desde tiempo atrás.

Sin embargo, aún y con estas proyecciones, existen estudios por región que muestran que en algunas de localidades es mayor la carencia de servicios que el promedio en vivienda indígena. Así en las regiones Tarahumara, Huicot y Huasteca el déficit supera el 60% de las viviendas; mientras que en la Mayo-Yaqui, Maya y Sierra de Juárez este no alcanza al 10 por ciento de las viviendas.

La falta de drenaje afecta principalmente a las regiones Huicot y Tarahumara, en donde más del 80% de las viviendas no cuentan con el servicio. La región con menor número de viviendas carentes del servicio es la Chontal de Tabasco, con un 25.82 por ciento.

Además, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, la mayoría de las viviendas indígenas hacen uso de agua de manera directa en los pozos, ríos, lagos o en la toma comunitaria.

Los retos del acceso al agua y al saneamiento a los pueblos indígenas, se delinean en torno a retos importantes para atender esta agenda: ambientales, culturales, técnicos, políticos y financieros, aunque en algunos aspectos están interrelacionados entre sí:

a) Ambientales. En los pueblos indígenas –aún y cuando son agentes estratégicos para la conservación del medio ambiente y el agua, toda vez que sus territorios son entornos estratégicos en biodiversidad, áreas naturales protegidas, bosques y producción de agua y se encuentran asentados en zonas claves de conservación, como señalan los expertos–, llama la atención que no haya una clara política pública enfocada en conservar la salud de los ecosistemas de agua de estas cabeceras de cuenca en sus territorios. Existen algunos esfuerzos como las áreas naturales protegidas, pero es una esfera separada del ámbito de política de agua y saneamiento.

Actualmente la creciente demanda de las necesidades de agua para uso agrícola, urbano o industrial, tiene un mayor peso que el de la conservación. Eso resta posibilidades de lograr un equilibrio, en el que se doten de mayores capacidades a los indígenas.

b) Culturales. La cosmovisión de los indígenas va más allá de lo que los urbanos consideran como vivienda, territorio, y el valor que le dan al agua. Estos marcos de referencia disociados, conllevan a una necesidad de tender puentes de entendimiento común entre los dos mundos, desde la planeación, hasta la ejecución de obras y acciones.

Uno de los aspectos relevantes con respecto al territorio nacional y los pueblos indígenas, es que, a la fecha, siguen subsistiendo conflictos por la tenencia de la tierra. Existen comunidades indígenas en México que siguen ostentando títulos de la época del Virreinato, cuyas demarcaciones no coinciden con las establecidas por el Estado Mexicano desde su Reforma Agraria en 1934, lo cual en algunos casos no les permite tener seguridad sobre la posesión de sus tierras.

Parte de los grandes retos que enfrenta la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es el ordenamiento del territorio nacional, desde el ámbito de los asentamientos humanos, el territorio ecológico, turístico y las zonas federales, lo cual es un factor relevante que incide en la seguridad de los ciudadanos y de los indígenas, con respecto a la propiedad de sus territorios y sus viviendas, así como del otorgamiento de los servicios básicos de agua potable, drenaje y saneamiento, toda vez que a nivel municipal se requiere de la legalidad de los títulos de propiedad para ser tomados en cuenta en los programas e inversiones de los gobiernos locales.

c) Técnicos. Se observa que no hay una estrategia marco a nivel intersecretarial con visión de largo plazo para orientar las inversiones en agua potable, drenaje y saneamiento en localidades indígenas, ni tampoco hay un portafolio de acciones con visión de largo plazo.

La demanda de obra se recibe a través de las ventanillas de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), o a interés manifiesto de los gobiernos estatales, de acuerdo a la capacidad de gestoría de las autoridades indígenas; sin embargo, hay que extrapolar el hecho de que por las condiciones de marginación, pobreza y analfabetismo en el que viven estas comunidades, hay disparidad en cuanto a su capacidad de gestión y representación en instancias localizadas en zonas urbanas.

También se distingue que la CDI carece de infraestructura humana y técnica especializada en materia de ingeniería y de gestión del agua para hacer un diseño técnico en ese sentido, ni tampoco para ejecutar obra, o emitir opiniones técnicas sobre la conveniencia de la aplicación de determinadas soluciones en materia de agua y saneamiento. Por su parte, la Conagua carece de un programa estratégico que caracterice y evalúe la incidencia en localidades indígenas.

También la falta de supervisión a nivel local, ha derivado en que se etiqueten recursos oficiales para obras a favor de comunidades indígenas, pero que en realidad no les benefician.

Impera la aplicación de modelos de soluciones tecnológicas universales, más acordes al ámbito urbano, siendo que la diversidad cultural indígena en el país requiere de un tratamiento particular, respetando sus usos y costumbres.

Los conceptos de agua potable, drenaje y saneamiento son interpretados de manera distinta entre el gobierno Federal, los centros académicos y las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, las metas que se atienden a través de las reglas de operación de la CDI están enfocadas a redes de distribución y a tomas domiciliarias, pero lo cierto es que hoy, ni la CDI, ni la Conagua pueden caracterizar fuentes alternativas (manantiales, escurrimientos) gracias a los cuales hoy subsisten entornos indígenas.

Esta conceptualización es importante porque ello permitiría abrir posibilidades hacia sistemas alternativos para la provisión de los servicios de agua como captación de agua pluvial, cosecha de agua, ollas de agua, entre otros.

Lo mismo sucede con respecto al concepto de drenaje y saneamiento.

Para las reglas de operación de la CDI, ello consiste en sistemas de drenaje y alcantarillado de tomas domiciliarias, así como la construcción de plantas de tratamiento. Sin embargo, al revisar los portafolios de acciones emprendidos por la CDI, en los años 2010 – 2013 incluyen también la construcción de letrinas secas.

De esto último, si la atención a la mayoría de las localidades indígenas enfrenta el reto de la dispersión y la descarga final de estos residuos, no están incorporados a sistemas de tratamiento adecuado, lo cual puede derivar en la contaminación de cuerpos de agua como sucede en la región Purépecha con la contaminación del Lago de Pátzcuaro en el Estado de Michoacán.

También ha habido el caso de soluciones técnicas mal aplicadas, como los sanitarios prefabricados de plástico con un costo de 90 mil pesos por unidad, que fueron entregados en localidades indígenas en el año 2010 y que ahora funcionan como graneros o bodegas en las comunidades.

d) Políticos. En lo que toca a la agenda de la atención a los pueblos indígenas, el hecho de que existen localidades con altos porcentajes de pobreza y pobreza extrema, que carecen de servicios de agua y saneamiento, en un entorno en donde el agua se encarece cada vez más por la demanda del interés público - urbano, ha detonado condiciones de conflicto, pasando de un problema social, a un problema público, que requiere de una atención focalizada por parte de los tres órdenes de gobierno.

La agenda de lo indígena no puede sustraerse de la política pública del agua, por lo que las reformas y avances que se logren en el país en la materia, definitivamente deberán de impactar y beneficiar a las localidades indígenas. Sin embargo, el escenario inercial que se observa, dibuja un retraso en cuanto al tiempo que les ha permitido a las localidades indígenas acceder a una cobertura total en los servicios, en un marco de modelo de política que limita la representación de sus intereses en torno a ello.

También, el marco legal del país en torno a lo indígena, apunta hacia retos importantes en su armonización y aplicación en cuanto al manejo del recurso hídrico, toda vez que hay acuerdos internacionales en los que está suscrito México que refieren a los derechos naturales de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales que no son cumplimentados en el nombre del interés público.

El reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales en sus territorios, no se cumplimenta en su aplicación, toda vez que existen vacíos en su interpretación. Ello ha dado pie a que la autoridad ejecute acciones en torno a los recursos naturales en territorios indígenas y que se susciten conflictos de interés.

Tal es el caso del caso del pueblo Yaqui; éste interpuso denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la construcción del Acueducto Independencia en Sonora, que desviará hacia la ciudad de Hermosillo el agua del Rio Yaqui, de donde se abastece ancestralmente la tribu.

Por su parte, agrupaciones que representan el interés de los pueblos Mazahuas han realizado manifestaciones públicas argumentando que se les despoja de agua para destinarla al Valle de México a través del Sistema Cutzamala.

e) Financieros. Un aspecto importante que hasta el momento no ha permitido evaluar el impacto de las inversiones en materia de agua potable, drenaje y saneamiento por parte de dependencias Federales, excepto la CDI, es que éstas no modelan su incidencia en localidades indígenas.

En el caso del Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (Prossapys), aún y cuando en el Presupuesto de Egresos de la Federación tenga etiquetado recursos para los pueblos indígenas, la Conagua no lo caracteriza.

Esto ha sido evaluado incluso por el medio académico: la investigadora Patricia Ávila de la UNAM, a través de un estudio realizado en el año 2004 comparó el Prossapys con el PIBAI y estableció que el primero en términos de inversión pública fue mayor, porque representaba el doble del monto: 29 millones 176 mil 048 pesos del Prossapys contra 14 millones 535 mil 177 pesos del programa de CDI en agua.

Sin embargo apunta: “El efecto social de las citadas obras en las regiones fue mínimo, si se compara la población beneficiada con el total de la población municipal: en la Tarahumara ambos programas sólo llegaron a 0.9% de la población de la región; en la Mazahua a 1.9%; en la meseta Purépecha a 0.5%; en la Mixteca baja a 0.7% y en la Nahua tlaxcalteca al 2.5%”.

También es de destacar que a través del destino de las inversiones realizadas en 2013 en la materia, se favorecieron más las inversiones en zonas urbanas, por encima de la rural y más en lo indígena, lo cual estimula la migración del campo a la ciudad, en vez de fortalecer la capacidad local para el desarrollo.

El tema del presupuesto que destina la federación a este propósito, refiere más a un reto de eficiencia en su aplicación, que de disponibilidad, porque aunque se destinen recursos año con año a través de la CDI, la Sedesol y la Conagua, en la realidad no están cerrándose las brechas de desigualdad, marginación y pobreza que presentan los pueblos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua, a que coordine y establezca, en el ámbito de sus atribuciones, una estrategia marco para la provisión de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en localidades indígenas, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; que caracterice dichas localidades, se definan indicadores de cobertura y haga público los montos de las inversiones y su grado de avance, así como las proyecciones e inversiones multianuales en infraestructura focalizada para los próximos años.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua que priorice el ejercicio de recursos públicos contenidos en los programas de inversión para garantizar el acceso de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a los pueblos indígenas de México, especialmente en las localidades más vulnerables por su grado de marginación y pobreza.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con la CDI, desarrolle un programa de agua especialmente dirigido a los pueblos indígenas, en el que incorpore sus usos y saberes e impulse una gestión co-partícipe de los recursos hídricos en sus territorios, en coordinación con los consejos de cuenca, los centros académicos del país y las organizaciones de la sociedad civil que hayan desarrollado experiencia en ello.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua a que impulse un diálogo nacional y local para armonizar los derechos de los pueblos indígenas en cuanto al manejo de agua en sus territorios, atendiendo lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales, al que está suscrito México.

Quinto. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua a que incluya en sus programas, el financiamiento, soluciones técnicas de bajo costo y amigables con el medio ambiente, alternativas a la conexión de redes y sistemas de distribución, acordes al pensamiento y las necesidades de los pueblos indígenas, que han sido probadas exitosamente por centros académicos y organizaciones de la sociedad civil.

Notas:

1 Objetivos del Desarrollo del Milenio. Informe 2011. ONU.

2 Perfil Epidemiológico de los Grupos Vulnerables en México 2010. Secretaría de Salud.

3 Censo de Población y Vivienda Inegi 2010.

4 Inegi 2010

5 Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México 2006. Primera edición, 2006. CDI–PNUD.

6 Ibídem

7 Informe sobre el desarrollo humano de los pueblos indígenas 2006. CDI.

8 Ávila, Patricia. (2008) Legislación, política del agua e inversión pública. En El agua en México, consecuencias de las políticas de inversión del sector. Hilda Guerrero Rojas, Antonio Yúñez – Naude y José Medellín Azuara, Coordinadores. Fondo de Cultura Económica. México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputada Sonia Rincón Chanona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedatu a fortalecer por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y en coordinación con las autoridades de San Luis Potosí los programas y las acciones relativos a los asentamientos humanos irregulares en los 58 municipios de la entidad, a cargo de la diputada María Rebeca Terán Guevara, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada María Rebeca Terán Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de motivos

Para hablar de la tenencia de la tierra debemos retomar los lineamiento del derecho a la propiedad, siendo éste uno de las garantías más importantes y que ha tenido una evolución trascendental en nuestro país ya que, como lo advierte el jurista José María Serna de la Garza, el derecho a la propiedad es una institución clave y definitoria del modelo de organización económica y política existente en una sociedad. Por su parte, el doctor Rafael Rojina Villegas estima que la propiedad se manifiesta en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para aprovecharla totalmente en sentido jurídico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relación que se origina entre el titular y dicho sujeto.

Estas son algunas de las características del derecho a la propiedad otorgado por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual no sólo se configura la propiedad privada, sino también se considera la propiedad social, integrada por 8 mil núcleos agrarios indígenas, de los cuales 63 por ciento son ejidos y el 37 por ciento restante se configura por tierras comunales.

A pesar de la importancia económica y social que representa este sector, muchos grupos sociales carecen de la seguridad jurídica para ostentar el título de propietario de la tierra, lo que afecta de forma directa su actividad y los apoyos gubernamentales, ya que en muchos de ellos es necesario el contar con la certeza de la tenencia de la tierra. En este sentido, resulta preciso el fortalecer apoyos a ejidatarios y comuneros, con la finalidad de que estos cuenten con la documentación pertinente que los acredite como propietario.

Uno de los estados afectados con este problema social es San Luis Potosí, que hasta abril del 2011 se registraba que uno de cada cinco familias vivía en un asentamiento humano irregular, con un total de 200 mil predios en estas condiciones. Asimismo, hasta mayo del año en curso, tan solo en el municipio de Soledad existen 10 mil predios sin regularizar. Los números anteriormente mencionados ejemplifican la necesidad que tienen varios municipios del estado en regularizar la tenencia de la tierra y con ello otorgar certeza jurídica a quienes hasta el momento se ostentan solamente como poseedores de la tierra.

La certeza jurídica en la tenencia de la tierra tiene importantes repercusiones, ya que es con la documentación que acredita la propiedad de la tierra, que se llega a acceder a programas sociales como parte de los requisitos que se establecen en los mismos, tal es el caso del Programa de Pensión a Adultos Mayores, Programa de Abasto Rural, Programa de Abasto Social de Leche, Atención a Jornaleros Agrícolas, el Programa Nacional México Sin Hambre 2014-2018, entre otros, en los cuales es necesario el acreditar la residencia en la vivienda y hasta cierto punto la propiedad de la misma, por lo que muchas personas al no contar con esta tenencia, se dificulta el poder acceder a estos programas sociales.

Muchos son los beneficios que se otorgan a través de estos programas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que resulta preciso que las autoridades correspondientes se den a la tarea de fortalecer el registro de estas propiedades, otorgando seguridad social y certeza jurídica a quienes no la tienen actualmente.

Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu), preocupada por esta situación, ya ha puesto en marcha una política a través de la cual se fomenta la regulación de los asentamientos humanos, tal es el caso del Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (Pasprah), a través del cual se busca que aquellos hogares que no han podido llevar a cabo los procesos de regularización que les permitan acceder a la formalidad, y a la seguridad jurídica de sus lotes; cabe precisar que este programa ha tenido una buena efectividad, ya que en opinión del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) el programa coadyuva con el mejoramiento y consolidación de áreas urbanas formales, dirigidos al mejoramiento urbanístico y ambiental de los centros de población. A pesar de las buenas calificaciones y comentarios recibidos por el Coneval, aún no se han logrado los objetivos planteados por el mismo programa, ya que tan solo en el estado de San Luis Potosí, cientos de familias sufren la falta de certeza jurídica respecto de la irregularidad en la tenencia de la tierra.

Esta regulación fue presentada por el gobierno federal desde un principio, tal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual dentro del enfoque transversal del apartado México Incluyente,se establece como línea de acción la promoción del uso eficiente del territorio nacional a través de programas que otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reducir la fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades más competitivas. Por su parte, el Programa Sectorial de la Sedatu 2013-2018, contempla dentro del objetivo 1, Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo, líneas de acción como son: regularizar la tenencia de la tierra bajo criterios de planeación que aseguren el efectivo aprovechamiento del territorio, resolver sobre el fraccionamiento y enajenación de los excedentes, para apoyar la regularización de la propiedad rural, garantizar la seguridad jurídica en la propiedad rural mediante la regularización y trabajos técnicos de delimitación de núcleos agrarios, amparar los derechos individuales mediante la expedición de certificados parcelarios, de uso común y títulos de solar urbano, desincorporar la propiedad social para el desarrollo de la infraestructura del país integrando carpetas básicas de expropiación de bienes ejidales y comunales, supervisar el debido cumplimiento de la causa de utilidad pública establecida en los decretos expropiatorios, reintegrar a los sujetos agrarios la superficie donde se haya presentado incumplimiento en la causa de utilidad pública establecida en los decretos expropiatorios y otorgar a los sujetos agrarios afectados por las expropiaciones el pago de una indemnización en tiempo y forma. Lo anterior demuestra no solo el compromiso por el gobierno federal en la regulación de la tenencia de la tierra, sino también la necesidad que se tiene de resolver esta situación.

Como lo hemos mencionado anteriormente, en el estado de San Luis Potosí, cientos de personas se han visto afectadas en sus actividades laborales y su tranquilidad, en razón de no contar con los registros correspondientes de su propiedad. Este hecho no es nuevo ya que desde 2010 el ex Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) Juan Manuel Carreras López expresó que varios municipios de la Huasteca potosina, principalmente Ciudad Valles, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí, tienen conflictos con la propiedad social y la tenencia de la tierra. A pesar de que este ex funcionario advirtió que se trabajaría en la regulación de los predios, fue en abril de 2011 que se dio a conocer que una de cada cinco familias viven en asentamientos irregulares en la entidad.

En 2012 la que fuere directora de promotora del estado, Alejandra Orantes, advirtió que  22 de los 58 municipios que tiene la entidad, cuentan con asentamientos humanos en predios sin regularizar, lo cual afecta la certidumbre jurídica en la posesión de las tierras a las de 2 mil 250 familias.

La irregularidad en los asentamientos humanos no se limita a la falta de certidumbre jurídica en razón de la simple posesión del predio, ya que en Septiembre de 2013 el titular de la Dirección de Protección Civil de San Luis Potosí, Gerardo Cabrera Olivo, indicó que las afectaciones por las lluvias se agravaron por los asentamientos irregulares siendo los más afectados Tamazunchale, Tamuín y San Vicente. Son esta serie de acontecimientos y hechos, que por desgracia no han tenido un solución concreta, que nos llevan a la situación actual, en la cual cientos de familias sufren la falta de regulación de los predios donde viven, siendo el municipio de Soledad el más afectado, ya que para mayo del año en curso, en 70 colonias existen asentamientos irregulares que engloban entre los 7 mil a 10 mil predios, así lo manifestó el director de Catastro, Gilberto Hernández Villafuerte, quien también señalo que existen espacios donde hace más de 20 años la gente tiene en posesión sus predios o sus casas pero que no tienen escritura. A pesar de que las autoridades locales y municipales han puesto en marcha diversas acciones para erradicar el problema, aún no se logran los objetivos plantados, lo cual nos lleva a la irregularidad de tierras de miles de predios.

De esta manera podemos darnos cuenta que la irregularidad de los predios tiene muchos años, por lo que es más urgente la solución a este problema, ya que afecta, principalmente, a las familias que habitan tierras de San Luis Potosí, las cuales configuran el 66 por ciento del territorio de la entidad federativa. Cabe señalar que en el estado existen mil 432 núcleos agrarios, mil 269 ejidos y 163 comunidades con una superficie total 4 millones 65 mil hectárea, asimismo la Sedatu informa que 205 mil 90 potosinos son sujetos agrarios de los cuales 19 por ciento son mujeres y el 81 por ciento hombres.

Lo anterior refleja la necesidad de regularizar predios para aquellas familias integradas por sujetos agrarios y que son simples posesionarias de las tierras sociales, esto en el entendido que los hombres y mujeres dedicadas al sector económico primario del país requieren de una mayor atención con la finalidad de otorgarles una mejor calidad de vida.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa altitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a través de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y en coordinación con las diversas autoridades del estado de San Luis Potosí, se fortalezcan los programas y acciones a través de los cuales se coadyuve a la pronta y eficaz regulación de los diversos asentamientos humanos irregulares en los 58 municipios del estado de San Luis Potosí.

Notas:

1 SERNA de la Garza, José María, El Régimen constitucional de la propiedad en México, Congreso Internacional de Derecho Comparado Asia-México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, octubre de 2005.

2 http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/derecho/derecho por ciento20civil por ciento202/la_propiedad.pdf  8 de julio de 2014 12:54 horas.

3 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/puebindi/4tenenci. htm 8 de julio de 2014 18:38 horas.

4 http://www.planoinformativo.com/nota/id/125902#.U7wVqPl5NyV 8 de julio de 2014 19:19 horas.

5 http://planoinformativo.com/nota/id/326404/noticia/hasta-10-mil-predios-sin-reg ularizar-en-soledad.html#.U7yI5_l5NyU 8 de julio de 2014 19:20 horas.

6 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/images/guias/ Guia_de_Programas_Sociales_2014.pdf 8 de julio de 2014 20:47 horas.

7 http://www.corett.gob.mx/ebd/3/24/Pasprah/ 9 de julio de 2014 11:22 horas.

8 http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/datastore/programas/2014/PASPRAH/informe_PASPRA H_2013-2014.pdf 9 de julio de 2014 14:18 horas.

9 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 p. 120

10 Estrategia 1.2. Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra mediante la regularización y la certificación de la propiedad. Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

11 http://www.planoinformativo.com/nota/id/61309#.U761Uvl5NyV 10 de julio de 2014 11:32 horas.

12 http://www.planoinformativo.com/nota/id/125902#.U761Jfl5NyV 10 de julio de 2014 11:37 horas.

13 http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n2376614.htm 10 de julio de 2014 11:45 horas.

14 http://www.sinembargo.mx/29-09-2013/770344 10 de julio de 2014 11:54 horas.

15 http://agenciadenoticiasslp.com/2014/05/24/se-pretenden-arreglar-mas-de-7-mil-p redios-sgs/ 10 de julio de 2014 12:02 horas.

16 http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/noticias/noticias-2012/junio-2012/12430/ 10 de julio de 2014 12:13 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputada María Rebeca Terán Guevara (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

FIDEICOMISO PUBLICO DE ADMINISTRACION Y PAGO DE EQUIPO MILITAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedena a difundir en el portal oficial de internet las acciones realizadas para atender las observaciones de la ASF relativas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados, José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

1. El 22 de agosto del 2007, se constituyó el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM), mediante contrato suscrito por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como única fideicomitente de la administración pública y como fiduciario el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjército), con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional como coordinadora del fideicomiso, el cual tiene como objeto administrar los recursos que forman su patrimonio y cubrir las erogaciones por las adquisiciones de equipo militar, terrestre, aéreo y refacciones; así como, la contratación de obra pública y servicios de mantenimiento necesarios para dichos bienes y obras, destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente.

2. El patrimonio del fideicomiso se integra por la aportación inicial; así como por las aportaciones que, en su caso, realice el fideicomitente con cargo al presupuesto de la Sedena; con los productos que generen esas aportaciones y por las donaciones que realice cualquier persona física o moral.

3. Según reportes Hacienda, el objetivo del fondo es “ cubrir las erogaciones por las adquisiciones de bienes tales como equipo militar, terrestre, aéreo y refacciones, así como la contratación de obra pública y de los servicios de mantenimiento necesarios para dichos bienes y obras, destinados a la realización de operaciones de orden interior y seguridad nacional de carácter contingente o urgente, que lleve a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en términos de las disposiciones aplicables, a fin de contar con los medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.

4. Pese a lo anterior, en el ejercicio de los recursos la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha detectado constantemente observaciones como se muestra a continuación:

Consideraciones

I. En la revisión de la Cuenta Pública de 2011, la ASF se abstuvo de emitir opinión, toda vez que el costo de la inversión relacionada con el contrato núm. 4500006908, por 200.0 millones de pesos, en virtud de que por las características técnicas y la confidencialidad que le es relativa a los bienes adquiridos, no fue posible obtener información sobre la existencia de precios de referencia en el mercado mundial.

Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación consideró que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de la Defensa Nacional cumplió con las disposiciones normativas, excepto por los resultados que se refieren principalmente a que las adquisiciones relacionadas con el contrato de obra núm. 394/I/2011, por 450.0 millones de pesos, no se registraron por la Sedena en la cartera de inversión a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tampoco se elaboró el análisis de costo-beneficio del programa de inversión.

La adjudicación formalizada a través del contrato número FAM-F/304/I/2011 fue exceptuada de la Licitación Pública; sin embargo, no se proporcionó la documentación que sustente que la adquisición se ajustó al supuesto que establece la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, asimismo, no se realizó el correspondiente estudio de mercado con todos los elementos establecidos por la normativa.

El procedimiento de adjudicación número FAM-049/I/2011 que originó la formalización del contrato núm. 394/I/2011 se sustentó en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, de acuerdo con la naturaleza de los trabajos realizados debió aplicarse la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Mediante los contratos números 4500006908 y SAEYS-116/I/F/2011 se adquirieron dos sistemas que incluyeron 999 bienes necesarios para su funcionamiento, sin embargo, ni en los contratos ni en las facturas que sustentaron los pagos por 305.4 millones de pesos se especificó el precio unitario por cada tipo de bien que integran los sistemas; también, se omitió en las facturas la descripción de los bienes y su número de serie.

Por otro lado, no se proporcionó evidencia de la aplicación de penas convencionales por 2.8 millones de pesos. Los bienes adquiridos mediante los contratos números. 4500006908, F.A.M. F/756/I/2011 y SAEYS-116/I/F/2011, por importes de 200.0, 2,045.7 y 105.4 millones de pesos, respectivamente, no se encontraban inventariados, con motivo de la auditoría fueron incluidos en el inventario de la entidad fiscalizada; aún está pendiente su registro contable en la Sedena. En el caso del contrato núm. SAEYS-116/I/F/2011, se comprobó que los bienes no están asegurados.

II. En la revisión de la Cuenta Pública de 2012, la ASF emitió Dictamen con Salvedad, principalmente debido a los resultados principales; tales como: la falta de conciliación de cifras entre lo reportado por la Fiduciaria, los registros que lleva dicha secretaría y lo reportado en la Cuenta Pública; se carece de procedimientos formales que regulen el registro, control y seguimiento de los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; se realizaron aportaciones al fideicomiso al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías con el objetivo de evitar la concentración de recursos a la Tesorería de la Federación; erogaciones por 284.7 millones de pesos para el pago de 41 contratos, los cuales se considera que no tienen el carácter de contingente o urgente, debido a que tuvieron como objeto proporcionar mantenimiento preventivo, y correctivo programado a diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana; erogaciones por 203.0 millones de pesos para la construcción de la Ampliación de un Estacionamiento, la cual no tiene relación con el objeto del fideicomiso, aunado a que los recursos que se utilizaron para tal fin estaban destinados para materializar proyectos de equipo militar, y la falta de aplicación de penas convencionales por 30.2 millones de pesos.

III. De los hallazgos encontrados, en la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-07100-02-0333, la AuditoríaSuperior de la Federación determinórecuperaciones por 33.3 millones de pesos, de los cuales 3.1 millones de pesos fueron operados y 30.2 millones de pesos corresponden a recuperaciones probables.

IV. Asimismo, la ASF determinó 10 observaciones, de las cuales 7 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las 3 restantes generaron: 1 Recomendación, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.

V. Respecto a lo anterior, se detecta que de las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se identifica que no se han aclarado ni recuperado los 30.2 millones de pesos, de los cuales  se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por lo que falta  de atender   1 acción, misma  que se describen a continuación:

VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, quinto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos o que coordine la operación de un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, será responsable de reportar en los informes trimestrales, conforme a lo establecido en el Reglamento de dicha Ley, los ingresos, incluyendo los rendimientos financieros del periodo, los egresos, así como su destino y el saldo o disponibilidad.

Asimismo, en los artículos 11, tercer párrafo, de la LFPRH y 296 de su Reglamento, se establece que los informes trimestrales incluirán un reporte del cumplimiento de la misión, fines y resultados alcanzados de los fideicomisos, mandatos y análogos (actos jurídicos), así como de los recursos ejercidos.

VII. Por su parte, el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 (LIF2013), precisa que se deben reportar las disponibilidades de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica.

VIII. Al respecto y de conformidad con los artículos 9; 10, fracción II; 11; y 107, fracción I, inciso b), subíndice iii), de la LFPRH; 181, último párrafo; 217, penúltimo párrafo; y 296 del Reglamento de la LFPRH; y 22 de la LIF2013.

IX. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidas Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

X. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad;

XI. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7 fracción IX ,indica quela información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información deutilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionara la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sea aprobado de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos se Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, C. Salvador Cienfuegos Zepeda, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado con la finalidad de atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 12-0-07100-02-0333, relativa al “Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”, que refieren principalmente a los 30.2 millones de pesos detectados como recuperaciones probables, correspondientes a penas convencionales, de las cuales no se proporcionó evidencia del entero a la Tesorería de la Federación, por lo que se presume un probable daño y/o perjuicio a la Hacienda Pública Federal; asimismo, el uso, destino,  generación de intereses y saldo o disponibilidad de los recursos de dicho fideicomiso.

Segundo.Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, C. Salvador Cienfuegos Zepeda, haga del conocimiento público en su portal oficial de internet, el uso, destino, generación de intereses y saldo o disponibilidad de los recursos del “Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

HECHOS DE VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua a emprender acciones para atender los hechos de violencia ocurridos en Guachochi, suscrita por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El domingo 12 del presente, en el municipio de Chihuahua, fueron acribillados cinco hombres indígenas y campesinos –pertenecientes a una familia– en la región comprendida entre Guachochi y la comunidad de Tónachi, cuando supuestamente cosechaban papas.

Heliodoro Holguín Bustillos, de 20 años y una de las víctimas, cursaba el séptimo cuatrimestre de la carrera de ingeniería en agricultura sustentable de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara, localizada en la cabecera municipal. Junto con él fueron “levantados” su hermano Leoncio, de 26 años; su primo, Hipólito Cruz Holguín, de 21; su tío, Juan Holguín Moreno, de 60; y su papá, Heliodoro Holguín Caro, de 63 años.

Heliodoro Holguín fue “gobernador indígena” en su comunidad y, por lo dicho por sus familiares, las cinco víctimas habían sufrido amenazas por integrantes del grupo delictivo que impera en dicha región, pues se habían negado a trabajar para ellos.

Los familiares agregaron que “hay cientos de hombres internados en la sierra de ese municipio y de otros que colindan, por lo que temen otro ataque contra las comunidades”. Estos hechos se suman de manera lamentable a una serie de ataques ocurridos en el estado en fechas recientes.

Según el reporte entregado al delegado de la PGR, César Augusto Pacheco, una de las víctimas fue identificada como uno de los agresores en otro enfrentamiento ocurrido cerca del mismo lugar, el viernes 26 de septiembre, cuando ejecutaron a 11 hombres, 8 de ellos calcinados.

El delegado explicó que este último hecho confirma que se trata de un enfrentamiento que sostienen de manera constante dos grupos delictivos en la sierra Tarahumara.

Por otro lado, el pasado 28 de septiembre hubo un enfrentamiento en Santa Anita, Guachochi, donde 10 personas perdieron la vida a raíz de estos ataques.

En uno de los enfrentamientos ocurrido cerca de Santa Anita fueron ejecutadas ocho personas, cuatro de ellas calcinadas. Cerca, en otra comunidad fueron hallados otros dos cuerpos. Tres personas más sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas a hospitales de la región.

Apenas el viernes (26), en otro enfrentamiento, murieron once hombres que hasta ahora no han sido identificados, pero varios de ellos son relacionados con el Cártel de Sinaloa, específicamente los hermanos y primos Salgueiro.

El sábado 11 del presente mes, una familia fue atacada cuando se dirigía de la cabecera municipal de Guachichi a Rocheachi, con la finalidad de visitar a sus familiares; sin embargo, fueron alcanzados por las balas de armas de fuego.

De manera lamentable, Zaira Jaqueline Hinojos Bustillo, de 3 años de edad, falleció en el hospital; y sus hermanos, de 5 y 11, con el padre, Juan Manuel Hinojos Cruz, resultaron heridos. La madre salió ilesa.

Esta serie de hechos confirma la falta de estrategia en materia de seguridad a nivel nacional, estatal y municipal; lo cual ha desembocado en el asesinato de cientos de mexicanos a lo largo y ancho del país.

En este caso, Chihuahua expresa la necesidad de emprender acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para devolver la tranquilidad a los habitantes, a la par de garantizarles un estado de paz y seguridad. Por ello presentamos a esta asamblea el siguiente resolutivo con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua a emprender acciones para brindar seguridad pública y la procuración de justicia, dando principal atención a los hechos de violencia ocurridos en semanas recientes en Guachochi.

Notas:

1 Proceso, “Indígenas y campesinos, la familia acribillada en Chihuahua” [en línea], México. Dirección URL: http://www.proceso. com.mx/?p=384810

2 Ídem.

3 Proceso, “Ejecutan a cinco en Chihuahua; son ajustes entre grupos: PGR” [en línea], México. Dirección URL: http://www.proceso. com.mx/?p=384673

4 Proceso, “Mueren diez personas en enfrentamiento en Guachochi” [en línea], México. Dirección URL: http://www.proceso.com. mx/?p=383416

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

MONITOREO PERMANENTE DE LA NUEVA DIVISION DE GENDARMERIA DE LA POLICIA FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a desarrollar un monitoreo permanente en toda área del país con presencia de la nueva División de Gendarmería de la Policía Federal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el pasado 22 de agosto de 2014 se dio paso al abanderamiento de la denominada División de la Gendarmería de la Policía Federal, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

Que la División de Gendarmería de la Policía Federal se suma a las seis divisiones existentes: Fuerzas Federales; Seguridad Regional; Investigación, Científica, Antidrogas e Inteligencia, para potenciar el estado de fuerza operativo de la institución.

Que esta nueva división cumple lo signado el 2 de diciembre de 2012, bajo los acuerdos del denominado Pacto por México, señalado particularmente en el compromiso 76.

Que según consta en la página de la Secretaría de Gobernación, en su portal dedicado al área de seguridad, el 4 de septiembre de 2013, el comisionado nacional de Seguridad se dirigió mediante oficio al secretario de la Defensa Nacional, solicitando el apoyo de esa secretaría para el diseño e impartición del Curso de Formación Militarizada que formaría parte del Programa de Formación Inicial de los integrantes de Gendarmería.

Que el 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional de Seguridad Pública en el que se estableció en el objetivo 2, estrategia 2.3, línea de acción 2.3.5 Fortalecer la presencia institucional del estado a través de la División de Gendarmería de la Policía Federal.

Que el 30 de abril de 2014, también se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, en este se señala que el marco normativo sienta las bases del reconocimiento de los derechos y de la gestión pública. Sin embargo, la existencia del mismo no es suficiente para prevenir violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha señalado que la legislación no debe transformarse en una mera formalidad distanciada de la realidad.

Que el 19 de mayo de 2014, inició el primer escalón de la formación militarizada de cadetes, con la mitad del estado de fuerza, el cual concluyó el 13 de junio del mismo año, con una duración de 180 horas clase. Se llevó a cabo en el Campo Militar 34-C situado en San Miguel de los Jagüeyes, estado de México.

Que el 16 de junio inició el segundo escalón de la formación militarizada de cadetes, con la otra mitad del estado de fuerza, el cual concluyó el 11 de julio del mismo año, con una duración de 180 horas clase. Se llevó a cabo en el Campo Militar 34-C situado en San Miguel de los Jagüeyes, estado de México y, el 5 de julio de 2014 se llevó a cabo la ceremonia de graduación del curso de formación militarizada de cadetes, en el Campo Militar 34-C situado en San Miguel de los Jagüeyes, estado de México.

Que en nuestro país, el tema de los derechos humanos es analizado y señalado por organismos nacionales e internacionales, quienes han expresado preocupación en por violaciones cometidas y vinculadas a las estrategias de combate al crimen organizado, anteponiendo la lucha contra el crimen por encima de garantizar los derechos humanos.

Que según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en tres años consecutivos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la dependencia con la mayor cantidad de recomendaciones por violaciones de derechos humanos, señalando como principales elementos los asesinatos de civiles que no se detuvieron en retenes, el uso arbitrario de la fuerza, inhumación ilegal de cadáveres, desapariciones forzadas y cateos ilegales, entre otros hechos.

Que respecto al informe de actividades de la CNDH de 2013, además del combate a la inseguridad y la violencia en el marco del respeto a la ley y el estado de derecho, es necesario que las autoridades generen la legislación y las políticas públicas concretas que atiendan problemas específicos.

Que el informe antes señalado suscribe que la expansión de la violencia que se suscitó en los últimos años como resultado de la acción de grupos criminales, así como las acciones del estado en materia de seguridad pública generaron el incremento de las violaciones a los derechos humanos que atentan contra la vida, la seguridad y la integridad personal, el patrimonio y la libertad, entre otros derechos.

Que sobresalen las cifras de 2013, en el tema de derechos humanos cuando cita que de las 3 mil 842 promovidas en contra de las autoridades del sector seguridad (Policía Federal, Procuraduría General de República, Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina) en relación con hechos violatorios como detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; incumplimiento de alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante la ejecución de éste; intimidación, y empleo arbitrario de la fuerza pública, entre otros.

Que según lo establecido en el Pacto por México, compromiso 76, se menciona la creación de una nueva corporación, “se creará la Gendarmería Nacional como un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar su lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad”, sin embargo no cita que ésta, deberá tutelar en todo momento los derechos humanos.

Que uno de los principales retos dentro de la estrategia de seguridad en nuestro país consiste en erradicar las prácticas de corrupción y de violaciones a los derechos humanos, en este sentido la nueva corporación no queda de lado.

Que según consta en lo anteriormente descrito, la militarización de la policía es un tema a estudiar de cerca, más aun sabiendo que los 5 mil elementos seleccionados fueron capacitados con 7 módulos de formación que incluía 35 materias tomadas en mil 422 horas de clase. Los módulos presentados fueron el propedéutico, ética y valores, modelo de gendarmería, marco legal, desarrollo y acondicionamiento físico, técnicas y tácticas en materia de reacción policial y la formación militarizada.

Que derivado de los hechos anteriores presento ante esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en alcance de sus facultades, desarrolle un monitoreo permanente en toda área del país en la cual tenga presencia la nueva División de Gendarmería de la Policía Federal.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que se mantenga atenta en materia de protección, defensa, promoción y observancia de los derechos humanos, durante la estrategia que implemente el estado en materia de combate a la inseguridad.

Notas:

1. www.cns.gob.mx/

2. www.sn.dif.gob.mx/

3. www.cns.gob.mx/

4. www.cndh.org.mx/

5. Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

PLANTA RECICLADORA BICENTENARIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a dependencias de los tres niveles de gobierno a establecer mesas de trabajo interinstitucionales para realizar proyectos ambientales viables y aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos en la zona donde se estableció la planta recicladora Bicentenario, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente Punto de Acuerdo conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Debido a que en nuestro país existe un grave problema en relación con la generación y manejo de la basura, derivado de los conflictos ambientales que esto genera, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), elaboró el “Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (PNPGIR) 2008–2012”.

El (PNPGIR) tiene como objetivo, contribuir al desarrollo sustentable de México a través de una política ambiental de residuos basada en la promoción de cambios en los modelos de producción, consumo y manejo, que fomenten la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, de manejo especial, peligrosos y minero-metalúrgicos; a través de acciones de prevención y minimización de la generación, separación de residuos en la fuente, reutilización y reciclado, la valoración material y energética, hacia la disposición final restringida y apropiada de los residuos como última opción.

Que según datos de la Semarnat, en México se generan alrededor de 900 gr. de residuos diarios por habitante, identificando de 400 gramos en zonas rurales, a los casi de 1.5 kg en zonas metropolitanas.

Que la composición de estos residuos, se estima que el 53% son residuos orgánicos biodegradables, 14% papel y cartón, 6% vidrio, 4% plásticos, 3% metales y 1% textiles, mientras que el restante (19%) corresponde a otro tipo de materiales.

El porcentaje de residuos reciclados al año oscila el 11% de un total de cerca de 37 millones de toneladas.

Que la Semarnat en 2013, concretó 53 proyectos y 46 acciones de manejo de residuos y, para 2014, se tienen presupuestados más de 1000 millones de pesos, de los cuales 680 millones serán aplicados junto con los gobiernos de los Estados para un mejor manejo de residuos en favor del medio ambiente.

Que el gobierno del estado de México estableció en el municipio de Nezahualcóyotl en el año 2010, la “Planta Recicladora Bicentenario” con el objetivo de seleccionar y aprovechar los residuos sólidos hasta en un 30 por ciento, con la capacidad de separar materiales como el PET, cartón, papel, vidrio y cartón.

Las Plantas de reciclaje o de clasificación de residuos, permiten una eficiente selección y clasificación de los residuos sólidos urbanos, tanto orgánicos como inorgánicos, recuperando los materiales reciclables para su comercialización y utilizando los residuos orgánicos seleccionados para un compostaje de alta calidad.

Sin embargo, la planta recicladora bicentenario dejó de usarse en la administración municipal 2009-2012 y el predio donde se encuentra fue utilizado como tiradero, de manera irregular se convirtió en un tiradero de desechos y cascajo, lo que hoy en día la mantienen como inservible y en hundimiento.

Que la planta de separación suponía una capacidad de procesar 25 toneladas por hora en cada banda, lo que significaba más de 1000 toneladas por día, sumando a ello su proceso de funcionamiento durante las 24 horas.

Que el Secretario de la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (CIACA), Ramón Ojeda Mestre, recriminó el abandono de la Planta Recicladora Bicentenario, en el municipio Nezahualcóyotl.

Derivado de la preocupación social, económica y ambiental que representa el tema presentó ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Semarnat, al gobierno del estado de México, para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente local y al municipio de Nezahualcóyotl, establezcan mesas de trabajo inter institucional, para realizar en la zona donde se estableció la planta recicladora bicentenario, proyectos ambientales viables para aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos.

Notas

1 www.semarnat.gob.mx/

2 Ibídem.

3 www.coparm.biz/

4 La Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación Ambiental (C.I.A.C.A) fue creada en México D.F. en noviembre de 1994 con la participación de 28 juristas de 22 países; y responde a lo que doctrinalmente se conoce como Arbitraje Institucionalizado.

5 www.tallapolitica.com.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

REGULARIZACION DEFINITIVA DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a implantar un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados o importados en el territorio mexicano, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Luís Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en  el artículo 79, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primero.El 12 de marzo de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto firmado por el Presidente Vicente Fox Quesada por el que se creó la Ley de para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

Segundo.Que con esa ley pudieron regularizarse vehículos de procedencia extranjera que habían sido internados al territorio nacional durante un lapso de 23 años, de 1970 a 1994, lo que beneficio a miles de connacionales, principalmente migrantes, que durante décadas habían transitado con vehículos que no estaban regularizados y que eran tratados como si no tuviesen derecho alguno bajo el argumento de que no pagaban impuestos, pero que lo que realmente ocurría es que eran extorsionados, discriminados, sometidos a incautaciones o decomisos de sus unidades fuera de todo procedimiento y en casos extremos incluso eran detenidos y sometidos a procesos penales bajo cargos inventados, todo bajo la complacencia de autoridades hacendarias, policiacas, ministeriales o jurisdiccionales, cuando no  con la abierta complicidad de ellas. Los programas de apoyo al migrante son un abierto reconocimiento de estos lamentables hechos.

Tercero.Que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), el cual entro en vigencia el primero de enero de 1994, en su Anexo 300-A, Apéndice 300-A.2, párrafo 24, establece que a partir del 1o. de enero de 2009 y gradualmente hasta 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes del territorio de Canadá o de Estados Unidos de América, en función del año modelo de antigüedad de los vehículos y, a su vez, el artículo 302, párrafo 2, en relación con el Anexo 302.2 del propio tratado, prevé una desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados;

Que las obligaciones de México contenidas en el Apéndice 300-A-2, párrafo 24, son aplicables exclusivamente a vehículos usados originarios, provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América; y que la desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios está condicionada a que se trate de vehículos que cumplan con la regla de origen específica y que dicha circunstancia se acredite con un certificado de origen válido.

Que la regla de origen específica aplicable a los vehículos automotores usados contenida en el Anexo 401, Sección B, Sección XVII denominada “Material de Transporte” y en el artículo 403, párrafo 5, del TLCAN, en relación con el Capítulo IV de dicho tratado relativo a las reglas de origen, indica que los vehículos debieron ser producidos totalmente en el territorio de una o más de las partes del TLCAN, y que adicionalmente es necesario acreditar un determinado porcentaje de contenido regional, el cual de conformidad con los artículos 401, 402, párrafos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 y 11, y 403 del propio tratado, se calculará utilizando el método de costo neto, que implica conocer el valor de los materiales utilizados en la producción del vehículo y su origen, y que una vez calculado el porcentaje del valor de contenido regional se estará en posibilidad de determinar si el bien califica como originario y proceder a su certificación.

Que para determinar si un vehículo es originario del territorio de una o más de las partes del TLCAN, de conformidad con la regla de origen específica referida en el párrafo anterior, resulta indispensable contar con la información sobre la producción del vehículo, y derivado de que es necesario que el importador cuente con un certificado de origen basado en información fehaciente de que dicho vehículo cumple con la regla de origen, es necesario allegarse de información del productor del mismo.

Que de conformidad con las disposiciones aplicables en certificación de origen del TLCAN, en correspondencia con lo señalado en los párrafos anteriores, además de certificar que un vehículo que se exporte directamente del territorio de una parte al territorio de otra parte califica como originario, el certificado de origen válido sirve para acreditar que todos sus componentes reparados y refacciones adicionadas no modificaron el carácter de originario que tenía el vehículo cuando fue fabricado.

Que en atención a las características para acreditar el origen de los vehículos automotores usados en términos del TLCAN, se considera que existe el riesgo de que a los importadores de buena fe les sean expedidos certificados falsos, alterados o con información inexacta y que estas prácticas pueden ocasionar graves daños al patrimonio de los propietarios de dichos vehículos;

Que con base en los párrafos que anteceden, a fin de otorgar seguridad jurídica a los importadores o propietarios de vehículos automotores usados, y evitar que éstos puedan incurrir en responsabilidad al hacer uso indebido de los beneficios previstos en el TLCAN, resulta indispensable precisar que el certificado de origen sea expedido por el productor del vehículo de que se trate o se emita por el exportador con base en información directamente proporcionada por el productor, con el objeto de garantizar la autenticidad de la información contenida en el certificado relacionada con el origen del bien.

Cuarto.Que el 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados” con el objeto de continuar con las acciones que el gobierno federal ha implementado para el ordenamiento del mercado de vehículos usados importados al país, el 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, cuya vigencia fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2011 mediante el decreto que modifica el diverso por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el mismo órgano de difusión oficial el 28 de diciembre de 2010.

Que a trece años de a haberse implementado dicha norma resulta a todas luces insuficiente toda vez que continuamos  teniendo a todo lo largo y ancho del territorio nacional problemas de regularización con la internación e importación de vehículos usados de procedencia extranjera. Problema que es de fácil solución mediante medidas administrativas de carácter general y permanente que permitan la inscripción de dichos vehículos al padrón vehicular correspondiente mediante el pago de impuestos y derechos que corresponda.

Quinto.Que  ha fin de proteger a las personas y la seguridad jurídica de sus bienes, así como la infraestructura carretera y el medio ambiente, resulta evidente que no podrán internarse ni importarse en forma definitiva al territorio nacional los vehículos usados que en el país de procedencia, por sus características técnicas o por cuestiones técnicas , este restringida o prohibida su circulación; no cumplan con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente de conformidad con las disposiciones aplicables, o cuando el vehículo haya sido reportado como robado. Para estos efectos, la autoridad aduanera podrá coordinarse con las autoridades extranjeras competentes, así como requerir a los propietarios, poseedores e importadores información y documentación, incluso si se encuentra disponible en el país de procedencia del vehículo, de conformidad con lo que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.

Sexto.Que actualmente se desconoce el número de unidades de procedencia extranjera que se encuentran internados en el país dado que cada entidad federativa tiene sus propias estimaciones y no se cuenta con mecanismos de colaboración institucional de intercambio de información, dado que este problema, el de los mal llamados “autos chocolates”, es tomado como un asunto de recaudación impositiva por los estados de la república y no como un asunto de derechos de los ciudadanos mexicanos.

Certeza jurídica sobre la propiedad de bienes muebles  e inmuebles es uno de los requisitos sine qua non de todo estado democrático de derecho. Sin embargo bajo argumentos únicamente administrativos o disfrazados de seguridad pública se encubre una flagrante violación a los de derechos humanos, principalmente de migrantes, quienes son privados del derecho de propiedad y posesión sin ser sometidos a proceso administrativo o jurisdiccional alguno, lo que en los hechos representa una incautación de bienes, práctica ilegal, prohibida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal como lo establece el primer párrafo su artículo 22, donde se establece, entre otras cosas, que queda prohibida “la confiscación de bienes”. Igualmente es una violación flagrante del principio de legalidad establecido en el primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna donde se señala que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Séptimo.Actualmente, a pesar de las disposiciones constitucionales, en diversas entidades del país, como los estados de Coahuila e Hidalgo por mencionar algunos, los vehículos de procedencia extranjera internados en el país y que circulan en su territorio, son incautados sin juicio previo ni mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive tal decisión. Incluso se pretende criminalizar el uso de estos vehículos de procedencia extranjera.

No se pretende solucionar un problema, lo que existe es la improvisación de medidas desproporcionadas, sin fundamento, que simulan y justifican las acciones de gobierno en lugar de aplicar políticas públicas de largo alcance que resuelvan hechos específicos y que afectan a decenas de miles de mexicanos.

Tan solo el gobierno del estado de Hidalgo señala que su padrón vehicular es de casi 900 mil unidades y que de estas 285 mil no tiene placas regularizadas. Es claro que existe un problema que es de fácil solución a través de medidas administrativas y no mediante acciones recaudatorias, confiscando ilegalmente bienes privados y mucho menos criminalizando esta conducta.

Los propietarios, poseedores o  usuarios de vehículos de procedencia extranjera que circulan en territorio nacional son en su gran mayoría mexicanos migrantes, connacionales trabajadores, campesinos, jornaleros y emprendedores que han buscado ganarse su sustento allende el Bravo, debido a la falta de oportunidades de empleo y crecimiento económico en nuestro país, pero que al regresar a nuestra nación se les aplican una suerte de discriminación inversa, un revanchismo institucional que lejos de acoger a nuestros compatriotas, es decir ciudadanos con plenos derechos, se les maltrata, extorsiona, confiscan bienes o se les criminaliza. Esto ha sucedido año con año y es una práctica que debe terminar de inmediato.

Octavo.Que debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos de América, y las condiciones preferenciales de intercambio de bines y mercancías y tránsito  de personas derivadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es no solo conveniente, sino indispensable que el Ejecutivo federal, a través del a Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración Tributaria, implemente un programa de regularización definitiva, mediante reglas generales, de vehículos usados de procedencia extranjera,  internados o importados, en el territorio mexicano, cuyo Número de Identificación Vehicular corresponda a un vehículo fabricado o ensamblado en Estados Unidos de América o Canadá, a fin de que puedan circular de manera permanente con los derechos y obligaciones que corresponda a los vehículos legalmente registrados en las entidades del país.

En razón de los anteriores argumentos me permito someter a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que:

Único.Se exhorte a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se implemente un programa que permita la regularización definitiva, mediante reglas generales, de vehículos usados de procedencia extranjera, internados o importados, en el territorio mexicano.

México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de octubre de 2014.— Diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD ARTESANAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a cumplir por la SE los artículos 20 y 35 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el presente punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que debe entenderse el valor agregado de la microindustria a la economía nacional como un eje de basta importancia dada la generación de empleos y el perfeccionamiento de la fuerza de trabajo.

Que la microindustria al igual que toda empresa, su fin es producir artículos o prestar servicios para obtener utilidades.

Que el sector de las Pymes demuestra en experiencia que aproximadamente, de cada 100 empresas que se forman, 80 desaparecen en los dos primeros años de vida, por lo que hacer que se supere esta media es una tarea que urge acciones inmediatas.

Que una ventaja que debería valorarse a favor de la microindustria, es la flexibilidad de adaptación en distintos medios, su poca exigencia de grandes inversiones, así mismo la alternativa que da a las comunidades donde estas se ubiquen y desarrollen, para generar autoempleo, sobre todo en comunidades rurales.

Que en nuestro país la predominancia de la microindustria y de actividad artesanal tiene una fuerte presencia en el área alimentaria, vestido y metales - no industrializados - sobre todo pequeños talleres de reparación y de herrería.

Que en base a tales hechos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de enero de 1988, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, cuya aplicación correspondía en ese momento a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Que uno de los objetivos principales de la citada Ley, consistía en incorporar a todas las formas de producción microindustrial, dentro de éstas se tenían contempladas las artesanías, a una esfera que les permitiera ser competitivas, mediante la consolidación de mejores niveles productivos.

Que la Ley abonaría a la simplificación administrativa y el otorgamiento de estímulos, así como el financiamiento para el inicio de operaciones, tal como lo contempla el artículo 21;

Artículo 21. Las empresas microindustriales que figuren en el padrón, recibirán los apoyos y estímulos que corresponda otorgárseles conforme a esta Ley, a la Ley de Ingresos de la Federación y a las demás disposiciones legales y administrativas que los establezcan.

Que para desarrollar los objetivos antes citados, la ley en su artículo 35 del Capítulo V, reza;

Artículo 35. Se crea la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria, que tendrá por objeto impulsar el desarrollo de las empresas microindustriales a través de las acciones previstas en la presente ley, especialmente las que consistan en la simplificación de trámites administrativos para obtener registros y autorizaciones y para cumplir obligaciones. La Comisión se encargará de estudiar y analizar las necesidades y la problemática que enfrenta la planta microindustrial del país, para proponer medidas que alienten su crecimiento y consoliden sus niveles productivos.

La Comisión será el conducto a través del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal coordinen su actuación para el otorgamiento de los beneficios y facilidades que se determinen conforme a esta Ley. El Ejecutivo federal proveerá lo conducente para que las secretarías de estado y departamentos administrativos, en el ejercicio de sus atribuciones, realicen los actos y adopten las medidas que permitan alcanzar los fines y objetivos mencionados.

Que la Comisión de Economía será quien presida las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, de Energía, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y del Gobierno del Distrito Federal, así como del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, serán parte de ésta.

Que así mismo la Ley comprende la conformación de un Padrón, esto establecido en el artículo 20 que cita;

Artículo 20. La Secretaría de Economía integrará el Padrón Nacional de la Microindustria con los datos de estas empresas. En la elaboración y manejo del Padrón podrán participar las autoridades estatales y municipales, en los términos de los acuerdos de coordinación que se celebren conforme al Capítulo VII de la presente Ley.

El Padrón contará con una sección para las personas físicas y morales que se dediquen a la producción de artesanías.

Que hasta la fecha no existe el padrón ni la comisión intersecretarial que mandata la mencionada ley.

Que derivado de los hechos anteriores, presentó ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Economía, a la brevedad dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 20 y 35 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/

2 http://www.diputados.gob.rnx/

3 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 16 de octubre de 2014.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

PLAZA DE LAS SIETE CULTURAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a la PGJ de Puebla, así como a la CNDH, a investigar y esclarecer la posible violación de derechos humanos cometida contra activistas sociales afectados y opositores a la construcción del proyecto Plaza de las Siete Culturas, en San Andrés Cholula, suscrita por la diputada Roxana Luna Porquillo e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Roxana Luna Porquillo, Miguel Alonso Raya, Aleida Alavez Ruiz, Carlos de Jesús Alejandro, Elena Tapia Fonllem, Lourdes Amaya, Vicario Portillo Martínez, Víctor Reymundo Nájera Medina y José Luis Muñoz Soria, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

Con profunda preocupación e indignación tenemos conocimiento público que existe la amenaza que podrían recibir hasta 54 años de cárcel, el abogado Adán Xicale Huiltle, su hijo, Paul Xicale Coyópol, y los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Álvarez, afectados y opositores a la construcción del Parque de las Siete Culturas de San Andrés Cholula, Puebla; esto por los presuntos delitos que se les imputan de ataques al orden constitucional, a las vías de comunicación, motín, despojo y daño en propiedad ajena.

Esto es absolutamente grave, en virtud de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, a los cuatro afectados y opositores les acumuló ilícitos de dos averiguaciones previas con la respectiva consignación al Poder Judicial.

No alcanzamos a comprender por qué el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas actúa con excesiva saña contra los integrantes de los movimientos sociales, quien según información reciente prácticamente agotó el término constitucional para determinar la situación jurídica del abogado Xicale Huiltle y tres de sus compañeros quienes fueron consignados el día jueves 9 de octubre, negándoles cualquier libertad bajo caución.

Este proceder del gobernador poblano tiene su antecedente el 14 de marzo de 2014, cuando el Congreso de Puebla aprobó la Ley de Expropiación, que agiliza la embargo de bienes con presuntos fines de utilidad pública, que no es otra cosa más que legalizar el despojo de forma rápida y expedita que afecta directamente a los dueños originales de las tierras sin ningún procedimiento claro y preciso respecto al derecho de defensa de los afectados en caso de expropiaciones.

La nueva disposición legal no permite que los afectados sean notificados en tiempo y forma para asumir su derecho al debido proceso y la defensa legal de sus bienes, pues basta con publicarse en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de utilidad pública, lo que los imposibilita a recurrir a los tribunales o hacer uso del derecho de amparo; como ahora está sucediendo con la construcción de la Plaza de las Siete Culturas, en San Andrés Cholula, que afecta la propiedad de muchos ciudadanos afectándoles aproximadamente 36 mil metros cuadrados.

Lo más grave de la situación es que afectará no sólo el patrimonio de las personas sino también los monumentos históricos que se encuentran cerca, incluso una pirámide que data de tiempos inmemoriales y forma parte del patrimonio cultural e histórico, y zona sagrada de todos los mexicanos.

Ante este alud de andanadas del gobierno poblano, los ciudadanos afectados, encabezados por Adán Xicale Huiltle, decidieron formar el Círculo de Defensa del Territorio de Cholula, quienes reclaman cuestiones básicas como la transparencia y consulta pública ante proyectos lesivos que pueden afectar drásticamente el patrimonio histórico de los poblanos, por lo que han exigido que se tomen en cuenta la opinión de la gente y sus decisiones comunitarias ante cualquier proyecto que el gobierno poblano pretenda impulsar en la zona sagrada de la gran pirámide de Cholula.

Hasta el momento no han encontrado una autoridad que ejerza su potestad para impedir esta afrenta, donde claramente se están violando las normas consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, entre otras; esto muy a pesar que el lunes 1 de septiembre el presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias firmó un acta junto a 15 regidores del ayuntamiento en la que se comprometía rechazar el proyecto del Parque de las Siete Culturas y además prometió realizar un cabildo abierto decidir en forma colectiva el futuro del proyecto emprendido.

Todo parece indicar que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, presionó y le dobló las manos al Alcalde Municipal para evitar oponerse al proyecto, toda vez que ahora Leoncio Paisano Arias es un firme impulsor de la Plaza de las Siete Culturas desde el 1 de septiembre del presente año, día en que se citó presuntamente a cabildo abierto.

Esto desconcertó a los pobladores porque habían recibido la promesa del presidente municipal que se opondría al proyecto, por lo que el lunes 6 de octubre los integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna clausuraron simbólicamente la presidencia de San Andrés Cholula para presionar al alcalde Leoncio Paisano Arias, la suspensión de las expropiaciones de los terrenos que formarán parte del plaza intermunicipal.

El abogado Adán Xicale Huitle, representante legal del movimiento, informó que determinaron permanecer en plantón hasta que el edil les diese una respuesta, pero intempestivamente en la madrugada del 7 de octubre, alrededor de las 3:30 horas, se efectuó una violenta operación para desalojar a un centenar de pobladores que se mantenían en plantón de manera indefinida en las instalaciones del Ayuntamiento en demanda de la cancelación de la construcción del complejo turístico Plaza de las Siete Culturas, que pretende instalar por la fuerza sobre el basamento de la pirámide de Cholula.

Las policías municipal, estatal y ministerial aprehendieron a punta de toletazos al abogado Adán Xicale Huitle y a su hijo Paul Xicale, así como a dos lugareños más de nombre Primo Manuel Tlachi y Albino Tlachi Valencia, quienes fueron subidos a golpes a una patrulla de San Andrés Cholula sin una orden de aprehensión.

En la operación fueron golpeadas dos ancianas que dormían en el campamento instalado en el portal del ayuntamiento. Los uniformados localizaron y detuvieron a Adán Xicale Huitle, no sin antes golpearlo frente sus compañeros.

Tras los hechos, Paul Xicale intentó defender a su padre, pero también fue levantado por los policías. El desalojo obligó a que los pobladores que presenciaron los hechos pidieran auxilio de los vecinos San Andrés, tocando las campanas de la parroquia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, hasta ya pasado el mediodía del martes 7 de octubre, ocultando el paradero a sus familiares quienes denunciaron que las autoridades los torturaron.

Esta acción de las autoridades poblanas nos hace suponer que los ahora presos, y en el futuro, procesados, están siendo castigados en el contexto de su lucha por la afectación de sus bienes y su oposición al proyecto del gobernador Rafael Moreno Valle. Se recurre a la criminalización de la lucha social, lo que polariza y tensa la frágil paz social en Puebla que se ha envuelto en graves violaciones de los derechos humanos de los pobladores, particularmente de comunidades indígenas.

En este proyecto no se han considerado el posible grave impacto negativo a nuestros monumentos históricos y la cultura inmaterial, que puede ser grave e irreparable.

Hasta el momento ha faltado información objetiva y transparente en torno al proyecto en mención.

Como se ha dicho de forma reiterada, las comunidades y personas que pertenecen a los pueblos ancestrales tienen un derecho fundamental que es la consulta previa, libre e informada, esto de acuerdo con los relatores de la ONU en la materia. Indican que son aspectos básicos para llegar a un acuerdo constructivo final que pasa por un proceso de consulta. Libre porque no debe haber coacción, intimidación ni manipulación; previoporque se obtiene el consentimiento con antelación a cualquier implementación legislativa o administrativa, y respetado las exigencias cronológicas de los procesos de consulta y consensos necesarios entre los implicados y finalmente informado porque implica el suministro de la totalidad de la información requerida, siempre con anterioridad a la consulta.

El derecho a la consulta sobre el consentimiento previo libre e informado forma parte de los derechos humanos que se traduce en mecanismos que permiten identificar y reflexionar sobre aspectos de discriminación, desigualdad y exclusión que se aplica a las comunidades ancestrales. Es decir que en toda acción del gobierno se debe considerar la perspectiva intercultural conseguir avanzar hacia la construcción de la convivencia intercultural.

Pero la convivencia intercultural no se consigue con la imposición de proyectos que pueden afectar gravemente a su raíz histórica y bienes culturales, más aún si se trata de algo muy sagrado como es la tierra y los monumentos históricos, en este caso de San Andrés Cholula.

No dejemos que escale un conflicto de imprevisibles consecuencias. Los tres niveles de gobierno están obligados al cumplimiento de los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido resoluciones que contribuyen al respeto de los derechos humanos básicos, del mismo modo que la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hecho contribuciones de gran magnitud e impacto social para nuestro derecho interno.

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía que se apruebe, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, a cancelar de forma completa y definitiva la construcción de la Plaza de las Siete Culturas, en San Andrés Cholula, Puebla. En consecuencia, se le solicita que cesen el hostigamiento y procesamiento de los dueños de las tierras y opositores al proyecto que afectará de forma definitiva el patrimonio histórico y cultural de todos los mexicanos.

Al mismo tiempo, cesar la persecución social y jurídica contra Adan Xicale Huitle, Alejandro Paul Xicale Coyopol, Albino Tlachi Álvarez y Primo Manuel Tlachi Álvarez, y en su caso a garantizar un juicio justo y ajustado a un debido proceso, con respeto pleno a las garantías procesales de los imputados y observando los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, a adoptar las medidas necesarias para detener el hostigamiento a los opositores al proyecto, velando por la integridad de estas personas.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al titular del Ejecutivo de Puebla, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Derechos Humanos y con la participación de observadores independientes de la sociedad civil, de la academia y comunidades; a realizar un proceso de consulta para conseguir el consentimiento previo, libre e informado de los afectados del proyecto, en cumplimiento a las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuyas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para toda la autoridad según establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero.La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el ámbito de sus atribuciones, a realizar un estudio de impacto histórico y cultural, y emitir un dictamen sobre si la construcción de la Plaza de las Siete Culturas, de San Andrés Cholula, Puebla, si cumple la normatividad de no afectación de los monumentos históricos y culturales, y el patrimonio material e inmaterial de la comunidad en mención.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputada Roxana Luna Porquillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.