Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 330 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 11:29 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Martes 21 de octubre de 2014.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

En relación con dictámenes de proposiciones en sentido negativo.

De los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña, Luis Armando Córdova Díaz, Mario Alberto Dávila Delgado y Francisco González Vargas

En relación a retiro de iniciativas y proposiciones.

De la Secretaría de Gobernación

Con el que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Con el que remite el tercer informe trimestral relativo a las “Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2014”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Con el que remite el Informe Final de la Evaluación al Programa Presupuestario “E 005 Protección de los Derechos de los Consumidores y el Desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor”

Del Instituto Nacional de Migración

Con el que remite los avances financieros de los programas de protección a migrantes, y el acumulado correspondientes al tercer trimestre de 2014.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Con el que envía el hipervínculo del informe final del Diagnóstico de la Estrategia Presupuestaria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que en el mes de septiembre de 2014, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Con el que remite el Informe de Auditoría Interna de su matrícula, correspondiente al Tercer Trimestre de 2014, en cumplimiento con el artículo 43, fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.

Solicitud de licencia

De la diputada Miriam Cárdenas Cantú.

Iniciativa del titular del Ejecutivo Federal

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

De la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el artículo 160 y adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

Dictámenes a discusión de puntos de acuerdo

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los que esta Soberanía extiende su reconocimiento y felicitaciones a los jóvenes que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, efectuados en Nanjing, China.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor del pleno respeto de la soberanía de Ucrania.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los or el que se exhorta a los congresos de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de Adopción Simple.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo relativo a la armonización de las leyes estatales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que instrumente las acciones necesarias para que sea declarado el 19 de noviembre como “Día Nacional contra el abuso sexual infantil”.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSA y a la SEP, a fin de atender la problemática del suicidio en nuestro país, mediante campañas y programas de información sobre la prevención de este fenómeno.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

Dictámenes a discusión negativos de iniciativas

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas y reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los que se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan las fracciones XVI y XVII al artículo 8, se modifican los artículos 54, 55, 58 y la fracción i del artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo, ordenándose alfabéticamente y recorriendo las subsecuentes; y se adiciona la fracción VIII al artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI al artículo 6, recorriendo la subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 59 ter de la Ley de Radio y Televisión.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 36 de la Ley General de Salud y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades cardiovasculares.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Salud y 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y se expide la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes.

Iniciativas

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Francisco Javier Fernández Clamont, Rosalba Gualito Castañeda, Mario Alberto Dávila Delgado, Isaías Cortés Berumen, Eva Diego Cruz, Rubén Acosta Montoya y Carla Alicia Padilla Ramos, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, respectivamente.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley General para el Fomento y la Transición al Transporte Alternativo, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 15-E de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Protección de la Familia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo OrtÍz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 22 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 215-B y 215-C del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 65 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 410-A del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Transición Energética, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o. y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del Servicio Profesional Nacional Electoral, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 43 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 238 y 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para declarar el día 2 de enero de cada año, como “Día Nacional del Municipio Libre”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria y suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo, a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que se revise y modifique el criterio de acreditación de calidad en los establecimientos de atención médica de la República Mexicana, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México, a fin de modificar el numeral II.I.1.5 de la circular de Operaciones de Caja para que los cajeros automáticos y dispensadores de efectivo distribuyan billetes de todas las denominaciones, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, dé cumplimiento a las aclaraciones solicitadas por la ASF, en torno al Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que diseñe y ejecute mecanismos de concientización, respecto de la importancia de las acciones preventivas que permitan la detección temprana de cualquier alteración a la salud, principalmente de los padecimientos relacionados al cáncer de mama, suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Tamaulipas, para que investigue y sancione a los responsables de la privación ilegal de libertad y muerte María del Rosario Fuentes Rubio, colaboradora de Valor por Tamaulipas, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, para que se brinden las facilidades necesarias para que el personal médico obtenga el grado de perito médico, a cargo del diputado Leobardo Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sectur, de la SEP y de la STPS, se lleven a cabo y en su caso, se fortalezcan las acciones y programas de profesionalización académica y certificación de los prestadores de servicios turísticos, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en torno a las auditorias forenses relativas al proyecto transversal “Trópico Húmedo”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al mantenimiento de las escuelas normales rurales, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos estatales y sus congresos locales, a fin de garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y sus diversos grupos sociales en la elaboración de sus presupuestos para cada ejercicio fiscal, suscrita por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de crear campañas de información y concientización sobre el virus del Ébola, factores, riesgos y medidas para prevenir el contagio, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo para que el IMSS adopte las medidas necesarias para eliminar el trámite de comprobación de supervivencia a los pensionados y jubilados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo, para que difunda en su sitito oficial de Internet el estado actual y la prospectiva del personal capacitado mexicano con que cuentan las industrias petrolera, petroquímica y química nacional, para llevar a cabo las diversas actividades y funciones que se desprenden de la reforma constitucional en materia energética, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efemérides

Con motivo del 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada Blanca Jiménez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo del 18 de octubre, Día de la Protección de la Naturaleza, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves dieciséis de octubre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y nueve diputadas y diputados, a las once horas con catorce minutos del jueves dieciséis de octubre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que se comunica modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, y se adiciona el artículo veintiuno Bis a la Ley de Planeación. Se turna a las Comisiones Unidas de Competitividad, y de Economía, para dictamen, y a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para opinión. De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno, actualícense los registros parlamentarios.

b) De las Diputadas:

• María Guadalupe Mondragón González, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el proyecto de decreto que adiciona los artículos veintiocho y veintinueve de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, presentada el tres de abril de dos mil catorce.

• Frine Soraya Córdova Morán, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de la Comisión de Comisión de Desarrollo Social, el proyecto de decreto que reforma el artículo segundo de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el treinta de abril de dos mil catorce.

• Crystal Tovar Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de la Comisión de Salud, el proyecto de decreto que reforma el artículo ciento cincuenta y siete Bis de la Ley General de Salud, presentada el tres de abril de dos mil catorce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Comisión Nacional del Agua, con los que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a los daños ocasionados por los fenómenos hidrometeorológicos en municipios de Baja California Sur, y la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi. Se remite a las Comisiones de Protección Civil, y Especial de Seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes en el río Sonora, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobernación:

• Con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que se liberen los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), para Baja California Sur. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

• Con la que remite el Tercer Informe Trimestral de dos mil trece sobre la aplicación detallada de los recursos ejercidos y comprometidos del Presupuesto del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados a considerar la instalación de mesas interinstitucionales de presupuesto para la niñez y la adolescencia para el ejercicio fiscal dos mil quince, presentada por la senadora Martha Elena García Gómez, del Partido Acción Nacional. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Con la que remite solicitud del senador Fernando Torres Graciano, del Partido Acción Nacional, para que se dictamine la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce y del Código Fiscal de la Federación. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos los diputados: Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano; Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados felicita a la joven Malala Yousafzai, por haberse hecho acreedora del Premio Nobel de la Paz a los diecisiete años, reconociendo su lucha por la educación de las niñas de su país Pakistán y por los derechos humanos en el mundo. Se somete a discusión e interviene en pro el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

El Presidente informa que se recibió de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con la declaratoria de publicidad, el Presidente somete a consideración de la Asamblea si se autoriza que el dictamen mencionado sea puesto a discusión y votación de inmediato. En votación económica se autoriza.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Damián Zepeda Vidales. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, la cual, en votación económica no se toma en consideración y se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y el diputado: María Sanjuana Cerda Franco, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

Adolfo Oribe Bellinger, del Partido del Trabajo; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano;

A las doce horas con dieciocho minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuarenta y seis diputadas y diputados.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

David Pérez Tejeda Padilla, del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Cuellar Reyes, del Partido de la Revolución Democrática;

En su oportunidad y desde su curul realiza moción de ilustración el diputado Catalino Duarte Ortuño, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Juan Bueno Torio, del Partido Acción Nacional;

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra en el Salón de Sesiones y da la bienvenida al señor Tord Lien, Ministro del Petróleo y Energía del Reino de Noruega, acompañado por los embajadores de Noruega en México y de nuestro país en Noruega, Merethe Nergaard y Luis Javier Campuzano Piña, respectivamente, quienes asisten a una reunión de trabajo con la Comisión de Energía, presidida por el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez.

y José Luis Márquez Martínez, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra las diputadas y los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Francisco Alfonso Durazo Montaño, Zuleyma Huidobro González, y Luisa María Alcalde Luján, de Movimiento Ciudadano; y en pro la diputada y los diputados: Carol Antonio Altamirano, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional; Angelina Carreño Mijares, del Partido Revolucionario Institucional; Mario Alejandro Cuevas Mena, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido Acción Nacional; y Adolfo Bonilla Gómez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para discusión en lo particular los artículos: primero, segundo, cuarto, sexto, séptimo, octavo, diez, doce, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veintidós, veintitrés, y veinticuatro; transitorios: cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, y décimo, del proyecto de decreto.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En votación nominal por cuatrocientos veintisiete votos a favor; treinta y cinco en contra, y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados el proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para referirse a los artículos reservados, a los siguientes diputados:

• Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo cuarto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Germán Pacheco Díaz, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo cuarto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Sergio Augusto Chan Lugo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, párrafo cuarto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia de la diputadaMaría Beatriz Zavala Peniche

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos primero, segundo, adición de un párrafo cuarto, y octavo, fracción segunda, adición de un numeral cuatro, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Juan Ignacio Samperio Montaño, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, numeral diez, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, numeral diez, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

• Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo primero, adición de un último párrafo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoFrancisco Arroyo Vieyra

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuestas de modificación a los artículos primero y segundo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Luis Miguel Ramírez Romero, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, quien acepta pregunta del diputado Javier Treviño Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Luis Valle Magaña, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, párrafo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, eliminación del párrafo primero, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos el diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

• Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, adición de un párrafo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo cuarto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, para presentar dos propuestas de modificación al artículo sexto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Lizbeth Loy Gamboa Song, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

• Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo séptimo, fracción cuarta, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada Martha Gutiérrez Manrique, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo séptimo, fracción cuarta, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• María del Socorro Ceseñas Chapa, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos décimo, adición de un párrafo octavo; décimo segundo, adición de un párrafo; décimo sexto, apartado A, fracción octava; y décimo noveno, párrafo segundo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Aleida Alavez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, fracción primera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, fracción segunda, numeral dos, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos décimo sexto, apartado A, fracción séptima; apartado B, adición de una fracción tercera; adición de dos artículos transitorios, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos décimo sexto, apartado A, adición de un párrafo, adición de una fracción décimo tercera; y apartado B, adición de un párrafo último, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Patricia Lugo Barriga, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de un inciso, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Guillermo Sánchez Torres, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, fracciones séptima, novena, y décima, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Ángel González Serna, del Partido Acción Nacional, para presentar dos propuestas de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admiten a discusión, se desecha.

• Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Humberto Alonso Morelli, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Humberto Armando Prieto Herrera, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Enrique Reina Lizárraga, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Glafiro Salinas Mendiola, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Francisco Pelayo Covarrubias, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ramón Antonio Sampayo Ortíz, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, quien acepta pregunta del diputado Javier Treviño Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• David Cuauhtémoc Galindo Delgado, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Alicia Concepción Ricalde Magaña, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Carlos Fernando Angulo Parra, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Consuelo Argüelles Loya, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Alberto Coronado Quintanilla, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Margarita Saldaña Hernández, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Raquel Jiménez Cerillo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado A, adición de una fracción décima tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado B, adición de una fracción tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado B, adición de una fracción tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Juan Pablo Adame Alemán, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, apartado B, adición de una fracción tercera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Víctor Serralde Martínez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos décimo sexto, adición de un apartado C, al artículo dieciséis; y adición de un artículo Transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Leonor Romero Sevilla, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo décimo sexto, adición de un apartado C, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Fernando Belaunzarán Méndez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos décimo octavo, párrafo cuarto; y diecinueve, párrafo segundo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Mario Sánchez Ruíz, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo veintiuno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• José Antonio Hurtado Gallegos, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintidós, fracción primera, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos veintidós, fracción primera; y veintitrés, adición de párrafos, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

• Carlos Alberto García González, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos veintidós, fracción cuarta; y adición de un capítulo cuarto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Julio César Lorenzini Rangel, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo veintidós Bis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Víctor Manuel Jorrín Lozano, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veintitrés, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Presidencia del diputadoFrancisco Agustín Arroyo Vieyra

• Elizabeth Oswelia Yáñez Robles, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo veintisiete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo veintisiete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Margarita Licea González, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un capítulo cuarto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un capítulo cuarto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para presentar propuestas de modificación a los artículos transitorios cuarto, quinto y séptimo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan.

• Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo transitorio sexto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Gerardo Peña Avilés, Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo transitorio noveno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

• Carlos Guzmán Cervantes, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por doscientos noventa y tres votos a favor; y ciento treinta y cinco en contra, se aprueban en lo particular los artículos reservados: primero, segundo, cuarto, sexto, séptimo, octavo, diez, doce, dieciséis, dieciocho, diecinueve, veintiuno, veintidós, veintitrés, y veinticuatro; y los artículos transitorios cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, y décimo, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil quince. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativa con proyecto de decreto del diputado Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Benjamin Castillo Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a los titulares de los órganos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de implantar un programa de modernización y especialización de las unidades de medicina familiar (clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social) en el estado de Baja California. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Andrés de la Rosa Anaya, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se intensifiquen las campañas de difusión en relación al proceso de transición digital terrestre, asimismo, para que se difundan los avances de dicho proceso, así como de la entrega de televisores que corresponden a dicha transición. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para que difunda en su portal oficial de internet, las acciones que ha realizado para atender las observaciones de la auditoría financiera sobre el aprovechamiento de infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y comunicaciones. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, relativo a las tarifas eléctricas preferenciales en el estado de Tabasco. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

• Jaime Bonilla Valdez, del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Baja California, a fin de que evite la destrucción del parque Benito Juárez, en Tijuana. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que establezca una estrategia para la provisión de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en localidades indígenas y acelerar las inversiones en la materia. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• María Rebeca Terán Guevara, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que a través de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra y en coordinación con las diversas autoridades del estado de San Luis Potosí, se fortalezcan los programas y acciones de regulación de los diversos asentamientos humanos irregulares en los cincuenta y ocho municipios de esa entidad. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• José Luis Muñoz Soria, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que difunda en su portal oficial de internet las acciones que ha realizado para atender las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación, relativas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Chihuahua, emprenda las acciones necesarias para dar atención a los hechos de violencia ocurridos en el municipio de Guachochi. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que desarrolle un monitoreo permanente en toda área del país, en la cual tenga presencia la nueva División de Gendarmería de la Policía Federal. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a dependencias de los tres niveles de gobierno, a fin de establecer mesas de trabajo interinstitucional, para realizar proyectos ambientales viables y aprovechar el procesamiento de residuos sólidos urbanos, en la zona donde se estableció la planta recicladora Bicentenario. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Luis Esquivel Zalpa, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de implementar un programa que permita la regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera, internados o importados en el territorio mexicano. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Yesenia Nolasco Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, dé cumplimiento a lo establecido en los artículos veinte, y treinta y cinco de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Roxana Luna Porquillo y diputados integrantes del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno y a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, así como a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a investigar y esclarecer la posible violación a diversos derechos humanos cometidos en contra de diversos activistas sociales afectados y opositores a la construcción del proyecto Plaza de las Siete Culturas en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el martes veintiuno de octubre de dos mil catorce, a las once horas, y levanta la sesión a las veintiún horas con doce minutos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado López Suárez, ¿Para qué quiere la voz?

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente, solamente para preguntar nuevamente. Hace una semana, al iniciar la sesión, pregunté sobre la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se acordó desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, y usted nos informó que ha había un procedimiento para que se diera la comparecencia, pero llevamos ya prácticamente 10 días sin que se le ponga fecha a esta comparecencia.

Incluso se nos ha dicho de parte de la secretaría técnica de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara que no es comparecencia, que es una reunión de trabajo. Ahí quisiera pedir que nos aclarara este punto y comentar que en particular al PRD no le interesa si se va a reelegir o no el presidente de la Comisión Nacional, más bien lo que nos interesa es que venga a dar explicación de diferentes temas; del tema de Guerrero, de Michoacán, de Tamaulipas, del caso de algunos presos que tienen una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el de Nestora Salgado y otros dirigentes sociales; el tema de Mireles.

Eso es lo que nos interesa en particular al PRD y entonces pedimos que se nos explique cuándo va a venir el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que llevamos más de 2 años en esta legislatura y no ha venido a comparecer ante esta Cámara. Si nos pudiera aclarar el tema, por favor.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Con mucho gusto, señor diputado. Antes permítame. Quiero pedirles con mucho respeto a mis amigas y amigos de los medios de comunicación, que nos hagan el favor de ocupar los lugares que tienen asignados para ello y nos permitan continuar con la sesión, una vez que ésta ha iniciado. Les ruego, por favor.

El tema que ha puesto usted, que ha hecho del conocimiento del pleno, le informo que el día de ayer fue un tema abordado nuevamente por la Junta de Coordinación Política. El resultado o la conclusión es que sigue pendiente que la Comisión de Derechos Humanos precise fecha y tiempo para la comparecencia.

Agrego a usted la información de la que dispongo, que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ha solicitado licencia.

Esta Mesa Directiva ha estado atenta dándole seguimiento a la preocupación que usted nos expresó y que hoy reitera, pero esperaremos a que la Comisión notifique una propuesta.

El diputado Roberto López Suárez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: ¿Sí, diputado? El diputado López Suárez, para que termine su comentario.

El diputado Roberto López Suárez (desde la curul): Sí, presidente. Precisamente por eso nos extraña, porque la diputada Miriam, hasta donde está usted informando ha pedido licencia. Pero le sugeriría en este caso al pleno de esta Cámara, a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, que no podemos estar supeditados a una comparecencia sobre todo en los tiempos de una diputada, sobre todo porque tenemos un atraso importante de casi siete meses que se acordó esta comparecencia y pareciera –lo digo con todo respeto a la diputada Miriam– pareciera que está supeditada la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los tiempos de la diputada Miriam Cárdenas.

Es urgente, señor presidente de la Mesa, que se decida rápido. La Comisión de Derechos Humanos, si tiene que decidirlo como así se acordó, pediría que se haga la sustitución rápida de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, para que se convoque a la sesión y le pongamos fecha, porque no me gustaría que nos pasáramos otros seis meses sin que se pudiera poner fecha para esta comparecencia. Gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia toma nota de su preocupación. Pediría nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos que proceda con lo que corresponde, atender la solicitud que reiteradamente se ha hecho, tanto en el pleno como en otras instancias. Diputado Zárate.

El diputado Fernando Zárate Salgado(desde la curul): Le agradezco, presidente. Sólo para complementar la información. El PRD distingue dos procedimientos distintos. Uno de ellos es el de renovación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y otros, la rendición de cuentas.

Lo que estamos exigiendo son, que se revise la operación, el funcionamiento y la rendición de cuentas del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a distintos casos en este país, como el de San Fernando y los migrantes, como el de Tlatlaya y como muchos otros.

Quisiéramos dejar patente que no queremos confundir el proceso de renovación con la rendición de cuentas y la autonomía de este órgano no implica que no le rinda cuentas a nadie, que no pretenda rendirle cuentas al cielo.

Este Poder Legislativo debe exigir la rendición de cuentas, incluyendo muchos asuntos en el país. Para sólo que quede claro y complementar la información, presidente, agradeciendo el uso de la palabra.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. Su comentario, lo expresado queda debidamente registrado en el Diario de los Debates. También me ha pedido la palabra la diputada Loretta Ortiz, ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Loretta Ortiz Ahlf(desde la curul): Con relación a este asunto de la licencia solicitada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, la diputada Miriam Cárdenas.

Debe puntualizarse y debe llamarse la atención en cuanto a que las funciones que ejerce la presidenta de la comisión no son banales ni son funciones que puedan esperar. El citatorio o la comparecencia al ombudsman, viene de más meses de los puntualizados, con anterioridad de siete meses.

Hemos tenido reuniones con desaparecidos, que ése es el tema que nos ahorita nos preocupa a toda la nación, no solamente a nivel interno, sino a nivel internacional, y en este momento, en este momento quien aspira a ser ombudsman, que sus intereses serán legítimos, pero si tiene algo de conciencia y algo de preocupación por la ciudadanía y algo de preocupación por los derechos humanos, no dejaría esta Comisión, la de Derechos Humanos, nos dejaría al garete a los que estamos ejerciendo con responsabilidad nuestra función.

No solamente es la cuestión de los desaparecidos sino también de las víctimas, el problema del proyecto de Ley de Trata de Personas y no sabemos cuándo vamos a tener una suplencia adecuada para estas funciones. Estos asuntos no esperan. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. Queda debidamente registrada su intervención y hoy será desahogada la licencia de la diputada Cárdenas, como está en el orden del día. Y seguramente, pronto deberá resolverse la sustitución en la Presidencia de esta comisión.

Continúe la Secretaría con el orden del día.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo, en sentido negativo, para su archivo, de conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:

Salud

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover la emisión de una NOM para que los envases y embalajes de los medicamentos incluyan en sistema braille las denominaciones distintiva y genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad.

• Por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas permanentes dirigidas a las personas con discapacidad visual, a fin de capacitarlas en un método que desarrolle previamente sobre la correcta y fácil manera de identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover la emisión de una NOM para que los envases y embalajes de los medicamentos incluyan en sistema braille las denominaciones distintiva y genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones” los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 25 de septiembre de 2014, la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que promueva la emisión de una NOM para que los envases y embalajes de los medicamentos, incluyan en sistema braille las denominaciones distintiva y genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que promueva la emisión de una NOM para que los envases y embalajes de los medicamentos, incluyan en sistema braille las denominaciones distintiva y genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Para la Organización Mundial de la Salud la discapacidad visual es aquella visión menos de 20/400 o 0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la mejor corrección. Se considera que existe ceguera legal cuando la visión es menor del 20/200 o 0.1 en el mejor ojo y con la mejor corrección.

De acuerdo con las cifras del Inegi, la población de ciegos y débiles visuales en nuestro país supera el millón de personas, siendo aproximadamente de un millón 292 mil 201 personas, de los cuales 700 mil sufren ceguera.

En el mundo más de 161 millones de personas experimentan serias deficiencias visuales; 37 millones de personas son ciegas y 124 millones tienen visión baja. Cada año, cerca de 2 millones de personas se vuelven ciegas; 75 por ciento de ésta ceguera es tratable o prevenible.

Es importante mencionar que las principales causas de ceguera crónica son las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad, las opacidades corneales, retinopatía diabética, tracoma y las afecciones oculares infantiles.

La ceguera relacionada con la edad y la diabetes no controlada, están aumentando en todo el mundo mientas que a la ceguera infecciosa está disminuyendo gracias a las medidas de salud pública.

Tercera. La Ley General de Salud establece en su artículo 225, que será materia de Reglamento, establecer la forma en que se determinará el etiquetado de los medicamentos, así como su publicidad, prescripción, entre otros:

Ley General de Salud

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

...

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Cuarta. Por otra parte, en el Reglamento de Insumos para la Salud, se establece en el artículo 24 las características y requisitos que el etiquetado de un medicamento debe contener:

Reglamento de Insumos para la Salud

Artículo 24. Las etiquetas deberán contener cuando menos la siguiente información sanitaria y reunir las características y requisitos que establezca la Norma correspondiente:

I. La denominación genérica:

II. La denominación distintiva, excepto cuando se trate de medicamentos genéricos intercambiables;

III. La declaración de ingredientes activos;

IV. La identificación y domicilio del fabricante y, en su caso, del distribuidor;

V. Las instrucciones para su conservación:

VI. La fecha de caducidad;

VII. El número de lote;

VIII. La dosis y vía de administración;

IX. Las leyendas precautorias, incluyendo su riesgo de uso en el embarazo;

X. Las leyendas de advertencia;

XI. La Leyenda o símbolo que, en su caso, lo identifique como Medicamento genérico intercambiable, y

XII. Las especificaciones del organismo vivo que se utilizó para la preparación del medicamento y el nombre de la enfermedad a la cual se destina, de acuerdo con la nomenclatura y el nombre de la enfermedad a la cual se destina, de acuerdo con la nomenclatura internacional aceptada, cuando se trate de medicamentos de origen biológico de acción inmunológica.

Cuando la información se exprese en otros idiomas, desde el país de origen deberá aparecer también idioma español, cuando menos, con el mismo tamaño y proporcionalidad tipográfica, de acuerdo con la norma correspondiente.

Quinta. De lo anterior se desprende la existencia de la norma que complemente la regulación del etiquetado de medicamentos, refiriéndose a la Norma Oficial Mexicana NOM-072SSAl-20l2 Etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2012, la cual tiene por objeto “establecer los requisitos que deberá contener el etiquetado de los medicamentos y los remedios herbolarios que se comercializan o suministran en el territorio nacional, sus instructivos y el etiquetado de las muestras médicas de los mismos.”

Esta norma establece todos y cada uno de los elementos que debe integrar la etiqueta tanto de un medicamento como de un remedio herbolario, asimismo se regula la de forma detallada como se hará la referencia a cada elemento que integra la etiqueta. Sin embargo, ni en el estudio del Reglamento de Insumos, ni de la NOM-072SSAl-2012, se desprenden características en el etiquetado que ayuden a los discapacitados visuales a identificar sus medicamentos, tal es el caso como el uso de braille en los empaques.

Sexta. Sin embargo, con fecha 8 de diciembre de 2011 fue aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados con, 317 votos en pro y 1 abstención, dictamen a favor de la Comisión de Salud por medio de cual se dictaminaron 3 iniciativas presentadas durante la LXI Legislatura, con el objetivo de proporcionar mayores elementos de identificación en los medicamentos para beneficiar a las personas con discapacidad visual, el cual fue enviado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

En ese sentido se debe hacer referencia que las iniciativas están directamente relacionadas en cuanto al etiquetado de medicamentos, para que este exprese en lenguaje braille la información con la denominación genética y distintiva del producto, así como la fecha de caducidad de éstos.

Así bien, el objetivo principal es contribuir para mejorar la calidad de vida de los mexicanos que padezcan ceguera y que por lo tanto no cuenten con alguna persona que los auxilie en la identificación del medicamento.

Sexta. Por lo anterior, los integrantes de esta Comisión, consideran que el Punto de acuerdo presentado es inviable debido a que actualmente no existe en marco jurídico normativo que regule el sistema braille en el etiquetado de los medicamentos.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que promueva la emisión de una NOM para que los envases y embalajes de los medicamentos, incluyan en sistema braille las denominaciones distintiva y genérica, el gramaje, la dosis y la fecha de caducidad, presentada por la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 25 de septiembre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Consulte la NOM-072SSA1-2012 Etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Vigente al 31 de marzo de 2014.

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas permanentes dirigidas a las personas con discapacidad visual, a fin de capacitarlas en un método que desarrolle previamente sobre la correcta y fácil manera de identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 23 de septiembre de 2014, la diputada María del Rocío Corona Nakamura y el diputado Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron un punto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, realice campañas permanentes dirigidas a las personas con discapacidad visual, a fin de capacitarlas en un método que desarrolle previamente, sobre la correcta y fácil manera de identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta a la Ssa a realizar campañas permanentes dirigidas a las personas con discapacidad visual para prepararlas con un método desarrollado previamente sobre la correcta y fácil identificación, compra, manejo y almacenamiento de medicinas.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Para la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad visual es aquella visión menos de 20/400 o 0.05, considerando siempre el mejor ojo y con la mejor corrección. Se considera que existe ceguera legal cuando la visión es menor del 20/200 o 0.1 en el mejor ojo y con la mejor corrección.

De acuerdo con las cifras del Inegi, la población de ciegos y débiles visuales en nuestro país supera el millón de personas, siendo aproximadamente de un millón 292 mil 201 personas, de los cuales 700 mil sufren ceguera.

En el mundo más de 161 millones de personas experimentan serias deficiencias visuales; 37 millones de personas son ciegas y 124 millones tienen visión baja. Cada año, cerca de 2 millones de personas se vuelven ciegas; 75 por ciento de ésta ceguera es tratable o prevenible.

Es importante mencionar que las principales causas de ceguera crónica son las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular relacionada con la edad, las opacidades corneales, retinopatía diabética, tracoma y las afecciones oculares infantiles.

La ceguera relacionada con la edad y la diabetes no controlada, están aumentando en todo el mundo mientas que a la ceguera infecciosa está disminuyendo gracias a las medidas de salud pública.

Tercera. La Ley General de Salud establece en su artículo 225, que será materia de Reglamento, establecer la forma en que se determinará el etiquetado de los medicamentos, así como su publicidad, prescripción, entre otros:

Ley General de Salud

Artículo 225. Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.

...

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.

Cuarta. Por otra parte, en el Reglamento de Insumos para la Salud, se establece en el artículo 24 las características y requisitos que el etiquetado de un medicamento debe contener:

Reglamento de Insumos para la Salud

Artículo 24. Las etiquetas deberán contener cuando menos la siguiente información sanitaria y reunir las características y requisitos que establezca la Norma correspondiente:

I. La denominación genérica;

II. La denominación distintiva, excepto cuando se trate de medicamentos genéricos intercambiables;

III. La declaración de ingredientes activos;

IV. La identificación y domicilio del fabricante y, en su caso, del distribuidor;

V. Las instrucciones para su conservación;

VI. La fechad e caducidad;

VII. El número de lote;

VIII. La dosis y vía de administración;

IX. Las leyendas precautorias, incluyendo su riesgo de uso en el embarazo;

X.Las leyendas de advertencia;

XI. La Leyenda o símbolo que, en su caso, lo identifique como Medicamento Genérico Intercambiable, y

XII. Las especificaciones del organismo vivo que se utilizó para la preparación del medicamento y el nombre de la enfermedad a la cual se destina, de acuerdo con la nomenclatura y el nombre de la enfermedad a la cual se destina, de acuerdo con la nomenclatura internacional aceptada, cuando se trate de medicamentos de origen biológico de acción inmunológica.

Cuando la información se exprese en otros idiomas, desde el país de origen deberá aparecer también idioma español, cuando menos, con el mismo tamaño y proporcionalidad tipográfica, de acuerdo con la norma correspondiente.

Quinta. De lo anterior se desprende la existencia de la norma que complemente la regulación del etiquetado de medicamentos, refiriéndose a la norma oficial mexicana NOM-072SSAl-2012 Etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2012, la cual tiene por objeto “establecer los requisitos que deberá contener el etiquetado de los medicamentos y los remedios herbolarios que se comercializan o suministran en el territorio nacional, sus instructivos y el etiquetado de las muestras médicas de los mismos.

Esta norma establece todos y cada uno de los elementos que debe integrar la etiqueta tanto de un medicamento como de un remedio herbolario, asimismo se regula la de forma detallada como se hará la referencia a cada elemento que integra la etiqueta. Sin embargo, ni en el estudio del Reglamento de Insumos, ni de la NOM-072SSAl-2012, se desprenden características en el etiquetado que ayuden a los discapacitados visuales a identificar sus medicamentos, tal es el caso como el uso de braille en los empaques.

Sexta. Sin embargo, con fecha 8 de diciembre de 2011 fue aprobado en el pleno de la Cámara de Diputados con 317 votos en pro y 1 abstención, dictamen a favor de la Comisión de Salud por medio de cual se dictaminaron 3 iniciativas presentadas durante la LXI Legislatura, con el objetivo de proporcionar mayores elementos de identificación en los medicamentos para beneficiar a las personas con discapacidad visual, el cual fue enviado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

En ese sentido se debe hacer referencia que las iniciativas están directamente relacionadas en cuanto al etiquetado de medicamentos, para que este exprese en lenguaje braille la información con la denominación genética y distintiva del producto, así como la fecha de caducidad de éstos.

Por lo tanto, al no contar aún con una resolución de la Cámara revisora, no es viable optar por ahora con la facilitación de la lectura a las personas invidentes del medicamento en el lenguaje Braille.

Séptima. Por lo anterior, los integrantes de esta comisión, consideran que el punto de acuerdo presentado es inviable, ya que actualmente no existe un ordenamiento jurídico que regule el etiquetado de medicamentos en sistema braille.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, realice campañas permanentes dirigidas a las personas con discapacidad visual, a fin de capacitarlas en un método que desarrolle previamente, sobre la correcta y fácil manera de identificación, compra, manejo y almacenamiento de los medicamentos, suscrita por los diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 23 de septiembre de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota:

1 Consulte la NOM-072SSA1-2012 Etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Vigente al 31 de marzo de 2014.

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Me permito solicitarle de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que sea retirada y borrada de todos los registros parlamentarios la siguiente iniciativa: Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la cual fue presentada el 12 de agosto del año en curso en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por así convenir a mis intereses.

Agradeciendo de antemano su valiosa atención, reciba usted mis saludos más cordiales.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2014.— Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado presidente: le envío un cordial saludo, solicitando de la manera más atenta y con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados que se retire la iniciativa

Con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo y tercer párrafos y se adiciona uno sexto al artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada el 13 de agosto del año en curso y turnada a la Comisión de Justicia.

Sin otro particular, le reitero mis más atentas y distinguidas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.— Diputado Luis Armando Córdova Díaz (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LXII Legislatura.— Presente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, atentamente solicito que tenga a bien dictar sus apreciables instrucciones a efecto de que se retire la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Salud, de Relaciones Exteriores, y de Gobernación a realizar de manera urgente las acciones de coordinación en materia de sanidad internacional, migratoria, marítima, terrestre y aérea que establece la Ley General de Salud con objeto de evitar la introducción del virus del ébola en el territorio nacional, a cargo del diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Sin otro particular, quedo de usted, para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputado Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En primer término, expreso a usted un respetuoso saludo y, al propio tiempo, manifiesto que es mi voluntad retirar la proposición con punto de acuerdo que presenté ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha 13 de agosto del año en curso, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua a realizar de forma coordinada los estudios técnicos, económicos y sociales, en el ámbito de sus respectivas competencias, que permitan establecer un plan rector de acciones públicas, privadas y sociales para proteger el ecosistema denominado “El Manantial”, en Tizayuca, Hidalgo.

Lo anterior, a fin de profundizar en el análisis de dicho punto de acuerdo y, nuevamente, elevarlo a la alta consideración de esta asamblea.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2014.— Diputado Francisco González Vargas (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se tiene por retirada. Actualícense los registros parlamentarios.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputada Malú Mícher, a sus órdenes. Sonido, por favor, en la curul de la diputada.

La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul): Buen día, señor presidente. Nada más para decirle a nuestro pleno que no podemos dejar de mencionar que el 17 de octubre fue el Aniversario 61 de la Conmemoración del Voto y no hubo ninguna mención por parte de esta Cámara en favor de lo que hemos logrado nuestras compañeras con ustedes, con los hombres aliados y lo que la historia ha dado cuenta de nuestras luchas.

Por eso nos parece que esta agenda no puede quedar sin mencionarse. Felicitar a quienes han luchado por todo esto. Felicitar a quienes se han sumado a esta lucha por los votos y el voto de las mujeres para votar y ser electas. Pero también para recordarle a nuestro país sobre la paridad que el artículo 41 ahora tiene integrado. Por lo que le agradezco, señor presidente, que pudiese haber alguna mención por parte de la Mesa Directiva que usted dignamente preside, en favor de esta agenda política que por los lamentables hechos que están sucediendo en nuestro país no pudo integrarse en la agenda, pero eso no obsta para tener de usted, sobre todo porque es nuestro aliado, algún pronunciamiento que nos parecería sería muy importante obtener de su parte. Muchísimas gracias y vamos por la paridad.

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, compañera diputada. Así toma nota esta Presidencia y vamos a proceder en consecuencia. Aprovecho este comentario de la diputada Malú y quisiera en un minuto expresar lo siguiente.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados expresa su profunda preocupación por los índices de mortalidad derivados de las enfermedades como el cáncer, referente ya en la tercera causa de muerte de nuestro país.

Las diputadas y diputados no debemos ser ajenos al fortalecimiento de las políticas públicas de salud y en el apoyo a responder a esta problemática. Nuestro país tiene muchos retos que afrontar en su combate y en el reforzamiento de campañas de prevención y detección temprana de esta enfermedad con la investigación, con la infraestructura necesaria, así como en la asignación de recursos a la atención de este padecimiento.

Se ha puesto a su disposición en las curules del salón de sesiones un moño de color rosa para compartir con legisladoras y legisladores este espíritu de solidaridad y participación activa.

Expreso aquí una preocupación que recojo de la diputada Saldaña de que si bien hemos hecho esfuerzos para fortalecer la campaña de lucha contra el cáncer de mama, que hemos iluminado el edificio de la Cámara de Diputados de color rosa y hemos hecho otras actividades para fortalecer el esfuerzo en contra de este terrible mal que afecta fundamentalmente a las compañeras mujeres, pero se ha hecho el énfasis de que es un problema general que el cáncer, como una enfermedad terminal que afecta a muchas mexicanas y a muchos mexicanos, tiene que ser motivo también de preocupación permanente de esta Cámara. Así lo expreso, como usted me lo pidió, señora secretaria.

El siguiente asunto es el relativo a los comunicados. Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-3778, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SPMAR/ CORDAS/ 660/ 2014, suscrito por el licenciado Salvador Sergio Arredondo Arredondo, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de esta secretaría, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a promover junto con Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador la elaboración de políticas comunes para que, en un marco de corresponsabilidad y de apoyo financiero compartido, se garanticen mejores condiciones de vida, y se reviertan la violencia y la inseguridad existente en dichos países, que provoca la expulsión de los niños de sus lugares de origen.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 14 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia al exhorto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Relación Exteriores a convocar, en el ámbito de sus competencias y a través de los conductos adecuados, a una cumbre de sus homólogos de Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador para que de manera coordinada elaboren una declaración conjunta que garantice los derechos humanos y la dignidad de los niños migrantes no acompañados en su camino a Estados Unidos América. Hago de su conocimiento que esta subsecretaría considera que el exhorto se refiere a una coordinación entre un grupo de países, se trata de un tema de la competencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de lo cual beberá ser dicha dependencia del Ejecutivo la que dé respuesta al Congreso de la Unión.

No obstante, y en el marco de las competencias de esta subsecretaría y específicamente del Instituto Nación de Migración se hacen las siguientes consideraciones:

1. Al ser planteado el exhorto como

2. Los gobierno de El Salvador, Guatemala y Honduras formularon de manera conjunta la denominada Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte, estrategia orientada a atender las causas estructurales de la pobreza y la marginación, lo que implica una declaración común también en torno a la atención de la problemática de la migración de niños y de adolescentes no acompañados.

3. El gobierno de México desarrolla acciones de facilitación para la movilidad humana y la protección y atención de los migrantes, en los que se incluyen de forma especial los niños y los adolescentes no acompañados.

4. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada por el Congreso de la Unión, fortalece la garantía de protección de los derechos de los niños y de los adolescentes migrantes no acompañados.

5. Que la Ley de Migración y su Reglamento obligan a garantizar el respeto irrestricto de los derechos de los niños y de los adolescentes migrantes, por lo que el Instituto Nacional de Migración ejecutará procedimientos acordes con lo establecido en el marco legal.

6. El gobierno de México mantiene una estrecha y permanente coordinación y colaboración con los países centroamericanos a través de grupos de alto nivel de seguridad, con objeto de establecer acuerdos y mecanismos para garantizar el respeto y la dignidad de los niños y los adolescentes no acompañados y para protegerlos y atenderlos eficientemente.

7. Durante los últimos tres meses se ha observado una reducción del número de niños y de adolescentes migrantes no acompañados que son presentados ante las autoridades migratorias, por lo que el carácter de crisis humanitaria se ha superado a través de acciones desarrolladas entre los gobiernos de México y los países centroamericanos.

8. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza constantes visitas de verificación a las estaciones migratorias, notifica quejas y emite recomendaciones en los casos que identifica violaciones de los derechos humanos de los migrantes.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2014.— Licenciado Salvador Sergio Arredondo Arredondo (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGLP 62-II-3-1843, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número 200/ SDT/ 0176/ 2014, suscrito por el licenciado Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a atender y vigilar la relación laboral mediante la cual son contratados los trabajadores de las gasolineras (despachadores de gasolina), con objeto de que gocen de los derechos laborales establecidos en la legislación vigente aplicable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 14 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 1661/ 14, signado por el encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 23 de septiembre pasado, inherente a la relación laboral mediante la cual son contratados los trabajadores de gasolineras, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a atender y vigilar en el ámbito de su competencia la relación laboral mediante la cual son contratados los trabajadores de las gasolineras (despachadores de gasolina), con objeto de que gocen de los derechos laborales establecidos en la legislación vigente aplicable.

Al respecto, comunico a usted que se tomó debido conocimiento del punto de acuerdo. En materia de vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la lleva a cabo a través de la Inspección Federal del Trabajo y las delegaciones federales del Trabajo, como instancias normativa y operativa, respectivamente, en los términos de lo dispuesto en los artículos 40, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 540 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), y de conformidad con la distribución de competencias, prevista en los artículos 123, Apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 527, 527-A y 529 de la LFT, en los que se prevén las ramas de la industria que corresponde vigilar a esta secretaría para verificar el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, sin que esté considerada en ellas el trabajo desarrollado por los trabajadores de las gasolineras (despachadores de gasolina).

No obstante, tales preceptos también señalan que será competencia exclusiva de las autoridades federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a capacitación y adiestramiento de los trabajadores y seguridad e higiene en los centros de trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local.

La revisión de las condiciones generales de trabajo en estaciones de servicio (gasolineras), en la que es factible verificar el tipo de contratación de los trabajadores, corresponde atenderlo a la autoridad local, por lo que esta dependencia únicamente ha tenido actuaciones en tales establecimientos para vigilar el cumplimiento de las condiciones de capacitación y adiestramiento, y de seguridad e higiene.

Al efecto, la secretaría cuenta con un protocolo de inspección en materia de seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento para estaciones de servicio, con el cual revisa el cumplimiento de la normativa laboral, basada en la aplicación de las normas oficiales mexicanas (NOM) vinculadas a la seguridad y organización del centro laboral, conforme a la naturaleza de su actividad, escala y factores de riesgo asociados.

Así, de 2011 a la fecha se ha llevado a cabo el operativo especial Estaciones de Servicio, que se desahoga de manera extraordinaria, es decir, sin que medie citatorio previo, conforme a las atribuciones de esta secretaría.

Del 1 de abril de 2011 al 31 de agosto de 2014, las delegaciones federales del Trabajo, con apoyo de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, han realizado mil 146 visitas de inspección a centros de trabajo de estaciones de servicio, en beneficio de 11 mil 828 trabajadores, dictándose 21 mil 946 medidas técnicas de seguridad e higiene y 8 mil 450 presuntas violaciones de la legislación laboral.

Independientemente de lo anterior, debe recordarse que el 1 de diciembre de 2012 entró en vigor la reforma de la LFT por la que se incorporó el término trabajo digno o decente, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que están presentes los siguientes elementos:

• Respeto pleno de la dignidad humana de los trabajadores;

• No discriminación;

• Acceso a la seguridad social y percepción de un salario remunerador;

•Condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo;

• El respeto irrestricto de los derechos colectivos de los trabajadores, como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva; y

• La tutela de la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

En el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, eje México Próspero, se incluyeron líneas de acción dirigidas a promover el respeto de los derechos humanos, laborales y de seguridad social e impulsar acciones para la adopción de una cultura de trabajo digno o decente, en tanto que el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión social 2013-2018 establecen cuatro ejes de la política nacional en materia laboral:

a) Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva;

b) Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores;

c) Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral; y

d) Conservar la paz laboral.

En el eje centrado en salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral, se considera estrategia “contribuir a eliminar la desigualdad y discriminación del mercado laboral y promover el trabajo digno o decente”, la cual contiene como acción “impulsar la instauración de buenas prácticas laborales con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, orientadas al trabajo decente”.

En este marco, el 22 de julio de 2013 fue presentado el Programa para la Formalización del Empleo 2013, mediante el cual las 32 entidades federativas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la STPS coordinaron acciones para disminuir la informalidad, con lo que durante 2013 lograron transitar al empleo formal un número importante de trabajadores informales, que incrementaron la cifra de puestos de trabajo asegurados ante el IMSS, incluso por encima de lo que se hubiera presentado dado el crecimiento económico experimentado de 1.1 por ciento.

En 2013 se generaron 463 mil 18 puestos de trabajo y en el periodo de duración del programa (julio-diciembre), de acuerdo con la ENOE, los trabajadores informales en el sector informal disminuyeron en 149 mil 752 personas. En 2014 se han practicado 13 mil 815 visitas orientadas a la formalización del empleo.

Cuando derivado de estas diligencias realizadas por el gobierno federal se detectare una posible violación de la normativa en condiciones generales de trabajo, se solicita el apoyo al gobierno estatal respectivo, a fin de que de que se lleven a cabo las inspecciones de su competencia.

En razón de lo expuesto, y como el tema que nos ocupa es competencia de los autoridades locales, se considerarán en este tipo de operativo las estaciones de servicio, centrado exclusivamente en asesorar y promover la inscripción de los trabajadores al IMSS.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2014.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1717, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/0182/2014 suscrito por el licenciado Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a establecer un programa de capacitación dirigido a la población con autismo, con el objeto de que este sector pueda integrarse al mercado laboral de nuestro país; así como establecer planes y programas que incluyan capacitación y adiestramiento para estas personas y se celebren convenios con distintos empleadores en materia de colocación a favor de este grupo vulnerable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 17 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/1662/14, signado por el encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, maestro Valentín Martínez Garza, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 23 de septiembre pasado, inherente a programas de capacitación y adiestramiento dirigido a la población con autismo, así como a la celebración de convenios con distintos empleadores para la colocación de dicha población, mismo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que dentro del ámbito de su competencia y conforme a sus facultades, establezca un programa de capacitación dirigido a la población con autismo, con el objeto de que este sector pueda integrarse al mercado laboral de nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instruya a los responsables del Servicio Nacional de Empleo para que, establezcan en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, planes y programas que incluyan la capacitación y adiestramiento de personas con autismo, así como, se celebren convenios con distintos empleadores en materia de colocación a favor de las personas con autismo.”

Al respecto, fe expreso que se tomó debido conocimiento de los resolutivos de mérito, y asimismo se manifiesta que la Secretaría del Trabaja y Previsión Social (STPS), a través de la Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores, dependiente de la Subsecretaría de Previsión Social, impulsa la política pública en favor de la población con autismo, y actualmente se encuentra, desarrollando acciones que contribuyen a fortalecer el ejercicio pleno de los derechos humanos laborales dirigidos a este sector.

Bajo este tenor, genera una oferta institucional que incide respecto a la atención y protección de este grupo vulnerable de personas con trastorno del espectro autista, como a continuación se describe:

1. El Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”@, reconoce a centros de trabajo que tienen como política la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad (personas con discapacidad, adultas mayores, personas de la comunidad LGBTTTI y Personas con VIH, entre otros grupos).

2. Las Redes de Vinculación Laboral conjuntan acciones de instituciones públicas, privadas y sociales para promover la integración laboral de las personas con discapacidad, personas adultas mayores y que viven con VIH-Sida. Se cuenta con 32 redes estatales.

3. El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con Discapacidad (2014-2018). Este último de manera integral, se encuentran alineado a lo establecido tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, como en el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, específicamente a los objetivos 1 y 3, “impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva” y “salvaguardarlos derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral”, respectivamente.

Asimismo, la STPS por conducto del Servicio Nacional de Empleo, cuenta con la estrategia Abriendo Espacios, que posibilita la atención de personas con discapacidad y adultos mayores que buscan incorporarse a un puesto de trabajo, en función de sus capacidades y habilidades, a través de un procedimiento de preselección y envío que incluye la evaluación de éstas, en los casos que lo requieran; el objetivo es vincular a este sector de la población a un empleó a través de un procedimiento de atención personalizada.

La estrategia Abriendo Espacios cuenta con 9 centros de evaluación, los cuales miden las capacidades y habilidades de personas con discapacidad (visual, motriz, auditiva, intelectual o mental) y adultos mayores (de 60 años o más de edad) para determinar su perfil laboral. Esto permite contar, por un lado, con información útil para crear confianza en el empleador respecto de las capacidades del candidato; y por otro, conocer al buscador de empleo para vincularlo a un puesto laboral acorde con sus necesidades, habilidades y conocimientos.

Considerando que el autismo se encuentra en la clasificación de los trastornos mentales, directamente relacionado con las funciones psicosociales, ya que interfiere en las habilidades interpersonales para establecer interacciones sociales recíprocas, en los centros de evaluación de habilidades se realiza la detección de aptitudes y capacidades para el desempeño laboral de la población objetivo, con lo cual se emiten las recomendaciones pertinentes para la capacitación y la vinculación laboral, de manera particular para cada persona, correspondiente con las características y perfil ocupacional obtenido.

La estrategia Abriendo Espacios toma como base para la vinculación laboral, el perfil ocupacional de los usuarios del Servicio Nacional de Empleo (SNE), más que la condición de discapacidad y sus dificultades inherentes. En este sentido, la población con autismo, puede ser atendida a través de acciones de vinculación laboral tales como bolsa de trabajo, ferias de empleo y portal del empleo. De igual forma, las personas con autismo que lo requieran, podrán ser incorporados a cursos de capacitación para el trabajo del subprograma Bécate, que actualmente opera la STPS y que se imparten en instituciones educativas de la Secretaría de Educación Pública, posibilitando con ello, que puedan adquirir o fortalecer sus competencias laborales para acceder a un empleo u ocupación productiva.

Con base en lo anterior, la STPS se encuentra en posibilidades de apoyar a la población con autismo atendiendo las disposiciones normativas de los programas y servicios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 17 de octubre de 2014.— Rafael Adrián Avante Juárez (rúbrica), subsecretario.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1713, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 100.DGVE.239/14, suscrito por la maestra Sharon M.T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a implementar programas de concienciación sobre el debido uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, así como políticas públicas para la recolección y disposición final de las mismas; realizar un estudio sobre el costo-beneficio en materia de sustentabilidad energética, medio ambiental y de salud, por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas; actualizar la NOM-017-ENER/SCFI-2012, a fin de que entre los requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, se incorpore el de incluir un instructivo sobre el adecuado uso y desecho de dichas lámparas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/1669/14, que contiene punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, mediante el cual:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de energía y de Economía, a implementar programas de concienciación sobre el debido uso de las lámparas fluorescentes compactadas autobalastradas, así como políticas públicas para la recolección y disposición final de las mismas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen un estudio sobre el costo-beneficio en materia de sustentabilidad energética, medio ambiental y de salud, por el uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Energía y de Economía, a que actualicen en la NOM-017-ENERjSCFI-2012, a fin de que entre los requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, se incorpore el de incluir un instructivo sobre el adecuado uso y desecho de dichas lámparas.

Sobre el particular, adjunto al presente sírvase encontrar la información que remite la Dirección General de Eficiencia e Innovación Tecnológica de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética.

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de octubre de 2014.— Maestra Sharon M. T. Cuenca Ayala (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Maestra Sharon M.T. Cuenca Ayala, directora general de Vinculación y Enlace.— Presente.

Estimada maestra Cuenca Ayala:

Hago referencia a su oficio numero 100 DGVE.224/14de fecha 25 de septiembre de 2014, por medio del cual solicita remitir comentarios al Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía, a iniciar una campaña de información sobre la peligrosidad y toxicidad de las lámparas fluorescentes compactadas autobalastradas.

Sobre el particular, sírvase encontrar anexo la información correspondientes con la que se propone dar respuesta a la Secretaría de Gobernación.

Sin otro particular, se aprovecha la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 8 de octubre de 2014.— Maestro Santiago Creuheras Díaz (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Energía.

Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Energía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, a iniciar una campaña de información sobre la peligrosidad y toxicidad de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas

Se comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 23 de septiembre del presente, el cual, describe principalmente los siguientes tres aspectos:

1. Exhorto -Sener, Semarnat y SE- para implementar programas de concienciación sobre el debido uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA), así como políticas públicas para la recolección y disposición final o reciclaje de las mismas. Específicamente una campaña de información sobre la peligrosidad y toxicidad de las LFCA.

Comentarios

• En el marco de los trabajos de cooperación internacional, el Banco Mundial contratará los servicios de una consultaría para elaborar un Estudio de Centros de Apio Especializados en la destrucción de LFCA que entregará a la Secretaría de Energía como insumo, para desarrollar un proyecto demostrativo en la materia. En ese sentido, una vez que se cuente con dicho estudio, será conveniente instalar un equipo de trabajo interinstitucional que permita solucionar la problemática de manera integral.

2. Exhorto –Salud, Semarnat, Sener- para realizar un estudio sobre el costo-beneficio en sustentabilidad energética, medio ambiente y salud, por el uso de las LFCA. Se menciona que el gobierno federal no ha difundido el riesgo a la salud que representa el mercurio contenido en estas lámparas y no se ha regulado el correcto desecho de estas.

Comentarios

• Se considera conveniente analizar si el Fide con su experiencia técnica y la información obtenida de la implementación del programa “Luz Sustentable”, se podría realizar el estudio en mención a nivel interinstitucional. En ese sentido, sería apropiado establecer un grupo de trabajo con las Secretarías de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para enriquecer este estudio y establecer la estrategia de difusión más adecuada.

3. Exhorto -Sener, SE- a actualizar la NOM-017-ENER/SCFI-2012, incluir un instructivo sobre el adecuado uso y desecho de las LFCA. Menciona que esta norma debe actualizarse ya que indica que las etiquetas de los focos deberán decir que el producto contiene mercurio, pero no requiere señalar sus cantidades, y tampoco exige la entrega de un instructivo de cómo manejar y/o desechar estas lámparas. Se solicita que se estipule el incluir un instructivo sobre el adecuado uso y desecho de estas lámparas.

Comentarios

• Se sugiere en reunión instruir al Conuee a fin de que se realicen los trabajos conducentes para actualizar la NOM-017-ENER/SCFI-2012, y que en los requisitos de seguridad de las LFCA, se incorpore el de incluir un instructivo sobre el adecuado uso y desecho de dichas lámparas.

Adicionalmente, se menciona que a más de tres años del programa Luz Sustentable, no se ha medido el potencial impacto negativo. La empresa Philips de México, quien llevó el programa cuenta con un plan de manejo de residuos peligrosos que no está integrado a ninguna norma o política pública. Asimismo, se mencionó que no se tiene rastro de los focos ahorradores que entrarán en desuso como parte del proceso de desarrollo del programa.

México, DF, a 3 de octubre de 2014.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número 511.1.4/ 2444, signado por el doctor Héctor Pérez Galindo, director general de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se remite información relativa a las contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2014, del sector medio ambiente y recursos naturales, correspondiente al tercer trimestre de 2014.

Por lo anterior y con fundamento en lo establecido en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el artículo 69 de la Ley Federal de. Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño para los fines procedentes copia del documento a que me he referido, así como los anexos que en él se citan, en forma impresa y en disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica) subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Asunto

Se envía el reporte sobre la contratación de honorarios llevada a cabo por el sector medio ambiente y recursos naturales con datos al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2014.

Fundamento

Artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, relativo a la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, así como la obligación de los ejecutores de gasto de reportar en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública las contrataciones realizadas.

Oficio número 312.A.- 00365l, de fecha 9 de octubre de 2014, de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP.

Información

En atención del oficio número 312.A.- 003651, de la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la SHCP, mediante el cual recuerda el envío que se tiene que hacer al Congreso de la Unión respecto a las contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal de 2014, me permito solicitar a usted su apoyo para cumplir dicha obligación.

Para lo anterior, le envío impreso y en disco compacto el formato “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gastos durante el ejercicio fiscal de 2014” del sector medio ambiente y recursos naturales con datos al tercer trimestre de 2014.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2014.— Doctor Héctor Pérez Galindo (rúbrica) director general de Programación y Presupuesto.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número 113.2014.DGVP.517, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el Informe final de la Evaluación al Programa Presupuestario “E005, Protección de los derechos de los consumidores y el desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor”.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, envío para los fines procedentes copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se menciona en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 15 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento al programa anual de evaluación para el ejercicio fiscal 2014 de los programas federales de la administración pública federal (PAE 2014), y en atención al oficio SSFP/UEGDG/416/058/2014 de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual informa de la responsabilidad de la Procuraduría Federal del Consumidor, de realizar la evaluación de consistencia y resultados del programa presupuestario “‘E005, Protección de los derechos de los consumidores y el desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor”, me permito remitir a usted en dos tantos, en formato impreso, así como en electrónico en disco compacto, el informe final de la evaluación al programa presupuestario antes descrito.

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a las Cámaras de Diputados y de Senadores, del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Instituto Nacional de Migración.

Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero al artículo 60 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011, a través del cual solicita sean reportados trimestralmente los avances financieros de los programas de protección a migrantes referentes a:

a) Grupos Beta de Protección al Migrante.

b) Programa de Repatriación Humana.

c) Programa Paisano.

d) Oficiales de Protección a la Infancia.

Al respecto me permito enviarle los avances financieros del tercer trimestre, así como el acumulado al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2014.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de octubre de 2014.— Licenciado Rogelio Valles Rosas (rúbrica), director general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con el propósito de generar información útil y oportuna para la toma de decisiones, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tiene a su cargo la evaluación de la política de desarrollo social.

En este sentido, en cumplimiento con el numeral 28 del programa anual de evaluación para el ejercicio fiscal 2012 de los programas federales de la administración pública federal, le envío el hipervínculo del informe final del diagnóstico de la Estrategia Presupuestaria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Análisis del anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, http://www. coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/Estrategias/Dia n%C3%B3stico_Anexo_10.pdf, mismo que fue coordinado por el consejo.

Esperando que esta información fortalezca el debate en la materia, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

México, DF, a 16 de octubre de 2014.— Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), Secretario Ejecutivo.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Transparencia y Anticorrupción y de Igualdad de Género, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de la Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por medio del presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, le informo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) , a través de las aduanas, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior, durante el mes de septiembre de 2014, únicamente destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquellas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Entre los bienes que fueron destinados por el SAT por conducto de las aduanas, se encuentran los siguientes:

• Alimentos y bebidas sin alcohol; animales vivos; artículos de limpieza y aseo; pinturas, barnices, solventes y lubricantes; productos agrícolas y agropecuarios, productos farmacéuticos y material de curación; productos químicos, entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de septiembre de 2014 fue de 510 mil 355 bienes, los cuales se encuentran contabilizados en unidades de medida, tales como: pieza, litro, cabeza y kilogramo, se anexa al presente el informe respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2014.— Maestro Juan Carlos Garduño Gamboa (rúbrica) administrador central de Destino de Bienes.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Escudo.— Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la LXII Legislatura.— Presente.

Estimado señor presidente de la honorable Cámara de Diputados:

Con fundamento en el Capítulo III, Sección Séptima, artículos 101 y 102, del Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que otorga a la Contra lo ría General las atribuciones correspondientes como órgano oficial de fiscalización interna de la institución, encargado de diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, me permito hacer de su conocimiento que:

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 43, fracción V, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, en el que dispone la obligación de las instituciones de educación superior a la entrega de la información sobre la matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, entrego a ustedes el informe de auditoría interna de la matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, correspondiente al tercer trimestre del año 2014.

Agradeciendo su decidido apoyo para el desarrollo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la vida universitaria, esperamos las indicaciones y observaciones que considere pertinentes y, sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 14 de octubre de 2014.— Maestra Laura Elena Islas Márquez (rúbrica), contralora general.»

«Escudo.— Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Maestro Humberto A. Veras Godoy, Rector de la UAEH.— Presente.

Estimado Rector:

Con fundamento en el Capítulo III, Sección Séptima, artículos 101 y 102 del Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que otorga a la Contraloría General las atribuciones correspondientes como órgano oficial de fiscalización interna de la institución, encargado de diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, presento a usted:

Informe de resultados de la auditoría interna al tercer trimestre del af40 2014 de matrícula correspondiente al semestre julio-diciembre 2014

En cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, el que establece en su artículo 43, fracción V, que “las Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, entregarán a la Secretaría de Educación pública y a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, la información sobre matricula y la elaboración de Informes Trimestrales de inicio y fin de cada ciclo escolar a más tardar el día 15 de los meses de abril, julio y octubre de 2014 y 15 de enero de 2015. Por lo anterior, está Contraloría General ha realizado los trabajos de auditoría interna como lo establece el procedimiento marcado por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancias en Instituciones de Educación Superior (Amocvies), AC, de la que somos agremiados desde su fundación y la que ha sido reconocida tanto por la Secretaria de Educación Pública como por la Auditoría Superior de la Federación por su calidad e imparcialidad en la aplicación de las auditorías entre pares de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES).

Le informo los resultados de la revisión efectuada por este Órgano Interno de Control a la matrícula inscrita en el segundo semestre del año 2014, a la fecha de corte del 30 de septiembre, misma que fue considerada para el llenado del informe de matrícula en el formato establecido por la Dirección General de Educación Superior (Dgesu) de la Secretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública y que corresponde al tercer trimestre del año 2014, por lo que presento a usted:

Objetivo de la auditoría

Verificar la confiabilidad de los datos reportados en el formato “Informe de Matricula” emitido por la Dirección General de Educación Superior de la Secretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Conforme a las cifras de matrícula contenidas en la base de datos de la Dirección de Administración Escolar del ciclo julio - diciembre 2014, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2014.

Alcances de la auditoría

I. Revisar los indicadores de matrícula integrados en los formatos Dgesu correspondientes al ciclo escolar julio-diciembre 2014.

II. Revisar, a través de una muestra representativa y con base en la formula proporcionada por Amocvies, AC, el total de matrícula es de 38,681 y la muestra que se revisó es de 96 expedientes.

III. Confrontar la evidencia que soportan las cifras de las Matrícula del ciclo escolar julio-diciembre 2014, contra la reportada en el tercer informe trimestral de matrícula en consideración al artículo 43 fracción V del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, con base en el esquema determinado por la Amocvies, AC.

Resultados

Resultado número 1. Concordancia entre las cifras del Informe SEP y Servicios Escolares

Se encontró un 100% de concordancia entre las cifras de matrícula reportada en el informe SEP (aspirantes, nuevo ingreso, reingreso y matrícula total) con la base de datos de matrícula de la Dirección de Administración Escolar.

Observación: Sin observaciones

Recomendación: Sin recomendación

Resultado número 2. Soporte de aspirantes a la institución.

El 100 por ciento de los programas educativos de la institución cuenta con soporte electrónico de los aspirantes registrados.

Observación: Sin observaciones

Recomendación: Sin recomendación

Resultado número 3. Análisis de duplicidad en alumnos registrados.

El 100 por ciento de los alumnos registrados en el Sistema de Administración Escolar 38,681 no presenta duplicidad.

Observación: Sin observaciones

Recomendación: Sin recomendación

Resultado Núm. 4 Revisión de expedientes de alumnos registrados

El 100% de los expedientes de los alumnos de la muestra revisada (de nuevo ingreso y reingreso) cuentan con los documentos señalados en la normativa correspondiente.

Observación: Sin Observaciones

Recomendación: Sin Recomendación

Conclusión

De acuerdo al objetivo de revisión, se desprende que la información emitida por la Dirección General de Planeación y las evidencias mostradas por la Dirección de Administración Escolar es razonablemente confiable, determinando, en promedio, un 100 por ciento de concordancia entre los datos contenidos en el tercer informe trimestral de matrícula 2014, en consideración a la fracción V del artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.

Agradeciendo su decidido apoyo para el desarrollo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la vida universitaria, esperamos las indicaciones y observaciones que considere pertinentes y, sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 14 de octubre de 2014.— Maestra Laura Elena Islas Márquez (rúbrica), contralora general.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

SOLICITUD DE LICENCIA

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción XVI, 12, inciso 1, y 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito respetuosamente solicitar licencia para separarme del ejercicio de mi encargo como diputada propietaria integrante de la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados, a partir de esta fecha y hasta el l5 de noviembre del año en curso.

Lo anterior con el propósito de ser postulada como candidata dentro del proceso que lleva a cabo el Senado de la República para elegir a quien habrá de ocupar el cargo de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En virtud de lo anterior, mucho estimaré someter esta solicitud ante el pleno de la Cámara, para los efectos legales que correspondan.

Reciban un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2014.— Diputada Miriam Cárdenas Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, Secretaria. Con qué objeto, diputado.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde su curul): Para hacer un comentario al respecto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Si me permite, nada más que lean los puntos y con mucho gusto le damos la palabra. Continúe la Secretaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.

Primero. Se concede licencia a la diputada Miriam Cárdenas Cantú para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la segunda circunscripción plurinominal a partir de esta fecha y hasta el 15 de noviembre del año en curso.

Segundo. Llámese al suplente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Están a discusión los puntos de acuerdo. Me ha pedido la palabra el diputado Ricardo Mejía y esta Presidencia se la otorga hasta por tres minutos.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Con relación a este acuerdo, la decisión de la legisladora es una decisión personal que respetamos; ya cada quien en su fuero interno, en su vida personal, profesional o política puede tomar las determinaciones que quiera y no podríamos oponernos, siendo una decisión personal.

Pero desde luego que esta decisión personal trae consecuencias, y eso es lo relevante porque quizá en estos momentos de la vida política del país, la comisión más importante o la que debiera ser la más importante de esta Cámara, es la Comisión de Derechos Humanos, porque la emergencia humanitaria y de derechos humanos que hoy vive el país no sólo se refleja en Iguala, en Tlatlaya; en Allende, Coahuila; en San Fernando, Tamaulipas; en Puebla, es generalizada. Esta Cámara no puede ser omisa.

Y lo que decían aquí algunos compañeros legisladores es muy relevante. No ha comparecido el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En los dos años y meses que lleva esta legislatura no ha habido poder humano y parlamentario que haga comparecer a Raúl Plascencia Villanueva. Este sujeto corrupto, según la información de la vivienda que adquirió por más de 20 millones de pesos, sin tener salario que lo justifique, ha sido omiso en los temas más relevantes, ha sido faccioso y ha sido también tapadera de muchas violaciones a los derechos humanos.

Y sin embargo no comparece, y en algo inédito hay un rebote entre la junta y la comisión. Aquí puede venir a comparecer el secretario de Gobernación, el de Hacienda, el de Economía, cualquier secretario, el gobernador del Banco de México, pero no puede venir a comparecer Raúl Plascencia.

¿Quién protege a Raúl Plascencia? Hoy se alega que porque ya va a salir, que porque no lo va a ratificar el Senado y va a dejar de ser ombudsman a partir del 15 de noviembre. Bien se decía aquí, aquí primero la rendición de cuentas y después ya que corra la renovación que le toca a otra Cámara.

Y por eso lo decimos, porque se señala que no se ha agendado la comparecencia, porque desde la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, no se han tomado cartas en el asunto. Y nosotros queremos pedirle, presidente, que atraiga el caso directamente la Mesa Directiva de la Cámara y cite ya a comparecer a Raúl Plascencia.

Ya cuando venga la renovación de la presidencia de la comisión eso será otra historia, le tocará seguramente al grupo que hoy la detenta, parlamentario, pero que la Mesa Directiva cite directamente a Raúl Plascencia. No se puede ir de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sin que rinda cuenta, sería un gravísimo precedente y esta Cámara no es tapadera de ningún órgano constitucional ni de ningún funcionario.

Y por lo que respecta a quien encabece esta comisión hay varios temas en la agenda pendiente. El tema de las reformas que tiene que ver con la reforma constitucional del 2011 en materia de asilo y refugio, dictámenes sobre desaparición forzada, y de más, por eso este tema tiene que tener la mayor atención. Y demandamos, señor presidente, que directamente la Mesa Directiva cite a comparecer a Plascencia antes de que se vaya por omiso y por corrupto. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado Mejía. Me ha pedido también el uso de la palabra el diputado Fernando Zárate para hablar sobre el mismo tema y también por tres minutos.

El diputado Fernando Zárate Salgado:Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras, para profundizar sobre el tema que trae a la mesa la petición de licencia de la diputada Miriam Cárdenas, y con todo derecho, para dedicarse y para aspirar a lo que ella crea conducente en esta nación.

Sin embargo, esta licencia debería traer un debate profundo a esta Cámara de Diputados. Número uno es los órganos autónomos, específicamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la teoría clásica de poderes; la división de poderes, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; más lo que venimos haciendo en los últimos años, que es la creación de órganos autónomos e independientes, pareciendo más bien a un estilo de parcelas, en donde se puede hacer lo que uno quiera sin que rinda cuentas a otros poderes ni que existan los contrapesos y los pesos que la Constitución mandata.

¿A qué me refiero? El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene empleados a los familiares de una senadora connotada, Mariana Gómez del Campo, tiene empleados o más bien –diría yo– tiene compradas las voluntades a distintos funcionarios hacia abajo. No quiere rendir cuentas sobre los casos de Tlatlaya, sobre los casos de San Fernando, sobre los casos de los migrantes de Centroamérica hasta los Estados Unidos de América, que van cruzando por este país, pero tampoco administrativamente quiere rendir cuentas.

También a ello deberíamos discutir cuál es el factor y cuál es rol de los diputados de esta nación. La diputada Miriam Cárdenas hoy es integrante de la Comisión Tlatlaya. Yo exhortaría para que el PRI pueda hacer la sustitución de manera urgente y que este tema no empiece a involucrarse políticamente con el funcionamiento de las instituciones.

Cuál es el objetivo de la petición para que la Mesa Directiva atraiga el asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo cite, primero en comisión y después ante el pleno para que rinda cuentas, para que no se nos destruya ninguna otra institución autónoma e independiente.

Lo que ocurra con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos va a tener efecto en otros órganos, con la misma independencia y con la misma autonomía la misma politización que ocurre en el caso del presidente de la Comisión de Derechos Humanos y el involucramiento de una diputada del partido en el gobierno puede ocurrir en lo que sigue.

Esta cuestión no es de forma, presidente, esta cuestión es de contenido, es profunda, tiene que ver con la moral pública y sobre todo tiene que ver con el funcionamiento de los órganos de Estado.

Nosotros estamos convencidos en que deba funcionar la teoría de la división de poderes y los órganos autónomos sean en verdad órganos profesionales que cumplan con los requisitos puntuales y específicos de la Constitución, o vamos a empezar a politizarlos todos y cada uno de ellos, vamos a convertirlos en una guarida de semi burócratas y semi profesionales, en donde lo utilizan como agencia de contratación de partidos políticos.

Nosotros creemos que todos y cada uno de los órganos en este país deben funcionar de manera correcta. El Poder Legislativo debe asumir su responsabilidad para llamar a la rendición de cuentas a todos y cada uno de los órganos que fuimos y nosotros somos los que lo elegimos, así como para mantener la regularidad constitucional en el Estado.

El exhorto es para que la Mesa Directiva, junto con la Junta de Coordinación Política, ejerza de verdad el control político de este asunto, y control político que se pueda ir expandiendo a otros órganos y esto debe cesar ya por el bien de todos los mexicanos y de todos los partidos políticos, no de una persona o de un diputado. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. Por respeto al orador no hice la observación, pero quiero decirles que lo que está a discusión es la solicitud de licencia de la señora diputada. Con mucho respeto les ruego a los que se han anotado en la lista, que si hay algún comentario sobre la solicitud de licencia y no para hablar de un tema que seguramente hay interés de hacerlo, pero no es el punto.

Entonces, le pediría al diputado López Suárez, con todo aprecio, si se va a referir al tema de la licencia, o de lo contrario me permitan continuar sometiéndolo a votación del pleno.

El diputado Roberto López Suárez:Gracias, presidente. Sobre la licencia, sin dejar de referirme al otro tema, señor presidente. ¿Qué le podemos decir a la diputada Miriam? Que le deseamos la mejor de las suertes. Es una compañera con la cual hemos compartido opiniones, hemos tenido también puntos de vista encontrados. Pero lo real es que ha hecho hasta los últimos días un buen trabajo. Le desearía buena suerte en su proyecto.

Creo que le hace falta revisar un poquito el procedimiento para que vea los requisitos, pero evidentemente le deseamos, con todo respeto y sinceridad, la mejor de las suertes en la decisión que ha tomado, como todos los legisladores que en su momento lo han hecho, para buscar una nueva encomienda.

Sobre el otro tema, que además tiene que ver, sugeriría que la Junta de Coordinación... ¿Cuál es el procedimiento formal para las comparecencias, en este caso del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? El procedimiento formal es la Conferencia, que es la Junta de Coordinación...

La diputada María de las Nieves García Fernández (desde la curul): Presidente.

El diputado Manuel Añorve Baños(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, diputado López Suárez, ¿Me permite un segundo? ¿Con qué objeto, señora y señor diputado Añorve?

El diputado Manuel Añorve Baños (desde la curul): Presidente, con todo respeto, queremos pedirle se circunscriban al tema. Usted lo dijo perfectamente bien desde su calidad de presidente de esta Mesa Directiva. Agradecemos, por supuesto, esa disposición, pero también pedimos circunscribirnos al orden del día, con todo respeto, pero también con mucha puntualidad, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. Pido nuevamente al orador centrarse en el tema y concluya su intervención.

El diputado Roberto López Suárez: He tocado con precisión el tema, he felicitado a la diputada Miriam Cárdenas, le he dicho que le deseo la mejor de las suertes. Pero lo que estoy diciendo es que el procedimiento que se está planteando desde la Cámara de Diputados no es el correcto, es la Conferencia quien tiene que decidir la fecha y hora de comparecencia.

Entonces, cuando pide la diputada Miriam Cárdenas licencia –es el tema– no podemos esperar a que se nombre un nuevo titular de la Comisión o nuevo presidente para que se ponga fecha para la comparecencia del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Solamente sugeriría que la licencia de la diputada Miriam Cárdenas no estuviera supeditada para que pusiéramos fecha para la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Me permite, diputado Suárez. Diputado López Suárez.

El diputado Roberto López Suárez: Termino, presidente, termino.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Va a concluir el orador.

El diputado Roberto López Suárez: Tiene que ser el procedimiento formal. Diputada Cárdenas, que le vaya muy bien, suerte en su encomienda, esperamos que tenga éxito, pero no puede estar supeditada su licencia a una comparecencia de un titular como es Plascencia. Gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Si me permite, diputado Añorve. Como se ha agotado, de acuerdo al artículo 104 del Reglamento, se ha agotado la lista de oradores, voy a consultar a la asamblea si este punto está suficientemente discutido. Ruego a la Secretaría consulte si el punto está suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el punto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Suficientemente discutido. Ahora consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los resolutivos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueban los resolutivos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese. Continúela Secretaría con el orden del día.

LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por instrucciones del ciudadano presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, acompaño al presente copias de los oficios números 312.A.001345 y 353.A.0444, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales envía el dictamen de impacto presupuestario.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 16 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.

Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esa Honorable Asamblea, por su digno conducto, la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 103 Bis y se adicionó la fracción XXVI Bis al artículo 132 de dicha Ley.

En el artículo 103 Bis de la Ley Federal Trabajo se determinó que la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, debería contener las bases para otorgar créditos a los trabajadores procurando las mejores condiciones de mercado, así como para facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio.

Por su parte, en el artículo 132, fracción XXVI, de la misma Ley se estableció la obligación de los patrones de afiliar el centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (el Instituto) en forma gratuita, a efecto de que éstos pudieran ser sujetos de los créditos que otorga dicha entidad.

Las reformas citadas conducen necesariamente a transformar la operación del Instituto con el fin de establecer claramente las atribuciones que le permitirán cumplir su objeto, así como determinar los mecanismos necesarios para reducir los riesgos y costos de fondeo que puedan traducirse en una mayor cantidad de préstamos, bajo las mejores condiciones de mercado en beneficio de los trabajadores.

Adicionalmente, las reformas a la Ley Federal del Trabajo implican un aumento en la cobertura del crédito del Instituto, por lo que también se requiere determinar mecanismos que faciliten la recuperación de créditos y otorguen flexibilidad financiera.

En consecuencia, es necesario instrumentar las modificaciones conducentes en la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de tal forma que se encuentre en condiciones de ajustar su operación conforme a lo previsto en la Ley Federal del Trabajo.

En ese tenor, la presente iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, para que éste pueda instrumentar acciones y participar en programas y proyectos que tengan por objeto el acceso al crédito por parte de los trabajadores, así como a otros servicios financieros en las mejores condiciones de mercado; garantizar créditos y valores relacionados con el financiamiento a los trabajadores otorgados o emitidos por entidades financieras; propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras personas públicas o privadas, y realizar los estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el desarrollo de su objeto; todo ello, para allegarse de recursos que le permitan minimizar el costo del crédito y trasladar esta eficiencia a los trabajadores.

Por otra parte, en el marco de la reforma financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, se modificó la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para reconocer al Instituto como una Institución Financiera, según queda establecido en el artículo 2°, fracción IV, del referido ordenamiento. Lo anterior, conlleva cambios en la operación del Instituto para que éste cuente con las herramientas que le permitan inscribir su actuar en el ámbito y marco normativo de las instituciones financieras.

Debe destacarse que en el marco de dichas reformas, también se modificó el artículo 9 fracción VIII de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con el fin de prever que las operaciones que lleve a cabo el Instituto quedan sujetas a la consideración y, en su caso, autorización previa por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, las reformas que se proponen tienen como propósito principal la universalidad de los créditos al consumo, esto es, el extender el universo de sujetos del financiamiento, de forma tal que cualquier trabajador tenga la posibilidad de acceder a este tipo de prestación bajo normas de carácter general y uniformes.

Los créditos al consumo son un beneficio social que se pretende se puedan otorgar de manera universal a todos los trabajadores incorporados en el mercado laboral formal.

El Instituto ha efectuado algunos pasos al respecto, puesto que ha incrementado sustancialmente el porcentaje de créditos otorgados y de su recuperación.

En efecto, de enero a diciembre de 2013 el Instituto financió 10,523 millones de pesos, lo que representó un incremento de 23.1 % en comparación con el mismo periodo de 2012.

Por otro lado, el Instituto registró una recuperación total de cartera en el año 2013 por 12,259.5 millones de pesos, esto es, un incremento de 19.0% contra la recuperación acumulada del mismo periodo de 2012. En este sentido, la recuperación se consolidó en niveles superiores a los 1,000 millones de pesos mensuales a partir de abril de 2013. Destacan los ingresos por concepto de recuperación de cartera castigada (Cuentas de Orden), la cual sumó 716 millones de pesos, superior en 65.7% en relación con la recuperación al mismo periodo de 2012.

Cabe señalar finalmente, que dado el aumento de financiamientos, durante el 2013 se registraron 234,551 nuevos trabajadores ante el Instituto.

No obstante los anteriores datos, todavía es necesario reformar la Ley a fin de introducir figuras que tiendan hacia el otorgamiento de financiamiento a los trabajadores en las mejores condiciones de mercado.

Es así que, aun cuando ha habido avances significativos en la práctica, es conveniente incorporar mecanismos en la Ley que contribuyan a una mejor capacidad de otorgamiento de créditos así como de su recuperación, de manera tal que se fortalezca la solidez financiera del Instituto.

I. Objetivos de la Iniciativa.

La reforma propuesta tiene tres objetivos principales:

1) Armonizar el objeto del Instituto en cumplimiento a lo previsto en el artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo;

2) Extender la cobertura del Crédito FONACOT con la intención de universalizar este crédito y fortalecer la capacidad de recuperación de créditos, y

3) Fortalecer los mecanismos de gobierno societario del Instituto.

1. Armonizar el objeto del Instituto, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

Como anteriormente se mencionó, el artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo establece que conforme a la Ley que regula al Instituto, su objeto es otorgar crédito a los trabajadores facilitando su acceso a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio, por lo que es necesario armonizar el objeto del Instituto con la reforma en comento y satisfacer los requisitos necesarios para ello.

2. Extender la cobertura del Crédito FONACOT con la intención de universalizar este crédito y fortalecer la capacidad de recuperación de créditos.

El texto actual de la fracción XXVI Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, establece la obligación de los patrones de afiliarse ante el Instituto, como Centros de Trabajo, con la finalidad de que sus trabajadores puedan ser sujetos del Crédito FONACOT.

La presente iniciativa establece los términos y condiciones a los que deberá sujetarse la obligación de los patrones de afiliarse ante el Instituto, para facilitar el otorgamiento de créditos en las mejores condiciones para contratar servicios y adquirir bienes de consumo duraderos.

Por lo que se refiere a la capacidad de recuperación de créditos, es importante destacar que si ésta es oportuna, el Instituto podrá preservar su solidez financiera y continuará otorgando crédito a los trabajadores en las mejores condiciones de mercado, ya que el deterioro de su cartera crediticia lo obligaría a constituir niveles crecientes de reservas preventivas, ocasionando tasas de interés más elevadas para los trabajadores.

3. Fortalecer los mecanismos de gobierno societario del Instituto.

Se plantea redistribuir las funciones encomendadas al Consejo Directivo y a la administración del Instituto, de forma que el primero se enfoque en el establecimiento de las estrategias, políticas generales y prioridades, así como a la vigilancia de la buena marcha del Instituto, mientras que la administración tendrá a su cargo las funciones de gestión y control interno, conducción y ejecución de sus operaciones y establecimiento de lineamientos para contribuir al cumplimiento de la misión y propósito estratégico de la entidad.

II. Descripción de la iniciativa de reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Se propone la reforma al artículo 1 para establecer que la Leyes de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Instituto.

Se reforma el artículo 2 de la Ley con la finalidad de armonizar el objeto del Instituto con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros que en su artículo 2o. establece que debe entenderse al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores como Institución Financiera, toda vez que ofrece un producto o servicio financiero.

Asimismo se armoniza con el artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo que establece que el Instituto tiene como objeto otorgar crédito a los trabajadores, procurando las mejores condiciones de mercado, y facilitar el acceso de los trabajadores a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio.

Se reforma el artículo 4, fracción I para establecer que, para efectos del crédito FONACOT, se entenderá por “Centros de Trabajo o Patrones” a las personas físicas o morales privadas, así como las personas morales públicas de los tres órdenes de gobierno y de cualquier otro órgano o entidad paraestatal federal, estatal o municipal, que utilicen los servicios de uno o varios trabajadores.

Se elimina el concepto de “Distribuidores” previsto en el artículo 4, fracción III de la Ley, debido a que anteriormente el Instituto realizaba convenios con empresas y establecimientos comerciales a fin de que los trabajadores ejercieran su crédito a través de la adquisición de bienes y servicios que aquéllas ofrecían; sin embargo, actualmente el crédito FONACOT se ejerce a través de una tarjeta de crédito que es aceptada en todos los establecimientos que cuenten con una terminal bancaria, por lo que es innecesario celebrar convenios de afiliación con distribuidores determinados.

En la fracción IV del artículo 4 se define el Crédito FONACOT como el financiamiento al que tiene derecho cualquier trabajador y que sea otorgado o administrado por el Instituto y que cumpla con las condiciones que el propio Instituto establezca. Dicha definición, es acorde a la establecida en el artículo 1o. fracción LXIII de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005 y reformadas por última ocasión el 31 de julio de 2014.

Derivado de la extinción del fideicomiso público denominado “Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores” y de la reforma al artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo, que actualiza la denominación del organismo público descentralizado denominado Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, se reforma la fracción IV, que además pasa a ser la fracción V.

En la fracción VIII se define el concepto de “Manual de Crédito” como el documento en el que se establecen los procesos, metodologías, procedimientos y demás información necesaria para el otorgamiento, administración y recuperación del Crédito. Esta definición es acorde a la prevista en el artículo 9 de la Circular Única de Bancos.

Derivado de la reforma financiera del 10 de enero de 2014, en el segundo párrafo del artículo 5 se añade la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros como supletoria de la Ley del Instituto en lo no previsto en ésta.

Se modifica el artículo 8, relativo a las atribuciones que tendrá el Instituto para el cumplimiento de su objeto, con la finalidad de precisar y armonizar esta Ley con las normas vigentes en el sistema financiero mexicano y las reformas en la Ley Federal del Trabajo.

Las reformas a las fracciones IV, V y las adiciones de las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 8, reflejan la intención de proporcionar al Instituto los mecanismos para instrumentar acciones y participar en programas y proyectos que tengan como finalidad garantizar a los trabajadores el acceso al Crédito FONACOT y a otros servicios financieros en las mejores condiciones de mercado; así como garantizar créditos y valores relacionados con el financiamiento a los trabajadores, otorgados o emitidos por entidades financieras; propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras personas públicas o privadas y realizar los estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el desarrollo de su objeto. Lo anterior, con el propósito de allegarse de recursos que le permitan minimizar su costo de fondeo y pueda trasladarse esta eficiencia a los trabajadores en forma de condiciones crediticias más atractivas.

En la fracción VII se precisa la facultad del Instituto para celebrar convenios y otros instrumentos relacionados directa o indirectamente con su objeto.

En la fracción VIII, se faculta al Instituto para celebrar instrumentos jurídicos con las personas morales públicas de los tres órdenes de gobierno, de cualquiera de los tres poderes, incluidos los órganos autónomos, y cualquier otro órgano o entidad paraestatal, federal, estatal o municipal, a fin de que los trabajadores se beneficien de los créditos que otorga el Instituto.

En cumplimiento a la fracción XXVI Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y en correlación con en el artículo Tercero Transitorio del Decreto del 30 de noviembre de 2012 que reformó dicha Ley, en la fracción IX del artículo 8 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, se incorpora la obligación del Instituto de afiliar a los Centros de Trabajo que rigen sus relaciones laborales en el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con el propósito de contar con elementos que permitan recuperar de manera efectiva y eficiente los créditos FONACOT, en la fracción XII se adiciona la atribución del Instituto para gestionar la recuperación de los créditos que otorga. Esta medida busca fortalecer la obligación legal de los patrones para efectuar descuentos, deducciones o retenciones.

En concordancia con lo anterior, en la fracción XIII se busca que el Instituto cuente con mejores mecanismos que le permitan minimizar el costo de fondeo, por lo que en esta propuesta se precisa la facultad del Instituto para propiciar y participar en acciones conjuntas de financiamiento y asistencia, coordinándose, en su caso, con otras personas públicas o privadas.

En la fracción XIV se establece la facultad del Instituto para realizar estudios económicos, sociales y financieros a fin de proporcionar a dicho organismo herramientas técnicas y financieras para el desarrollo de su objeto así como para brindar un mejor servicio.

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 9 se propone precisar las operaciones que podrá realizar el Instituto para el cumplimiento de su objeto, como lo son: otorgar crédito FONACOT a los trabajadores (fracción I); garantizar los créditos y otorgar financiamiento a que se refieren los artículos 103 y 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo (fracción II); adquirir créditos otorgados a los trabajadores por terceros (fracción III); así como administrar el crédito FONACOT otorgado por el Instituto o por terceros (fracción IV). Con estas atribuciones, se pretende ampliar el alcance de las operaciones del Instituto con créditos cuyos titulares ya cuentan incluso con experiencia de pago, disminuyendo los riesgos y costos de operación.

En este último caso y derivado de la Reforma Financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación 10 de enero del 2014 que modificó entre otras leyes, a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, actualmente ya es posible que opere la subrogación de un crédito de una entidad financiera a otra pasando el saldo deudor existente del acreditado en ese momento de una entidad financiera a otra que pueda ofrecer mejores condiciones del crédito, como pueden ser: menores tasas y mayores plazos.

Así, el Instituto contará con el Comité de Activos y Pasivos, que tendrá entre sus facultades, las de atender y autorizar los diferentes casos de subrogación que se presenten.

Adicionalmente, se permitirá al Instituto destinar sus recursos en términos de las disposiciones aplicables (fracción VI) para que pueda entre otras cosas, invertir sus disponibilidades en valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal de manera directa, a través de operaciones de reporto o de acciones de sociedades de inversión en instrumentos de deuda.

También podrá celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados para fines de cobertura de riesgos (fracción VII), tales como futuros, contratos adelantados, swaps y opciones, con la finalidad de reducir los diferentes tipos de riesgos a los que se encuentran expuestas sus posiciones tanto en balance como fuera de éste, apegándose de manera estricta a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Asimismo, el Instituto podrá gestionar y realizar acciones conjuntas ante otras instituciones para la obtención de condiciones adecuadas de crédito, garantías y precios que les procuren un mayor poder adquisitivo a los trabajadores (fracción VIII) y, participar y coadyuvar en esquemas o programas a efecto de facilitar el acceso al financiamiento así como la adquisición de bienes y pago de servicios, previa autorización del Consejo Directivo (fracción X).

Con las reformas al artículo 9, el Instituto podrá contar con mayor flexibilidad financiera, pues se ampliarán las fuentes de financiamiento para que el Instituto seleccione aquéllas que le permitan minimizar su costo de fondeo de acuerdo a las condiciones de mercado, para estar en posibilidad de ofrecer el crédito FONACOT a los trabajadores bajo las condiciones más atractivas posibles sin menoscabo de que el Instituto se sujete a los controles y demás requisitos que establezcan las autoridades competentes en materia de deuda pública.

Se adiciona el artículo 9 Bis para determinar la obligación de los Centros de Trabajo de hacer las deducciones o retenciones a los trabajadores acreditados por el Instituto y enterar los descuentos que correspondan al pago de los Créditos FONACOT, en los términos y condiciones que para tal efecto establezca el propio Instituto, haciéndose sujetos, en caso de no hacerlo, a las sanciones que correspondan en términos de la Ley y de las Reglas de Operación aprobadas por el Consejo Directivo del Instituto. Lo anterior, con la finalidad de evitar que se haga nugatorio el derecho de las generaciones futuras de trabajadores al Crédito FONACOT.

Asimismo, se establece que los Centros de Trabajo que contraten a trabajadores que ya cuenten con un Crédito FONACOT, deberán realizar las deducciones y enterar los descuentos correspondientes al Instituto desde la fecha de ingreso del trabajador.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción IV y 110, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, que permite a los patrones descontar de los salarios mínimos, como máximo el 10% y del salario como máximo el 20%, para el pago de los abonos para cubrir los créditos otorgados o garantizados por el Instituto, es que se dispuso manejar este esquema de pago que es ágil, sencillo y seguro. Con esto, el trabajador no se tiene que desplazar a una sucursal del Instituto o a un banco a realizar sus pagos. De manera automática el Centro de Trabajo le descuenta de su salario mínimo o salario lo que debe pagar cada mes, quincena o semana, dependiendo el plazo de pago elegido.

En el artículo 9 Ter se establece la forma de acreditar el supuesto de extinción del Crédito FONACOT, circunscribiéndolo únicamente a causa de la muerte del trabajador, siempre y cuando se acredite por medio de documentos oficiales.

La adición del artículo 9 Quáter tiene como finalidad constituir al Centro de Trabajo o Patrón como depositarios de los descuentos a los salarios, liquidaciones y/o finiquitas de sus trabajadores que correspondan al Crédito FONACOT, en tanto dichos montos no sean enterados al Instituto, con todas las obligaciones a que haya lugar.

Se modifica el segundo párrafo del artículo 14 con el único propósito de aclarar que las determinaciones que realice el Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en relación con la selección de organizaciones de patrones y de trabajadores que participarán en la integración del Consejo, se harán en el marco de Ley.

Asimismo, se propone reformar el artículo 18 con la finalidad de adoptar las mejores prácticas de gobierno institucional que brinden control y agilidad para responder a las demandas de los trabajadores y de los mercados. Por ello, se otorgan mayores atribuciones al Consejo Directivo que le permitan establecer las estrategias generales para la conducción del Instituto, sus políticas generales y prioridades, así supervisar la buena marcha del mismo, las cuales en todo momento deberán estar orientadas a preservar y mantener su patrimonio.

En este sentido, en la fracción I se propone establecer la facultad del Consejo Directivo del Instituto para aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto correspondiente, sujetándose a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Igualmente, se propone la reforma de la fracción II del artículo de referencia, para consolidar la facultad del Consejo Directivo de aprobar, a propuesta del Director General, las políticas generales de operación del Instituto, dentro de las cuales se encuentran las relativas a la celebración de instrumentos jurídicos con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como aprobar el Manual de Crédito.

Se mantiene en la fracción IV la obligación del Consejo de fijar la cantidad máxima para el otorgamiento de préstamos o créditos pero se especifica que deberá requerirse la propuesta previa del Director General, misma que a su vez deberá ser autorizada por el Comité de Operaciones.

En las fracciones V y VI se redefinen las atribuciones del Consejo Directivo para aprobar los manuales generales y de los primeros niveles jerárquicos del Instituto, así como las reglas de operación de los comités de apoyo.

En la fracción VII se faculta al Consejo para autorizar el programa de financiamiento, con la opinión favorable del Comité de Crédito y Financiamiento.

En la fracción X se precisa que el Comité podrá aprobar la estructura orgánica del Instituto, así como las bases generales de tabulación de sueldos e incentivos de sus trabajadores a propuesta del Director General y previa opinión del Comité de Recursos Humanos.

Derivado del fortalecimiento del gobierno institucional y para generar confianza ante la flexibilidad otorgada en materia de financiamiento, se precisa que los comités señalados en la Sección II del Capítulo IV, se constituirán como órganos de apoyo del Consejo Directivo y no del Instituto, por lo que se propone la modificación de la denominación de dicha Sección para quedar “De los Comités de Apoyo”. En este mismo sentido se elimina la mención del “Instituto” en la fracción VII del artículo 19.

Se reforma el primer párrafo del artículo 19, para precisar que los comités de apoyo auxiliarán al Consejo Directivo y no al Instituto de forma general.

Con motivo del dictamen que deberá emitir el Comité de Crédito respecto del programa de financiamiento y otras funciones en la materia, en la fracción II se propone adecuar la denominación de dicho Comité para quedar como “Comité de Crédito y Financiamiento”.

En atención a la observación y recomendación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que con motivo de la Auditoría 2014 efectuó al Instituto consistente en que en la integración de los miembros del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia, en apego a sanas prácticas, no participen directivos ni empleados del propio Instituto, se propone modificar el artículo 20, primer párrafo, relativo a la integración de los Comités, para dar cumplimiento a dicha recomendación.

Con la finalidad de adoptar las mejores prácticas de gobierno institucional que brinden un adecuado entorno de control y agilidad, se propone la reforma al artículo 28, fracciones III y V, a fin de que el Director General cuente con las facultades necesarias para ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo y presentar a la aprobación de dicho órgano, el anteproyecto de presupuesto del Instituto y su programa de financiamiento.

Se propone modificar las fracciones XI y XII del artículo de referencia, determinando que el Director General presentará a la aprobación del Consejo Directivo, las políticas generales de operación del Instituto y el Manual de Crédito, y deberá ejecutar los acuerdos que determine el Consejo Directivo. Con estas modificaciones, se recorren las actuales fracciones XI y XII para quedar como XIII y XIV, respectivamente.

Artículos Transitorios

Con el objeto de coadyuvar a consolidar el inicio de operaciones del Comité de Crédito y Financiamiento, se propone que dicho Comité funcione y opere de conformidad con las reglas de operación establecidas para el Comité de Crédito.

Asimismo, se establece que las modificaciones correspondientes al Estatuto Orgánico del Instituto, deberán expedirse a más tardar a los ciento ochenta días posteriores a la publicación del Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

En correspondencia con la reforma al artículo 8, fracción IX de la presente iniciativa, en el artículo Tercero Transitorio se establece que los convenios y contratos celebrados con los Centros de Trabajo continuarán en vigor a la entrada en vigor del Decreto, por lo tanto se considerarán afiliados al Instituto en los términos pactados.

Igualmente, se establece un plazo de ciento ochenta días para que el Consejo Directivo emita las reglas o los lineamientos que regulen el proceso de afiliación al Instituto.

En el artículo Cuarto Transitorio se prevé que los Centros de Trabajo que contraten a trabajadores que ya cuenten con un Crédito FONACOT, deberán realizar las deducciones o retenciones y enterar los descuentos correspondientes al 1nstituto, a partir de la fecha de ingreso del trabajador.

En el artículo Quinto Transitorio se establece que el Decreto no requerirá mayor presupuesto que el autorizado por el Congreso de la Unión, por lo que no requiere mayores asignaciones presupuestales.

Finalmente, en el artículo Sexto Transitorio se establece que en tanto no se modifique el Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, éste continuara aplicándose en lo que no se oponga al presente Decreto. Además, se establece que las modificaciones a dicho Reglamento deberán expedirse a más tardar a los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Con estas reformas se busca atender la demanda en materia financiera de los trabajadores bajo condiciones accesibles de mercado, por lo que es posible afirmar que esta Iniciativa reviste un interés nacional en virtud de que favorecerá el consumo, desarrollo y nivel de vida de miles de trabajadores en nuestro país, e incidirá indirectamente en el crecimiento de las empresas de todos tamaños, que a su vez son generadoras de empleo y desarrollo económico.

Por lo antes expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1; 2, primer párrafo; 4; 5, primer y segundo párrafos; 8; 9; 14, segundo y tercer párrafos; 18; la denominación de la Sección II del Capítulo IV, para quedar como “De los Comités de Apoyo”; 19, en su encabezado y fracción II; 20, primer y segundo párrafos; 22 y 28, en su encabezado y fracciones III y V, y se ADICIONAN los artículos 9 Bis; 9 Ter; 9 Quáter, y las fracciones XI y XII del artículo 28, recorriéndose las subsecuentes en su orden, todos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Leyes de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, como un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Artículo 2. El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores tendrá como objeto otorgar crédito a los trabajadores, así como facilitarles el acceso a los servicios financieros que promuevan su ahorro y la consolidación de su patrimonio.

...

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Centros de Trabajo o Patrones: Las personas físicas o morales privadas, así como las personas morales públicas de los tres órdenes de gobierno y cualquier otro órgano o entidad paraestatal, federal, estatal o municipal, que utilicen los servicios de uno o varios trabajadores;

II. Comisión: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

III. Consejo: El Consejo Directivo del Instituto;

IV. Crédito FONACOT: El financiamiento al que tiene derecho cualquier trabajador, otorgado o administrado por el Instituto y que cumpla con las condiciones que el propio Instituto establezca;

V. Fondo: El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores a que se refiere esta Ley;

VI. Instituto: El organismo público descentralizado denominado Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores;

VII. Ley: La Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores;

VIII. Manual de Crédito: Documento en el que se establecen los procesos, metodologías, procedimientos y demás información necesaria para la originación, administración y recuperación del Crédito FONACOT;

IX. Recursos del Fondo: La totalidad de los activos que integren el patrimonio del Instituto en términos de la presente Ley, excepto los inmuebles, mobiliario y equipo necesarios para su funcionamiento;

X.Secretaría de Hacienda: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XI. Secretaría del Trabajo: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y

XII. Trabajador: La persona física que las leyes laborales definen como tal.

Artículo 5. La organización, el funcionamiento y la operación administrativa del Instituto como organismo descentralizado, integrante del sistema financiero mexicano, se sujetará a la presente Ley y en lo que no se opongan a ésta, le serán aplicables, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En cuanto a las operaciones y servicios del Instituto se regirán por lo dispuesto en la presente Ley y en lo no previsto en ésta y en el orden siguiente, por la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la legislación mercantil, los usos y prácticas mercantiles y el Código Civil Federal.

...

Artículo 8. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto contará con las siguientes atribuciones:

I. Administrar el Fondo;

II. Participar en programas y proyectos en términos de la presente Ley que tengan como finalidad el fomento al ahorro de los trabajadores;

III. Coadyuvar en el desarrollo económico integral de los trabajadores y de sus familias;

IV. Instrumentar acciones y participar en programas y proyectos en términos de la presente Ley, destinados a facilitar a los trabajadores el acceso al Crédito FONACOT y a otros servicios financieros en las mejores condiciones de mercado, para la consolidación de su patrimonio;

V. Participar en términos de la presente Ley en los programas que establezcan las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, dirigidos a fomentar el crédito para los trabajadores, así como, para los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo;

VI. Brindar apoyo y asesoría en el funcionamiento de las tiendas y almacenes a que se refiere el artículo 103 de la Ley Federal del Trabajo;

VII. Celebrar los actos, convenios, contratos o instrumentos relacionados directa o indirectamente con su objeto;

VIII. Celebrar los instrumentos jurídicos que se requieran con las personas morales públicas de los tres órdenes de gobierno, de cualquiera de los tres poderes, incluidos los órganos autónomos, y cualquier otro órgano o entidad paraestatal, federal, estatal o municipal, a fin de que los trabajadores respectivos se beneficien de los créditos a que se refiere la fracción II del artículo 9 de esta Ley;

IX. Afiliar a los Centros de Trabajo que rigen sus relaciones laborales por el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no estén afiliados, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 132 fracción XXVI Bis de la Ley Federal del Trabajo;

X. Constituir fideicomisos y otorgar mandatos directamente relacionados con su objeto , en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XI. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como proceder a su enajenación, en su caso, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables;

XII. Gestionar la recuperación del Crédito FONACOT otorgado a los trabajadores que presten sus servicios en los Centros de Trabajo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 97 fracción IV y 110 fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos relativos y aplicables a la materia;

XIII. Propiciar y participar en acciones conjuntas de financiamiento y asistencia, coordinándose, en su caso, con otras personas públicas o privadas, y

XIV. Realizar los estudios económicos, sociales y financieros necesarios para el desarrollo de su objeto.

Artículo 9. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto sólo podrá realizar las siguientes operaciones:

I. Otorgar Crédito FONACOT a los trabajadores;

II. Garantizar los créditos y otorgar el financiamiento a que se refieren los artículos 103 y 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo;

III. Adquirir créditos otorgados a los trabajadores por terceros;

IV. Administrar el Crédito FONACOT otorgado por el Instituto o por terceros;

V. Contratar financiamientos conforme a lo previsto en esta Ley y en las disposiciones aplicables en la materia;

VI. Invertir sus recursos en los términos de las disposiciones aplicables;

VII. Celebrar operaciones con instrumentos financieros derivados para fines de cobertura de riesgos;

VIII. Gestionar, así como realizar acciones conjuntas ante otras instituciones para la obtención de condiciones adecuadas de crédito, garantías y precios que les procuren un mayor poder adquisitivo a los trabajadores;

IX. Realizar operaciones de descuento, ceder, negociar y afectar los derechos de crédito a su favor y en su caso, los títulos de crédito y documentos, respecto de financiamientos otorgados a que se refieren las fracciones I y II anteriores;

X. Participar y coadyuvar previa autorización del Consejo, en esquemas o programas a efecto de facilitar el acceso al financiamiento, que tiendan a disminuir el precio y facilitar la adquisición de dichos bienes y pago de servicios;

XI. Promover entre los trabajadores, el mejor aprovechamiento del salario y contribuir a la orientación de su gasto familiar, y

XII. Realizar las operaciones y servicios análogos o conexos necesarios para la consecución de las operaciones previstas en este artículo, previa autorización de la Secretaría de Hacienda.

Las garantías que otorgue el Instituto conforme a las fracciones I y II y los financiamientos que contrate en términos de la fracción V de este artículo, deberán hacerse con cargo a los Recursos del Fondo y, en ningún caso, los montos de dichas operaciones en su conjunto podrán ser superiores al importe de los Recursos del Fondo. Asimismo, las operaciones a que se refiere este párrafo quedarán sujetas a la consideración y, en su caso, autorización previa por parte de la Secretaría de Hacienda.

Artículo 9 Bis. Los Centros de Trabajo deben hacer las deducciones o retenciones a los trabajadores acreditados por el Instituto y enterar las deducciones o descuentos al mismo, en los términos y condiciones que para tal efecto establezca el Instituto, a fin de cubrir el pago del Crédito FONACOT. En caso de incumplimiento a esta disposición, se les aplicarán las sanciones que correspondan en términos de esta Ley y de las Reglas de Operación aprobadas por el Consejo; lo anterior, independientemente de las acciones legales a que haya lugar.

Artículo 9 Ter. El Crédito FONACOT se extinguirá por defunción de los trabajadores acreditados siempre y cuando se demuestre por medio del certificado de defunción, expedido por la oficina del Registro Civil.

Artículo 9 Quáter. Las deducciones o retenciones efectuadas por el Centro de Trabajo o Patrones a salarios, liquidaciones y finiquitos de sus trabajadores, en tanto no sean enteradas al Instituto, se considerarán constituidas en depósito en poder de éstos, con todas las obligaciones legales aplicables.

Artículo 14. ...

I. a VI. ...

El Titular de la Secretaría del Trabajo, considerando las propuestas de las organizaciones de patrones y de trabajadores fundadoras, determinará mediante acuerdo que se publique en el Diario Oficial de la Federación, las organizaciones de patrones y de trabajadores que, en el marco de la presente Ley, deban ser propuestas a participar en la integración del Consejo.

Los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán contar con la experiencia, capacidad y prestigio profesional que les permita desempeñar su función en forma objetiva. Estos representantes percibirán por su participación las remuneraciones que determine el Consejo, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 18. El Consejo establecerá las estrategias generales para la conducción del Instituto, sus políticas generales y prioridades y supervisará su buena marcha, orientándose a preservar y mantener los recursos de su patrimonio.Además de las atribuciones señaladas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Consejo tendrá las siguientes facultades indelegables:

I. Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto, sujetándose a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables;

II. Aprobar, a propuesta del Director General del Instituto, las políticas generales de operación del Instituto, así como el Manual de Crédito;

III. Determinar los mecanismos necesarios para que el Instituto conduzca sus actividades en forma programada y con base en las políticas sectoriales, prioridades y restricciones que se deriven del sistema nacional de planeación;

IV. Fijar la cantidad máxima para el otorgamiento de préstamos o créditos, previa propuesta del Director General autorizada por el Comité de Operaciones;

V. Aprobar los manuales generales y de los dos primeros niveles jerárquicos;

VI. Aprobar las reglas de operación de los comités de apoyo;

VII. Autorizar el programa de financiamiento, con la opinión favorable del Comité de Crédito y Financiamiento;

VIII. Autorizar la participación de profesionistas independientes en los comités de apoyo, en términos de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico;

IX. Acordar los asuntos intersectoriales que se requieran en la administración integral del Instituto;

X. Aprobar la estructura orgánica básica; los niveles de puestos; las bases generales para la elaboración de tabuladores de sueldos; la política salarial y de incentivos que considere las compensaciones y demás prestaciones económicas en beneficio de los trabajadores del Instituto; los lineamientos en materia de selección, reclutamiento, capacitación, ascenso y promoción; los indicadores de evaluación del desempeño, y los criterios de separación, a propuesta del Director General y previa opinión del Comité de Recursos Humanos;

XI. Fijar las remuneraciones que correspondan a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones por su participación en las sesiones del Consejo;

XII. Aprobar el contenido de las actas que se levanten en sus sesiones;

XIII. Aprobar su calendario anual de sesiones, y

XIV. Las demás previstas en la presente Ley.

Sección IIDe los Comités de Apoyo

Artículo 19. El Consejo contará con los siguientes comités de apoyo:

I. ...

II. De Crédito y Financiamiento;

III. a VI. ...

Artículo 20.Los Comités a que se refiere el artículo anterior se integrarán por servidores públicos del Instituto, con excepción del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia, así como con representantes de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, según lo determine su Estatuto Orgánico, por profesionistas independientes y especialistas del sector de los trabajadores en la materia propia de cada Comité.

Los profesionistas independientes a que se refiere este artículo serán nombrados por el Consejo a propuesta del Director General del Instituto.

...

Artículo 22. El Comité de Crédito y Financiamiento, tendrá la facultad de someter a la consideración y aprobación del Consejo, las políticas generales con base en las cuales se autorizarán los créditos y los aspectos inherentes a su otorgamiento.

Artículo 28. El Director General tendrá a su cargo las funciones de gestión, conducción y ejecución de las operaciones del Instituto, para lo cual tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. ...

a) a f) ...

II. ...

III. Presentar a la aprobación del Consejo los proyectos de Estatuto Orgánico, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, y demás instrumentos normativos de las Unidades Administrativas de los dos primeros niveles jerárquicos de la estructura orgánica que regulen el funcionamiento del Instituto;

IV. ...

V.Presentar anualmente al Consejo el anteproyecto de presupuesto del Instituto y su programa de financiamiento;

VI. a X. ....

XI. Presentar a la aprobación del Consejo las políticas generales de operación, así como el Manual de Crédito del Instituto;

XII. Ejecutar los acuerdos del Consejo;

XIII.Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con los fines del Instituto, y

XIV.Las demás que le atribuyan la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, esta Ley o cualquier otra disposición y el Consejo.

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las modificaciones que correspondan al Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores en términos del presente Decreto, deberán ser expedidas a más tardar a los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

En tanto se modifica el Estatuto Orgánico, el Comité de Crédito y Financiamiento a que se refiere el artículo 22 de la presente Ley, funcionará y operará de conformidad con las reglas de operación para el Comité de Crédito.

TERCERO. Por lo que se refiere a la afiliación establecida en la fracción IX del artículo 8, los Centros de Trabajo que actualmente se encuentran afiliados al Instituto, se considerarán afiliados a la entrada en vigor del presente Decreto y los convenios y contratos celebrados con ellos continuarán vigentes en todos sus términos.

El Consejo contará con un plazo de ciento ochenta días, para emitir las Reglas o Lineamientos que regulen la operación de la afiliación de los Centros de Trabajo.

CUARTO. Los Centros de Trabajo que contraten a trabajadores que ya cuenten con un Crédito FONACOT otorgado por el Instituto deberán realizar las deducciones o retenciones y enterar los descuentos correspondientes al Instituto, a partir de la fecha de ingreso del trabajador.

QUINTO. Las erogaciones que se generen en virtud de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión al Instituto, por lo que no se requerirán mayores asignaciones presupuestales.

SEXTO. El Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, continuará aplicándose, en lo que no se oponga al presente Decreto. Las modificaciones a dicho Reglamento deberán publicarse a más tardar a los ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Reitero a Usted la seguridad de mi consideración más atenta y distinguida.

Dado en la Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil catorce.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Maestra Julieta Fernández Ugalde, directora general de Egresos.— Presente.

Me refiero a su oficio número 353.A.0301 de fecha 22 de abril de 2014, mediante el cual remite copia simple del anteproyecto de “iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores”, enviado por la Procuraduría Fiscal de la Federación a través del oficio número 529-II-DGLCPAJ-157/14 del 16 de abril del año en curso, a fin de recabar el dictamen del impacto presupuestario correspondiente.

Sobre el particular, de conformidad con la evaluación de impacto presupuestario emitida por la Subdirección General de Administración del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, mediante el oficio número SGA/229/2014 del 9 de abril de 2014; y a los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 al 20 de su Reglamento; el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal, así como sus modificaciones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003 y el 14 de abril de 2005, respectivamente; y 65, apartado A, fracción II, y apartado B, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, no se tiene inconveniente en que se continúe con los tramites conducentes para la formalización del anteproyecto de referencia, en la consideración de que la dependencia manifiesta lo siguiente:

• No tiene impacto en la estructura ocupacional de la dependencia ni de sus entidades al no requerir la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o, en su caso, creación de nuevas instituciones.

• No tiene impacto en los programas aprobados de la dependencia ni de sus entidades.

• No establece destino específico del gasto público.

• No requiere el establecimiento de nuevas atribuciones ni actividades que deberán realizar la dependencia o entidades bajo su coordinación, que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo.

• No requiere la inclusión de disposiciones generales que incidan en la regulación en materia presupuestaria.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

México, DF, a 28 de abril de 2014.— Jaime F. Hernández Martínez (rúbrica), director general de Programación y Presupuesto “B”.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Luis Fernando Corona Horta, director general de Legislación y Consulta Presupuestaria y de Asuntos Jurídicos de la subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.— Presente.

Se hace referencia a su oficio número 529-II-DGLCPAJ-157/14, mediante el cual remitió a esta dirección general copia simple del anteproyecto de “iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores”, así como de su respectiva evaluación de impacto presupuestaria enviada por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para efectos del dictamen correspondiente.

Sobre el particular, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 18 a 20 de su Reglamento (RLFPRH); 65-A, fracciones V y X, del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y en el acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de leyes y decretos del Ejecutivo federal; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2003, y su respectivo acuerdo modificatorio; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2005, para los efectos del dictamen de impacto presupuestario a que se refieren las disposiciones anteriormente citadas, se informa lo siguiente:

1) Esta dirección general, con base en lo dispuesto en el artículo 20 del RLFPRH, y en lo manifestado en la evaluación del impacto presupuestario mencionada en el proemio del presente, no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario sobre las disposiciones contenidas en el anteproyecto en cuestión

2) Se anexa copia del oficio número 312.A.001345, emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de esta Subsecretaria de Egresos.

Lo anterior, se hace de su conocimiento para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, penúltimo párrafo del RLFPRH, mismo que señala, que la evaluación de impacto presupuestario y su respectivo dictamen se anexaran a las iniciativas de leyes o decretos que se presenten al honorable Congreso de Unión o, en su caso, a los reglamentos, decretos, acuerdos y demás ordenamientos que se sometan a firma del Presidente de la Republica.

La presente opinión se emite sobre la versión del anteproyecto recibida el día 21 de abril de 2014, por lo que no prejuzga respecto de las modificaciones que, en su caso, se realicen a la misma.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 6 de mayo de 2014.— Maestra Julieta Y. Fernández Ugalde (rúbrica), directora general Jurídica de Egresos.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su opinión.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«El suscrito, René Juárez Cisneros, senador a la LXII legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento del Senado de la República, propone ante esta Cámara de Senadores iniciativa que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La industria minera ha sido importante para México, esto se ha demostrado a través de la historia, y la ha mantenido como uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, posicionando a México como uno de los principales productores de minerales metálicos.

En 2013, y de acuerdo a datos de la Cámara Minera de México, Camimex, se registraron producciones mineras y metalúrgicas récord de los últimos 20 años para minerales como: oro, plata, plomo, molibdeno, hierro, pellets, coque, manganeso, dolomita, caolín, fosforita, wollastonita, sulfato de sodio y sulfato de magnesia.

De acuerdo a la Camimex, el producto interno bruto del sector minero-metalúrgico con base en la nueva serie del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, representó, en 2013, 8.5 por ciento del producto interno bruto industrial y 2.9 por ciento del nacional. La minería representa así un sector primordial para la economía mexicana en su proceso de crecimiento a corto y largo plazo.

Aun cuando la balanza comercial minero-metalúrgica continuó siendo positiva, tuvo un retroceso. En ningún trimestre de 2013 se observó recuperación ubicándose en 10 mil 352 millones de dólares, de igual forma el valor de las exportaciones tuvo el mismo comportamiento, generando divisas por 18 mil 356 millones de dólares. Con este resultado, la industria minera descendió una posición como sector con más divisas generadas, superada por las remesas y las industrias automotriz, electrónica y petrolera.

De acuerdo a la misma fuente, en 2013, el valor de producción de la industria minero-metalúrgica ascendió a 200 mil 946 millones de pesos (15 mil 626 millones de dólares). Este valor, complementado con datos de los minerales no metálicos (no concesibles), ascendió a 21 mil 457 millones de dólares, cifra inferior a la registrada en 2012.

Por otra parte, y de acuerdo a las cifras reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en ese año, indican que la minería sostuvo 333 mil plazas laborales directas. Sin embargo, en el periodo referido se registra un retroceso al pasar de 18 mil 833 nuevos empleos generados en 2012, a 3 mil 946 generados en 2013, en la generación de nuevas plazas laborales.

La actividad minería en México es, junto con la agricultura, la industria con mayor relación con comunidades y municipios. Tiene presencia en 24 de las 32 entidades del país y en 107 municipios con actividad minera.

No obstante esta situación que tuvo en 2013, la industria minera ha continuado en expansión; tal y como se observa en algunas fusiones y adquisiciones empresariales, principalmente en proyectos por oro y plata.

En lo relativo a las inversiones en este sector, de acuerdo con la Secretaría de Economía, las principales empresas mineras nacionales señalan que las inversiones comprometidas para el presente año se destinarán a nuevos proyectos (previamente evaluados y aprobados) y a la adquisición de maquinaria y equipo, tal y como se puede observar en el siguiente cuadro.

Como se desprende de los anteriores datos, la industria minera en el país ha tenido un importante desarrollo en los últimos años; sin embargo, también ha traído consigo algunos conflictos con las comunidades donde realizan sus operaciones. Estas se han generado por cuestiones de tenencia de la tierra, o por daños ambientales. La mayor parte de los conflictos se derivan del modelo de explotación intensiva que llevan a cabo; del uso de tecnologías que producen notorios daños ambientales.

Esto último, ocasionado principalmente por residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el ambiente y/o la salud humana que quedan como remanentes de la actividad minera. Como un reciente caso, podemos mencionar la grave contaminación provocada por la mina de Cananea, Buenavista del Cobre Grupo México, en el estado de Sonora, que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, tras el grave suceso del pasado 6 de agosto por el derrame de 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, entre otras más.

Ante este constante problema, y en el marco de la discusión del presupuesto 2014, y a propuesta del Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, aprobó diversas disposiciones en materia de derechos sobre la minería, destacando la adición al artículo 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de apoyar a las comunidades mineras.

Con relación al destino de los recursos que se recauden de estos nuevos derechos mineros, se incorporó a dicha ley la creación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual es empleado en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, destinados a lo siguiente:

l. Construcción, remodelación y equipa miento de centros escolares.

2. Pavimentación de caminos locales e instalación de alumbrado público, así como el mantenimiento de ambos.

3. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire.

4. Obras que preserven las áreas naturales. Como por ejemplo: reforestación, así como rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua.

5. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes.

Sobre la distribución de los recursos de dicho Fondo, éstos serán entregados en un 62.5 por ciento a los municipios en los que tuvo lugar la actividad minera y el 37.5 por ciento restante será entregado a los estados correspondientes.

Se mandata que, para aplicar los recursos, se conformará en cada uno de los estados un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, mismo que estará conformado por un representante de cada nivel de gobierno, es decir, un representante de la Administración Pública Federal; un representante del gobierno del estado o del Distrito Federal; un representante de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras y, por último; deberá considerarse un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en el municipio o demarcación de que se trate.

Es importante mencionar que con periodicidad trimestral, los estados deberán publicar a través de su página oficial de Internet, y entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los montos recibidos, el ejercicio y el destino del fondo.

Como se puede observar, estas disposiciones para el sector minero, tienen la finalidad de preservar los recursos naturales, beneficiar a las comunidades mineras, y que el Estado mexicano capte un mayor porcentaje del capital que genera la minería.

La magnitud de las actividades mineras en México, y de sus potenciales impactos naturales y sociales, ha sido un tema fundamental para el desarrollo de las comunidades. De ahí la importancia de la aplicación oportuna y eficiente de los recursos de dicho Fondo.

Los beneficios económicos que generan incremento de la riqueza de las empresas mineras, privilegiadas con la explotación de los recursos minerales, especialmente de oro, plata, cobre, etcétera, también deben beneficiar no solamente a los que aportan con su fuerza de trabajo, sino también a las comunidades que se encuentran en su área de influencia, procurando un equilibrio entre el desarrollo económico empresarial y el desarrollo socioeconómico de la población, mejorando el nivel de vida; y evitando además descontento social y consecuentemente conflictos socioambientales.

Consideramos que es de justicia, que los beneficios del desarrollo deben redistribuirse equitativamente entre toda la población, incluidas aquellas personas que de manera indirecta sufren los impactos sociales, económicos y ambientales por la actividad minera.

Debido a lo anterior, es que el objeto de la presente iniciativa sea la de incrementar el porcentaje del Fondo destinado a las comunidades mineras. Es decir que dicho porcentaje se incremente al 80 por ciento a los municipios y demarcaciones donde se explota y obtienen las sustancias minerales, y el restante 20 por ciento a las entidades respectivas.

De igual manera, proponemos la inclusión de un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras.

Lo anterior, con la finalidad de obtener un beneficio a las comunidades, sobre la rentabilidad de la industria por la venta de productos que fueron extraídos, a fin de contribuir a resarcir al entorno ambiental y ecológico de las entidades y mejorar las condiciones de las comunidades en las cuales tuvo lugar la explotación minera.

Consideramos que el modelo de desarrollo de las empresas mineras en México no deben fundamentarse y proyectarse solamente en técnicas puramente productivas y mercantiles, considerando sólo su aporte al producto interno bruto, sino también debe fundamentarse en la formulación y aplicación de políticas empresariales con responsabilidad social que se orienten a impulsar el desarrollo socio económico de la población sin dejar de lado tampoco el cuidado del medio ambiente; tratando además de mantener los usos y las costumbres, la cultura, las tradiciones, y el fomento de la mejora de la calidad de vida de la gente en su área de influencia. Poner como valores centrales, la protección de la salud y el medio ambiente.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos

Único. Iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 275. Los estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a que se refieren los artículos 263 y 267 de esta Ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta ley, y se destinará en un 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 80 por ciento a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 20 por ciento restante a la entidad federativo correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta ley.

La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y entre las entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda.

Para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por dos representantes de la administración pública federal, en este caso, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del comité; un representante de titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; un representante del gobierno del estado o del Distrito Federal; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Margarita Navarro Franco. http://www.indetec.gob.mx/news/files/ MNF-resumen_iniciativa_derechos_mineros_LFD2014.pdf

2 Camimex. Informe Anual 2014, en https://camimex.org.mx/files/3814/0615/4296/2014.pdf

3 Ibídem.

4 Ibídem

5 Ibídem

6 Ibídem.

7 Ibídem.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de septiembre de 2014.— Senador René Juárez Cisneros (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública, para dictamen.

INFORME DE LA PRESIDENCIA SOBRE LAS CONSULTAS POPULARES

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Compañeras y compañeros, esta Presidencia informa que recibió del Instituto Nacional Electoral el informe detallado y pormenorizado a que se refiere el artículo 34 de la Ley Federal de Consulta Popular sobre las consultas populares en materia de reforma energética y en materia de ingreso digno de los trabajadores, las cuales se publicaron en la Gaceta Parlamentaria, y de conformidad con el artículo 28, fracción III de la referida ley se procede a la remisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre su constitucionalidad. (*)

Queda debidamente informada esta asamblea.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

La Comisión de Pesca, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 45 numeral 6 incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80 numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 162 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

Antecedentes

A. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2014, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

B. Con esa misma fecha la Mesa Directiva la turnó a la Comisión de Pesca para su estudio y dictamen correspondiente. Se recibió en esta comisión el 20 de mayo de 2014.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con el objetivo de incorporar en el texto de la ley, como requisito para la declaración de excedentes, que el recurso pesquero correspondiente se haya concursado previamente entre concesionarios y/o permisionarios pesqueros mexicanos, de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte, lo que permitirá que las embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes en la zona económica exclusiva y mediante el cumplimiento de requisitos y condiciones que para cada caso establezca la propia dependencia.

Lo anterior bajo los argumentos de que las pesquerías en México generan al país especies de gran valor económico y enorme beneficio social, para cuyo desarrollo se tienen dispuestas desde el sector público, iniciativas diversas que procuran su ordenamiento y sustentabilidad.

El proponente precisa en su exposición de motivos que la administración de pesquerías es un proceso que ocurre al amparo y en cumplimiento de las recomendaciones contenidas en la Carta Nacional Pesquera, refrendando el estatus de las pesquerías así como el esfuerzo pesquero permisible. Y que el propio plan considera necesario que se proteja la industria pesquera nacional, el abasto de recursos en suficiencia, procurando atender la demanda interna y la de exportación.

El diputado proponente considera pertinente que desde el marco legal se garantice un aprovechamiento pleno en beneficio de los productores nacionales de los recursos pesqueros disponibles en la zona económica exclusiva.

Consideraciones

Primera. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y en las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

En este sentido, el artículo 62 de la ley, que se propone reformar, tiene como objetivo establecer bases que aseguren la participación de los pescadores mexicanos, previamente a la declaración de los excedentes pesqueros en la zona económica exclusiva del país. De ahí que la reforma propuesta se encuentra en consonancia con el espíritu de la ley, al tratar de hacer más riguroso el procedimiento para dicha declaración.

Segunda. Si bien existe la posibilidad de permitir la pesca excedente, esta debería ser bajo las condiciones en que el estado ribereño considere necesarias para proteger el recurso pesquero. En este caso, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar y el Código de Conducta para la Pesca Responsable, son enfáticos en cuanto a la protección del recurso pesquero en las aguas bajo su jurisdicción.

Tercera. En el artículo 56 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, referido a “Los Derechos, jurisdicción y deberes del estado ribereño en la zona económica exclusiva”, en su numeral 1 establece que en la zona económica exclusiva, el estado ribereño tiene:

a. Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos.

Cuarta. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en su artículo 32, señala que la Carta Nacional Pesquera es la representación cartográfica o escrita que contiene información sobre el diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de dichos recursos en aguas de jurisdicción federal.

De acuerdo al contenido de la Carta Nacional Pesquera, se distinguen los datos siguientes:

a. Las pesquerías comerciales (marinas) son 355;

b. Del total de las 355 pesquerías comerciales, 84 por ciento se encuentran sin posibilidad de incrementar el esfuerzo pesquero, 12 por ciento deberán disminuirlo para no llegar al agotamiento de las especies; y sólo 3.7 por ciento de las pesquerías comerciales tienen posibilidad (previo dictamen del Instituto Nacional de Pesca) de incrementarlo; el restante 2 por ciento corresponde a las especies reservadas a la pesca deportiva.

Quinta. Es conveniente señalar, que los recursos pesqueros comerciales (poco más de 80 por ciento de acuerdo con la Carta Nacional Pesquera) se encuentran en su máximo rendimiento sostenible, es así que las posibilidades de que México pueda ofrecer excedentes para que otros países los aprovechen como marca el derecho internacional, se acortan.

Sexta. La iniciativa propuesta refuerza la protección de los recursos pesqueros nacionales, al ampliar los requisitos para la emisión de una declaratoria de excedentes, sometiéndolos a concurso entre concesionarios y/o permisionarios pesqueros mexicanos.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, resultantes del análisis realizado, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, encontramos pertinente la adición propuesta, toda vez que favorece a la protección de las pesquerías en aguas federales y fortalece la protección de los recursos pesqueros nacionales por lo que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 62....

...

Para los efectos de la declaración de excedentes referidos en el presente artículo, esto ocurrirá sólo y una vez acreditado que el recurso pesquero de que se trate, ha sido sometido a concurso entre concesionarios y/o permisionarios pesqueros mexicanos.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en México, Distrito Federal, a los 19 días del mes de junio de 2014.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Saraí Larisa León Montero (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia Lizárraga (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano, Francisco Grajales Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para hablar sobre este tema tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alfonso Inzunza Montoya, para fundamentar el dictamen.

El diputado Alfonso Inzunza Montoya:Con su permiso, señor presidente. El presente dictamen que nos permitimos someter a la consideración de este pleno corresponde a una iniciativa turnada a la Comisión de Pesca, por la cual se propone adicionar un párrafo al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El artículo en referencia dispone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de conformidad con el interés nacional y de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte determinará, y en su caso declarará si existen excedentes por especie.

En tal circunstancia permitirá con carácter de excepción, que embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes en la zona económica exclusiva y mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para cada caso establece la propia dependencia. En todo caso, se estará siempre en la más rigurosa reciprocidad.

Este artículo preceptúa así mismo que la declaración de excedentes se establecerá exclusivamente mediante acuerdo del titular de la Secretaría, basado en un dictamen elaborado por el Inapesca y por la opinión del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, el cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación.

De conformidad con ello, la iniciativa materia del presente dictamen propone incorporar en el texto de la ley, como requisito para la declaración de excedentes, que el recurso pesquero correspondiente se haya concursado previamente entre concesionarios y/o permisionarios pesqueros mexicanos, de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte, lo que permitirá que las embarcaciones extranjeras participen de dicho excedente en la zona económica exclusiva y mediante el cumplimiento de requisitos y condiciones que para cada caso establezca la propia dependencia.

La Comisión de Pesca dictaminó en sentido positivo la iniciativa de referencia bajo la consideración de que el artículo en comento que se propone reformar tiene como objetivo establecer bases que aseguren la participación de los pescadores mexicanos, previamente a la declaración de los excedentes pesqueros en la zona económica exclusiva del país, de ahí que las reforma propuesta se encuentre en consonancia con el espíritu de este ordenamiento al tratar de hacer más riguroso el procedimiento para dicha declaración.

Si bien existe la posibilidad de permitir la pesca excedente, ésta debería ser bajo las condiciones en que el estado ribereño considere necesario para proteger el recurso pesquero. En este caso la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar y el Código de Conducta para la Pesca Responsable son enfáticos en cuanto a la protección del recurso pesquero en las aguas bajo su jurisdicción.

Asimismo en el artículo 56 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar referido a los derechos jurisdiccionales y deberes del estado ribereño en la zona económicamente exclusiva, en su numeral uno establece que en la zona económica exclusiva el estado ribereño tiene entre otros derechos de soberanía, para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos vivos, como no vivos de las aguas subyacentes al hecho y del hecho y subsuelo del mar y con respecto a otras exploraciones y explotaciones económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos.

Es conveniente señalar que los recursos pesqueros comerciales, poco más de 80 por ciento de acuerdo con la Carta Nacional Pesquera, se encuentran en su máximo rendimiento sostenible. Es así que las posibilidades de que México pueda ofrecer excedentes para que otros países los aprovechen como marca el derecho internacional se acortan.

En este sentido la iniciativa propuesta refuerza la protección de los recursos pesqueros nacionales al ampliar los requisitos para la emisión de una declaratoria de excedentes, sometiéndolos a concurso entre concesionarios y/o permisionarios pesqueros mexicanos.

El procedimiento en este sentido se ha convertido hoy día en uno de los asuntos de las mayores importancias para la agenda legislativa de las naciones en las que corresponde precisamente la soberanía de los pueblos. Gracias a esto la legislación en materia se ha visto robustecida en algunos países, en cuanto a garantizar primero el aprovechamiento de excedentes pesqueros por nacionales y posteriormente por extranjeros, dada la creciente demanda de alimentos y fuentes de empleo.

En razón de estos considerandos, resultado del análisis realizado por las diputadas y diputados de la Comisión de Pesca, encontramos pertinente la adición propuesta, toda vez que favorece a la protección de las pesquerías en aguas federales y fortalece la protección de los recursos nacionales; motivos por los cuales nos permitimos solicitar a todos ustedes, compañeras y compañeros, su voto a favor de este decreto que adiciona un párrafo tercero del artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, presidente.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Inzunza.

Saludamos a alumnos del Instituto para la Educación Integral del Bachiller Sociedad Civil, de Toluca, estado de México, que han sido invitados por el diputado Alberto Curi Naime. Sean bienvenidos, muchas gracias por su visita.

Le otorgo el uso de la palabra al diputado René Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para que fije la postura de su grupo con relación al dictamen, hasta por cinco minutos, por favor.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El potencial de pesca y la acuicultura en el país es inmenso. Se estima que su potencial de crecimiento es 15 veces mayor de lo que actualmente aporta la economía nacional, el cual es menor al uno por ciento del producto interno bruto de nuestro país.

Las actividades relacionadas con la pesca, la caza y la captura de especies marinas, aportaron siete mil 256 millones de pesos, lo que representó tan solo el .4 por ciento de los 16.8 millones de pesos generados el segundo trimestre del año en curso.

Lo anterior contrasta con el ascenso en el lugar que actualmente ocupa el país por volumen de producción. En la década de los 80 ocupamos el lugar número 30, mientras que actualmente tenemos la posición 17 gracias a que producimos cerca de 1.5 por ciento del volumen total de la producción

Sin embargo, fortalecer este sector de nuestra economía demanda de varias acciones legislativas encaminadas a generar mejores condiciones de productividad y competitividad.

Una de ellas es evitar la situación de desventaja en que se encuentran nuestros pescadores frente a embarcaciones con una capacidad de captura mayor a la flota nacional. Esto sin duda pone en predicamento no sólo la productividad de miles de mexicanos y el sustento de sus familias, sino también puede generar una sobreexplotación de nuestros recursos marítimos.

El que se exploten los recursos pesqueros de nuestras costas u litorales por embarcaciones extranjeras con limitados controles que en muchas ocasiones nada le aportan a los mexicanos, tampoco beneficia la sustentabilidad y la preservación de nuestros recursos.

Consideramos adecuada la adición de un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, ya que representa una medida de orden público e interés social que favorecerá a miles de productores nacionales y a las diversas actividades económicas ligadas a la pesca, a los mares y a nuestras costas, así como el bienestar social de familias mexicanas que dependen de una industria con amplio potencial.

En Nueva Alianza estamos convencidos que la competitividad permite y fomenta mejores condiciones económicas, sin embargo también consideramos que ésta debe ir acompañada de medidas que equilibren y establezcan mejores condiciones de productividad para los agentes económicos participantes.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor de este dictamen, ya que el propósito fundamental de la adición es que las autoridades, para la explotación de los excedentes pesqueros sean, en primera instancia, sometidas previo concurso entre concesionarios y/o permisionarios mexicanos, para luego permitir que las embarcaciones extranjeras puedan realizar las actividades correspondientes.

Además se exhorta a las mismas autoridades a ser vigilantes para que la explotación de nuestros recursos marítimos sea acorde con los principios y criterios de un modelo de desarrollo sustentable. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Fujiwara. La maestra y diputada Lucila Garfias Gutiérrez, ha invitado, y los saludamos con mucho cariño, con respeto, a un grupo de personas con capacidades diferentes, del estado de México; bienvenidas, bienvenidos a este recinto. Gracias por su visita.

Ahora le otorgo el uso de la palabra al diputado Héctor Hugo Roblero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para que fije la postura de su grupo.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa presentada al pleno de esta soberanía, relativa a adicionar un tercer párrafo al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, relativa a regular debidamente la pesca del recurso pesquero correspondiente que se ha haya concursado previamente entre cocesionarios y/o permisionarios pesqueros mexicanos, de acuerdo con los tratados y acuerdos internacionales de los que México sea parte para permitir que las embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes en la zona exclusiva y mediante el cumplimiento de requisitos y condiciones que para el caso establezca la propia dependencia, es considerada en opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, viable porque asegura la participación de pescadores mexicanos en la Zona Económica Exclusiva del país.

El promovente presenta varias consideraciones a efecto de sustentar su iniciativa para favorecer la protección de las pesquerías en aguas federales y fortalece la protección de los recursos pesqueros nacionales.

Señala el compañero legislador que la posibilidad de permitir la pesca excedente debe serlo en función de las condiciones que el estado ribereño estime necesarias para proteger el recurso pesquero.

Recuerda la iniciativa que la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, en referencia a los derechos jurisdicción y deberes del estado ribereño, establece la zona económica exclusiva para este estado.

Abunda el promovente en señalar que la Carta Nacional Pesquera destaca que las pesquerías comerciales marinas son 355, que de ese total el 84 por ciento se encuentra sin posibilidad de incrementar el esfuerzo pesquero; el 12 por ciento deberá disminuirlo para no agotar las especies, y sólo el 3.7 por ciento tiene posibilidad de incrementarlo. El restante 2 por ciento corresponde a especies reservadas a la pesca deportiva.

Es de particular importancia señalar que los recursos pesqueros comerciales, aproximadamente un 80 por ciento de lo señalado por la Carta Nacional Pesquera, se encuentra en su máximo rendimiento sostenible y por ello se abre la posibilidad de que nuestro país pueda ofrecer excedentes a otros países que puedan aprovecharlo.

A efecto de que no haya abuso en la utilización de los excedentes a que antes se hace mención, la iniciativa propone ampliar los requisitos para la emisión de la declaratoria de excedentes, sometiéndolos a concurso entre concesionarios y/o permisionarios pesqueros mexicanos.

En mérito de lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de la propuesta presentada al pleno de esta soberanía. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Roblero. Por el mismo lapso de cinco minutos tiene la palabra el diputado Juan Luis Martínez Martínez, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

El diputado Juan Luis Martínez Martínez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros: el dictamen a discusión tiene como objetivo ampliar los requisitos para la emisión de declaratoria de excedentes pesqueros, sometiéndolos a concurso entre concesionarios o permisionarios mexicanos.

El tema de los excedentes pesqueros es muy importante, tanto que existe la legislación nacional e internacional de larga data para impulsar su aprovechamiento de manera racional.

En el caso de nuestro país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, de acuerdo a tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte, la declaración de excedentes se establece exclusivamente mediante un acuerdo del titular de la secretaria basado en un dictamen elaborado por el Inapesca y con la opinión del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación.

La modificación al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables consideramos que es un buen incentivo para los pescadores mexicanos ya que la costa de nuestro país tiene una longitud de 11 mil 500 kilómetros de extensión dividido en cinco grandes regiones, de los cuales, cerca de 3 millones de kilómetros cuadros son de zona económica exclusiva.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, posicionó a México en el año 2010 en el lugar 17 de producción pesquera a nivel global, lo que equivale a una contribución del 0.95 por ciento de la producción mundial total.

Además, México cuenta con alrededor de 300 mil pescadores, de los cuales, el 52 por ciento están situados en el Pacífico, el 40 por ciento en el Golfo de México y El Caribe mexicano, y el 8 por ciento en estados y litoral marino.

Lo anterior, proviene tanto de la pesca por captura como por acuicultura. En nuestro país la principal producción en peces pelágicos menores, camarón y atún, viene de las entidades federativas como son el estado de Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California, quienes aportaron en el año 2011, el 74.4 por ciento del total anual.

Como podemos ver, la pesca es una actividad con grandes vías de desarrollo para el país, contribuye a la economía nacional, la seguridad alimentaria, la generación de empleos e ingresos de divisas.

Lo cierto es que en la actualidad las pesquerías están enfrentando retos, precedentes, muchas están en estado de sobreexplotación, otras en su máximo nivel de aprovechamiento sustentable y algunas en vías de recuperación, por lo que se necesita atención a este importante sector.

Derivado de lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos a favor de la modificación al presente artículo, ya que nos parece prudente apoyar la industria pesquera mexicana y de esa manera contribuir al desarrollo del sector y la seguridad alimentaria de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, compañeras y compañeros.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Claudia Elena Águila Torres, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos, y fijará la postura que vea procedente. Adelante, diputada

La diputada Claudia Elena Águila Torres:Con el permiso de la Presidencia. Reza un proverbio chino “no me des un pescado, enséñame a pescar”. En teoría tenemos un gran potencial pesquero, pero en la realidad aún no hemos aprendido a explotarlo de manera integral.

La pesca es una actividad fundamental del sector primario que genera grandes cantidades de alimento, empleo y generación de divisas. El Plan Nacional de Desarrollo reconoce que en los últimos años la producción pesquera se ha mantenido estable.

La industria pesquera actualmente se enfrenta a problemas oceanográficos impredecibles; sin embargo, en términos generales, el proceso de explotación de los recursos pesqueros cuenta con condiciones óptimas para su aprovechamiento, además de la aceptación de los productos del mar en los mercados.

Nuestro país cuenta con especies de alto valor nutritivo y que tienen una aceptación favorable por su calidad, esto favorece el desarrollo de su potencial de explotación. De manera ordenada el esfuerzo pesquero satisface la demanda. Ante los descubrimientos de nuevas especies este recurso con gran valor económico debe ser regulado por su explotación y promover el desarrollo pesquero para favorecer las capacidades de captura y por consiguiente la generación de ingresos.

Por ello la importancia del presente dictamen que presenta la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentable, para adicionar un párrafo tercero al artículo 62 de la misma ley, que hoy están a consideración del pleno de esta soberanía y que sin duda apoyaremos para que este sector de la economía y las miles de familias que dependen de él tengan mayores ingresos y en consecuencia mejoren su calidad de vida.

Por lo anterior debemos garantizar que los recursos pesqueros disponibles en la zona económica exclusiva sean aprovechados primeramente por los productores nacionales, que la flota nacional que es numerosa tenga la oportunidad de disfrutar de ese beneficio de manera sustentable y ordenada.

Por lo que el Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor de la adición de un párrafo tercero al artículo 62, que busca garantizar el aprovechamiento de los recursos pesqueros disponibles durante la declaración de excedentes por especie en la zona económica exclusiva en beneficio de los productores nacionales. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, diputada Águila Torres.

En atención de que se ha agotado la lista de oradores, pero además el dictamen contempla un proyecto de decreto que solamente aborda un artículo, la adición de un párrafo, y en virtud de que no se presentaron propuestas de modificaciones pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico para recibir la votación en lo general y en lo particular por cinco minutos.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Damos la bienvenida a alumnos y alumnas de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Han sido invitados por el señor diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados. Bienvenidos, gracias por su visita.

Cierre el sistema electrónico la Secretaría. Ordénelo, por favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 391 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 391 votos el proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1643, el expediente número 4374, que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de Acuacultura Rural.

En virtud del análisis y estudio de la minuta que se dictamina, esta comisión ordinaria, con base en las facultades que nos confieren los artículos, 39 numerales 1 y 2 fracción XXXVI,  45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, 81, numeral 2, 82, numeral 1, 84, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158,  numeral 1, fracción IV, 162,  y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable congreso de la unión, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria efectuada el 4 de febrero de 2014, la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó ante el pleno del Senado de la República la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de Acuacultura Rural.

2. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva del Senado, en esa misma fecha, acordó turnar esta iniciativa, para análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Pesca y Estudios Legislativos.

3. Con fecha 22 de abril de 2014, las Comisiones  Unidas de Pesca  y Acuacultura, y de Estudios Legislativos presentaron ante el pleno dictamen  que aprueba totalmente  el proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 4o.; las fracciones II Bis, II Ter y VII al artículo 78; y reforman la fracción V del artículo 78, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

4. Con fecha 28 de abril de 2014, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta con el oficio de la honorable Cámara de Senadores, con el que remite la minuta con proyecto de decreto que nos ocupa y en esa misma fecha turnó a la Comisión de Pesca para su dictamen.

II. Contenido de la minuta

La minuta con proyecto de decreto por la que se adicionan las fracciones IV Bis y IV Ter al artículo o4; las fracciones II Bis y II Ter y VII al artículo 78; y se reforma la fracción V del artículo 78, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, menciona que el término acuacultura rural, se ha utilizado para distinguir de otros sistemas de producción, el cultivo de organismos acuáticos a través  de sistemas extensivos o semiextensivos, para autoconsumo o comercialización parcial de la cosecha. Y que el desempeño de esta actividad rural está intrínsecamente asociada a pequeños grupos de la comunidad, que habitualmente involucran a los diferentes miembros de una familia.

En América Latina, afirma la proponente, la inserción de cultivo de peces, denominada piscicultura en el entorno agrícola, dio origen a la denominada “acuicultura rural” desde la mitad del siglo XX, sin embargo, el enfoque adoptado para el sub-sector, se ha centrado en la asistencia técnica y en el intercambio de información, más que en la construcción de capacidades.

Resalta la proponente, que la perspectiva de los propios productores respecto a los factores que limitan su desarrollo, es fundamental para el diseño de estrategias de apoyo con nuevos enfoques que permitan la construcción de capacidades in situ y la facultad de las comunidades para su autosuficiencia.

La acuacultura en México, ha tenido una orientación  netamente social, que contribuye de manera más directa en la alimentación de las familias de las zonas rurales, y se desarrolla en gran medida, en aguas interiores o dulces.

Expone además que, el principal perfil que presenta el productor abocado a la acuicultura rural es el campesino, ya que este tipo de actividad está enfocada al autoconsumo, como una actividad complementaria mediante la integración a sus principales fuentes de abasto, que es la agricultura.

Sin embargo sostiene que a pesar de las acciones que hasta hoy se han realizado, la acuacultura para los campesinos, aun no es una alternativa de producción, sino que en estos casos extremos, puede convertirse en un problema de insuficiencia de cultura productiva y consumo de productos acuícolas.

En este orden de ideas, expone la necesidad de generar y reforzar la idea del aprovechamiento integral de los recursos, y llevar la información y los recursos de inversión necesarios, a efecto de que las comunidades campesinas integren en sus actividades cotidianas la acuacultura.

Asimismo, es indispensable que se fomente la acuacultura a través de un crecimiento estratégicamente planeado y ordenado, ya que representa una buena fuente de proteínas de alta calidad para la dieta de la población rural.

También hace referencia a la actual política científica y tecnológica en la materia, que desde su perspectiva, no ha logrado todavía incidir en los niveles de competitividad nacional, aunque reconoce que, recientemente, México oriento su sistema de ciencia y tecnología hacia la mejora de los procesos de investigación científica e innovación tecnológica, a través del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Finalmente, la exposición de motivos, en el apartado de políticas públicas, concluye con la necesidad de establecer, desde la legislación, el apoyo al acuicultor rural para que cuente con alternativas productivas complementarias a sus actividades ordinarias en el campo, para el aprovechamiento integral de los recursos naturales en las zonas rurales; así como para proveer de una fuente alternativa de ingresos al comercializar pequeños excedentes de la producción.

III. Consideraciones

Primera. Los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura dictaminadoras, coincidimos con el proyecto de decreto enviado por la colegisladora. Y de igual forma, hacemos nuestra la preocupación de la proponente, para que en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se establezcan las definiciones legales de acuacultura rural, acuacultura industrial; se incorpore a los objetivos de la Ley, el fortalecimiento de los programas de acuacultura rural, para que atiendan la demanda alimentaria en las comunidades de escasos recursos, mejoren el ingreso y propicien el arraigo en la totalidad. Así como la transferencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en Poblaciones rurales y de escasos recursos, en beneficios de los más desventajados de la cooperación social.

Segunda. Este proyecto de decreto tiene como finalidad coadyuvar a que la acuacultura rural sea considerada como un instrumento importante, que pueda impactar en la reducción de la pobreza, la desnutrición, la creación de empleos y la conservación de nuestros recursos naturales, cerrando el ciclo de los aspectos económicos, sociales y ambientales. De tal suerte, que permita tener un mejor marco normativo para asegurar la sustentabilidad a largo plazo de la actividad productiva, la organización de la comunidad y el buen manejo de los recursos naturales.

Tercera. Con este propósito, adiciona el artículo 78,con la finalidad de establecer como objetivos de la Ley General de Pesca  y Acuacultura Sustentables, el fortalecer el Programa de Acuacultura Rural y los programas de capacitación de acuacultura rural para los productos de localidades rurales; aprovechar de manera óptima y su disponibilidad; fomentar y promover la calidad y la diversidad de los recursos acuícolas; y fomentar  la transferencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en poblaciones rurales y de escasos recursos.

Cuarta. Se considera que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables debe contener alternativas de producción e ingresos económicos, especialmente interesante para grupos ejidales de agricultores que en los últimos 30 años han sido dotados de tierras.

Quinta. Es oportuno diferenciar en la LGPAS, a la acuacultura rural de la industria, dado a la simplicidad o intensidad del manejo de los cultivos, y las características propias de cada una.

Dado los aspectos técnicos  inmersos en las actividades  de ambas acuaculturas (rural e industrial), se ve la necesidad de puntualizar  sobre los términos  que se involucran en la definición de acuacultura rural, específicamente: cultivo extensivo  y cultivo semiintensivo, mismos que son los utilizados  en esta actividad  y los que se refieren directamente  con la densidad de organismos  cultivados en un volumen de agua  y con la simplicidad y complejidad  del manejo del cultivo  por lo que se consideró oportuno integrar  las definiciones de estos conceptos  en este documento:

Por otra parte se ve oportuno realizar la modificación en la definición de acuacultura rural, de la palabra “comercialización” por la de “venta”. Lo anterior  dado a que aun cuando ambas  palabras se utilizan  como sinónimos, la palabra  “comercialización” se utiliza comúnmente, cuando se involucran productos  que cuentan con una serie de requisitos  bien definidos a la hora de realizarse  la transacción. Entre estos se encuentran: la inocuidad, trazabilidad, certificación, marcas, etc., requisitos que pueden proveerse como una carga extra para el acuacultor real por lo que para dar salvedad a esta posibilidad y afectación al productor se considera se incorpore en la definición de acuacultura rural la palabra “venta”.

Sexta. Es fundamental hacer notar que para el desarrollo de la acuacultura industrial es necesario contar con soporte técnico-científico especializado en el tema, diseñar un proyecto especial, llevar a cabo estudios diversos que van desde el tema ambiental, pasando por el sanitario, industrial o de proceso, hasta el financiero lo cual implica una capacidad económica considerable lo cual se solventa por particulares o por el Estado a través de subsidios o apoyos de financiamiento con bajos intereses.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea y para efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se adicionan las fracciones IV Bis y IV Ter al artículo 4o.; las fracciones II Bis, II Ter y VII al artículo 78 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 4o.Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. a IV. ...

IV Bis.Acuacultura Industrial:Sistema de producción de organismos acuáticos a gran escala, con alto nivel de desarrollo empresarial y tecnológico y gran inversión de capital de origen público o privado;

IV Ter.Acuacultura rural: Sistema de producción de organismos acuáticos a pequeña escala, realizada de forma familiar o en pequeños grupos rurales, llevada a cabo en cultivos extensivos o semiintensivos, para el autoconsumo o venta parcial de los excedentes de la cosecha;

V. a LI. ...

Artículo 78.En materia de acuacultura, son objetivos de esta ley:

I. y II. ...

II Bis.Fortalecer el programa de acuacultura rural, que atienda la demanda alimentaria de las comunidades de escasos recursos, se mejore el ingreso de las mismas y se incentive el arraigo en la localidad;

II Ter.Fortalecer los programas de capacitación de acuacultura rural, para los productos de localidades rurales;

III. a IV. ...

V.Aprovechar de manera responsable, integral y sustentable recursos acuícolas, para asegurar su producción óptima y su disponibilidad;

VI. Fomentar y promover la calidad y la diversidad de los recursos acuícolas; y

VII.Fomentar la transferencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en poblaciones rurales y de escasos recursos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de junio de 2014.

La Comisión de Pesca, diputados:Alfonso Inzunza Montoya (rúbrica), presidente; Arturo de la Rosa Escalante (rúbrica), María Celia Urciel Castañeda (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Gilberto Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Saraí Larisa León Montero (rúbrica), secretarios; Martín Alonso Heredia (rúbrica), Tania Margarita Morgan Navarrete (rúbrica), María del Carmen Ordaz Martínez (rúbrica), Eduardo Román Quian Alcocer (rúbrica), Salvador Ortiz García (rúbrica), Juan Manuel Rocha Piedra, Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (rúbrica), Víctor Reymundo Nájera Medina (rúbrica), Roberto Carlos Reyes Gámiz (rúbrica), María Fernanda Romero Lozano, Francisco Grajales Palacios (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgamos el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Claudia Elena Águila Torres, por la Comisión, para fundar el dictamen citado.

La diputada Claudia Elena Águila Torres:Con permiso de la Presidencia. El presente dictamen que sometemos a la consideración de este pleno fue remitido por la Cámara de Senadores. Conforme a la Gaceta Parlamentaria, este dictamen contiene el proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IV Bis y IV Ter, al artículo 4o, así como las fracciones II Bis, II Ter y VII, al artículo 78 y reforma la fracción V del mismo artículo, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

En la fracción IV Bis del artículo 4o se propone establecer el concepto y definición del término acuacultura industrial como el sistema de producción de organismos acuáticos a gran escala, con alto nivel de desarrollo empresarial y tecnológico, y gran inversión de capital de origen público o privado.

Asimismo, en la fracción IV Ter del mismo artículo establece el concepto y definición del termino acuacultura rural como el sistema de producción de organismos acuáticos a pequeña escala, realizada de forma familiar o en pequeños grupos rurales, llevado a cabo en cultivos intensivos o semi-intensivos para el consumo o venta parcial de los excedentes de la cosecha.

En cuanto al artículo 78, el cual preceptúa que en materia de acuacultura son objeto de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, además de los ya establecidos, los siguientes.

Fracción II Bis. Fortalecer el programa de acuacultura rural, que atienda la demanda alimentaria de las comunidades de escasos recursos, se mejore el ingreso de las mismas y se incentive el arraigo en la localidad.

Fracción II Ter. Fortalecer los programas de capacitación de acuacultura rural para los productos de localidades rurales.

Fracción V. Aprovechar de manera responsable, integral y sustentable recursos acuícolas para asegurar su producción óptima y su disponibilidad, y;

Fracción VII. Fomentar la transparencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en poblaciones rurales y de escasos recursos.

Los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados coincidimos con el proyecto enviado por la colegisladora y de igual manera hacemos nuestra la preocupación para que en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables se establezcan las definiciones legales de acuacultura rural e industria y se incorpore a los objetivos de la ley el fortalecimiento de los programas de acuacultura rural para que atienda la demanda alimentaria de las comunidades de escasos recursos, mejoren el ingreso y propicien el arraigo en la comunidad, así como la transferencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en poblaciones rurales y de escasos recursos, en beneficio de los menos favorecidos de la cooperación social.

El proyecto que sustenta este dictamen tiene como propósito coadyuvar a que la acuacultura rural sea considerada como un instrumento importante que puede impactar en la reducción de la pobreza, la desnutrición, la creación de empleos y la conservación de nuestros recursos naturales, cerrando el ciclo de los aspectos económicos, sociales y ambientales. De tal suerte que permita tener un mejor marco normativo para asegurar la sustentabilidad a largo plazo de la actividad productiva, la organización de la comunidad y el buen manejo de los recursos naturales.

Con este propósito se adiciona el artículo 78, con la finalidad de establecer como objetivos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables el fortalecer los programas de acuacultura rural y los programas de capacitación de acuacultura rural para los productos de localidades rurales, aprovechar de manera óptima su disponibilidad, fomentar y promover la calidad y la diversidad de los recursos acuícolas y fomentar la transferencia y uso de tecnología en los procesos de producción acuícola en poblaciones rurales y de escasos recursos.

Por las consideraciones contenidas en el dictamen correspondiente y dado el oportuno de diferenciar en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables a la acuacultura rural de la industrial ante la simplicidad o intensidad y las características propias de cada una de estas actividades, los integrantes de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados sometemos a la consideración de este pleno el siguiente decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, agradeciéndoles su voto a favor. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Águila Torres.

Quiero saludar a un grupo de alumnas y alumnos del Instituto Lázaro Cárdenas, del municipio de Villa Nicolás Romero, estado de México, invitados por el diputado José Guadalupe García Ramírez. Sean bienvenidos a este recinto.

De igual manera, denme la oportunidad de saludar a alumnos y alumnas de la Facultad de Estudios Superiores, plantel Aragón, de la UNAM, que han sido invitados por la diputada Aleida Alavez Ruiz, compañera vicepresidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara, del Grupo Parlamentario del PRD. Bienvenidos también.

Le otorgo el uso de la palabra al diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para que fije la postura con relación al dictamen que hemos citado. Adelante, diputado.

El diputado José Angelino Caamal Mena:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, una actividad que ha sido relegada y de la cual se habla poco por el desconocimiento de su trascendencia para el desarrollo de diversas comunidades del país, es la acuacultura.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación señala que el desarrollo del sector agrícola debe ser central en las políticas de Estado, no sólo para reducir la pobreza y el hambre, sino también para garantizar la seguridad alimentaria del país. La acuacultura constituye un componente importante dentro del desarrollo de los sistemas de cultivo y agrícolas, mismos que pueden contribuir al alivio del hambre y pobreza del país, al mismo tiempo que genera trabajos e ingresos para las familias.

Podemos citar como muestra que esta actividad da lugar a aproximadamente 300 mil empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos. Las cifras de 2011 señalan que se han logrado hasta 300 mil toneladas de producto.

La Conapesca menciona que es la tilapia el producto que más ha crecido, debido a que la enorme demanda misma que se incrementa en la temporada de Cuaresma que es cuando los productores señalan que logran vender toda su producción.

Esto es solamente una evidencia de los beneficios que puede traer a muchas comunidades el fomento de la acuacultura rural. En muchos países la acuacultura es el subsector de producción de alimentos que más rápido crecimiento tiene, según la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación.

Cabe destacar que nuestro país cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, por lo que su potencial de progreso es muy grande, pero esta actividad actualmente no se encuentra lo suficientemente desarrollada.

Actualmente sólo se explotan dos especies en nuestro país, cuando existen 600 que se cultivan en todo el mundo. Esta actividad representa para México la oportunidad de diversificar el mercado y de garantizar la alimentación de miles de comunidades, por esas razones es necesario promoverla y fortalecerla, pues a pesar de la riqueza natural con la que nuestro país cuenta, todavía persisten severas carencias alimentarias.

Si desarrollamos adecuadamente este espacio productivo puede llegar a ser una valiosa herramienta que nos permita incrementar el nivel de vida de los mexicanos que con dificultades buscan el sustento para sus familias, aun en otros países.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza encuentra en esta reforma la posibilidad de contribuir a cambiar esta situación lamentable.

México tiene la gran oportunidad de garantizar su seguridad alimentaria y el desarrollo rural a nivel regional, produciendo alimentos de buena calidad y valor nutricional, así como el aprovechamiento de la diversidad y disponibilidad en numerosas zonas hidrológicas en todo el país.

Las adiciones que se plantean en el presente dictamen establecen claramente la diferencia entre acuacultura industrial y acuacultura rural, lo cual hará más preciso el texto de la ley.

Con esto se contribuye a señalar las grandes diferencias de un sistema de producción de organismos acuáticos, a gran escala y con gran inversión de capital, cuyas necesidades son muy diferentes al sistema de producción a pequeña escala realizada por familias o grupos rurales para el autoconsumo o venta parcial de los excedentes de su cosecha.

En Nueva Alianza consideramos que es prioritario fomentar el desarrollo de la acuacultura rural para impulsar a las comunidades y brindar oportunidades para su pleno desarrollo.

Por ello, tenemos que ser más eficientes en aprovechar las enormes riquezas naturales de nuestro país con una visión comunitaria, social y sustentable, por lo cual votaremos a favor del presente dictamen. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Caamal. Me doy licencia para saludar y lo hago con gusto, en nombre de don José González Morfín, un experimentado legislador y además un diligente y eficaz ex presidente de esta Cámara de Diputados, a alumnos y alumnas que ha invitado el Colegio Hebreo Monte Sinaí, del Distrito Federal, y en su nombre y en el propio les damos la bienvenida a este recinto parlamentario.

Ahora le otorgo el uso de la palabra a la diputada María Fernanda Romero Lozano, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para fijar la postura de su propio grupo parlamentario.

La diputada María Fernanda Romero Lozano:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Adelante, diputada.

La diputada María Fernanda Romero Lozano: Históricamente México ha hecho un uso inadecuado de sus recursos, sobre explotación, sub utilización, depredación y otros más son ejemplos comunes en los distintos ecosistemas acuáticos del país.

Desafortunadamente la situación de producción marítima es muy deficiente. Nuestro país cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litorales que significan un gran potencial de recursos pesqueros, sin embargo la actividad no está lo suficientemente desarrollada, la captura de peces y otros organismos en mares, lagos, lagunas, estanques o ríos puede convertirse en una palanca para el desarrollo.

A pesar la extensión de los litorales en México existen numerosos problemas que han obstaculizado el desarrollo de la pesca en México; embarcaciones poco equipadas, mano de obra insuficiente para el sector pesquero, bajo consumo de pescado en la dieta de los mexicanos, infraestructura portuaria deficiente y sobre todo la corrupción en distintos órdenes de gobierno y el otorgamiento de apoyos oficiales.

El resultado es que a pesar de que México es uno de los países con mayor extensión litoral del continente, la producción pesquera por kilómetro es 10 veces menor a la de Perú y cuatro veces menor a la de Chile, al tiempo que ocupa el lugar 16 en captura entre los productores de Iberoamérica. Aunado a esto, tenemos que la pesca aporta apenas el 0.6 por ciento del PIB en el país, además no se agrega valor en el sector, pues de cada peso que produce la pesca se generan 60 centavos adicionales a la economía; mientras que en el mundo se agregan tres dólares.

Esto es alarmante pues la competitividad del sector depende de su productividad y su capacidad de generar valor agregado. Si se aprovecharan las condiciones del país la pesca podría contribuir a la seguridad alimentaria de forma importante.

De la mala gestión de nuestros bienes naturales nacionales hay signos más que evidentes, esto es de suma preocupación, pues la mala gestión de los recursos aumenta la marginación y la pobreza, lo cual plantea nuevos retos en la gestión ambiental que debe dar un giro radical en la administración de los recursos.

Para ello es impostergable que se asiente la sostenibilidad ambiental, como la idea central que guíe la regulación bajo criterios que garanticen la reproducción y renovación de los bancos de especies.

Ante este escenario la adopción y diferenciación de los conceptos de acuacultura industrial, de acuacultura rural, en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, es positivo para la adopción de medidas de ordenamiento basadas en lineamientos jurídicos adecuados, pues por su creciente complejidad económica y social la pesca requiere herramientas de clasificación y definiciones más precisas.

De igual manera, es positivo fomentar el apoyo a la acuacultura rural en comunidades de escasos recursos, la capacitación de campesinos, así como la transferencia y uso de la tecnología para la producción acuícola.

Sin embargo, es imperativo mencionar que la existencia de proyectos como el que hoy se discute, pese a ser divulgados como trascendentales, estos no constituyen más que un esfuerzo mínimo en atención al conjunto de imperantes necesidades que sectores como la pesca y la acuacultura demandan, cuando lo que se requiere es la implementación de mecanismos que solucionen los problemas de carácter social y económico por los que atraviesa nuestro país.

No podemos ignorar los malos manejos, la corrupción, el desvío de recursos y la irresponsabilidad en el manejo de los mismos. Todo lo anterior ha traído como consecuencia el decrecimiento de la economía, la pobreza extrema en la que se encuentra una gran parte de la población, los salarios insignificantes, la inseguridad, la falta de acceso a la salud, a la educación; la represión, la persecución y los asesinatos de jóvenes.

En fin, el gran problema de nuestro país son los políticos irresponsables que han asumido cargos públicos con el fin exclusivo de velar por los intereses de unos cuantos, dejando de lado lo que realmente es importante: atender los problemas que aquejan a nuestro pueblo.

Nuestro voto es a favor, pero que quede claro que no es suficiente y no es ético que dejemos en cambios mínimos los que deberían ser una transformación integral de todas las políticas públicas enfocadas a determinados sectores.

El poder, compañeras y compañeros diputados, el poder sólo tiene sentido, sólo vale y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada.

Saludamos a alumnos, alumnas también por supuesto, del Instituto Ovalle Monday del Distrito Federal, que han sido invitadas e invitados por la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Bienvenidos, bienvenidas a este recinto, muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra el diputado Sebastián de la Rosa Peláez, del Grupo Parlamentario del PRD por cinco minutos, para fijar postura de su grupo parlamentario. Adelante.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez:Gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputado.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez: Compañeros diputados, compañeras diputadas. Yo no quiero referirme a la problemática general por la que atraviesa el sector pesquero en nuestro país. Todo mundo se ha referido a ello no sólo en este punto de este dictamen, sino en otros momentos se ha hecho referencia no solamente a la falta de apoyos que se requieren –y muchos- en el sector, sino también a lo desorganizado que existe. Los problemas son muchos en el sector.

No quiero justificar la posición del PRD en función a estas necesidades, sino en todo caso a las bondades de esta propuesta de reforma, y es a las bondades a las que yo quiero referirme.

El sector rural en sí mismo es el sector más abandonado de la economía nacional. El sector rural no solamente en pesca, en todos los ámbitos, en la agricultura, en la ganadería, son las zonas más marginadas, las que tienen el mayor índice de marginación, y en el caso de la pesca, obviamente algunos no se imaginarán cómo puede el sector rural dedicarse a la actividad pesquera.

Así es entonces como esta reforma que se propone por la colegisladora y que ha sido dictaminada en favor por la Comisión de Pesca de la esta honorable Cámara juzga importante y el PRD coincide plenamente con este criterio de fortalecer al sector rural, diferenciar en sí los dos tipos de acuacultura, esta definición que ahora se integra a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, de la Acuacultura Rural, busca fortalecer la actividad justamente en este sector que se encuentra abandonado; en las demás actividades también, busca que los pequeños productores tengan en esta actividad una alternativa más de desarrollo, una alternativa de ingreso e sus familias, busca la generación de empleos, busca también cómo poder arraigar a los hombres y a las mujeres, y sobre todo a los jóvenes allá en el sector del campo, en esta otra actividad que sin duda les generará un ingreso que será importante para el sustento de sus familias.

Por eso entonces reformar el artículo 78 de esta ley, no sólo es en sí la idea del fortalecimiento del sector pesquero, busca centralmente fortalecer esta parte de nuestra sociedad que se encuentra abandonada en todos los sectores de la actividad política, de la actividad económica de nuestro país.

Por eso el PRD, y porque hay tres cosas que quiero destacar en este dictamen, está solicitando el voto de todos a favor de este dictamen; primero porque esta reforma amplía la oferta de productores pesqueros, particularmente como lo hemos dicho, en el sector o para el sector rural, para los pequeños productores.

Segundo, porque beneficiar al estrato de productores pesqueros de menores ingresos, representa una oportunidad de desarrollo económico, y eso es fundamental para nosotros.

Tercero, porque impulsar la acuacultura y diversificar los cultivos acuícolas tanto en aguas interiores como en zonas federal marítimo terrestre, representa una nueva opción que sin duda va a permitir que este sector se vaya fortaleciendo cada vez más.

Son éstas las razones por las que el grupo parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen y solicita de todas y de todos, su voto a favor. Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado De la Rosa.

Honorable asamblea: se ha agotado la lista de oradores. No tenemos propuesta de modificación de este dictamen que aborda solamente un artículo; por ello pido a la Secretaria abra el sistema electrónico por cinco minutos para recibir la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En nombre del diputado Abraham Correa y seguramente de la mayoría, si no es que de todos en esta asamblea, damos un saludo fraterno a integrantes de Ángeles Sin Fronteras, Asociación Civil, y a la Alianza Migrante de Tijuana, que se compone por varias asociaciones civiles. Un saludo franco de nuestra parte, sean bienvenidos. Éxito en su trabajo.

Envío un saludo caluroso a un grupo de jóvenes de la Delegación Coyoacán, de estudiantes y de representantes de la misma, invitados por nuestro apreciado amigo el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Bienvenidos. Gracias por su visita.

También damos la bienvenida a estudiantes jóvenes de la Universidad del Valle de México, invitados por el propio diputado Arturo Escobar y Vega. Gracias por su visita a esta Cámara de Diputados.

De viva voz, estimada Secretaria, tome el sentido de la votación y cierre también el sistema electrónico de votación.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Diputada su nombre y el sentido de su voto.

La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos (desde su curul): A favor.

La diputada Saraí Larisa León Montero (desde su curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde su curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde su curul): A favor.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 387 votos a favor, 0 en abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial le fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. y 13, de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En uso de las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial se abocó al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa, y conforme a las deliberaciones que realizaron sus integrantes, somete a la consideración de esta soberanía, el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

I. Antecedentes

1. En sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2013, la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3 y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

2. Con Oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1235, del 11 de diciembre de 2013 y con número de expediente 3500, la Mesa Directiva turnó para dictamen la iniciativa en comento a esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; el expediente fue recibido el 13 de enero de 2014.

3. Con Oficio número D.G.P.L. 62-II-3-1522, de fecha 25 de marzo de 2014 la Mesa Directiva comunicó a esta comisión la autorización de prórroga por 90 días para que se dictamine la iniciativa.

II. Objeto y descripción de la iniciativa

La iniciante basa sus reflexiones en los efectos del cambio climático y la posibilidad de que causen destrucciones mayores. En particular, refiere que desde 1958 no se habían dado fenómenos como los que se suscitaron a raíz de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid. Señala también que los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales fueron escasos, y que habría que considerar, como un asunto relevante, la reubicación de la población de la zona que resultó dañada.

La iniciante considera que es escasa la importancia que se da a la prevención respecto de la ubicación de personas, y señala que el presupuesto destinado a prevención es 21 veces inferior al presupuesto destinado a la reacción.

Además, se estima en la exposición de motivos, que la creación oportuna de Programas de Reubicación de Familias, permitiría pronosticar situaciones que se derivan del establecimiento de asentamientos humanos en zonas peligrosas, además de orientar recursos hacia la protección civil, para la prevención, atlas de riesgo y planes de desarrollo.

Como aspectos medulares de su propuesta la iniciante considera la reubicación de los habitantes en zonas vulnerables para evitar impactos negativos derivados de eventos naturales; a su vez, considera necesaria la integración y actualización de un atlas nacional de riesgo y de los planes de desarrollo, para tener un mapa que señale la reubicación de las comunidades que están en riesgo, eliminándose desarrollos urbanos en zonas que representen un peligro.

En consecuencia con lo anterior, la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, propone reformar el artículo 3o., de la Ley General de Asentamientos Humanos, en su primer párrafo y adicionar una fracción XX, en el siguiente sentido:

Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar y proteger el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. a XIX. ...

XX. La reubicación de asentamientos impactados por los efectos del cambio climático y mantener actualizado el mapa de reservas territoriales nacionales;

Además, propone adicionar las fracciones XIII a XV, al artículo 13 de la ley en comento, en los siguientes términos:

Artículo 13. El programa nacional de desarrollo urbano, en su carácter sectorial, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá:

I. a XII. ...

XIII. La creación de reservas territoriales nacionales tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres naturales que se verifiquen o se prevean en el país y apegado al atlas de riesgo en sus distintos niveles institucionales sea nacional, estatal o municipal;

XIV. Diseñar y aplicar el mapa de usos de suelo de sitios que se desalojen por parte de población que puede ser afectada por efectos del cambio climático o desastres naturales;

XV. Coordinar con las demás dependencias del ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales la realización de obras de infraestructura necesarias para mitigar efectos desfavorables en asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo y determinar agenda de reubicación.

III. Valoración de la iniciativa

Esta comisión dictaminadora, para la valoración de la iniciativa objeto del presente dictamen considerará las reformas propuestas en el orden del texto vigente. Además para efecto de realizar un análisis detallado de la iniciativa, la comisión elaboró el siguiente cuadro comparativo:

Iniciativa de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales

Texto vigente

Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. a XIX. ...

No hay correlativo.

Artículo 13. El programa nacional de desarrollo urbano, en su carácter sectorial, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá:

I. a XII. ...

No hay correlativo.

No hay correlativo.

No hay correlativo.

Propuesta

Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar y proteger el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. a XIX. ...

XX. La reubicación de asentamientos impactados por los efectos del cambio climático y mantener actualizado el mapa de reservas territoriales nacionales;

Artículo 13. El programa nacional de desarrollo urbano, en su carácter sectorial, se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo, y contendrá:

I. a XII. ...

XIII. La creación de reservas territoriales nacionales tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres naturales que se verifiquen o se prevean en el país y apegado al atlas de riesgo en sus distintos niveles institucionales sea nacional, estatal o municipal;

XIV. Diseñar y aplicar el mapa de usos de suelo de sitios que se desalojen por parte de población que puede ser afectada por efectos del cambio climático o desastres naturales;

XV. Coordinar con las demás dependencias del ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales la realización de obras de infraestructura necesarias para mitigar efectos desfavorables en asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo y determinar agenda de reubicación.

En el orden de la ley vigente, las propuestas de la iniciante son:

Artículo 3o., reformas al primer párrafo

Esta comisión acepta la propuesta en sus términos, ya que se considera que hace suyas las preocupaciones de los integrantes de esta comisión, con respecto a la protección de la población en los asentamientos humanos.

Artículo 3o., adición de una fracción XX

Se propone una nueva fracción XX, en los siguientes términos: La reubicación de asentamientos impactados por los efectos del cambio climático y mantener actualizado el mapa de reservas territoriales nacionales.

Esta comisión dictaminadora se solidariza con la propuesta realizada por la legisladora, sin embargo, se estiman pertinentes algunas modificaciones ya que la propuesta se ciñe únicamente a los asentamientos impactados por el cambio climático, pero los impactos a asentamientos humanos no solo se derivan de esta causa. Adicionalmente, se propone armonizar la propuesta con la nomenclatura establecida en varios artículos de la Ley General de Protección Civil y en específico con el artículo de definiciones, donde se utiliza el término “de origen natural” para referirse a los desastres, tal como se transcribe a continuación:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XV. ...

XVI. Desastre: Al resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada;

XVII. a LX. ...

Es pertinente además, que la reubicación de los asentamientos se dé previo dictamen técnico, ya que para la toma de decisiones, se requiere información con sustento que tenga un alto nivel de confiabilidad. El dictamen técnico sería realizado por la autoridad competente, que para el caso de la reubicación de asentamientos humanos, como consecuencia de desastres de origen natural, sería la Coordinación Nacional de Protección Civil, tal como se desprende de lo establecido en el artículo 19, fracciones IV y V de la Ley General de Protección Civil, que a la letra dicen:

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. a III. ...

IV. Promover y apoyar la creación de las instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de carácter técnico operativo, de servicios y logística que permitan prevenir y atender la eventualidad de un riesgo o peligro que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad;

V. Investigar, estudiar y evaluar riesgos, peligros y vulnerabilidades, integrando y ampliando los conocimientos de tales acontecimientos en coordinación con las dependencias responsables;

VI. a XXX. ...

Finalmente, la figura de “mapa de reservas territoriales” es una inclusión ajena a la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual no define ni considera dicho mapa.

Es por esta razón que se considera que la fracción XX debe quedar en los siguientes términos:

XX. La reubicación de asentamientos humanos impactados por desastres de origen natural, previo dictamen técnico de la autoridad competente.

Artículo 13, adición de una fracción XIII

La iniciante considera que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano deberá contener: La creación de reservas territoriales nacionales tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres naturales que se verifiquen o se prevean en el país y apegado al atlas de riesgo en sus distintos niveles institucionales sea nacional, estatal o municipal;

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial considera pertinente la inclusión de la creación de reservas territoriales, mismas que se enmarcan en el alcance de la Ley General de Asentamientos Humanos tal como se colige del capítulo sexto. Sin embargo, la inclusión de la figura de atlas de riesgo es ajena al contenido y espíritu de la ley, ya que dicho instrumento se encuentra previsto en la Ley General de Protección Civil, como facultad de la Secretaría de Gobernación, tal como se prevé en el artículo 23 que a la letra dice:

Artículo 23. El Centro Nacional es la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. Tiene entre sus atribuciones, el apoyo técnico al Sistema Nacional, así como la integración del Atlas Nacional de Riesgos, la conducción de la Escuela Nacional de Protección Civil, la coordinación del monitoreo y alertamiento de fenómenos perturbadores y promover el fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad en su conjunto.

Adicionalmente, se debe armonizar el término “desastres naturales” para adecuarlo a la nomenclatura establecida en la Ley General de Protección Civil, tal como se hizo con la propuesta de adición de una fracción XX, al artículo 3o. En razón de estas consideraciones y para evitar un conflicto competencial se sugiere eliminar la última parte de la propuesta, quedando la fracción XIII, en los siguientes términos:

XIII. La creación de reservas territoriales nacionales tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres de origen natural que se verifiquen o se prevean en el país;

Artículo 13, adición de una fracción XIV

En esta nueva fracción se propone que el Programa Nacional de Desarrollo Humano contendrá: diseñar y aplicar el mapa de usos de suelo de sitios que se desalojen por parte de población que puede ser afectada por efectos del cambio climático o desastres naturales;

La figura de “mapa de usos de suelo” es ajena a la Ley General de Asentamientos Humanos, siendo además el uso de suelo, una materia propia del nivel municipal, como se desprende del artículo 115, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. a IV. ...

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:

a) a c). ...

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

e) a i) ...

...

En función de lo anterior, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, considera que la fracción XIV es inaplicable.

Artículo 13, adición de una fracción XV

La iniciante propone, en esta nueva fracción, que el Programa Nacional de Desarrollo Humano contenga: Coordinar con las demás dependencias del ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales la realización de obras de infraestructura necesarias para mitigar efectos desfavorables en asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo y determinar agenda de reubicación.

Esta comisión valora el espíritu de la iniciante y considera necesario realizar modificaciones a su propuesta en los siguientes aspectos:

En primer lugar, para armonizar la propuesta fracción XV con el resto de las fracciones contenidas en el artículo 13, se considera que se deberá cambiar el inicio, asimismo, el término “Ejecutivo federal” deberá armonizarse con el resto de la ley.

En segundo lugar, se estima que la de reubicación es una función propia de la Secretaría de Gobernación, tal como se desprende de la Ley General de Protección Civil, que en su artículo 87 prevé lo siguiente:

Artículo 87. En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en zonas de alto riesgo, las autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo mecanismos financieros que permitan esta acción.

Adicionalmente, la Ley General de Asentamientos Humanos ha introducido en su artículo 13, fracción VII, la noción de impactos negativos, por lo que se considera que esta debe ser la terminología correcta, en lugar de “efectos desfavorables” que es la propuesta de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales.

En razón de las anteriores consideraciones, y dado que se ha desechado la adición de una fracción XIV, esta dictaminadora propone la siguiente fracción XIV:

La coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales y municipales, para la realización de obras de infraestructura necesarias para mitigar impactos negativos en asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo.

En consideración de las anteriores valoraciones, y después de hacer los cambios que exige la técnica legislativa, para poder incluir las nuevas fracciones XIII y XIV en el artículo 13, esta Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, habiendo explicado las propuestas de modificación que se pretenden realizar, a la Iniciativa presentada por la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, propone a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 3o.; y se adicionan una fracción XX al artículo 3o., y las fracciones XIII y XIV al artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar y proteger el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. a XIX. ...

XX. La reubicación de asentamientos humanos impactados por desastres de origen natural, previo dictamen técnico de la autoridad competente.

Artículo 13. ...

I. a X. ...

XI. Los requerimientos globales de reservas territoriales para el desarrollo urbano, así como los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

XII. Los mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano;

XIII. La creación de reservas territoriales nacionales tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres de origen natural que se verifiquen o se prevean en el país, y

XIV. La coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales y municipales, para la realización de obras de infraestructura necesarias para mitigar impactos negativos en asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en México, Distrito Federal, a los 23 días del mes de abril de 2014.

La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, diputados:Jorge Herrera Delgado, presidente; María Elena Cano Ayala (rúbrica), Celia Isabel Gauna Ruiz de León (rúbrica), Abel Guerra Garza (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz (rúbrica), Felipe de Jesús Almaguer Torres (rúbrica), Alberto Díaz Trujillo (rúbrica), Israel Moreno Rivera (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (rúbrica en contra), secretarios; Brenda María Izontli Alvarado Sánchez (rúbrica), Leticia Calderón Ramírez (rúbrica), Julio César Lorenzini Rangel (rúbrica), Ramón Montalvo Hernández (rúbrica), Gisela Raquel Mota Ocampo, Dulce María Muñiz Martínez, Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández (rúbrica), Eduardo Roman Quian Alcocer (rúbrica), Adán David Ruiz Gutiérrez (rúbrica), Alejandro Sánchez Camacho, Carlos Sánchez Romero, Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica), Beatriz Eugenia Yamamoto Cázares (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, por cinco minutos, la ciudadana diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, para fundamentar el dictamen, ello de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de esta Cámara de Diputados. Adelante, diputada.

La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales:Gracias, señor presidente, con su venia.

Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Hago uso de esta alta tribuna con la finalidad de exponer a ustedes el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o y 13o de la Ley de Asentamientos Humanos, no sin antes agradecer al presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, mi amigo el diputado Jorge Herrera Delgado, así como a todas y todos, y cada uno de los diputados integrantes de la comisión, en especial a la diputada Celia Gauna, que ya que con sus aportaciones permitieron que el dictamen pudiera ser discutido hoy en este pleno.

México ha sido víctima de múltiples desastres naturales que ha potencializado su poder destructor debido a la falta de orden y planeación en el asentamiento de comunidades y sectores productivos. Ello lo sufrimos apenas hace un año cuando la conjunción de dos eventos de la naturaleza como lo fue la tormenta tropical Manuel en el océano Pacífico, y el huracán Ingrid, en el Golfo de México, hicieron estragos en diversas poblaciones de 22 estados de la república, particularmente en Guerrero, donde la comunidad de La Pintada desapareció súbitamente dejando a madres, hijas e hijos; padres, abuelos, tíos y amigos debajo de toneladas de tierra.

Ello no puede volvernos a suceder. México ha sufrido en carne propia el dolor de las familias que tuvieron la posibilidad de salvarse, pero también sufrimos las que ni siquiera pudieron ponerse a salvo y murieron desafortunadamente, privando con ello al país de mujeres y hombres de esfuerzo y trabajo que hubieran podido hacer por nuestro país mucho más.

Por ello, conocedora, conocedor y visionario de este grave problema que padecemos, desde el 1o. de diciembre de 2012 el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, propuso la transformación de la Secretaría de la Reforma Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, siendo la encargada de diseñar e implementar la llamada reforma urbana, que no es otra cosa que crear ciudades y comunidades sustentables en el ámbito social y ambiental, decisión que en la Cámara de Diputados respaldamos y actuamos en consecuencia, aprobando la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Pero esto no es suficiente, desde el Poder Legislativo federal debemos seguir actuando, desde el ámbito que nos permiten nuestras atribuciones para dotar al Poder Ejecutivo federal y a cada uno de los demás órdenes de gobierno de las herramientas legales para prever, corregir y atender cualquier situación que vuelva a poner en riesgo la integridad de los habitantes de la nación mexicana.

El 22 de octubre de 2013 presenté la iniciativa de reforma a los artículos 3o. y 13 de la Ley General de Asentamientos, con el objetivo de contemplar legalmente que el ordenamiento territorial no sólo tenderá a mejorar el nivel de calidad de vida de la población urbana y rural, sino también a protegerla mediante la reubicación de asentamientos impactados normalmente por los efectos naturales.

Pero de poco serviría llevar a cabo la reubicación de poblados en peligro si no se tiene el cuidado de evitar su repoblamiento. De ahí que se propuso reformar el artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de que el Programa Nacional de Desarrollo Urbano contenga la creación de reservas territoriales aptas a nivel nacional, tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres de origen natural que se verifican o se prevean en nuestro país.

Se trata de dos reformas que vienen acompañadas del componente esencial que se encuentra presente en la protección de la vida, como lo es la prevención al establecer que en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano se deben coordinar todas las instancias de gobierno en la realización de obras de infraestructura necesarias para mitigar impactos negativos en asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo.

Con reformas como las que aquí proponemos se brinda certeza y seguridad a millones de familias que actualmente habitan en zonas de alto riesgo, al tiempo de fortalecer una función esencial del Estado mexicano, como lo es preservar la vida de sus habitantes. Y en esta tarea no hay colores, no hay diferencias partidistas, sino acompañamiento y apoyo en cada una de las acciones que este propósito se dirijan.

Por tales razones agradezco nuevamente a cada una y a cada uno de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial por su voto favorable a esta iniciativa, y que hoy se presenta ante ustedes el pleno camaral, como dictamen, del cual tengo la confianza que obtendrá su voto favorable. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada Hernández Morales. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios hasta por cinco minutos.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los desastre naturales ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar, muchos de ellos de forma impredecible, causando graves daños materiales y amenazando la seguridad personal y alimentaria de amplios grupos de la población.

Las inundaciones, terremotos y tormentas han causado el desplazamiento de decenas de miles de personas en todo el mundo. A nivel global, el año 2010 registró 217 millones de personas afectadas por desastres considerables naturales, un aumento de 18.6 millones respecto a 2009.

México no es la excepción, múltiple tragedias se han registrado y los mexicanos hemos sufrido las consecuencias de los desastres naturales que han generado miles de damnificados y desplazados.

El año pasado, entre los días 15 y 18 de septiembre el país se vio azotado por los efectos del huracán Ingrid y la tormenta Manuel, que a su paso dejaron miles de viviendas, escuelas, hospitales y demás infraestructura destruida en diversos estados de país, pero principalmente en Guerrero.

A un año de distancia, representantes de las 187 comunidades de 13 municipios de la montaña, integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas en Guerrero, cuyas casas resultaron severamente dañadas, han denunciado que los habitantes permanecen viviendo en campamentos, pues hasta ahora no les han cumplido la promesa de cumplir sus viviendas y escuelas ni se ha reubicado a los pueblos afectados por ambos fenómenos naturales.

Si bien los desastres fueron causados por factores socio-ambientales que demandan del Estado un conjunto de medidas y mecanismos para enfrentar el escenario de la crisis, y también es necesario que el Estado asuma su responsabilidad de brindar atención después de la pasada emergencia inmediata.

No basta con emitir una declaratoria de desastre para afrontar y dar solución a todos los problemas que afrontan las comunidades y personas que han visto su vida trastocada por estos eventos de tales dimensiones.

En México, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hay poco más de siete millones de personas que habitan en zonas de riesgo y que urgen ser reubicadas.

En este contexto, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza vamos a favor del presente dictamen, al considerar que es necesario establecer los lineamientos que permitan brindar protección a la población que se encuentra en condiciones de riesgo, a través del ordenamiento territorial y la reubicación de los asentamientos humanos impactados por fenómenos naturales.

Sabemos de la importancia de contar con programas integrales para reubicar a las personas afectadas por los desastres de origen natural y dotarlos de viviendas dignas, con todos los servicios y en estas zonas seguras que garanticen su integridad.

En Nueva Alianza estamos convencidos que con estas medidas se podrán evitar tragedias humanas, como las que se vivieron en Guerrero el año pasado y las que vivimos apenas hace días en Baja California.

Compañeras y compañeros, es indispensable mejorar el conocimiento de las situaciones de riesgo y generar propuestas para la prevención y atención a víctimas, así como las tareas de reconstrucción de zonas afectadas que les permitan vivir con mayor tranquilidad a todos estos ciudadanos. Muchas gracias por su atención prestada. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Olvera. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:El fin de esta reforma puede ser sin duda loable. Sin embargo, la efectividad de la misma, en particular ésta, en la que se requiere de recursos financieros para su ejecución y existe población que puede ser afectada en sus derechos y garantías constitucionales, se encuentra condicionada por la competencia de la autoridad y la capacidad administrativa para hacer que se cumpla.

En la propuesta que se presenta se propone la creación de reservas territoriales nacionales –esto es en la fracción XIII del artículo 13– para el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, con la finalidad de –cito textualmente, por favor, escuchen esto– desalojar a la población afectada por efectos de cambio climático. En la fracción XIV del mismo artículo.

Se propone además, la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, para determinar asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo y determinar agendas de reubicación.

La experiencia de los últimos dos años, gobierno de Peña Nieto, en torno a los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos, atiende a la irresponsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la vivienda, en particular de la población más pobre y marginada, asentada en forma irregular y sin condiciones de construir una vivienda digna, a ello se suma el elemento de vulnerabilidad de las viviendas en zonas de riesgo.

Se supone que desde el año pasado inicio operaciones el Registro Nacional de Reservas Territoriales, que obliga a los desarrolladores de vivienda a registrar las zonas en las que desean construir. Sin embargo, no se establecen políticas de reubicación en el proyecto de presupuesto presentado a esta Cámara de Diputados.

En mayo de este año, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, informó que en México sólo 33 por ciento de la vivienda se construye de manera regulada, pues 67 por ciento se realiza en zonas de riesgo como barrancas, laderas y a la orilla de ríos, información que conoce el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Él avala la información.

Por poner tan sólo un ejemplo. En siete delegaciones del Distrito Federal -y son datos conservadores y conozco muy bien el tema- existen alrededor de 2 mil 168 viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, de deslaves, por puros riesgos de deslaves. Si ampliamos al tema de las grietas del riesgo estructural, en la Ciudad de México estamos hablando de más de 13 mil viviendas en zonas de riesgo en esta Ciudad, y para resolverlo se han hecho cálculos de protección civil, necesitamos más de 4 mil, 5 mil millones de pesos, y obviamente más problemas.

En la materia quedan varios pendientes para garantizar a la población el derecho a una vivienda digna y segura. Aunado a la falta de políticas públicas que garanticen la reubicación de viviendas en riesgo, así como de la ausencia de un mapa nacional de viviendas en zonas de riesgo por los fenómenos naturales, no sólo los meteorológicos, sino por los movimientos de tierra, los hidrológicos que sustentan la viabilidad de políticas públicas, de reordenamiento y reubicación.

El derecho a la vivienda se encuentra contenido en la Constitución y tratados internacionales, suscritos por el Estado mexicano. Hay resoluciones aprobadas por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos, se recomienda que los gobiernos adopten medidas políticas y legislativas, encaminadas a restringir, contrario a lo que ustedes están haciendo hoy aquí, a restringir la práctica de los desalojos forzosos, incluida la concesión de la seguridad legal de tenencia a aquellos amenazados actualmente con un desalojo forzoso, basándose en su consulta y negación efectivas con las personas y los grupos afectados.

La directriz de las adiciones al artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos atiende a una política impositiva. El término desalojar no es el más adecuado para reubicar a la población que puede ser afectada por un fenómeno natural.

En el caso del dictamen, para atender los efectos de fenómenos meteorológicos se impone una línea autoritaria en la que debe ser una política de solidaridad y compromiso social del Estado mexicano.

Eso es lo que ustedes van a intentar hacer aquí. En contra del derecho internacional, de no a los desalojos, ustedes van a legislar los desalojos. Por favor, señores diputados, en qué sociedad están viviendo ustedes. Están nada más legislando al vapor, ocurrencias y no están legislando las necesidades que a nivel internacional estamos comprometidos a hacer.

Y además, legislan puras cosas que no van a poder implementar, a no ser que quieran otras razones más de fondo que después en nuestras reservas estaremos argumentando.

Por ello se presentan modificaciones, lo haré, ya lo hice, en particular al artículo 13 de la propuesta que se presenta, anticipando, por sus usos y costumbres, culmino, señor presidente de esta Cámara de Diputados, que van a negar cualquier modificación, pues los proyectos que se presentan a través de reservas legislativas, que es su práctica, manifiesto mi voto en contra y evidentemente, los diputados conscientes que nos pronunciemos por un rotundo no a los desalojos en contra de lo que está siendo la propuesta de la comisión. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Se lo agradecemos, señor diputado Huerta Ladrón de Guevara.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Celia Gauna, por favor. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada, por favor.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (desde la curul): Presidente, muchas gracias. Quería hacer una pregunta al diputado respecto a la situación que él presenta como reserva.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En el momento procesal oportuno, estimada diputada, en virtud a que ha concluido la presentación, que lo era, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PT. Gracias.

Me doy oportunidad de saludar a integrantes de la Compañía de Danza Española Proart, procedentes de Querétaro, que tendrán, por cierto, una presentación hoy a las 17:30 horas en el auditorio Aurora Jiménez, de las instalaciones de este recinto legislativo y que han sido invitadas por la diputada Raquel Jiménez Cerrillo. Gracias por su contribución y por su visita también. Saludos.

Le otorgo el uso de la palabra a la diputada Zuleyma Huidobro González, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano para fijar la postura de su grupo. Hasta por cinco minutos.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la palabra.

La diputada Zuleyma Huidobro González: Los fenómenos naturales que ocurren en el futuro dentro de nuestro territorio causando estragos se harán cada vez más frecuentes con motivo del cambio climático global; los huracanes, los sismos, las inundaciones que causan detrimento en las poblaciones adyacentes que provocan pérdidas patrimoniales importantes a los mexicanos que deterioran la infraestructura del país y lo más importante de todo, que ponen en peligro la vida y seguridad de las personas, se harán cada vez más intensos con el paso del tiempo.

La urbanización en México ha tenido a lo largo de la historia una ausencia de planeación adecuada, debido al rápido crecimiento de las ciudades y la pobreza en que viven sus habitantes, estas dos razones han hecho que muchas ciudades de México tengan una planeación improvisada y poco eficaz, además de una escasa infraestructura, incluso para los servicios más básicos.

Sobra decir que esta situación es desafortunada para todo el país, porque los mexicanos estamos de cierta forma expuestos a ello; gracias a la urbanización acelerada no planificada, al deterioro histórico de áreas rurales, a los altos niveles de pobreza y a la compleja geografía del país, gran parte de nuestro territorio es susceptible a diversos tipos de amenaza, volviéndose zonas de riesgo.

Éste es un tema importante, ya que según datos de la Secretaría de Desarrollo Social, los daños causados por desastres naturales se traducen en 45 millones de personas afectadas directamente, 65 mil muertos, cuatro millones de evacuados, 12 millones de damnificados, 347 mil viviendas destruidas, dos millones de viviendas dañadas y 52 millones de hectáreas de cultivo perdidas tan solo en dos décadas.

En México los patrones de riesgo están determinados por los altos niveles de vulnerabilidad, que como ya mencionamos se derivan de la falta de planificación urbana y la imperante pobreza, así como con una presencia cada vez mayor de amenazas socio naturales que son los desastres naturales generados o incrementados por la acción del hombre.

Ejemplos de esta terrible realidad la encontramos en Villahermosa, Tabasco, quien no recuerda cuando en 2007 se enfrentó a una devastadora inundación cuya explicación no son las abundantes lluvias de la temporada, sino un manejo irresponsable de las presas hidroeléctricas, falta de infraestructura del drenaje, así como la ocupación de tierras no aptas para la urbanización, todo esto derivado de un mal gobierno.

Ejemplo de esto también lo son las inundaciones causadas por la tala inmoderada de árboles en zonas boscosas que el estado no ha querido frenar, regular o prever, o los enormes detrimentos patrimoniales causados por la falta de infraestructura de prevención contra dichas catástrofes. La afectación de la población por causa de fenómenos naturales conlleva una importante descomposición social y un enorme descontento contra el gobierno por la ineficacia en su respuesta ante estos.

Por esta razón creemos que una solución para mejorar y proteger el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural es frenar la malas prácticas del gobierno que contribuyen a que estas calamidades existan y se intensifiquen como la corrupción, evitar los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo, creación de infraestructura de protección, contar con programas eficaces y eficientes para la detección con anticipación de los desastres y la determinación de medidas para prevenir daños a la población que resultaría afectada por dichos siniestros.

Sería conveniente contemplar también la reubicación con objeto de prevención teniendo datos concretos que determinen la inminencia del desastre natural y de la afectación que sufrirán los habitantes de no evacuar la zona.

También nos parecería pertinente que se plantearan programas para la vigilancia y resguardo de estas reservas territoriales nacionales, ya que como hemos visto a lo largo del tiempo, la tendencia de los asentamientos humanos irregulares a colocarse en ellas va a la alza.

Ejemplo de eso, está el caso del Distrito Federal, en el que hay aproximadamente 867 asentamientos irregulares ubicados en reservas naturales protegidas, lo que se traduce en una pérdida de alrededor de 400 hectáreas de suelos de conservación anuales y las cifras sólo siguen subiendo.

No está de más mencionar que el tema de la reubicación es muy delicado debido al arraigo tan fuerte que existe entre las personas y su lugar de residencia. Muchas veces por más peligroso que sea seguir radicando en un mismo lugar la gente se niega a trasladarse y consideramos que esta situación no se solucionará si la decisión de reubicación se deja al arbitrio del presidente de la República.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen y hacemos una crítica en su totalidad en tanto que deja en manos del Ejecutivo todas las prerrogativas relevantes de la reubicación.

Creemos que corresponde al Poder Legislativo plasmar en la ley la regulación de procedimientos, plazos y criterios técnicos y científicos que han de ser utilizados para dar mayor seguridad jurídica, eficacia e imparcialidad a los mexicanos sujetos de reubicación. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro. Del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la palabra la diputada Carla Alicia Padilla Ramos; hasta por cinco minutos, amiga diputada.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos:Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra.

La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Gracias. Compañeros. El cambio climático es uno de los desafíos más importantes de nuestra época. Un problema global a largo plazo que incluye interacciones complejas entre procesos climatológicos, ambientales, económicos sociales, políticos e institucionales.

Los efectos del cambio climático, los cuales son complejos y no lineales, ya están teniendo graves consecuencias para el bienestar humano. Uno de estos efectos es el aumento en la frecuencia y gravedad de los fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes que azotan cada año nuestro territorio, dejando devastación y muerte a su paso.

En este sentido, además de la tendencia al aumento progresivo en la frecuencia de los fenómenos adversos, tenemos que agregar la degradación ambiental y transformación del territorio lo cual contribuye a desencadenar, exacerbar e intensificar las amenazas naturales como los deslizamientos e inundaciones.

Debido a lo anterior, las autoridades deben hacer uso de todas las herramientas disponibles para reducir los riesgos de eventos relacionados con el clima que serán exacerbados por el cambio climático. Esto incluyen la evaluación de amenazas y riesgos, sistemas de alerta temprana, regulaciones para la planificación del uso del territorio y códigos de construcción, entre otros.

Priorizar sobre los temas anteriormente mencionados, ayudará a la reducción de pérdidas humanas y económicas en el corto plazo, y también a asegurar que los procesos de desarrollo generen bases más sostenibles para otros procesos de adaptación a largo plazo.

Con el tiempo las sociedades avanzadas se dieron cuenta que había que transitar desde un enfoque orientado a disminuir las pérdidas humanas y materiales mediante una adecuada respuesta a las emergencias, a otro orientado a enfrentar las causas de tales desastres, los riesgos.

Los riesgos constituyen la probabilidad de daños a causa de un desastre. Esta probabilidad depende de dos factores determinantes: las amenazas y la vulnerabilidad, sin embargo el aumento de los riesgos no tiene como causa principal el incremento de las amenazas, sino el incremento de las condiciones de vulnerabilidad.

Esta vulnerabilidad está directamente relacionada con el crecimiento demográfico, de forma caótica y desordenada, las políticas públicas deficientes, la carencia de adecuados procesos de gestión ambiental y en general, la manera desigual e inequitativa de cómo funciona nuestra sociedad.

Por lo tanto una de las soluciones para reducir la vulnerabilidad ante estos fenómenos naturales causados por el cambio climático, es un adecuado ordenamiento territorial, el cual se define como un proceso de organización armónica del espacio humano en el que se consideran el aspecto legal, el bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente.

Los recientes fenómenos hidrometeorológicos ocurridos en la última década, nos dejan entrever la carencia de un ordenamiento territorial adecuado, lo cual ha derivado en grandes pérdidas económicas, materiales y humanas.

Con el presente proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o., y 10o., de la Ley General de Asentamientos Humanos, se pretende que los fenómenos hidrometeorológicos tengan un menor impacto en las ciudades y asentamientos humanos.

Entre las medidas que se contemplan está la reubicación de asentamientos impactados por los efectos del cambio climático, la creación de reservas territoriales nacionales, tomando en consideración tendencias y consecuencias de los desastres naturales que se prevean en el país, diseñar y aplicar el mapa de usos de suelo de sitios que se desalojen por parte de la población que pueda ser afectada por efectos del cambio climático y coordinar con las dependencias de los tres niveles de gobierno la realización de obras de infraestructura necesarias para mitigar los efectos desfavorables en asentamientos ya establecidos de zonas de alto riesgo.

Por lo anteriormente mencionado, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, mi partido, apoya el presente proyecto de decreto porque consideramos que un adecuado ordenamiento territorial protegerá el patrimonio de las generaciones presentes y futuras, además de crear una cultura de la prevención, la cual estamos seguros que podrá salvar miles de vidas. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Carla Padilla. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Miguel Carrillo Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos, para que fije la postura de su grupo parlamentario.

El diputado Mario Miguel Carrillo Huerta:Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: ciertamente nos queda muy claro que la propuesta de la diputada y el dictamen de la comisión van en el sentido que todos esperamos de poder atender a todas las personas que resultan damnificadas por los fenómenos hidrometeorológicos y otro tipo de desastres naturales que suceden en México atribuidos, por lo menos en parte, al cambio climático.

De hecho, el reciente fenómeno que observamos, el huracán Odile que afectó buena parte de la península de Baja California, sobre todo al estado de Baja California Sur, nos muestra cómo están cambiando las condiciones, incluso de la operación de la naturaleza.

Entonces, “...un programa basado en el dictamen de esta comisión donde se contemple la reubicación de asentamientos humanos impactados por desastres de origen natural, previo dictamen técnico de la autoridad competente –que sería esta adición de la fracción XX al artículo 3– o bien la coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales para la realización de obras e infraestructura necesarias para mitigar impactos negativos en asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo” también va en el sentido de reacción, en este caso un poco de prevención. Lamentablemente, esta fracción es bastante vaga como para poder hacer algo en los asentamientos que ya se encuentran ahorita, por los conocimientos que tenemos, en zonas de alto riesgo.

La pregunta que nos hacemos en el grupo parlamentario es que está bien que atendamos a quienes ya fueron afectados; hay que hacerlo de manera ordenada, legal, para evitar abusos, excesos o inconstitucionalidades, pero el problema aquí es que en aquellos asentamientos humanos que se encuentran en zonas que no han sido consideradas como de alto riesgo, qué vamos a hacer. Ahí no podemos actuar si no tenemos una investigación a fondo en el ámbito de la prevención, a partir de la investigación.

Baja California Sur no está o no estaba en la ruta tradicional de este tipo de fenómenos meteorológicos, de manera que cuando llega y afecta a la zona la población no estaba preparada para enfrentarlo. Resultado: tuvimos un número muy grande de damnificados con costos que rebasan los 12 mil, 13 mil, 15 mil millones; afortunadamente la mayoría, costos materiales.

Entonces, en el grupo parlamentario, ciertamente estamos a favor de este dictamen. Vamos a votar a favor, pero sí urgimos, aprovechamos la oportunidad para urgir al gobierno mexicano que destine un monto mayor de recursos a la prevención, pero una prevención se puede dar estrictamente, como lo dice la fracción XIV del artículo 13, de la Ley General de Asentamientos Humanos, la prevención ahí se puede hacer, pero que la investigación nos diga cuáles van a ser las tendencias. No las tendencias solamente y consecuencias de los desastres de origen natural que viene en la fracción que se adiciona, la fracción XIII, sino las tendencias del cambio climático para poder calcular índices de vulnerabilidad en todas las zonas del país y adelantarnos, porque sí se puede con la investigación, adelantarnos a los cambios de curso que pudieran tener los fenómenos hidrometeorológicos o de otro tipo que vinieron a trastocar la estabilidad y el bienestar de la gente.

Prevención es muy importante. Ciertamente a veces no es tan importante como la reacción, porque la reacción la gente ya está afectada, pero si no atendemos más a la prevención y si no atendemos a la investigación para conocer las tendencias cambiantes que está causando el cambio climático, no vamos a poder anticiparnos a los eventos, y por lo tanto vamos a dejar expuestos a muchos, muchos mexicanos, más allá de los 22 millones que actualmente viven en zonas de alto riesgo.

Diputadas, diputados, votaremos nosotros, en el grupo parlamentario, por este dictamen, pero sí los urgimos a que pensemos en apoyar la investigación, para investigar, precisamente los cambios que nos pueden dar las rutas de los fenómenos hidrometeorológicos, el cambio climático del que somos también nosotros causantes en parte. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Carillo Huerta. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres, para fijar la postura en nombre del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, señor diputado.

El diputado Felipe de Jesús Almaguer Torres:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, los desastres naturales causados por fenómenos meteorológicos, si bien son inevitables, en muchos casos sus efectos desastrosos se potencian por la propia acción del ser humano provocados por necesidad, negligencia y hasta por ignorancia al asentarse en espacios que representan un riesgo, ya sea que se encuentran en los márgenes de los ríos y arroyos o en llanuras inundables o sobre fallas sísmicas.

El riesgo de desastres es constante y, ciertamente, los peligros naturales nos amenazan a todos, pero los pobres son las más vulnerables. Hacer lo necesario para prevenirlos es una responsabilidad primaria en los tres niveles de gobierno. Se deben implementar medidas para mejorar la planeación, la prevención, pero ante lo inevitable de estos eventos se debe contar con mecanismos oportunos para emprenderá acciones de respuesta inmediata a la población afectada y en aquellos que permitan atender los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada y de la restitución de recursos forestales, áreas naturales protegidas, zonas costeras, cauces de ríos y lagunas afectadas por los desastres naturales.

Por tato se estima urgente agilizar y facilitar el procedimiento, la reubicación de asentamientos humanos impactados por desastres naturales. Es indispensable establecer un marco jurídico operativo que permita actuar con la mayor oportunidad y transparencia para atender los estragos ocasionados por los desastres naturales.

Las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno son corresponsables de evitar tragedias y garantizar que en esas zonas de riesgo no habrá gente que pueda ser arrastrada por una corriente de agua o sepultadas por un alud, por lo que a la par de tomar las medidas pertinentes para inhibir los asentamientos humanos en zonas de riesgo es necesario establecer los mecanismos pertinentes a fin de mitigar y enfrentar las contingencias resultantes de los desastres naturales.

No podemos pasar por alto los graves acontecimientos ocasionados por los desastres naturales que han golpeado fuertemente a nuestro país. Basta recordar que los fenómenos meteorológicos que durante todo el año pasado azotaron nuestro país en diversos estados dejaron una estela de cuantiosa pérdidas materiales y Humanas.

Recientemente el huracán Odile causó el deceso de cinco personas y afectó a 15 mil viviendas, ocasionando daños por más de 12 mil millones de pesos en Baja California Sur. Ante esta delicada coyuntura es necesario hacer frente a no pocos desastres naturales en diversas entidades de la república.

Huracanes, lluvias en exceso, heladas, desbordamiento de ríos y presas, etcétera, afectan a miles de familias con altos grados de marginación. En este contexto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estimamos conveniente aprobar el presente dictamen que adiciona una fracción XX al artículo 3o. y las fracciones III y IV al artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Con esta propuesta se considera como un objetivo clave el ordenamiento territorial, la reubicación de os habitantes en zonas vulnerables para evitar impactos negativos derivados de eventos naturales. A su vez se considera necesaria la coordinación con las demás dependencias del Ejecutivo federal y los gobiernos estatales y municipales, para la realización de obras y acciones que permitan mitigar impactos negativos en asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo.

La reducción de los desastres debe ser un componente clave en las políticas públicas del gobierno federal y de los gobiernos locales, particularmente en lo que se refiere a la prevención y atención inmediata es urgente impulsar los mecanismos necesarios para mitigar las consecuencias de los desastres, que se enmarquen en la planificación y la puesta en marcha de establecimientos de un marco institucional legal que permita prevenir y reducir las consecuencias de los desastres naturales.

Compañeras y compañeros diputados, no debemos de escatimar esfuerzos para salvaguardar a las familias mexicanas ante situaciones que amenazan su vida y sus bienes, es indispensable que todos los niveles de gobierno tomen las medidas pertinentes para evitar por todos los medios que se sigan construyendo y asentando en zonas de riesgo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Felipe de Jesús Almaguer. Hasta por cinco minutos también, tiene la palabra la ciudadana diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar la postura del mismo. Adelante, diputada. Tiene la palabra, estimada diputada.

La diputada María Guadalupe Velázquez Díaz:Con su permiso, presidente. Honorable asamblea, México es una de las naciones expuestas a los efectos adversos del cambio climático. Tenemos una posición geográfica privilegiada que nos convierte en un eje estratégico para el desarrollo de América, pero también provoca una alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales, como lo son los ciclones, las lluvias extremas y las inundaciones.

En septiembre pasado fuimos testigos de cómo el huracán Odile impactó con singular fuerza en Baja California Sur, una entidad que rara vez se había visto afectada por los fenómenos naturales. Los daños causados por Odile ascendieron a más de 7 mil 800 millones de pesos.

A la irreparable pérdida de vidas humanas hay que sumar los daños a las infraestructuras, a las viviendas particulares, a los hoteles y a los comercios. Gracias a la acción decidida del gobierno del presidente de la república, Enrique Peña Nieto y a la eficaz coordinación de la administración pública federal fue posible lograr la rápida reconstrucción del estado de Baja California.

Las acciones desplegadas por el gobierno de la república que implicaron la movilización de casi 20 mil servidores públicos en apoyo a las labores de reconstrucción han dejado que es indispensable adoptar medidas urgentes para mitigar los efectos del cambio climático.

La vulnerabilidad de nuestras ciudades obedece no sólo a su ubicación geográfica, sino también al ordenamiento territorial y al uso de suelo, como a los servicios urbanos e infraestructura y a su capacidad socioeconómica y de adaptación de nuestras sociedades.

Hoy en día poco más de las dos terceras partes de nuestra población y el 71 por ciento del producto interno bruto son altamente vulnerables a los efectos del cambio climático producidos por el calentamiento global. Desafortunadamente en muchas de las zonas más vulnerables de nuestro país viven familias en condiciones de pobreza.

Nuestros recursos naturales se están viendo afectados como resultado de la rápida urbanización, el crecimiento demográfico y el aumento en el consumo, lo que incrementa los costos de la degradación ambiental y merman nuestra productividad.

Las reformas a la Ley General de Asentamientos Humanos que hoy sometemos a su discusión tienen tres ejes fundamentales: la reubicación de asentamientos humanos, la creación de reservas territoriales nacionales y la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Como diputados federales tenemos una obligación, la obligación de informarnos para así emitir una opinión certera y respaldada en información verídica. A quienes tenían por ahí la duda sobre la reubicación, déjenme les digo que está bien establecida en nuestra Gaceta, no es desalojo, es reubicación. Hay que leer, diputados.

Señoras y señores diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional expreso nuestro reconocimiento al trabajo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, quien ha demostrado gran sensibilidad ante la problemática que pone en riesgo a nuestras familias y a su patrimonio.

También expreso nuestro reconocimiento a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y a su presidente, el diputado Jorge Herrera Delgado, por la acertada decisión en dictaminar en sentido positivo la presente iniciativa.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que las reformas que hoy se proponen representan un paso adelante para proteger a quien más lo necesita y así llevar a México por el camino correcto; es decir, mover a México. Es por ello que votaremos a favor el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Velázquez Díaz. Ha concluido la lista de oradores para posicionar a los grupos parlamentarios.

Ahora, con apoyo en el artículo 104, numeral 1, fracción V de nuestro Reglamento, le otorgo el uso de la palabra, hasta por tres minutos, al diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano para hablar en contra del dictamen.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Gracias, presidente. Los argumentos del diputado Huerta y de la diputada Huidobro han sido elocuentes, y además, ya leyendo con detenimiento esta reforma, que son de las bolas rápidas que entre todo el cúmulo de dictámenes pasan por ahí como si fueran reformas inofensivas, la realidad es que es un tema que se tiene que ver con mayor cuidado.

Evidentemente, hay una política de protección civil de atención de los desastres y de ordenamiento territorial que adolece de muchas deficiencias y que no está actualizada conforme a los últimos siniestros que han acontecido en diferentes partes del país, pero se tiene que reflexionar en que estos asentamientos irregulares o en zonas de riesgo obedecen a diferentes características, a la pobreza, la falta de vivienda, la falta de tierra, el clientelismo de muchos líderes o partidos que a sabiendas de que son zonas vulnerables ahí establecen la ocupación, y desde luego también un fenómeno que no puede desvincularse de todos estos asentamientos irregulares, es la corrupción. La corrupción de líderes, la corrupción de dependencias de vivienda, de constructores.

Y es fecha hoy que hay 5 millones de viviendas deshabitadas en el país por diferentes causas, no tienen servicios, están totalmente alejadas de los centros de población y resultan totalmente inviables para dar cumplimiento al artículo constitucional que habla del derecho a la vivienda.

Por eso creemos que se tiene que manejar con cuidado, porque no es un tema de eufemismo y desalojo o reubicación. El tema es que se va a remover a grupos donde están asentados y se tiene que revisar con todo cuidado, respetando el derecho, respetando los derechos humanos, cuidando que no haya abusos, que no haya corruptelas y eso no puede tratarse nada más como una fracción de esta ley.

Por otro lado, queremos resaltar que vemos también un planteamiento centralista. Vemos que se están queriendo generar estas reservas territoriales nacionales para que las maneje, a través del Programa Nacional de Desarrollo Urbano, para que las maneje el presidente de la república y el secretario de Sedatu, Ramírez Marín.

Entonces, queriendo resolver un tema de vulnerabilidad en los asentamientos territoriales, se está abriendo la puerta al centralismo y al clientelismo, porque ahora plantearán que desde la Presidencia de la República y con la participación de Sedatu, el presidente se dedique a repartir la tierra con total ventaja electorera.

Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo en que se cree ahora un zar de la tierra y que el titular de Sedatu sea quien acapare algo tan importante como son las tierras y los asentamientos urbanos.

Pudiera plantearse, en todo caso, una legislación más adecuada, reformarse a cabalidad toda la Ley General de Asentamientos Humanos y evitar estas tentaciones clientelares que van a venir a partir de esta reforma. Advertimos que vendrá centralismo, advertimos que vendrá clientelismo y sobre todo, que no hay una estrategia anticorrupción en el manejo de la tierra.

Que también se revise cómo se dieron estos asentamientos. Concluyo, presidente. Que se revise quiénes fueron los responsables y que no haya simplemente un borrón y cuenta nueva y que ahora haya un manejo totalmente centralista y clientelar de la tierra en este país. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.

El diputado Alfredo Zamora García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame usted, diputado, ¿Con qué objeto? Diputado Arturo Zamora, adelante, por favor.

El diputado Alfredo Zamora García (desde la curul): Sí. Muchas gracias, presidente. Solamente para puntualizar. Hace un momento la compañera diputada del PRI hacía referencia a que la contingencia sucedida en Baja California Sur habría sido superada, básicamente por el trabajo que había hecho el gobierno federal.

Sin embargo, hay que puntualizar que en esta contingencia, efectivamente hay un trabajo coordinado, sí del gobierno federal, pero en buena medida del gobierno del estado. Y también hay que decirlo, de los municipios, salvo Los Cabos donde usted mismo, que nos hizo el honor y el favor de acompañarnos, vio algunas muestras de inconformidad ciudadana en el municipio de Los Cabos.

Pero salvo eso, todos los municipios actuaron en forma coordinada junto con el gobierno del estado para, precisamente, superar esta contingencia.

Creo que es importante reconocer este trabajo y que la ciudadanía, quede claro que hubo un trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno.

Ciertamente, también es importante reconocer que es necesario, concluyo, que es necesario que efectivamente los terrenos nacionales que están adyacentes a las zonas urbanas, pues efectivamente pasen y sean fácilmente adjudicables a la gente que lo requiere, porque fuimos testigos de que hay gente asentada en zonas donde jurídicamente no se les pueda ayudar, precisamente porque no tienen la seguridad jurídica sobre sus terrenos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Debe esta Presidencia dejar constancia de que la expresión de la diputada Velázquez Díaz fue en el marco del posicionamiento de sus grupos parlamentarios. Y en esa virtud, lo que aquí se dice, en esa fase debe ser respetado como tal.

Por lo demás, en la consideración del reconocimiento al gobierno de la República y a las instancias estatales y municipales, lo registramos; aunque preciso, no está el asunto a discusión. Gracias, diputado Zamora.

Informo a esta asamblea que con apoyo en el artículo 109, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, el señor diputado Huerta Ladrón de Guevara, ha reservado para la discusión en lo particular el artículo 13, en sus fracciones XIII, XIV y XV del dictamen.

Entre tanto pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recibirla en lo general y en lo particular en los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Abrimos un espacio para saludar, para darle la bienvenida a jóvenes de la Preparatoria Oficial de San Andrés Cholula, del estado de Puebla. Sean bienvenidos. Los ha invitado, el señor diputado Julio César Lorenzini Rangel, aquí presente. Saludos, gracias por estar acá.

También el señor diputado Juan Pablo Adame Alemán ha invitado a alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Dorados, de Oaxtepec, Morelos. Sean bienvenidos, de igual manera, gracias por su visita a este salón de pleno.

Cierre el sistema electrónico, secretaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Por favor, de viva voz, diputado.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 365 votos a favor, 5 abstenciones, 35 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular, en los artículos no reservados el dictamen.

Tiene el uso de la palabra, el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, hasta por tres minutos para presentar su propuesta de modificación al artículo 13, en las fracciones que hemos señalado. Tiene el uso de la voz, señor diputado.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara:Sí, gracias, diputado presidente. En contrasentido a la demagogia política –no vamos a hablar aquí de Odile, vamos a hablar mejor del Ingrid y Manuel– se debe subrayar que las casas entregadas por la Secretaría de Desarrollo Social a los afectados por estos meteoros ocurridos el año pasado, hace un año ya, no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para ser habitadas.

De las seis mil 100 casas que la Sedesol construiría, 766 se destinaron a las zonas más afectadas y menos atendidas, es decir en la región de la montaña donde se asientan comunidades indígenas que se dedican al autoconsumo.

El programa Atando cabos hace pocos días destacó que las viviendas para estas comunidades en 19 municipios carecen de las condiciones mínimas para ser habitadas, ya que se están construyendo en predios sin dictámenes de factibilidad. El diseño y la estructura de estas viviendas no atienden a los usos y costumbres de la población que pretenden beneficiar.

Por otra parte, de acuerdo con el estudio realizado por el Cenapred en el estado de Guerrero, se localizan 89 lugares que están considerados de alto riesgo. En Acapulco se tienen 60 lugares en zona de riesgo ubicados en las colonias de la parte alta del Anfiteatro y ubicadas en el Parque El Veladero.

En el municipio de Zihuatanejo hay dos mil 450 viviendas ubicadas en asentamientos irregulares, de las cuales mil 133 están en zonas de alto riesgo y mil 317 en zonas de mediano y bajo riesgo. ¿Qué se hace en estos casos a casi un año del paso de la tormenta tropical Ingrid y Manuel?

Inspectores de esta dependencia sólo intensifican los recorridos en los más de 26 asentamientos irregulares ubicados en las partes altas de estos cerros de este puerto, para advertir a los precaristas que se mantengan informados sobre el estado del tiempo principalmente cuando hay lluvias intensas. A esto ni siquiera Añorve se puede subir aquí a decir que no es cierto.

La falta de información objetiva de las viviendas en zona de riesgos se exhibe por la Sedatu al ser requerida por el IFAI, para indicar el porcentaje que representan dichas viviendas respecto del total nacional y su distribución por estado de la República luego de que un particular se inconformó al ser informado por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de que no contaba con atribuciones para realizar un diagnóstico, estudio o censo de vivienda establecidas en zona de riesgo.

Por su parte la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo, dijo no contar con la información solicitada. Si no hay información objetiva para diagnosticar el problema y la población afectada, menos aún se pueden construir políticas públicas.

El Programa Nacional de Infraestructura 2014-18 en el apartado C, sector desarrollo y vivienda, en el apartado de diagnóstico no prevé la atención y los sectores de población que viven en zonas de riesgo por fenómenos naturales.

La falta de políticas públicas de este gobierno para atender los resultados de fenómenos naturales en materia de vivienda, realiza solamente el gobierno federal acciones improvisadas que decaen en acciones de publicidad política, en vil propaganda electorera.

Las reservas que he presentado realizan mejoras a la redacción y a la pretensión de las mismas.

Yo esperaría su voto en conciencia, pero es evidente que sigue el espíritu de Carmelo Vargas aquí privando en los partidos del “pacto contra México”, culmino, presidente, siguen argumentando en contra y votando a favor, siguen en una política de mentiras.

De todas maneras hemos dejado algunas propuestas que de fondo cambiarían un poco algunas intenciones, sobre todo en el tema de los desalojos, sobre todo en la parte final cuando estamos proponiendo que de realizarse alguna reubicación, ésta siempre se dé en común acuerdo con los afectados, garantizando su derecho a la vivienda digna. Es cuanto, presidente.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, diputada Celia Gauna ¿Con qué objeto?

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (desde la curul): Gracias, presidente. Para una moción de aclaración solamente: si el diputado hace la aclaración y dice que estamos mintiendo, quiero aclarar ante esta tribuna que el único que miente es él y que creo que tiene que manejar sus posicionamientos con más responsabilidad.

En la propuesta que él hace ni siquiera tuvo el cuidado de atender al dictamen como quedó por parte de la comisión, y que fue votado por la misma. Esto es, no tiene que ver su propuesta con lo que aduce y propone.

Tengo los documentos en mi mano, tengo el dictamen en mi mano, tengo la Gaceta en mi mano; fui y se lo presenté personalmente tratando de que él pudiera de tener un poco de más claridad de ideas, que me queda claro que lo único que quiere es solamente sentar una propuesta política, y si esa es su posición, qué bueno, lo felicito, pero aquí hay que decir las cosas con verdad, con claridad y apegados de verdad a una responsabilidad constitucional como la que le fue dada. Me queda claro que no...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada.

La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León (desde la curul): ...tiene ni la mínima posición clara para proponer.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. En atención a que esta Presidencia, diputada Celia Gauna, diputado Huerta Ladrón de Guevara, preguntará a través de la secretaría si se admite o no a discusión la modificación la modificación presentada, reservaríamos eventualmente cualquier debate.

Por eso, consulte la secretaría...

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Dígame, señor diputado Huerta. Permítame, señora secretaria.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (desde la curul): Muy breve, presidente, porque yo hace un rato había solicitado una moción y usted nos señaló que en el tiempo íbamos a argumentar, cosa que hice.

Usted sabe que no se valen estas mociones que se hicieron. Quiero decir que ahorita en la votación va a quedar claro el espíritu del PRI de cómo son en una política que cuando no pueden arrebatan y ya sabemos quién dice las mentiras aquí. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias. No está a discusión, compañeros diputados, diputadas. En todo caso, reitero a la Secretaría consulte a la asamblea justamente si se admite a discusión la reserva formulada por el diputado Huerta Ladrón de Guevara.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señora Secretaria. Se desecha.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 13 reservado, en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2,...

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Permítame, señora Secretaria. Está en proceso de apertura el sistema electrónico de votación y no está a discusión la reserva, como lo ha dispuesto esta asamblea. Adelante, Secretaria.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 13, fracciones XIII, XIV y XV, en términos del dictamen.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Atiendo la solicitud de nuestra compañera amiga la diputada Delvim Fabiola Barcenas Nieves, de hacerles llegar un saludo fraterno a ex presidentes municipales del trienio 91-94 –ya distante, pero muy presente- del estado de Querétaro, ex presidentes municipales y sus distinguidas acompañantes. Muchas gracias por su visita y con nuestro respeto.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:De viva voz:

El diputado Luis Alberto Villarreal García (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 355 votos a favor, 4 abstenciones y 40 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado el artículo 13 en los términos del dictamen. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3o y 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría con acuerdos de los órganos de gobierno, específicamente de la Junta de Coordinación Política. Adelante, secretario.

ACUERDOS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las secretearías de Salud, de Relaciones Exteriores y de Gobernación a realizar acciones de coordinación urgentes en materia de sanidad internacional, migratoria, marítima, terrestre y aérea, establecidas en la Ley General de Salud, para evitar la introducción del virus del ébola en México.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente a las secretarías de Salud, Relaciones Exteriores y de Gobernación, a realizar de manera urgente las acciones de coordinación en materia de sanidad internacional, migratoria, marítima, terrestre y aérea, que establece la Ley General de Salud; con el objetivo de evitar la introducción del virus del ébola al territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, ciudadano secretario.

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputado Rosendo Medina, ¿con qué objeto?

El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana (desde la curul): Muchas gracias, diputado presidente. Un breve comentario muy respetuoso. Usted se ha caracterizado por un estricto apego al reglamento. Diría, con mucho respeto, que es usted un dogmático reglamentario, pero sin embargo, en el dictamen que acabamos de votar, cuando se presentó la reserva, usted le concedió la palabra a una compañera diputada y posteriormente al compañero diputado que presentó la reserva. Me parece que en estricto apego al reglamento, lo conveniente hubiese sido proceder a la votación de la reserva y ver si se podía poner a discusión o no. Es cuanto, lo que quería decir, con mucho respeto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El respeto es recíproco y registro su reflexión. Gracias, señor diputado.

Se han registrado los siguientes oradores con relación al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que ha dado cuenta la Secretaría. En pro, el señor diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; el diputado Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; y el diputado Antonio Sansores Sastré, del Grupo Parlamentario del PRD; así como la diputada María de las Nieves García Fernández, del Grupo Parlamentario del PRI. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el señor diputado...

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Sonido en la curul del señor diputado Durazo Montaño.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (desde la curul): Gracias, presidente. Una disculpa por no haber modificado oportunamente la información, pero iré en el posicionamiento del grupo en sustitución o a nombre de la diputada Aida Valencia.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Bien. Señor diputado, no lo tenía registrado, sin embargo haga uso de la palabra en el apartado de posicionamientos y reiteraría los nombres de los señores diputados para hablar en pro como ya lo hicimos. Adelante, por favor, señor diputado Durazo.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañeras diputadas y compañeros diputados, parece de lo más oportuno que la Junta de Coordinación Política haya asumido la responsabilidad de impulsar este tema en virtud de que si bien no debemos caer en el riesgo de preocupar indebidamente a la población, en el riesgo de alarmarla, sí debemos actuar con responsabilidad en virtud de que se trata de un problema de una enfermedad altamente infectiva en virtud de la capacidad de propagación y de la rapidez con la que causa la muerte de aquellos que han sido contagiados.

Nuestro grupo, por supuesto, ve con simpatía la iniciativa. Y quisiera aprovechar la ocasión para hacer un llamado a las autoridades de salud, quienes de manera reiterada han expresado que estamos preparados para enfrentar cualquier problema o eventualidad derivada de esta epidemia.

La llamada es en el sentido a no tratar de esconder los problemas bajo la alfombra. Hace unos días sucedió un derrame por ahí en algún río del estado de Sinaloa, y no acababa de concluir el derrame y el gobernador estaba declarando ya en ese momento que no implicaba ningún riesgo para la población del estado. Minutos después salieron con la alarma de protección civil a hacer un llamado a la población, para que no hiciera uso del agua que corría en ese río.

A dónde voy. A que seamos, el llamado es a las autoridades a que sean responsables, a que eviten que con el ánimo, mejor dicho con el ánimo de evitar generar alarma en la población, no minimicen indebidamente un problema al que le debemos poner puntual atención.

Por ello pues, reitero este llamado a las autoridades y ojalá este punto de acuerdo tenga algún impacto, de tal manera que en lugar de estar utilizando los tiempos oficiales, los tiempos del gobierno en campañas de promoción personal, que sólo ayudan a engolosinar el ego del propio presidente, las utilicen, utilicen esos tiempos para informar responsablemente a la población, de tal manera que minimicemos las posibilidades de su incursión en el país. Gracias, compañero presidente.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted, señor diputado. Para referirse al mismo tema, tiene la palabra el diputado Rubén Benjamín Félix, de Nueva Alianza.

El diputado Rubén Benjamín Félix Hays:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la obligación de todo Estado es proteger a sus ciudadanos ante cualquier amenaza. Sin duda los brotes de enfermedad por el virus del Ébola en África ponen en alertas amarillas en todo el mundo, inclusive la Organización Mundial de Salud lo ha declarado como emergencia sanitaria internacional.

Después del brote inicial de 2013 en Guinea, el virus se extendió a otras poblaciones africanas, como Liberia, Nigeria, Sierra Leona, Senegal, en lo que se considera el mayor brote epidémico generado por dicha enfermedad.

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, hasta el 10 de octubre de 2014 se habían registrado ocho mil 400 infecciones y cuatro mil 033 muertes en todo el mundo a causa de este brote, ocurriendo la mayoría de ellos en los países de África central.

La alerta y el pánico se han extendido luego de que el virus se hiciera presente en España y en Estados Unidos, situación por demás preocupante para México dada la vecindad con este país y la cercanía con Dallas, Texas, lugar donde se presentó el caso.

Si bien las autoridades mexicanas anunciaron la implementación de acciones preventivas para evitar que el virus ingrese al territorio nacional y la Secretaría de Salud y su Dirección de Epidemiología informaron que se aplicarían las mismas acciones que realizan las autoridades de Estados Unidos de América, como el escaneo de pasajeros en aeropuertos y zonas fronterizas, hay que ir más allá.

Por eso en Nueva Alianza votaremos a favor del presente punto de acuerdo, que hace suyo la Junta de Coordinación Política, porque estamos seguros que ninguna medida que se lleve a cabo para evitar el ingreso de un virus es innecesaria, más aún cuando se trata de una enfermedad por una lata tasa de mortalidad, que puede llegar al 90 por ciento.

Con tantas muertes ocasionadas por el Ebola cualquier prevención es importante, sobre todo si tomamos en cuenta que ningún sistema de salud está realmente preparado para afrontar un problema de esta magnitud.

Compañeras y compañeros, no hay que confiarnos y pensar que los países afectados se encuentran lejos y que por eso estamos a salvo de esta enfermedad. Recordemos que hasta el momento no hay tratamiento específico ni vacuna para las personas infectadas por el Ebola.

De tal suerte, que hay que implementar las acciones de coordinación en materia de sanidad internacional, migratoria, marítima, terrestre y aérea, que permitan evitar que el Ebola llegue a México. Asimismo consideramos importante promocionar e implementar medidas de prevención entre la sociedad, de tal forma que se logre evitar la transmisión en el caso de que llegase a surgir un brote en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra para hablar sobre este tema el diputado Antonio Sansores, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Antonio Sansores Sastré:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, parece sencillo hablar de enfermedades que son prevenibles, pero no estamos haciendo la tarea.

Recientemente, hace unos días, escasos días, la enfermera que estuvo en contacto con el fallecido en Dallas Texas de esta enfermedad mortal, prácticamente iba a descender en la isla paradisiaca de Cozumel, sin que nosotros todavía tuviéramos el referente para poder hacer nuestro cerco epidemiológico.

Hoy es paradójico que Estados Unidos de Norteamérica sea quien esté aportando el mayor número de recursos para atacar esta enfermedad y el país que hoy está precisamente a través del cerco, que le han hecho económico boicoteado, que es Cuba, sea el país que esté enviando más médicos para ir al origen de esta enfermedad, que es una zoonosis convertida en pandemia de manera epidemiológica.

No estamos haciendo lo que nos corresponde. Necesitamos combatir este mal que va de la mano, precisamente, con la pobreza. Es esta enfermedad mundial, la pobreza, la que es el caldo de cultivo de estas enfermedades. No vamos a hacernos como que no sabemos.

Cuando hay enfermedades que se transmiten de los animales al ser humano, tenemos que combatir desde el punto de vista territorial, pero una vez ya en el ser humano, es este mundo global el que permite que llegue a todas partes de las latitudes enfermedades de esta naturaleza.

Los países latinoamericanos agrupados a Alba hicieron una reunión emergente y tomaron la determinación en 23 puntos. Por eso alabo que la Junta de Coordinación Política sea precisamente quien esté señalando que debemos tomar medidas emergentes en este punto de acuerdo.

Margaret Chan, la directora general de la Organización Mundial de la Salud está declarando una emergencia epidemiológica. En los últimos años llevamos tres: la de la gripe aviar, la del virus tártaro de la poliomielitis y hoy el virus del Ébola, en honor al río que lleva el mismo nombre.

Es urgente que tengamos nosotros nuestro cerco epidemiológico y que pongamos atención en materia de educación. Obvio que hemos sido copartícipes y conocemos que desde 1936 existe la atención primaria a la salud, a la que no le estamos dando la importancia que merece.

Necesitamos voltear a ver a la educación. Ahí está la clave de prevenir las enfermedades que son netamente mortales, como es el caso del virus del Ébola, que tiene una mortalidad no del 90 por ciento, del 97 por ciento.

El virus del Ébola es netamente mortal y es mal conocida como una fiebre hemorrágica. Es el mal que da de la pobreza, porque los servicios sanitarios en esa parte del África no tienen cómo combatirla. Por ello requieren de la ayuda y nosotros mismos ayudarlos para poder combatir enfermedades que sean prevenibles.

No podemos apartarnos. El Ébola llegó para quedarse. Requiere control y requerimos estar nosotros prevenidos para poder combatirlo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Sansores. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado Mario Alberto Dávila Delgado:Muchas gracias, diputado presidente. El Ébola es una enfermedad que se ha presentado y que se está presentando actualmente en el África Central, principalmente en los países como Sierra Leona, como Senegal, como Sudán, como Nigeria, entre otros.

Más de la mitad de los casos se han presentado en Sierra Leona. El porcentaje de mortalidad, como ya bien se decía anteriormente aquí en esta tribuna, va desde el 70 hasta el 90, 95 por ciento. Este virus es ubicado en un reservorio animal que son los murciélagos, de ahí pasa hacia animales salvajes como el antílope, como el puercoespín, como el gorila, como el chimpancé y de ahí a través del humano consumir estos animales contrae esta enfermedad y posteriormente se transmite de humano a humano.

Los principales síntomas o inicios son dolor de cabeza, fiebre, vómitos, calambres, enseguida se presentan síntomas más graves como deshidratación, estado de choque y hemorragias severas, por eso es importante que se puedan atender en el dado caso de que se lleguen a presentar de una manera oportuna.

No hay una vacuna en este momento en la actualidad en ninguna parte del mundo. No hay un tratamiento específico. El tratamiento únicamente es sintomático. Se están tomando medidas a nivel mundial a través de la Organización Mundial de la Salud y esto ha causado una alerta epidemiológica mundial, porque pudiera darse el caso de que pueda presentarse una pandemia, es decir, que todos los países del mundo pudieran presentar esta enfermedad.

En México se está previniendo y se está trabajando en el tema y el exhorto que enviamos desde esta Cámara de Diputados es que se tomen las medidas pertinentes a través de la Secretaría de Salud con las detecciones en su momento, si se dieran, con el aislamiento importante, con el tratamiento de sostén y con los cuidados para el personal que llegue a manejar este tipo de pacientes.

También estamos lanzando un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que todas las personas que viajen de África hacia acá, no de una manera directa, sino de una manera indirecta, a través de Europa o a través de Norteamérica, estén al pendiente de estos ingresos.

Asimismo a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración para que tomen las medidas pertinentes por vía terrestre, por vía marítima y por vía aérea. Hay que mencionar que ya existe un caso aquí en el vecino país del norte en Texas y algunos estados los tenemos a menos de siete u ocho horas. Es importante que tomemos las medidas pertinentes para que esto no llegue a ser un caos mundial o una pandemia mundial.

El Partido Acción Nacional está dispuesto a trabajar y estamos dispuestos a colaborar con las medidas necesarias, lo hemos platicado con algunos diputados en la Comisión de Salud y con algunos diputados, como la diputada Leonor, estamos aquí para apoyar este tipo de temas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Gracias a usted. Saludamos a los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores, plantel Aragón de la UNAM, invitados por la diputada Aleida Alavez Ruiz. Bienvenidas, bienvenidos.

Tiene ahora la palabra la diputada María de las Nieves García Fernández, de la fracción parlamentaria del PRI.

La diputada María de las Nieves García Fernández:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Dos premisas fundamentales. Una, en México no se ha presentado un solo caso de Ébola hasta este momento y, dos, nuestra nación se encuentra en estado de alerta más no de emergencia.

Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria son el escenario actual de la última epidemia de Ébola, una enfermedad muy contagiosa y para la que no existe hasta este momento curación comprobada.

Recordemos que si bien es 6 de diciembre de 2013 es la fecha que se toma como el inicio de la propagación de la enfermedad con la muerte de un niño de tan solo dos años de edad a causa de fiebre hemorrágica y posteriormente la muerte de su madre, hermana y abuela en un pueblo al sur de Guinea, no fue sino hasta 22 de marzo del presente año en que el gobierno de aquella nación confirmó la presencia del padecimiento y advirtió sobre su posible propagación a la vecina Sierra Leona.

Este hecho resultaría el punto de arranque de un problema de salud que poco a poco se empieza a extender a otras regiones del planeta, siendo los casos de dos empleadas de salud, Nina Pham y María Teresa Romero, de Estados Unidos y España, respectivamente, las primeras en contraer esa enfermedad fuera de África.

Dada la magnitud de la enfermedad es indispensable que no seamos indiferentes a ella, por lo que debemos emprender acciones de prevención para evitar que el brote de Ébola llegue a nuestro país.

No está de más recordar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, esta epidemia amenaza con durar varios meses más y se considera que hasta la fecha ha cuadruplicado el número de víctimas que se registraron durante el primer brote en 1976, el cual es considerado como el más mortífero pues tuvo un saldo de 280 vidas perdidas y 318 afectados.

Permítanme hacer mención de las declaraciones formuladas el pasado 15 de octubre pasado por Antil Van Buri, jefe de la Misión de Naciones Unidas para la respuesta de emergencia contra el Ébola en las cuales señala, y cito textualmente: el Ébola se está desarrollando más rápido que nosotros y está generando la carrera; no podemos hacer que el Ébola gane.

En México afortunadamente la Secretaría de Salud ha tomado las siguientes acciones: impartición del curso teórico práctico, atención de casos de enfermedades por virus del Ébola en donde se capacitaron 100 especialistas en el país; se han compartido protocolos establecidos para la contención en hospitales particulares, se ha dispuesto de un número específico para reportar posibles casos, se han adquirido 4 mil trajes protectores, dos cápsulas de aislamiento total; se dispuso de un centro único de tratamiento a posibles pacientes con Ébola, ubicado en el Centro Nacional de Rehabilitación, en donde se equiparon 12 cubículos de aislamiento, se diseñó un plan de preparación que divide al país en cinco regiones, en donde hay los hospitales: General de Tijuana, Baja California; el Hospital Universitario de Monterrey, el Hospital de Occidente en Guadalajara; el Hospital del Bajío, de Nuevo León; el Hospital General del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo. Esto es fundamental e importante, compañeras y compañeros legisladores.

Si bien es cierto que nuestro país cuenta con una infraestructura sanitaria y recursos humanos calificados para enfrentar la contingencia, en caso de que toque a nuestras fuerzas, no podemos dejar de lado que el Ébola se convierte rápidamente en uno de los virus más letales para el ser humano, para el cual no se ha desarrollado aún tratamiento ni vacuna que resulte 100 por ciento efectiva.

Es por ello que se vuelve una necesidad imperiosa exhortar a las autoridades sanitarias para que difundan entre la población las medidas preventivas para impedir la propagación de la enfermedad y lleven a cabo acciones que permitan mantener estrictos controles de seguridad, evitando así el posible acceso a esta enfermedad en nuestro territorio.

Es por eso que el grupo parlamentario del PRI se pronuncia a favor de la presente propuesta. Es cuanto, ciudadano presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputada. No habiendo más oradores, consulte la secretaría en votación económica a la asamblea si el punto es de aprobarse.

El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado el acuerdo, comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la detención de ciudadanos cubanos en los Estados Unidos de América.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que suscribe el diputado Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América, atiendan la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en relación con los nacionales cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo y Ramón Labañino Salazar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, Secretario. Para hablar en pro del punto tiene la palabra la diputada Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada Cristina Olvera Barrios:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: en Nueva Alianza somos conscientes de la importancia que tienen ser congruentes con los compromisos internacionales que México ha signado en materia de derechos humanos, razón por la cual evidentemente nos manifestamos a favor de la proposición con punto de acuerdo que hoy hace suya la Junta de Coordinación Política.

Sin duda estamos a favor de abogar por el respeto a los derechos humanos a nivel global y particularmente en este caso en que desde 2005 el grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas emitió su opinión mediante la cual considera que la privación de libertad de los ciudadanos cubanos es arbitraria.

A pesar de lo anterior, creemos necesario referirnos a la congruencia que debe tener nuestro discurso al exterior, toda vez que actualmente en ciertas zonas de nuestro país se está viviendo una crisis en materia de derechos humanos.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sigue aún sin respuesta y el hecho es que en el estado de Guerrero la zozobra y la incertidumbre sean ley hace más difícil la postura de México a nivel internacional.

Cómo podemos condenar a otros países por violaciones a los derechos humanos cuando en Iguala la autoridad manda secuestrar a los ciudadanos.

Compañeras: es imperante ser autocríticos con nuestro desempeño. Si bien es cierto que debemos alzar la voz ante las violaciones de los derechos humanos que sufren los migrantes en los Estados Unidos, también es que todos los días llegan a nuestro país miles de migrantes y no podríamos afirmar que la autoridad nacional es consecuente con la protección de sus derechos.

En la medida que exigimos a otros países cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, es la medida en la que el concierto de las naciones exige respuestas, graves sucesos en Guerrero. Estamos preparados para responder.

Es la más alta prioridad volver la mirada a la crisis de derechos humanos que priva en el estado de Guerrero. Coincidimos que es inadmisible la violación de los derechos de nuestros hermanos cubanos, pero igual o más grave es que las autoridades de Guerrero sean incapaces de asegurar la seguridad de sus ciudadanos.

Nueva Alianza votará a favor del punto de acuerdo, por supuesto, pero no sin señalar que para criticar las acciones de otros estados, tendríamos que ser ejemplo en la protección de los derechos de nuestros nacionales, y los migrantes que buscan oportunidades lejos de sus países. Lamentablemente parece que estamos lejos de cumplir con este objetivo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra para hablar en pro, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán:Con su venia, diputado presidente. En nuestro grupo parlamentario saludamos y vemos con buenos ojos este acuerdo de la Junta de Coordinación Política. No obstante, lo que se ha comentado en esta tribuna, acerca de la evidente crisis de derechos humanos que existe en México, ante la incompetencia de las autoridades de todos los niveles, el caso de los 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural, de Ayotzinapa, Guerrero, es incluso en contra de los esfuerzos que ha hecho el gobierno para atenuar la imagen de esta tragedia, un escándalo a escala mundial.

Sin embargo, es sano, es trascendente, es obligación del Estado mexicano sumarse a las voces que en todo el mundo, como en Cuba, reclaman la liberación de los cinco cubanos que de manera arbitraria –como lo reconoce el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas– están indebida y legalmente presos en los Estados Unidos.

Cuba, a lo largo de los años, ha resistido el terrorismo que desde el imperio, es decir, desde los Estados Unidos de Norteamérica, ha causado infinidad de víctimas con atentados dinamiteros, derribos de aviones y ataques a la propia persona del entonces presidente cubano Fidel Castro Ruz.

Nos parece que sería un despropósito que México no se sumara a las voces libertarias que desde países que han participado en procesos democráticos y revolucionarios, como Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, entre otros, nos aisláramos en este llamado a esta gran potencia que de manera arbitraria, indebida y violando todos los derechos humanos asume una posición autoritaria, prepotente en contra de una nación que siempre se ha distinguido por su política de dignidad a nivel internacional.

Ojalá sigamos el ejemplo de Cuba y ojalá en México las cosas se mejoren con acciones y no nada más con discursos. Es cuanto, diputado presidente. Y por supuesto que estamos a favor de este acuerdo. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. Gracias a usted. Tiene ahora la palabra también para hablar en pro el diputado Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila:Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, dejar que pase desapercibido este tema me parece un error, al menos para quienes durante muchos años hemos pedido un trato justo para la isla, en Cuba.

Hemos pedido entre otras cosas termine el bloqueo criminal económico al que ha sido sujeto Cuba desde hace décadas, y que aun así han superado todos los obstáculos que la derecha mundial, el imperio norteamericano le ha planteado.

Este punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronuncie con el propósito de que las autoridades de los Estados Unidos de América atiendan la opinión o recomendación 19205 del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, me parece pertinente y oportuno.

Deben ser liberados, dice esta recomendación, esta opinión, los cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Gerardo Hernández Nordelo y Ramón Labañino Salazar. Me parece que incuso el Congreso mexicano al pronunciarse una de sus Cámaras en este exhorto, rompe un tabú de muchos años en el que ha sido siempre difícil lograr la unanimidad en beneficio de la isla de Cuba, de este país que ha mostrado una gran dignidad a través de su historia contemporánea.

Por qué razón. Porque no sólo México forma parte de los tratados internacionales que elevan a categoría de ley suprema los mismos, sino que es obligación de nuestro país observarlos y cumplirlos.

Como todos saben, desde 1988 México previene que los principios rectores de la política exterior, si bien son la no intervención; la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estado; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional, también es cierto que México ha suscrito múltiples tratados internacionales, convenios internacionales, instrumentos internacionales que ha ratificado el Senado y que dentro de estos está este propósito o exhorto que ahora se está emitiendo y que espero se vote por unanimidad, porque sería un mensaje de una amigable composición, de una amigable intervención para que cese este criminal acoso contra Cuba y sean liberados tres de sus ciudadanos, que desde el punto de vista de la ONU, de esta comisión investigadora son inocentes y no tienen razón los Estados Unidos de América de tenerlos detenidos, privados de su libertad.

Esta es una lucha que tiene muchos años. Les quiero comentar que no es nueva. Cada vez que hay una reunión interparlamentaria México-Cuba, ya sea aquí o en Cuba, es un tema recurrente que no ha podido ni dilucidarse correctamente ni menos aprobarse en un plan unánime la liberación de estos ciudadanos cubanos. Por eso me parece pertinente.

México atraviesa por una crisis humanitaria. México atraviesa por un momento crucial en materia de derechos humanos. Está en riesgo la nación de ser estimada y acusada por genocidio. El gobierno nacional puede ser incluso sometido a juicio por desaparición forzada, por desapariciones de los 43 normalistas, que en cualquier parte del mundo resultaría un escándalo y ya hubiesen renunciado los titulares de los Poderes en Guerrero y en la Ciudad de México, en México, el Distrito Federal. No hablo de la Ciudad de México, sino por el asiento del gobierno federal que se encuentra en esta ciudad. Pero al gobierno federal y el gobierno estatal y municipal ya estarían sometidos a juicio en cualquier otro país.

Por eso me parece pertinente que al menos se observe una luz en el sótano lejano de que México está optando por la vía correcta en este apoyo, en este exhorto, para que sean liberados tres ciudadanos de un país hermano que han sido sometidos de manera vejatoria, de manera injusta, de manera ilegal, por un país que ha sido adversario, completamente enemigo de esta isla y que están cambiando.

Por cierto, en Estados Unidos de América también hay sectores ya que están cambiando su visión y su papel frente a la isla, a este país que ha demostrado una gran dignidad y decoro en la lucha de sobrevivir frente al acoso de este gran poderoso del norte. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. No habiendo más oradores en la lista, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese.

Están entre nosotros dirigentes de la CNC de Ecatepec, invitados por la diputada Brenda Alvarado Sánchez. Bienvenidas y bienvenidos al pleno, muchas gracias.

Presidencia de la diputada Aleida Alavez Ruiz

MENSAJE DE LA PRESIDENCIA

La Presidenta diputada Aleida Alavez Ruiz:La Cámara de Diputados, en la que participan casi el 40 por ciento de sus integrantes, y son mujeres, comprometidas con la democracia y el trabajo parlamentario, no puede dejar pasar y rememorar que el pasado 17 de octubre se cumplieron 61 años del reconocimiento del derecho de la mujer a votar y ser electas.

Sabemos que desde este derecho, tardíamente reconocido, es una deuda con las mujeres, que fue producto de una lucha que inició desde los años 20 del siglo pasado, en la que destacaron ilustres mujeres como Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib, Beatriz Peniche de Ponce, Amalia Castillo Ledón y Margarita García Flores, entre muchas otras, en los años previos a su reconocimiento.

Sin embargo, han sido millones de mujeres que desde todos los ámbitos de la vida política y pública, desde los partidos políticos, las organizaciones civiles y sociales, desde las colonias, pueblos, la academia, las escuelas, los parlamentos, los gobiernos municipales, estatales, el campo, la industria y todas las actividades, han dado una lucha fructífera para alcanzar lo que les pertenece, su derecho, que desde hace más de seis décadas está vigente.

Las mujeres votan y son electas, gobiernan y deciden bien, no lo demos olvidar, siempre hay que reconocerlo, y exhorto a todos los partidos políticos dar cabal cumplimiento al artículo 41 constitucional y asegurar la paridad en las elecciones del próximo año, por lo que estaremos atentos a este compromiso.

Este pronunciamiento lo hace suyo la Mesa Directiva de esta Cámara, emanado de una redacción conjunta entre varias legisladoras.

Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muy bien.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto de acuerdo.

ACUERDOS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República, con motivo del análisis del II Informe de Gobierno.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., numeral 4. 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en atención a los siguientes

Considerandos

I. El 1o. de septiembre de 2014 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión su II Informe de Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. El segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que cada Cámara podrá, con motivo del análisis del informe de gobierno, solicitar al Presidente de la República que amplíe la información, mediante pregunta por escrito.

III. Conforme a lo establecido en el artículo 129, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Pleno está facultado para solicitar información relacionada con el informe de gobierno a los funcionarios detallados en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las preguntas parlamentarias deberán referenciarse por las áreas temáticas siguientes: a) política interior, b) política exterior, c) política social y d) política económica.

V. De acuerdo a lo establecido en el artículo 130, numeral 5, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, tras calificar la procedencia de los proyectos de preguntas parlamentarias propuestas por los grupos parlamentarios, será responsable de proponer al Pleno el acuerdo mediante el que se determine el número total de preguntas, el número de ellas que corresponda a cada grupo parlamentario y el texto de éstas.

VI. La Cámara de Diputados inició, en su sesión del 2 de septiembre de 2014, el análisis del II Informe de Gobierno del Presidente de la República, por lo que procede la formulación de las preguntas que determine el Pleno para ampliar la información relacionada con el análisis del informe de gobierno.

VII. De acuerdo con los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados y el órgano en el que se impulsan los entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar los acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden. De igual manera, tiene la atribución de presentar puntos de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., numeral 4, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados formulará 42 preguntas al Presidente de la República para que amplíe la información relativa al informe de la situación que guarda la Administración Pública Federal, el cual fue presentado al Congreso de la Unión, el 1o. de septiembre de 2014.

Segundo.El total de preguntas parlamentarias a que se refiere el punto anterior se distribuirá entre los grupos parlamentarios con representación en la Cámara de Diputados, en la siguiente proporción:

a) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: diez preguntas.

b) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional: ocho preguntas.

c) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: ocho preguntas.

d) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México: seis preguntas.

e) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano: cuatro preguntas.

f) Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo: cuatro preguntas.

g) Grupo Parlamentario de Nueva Alianza: dos preguntas.

Tercero.Las preguntas que formulen los grupos parlamentarios cumplirán con lo siguiente:

1. Solicitar expresamente que se amplíe la información contenida en el II Informe de Gobierno.

2. Referenciarse con el área temática a la que corresponda y agruparse en torno a dicha área temática, de conformidad con lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

3. Deberán ser redactadas de manera institucional, además deberán ser claras y concisas para que puedan recibir respuesta en los mismos términos.

4. Concretarse a un único tema para que puedan ser contestadas de manera precisa.

5. Cada pregunta podrá ser precedida por una introducción que sirva para generar un marco de referencia que permita que la respuesta sea concreta y puntual.

Cuarto.Los grupos parlamentarios remitirán a la secretaria ejecutiva de la Junta de Coordinación Política, en medio impreso y electrónico, las preguntas parlamentarias que les correspondan conforme al punto segundo de este acuerdo, antes de las 19:00 horas del martes 28 de octubre de 2014.

Quinto. Concluido el plazo a que se refiere el punto anterior, la Junta de Coordinación Política calificará e integrará las preguntas propuestas por los grupos parlamentarios con el objetivo de remitirlas a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para los efectos legales a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Es el contenido del acuerdo. Hay un orador en pro y le vamos a dar la palabra al diputado Ricardo Mejía Berdeja, para hablar sobre el tema, en pro.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja:Sí, gracias, presidente. Ésta es una facultad que establece el artículo 69 de la Constitución para formular preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo federal.

Nos parece, aunque estamos de acuerdo en lo esencial y además es un dispositivo constitucional, que está muy limitado.

Por ejemplo, al PRI le dan 10 preguntas, sabemos que es en proporción al tamaño de los grupos parlamentarios, pero difícilmente le va a preguntar algo relevante al titular del Ejecutivo, a Peña Nieto; y quienes tenemos muchas preguntas que hacerle en torno a la ineficacia de la gestión solo nos dejan cuatro preguntas, a Movimiento Ciudadano, aunque con cuatro preguntas sería suficiente para dejar en claro que no hay un proyecto gubernamental que avance en el desarrollo del país.

Le vamos a preguntar, por ejemplo, sobre el nivel de endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos 2015 y que pasó de noche, pero que nosotros estamos difundiendo el endeudamiento total, interno y externo por 675 mil 400 millones de pesos para el 2015; mil 850 millones de pesos diarios.

Y la pregunta a Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo es: ¿cómo se podrá hacer frente a esa deuda descomunal cuando la capacidad recaudatoria del país es deficiente? ¿Qué mecanismos se tienen previstos para que este endeudamiento no comprometa la estabilidad macroeconómica del país? ¿De dónde provendrán los recursos para pagar los empréstitos contraídos?

Es decir, con estas preguntas creemos quedará totalmente de manifiesto que el proyecto económico que llevan a cabo es inviable para el desarrollo del país y que es inviable para poder sustentarse. Desde luego que también en materia de derechos humanos le pediremos cuál será la decisión del gobierno, si todos los gobernadores deben asumir su nivel de responsabilidad, no solo el de Guerrero, como él lo ha señalado, sino también el del estado de México, Eruviel Ávila, frente a la catástrofe en materia de seguridad pública, el gobernador también de Chihuahua con el endeudamiento.

Es decir, vamos a hacerle una serie de cuestionamientos que haremos valer en estas cuatro interrogantes. Nosotros creemos que son pocos temas, pero suficientes para exhibir el fracaso económico, político, social y de derechos humanos de este gobierno. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. No habiendo más oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la celebración de una sesión solemne con motivo del Bicentenario de la promulgación del decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana conocido como la Constitución de Apatzingán

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

Primero. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso, establece que  la Junta de Coordinación Política es el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

Segundo. Que el 27 de marzo de 2014 el diputado Manuel Añorve Baños presentó proposición con punto de acuerdo para celebrar una sesión solemne el 22 de octubre de 2014, con motivo del Bicentenario de la promulgación de decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana conocido como la Constitución de Apatzingán;

Tercero.Que el 31 de marzo de 2014, la Junta de Coordinación Política acordó que se celebrará dicha sesión y notificó a la conferencia para la dirección y programación de trabajos legislativos, que en la elaboración del calendario legislativo del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, se tomara en cuenta la fecha del 22 de octubre para la realización de la sesión solemne;

Cuarto.Que el 2 de septiembre de 2014 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, en el cual se incluyó la celebración de la sesión solemne el día 22 de octubre con motivo del Bicentenario de la promulgación de decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana conocido como la Constitución de Apatzingán;

Quinto.Que el artículo 38 del Reglamento de la Cámara de Diputados, faculta a esta Junta de Coordinación Política a proponer el formato de las sesiones solemnes;

Se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Acuerdo

Primero.La sesión que celebrará la Cámara de Diputados el miércoles 22 de octubre del presente a las 10:00 horas, tendrá el carácter de solemne, en conmemoración del Bicentenario de la promulgación de decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana conocido como la Constitución de Apatzingán.

Segundo. El formato en que se desarrollará dicha sesión será el siguiente:

a) Intervención por hasta siete minutos de un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza;

b) Intervención por hasta siete minutos de un integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;

c) Intervención por hasta siete minutos de un integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo;

d) Intervención por hasta siete minutos de un integrante del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México;

e) Intervención por hasta siete minutos de un integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

f) Intervención por hasta siete minutos de un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;

g) Intervención por hasta siete minutos de un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;

h) Intervención a cargo del Presidente de la Mesa Directiva hasta por 10 minutos;

i) Himno Nacional;

Tercero.La logística y organización de la sesión solemne corresponderá a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Cuarto. Se instruye a la secretaría general, llevar a cabo las previsiones necesarias para el ceremonial respectivo.

Quinto. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José Isabel Trejo Reyes (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;  diputado Ricardo Monreal Ávila (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano; diputado Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; diputada María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, secretaria. Tiene la palabra para hablar en pro la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. La Constitución de Apatzingán, formalmente Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, fue promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo reunido en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja.

La Constitución fue válida para las fuerzas de los Insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente durante el transcurso de la guerra de la Independencia de México.

La Constitución de Apatzingán se componía de dos títulos y 242 artículos. Se basó principalmente en la Constitución de Cádiz pero de manera un tanto modificada, pues en oposición a la Constitución española, preveía la instauración de un régimen republicano de gobierno.

Los artículos más relevantes fueron el artículo 1o., el artículo 2o., el 5o., el duodécimo, el décimo tercero, el décimo noveno, el 42 y bueno, no enumeraré ni les diré lo que contiene cada artículo porque no nos alcanzarían los tres minutos.

El gobierno supremo, Poder Ejecutivo, se componía de tres personas que tenían igualdad de autoridad y responsabilidades.

El gobierno se ejercería con una alternancia de cuatro meses. Su autoridad más directa además de la naturaleza ejecutiva y administrativa, era garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad.

El supremo gobierno fue ejercido por José María Cos, José María Liceaga y José María Morelos.

La Constitución realmente nunca tuvo validez ni fue aplicada. Casi un año después de su promulgación su inspirador, José María Morelos y Pavón fue capturado y fusilado finalmente el 22 de septiembre de 1815 y así temporalmente las tropas realistas tomaron nuevamente el control de prácticamente todo el país; pero al final no pudieron impedir que la América mexicana consumara su independencia, primero bajo el nombre de Imperio Mexicano, que finalmente se convertiría en los Estados Unidos Mexicanos. Por tal motivo Movimiento Ciudadano está a favor de este acuerdo. Es cuanto.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. No habiendo más oradores registrados, consulte la secretaría en votación económica a la asamblea si se aprueba el punto.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado el acuerdo, comuníquese.

Continúe la Secretaría con el siguiente punto, cambios en comisiones.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con el resolutivo segundo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se define la integración de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas, me permito comunicar que el diputado Fernando Rodríguez Doval asumirá la presidencia de la mencionada comisión.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito informarle los nombres de los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México que fungirán como consejeros del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el resolutivo segundo del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se define la integración de la Comisión Especial que se ocupa de indagar el funcionamiento de las Instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos, y de su junta directiva, me permito comunicar el cambio en la presidencia de la mencionada Comisión.

Baja

• Diputado Fernando Zárate Salgado (presidente).

Alta

• Diputada Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (presidenta).

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, le reitero la seguridad de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 20 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXII Legislatura.— Cámara de Diputados.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM:

• Que la diputada Judith Magdalena Guerrero López cause baja como integrante del organismo permanente Parlamentarios por las Américas.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, reitero a usted mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 21 de octubre de 2014.— Diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquese.

VOLUMEN II

o

DICTAMENES A PUNTOS DE ACUERDO

RECONOCE Y FELICITA A LOS ATLETAS QUE OBTUVIERON MEDALLAS EN LOS JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD DE 2014

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por los cuales esta soberanía reconoce y felicita a los atletas que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2014, efectuados en Nanjing, China

Honorable Asamblea:

La Comisión Deporte de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Antecedentes

1. Con fecha 9 de septiembre de 2014, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo ante el pleno de la Cámara de Diputados a través de la cual esta soberanía extiende su reconocimiento y felicitaciones a los participantes que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, efectuados en Nanjing, China,

2. El 10 de septiembre de 2014, la Mesa Directiva turnó a la Comisión del Deporte para efectos de análisis y dictamen el asunto mencionado en el numeral anterior, con número de expediente 4902, a través del oficio número DGPL 62-II-1-2002, de fecha 4 de marzo de 2014.

II. Contenido de la proposición

1. El diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos afirma que la palabra deporte proviene etimológicamente del verbo deportare, que para los romanos tenía dos dignificados: el primero es el de “transportar”, mientras que el segundo hacía referencia a una celebración de tipo triunfal (deportae lauream), donde los generales rendían honores a Júpiter y llevaban una corona de laurel.

2. Establece que el deporte a través del tiempo ha significado el desarrollo de actividades que se traducen en actividades físicas ya sea por distracción, educación y pasatiempo, constituyendo un fenómeno sociocultural y educativo de alcances globales.

3. Los Juegos Olímpicos, en los que intervienen deportistas de diferentes naciones, son el encuentro nato en el que se efectúa el deporte competitivo, el cual consiste en superar o vencer a un contrario o a sí mismo. Es una celebración que se remota a la antigua Grecia.

4. Sostiene que, derivado del desarrollo de los Juegos Olímpicos, surgió la inquietud de efectuar otros encuentros deportivos de acuerdo a las características de los deportistas y las disciplinas que practican. Tenemos, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos, los Olímpicos de Invierno y los Olímpicos de la Juventud. Estos últimos se celebraron por primera vez en Singapur en 2010, en el cual participaron atletas cuya edad oscilaba entre 14 y 18 años de edad. Surgen de la necesidad de incluir a los jóvenes en actividades deportivas y de la preocupación constante de reducir la obesidad infantil. Asimismo, se consideran un encuentro que permite el intercambio cultural y un desarrollo benéfico para los jóvenes en aras de su crecimiento.

5. Manifiesta el promovente que la segunda edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud se celebró en días recientes en Nanjing, China, cuyo resultado fue la reunión de 3 mil 600 atletas, en representación de unas 200 naciones, quienes obtuvieron 684 medallas. Se celebraron del 16 al 28 de agosto, tiempo en el que los atletas que representan a nuestro país obtuvieron 14 medallas: 1 de oro, 6 de plata y 7 de bronce.

El resultado fue un avance significativo debido a que en los Juegos Olímpicos celebrados en 2010, los competidores mexicanos obtuvieron 6 medallas, es decir, 5 de bronce y 1 de plata. Los deportes en que se obtuvieron medallas fueron clavados, canoa de velocidad, marcha, prueba de rifle, lanzamiento de bala, futbol femenil, pentatlón moderno, halterofilia, taekwondo, donde se debe seguir impulsando su práctica, pero sobre todo de aquellos en que participaron pero no se logró una calificación entre los primeros lugares.

6. Sostiene que el esfuerzo de los mexicanos que participaron en la segunda edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud debe ser reconocido, ya que no sólo es el resultado obtenido en el encuentro deportivo mundial, sino que es una suma de actividades desarrolladas en múltiples competencias en las que confrontaron a los nacionales y que fueron calificados para participar en competencia con atletas de otras naciones.

7. El logro de los jóvenes competidores se tradujo en la obtención de medallas por posicionarse en los tres primeros lugares de las competencias, debido al esfuerzo de cada uno de los atletas, que van en representación de México.

8. Por ello, esta soberanía reconoce la dedicación y el profesionalismo de los jóvenes deportistas que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, quienes auguramos que mediante su constante preparación lograran una participación en los Juegos Olímpicos, pero que también serán un impulso que motive a las nuevas y a las futuras generaciones en la práctica de los diversos deportes.

9. El diputado promovente afirma que es menester fomentar la actividad física desde la infancia porque permitirá que nuestros niños y adolescentes acompañen su crecimiento con prácticas que eleven su calidad de vida. En ese tenor, la proposición con punto de acuerdo se presenta en los términos siguientes:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados extiende su reconocimiento y felicitaciones a los jóvenes que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, efectuados en Nanjing, China.

III. Análisis, discusión y valoración de la proposición

a) Los integrantes de la Comisión de Deporte se dieron a la tarea de analizar y discutir las consideraciones que sostienen la proposición objeto del presente dictamen, en la reunión ordinaria realizada para tal finalidad.

b) La Comisión de Deporte coincide con el promovente en la importancia de fomentar la actividad física desde la infancia, pues ello permitirá que los niños y los adolescentes acompañen su crecimiento con prácticas que eleven su calidad de vida.

c) Por ello, el desarrollo de actividades físicas, ya sea por distracción, educación o pasatiempo, es en la actualidad un fenómeno sociocultural y educativo que, gracias al apoyo de la tecnología, tiene influencia en todo el planeta.

d) La práctica del deporte es un elemento esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los seres humanos; en el caso de los adolescentes, representa un elemento esencial para su sano desarrollo. No sólo ayudará al fortalecimiento de su organismo, tan importante en esta etapa, sino que también se constituye en un factor de prevención de adicciones y conductas violentas.

e) Particularmente, la visión de los Juegos Olímpicos de la Juventud es alentar a los jóvenes de todo el mundo a adoptar los valores del olimpismo, a través de las actividades artísticas y culturales, así como la convivencia entre los atletas de diferentes naciones, inspirar a quienes compiten a ser embajadores del deporte en sus países, adoptar estilos de vida saludables, al tiempo de tomar un papel activo en sus comunidades para la promoción del deporte.

IV. Modificaciones de la comisión dictaminadora

En razón de lo anterior, los integrantes de la Comisión de Deporte consideraron pertinente que la razón principal de esta felicitación y reconocimiento reside no sólo en el esfuerzo que los atletas realizan al momento de competir en las diversas disciplinas; también es importante la activa participación de los adolescentes en las actividades, adicionales a las competencias, que se realizan en la Villa Olímpica, las que fomentan valores de igualdad, equidad y no discriminación.

Por ello, los integrantes de la Comisión de Deporte acordaron modificar el punto resolutivo único de la proposición original, a efecto de que el reconocimiento se realice no sólo a los ganadores de una medalla sino a toda la delegación mexicana, en conjunto, incluidos atletas, medallistas y personal de apoyo, en virtud de que todos participaron de igual forma en las tareas adicionales que este tipo de Juegos Olímpicos organiza, es fundamental que la ciudadanía reconozca en los jóvenes participantes, una nueva generación de mexicanos que promoverán valores culturales que sin duda contribuirán de forma positiva a la transformación de la ideología del país.

La comisión acordó adicionar un punto resolutivo segundo a la proposición, a efecto de que la Cámara de Diputados haga este reconocimiento en una sesión solemne destinada a tal fin.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados felicita y reconoce a los jóvenes atletas y a la delegación mexicana en conjunto por su destacada participación en los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud, celebrados en agosto en Nanjing, China.

Segundo.Dicho reconocimiento se realizará en la sesión solemne que la Junta de Coordinación Política programe para los efectos del punto anterior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2014.

La Comisión de Deporte, diputados: Felipe de Jesús Muñoz Kapamas (rúbrica), presidente; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Mayra Karina Robles Aguirre, William Renan Sosa Altamira (rúbrica), Regina Vázquez Saut, Fernando Alejandro Larrazábal Bretón (rúbrica), Flor de María Pedraza Aguilera, Gabriela Medrano Galindo, Juana Bonilla Jaime (rúbrica), José Valentín Maldonado Salgado (rúbrica), secretarios; Brasil Alberto Acosta Peña, José Guadalupe García Ramírez, Rafael González Reséndiz (rúbrica), Alejandra López Noriega (rúbrica), Carlos Bernardo Guzmán Cervantes, Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica), Roberto Ruiz Moronatti, Aurora Denisse Ugalde Alegría (rúbrica), Francisco Alberto Zepeda González (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán, Jorge Salgado Parra, Tomás Brito Lara (rúbrica), Catalino Duarte Ortuño, Arturo Escobar y Vega, Delvim Fabiola Bárcenas Nieves (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Teresa Jiménez Esquivel (invitada), Rosa Elba Pérez Hernández (invitada).»

SE PRONUNCIA A FAVOR DEL PLENO RESPETO DE LA SOBERANIA DE UCRANIA

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor del pleno respeto de la soberanía de Ucrania

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores, le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, continúe instando a las partes en conflicto a que, de conformidad con sus obligaciones internacionales, respeten la integridad territorial de Ucrania, mantengan el diálogo y eviten el uso de la fuerza militar y realice un llamado a las partes a garantizar la seguridad y protección de los derechos de todos los nacionales ucranianos sin distinción de su origen étnico y de los mexicanos que residen en Ucrania, presentada el 4 de septiembre de 2014, por la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, numeral 1, fracción VI; 85, 157, numeral 1, fracción I; 176, numeral 1; 182, numeral 3, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con los siguientes apartados:

Antecedentes

En sesión del 4 de septiembre de 2014, la diputada Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó turnarla a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara de Diputados, para su estudio y dictaminación correspondiente.

Contenido

Propone se apruebe un punto de acuerdo para expresar la preocupación por el deterioro de la situación en Ucrania y se pronuncie a favor del pleno respeto de la soberanía de ese país y del diálogo entre las partes en conflicto como mecanismo para resolver todas sus controversias y diferencias de manera pacífica.

Asimismo, plantea se exhorte al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores continúe instando a las partes en conflicto a que, de conformidad con sus obligaciones internacionales, respeten la integridad territorial de Ucrania, mantengan el diálogo y eviten el uso de la fuerza militar, además de garantizar la seguridad y protección de los derechos de todos los nacionales ucranianos sin distinción de su origen étnico y de los mexicanos que residen en Ucrania.

Metodología

La comisión realizó el análisis y valoración de la proposición con punto de acuerdo en comento mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como los antecedentes e información pública disponible al momento de su dictaminación. También se consideraron los comunicados que sobre el particular ha emitido la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Consideraciones

A continuación se destacan algunas consideraciones contenidas en la exposición de motivos de la proposición que se dictamina:

La proponente señala que Ucrania y Rusia han mantenido fuertes lazos históricos y fraternales que datan del siglo IX. En su devenir histórico, los dos países estuvieron estrechamente vinculados al ser partes integrantes de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Menciona que desde la disolución de la URSS en 1991, Ucrania ha sido un importante socio económico de Rusia, destacando su posición como proveedor de granos. En el terreno energético, Ucrania ha desempeñado un papel fundamental, pues además de ser un importante consumidor de gas ruso, las tuberías ucranianas han sido el conducto de tránsito para 80 por ciento del gas natural que Rusia envía a los mercados europeos.

Por ello, considera lamentable que el deterioro de la relación entre estos dos países haya propiciado una crisis entre los mismos, sin que se logren generar las condiciones idóneas para el establecimiento de una paz duradera.

Considera que la integridad territorial de Ucrania ha sido afectada, a pesar que la inviolabilidad de su territorio y de sus fronteras está garantizada por las disposiciones de varios instrumentos jurídicos internacionales, entre ellos, la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2 establece el principio universal para la solución pacífica de controversias -por todos los miembros y no poner en peligro la paz y la seguridad internacional.

Finalmente, indica que este principio de solución pacífica de controversias impone a los sujetos de derecho internacional la responsabilidad de resolver todas sus controversias y diferencias mediante una solución pacífica en el menor tiempo posible.

Al respecto, la Comisión de Relaciones Exteriores tiene en consideración que el Ejecutivo Federal, responsable de la política exterior de acuerdo al artículo 89 de la Constitución Política, ya se ha expresado sobre el conflicto materia de este dictamen, mediante los comunicados de la Secretaría de Relaciones Exteriores números 074 y 054, del 4 de marzo y del 19 de febrero pasados, respectivamente, que, para mejor ilustración, a continuación se transcriben:

México manifiesta su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Ucrania

Martes 04.03. 14/ México, D.F./Comunicado 074

México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Ucrania, incluidos los últimos desarrollos en la República Autónoma de Crimea.

México insta a todas las partes como a todos los actores involucrados en esta crisis dentro y fuera de Ucrania, a ejercer la moderación frente al conflicto; sostener un diálogo directo para restaurar la calma y el orden; encontrar una solución pacífica de la controversia de conformidad con los principios y las obligaciones dispuestas en la Carta de la ONU, así como a evitar que se tomen medidas que impliquen el uso de la fuerza que pudieran exacerbar el clima de tensión y provocar una escalada de la violencia en la región.

Asimismo, México apoya el llamado del secretario general de la ONU, señor Ban Ki-moon, respecto a la necesidad de respetar la unidad e integridad territorial de Ucrania, de conformidad con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. México respalda los buenos oficios que despliega actualmente mediante el envío a Ucrania del vicesecretario general de la Organización, Embajador Jan Eliasson. Finalmente, se insta al gobierno de Ucrania a que de conformidad con sus obligaciones internacionales, continúe garantizando la seguridad y la protección de los derechos de todos sus nacionales sin distinción de su origen étnico.

México lamenta actos de violencia en Ucrania

Miércoles 19.02.14/México, DF/Comunicado 054.

El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamenta el fallecimiento de personas por los actos de violencia registrados en Ucrania y expresa sus condolencias a sus familiares.

México hace un llamado a las partes a evitar la violencia y retomar el camino del diálogo, con base en el respeto a las instituciones, el estado de derecho y los derechos humanos.

Asimismo, y de ser necesario, México insta a las partes a privilegiar el diálogo y la cooperación con los mecanismos regionales de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, tales como el Consejo de Europa, y de alcance global, como los previstos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Adicionalmente, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor San Ki-moon, en una declaración sobre el conflicto, publicada en la página web de la ONU, el pasado 5 de septiembre, señala lo siguiente:

Nueva York, 5 de septiembre 2014 - Declaración atribuible al portavoz del secretario general sobre Ucrania.

El secretario general acoge con beneplácito la noticia positiva de que las consultas de hoy entre el grupo de contacto y los representantes de los grupos armados han tenido como resultado el acuerdo de un cese al fuego. También acoge con satisfacción las recientes conversaciones entre los presidentes de Ucrania y Rusia, que han jugado un papel en el avance de hoy y alienta firmemente a los contactos para continuar.

El secretario general subraya que el seguimiento y la verificación creíble e integral son elementos esenciales para la aplicación con éxito de la cesación del fuego y el plan de paz. Él anima a todos los que se comprometió en el acuerdo para mostrar buena voluntad y dar pasos concretos hacia la implementación urgente, completa y eficaz. Se hace un llamamiento a toda la comunidad internacional a reunirse detrás de estos acuerdos para servir a los intereses de una paz sostenible en base a una solución que conduzca al pleno respeto de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. El cese de las hostilidades permitirá además la ONU y otros actores humanitarios de la comunidad internacional para que presten asistencia humanitaria crítica y otro apoyo necesario a las áreas impactadas.

El secretario general reitera que no existe una solución militar a la crisis en Ucrania. Él afirma firmemente que es el momento de poner fin a este conflicto destructivo de una vez por todas, para detener el derramamiento de sangre y comenzar a reconstruir las comunidades y los medios de subsistencia en una Ucrania fuerte, estable y soberano. Se ofrece todo el apoyo de la ONU a los esfuerzos en esta dirección que proceda ya petición de las partes. (http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=7970)

Ahora bien, la comisión, en su dictaminación, considera que el objeto de la proposición con punto de acuerdo de la Diputada Rosa Elba Pérez Hernández, se encuentra atendida en los contenidos de los comunicados que preceden, además, observa que se han dado avances al menos parciales en el cese de hostilidades cómo confirma la declaración del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, arriba transcrita.

No obstante lo anterior, los integrantes de esta Comisión, en congruencia con la tradición de México en favor de fomentar las vías diplomáticas, y en congruencia con los principios normativos de política exterior que consigna nuestra Constitución Política, específica mente: la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; y el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, consideran pertinente se insista en las posiciones apuntadas y en consecuencia, se apruebe el sentido de la proposición contenida en este dictamen.

Al efecto, estiman que el mismo se realice mediante un exhorto al Ejecutivo federal, por ser el responsable directo del desarrollo, la conducción y la dirección de la política exterior, en los términos de los artículos 76, fracción I, y 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores realice las gestiones que correspondan para materializar la propuesta objeto de este dictamen, por lo que se realizan las modificaciones pertinentes al punto de acuerdo.

Conclusiones

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, basándose en las consideraciones que preceden, estiman aprobar con las modificaciones antes citadas la proposición con punto de acuerdo objeto del presente dictamen, por lo que se somete a la consideración del pleno el siguiente:

Resolutivo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores exprese, respecto a la situación en Ucrania, la preocupación por la situación imperante y se pronuncie a favor del pleno respeto de su soberanía y del diálogo entre las partes en conflicto como único mecanismo, para resolver sus controversias de manera pacífica. Además, que se respete la integridad territorial de Ucrania, se mantenga cese de las hostilidades y el uso de fuerza militar, y se garantice la seguridad y protección de los derechos de todos los nacionales ucranianos sin distinción de su origen étnico, así como la de todas las personas residentes en el país, entre ellos, los de nacionalidad mexicana.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinticuatro días del mes de septiembre del dos mil catorce.

La Comisión de Relaciones Exteriores, diputados:Eloy Cantú Segovia (rúbrica), presidente; Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), Adriana González Carrillo, Cristina Ruiz Sandoval (rúbrica), María del Carmen García de la Cadena (rúbrica), Glafiro Salinas Mendiola (rúbrica), Roberto López Rosado, Fernando Zarate Salgado (rúbrica), Rosa Elba Pérez Hernández, Martha Beatriz Córdova Bernal (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), secretarios; Agustín Barrios Gómez Segués, Tanya Rellstab Carreto (rúbrica), Sergio Armando Chávez Dávalos (rúbrica), David Cuauhtémoc Galindo Delgado (rúbrica), Amalia Dolores García Medina (rúbrica), Luis Antonio González Roldan (rúbrica), José Ángel González Serna (rúbrica), Fernando Alfredo Maldonado Hernández (rúbrica), María Guadalupe Mondragón González, Luis Olvera Correa (rúbrica), María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), José Rangel Espinoza, Alejandro Rangel Segovia (rúbrica), Carla Guadalupe Reyes Montiel, Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, Leopoldo Sánchez Cruz (rúbrica), Crystal Tovar Aragón, Martín de Jesús Vásquez Villanueva (rúbrica).»

ARMONIZAR SUS CUERPOS NORMATIVOS PARA DEROGAR LA FIGURA DE “ADOPCION SIMPLE”

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: «Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de “adopción simple”

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de “adopción simple”.

La Comisión de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero.Con fecha 4 de septiembre de 2014, la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de “adopción simple”.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido dela proposición

La diputada proponente expresa que, datos del informe Los derechos de la infancia y la adolescencia en México, que elaboró el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), nuestro país ocupa el segundo lugar con más número de niños huérfanos en América Latina, detrás de Brasil con 3.7 millones de pequeños.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló en el apartado México en cifras, que hasta 2013 se tenían censados a cerca de 28 mil 107 niñas, niños y adolescentes que vivían en casas hogar, orfanatos y casas de cuna.

Por su parte, la Dirección Jurídica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), indicó que en ese mismo año existían 1.6 millones de niñas y niños en estado de vulnerabilidad grave por orfandad total o parcial, mientras que las redes y organizaciones de la sociedad civil calculaban hasta en 60 mil los niños que cada año ingresan a los albergues de instituciones privadas.

Ante este panorama, el 21 de febrero de 2013 aprobamos en la Cámara de Diputados una reforma innovadora en materia de adopción infantil misma que entró en vigor el 8 de abril de 2013. Esta iniciativa reforma el artículo 391 y elimina los artículos 402 al 410 del Código Civil Federal.

En este tenor, el 14 de marzo del mismo año, se aprobó otra iniciativa para derogar los artículos 139 al 145 del Código Civil Federal; misma que entró en vigor el 24 de diciembre de 2013.

El espíritu de la modificación en comento fue eliminar la figura de “adopción simple”, debido a que esta modalidad sólo establecía un vínculo entre el adoptante y el adoptado dejando a un lado al resto de la familia, por lo que a través de la “adopción plena” se garantiza:

• Una total incorporación del menor al seno familiar.

• Erradicar su discriminación.

• Resguardar el interés superior de la infancia.

• Promover la cultura de la adopción.

• Establecer la posibilidad de que las parejas que viven en concubinato puedan adoptar menores, no sólo los matrimonios.

• A los hijos adoptados, el gozar de los mismos derechos y obligaciones de los hijos consanguíneos.

• Un proceso de adopción más ágil, transparente y efectivo -aunque se debe reconocer la necesidad de continuar trabajando en la materia-.

• El seguimiento de este procedimiento durante los dos primeros años; cada seis meses se visita a la familia para ver cómo funciona la dinámica y si el menor se ha adaptado a esta nueva vida.

Hay que tomar en cuenta que, cuando los menores de edad, candidatos a adopción, bajo el cuidado de cualquier institución privada o social, siguen bajo la patria potestad de sus padres biológicos, es necesario localizar a su pariente más cercano para formalizar la adopción, lo cual, muchas veces, complica y retrasa el proceso.

Por otro lado, los beneficios de la adopción son muchos, entre los cuales encontramos:

• Los menores desamparados podrán crecer al interior de una familia, cuyo núcleo siempre ha sido, es y será el pilar de la sociedad.

• Con la adopción cambiamos vidas, ya que estamos dando la oportunidad de ser felices a niños que han sido objeto de abuso, maltrato y que han tenido una serie de experiencias difíciles.

• La familia es la base para el desarrollo integral de los menores, ya que es el lugar donde crecemos, donde aprendemos a ser quienes somos, donde formamos nuestra personalidad, donde adquirimos valores y el principal cimiento de nuestro entorno emocional.

En consecuencia, en la legislación federal se han dado importantes avances en esta materia, por ello propongo, con pleno respeto a las esferas competenciales de los congresos estatales, que eliminen de sus respectivos códigos civiles la figura de adopción simple por considerarse discriminatoria y violatoria del interés superior de la infancia.

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, exhorta respetuosamente a los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de “adopción simple”.

Consideraciones

Primera. En cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internaciones, el constituyente permanente ha venido creando un marco jurídico que preserva los derechos de la infancia.

Así tenemos, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en todas las decisiones y actuaciones el estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Asimismo, la reforma constitucional, relativa a los derechos humanos, dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De esta forma el primer párrafo de artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el principio de convencionalidad, señalándose que:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

En ese sentido, se expresa el principio pro-persona, y la obligación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para respetar los derechos humanos, de esta forma, en el segundo y tercer párrafo se señala lo siguiente:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Segunda. Entre los tratados internacionales de los que es parte México, se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, la cual fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1989 y que fue suscrita y ratificada por el estado desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, la que contiene un catálogo de derechos humanos dirigidos a las niñas, niños y adolescentes. Es así que el artículo 21 señala lo siguiente:

Artículo 21

Los estados parte que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial.

Tercera. El ocho de abril de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que reforman y derogan diversas disposiciones del Código .Civil Federal, quedando derogados la sección segunda, “De la Adopción Simple”, con los artículos 402 al 410, del capítulo V “De la Adopción”, del título séptimo “De la Paternidad y Filiación”, del libro primero denominado “De las Personas”.

Con la derogación del término “adopción simple” del Código Civil Federal sólo queda la figura de la adopción plena, la que se estima es más adecuada a los intereses superiores de los menores de dieciocho años e incapaces, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.

Cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala mediante la Tesis 1ª.CXLI/2007, Tesis Aislada en materia Civilque:

“la expresión ´interés superior del niño´... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativas a la vida del niño”.

Cuarta. Por lo tanto, los Congresos de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, deben armonizar sus cuerpos normativos civiles o familiares para derogar la figura de adopción simple, para dar paso al reconocimiento de la adopción plena, quedando como la única instancia que establezca los vínculos de filiación que hagan posible la integración total y definitiva en el núcleo familiar de un menor de edad o de un incapaz, como si se tratara de un hijo consanguíneo, con los mismos derechos y deberes que a éstos correspondan, no únicamente frente a sus adoptantes, sino también frente a toda la familia y núcleo social, con la exención de aquellos derechos y deberes que lo atan a su familia natural, procurando en todo momento salvaguardar el interés superior de la niñez.

Es así que esta comisión considera que la derogación de las disposiciones que se advierten conlleva el interés de avanzar hacia la exclusión de la modalidad de adopción simple o semiplena, buscando con ello garantizar al adoptado su incorporación integral o absoluta a la familia del adoptante, con los mismos derechos y deberes que un hijo consanguíneo, ya que la adopción simple se caracteriza porque los efectos de la adopción, los derechos y obligaciones se limitan precisamente al adoptante y al adoptado.

Por ello, esta comisión se pronuncia a favor de exhortar respetuosamente a los Congresos de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, a efecto de que realicen las acciones necesarias para armonizar su marco jurídico para derogar la figura de la adopción simple.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Comisión Derechos de la Niñez somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno reconocimiento a la libertad y autonomía en todo lo concerniente al régimen interior de los estados, exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de “adopción simple”.

Notas:

1. Diario Oficial de la Federación de día 08/04/2014 http://dof.gob.mx/ nota_detalle.php?codigo=5294761&fecha=08/04/2013

2. htpps://www.scnj.gob.mx/conocelacorte/ministra/justicia_constitucional29oct08.p df

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz.»

ARMONIZAR LAS LEYES ESTATALES CON LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo relativo a la armonización de las normativas estatales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos locales, a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que a la brevedad armonicen su legislación con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La Comisión de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 9 de septiembre de 2014, la diputada Zuleyma Huidobro González y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo relativo a la armonización de las leyes estatales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que la muerte de 49 pequeños en el incendio de una guardería privada, que funcionaba bajo el modelo de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social, la tarde del 5 de junio de 2009, fue una tragedia inimaginable que sacudía al país. La guardería ABC no contaba con las más elementales medidas de seguridad, se tuvo conocimiento de esto según las investigaciones oficiales.

La pena, el luto y la indignación social crecieron en forma proporcional al conocimiento de los múltiples hechos de negligencia y omisión que habían dado lugar al incendio. Solo el gobierno parecía no conmoverse frente a la tragedia que había cobrado 49 vidas apenas iniciadas.

Indica que, el incendio de la guardería ABC, representa una de las más grandes tragedias ocurridas en el país, por ello, se creó la norma que establece los lineamientos generales en materia de protección civil en las guarderías sujetas a reglamentos locales.

La ley del “5 de Junio” es una iniciativa ciudadana promovida por los papás y mamás de los menores muertos y heridos por el incendio en la guardería ABC, para evitar que dicha tragedia se repitiera.

El 24 de octubre del 2011 fue promulgada la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

El artículo quinto transitorio de dicha ley estipula que las Entidades Federativas contarán con un plazo de un año para expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes conforme a la ley, a partir del día en que entró en vigor el decreto.

Menciona que, a casi de tres años de la publicación, los avances más importantes en adecuación de las leyes locales con la “Ley 5 de junio” son Calima, Sonora, el estado de México, Puebla, Yucatán, Saja California, Jalisco, el Distrito Federal y Tabasco.

A cinco años de la tragedia de la guardería ABC, es poca la sensibilidad que se muestra en los estados y el Distrito Federal, al no armonizar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

En consecuencia, somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos locales, a los Congresos Estatales, al gobierno y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que a la brevedad armonicen su legislación, con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Consideraciones

Primera. En cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales de los que México es parte, el Poder Legislativo Federal ha creado diversas normas legales que preservan y protegen los derechos de la niñez.

En este sentido, se encuentra la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Asimismo, tenemos la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el principio de Convencionalidad, que a la letra dice:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

En ese sentido, en la reforma se expresó el principio pro-persona, y la obligación de las autoridades en los tres órdenes de Gobierno para respetar los derechos humanos, la cual a continuación se detalla:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Segunda. A partir de los lamentables acontecimientos ocurridos en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora en junio de 2009, donde lamentablemente murieron 25 niñas y 24 niños, y 70 más resultaron con lesiones respiratorias, del corazón y físicas; se iniciaron trabajos de análisis y desarrollo de un esquema normativo que regule, autorice, controle, supervise, evalúe y en su caso, sancione la operación de los Centros de Atención en los que se presta el servicio de guarderías en México.

De ahí que el 24 de octubre de 2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la cual reconoce como un derecho de las niñas y los niños recibir cuidados en cualquier guardería o centro de desarrollo infantil del país.

En la Ley, se establece la concurrencia entre la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y sus órganos político- administrativos, con el fin de garantizar efectivamente en el territorio nacional que niñas y niños tengan acceso a servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, seguridad, protección, calidez y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez.

Asimismo, la ley establece reglas en materia de capacitación, otorgamiento de permisos, evaluación, verificación, medidas precautorias, entre otras, y establece diversos instrumentos, mecanismos institucionales y acciones de política pública, con obligaciones concretas por parte de los distintos órdenes de gobierno.

Por otro lado, la norma obliga a las autoridades responsables a lograr la observancia y ejercicio del derecho de niñas y niños a un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; a la atención y promoción de la salud.

También se incluye en el artículo transitorio Quinto, la disposición que mandata a las Entidades Federativas a expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes conforme a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, contando con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Tercero. Con base en lo anterior, es necesario tomar en cuenta que la Ley antes mencionada, fue impulsada por ciudadanas y ciudadanos madres y padres de familia que desafortunadamente sufrieron la pérdida de sus hijas e hijos, y otros de los que niñas y niños resultaron con heridas permanentes, hechos derivados del incendio de una guardería denominada ABC, ubicada en Hermosillo Sonora.

Por ello, la importancia del cumplimiento en esta Ley, radica en el control que se podrá ejercer en este tipo de instituciones y con ello evitar otro suceso tan lamentable como el ocurrido en Hermosillo, Sonora.

A pesar de que han transcurrido casi tres años de la entrada en vigor de la legislación en comento, son diversas entidades federativas las que no han homologado sus legislaciones locales a la ley general, por lo que es sumamente importante exhortar respetuosamente a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que a la brevedad armonicen o expidan la legislación en la materia, según sea el caso, conforme a lo previsto en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Finalmente, esta Comisión considera necesario hacer modificaciones a la propuesta, a fin de que la redacción quede más clara.

Por lo expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que a la brevedad armonicen su legislación, con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz.»

DECLARAR EL 19 DE NOVIEMBRE COMO “DIA NACIONAL CONTRA EL ABUSO SEXUAL INFANTIL”

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar acciones para declarar el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar acciones para que se declare el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

La Comisión de los Derechos de la Niñez, con fundamento los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 67, 80, 84, 85, 157, 162, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 4 de septiembre de 2014, la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar acciones para que se declare el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la proposición

La diputada proponente señala que las formas de violencia contra los niños y los adolescentes apenas se están haciendo evidentes por el daño que causan. El creciente aumento del abuso sexual y las violaciones sexuales hacia este sector de la población han puesto en evidencia la urgente necesidad de prevenir, atender y combatir este grave delito, además de contar con ordenamientos eficaces que brinden justicia a las víctimas, delito que muchas veces es silencioso.

Ante los miles de casos que se encuentran impunes y a fin de contribuir a la protección de las niñas y los niños contra este flagelo, en 2000 se instauró el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. Se conmemora cada 19 de noviembre y tiene por objetivo crear un punto de conciencia destinado a poner en evidencia el problema del abuso sexual infantil y de crear políticas públicas bajo la necesidad de intervenir urgentemente, en un principio, en la difusión de programas de prevención, atención y erradicación del mismo.

Señala que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que “aproximadamente 20 por ciento de las mujeres y de 5 a 10 por ciento de los hombres manifiestan haber sufrido abusos sexuales en la infancia, mientras que 23 por ciento de las personas de ambos sexos refieren maltratos físicos cuando eran niños”.

Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “21 por ciento de las mujeres que sufrieron violencia física y/o sexual ha pensado en suicidarse (12 por ciento) o lo ha intentado (9 por ciento)”, apuntan que “19 por ciento de mujeres de 15 años y más, actual o anteriormente casadas o unidas, que enfrentó violencia física o sexual, que equivale a 6 millones de mujeres (3.3 de las actualmente casadas o unidas y 2.7 de las anteriormente unidas)”.

Estas estadísticas nos dan una mínima idea del problema que enfrentamos hoy en día. De manera dramática los menores de edad no son escuchados, mucho menos atendidos adecuadamente, tanto desde el seno familiar, al no encontrar muchas veces apoyo y desde la sociedad misma, al ser revictimizados sistemáticamente sin una atención adecuada por parte de los aplicadores de la ley.

Finalmente reitera que, por ello, se propone que entre una de las acciones que se deben generar de manera urgente a nivel nacional, es crear la concientización acerca de la magnitud y los impactos negativos del abuso sexual infantil, con el propósito de prevenir y erradicar tal problemática. Pues el aumento de las medidas preventivas, la mejora de las técnicas de protección, la sensibilización de la opinión pública y el estímulo de la denuncia, puede ser el comienzo de un trabajo encaminado a prevenir, atender y erradicar en la medida de lo posible este terrible mal.

Por esta grave realidad, consideramos pertinente que nuestro país declare este día, como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, para que se contribuya a la creación de una cultura de prevención, que se respalde con la difusión de programas de prevención, con actividades y/o actos locales, estatales y nacionales; asimismo programas educativos en todas las áreas, a crear vínculos con asociaciones civiles públicas y privadas, entre otras.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a instaurar las acciones necesarias para que se declare el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, a fin de crear políticas públicas que prevengan y atiendan de manera urgente este delito.

Consideraciones

Primera. En cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que México es parte, el Poder Legislativo federal ha creado diversas normas legales que preservan y protegen los derechos de la niñez.

En este sentido, se encuentra la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Asimismo, la reforma constitucional, relativa a los derechos humanos, dio un cambio radical en el tradicional paradigma en la tutela de los derechos inherentes a la persona. De esta forma el primer párrafo de artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el principio de convencionalidad, señalándose que:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.

En ese sentido, se expresa el principio pro-persona, y la obligación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para respetar los derechos humanos, de esta forma, en el segundo y tercer párrafo se señala lo siguiente:

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

Sin embargo, a pesar de que se han implementado una serie de medidas para la prevención de este mal y de que la población en general tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez, el abuso existente en contra de este sector de la población es muy preocupante.

Segunda. Entre los tratados internacionales de los que México forma parte, se encuentra la Convención de los Derechos del Niño, la cual fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1989 y que fue suscrita y ratificada por el Estado mexicano desde el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, la cual contiene un catálogo de preceptos dirigidos a las niñas, niños y adolescentes; dentro de los cuales se puede advertir el interés superior de la niñez. De acuerdo con el artículo 133 de nuestra Constitución este tratado es ley suprema de nuestro país; y es así que el artículo 19 señala lo siguiente:

Artículo 19

1. Los estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Tercera. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es una realidad dolorosa que ha venido ocurriendo a lo largo de los años en nuestro país, y después de casi tres años de haberse aprobado la reforma constitucional por la cual se contempla el interés superior de la niñez, y sobre esa base, haberse implementado medidas de todo tipo al respecto, desafortunadamente no se ha podido erradicar este flagelo en contra de niñas, niños y adolescentes, lo cual resulta preocupante para la sociedad entera y, en particular, para los legisladores. Este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier lugar, como por ejemplo: hogares, escuelas, lugares de trabajo, entre otros.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hace mención de que la violencia sexual contra los niños es una grave violación de sus derechos. Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual en la prostitución o la pornografía. Puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia.

Cabe mencionar que cada día los teléfonos móviles e Internet ponen a los niños en riesgo de violencia sexual, ya que algunos adultos utilizan los avances tecnológicos, así como el Internet para buscar tener contacto o, en casos extremos, relaciones sexuales con niños.

Así también, a cada momento, hay un aumento en el número y la circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños y niñas. Los menores de edad también envían entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual en sus teléfonos móviles, los llamados “sexting”, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso.

Por otro lado, la mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación a causa del estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. La tolerancia social y la falta de conciencia también contribuyen a que no se denuncien muchos de los casos.

Las investigaciones indican que la violencia sexual puede tener consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no sólo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Esto incluye los riesgos de padecer enfermedades, embarazos no deseados, trastornos psicológicos, estigma, discriminación y dificultades de aprendizaje, entre otros.

Cuarta. Por ello, resulta trascendental crear una conciencia generalizada sobre lo que acontece en nuestro país; y si bien es cierto que el 19 de noviembre se declararía como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, tiene ya una relación estrecha con el “abuso sexual infantil”, también lo es que, la “prevención” no ha resultado una forma correcta de crear conciencia en la sociedad para erradicar este mal; pues la palabra prevención denota un sentido de inexistencia del mal. Es por eso que debemos asumir la realidad, con base en datos duros sobre las estadísticas de niños abusados sexualmente, por lo que: el declarar el 19 de noviembre como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, es una forma de asumir esta realidad y llamar a las cosas por su nombre.

Resulta innegable la situación por la que atraviesa nuestro país, pues en diversas notas periodísticas se puede encontrar información sobre el incremento a las denuncias de abuso sexual contra menores de edad; en cuanto a cifras corresponde, tenemos que a lo largo de 2013 se registraron 5 mil 736 denuncias por violación infantil, y sólo en el primer trimestre de 2014 se han presentado 2 mil 216, casi la mitad de las acusaciones del año pasado; esto con base en investigaciones en 25 de las 32 entidades de la república a través de los portales de transparencia.

Por otra parte, la agresión sexual, hoy en día no distingue sexo, edad, religión o niveles socioeconómicos, por lo que es necesario implementar más y mejores técnicas, así como políticas públicas para la prevención y erradicación de este problema social; y declarar el 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil coadyuvaría a mejorarlas o visto desde otro punto de vista, sería una de ellas.

Por ello, la relevancia de este punto de acuerdo radica en crear conciencia de la sociedad y de las autoridades para atacar este tipo de abuso en contra de los menores de edad. Por lo que la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados se pronuncia a favor de la declaración del 19 de noviembre como Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que instrumente las acciones necesarias para que sea declarado el 19 de noviembre como el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, con la finalidad de crear políticas públicas, que prevengan atiendan y erradiquen de manera urgente este delito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez, Leopoldo Sánchez Cruz.»

CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE INFORMACION SOBRE LA PREVENCION DEL SUICIDIO

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa y a la SEP a atender mediante campañas y programas informativos sobre prevención la problemática del suicidio

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 11 de septiembre de 2014, el diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, a fin de atender la problemática del suicidio en nuestro país, mediante campañas y programas de información sobre la prevención de este fenómeno.

2. Con misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta a la SSA y a la SEP a atender, mediante campañas y programas informativos sobre prevención, la problemática del suicidio en el país.

IV. Consideraciones

Primera.La OMS declara que el suicidio ha ido en incremento en los últimos años, aún y cuando éste se haya ponderado con el incremento de la tasa de crecimiento de la población, sin embargo advierte que las causas del suicidio son multivariadas, dentro de la cuales, el principal factor es la salud mental, declarando lo siguiente:

“la mayoría de las personas que cometen suicidio presentan un trastorno mental diagnosticable. El suicidio y los comportamientos suicidas son más frecuentes en pacientes psiquiátricos” (OMS, 2000:6).

Aunque la mayoría de los que cometen suicidio presentan un trastorno mental, gran parte de ellos no visitan a un profesional en salud mental, incluso en países desarrollados.

El factor es agravado por el abuso de sustancias toxicológicas como el alcohol y las drogas. Además, factores como el desempleo, la falta de integración al mercado laboral, la insatisfacción de las necesidades de los individuos, la falta de percepción de ingresos para generar utilidad, representan uno de los muchos factores que pueden influir en las personas para terminar con su vida.

Segunda. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llevó a cabo una serie de estadísticas descriptivas en donde especifica la cantidad de suicidios e intentos de suicidio en el país, y sus principales factores.

Del 2007 a 2011 hubo un incremento del 30.1 por ciento en la cantidad de suicidios, de los cuales, el principal método es Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, representando alrededor del 80 por ciento en ambos años. Esto contradice a las especificaciones de la OMS en donde señala que la principal herramienta es el arma de fuego o el abuso de sustancias tóxicas. Por lo tanto, las especificaciones de política pública en materia de prevención del manejo de las herramientas no son aplicables para el caso de México, según lo estipulado por la OMS.

Tercera. La Ley General de Salud especifica en la materia de salud mental lo siguiente:

Artículo 73.Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

I.El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

II.La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

III.La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

Cuarta. La edad poblacional más afectada por el suicidio es la juventud. El Inegi indica en 2007 que la población más afectada es la del rango de edad de 15 a 24 años de edad, con un 27.5 por ciento del total de los casos. Para 2011 crece a 31.04 por ciento en el mismo rango de edad. En relación con la ocupación, los que están desempleados son el grupo que más se suicida, pasando del 26.8 por ciento a 28.7 por ciento entre los 2 años analizados. Esto indica que precisamente, la situación laboral y económica de las personas incide sobre su decisión de suicidarse, sin embargo, es considerado por la OMS como un factor exógeno y una variable fuera de control.

Quinta.La OMS declara que los suicidios como tal no representan una enfermedad, pero los trastornos mentales y la depresión son un factor muy importante que induce al suicidio.

Ante esto, propone que se observen cuidadosamente los signos de la depresión que podrían conducir a las personas a suicidarse:

• Cansancio

• Tristeza

• Falta de concentración

• Ansiedad

• Irritabilidad

• Trastornos del sueño

• Dolor en diferentes partes del cuerpo

Los siguientes factores aumentan el riesgo de suicidio en personas con depresión:

• Edad menor de 25 años en varones

• Fase temprana de la enfermedad

• Abuso del alcohol

• Fase depresiva de un trastorno bipolar

• Estado mixto (maniaco-depresivo)

• Manía psicótica

Además, expresa la OMS que la propensión a suicidarse es observable mediante la declaración misma del acto que los afectados hacen antes de cometer el suicidio.

Sexta. Un estudio hecho por Pérez-Amezcua (2010) publicado en la revista Salud Pública de México sobre una muestra representativa de adolescentes en las escuelas públicas indica que la sintomatología depresiva está correlacionada directamente con la ideación y esto podría advertir a las autoridades competentes a prevenir este problema.

Es preciso entonces que la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuente con información actualizada y representativa de escuelas públicas del nivel medio superior, para diseñar estrategias y disminuir este problema.

Séptima. Los suicidios en el país se han incrementado considerablemente en los últimos años y el problema sigue latente, sobre todo extendiéndose a los grupos de jóvenes y adolescentes. Considerando que los factores de la salud mental y la depresión son signos que pueden conducir a las personas al suicidio, además de que las estadísticas del Inegi permiten dilucidar el incremento de este fenómeno en los últimos años.

Los integrantes de la comisión de salud ven la factibilidad de la aprobación de este punto de acuerdo con modificaciones al incluir el tratamiento especialmente en pacientes con depresión, ya que es un factor importante señalado por la OMS para poder atender el problema del suicidio.

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal para que implemente programas y acciones focalizadas al tema del suicidio buscando no solo atender el problema sino prevenirlo.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal, para que implemente en coordinación con la Secretaría de Salud, campañas y programas de información sobre el suicidio, especialmente en pacientes con depresión, buscando llegar al sector más vulnerable que es el de los adolescentes.

Nota:

1 Ideación suicida definida como aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos sobre la muerte autoinfringida, sobre las formas deseadas de morir y sobre los objetos, circunstancias y condiciones en que se propone morir (Lourdes Eguiluz, publicado en Perspectivas sistémicas, No. 78, septiembre-octubre de 2003).

Palacio Legislativo, a los 15 días del mes de octubre del 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré, Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

INFORMACION SOBRE METODOS ANTICONCEPTIVOS Y CONSECUENCIAS DE DESARROLLAR UNA VIDA SEXUAL ACTIVA A TEMPRANA EDAD

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:«Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a ejecutar instrumentos suficientes y eficaces que garanticen la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos y la relacionada con las repercusiones de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la proposición con punto de acuerdo en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con punto de acuerdo.

En el apartado “Contenido de la proposición con punto de acuerdo”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la Proposición con punto de acuerdo en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. Con fecha 24 de septiembre de 2014, el diputado Enrique Aubry de Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles gubernamentales, a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la presente proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los tres niveles de gobierno a ejecutar instrumentos suficientes y eficaces para garantizar la difusión de información relativa a los métodos anticonceptivos y a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

Consideraciones

Primera. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, se indica que en los países en desarrollo unas 222 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan algún método anticonceptivo.

Así bien, la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean, y determinar el intervalo de tiempo entre los embarazos. Por otro lado, al reducir la tasa de embarazos no deseados, la planificación familiar también disminuye la necesidad de efectuar abortos peligrosos. Además, la planificación familiar permite que las personas tomen decisiones bien fundamentadas con relación a su salud sexual y reproductiva. Brinda además la oportunidad de que las mujeres mejoren su educación y puedan participar más en la vida pública y laboral.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO, emite en 2010 la justificación individual y social de la educación en sexualidad en donde afirman:

En un contexto dentro del cual la ignorancia y la información errónea pueden representar una amenaza para la vida, la educación en sexualidad es parte de la responsabilidad que deben asumir las autoridades y establecimientos de salud y educación. Interpretada en su forma más simple, los maestros y maestras de aulas deben trabajar en colaboración con los padres, madres y comunidades con el de garantizar la protección y bienestar de niños, niñas y jóvenes (UNESCO, 2010:3)”.

De esta manera se considera a la educación sexual como factor primordial para el establecimiento de actividades en la agenda pública.

Segunda. La población mexicana llegó en 2014 a 119 millones 713 mil 203 habitantes, de los cuales 18.2 por ciento son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 24 años, estimó el Consejo Nacional de Población, Conapo.

Para el caso de México, las estimaciones del Consejo Nacional de Población determinan con representatividad estatal, los principales indicadores de salud sexual y reproductiva de adolescentes, en donde a nivel nacional, la edad promedio para el inicio de la vida sexual activa es a los 15.9 años, de los cuales, el 37.6 por ciento utilizaron algún método anticonceptivo, siendo el condón el método más utilizado con un 89.3 por ciento.

De esa población joven se desagrega la información dada por la Conapo en donde indica un porcentaje del 96.9 por ciento de la población adolescente con vida sexual activa que conoce al menos un método anticonceptivo.

En ese sentido, el acceso a la información que tienen los jóvenes es considerablemente alto, sin embargo, la diferencia entre aquellos jóvenes informados y los que no utilizan al menos un método anticonceptivo, puede ocasionar que se dispare el número de embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.

Datos de la ENADID 2009 (los más recientes) indican que el 27.4 por ciento de los embarazos entre los jóvenes no fueron planeados y 12.9 no deseado.

Tercera. La Ley General de Salud indica en su artículo 3 fracción V lo referente a planificación familiar y XV prevención y control de enfermedades trasmisibles como materia de salubridad general.

Asimismo, en el capítulo IV artículos 67, 68, 69 y 70 se muestra como carácter prioritario la planificación familiar para garantizar el bienestar general de la población. De esta manera, se especifica que la población en edad adolescente y joven, reciba la información y educación necesaria y adecuada, para evitar los embarazos a temprana edad, no planeados y no deseados, así como las enfermedades de transmisión sexual.

Cuarta. En el mismo capítulo sobre Planificación Familiar de la Ley General de Salud artículo 71, la Secretaría de Salud presentará el asesoramiento adecuado a la Conapo para la emisión de los programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual.

1. Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes

En donde los objetivos generales son:

- Promover en los adolescentes la adquisición del conocimiento y capacidades necesarias, la información sobre derechos sexuales y reproductivos y los beneficios de su ejercicio en la salud sexual y reproductiva.

- Contribuir a que la población adolescente tenga acceso y reciba servicios en salud sexual y reproductiva de calidad, acordes a sus necesidades en todas las entidades federativas del país.

- Contribuir al desarrollo y bienestar de las y los adolescentes, mejorando su salud sexual y reproductiva y disminuir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual.

Por su parte, el Reglamento de la Ley General de Población, en el artículo 16 refiere:

La información y los servicios de salud, educación y demás similares, que estén relacionados con programas de planificación familiar, serán gratuitos cuando sean prestados por dependencias y organismos del sector público...

Quinta. Sabiendo de los datos duros que evidencian la problemática y los programas ya establecidos por las dependencias correspondientes, los integrantes de la comisión de salud ven factible la aprobación de este punto de acuerdo, ya que actualmente, aún y cuando las dependencias gubernamentales tengan en operación programas y la ley es explícita al respecto para combatir el problema del embarazo en la adolescencia, los datos muestran que el problema está agravándose a cada día.

Por lo expuesto, los integrantes de la comisión dictaminadora de la LXII Legislatura sometemos a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las diferentes autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos; la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

Nota:

1 Revisar la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, con datos del 2009, fecha de la última actualización.

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquese.

DICTAMENES NEGATIVOS DE INICIATIVAS        LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día son dictámenes en sentido negativo.

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII Bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 89 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictaminen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados y su turno.

II. En el apartado de “Descripción de la iniciativa”, se indica la materia sobre la que versa la iniciativa, el contenido sustancial de la propuesta legislativa y los argumentos en que se sustenta.

III. Por último, en el apartado de “Consideraciones”, la Comisión dictaminadora realiza las reflexiones necesarias para motivar y determinar el sentido de la resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente para el caso en concreto y la doctrina aplicable.

I. Antecedentes

I. En sesión de la Comisión Permanente, de fecha once de junio de dos mil catorce, la diputada Dora María Talamante Lemas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

II. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, el día once de junio de dos mil catorce, acordó turnar el proyecto de decreto antes citado, para estudio y dictamen correspondiente, a la Comisión de Asuntos Indígenas.

III. El 17 de junio de 2014, la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura recibió la iniciativa citada, mediante oficio número CP2R2A.845, emitido por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

II. Descripción de la iniciativa

1. La iniciativa que presenta la diputada Dora María Talamante Lemas, plantea que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres deberá implementar capacitaciones permanentes dirigidos a las autoridades estatales y municipales, que fomenten el conocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres indígenas y prevengan la violencia, bajo los siguientes términos:

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I-XIII. ...

XIII Bis. Desarrollar, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, programas de capacitación de manera permanente, que fomenten el conocimiento de los Derechos Humanos de las niñas Indígenas y Mujeres y prevengan la violencia en su contra, dirigidos a las autoridades estatales y municipales.

XIV-XIX. ...

2. Refiere en el apartado de Planteamiento del Problema que en los últimos años se ha avanzado de manera importante en materia de igualdad de género con la modificación del marco jurídico para el acceso de las mujeres a sus derechos, abreviando con ello, la brecha que existe de desventaja en relación con los hombres.

Cita que de acuerdo con las cifras del Inegi, en México existen 2,443 municipios, de los cuales 871 son indígenas o municipios que cuentan mayoritariamente con presencia de población indígena. Asimismo, refiere que la situación de las mujeres en México, al igual que en el resto del mundo, observan mayor marginación y vulnerabilidad en materia de derechos humanos, enfrentándose a múltiples discriminaciones.

La proponente expone que las mujeres indígenas, afrontan situaciones que limitan su desarrollo, impiden el acceso al pleno ejercicio de los derechos humanos y hasta las marginan, siendo que desempeñan un papel importante en la recomposición del país en su conjunto, por lo que con la propuesta de reforma pretende promover la orientación y capacitación, tanto de las mujeres indígenas como de las autoridades federales, estatales y municipales, en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, argumenta la legisladora que en las comunidades indígenas, se radicaliza la desigualdad de la mujer debido a usos y costumbres, porque las estructuras genéricas son más rígidas y tienen una marcada división sexual del trabajo, además, los roles sexistas están íntimamente ligados con la maternidad y se desarrollan de manera primordial en la esfera doméstica y familiar.

3. En el apartado de argumentación, la diputada proponente señala diversos ordenamientos jurídicos internacionales, tanto en materia de derechos indígenas, como de eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres; que debido a su ratificación, el Estado Mexicano se obliga a cumplir.

En este sentido, menciona la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento que contiene una serie de derechos humanos y libertades fundamentales de los cuales deben gozar los indígenas como pueblo o persona.

Adicionalmente, la legisladora indica que bajo esta Declaración, la legislación indígena debe garantizar la protección de derechos humanos, sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, además, de prever mecanismos de exigibilidad, sin exclusión alguna, menos de mujeres y niñas indígenas que conforman la mitad de la población indígena mexicana.

Hace notar que existen herramientas internacionales, tales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), que buscan eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y dota de derechos a toda la población femenina de México, por el simple hecho de que los ha suscrito. También, determinan que [...] “los Estados deben mejorar continuamente sus condiciones de vida y asegurar el goce y protección plena de sus derechos, contra todas las formas de violencia y discriminación”.

Por otra parte, en la exposición de motivos se hace referencia que tenemos una instancia que se encarga de promover, fomentar, proteger y difundir los derechos, consagrados en la Constitución Federal y los tratados internacionales, a favor de las mujeres y de las niñas, siendo así, el Instituto Nacional de las Mujeres.

“Asimismo, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018, que la Secretaría de Gobernación elaboró conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, estipula como estrategias 1.3.2 a 1.3.7 para la atención de las mujeres indígenas, el capacitar y sensibilizar a las autoridades indígenas en cuanto al contenido de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y la implementación de campañas radiofónicas en lenguas indígenas para difundir ante los ciudadanos la ley y los servicios que ofrece, acciones todas estas de vital importancia para fomentar en las comunidades indígenas la igualdad y la no discriminación hacia las niñas y mujeres”.

III. Consideraciones

Primero. Esta Comisión de Asuntos Indígenas coincide con lo expresado por la diputada proponente, en el sentido de que la igualdad de género en la población indígena femenina es un tema de relevancia tanto en el ámbito Nacional como Internacional,  tan solo por el hecho de que la simple expresión nos lleva a reconocer que tanto hombres como mujeres accederán, en igualdad de circunstancias, a los derechos que se tienen como ciudadanos, sin que medie particularidad alguna; que los factores de discriminación, injusticia o violencia se eliminen a la brevedad.

Para ello, es necesario establecer acciones con perspectiva de género en la que se dé una transformación en las relaciones y condiciones desiguales y caminar hacia un goce pleno, justo y equitativo de los derechos humanos en la población.

En este sentido, se señala a continuación los instrumentos internacionales, de los cuales México ha firmado y ratificado en materia de derechos humanos de las mujeres, asumiendo, de esta manera, responsabilidades morales, legales y políticas, que en su conjunto, contribuyen a la defensa, promoción y protección de los intereses y derechos de las mujeres, a saber:

• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Carta internacional de los derechos humanos de las mujeres en la que se establece una agenda para la acción nacional con el objetivo de poner fin a tal discriminación.

– Protocolo Facultativo de la CEDAW, ratificado por México el 15 de marzo del 2002.

– Recomendaciones Generales

– Informes ante la CEDAW

– Sistema Interactivo de Seguimiento a la CEDAW

Como bien lo señala la diputada proponente, la Convención (CEDAW) se ha traducido en 16 lenguas indígenas, tales como: mam del Soconusco, maya, mazahua de oriente, mexicano de Guerrero, mixteco del oeste alto, náhuatl de la Huasteca, náhuatl de la sierra noreste de Puebla, otomí del Valle del Mezquital, purépecha, tarahumara del norte, tselttal, tsotsil, zapoteco de la planicie costera, tepehuano del norte, pima del norte, tarahumara del oeste (ramomali del oeste).

• Plataforma de Acción de Beijing que establece mecanismos para el adelanto de las mujeres y la niña.

• Conferencia Regional Sobre la Mujer de América Latina y El Caribe (CEPAL/ONU), a través de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, se establecen medidas para identificar las necesidades regionales y subregionales de las mujeres, se presentan recomendaciones, realiza evaluaciones periódicas de las actividades llevadas a cabo en cumplimiento de los acuerdos y planes regionales e internacionales sobre el tema de género y propicia un foro para el debate sobre estas materias.

• CIM-OEA, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) es un organismo especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establecido en 1928. Primer órgano intergubernamental en el mundo creado expresamente con el propósito de asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer en el continente americano.

• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” ratificada por México el 19 de junio de 1998. Tiene el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarlas, ya que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

• ONU Mujeres, nueva entidad que fusiona las cuatro agencias de género existentes en el Sistema de Naciones Unidas: la Oficina de la Asesora del Secretario General de Naciones Unidas para Cuestiones de Género, la División para el Avance de la Mujer, el Instituto de la ONU para investigación en capacitación en cuestiones de género (INSTRAW) y el Fondo de la ONU para la Mujer (UNIFEM). Velará por el cumplimiento de los compromisos de género de Naciones Unidas.

• La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) es una comisión funcional del Naciones Unidas Consejo Económico y Social (ECOSOC). Es el órgano normativo mundial rector, dedicado exclusivamente a la igualdad de género y el adelanto de la mujer.

Es de mencionar que la materia de igualdad de género es un tema transversal, por lo que tiene injerencia en todas las áreas y dependencias gubernamentales, tales como educación, cultura, economía, salud, entre otras; siempre con la mira de alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres mexicanos, por lo que es importante contar con instrumentos legales que legitimen cada acción por comenzar, como la lucha contra la discriminación, el combate a la violencia de género, el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y niñas, garantizar una vida libre de violencia y con ello, contribuir a la consolidación de la democracia y a la justicia como un bien común.

Por lo que en seguida, se enlistan los ordenamientos legales vigentes en México en materia de igualdad de género:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en junio de 2011 se reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, el artículo 2° establece medidas que coadyuvan para la igualdad de las mujeres indígenas, tales como, en la aplicación de sus propios sistemas normativos y solución de sus conflictos internos deberán prever la dignidad e integridad de las mujeres, garantizar la participación de las mujeres en la elección de sus propios representantes o autoridades y garantizar el derecho de las mujeres indígenas al desarrollo, su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria y establecer políticas sociales para mejorar las condiciones de salud de las mujeres indígenas. También el artículo 4º constitucional dispone que el varón y la mujer son iguales ante la Ley.

• Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; contiene disposiciones en materia de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, que rigen al Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado, encargado de coordinar las políticas públicas en la materia.

• Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres; que regula y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, basado en los principios que garanticen el acceso a una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; establece competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipal.

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disposiciones relativas al Poder Ejecutivo Federal, y las bases de coordinación entre éste, las entidades federativas y los municipios en materia de violencia hacia las mujeres.

• Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres, lineamientos a seguir en los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, para garantizar la igualdad sustantiva y la reducción de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, teniendo a erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.

Como bien lo refiere la diputada Dora María Talamante en su iniciativa, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos (CDI), tiene entre sus funciones el implementar programas de capacitación para las instancias de los tres órdenes de gobierno que lo soliciten,  a fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas, asimismo, sus acciones se regirán, entre otros, por la inclusión del enfoque de género.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres, por ley, coordina las políticas públicas con perspectiva de género que ejecutan las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, además, de lo referente al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.

Segundo.Para mayor valoración, a continuación se establece un cuadro comparativo bajo los siguientes términos:

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Texto vigente

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I-XII. ...

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

XIV-XIX. ...

Artículo Transitorio

No hay correlativo

Texto Propuesto

Artículo 2. ...

I-XIII. ...

XIII Bis. Desarrollar, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, programas de capacitación de manera permanente, que fomenten el conocimiento de los Derechos Humanos de las niñas Indígenas y Mujeres y prevengan la violencia en su contra, dirigidos a las autoridades estatales y municipales.

XIV-XIX. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Derivado de ello, esta Comisión Dictaminadora considera que en la propia Ley que se pretende reformar ya se tiene apreciado el espíritu de la propuesta en estudio, es así que en el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, prevé que la CDI, desarrollará programas de capacitación para dependencias del orden federal, estatal y municipal que lo soliciten, con el fin de que mejore la atención de los pueblos y comunidades indígenas.

Además, los programas que ejecute la CDI, deben de incluir el enfoque de género, a fin de promover la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas,de conformidad con el artículo 3 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En virtud de lo anterior, la propuesta que adiciona la fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por la diputada Dora María Talamante Lemas se hace redundante e inviable, por ya estar considerada en la misma ley.

Tercero. Tenemos que, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Planeación, la CDI ejecuta el Programa de Derechos Indígenas, esta conjunta acciones en materia de acceso a la justicia, ejercicio de derechos culturales y de comunicación, de género, salud y desplazados.

En este sentido, el programa integra “Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena (PAIGPI)”, su objetivo es otorgar apoyos económicos a organizaciones públicas y sociales que promueven el ejercicio de los derechos y la igualdad de género de las mujeres indígenas a través de cuatro vertientes, a saber: 1) creación y fortalecimiento de casas de la mujer indígena (CAMI), las cuales  atienden problemas de la violencia contra las mujeres y promueven la salud sexual y reproductiva con enfoque intercultural;

2) Apoyo a acciones como programas de capacitación y proyectos para la prevención y atención de la violencia contra la mujer, implementadas por instancias públicas municipales y estatales; 3) apoyo a organizaciones de la sociedad civil e instancias académicas para llevar a cabo proyectos para la promoción de la equidad de género en la población indígena; y 4) coinversión para la creación y apoyo de espacios de formación para el fortalecimiento de liderazgos femeninos indígenas.

El PAIGPI promueve el ejercicio de derechos humanos y sociales en una agenda sustantiva apoyada por un marco jurídico nacional e internacional, su modelo participativo con el enfoque de derechos humanos ya ha sido reconocido por la ONU, como una buena práctica.

Es relevante este programa, por la atención sustantiva que otorga y por las acciones de política pública que se ejecutan con perspectiva de género e interculturalidad, y con ello, se cubren las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW realizadas al gobierno mexicano, en agosto de 2012.

Para el ejercicio fiscal 2014, este programa funciona bajo convocatoria o por medio de asignación directa de recurso derivado de alguna eventualidad o justificación crítica.

Para el rubro “Derecho a la Igualdad de Género” en la vertiente de Prevención y Atención de la Violencia contra Mujeres con enfoque Intercultural, que incluye programas de capacitación y formación, se considera la cantidad de hasta $300,000.00 para Instituciones de Gobierno Municipal, para Instituciones de Gobierno Estatal hasta $500,000.00 para proyectos iniciales y hasta $800,000.00 para proyectos de continuidad.

En cuanto al apartado de fortalecimiento a la equidad de género, se asignan las siguientes cantidades:

c) Fortalecimiento de la Equidad de Género en la Población Indígena.

Monto 1.

Hasta $150,000.00 a OSC con menos de 5 años de experiencia, para proyectos de formación / capacitación.

Monto 2.

Hasta $300,000.00 a OSC con más de 5 años de experiencia e instituciones académicas públicas de nivel superior, para proyectos de formación / capacitación.

Monto 3.

Hasta $250,000.00 para OSC e instituciones académicas públicas de nivel superior para acciones específicas*

* Diagnósticos, investigaciones, publicaciones, generación de videos y otros similares (no formación ni capacitación).

Es oportuno señalar que el Programa de Derechos Indígenas se encuentra en el Anexo 9: “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, con un monto asignado en total de 236.8 millones de pesos que incluye la ampliación por 20.0 millones de pesos etiquetada en el “Anexo 33 Ampliaciones al Ramo 6 Hacienda y Crédito Público” que corresponden a las acciones del tipo de apoyo Derecho a la Igualdad de Género.

Por otra parte, la CDI coadyuva con el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, en el cumplimiento del Objetivo 2. “Prevenir las violaciones de derechos humanos”, en su estrategia 2.2. “Transversalizar las perspectivas de derechos humanos de género, de inclusión y no discriminación en la política educativa nacional” y en su objetivo 3. “Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos, Estrategia 3.3. Atender las problemáticas de derechos humanos más señaladas por organismos nacionales e internacionales”. Lo que implica en intervenir y desarrollar programas de capacitación y formación tanto para la sociedad civil como para aquellas dependencias que se encuentran involucradas en el tema de género.

Por lo que la CDI, aparte de estar facultada por ley, de llevar a cabo políticas públicas para implementar programas de capacitación y formación en materia de Derechos Humanos para prevenir la violencia de género, también tiene presupuesto para que se dote de recursos, tanto a las dependencias de la administración pública en los tres órdenes de gobierno como a las organizaciones de la sociedad civil.

Cuarto. Con la finalidad de tener mayores elementos que apoyen con la dictaminación del presente asunto, esta Comisión dictaminadora, de conformidad con el artículo 158 numeral 1, fracción VIII del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha solicitado a las dependencias de la Administración Pública Federal que tienen relación con el tema que nos ocupa, opiniones respecto de la propuesta de iniciativa de Ley en estudio, por lo que hemos recibido por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) los comentarios correspondientes, bajo los siguientes términos:

• [...] La CDI desde su creación ha promovido como uno de sus principales ejes de actuación el respeto de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, y de manera particular el derecho de las mujeres y niñas.

• En el caso de la Iniciativa, se considera queno es pertinente al querer particularizar el ámbito de actuación de la Institución, siendo limitativa, en virtud de que únicamente se enfoca al ámbito estatal y municipal, y la actual fracción XII incluye a los tres órdenes de Gobierno.

• Uno de los criterios que rigen la consecución del objeto general del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), de conformidad con elartículo 4 de la Ley del Inmujeres, es la Transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de género con los diversos entes de la estructura de la Administración pública y en todos los ámbitos de su competencia, lo cual se realiza a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

• Aunado a que como Entidad del Gobierno Federal, actualmente ya se promueven y realizan mediante la  colaboración, coordinación y concertación de acciones,  la capacitación en materia de derechos humanos, derechos indígenas y derechos particulares (ambientales, político electorales, de acceso a la justicia, etc.), y los mecanismos existentes para hacerlos valer; a servidores públicos y población indígena.

• En el tema particular de violencia contra las mujeres actualmente la CDI lleva a cabo diversas acciones tendientes a la erradicación de la violencia contra las mujeres, pero también en un proceso de capacitación a servidores públicos de los tres órdenes de Gobierno, con base en lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014- 2018 y del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014- 2018.

• Por lo antes expuesto queda de manifiesto que la inclusión de la particularización de la transversalidad con el Inmujeres resulta innecesaria, toda vez que la normatividad vigente tanto de la CDI como al Inmujeres posibilitan la concreción de programas de capacitación que fomenten el conocimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres indígenas, en pro de reducir la violencia en su contra.

• En general, la iniciativa no es pertinente, en virtud de que pretende incluir una fracción XIII Bis, particularizando y acotando funciones que ya se desprenden de manera general en la actual fracción XIII.

En este sentido, esta comisión comulga con los razonamientos que emite la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Quinto. La Comisión de Asuntos Indígenas como órgano dictaminador, consideramos que es loable la propuesta que realiza la diputada Dora María Talamante Lemas, en virtud de que es una aportación que coadyuva al reconocimiento de los derechos indígenas y a favor de las mujeres, sin embargo, consideramos que es oportuno tomar en cuenta los aspectos señalados en los considerandos que anteceden, en el sentido de que la CDI ya se encuentra facultada para realizar acciones a favor de promover la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, así como de desarrollar programas de capacitación y formación para las dependencias y entidades de la Administración Pública en sus tres órdenes de Gobierno, además, estamos ciertos de que si se sigue la propuesta en sus términos se estaría limitando las facultades, tanto de la CDI como del Inmujeres ya que, en el artículo 2 Constitucional Federal y en la propia Ley que se pretende modificar, se establece la actuación de ambas instituciones y la protección de la población indígenas y, en particular, de las mujeres, en los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), no así la propuesta de la diputada Dora María Talamantes Lemas, que se constriñe solamente a la capacitación de autoridades estatales y municipales, por lo que a esta Comisión de Asuntos Indígenas, le resulta improcedente  y limitativa la propuesta en estudio.

En mérito de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el presente, la Comisión de Asuntos Indígenas, conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 89 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite el siguiente

Acuerdo

Primero.Se desecha la iniciativa con proyecto decreto que adiciona la fracción XIII bis al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por la diputada Dora María Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de septiembre de 2014.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados: Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez, secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado, Emilse Miranda Munive (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes, Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Máximo Othón Zayas, Érick Marte Rivera Villanueva, Leonor Romero Sevilla, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo, Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

EXPIDE LA LEY DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES DE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Asuntos Indígenas, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, y reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 89 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictaminen en sentido negativo de conformidad con los siguientes

Antecedentes

I. En sesión del pleno de la Cámara de Diputados, el 30 de abril de 2014, la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas y reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

II. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fecha 30 de abril de 2014, acordó turnar el proyecto de decreto antes citado, para estudio y dictamen correspondiente, a la Comisión de Asuntos Indígenas, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

III. El 20 de mayo de 2014, la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXII Legislatura recibió la iniciativa citada, mediante oficio número D.G.P.L. 62-II-2-1426, emitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Descripción de la iniciativa

La diputada María del Carmen Martínez Santillán, en su iniciativa de ley, pretende otorgar una protección especial a los conocimientos que, a través de los siglos, han generado los pueblos indígenas de México y que cada día son más preciados.

Para ello, propone como objetivos principales, el otorgar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la facultad de que implemente acciones tendientes a la conservación y protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, así como llevar el Registro Nacional de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, a fin de tener una protección efectiva, así como, un control sobre los conocimientos tradicionales existentes en el país, ello a través de la expedición de una Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas, además de reformar diversas disposiciones que rige el actuar de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La legisladora proponente plantea como objetivos rectores de la iniciativa los siguientes:

1) Reconocer el valor intrínseco de los conocimientos tradicionales, en particular, su valor social, espiritual, económico, intelectual, científico, ecológico, tecnológico, comercial y educativo.

2) Dar seguridad, transparencia, comprensión y respeto en las relaciones entre los titulares de conocimientos tradicionales, por un lado, y los miembros de los círculos académicos, comerciales, educativos y demás usuarios de conocimientos tradicionales, por otro.

3) Promover el respeto de los sistemas de conocimientos tradicionales, así como de la dignidad, la integridad cultural y los valores intelectuales y espirituales de los titulares de conocimientos tradicionales que preservan y mantienen esos sistemas, y de la contribución que han realizado esos conocimientos tradicionales a la conservación del medio ambiente, a la seguridad alimentaria y a la agricultura sostenible, así como al avance de la ciencia y la tecnología.

4) Fomentar la utilización de los conocimientos tradicionales para el desarrollo de los pueblos indígenas, reconociéndolos como un activo perteneciente a sus titulares.

5) Promover la creación y la ampliación de oportunidades comerciales para los productos genuinamente derivados de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.

6) Contribuir a que los pueblos y comunidades indígenas titulares de los conocimientos tradicionales, se vean recompensados por sus aportaciones que realicen al avance de la ciencia y de las artes aplicadas.

7) Proteger las creaciones e innovaciones que deriven de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.

8) Promover el acceso a los conocimientos tradicionales y difusión de los mismos en condiciones justas y equitativas, en interés del público general.

9) Impedir la apropiación indebida de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y otros actos comerciales desleales.

10) Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios monetarios y de otro tipo que se deriven del uso de los conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.

11) Admitir que los sistemas de conocimientos tradicionales constituyen marcos de innovación permanente y de vida intelectual y creativa propias de los pueblos y comunidades indígenas.

12) Fomentar la utilización de los conocimientos tradicionales para el desarrollo de los pueblos y comunidades, reconociéndolos como un activo perteneciente a sus titulares.

13) Promover la creación y la ampliación de oportunidades comerciales para los productos genuinamente derivados de los conocimientos tradicionales; y

14) Restringir la concesión, el registro y el ejercicio de derechos de propiedad intelectual sin validez legal sobre conocimientos tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas.

También establece un apartado que regula la figura de contratos por la explotación, uso o aprovechamiento de los conocimientos tradicionales que estén en posesión de los pueblos o comunidades indígenas y puedan celebrar con terceros, asimismo, prevé la determinación de los recursos económicos que los pueblos indígenas obtendrán con motivo de la enajenación.

Se contempla además, las sanciones en que incurran los particulares que utilicen los conocimientos tradicionales sin el permiso o autorización de los pueblos o comunidades indígenas, de aquellos que se hallen debidamente registrados.

En la parte final de la propuesta de decreto, la diputada proponente realiza reforma al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, relativo a las Secretarías de Estado integrantes de la Junta de Gobierno, a fin de que se cambie el nombre de Secretaría de la Reforma Agraria por el de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, esto con motivo de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del tres de enero de dos mil trece.

Con la propuesta de ley, la autora pretende dar respuesta a lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en especial con lo dispuesto en el apartado A, fracción IV que establece que “el Estado debe preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad, de las comunidades y pueblos indígenas”.

Consideraciones de la comisión

Primera. La Comisión de Asuntos Indígenas coincide en la necesidad de legislar en esta materia para proteger del robo y comercialización ilegal de los recursos naturales de origen, los conocimientos y las tecnologías de los pueblos indígenas de México. La experiencia histórica en la materia es que personas y compañías nacionales y extranjeras comercializan los recursos y productos, principalmente de uso farmacéutico e industrial de los pueblos sin que éstos obtengan parte de los grandes beneficios económicos que aquellas perciben por el uso del conocimiento tradicional, cuestión que también la misma proponente lo expone en su iniciativa.

Segunda.En materia de Derechos Humanos, en particular a la preservación y conservación de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en el ámbito Internacional, el Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos que coadyuvan con la labor del acceso pleno de los derechos y encamina los esfuerzos hacia la igualdad y el reconocimiento de la diversidad cultural que existe en nuestro país.

Es así que a través de algunos órganos de las Naciones Unidas se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas por medio de convenios o tratados, tal es el caso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (artículo 8).

En este sentido, el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se basa principalmente en impulsar la igualdad de derechos entre los pueblos indígenas, y del respeto por sus culturas e instituciones. De la misma forma, este convenio contribuye en buena medida a la preservación de la diversidad cultural y a la armonía social de la humanidad que aportan las poblaciones indígenas.

Entre los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que prevé el Convenio, se encuentran el derecho al reconocimiento y protección de los valores, costumbres y tradiciones, las instituciones y prácticas sociales, políticas, jurídicas, culturales, espirituales y religiosas, el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo, el derecho a la consulta previa para la adopción de medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, entre muchos otros, bajo estos términos, observamos que en el artículo 2 dice lo siguiente:

Artículo 2

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática para proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.

2. Dicha acción deberá incluir medidas:

(A) garantizar que los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;

(B) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

(C) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados ??a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.

Asimismo, los artículos 6 y 7 del mismo Convenio a la letra dicen:

Artículo 6

1 En la aplicación de las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

(A) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.

2. Se realizarán las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio, de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento a las medidas propuestas.

Artículo 7

1. Los pueblos interesados ??deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en el proceso de desarrollo, ya que afecta a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual ya las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

Por otra parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aborda, entre otros, los derechos individuales y colectivos, los derechos culturales, la identidad, los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. Afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos, de manera específica subrayamos el artículo 31, que reconoce el derecho de proteger y preservar el patrimonio cultural, los conocimientos tradicionales, así como las manifestaciones de ciencia, tecnología, cultura, comprendiendo la medicina, el conocimiento de las propiedades de las semillas, flora, fauna y lo relacionado a las artes gráficas, expresión oral, literatura, diseño, deporte, juegos tradicionales, entre otros.

Artículo 31

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.”

En cuanto al Convenio sobre Diversidad Biológica, que tiene como objeto principal promover medidas que conduzcan a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos, el artículo 8 inciso j), es materia que nos ocupa para el tema de preservación y conservación de los conocimientos tradicionales, dice que:

Artículo 8. Conservación in situ

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

...

 j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;

En el mismos sentido, tenemos que en el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al convenio sobre la diversidad biológica, en su artículo 7 establece que para el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos en posesión de comunidades indígenas, los Estado parte adoptarán medidas bajo su consentimiento fundamentado previo o la aprobación y participación de estas y que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas.

Por todo lo anterior, consideramos que existen directrices internacionales vigentes de los que México se obliga por la firma y ratificación de cada uno de ellos, y que de manera directa señalan el deber de establecer normas y lineamientos para la protección y conservación de los conocimientos tradicionales, sin embargo, se deriva de estos preceptos que no solo es asumir la responsabilidad de desarrollar e implementar normas, sino que se tienen que elaborar de manera conjunta y bajo condiciones que mutuamente sean acordadas (Estado-pueblos o comunidades indígenas), prevaleciendo así el principio de inclusión, es decir que en este proceso de toma de decisiones, por ser asuntos que les competen e importan a ambas partes, se debe de considerar el consentimiento y participación de aquellos que son posesionarios de las expresiones, manifestaciones, saberes, habilidades, valores y destrezas, que por lo general no es un individuo, sino una comunidad o pueblo.

Retomando lo escrito por la autora en la exposición de motivos de la iniciativa en estudio, efectivamente, estamos en un asunto de derecho a proteger la cultura de un grupo social, de un pueblo indígena de manera precisa menciona que “dicho de otra manera, la cultura de un grupo social [...] en este caso un pueblo indígena, se compone de un sistema de valores y símbolos que se reproducen en el tiempo y brindan a sus miembros la orientación y significados necesarios para normar su conducta y relaciones sociales en la vida cotidiana”.

En este sentido, la protección debe beneficiar principalmente a los titulares de los conocimientos, en particular a los pueblos y comunidades indígenas que crean y preservan los conocimientos, además, se identifican culturalmente con ellos y los transmiten a las generaciones futuras. Es así que el enfoque de protección debe de guiarse hacia tomarlos en cuenta, que consideren sus normas internas, o bien prácticas consuetudinarias y no utilizar mecanismos impuestos que no funcionan porque no tienen en cuenta ni sus necesidades, ni expectativas.

Es de considerar que existen usos, costumbres y normas internas que determinan que algunos conocimientos, principalmente en materia sagrada, sean transmitido o divulgado a ciertas personas, por lo que ahí se convierte en un uso exclusivo y se protege como información no divulgada.

De acuerdo con la información publicada en el folleto número 2 elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, señala que los casos de infracciones a leyes consuetudinarias, los tribunales han concedido indemnizaciones por abuso de confianza, tal es el caso de la tribu Tulalip de América del Norte, quienes han creado una base de datos que compila digitalmente sus conocimientos tradicionales, seleccionan los que pueden ser divulgados y los que son de uso exclusivo para la comunidad de conformidad con las leyes consuetudinarias. Otro caso, es el de Foster contra Mountford, en donde los miembros del consejo Pitjantjatjara lograron que se dictara un mandamiento interlocutorio, sobre la base de abuso de confianza, es decir, la publicación de información sagrada fue impedida mediante demanda por abuso de confianza, pues se demostró que el libro Nomads of de Autralian Desert contenía datos secretos que podrían provocar inestabilidad social y religiosa de la comunidad, que se le habían revelado confidencialmente, hace 35 años al antropólogo doctor Mountford.

Es oportuno señalar, que en materia de consulta y participación existen diversos ordenamientos, principalmente en el ámbito internacional, que exige que los pueblos indígenas sean consultados y puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Como ejemplo, tenemos el Convenio número 169 que señala en su artículo 6, cómo se debe consultar a los pueblos indígenas, además de que debe de ser obligatoria.

Para el asunto que nos ocupa, la consulta es un aspecto significativo, ya que estamos ante la situación de proteger con un registro cuestiones de patrimonio cultural que nos han legado nuestros antepasados; como muestra, tenemos las danzas folclóricas que pertenecen a uno o varios pueblos, estados o municipios, recetas de medicina tradicional que pueden conllevar rituales e ingredientes similares o iguales en uno u otro pueblo o comunidad y considere que es propio, que al registrarlo podría generarse enfrentamientos legales. Por ello es que se debe de llevar una consulta efectiva,  en donde los interesados tienen la oportunidad de influir en una decisión adoptada y tener una participación plena, no una simple reunión informativa ni tampoco una reunión celebrada en un idioma que los pueblos indígenas presentes no comprenden.

Tercera.Esta comisión dictaminadora considera relevante hacer un análisis al orden jurídico nacional, por lo que se observa que en materia de protección en materia de propiedad intelectual se regula en dos vertientes:

1. Derechos de autor; y

2. Propiedad Industrial.

Es de señalar que jurídicamente, los derechos de autor son aquellos que se tienen sobre las creaciones de obras literarias y artísticas, van desde los libros, novelas, poemas, obras de teatro, la música, la pintura, fotografías, escultura, arquitectura y las películas hasta los programas informáticos, periódicos, las bases de datos, las publicidades, los mapas y dibujos técnicos.

En cuanto a la propiedad intelectual, ésta se relaciona con las creaciones e invenciones fomentadas en un entorno de creatividad e innovación, abracan obras literarias, artísticas, símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio, se registra mediante patentes, marcas y derechos de autor.

Aunque existen algunos preceptos que sientan bases para el fortalecimiento y limitación jurídica de diversas formas de aprovechamiento, apropiación legal o ilegal y explotación de los derechos de propiedad intelectual, conocimientos tradicionales, propiedad industrial y cualquier otra manifestación de personas físicas o morales (derechos colectivos), sabemos que todavía hay por hacer, tanto en el ámbito nacional como internacional, para lograr una protección integral de derechos.

Siendo así que en México, tenemos lo siguiente:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

En su artículo 2 se reconoce a una nación pluricultural, de manera particular en el apartado A fracción IV se prevé que la constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, considerando que cada entidad federativa establecerá las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.

Asimismo, en el artículo 73 fracción XXV de nuestra Carta Magna, otorga al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;

En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sirve de fundamento para crear una Ley que bien podría ser General o Federal, general en cuanto a que se debe considerar las características que las entidades federativas emitan en su Constitución o leyes locales que expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas, bajo este supuesto, la Ley que nos ocupa (Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas) no tiene una estructura definida, por lo que hace a ley general; no prevé competencias que se distribuyan entre los tres ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, además, no determina contenidos mínimos de coordinación o mediante convenio y no establece aspectos referentes a la participación social.

En cuanto a si es un ordenamiento federal, no establece políticas federales que debe de llevar, no define la competencia federal, tampoco refiere que facultad le corresponde a cada poder en materia de conocimientos tradicionales, no determina que si existe controversia jurídica  y quien va a dirimir estas, si la jurisdicción estatal o federal y finalmente, en su artículo 1 referente al objeto y alcance del ordenamiento jurídico en estudio,  no precisa si es general federal o bien si se deriva de la Constitución, por lo que no tiene los elementos típicos de una ley federal.

b) Ley Federal de Variedades Vegetales

Esta ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. Su aplicación e interpretación, para efectos administrativos, corresponderá al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (artículos 1 y 2).

En este sentido, prevé que en materia de biodiversidad de las variedades vegetales que son de dominio público, y que las comunidades tendrán el derecho de explotarlas racionalmente como tradicionalmente lo vienen haciendo, serán protegidos por esta ley, y para aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por sí o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagación, para su producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales  deberán obtener un título y registro de obtentor de vegetales.

c) Ley Federal del Derecho de Autor

Esta ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional y tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación; protección de los derechos de los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, productores y organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, ediciones, fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de otros derechos de propiedad intelectual.

Este ordenamiento jurídico, dispone normas de registro, explotación y aprovechamiento de derechos de creación de obras para personas físicas y morales, así como para sus herederos, además prevé preceptos relativos para obras de dominio público, anónimas y de interés para el patrimonio cultural nacional o de las culturas populares. Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o prohibir su reproducción, publicación, exhibición pública, edición o fijación de material de su obra en copias o ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.

Para mayor precisión, la Ley Federal de Derechos de Autor comprende un capítulo específico relativo a Culturas Populares que a la letra dice:

Capítulo IIIDe las Culturas Populares

Artículo 157. La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable.

 Artículo 158. Las obras literarias, artística, de arte popular o artesanal; desarrolladas y perpetuadas en una comunidad o etnia originaria o arraigada en la República Mexicana, estarán protegidas por la presente Ley contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o etnia a la cual pertenecen.

Artículo 159. Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo.

Artículo 160. En toda fijación, representación, publicación, comunicación o utilización en cualquier forma, de una obra literaria, artística, de arte popular o artesanal; protegida conforme al presente capítulo, deberá mencionarse la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia.

 Artículo 161. Corresponde al Instituto vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo.

El Instituto Nacional del Derecho de Autor, autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.

En este sentido, en el ordenamiento jurídico mexicano vigente, se tiene protegido los conocimientos, usos, conocimientos y tradiciones de nuestros pueblos y comunidades indígenas, solo que en materia de cultura popular.

d) Ley de la Propiedad Industrial

Esta ley de observancia general en toda la república, protege la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales; que pertenezcan a personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de productos.

Esta comisión dictaminadora considera que es de suma importancia y de gran utilidad que exista una ley que proteja, regule, registre y coadyuve a que se limite el constante saqueo que se realiza a los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país de los conocimientos tradicionales, por nacionales y extranjeros.

Sabemos del vasto acervo cultural que proporcionan nuestros antepasados, este es inmenso, va desde usos, costumbres, literatura, arquitectura, pasando por la naturaleza, como el uso de plantas y hasta el uso y cuidado de animales.

Específicamente, el uso de plantas y vegetales ha aportado en mucho a la medicina, se tiene que sus propiedades especiales son utilizadas para tratar ciertas enfermedades y que en ocasiones se las han apropiado personas distintas, que hasta son extranjeras, y que al saber sus contenidos químicos han obtenido patentes o registros en el país y en otros.

Sin embargo, también estamos conscientes de que una ley que considere estas características debe tomar en cuenta todos los ámbitos normativos vigentes y probables, principalmente para no dejar fuera ningún aspecto, dejar normas claras y precisas para que no haya duda alguna de su interpretación, no contraponer la normatividad vigente, no invadir competencias de los diferentes órganos de gobierno vigentes y sobre todo, considerar a los sujetos de derechos que se van a servir de estos lineamientos, como son los pueblos y comunidades indígenas para que no se siga con la práctica de excluir a quienes tienen que intervenir en cuestiones que les atañen.

Por ello es, que proponemos que se realice un estudio mayor tanto nacional como internacional y se obtenga una Ley en consenso, Estado-comunidad y pueblos indígenas para no soslayar más los derechos a los que tienen acceso.

Cuarta.Es oportuno traer a colación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que es un organismo de las Naciones Unidas, funciona como foro mundial que trata los servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual (PI); este organismo en 2012, publicó un folleto denominado Propiedad intelectual y recursos genéticos, conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales, en el que plantea cuestiones relativas con la creatividad y la innovación tradicional, menciona que en los últimos años, las poblaciones y las comunidades indígenas y los gobiernos, han solicitado protección mediante derechos de propiedad intelectual para las formas tradicionales de creatividad e innovación que se consideran, elementos del dominio público, y por consiguiente, de libre uso.

Resalta que [...]“los pueblos indígenas, las comunidades locales y un gran número de países están en contra de que se dé por sentado que los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales (ECT) son elementos del dominio público, por considerar que eso deja la puerta abierta para que esos elementos puedan ser objeto de apropiación y utilización indebidas.” Por ello es importante plasmar en ley que el dominio público no se puede volver propiedad privada o accesible públicamente, en este sentido, la OMPI, reconoce que los conocimientos tradicionales son susceptibles a la protección y uso de terceros, sin embargo, es pertinente que sus poseedores tengan la última palabra en relación con su uso por terceros, no es necesaria una imposición de los sistemas convencionales de protección intelectual ya que estamos tratando de comunidades que tienen necesidades y expectativas que les son propias y en una dimensión social, histórica, política y cultural compleja y vulnerable.

La OMPI considera que los derechos humanos son decisivos en el contexto en que se inscriben los conocimientos tradicionales (CC.TT), expresiones culturales tradicionales (ECT) y los recursos genéticos (RR.GG), ya que se trata de los intereses de sus poseedores y en este sentido abarcan cuestiones étnicas y culturales que van más allá de la Propiedad Intelectual.

En este folleto, informa que el contexto general en el que se abordan los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos es en el ámbito de la diversidad biológica, principalmente, en el que se debe de tomar en cuenta varios instrumentos internacionales, mismos que ya fueron mencionados en el considerando primero del presente dictamen.

También, la OMPI, plantea que para la protección de las expresiones culturales tradicionales es necesario retomar cuestiones de preservación y salvaguarda del patrimonio cultural, menciona la Convención para la Protección Mundial Cultural y Natural (1972), Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005) y la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural (2003), siempre en el contexto del respeto de los derechos culturales, promoción del desarrollo artístico, el intercambio cultural, fomento a la creatividad y la innovación tradicional.

Por lo anterior, la OMPI y sus países integrantes hasta el momento no ha podido concretar un modelo internacional exclusivo para la reglamentación de la Propiedad Intelectual, ha faltado consenso en materia de definiciones de conocimiento tradicional; expresiones culturales tradicionales y recursos genéticos; objeto de protección; excepciones, limitaciones y término de protección; consentimiento previo y derechos económicos y morales para el conocimiento, los beneficiarios y, algunos derechos sui generis.

Por lo que se sigue trabajando en la materia para obtener una posición conjunta y sirva de base para los países firmantes.

Con base en lo anterior, hasta el momento no tenemos una posición clara en el ámbito internacional, por lo que seguirán los trabajos para que también México participe y esté en la discusión del tema.

Quinta. Como ya se expuso en considerandos anteriores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cada entidad federativa establecerá las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público, por lo que se vuelve complejo y desafiante y hasta podemos caer en una cuestión que limita la capacidad de ejercicio en virtud de que no existe jurídicamente personalidad jurídica para ser titulares de obligaciones y hacer valer sus derechos, si es el caso de que no se tenga legalmente reconocido.

Es pertinente considerar que jurídicamente la existencia de una persona física está determinada por alcanzar la mayoría de edad y en el caso de una persona moral, forzosamente se requiere de su formalización estatutaria, la emisión de una ley o la realización de un acto administrativo (expedición de decreto), en el caso que nos ocupa, es necesario que el legislador exprese que se conforme entidades de derecho público que gocen de personalidad y capacidad jurídica plenas.

Sexta. De conformidad con el artículo 158, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha solicitado a las dependencias de la administración pública federal que tienen relación con el tema que nos ocupa, opiniones respecto de la propuesta de iniciativa de Ley en estudio, por lo que hemos recibido por parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) los comentarios correspondientes, es así que esta comisión dictaminadora coincide con CDI, en lo siguiente:

En general, la iniciativa se considera que no es pertinente, en virtud de que no se requiere únicamente reconocer y proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, sino elementos como:

• Los conocimientos tradicionales son colectivos, por lo que se requiere el consentimiento de estos para la protección y conservación de los mismos.

• Son los pueblos y comunidades indígenas quienes deben determinar cómo se deben conservar y quién debe hacerlo, y no ser impositivo como lo pretende la iniciativa.

• Se deben establecer mecanismos de consentimiento fundamentado previo para el acceso a los conocimientos tradicionales, mismos que no contiene la Iniciativa con lo que se violan los instrumentos internacionales citados en líneas anteriores.

• La CDI no puede convertirse en una instancia registral, en virtud de que requeriría contar con personal especializado y una infraestructura que le permita cumplir con lo que se pretende incluir en sus atribuciones.

• La ley no establece mecanismos para la negociación de acuerdos mutuos, como lo establecen los instrumentos internacionales citados.

• En el tema del Protocolo de Nagoya, la Conabio es punto focal en el tema de los recursos genéticos.

• El tema requiere un trabajo interinstitucional, situación que no se ve reflejada en la iniciativa, por ende consideramos que será inoperante en virtud de que si bien es un tema pendiente en virtud de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano; también lo es que la iniciativa no responde a las necesidades de la población indígena.

• La iniciativa debería ser consultada con los pueblos y comunidades indígenas, en virtud de que son elementos identitarios de los pueblos indígenas, en ese sentido no se puede legislar sin que los pueblos indígenas manifiesten sus opiniones y en este caso sí se debería obtener su consentimiento.

Séptima.La Comisión de Asuntos Indígenas consideramos que es loable la propuesta que realiza la diputada María del Carmen Martínez Santillán en virtud de que es una aportación que coadyuva al reconocimiento de los derechos indígenas, sin embargo, consideramos que es momento de tomar en cuenta los aspectos señalados en los considerandos que anteceden, independientemente de que no contiene elementos de articulación con otras disposiciones similares como de derechos de autor, variedad vegetal, de propiedad industrial y los instrumentos internacionales que ha firmado y suscrito nuestro país, tanto en materia de propiedad intelectual como de salvaguarda de patrimonio cultural.

En mérito de lo anteriormente expuesto y tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el presente, la Comisión de Asuntos Indígenas, conforme a las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 80, 82, 84, 85, 89 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto decreto que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas y reforma los artículos 2 y 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentada por la diputada María del Carmen Martínez Santillán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a treinta de septiembre de 2014.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica), presidenta; Josefina García Hernández (rúbrica), Samuel Gurrión Matías (rúbrica), Luis Gómez Gómez (rúbrica), Pedro Gómez Gómez, Fernando Zamora Morales (rúbrica), Margarita Licea González (rúbrica), Vicario Portillo Martínez (rúbrica), Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo, Carlos de Jesús Alejandro (rúbrica), Juan Luis Martínez Martínez, secretarios; Petra Barrera Barrera (rúbrica), Ricardo Medina Fierro (rúbrica), Tomás López Landero, Roberto López Rosado (rúbrica), Emilse Miranda Munive (rúbrica), Marco Alonso Vela Reyes, Román Alfredo Padilla Fierro, María Rebeca Terán Guevara (rúbrica), Néstor Octavio Gordillo Castillo (rúbrica), Máximo Othón Zayas, Érick Marte Rivera Villanueva, Leonor Romero Sevilla, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Teresita de Jesús Borges Pasos, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot (rúbrica), Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica), Héctor Hugo Roblero Gordillo, Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Comunicaciones, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1995

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura fue turnada la minuta que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 Constitucional., a propósito de la iniciativa presentada por la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, perteneciente a la LXI Legislatura.

Los legisladores integrantes de esta comisión, realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la minuta de mérito, a fin de valorar su contenido, deliberar y verter las consideraciones que integran el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción I; 81, 82, 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de esta comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno el siguiente dictamen, con base en la siguiente:

I. METODOLOGÍA

La comisión encargada del análisis y dictamen de la minuta en comento, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capítulo de “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen del referido proyecto y de los trabajos previos de la comisión.

En el capítulo de “Contenido de la minuta”, se reproducen los resolutivos a efecto de puntualizar la propuesta a estudio.

En el capítulo de “Consideraciones”, los integrantes de esta comisión expresan argumentos de valoración del proyecto y de los motivos que sustentan el presente dictamen:

II. ANTECEDENTES

1. Con fecha 5 de abril de 2011, la diputada Sofía Castro Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995, y en la misma fecha fue turnada a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

2. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 23 de noviembre de 2011, se sometió a consideración de su pleno, un dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995, mismo que fue aprobado por 272 votos. Pasó a la Cámara de Senadores para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. En sesión ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva del Senado de la República dio cuenta de la recepción de una minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995 y en la misma fecha la turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para su estudio y dictamen.

4. Con fecha 14 de noviembre de 2013, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, del Senado de la República, presentaron ante el pleno de la Cámara Revisora un Dictamen, en sentido negativo, en relación con el proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995, siendo aprobado y enviado a la Cámara de Diputados ese mismo día.

5.Con fecha 20 de noviembre de 2013, el pleno de la Cámara de Diputados recibió la minuta que desecha el Proyecto de Decreto que reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional, siendo turnada a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen el 21 de noviembre de 2013.

6.Los miembros de esta comisión, en reunión de trabajo procedimos a la elaboración del presente dictamen, mismo que se hace al tenor siguiente:

III. Contenido de la minuta

Los suscritos integrantes de esta comisión, estiman oportuno puntualizar los resolutivos de la minuta que se dictamina, mismos que, a la letra, señalan:

“... Primero.Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1995.

Segundo.Devuélvase a la Cámara de Diputados el asunto mencionado en el resolutivo que antecede, en términos de lo dispuesto por el inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

IV. Consideraciones

1. La diputada Castro Ríos expuso en su iniciativa que Telecomunicaciones de México (Telecomm Telégrafos) es un organismo público descentralizado del gobierno federal integrante del sector comunicaciones y transportes, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de agosto de 1986, reformado en tres ocasiones, publicadas en el mismo DOF el 17 de noviembre de 1989, 29 de octubre de 1990 y 6 de enero de 1997, encargado de la prestación de los servicios públicos de telégrafos, giro telegráfico nacional e internacional, radiotelegrafía, comunicación vía satélite, la remisión de dinero, la interconexión de los sistemas de telecomunicaciones a su cargo con otros de entidades o empresas nacionales o extranjeras, así como combinar sus servicios y los de telecomunicaciones que expresamente se señalan en el artículo 3o. de su decreto de creación y cuarto transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

2. La diputada asegura que Telecomm Telégrafos, les da acceso a operaciones bancarias, telegráficas o de telefonía a la gente más pobre del país, un servicio al que no tendrían acceso de otra manera; los precios por los servicios que brinda, son altamente competitivos pues al no ser una empresa privada no tiene fines de lucro lo cual crea un clima de confianza y de certeza del servicio entre los usuarios, a esto habría que añadirle que como las oficinas son atendidas por gente de la misma comunidad, no es necesario el uso de traductores si hablamos de comunidades indígenas, pues dominan el idioma de que se trate.

3. Por lo anterior, dice la legisladora que es de suma importancia que haya un programa más audaz de expansión de oficinas de Telecomm Telégrafos, a lo largo del país para que toda la población rural tenga acceso a la ventaja de sus servicios, también es de gran importancia darle la figura de red pública de telecomunicaciones, que de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones en el artículo 3o., fracción X, es “la red de telecomunicaciones a través de la cual se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. La red no comprende los equipos terminales de telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de telecomunicaciones que se encuentren más allá del punto de conexión terminal”, dándole así la posibilidad de fungir como “operador telefónico”.

4. Por su parte, la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados que dictaminó en primer término este asunto, consideró prioritaria la modernización de las telecomunicaciones en México, debido a la importancia que estas tienen no solamente a nivel nacional sino mundialmente, por lo que concluyó que el proyecto de decreto planteado tiene plenamente justificada la necesidad de su existencia, ya que la proponente pretende que Telecomm Telégrafos funja como operador de servicios de telecomunicaciones; lo cual lo coloca en la misma posición comercial que los demás operadores, reduce la brecha digital y contribuye a disminuir los rezagos en telecomunicaciones que enfrentan los pueblos indígenas en el país.

5. Posteriormente, las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República, que dictaminaron la minuta antes mencionada, una vez que realizaron el estudio de sus elementos formales, precisan que, consideran que Telecomunicaciones de México (Telecomm-Telégrafos) ya opera como “red pública de telecomunicaciones” y el objetivo central de la minuta ya fue materializado con las modificaciones al Decreto del 14 de abril de 2011 y la modificación al estatuto orgánico del 9 de Diciembre de 2011, facultando a Telecomm-Telégrafos, precisamente como operador de redes públicas de telecomunicaciones.

6. Además, las comisiones dictaminadoras del Senado, estiman que la modificación a un artículo transitorio es improcedente puesto que la función de estos artículos es, en principio, temporal y sirve para regular los procesos de cambio en el sistema jurídico. Su naturaleza jurídica se define por su función que se refiere a la aplicabilidad de otras normas, ya sea al señalar la entrada en vigor de una disposición o al derogarla. El artículo transitorio pierde su eficacia una vez que ha cumplido su cometido, por ello es que no puede establecer prescripciones genéricas con carácter vinculante a los particulares.

7. De acuerdo con lo anterior, los Integrantes de las Comisiones Dictaminadoras del Senado de la República consideran que no es procedente reformar el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 1995 en los términos de la minuta con proyecto de decreto en estudio.

8. Los miembros de esta comisión dictaminadora procedieron al análisis de la minuta en comento y coinciden plenamente con la posición de la Colegisladora, puesto que las modificaciones al “Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Telégrafos Nacionales”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2011 y las modificaciones al Estatuto Orgánico de Telecomunicaciones de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2011, claramente estipulan que el organismo público descentralizado Telecomunicaciones de México está facultado para “Instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones”.

9. De lo anterior, se puede asegurar que el objetivo primordial de la iniciativa de la diputada Sofía Castro, motivo de la minuta en estudio, ya se ha superado.

En mérito de lo antes expuesto y para los efectos del inciso D del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete, a la consideración del pleno, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1995, recibida en esta Cámara de Diputados el 20 de noviembre de 2013.

Segundo.Archívese el expediente que corresponda como asunto total y definitivamente concluido.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2014.

La Comisión de Comunicaciones, diputados:Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (rúbrica), presidente; Andrés de la Rosa Anaya, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela (rúbrica), José Noel Pérez de Alba, Víctor Emanuel Díaz Palacios (rúbrica), Eligio Cuitláhuac González Farías (rúbrica), Federico José González Luna Bueno (rúbrica), Marcelo Garza Ruvalcaba (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, secretarios; Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Jorge Mendoza Garza (rúbrica), Landy Margarita Berzunza Novelo (rúbrica), Heriberto Manuel Galindo Quiñones (rúbrica), José Luis Flores Méndez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Patricia Guadalupe Peña Recio (rúbrica), Humberto Alonso Morelli, Rafael Alejandro Micalco Méndez, Juan Pablo Adame Alemán (rúbrica), Juan Carlos Uribe Padilla (rúbrica), Gloria Bautista Cuevas (rúbrica), María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Andrés Eloy Martínez Rojas, Agustín Miguel Alonso Raya (rúbrica), María Sanjuana Cerda Franco (rúbrica), Jaime Bonilla Valdez, Arturo Escobar y Vega.»

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su correspondiente análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes.

Antecedentes

Primero. Con fecha 18 de junio de 2014, el diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

El diputado expone la necesidad de promover la actividad física y el deporte en niños y en adolescentes con necesidades educativas especiales, pues ello les permite desarrollar su autoestima y su capacidad para relacionarse en su entorno.

Explica la importancia de la promoción del ejercicio y el deporte, pues representa un medio eficaz para que los niños y los adolescentes con discapacidad tengan mejor calidad de vida y una más rápida integración social.

Sostiene que a través de la práctica deportiva, niños y adolescentes con discapacidad han desarrollado su capacidad motriz y, con ello, mayor interacción en su entorno.

Manifiesta que este sector infantil requiere atenciones y recursos especializados. En el área de deporte, la recreación y la activación física pueden mejorar su calidad de vida.

Añade que también es necesario contar con infraestructura adecuada, capacitación constante de los recursos humanos y, desde luego, la participación y el apoyo de la familia, que es fundamental.

Argumenta que como sociedad, padres y maestros consideraran el deporte y el ejercicio físico parte indispensable del proceso de integración, con ello se mitigarían la discriminación y los estigmas, y se daría paso al máximo desarrollo de sus potencialidades hacia una plena integración social para ellos.

Expone los beneficios del ejercicio y la práctica del deporte en las personas con discapacidad incluyen los siguientes:

• Desarrollo de potencia muscular y de resistencia a la fatiga.

• Mejor funcionamiento de las funciones vitales, especialmente la respiratoria, cardiovascular, renal.

• Desarrollo y fortalecimiento de la autoestima, y el ajuste emocional.

• Contribución a la socialización, desarrolla los sentimientos de pertenencia de grupo.

• Eliminación de depresión y ansiedad.

Por lo fundado y expuesto se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la letra D del artículo 31 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se reforma letra D del artículo 31 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en los términos siguientes:

Artículo 31. La federación, el Distrito Federal, estados y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán normas tendentes a

A. a C. ...

D. Fomentar centros educativos especiales y proyectos de educación especial que permitan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad integrarse en la medida de su capacidad a los sistemas educativos regulares. Dispondrán de cuidados elementales gratuitos, acceso a programas de estimulación temprana, servicios de salud, rehabilitación, esparcimiento, la actividad física y el deporte, actividades ocupacionales, así como la capacitación para el trabajo, para lo cual se promoverá, de no contarse con estos servicios, su creación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Consideraciones

Después del detallado análisis de los argumentos expuestos en la referida iniciativa con proyecto de decreto, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, estiman improcedente las adiciones planteadas, al tenor de las consideraciones que a continuación se consignan:

Primera. México ratificó el21 de septiembre de 1990, la Convención de los Derechos del Niño,que es uno de los tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte, el cual contiene un catálogo de derechos humanos dirigidos a las niñas, niños y adolescentes; dentro de los cuales en su artículo 23 hace alusión a la vida activa y la integración social de los niños con discapacidad; las cuales le corresponde a los respectivos Estados facilitarla y garantizarla.

Artículo 23:

1. Los Estados parte reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad.

2. Los Estados parte reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo 2 del pr8sente artículo será gratuita siempre que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y lasoportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual,incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

4. ...

Segunda. Si bien es cierto que en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no se estipula el apoyo por parte de Estado para la actividad física de niñas y niños con discapacidad y que esta iniciativa deviene de la necesidad de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad; también lo es que, la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto planteada por los diputados, ya se encuentra prevista dentro del marco jurídico nacional, concretamente en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en el Libro Segundo, Capítulo Octavo, artículo 24, el cual reza lo siguiente:

Artículo 24. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte promoverá el derecho de las personas con discapacidad al deporte. Para tales efectos, realizará las siguientes acciones:

I. Formular y aplicar programas y acciones que garanticen el otorgamiento de apoyos administrativos, técnicos, humanos y financieros requeridos para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo popular, nuevos valores, prospectos, alto rendimiento de primera fuerza y juveniles, máster y paralímpico; .

II. Elaborar con las asociaciones deportivas nacionales de deporte adaptado el Programa Nacional de Deporte Paralímpico y su presupuesto;

III. Procurar el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la práctica de actividades físicas, deportivas o recreativas; y IV. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Énfasis añadido

Tercera. En el mismo tenor encontramos la Ley General de Cultura Física y Deporte, que señala en los artículos 2 y 13 lo siguiente:

Artículo 2. Esta Ley y su Reglamento tienen por objeto establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales:

I. a X. ...

XI. Garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y

XII. Los deportistas con algún tipo de discapacidad no serán objeto de discriminación alguna.

Énfasis añadido

Artículo 13. Mediante el Sinade se llevarán a cabo las siguientes acciones:

Artículo 41. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para:

V. Formular y ejecutar políticas públicas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas a las personas con discapacidad.

De lo anterior, se deduce que los tres niveles de gobierno, ya sea de forma independiente o en colaboración, tendrán la obligación de brindar la mejor protección posible a las niñas, niños y adolescentes; pues siendo el interés superior de la niñez un principio, se concluye que todas autoridades tienen la obligación de hacer valer en todo momento, los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Cuarta. Indubitablemente, el acceso a la actividad física de las niñas los niños y adolescente es imprescindible y el Estado en sus tres niveles de gobierno se ve obligado a velar por que esto se logre, otorgando los medios necesarios para este fin; pero como se puede advertir con base en lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión determina que, de aprobarse la reforma en discusión correspondiente al artículo 31 de la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, se estaría cayendo en la duplicidad de las normas jurídicas; pues dichos derechos de los niños con algún tipo de discapacidad ya se encuentran contemplados en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, así como en Convención de los Derechos del Niño y en nuestra Carta Magna.

Por lo tanto, esta Comisión de los Derechos de la Niñez emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja, y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz.»

LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XVI y XVII al artículo 8; y modifica los artículos 54, 55 y 58 y la fracción I del artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Derechos de la Niñez, de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVI y XVII al artículo 8, se modifican los artículos 54, 55, 58 y la fracción I del artículo 71 de Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno el presente dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. Con fecha 23 de julio de 2014, los diputados Ricardo Mejía Berdeja, y el suscrito Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron ante el pleno de la honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XVI y XVII al artículo 8, se modifican los artículos 54, 55, 58 y la fracción I del artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

Los diputados proponentes argumentan que, es necesario que los infantes de 0 a 5 años, cuenten con alimentación, cuidados y atención necesaria para que detonen sus capacidades y desarrollen las habilidades que les permitan sobrevivir ante contextos adversos y hostiles, así como contar con un mejor estado de salud; pues con ello sufrirían menos enfermedades, gozarían de un equilibrio emocional que les permitiría una mejor convivencia en sociedad y en sus relaciones interpersonales, así como una mejor toma de decisiones.

Refieren que, sin embargo los efectos de la crisis económica en nuestro país han tenido un severo impacto social que se ha visto reflejado en el deterioro en la calidad del trabajo, el incremento de la pobreza empero también en el surgimiento de diferentes necesidades de la población, donde la clase trabajadora se ha transformado, y hoy en día la mujer tiene una presencia más activa en el campo laboral, la estructura y la dinámica de las familias en el país es diferente, por lo tanto las necesidades también lo son. Esto hace evidente que la grave crisis económica ha orillado en su caso a ambos padres a trabajar para poder sobrevivir y así tratar de subsanar las necesidades básicas del seno familiar, la situación- se agrava en familias en donde la jefa de familia es madre soltera.

Asimismo señalan que, lo anterior hace referencia a las necesidades de niñas y niños cuyos padres trabajan y al no poder atenderlos durante el horario laboral, requieren de un lugar para su cuidado y atención. Aunque son pocos, algunos de estos padres cuentan con prestaciones laborales o sociales dentro de las cuales se encuentran las guarderías o estancias infantiles, donde niñas y niños reciben los primeros cuidados. Por lo cual, la presente iniciativa tiene por objetivo contemplar en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conceptos básicos que aseguren lo fundamentado en el párrafo octavo del artículo 4o. constitucional.

Añaden que, considerando que la niñez es un sector prioritariamente protegido por los instrumentos y organismos internacionales en materia de derechos humanos, es menester velar por el interés superior de las niñas y niños garantizando éste principio en la ley antes mencionada, entendiéndolo como: las acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

Un elemento fundamental para llevar a cabo este precepto, es contar con el personal profesional y por consiguiente cursos de profesionalización al interior de los Centros de Atención Infantil citados en la Ley General de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, con lo que se facilitaría cumplir con los objetivos que permitirían lograr un mejor desarrollo infantil biológico, cognoscitivo, psicomotriz y socio-afectivo, apropiado a su edad, género y en casos particulares a su situación entendiendo por esta, aquellos infantes con algún tipo de discapacidad, de origen étnico, migrante, jornalero, etcétera, y, en aras de contribuir a su sano desarrollo dentro de un ambiente óptimo, seguro y confiable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona y modifica diversos artículos de la Ley General Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Artículo Primero. Se adicionan las fracciones XVI y XVII al artículo 8o., y se modifican los artículos 54, 55, 58, y la fracción I del artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Artículo 8. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I-XV

XVI. Interés Superior del niño: Conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

XVII. Profesionalización. Los procedimientos y las intervenciones realizadas por los profesionales relacionados con los cuidados, que tendrán características, especificidades, y cualidades necesarias que les permitan responder adecuadamente a las condiciones particulares de las y los niños, y a la vigencia y defensa de sus derechos.

Artículo 54. El personal que labore en los Centros de Atención que presten servicios, estará obligado a participar en los programas de profesionalización, formación, actualización, capacitación y certificación de competencias, así como de protección civil que establezcan las autoridades competentes.

Artículo 55. Los prestadores de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil promoverán la profesionalización y capacitación de su personal, por lo que deberán brindarles las facilidades necesarias para este efecto, de acuerdo a la modalidad correspondiente y sin perjuicio de lo establecido por la legislación laboral.

Artículo 58. La Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y sus órganos político-administrativos implementarán acciones dirigidas a la profesionalización, así como a certificar y capacitar permanentemente al personal que labora en los Centros de Atención.

Artículo 71. Son causas de suspensión temporal será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:

I. No contar con la profesionalización del personal competente o suficiente para brindar los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;

II-VII.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la honorable Cámara de Diputados se abocaron al análisis de la iniciativa en comento, al tenor de las consideraciones que a continuación se consignan.

Primera. El interés superior de la niñez, es un tema de gran relevancia hoy en día; el Estado mexicano ha tratado de implementar todos los mecanismos y medios necesarios para que este sea respetado y llevado a la praxis conjuntamente. Es por ello que en el párrafo octavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se contempla el interés superior, el cual a la letra dice:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la niñez.”

Con lo cual, los tres niveles de gobierno se ven obligados a velar y defender todo tipo de derechos relacionados con la niñez.

Segunda. Indubitablemente la presente iniciativa, refleja la preocupación de los legisladores por otorgar una mayor protección jurídica al ya referido “interés superior de la niñez”; y la profesionalización del personal que preste servicios en los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil debe ser básica y obligatoria, en el entendido de que en ellos radica la responsabilidad del cuidado y desarrollo de los menores de edad. Sin embargo, si bien es cierto que dicha profesionalización del personal y la definición del interés superior de la niñez no se encuentra contenidos explícitamente en la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, no menos cierto es que por una parte, el “interés superior de la niñez”, tiene un marco legal contemplado en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues explícitamente en su artículo tercero se estipula lo siguiente:

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. El del interés superior de la infancia.

Énfasis añadido

No obstante lo anterior, en esta ley, se puede encontrar todo los derechos relacionados con el interés superior de la niñez, y por ello mismo, el anexar un significado del interés superior de la niñez en el artículo 8 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, no tendría sentido, pues de algún modo, se estaría limitando dicho concepto, además de que dicho concepto va en el mismo sentido que el artículo 3 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Por otro lado, dentro de la legislación mexicana encontramos en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en su artículo 9, lo siguiente:

“Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto a sus derechos, identidad e individualidad con el fin de garantizar el interés superior de la niñez”

Énfasis añadido

Es así, que atendiendo a los anteriores textos, se desprende que ya está legislada la propuesta que establece la iniciativa.

Tercera. Por otra parte, en cuanto a la profesionalización del personal que presta servicios en los centros de atención, en la misma Ley a la cual hace referencia la iniciativa de reforma, en el Capítulo V, del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en el artículo 31, se estipulan las atribuciones de dicho consejo, dentro de las cuales en la fracción V se encuentra la siguiente:

V. Promover ante las instancias competentes la certificación de competencias laborales para el personal que preste sus servicios en los Centros de Atención;

Énfasis añadido

Además de que la ya reiterada Ley cuenta con su respectivo Reglamento, el cual lleva por nombre: Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; en donde podemos encontrar un capítulo destinado a la capacitación y certificación del personal encargado de atender a las niñas, niños y adolescentes en los centros de atención, en donde se establece que dicho personal deberán tomar y aprobar cursos de capacitación para poder seguir ejerciendo sus labores; lo cual se fundamenta en los siguientes artículos:

Artículo 49. Las autoridades competentes en el ámbito de sus respectivas competencias de acuerdo a la modalidad y modelo de atención, establecerán programas de formación, actualización, capacitación y certificación de competencias, así como de protección civil, en los términos que se determinen en las disposiciones que emita el Consejo, aplicables a la modalidad, tipo y modelo de atención correspondiente.

Artículo 50. Los Centros de Atención autorizados conforme al presente Reglamento, deberán contar con el personal capacitadode acuerdo a la modalidad, tipo y modelo de atención, a las que pertenezcan, conforme a las disposiciones que emitan las autoridades competentes.

Artículo 51. Las capacitaciones del personal de los Centros de Atención, en cualquiera de sus modalidades, tipos y modelo de atención, se realizarán tomando en consideración las recomendaciones, que en su caso, emita el Consejo.

La capacitación impartida por las autoridades competentes o terceros que éstas señalen no creará ningún vínculo jurídico, administrativo o laboral con los Centros de Atención o con el personal que éstos contraten.

Artículo 52. Los p restadores de servicios ara la atención cuidado desarrollo integral infantil estarán obligados a cursar, acreditar en su caso revalidar los cursos capacitaciones de los programas de actualización que se determine conforme al modelo de atención.

Artículo 53. Para la atención de niñas y niños con discapacidad, las Autoridades Competentes que presten los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil implementarán programas de sensibilización y capacitación continua para el personal encargado de los mismos, los que fomentarán el trato no discriminatorio y la convivencia en un ambiente de inclusión y respeto a sus derechos en condiciones de igualdad.

Énfasis añadido

Cuarta. En este tenor, la Comisión de los Derechos de la Niñez considera que, de aprobarse la propuesta de reforma a los ya mencionados artículos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil se estaría cayendo en la duplicidad de la ley, pues contiene un mismo sentido con lo anteriormente fundado; por consiguiente resulta desafortunada e imprecisa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez emiten el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan las fracciones XVI y XVII al artículo 8, se modifican los artículos 54, 55, 58, y la fracción I del artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco, Marina Garay Cabada, María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica), Leopoldo Sánchez Cruz.»

LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan una fracción al artículo 8o., ordenándose alfabéticamente y recorriendo las subsecuentes, y la VIII al artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Honorable Asamblea:

A la comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, le fue turnada para su correspondiente análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 8, ordenándose alfabéticamente y recorriendo las subsecuentes; y se adiciona la fracción VIII al artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182, 185 y 187 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración del pleno el presente dictamen, con base en los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 13 de agosto del 2014, los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 8, ordenándose alfabéticamente y recorriendo las subsecuentes; y se adiciona la fracción VIII al artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnarla a la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.

Contenido de la iniciativa

En la iniciativa los proponentes señalan que, en México el efecto de la crisis económica se ha visto reflejado en el deterioro en la calidad del empleo, el incremento de la pobreza y en el surgimiento de diferentes necesidades de la población, donde la clase trabajadora se ha transformado. Hoy, las mujeres tienen una presencia más activa en el campo laboral, la estructura y la dinámica de las familias es diferente; por tanto, las necesidades también lo son. Y es por ellos que se debe prestar atención a las particularidades de los niños cuyos padres trabajan y cuentan con la prestación laboral o social de guarderías o estancias infantiles, ya que ante el aumento de usuarios y de los lugares que prestan este servicio se debe hacer hincapié en una protección y regulación integral de estos centros de atención, cuidado y desarrollo infantil, públicos o privados, de manera que garanticen un correcto funcionamiento, velando siempre por el interés superior de la niñez.

De igual forma argumentan que, la operación satisfactoria de dichos centros implica un estudio minucioso sobre las necesidades de los infantes de manera transversal. Sin embargo, del lado administrativo, los centros minimizan las medidas referentes a un óptimo registro de asistencia de los niños a los centros de atención, de ahí la preocupación por implantar en dicha ley un registro de asistencia y desarrollo, que contenga los datos básicos de los infantes, así como de su desarrollo cognitivo, con la información de padres o tutores y de las personas quienes se encargan del ingreso y egreso de ellos.

En el mismo marco, señalan como base de su propuesta el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece como base fundamental el interés superior del niño, especialmente en la prestación de servicios de cuidado o protección de los niños, que al respecto señala:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, los servicios y los establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Además de que en el artículo 9 de La Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil se estipula lo siguiente:

Artículo 9. Niñas y niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en condiciones de calidad, calidez, seguridad, protección y respeto de sus derechos, identidad e individualidad, a fin de garantizar el interés superior de la niñez.

Y que entre los criterios de calidad y seguridad, es menester considerar dicho registro de asistencia y desarrollo, con los datos completos del menor. Esto dará seguridad y protección al menor, a padres o tutores y, de igual manera, a los prestadores de dicho servicio. De manera colateral, irá en beneficio de los avances de los infantes, acorde con su expediente de asistencia, trazando objetivos en pro de un desarrollo integral.

De ahí la importancia de que los centros de atención cuenten con dicho registro, a fin de dotarlos de un mejor cuidado, dando seguimiento en cada una de las áreas cognitivas. Lo anterior se refuerza en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que denomina a los niños como “sujetos de servicio”, señalando que la atención hacia ellos debe hacerse con un enfoque integral, resaltando las condiciones de calidad, seguridad, protección y respeto de sus derechos.

Concluyen estableciendo que, cuando haya mal manejo, manipulación, alteración o falsificación delos registros de asistencia y estancia de los menores, los centros de atención se harán merecedores de la suspensión temporal de la autorización. Y que la reforma planteada, ayudaría a que el marco legal garantice que los niños tengan lugares seguros donde puedan estar mientras sus familias se ocupan de las actividades diarias, sin el riesgo de ser sustraídos por ninguna persona que no se encuentre autorizada, así como mantener los registros válidos del progreso de los menores.

Fundamento legal

La iniciativa se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 y78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo fundado y expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 8, ordenándose alfabéticamente y recorriendo las subsecuentes, y se adiciona la fracción VIII al artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Único. Se adiciona una fracción al artículo 8, ordenándose alfabéticamente y recorriendo las subsecuentes, y se adiciona la fracción VIII al artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Artículo 8. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a V. ...

VI. Registro de estancia y desarrollo: Base de datos detallada que contiene el nombre, edad, estado de salud, físico y psicológico, así como perfil y avance de nutrición, psicomotricidad, aprendizaje y leguaje de cada uno de los infantes asistentes a los centros de atención. Incluye fecha de ingreso, la asistencia con hora de entrada y salida, así como los datos completos de la persona que hace entrega y retira al menor y los datos de identificación de las personas que ejerzan la custodia, tutela o patria potestad del infante.

XVI. ...

Artículo 71. Son causas de...

I. a VII. ...

VIII. Cuando exista mal manejo, manipulación, alteración o falsificación de los registros de estancia ya sea ingreso o salida, así como de los avances de los menores.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Consideraciones

Las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez se abocaron al análisis de la iniciativa planteada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, al tenor de las consideraciones que a continuación se consignan:

Primera. Dentro de las funciones sustantivas del honorable Congreso de la Unión, se encuentra la creación de normas jurídicas, tanto objetivas como adjetivas para hacer valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, consagrados en el párrafo décimo del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, el cual a la letra dice:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Además de estar previstos en forma explícita en el Tratado Internacional: Convención de los Derechos de Niño, el cual  fue suscrito por México en 1989 y ratificado por el Senado de la República Mexicana en 1990; por lo cual, de acuerdo al artículo 133 de la Constitución mexicana, se convierte también en Ley Suprema de nuestro país.

En consecuencia de ello, se tendrá que respetar y hacer valer lo establecido en los preceptos contenidos en este Tratado. En lo que concierne al tema planteado en esta iniciativa, y como ya los diputados proponentes citaron, se encuentra el artículo 3 de dicha Convención, el cual reza lo siguiente:

Artículo 3.1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Así también, lo contenido en el artículo 19 de la misma Convención, que señala:

1. Los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

Por consecuencia de lo antes fundado, y como se puede apreciar desde el punto de vista de cualquier técnica de interpretación, el Estado mexicano tiene la obligación de tomar cualquier tipo de medidas necesarias, para que los derechos de los niños sean respetados y llevados a cabo correctamente, en la forma más extensa posible.

Segunda.Esta comisión, considera de gran relevancia la propuesta planteada, pues si bien la noción del principio de “interés superior de la niñez” se encuentra tutelado por el Estado, y tiene validez legal nacional e internacionalmente; también es cierto que en cuanto a cuestiones administrativas, aún faltan algunas cuestiones por corregir o llevar a cabo.

Pero lo anterior no implica que por ello se tenga que prever en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil el concepto de “Registro de Estancia y Desarrollo”, pues una de las obligaciones con las que tienen que cumplir los responsables de los Centros de Atención Infantil, es contar con un Reglamento Interno, en el cual se contempla la obligatoriedad de contar con un expediente del menor que está bajo cuidado, con documentos como: la copia del Acta de Nacimiento, fotografía reciente, cartilla de vacunación, solicitud de inscripción, certificado médico, en los casos de niños con discapacidad el certificado médico, cada doce meses, en donde se especifique que tipo de discapacidad es y los medicamentos que se requiera, indicaciones si el menor cuenta con alguna enfermedad o padecimiento que requiera atención especial, receta médica, en su caso, si el menor requiere algún medicamento especial, o si padece de alguna alergia; copia de identificación de la o las personas responsables del menor, copia de comprobante de domicilio, número telefónico. También tendrán la obligación de registrar la asistencia diaria de las y los menores, así como la hora de entrada y la salida en una bitácora la cual deberá ser firmada, así como los avances cognitivos de estos, entre otros. Estos datos, al inscribir o ingresar a un menor en algún Centro de Atención, quedan registrados en un archivo.

Por lo que, que el adicionar la fracción VI al artículo 8 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, traería como consecuencia la redundancia de la ley, siendo esta innecesaria en el sentido material.

Tercera.En las últimas décadas, debido a la intensa actividad económica por parte de las mujeres, las estancias infantiles han tenido un gran auge y por la misma razón también ha surgido la necesidad de legislar en todo lo que ha ellas concierne; con la finalidad de proteger a las niñas y niños, hijos de madres y padres trabajadores.

Pero sin bien es cierto que resulta necesario que el mal manejo de la información personal de los menores, tenga una penalidad, también lo es que dicha legislación ya se encuentra contemplada en nuestro país, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, toda vez que esta ley, como lo estipula su artículo 1, es de observancia general y tiene por objeto la protección de datos personales en posesión de los particulares, sea personas físicas o morales con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas.

Asimismo en la ya mencionada ley, se estipula las infracciones y sanciones por el mal uso que se llegue a hacer de los datos que se mantengan en archivo; como se puede observar lo citado en los respectivos artículos de esta ley, los cuales a la letra dicen lo siguiente:

Artículo 19. Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

Artículo 63. Constituyen infracciones a esta Ley, las siguientes conductas llevadas a cabo por el responsable:

IV. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la presente Ley;

VIII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 21 de esta Ley;

XI. Vulnerar la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al responsable;

XII. Llevar a cabo la transferencia o cesión de los datos personales, fuera de los casos en que esté permitida por la Ley;

XV. Recabar datos en forma engañosa y fraudulenta;

XVI. Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando se ha solicitado el cese del mismo por el Instituto o los titulares;

Artículo 64. Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas por el Instituto con:

I. El apercibimiento para que el responsable lleve a cabo los actos solicitados por el titular, en los términos previstos por esta Ley, tratándose de los supuestos previstos en la fracción I del artículo anterior;

II. Multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las fracciones II a VII del artículo anterior;

III. Multa de 200 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en los casos previstos en las fracciones VIII a XVIII del artículo anterior, y

IV. En caso de que de manera reiterada persistan las infracciones citadas en los incisos anteriores, se impondrá una multa adicional que irá de 100 a 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En tratándose de infracciones cometidas en el tratamiento de datos sensibles, las sanciones podrán incrementarse hasta por dos veces, los montos establecidos.

Con lo cual, los particulares al proporcionar los datos personales de ellos, así como los de sus menores hijos, deben saber que estos, estarán protegidos y respaldados por esta Ley.

Por anterior expuesto y fundado, la Comisión de Derechos de la Niñez considera que la presente iniciativa, resulta improcedente; por lo que se emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 8, ordenándose alfabéticamente y recorriendo las subsecuentes; y se adiciona la fracción VIII al artículo 71 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, presentada por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Segundo. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido .

Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez, Leopoldo Sánchez Cruz.»

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 6, recorriendo la subsecuente, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

La Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167, numeral 4, 176, fracción I, y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

En la sesión celebrada con fecha 19 de marzo de 2014 el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona una fracción VI al artículo 6, recorriendo la subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En la misma fecha, a través del oficio número D.G.P.L. 62-II-4-1600, la Mesa Directiva de la LXII Legislatura determinó turnar el presente proyecto de decreto a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen bajo el expediente 4085.

Contenido de la iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto tiene como objetivo establecer en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que el delito de trata de personas impacta a amplios sectores de la población, pero lo hace en mayor medida en niñas y mujeres sin distinción de condición social y edad, pues no sólo un sector de la población es vulnerable a la trata. Se pretende reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para fortalecer el estado de derecho en materia de derechos humanos a fin de erradicar la violencia hacia las mujeres.

La iniciativa plantea la inclusión del concepto de trata de personas dentro de los tipos de violencia contra las mujeres. Establece que la trata de personas es un fenómeno que involucra diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, y se define como quien por acción u omisión dolosa de una o varias personas capte, enganche, transporte, retenga, entregue, reciba, aloje, a una o varias personas a través de engaño, amenaza, violencia física o moral, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual: prostitución ajena, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual, o cualquier otra actividad sexual remunerada; trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a esta, la servidumbre, la mendicidad forzada; matrimonio forzoso o servil, la explotación laboral; tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

Cuadro comparativo

Con la finalidad de comparar el texto vigente de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con las modificaciones propuestas en la iniciativa que se dictamina, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Texto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Vigente

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. a V. (...)

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Texto propuesto

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. a V. (...)

VI. Se entenderá por trata de personas el fenómeno que involucra diferentes tipos de violencia hacia las mujeres, y se define como quien por acción u omisión dolosa de una o varias personas capte, enganche, transporte, retenga, entregue, reciba, aloje, a una o varias personas a través de engaño, amenaza, violencia física o moral, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual: prostitución ajena, pornografía, exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual, o cualquier otra actividad sexual remunerada; trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a ésta, la servidumbre, la mendicidad forzada; matrimonio forzoso o servil, la explotación laboral; tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Consideraciones

Esta dictaminadora al igual que el proponente reconocen la importancia que tiene la protección de los derechos humanos de las mujeres, ante cifras como las que presenta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que señalan que 2.4 millones de personas en el mundo están sujetas a la explotación como resultado de la trata de seres humanos; y por lo que constituye uno de los negocios más lucrativos después del tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes, cuyas ganancias que oscilan entre 8 mil millones y 10 mil millones de dólares al año.

Frente a ello es innegable el reconocimiento cada vez mayor por parte de la comunidad internacional de la gravedad de este delito que vulnera los derechos fundamentales de mujeres niñas y niños como son el derecho a la libertad, al trabajo, a la educación, a la salud, a una vida libre de violencia, sin esclavitud, tortura ni otros tratos inhumanos y degradantes.

Coincidimos con el proponente cuando señala que la violencia en contra de las mujeres en México se ha encrudecido y que en el contexto de violencia generalizada que se vive en el país, la violencia contra las mujeres debe enmarcarse en dos aspectos: primero frente al impacto que ha tenido el crimen organizado y segundo ante un marco normativo que no alcanza a proteger ni garantizar su vida, integridad y seguridad.

Las cifras presentadas por el promovente son una muestra de la gravedad que alcanza el delito de la trata en nuestro país: según datos de la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra), entre enero de 2008 y julio de 2013 fueron rescatadas en México 187 víctimas, originarias de 18 países. Según el Instituto Nacional de Migración (INM) de enero de 2008 a octubre de 2012, fueron atendidas 301 víctimas de trata, procedentes de 17 naciones.

A mayor abundamiento, el diputado promovente señala que a México han llegado víctimas de trata provenientes de 23 países de América, Asia, Europa, y África y que se identifican 35 puntos en 16 estados del país como los principales destinos de explotación de extranjeros. Encabezan la lista Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, aunque también hay casos importantes en Cancún, Villahermosa, Distrito Federal, Jalapa, Veracruz y Frontera Comalapa.

Esta dictaminadora coincide con el promovente cuando afirma que según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en países donde hay conflicto armado la seguridad y vida de las mujeres se ven agraviadas por la presencia de los diferentes grupos armados en la vida cotidiana y por el control social que éstos ejercen sobre sus vidas en los espacios públicos y privados, situación que genera una violación sistemática a sus derechos humanos donde las mujeres y niñas son las más vulnerables y en cuanto al tema de la trata las más vulnerables son las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes, así como los migrantes.

No obstante que esta dictaminadora coincide con el proponente en su apreciación general sobre la trata de personas, su impacto y graves consecuencias mayormente en la población femenil, considera improcedente la propuesta de reforma de la fracción VI al artículo 6, recorriendo la subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pues como puede observarse propone la inclusión de un concepto de trata de personas dentro de los tipos de violencia contra las mujeres, aun y cuando el delito de la trata se encuentra definido de manera basta en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

De acuerdo a su artículo 2o. esta ley general tiene por objeto el establecimiento de competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales; establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones; determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos; la distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas de los delitos objeto de esta ley; establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de niñas, niños y adolescentes, cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos objeto de esta ley; y reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida.

De manera general, el artículo 10 señala:

“ Artículo 10. Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente ley;

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente ley;

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente ley;

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente ley;

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente ley;

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente ley;

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente ley;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente ley;

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente ley, así como la situación prevista en el artículo 29;

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente ley; y

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente ley.”

Los artículos 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establecen diversos tipos penales en materia de trata de personas y dan cuenta dentro de su texto legal, de la complejidad del fenómeno de la trata de personas, sus características y modalidades que implica este delito, así como su sanción en los tres niveles de gobierno, por lo que si se llevara a cabo la reforma propuesta y que motiva el presente dictamen y se incluye el concepto de trata en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia se estaría introduciendo un concepto restrictivo, frente a la diversidad de conductas que ya se encuentran tipificadas como constitutivas del delito de trata de personas a las cuales se ha hecho referencia, aunado al hecho de que se estaría incurriendo en su sobrerregulación.

Por otro lado, lado se estaría normando una materia cuyo ámbito compete a la federación.

En efecto, el artículo 5o. de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos a este respecto señala:

“ Artículo 5o. La federación será competente para investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando:

I. Se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

II. El delito se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o, 3o, 4o, 5o y 6o del Código Penal Federal;

III. Lo previsto en el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales;

IV. El Ministerio Público de la federación solicite a la autoridad competente de una entidad federativa la atracción del asunto, atendiendo a las características propias del hecho, así como las circunstancias de ejecución o a la relevancia social del mismo.

V. Que sean cometidos por la delincuencia organizada, en los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Para tal efecto la autoridad local deberá coadyuvar en todo momento con la autoridad federal en la integración de la investigación por delincuencia organizada.

El Distrito Federal y los estados serán competentespara investigar, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta ley cuando no se den los supuestos previstos anteriormente.

La ejecución de las penas por los delitos previstos en esta ley se regirán conforme a los ordenamientos aplicables en la federación, el Distrito Federal y los estados, en lo que no se oponga a la presente ley.”

Es también oportuno señalar que Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, es un instrumento jurídico cuyo objetivo principal es establecer las competencias entre la federación, los estados y los municipios para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, así como fijar los principios para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que para ello justamente ha establecido las modalidades y los tipos generales de la violencia y sus formas análogas, por lo que resulta innecesario incorporar la definición de una forma específica de violencia como es la trata de personas, cuyo abordaje jurídico se encuentra ampliamente detallado en una ley especial que define el tipo penal así como las características específicas que rodean a este delito.

Por todo lo anterior la Comisión de Igualdad de Género somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Dictamen

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI al artículo 6, recorriendo la subsecuente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 7 de octubre de 2014.

La Comisión de Igualdad de Género, diputadas:Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), presidenta; Rosalba de la Cruz Requena (rúbrica), María del Rocío García Olmedo (rúbrica), María Leticia Mendoza Curiel (rúbrica), Socorro de la Luz Quintana León (rúbrica), María Guadalupe Sánchez Santiago (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, María Guadalupe Moctezuma Oviedo, Dora María Guadalupe Talamante Lemas (rúbrica), secretarias; Maricruz Cruz Morales (rúbrica), María de Lourdes Flores Treviño (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez, María Esther Garza Moreno (rúbrica), Mirna Esmeralda Hernández Morales, Leticia Mejía García (rúbrica), Patricia Elena Retamoza Vega, Margarita Licea González, Leticia López Landero, Flor de María Pedraza Aguilera, María Eugenia de León Pérez, Joaquina Navarrete Contreras (rúbrica), Julisa Mejía Guardado (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Aída Fabiola Valencia Ramírez, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito.»

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de las Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 84, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y de Derechos de la Niñez someten a consideración de esta asamblea el presente dictamen, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

I. Antecedentes

I. En sesión celebrada el 3 de julio de 2014 por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión.

II. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, mediante el oficio número CP2R2A.-1571, turnó la referida iniciativa a las Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y de Derechos de la Niñez, para efectos del estudio, análisis y dictamen correspondientes.

II. Contenido de la iniciativa

El proyecto legislativo en estudio tiene por objeto adicionar que dentro de la función social de la radio y la televisión se persiga la de contribuir a la difusión de hábitos alimenticios sanos, particularmente que en la programación dirigida al público infantil, se cuidará que el contenido de los anuncios publicitarios estimule a los niños a consumir alimentos y bebidas sanos y nutritivos.

A fin de que haya mayor precisión sobre la reforma en estudio, se expone el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente de la Ley Federal de Radio y Televisión frente al proyecto de decreto de la iniciativa:

Ley Federal de Radio y Televisión

(texto vigente)

Artículo 5o. La radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán

I. ...;

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud;

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana.

IV. ...

Artículo 59 Ter. La programación general dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberá

I. a V. ...

...

La programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta ley.

Ley Federal de Radio y Televisión

(propuesta de la iniciativa)

Artículo 5o. La radio y la televisión tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana , además deberá contribuir a la difusión de hábitos alimenticios sanos. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán

I. ...;

II. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico y alimenticiode la niñez y la juventud;

III. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, de salud y a conservar las características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana; y

IV. ...

Artículo 59 Ter. ...

I. a V. ...

VI. Los anunciantes de alimentos y bebidas altas en calorías, por cada dos anuncios publicitarios deberán contratar uno relativo a hábitos alimenticios sanos; y

VII. Fomentar la alimentación sana, erradicando anuncios de alimentos y bebidas altos en calorías.

...

La programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta ley ; cuidará que el contenido de los anuncios publicitarios estimule a las niñas y niños a consumir alimentos y bebidas sanas y nutritivas.

III. Consideraciones

Las Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados en la LXII legislatura, previo estudio y ponderación del asunto, determinan presentar dictamen en sentido negativo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD, de conformidad con los siguientes argumentos:

Primera. Las comisiones dictaminadoras manifiestan como un hecho relevante que el 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo nuevos parámetros constitucionales en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Por ello, de conformidad con tal decreto, se expide la nueva legislación secundaria relativa a dichas materias.

Tal mandato constitucional está impuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios de la citada reforma constitucional; los dispositivos se transcriben a continuación:

Tercero. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme al presente decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y deberá

I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos de concentración;

II. Regular el organismo público a que se refiere el artículo 6o. que se adiciona en virtud del presente decreto. Pasarán a este organismo público los recursos humanos, financieros y materiales del organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales;

III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias e indígenas;

IV. Regular el derecho de réplica;

V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia;

VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente;

VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, consistentes con los principios de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Cada concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de competencia, para la emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante la autoridad para su registro público;

VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y calidad, garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas;

IX. Crear un consejo consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por miembros honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en los artículos 6o. y 7o. constitucionales; y

X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente decreto.

Cuarto. En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Énfasis añadido

El Congreso de la Unión procedió a la emisión de la nueva ley convergente, mediante el Decreto por el que se expiden las Leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.

En consecuencia, hay una imposibilidad jurídica formal por cambio de situación jurídica para realizar cualquier adecuación a la Ley Federal de Radio y Televisión; tal imposibilidad jurídica se surte en razón de que dicha ley queda abrogada a partir del 13 de agosto de 2014, de conformidad con los artículos primero y segundo transitorios del citado decreto:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. Se abrogan la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión.Se dejan sin efectos aquellas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación en lo que se opongan a lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud del presente decreto.

Énfasis añadido

Al respecto, se señala que la imposibilidad jurídica es una categoría jurídica que sirve para finiquitar el cumplimiento de una obligación que se ha vuelto imposible, data desde el derecho romano con la expresión latina “impossibilium nulla obligatio est”, caracterizándose por ser un hecho sobrevenido o superveniente y donde la realización del objeto es imposible.

Por tanto, la emisión de la nueva ley que regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, da paso a la abrogación de la Ley Federal de Radio y Televisión, el ordenamiento a que se pretenden realizar adecuaciones normativas. Luego entonces, este último argumento, al amparo de estimaciones constitucionales y legales, se apoya la convicción de dictaminar el proyecto en sentido negativo, ya que la iniciativa en revisión ha quedado sin materia formal ante la nueva ley convergente, que entra en vigor el 13 de agosto de 2014.

Finalmente, cabe referir que se procede a la dictaminación formal de la iniciativa de marras a fin de cumplir los plazos para emitir dictamen por esta comisión en términos del artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y dar cumplimiento al acuerdo de los integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de que todo asunto turnado sea tratado en dictamen.

Segundo. Se estima que las pretensiones planteadas en la iniciativa en estudio han quedado abordadas por la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada el 14 de julio de 2014.

En efecto, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé en el artículo 223 que “la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:” destacando para efectos del presente Dictamen, las siguientes fracciones: “I. La integración de las familias; II. El desarrollo armónico de la niñez; III. El mejoramiento de los sistemas educativos”, entre otros fines.

En el artículo 226 se integran disposiciones dirigidas a efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos. Para mejor referencia se transcribe el precitado numeral 226:

Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales;

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia;

IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia;

V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional;

VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la solidaridad humana;

VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y sociales;

VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;

IX. Promover una cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la preservación del ambiente;

X. Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud;

XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata de personas;

XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

XIV. Proteger la identidad de las víctimas de delitos sexuales, y

XV. Cumplir la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos pornográficos.

Énfasis añadido

En concordancia con lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión confirió facultades a distintas autoridades en un marco de coordinación y colaboración, a efecto de fortalecer los fines planteados en la iniciativa en estudio. Sobre el particular, se alude al capítulo I, relativo a la competencia de las autoridades, del título décimo primero de la citada ley, destacando para los efectos que nos ocupan las siguientes porciones normativas:

Artículo 216. Corresponde al instituto

...

III. Supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, las normas en materia de salud y los lineamientos establecidos en esta Ley que regulan la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades competentes;

IV. Ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones que violen las normas previstas en esta ley en las materias a que se refieren las fracciones II y III, previo apercibimiento; y

V. Informar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, los resultados de las supervisiones realizadas en términos de la fracción III, para que éstas ejerzan sus facultades de sanción.

Para efectos de lo dispuesto en la fracción III del presente artículo, podrá celebrar convenios de colaboración con dependencias u órganos federales.

Artículo 217. Corresponde a la Secretaría de Gobernación

...

X. Establecer lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución; y

...

Artículo 219. Corresponde a la Secretaría de Salud

...

IV. Establecer las normas en materia de salud para la programación destinada al público infantil;

...

En consecuencia, la pretensión de la iniciativa materia de este dictamen se subsume en las normas previstas en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Tercero. Finalmente se refiere que la pretensión que busca la iniciativa ya está contenida en el marco jurídico secundario y reglamentario vigente, ya que con fecha catorce de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, que se refiere a la difusión que se realice en televisión abierta, televisión restringida y salas de exhibición cinematográfica, sobre la existencia, calidad y características de los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como para promover su uso, venta o consumo en forma directa o indirecta, se establecen los criterios nutrimentales y de publicidad a que se sujetarán dichos productos.

Además, en cumplimiento de la precitada reforma legal, el 15 de abril de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos sobre publicidad en televisión abierta y restringida de alimentos y bebidas, los que se publican en complemento a las disposiciones del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad, particularmente, tienen por objeto evitar la obesidad infantil.

Por lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Radio y Televisión, y de Derechos de la Niñez someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 5 y 59 Ter de la Ley Federal de Radio y Televisión, presentada por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Notas:

1 La Ley Federal de Radio y Televisión queda abrogada a partir del 13 de agosto de 2014, de conformidad con los artículos primero y segundo transitorios del decreto por el que se expiden las Leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2014.

2 La imposibilidad jurídica se da en razón de que el ordenamiento que se pretende modificar ha cambiado su estado jurídico de vigente a abrogado, por lo que existe una imposibilidad para reformar el ordenamiento pretendido. Al respecto se argumenta por analogía con las consideraciones de la tesis número LXXXVIII/90, de la Tercera Sala, visible en la página 175 del tomo V, primera parte, materia común-administrativa de enero-junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se reproducen a continuación:

Inejecución de sentencia. Queda sin materia el incidente si cambió la situación jurídica y existe imposibilidad legal de cumplirla.

Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no puede cumplirse por haber cambiado la situación jurídica y existe imposibilidad legal para ejecutarse, el incidente debe declararse sin materia, como acontece cuando la protección constitucional se otorgó para que se restituyera la posesión de un terreno, pero la causa de la desposesión ya no es la misma que constituyó el acto reclamado, pues el terreno fue materia de dotación a un ejido, sin que la resolución presidencial que lo constituyó haya sido reclamada en el juicio de amparo, hipótesis en la cual el cumplimiento de la sentencia afectaría derechos de un tercero que fue extraño al juicio, a saber, el ejido, las cuales tienen su causa en un acto de autoridad diverso que no guarda relación con el acto reclamado.

Igualmente, sirve de apoyo la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 330 del tomo XXV, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación refiere que la imposibilidad jurídica resulta siempre que hay un acto contrario a las leyes que establecen los elementos considerados como esenciales por el legislador, para la existencia de un acto jurídico.

3 El instrumento puede consultarse en la página oficial del Diario Oficial de la Federación: http://www.dof.gob.mx/ nota_detalle.php?codigo=5340694& fecha=15/04/2014

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a 30 de septiembre de 2014.

La Comisión de Radio y Televisión, diputados: Federico José González Luna Bueno (rúbrica), presidente; Adolfo Bonilla Gómez (rúbrica), Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Jaime Chris López Alvarado (rúbrica), Gerardo Maximiliano Cortázar Lara (rúbrica), José Guadalupe García Ramírez (rúbrica), Martha Gutiérrez Manrique (rúbrica), Luisa María Alcalde Luján (rúbrica), Ana Lilia Garza Cadena (rúbrica), Purificación Carpinteyro Calderón, Roxana Luna Porquillo (rúbrica), Simón Valanci Buzali (rúbrica), secretarios; Gerardo Francisco Liceaga Arteaga (rúbrica), Fernando Belaunzarán Méndez (rúbrica), Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbrica), Enrique Cárdenas del Avellano (rúbrica), Agustín Barrios Gómez Segués (rúbrica), Jorge Federico de la Vega Membrillo (rúbrica), Rodolfo Dorador Pérez Gavilán (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Adriana González Carrillo (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Felipe Muñoz Kapamas (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), Román Alfredo Padilla Fierro (rúbrica), Mario Sánchez Ruiz (rúbrica), Blanca María Villaseñor Gudiño (rúbrica), Silvia Márquez Velasco (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica).

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García, María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares, Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez, Leopoldo Sánchez Cruz.»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 30 de abril de 2014, el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

III. Contenido

Establecer como materia de salubridad general la educación sexual y reproducción humana, priorizando la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, atención, rehabilitación del cáncer de cérvix y cáncer de útero, así como la reconstrucción funcional y estética en pacientes diagnosticados con cáncer de mama.

Para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta ley;

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

II BIS. La protección social en salud.

III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el artículo 34, fracción II;

IV. La atención materno-infantil;

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas;

IV Bis 1. La salud visual;

IV Bis 2. La salud auditiva;

V. La planificación familiar;

VI. La salud mental;

VII. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud;

VIII. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;

IX. La coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos;

IX Bis. El genoma humano;

X. La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el país;

XI. La educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre;

XIV. La salud ocupacional y el saneamiento básico;

XV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;

XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual;

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad;

XVIII. La asistencia social;

XIX. El programa contra el alcoholismo;

XX. El programa contra el tabaquismo;

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia;

XXII. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación;

XXIII. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos;

XXIV. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en las fracciones XXII Y XXIII;

XXV. El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta ley;

XXVI. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células;

XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos;

XXVII. La sanidad internacional;

XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y

XXVIII. Las demás materias que establezca esta ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional.

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento;

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. Organizar y operar los servicios de salud a su cargo y, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto;

IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia;

V. Ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general;

VI. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento;

VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud;

VII Bis. Regular, desarrollar, coordinar, evaluar y supervisar las acciones de protección social en salud;

VIII. Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de salud en materia de salubridad general en todo el territorio nacional;

IX. Ejercer la coordinación y la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás normas aplicables en materia de salubridad general, y

X. Las demás que sean necesarias para hacer efectivas las facultades anteriores y las que se establezcan en esta ley y en otras disposiciones generales aplicables.

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el primero;

III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo;

IV. Llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competan;

V. Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales competentes;

VI. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables, y

VII. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en esta ley y demás disposiciones generales aplicables.

C. Corresponde a la federación y a las entidades federativas la prevención del consumo de narcóticos, atención a las adicciones y persecución de los delitos contra la salud, en los términos del artículo 474 de esta ley.

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias.

Para efectos del párrafo anterior, la atención médica integrada de carácter preventivo consiste en realizar todas las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, de acuerdo con la edad, sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizadas preferentemente en una sola consulta;

IV. La atención materno-infantil;

V. La planificación familiar;

VI. La salud mental;

VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales;

VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;

IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición;

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.

Artículo 33. Las actividades de atención médica son:

I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica;

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno;

III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad, y

IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.

Artículo 51. Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales, técnicos y auxiliares.

Los usuarios tendrán el derecho de elegir, de manera libre y voluntaria, al médico que los atienda de entre los médicos de la unidad del primer nivel de atención que les corresponda por domicilio, en función del horario de labores y de la disponibilidad de espacios del médico elegido y con base en las reglas generales que determine cada institución. en el caso de las instituciones de seguridad social, sólo los asegurados podrán ejercer este derecho, a favor suyo y de sus beneficiarios.

Iniciativa

Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general

I. a V. ...

V Bis. La educación sexual y reproducción humana, priorizando la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, atención, rehabilitación del cáncer de cérvix y cáncer de útero, así como la reconstrucción funcional y estética en pacientes diagnosticados con cáncer de mama.

VI. a XXVIII. ...

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al ejecutivo federal, por conducto de la secretaría de salud.

I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento;

II. En las materias enumeradas en las fracciones I, III, V Bis, XV Bis, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o. de esta ley, organizar y operar los servicios respectivos y vigilar su funcionamiento por sí o en coordinación con dependencias y entidades del sector salud;

III. a X. ...

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, V Bis, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a

I. y II. ...

III. La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas, así como de rehabilitación, la cual deberá atender de manera oportuna la reconstrucción funcional y estética,incluyendo la atención de urgencias.

...

IV. a XI. ...

Artículo 33. Las actividades de atención médica son

I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de protección específica;

II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno;

III. De rehabilitación, la cual deberá atender de manera oportuna la reconstrucción funcional y estética, incluyendo acciones tendientes a optimizar las capacidades y funciones de las personas con discapacidad; y

IV. Paliativas, que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario.

Artículo 51. ...

Artículo 51 Bis. Es derecho de los usuarios tener acceso a la reconstrucción funcional y estética, sea inmediata o retrasada, de la parte del cuerpo que haya sido afectada, siempre y cuando se trate de mutilación notoria y derivada de procedimientos quirúrgicos previos, a fin de evitar el posible impacto emocional y en beneficio de su calidad de vida.

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana. (Organización Mundial de la Salud.)

El cáncer de mama constituye en México, desde 2006, la primera causa de muerte por enfermedad en la población femenina de 25 años y más. La mayoría de los casos se presentan después de los 45 años, pero hoy en día están creciendo en mujeres que lo desarrollan en edades tempranas.

De acuerdo al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en nuestro país el 90 por ciento de los casos detectados de cáncer de mama, se han en las etapas III y IV, por lo que cada 2 horas muere una mujer mexicana por este mal.

El gobierno federal en el sexenio pasado emprendió en todo el país programas específicos, así como mayores presupuestos para la atención de este padecimiento, ejemplo de ello es que actualmente existen 583 unidades con mastógrafo para la detección del cáncer de mama.

Se registraron en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud 1 millón 318 mil 330 mastografías realizadas en mujeres de 50 a 69 años, esta cifra no incluye las realizadas fuera de este grupo como lo son las del DIF Nacional, Instituto Nacional de las Mujeres, entre otros.

En el periodo 2007-2012 se triplicó la cobertura de detección con mastografía en mujeres. Desde el 2007, se garantizó el acceso a tratamiento gratuito a mujeres y hombres diagnosticados en instituciones de seguridad social y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

Se incrementó el número de mastógrafos, contando actualmente con 572 equipos, con una capacidad potencial de 2 millones 172 mil 500 mastografías anuales. Asimismo se implantó una estrategia de unidades móviles, contando actualmente en la Secretaría de Salud, con 43 equipos que acercan el beneficio de la detección a mujeres en localidades que carecen del servicio.

Tercera. Según la Organización Mundial de la Salud, “Las enfermedades no transmisibles” (ENT), también conocidas como enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes”. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/)

Cuarta. Actualmente la Ley General de Salud establece que será materia de salubridad general la prevención y el control de enfermedades no transmisibles.

Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

I. a XV. ...

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVII. a la XVIII...

Por su parte el artículo 27 de la misma Ley menciona:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. ...

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

Quinta. En este mismo sentido la Ley General de Salud establece en su Capítulo III, denominado “Enfermedades no trasmisibles” lo siguiente:

Artículo 158. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen.

Artículo 159. El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate:

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la evaluación del riesgo de contraerlas;

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos;

III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento;

IV. La realización de estudios epidemiológicos, y

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, recomendados por la propia Secretaría, y

VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.

Artículo 160. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

Artículo 161. Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud deberán rendir los informes que la autoridad sanitaria requiera acerca de las enfermedades no transmisibles, en los términos de los reglamentos que al efecto se expidan.

De lo anterior se desprende que tanto la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, atención, rehabilitación del cáncer de cérvix y cáncer de útero ya están contempladas dentro de la normatividad aplicable de las enfermedades no trasmisibles.

Lo anterior obedece a que en la doctrina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano establece que:

“Las leyes por su propia naturaleza no pueden prever todos los supuestos posibles, por lo que su grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos, en contraste, tienden a detallar los supuestos previstos en la ley para que la individualización y aplicación del orden jurídico será clara y efectiva.”

Sexta. Por otra parte el pasado 12 de diciembre de 2013, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 por medio del cual se estableció en su estrategia 2.5., mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cervicouterino, de mama y próstata, la cual contempla las siguientes líneas de acción:

Líneas de acción:

2.5.1. Establecer acciones de comunicación de riesgos de neoplasias malignas.

2.5.2. Promover la detección temprana de neoplasias malignas.

2.5.3. Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres, particularmente cervicouterino y de mama.

2.5.4. Elaborar y difundir evaluaciones de desempeño de los programas de tamizaje de cáncer cervicouterino y de mama.

2.5.5. Fomentar la revisión rutinaria para detectar factores de riesgo de enfermedad prostática, cáncer de próstata y otras neoplasias malignas.

2.5.6. Fortalecer la detección temprana y referencia oportuna para el tratamiento adecuado de pacientes oncológicos en menores de 18 años.

2.5.7. Impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas.

2.5.8. Garantizar la atención adecuada mediante la integración de redes de atención especializada para cáncer de infancia y adolescencia.

2.5.9. Fortalecer las competencias profesionales del personal de salud en la atención integral del paciente oncológico menor de 18 años.

Séptima.Los principales objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en materia de Cáncer son:

a) Desarrollar e implantar un programa nacional de control de cáncer que mediante la participación intersectorial defina acciones factibles de prevención primaria, tamizaje y detección oportuna, tratamiento, cuidados paliativos y rehabilitación.

b) Impulsar la creación y continuidad de Registros Nacionales de Cáncer con base   poblacional

c) Incrementar la vigilancia del cumplimiento de las políticas públicas implementadas en el país.

d) Fortalecer las estrategias de educación para la salud relacionadas con los principales factores de riesgo así como con los signos y síntomas iniciales del cáncer en niños y adultos.

e) Incrementar y articular una política pública de detección oportuna del cáncer que permita garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento oportuno de calidad.

f) Desarrollar redes interinstitucionales que bajo un modelo de referencia y contrarreferencia permitan la atención de calidad del cáncer.

g) Desarrollar, actualizar e implantar guías de práctica clínica nacionales de manejo multidisciplinario para los pacientes con cáncer.

h) Crear estrategias que permitan incrementar la disponibilidad de recursos materiales y humanos necesarios para la atención del cáncer.

i) Reconocer a las acciones de cuidados paliativos y rehabilitación oncológica como parte importante de la atención integral del paciente, y con necesidad de un presupuesto específico para su otorgamiento.

Octava. Referente a la reforma y adición del artículo 3o., para incluir como materia de salubridad general a la educación sexual y reproducción humana, es pertinente señalar que actualmente la Ley General de Salud, ya contempla dichos preceptos dentro de los servicios de planificación familiar.

Artículo 68. Los servicios de planificación familiar comprenden:

I. La promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo nacional de Población;

II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar;

III. La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población.

IV. El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;

V. La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar.

VI. La recopilación, sistematización y actualización de la información necesaria para el adecuado seguimiento de las actividades desarrolladas.

Por lo que dichas acciones que pretende incluir ya están contempladas dentro de salubridad general en la fracción V del Artículo 3° de esta Ley.

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a IV. ...

V. La planificación familiar;

VI. a XXVIII. ...

Novena. Referente a las reformas y adiciones en donde se pretende contemplar dentro de las acciones de rehabilitación a la reconstrucción funcional y estética en pacientes diagnosticados con cáncer de mama, esta comisión estima necesario desechar dicha propuesta ya que lo anterior generaría un impacto económico. Por lo que es pertinente mencionar que dicho proyecto no prevé la observancia del Artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el cual se establece que a toda propuesta de aumento o creación de gasto del Proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Conocidos los razonamientos que se han descrito con la intención de justificar la oportunidad de su vigencia, los integrantes de esta Comisión de Salud, dan cuenta que las reformas propuestas en la iniciativa analizada se consideran inviables.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso g), del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración de este honorable Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por el diputado José Luis Oliveros Usabiaga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 30 de abril de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 numeral 1, 85, 157 numeral 1 fracción I y 158 numeral 1 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

Con fecha 22 de abril de 2014, el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 2, del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud.

Con misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

III. Contenido de la iniciativa

Suprimir a los homeópatas, de los profesionales que pueden prescribir medicamentos.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 28 Bis. Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

1. Médicos;

2. Homeópatas;

3. Cirujanos Dentistas;

4. Médicos veterinarios en el área de su competencia, y

5. Licenciados en Enfermería, quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuenten con los servicios de un médico, aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaria de Salud.

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificadas que determine la secretaría.

Propuesta de la iniciativa

Artículo 28 Bis. Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

1. Médicos;

2. Se deroga;

3. al 5. ...

IV. Consideraciones

Primera.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Es importante mencionar que la Ley General de Salud establece que se entiende por medicamento a toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios.

Por lo que la clasificación de medicamentos de la Ley General de Salud, contempla por su naturaleza a los medicamentos homeopáticos, denominándolos como toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio y que sea elaborado de acuerdo con los procedimientos de fabricación descritos en la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, en las de otros países u otras fuentes de información científica nacional e internacional.  Por lo que no sería viable eliminar a los profesionales de la homeopatía como facultados prescribir medicamentos.

Tercera. El pasado 25 de octubre de 2012, la Diputada Nelly del Carmen Vagas Pérez, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el numeral 2, del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud, con el fin de depositar la responsabilidad de prescribir medicamentos en los profesionales de la homeopatía, que son los médicos homeópatas.

Derivado de que en la actualidad existen disciplinas técnicas que sólo alcanzan un reconocimiento o diploma en “homeopatía y herbolaria”, sin embargo, los egresados de estas carreras técnicas adolecen de los conocimientos médico-científicos necesarios para prescribir medicamentos, lo cual representa un alto riego para la salud al tener expresa esta autorización.

Por otra parte las cédulas profesionales expedidas por la Secretaría de Educación Pública, reconocen como profesionistas en la “licenciatura como médico homeópata” a los egresados de los planes incorporados a dicho sistema, por tanto, son profesionales de la salud los médicos homeópatas quienes solo deberán estar facultados para la prescripción de medicamentos en la materia de su competencia.

Por lo que el pleno de esta Cámara de Diputados, con fecha 19 de marzo de 2013, aprobó dictamen a favor con 423 votos en pro, 4 en contra y 2 abstenciones y fue enviado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Conocidos los razonamientos que se han descrito, los integrantes de esta Comisión de Salud, dan cuenta que las reformas propuestas en la iniciativa analizada se consideran improcedentes.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso g), del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 2, del artículo 28 Bis, de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fecha 22 de abril de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD Y LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 36 de la Ley General de Salud y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, y 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 1o. de abril de 2014, la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 36 de la Ley General de Salud y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

III. Contenido

En la Ley General de Salud: Establecer que los beneficiarios de los servicios del Sistema de Protección Social en Salud que tengan algún tipo de neoplasia deberán ser atendidos bajo criterios de profesionalismo sin condicionar su situación de salud actual y económica, cualquiera que fuere su estado o gravedad.

En la Ley de los Institutos Nacionales de Salud: Asentar que los pacientes con algún tipo de neoplasia deberán ser atendidos cualquiera que fuere su situación actual de salud y económica y deberán ser tratados inmediatamente.

Para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Capítulo IXDerechos y Obligaciones de los Beneficiarios

Artículo 77 Bis 36. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tienen derecho a recibir bajo ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Iniciativa

Artículo 77 Bis 36. ...

Los beneficiarios con algún tipo de neoplasia deberán ser atendidos bajo criterios de profesionalismo sin condicionar su situación de salud actual y económica, cualquiera que fuere su estado o gravedad.

Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Texto vigente

Capítulo IIIAtención médica

Artículo 54. Los Institutos Nacionales de Salud prestarán los servicios de atención médica, conforme a lo siguiente:

I. Atenderán padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, así como urgencias.

Una vez diagnosticado, resuelto o controlado el problema de tercer nivel que dio origen a la atención podrán referir a los pacientes a los otros niveles de atención, de conformidad con el sistema de referencia y contrarreferencia;

II. Recibirán a usuarios referidos por los otros dos niveles de atención o a los que requieran atención médica especializada, conforme al diagnóstico previo que efectúe el servicio de preconsulta del Instituto de que se trate, y

III. Proporcionarán los servicios bajo criterios de gratuidad, para lo cual las cuotas de recuperación que al efecto cobren se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

Iniciativa

Artículo 54. ...

I. ...

...

Los pacientes con algún tipo de neoplasia deberán ser atendidos cualquiera que fuere su situación actual de salud y económica y deberán ser tratados inmediatamente;

II. a III. ...

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. La presente iniciativa en estudio pretende incluir en el Artículo 77 Bis 36 a los beneficiarios con algún tipo de neoplasia para que sean atendidos bajo criterios de profesionalismo sin condicionar su situación de salud actual y económica, cualquiera que fuere su estado o gravedad.

Actualmente La Ley General de Salud en su artículo 77 Bis 36 establece:

Artículo 77 Bis 36. Los beneficiarios del sistema de protección social en salud tienen derecho a recibir bajo ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración pública, tanto federal como local, acreditados de su elección de los regímenes estatales de protección social en salud.

Por lo que esta comisión señala:

En la doctrina, el Instituto de Investigaciones Jurídicas en su “Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano”, editado por Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2001, página 3264, encontramos:

Las leyes por su propia naturaleza no pueden prever todos los supuestos posibles, por lo que su grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos, en contraste, tienden a detallar los supuestos previstos en la ley para que la individualización y aplicación del orden jurídico será clara y efectiva.

De lo anterior se desprende que actualmente el marco jurídico vigente ya contempla de manera general aquellos beneficiarios con algún tipo de neoplasia.

Tercera. Por otra parte es importante resaltar que el artículo 77 Bis 37, establece que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán además de los derechos siguientes:

I. Recibir servicios integrales de salud;

II. Acceso igualitario a la atención;

III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad;

IV. Recibir los medicamentos que sean necesarios y que correspondan a los servicios de salud;

V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen;

VI. Conocer el informe anual de gestión del Sistema de Protección Social en Salud;

VII. Contar con su expediente clínico;

VIII. Decidir libremente sobre su atención;

IX. Otorgar o no su consentimiento válidamente informado y a rechazar tratamientos o procedimientos;

X. Ser tratado con confidencialidad;

XI. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión;

XII. Recibir atención médica en urgencias;

XIII. Recibir información sobre los procedimientos que rigen el funcionamiento de los establecimientos para el acceso y obtención de servicios de atención médica;

XIV. No cubrir cuotas de recuperación específicas por cada servicio que reciban;

XV.Presentar quejas ante los regímenes estatales de protección social en salud o ante los servicios estatales de salud, por la falta o inadecuada prestación de servicios establecidos en este Título, así como recibir información acerca de los procedimientos, plazos y formas en que se atenderán las quejas y consultas, y

XVI. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida.

Cuarta. Referente a reforma del artículo 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud es pertinente señalar que actualmente en el mismo artículo fracción III ya se encuentra contemplado el proporcionar los servicios bajo criterios de gratuidad, para lo cual las cuotas de recuperación que al efecto cobren se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando el usuario carezca de recursos para cubrirlas, o en las zonas de menor desarrollo económico y social conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.

Conocidos los razonamientos que se han descrito con la intención de justificar la oportunidad de su vigencia, los integrantes de esta Comisión de Salud, dan cuenta que las reformas propuestas en la iniciativa analizada se consideran innecesarias, ya que de acuerdo a los objetivos que se plantean en la exposición de motivos de dicha iniciativa, ya se encuentran contemplados en dichos ordenamientos.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso g), del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 77 Bis 36 de la Ley General de Salud y 54 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, con fecha 1 de abril de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados: Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen.

I. Metodología

La Comisión de Salud encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido de la iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

En sesión celebrada el pasado 30 de abril de 2014, la diputada federal Cristina Olvera Barrios, de la LXII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Salud, para su análisis y dictamen correspondiente.

Asimismo, la Mesa Directiva, mediante oficio de fecha 17 de julio de 2014, autorizó a esta Comisión prórroga por 90 días, para la dictaminar el asunto en cuestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 185, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

III. Contenido de la iniciativa

Se propone establecer la calidad aunada a la idoneidad en el marco legal para dar congruencia no solo al texto sino hacer posible que los derechos contenidos en la ley, sean de una realidad social.

Para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Título SegundoSistema Nacional de Salud

Capítulo I Disposiciones comunes

Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

IV Bis. Impulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunidades indígenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades político sociales y culturales; con su participación y tomando en cuenta sus valores y organización social;

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas;

VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que determinen hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la salud, y

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud.

Iniciativa

Título SegundoSistema Nacional de Salud

Capítulo I Disposiciones comunes

Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

Proporcionar servicios de salud de calidad idónea a toda la población, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde a la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

...

...

...

IV Bis. ...

...

VI Bis.

...

...

...

Ley General de Salud

Texto vigente

Título Tercero BisDe la Protección Social en Salud

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título.

Iniciativa

Título Tercero BisDe la Protección Social en Salud

Capítulo I Disposiciones generales

Artículo 77 Bis 1.- Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Las disposiciones reglamentarias establecerán los criterios necesarios para la secuencia y alcances de cada intervención que se provea en los términos de este Título

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 77 Bis 5. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. a XVII. ...

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

1. Proveer los servicios de salud en los términos de este título y demás disposiciones de esta Ley, así como de los reglamentos aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y del suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad;

I. a IX. ...

Artículo 77 Bis 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este Título.

...

Artículo 77 Bis 37. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes:

I. y II. ...

III. (No existe)

IV. a XVI. ...

Artículo 192 Ter. En materia de prevención se ofrecerá a la población un modelo de intervención temprana que considere desde la prevención y promoción de una vida saludable, hasta el tratamiento ambulatorio de calidad, de la farmacodependencia, el programa nacional fortalecerá la responsabilidad del Estado, principalmente de la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión integral y objetiva del problema para:

I. a IV. ...

Iniciativa

Artículo 77 Bis 5. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en la ejecución de las acciones de protección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A) Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. a XVII. ...

B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales:

1. Proveer los servicios de salud en los términos de este Título y demás disposiciones de esta Ley, así como de los reglamentos aplicables, disponiendo de la capacidad de insumos y del suministro de medicamentos necesarios para su oferta oportuna y de calidad idónea.

I. a IX. ...

Artículo 77 Bis 9. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría de Salud de calidad idónea establecerá los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud. Dichos requerimientos garantizarán que los prestadores de servicios cumplan con las obligaciones impuestas en este Título.

...

Artículo 77 Bis 37. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes:

I. y II. ...

Trato digno, respetuoso y atención de calidad idóneo.

III. Trato digno, respetuoso y atención de calidad idónea.

IV. a XVI. ...

Artículo 192 Ter. En materia de prevención se ofrecerá a la población un modelo de intervención temprana que considere desde la prevención y promoción de una vida saludable, hasta el tratamiento ambulatorio de calidad idónea, de la farmacodependencia, el programa nacional fortalecerá la responsabilidad del Estado, principalmente de la Secretaría de Salud, ofreciendo una visión integral y objetiva del problema para:

I. a IV. ...

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. En su exposición de motivos el proponente sostiene que: “sobre la prestación de los servicios de salud, la Ley General de Salud, señala que estos serán proporcionados al usuario con una “calidad idónea”, sin embargo, en el mismo texto de la ley en comento, al definir los objetivos del Sistema Nacional de Salud, señala expresamente como uno de ellos, el “mejorar la calidad” de los servicios de salud. Ello significa que al señalarse ese objetivo se reconoce de forma implícita la deficiente calidad con que se brindan los servicios de salud.

Asimismo señala que: “debemos hacer congruente el texto de la ley y aplicar técnica legislativa, para lograr la redacción de enunciados normativos adecuados en el texto del ordenamiento jurídico, ya que con ello, podremos corregir cuestiones de redacción y lograr la sincronía del texto de la ley, haciendo énfasis que los contenidos deben de ser claros y precisos, para evitar que estos causen confusión y termine por ser una ley deficiente”.

Tercera. La calidad es un requisito no solamente de la existencia misma del sistema comprendido globalmente puesto que no sirve de nada un sistema sanitario que opere en pésimas condiciones de calidad, sino también es un elemento para alcanzar un mínimo de igualdad entre quienes acceden a servicios públicos de salud y de quienes lo hacen a servicios privados.

En este contexto, resulta indispensable avanzar hacia la creación de un sistema más integrado, que reduzca la exclusión y las desigualdades, en lugar de reproducirlas o incluso fomentarlas.

En ese sentido, podemos observar que no solo debemos hacer congruente el texto de la ley, ya que el problema va más allá del consenso político y social, el gasto público en salud; resulta muy reducido si lo comparamos con los países integrantes de la OCDE. El sistema Nacional de Salud está integrado por una serie de instituciones claramente diferenciadas según el segmento de la población a la que atienden, el resultado es que la atención sanitaria se encuentra fragmentada y por tanto, coexisten distintos tipos de beneficios y calidad en el servicio; subsisten cuotas y aportaciones diferenciadas según la institución y las condiciones del beneficiario; y presenta diferentes fuentes de financiamiento (impuestos, cuotas, etc.); todo ello acaba producción ineficiencia y principalmente inequidad.

Cuarta. Por lo anterior, se considera que la transformación debe ir hacia el acceso universal, con derechos claros y perfectamente transferibles entre las diversas instituciones, estandarizando las prestaciones y los niveles de atención y calidad.

Conocidos los razonamientos que se han descrito, los integrantes de esta Comisión de Salud, dan cuenta que las reformas propuestas en la iniciativa analizada se consideran improcedentes.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso g), del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fecha 30 de abril de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades cardiovasculares

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, 82, primer párrafo, 85, 157, fracción I, 158, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente dictamen:

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido” se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resumen su contenido, motivos y alcances.

En “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 30 de abril de 2014, el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa se turnase a la Comisión de Salud para dictamen.

III. Contenido

La iniciativa tiene como objetivos

• Delinear competencias generales entre las autoridades federales y locales en materia de enfermedades no transmisibles, particularmente enfermedades cardiovasculares.

• Se propone la concurrencia de la federación y las entidades federativas para la educación y evaluación a fin de prevenir dichas enfermedades.

• Establecer los criterios generales sobre el diseño y la instauración del Plan Nacional para la Prevención y el Control de Enfermedades Cardiovasculares.

Para tales fines propone reformar la fracción XII del artículo 3o., la fracción I del Apartado B del artículo 13 y el artículo 28; y adicionar el Apartado C del artículo 13 y el artículo 27 Bis de la Ley General de Salud.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XI...

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y las atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII. ...

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A...

I a X...

B...

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis del artículo 3o. de esta ley, de conformidad con las disposiciones aplicables;

II. a VII. ...

C. ...

Sin correlativo

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo federal.

Propuesta de modificación

Artículo 3o. ...

I. a XI. ...

XII. La educación, prevención, orientación, control, vigilancia y la evaluación de las acciones gubernamentales en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, y las atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XXVIII. ...

Artículo 13. ...

A. ...

I. a X. ...

B. ...

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bis 1, IV, Bis 2, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis del artículo 3o. de esta ley;

II. a VII. ...

C. ...

Para el cumplimiento del artículo 3o., fracción XII, de la presente ley, la federación y las entidades federativas aportarán la infraestructura y los recursos necesarios, para la organización y operación de los servicios de salud a su cargo.

Artículo 27 Bis. Para la prevención, control, educación, vigilancia y evaluación de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, las autoridades federales y de las entidades federativas deberán diseñar e instrumentar un plan nacional para la prevención y control de enfermedades cardiovasculares, el cual deberá

I. Difundir información e instrumentar campañas relacionadas con los cuidados elementales para la prevención, detección, control y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo;

II. Promover actividades de atención temprana y tratamiento oportuno de hipertensión arterial;

III. Fomentar en el personal médico la capacitación en métodos de reanimación cardiopulmonar, a fin de prevenir el acontecimiento de muertes evitables;

IV. Dictar directrices a la industria alimentaria para la reducción de sal y grasas trans en su elaboración, a fin de aumentar la disponibilidad y accesibilidad de productos de bajo o nulo contenido de sodio o grasas trans; y

V. Promover el monitoreo y la vigilancia epidemiológica de las enfermedades cardiovasculares, incluyendo indicadores sobre ingesta de sal, que deberán reflejarse en las encuestas nacionales de salud y nutrición.

VI. Promover y fomentar la actividad física en la población en general, en los entornos escolar, laboral, comunitario y recreativo.

Artículo 28. Para los efectos de los artículos 27 y 27 Bis, habrá un cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el primer nivel de atención médica y un catálogo de insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y los demás que señale el Ejecutivo federal.

IV. Consideraciones

Primera. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos. Se clasifican en

• Cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco (miocardio);

• Enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro;

• Arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores;

• Cardiopatía reumática: lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática;

• Cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y

• Trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones.

Estas enfermedades cardiovasculares forman parte de un gran espectro de padecimientos denominado “enfermedades no transmisibles” (ENT), también conocidas como “enfermedades crónicas”, no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes.

Las ENT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones. Estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero la evidencia muestra que más de 9 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles se producen en personas menores de 60 años de edad. Niños, adultos y ancianos son todos vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las enfermedades no transmisibles.

Más de 80 por ciento de las defunciones causadas por las ECV en el mundo se producen en los países subdesarrollados. La población de estos países está más expuesta a factores de riesgo como el tabaco, que producen ECV y otras enfermedades no transmisibles.

Por otra parte, no suelen tener los beneficios de los programas de prevención en comparación con la población de los países de ingresos elevados. Aunado a esto, los pacientes con ECV y otras enfermedades tienen un menor acceso a servicios de salud eficientes y equitativos que respondan a sus necesidades (en particular, los servicios de detección temprana). Como consecuencia, muchos habitantes de dichos países mueren más jóvenes, usualmente en la edad más productiva, a causa de las ECV y otras enfermedades no transmisibles.

Adicionalmente, los más afectados en estos países son las personas en los estratos más bajos. Las enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades no transmisibles agravan la pobreza de las familias debido a los gastos catastróficos por pagos “de bolsillo”.

En el plano macroeconómico, estas enfermedades representan una pesada carga para las economías de los países subdesarrollados. Se calcula que, debido a la muerte prematura de muchas personas, las enfermedades no transmisibles, en particular las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, pueden reducir el PIB hasta en 6.7 por ciento en los países de ingresos bajos y medios.

Segunda.Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por estas enfermedades que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2008 murieron por esta causa 17 millones de personas, lo cual representa un 30 por ciento de las muertes registradas en el mundo; 7 millones de esas muertes se debieron a cardiopatía coronaria, y 6 millones a los AVC. De las muertes anuales, 16 por ciento es atribuible a la hipertensión. Esto incluye el 51 por ciento de las muertes por AVC y el 45 de las muertes por cardiopatía coronaria.

Las muertes por las enfermedades cardiovasculares afectan por igual a ambos sexos, y más de 80 por ciento se producen en países de ingresos bajos y medios. Se calcula que en 2030 morirán cerca de 23 millones de personas por ECV, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte.

En México corresponde a la primera causa de muerte, con poco más de 109 mil fallecimientos –18 por ciento de las muertes en 2012 fueron causadas por las enfermedades cardiovasculares.

Tercera.Las causas más importantes de las enfermedades cardiovasculares son una dieta inadecuada, el sedentarismo, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los principales factores de riesgo modificables son responsables de aproximadamente 80 por ciento de los casos de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular.

Los efectos de las dietas inadecuadas y de la inactividad física pueden manifestarse por aumentos de la tensión arterial (hipertensión), el azúcar (hiperglucemia – diabetes) y las grasas en sangre (hiperlipidemia), sobrepeso u obesidad. Estos “factores de riesgo mediadores” confieren un aumento del riesgo de sufrir infarto de miocardio, AVC, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones. Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el consumo de frutas y verduras, la actividad física regular y el rehúso al consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de estas enfermedades. El riesgo cardiovascular también se puede reducir mediante la prevención o el tratamiento de la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia.

En términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo de ENT a escala mundial es el aumento de la presión arterial (a lo que se atribuye 16 por ciento de las defunciones en el planeta), seguido por el consumo de tabaco (9 por ciento), el aumento de la glucosa sanguínea (6), la inactividad física (6), y el sobrepeso y la obesidad (5 por ciento). En los países de ingresos bajos y medios se está observando un rápido incremento del número de niños con sobrepeso.

Cuarta. Es necesario un enfoque integral que comprometa a todos los sectores involucrados (salud, economía, educación, planificación, agricultura) a colaborar para reducir los costos asociados a estas enfermedades, así como la promoción de acciones que permitan prevenirlas y controlarlas.

Una táctica importante para reducir las enfermedades no transmisibles consiste en reducir los factores de riesgo asociados a esas enfermedades. Hay soluciones de bajo costo, principalmente en relación con el consumo de tabaco, la modificación de la dieta y la actividad física, así como el uso nocivo del alcohol.

Otra opción son algunas intervenciones que pueden aplicarse mediante un enfoque de atención primaria que refuerce la detección precoz y el tratamiento oportuno. Este tipo de intervenciones son una excelente inversión económica, dado que, si se instauran tempranamente, pueden reducir la necesidad de tratamientos más caros. Estas medidas pueden aplicarse además en contextos con distintos niveles de recursos. Para conseguir el máximo efecto hay que formular políticas públicas saludables que promuevan la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, y reorientar los sistemas de salud para que cubran las necesidades de las personas que sufren esas enfermedades.

De la misma manera, la Organización Mundial de la Salud recomienda que mediante una acción global e integrada se puedan prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares. Esta acción global requiere la combinación de medidas que traten de reducir los riesgos en la totalidad de la población y de estrategias dirigidas hacia los individuos con alto riesgo o que ya padecen la enfermedad. Como ejemplos de intervenciones poblacionales que permiten reducir las enfermedades se pueden citar las políticas globales de control del tabaco, los impuestos para reducir la ingesta de alimentos ricos en grasas, azúcares y sal, la creación de vías para peatones y bicicletas con el fin de fomentar la actividad física, y el suministro de comidas saludables en los comedores escolares. Asimismo, las estrategias integradas se centran en los principales factores de riesgo comunes a varias enfermedades crónicas tales como las ECV, la diabetes y el cáncer: dieta inadecuada, sedentarismo y consumo de tabaco.

Quinta.Es incuestionable que estos padecimientos representan un gran lastre para la comunidad y es necesaria la implementación de medidas y acciones para revertir su prevalencia y sus catastróficas consecuencias.

Por ello, la Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud Pública desarrolló una línea de investigación de las enfermedades crónico-degenerativas: obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, con la misión de “generar conocimiento relevante y útil para la prevención y control de la obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular y promover su utilización para la toma de decisiones, así como formar recursos humanos con liderazgo local y regional comprometidos con esta misión”.

En esta línea se encuentran 30 proyectos de investigación, entre los cuales destacan

• “Programa integral para promover la actividad física y la alimentación correcta en escolares del estado de México, dirigido a profesores y a padres de familia”

• Diseño y evaluación de un modelo de atención en salud sustentable y participativo dirigido a la prevención y adherencia al tratamiento de obesidad, diabetes e hipertensión en Xoxocotla, Morelos

• Fighting obesity in Mexico: supporting the design and evaluation of effective social actions and public policies

• Incrementando la Investigación en Políticas Públicas hacia Enfermedades Cardiovasculares en México

• Factores genéticos que determinan la hipertrigliceridemia y variables metabólicas relacionadas en mexicanos

• Investigación en la Salud Cardiovascular en México

• Seguimiento del proyecto “Estudio longitudinal sobre factores de riesgo para la mortalidad en población mexicana y conformación de comité asesor”

De igual manera, la propia Secretaría de Salud, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud implantó el programa de acción específico Riesgo Cardiovascular 2007-2012 para enfrentar la situación alarmante de las enfermedades crónicas no transmisibles. En este Programa se crean las unidades de especialidades médicas (Uneme) diseñadas para la atención de sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus. Éstas y otras alternativas de intervención comprenden acciones integrales de educación para que el paciente asuma la responsabilidad de su salud; detección oportuna de las complicaciones; prescripción efectiva e individualizada de planes de alimentación y actividad física; identificación de metas de tratamiento; barreras para alcanzar la adherencia e inclusión de la familia; tratamiento farmacológico del riesgo cardiovascular y diseño de esquemas permanentes de seguimiento, así como la evaluación de éstas.

Sexta.Al tomar como base la Ley General de Salud, máximo ordenamiento de referencia en materia de sanidad, esta comisión considera que la presente iniciativa es inviable en virtud que duplica lo dispuesto en el ordenamiento en comento. A continuación se enuncian los motivos.

La Ley General de Salud vigente considera las enfermedades cardiovasculares de manera genérica en el espectro de las no transmisibles. De esta manera, se considera la enfermedad prioritaria y materia de salubridad general, según indica el artículo 3, fracción XVI. De igual manera, el artículo 27 establece que la atención y el control de las enfermedades no transmisibles más frecuentes (entre las cuales se encuentran las cardiovasculares) deben considerarse servicios básicos de salud.

Adicionalmente, la propuesta se centra en la reforma a la fracción XII del artículo 3o., que indica que la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo son materia de salubridad general. Es decir, esta fracción se enfoca en la atención de las complicaciones relacionadas con el tabaquismo. Aunque, como se advierte previamente, las enfermedades cardiovasculares pueden ser atribuibles en gran parte al tabaquismo, éste no es la única causa de estas enfermedades, y se excluirían las demás causas, como en las cardiopatías congénitas, la cardiopatía reumática, las miocardiopatías, entre otras.

En consecuencia, la propuesta de la adición de un párrafo al inciso c) del artículo 13 es improcedente, en virtud que existiría concurrencia de competencias de la federación con las entidades federativas en materia del control de los trastornos relacionados con el tabaquismo. Esto supondría una inconsistencia con la organización del Sistema Nacional de Salud, así como con las legislaciones locales en las Entidades Federativas, en materia del control de tabaco y sus efectos.

Séptima. En relación con la adición del artículo 27 Bis, que mandata a los gobiernos federal y de los estados a diseñar e instrumentar un plan nacional para prevención y control de enfermedades cardiovasculares.

Esto contraviene los artículos 13, 15, 16, y 17:

Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

I. Dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento;

III. Organizar y operar los servicios de salud a su cargoy, en todas las materias de salubridad general, desarrollar temporalmente acciones en las entidades federativas, cuando éstas se lo soliciten, de conformidad con los acuerdos de coordinación que se celebren al efecto;

IV. Promover, orientar, fomentar y apoyar las acciones en materia de salubridad general a cargo de los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a las políticas nacionales en la materia;

VI. Promover y programar el alcance y las modalidades del Sistema Nacional de Salud y desarrollar las acciones necesarias para su consolidación y funcionamiento;

VIII. Realizar la evaluación general de la prestación de servicios de salud en materia de salubridad general en todo el territorio nacional;

Artículo 15. El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 16. La organización y funcionamiento del Consejo de Salubridad General se regirá por su reglamento interior, que formulará el propio Consejo y someterá a la aprobación del Presidente de la República para su expedición.

Artículo 17. Compete al Consejo de Salubridad General

II. Adicionar las listas deestablecimientos destinados al proceso de medicamentos y las de enfermedades transmisibles prioritarias y no transmisibles más frecuentes, así como las de fuentes de radiaciones ionizantes y de naturaleza análoga;

V. Elaborar el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud;

VI. Participar en la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud;

VII. Rendir opiniones y formular sugerencias al Ejecutivo Federal tendientes al mejoramiento de la eficiencia del Sistema Nacional de Salud y al mejor cumplimiento del programa sectorial de salud.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedadesindividuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud; y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.

Artículo 113. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a los que se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan.

De igual manera se establece en el capítulo III, en el título octavo, “Prevención y control de enfermedades y accidentes”:

Enfermedades no transmisibles

Artículo 158. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen.

Artículo 159. El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles comprenderá las siguientes medidas:

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la evaluación del riesgo de contraerlas;

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos;

III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento;

IV. La realización de estudios epidemiológicos; y

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, recomendados por la propia secretaría; y

VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.

Artículo 160. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

Artículo 161. Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud deberán rendir los informes que la autoridad sanitaria requiera acerca de las enfermedades no transmisibles, en los términos de los reglamentos que al efecto se expidan.

Octava. De manera complementaria, el proceso de atención y control de las enfermedades cardiovasculares debe justarse a la siguiente normativa:

• Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica.

• Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico.

• Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad

• Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial sistémica.

• Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, Para la prevención y control de las dislipidemias.

• Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

• Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.

• Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. DOF 19 de enero de 2004. Reforma DOF 29 de noviembre de 2006.

• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. DOF 14 de mayo de 1986.

• Reglamento de Insumos para la Salud. DOF 4 de febrero de 1998. Reforma DOF 19 de septiembre de 2003.

• Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud. DOF 28 de mayo de 1997, 27 de mayo de 2003.

Ante estas consideraciones, la comisión dictaminadora toma a bien desechar la propuesta de ley en virtud que duplica lo ya contenido en la Ley General de Salud y normativa vigente.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso g) del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión someten a consideración del Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero.Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Mario Alberto Dávila Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fecha 30 de abril de 2014.

Segundo. Archívese el asunto como asunto total y definitivamente concluido.

Notas:

1 Organización Mundial de la Salud. Programas y proyectos. Enfermedades cardiovasculares,http://who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/index. html

2 Enfermedades cardiovasculares. Nota descriptiva. Organización Mundial de la Salud, 2013, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/

3 Enfermedades no transmisibles. Nota descriptiva. Organización Mundial de la Salud, 2013, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/index.html

4 Organización Mundial de la Salud. Programas y proyectos. Enfermedades cardiovasculares, http://who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/index.html

5 Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010. Organización Mundial de la Salud, 2011, http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/en/

6 Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. Organización Mundial de la Salud, 2011, http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241564373_eng.pdf

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Registros administrativos. Mortalidad, http://www.inegi.org.mx/ sistemas/olap/proyectos/bd/ consulta.asp?p=mortgral&c=33465&s=est&cl=4

8 Heart disease fact sheet. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Division for Heart Disease and Stroke Prevention, Centers for Disease Control and Prevention, 2013, http://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/docs/fs_heart_disease.pdf

9 Instituto Nacional de Salud Pública. Investigación. Obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, http://www.insp.mx/lineas-de-investigacion/obesidad-diabetes-y-enfermedades-car diovasculares.html

10 Programa de acción específico 2007-2012 Riesgo Cardiovascular. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Secretaría de Salud, 2008.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD Y LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Salud y 5o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Honorable Asamblea:

La Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numerales 6 incisos e) y f) y 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82 primer párrafo, 85, 157 fracción I y 158 fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presentan el siguiente dictamen.

I. Metodología

Los integrantes de la Comisión de Salud, encargados del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa.

En el apartado “Contenido”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En las “Consideraciones”, los integrantes de la comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. Antecedentes

1. En sesión celebrada el 1o. de abril de 2014, la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud y 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

2. Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa, se turnara a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

III. Contenido

En la Ley General de Salud: Establecer como materia de salubridad general la prevención, orientación, control y vigilancia en materia de diabetes.

En la Ley de los Institutos Nacionales de Salud: Establecer el Instituto Nacional para la investigación, prevención y tratamiento de la diabetes.

Para quedar como sigue:

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud a los que se refiere el artículo 34, fracciones I, III y IV, de esta ley;

II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

II Bis. La protección social en salud.

III. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de salud a los que se refiere el artículo 34, fracción II;

IV. La atención materno-infantil;

IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas;

IV Bis 1. La salud visual;

IV Bis 2. La salud auditiva;

V. La planificación familiar;

VI. La salud mental;

VII. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud;

VIII. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud;

IX. La coordinación de la investigación para la salud y el control de ésta en los seres humanos;

IX Bis. El genoma humano;

X. La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud en el país;

XI. La educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre;

XIV. La salud ocupacional y el saneamiento básico;

XV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;

XV Bis. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Control del VIH/sida e infecciones de transmisión sexual;

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad;

XVIII. La asistencia social;

XIX. El programa contra el alcoholismo;

XX. El programa contra el tabaquismo;

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia;

XXII. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación;

XXIII. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos;

XXIV. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en las fracciones XXII y XXIII;

XXV. El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta Ley;

XXVI. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células;

XXVI Bis. El control sanitario de cadáveres de seres humanos;

XXVII. La sanidad internacional;

XXVII Bis. El tratamiento integral del dolor, y

XXVIII. Las demás materias que establezca esta Ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del Artículo 4o. Constitucional.

Iniciativa

Artículo 3o....

I. a XII. ...

XII Bis. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de diabetes;

XIII. a XXVIII. ...

Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Texto vigente

Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como Institutos Nacionales de Salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:

I. Instituto Nacional de Cancerología, para la especialidad de las neoplasias;

II. Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, para los padecimientos cardiovasculares;

III. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, para las disciplinas biomédicas vinculadas con la medicina interna de alta especialidad en adultos y las relacionadas con la nutrición;

IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, para los padecimientos del aparato respiratorio;

IV Bis. Instituto Nacional de Geriatría, para la formación de recursos humanos y la investigación del envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor;

V. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, para las afecciones del sistema nervioso;

V Bis. Instituto Nacional de Medicina Genómica, para la regulación, promoción, fomento y práctica de la investigación y aplicación médica del conocimiento sobre del genoma humano;

VI.Instituto Nacional de Pediatría, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia;

VII.Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, para la salud reproductiva y perinatal;

VIII. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, para la psiquiatría y la salud mental;

VIII Bis. Instituto Nacional de Rehabilitación;

IX. Instituto Nacional de Salud Pública, para la investigación y enseñanza en salud pública;

X. Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia, y

XI. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.

Iniciativa

Artículo 5o. ...

I. a III. ...

II Bis. Instituto Nacional para la Investigación, Prevención y Tratamiento de la Diabetes;

IV. a XV. ...

IV. Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 4o.:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno, a través de la delimitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social.

El derecho a la protección de la salud, es un derecho social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que, además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad.

En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera a éste como una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto.

Segunda. Según la Organización Mundial de la Salud, “Las enfermedades no transmisibles, ENT”, también conocidas como enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma) y la diabetes”. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/)

Tercera. El término diabetes mellitus proviene del latín diabétes (que significa correr a través o atravesar), como término para referirse a la enfermedad caracterizada por la eliminación de grandes cantidades de orina (término médico denominado poliuria). La palabra del griego Mellitus (con significado miel) se agregó en el año 1675 por Thomas Willis cuando notó que la orina de un paciente diabético tenía sabor dulce (debido a que la glucosa se elimina por la orina).

El origen de la enfermedad permaneció desconocido durante mucho tiempo, hasta que Paul Langerhans, en el siglo XIX, descubrió en el páncreas unos grupos de células, conocidas hoy como islotes de Langerhans, que creyó vinculados a la diabetes. Pero fue sólo a comienzos del siglo XX cuando se determinó que en esos islotes se produce una hormona llamada insulina, la sustancia que regula el nivel de azúcar en la sangre.

La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglucemia (nivel elevado de glucosa en sangre) resultante de defectos en la secreción de insulina, defectos en su acción, o ambos.

Cuarta. Actualmente la Ley General de Salud establece que será materia de salubridad general la prevención y el control de enfermedades no transmisibles.

Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XV...

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVII. a la XVIII...

Por su parte el artículo 27 de la misma Ley menciona:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. ...

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes;

Quinta. En este mismo sentido la Ley General de Salud establece en su Capítulo III, denominado “Enfermedades no trasmisibles” lo siguiente:

Artículo 158. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen.

Artículo 159. El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate:

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la evaluación del riesgo de contraerlas;

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos;

III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento;

IV. La realización de estudios epidemiológicos, y

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, recomendados por la propia Secretaría, y

VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.

Artículo 160. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades no transmisibles.

Artículo 161. Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud deberán rendir los informes que la autoridad sanitaria requiera acerca de las enfermedades no transmisibles, en los términos de los reglamentos que al efecto se expidan.

Sexta. En este mismo sentido la Secretaría de Salud como órgano rector en materia de salubridad en nuestro país ha desarrollado e implementado medidas para la prevención, atención y control de esta enfermedad. Tales medidas incluyen la norma oficial mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus; así como el Programa de Acción Específico Diabetes Mellitus, a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, en estos documentos se establecen los criterios de diagnóstico, la clasificación de la enfermedad, la competencia de las instituciones, la organización de las mismas y el modelo de tratamiento y control de esta enfermedad.

Séptima. Es importante mencionar que la doctrina del Instituto de Investigaciones Jurídicas en su Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, editado por Porrúa y la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2001, página 3264, encontramos:

Las leyes por su propia naturaleza no pueden prever todos los supuestos posibles, por lo que su grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y omnicomprensivo; los reglamentos, en contraste, tienden a detallar los supuestos previstos en la ley para que la individualización y aplicación del orden jurídico será clara y efectiva.

Por lo que los integrantes de esta Comisión de Salud, dan cuenta que la reforma propuesta se considera innecesaria, ya que de acuerdo a los objetivos que se plantean en la exposición de motivos de dicha iniciativa, ya se encuentran contemplados en la Ley General de Salud, dentro de la atención y control de las enfermedades no transmisibles.

Octava. Referente a la reforma y adición del artículo 5, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por medio del cual se crea el Instituto Nacional para la investigación, prevención y tratamiento de la diabetes, es importante mencionar que el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes cuyo objetivo de la estrategia consiste en mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes mellitus tipo 2, utilizando intervenciones de salud pública un modelo integral de atención médica y políticas públicas intersectoriales se creó el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes, cuya misión es mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes por medio de una intervención estructurada que busca el empoderamiento del individuo para modificar sus conductas y creencias de su padecimiento por periodos prolongados, utilizando los estándares internacionales de tratamiento que han mostrado mayor beneficio.

Novena. Por otra parte es pertinente mencionar que dicho proyecto no prevé la observancia del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el cual se establece que a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

Por lo que esta comisión dictaminadora estima pertinente desechar la adición al artículo 5o., de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, por medio del cual se crea el Instituto Nacional para la Investigación, Prevención y Tratamiento de la Diabetes.

Por lo expuesto, para los efectos del inciso g), del artículo 72 constitucional, los integrantes de esta comisión, someten a consideración del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud y 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD, con fecha 1 de abril de 2014.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal, Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.»

LEY GENERAL DE SALUD, LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL Y EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PROMOCION DE LA ALIMENTACION SALUDABLE PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Merilyn Gómez Pozos:«Dictamen negativo de las Comisiones Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los cuales se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y expide la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y se expide la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable.

Estas comisiones, con fundamento en los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, basándose en la siguiente

Metodología

En el apartado de “Antecedentes” se indica la fecha de recepción ante el pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la iniciativa.

En el apartado de “Análisis de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta legislativa, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance.

Por último, en el apartado de “Consideraciones”, las comisiones dictaminadoras realizan las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración de la iniciativa mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

I. Antecedentes

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de fecha 2 de abril de 2014, la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de Prestación Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; y expide la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes.

2. El presidente de la Mesa Directiva, en esa fecha 2 de abril de 2014, acordó se turnara para su dictamen a las Comisiones Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez, asignándole número de expediente.

3. Asimismo, la Mesa Directiva, mediante oficio de fecha 12 de mayo de 2014, autorizó a estas comisiones unidas prórroga por 90 días, para la dictaminar del asunto en cuestión, de conformidad con lo establecido en el artículo 185, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

II. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene como objetivo crear un ordenamiento jurídico, cuya finalidad sea promover y proteger el derecho a la alimentación a través de acciones de educación, fortalecimiento y fomento a la actividad física y la supervisión de la publicidad, información y otras prácticas relacionadas con alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes a fin de reducir y eliminar las enfermedades vinculadas con el sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas.

A) Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 307 y se adiciona el artículo 307 Bis, ambos de la Ley General de Salud.

Ley General de Salud

Texto vigente

Artículo 307. Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.

La publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, ni atribuir a los alimentos industrializados un valor superior o distinto al que tengan en realidad.

La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes promotores de una alimentación equilibrada.

... (No existe)

Artículo 307 Bis. (No existe)

Iniciativa

Artículo 307. ...

...

...

Para el caso de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes, deberán atenderse las disposiciones que marca la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 307 Bis. La Secretaría de Salud deberá coordinarse con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Gobernación para realizar las campañas dirigidas a la población menor de edad, cumpliendo con las disposiciones que establece la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes.

B) Segundo. Se adiciona una fracción XIII al artículo 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral infantil

Texto vigente

Artículo 31. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política nacional en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; que permita la conjunción de esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de los sectores público, privado y social en la promoción de condiciones favorables al cuidado y desarrollo integral de niñas y niños;

II. Impulsar la coordinación interinstitucional a nivel federal, local, municipal y en su caso, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, así como la concertación de acciones entre los sectores público, social y privado;

III. Promover los mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad entre la sociedad civil y las diferentes dependencias y entidades que integran el Consejo;

IV. Impulsar programas conjuntos de capacitación y seguimiento para el personal que labora en los Centros de Atención a cargo de las dependencias y entidades que conforman el Consejo;

V. Promover ante las instancias competentes la certificación de competencias laborales para el personal que preste sus servicios en los centros de atención;

VI. Promover el diseño y uso de indicadores, así como la implementación de mecanismos de seguimiento y evaluación de la cobertura y calidad de los servicios que se ofrecen;

VII. Impulsar la investigación y la generación de estudios que contribuyan a la toma de decisiones y la planeación de políticas públicas vinculadas con el objeto de esta Ley;

VIII. Promover el monitoreo ciudadano y el acceso a la información de los programas de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, a fin de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos;

IX. Promover la ampliación de la cobertura y la calidad de los servicios a través de esquemas diversificados y regionalizados;

X. Promover la generación, actualización y aplicación de normas oficiales mexicanas que permitan la regulación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil;

XI. Promover la participación de las familias, la sociedad civil y niñas y niños en la observación y acompañamiento de la política nacional y de los servicios, y

XII. Aprobar sus reglas internas de operación.

XIII. (No existe)

Iniciativa

Artículo 31. ...

...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. Promover y cumplir con las normas que marca la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes.

Tercero. Expedir la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes.

III. Consideraciones

Primera: Estas Comisiones dictaminadoras, coinciden con la importancia aducida por la diputada promovente en combatir la obesidad y el sobrepeso en niñas, niños y adolescentes mediante políticas públicas que instruyan una alimentación saludable en edades tempranas.

Segunda: En ese tenor, el 23 de agosto de 2010, la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud establecieron en conjunto, el Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en los Establecimientos de Consumo Escolar de los Plantes de Educación Básica; dicho documento tiene como propósito “establecer acciones que promuevan una alimentación y entorno saludable e impulsen una cultura de hábitos alimentarios que favorezca la adopción de una dieta correcta para la prevención del sobrepeso y la obesidad.

Los lineamientos cuentan con un Anexo Único que describe las características nutrimentales del tipo de alimentos y bebidas que facilitan una alimentación correcta, incluye alimentos preparados y procesados, promoviendo el consumo de verduras, frutas y agua simple potable.

En ese sentido y de acuerdo a lo establecido en el Titulo II De la Configuración de la Sana Alimentación Escolar, en el capítulo primero, señala: “en los planteles de educación básica del Sistema Educativo Nacional se deberá fomentar el consumo de alimentos saludables que promueva, en los educandos y demás miembros de la comunidad educativa, una alimentación correcta, así como el desarrollo de un entorno saludable”.

En tal sentido, la aplicación de los lineamientos contribuye a combatir el problema de sobrepeso y obesidad, que actualmente afecta a más de 4 millones de niños de entre los 5 y los 11 años de edad que se encuentran en riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad.

Tercera: El 16 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo antes mencionado, en el que se incluyó el capítulo único; denominado “De prohibiciones y sanciones”, estableciendo en el artículo decimoctavo lo siguiente:

Título V

Capítulo ÚnicoDe las prohibiciones y sanciones

Decimoctavo. Queda prohibida la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales del Anexo Único del presente Acuerdo y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

Cuarta: Asimismo, el artículo 75, fracciones IX y XIII de la Ley General de Educación, señala que los prestadores de servicios educativos se harán acreedores a sanciones administrativas, establecidas en el artículo 76 del mismo ordenamiento legal que se trascribe a continuación:

Artículo 76. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior se sancionarán con:

I. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o

II. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente.

III. En el caso de incurrir en las infracciones establecidas en las fracciones XIII y XIV del artículo anterior, se aplicarán las sanciones establecidas en las fracciones I y II de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.

Quinta: Por lo expuesto y fundado, las comisiones unidas estiman que se cumple con los programas y políticas públicas que aseguran la sana alimentación de las niñas, niños y jóvenes en México, lo cual está previsto en los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los plantes de educación básica;

Con base en los antecedentes expuestos y con las facultades conferidas en la normatividad vigente, se abocaron a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto en referencia, por lo que someten a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y expide la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Segundo. Archívese el asunto como totalmente concluido.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2014.

La Comisión de Salud, diputados:Mario Alberto Dávila Delgado (rúbrica), presidente; Leobardo Alcalá Padilla (rúbrica), Francisco Javier Fernández Clamont, María de las Nieves García Fernández (rúbrica), Rosalba Gualito Castañeda, Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica), Raquel Jiménez Cerrillo (rúbrica), Eva Diego Cruz (rúbrica), Antonio Sansores Sastré (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), secretarios; Miguel Ángel Aguayo López (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica), María Elia Cabañas Aparicio (rúbrica), José Enrique Doger Guerrero, Rubén Benjamín Félix Hays, Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Lizbeth Loy Gamboa Song (rúbrica), Héctor García García (rúbrica), Blanca Jiménez Castillo, María del Carmen Martínez Santillán (rúbrica), Martha Lucía Mícher Camarena (rúbrica), Marcelina Orta Coronado, Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Leslie Pantoja Hernández, Zita Beatriz Pazzi Maza (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jessica Salazar Trejo, Juan Ignacio Samperio Montaño.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), presidenta; María del Rosario Merlín García (rúbrica), María de la Paloma Villaseñor Vargas, Cinthya Noemí Valladares Couoh (rúbrica), Guadalupe del Socorro Ortega Pacheco (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), María Angélica Magaña Zepeda (rúbrica), Carmen Lucía Pérez Camarena (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán (rúbrica), secretarios; Lucila Garfias Gutiérrez (rúbrica), Flor Ayala Robles Linares (rúbrica), Isela González Domínguez (rúbrica), Mirna Velázquez López, Alberto Anaya Gutiérrez, Leopoldo Sánchez Cruz.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, secretaria. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En los términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a una iniciativa que no fue abordada en la sesión del martes 21 de octubre de 2014, de conformidad con el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la Dip. Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que no fue abordada en la sesión del 21 de octubre de 2014, se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Alfa Eliana González Magallanes, del Grupo Parlamentario del PRD.

La suscrita, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción l; 77; 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El 23 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: La Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en aras de cumplir con las diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral del pasado 10 de febrero de 2014.

Dichas leyes representan un avance en materia de justicia interna en la relación de los partidos y sus afiliados; derecho a la información y acceso a la misma, financiamiento público; democracia interna; etcétera. Sin embargo, un tema relevante a contemplar dentro de la Ley General de Partidos Políticos, que a su vez, impactaría en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es aquello que conforma el patrimonio de los partidos políticos.

El patrimonio de los partidos políticos muchas veces se ha visto afectado en temas civiles, mercantiles, en detrimento de su encomienda constitucional. En tanto que la ley no específica las características del mismo.

En el caso concreto, de las prerrogativas que los partidos políticos reciben como financiamiento público para el ejercicio de sus actividades, existen criterios en contrario sustentadas por autoridades judiciales, en los ámbitos local y federal, al considerar en algunos casos, que las prerrogativas sí son susceptibles de embargo, pues no existe disposición legal expresa que lo prohíba; mientras que en otros casos consideran que las prerrogativas no son susceptibles de embargo, hasta en tanto no entren al patrimonio de los partidos políticos.

Este último criterio, lo sustentan la V Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación número 682/08/7; el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, amparo número 156/2011, y la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expediente SUP-RAP-87/2012.

En cuanto al primer criterio, fue sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, expediente R.C. 242/2011.

Otro ejemplo argumentativo, nos deja ver que “el financiamiento público de los partidos políticos no puede ser embargado cuando los recursos, se encuentren bajo la administración de la autoridad electoral, porque en ese caso, constitucional y legalmente, tal prerrogativa tienen una finalidad inalienable, consistente en su entrega, exclusivamente a los partidos políticos para que éstos cumplan su cometido y, con base en eso, sostuvo que dicha autoridad carece de atribuciones para cambiar el destino de esos recursos o para modificar el presupuesto público respecto a su fin”. Amparo en revisión 144/2013.

Por otra parte, no debemos dejar de considerar que ha sido criterio reiterado de los tribunales federales en México, que las personas jurídicas son titulares de los derechos humanos y de las garantías establecidas para su protección, en aquellos casos en que esto resulte aplicable y de acuerdo a su naturaleza. Tesis aisladas I.3o.P.6 P (10a.), y IV.2o.A.30 K (10a.)

Asimismo, conforme a lo ordenado por el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con diversos principios, entre los que se encuentra el de progresividad.

El referido principio de progresividad imp1ica que debe garantizarse un mejoramiento paulatino de los ámbitos de protección personal, material y temporal de los derechos humanos y sus garantías; y lleva inmerso el correlativo principio a la no regresividad, de tal manera que también se garantice que no disminuyan, ni retrocedan.

En el caso de los partidos políticos en nuestro país, a lo largo de la historia, el marco jurídico vigente y su respectiva interpretación, han considerado que las prerrogativas de los partidos políticos no son materia de embargo, a efecto de garantizar que cumplan con sus fines constitucionales de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

No obstante, como se ha anticipado en párrafos anteriores, en fechas recientes comienzan a sentarse precedentes encontrados, de distintos tribunales competentes, en el marco del federalismo judicial que existe en el país.

En ese sentido, se estima necesaria la presente reforma, de tal manera que se exprese de manera clara la intención del legislador de que las prerrogativas de los partidos políticos sean inembargables, a efecto de garantizar la seguridad jurídica de las referidas entidades de interés público y el principio de certeza que debe regir en la materia electoral, conforme a lo previsto por los artículos 16, 41 y 116 de la Constitución federal.

Con lo anterior se garantiza, de igual manera, la tutela al principio a la no regresividad, a efecto de que no disminuyan, ni retrocedan la certeza y seguridad jurídica con que cuentan los partidos políticos, de que sus prerrogativas no son sujetas a embargo, a efecto de no afectar su funcionamiento y el cumplimiento de sus fines constitucionales y legales.

En ese orden de ideas, la iniciativa que se propone, busca cumplir con el mandato que confiere al Estado mexicano el artículo 2o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de San José) que dispone que, si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1o. de la propia convención, no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Es importante destacar que esta reforma de ninguna manera busca que los partidos políticos omitan cumplir con las obligaciones legales que contraigan con motivo de su funcionamiento ordinario, pues éstas podrán ser exigibles por otros medios legales empero; no por la vía del embargo a sus prerrogativas, para no afectar el cumplimiento de los fines constitucionales con que cuentan, en su carácter de entidades de interés público.

Por lo anterior, se puede concluir, que por las funciones y tareas que constitucionalmente le son encomendadas a los partidos políticos, y dada la naturaleza del financiamiento público, resulta pertinente adicionar las disposiciones legales aplicables que regulen los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio de los partidos políticos para su objeto.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primera fracción determina que: Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

En su segunda fracción dice: La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales (...).

La presente iniciativa, tiene por objeto sumar a la reglamentación originada el 23 de mayo del presente sobre el mandato constitucional:

g) Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos (...)

En complemento a dicho cumplimiento se elaboró la presente iniciativa. Asimismo, cabe resaltar que dicha propuesta de adición resulta acorde con el nuevo régimen institucional electoral, y con las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral.

De conformidad con la Constitución, los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, entre otros.

En este sentido, las prerrogativas cobran un papel relevante; pues tienen una finalidad inalienable, en tanto los partidos fungen como entidades de interés público cuyas funciones o tareas específicas están marcadas por la Constitución y la ley.

Las prerrogativas, el financiamiento público, privado son un derecho para los partidos políticos que generan su respectiva obligación según sus objetivos y su propia regulación.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 69, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la presente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos

Único.Se reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 3o.

1. Los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

EL patrimonio de los partidos políticos está compuesto por los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el cumplimiento de sus fines. Sólo podrán adquirir y poseer los bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Los bienes inmuebles de los partidos son inembargables e imprescriptibles; sus prerrogativas son inembargables. A las aportaciones privadas a los partidos, se les dará trato de recursos públicos. La transmisión de dominio a título gratuito u oneroso, de los bienes inmuebles, propiedad de los partidos políticos, sólo podrá autorizarse previo acuerdo de desincorporación de la asamblea general o equivalente.

Los partidos políticos nacionales, están obligados a inscribir los bienes muebles e inmuebles que adquieran y posean ante la unidad técnica de fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto, quien deberá llevar el respectivo registro de los bienes muebles e inmuebles de los partidos y agrupaciones políticas.

Los partidos políticos, están obligados en sus informes ordinarios y de campaña informar la compra de los bienes muebles e inmuebles que forman parte de su patrimonio, asimismo, están obligados a dar aviso de aquellos bienes que ya no formen parte de su patrimonio, por cualquier causa.

Los partidos políticos sólo podrán adquirir créditos de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Instituciones de Crédito, en condiciones promedio de mercado y previa autorización de los órganos estatutarios competentes.

Las reglas del presente artículo serán aplicables en lo conducente a las agrupaciones políticas:

2...

3...

4...

5...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de octubre de 2014.— Diputada Alfa Eliana González Magallanes (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo(a las 15:36 horas): Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Solemne para conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, que tendrá lugar mañana miércoles 22 de octubre del año 2014, a las 10 horas, y al termino de la misma habrá sesión ordinaria. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas de la mañana.

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