Presidencia del diputado Silvano Aureoles Conejo

ASISTENCIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 382 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (a las 11:58 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 22 de octubre de 2014

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Gobernación

Con el que comunica que se llevará a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados 2014 del Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria (Prodiat), en sustitución de la Evaluación Específica de Costo-Efectividad.

Con el que remite el informe final de la Evaluación Complementaria de Diseño 2014 del Fondo Nacional Emprendedor, programa a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor.

Con el que remite el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2014, de los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de la Secretaría de Economía.

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la emisión de vales de medicinas.

De la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal

Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se declare área de valor ambiental protegida al Parque Reforma Social.

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma los artículos 2; 6, fracción IV; 19, fracción XVII; 43, segundo párrafo; 71, primer párrafo y 78, segundo párrafo; y adiciona las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes de la Ley de Vivienda.

Con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático.

Con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

Iniciativas de senadores

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con proyecto de decreto que adiciona un artículo 9-A a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o.-A, fracción II, inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por los Senadores Fernando Torres Graciano y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Dictámenes a discusión de leyes y decretos

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8º. de la Ley de Migración.

De la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el artículo 160 y adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, primer párrafo y 28 de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Igualdad de Género, con proyecto de decreto que reforma las fracciones VI, VII y XXIII del artículo 7, la Fracción I del artículo 26, la denominación del Capítulo VII, el artículo 28 y el segundo párrafo del artículo 30 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Agricultura Familiar, reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 69 Bis a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por los diputados Pedro Porras Pérez y Mario Rafael Méndez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 89, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Manríquez González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Pelayo Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Zárate Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado José Everardo Nava Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

Que reforma los artículos 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Israel Moreno Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Glafiro Salinas Mendiola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 155 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Francisco Javier Fernández Clamont, Rosalba Gualito Castañeda, Mario Alberto Dávila Delgado, Isaías Cortés Berumen, Eva Diego Cruz, Rubén Acosta Montoya y Carla Alicia Padilla Ramos, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, respectivamente.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que expide la Ley General para el Fomento y la Transición al Transporte Alternativo, a cargo del diputado Jesús Antonio Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Ramírez Diez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Javier López Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 55 y 59 de la Ley General de Educación y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 15-E de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Rosendo Serrano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada Margarita Licea González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Victor Manuel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 215 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Socorro Ceseñas Chapa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 49, 50 y 54 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Cinthya Noemí Valladares Couoh, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 47 y 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Protección de la Familia, a cargo de la diputada Carmen Lucia Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Ramón Antonio Sampayo OrtÍz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 167 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 40 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma los artículos 132 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Arturo Camarena García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada María del Carmen Ordaz Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 33 y 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de Derechos e Identidad de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 22 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 29 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo del diputado José Valentín Maldonado Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 215-B y 215-C del Código Penal Federal, a cargo del diputado Ricardo Mejía Berdeja y suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 65 Bis 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 410-A del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Transición Energética, a cargo de la diputada María Isabel Ortiz Mantilla y suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 4o. y 209 de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo del diputado Marino Miranda Salgado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Federal de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Ricardo Monreal Ávila y suscrita por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Armando Córdova Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del Servicio Profesional Nacional Electoral, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 43 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María de Jesús Huerta Rea, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 238 y 240 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Fernando Angulo Parra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto, para declarar el día 2 de enero de cada año, como “Día Nacional del Municipio Libre”, a cargo del diputado J. Jesús Oviedo Herrera y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 223 y 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Carmen Lucía Pérez Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 17 Quáter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Raúl Paz Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones calificadas por el pleno de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de sus dependencias, coadyuve con las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, para llevar a cabo las investigaciones a fin de que se deslinden responsabilidades, se apliquen sanciones y se subsane el daño ambiental ocasionado a la Laguna de Cajititlán, a cargo del diputado Abel Octavio Salgado Peña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por el diputado Enrique Aubry De Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y los mecanismos destinados a concientizar, prevenir y alertar a la población sobre la prevalencia de factores epidemiológicos que se acentúan en esta temporada en diversas partes del país, a cargo del diputado Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de Quintana Roo, a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que se revise y modifique el criterio de acreditación de calidad en los establecimientos de atención médica de la República Mexicana, a cargo de la diputada Maricela Velázquez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México, a fin de modificar el numeral II.I.1.5 de la circular de Operaciones de Caja para que los cajeros automáticos y dispensadores de efectivo distribuyan billetes de todas las denominaciones, a cargo del diputado José Ángel González Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Segob, dé cumplimiento a las aclaraciones solicitadas por la ASF, en torno al Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que diseñe y ejecute mecanismos de concientización, respecto de la importancia de las acciones preventivas que permitan la detección temprana de cualquier alteración a la salud, principalmente de los padecimientos relacionados al cáncer de mama, suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGJ del estado de Tamaulipas, para que investigue y sancione a los responsables de la privación ilegal de libertad y muerte María del Rosario Fuentes Rubio, colaboradora de Valor por Tamaulipas, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sectur, de la SEP y de la STPS, se lleven a cabo y en su caso, se fortalezcan las acciones y programas de profesionalización académica y certificación de los prestadores de servicios turísticos, a cargo de la diputada Elizabeth Vargas Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que atienda las acciones emitidas por la ASF, en torno a las auditorias forenses relativas al proyecto transversal “Trópico Húmedo”, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al mantenimiento de las escuelas normales rurales, suscrito por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los gobiernos estatales y sus congresos locales, a fin de garantizar la inclusión del enfoque participativo de la sociedad y sus diversos grupos sociales en la elaboración de sus presupuestos para cada ejercicio fiscal, suscrita por los diputados Maria del Rocio Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de crear campañas de información y concientización sobre el virus del Ébola, factores, riesgos y medidas para prevenir el contagio, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo para que el IMSS adopte las medidas necesarias para eliminar el trámite de comprobación de supervivencia a los pensionados y jubilados, a cargo del diputado José Francisco Coronato Rodríguez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Petróleo, para que difunda en su sitito oficial de Internet el estado actual y la prospectiva del personal capacitado mexicano con que cuentan las industrias petrolera, petroquímica y química nacional, para llevar a cabo las diversas actividades y funciones que se desprenden de la reforma constitucional en materia energética, a cargo de la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Sagarpa, para que a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se garantice que el costo de la tonelada de maíz no se deprecie a futuro, a cargo del diputado Martín Alonso Heredia Lizárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintiuno de octubre de dos mil catorce, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trecientos treinta diputadas y diputados, a las once horas con veintinueve minutos del martes veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, acto seguido, en votación económica se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, no habiendo oradores registrados, de la misma manera se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada y los diputados: Roberto López Suárez, en dos oportunidades; Fernando Zárate Salgado, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Loretta Ortiz Ahlf, del Partido del Trabajo. El Presidente hace aclaraciones.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con puntos de acuerdo en sentido negativo, que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.  De conformidad con el artículo ciento ochenta, numera dos, fracción segunda, del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquense en el Diario de los Debates, y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

b) De las diputadas y los diputados:

• Verónica Beatriz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisión de Justicia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, presentada el doce de agosto de dos mil catorce.

• Luis Armando Córdova Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisión de Justicia la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo y tercer párrafos y se adiciona uno sexto al artículo doscientos setenta y uno del Código Federal de Procedimientos Civiles, presentada el trece de agosto de dos mil catorce.

• Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisión de Salud la proposición con punto de acuerdo para evitar la introducción del virus del ébola en el territorio nacional, presentada el siete de octubre de dos mil catorce.

• Francisco González Vargas, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la proposición con punto de acuerdo relativo a la protección el ecosistema denominado “El Manantial”, en Tizayuca, Hidalgo, presentada el trece de agosto de dos mil catorce.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

En su oportunidad y desde su curul la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios sobre el diecisiete de octubre, aniversario del derecho al voto por parte de las mujeres en México.

El Presidente expresa, en nombre de la Mesa Directiva, su profunda preocupación por los índices de mortalidad derivados de las enfermedades como el cáncer, tercera causa de muerte de nuestro país, en particular el cáncer de mama.

c) De la Secretaría de Gobernación:

– Con la que remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de convocar a una cumbre con sus homólogos de los Estados Unidos de América, Guatemala, Belice, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador, para que de manera compartida, corresponsable y coordinada, elaboren una declaración conjunta que garantice la salvaguarda de los derechos humanos y la dignidad de las niñas y los niños migrantes no acompañados. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Petróleos Mexicanos y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que regularicen la situación laboral de los despachadores de las gasolineras del país. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

• Relativo a establecer un programa de capacitación dirigido a la población con autismo, con el objeto de que este sector pueda integrarse al mercado laboral de nuestro país; así como establecer planes y programas que incluyan capacitación y adiestramiento para estas personas y se celebren convenios con distintos empleadores en materia de colocación a favor de este grupo vulnerable. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

• Relativo a implementar programas de concienciación sobre el debido uso de las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, así como políticas públicas para la recolección y disposición final de las mismas. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

– Con el que remite el tercer informe trimestral relativo a las “Contrataciones por honorarios que realizan los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal 2014”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Con el que remite el Informe Final de la Evaluación al Programa Presupuestario “E 005 Protección de los Derechos de los Consumidores y el Desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor”. Se remite a las Comisiones de Economía, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

d) Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite los avances financieros de los programas de protección a migrantes, y el acumulado correspondientes al tercer trimestre de dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

e) Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la que envía el hipervínculo del Informe Final del Diagnóstico de la Estrategia Presupuestaria para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se remite a las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Igualdad de Género, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que informa que en el mes de septiembre de dos mil catorce, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras competentes, únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

g) De la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, con la que remite el Informe de Auditoría Interna de su matrícula, correspondiente al tercer trimestre de dos mil catorce, en cumplimiento con el artículo cuarenta y tres, fracción quinta, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) De la diputada Miriam Cárdenas Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, con solicitud de licencia para separarse de sus actividades legislativas como diputada federal electa en la segunda circunscripción del estado de Coahuila, a partir de esta fecha y hasta el quince de noviembre de dos mil catorce. Se somete a discusión en lo general e intervienen los diputados: Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano; Fernando Zárate Salgado, y Roberto López Suárez, ambos del Partido de la Revolución Democrática.

En su oportunidad y desde su curul presenta moción de procedimiento el diputado Manuel Añorve Baños, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente hace aclaraciones.

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense. Llámese al suplente.

i) Iniciativa del Titular del Ejecutivo Federal, con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y las de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para opinión.

j) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo doscientos setenta y cinco de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que se recibió del Instituto Nacional Electoral el informe detallado y pormenorizado al que se refiere el artículo treinta y cuatro de la Ley Federal de Consulta Popular, sobre las consultas populares en materia de reforma energética, y en materia de ingreso digno de los trabajadores, los cuales se publicaron en la Gaceta Parlamentaria; de conformidad con el artículo veintiocho, fracción tercera, de la Ley referida, se remiten a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva sobre su constitucionalidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

a) De Pesca:

• Que adiciona un párrafo tercero al artículo sesenta y dos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión al diputado Alfonso Inzunza Montoya.

Presidencia del diputadoTomás Torres Mercado

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen la diputada y los diputados: René Ricardo Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza;

A las doce horas con catorce minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veinticinco diputadas y diputados.

Héctor Hugo Roblero Gordillo, del Partido del Trabajo; Juan Luis Martínez Martínez, de Movimiento Ciudadano; y Claudia Elena Águila Torres, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos noventa y un votos a favor, y una abstención, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que adiciona un párrafo tercero al artículo sesenta y dos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

• Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Claudia Elena Águila Torres. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen los diputados: José Angelino Caamal Mena, de Nueva Alianza; María Fernanda Romero Lozano, de Movimiento Ciudadano; y Sebastián de la Rosa Peláez, del Partido de la Revolución Democrática. Sin más oradores registrados en votación nominal por unanimidad de trescientos ochenta y siete votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

b) De Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, que reforma y adiciona los artículos tercero y trece de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión a la diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Cristina Olvera Barrios, de Nueva Alianza; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano; Carla Alicia Padilla Ramos, del Partido Verde Ecologista de México; Mario Miguel Carrillo Huerta, del Partido de la Revolución Democrática; Felipe de Jesús Almaguer Torres, del Partido Acción Nacional; y María Guadalupe Velázquez Díaz, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e interviene en contra el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano;

En su oportunidad y desde su curul hace comentarios el diputado Alfredo Zamora García, del Partido Acción Nacional. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se ha reservado para discusión en lo particular, el artículo trece del proyecto de decreto. En votación nominal por trescientos sesenta y cinco votos a favor; treinta y cinco en contra; y cinco abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el artículo no reservado del proyecto de decreto. A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo, para referirse a las fracciones trece, catorce y quince del artículo trece reservado, que en votación económica no se admite a discusión y se desecha.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules hacen comentarios en relación al tema los diputados Celia Isabel Gauna Ruiz de León, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Partido del Trabajo; y Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones.

Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos cincuenta y cinco votos a favor, cuarenta en contra, y cuatro abstenciones, se aprueba en lo particular el artículo trece, en términos del dictamen, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos tercero y trece de la Ley General de Asentamientos Humanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se da cuenta con acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de Relaciones Exteriores, y de Gobernación a realizar acciones de coordinación urgentes en materia de sanidad internacional, migratoria, marítima, terrestre y aérea, establecidas en la Ley General de Salud, para evitar la introducción del virus del Ébola en México. Se concede el uso de la palabra para fijar postura de su grupo parlamentario al diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro la diputada y los diputados: Rubén Benjamín Félix Hays, de Nueva Alianza; Antonio Sansores Sastré, del Partido de la Revolución Democrática; Mario Alberto Dávila Delgado, del Partido Acción Nacional; y María de las Nieves García Fernández, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Relativo a la detención de ciudadanos cubanos en los Estados Unidos de América. Se somete a discusión en lo general e intervienen en pro la diputada y los diputados: Cristina Olvera Barrios, de  Nueva Alianza; Gerardo Villanueva Albarrán, de Movimiento Ciudadano; Ricardo Monreal Ávila, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

Presidencia de la diputadaAleida Alavez Ruiz

La Presidenta hace un pronunciamiento relativo al aniversario del reconocimiento del derecho de la mujer a votar y ser electa y a la paridad en las candidaturas para las diputaciones federales.

Presidencia del diputadoSilvano Aureoles Conejo

• En relación con las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República, con motivo del Análisis del Segundo Informe de Gobierno. Se somete a discusión e interviene en pro el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

• Relativo a la celebración de una Sesión Solemne con motivo al Bicentenario de la Promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como la Constitución de Apatzingán. Se somete a discusión e interviene en pro la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, de Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se aprueba. Comuníquese.

• En relación con cambios de integrantes de Comisiones Especiales. En votación económica se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo de las comisiones:

a) De Deporte, por los que esta Soberanía extiende su reconocimiento y felicitaciones a los jóvenes que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud dos mil catorce, efectuados en Nanjing, China.

b) De Relaciones Exteriores, por los que la Cámara de Diputados se pronuncia a favor del pleno respeto de la soberanía de Ucrania.

c) De Derechos de la Niñez:

• Por el que se exhorta a los congresos de los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco y Veracruz, a armonizar sus cuerpos normativos para derogar la figura de Adopción Simple.

• Relativo a la armonización de las leyes estatales con la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que instrumente las acciones necesarias para que sea declarado el diecinueve de noviembre como “Día Nacional contra el abuso sexual infantil”.

d) De Salud:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, y a la Secretaría de Educación Pública, a fin de atender la problemática del suicidio en nuestro país, mediante campañas y programas de información sobre la prevención de este fenómeno.

• Por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se ejecuten mecanismos suficientes y eficaces que garanticen además de la difusión de información sobre los métodos anticonceptivos, la relacionada a las consecuencias de desarrollar una vida sexual activa a temprana edad.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Comuníquense.

El Presidente informa a la Asamblea que el siguiente punto del Orden del Día es la discusión de dictámenes en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, relativos a las siguientes iniciativas y minutas con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Asuntos Indígenas:

• Que adiciona la fracción décima tercera Bis al artículo dos de la Ley de Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

• Que expide la Ley de Conservación y Protección de los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas y reforma los artículos dos, y seis de la Ley de Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

b) De Comunicaciones, que reforma el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de mil novecientos noventa y cinco.

c) De Derechos de la Niñez:

• Que reforma el artículo treinta y uno de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

• Que adicionan las fracciones décima sexta, y décima séptima al artículo ocho, se modifican los artículos cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y ocho y la fracción i del artículo setenta y uno de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

• Que adiciona una fracción al artículo, ordenándose alfabéticamente y recorriendo las subsecuentes; y se adiciona la fracción octava al artículo setenta y uno de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

d) De Igualdad de Género, que reforma la fracción sexta al artículo seis, recorriendo la subsecuente, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

e) De Radio y Televisión, que reforma y adiciona los artículos cinco, y cincuenta y nueve Ter de la Ley de Radio y Televisión.

f) De Salud:

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

• Que reforma el artículo veintiocho Bis de la Ley General de Salud.

• Que reforma los artículos setenta y siete Bis treinta y seis de la Ley General de Salud y cincuenta y cuatro de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades cardiovasculares.

• Que reforma los artículos tercero de la Ley General de Salud y quinto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

g) Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y se expide la Ley Federal de Promoción de la Alimentación Saludable para Niñas, Niños y Adolescentes.

Sin oradores registrados, en votación económica se aprueban en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Alfa Eliana González Magallenes, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo tercero de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Agotados los asuntos del Orden del Día, el Presidente cita para la Sesión Solemne para conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán que tendrá lugar mañana miércoles veintidós de octubre de dos mil catorce, a las diez hora.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobada el acta de la sesión anterior.

El diputado Alberto Díaz Trujillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Me solicita la palabra el diputado Alberto Díaz. ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Alberto Díaz Trujillo(desde la curul): Señor presidente, muchas gracias. Pues para hacer un llamado enérgico al gobernador del estado de México, a Eruviel Ávila Villegas, para que solicite al gobierno federal el reforzamiento de las fuerzas federales, para que cubran de manera permanente la seguridad de los municipios que han sido violentados por esta ola de crímenes, que sería: Ecatepec, Tlalnepantla, Atizapán, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, así como aquellos que han sido incrementados la ola de violencia. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su intervención en el Diario de los Debates, señor diputado.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señora diputada Claudia Bojórquez.

La diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (desde la curul): Gracias, presidente. Buen día. Para seguirle pidiendo a la Comisión de Presupuesto, y a todos los diputados que la integramos, que podamos sumarnos a la solicitud del punto de acuerdo donde estamos pidiendo que se genere una bolsa para los estados que tienen problemas de laudos, de manera particular mi estado de Tabasco, para que se puedan hacer los pagos a todas las personas que ya tienen un laudo ejecutorio y que se pueda así solventar, al menos que puedan generar una primera bolsa 2015 y que se pueda aprobar en este PEF que próximamente tendremos nosotros aquí en Cámara. Se sigue haciendo el llamado a todos los participantes de la comisión para que nos sumemos a este punto de acuerdo y a toda la asamblea. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias a usted. Seguramente la están escuchando, pero queda debidamente registrado en el Diario de los Debates su preocupación. También me ha pedido la palabra el diputado Fernando Belaunzarán.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez(desde la curul): Sí. Gracias, presidente. Pues México está viviendo una crisis de Estado muy profunda, el día de ayer intelectuales y ciudadanos muy prestigiados dieron a conocer un documento, la verdad es que lo comparto, en plenitud comparto este documento, pero no quiero dispersarme, quiero decir que apoyo con todo, apoyo entusiastamente la propuesta de hacer una comisión de la verdad para aclarar lo que sucedió en Iguala, Guerrero, para que se establezcan las responsabilidades y se sepa, primero, porque los ciudadanos tenemos derecho a la verdad y, segundo, para que no haya impunidad en ninguno de los órdenes de gobierno, en ninguno de los tres órdenes de gobierno, en ninguno de los tres órdenes de gobierno, porque puede y se presume que ha habido acciones u omisiones y esto tiene que quedar plenamente aclarado.

Es urgente porque además hay que reconocerlo, hay una crisis también de credibilidad en las instituciones y hay demasiadas versiones y estamos casi cumpliendo 30 días y n se sabe el paradero de los 43 normalistas. Entonces respaldo plenamente la creación de una comisión de la verdad. Ojalá que podamos contribuir a la creación de ésta y que se establezca, porque, simplemente para dar un dato, no sólo de los tres órdenes de gobierno. Se han encontrado decenas de fosas comunes en esa zona, prácticamente en las narices de la zona militar.

También hay una zona militar en Iguala y urge saber qué pasó ahí, en qué grado está la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado, no sólo en ese estado, es un problema del Estado en general, hay que recordar muchísimas condiciones.

Usted mismo recordó hace poco lo de San Fernando, está también el caso de los presos comunes que usaban de una cárcel de Durango para ir a asesinar a Torreón, y cosas que nos ha mostrado esta penetración terrible y muy complicada del Estado mexicano, que hacen que esto sea un crimen con participación del Estado al menos.

Entonces simplemente para decir que respaldo plenamente la creación de una comisión de la verdad ciudadana, con personalidades nacionales e incluso internacionales, porque esto es un escándalo mundial, que todos exigen su presentación.

Termino diciendo, presidente. Un exhorto muy respetuoso a la Junta de Coordinación Política para que podamos discutir este problema tan grande. Sé que es incómodo, por supuesto que es incómodo incluso obviamente para mi partido, para mi grupo parlamentario, pero es una responsabilidad institucional de este Congreso, de esta Cámara de Diputados discutir los grandes problemas nacionales, y vaya que esta crisis de Estado lo amerita.

Entonces un exhorto para que podamos debatirlo en la máxima tribuna de la nación. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda registrada en el Diario de los Debates su participación y seguramente le han escuchado también los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

Tengo registrada y registrados tres diputados más e inmediatamente después de ello continuaremos con el orden del día. ¿Con qué objeto, señor diputado Oviedo Herrera?

El diputado J. Jesús Oviedo Herrera(desde la curul): Gracias, presidente. A nombre de los diputados del PAN de Guanajuato, quiero denunciar en esta soberanía los actos de desvío de recursos públicos en que la delegada de Sedesol en Guanajuato, Claudia Brígida Navarrete Aldaco, ha incurrido, entregando despensas de programas sociales a favor de candidatos priistas.

Tenemos las pruebas que así fue, cuando en grabaciones que se han vertido a la opinión pública da instrucciones para repartir mil 800 despensas. Cito textualmente parte de la grabación: Ya ve que al diputado le gusta ir y dejar e ir abarcando buena cobertura y poco a poquito ir empujando. Vamos juntando números.

Las evidencias ahí están, por lo que demandamos una investigación a fondo y se castigue destituyendo a los responsables de desviar recursos públicos y hacer uso electoral de programas sociales.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado, muchas gracias. Su participación queda debidamente registrada en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Me ha pedido también la palabra el señor diputado Ricardo Mejía Berdeja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. El día de ayer la Comisión Especial para el caso Iguala, Guerrero, tuvimos una reunión en las oficinas del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Atendiendo el objeto de esta Comisión, que es dar seguimiento a las investigaciones, evidentemente esta reunión no suple en modo alguno la comparecencia que hemos reiteradamente solicitado y que ya acordó también tanto la Comisión de Derechos Humanos como la Junta de Coordinación Política.

El tema es que en esta reunión, interrogado el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre cuándo comparecería ante la Cámara, cuando acudiría a rendir cuentas dijo que él en ningún momento ha sido comunicado y en ningún momento ha tenido comunicación esta Cámara, incluso interrogado sobre si la diputada hoy con licencia, Miriam Cárdenas, en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos había comentado con él o había entrado en comunicación, él negó categóricamente cualquier comunicación para convocarlo.

Entonces, señor presidente, aquí alguien miente, alguien no está haciendo la tarea, o alguien lo encubre para que no venga a la Cámara o simplemente se están cubriendo unos a otros.

Por eso, reiterarle, y toda vez que está acéfala hasta el día de hoy la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, que usted, en su carácter de presidente de la Cámara, convoque ya directamente a comparecer a esta persona.

Independientemente de que vaya a ser o no reelecto tiene que rendir cuentas, él acaba su periodo hasta el 15 de noviembre y no tiene por qué haber ninguna razón para que tenga esta protección política, esta cobertura. Y también que se aclare si se le convocó o no, porque alguien está mintiendo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, diputado. Queda registrada su participación en el Diario de los Debates, y esta Presidencia habrá de trasladar esta solicitud nuevamente a la Junta de Coordinación Política, para que proceda lo conducente.

Me pide la palabra también la diputada Nelly Vargas, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente, por permitirme el uso de la voz. Quiero esta tarde solidarizarme con mi compañera tabasqueña la diputada Claudia Bojórquez, con el tema de los laudos a los municipios.

Hoy tenemos un grave problema en Tabasco y en varias regiones del país, donde los alcaldes tienen una gran preocupación porque sus participaciones federales están recortadas de manera importante, parte de esas participaciones federales son descontadas para pagar laudos, para personal que demandó a los municipios, y que hoy se tiene que dar respuesta a esos pagos que mandata la ley. Me parece que es importante que la Comisión de Presupuesto de esta Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda también, puedan hacer una reflexión profunda y puedan contemplar dentro del presupuesto de 2015 una partida especial para apalancar financieramente a esos municipios que hoy se encuentran en una crisis financiera.

Hoy desafortunadamente tenemos alcaldes que son electos para cumplir dos misiones, para pagar laudos y para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad. Me parece que es un tema que se tiene que empezar a discutir en esta Cámara de Diputados, porque es un tema que ya está afectando seriamente las finanzas de los municipios. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Queda debidamente registrada su participación señora diputada, en el Diario de los Debates.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio y en alcance al oficio número SELAP/300/870/14, me permito remitir copia del similar número 113.2014.DGVP.537, signado por el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, mediante el cual comunica que el maestro Miguel González Ibarra llevará a cabo la evaluación de consistencia y resultados 2014 del Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria, en sustitución de la evaluación específica de costo-efectividad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En alcance a mi oficio número 113.2014.DGVP.277, de fecha 30 de abril de 2014, y en cumplimiento al artículo 180, último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito informarle que el maestro Miguel González Ibarra llevará a cabo la evaluación de consistencia y resultados 2014 del Programa para el Desarrollo Tecnológico de la Industria, en sustitución de la evaluación específica de costo-efectividad. No omito mencionar que dicha sustitución fue aprobada por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 419-A-14-0596.

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados,

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre del año de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que, por oficio número 113.2014.DGVP.536, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el informe final de la evaluación complementaria de diseño 2014 del Fondo Nacional Emprendedor, programa a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso; y 3 discos compactos, para que por su conducto se hagan llegar a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Desarrollo Social, así como a la Mesa Directiva de ese órgano legislativo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia a las obligaciones señaladas en el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, al numeral vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, así como al numeral 11 del programa anual de evaluación 2014, emitido conjuntamente por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Al respecto, me permito enviarle de manera impresa y electrónica el Informe final de la Evaluación complementaria de diseño 2014 del Fondo Nacional Emprendedor, programa a cargo del Instituto Nacional del Emprendedor.

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de Cámara de Diputados; así como a las Comisiones de Desarrollo Social y a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre del año de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Desarrollo Social, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio No. 113.2014.DGVP.535, el maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, envía el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2014 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios “U”, a cargo de esa dependencia.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, les acompaño, para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita, en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

México, DF, a 20 de octubre de 2014.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 177, fracciones III, VI y VII, así como 181 y 285 de su reglamento, solicito atentamente su valiosa intervención con el fin de enviar a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de las comisiones correspondientes, el tercer informe trimestral para el ejercicio fiscal de 2014 de los programas sujetos a reglas de operación “S” y de otros subsidios ‘”U”, operados por esta Secretaría y el Sector Coordinado, los cuales se enuncian a continuación:

• S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales.

• S017 Programa de Fomento a la Economía Social.

• S020 Fondo Nacional Emprendedor.

• S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.

• S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.

• S214 Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto.

• S220 Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología.

• U003 Programa para el Desarrollo de la Productividad de las Industrias Ligeras.

• U004 Proyectos estratégicos para la atracción de inversión extranjera.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre del año de 2014.— Maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Economía y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítame, secretaria. ¿Con qué objeto, señora diputada?

La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo(desde la curul): Sí, señor presidente, es solo para solicitarle que también pudiera ser turnado a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias. ¿Se refiere usted al de las Reglas de Operación “S” y “U”? Se turna también a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social para su conocimiento. A solicitud de la diputada presidenta. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 62-II-8-3782, signado por el diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número UCVPS/ DGAVS/ 332/ 2014, suscrito por la licenciada María del Pilar Torre Canales, directora general adjunta de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como los anexos que en él se mencionan, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a realizar las acciones necesarias para instaurar un programa para la emisión de vales de medicinas, o bien, un mecanismo que asegure el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a los derechohabientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

México, DF, a 20 de octubre de 2014.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Oficina del titular de la unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 1591/ 14, de fecha 5 de septiembre de 2014, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa respecto del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 4 de septiembre de 2014, que refiere:

Único. El Senado de la República del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para instaurar un programa para la emisión de vales de medicina, o bien, un mecanismo que asegure el suministro oportuno y completo de las recetas prescritas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a los derechohabientes.

Al respecto, me permito acompañar los oficios números SIDSS-CAS-1111-2014, suscrito por la actuaria Sandra Orcí Gutiérrez, coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud; y CNPSS-DGAF-DGAN-1829, suscrito por el licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez, director general adjunto de Normatividad de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 15 de octubre de 2014.— Licenciada María del Pilar Torre Canales (rúbrica), directora general adjunta de Vinculación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciada María del Pilar Torre Canales, directora general adjunta de Vinculación Social de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su amable comunicación mediante el oficio número UCVPS-DGAVS-224-2014, con relación al punto de acuerdo presentado por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el cual se detalla a continuación:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a realizar las acciones necesarias para instaurar un programa para la emisión de vales de medicina; o bien, un mecanismo que asegure el surtimiento oportuno y completo de las recetas prescritas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a los derechohabientes.

Al respecto, le comento que los elementos considerados en el punto de acuerdo mencionado corresponden a la situación de operación del abasto en las instituciones públicas, según los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 y a las estrategias y líneas de acción establecidas en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018. En tanto que el vale de medicina es una de las opciones que atienden al compromiso presidencial número 48, “establecer los vales de medicinas en el IIMSS, ISSSTE y Seguro Popular para asegurar el abasto de medicamentos”, se aplica en el ISSSTE, en algunos servicios estatales como el de Puebla y en un número importante de Secretarías de Salud estatales.

Por lo anterior, actualmente se encuentra en proceso de definición el mecanismo que operará en el IMSS. Adicionalmente, la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, adscrita a esta subsecretaría, promueve acciones entre las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, a fin de hacer un uso eficiente de los recursos y de mejorar el acceso a los medicamentos para la población beneficiaria o derechohabiente, en el marco de las estrategias 2.6 y 5.5. del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, a partir de dos líneas de acción:

Línea de acción 1: Definición de criterios operativos para normar la utilización de vales, los cuales se encuentran en proceso de construcción.

Línea de acción 2: Promoción de acciones entre las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (entre ellas, IMSS, ISSSTE y Seguro Popular) a fin de hacer un uso eficiente de los recursos y de mejorar el acceso a los medicamentos para la población beneficiaria o derechohabiente, según se describe enseguida:

a) Medicamentos de patente o fuente única. La Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y Otros Insumos para la Salud, es la instancia a través de la cual se negocian precios para este tipo de medicamentos, los cuales son aplicables entre las instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, hospitales federales, institutos nacionales y otras instituciones que pueden adherirse para optimizar los recursos que se destinan a este rubro en beneficio de la población usuaria o derechohabiente.

En esta instancia, en el periodo 2008-2013 se negoció el precio para 262 claves de medicamentos de patente o fuente única que corresponden a 20 grupos terapéuticos (entre ellos se encuentran los antirretrovirales, oncológicos y antirreumáticos).

Particularmente, en noviembre de 2013 se negociaron precios para 207 medicamentos, los cuales se pusieron a disposición de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, entre ellas el IMSS e ISSSTE, para su aplicación en las compras de 2014. Este proceso generó ahorros estimados en 703 millones de pesos para las instituciones.

b) Medicamentos genéricos. Para los medicamentos genéricos que se adquieren vía licitación pública, la estrategia que se promueve entre las instituciones públicas es la compra consolidada. La decisión de adherirse a un proceso de compra consolidada es de cada institución, en función de sus recursos, procedimientos y normas aplicables.

Al respecto, en 2013 el IMSS coordinó la compra consolidada aplicable para 2014 donde participaron ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar, los Hospitales de la Mujer, Psiquiatría, Nacional Homeopático y Juárez del Centro de la Secretaría de Salud, así como las Secretarías de Salud de Baja California, Campeche, Colima, Tlaxcala y Veracruz. La negociación acumula un total de 39 mil 300 millones de pesos, con un ahorro estimado de 3 mil 700 millones de pesos a nivel sector.

c) Sistema de información sobre medicamentos. Es un sistema basado en el cuadro básico y catálogo de medicamentos dirigido a las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud para el registro de información sobre los precios y volúmenes de compra y planeación. Este sistema permite generar comparativos en la compra de medicamentos e identificar áreas de oportunidad para las instituciones.

En 2013 cumplió su tercer año de operaciones y se pretende promover en los próximos ejercicios su consolidación y fortalecimiento para uso y explotación de la información por las instituciones en beneficio de la población.

d) Fortalecimiento de la cadena de suministro. El modelo de cadena de suministro promueve las acciones de fortalecimiento e intercambio de experiencias entre las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (incluyendo el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular). Lo anterior, con el propósito de mejorar el nivel de servicio que se ofrece a la población, dar acceso efectivo a los servicios y hacer un uso eficiente de los recursos, considerando como punto de partida el análisis y conocimiento profundo de la demanda institucional, a través de una etapa de selección o priorización de medicamentos, planeación, compra, almacenamiento, distribución, prescripción, dispensación o surtimiento y uso.

Asimismo, en 2013 se realizaron dos reuniones de intercambio de experiencias, donde se contó con la participación promedio de 150 funcionarios del sector, con importantes propuestas para mejorar la operación y el servicio a la población usuaria o derechohabiente.

En 2014 se realizó un proceso de capacitación cuyo objetivo principal fue promover la selección racional de medicamentos y una planeación basada en necesidades reales. En esta capacitación participaron 200 funcionarios de instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

En conclusión, es de nuestro conocimiento el compromiso presidencial número 48, relacionado con vales de medicina. En este sentido, las acciones presentadas demuestran el esfuerzo para fortalecer la cadena de suministro y promover el uso óptimo y eficiente de los recursos en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud (entre ellas el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular). Adicionalmente, estas acciones han contribuido a definir criterios para normar la aplicación de los vales de medicinas conforme al principio de que el uso de este mecanismo será efectivo una vez que IMSS, ISSSTE y Seguro Popular se encuentren preparados para su consulta.

Finalmente, le comento que los avances reportados en párrafos anteriores se envían en medio electrónico para su consulta.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, DF, a 13 de octubre de 2014.— Actuaria Sandra Orcí Gutiérrez (rúbrica), coordinadora de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Licenciado Sergio Salvador Valdez Trejo, director general adjunto consultivo y contencioso de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.— Presente.

Me refiero al oficio número UCVPS/ DGAVS/ 200/ 2014, por medio del cual la licenciada María del Pilar Torres Canales, directora general adjunta de Vinculación Social, solicita que esta comisión emita opinión respecto al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores en sesión celebrada el 3 de septiembre de 2014.

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo a cumplir el compromiso de campaña sobre “vales de medicinas”, con objeto de que los derechohabientes de instituciones de salud como el ISSSTE, IMSS y Seguro Popular puedan adquirir en farmacias particulares los medicamentos que no encuentren disponibles en estas instituciones.

Postura de la CNPSS

Actualmente, las disposiciones establecidas en el anexo IV para 2014 de los acuerdos de coordinación se celebren entre la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, consideran el aseguramiento del abasto de medicamentos mediante el mecanismo de otorgamiento de vales a los beneficiarios del sistema.

Argumentos que sustentas la postura

El anexo IV de los acuerdos de coordinación se celebran entre la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, concretamente en el Apartado B, “Conceptos de gasto”, numeral 2, “La adquisición de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para prestación de servicios a los afiliados del sistema”, señala en sus últimos tres párrafos:

Del monto en pesos que resulte del cálculo del porcentaje para la adquisición de hasta 30 por ciento de medicamentos, material de curación y otros insumos necesarios para la prestación de servicios a los afiliados al sistema, establecido en el artículo 37, Apartado A, fracción IV, inciso a), numeral II, el Estado podrá destinar hasta 5 por ciento de dichos recursos para la subrogación de medicamentos, con objeto de asegurar a los beneficiarios el total surtimiento de los mismos.

Será responsabilidad exclusiva del Estado justificar en la comprobación de recursos la necesidad de subrogación por no contar con los medicamentos necesarios.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

México, DF., a 17 de septiembre de 2014.— Licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez (rúbrica), director general Adjunto de Normatividad.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se turna a la Comisión de Seguridad Social para su conocimiento.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Diputado Silvano Aureoles Conejo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida al secretario de Gobierno, Héctor Serrano Cortés, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y conforme a lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y en el manual administrativo correspondiente, adjunto el oficio número SEDEMA/ DEJ/ 633/ 2014, de fecha 3 de octubre de 2014, suscrito por el director ejecutivo jurídico en la Secretaria de Medio Ambiente, mediante el cual remite respuesta al acuerdo DGPL 62-II-1-1424, donde se comunicó por el diputado José González Martín, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, la aprobación de aquél en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2013.

Sin otro particular, reciba un cordial y fraternal saludo.

Atentamente

México, DF, a 10 de octubre de 2014.— Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez (rúbrica), coordinador general de Enlace Legislativo.»

«Escudo.— Ciudad de México.— Decidiendo Juntos.

Licenciado Santiago Manuel Alonso Vázquez, coordinador general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal.— Presente.

En atención de su similar número SG/ CEL/ PA/ 515/ 2013, de fecha 24 de diciembre de 2013, en el que remite el oficio DGPL 62-II-1.-1424, de fecha 3 de diciembre de 2013, suscrito por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno de esa Cámara, en los siguientes términos:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal a emitir la declaratoria de utilidad pública por la que se determina como causa de utilidad pública la expropiación a favor del Distrito Federal del predio conocido como “parque Reforma Social”, situado en la colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo, a fin de establecer una zona prioritaria para la preservación del equilibrio ecológico y la protección del ambiente. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del Distrito Federal para que dentro de sus facultades emita un decreto por el cual se cree como área de valor ambiental protegida el parque Reforma Social, situado en la delegación Miguel Hidalgo de esta ciudad [sic].

Al respecto, en el ámbito de competencia de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, hago de su conocimiento que la Dirección de Bosques Urbanos y Educación Ambiental (Dgbuea), a través de la Dirección de Manejo y Regulación de Áreas Verdes Urbanas, ha realizado un análisis sobre las condiciones del parque Reforma Social, en la colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo, a efecto de atender el exhorto realizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La Dgbuea ha determinado que técnicamente no resulta justificable que el parque Reforma Social pueda ser considerado para ser área de valor ambiental, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, en el artículo 5o.

Cito:

Áreas de valor ambiental: Las áreas verdes donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la ciudad;

Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que el parque Reforma Social no presenta características biofísicas y escénicas que permitan ser considerados para decretarse como área de valor ambiental.

Las especies arbóreas presentan características principalmente de una vegetación inducida. Hay especies como eucalipto (Eucalyptus camaldulensis), jacaranda (Jacaranda mimosaefolia), grevilea (Grevillea robusta), álamo plateado (Populus alba), durazno (Prunus pérsica), Ficus Benjamín (Ficus Benjamina), laurel de la India (Ficus retusa), palma canaria (Phoenix canariensis) y palma Washingtonia (Washingtonia robusta).

Asimismo, se informa como antecedente que el parque Reforma Social fue decretado como tal en 1977 por del presidente López Portillo. Colinda con la avenida Tecamachalco y la calle Monte Tabor, en la colonia Reforma Social, delegación Miguel Hidalgo. Dicho parque forma parte del predio comprado a Carlos Cuevas Lascurain, donde además se establecieron colonias como Lomas de Chapultepec, Bosques, Anzures y Granada. Se tiene conocimiento por los medios de comunicación que en 1990 un juez concedió la razón a los particulares y ordenó la devolución del terreno. Sin embargo, la petición fue ignorada por las autoridades durante años hasta que el conflicto revivió durante 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió cumplir de inmediato la orden. Además, pidió que se otorgaran otros 5 mil metros cuadrados a la familia Cuevas Lascurain.

Por los antecedentes existentes en el predio y dada la incertidumbre jurídica en que se encuentra el parque Reforma Social, son motivos para descartar un proceso de declaratoria como área de valor ambiental.

Cabe mencionar que la figura jurídica de “área de valor ambiental” es para proteger los sitios vulnerables donde el uso de suelo no está definido y están propensos a su cambio con facilidad. En el caso del parque Reforma Social, se localiza en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 1994, que fue ratificado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Miguel Hidalgo vigente, que se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre de 2008.

De acuerdo con lo anterior, el citado programa parcial asigna al parque Reforma Social una zonificación de AV, “área verde”, donde los usos del suelo permitidos son jardines y parques, protegiéndolo de cualquier uso de suelo y dándole certeza jurídica del uso para el cual está destinado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 3 de octubre de 2014.— Licenciado Roberto Sanciprián Plata (rúbrica), director Ejecutivo Jurídico.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se remite a la Comisión del Distrito Federal para su conocimiento.

LEY DE VIVIENDA

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 6, fracción IV; 19, fracción XVII; 43, segundo párrafo, 71, primer párrafo, y 78, segundo párrafo; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

Por el que se reforman los artículos 2, 6, fracción IV; 19, fracción XVII; 43, segundo párrafo, 71, primer párrafo, y 78, segundo párrafo; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda.

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, 6, fracción IV; 19, fracción XVII; 43, segundo párrafo, 71, primer párrafo, y 78, segundo párrafo; y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 2. Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.

Artículo 4. ...

I.a III. ...

IV.Espacios habitables: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de reunión o descanso, que cuenten con las dimensiones mínimas de superficie, altura, ventilación e iluminación natural, además de contar como mínimo con un baño, cocina, estancia-comedor y dos recamaras, de conformidad con las características y condiciones mínimas necesarias que establezcan las leyes y las normas oficiales mexicanas

V.Espacios Auxiliares: el lugar de la vivienda donde se desarrollan actividades de trabajo, higiene y circulación;

VI. Comisión: la Comisión Nacional de Vivienda;

VII. Comisión Intersecretarial: la Comisión Intersecretarial de Vivienda;

VIII. Consejo: el Consejo Nacional de Vivienda;

IX. Mejoramiento de vivienda: la acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa;

X. Producción social de vivienda: aquella que se realiza bajo el control de autoproductores y autoconstructores que operan sin fines de lucro y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye aquella que se realiza por procedimientos autogestivos y solidarios que dan prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos y tecnologías con base en sus propias necesidades y su capacidad de gestión y toma de decisiones;

XI. Productor social de vivienda: la persona física o moral que en forma individual o colectiva produce vivienda sin fines de lucro;

XII. Política Nacional de Vivienda: el conjunto de disposiciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se establecen para coordinar las acciones de vivienda que realicen las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como su concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa;

XIII. Sistema de Información: el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, como el conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así como los efectos de las políticas públicas en la materia, y

XIV. Suelo: los terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 6. ...

I.a III. ... ;

IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables y auxiliares;

V.a XII. ...

Artículo 19. ...

I.a XVI. ...

XVII. Participar en la definición de los lineamientos de información y estadística en materia de vivienda y suelo, con sujeción a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como integrar y administrar el Sistema de Información;

XVIII.a XXIV ....

Artículo 43. ...

La comisión integrará y administrará el sistema de información, el cual se sujetará, en lo conducente, a las disposiciones previstas en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y se conformará con la información que proporcionen las dependencias y entidades de la administración pública federal en aspectos vinculados con la vivienda y el suelo, así como la que permita identificar la evolución y crecimiento del mercado con el objeto de contar con información suficiente para evaluar los efectos de la política habitacional.

...

...

Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios auxiliares suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

...

...

Artículo 78. ...

En este tipo de normas se deberá considerar las condiciones y características de los espacios habitables y auxiliares y seguridad para los diferentes tipos de vivienda y de sus etapas de construcción.

Transitorios

Primero.Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores, México, DF, a 16 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para su dictamen.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático.

Atentamente

México, DF, 16 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona un último párrafo al artículo 9o. de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único.Se adiciona un último párrafo al artículo 9o de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 9o. ...

I.a XII. ...

Los municipios, con acuerdo de sus ayuntamientos podrán coordinarse y/o asociarse para una eficiente implementación de las disposiciones previstas en este artículo.

Transitorio

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria .»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para su dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2014.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo Único.Se adiciona una fracción VIII al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden; las secciones Séptima, que comprende el artículo 46 Bis, y Octava, que comprende el artículo 46 Ter, al Capítulo III del Título III; recorriéndose las actuales Secciones Séptima, Octava, Novena y Décima para ser Novena, Décima, Décima Primera y Décima Segunda, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36....

I.a VII....

VIII. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

IX. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema;

X. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y

XII.Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas

Sección Séptima. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Artículo 46 Bis....

Sección Octava. De la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Artículo 46 Ter.Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano:

I. Coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria;

II. Delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico;

III. Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico;

IV. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ejidos y comunidades agrarias;

V. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias, en coordinación con las demás autoridades, para alcanzar los objetivos previstos en la presente Ley;

VI. Constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres a las que se refieren los artículos 63 y 71 de la Ley Agraria, con base en la información contenida en el Registro Agrario Nacional;

VII. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa, y

VIII. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.

Sección Novena. De la Procuraduría General de la República

Artículo 47. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos y género;

b)Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio;

c)Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales;

d)Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

II. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

III. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia;

IV.Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas;

V. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

VI. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación;

VII. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar la seguridad de quienes denuncian;

VIII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

IX.Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

X.Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual;

XI. Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada.

La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas, y

XII.Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley.

Sección Décima. Del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 48. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:

I. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema, a través de su titular;

II. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas, el Distrito Federal o municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia;

III. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley, los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres;

IV. Colaborar con las instituciones del Sistema en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios;

V. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia prevista en la ley;

VI. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social;

VII. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna;

VIII. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la integridad física de quienes denuncian;

IX. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

X. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley.

Sección Décima Primera. De las Entidades Federativas

Artículo 49.Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley;

III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;

IV. Participar en la elaboración del Programa;

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

VI. Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema;

VII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa;

VIII. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

IX. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas estatales y el Programa;

X. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

XI. Promover programas de información a la población en la materia;

XII. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores;

XIII. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley;

XIV. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales;

XV. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

XVI. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior;

XVII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas de dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales;

XVIII. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación;

XIX. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

XX. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género;

XXI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XXII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos y género;

b)Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio;

c)Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

XXIII. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y

XXV. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales.

Las autoridades federales, harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación, para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra mujeres.

Sección Décima Segunda. De los Municipios

Artículo 50. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones:

I. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas, en la adopción y consolidación del Sistema;

III. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa;

V. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores;

VI. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres;

VII. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas;

VIII. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;

IX. Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres;

X. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia, y

XI. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 16 de octubre de 2014.— Senador José Rosas Aispuro Torres (rúbrica), vicepresidente; senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 de Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnase a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República del Congreso de la Unión.— Presentes.

Martín Orozco Sandoval, senador de la república en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 9 de Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 7 de diciembre de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la miscelánea fiscal para 2010, mediante la cual, además de otras medidas, se establecía una tasa de 30 por ciento del impuesto sobre la renta para las personas morales, la cual se aplicaría durante 2010, 2011 y 2012, para que en 2013 la tasa descendiera un punto porcentual, es decir, de 29 por ciento, como se desprende del artículo segundo de dicho decreto.

Dicha reforma de carácter temporal tenía por objeto atender la crisis económica derivada por la epidemia del virus A(H1N1), así como la desaceleración económica de Estados Unidos, factores que terminaron afectando seriamente las finanzas del país.

De tal suerte, el dictamen de origen de la Cámara de Diputados mencionaba lo siguiente:

Esta comisión dictaminadora coincide con el Ejecutivo federal en que la actual situación económica exige adoptar medidas temporales que permitan contar con mayores recursos para hacer frente a las necesidades de gasto público y que contribuyan a mantener la estabilidad macroeconómica.

Así, esta dictaminadora es consciente de que una mejor posición de las finanzas públicas permitirá al gobierno federal contar con ingresos suficientes para hacer frente a compromisos de gasto social y de infraestructura y evitar en lo posible el incremento en la deuda pública, así como el elevado costo financiero que implica esta alternativa.

...

Asimismo, se considera adecuado el incremento de la tasa del ISR empresarial a 30 por ciento durante los ejercicios fiscales de 2010 a 2012 y la aplicación de la tasa de 29 por ciento en el ejercicio fiscal de 2013, para regresar a 28 por ciento a partir del ejercicio fiscal de 2014.

Es oportuno mencionar que la redacción del artículo 10 de la citada ley seguía estableciendo la tasa empresarial de 28 por ciento, en el entendido de que una vez superados los factores macroeconómicos que derivaron en la desactivación económica de aquel año, se retomaría la tasa prevista.

Posteriormente, con la expedición de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el órgano de difusión oficial de la federación el 11 de diciembre de 2013, se estableció la tasa corporativa a 30 por ciento, sin atender los compromisos asumidos por el legislador en aquella reforma; es decir, no consideró disposición transitoria alguna que contenga alguna disposición en ejercicios posteriores.

No obstante, dicha legislación no ha reflejado efectos positivos en la economía del país; las previsiones de crecimiento para este año se encuentran muy por debajo de los parámetros trazados al inicio de la actual administración.

Ante las modificaciones fiscales que entraron en vigor a principios de este año se observó una reducción en los ingresos y, con ello, una baja en el consumo interno. Tales situaciones dejan de manifiesto la ineficacia de la tasa de 30 por ciento, aun ante la eliminación del impuesto empresarial a tasa única o el impuesto a los depósitos en efectivo.

Es importante señalar que la tasa corporativa actual en México es una tasa alta comparada con la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 26 por ciento. Esta tasa afecta sustancialmente la competitividad del país, reduciendo la atracción de inversión nacional, y extranjera y la consiguiente generación de empleo.

Por otra parte, ante la expedición de la reforma laboral, el conjunto de reformas fiscales que se expidieron desde el año anterior, y un panorama macroeconómico de próspero crecimiento, se considera que es momento de retomar la tasa empresarial de 28 por ciento, pues las condiciones que le dieron origen han sido superadas.

El problema de la baja recaudación fiscal no es un tema nuevo en México. Como se ha reiterado en distintos foros, el país tiene la recaudación más baja, expresada como proporción del producto interno bruto (PIB), entre los miembros de la OCDE.

En cifras, esto quiere decir que México recauda aproximadamente 18 por ciento de su PIB, mientras que el promedio de la OCDE es de 33 por ciento. Ello, aclarando que si no se consideran las contribuciones a la seguridad social y los ingresos derivados del petróleo, la recaudación fiscal mexicana se reduce a aproximadamente 10 por ciento del PIB. Lo idóneo es una recaudación de entre 16 y 18 por ciento del PIB, sin incluir los ingresos petroleros, pues permitiría al Estado mexicano cumplir sus obligaciones.

Sin embargo, en la práctica, la reforma fiscal aprobada el año pasado tuvo objetivos muy diferentes del de combatir realmente el problema de recaudación. La iniciativa que al efecto presentó el Ejecutivo federal propuso incrementar los ingresos tributarios del gobierno federal, pero a través no de una ampliación de la base recaudatoria sino de un incremento en la carga impositiva de los contribuyentes cautivos.

La presente propuesta parte de reconocer la responsabilidad de esta legislatura al dotar al Estado mexicano de mayores recursos mediante la aprobación de las reformas estructurales que el país requería desde hace mucho. Dichas reformas dotarán a la nación de ingresos suficientes que le permitirán cumplir cabalmente sus compromisos en materia de gasto y deuda. Por ello es necesario también reactivar la economía que en palabras de Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, ha tenido un “crecimiento mediocre”.

Por ello es oportuno levantar la mirada hacia el comportamiento del resto de las economías del mundo, que han hecho hincapié en la obtención de impuestos indirectos sobre el consumo, que tienen por objeto ampliar la base de contribuyentes y, en contrapartida, reducir los impuestos directos, sobre la renta o utilidades.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa de 28 por ciento.

..

..

..

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2015.

Senadores: Martín Orozco Sandoval, Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 16 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Secretarios de la Mesa Directiva del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Martín Orozco Sandoval, senador de la República para la LXII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 9-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El nuevo paquete económico presentado para el ejercicio de 2015, no contiene nuevos impuestos, ni tampoco propone incrementar los existentes o disminuir ningún tratamiento fiscal.

Lo anterior no es congruente con la realidad que se vive en el país, ya que los ajustes a la baja en estimaciones del crecimiento del producto interno bruto para 2014 de 3.9 por ciento al 2.7 por ciento, demuestran que la economía ha ido en un franco retroceso, y uno de los principales factores que ha incidido en dicho retroceso es la reforma fiscal, ya que no está dirigida para buscar el crecimiento económico, ni estimular la inversión, ni tampoco para impulsar la generación de fuentes de trabajo, por lo que es imperativo el implantar diversos incentivos fiscales para revertir los efectos nocivos que ha causado dicha reforma fiscal.

En el caso específico de las Pyme, tuvieron afectaciones directas e inmediatas que provienen de las modificaciones fiscales al impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios y del impuesto sobre la renta, con incremento de impuestos y limitación de deducciones, lo que equivale a quitarles flujos de efectivo e inhibir el crecimiento.

No se debe perder de vista que la micro, pequeña y mediana empresa, es un sector muy importante de la producción económica de nuestro país. En la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas se trata de personas que tienen negocios familiares y que son la fuente de ingresos de sus familias.

Sabemos que las Pyme requieren de mayores apoyos y de incentivos fiscales, ya que son la columna vertebral de la economía mexicana y no en vano las pequeñas y medianas empresas (pymes) generan el 72 por ciento del empleo y 52 por ciento del producto interno bruto, PIB, del país, según estimaciones de banca empresarial Banamex.

En México hay más de 4.1 millones de microempresas, que aportan el 41.8 por ciento del empleo. Las pequeñas suman más 174 mil 800 y representan el 15.3 por ciento de empleabilidad; por su parte, las medianas llegan a más de 34 mil 960 y generan el 15.9 por ciento del empleo, de acuerdo con la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, Spyme.

La mayoría de los países de la Unión Europea han tomado, o están tomando, medidas para fortalecer un entorno más favorable que facilite el crecimiento de las PYMES. Dentro de las principales medidas que se han implementado son:

• Reducción de las cargas administrativas.

• Apoyo y mejora de la legislación fiscal, buscando la generación de incentivos.

• Modernización de la administración pública que está enfocada a PYME.

• Financiación.

• Apoyo a la innovación y al desarrollo de tecnología.

• La internacionalización de las empresas.

Las medidas de alivio fiscal que se están utilizando para incentivar el desarrollo y el crecimiento de las Pyme en otros países son:

La mayoría de los países utilizan el impuesto que grava los ingresos de las empresas, es decir, el impuesto sobre la renta como herramienta básica para disminuir la presión fiscal.

Tan solo países como Francia, Holanda, Reino Unido, Hungría o Bélgica, establecen un gravamen especial para las Pyme, y éstos no han sido muy activos en la disminución de sus tipos especiales para pequeñas empresas en los últimos años. Se puede destacar la rebaja realizada en Holanda, pasando en dos años de 23 por ciento a 20 por ciento como tipo impositivo del impuesto sobre la renta para las Pyme, o la cancelación del incremento de la tasa previsto en el Reino Unido, tras varios años de rebajas continuadas.

Un dato que muestra la influencia que ha tenido la variación del Impuesto sobre Sociedades como medida de alivio fiscal en el conjunto de países de la Unidad Europea-27, es la disminución media de su tasa, que ha caído en un 8.7 por ciento entre 2000 y 2010.

La mayoría de las iniciativas de reducción de la tasa del impuesto sobre la renta, se ejecutan en torno a leyes creadas como respuesta a la situación de crisis de la economía internacional. En su mayoría son leyes de estímulo al crecimiento de las economías nacionales o leyes de recuperación económica, como por ejemplo: la Ley de Aceleración del Crecimiento Económico (2010) o la Ley de Alivio Fiscal (2009) del gobierno alemán, la Ley de Modernización Económica de Francia, etcétera.

Además de la disminución del impuesto sobre la renta, algunos países han llevado a cabo medidas centradas en aumentar las deducciones fiscales. Estas deducciones practicadas por países como Austria, Alemania, Italia, o Reino Unido, se han dirigido a las inversiones en Investigación y desarrollo, formación, contratación de empleados, o inversión en maquinaria. Estados Unidos ha desarrollado una serie de medidas de alivio fiscal para las Pyme que abarcan diferentes aspectos, como: la eliminación de impuestos para las ganancias de capital, las amortizaciones en el año de la compra para la obtención de un beneficio fiscal inmediato, limitaciones de las sanciones por errores en la declaración de impuestos, etcétera.

Es importante comentar que un sistema simplificado con una tasa baja, invariablemente aumentará la recaudación fiscal, dado que será mucho más oneroso para los contribuyentes pagar las consecuencias de una sanción por no cumplir con sus obligaciones fiscales, que pagando sus impuestos a una tasa más baja. En el ámbito económico esta teoría se encuentra sustentada por la curva Laffer, misma que establece que cuando se aumentan los impuestos no siempre se da como resultado el aumento en ingresos fiscales ya que un impuesto alto inhibe la oferta del bien o servicio y ésta tiende a disminuir. Por lo que, por el contrario, cuando la tasa impositiva se reduce, es susceptible una mayor recaudación ya que proporcionalmente aumenta la curva de oferta del bien o servicio de que se trate.

Conforme a lo anteriormente comentado es importante aplicar medidas de alivio fiscal a la mayoría de las Pyme en México que sean contribuyentes del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que se propone establecer la aplicación de tasas de manera proporcional y progresiva que van desde el 15 por ciento al 27 por ciento de acuerdo con los ingresos netos que perciban en el año, en lugar de aplicar la tasa del 30 por ciento independientemente del ingreso o utilidad que se tenga.

Conforme a datos proporcionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, al 30 de junio de 2014, al establecer tasas preferenciales a contribuyentes que obtengan ingresos inferiores a 21 mil pesos se estará beneficiando a más del 63 por ciento de las personas morales en México, de acuerdo a la siguiente tabla;

La tasas reducidas no serán aplicables en el supuesto en que se decreten dividendos de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que para tales efectos se deberá de seguir considerando la tasa del 30 por ciento, lo anterior es debido a que lo que se pretende es que en las pymes se fomente la reinversión.

Asimismo, no serán aplicables las tasas reducidas a los intereses que se consideren dividendos de conformidad con el artículo 11, en los casos en que las personas morales entren en período de liquidación conforme al artículo 12 y a los fideicomisos de acuerdo al artículo 13, todos los anteriores artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Además no les será aplicable al régimen opcional para grupos de sociedades y a los coordinados.

Aunado a lo comentado, no debemos soslayar que las cifras de fracaso de las Pyme son abrumadoras en cualquier país que se analicen. Las estadísticas indican que, en promedio, el 80 por ciento de las Pyme fracasa antes de los cinco años y el 90 por ciento de ellas no llega a los 10 años.

Según diversos estudios, para los dueños de las pymes, las razones del alto índice de fracaso es necesario atribuirlas a fuerzas externas a las empresas, que actúan en el entorno económico-político-social, estas formas específicas refieren, entre otras, a escaso apoyo oficial, deficientes programas de ayuda a las Pyme, casi inexistentes fuentes de financiación, excesivos controles gubernamentales, altas tasas impositivas, alto costo de las fuentes de financiación disponibles y similares.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el artículo 9-A a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Las personas morales a que hace referencia el Título II de la presente ley, excepto las mencionadas en los capítulos VI y VII, en lugar de aplicar la tasa prevista en el artículo 9 de la presente ley, aplicarán la tasa de acuerdo a los ingresos netos obtenidos en el ejercicio conforme a la siguiente tabla:

Monto de ingresos               Tasa (porcentaje)

0.01 pesos a 5 millones                                   18

5 millones 1 pesos a10 millones                      21

10 millones 1 pesos a 15 millones                   24

15 millones 1 pesos a 21 millones                   27

Para los efectos del párrafo anterior, se consideran ingresos netos los que resulten de disminuir de los ingresos brutos, las devoluciones, descuentos y rebajas que se hagan en el ejercicio.

Las tasas mencionadas en la tabla anterior no son aplicables a las disposiciones contenidas en los artículos 5, 10, 11,12, 13, 29 fracción VI, 77 Y 78 de la presente Ley, por lo que para tales efectos se seguirá aplicando la tasa contenida en el artículo 9 de la mencionada ley.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 14 fracción III de la presente Ley, se aplicará la siguiente tabla:

Monto de ingresos               Tasa (porcentaje)

0.01 pesos a 416 mil 667               18 por ciento

416 mil 668 pesos                                                   a 833 mil 333  21

833 mil 334 pesos                                                   a 1 millón 250 mil       24

1 millón 250 mil 1 pesos                                         a 1 millón 750 mil       27

Los montos mencionados en la tabla anterior serán multiplicados por el número de meses al cual corresponda el pago provisional.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, DF, a septiembre de 2014.— Senadores: Martín Orozco Sandoval y Maki Esther Ortiz Domínguez (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presente.

El que suscribe Ricardo Barroso Agramont, senador de la República de la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164, numerales 1 y 2, y 169, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un último párrafo al artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos.

Exposición de Motivos

Hoy en día, México vive un cambio en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión con la aprobación de la reforma en telecomunicaciones y con la creación de la ley de la materia, atacando cuestiones de concentración, competencia, acceso a los diferentes servicios, disminución de la brecha digital, entre otras, con lo cual se busca generar un crecimiento y un mayor desarrollo en el país,

La reforma mencionada establece que el mercado se compone de diversos servicios que se agrupan en dos grandes sectores: el de telecomunicaciones y el de radiodifusión. Para los efectos de la presente iniciativa, nos enfocaremos en el segundo sector, es decir, en el de radiodifusión.

De conformidad con la fracción LIV del artículo 3o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la radiodifusión comprende:

...

LIV. Radiodifusión: Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas, a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a tal servicio, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello;

...

En otros términos, el sector de radiodifusión comprende dos servicios que son completamente gratuitos: radio y televisión abiertas. Entre los servicios de radio encontramos un servicio que prestan personas con infraestructura propia, operados por sí mismas y que no dependen de un prestador de servicios o un tercero, es decir, el servicio de radioafición.

La página de internet de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones menciona que un aficionado a la radio, es una persona interesada en la radiotecnia, con capacidad según su clasificación, para instalar y operar estaciones radioeléctricas del servicio de aficionados, con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

De igual forma, el Reglamento para Instalar y Operar Estaciones Radioeléctricas del Servicio de Aficionados define al servicio de aficionados como aquel que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, efectuados por aficionados, esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro.

El artículo 406 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que “las instalaciones de aficionados se autorizarán exclusivamente para iniciarse en la técnica y en la práctica de los sistemas de radiocomunicación, por simple entretenimiento y sin interés pecuniario alguno...”

De lo anterior, se entiende que un radioaficionado por lo general es autodidacta, sin embargo, puede agruparse y formar radio clubes, entendiéndose por estos a las agrupaciones de aficionados constituidos y registrados en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, con el propósito de practicar el servicio de aficionados organizadamente y sin fines de lucro.

Dentro de los objetivos del servicio de radioafición está el que exista una comunicación continua entre dos puntos geográficos alejados, permitiendo así mantener un canal de comunicación útil para la población, sobre todo cuando se está en presencia de algún desastre natural, generando información en zonas donde los sistemas de comunicación comercial fallan como consecuencia de los mismos desastres.

Esta comunicación continua depende del radioaficionado, ya que es éste quien crea, opera y mantiene su propia infraestructura. Con esto, puede experimentar logrando que su comunicado recorra mayores distancias día con día y que la calidad del mismo sea mejor.

Para operar una estación, el radioaficionado necesita apegarse a un marco legal, además de evitar la creación de interferencia con otros sistemas de comunicación preexistentes. Por ello, se requiere contar con un certificado de aptitud y un permiso de instalación, expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, además de cubrir, las cuotas establecidas en las fracciones III y IV del artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos. Este certificado se obtiene tras realizar y aprobar una serie de exámenes teóricos, reglamentarios y radiotelegráficos. Con el certificado y el permiso, los radioaficionados se clasifican en cuatro categorías: Clase I, Clase II, Restringido y Novatos; cada una de estas con características propias.

Como ya se mencionó, el radioaficionado se ha convertido en una persona indispensable en temporadas de huracanes o de catástrofes naturales, permitiendo que exista un canal de comunicación que proporcione información, sobre todo cuando los medios de comunicación fallan y no facilitan el servicio a la comunidad damnificada.

Por esta razón, la radioafición se ha convertido en una actividad apoyada por los tres niveles de gobierno. Un claro ejemplo de esto es la Asociación Estatal de Radioaficionados de Baja California Sur, AC, asociación acreditada por el propio gobierno estatal como miembro activo del Consejo. Estatal de Protección Civil. Además, la Radio Afición Mexicana realiza diariamente, a nivel nacional, redes y programas en los que se hacen prácticas de radiocomunicación y se fomenta la cultura de protección civil, tales como la Red de Emergencia Mexicana y el programa “Comentario en cinco minutos”.

Cabe destacar que, históricamente, los radioaficionados han sido los primeros en poner a disposición de los gobiernos, personal de emergencias y población en general sus sistemas de comunicaciones en los casos y zonas de desastres y después de ocurridos estos, tal y como sucedió en el terremoto de 1985, donde la Asociación Estatal de Radioaficionados de Baja California Sur, A.C. apoyó a la sociedad de la entidad comunicándolos con sus familiares que se encontraban en el DF.

Teniendo en cuenta que esta actividad es para iniciarse en la técnica y en la práctica de los sistemas de radiocomunicación, por simple entretenimiento y, en algunos casos, como una opción de apoyo en beneficio de la población, los radioaficionados gastan cantidades considerables de dinero en la instalación de su estación, la cual puede ser fija, móvil o portátil, e incluso puede contar con repetidoras.

Todo esto genera un gasto elevado que en algunas ocasiones es difícil de cubrir por los mismo radioaficionados, principalmente por aquellos que están pensionados, jubilados, o por personas mayores de 60 años, quienes normalmente cuentan con ingresos bajos que no les permiten hacer frente a los altos costos del equipamiento, aunado a las tarifas que deben pagar, establecidas en la Ley. Federal de Derechos, por la expedición, modificación o revalidación de los certificados de aptitud.

Por otra parte, hay personas de más de sesenta años que se encuentran jubiladas y desean continuar sirviendo a la sociedad, por tal motivo, participan en la radiodifusión convirtiéndose en radioaficionados muy activos, sobre todo porque tienen un mayor tiempo libre y desempeñan este importante servicio por motivación, porque les agrada servir, de tal forma que encuentran una excelente vía para continuar siendo útiles a sus comunidades.

Sin embargo, es evidente que se necesitan recursos económicos para establecer una estación y, como personas mayores de sesenta años, no cuentan con un trabajo que les proporcione las posibilidades económicas para solventar la instalación y mantenimiento de las estaciones de radio, por lo que consideramos un importante apoyo el hecho de que, por disposición de la Ley, el costo por derechos disminuya siendo una ayuda más, tal y como se ha otorgado apoyo a adultos mayores por conducto de las dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Desarrollo Social, impulsando el Programa Pensión para Adultos Mayores, cuyo monto mensual asciende a 580 pesos mensuales con entregas de mil 160 pesos cada dos meses; y a nivel local como la “Pensión Alimentaria para Adultos Mayores” del Distrito Federal, cuyo monto asciende a mil 9.35 pesos mensuales.

Por este motivo, y en beneficio de la misma población, se plantea hacer una disminución en las tarifas establecidas en la Ley Federal de Derechos para beneficiar a los radioaficionados, y que puedan continuar con sus actividades con la finalidad de mejorar el servicio y la comunicación entre las comunidades, así como el apoyo a protección civil en los desastres naturales de los que el país es víctima.

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único: Se adiciona un último párrafo al artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos para quedar de la manera siguiente:

Artículo 141-A. Por la expedición de la constancia de peritos en telecomunicaciones de profesionales técnicos responsables, de radioclubes y de certificados de aptitud para instalar y operar estaciones radioeléctricas y redes públicas de telecomunicaciones, respecto de los servicios que a continuación se señalan, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

I. a V. ...

Para efecto de las fracciones III y IV, y tratándose de aficionados jubilados, pensionados o mayores de 60 años, se reducirán en un 50 por ciento las cuotas establecidas.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/Cofe_certificado_de_ aptitud_y_permiso_para_instala

Salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de septiembre de 2014.— Senador Ricardo Barroso Agramont (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Fernando Torres Graciano y Fernando Herrera Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

México, DF, a 14 de octubre de 2014.— Senador Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), vicepresidente.»

«Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

El suscrito, Fernando Torres Graciano, senador de la República de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 numerales 1 y 2, 169 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 2-A, fracción II, inciso h),de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dispone que el servicio de suministro de agua para uso doméstico debe calcularse aplicando la tasa del 0%. No obstante, tal disposición no indica si dicha tasa también es aplicable al servicio de alcantarillado y al de tratamiento de aguas residuales.

Tal omisión legislativa ha generado duda en cuanto a la aplicación del artículo, toda vez que los organismos operadores del país –responsables de otorgar estos servicios- han interpretado mayoritariamente que el suministro de agua potable es un servicio integral y, por lo tanto, comprende la descarga de aguas residuales al alcantarillado, así como su tratamiento. En ese sentido, la tasa del 0% señalada en el artículo citado sería aplicable no sólo al servicio de suministro, sino también a los de descarga y tratamiento.

Al respecto, se debe señalar que en términos operativos, el servicio de suministro de agua tiene tres etapas. La primera de ellas es el abastecimiento y comprende la extracción o disposición de aguas subterráneas o superficiales, potabilización, conducción, distribución y entrega de volúmenes a los usuarios. La segunda etapa se denomina de forma genérica «alcantarillado» y se refiere a la descarga de las aguas residuales en la red sanitaria una vez que es utilizada. La tercera etapa es el tratamiento y corresponde a la eliminación de cargas contaminantes que tiene el agua residual conforme a las normas de la materia, para después verterla a un cuerpo de agua o para reutilizarla en procesos y actividades en las que su carga contaminante lo permita.

Así pues, el suministro de agua potable no puede estar disociado de la descarga o el tratamiento, ya que uno es consecuencia del otro. No es óbice a lo anterior el hecho de que en los instrumentos arancelarios de los organismos operadores y en las leyes de ingresos municipales tales conceptos sean diferenciados, lo cual se debe a que las coberturas de los servicios son diferentes y, por lo tanto, puede darse el caso de que un usuario cuente con suministro de agua pero no tenga conexión a la red de descarga, o bien, que el usuario tenga fuentes alternas de abastecimiento de agua potable y, si bien no requiere el servicio de suministro, descarga sus aguas residuales a la red de drenaje.

Para entender mejor el impacto tributario en tales servicios, es necesario precisar que dentro del marco legal, cada organismo operador de agua establece un importe de pago para el abastecimiento de agua potable, el cual puede ser volumétrico, cuando se cuenta con medidor, o bien, a cuota fija, en ausencia de medidor. A dicho importe, a su vez, se le aplica una tasa de cobro para el alcantarillado y otra para el tratamiento.

A diferencia del abastecimiento, el cobro de alcantarillado y tratamiento no puede ser volumétrico porque no hay forma de individualizar la medición de las descargas, de ahí que la tasa de cobro sea fijada mediante un análisis que permita la contribución de forma proporcional, equitativa y justa. Tal cálculo hace posible que el monto pagado compense los gastos realizados por el organismo operador para que los usuarios cuenten con el servicio integral de agua potable (suministro, alcantarillado y tratamiento).

Si bien desde el punto de vista técnico el servicio de agua potable se configura de la manera antes descrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la tasa del 0% señalada en el artículo 2-A del referido ordenamiento no es aplicable para los servicios de drenaje y alcantarillado.

Conforme a tal criterio, los organismos operadores deben calcular el impuesto al valor agregado del servicio de drenaje y alcantarillado con una tasa del 16%, lo que, a su vez, se traduce en un incremento neto del servicio de agua potable del 3% al 5%. Este incremento tributario, de manera evidente, repercute en las erogaciones que los usuarios deben realizar por el servicio de agua potable y, en consecuencia, en la capacidad económica de los contribuyentes.

A manera de ejemplo, se puede decir que si un usuario doméstico paga $50.00 de agua al mes, y se le aplican tasas del 20% para el alcantarillado y del 14% para el tratamiento, entonces debería pagar $10.00 por el primero y $7.00 por el segundo. Esto genera un cobro integrado de $67.00. Si tal importe se grava con tasa del 0%, el pago seguiría siendo de $67.00, pero si se aplica el IVA al alcantarillado y al tratamiento se adicionaría un pago de $2.72 resultante de aplicar el 16% a los $17.00 que suman ambos.

Estos $2.72 representan un 4.06% de incremento respecto al pago referido de los $67.00 y constituye en términos reales un incremento directo para los usuarios domésticos. Este incremento, por sí solo, es equivalente al INPC proyectado para el año 2014.

En este sentido, si se aplica la tasa general del IVA (16%) a los servicios de alcantarillado y tratamiento se estaría afectando a los usuarios domésticos y, por ende, a miles de familias de escasos recursos de todo el país, las que tendrían que pagar más dinero para seguir teniendo acceso al agua potable, así como a la descarga de aguas residuales y su tratamiento. Lo anterior genera el riesgo de que se reduzca la capacidad de pago de los contribuyentes y se limiten los volúmenes que requieren para sus necesidades básicas, lo cual afectaría gravemente la salud de las personas.

De esta manera, en observancia al artículo 4 de la Constitución Federal, que reconoce el derecho humano al agua, con relación a su artículo 1º., el cual garantiza el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de las personas, consideramos que el servicio de suministro de agua potable comprende también los servicios de alcantarillado y tratamiento y por consiguiente, la tasa del 0% prevista en el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado también debe ser aplicada a estos últimos.

Por consiguiente, propongo ante este órgano legislativo la reforma del artículo 2-A fracción II inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en los siguientes términos:

Norma vigente

Artículo 2-A.El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. ...

II.La prestación de los siguientes servicios independientes:

a)a g)...

h)Los de suministro de agua para uso doméstico.

Reforma propuesta

Artículo 2-A.El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I....

II.La prestación de los siguientes servicios independientes:

a) a g) ...

h)Los de suministro de agua, de alcantarillado y tratamientopara uso doméstico.

Con base en lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo Único.Se reforma el artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I....

II.La prestación de los siguientes servicios independientes:

a)a g)...

h) Los de suministro de agua, de alcantarillado y tratamiento para uso doméstico.

III.y IV....

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Tesis:2a./J. 29/2011 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro V, tomo 2, febrero de 2012, página 1661, de rubro: « Valor agregado. El beneficio de tributar conforme a la tasa del 0% que prevé el artículo 2o.-A, fracción II, inciso h), de la ley del impuesto relativo, por la prestación del servicio de suministro de agua para uso doméstico, es inaplicable a los diversos de drenaje y alcantarillado».

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el primer día de octubre de dos mil catorce.— Senadores: Fernando Torres Graciano, Fernando Herrera Ávila (rúbricas).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Para hablar sobre este tema se han registrado distintas oradoras y oradores de las distintas fracciones parlamentarias.

La Secretaria diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue turnada para su análisis y dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81, numeral 1; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea plenaria el presente dictamen al tenor de los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el lo. de marzo de 2011, el diputado Fernando Espino Arévalo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Segundo. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 31 de marzo de 2011, la diputada Gabriela Cuevas Barrón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, 15, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Tercero. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en las fechas correspondientes a la presentación de cada uno de los proyectos enunciados, dictó trámite sobre ambas iniciativas, turnándolas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Cuarto. El 31 de agosto de 2011, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7; 35; 37, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Quinto. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 8 de noviembre de 2011, el pleno aprobó con 358 votos en pro, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7; 35; 37, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Sexto. El 9 de noviembre de 2011, el Senado de la República recibió de la Cámara de origen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 7; 35; 37, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Séptimo. En sesión celebrada el 10 de noviembre de 2011, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, dio cuenta al pleno con la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 7; 35; 37, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y procedió a dictar su trámite, turnándola a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, para dictamen.

Octavo. Mediante oficio DGPL-1P3A.3789, del 26 de enero de 2012, la Mesa Directiva del Senado emitió excitativa a las comisiones unidas dictaminadoras para que presentaran los dictámenes correspondientes a, entre otros asuntos, el de la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 7; 35; 37, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Noveno. En reunión de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios Legislativos, Primera, efectuada el 24 de septiembre de 2013, se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35, fracción VI, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Décimo. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, celebrada el 21 de noviembre de 2013, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35, fracción VI, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos quedó de primera lectura; luego, con dispensa de la segunda lectura, se puso a discusión, pero no hubo debate; se aprobó en votación nominal el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35, fracción VI, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y se devolvió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.

Undécimo. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 26 de noviembre de 2013, se dio cuenta al pleno con el oficio del Senado de la República, mediante el cual, devuelven la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35, fracción VI, y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Duodécimo. En la misma sesión plenaria, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el expediente de la minuta proyecto de decreto objeto del presente dictamen, exponemos el siguiente:

II. Contenido de la minuta

La minuta objeto de este dictamen deviene de la revisión de la enviada por la Cámara de Diputados, en la cual se abordan los proyectos propuestos en dos iniciativas presentadas en marzo de 2011, una por el diputado Fernando Espino Arévalo y otra por la diputada Gabriela Pérez Barrón, cuyas propuestas buscan, por un lado, dar solución a la problemática ambiental derivada del deficiente uso e inadecuada disposición final de las bolsas de plástico, mediante la reducción de su consumo, la prohibición de recolectar, transportar o almacenar residuos de dichos materiales, así como la concienciación de la sociedad sobre el uso de bolsas biodegradables; asimismo, se propone orientar hacia la calidad y presentación de la información ambiental, como mecanismo efectivo de comunicación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, para alcanzar la gestión integral de los residuos; una información desagregada que facilite la toma de decisiones y que los logros en el manejo de residuos se hagan del dominio público, promoviendo el uso de insumos biodegradables y otros que observen los criterios de sustentabilidad que emita la Semarnat.

De tal manera, las comisiones dictaminadoras del Senado asumen que la Cámara de origen, a pesar de juzgar oportunos los objetivos de las iniciativas, modificó el texto original propuesto en ambas iniciativas privilegiando la promoción del uso de materiales que atienden los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, y dejando de lado la referencia a los vocablos: “materiales biodegradables y/u oxodegradables”, términos que fueron originalmente planteados por los iniciadores en sus proyectos.

Señalan que la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto cuyo objetivo se vierte en tres ejes fundamentales:

1. La esfera de competencia de la federación;

2. El ámbito de la participación social; y

3. El derecho a la información.

Refieren que el proyecto de decreto aprobado por la Cámara de origen reforma las fracciones IV y XVII del artículo 7 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, (LGPGIR), para establecer en la fracción IV que la Federación, al expedir normas oficiales mexicanas relativas al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, lo haga promoviendo los principios de prevención, minimización y valorización, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Asimismo, en la reforma a la fracción XVII, en relación con el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, se propone agregar: Dentro de este sistema se incluirán las metas y logros alcanzados por los tres órdenes de gobierno en el manejo de los residuos.

En cuanto a la participación social, reconocen que la minuta proyecto de decreto de la Cámara de Diputados, propone reformar la fracción VI del artículo 35 de la LGPGIR, para que los tres órdenes de gobierno, al promover la participación de los diversos sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos, impulsen la conciencia ecológica y la aplicación de la ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica.

Por lo que hace al derecho a la información, los senadores advierten que la Cámara de Diputados planteó reformar el artículo 37 de la ley para prever que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, formarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarías de residuos generados atendiendo a la subclasificación que realice la Secretaría evitando agrupar en una sola categoría a dos o más tipos de residuos;

Finalmente, observan que el proyecto de decreto enviado por la Cámara de origen propuso la reforma al artículo 38 de la ley, para determinar que las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán, anualmente, informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo.

De tal manera, las reformas contenidas en el proyecto de decreto aprobado por la Cámara de origen, consisten en agregar, en cada uno de los artículos objeto de la reforma planteada, los textos que en los párrafos anteriores se destacan con negritas.

Los senadores consideran que la generación de residuos es producto, principalmente, de las actividades humanas, y que la mayoría de los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha incrementado su generación de residuos. Aunque México no se encuentra entre los principales generadores de residuos, sus desechos producidos crecieron en diez millones de toneladas en diez años.

Estiman que el problema se agudiza dado el deficiente manejo y la inapropiada disposición final de los residuos, que los convierte en factor nocivo para el medio ambiente, ya que la disposición final de más del 25 por ciento de la basura se lleva a cabo en tiraderos a cielo abierto.

Señalan que el mal manejo y la indebida disposición de los residuos trascienden a la contaminación del aire, el agua y los suelos, además de los efectos dañinos para la salud pública y la descomposición del orden social.

Reconocen que las bolsas de plástico y los materiales no biodegradables, al convertirse en residuos provocan graves problemas ambientales y atentan contra toda forma de vida.

Estiman que la problemática de los residuos ha dado lugar a la generación de la legislación nacional y las políticas públicas en la materia, las cuales pretenden atenuar los impactos negativos de los residuos en el medio ambiente.

Advierten que las acciones gubernamentales orientadas a la resolución del problema generalizado de los residuos en nuestro país, sólo han evidenciado la necesidad de continuar la búsqueda de los instrumentos y acciones que permitan alcanzar un manejo sustentable de los residuos.

Coinciden en~ que el fortalecimiento de la normatividad y la política no resuelven la problemática ambiental propiciada por los residuos. La vigencia del ordenamiento jurídico en la materia no ha incidido en la necesidad de que todas las entidades federativas del país cuenten con programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos, mientras la generación de basura continúa en aumento.

De tal manera, al considerar que las vertientes propuestas por la Cámara de Diputados tienen consecuencias directas en los mecanismos de solución a los impactos derivados de los residuos, como son la gestión integral y la existencia de materiales amigables para el ambiente, las Comisiones Unidas del Senado, juzgan pertinente el objetivo general de dicha minuta.

Sin embargo, destacan que las iniciativas que dieron lugar al proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre de 2011, y remitido para su revisión al Senado de la República en el mismo mes y año, fueron presentadas en marzo de 2011, razón por la cual, tanto las propuestas de los iniciadores, como el análisis, consideraciones y aprobación del proyecto de decreto por la Cámara de origen, versaron en un comparativo sobre las disposiciones de la Ley vigente durante el período comprendido entre la presentación de las iniciativas en marzo de 2011, y la aprobación del proyecto de decreto enviado al Senado, en noviembre del mismo año.

Al respecto, señalan que después de que la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7, fracciones IV y XVII; 35, fracción VI; 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, enviada por la Cámara de Diputados, y recibida el 10 de noviembre de 2011 por el Senado de la República, el referido ordenamiento legal ha sido reformado en tres ocasiones, mediante los decretos, correspondientes publicados en el Diario Oficial de la Federación en fechas: miércoles 30 de mayo de 2012; martes 21 de mayo de 2013, y viernes 7 de junio de 2013.

En virtud de lo anterior, los senadores consideraron oportuno verificar si las propuestas de la minuta habían sido atendidas en dichas reformas.

Según refieren, “el decreto publicado en Diario Oficial de la Federación (DOF), el 21 de mayo de 2013, amplía las facultades del Ejecutivo federal para expedir Normas oficiales mexicanas relativas a materiales sustentables con base en los principios de prevención, minimización y valorización, además de involucrar a los gobiernos estatales y municipales en la promoción y difusión de la información sobre impactos ambientales y en la salud humana de los materiales que al desecharse se convierten en residuos.”

A manera de corroboración, la Colegisladora transcribe las fracciones VI y XXIV adicionadas al artículo 7 de la LGPGIR, mediante el decreto publicado el 21 de mayo de 2013 en el DOF, y aseveran que el espectro de la nueva disposición contenida en dicha fracción, no solo cubre la problemática de las bolsas de plástico, sino la dimensión del problema ampliada a cualquier tipo de material, con lo que estiman queda solventada la propuesta de reforma a la fracción IV del artículo 7 de la LGPGIR, planteada en la minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados.

Por otro lado, reconocen improcedente la reforma a la fracción XVII del artículo 7 de la LGPGIR, porque confiere facultades a los gobiernos estatales y municipales, para tener logros y metas en el manejo de residuos y de reportarlos al Subsistema de Información Nacional sobre la Gestión Integral de Residuos, en un numeral que está referido a facultades de la Federación, lo que distorsiona el orden estructural y la coherencia normativa de la Ley. En todo caso, puntualiza la colegisladora, los artículos 8 y 9 establecen las competencias de los gobiernos estatales y municipales.

Asimismo, refieren que la reforma propuesta omite precisar las “metas” o “logros” a incluirse en el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales (SNIRN), lo que abre la posibilidad de que los tres órdenes de gobierno reporten esos aspectos bajo criterios discrecionales, dificultando la armonización de indicadores y su procesamiento a nivel nacional.

Del mismo modo, concluyen que el texto vigente de la LGPGIR subraya la importancia de contar con criterios e indicadores uniformes en todo el territorio nacional, establecidos por el Ejecutivo Federal y los Estados para facilitar el procesamiento de la información; por lo que, al establecer mecanismos de armonización de la información y su alimentación al SNIRN por parte de los tres órdenes de gobierno, en la fracción XXV del artículo 7, fracciones XIII y XX del artículo 9 y fracción V del artículo 96, la propuesta de reforma contenida en la minuta, relativa a integrar y hacer públicamente disponibles los resultados federales, estatales y municipales en materia de residuos, resulta innecesaria.

En cuanto a la reforma de la fracción VI del artículo 35 de la LGPGIR, planteada en la minuta de la Cámara de Diputados, relativa a la participación social para impulsar el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, la Cámara de Senadores estima oportuna dicha modificación, dada su congruencia reiterativa de las reformas contenidas en el decreto de 21 de mayo de 2013, pues coincide en el fortalecimiento de los mecanismos para promover el uso de materiales de bajo impacto para el medio ambiente en el país.

Respecto a la propuesta de reforma al artículo 37 de la ley, relacionada con el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de los Residuos que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarías de residuos generados atendiendo a la subclasificación que realice la Secretaría evitando agrupar en una sola categoría dos o más tipos de residuos; la infraestructura disponible, los senadores estiman necesario reiterar la importancia de que los tres órdenes de gobierno reporten su información en materia de residuos, de manera armónica, para que se facilite su entendimiento y sistematización a nivel nacional.

Considerando la heterogeneidad en volumen y composición de los residuos que producen los 2 mil 457 municipios y las 16 delegaciones políticas que existen en el país, imaginan el problema que representa la integración de un banco de datos con capacidad de proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en materia de residuos; por ello, la colegisladora considera inviable la propuesta de reforma al artículo 37.

Finalmente, la colegisladora coincide con la Cámara de origen, en cuanto a la procedencia de la reforma al artículo 38, que establece una periodicidad anual para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaboren y difundan informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo (capítulo IV, “Derecho a la Información”’).

Los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el contenido de la minuta objeto del presente dictamen, expresamos las siguientes

III. Consideraciones

Esta Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encargada de la elaboración del presente dictamen, reitera su reconocimiento a los criterios de la Cámara revisora con los cuales desecha prácticamente el proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 35, 37 y 38 de la ley, realizadas como Cámara de origen en noviembre de 2011, con fundamento en las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el texto de los proyectos contenidos en las iniciativas que han sido los antecedentes primarios del proyecto de decreto que nos ocupa.

En efecto, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó las propuestas de reforma a las fracciones IV y XVII del artículo 7 de la LGPGIR; la primera, para que la federación, al expedir las normas oficiales mexicanas relativas al desempeño ambiental que deberá prevalecer en el manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, lo haga, mientras que con la modificación de la fracción XVII, ahora fracción XVIII, debido a que se recorrió por la adición de una fracción IV, en el decreto publicado en Diario Oficial de la Federación de 21 de mayo de 2013, se propuso que la federación, pueda integrar, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, los subsiste más de Información Nacional Sobre la Gestión Integral de Residuos.

A manera de corroboración, la colegisladora transcribe las fracciones IV y XXIV adicionadas al artículo 7 de la LGPGIR, mediante el decreto publicado el 21 de mayo de 2013 en el DOF, y aseveran que el espectro de la nueva disposición contenida en dicha fracción, no solo cubre la problemática de las bolsas de plástico, sino la dimensión del problema ampliada a cualquier tipo de material, con lo que estiman queda solventada la propuesta de reforma a la fracción VI del artículo 7 de la LGPGIR, planteada en el proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados, y enviado al Senado de la República.

Por otro lado, acertadamente reconocen improcedente la reforma a la fracción XVII del artículo 7 de la LGPGIR, porque confiere facultades a los gobiernos estatales y municipales de tener logros y metas en el manejo de residuos y de reportarlos en el Subsistema de Información Nacional sobre la Gestión Integral de Residuos, en un numeral que tiene por objeto establecer las atribuciones o facultades propias de un orden de gobierno cuyo ejercicio corresponde exclusivamente a la Federación, lo que distorsionaría el orden estructural y la coherencia normativa del ordenamiento jurídico.

En todo caso, puntualiza la colegisladora, los artículos 8 y 9 del propio ordenamiento, establecen con claridad las atribuciones y competencias de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; asimismo, refieren que la reforma propuesta es omisa en definir con precisión las “metas” o “logros” que deban incluirse en el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales (SNIRN), imprecisión que provoca incertidumbre y abre la posibilidad de que los tres órdenes de gobierno reporten los aspectos respectivos bajo criterios discrecionales que sólo auspiciarían dificultades para la armonización de indicadores y su procesamiento a nivel nacional.

Del mismo modo, señalan que el texto vigente de la LGPGIR, subraya la importancia de contar con criterios e indicadores uniformes en todo el territorio nacional, los cuales deben ser establecidos por el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas, para facilitar el procesamiento de la información; de tal manera, con el establecimiento de los mecanismos de armonización de la información y su suministro al Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales, por parte de los tres órdenes de gobierno, en la fracción XXV del artículo 7, fracciones XIII y XX del artículo 9 y fracción V del artículo 96, de la propia ley, la propuesta de reforma contenida en la minuta, relativa a integrar y hacer públicamente disponibles los resultados federales, estatales y municipales en materia de residuos, resulta innecesaria.

Reconocemos que el Senado observó con objetividad la reforma que modifica la fracción VI del artículo 35 de la LGPGIR, para que los tres órdenes de gobierno, al impulsar la conciencia ecológica y la aplicación de la ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, para lo cual, tienen capacidad legal y pueden celebrar convenios de 15 concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales, etcétera.

Por lo que hace al derecho a la información, en la minuta proyecto de decreto, enviada al Senado, nuestra propuesta de reformar el artículo 37 de la LGPGIR, con el propósito de establecer que los tres órdenes de gobierno integraran el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos que contuviera la información relativa a la situación local y los inventarios de residuos generados, los senadores sostienen con razón, que es necesario reiterar la importancia de que los tres órdenes de gobierno reporten su información en materia de residuos, de manera armónica, para que se facilite su entendimiento y sistematización a nivel nacional, en congruencia formal con las disposiciones relativas a la infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta ley y los ordenamientos que de ella deriven y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública, como lo establece la ley, y cuyo nombre correcto, es “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, y demás disposiciones aplicables.

En cuanto a nuestra propuesta de reformar el artículo 38 de la propia ley, estimamos de gran importancia, prever con la certeza jurídica que amerita, la definición de la periodicidad con que las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán sus informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el Capítulo en que se integra este artículo; de ahí, nuestra convicción de reiterar la reforma del artículo 38, estableciendo, solamente “que las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán anualmente informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo.”

Reconocemos que nuestro país no se encuentra entre los principales generadores de residuos; sin embargo, el crecimiento experimentado en la materia, aunado al mal manejo y la indebida disposición de los residuos, conlleva la contaminación de aire, agua y suelos, propiciando la reproducción de efectos dañinos para la salud pública y el orden social.

Coincidimos en el reconocimiento de que todo producto o artículo elaborado con materiales no biodegradables, al concluir su vida útil, se convierten en residuos que causan graves daños ambiental.es y atentan contra toda forma de vida.

Concordamos también, en que los ordenamientos jurídicos y las políticas públicas dirigidas a atemperar los impactos negativos de los residuos en el medio ambiente, al lado de las ineficientes acciones de los tres órdenes de gobierno en la materia, robustecen la necesidad de fortalecer la búsqueda de los mecanismos, instrumentos y acciones orientados hacia la sustentabilidad, mediante un eficiente y eficaz manejo de los residuos.

Es preciso recordar que el proyecto de decreto aprobado por esta Cámara de Diputados en noviembre de 2011, y remitido para su revisión al Senado de la República en el mismo mes y año, devino de las dos iniciativas presentadas en marzo de 2011. En razón de lo anterior, coincidimos con el Senado en el reconocimiento de que tanto en las iniciativas, como en el análisis, consideraciones y aprobación del proyecto de decreto por la Cámara de origen, se consideraron las disposiciones de la LGPGIR, vigentes durante el período comprendido entre la presentación de las iniciativas en marzo de 2011, y la aprobación del proyecto de decreto enviado al Senado, en noviembre del mismo año.

Sin embargo, estimamos difícil de conciliar las contradicciones que se han venido presentando en la práctica parlamentaria, particularmente dentro del proceso legislativo; en efecto, resulta ilógico convalidar el procedimiento empleado con cierta frecuencia, mediante el cual el tratamiento de los asuntos en trámite en una Cámara del Congreso, no cuente con un orden lógico que impida dar un trato preferente a un asunto determinado, en detrimento de la atención prioritaria que debiera darse a otro que con antelación haya sido aprobado por la Cámara de origen.

Es el caso de la minuta proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 35, 37 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual se envió y fue recibida por el Senado de la República, en noviembre de 2011, y cuyo dictamen, previa excitativa para su elaboración, se sometió a la consideración del pleno Senatorial hasta el 21 de noviembre de 2013; no obstante, en el lapso de dos años transcurrido entre la recepción de la minuta, y la discusión de su dictamen por el Senado, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, fue objeto de cuatro reformas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2012, el 21 de mayo de 2013, el 7 de junio de 2013 y el 5 de noviembre de 2013, respectivamente.

Desde luego que una práctica de esta naturaleza puede o no tener efectos que trasciendan la voluntad de los legisladores, la validez o eficacia de la Ley, o, incluso, el interés nacional, entre otros.

En el caso de la minuta que nos ocupa, los senadores consideraron oportuno verificar que las propuestas de la minuta hubieren sido atendidas en dichas reformas.

Señalan que el decreto publicado el 21 de mayo de 2013, amplía las facultades del Ejecutivo federal para expedir normas oficiales mexicanas relativas a materiales sustentables con base en los principios de prevención, minimización y valorización, además de involucrar a los gobiernos estatales y municipales en la promoción y difusión de la información sobre impactos ambientales y en la salud humana de los materiales que al desecharse se convierten en residuos. Con lo anterior, estiman queda solventada la propuesta de reforma a la fracción IV del artículo 7 de la LGPGIR, planteada en la minuta proyecto de decreto remitida por la Cámara de Diputados.

Por otro lado, coincidimos con los senadores en reconocer improcedente la reforma a la fracción XVII del artículo 7 de la LGPGIR, porque confiere facultades a los gobiernos estatales y municipales de tener logros y metas en el manejo de residuos y de reportarlos en el Subsistema de Información Nacional sobre la Gestión Integral de Residuos, en un numeral que hace referencia a facultades de la Federación, lo que, en su consideración, distorsiona el orden estructural y la coherencia normativa de la Ley. En todo caso, puntualiza la colegisladora, los artículos 8 y 9 establecen las competencias de los gobiernos estatales y municipales; en ese sentido, diferimos, pues los artículos de la LGPGIR que prevén las facultades de estados y municipios, son los numerales 9 y 10.

Asimismo, refieren que la reforma propuesta omite precisar las “metas” o “logros” a incluirse en el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales (SNIRN), lo que abre la posibilidad de que los tres órdenes de gobierno reporten esos aspectos bajo criterios discrecionales, dificultando la armonización de indicadores y su procesamiento a nivel nacional.

Del mismo modo, adoptamos la misma posición del Senado, en cuanto a la conclusión de que el texto vigente de la LGPGIR subraya la importancia de contar con criterios e indicadores uniformes en todo el territorio nacional, establecidos por el Ejecutivo federal y los Estados para facilitar el procesamiento de la información; por lo que, al establecer mecanismos de armonización de la información y su alimentación al SNIRN por parte de los tres órdenes de gobierno, en la fracción XXV del artículo 7, fracciones XIII y XX del artículo 9 y fracción V del artículo 96, la propuesta de reforma contenida en la minuta, relativa a integrar y hacer públicamente disponibles los resultados federales, estatales y municipales en materia de residuos, resulta innecesaria.

En cuanto a la reforma de la fracción VI del artículo 35 de la LGPGIR, planteada en la minuta de la Cámara de Diputados, relativa a la participación social para impulsar el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, la Cámara de Senadores estima oportuna dicha modificación, dada su congruencia con las reformas contenidas en el decreto de 21 de mayo de 2013, además de fortalecer los mecanismos para promover el uso de materiales de bajo impacto para el medio ambiente en el país.

Respecto a la propuesta de reforma al artículo 37 de la ley, relacionada con el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de los Residuos que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarios de residuos generados atendiendo a la subclasificación que realice la secretaría evitando agrupar en una sola categoría dos o más tipos de residuos;apreciamos acertada la posición asumida por el Senado, al estimar necesario reiterar la importancia de que los tres órdenes de gobierno reporten su información en materia de residuos, de manera armónica, para que se facilite su entendimiento y sistematización a nivel nacional.

Concordamos con la colegisladora en que es preciso comprender el grave problema que representa la diversidad del volumen y composición de los residuos en el país, pues incide de manera determinante en la capacidad de las autoridades para contar con un centro de información que permita acceder a los datos suficientes para la toma de decisiones en materia de residuos. Sin embargo, resulta de gran importancia la integración de dicho Sistema que contendrá la información relativa a la situación local, que comprende, entre otros, los inventarios de residuos generados.

Apreciamos la postura de la colegisladora al reconocer procedente la reforma al artículo 38, que establece una periodicidad anual para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaboren y difundan informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo (capítulo IV, “Derecho a la Información”’).

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único. Se reforman los artículos 35, fracción VI y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 35. ...

I. a V. ...

VI. Impulsarán la conciencia ecológica y la aplicación de la presente ley, a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica. Para ello, podrán celebrar convenios de concertación con comunidades urbanas y rurales, así como con diversas organizaciones sociales, y

VII. ...

Artículo 38. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán, anualmente, informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el presente capítulo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de marzo de 2014.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica), presidenta; Minerva Castillo Rodríguez (rúbrica), Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), José Pilar Moreno Montoya (rúbrica), María Concepción Navarrete Vital, María Isabel Ortiz Mantilla (rúbrica), Gerardo Peña Avilés, Claudia Elena Águila Torres (rúbrica), Graciela Saldaña Fraire (rúbrica), Cristina Olvera Barrios (rúbrica), secretarios; Ricardo Astudillo Suárez, Darío Badillo Ramírez, Mario Miguel Carrillo Huerta (rúbrica), Eufrosina Cruz Mendoza, José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica), Juan Manuel Fócil Pérez (rúbrica), Marina Garay Cabada (rúbrica), Rodrigo González Barrios (rúbrica), Gabriel Gómez Michel (rúbrica), Adriana Hernández Íñiguez, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Ossiel Omar Niaves López, Ramón Antonio Sampayo Ortiz, Aída Fabiola Valencia Ramírez (rúbrica), Ángel Abel Mavil Soto (rúbrica), María Guadalupe Velázquez Díaz.»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para fundamentar el dictamen por la comisión tiene la palabra la diputada Lourdes Adriana López Moreno, hasta por cinco minutos. Tiene usted la palabra, señora diputada, para fundamentar el dictamen y ponerse a discusión.

La diputada Lourdes Adriana López Moreno:Muchas gracias, señor presidente. Honorable asamblea. A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en efecto fue turnada para su análisis y dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la cual se abordan proyectos propuestos de dos iniciativas presentadas en marzo de 2011 durante la LXI Legislatura; una por el diputado Fernando Espino Arévalo y otra por la diputada Gabriela Pérez Barron.

Es importante señalar que ambas propuestas, con congruencia con la legislación ambiental que en ese momento era vigente, hacían una serie de propuestas de modificaciones a la Ley General de Residuos para considerar algunos aspectos, básicamente encaminados a la prohibición de recolectar, transportar o almacenar residuos de materiales que no fueran biodegradables o bien también a la prohibición del uso de bolsas de plástico.

Sin embargo se hizo una revisión tanto por nuestra colegisladora como por esta comisión, considerando distintas modificaciones que hubieron posteriores a la presentación de esta iniciativa, en las cuales muchas de estas propuestas ya forman al día de hoy parte de la ley vigente, por lo que se determinó retomar únicamente aquellas que podían ser aplicables y que realmente tenían al momento actual razón de ser.

Esto lo comento también un poco como una observación en el sentido de que muchas veces se han quedado temas a discusión en alguna comisión, en cualquiera de ambas Cámaras y de repente se van aprobando modificaciones a la legislación en el mismo tema que va dejando sin efectos iniciativas que son discutidas en fecha posterior y que creo y lo comento con todo respeto, honorable asamblea, valdría la pena revisar los mecanismo de coordinación con nuestra colegisladora para estos casos.

Sin embargo, insisto, con fundamento en las atribuciones que nos confiere el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se retoman aspectos de los proyectos originales contenidos en las iniciativas, que son el antecedente primario del dictamen que hoy nos ocupa.

Reconocemos en el tema de residuos que si bien es cierto nuestro país no se encuentra entre los principales generadores, existe un crecimiento experimentado en la materia.

Aunado al mal manejo y a la indebida disposición de los residuos, conlleva a la contaminación de aire, agua, suelos, y por supuesto con ello se propicia la reproducción de efectos dañinos para la salud pública y el orden social.

Coincidimos en el reconocimiento de que todo producto o artículo elaborado con materiales no biodegradables al concluir su vida útil se convierten en residuos que causan graves daños ambientales y que atentan contra toda forma de vida.

Concordamos también en que los ordenamientos jurídicos y las políticos públicas dirigidas a atemperar los impactos negativos de los residuos en el medio ambiente, al lado de las ineficientes acciones de los tres órdenes de gobierno en la materia, robustecen la necesidad de fortalecer la búsqueda de los mecanismos e instrumentos y acciones orientados hacia la sustentabilidad mediante un eficiente y eficaz manejo de los residuos en nuestro país.

Es importante señalar que se ha determinado por esta comisión la necesidad de que, a pesar de que la ley en materia de residuos es una ley bastante joven que tiene alrededor de 10, 11 años de vigencia, se realice una revisión integral para plantear una iniciativa de reforma integral a esta ley.

Sin embargo, atendiendo a la pertinencia de la propuesta del dictamen que hoy nos ocupa, consideramos la reforma de la fracción VI del artículo 35 de la Ley General para la Gestión Integral de Residuos planteada en esta minuta que busca impulsar el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y que su tecnología también cumpla con estos criterios de eficiencia ambiental, dando paso preferente al uso de materiales biodegradables.

Además, se reconoce también la importancia de reformar el artículo 38 que establece una periodicidad anual para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaboren y difundan informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información a los que se hace referencia en el capítulo IV que es el derecho a la información.

Por lo anterior expuesto y fundado, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados el proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, considerando básicamente dar prioridad al uso de materiales, insisto, que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, además de imponer a las autoridades de los tres órdenes de gobierno la obligación de difundir anualmente informes sobre aspectos relevantes en el manejo de residuos, de acuerdo a sus respectivas competencias. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Está a discusión en lo general el dictamen y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios las siguientes diputadas y diputados: de la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza, el diputado René Fujiwara Montelongo; del Partido del Trabajo, la diputada Magdalena Núñez Monreal; de Movimiento Ciudadano, la diputada Aída Fabiola Valencia; el diputado Abraham Correa Acevedo, de la Fracción Parlamentaria del PRD; la diputada María Isabela Ortiz Mantilla, de la Fracción Parlamentaria del PAN, y el diputado Ignacio Mestas Gallardo, de la Fracción Parlamentaria del PRI.

En consecuencia, tiene la palabra el señor diputado René Fujiwara, hasta por cinco minutos para fijar la postura con respecto al dictamen.

El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo:Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, los plásticos son polímeros sintetizados a partir de los compuestos orgánicos, y una de las principales aplicaciones que tiene el plástico es el empaquetado de los productos.

En México, es latente la problemática ambiental derivada de la contaminación del agua, del aire y del suelo ocasionado por los grandes volúmenes de residuos que se generan a partir de las diversas necesidades de la vida cotidiana del hombre, y que por desgracia y responsabilidad tanto de las autoridades como de la población en general, recibe un tratamiento inadecuado. Esto agrava la situación, debido a que la basura de composición muy variada, se junta y se mezcla durante la labores de recolección, lo que dificulta su manejo y su destino final.

Si bien de primera pauta la mayoría de los plásticos sintéticos no representan un riesgo latente para el medio ambiente, sí se transforman en un problema mayor y grave para la población cuando el plástico, como residuo, no puede ser degradado por el entorno. Es decir, los plásticos no se oxidan ni se descomponen al corto plazo, por lo que su eliminación se vuelve un problema ambiental de dimensiones considerables.

También es cierto que nuestro país no es uno de los principales generadores de residuos plásticos, pero el crecimiento en la materia, las consecuencias que se originan de su mal manejo y la indebida disposición de los residuos y de las bolsas de plástico, han propiciado graves efectos dañinos para la salud pública y el orden social.

Señalamos, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, que todo aquello que se fabrique para satisfacer las necesidades de la población y que no haya sido elaborado bajo un estándar de material biodegradable, se convierte en residuo que causa graves daños ambientales.

Resulta prioritario, por lo tanto, robustecer y fortalecer la búsqueda de mecanismos, instrumentos y acciones orientados hacia la sustentabilidad mediante un eficiente y eficaz manejo de nuestros residuos.

Es imperante que al comprender el grave problema que representa la generación de residuos en el país, las autoridades cuenten con un centro de información que permita acceder de manera oportuna a los datos fidedignos y actualizados para la mejor toma de decisiones.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debemos informar a la población sobre los impactos que se derivan de la contaminación e impulsar una consciencia ecológica. Esto para lograr acciones conjuntas entre las autoridades y la población, para contribuir a la prevención y a la gestión integral de los residuos, así como al uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia, ambiental y tecnológica.

Debemos garantizar una mejor calidad de vida para todos los seres humanos, por ello hay que actuar oportunamente para evitar una mayor degradación ambiental y llevar a cabo los cambios estructurales que se requieren en las políticas estratégicas y leyes que el Estado genera para adaptarse a las necesidades actuales.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos preocupados por la crisis medio ambiental de nuestro tiempo, y en particular estamos preocupados por los efectos que se derivan de una generación sin control ni atención a los diferentes tipos de residuos. Esto nos obliga a actuar inmediatamente para forjar en las nuevas generaciones el compromiso por el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de los niveles de bienestar en la población. Es por eso que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza daremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado René Fujiwara. Tiene ahora la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, hasta por cinco minutos.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la minuta que se nos presenta, como muchas otras, se trata de un buen intento para mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio nacional, pero por lamentable que nos parezca no garantiza en la realidad que el cuidado del medio ambiente sea por cuestiones de ley y no por malas costumbres en la sociedad.

Desafortunadamente la realidad es otra, la producción de bolsas de plástico está en aumento y la contaminación de las mismas va tomando otras características. El hecho de incluir desde hace algunos años las condiciones a las que deben someterse las industrias procesadoras de polímeros y de ceración de bolsas de plástico o refleja en absoluto la posibilidad de mejorar el medio ambiente.

En este escenario debemos tener en cuenta que existen otras complicaciones ambientales de las que no se ha querido tomar nota, por ejemplo: debemos comentar que se tiene detectado a través de investigaciones científicas que las bolsas biodegradables se tardan en deshacerse en alrededor de un año, pero durante este proceso se dejan fragmentos de polímeros que son imperceptibles a la vista y por consecuencia degradarlas contamina más que reciclables.

Este tipo de bolsas ecológicas generan gas metano en su proceso de descomposición y, lejos de considerarlo un gas natural en el ambiente, en estas condiciones masivas produce hasta 20 veces más contaminación que aquella que se produce por el plástico convencional.

Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos conscientes de lo importante que es dejar en claro que cualquier acción para cuidar el medio ambiente debe estar siempre respaldada por la ley, como lo es la presente de la minuta. No obstante, también nos queda claro hacer más que dejar una sencilla redacción en nuestros marcos normativos para lograr la buscada correspondencia en el ecosistema.

Es necesario construir mecanismos de participación social e industrial para adoptar medidas que suplan el uso y la inadecuada disposición final de las bolsas de plástico mediante la reducción de su consumo, pero con una estrategia que no merme las utilidades de la industria en el ramo.

Por otra parte, también es pertinente tomar en cuenta todos los detalles que puedan ser adheridos en la formulación de propuestas alternas, debido a que también pueden resultar contraproducentes en su aplicación, como ya lo estamos observando en la producción y el uso de materiales biodegradables.

Sin embargo, coincidimos con que al impulsar la conciencia ecológica y la aplicación de la presente ley a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad, para la prevención y gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, es un importante avance en materia de cuidado del medio ambiente.

Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor de la presente minuta. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra la diputada Aida Fabiola Valencia, de la fracción de Movimiento Ciudadano.

La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez:Con su venia, señor presidente. Uno de los problemas ambientales más serios de la sociedad actual es sin duda el de los residuos sólidos. La gran producción de basura doméstica obliga a establecer servicios especiales de recogida y almacenamiento de los desperdicios, sin embargo, muchos de estos residuos se siguen vertiendo al río y a sus riberas, se acumulan en vertederos clandestinos y producen un serio impacto sobre el paisaje, la flora y la fauna del lugar.

Los residuos sólidos corresponden al material de desecho resultante de todas las actividades humanas, por lo tanto son una realidad que no se puede evitar. Se entiende por residuos sólidos cualquier basura, desperdicio, lodo y otros materiales sólidos de desechos resultantes de las actividades domiciliarias, industriales y comerciales.

Según su origen, los desechos pueden diferenciarse entre domésticos e industriales. A su vez, los desechos domésticos pueden ser de origen habitacional, hospitalario o provenir de actividades comerciales o de los servicios en general. Con respecto a los residuos industriales pueden ser cenizas procedentes de combustibles, sólidos, escombros, de la demolición de edificios, materias químicas, pinturas y escoria.

La cantidad de residuos que genera una industria guarda relación con la tecnología del proceso productivo, calidad de las materias primas o productos intermedios, propiedades físicas y químicas de las materias empleadas, combustibles utilizados y/o envases y embalajes del proceso.

Entre los residuos más tóxicos a nivel mundial están los producidos por la industria química y los desechos de productos químicos usados en sectores urbanos. Entre ellos destacan las dioxinas, el cloruro de vinilo, los binéfilos policlorados contenidos en el aceite de transformadores eléctricos, pueden mencionarse además arsénico, plomo, mercurio y cromo, sin contar los de carácter radiactivo.

Por otra parte, la generación de residuos sólidos domiciliarios comprende rastros de vegetales, de animales y comestibles, papeles, cartones, metales, plásticos y vidrios, entre otros, generados en los hogares. También ha comenzado a convertirse en un gran problema la cantidad de artefactos, tales como refrigeradores, lavadoras, cocinas, computadoras y televisores, para los cuales no se ha determinado lugares de disposición y hoy comienzan a verse en algunos sitios y orillas de los caminos.

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al no existir un reglamento claro al respecto. Sin duda alguna, lo que nos aqueja hoy en día y además de que es verdaderamente preocupante son las calles de las ciudades, debido a que necesitan un cuidado especial en lo que concierne a su limpieza y eliminación de residuos.

El volumen de desperdicios generados en las ciudades ha crecido mucho en los últimos años y esto ha generado problemas respecto a su recogida y eliminación. Este problema se agrava año tras año debido a cuatro causas principales: el crecimiento demográfico, la concentración de la población en núcleos urbanos, la mayor utilización de bienes de rápido envejecimiento y el uso más generalizado de envases sin retorno, fabricados con materiales no biodegradables.

De acuerdo con los datos del Inventario Nacional de Emisiones, los mexicanos emitimos 40 millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera, de los cuales el 58 por ciento son por fuentes naturales y el 42 por ciento por actividades humanas.

En México la generación de contaminantes atmosféricos es mayor en el estado de México, Veracruz, Jalisco y el Distrito Federal, con un promedio de entre 6.4 por ciento y 9.4 por ciento de las emisiones por actividades humanas nacionales. En contraste, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit, Tlaxcala y Aguascalientes emitieron menos del 1 por ciento del total nacional.

En la minuta presentada se propone que el gobierno federal, los gobiernos de la entidades federativas y los municipios, en la atmósfera de su competencia promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención, de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, así como en el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, estableciendo que los tres órdenes de gobierno elaboren y difundan anualmente informes sobre los aspectos relevantes en los sistemas de información.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen, que es un dictamen noble para el cuidado de nuestro medio ambiente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Abraham Correa Acevedo, de la fracción parlamentaria del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Abraham Correa Acevedo:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, es para mí un honor acudir a esta tribuna para expresar y fundamentar la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Votaremos a favor del dictamen, no obstante, consideramos propicia la ocasión para plantear un conjunto de reflexiones críticas a propósito de las reformas propuestas.

Desde noviembre de 2011, este pleno había votado un conjunto de reformas que el Senado, como Cámara revisora, tardó en analizar y dictaminar. Seguramente constituyó para los senadores un problema dictaminar una minuta cuyo contenido fundamental versaba en la regulación del empleo de bolsas plásticas, que comúnmente se emplean para contener la basura doméstica, justo en el tiempo que entraba en vigor una normativa de corte similar.

El Senado debió considerar en aquel tiempo desechar la minuta, pero simplemente la congeló por tres años para luego modificarla y enviar a esta soberanía un dictamen de contenido suplementario muy alejado del contenido original de la minuta enviada por este pleno en la pasada Legislatura.

Por el tiempo transcurrido para la colegisladora, pudo haberse dado la oportunidad de solicitar a la autoridad ambiental y a las organizaciones dedicadas al estudio del tema, el impacto de la reforma respecto a la facultad del Ejecutivo federal para expedir las normas oficiales mexicanas que establezcan, entre otros, los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica que deben cumplir los materiales con los que se elaboran productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y polietileno expandido, que al desecharse se convierten en residuos.

¿Por qué consideramos necesaria una evaluación? Porque la implementación de la norma oficial mexicana en la materia ha dado lugar a la simulación y no ha contribuido eficazmente a la reducción, reciclaje y reutilización de los recipientes plásticos.

La discusión de la minuta en el Senado y la propia Comisión de Medio Ambiente debió abrir la oportunidad para reflexionar y modificar la ley, en el sentido que en su momento plantearon los diputados de la LXI Legislatura, a efecto de especificar el tipo de materiales a emplear para la fabricación de bolsas, de empaques y embalajes.

Consideramos importante también evaluar los alcances del sistema de información sobre la gestión integral de residuos, figura establecida en la ley pero subestimada en la práctica, ya que no existe información relevante arrojada por dicho sistema, que no sea otra que aquella que consultores contratados le han provisto, pero no las dependencias responsables de los tres órdenes de gobierno. Esperamos que al establecer la obligación de informar anualmente, por parte de la federación, de las entidades federativas y municipios, se impulse y desarrolle el denominado sistema de información sobre la gestión integral de residuos.

A la par de estas reformas consideramos necesario impulsar la creación de programas federalizados, para que con la mezcla de recursos estatales, federales y municipales puedan construirse centros para el manejo integral de residuos sólidos que cumplan con las especificaciones establecidas por ley, ya que muchos municipios a lo largo del país carecen de la capacidad para clasificar, separar y reutilizar la mayor parte de los residuos, y mucho menos cuentan con información confiable y verificable para integrar el sistema de información que esta reforma pretende fortalecer. Ésa, compañeros y compañeras diputadas, será la tarea pendiente. Por su fina atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla.

La diputada María Isabel Ortiz Mantilla:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores. En materia de residuos cada mexicano producimos aproximadamente un kilogramo de basura al día. ¿Qué le sucede a la basura que generamos cada uno de nosotros? No porque la depositemos en un contenedor o salgamos afuera de nuestra casa esperando que la recolecten esa basura va a desaparecer. Los que han sido alcaldes lo saben, el manejo de los residuos en un municipio es un tema muy complejo, muy complicado.

Y es por ello, que si solo hablamos de un tipo de residuos, los que les llamamos sólidos urbanos, es decir, los que generamos en nuestras casas y en general producimos por cualquier actividad urbana, al día este país produce 102 mil 894 toneladas de residuos sólidos urbanos. ¿A dónde van esas más de 100 mil toneladas de basura al día?

Aproximadamente solo el 9.6 por ciento se recicla y el 78.5 por ciento termina en un relleno sanitario, pero todos sabemos que en este país una gran cantidad de los residuos terminan en tiradero a cielo abierto, contaminando no solamente el aire, sino el suelo y el agua y todo esto genera graves complicaciones de salud pública.

Si hablamos de bolsas de plástico, este país utiliza al día 20 millones de bolsas de plástico, 20 millones. La Agencia de Protección al Ambiente calcula que a nivel mundial al año utilizamos cada persona 288 bolsas y solamente se recicla el uno por ciento. Si revisamos el Fondo Internacional para la Protección de Animales y su Hábitat, señala que estos empaques tardan más de 400 años en biodegradarse. Tenemos que hacer algo al respecto. El problema es grande, el problema es complicado –como decíamos–, por eso esta reforma nos parece valiosa porque contiene tres ejes fundamentales para atender esta problemática.

El primero es sobre la necesidad de que los tres niveles de gobierno realicen acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y gestión integral de los residuos. Sólo con los ciudadanos, con procesos de educación ambiental lograremos concientizar a la población y con ello lograr los cambios de hábitos que se requieren.

El segundo eje contempla el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, es decir que permitan reutilizar o reciclar con la finalidad de disminuir los residuos que requerirán una disposición final.

El tercer y último eje se refiere a la importancia y a la necesidad de contar con la información necesaria para prever el manejo adecuado de los residuos y con esto también disminuir la disposición final.

Es por ello que en el artículo 38 de esta propuesta se dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno elaborarán y difundirán informes anualmente sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información de los residuos generados.

Todo con el fin de que las políticas públicas sean mucho más acertadas, si tenemos esta problemática no podemos seguir actuando sin ton ni son. Tenemos que tener la información para que nuestras acciones den soluciones concretas.

Es por ello que Acción Nacional apoya esta iniciativa, ya que consideramos que como legisladores tenemos una obligación de integrar los principios como la eficiencia medioambiental y la rendición de cuentas.

Mi partido en los últimos días ha estado hablando sobre la importancia de este tema, la rendición de cuentas, porque es muy importante que la acción de gobierno se oriente hacia una sociedad económicamente sustentable en la cual el respeto al medio ambiente sea una prioridad. No un tema accesorio, sino un tema transversal, un tema principal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias a usted, señora diputada María Isabel Ortiz Mantilla. Tiene ahora la palabra el diputado Ignacio Mestas Gallardo, de la fracción parlamentaria del PRI, por cinco minutos.

El diputado Ignacio Mestas Gallardo:Con su venia, señor presidente. En la presente administración se han efectuado cambios en la política ambiental en relación con el manejo de los residuos nocivos para el medio ambiente, de tal modo que es una simple recolección. Se han dirigido los esfuerzos hacia una gestión integral acompañada de enfoque preventivo que representa la única solución a la compleja problemática que en esta materia enfrenta nuestro país.

En este sentido desde esta tribuna hemos emprendido una serie de acciones legislativas en la materia para dar inicio a una serie de actividades dirigidas hacia la gestión integral de residuos que garantice un marco jurídico moderno que pueda enfrentar la problemática ambiental vigente.

En los últimos años el aumento de la población generó un aumento exponencial en el consumo y en consecuencia la generación de estos residuos creció de manera proporcional.

Dar solución a esta situación derivada de diferentes usos e inadecuada disposición final de los residuos, debemos dirigirnos a la reducción de la generación de los mismos y concientizar a la sociedad sobre los beneficios implícitos en el uso de materiales biodegradables.

El aumento del número de basura y contaminantes que no son dispuestos apropiadamente, desechos sin control, representan un alto riesgo tanto para la salud como para el ambiente en diversos puntos de recolección y estos puntos son basureros. Sin embargo en estos también llegan a emplearse como espacios públicos, jardines desocupados, predios abandonados, costados de carretera, lagunas, ríos, presas, canales y playas; situación que debe acabarse ya, compañeros.

En el Partido Revolucionario Institucional saludamos todas las encuestas que tendían a un manejo de residuos más amigable con el medio ambiente y por ende, con la población en general.

Establecer en el marco normativo del fortalecimiento de la gestión integral de los residuos, acompañado de un enfoque preventivo que incentive el uso del insumo biodegradable y encamina en sentido propuesto. Establecer las prohibiciones y obligaciones relacionadas con la generación y el manejo de la disposición final de los residuos, pretendiendo abatir su volumen en los rellenos sanitarios y por ende en lotes baldíos, en cuerpos de agua y en otros sitios comúnmente utilizados como vertederos de este tipo.

En el mismo sentido, establecer el impulso a la conciencia ecológica con la aplicación de la normativa en la materia a través de la realización de acciones conjuntas con la comunidad para la prevención y la gestión integral de los residuos, así como el uso de materiales que cumplan con criterios de eficiencia ambiental y tecnológica.

Es un avance más que favorece en materia medioambiental y coadyuva en la generación de una conciencia generalizada sobre la reutilización y el reciclado de materiales, más aún cuando su inadecuada disposición genera un impacto ecológico considerable.

Por lo expuesto, es necesario generar las condiciones de coordinación entre las autoridades federales y municipales para elaborar y difundir anualmente informes sobre los aspectos relevantes contenidos en los sistemas de información en materia de gestión integral de recursos, incidiendo así en el abatimiento del problema ambiental que el día de hoy representan los residuos objeto de una no apropiada disposición. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado. Se ha terminado la lista de oradores. En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular y de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados... dígame, señor diputado Orihuela, con qué objeto.

El diputado Javier Orihuela García(desde su curul): Quiero proponer que se devuelva a la Comisión de Medio Ambiente. Aquí se han vertido muchos criterios que están totalmente rebasados por la sociedad, por la realidad.

Presidente, están proscritos ya los rellenos sanitarios que son un foco de emisiones a la atmósfera y me parece que la Comisión de Medio Ambiente debe revisar a profundidad esta ley de residuos, porque ya no está a la altura de las necesidades ambientales de ningún país, y mucho menos de México.

Además, debe sancionarse, y para eso está la Ley de Protección al Medio Ambiente, debe sancionarse a todos aquellos funcionarios que todavía permiten el establecimiento de rellenos sanitarios transformándose éstos en focos de infección de emisiones a la atmósfera, y está en total contradicción con la Ley del Cambio Climático.

Por eso propongo, si no hubiera inconveniente, que se revisen nuevamente, porque no es posible que estamos solamente aprobando modificaciones tan ridículas a una ley tan importante.

Por eso solicito que la Comisión de Medio Ambiente revise a profundidad esta Ley de Residuos Orgánicos y, sobre todo, en materia de responsabilidades se asignen las que correspondan en base a la gravedad que ocasiona disponer de una manera irresponsable de los residuos sólidos urbanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias, señor diputado. Queda registrada su intervención.

En virtud de que no presentó usted ninguna moción suspensiva y estamos en el proceso de votación. Su preocupación habrá de expresarse entonces en la votación en el pleno.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: De viva voz.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): Afavor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Fernando Bribiesca Sahagún (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio González Valdez (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

El diputado José Isabel Trejo Reyes (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ciérrese el sistema electrónico de votación.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se han emitido 350 votos a favor, 1 abstención y 14 votos en contra.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 350 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención el proyecto de decreto que reforma los artículos 35 y 38 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD

EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y REFORMA LA LEY GENERAL DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: Se recibió de la Comisión de Derechos de la Niñez dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y una adenda.(*)

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad como lo establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE MIGRACION

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8o. de la Ley de Migración.

El Secretario diputado Javier Orozco Gómez: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

Con fecha 25 de febrero de 2014 el diputado el diputado Ricardo Mejía Berdeja, presentó proyecto de decreto con iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de Migración, expediente 3827, publicada ese mismo día en la Gaceta Parlamentaria número 3964-V; iniciativa que además fue suscrita por el diputado Ricardo Monreal Ávila, ambos del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Fundamento legal para emitir el dictamen

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión está facultada para legislar en la presente materia conforme a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra indica:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la federación, los estados y los municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

Igualmente, conforme a lo que prescribe el artículo 2 en sus incisos 1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

1. Cada uno de los Estados parte en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Cada Estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter.

Contenido de la iniciativa

Se señala, entre las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de decreto, las siguientes:

La participación de los niños como fuerza laboral responde entre otras causas a los cambios sociales, las condiciones del mercado, la exclusión social, la discriminación, así como a la falta de suficiente protección social y de oportunidades de educarse, situaciones que inciden en la situación del trabajo infantil, siendo que en nuestro país las condiciones laborales en que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes, están vinculadas con una sistemática violación a sus derechos laborales y humanos, con la consecuente afectación en sus derechos económicos, sociales y culturales sin que el estado haya sido capaz de garantizar el respeto a los mismos.

Los niños y niñas deben estar protegidos durante su infancia por sus familias, por la sociedad y por el mismo estado, en virtud de que es necesario que se desarrollen en un entorno que les proporcione las herramientas y condiciones básicas, para que puedan lograr una vida digna.

La explotación laboral infantil se encuentra terminantemente prohibida por el derecho internacional. En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todo niño a estará protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Asimismo, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, establece que todos los estados deben adoptar medidas efectivas a los fines de impedir la ocupación de niñas y niños en las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social, garantizar a todos los niños y niñas en tales circunstancias un modelo de inclusión educativa y social con mayor énfasis en la situación de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Actualmente, el alto grado de vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes en situación migratoria irregular y jornaleros hace que estos se encuentren más expuestos a ser explotados laboralmente en el país y por ende privados de derechos básicos, como jornadas extenuantes y excesivas horas de trabajo durante la época de plantación y cosecha. Con jornadas laborales se extienden desde el amanecer hasta el anochecer con pocas pausas de descanso y trabajo agotador y extenuante.

Se estima que alrededor de 42 por ciento de los niños y niñas que desarrollan estas actividades padecen algún grado de desnutrición. Las ganancias obtenidas del trabajo de los niños y niñas se convierten en una de las principales fuentes de ingreso. De esta manera, el trabajo infantil constituye simultáneamente una causa y una consecuencia de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales.

Los jornaleros agrícolas son trabajadores temporales del campo que se encargan de la siembra, la cosecha, la recolección y la preparación de productos agrícolas. Debido al desigual desarrollo del país, muchos trabajadores de las zonas rurales emigran a los lugares donde hay trabajo y, en muchos casos, lo hacen acompañados de sus familias. Los flujos migratorios por el trabajo agrícola son variables y afectan a todo el país. Los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable. Un 44 por ciento de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con al menos un niño o niña trabajador, y sus ingresos se acercan al 41 por ciento de los del total familiar.

Para erradicar el trabajo infantil es necesario incluir a los hijos e hijas de jornaleros agrícolas en las estadísticas nacionales, para conocer el acceso a los servicios básicos como la educación, y perspectivas futuras considerando, además, que es necesaria una protección especial de sus derechos.

Con base en la estadística más reciente, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se estima que hay 2.5 millones de jornaleros, de los cuales cerca de 700 mil son migrantes, sin contar a los miembros de la familia que los acompañan, señala el programa de Jornaleros Agrícolas. Siendo el Estado de Sinaloa el principal destino de trabajadores migrantes en México.

Que los niños están perdiendo sustantivamente en educación; dado que la mayoría de ellos deben interrumpir los ciclos escolares, su nivel formal de educación se encuentra a niveles muy bajos. Por lo que es importante enfatizar el papel que tienen los propios niños y niñas jornaleras en mejorar sus condiciones de vida. Los niños y niñas, aun los más pequeños, son capaces de identificar sus problemas, analizar algunas de sus causas y buscar soluciones. La participación de este segmento de la infancia en la planeación de intervenciones para mejorar su calidad de vida es, indudablemente, indispensable.

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP), menos de 10 por ciento de los cerca de 300 mil niños jornaleros va a la escuela. Muchos de ellos suspenden sus estudios debido a complicaciones administrativas para cambiar de lugar de residencia. La inasistencia escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales por estos niños y niñas y adolescentes, constituyendo el grupo más alto de rezago en diversos ámbitos.

La agricultura continúa siendo de lejos el sector con el mayor número de niños en situación de trabajo infantil (98 millones, o 59 por ciento), pero el número de niños en los servicios (54 millones) y la industria (12 millones) no es insignificante la mayoría se encuentra principalmente en la economía informal.

Desde nuestra perspectiva, asientan los ponentes, una de las acciones que se debe de poner en marcha a la mayor brevedad es erradicar el trabajo infantil en el país, particularmente en el sector agrícola, ya que los jornaleros agrícolas enfrentan diversos factores que incrementan su vulnerabilidad a la pobreza frente a otros grupos de población. Es imprescindible hacer un llamado a los gobiernos, a la sociedad y a las organizaciones civiles para afianzar el acceso a la educación, protección social y al trabajo en condiciones favorables, eliminando explotación infantil en el trabajo.

Para esquematizar y dar mayor precisión a la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Análisis de la propuesta

Texto de la Ley de Migración Vigente

Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.

En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.

Iniciativa de reforma propuesta 

Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

La Secretaría de educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

 Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.

En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para los mexicanos.

Metodología

La Comisión de Asuntos Migratorios elaboró el presente dictamen a partir de un método analítico y de los aspectos de la iniciativa verificando que sean acordes con la Constitución y las Leyes Secundarias de la materia, así como que se amplíen los Derechos Humanos de los destinatarios de la Ley que se propone reformar. Asimismo se revisaron los Presupuestos de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2013 y 2014.

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar la Iniciativa en estudio, concluye que el Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para legislar en materia de emigración e inmigración tal como se establece en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su parte artículo 1 establece que dicha ley tiene por objeto, entre otros, regular lo relativo a la estancia de los extranjeros en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, siendo que en el artículo 8 de la Ley de migración vigente se establece el Derecho de los migrantes de acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privados.

En este sentido, la Comisión de Asuntos Migratorios es la instancia competente en base a lo establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos.

Segunda. Esta comisión coincide con las razones del proponente, en el sentido de que es necesario garantizar el acceso a la educación de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes; ya que muchos de ellos suspenden sus estudios debido a complicaciones administrativas para cambiar de lugar de residencia. La inasistencia escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales por estos niños y niñas y adolescentes, constituyendo el grupo más alto de rezago en diversos ámbitos.

El alto grado de vulnerabilidad de los niños y niñas migrantes en situación migratoria irregular y jornaleros hace que estos se encuentren más expuestos a ser explotados laboralmente en el país y por ende privados de derechos básicos.

Tercera. Esta comisión considera que es de aprobarse la reforma al artículo 8 de la Ley de Migración que se propone en razón de lo siguiente:

La propuesta que adiciona el artículo 8 de la Ley de Migración, obedece a la cuestión de que donde hay un derecho para un sujeto, debe haber un sujeto correlativo obligado, el cual es el obligado a cumplimentar el Derecho del primero.

Ahora bien, el derecho subjetivo del acreedor del derecho para acudir ante los órganos del estado y que por tanto el derecho que se otorga quede garantizado, es a través de su inclusión en el ordenamiento jurídico.

De manera que al estar incluido el artículo 8 de la Ley de Migración, dentro del título denominado “Derechos y obligaciones de los migrantes”, tenemos que para garantizar efectivamente esos derechos, se hace necesario un obligado correlativo a efecto de garantizar el derecho, en este caso es la Secretaria de Educación Pública.

Por lo tanto, si la redacción actual del artículo 8 de la Ley de migración, establece la facultad de los migrantes para acceder a los servicios educativos independientemente de su situación migratoria, la propuesta de reforma viene a dar el elemento de la obligación correlativa.

El derecho subjetivo consiste en la facultad de un sujeto para exigir de otro una acción u omisión concreta, protegida directamente por el derecho objetivo. Es decir, que el derecho subjetivo supone la existencia de dos elementos: una facultad de exigir y una obligación correlativa.

Sólo puede afirmarse que a todo deber jurídico se enfrenta un “derecho subjetivo” cuando se enfoque el concepto de éste de tal modo que se entienda por derecho subjetivo el interés protegido o garantizado por el deber jurídico impuesto a otra persona. Pero esta concepción no hace sino subrayar la naturaleza primaria del deber jurídico con respecto al “derecho subjetivo”, ya que éste así considerado, sólo nace desde el momento en que aquél se estatuye.

Por otra parte, el establecer que la Secretaría de educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, se contribuirá a dar cumplimiento a lo establecido en el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, misma que establece que todos los estados deben adoptar medidas efectivas para impedir la ocupación de niñas y niños en las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social; garantizar a todos los niños y niñas en tales circunstancias un modelo de inclusión educativa y social con mayor énfasis en la situación de los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Cuarta. También resulta pertinente esta reforma debido a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 2013) en el anexo 9. Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, en el Ramo 11, Educación Pública. Encontramos el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, con un presupuesto de 223 millones 226 mil 902 pesos. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 (PEF 2014) dicho programa no aparece, por lo tanto tampoco el monto destinado. Esto lo consideramos bastante grave.

En octubre de 2013, la Comisión de Asuntos Migratorios aprobó una Opinión respecto al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, misma que se entregó oficialmente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta H. Cámara de Diputados, en donde se incluían propuestas de modificaciones a los programas presupuestarios. En el Anexo 1 de dicho documento se plantea la necesidad de que el programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes se le restituya por lo menos el monto que se le asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. No se atendió la propuesta por la Comisión referida.

Por lo anterior, esta comisión considera que es de aprobarse la iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley de Migración, a efecto de establecer la obligación de la Secretaría de Educación Pública de diseñar, implementar y ejecutar un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, como correlación al derecho de los mismos de acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la comisión somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración

Artículo Único.Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al artículo 8 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 8. ...

La Secretaría de Educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en su caso, se deban realizar para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto, deberán cubrirse en función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la Federación y sujetarse a los recursos económicos, humanos y materiales asignados a la Secretaría de Educación Pública, y a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación  y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Notas:

1 Lucero Espinosa, Manuel. Teoría y práctica del contencioso administrativo federal. Ed. Porrúa. México 2011. p. 3.

2 Kelsen, Hans. Problemas capitales de la teoría jurídica del Estado. Ed. Porrúa. México. 1987.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 28 de abril de 2014.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Para fundamentar el dictamen tiene la palabra la diputada Amalia García Medina, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Gracias. Señor presidente, agradeciendo que se incluya ya en este momento estas reformas que hemos aprobado en la Comisión de Asuntos Migratorios, le quiero solicitar que se incluyan las dos iniciativas de reforma que han sido propuestas en un solo acto, de tal manera que podamos contribuir a un desarrollo ágil de esta sesión y en el entendido de que en la Comisión de Asuntos Migratorios las propuestas de reforma.

Las iniciativas diversas que han sido presentadas en la Gaceta el día de hoy han sido votadas por unanimidad y, por supuesto, esperamos adicionalmente que en este pleno también sean votadas por unanimidad. En lo que se refiere...

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señora diputada, entonces queda así registrado. Toma nota la Secretaría de Servicios Parlamentarios en virtud de que usted hablará de los dos dictámenes.

La diputada Amalia Dolores García Medina:Así es. Muchas gracias.

El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En consecuencia tiene también más minutos para fundamentarlos.

La diputada Amalia Dolores García Medina: Gracias, muy amable. En el caso de la iniciativa para reformar el artículo 8 de la Ley de Migración, deseo expresar, compañeras, compañeros, que apenas hace unos cuantos momentos en una sesión solemne hemos señalado la importancia de que los fundamentos de nuestra nación con Morelos, puedan ser recogidos.

En estas iniciativas que hoy se presentan para su discusión y finalmente votación, incluimos algunos de los aspectos sustanciales que le da vida a la nación mexicana. Yo me quiero referir en primer lugar al artículo 8 y tiene que ver con un derecho que está en nuestra Constitución; el derecho a recibir educación y también, además, el derecho y la obligación del Estado mexicano de impartir esa educación.

Adicionalmente a lo que dice nuestra Constitución y siendo un derecho el recibir educación, también hay que subrayar que México ha suscrito diversas convenciones e instrumentos internacionales, yo subrayo específicamente el Convenio 182 de la Organización Internacional el Trabajo, que señala que se debe garantizar a todas, a todos los niños un modelo de educación que ponga énfasis en los hijos, hijas de jornaleros agrícolas.

En México tenemos un fenómeno de migración muy complejo, diverso, no solamente un Estado nacional que tiene migrantes fuera de su territorio; no solamente migrantes que llegan de otros países a nuestro territorio, sino es un hecho que hay una migración interna muy intensa. Se señala oficialmente el dato de 2.5 millones de jornaleros agrícolas.

Si tomamos en cuenta y todas, todos aquí conocemos este fenómeno, sabemos que los jornaleros agrícolas se mueven en el país con su familia, van junto con los hijos y las hijas y si el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar educación y los mexicanos y mexicanas tienen el derecho de que se les imparta educación, hemos considerado pertinente que lo que ya está en la Constitución, que lo que es sujeto de tratados internacionales, que lo que se ha afirmado con la OIT también se garantice en la Ley de Migración, de tal manera que se agregue un párrafo que señale: La Secretaría de Educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Son miles de migrantes los que viven este fenómeno, migrantes internos, migrantes mexicanos con derechos. Tal vez algunos de los casos mejor conocidos son esa enorme migración que hay desde Guerrero hacia Sinaloa y también hacia Sonora, pero se da a distintos estados de la República. Y estos hijos de jornaleros y jornaleras agrícolas deben tener garantizado lo que ya está en nuestra Constitución; es decir, el derecho a la educación.

En lo que se refiere, compañeras, compañeros, señor presidente, a las reformas que proponemos a otros artículos de la Ley de Migración, el 159, con un 159 Bis, que es lo que estamos proponiendo y al 160, quiero subrayar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, desde 2011, que debe ser tutelado como un bien la integridad y vida de los indocumentados; es decir, de los migrantes. y si este es un bien tutelado que se debe proteger, también es fundamental señalar que en México los migrantes viven una situación de riesgo extremadamente grave, se requiere entonces poner el acento en no sólo medidas preventivas, sino también sancionar, castigar ese riesgo que viven estas miles de personas.

De manera destacada subrayaría que en el caso de los migrantes indocumentados se dan dos fenómenos, el del tráfico de personas y el de la trata de personas. De tal manera que es indispensable, fundamental que se tomen medidas para protegerlos.

Hemos conocido de hechos verdaderamente graves en nuestro país con estos dos fenómenos del tráfico de personas y de la trata de personas que se han convertido en algunos casos en una tragedia verdaderamente grave, que no puede ser solamente sujeto de una expresión de condena, sino que tiene que reflejarse en nuestra ley, en nuestra legislación, que a quienes estén involucrados en el tráfico y la trata de personas se le sancionará severamente.

Hay casos como el de San Fernando, en Tamaulipas, en el que 72 migrantes fueron masacrados y sabemos que en el caso de los migrantes en muchas ocasiones este acoso por parte de las bandas del crimen organizado es o para incorporarlos en esta moderna y brutal esclavitud, que es la trata de personas, tanto para utilización sexual como laboral y en muchas ocasiones también y cada vez más frecuente existen los testimonios documentados de que se les incorpora o se les intenta incorporar, y se les amenaza y presiona, a las propias bandas del crimen organizado.

Es por ello, que ante esta situación de riesgo que viven los migrantes, que es un fenómeno que se da, no son suficientes las declaraciones, requerimos que en la legislación y, precisamente, en la Ley de Migración se establezca con toda claridad que estas conductas deben ser sancionadas, y por ello es que se ha propuesto que se agreguen algunos párrafos en el artículo 160.

Un párrafo que señale, que de las conductas que han sido descritas, éstas a las que he hecho referencia, de tráfico de personas y también de trata de personas, a quienes pongan en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, se agreguen, se aumenten las penas hasta en una mitad de las previstas en la propia ley, pero que señalan el caso de quien ponga en peligro la integridad, la seguridad, la vida o el trato inhumano a las persona, habla de menores de edad. Es fundamental que se hable de los menores de edad, pero también de los adultos, de tal manera que se incluya a todos aquellos, a todas aquellas que están en riesgo.

Es también pertinente señalar que se ha hecho una propuesta, de una adición a un artículo 159 Bis, que dice lo siguiente: “La misma pena establecida en el artículo 159 de esta ley se aplicará a quien obligue a uno o a varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

Y adicionalmente en el artículo 159 de esta ley, en el numeral 4, se propone que se agregue lo siguiente: “Cuando se cometa explotación de uno o varios extranjeros, de conformidad con lo establecido en los artículos relativos aplicables de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos”.

Es entonces, compañeras, compañeros, sobre los derechos de los hijos, hijas de jornaleros agrícolas a la educación, por un lado, en el primer dictamen, y segundo, en el otro dictamen, en relación con tráfico o trata de personas, que estamos proponiendo que se aumenten las penas, que no haya impunidad y que se incluya a la totalidad de quienes pueden ser víctimas de estos delitos, para que la ley ponga en el centro una determinación del Estado mexicano y, por supuesto, de este Legislativo, de que estas conductas son inadmisibles y además que las hagamos evidentes en la propia ley, de tal manera que no haya lugar para la impunidad.

Se trata entonces de que ante un fenómeno tan grave que lesiona no sólo a los migrantes, que lesiona al propio Estado nacional por la obligación de proteger los derechos humanos, y que además significa obligación del Estado mexicano en sus compromisos en instrumentos internacionales, la Ley de Migración ponga en el centro la garantía, la protección y la determinación de que no haya impunidad.

Es cuanto, señor presidente. Compañeras, compañeros, estoy segura de que podrán ser votadas por unanimidad, tal como sucedió en la Comisión de Asuntos Migratorios estas iniciativas. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Tomás Torres Mercado

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputada García Medina.

Me doy la licencia, compañeras, compañeros diputados, para saludar a alumnos, alumnas de la escuela primaria Coronel Adalberto Tejeda, de aquí del Distrito Federal.

Saludamos también a sus maestras, sus maestros, en este fomento del conocimiento de la cultura cívica. Sean bienvenidos, bienvenidas a este recinto legislativo. Gracias por su visita. Gracias a ustedes. Saludos.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Le otorgo la palabra a la maestra, la diputada Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Adelante, estimada diputada.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, las niñas y los niños son un grupo que por sus características, derivadas de su edad, se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Esta situación se demuestra en el grado de dependencia y el cuidado especial que requieren para desarrollarse de manera adecuada y sin que su vida u otros de sus derechos corran peligro.

Dentro de las situaciones que agravan la condición de vulnerabilidad de nuestra niñez se encuentra la condición de migrantes.

En ese sentido, sabemos que las niñas y los niños deben estar protegidos durante su infancia por sus familias, por la sociedad y por el mismo Estado, en virtud de que es necesario que se desarrollen en un entorno que les proporcione las herramientas y condiciones básicas para que puedan lograr una vida digna, así como garantizados todos sus derechos.

Para nuestro instituto político, garantizar que la niñez mexicana tenga acceso a una educación de calidad que goce de buena salud, se desenvuelva en un ambiente libre de violencia y de explotación laboral, física o sexual es tarea fundamental. Y son solo algunos de los derechos que el Estado mexicano debe garantizar.

Sin embargo, cada año aproximadamente, 300 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en busca de trabajo y mejores ingresos, son hijos de jornaleros agrícolas quienes trabajan de manera temporal en el campo. Muchas de estas niñas y niños tienen que trabajar en los campos para contribuir con el sustento familiar.

Se estima que un 44 por ciento de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con al menos un niño o una niña trabajadora, lo que representa el 41 por ciento del ingreso familiar; dicha situación está relacionada de manera directa con la calidad de vida de los menores.

Cifras revelan que alrededor del 42 por ciento de los niños y niñas que desarrollan estas actividades padecen algún grado de desnutrición; la mayor parte de las hijas e hijos de jornaleros agrícolas proviene de comunidades indígenas, por lo que la migración a los estados del norte del país representa para ellos cambios en sus costumbres, cultura e idioma, además de que debido a la constante movilidad no pueden contar con una educación de calidad.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la educación es la base del desarrollo de una nación, siendo primordial garantizar el acceso a la misma de las y los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, ya que muchos de ellos si es que asisten a la escuela, suspenden sus estudios debido a las complicaciones que significa el cambiar constantemente su lugar de residencia, lo que ahonda sin duda el rezago educativo en el país.

Es por ello que nuestro grupo parlamentario votaremos a favor del presente dictamen, que pretende establecer la obligación de la Secretaría de Educación Pública, de diseñar, implementar y ejecutar un modelo integral de inclusión educativa para las y los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, como un derecho humano de los mismos.

Acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, porque es nuestra obligación garantizar sus derechos y darles la oportunidad de desarrollarse plenamente con acceso a una educación que les permita detonar su pleno potencial. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Lucila Garfias. Tiene el uso de la palabra, la diputada Loretta Ortíz Ahlf, para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Loretta Ortíz Ahlf:Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios.

En el dictamen se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 8 de la ley corriéndose en su orden el actual párrafo segundo para pasar a ser párrafo tercero y así sucesivamente.

Se nos propone que la Secretaría de Educación Pública diseñará, implementará y ejecutará un modelo integral de inclusión educativa para los niños de jornaleros agrícolas migrantes.

Esta reforma y este dictamen tienen por finalidad ajustarse a los instrumentos internacionales que ha celebrado México y también a nuestra Constitución, en específico al artículo 1o. que contemplan el derecho de toda persona, de todo niño o niña que se encuentre en territorio nacional, hijos de jornaleros agrícolas migrantes, documentados o indocumentados, al derecho a la educación en base al derecho de no discriminación.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincide con el contenido del dictamen, porque reconocemos la problemática de las familias de migrantes en territorio nacional, quienes tienen que trasladarse de una zona geográfica a otra dependiendo del tipo de siembra o cosecha que se da en los ciclos agrícolas, en donde los menores de edad, dada la movilidad de las familias, no pueden completar –si es que van a la escuela- sus años escolares.

Estamos de acuerdo con la propuesta que se contiene en el dictamen porque se tiende a beneficiar a niñas y a niños. Es común que cuando los padres mudan su domicilio, en escuelas no se admiten a los niños bajo el argumento de lo avanzado del ciclo escolar. Si eso ocurre en una misma entidad federativa, el problema se recrudece cuando se pasa de un estado de la República a otro.

En el ideal de las políticas públicas, tratados internacionales, Constitución y las leyes mexicanas, está el propósito de que los menores de edad, niñas y niños, disfrutan de la edad biológica en la que se encuentran.

Desafortunadamente las condiciones materiales en las que se sus familias se encuentran este ideal resulta difícil de cumplir, porque los menores de edad deben de trabajar para contribuir al exiguo ingreso familiar.

Hoy que las normales rurales del país son víctimas de una campaña sistemática para desprestigiarlas, sería interesante que sus egresados pudieran ser incorporados a programas educativos enfocados directamente a niños migrantes que por lo general son indígenas y familias sumamente pobres.

Conforme al dictamen que conocemos, en México existen 2.5 millones de jornaleros agrícolas, de los cuales 700 mil son migrantes. Hay una gran movilidad en ese sector y por ello difícilmente, en caso de que lo hagan, pueden mantenerse en la escuela.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos también que hay que avanzar en el establecimiento de un sistema de becas económicas y alimenticias a estos niños para arraigarlos en el sistema de educación escolarizado formal.

No obstante las críticas que podemos hacer al sistema educativo nacional, consideramos que el contenido del dictamen puede contribuir a beneficiar escolarmente a los hijos de los jornaleros agrícolas, en virtud de que la Secretaría de Educación Pública deberá diseñar el modelo de inclusión educativa de los menores.

Estamos convencidos de que todo aquello que se haga en beneficio de las niñas y niños siempre será bienvenido y contará con nuestro apoyo. Por todas estas consideraciones votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Martha Beatriz Córdova Bernal, tiene el uso de la palabra para fiar la postura del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, diputado presidente. “Aunque el tema de la crisis humanitaria de los niños migrantes sin compañía comenzó a ganar espacio en los medios de comunicación hasta apenas hace unos meses, el problema no es nuevo, siempre ha existido; pero la violencia de otros delitos ocultaba el fenómeno”, dice Olga Sánchez Martínez, Premio Nacional de Derechos Humanos 2004.

“Comencé en 1991 la ayuda a migrantes enfermos y desde entonces hemos apoyado a niños amputados, menores de 12, 13 y 14 años de edad que sufrieron accidentes graves, pero era una parte del fenómeno migratorio que no se toaba –asegura-; sólo este año, nos dice, el Instituto Nacional de Migración ha rescatado a más de 10 mil menores sin compañía”.

La Suprema corte de Justicia de la Nación señaló que es particularmente preocupante este fenómeno en este momento, el problema de la niñez migrante, por lo que es necesario que las instituciones del Estado mexicano colaboremos en el ámbito de nuestras competencias constitucionales para poder proteger los derechos y la integridad de este grupo de la población.

El último informe sobre la situación de la infancia en México, de UNICEF 2013, dio a conocer que 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, el 53.8 por ciento de la población menor de 18 años, padece pobreza y 4.7 millones viven en pobreza extrema.

Si nos damos cuenta la pobreza y el hambre en el mundo, son la mayor epidemia que existe. Cada día mueren alrededor de 10 mil personas en el mundo a causa del hambre.

Hemos visto y hemos tocado el tema del ébola, con esta gran epidemia, en donde en tan sólo 10 meses han muerto a causa de ella alrededor de 4 mil personas. Sin embargo si vemos en este mismo lapso de tiempo, han muerto más de 3 millones de personas en el mundo a causa del hambre y la pobreza.

Lamentable aparecen en esta situación, son de reconocer las acciones del Poder Judicial de la Federación en las que se busca evitar que el paso por el sistema de justicia genere los menores de edad, sentimientos de miedo, temor o culpa, y que lejos de cumplir con su objetivo, genere violaciones adicionales a sus derechos y cause daños irreparables para su bienestar y desarrollo.

Lamentablemente aparecen, como siempre lo estamos señalando, los actos de corrupción, sobre todo con las personas encargadas de brindar seguridad y protección en las fronteras, tanto en la frontera sur como en la frontera del norte, poniendo a todos los menores en calidad de víctimas.

El flujo de niños migrantes no ha bajado, ya que en los albergues a donde llegan a alojarse se mantienen los mismos números estadísticos desde que se declaró la emergencia humanitaria en julio del presente año, según datos de la organización de México World Vision, especializada en atender a niños en pobreza extrema.

No es posible que los albergues en la frontera tengan que estar a expensas de las aportaciones económicas por parte del vecino país del norte. Este fenómeno no es otra cosa más que la incompetencia de las autoridades federales, estatales y municipales para hacer frente a este hecho tan lamentable y denigrante.

Según datos arrojados por la Secretaría de Educación Pública, de estos niños y niñas menos del 10 por ciento asiste a la escuela; la mayoría tiene que suspender sus estudios debido al cambio de residencia, a las cuestiones económicas o mayormente porque deben comenzar con una vida laboral a esta corta edad.

Según datos del Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes de la SEP, el 50 por ciento de estos menores se encuentra en primero o segundo grado de primaria y dentro de este grupo se registra el mayor rezago educativo de nuestro país.

Lamentablemente, esto se convierte en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, ya que al no tener acceso a la educación los menores no podrán lograr esa calidad de vida y seguirán buscando un nivel precario porque no tendrán más expectativas.

Es por esto que nos pronunciamos a favor de la iniciativa, porque consideramos que la educación es el crecimiento más importante para la superación no sólo de una nación, sino del mundo entero y de cualquier país. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Córdova Bernal. Tiene la palabra la diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca:Con su permiso, presidente. Señoras y señores diputados: de acuerdo al INEGI, en México hay aproximadamente tres millones de niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años que realizan alguna actividad económica, de los cuales un 29.5 por ciento trabaja en el sector agropecuario, porcentaje que incluye a los miembros de familias de jornaleros agrícolas, niñas y niños que trabajan para contribuir en la economía de sus familias, dejando a lado sus necesidades y derechos fundamentales, como lo es la educación y la salud.

Estas niñas y niños se enfrentan generalmente a condiciones de explotación laboral y otro tipo de abusos, viendo cada vez más lejanas sus posibilidades reales de acceder a nuevas y mejores oportunidades; oportunidades que les garanticen el desarrollo pleno de sus potencialidades y de una vida digna y segura como les corresponde de acuerdo a su edad.

Todas las temporadas de cosecha que van de septiembre a mayo, alrededor de 300 mil niños y niñas mexicanos entre los 6 y los 14 años, emigran junto con sus familias para trabajar en los sembradíos, principalmente del norte de nuestro país. La mitad de estas niñas y niños comienza a trabajar al cumplir los 10 años de edad, pero se dan casos en que lo hacen desde los 6 o 7 años.

Estima Unicef que únicamente uno de cada diez niños y niñas que trabajan en el campo acude a la escuela, y muy pocos, por supuesto, terminan la educación primaria, situación que inevitablemente los condena a perpetuar en la pobreza.

Bajo el anterior orden de ideas, coincidimos plenamente con la dictaminadora en que es necesario garantizar el acceso a la educación de los hijos e hijas de jornaleros agrícolas, toda vez que además de las dificultades ya señaladas, muchas veces suspenden sus estudios debido a las complicaciones administrativas que implica el cambio de residencia.

Ha quedado plenamente demostrado que la inasistencia y la deserción escolar está directamente relacionada con el inicio de las actividades laborales. La deserción escolar hace mucho más vulnerable a las niñas y niños. Por lo tanto, están más expuestos a toda clase de abusos, situación que deriva en diversos problemas sociales y culturales de gran magnitud.

El Estado mexicano desde hace más de tres décadas ha impulsado distintos programas a través de la SEP y del Conafe, para la atención educativa de las niñas y niños jornaleros migrantes. Sin embargo, estos esfuerzos han resultado insuficientes para garantizar el acceso, permanencia y eficiencia terminal en el nivel educativo básico. De ahí, que de acuerdo con el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo, en lo que respecta a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, así como la obligación de garantizarles un modelo de inclusión educativa y social con mayor énfasis en la situación de los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes.

Por ello, mi grupo parlamentario considera, no sólo pertinente, sino urgente, legislar para perfeccionar el marco jurídico, estableciendo en la ley que la Secretaría de Educación Pública diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes, propuesta que objetiva un derecho para las jornaleras y los jornaleros como para las niñas y los niños.

Esta Cámara no puede mantenerse al margen de esta problemática, en donde el futuro de una nueva generación de mexicanas y de mexicanos se torna incierta. Nuestro voto, por supuesto, será a favor, toda vez que resulta inaceptable la realidad que vive este sector de la niñez. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Romo Fonseca.

Nuestra compañera, la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara, aquí presente, ha invitado a un grupo de vecinos, de ciudadanos, de Iztapalapa, de la delegación Iztapalapa, del Distrito Federal. A su nombre y del nuestro les damos una cordial bienvenida. Gracias por su visita a este salón de pleno de la Cámara. Muchas gracias.

Tiene la palabra el diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD. Le menciono a la asamblea que estamos discutiendo una adición al artículo 8 de la Ley de Migración, sin embargo inmediatamente después abordaremos otro dictamen que encuentra relación con éste. Sin embargo, la discusión y la votación se contraerán exclusivamente al artículo 8 de la precitada Ley de Migración, aun cuando se aluda al segundo dictamen y nos ha anticipado el señor diputado López Rosado. Adelante, por favor, señor diputado.

El diputado Roberto López Rosado:Gracias, señor presidente. Con la anuencia de todos. En el presente posicionamiento explicaremos por qué las legisladoras y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de estos dictámenes.

La agricultura, junto con la minería y la construcción, se encuentra catalogada como una de las tres ocupaciones más peligrosas por el Centro Internacional de Información sobre Seguridad y Salud en el Trabajo de la OIT. Los principales riesgos y peligros que amenazan la salud de los jornaleros agrícolas, de acuerdo a la OIT, son:

Excesivas horas de trabajo durante la época de plantación y cosecha. Las jornadas laborales se extienden desde el amanecer hasta el anochecer, y con muy pocas horas de descanso. Trabajo agotador y extenuante debido a que la labor requiere pasar largas horas de pie, agachados o inclinados.

Una exposición permanente a temperaturas extremas, como suelen ser largas jornadas bajo pleno sol o exposición al frío. Problemas cutáneos, exposición a pesticidas tóxicos, algunos muy venenosos y potencialmente cancerígenos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional a Jornaleros Migrantes, el 49.6 por ciento de la población migrante tiene su lugar de origen en municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, San Luis, Hidalgo, Chihuahua y Durango.

En la ruta del Pacífico los estados de Oaxaca y Guerrero son las principales zonas de expulsión, en tanto que aquellos que fungen como receptores son los estados del noroeste y algunos del occidente, como son Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Jalisco y Nayarit.

En la ruta del Golfo los jornaleros de la sierra Norte de Puebla, Veracruz e Hidalgo acuden a los campos de Tamaulipas y Nuevo León, principalmente.

Una ruta también muy importante es la del sureste, sobre todo la que se da en los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Campeche.

Por todo lo expuesto, resulta urgente que la Secretaría de Educación Pública brinde al menos un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de migrantes, de jornaleros agrícolas, como lo propone el dictamen que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración.

En cuanto al dictamen el cual solicita reformar el artículo 160 y adiciona el artículo 159 Bis, de la Ley de Migración, relacionado a los flujos migratorios, salud púbica, la inseguridad y la vida de los indocumentados, podemos comentar varias cosas.

A pesar de tener índices migratorios por debajo de la media latinoamericana es un fenómeno de inconsciente colectivo. Los mexicanos, paradójicamente, tendemos a creer que nuestro país tiene altos porcentajes de inmigración, en un claro mecanismo defensivo para levantar la autoestima ante el fenómeno migratorio masivo.

La emigración se produce cuando en un país donde vives no hay trabajo, pues te tienes que trasladar a otro y así estás emigrando. La combinación entre un notorio chovinismo discursivo y un desarraigo forzado por la invasión cultural estadounidense y la necesidad socioeconómica de migrar, es una contradicción esbozada y analizada ya por especialistas.

Es procedente en sus términos, en virtud de que efectivamente no se contempla a la Constitución y los instrumentos internacionales en la materia de los que México es parte, como criterios rectores de la política migratoria del país y aunque es el caso de la Constitución esta observancia está implícita en toda la ley que derive de ella, no lo es respecto a los instrumentos internacionales, en los términos que la propia Constitución establece en su artículo primero.

Hay que señalar como criterio el interés superior del niño así como de todos los migrantes, establecido en instrumentos internacionales de los que México es parte y entre el que existen definiciones dadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Ley de Migración señala los principios a que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano, pero en ellos no establece la convencionalidad ni el interés superior de la mujer y de la niña, niño o adolescente. Es por eso que debe de ponderarse los siguientes derechos: el control de flujos migratorios, la salud de los indocumentados, la seguridad de los indocumentados, la vida de los indocumentados y el derecho a no recibir tratos inhumanos o degradantes.

Como se podrá apreciar, todos los bienes jurídicamente tutelados por el artículo 130 de la Ley General de Población pasaron al artículo 159 de la Ley de Migración. Por lo tanto, podemos decir que el tipo penal contenido en el artículo 159 de la Ley de Migración vigente no tiene como único bien jurídicamente tutelado el flujo migratorio, sino que además protege otros bienes jurídicos, como la integridad y la vida de los indocumentados.

Es necesario garantizar los mecanismos de protección en materia de control de flujos migratorios, así como el de la salud pública, la seguridad, la integridad y la vida de los migrantes en territorio mexicano, o en algún lugar un trato de inhumano degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, señalando expresamente la aplicación de la Constitución Política y de las leyes aplicables y, asimismo, establecer diversos principios en materia de derechos humanos, en los cuales debe sustentarse la política migratoria.

En este sentido, resulta pertinente la adición que se propone al artículo 159 de la Ley de Migración, en tanto que dicha propuesta de reforma busca proteger precisamente la integridad y la vida de los indocumentados.

Por tales razones, invito a las legisladoras y a los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a votar a favor de ambos dictámenes presentados hoy ante este pleno, para luchar por los derechos de nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Sólo para reiterar a la asamblea, el señor diputado López Rosado ha anticipado la posición que corresponde a su grupo parlamentario en el dictamen inmediato posterior, como ya lo había señalado. Gracias, por su participación, señor diputado.

Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del PRI, para fijar la postura correspondiente.

El diputado Javier Filiberto Guevara González:Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Tiene la palabra, diputado.

El diputado Javier Filiberto Guevara González: Compañeras y compañeros diputados, en el año 2011 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ésta representó un cambio profundo en la manera en que aplican e interpretan tales derechos en nuestro país.

En otras cosas, se hizo específica la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora todo derecho humano reconocido en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales trae consigo obligaciones para las autoridades mexicanas.

Como la educación es un derecho humano que se encuentra establecido en el artículo 3 de la Constitución, el Estado está obligado a prestar servicio de educación básica y media superior a toda la población.

De ahí que los migrantes tengan el derecho de recibir educación por el simple hecho de encontrarse o permanecer en el territorio nacional. Por mandato constitucional deben gozar de las prerrogativas consagradas en la Carta Magna.

No olvidemos que debido a la posición geográfica de nuestro país, anualmente se integran de manera indocumentada, un promedio de 140 mil extranjeros, principalmente procedentes de los países hermanos de Centroamérica.

Una parte de esta población desarrolla trabajos temporales como jornaleros agrícolas migrantes, generalmente acompañados por sus familias, integradas por niñas y niños que tienen el derecho y la necesidad de acceder a los servicios básicos para su desarrollo como la educación, con independencia del lugar físico donde se encuentren.

Sabemos del penoso trabajo infantil que realizan los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes. Sabemos también que del 44 punto 8 por ciento de familias jornaleras en las que se presenta un trabajo infantil se trata de niñas y niños indígenas, que aparte de enfrentar retos y adaptación a costumbres distintas deben afrontar barreras para acceder a los centros de enseñanza.

Por esta razón, los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del dictamen, el cual adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración para que la Secretaría de Educación diseñe, implemente y ejecute un modelo integral de inclusión educativa para los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

De esta manera se contempla la disposición ya prevista en la ley en comento, la cual establece que los migrantes podrán acceder a los servicios educativos previstos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Las reformas y adiciones que se plantean en el presente dictamen cumplirán con el derecho que tiene toda persona de gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Éste es el caso de la educación. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Guevara González. En atención a que el proyecto de decreto contenido en el dictamen aborda solamente la adición a un artículo y en atención a que no se ha reservado para su modificación, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, secretaria. Nos damos oportunidad para darles la bienvenida a jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria, número 7 del Plantel Ezequiel Chávez de esta Ciudad de México, Distrito Federal. Sean bienvenidos y les reconocemos su interés por los temas que se abordan en el Congreso. Gracias por su visita.

Cierre la Secretaría el sistema de votación electrónico.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Faltó alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? De viva voz, diputados.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra (desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio González Valdez (desde la curul): A favor.

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: Se emitieron 3667 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 8 de la Ley de Migración. Pasa al Senado de la República para los efectos constitucionales correspondientes.

LEY DE MIGRACION

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 160 y adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración.

La Secretaria diputada Graciela Saldaña Fraire: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Migratorios, con proyecto de decreto que reforma el artículo 160 y adiciona el 159 Bis a la Ley de Migración

Honorable Asamblea:

La Comisión de Asuntos Migratorios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta a la honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

El diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proyecto de decreto con iniciativa que reforma y adiciona el artículo 159 de la Ley de Migración, expediente 3856. Iniciativa que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 3964-V de fecha 27 de febrero de 2014.

Fundamento legal para emitir el dictamen

La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión está facultada para legislar en la presente materia conforme a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra indica:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.

En este sentido, la Comisión de Asuntos Migratorios es la instancia competente en base a lo establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada.Contenido de la iniciativa.

Se señala, entre las razones que motivan la Iniciativa y el proyecto de decreto las siguientes:

Actualmente México es un país de tránsito para muchas personas extranjeras en busca del famoso “Sueño Americano”, tal como se puede apreciar en infinidad de noticias, investigaciones, documentales, entre otros, que nos ayudan a danos cuenta de la realidad que viven estas personas, así como los riesgos y problemas que las mismas enfrentan en nuestro país.

Los migrantes son un mercado fructífero para los grupos criminales en México, quedando expuestos a amenazas y secuestros por parte del crimen organizado para ser sometidos a la explotación o para  ser utilizados en actividades delictivas.

A pesar de que existen organismos y redes internacionales que han registrado desapariciones y detenciones de indocumentados en territorio mexicano y que se han convertido en pieza clave para la búsqueda de inmigrantes desaparecidos en nuestro país, carecemos de una cifra real de los extranjeros que pierden contacto con sus familias por ser víctimas de grupos criminales.

Asimismo, la problemática referente a los niños migrantes y menores de edad no acompañados, anteriormente no se había considerado debidamente, ya que la participación de los menores en la migración México-Estados Unidos era poco significativa, o bien que su importancia en este proceso no era tan trascendente como la de los adultos migrantes. Sin embargo, como se indica en diversos medios de comunicación, de acuerdo a datos presentados por el Instituto Nacional de Migración, en 2012 hubo cerca de 13 mil niños que viajaron solos de Centroamérica a Estados Unidos, lo que requiere de una atención especial por parte de las autoridades federales.

Los menores recurren a la migración no sólo como acompañantes o con el fin de reunirse con familiares, hoy en día lo hacen con objetivos laborales, de igual manera, recurren a la migración con el objeto de escapar de la violencia intrafamiliar que viven en sus hogares; por lo tanto se requiere establecer medidas que garanticen una protección integral por medio de un marco normativo eficaz que garantice y salvaguarde en todo momento sus derechos humanos, ya que por la condición de vulnerabilidad en la que viven dichos menores, los coloca dentro de los principales objetivos de la delincuencia organizada para ser víctimas del delito de trata de personas y tráfico humano en sus diferentes modalidades.

Según el informe Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes en la frontera México-Guatemala, de septiembre de 2012, se destacó esta problemática en donde los menores enfrentan una serie de riesgos cuando recurren a la migración, entre los que destacan, la explotación laboral, la criminalización por parte de las autoridades, repatriaciones arbitrarias, entre otros. Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que en el periodo de enero de 2010 al 23 de octubre de 2013 se recibieron 917 quejas de migrantes menores de edad; 571 de niños y 346 de niñas por presuntas violaciones a derechos como seguridad jurídica, trato digno, integridad, igualdad y salud.

Actualmente la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, aporta una definición de la explotación de personas en su artículo 10, entendiendo por explotación “La esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena, explotación laboral, trabajos o servicios forzados, mendicidad forzosa, utilización de personas menores en actividades delictivas, adopción ilegal de menores, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita de seres humanos.

Sin embargo, a pesar de la existencia de un marco normativo nacional aplicable en las materias anteriormente mencionadas, actualmente México es criticado por diversos organismos internacionales por la falta de apoyo de las autoridades mexicanas para enfrentar al crimen organizado y esclarecer los casos de los migrantes desaparecidos que se incrementa día con día.

Respecto al informe presentado por el Presidente de la República Mexicana, Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional (AI), ha declarado que México se enfrenta a graves problemas de derechos humanos. Sin embargo, al leer este informe parecería tratarse de otro país, donde estos problemas son marginales o no existen y por lo tanto no hay necesidad de invertir los recursos de estado y abordarlos con seriedad.”

Entre las diferentes omisiones en las que se ponen de manifiesto las violaciones constantes a la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes en territorio nacional, se considera necesario recordar la llamada masacre en San Fernando, Tamaulipas, que ocurrió hace más de tres años, sobre la cual, AI reclamó al gobierno mexicano su incumplimiento de promesas y la inoperancia en el caso por negarse a colaborar con el cártel de drogas de Los Zetas, el gobierno aún no ha anunciado las medidas que tomará para proteger a las personas migrantes en México. Según afirmo Daniel Zapico: “En tanto no se anuncien e implementen medidas efectivas para protegerlas, las autoridades mexicanas se vuelven omisas ante la violencia a la que día con día se enfrentan estas personas.”

En ciudad Ixtepec, Oaxaca, se encuentra en una de las regiones más pobres de México, y ha sido escogida por la delincuencia organizada como centro de operaciones, es uno de los lugares codiciados para obtener enormes ganancias lucrando con los migrantes, en este lugar se encuentra el albergue Hermanos en el Camino, el cual, tiene el objetivo de ayudar a los migrantes. En la página oficial de este albergue, el padre Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, declara a lo que se enfrenta día con día: “El mayor desafío que tengo que superar es el de la intimidación, el acoso y la falta de respeto constante de personas que no quieren que lleve a cabo mi labor de ayudar a los migrantes. Muchas autoridades locales, bandas de delincuentes de droga quieren librarse de los defensores de los derechos humanos. ”

El padre Solalinde, denunció que recientemente fue encontrada una cantidad escandalosa de cuerpos sin órganos, aparentemente de migrantes, en fosas clandestinas. Lo cual hace evidente que el problema existe y que se requiere atención para lo cual resulta indispensable un marco normativo que prevea las sanciones a quien comete estas conductas. México se ha mostrado insensible e inhumano ante estos problemas al no trabajar e implementar medidas precautorias y seguir atropellando los derechos humanos de los migrantes.

Hoy en día, más de 30 organizaciones que defienden los derechos humanos y otras organizaciones piden someter a un juicio internacional a los gobiernos de México, Estados Unidos y los países de origen de los migrantes.

Es por ello que resulta necesario regular las acciones que se están cometiendo en perjuicio de los extranjeros y que las autoridades hagan los trabajos necesarios para hacer cumplir las leyes, así poder dar resultados y soluciones a las desapariciones de inmigrantes.

Que la iniciativa que se propone tiene como objeto vincular la Ley de Migración, con la Ley Federal contrala Delincuencia Organizada y con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, en materia de explotación y sometimiento a la delincuencia organizada hacia los migrantes, para que sean tipificados como delitos en materia migratoria y de esta manera, llevar a cabo las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos humanos y obtener la reciprocidad que deseamos sea aplicada en beneficio de nuestros migrantes. Por lo cual, se considera de suma importancia incorporar como delito en materia migratoria la explotación y sometimiento a la delincuencia organizada de extranjeros.

Para esquematizar y dar mayor precisión a la iniciativa propuesta, se inserta el siguiente cuadro comparativo y se incorporan las modificaciones que propone la Comisión dictaminadora:

Comparativo de la propuesta y modificaciones

Metodología

La Comisión de Asuntos Migratorios elaboró el presente dictamen a partir de un método analítico y de los aspectos de la iniciativa verificando que sean acordes con la Constitución y las Leyes Secundarias de la materia. Así también se verificó que la redacción propuesta mejore la técnica legislativa a fin de otorgar mayor seguridad jurídica a los destinatarios de la Ley de Migración y a las autoridades encargadas de su ejecución.

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora, luego de analizar la Iniciativa en estudio, concluye que el Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para legislar en materia de emigración e inmigración tal como se establece en la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el Congreso de la Unión tiene facultades constitucionales para legislar en materia de delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse tal como se establece en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segunda. Esta comisión considera que es de aprobarse la iniciativa de reforma que se propone en razón de lo siguiente:

La trata de personas, como delito de carácter transnacional, está íntimamente vinculado al crimen organizado.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, definió la trata como

“...la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

Dicho protocolo no sólo estudia el delito de trata con un perfil preponderantemente persecutorio, sino que contempla acciones de prevención, protección y atención para la víctima.

Con fecha 27 de marzo de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una reforma al Código Penal Federal, mediante la cual por vez primera en el artículo 207 se tipificaba la trata de personas en nuestra legislación, introduciendo en su Título Octavo, el bien jurídico que se tutela con la persecución de este delito: “el libre desarrollo de la personalidad”. Asimismo, se contemplaban supuestos de trata de personas en menores de dieciocho años o en personas que no tienen capacidad para resistir el delito.

Artículo 207. Comete el delito de trata de personas quien promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona para someterla a cualquier forma de explotación, ya sea explotación sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sean extirpados cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro o fuera del territorio nacional.

Al autor de este delito se le impondrá pena de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a novecientos días multa.

El 2 de octubre de 2007, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.

Con fecha 27 de noviembre de 2007, el Decreto fue publicado por el Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor el 28 de noviembre de ese mismo año.

En atención al Protocolo de Palermo, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se define el delito de trata de personas de la manera siguiente:

“...quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes...”

Finalmente el artículo 2 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, establece como objeto de dicha Ley, entre otros el de: “Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones”.

Definiéndose a la trata de personas en su artículo 10 como toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Conducta que se sanciona con una pena de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa.

Es decir, la adición de una fracción IV al artículo 159 propone sancionar con pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a toda persona o personas que someta a uno o varios extranjeros dentro del territorio nacional a explotación en términos de lo establecido por el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos:

Artículo 10. Se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley;

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley;

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29;

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente Ley; y

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley.

Ahora bien, dentro del título octavo de la Ley de Migración que se denomina “De los delitos en materia migratoria”, el artículo 159  tipifica como delito las siguientes conductas:

Con propósito de tráfico, llevar a una o más personas a internarse en otro país sin la documentación correspondiente, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro.

Introducir, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro.

Albergar o transportar por el territorio nacional a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro.

Si bien el título octavo de la Ley de Migración denominado: “De los delitos en materia migratoria”, tiene como bien jurídicamente tutelado: “El control de flujos migratorios”, también debemos de tomar en cuenta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2556/2011, determinó que el artículo 138 de la Ley General de Población vigente en 2010, en donde se establecía el delito de tráfico de indocumentados, por tenía como bien jurídicamente tutelado: “el control de flujos migratorios”, sino también la salud pública, así como “la integridad y la vida de los indocumentados”, y de la cuál transcribimos la parte conducente: “Ahora bien, el artículo 138, de la Ley General de Población, vigente en la época de los hechos, preveía una pena de ocho a dieciséis años de prisión, penalidad que inició su vigencia mediante decreto de dos de julio de dos mil diez”.

De la lectura del decreto referido, se advierte que las consideraciones torales por las cuales se incrementaron las sanciones previstas en el artículo 138 de la Ley General de Población, fueron las siguientes:

1. El bien jurídico tutelado por el delito de tráfico de indocumentados, que prevé el primer párrafo del artículo 138 de la Ley General de Población, no sólo es el registro y control de los movimientos migratorios del país sino, además, la seguridad de los menores de edad, la salud, la integridad y la vida de los indocumentados y el adecuado desempeño de los servidores públicos, que también interesan al Estado.

2. Son frecuentes las violaciones de los derechos humanos de los migrantes en manos de traficantes ilícitos, que incluyen torturas, maltrato, lesiones, abandono antes de alcanzar el destino y que pueden terminar en tragedias.”

En lo que hace al aspecto de si el criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2556/2011, se hace extensiva en lo que hace a los bienes jurídicamente tutelados en el artículo 159 de la Ley de Migración vigente, esta comisión hace las consideraciones siguientes:

El artículo 138 de la Ley General de Población vigente en 2010 establecía lo siguiente:

Artículo 138. Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y multa de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el momento de consumar la conducta, a quien por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otro país, sin la documentación correspondiente.

Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o a varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de tráfico los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.

A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisión y multa hasta el equivalente a cinco mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal.

Se aumentaran hasta en una mitad las penas previstas en los párrafos precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los indocumentados, o bien cuando el autor del delito sea servidor público.

Por otra parte, el artículo 160 de la Ley de Migración vigente establece lo siguiente:

Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo anterior, cuando las conductas descritas en el mismo se realicen:

I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite u obligue a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a realizar cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior;

II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta.(Resaltado por la Comisión).

Como se puede observar subsisten como agravantes del delito poner en peligro la salud, la integridad, la vida de los indocumentados, además de que se añade el que den un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta.

Por lo tanto, podemos concluir que los bienes jurídicamente tutelados por el título octavo de la Ley de migración son los siguientes:

• Los flujos migratorios.

• La salud de los indocumentados.

• La seguridad de los indocumentados.

• La vida de los indocumentados.

• El derecho a no recibir tratos inhumanos o degradantes.

Como se podrá apreciar, todos los bienes jurídicamente tutelados por el artículo 130 de la Ley General de Población, pasaron al artículo 159 de la Ley de Migración. Por lo tanto, podemos hacer extensivo lo dispuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2556/2011, en el sentido de que el tipo penal contenido en el artículo 159 de la Ley de Migración vigente, no tiene como único bien jurídicamente tutelado el flujo migratorio, sino que además protege otros bienes jurídicos como la integridad y la vida de los indocumentados.

En este sentido, resulta pertinente la adición que se propone al artículo 159 de la Ley de Migración, en tanto que dicha propuesta de reforma busca proteger precisamente la integridad y la vida de los indocumentados.

Por todo ello, esta comisión aprueba la iniciativa de reforma propuesta, en el sentido de establecer como delito en materia migratoria la explotación de migrantes, por ser una realidad que no ha sido debidamente atendida, pues sabemos que en muchos casos, son los propios traficantes de personas, conocidos como “polleros”, quienes entregan a los indocumentados a la delincuencia para ser explotados.

Sin embargo, esta comisión estima que el tipo penal propuesto, se establezca en el artículo 160 de la Ley de migración vigente.

Esto atendiendo a la técnica legislativa y en atención a que como se desprende tanto de la exposición de motivos, como de la parte normativa de la iniciativa propuesta, lo que se pretende sancionar es la explotación de extranjeros por parte de los traficantes de personas también conocidos como “polleros”.

En este caso, tanto en la iniciativa de la propuesta de adición de una fracción IV al artículo 159 de la Ley de migración, como en la adición de una fracción IV al artículo 160 de la Ley de Migración que esta Comisión sugiere, específicamente se está castigando la conducta consistente en que una o varias personas sometan a esclavitud, servidumbre, prostitución ajena, otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajo o servicios forzados,  mendicidad forzada, utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos, a indocumentados o extranjeros.

Tercero. Respecto a la propuesta de adicionar una fracción V al artículo 159 de la Ley de Migración para tipificar como delito el obligar a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer actividades delictivas, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, tenemos que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas tipifica y sanciona la utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas en el artículo 10 fracción VII en relación con el artículo 25 de la misma Ley.

Artículo 10. Se entenderá por explotación de una persona a:

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;

Sin embargo, resulta que la mencionada Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, no tipifica la utilización de extranjeros mayores de edad en actividades delictivas, siendo que la realidad nos demuestra que si está sucediendo el hecho de que la delincuencia organizada está utilizando migrantes para forzarlos a cometer actividades delictivas.

La propuesta de adición de una fracción V al artículo 159 de la Ley de migración, vendría a suplir esa deficiencia.

La pertinencia de su inclusión dentro del título noveno de la Ley de Migración, denominado: “De los delitos en materia migratoria”, se desprende de que según resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 2556/2011 se desprende que los delitos en materia migratoria, no solo tienen por objeto tutelar como bien jurídicamente protegido al control de flujos migratorios, sino también; la integridad y la vida de los indocumentados, bienes que quedarían jurídicamente tutelados.

Razón por la cual, esta comisión considera que es de aprobarse la adición de un tipo penal que establezca como conducta delictiva el obligar a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer actividades delictivas

Sin embargo, esta Comisión sugiere que por técnica legislativa se establezca el tipo penal que se propone estableciendo un artículo 159-Bis, y reformándose el primer párrafo del artículo 160 de  la Ley de Migración, como quedó asentado en el cuadro de la página 9. Esto debido a que las hipótesis normativas contenidas en el artículo 159 de la Ley de migración, que establecen el delito de tráfico de personas en sus diversas modalidades previstas en dicho artículo, son distintas de la hipótesis que se propone. Razón por la cual debe dársele un tratamiento específico en un artículo independiente del 159 de la Ley de Migración.

Asimismo, esta Comisión considera innecesario establecer como elemento en el delito que se propone tipificar el que la conducta descrita se realice con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, ya que el sólo hecho de forzar a una persona a formar parte de la delincuencia organizada y cometer delitos es una conducta que por sí misma debe ser sancionada, independientemente del ánimo del sujeto activo de obtener un lucro.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión, somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 160 y se adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración

Artículo Único.Sereforma el párrafo primero del artículo 160 y se adiciona un artículo 159 Bis y una fracción IV al artículo 160 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 159 Bis. La misma pena establecida en el artículo 159 de esta Ley se aplicará a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer cualquiera de las actividades delictivas señaladas en el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el artículo 159 de esta Ley, cuando las conductas descritas en el mismo se realicen:

I. ...

II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud, la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o degradante de las personas en quienes recaiga la conducta;

III. Cuando el autor material o intelectual sea servidor público, o

IV. Cuando se cometa explotación de uno o varios extranjeros, de conformidad con lo establecido en los artículos relativos aplicables de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Protocolo que tiene su origen en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, auspiciado por la Organización de la Naciones Unidas. En la ciudad de Palermo, Italia, en diciembre del año 2000 y que entró en vigor en nuestro país el 29 de septiembre de 2003.

Salón de sesiones de la Comisión de Asuntos Migratorios, Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México. a 28 de abril de 2014.

La Comisión de Asuntos Migratorios, diputados:Amalia Dolores García Medina (rúbrica), presidenta; Raúl Gómez Ramírez (rúbrica), Martha Berenice Álvarez Tovar (rúbrica), José Everardo Nava Gómez (rúbrica), Javier Filiberto Guevara González (rúbrica), Petra Barrera Barrera (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Pedro Gómez Gómez (rúbrica), secretarios; Néstor Octavio Gordillo Castillo, Roberto Ruiz Moronatti (rúbrica), Noé Barrueta Barón (rúbrica), Gerardo Xavier Hernández Tapia, Érika Yolanda Funes Velázquez (rúbrica), Loretta Ortiz Ahlf (rúbrica), María del Socorro Ceseñas Chapa (rúbrica), Marino Miranda Salgado, Lorena Méndez Denis (rúbrica), María Fernanda Schroeder Verdugo (rúbrica), Javier Treviño Cantú (rúbrica).»

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En atención a que ya ha sido fundamentado este dictamen por la comisión en voz de la Diputada García Medina, para la fijación de las posturas de los grupos parlamentarios otorgo el uso de la palabra al señor diputado Luis Antonio González Roldán, de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos. Adelante, señor diputado.

El diputado Luis Antonio González Roldán:Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores. Uno de los delitos que más daña el tejido social es la explotación de las personas. No sólo rompe el orden social sino que deshumaniza las relaciones entre los individuos.

El Estado de derecho tiene la obligación de inhibir este tipo de conductas a través de normas que sancionen de manera efectiva a quien o a quienes cometan este delito, más aún cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad como son los migrantes.

Por ello la reforma que propone el presente dictamen nos parece conducente toda vez que se busca vincular la Ley de Migración con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de que la explotación y sometimiento de los migrantes por la delincuencia organizada sean tipificados como delitos en materia migratoria.

Con ello se pretende que las autoridades correspondientes lleven a cabo acciones tendientes a salvaguardar los derechos humanos de los migrantes e impedir que sean víctimas del crimen organizado.

El fenómeno migratorio y las consecuentes vertientes económicas, políticas y sociales que conlleva, no es algo nuevo. Sabemos que los migrantes toman la difícil decisión de dejar su tierra y a su familia, en busca de una mejor calidad de vida para los suyos.

El desempleo e inseguridad, son factores determinantes para que abandonen su país de origen y decidan cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos.

México es un país de tránsito para hombres y mujeres y menores de edad que buscan alcanzar el denominado sueño americano.

Por desgracia la mayor parte del tiempo no logran su cometido y esa voluntad se convierte en pesadilla. La realidad que viven estas personas al intentar atravesar el territorio nacional, los expone a un grave y constante peligro.

Desde que deciden iniciar la travesía son objeto de abusos. Se estima que los traficantes y polleros logran ganancias de más de 7 mil millones de dólares anuales por el trasiego de indocumentados en territorio mexicano. Peor aún, por estos pagos no se les brinda ninguna garantía a su seguridad y en el trayecto se ven expuestos a cualquier cantidad de riesgos.

Así la población migrante en México es víctima de un sinnúmero de violaciones, vejaciones, a sus derechos esenciales; son extorsionados, discriminados y explotados laboral y sexualmente por bandas delincuenciales. Se han detectado casos en donde criminales llegan a los albergues para migrantes y se hacen pasar por uno de ellos con la finalidad de secuestrarlos para ser utilizados en actividades delictivas.

En este contexto debemos reconocer que en México el crimen organizado es el peor enemigo de los migrantes, los cuales se convierten en sus víctimas.

En el caso de los hombres son obligados a trabajar como sicarios sobre la producción, transporte y venta de drogas; y por lo que hace a las mujeres son sometidas a trabajos forzados y utilizadas con fines sexuales.

Las cifras nos muestran una realidad que nos lastima. La masacre de San ]Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010 donde 72 migrantes fueron secuestrados y asesinados; repetidas denuncias por hechos similares en algunas partes de la frontera de nuestro país nos dejan claro que el problema existe y que se requiere atención. Para ello resulta indispensable un marco normativo que prevea las sanciones a quien comete este tipo de conductas.

En el Grupo Parlamentario del Nueva Alianza trabajamos con la firme convicción de salvaguardar los derechos humanos de cada individuo, independientemente de su nacionalidad, así como también exigimos que se respeten los derechos de nuestros connacionales que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos.

En este sentido es que mi grupo, el Grupo Parlamentario del Nueva Alianza, votará a favor del presente dictamen para incorporar como delito en materia migratoria la explotación y sometimiento a la delincuencia organizada de las personas migrantes y de esta manera impulsar las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos humanos y obtener la reciprocidad que deseamos en favor de nuestros migrantes. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para fijar la postura de su grupo.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf:Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores: el dictamen a discusión, a debate, tiene por objeto implementar un tratado internacional que hace tiempo celebró México, en específico el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que se adoptó en Nueva York el 15 de noviembre del año 2000.

En su preámbulo indica este instrumento internacional que para la solución de este problema se requiere de un enfoque amplio e internacional, así como la cooperación, el intercambio de información y la adopción de medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómico en los planos nacional, regional e internacional.

Se subraya asimismo la necesidad de dar un trato humano a los inmigrantes y proteger plenamente sus derechos humanos, ahora más que nunca expuestos a transgresión en vista del notable aumento de actividades de los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de inmigrantes y actividades delictivas conexas, lo que pone en peligro su vida y seguridad.

Se define el tráfico ilícito de migrantes como la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio de orden material.

El tráfico ilícito de migrantes se encuentra regulado en específico en el artículo 7, donde se destaca –subrayo– la obligación de los estados de cooperar en la mayor medida de lo posible para prevenir y reprimir este delito.

En razón de este instrumento internacional, es que era necesario, indispensable, modificar la Ley de Migración en su título octavo que alude a los delitos en materia migratoria, y el artículo 159 que establece una pena –ahora con este dictamen– de ocho a 16 años de prisión, a quienes cometan los delitos que en ese artículo se establecen, con la adición que se está presentando al artículo 159 bis, que se propone la misma plena establecida en el 159. Esto es, de 8 a 16 años que se aplique a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer delitos que en la ley de la materia se establece.

El tráfico de migrantes es uno de los crímenes del crimen organizado, son cuatro en concreto. Es el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y tráfico de migrantes. Enhorabuena que se está adoptando este dictamen por esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Loretta Ortiz. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal, para fijar la postura de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, diputada.

La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal:Con su venia, señor presidente. México es un país de origen y tránsito de migrantes; sin embargo, esta situación es dolorosa para los miles de niños que en su intento de conseguir el gran sueño americano, sufren violaciones a sus derechos humanos.

Durante el agudo peregrinar, los migrantes están expuestos a abusos de guardias de seguridad privada, funcionarios de migración, policías, militares, tratantes de personas y hasta bandas delictivas.

En el mejor de los casos, pueden ser detenidos y expulsados del país, pero también están expuestos a sufrir extorsión, violencia física, violencia sexual, secuestros y asesinatos. Al entrar o encontrarse en México sin un permiso legal, los migrantes se vuelven invisibles y las arbitrariedades que sufre este colectivo vulnerable a manos de autoridades y/o delincuentes queda oculto debido a que el Estado no actúa con la diligencia debida para prevenir y castigar los abusos.

Es por eso que debemos tomar medidas para las familias migrantes en su estancia o transcurso por este país, además de medidas justas a delincuentes que usan y abusan de los derechos de las personas.

El tráfico de personas a nivel mundial, es el tercer negocio más lucrativo después del comercio de armas y de drogas, lo cual es sumamente grave. Y para darnos una idea la Organización Internacional del Trabajo estima que en todo el mundo 2.4 millones de personas son víctimas de trata de personas y de engaño, quienes se ven obligados a realizar trabajos en condiciones de explotación.

Según datos del presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos en México existen 45 mil niños desaparecidos y una lista oficial de 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante los últimos años, los cuales son sustraídos y son llevados a la explotación sexual, venta y tráfico de órganos.

En nuestro país miles de niños y adolescentes cruzan la frontera sur de México, pero lamentablemente la mayoría no llega a su meta ni mucho menos a su destino. Muchos se quedan en poblaciones sobreviviendo, vendiendo dulces o realizando trabajos domésticos, pero tristemente muchos sufren de esclavitud sexual o son explotados en fincas agrícolas en donde laboran.

Sin embargo no se tienen datos oficiales de los indocumentados que se encuentran en el territorio mexicano, y mucho menos de estos desaparecidos en mención. Como un indicador tenemos la cifra de que en 2010 el Instituto Nacional de Migración expulsó de México a 4 mil 815 menores de 18 años y el año pasado la cifra aumentó a 6 mil 894.

El presente dictamen reforma el artículo 160 y se adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración, con ello se pretende sancionar a todo aquel que obligue a los extranjeros a cometer actos delictivos en nuestro país, además se aumentará la pena a los individuos que realicen explotación sexual a extranjeros.

Estamos de acuerdo con las modificaciones de dicha ley, sin embargo la realidad es que podemos reformar todas las leyes, pero hacerlas cumplir es lo que hace realmente falta. Vemos día a día que la delincuencia organizada realiza actos de violencia en contra de los mexicanos y no tan sólo obligan a los extranjeros, sino a millones de jóvenes también a pertenecer a la mafia del crimen organizado, prometiéndoles una mejor calidad de vida, lo cual sabemos que no es cierto.

Por lo anterior hacemos un llamado a las autoridades federales a realizar una estrategia efectiva para combatir la delincuencia organizada y asimismo garantizar a los ciudadanos extranjeros una estancia segura en nuestro país. Es cuanto.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Córdova Bernal. Tiene el uso de la palabra don Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado, hasta por cinco minutos para fijar la postura de su propio grupo. Adelante.

El diputado Rubén Acosta Montoya:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, es imposible no estar de acuerdo en un dictamen que por supuesto se preocupa no sólo por los derechos de las personas, ya sean nacionales o extranjeros, sino por su propia integridad, porque no exista abusos sobre su persona. Y como todos saben, en nuestro país esto es una práctica común, ya que por su ubicación geográfica de origen, tránsito y destino de emigrantes e inmigrantes nacionales y extranjeros, la problemática que aborda el dictamen es parte de nuestra vida diaria.

Durante el siglo XX nuestro país registró una considerable migración hacia los Estados Unidos. Adicionalmente a ello, en tiempos recientes México se enfrenta a los desafíos de una creciente migración irregular de tránsito por nuestro territorio, principalmente de nuestros vecinos del sur.

Este fenómeno se ha incrementado debido a que tuvieron lugar en los países que se sitúan en el sur de nuestra frontera múltiples acontecimientos, como procesos políticos, económicos y sociales que han incrementado esta situación en detrimento de las condiciones de vida de la población de esas regiones, lo cual ha dado como resultado un éxodo masivo de personas que huyen de la pobreza, el hambre y la violación extrema que prevalece en sus lugares de origen.

Al igual que los emigrantes mexicanos, los migrantes centroamericanos sobre todo, que deciden salir de sus comunidades, también van en busca de un futuro mejor para ellos y para sus familias, no obstante que cruzar de manera ilegal la frontera entre nuestro país y los Estados Unidos supone un riesgo cada vez mayor, a causa del endurecimiento de las políticas migratorias por parte del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001.

La cantidad de migrantes de origen centroamericano que transitan por nuestro territorio con el objeto de llegar a los Estados Unidos alcanza un promedio, de acuerdo a las cifras oficiales, de 150 mil personas, pero de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil esto puede rebasar a más de 400 mil personas. Pero sabemos que gran parte de ellas y ellos terminan siendo retenidas y regresadas a sus países de origen por las autoridades migratorias mexicanas o estadounidenses.

El mayor riesgo al que se enfrentan los migrantes que transitan por nuestro país en su camino hacia el territorio norteamericano es sin lugar a dudas el crimen organizado, que durante los últimos años ha logrado hacerse del control casi absoluto de las rutas de los migrantes, lo que le ha permitido a los criminales cometer todo tipo de delitos en contra de ellas y ellos, poniendo en peligro la mayoría de las ocasiones su integridad.

Desgraciadamente, como sabemos, miles de migrantes ya han sido víctimas de crímenes, como robo, extorsión, tráfico de personas e incluso secuestro, además de violaciones y asesinatos. Asimismo muchos de ellos han sido obligados a trabajar al servicio de las mafias del crimen organizado, obviamente sin remuneración alguna, maltratándolos, deteriorando su salud, o han sido forzados a incurrir en conductas ilícitas como parte del engranaje de esa práctica delincuencial.

La esclavitud, la prostitución, la mendicidad, son formas de explotación de las cuales estas personas están siendo víctimas al transitar por nuestro país. Asimismo los criminales han incursionado en la adopción ilegal de menores, en el matrimonio forzoso y en el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos. Esta es una práctica que no podemos tolerar, no podemos permitir.

Lo anterior –ya lo dije– es una situación inaceptable, en un Estado sobre todo de derecho como el nuestro, por lo cual, al igual que los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, consideramos en el Partido Verde Ecologista de México de suma importancia incorporar como delito en materia migratoria la explotación y sometimiento de personas nacionales o extranjeras por parte de la delincuencia organizada.

Asimismo en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México expresamos que votaremos a favor de este dictamen, el cual también no sólo se preocupa por la parte de que esas personas sean sometidas de manera irregular a cuestiones delincuenciales, sino que también ve la medida de cómo inhibir estas prácticas al endurecer las penas a las que serán sometidas estas personas por realizar estos hechos ilícitos en contra de las personas que emigran y migran el territorio de Estados Unidos de América.

Por último, no puedo dejar pasar por alto el felicitar al promovente, el diputado Isaías Cortés Berumen, ya que es una gran iniciativa que por supuesto se preocupa y ocupa por los derechos humanos de las personas nacionales y extranjeras. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Rubén Acosta. En voz del señor diputado López Rosado, el Grupo Parlamentario del PRD, como lo señalamos, conjugó y anticipó su postura con relación a este dictamen. Por esa virtud, le otorgo el uso de la palabra al diputado Isaías Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN, para que fije la postura del mismo. Promotor iniciante de la materia del dictamen, adelante, diputado.

El diputado Isaías Cortés Berumen:Gracias, presidente. Señoras y señores legisladores, el día de hoy tenemos la oportunidad de sumar esfuerzos a un tema que nos ocupa a todos, la delincuencia organizada, en específico en la trata de personas. Esta actividad afecta de una forma directa y múltiple al respeto por la vida y la dignidad humana, y en consecuencia a todos nosotros como sociedad.

La trata de personas es forma de esclavitud, lo que representa un irrefutable delito de componentes trasnacionales. La delincuencia organizada ha encontrado un modus operandi a efecto de posicionarse en el escenario nacional e internacional, vulnerando de un modo aberrante el libre desarrollo psicosexual y psicosocial de los seres humanos en todas las latitudes de la tierra. Asimismo, la corrupción económica pone en peligro a las personas más vulnerables de la población, quienes son víctimas potenciales de la delincuencia organizada.

Por todos son conocidos los peligros que enfrentan las comunidades migrantes, las mujeres y menores de edad, quienes se dedican a manipular a estas personas con el fin de lucrar a través del tráfico humano, atentando con ello en contra de su libertad.

Por consiguiente, se demuestra la compleja naturaleza de este fenómeno, cuyos elementos esenciales sirven de base para plantear un frente homogéneo de medidas que sirvan para el combate y erradicación de la trata de personas en el territorio nacional.

En México, cada año cruzan por toda la república aproximadamente 400 mil migrantes, de los cuales al menos 200 mil son explotados con fines de lucro por la delincuencia organizada y el número va en aumento.

En el texto de la presente iniciativa se manifiesta la necesidad de reforzar la protección a los migrantes en contra de la delincuencia organizada, así como la lucha en contra de los delitos en materia de tráfico humano en sus distintas modalidades, ya que se reconoce que estos delitos son a lo que se encuentra mayormente sometida la población migrante, por su alto grado de vulnerabilidad.

En la reforma del artículo 160 y las adiciones al artículo 159 de la Ley de Migración, se reconoce la situación de México, no sólo como un país de tránsito, sino también como un destino de migrantes, por lo tanto, es de gran urgencia contar con un marco normativo que garantice de manera mucho más profunda la salvaguarda de los derechos humanos por parte del Estado de derecho.

Ante esta problemática se requiere asegurar de manera eficiente e integral la protección de todo ser humano, a través de la adecuada aplicación de instrumentos constitucionales y demás disposiciones normativas nacionales e internacionales en la materia.

El presente dictamen aborda la necesidad de contar con un marco jurídico eficaz, en cuyas disposiciones se asegure un combate frontal a la impunidad y a la preservación del principio de la legalidad a favor de los derechos humanos, particularmente de la comunidad migrante.

Señoras y señores diputados, como lo hemos manifestado en oportunidades anteriores, para Acción Nacional es importante resaltar lo siguiente. Sin un respeto cabal a los derechos humanos no hay democracia.

De su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho.

Por lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional manifestamos nuestro voto a favor del presente dictamen, con el objetivo de contar con un marco jurídico sólido y eficiente que garantice la salvaguarda de los derechos humanos de la comunidad migrante frente a las acciones del crimen organizado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Cortés Berumen. Tiene la palabra el diputado Adán David Ruiz Gutiérrez para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, señor diputado.

El diputado Adán David Ruiz Gutiérrez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, diversos factores que van desde la marginación, la falta de información, la ausencia de una cultura de la legalidad, hasta la proliferación de las organizaciones delictivas en diversos países, han fomentado se vea incrementado el flujo de migrantes a nuestro país.

Debido a su posición geográfica, a México se integran de manera indocumentada alrededor de 140 mil extranjeros al año, con el objetivo de cruzar hasta los Estados Unidos, o en algunos casos, quedándose a radicar en nuestro país.

Los migrantes internacionales que llegan a transitar por México sin documentación, provienen, en un 95 por ciento principalmente de Centroamérica. Es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Y en menor medida están las migraciones procedentes del Caribe, Cuba, la Región Andina, Ecuador y de algunos países extra continentales como China y la India.

Es bien conocido que ningún indocumentado cuenta con garantía plena para transitar y llegar sin menoscabo de sus bienes, sin exposición a su integridad física a riesgos de distinta índole, incluso la muerte.

Lo que constituye desafío desencadenado por el nuevo proceso delictivo. No olvidemos que los migrantes que intentan cruzar a nuestro país luchan contra grandes peligros en su trayecto: robo, secuestro, violación, esto a manos de la delincuencia organizada y las autoridades migratorias.

Las reformas a la Ley de Migración que hoy tenemos a consideración son adecuadas, esto debido a que se encuentran orientadas a vincular la Ley de Migración, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y con la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con la finalidad de que las conductas que atenten en materia de explotación y sometimiento a la delincuencia organizada hacia los migrantes, sea tipificada como delitos en materia migratoria.

De tal forma que al llevar a cabo estas reformas se estaría avanzando en la aplicación de las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de los migrantes, situación que del mismo modo esperamos se aplique con la misma reciprocidad que en beneficio de nuestros connacionales que emigran a otras latitudes.

Actualmente el Estado mexicano asume que el tema de la migración es un asunto que no se puede dejar pasar. El Grupo Parlamentario del PRI es sabedor de las necesidades a las cuales nos enfrentamos; por tal motivo estamos encaminados a buscar mejoras que pongan a nuestro país en un ámbito de igualdad y respeto para todas las personas. No podemos permitir que en un país como lo es México, ocurran hechos de esta magnitud. Permitir que los derechos de las y los migrantes continúen siendo vulnerados.

Compañeras y compañeros legisladores, toda vez que al ser éste un país clave para el tránsito, destino y retorno de miles de migrantes, los cuales se encuentran expuestos a diversos riesgos como lo es la delincuencia organizada, al momento de cruzar las fronteras de forma ilegal es necesario se busque un cambio profundo para superar las condiciones que permiten el surgimiento de la violencia y así evitar la violación de los derechos a los migrantes.

Por lo que el Grupo Parlamentario del PRI, se pronuncia a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, señor diputado Ruiz Gutiérrez. En atención a que ha concluido los posicionamientos de los grupos parlamentarios, con apoyo en el artículo 104, el numeral 1, fracción V del Reglamento, para la discusión en lo general y para hablar en pro, le otorgo el uso de la palabra, hasta por tres minutos, a la diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Con su permiso, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Haga uso de la voz, diputada.

La diputada Zuleyma Huidobro González:Estamos a favor del dictamen, sin embargo no puedo sustraerme de presentar una reflexión a todos ustedes. Entendemos perfectamente el contenido de la iniciativa del propio dictamen para dar más seguridad o derechos a los migrantes que son explotados o que son obligados a formar parte de una organización de delincuencia.

Sin embargo debo comentar también que la solución que se está planteando no es la más adecuada, porque el imponer una mayor pena de ocho a 16 años de prisión y multas a quien obligue a uno o varios extranjeros a formar parte de la delincuencia organizada para cometer delitos relativos a la misma no va a solucionar el problema de la delincuencia, no va a solucionar tampoco el problema que tienen los migrantes al cruzar todo el país al ser explotados y ser obligados a cometer ciertos delitos.

Primeramente habría que decir que la justicia en nuestro país es nula. Que la impunidad está por las nubes. Entonces primero se tendría que atrapar, sancionar en todo caso, al integrante mexicano de la delincuencia organizada para que esto suceda.

Esta reforma que hoy se está planteando no va a solucionar –lo vuelvo a repetir– el problema que tienen los migrantes al ser explotados o al ser obligados a cometer un delito.

Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que el aumentar las penas, el crear nuevas sanciones no soluciona los conflictos. Entendemos perfectamente cuál es el planteamiento del problema y por eso lo votaremos a favor, pero no estamos de acuerdo en que al imponer penas sea la solución. Muchas gracias.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Huidobro.

El diputado Ricardo Monreal Ávila(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: ¿Con qué objeto, señor diputado Ricardo Monreal Ávila?

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): Para hablar en pro, presidente.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para hablar en pro. Entonces lo hará hasta por tres minutos por el Grupo Parlamentario, evidentemente, de Movimiento Ciudadano.

El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente. Ciudadanos legisladores. Normalmente estas disposiciones y modificados, estos artículos modificados pasan de noche, desapercibidos, ignorados, pero deberíamos detenernos en ellos como un asunto de responsabilidad legislativa.

Este dictamen reforma dos artículos de la Ley de Migración, el 160, y se adiciona el 159 Bis. ¿Por qué razón se modifica o se pretenden modificar si esta asamblea lo aprueba? Porque se pretende sancionar a todo aquel ciudadano, individuo, que obligue a los extranjeros a cometer actos delictivos en nuestro país y además se aumenta la pena a los individuos que realicen explotación sexual a extranjeros.

El asunto es de mayor trascendencia. En efecto, tiene que ver con trata de personas, que en nuestro territorio nacional en los centros urbanos de mayor población se está incrementando la trata de personas de origen extranjero, mujeres u hombres que son explotados sexualmente y que de manera ilegal muchos de ellos o indocumentadas se encuentran en el país.

Sin embargo la modificación que se pretende no va a resolver el fondo de la problemática, y no la va a resolver solamente con establecer tipos penales con los que aparentemente podrá darse freno o combatir estos graves flagelos.

Por eso les he comentado que se requiere un tratamiento integral, no sólo para este tipo de delitos, sino para todo el contenido de trata de personas, y en el capítulo relativo a la Ley de Migración, los migrantes que acuden a nuestro país vía tránsito, hacia los Estados Unidos, y que son sometidas y sometidos no sólo a explotación sexual, sino a una verdadera esclavitud o a incorporarse al crimen organizado.

Sí es un asunto delicado. No va a resolver –como lo dijera aquí la diputada Zuleyma– el problema de fondo porque estimamos que se requiere un mayor rigor jurídico y una mayor discusión sobre el tema.

México es un país de origen y tránsito de migrantes y la situación dolorosa de miles de niños es similar a lo que está pasando con adultos en su intento de conseguir realizar el sueño americano.

Este intento provoca violaciones a sus derechos humanos y México ahora está en una crisis de violación permanente de derechos humanos. Por eso no deberíamos aprobar de manera apresurada esta serie de medidas y modificaciones. Se requiere mayor profundidad, de verdad.

El problema rebasa en mucho. El problema de trata de personas, de violación de derechos humanos a migrantes en el territorio nacional, de explotación sexual, de esclavitud y de incorporación al crimen organizado va más allá de lo que establece esta reforma, y lo digo con todo respeto al autor, que es un esfuerzo que hace, pero que deberíamos hacer un alto para realizar con mayor integridad esta modificación a la ley de la materia.

Por su atención muchas gracias. En lo personal, aunque mi grupo ya se pronunció a favor, en lo personal no estoy convencido; soy muy estricto en estas cosas y mi voto será abstención. Le faltaba gritar al Bronx, que es lo único que hacen, hablar, chiflar, abuchear. Por eso les pagan tanto, señores del Bronx.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias.

En virtud de que, conforme al artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados que estamos consultando, no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

De viva voz:

El diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra(desde la curul): A favor.

La diputada Purificación Carpinteyro Calderón(desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio González Valdez(desde la curul): A favor.

El diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez(desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Ciudadana secretaria, instruya el cierre del sistema electrónico de votación.

La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 350 votos a favor, 10 abstenciones y 1 en contra.

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 160, y adiciona un artículo 159 Bis a la Ley de Migración. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. (*)

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Tomás Torres Mercado (a las 14:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para al que tendrá lugar mañana, jueves 23 de octubre de 2014 que se cursa, a las 11 horas, y se les informa –como se estila– que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

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