INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 28 de octubre de 2014, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados (*)

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 28 de octubre de 2014 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Silvano Aureoles Conejo (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

4. Que adiciona un artículo 234 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred, implemente acciones para prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Semarnat, para que tomen las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los habitantes de Sinaloa y la adecuada protección del medio ambiente en las zonas mineras, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Condusef, para que realice una revisión minuciosa sobre las irregularidades y funcionamiento de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidad no regulada, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, sobre la problemática de cartera vencida que tienen los productores agropecuarios con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Héctor Narcia Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Segob y del gobierno del estado de Oaxaca, a fin de terminar con el conflicto entre las comunidades de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California, para que a través de su órgano de fiscalización, realice una extensiva auditoría financiera a la Universidad Autónoma de Baja California, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a fin de implementar programas de apoyo y capacitación a los pequeños agricultores, en cuanto a las formas de cultivo, riego y sustentabilidad ambiental, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud, para que se fortalezcan las campañas de salud visual, con el objetivo de prevenir el glaucoma, a cargo del diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, realice las acciones necesarias para evitar que algún portador del virus del ébola, ingrese a territorio nacional, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Profeco, para que difunda en su portal de Internet, las irregularidades y funcionamiento de las casas de empeño, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conapred, a decretar como área natural protegida, en la categoría de área de protección de la flora y la fauna, al Sistema Lagunar de Catazajá, Chiapas, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobernador y al titular de la PGJ del estado de Colima, a fin de garantizar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, C.A., suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conafor, a fin de implementar un programa específico para impulsar sus proyectos y actividades en los municipios que agrupa la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Trabajo.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que implemente las acciones necesarias para prevenir que la enfermedad del ébola llegue a México, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores, para que realicen una campaña de concientización e información del virus del ébola, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, a efecto de diseñar e implementar la campaña denominada Agosto Mes en Beneficio de los Adultos Mayores, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Morelos, a emprender las medidas necesarias en torno a la escalada de violencia en dicha entidad y se realice una investigación sobre el caso de los estudiantes de la Upemor que fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Juitepec, suscrito por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Quintana Roo, a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la Conasami, para que en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas, académicas, sociales y demás que consideren necesarias, organicen un foro para discutir la propuesta sobre la Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SE, de la SRE y de la Sagarpa, a actuar de manera inmediata estableciendo una represalia contra la importación de alta fructuosa e iniciar acciones más efectivas para proteger a los productores nacionales de caña de azúcar, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, para que realice acciones tendientes a reactivar la afluencia turística en el estado de Baja California Sur, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Sedesol, para que implemente las acciones que promuevan la eficiencia y eficacia del ?Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas?, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semar, para que difunda las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones de la ASF, respecto recursos detectados como probables recuperaciones, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Marina, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda y adopta como propia, la declaración AP/1-CCLXI-2014 del Parlamento Centroamericano, para instar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América a velar por el interés superior del niño, niña o adolescente migrante no acompañado, de ser entregados a sus familiares?, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrito por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, para que a través de distintas dependencias, se realicen y emitan lineamientos específicos para la prevención, detección temprana, curación y tratamiento paliativo del cáncer, especialmente del cáncer de próstata, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.»

LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Arturo Escobar y Vega, con el carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura, somete a la consideración de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por virtud del cual se modifica el inciso H) del numeral 1, del artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al siguiente tenor

Planteamiento del problema

En la actualidad, dos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 44, numeral 1, inciso h) y, el 101, numeral 1, inciso h) presentan contradicciones entre sí, el problema consiste en que las disposiciones normativas referidas exigen votaciones diferentes para una idéntica designación, la de los consejeros de los organismos públicos locales, esto sin duda representará un problema severo de interpretación.

Por lo cual creemos conveniente elaborar la presente iniciativa para corregir la incompatibilidad normativa que en la actualidad existe.

Argumentación

Los conflictos normativos son temas que han sido objeto de innumerables estudios a lo largo del tiempo, tan es así que la teoría general del derecho ha brindado principios para la solución de estos problemas. En este sentido es típico acudir a las siguientes ideas:

A) Lex superior derogat legi inferiori;

B) Lex specialis derogat legi generali;

C) Lex posterior derogat legi priori.

Sin embargo, las ideas anteriores quedan cortas para proveer una solución si la incompatibilidad está sita en el mismo texto normativo, y se complica todavía más al descubrir que las incoherencias en cuestión se establecieron en el mismo decreto de publicidad de la norma, es decir, al mismo tiempo.

Creemos que para resolver estos problemas no debemos esperar alguna solución externa provista por criterios judiciales, pues éstos tienen alcances siempre concretos, declarativos y personales, lo cual nos limita a esperar a que alguien invoque la ayuda jurisdiccional y consecuentemente esperar el tiempo correspondiente para la respuesta.

En este sentido somos enfáticos, la solución debe de provenir del mismo dador de la norma, no hay mejor opción que enmendar las leyes por quien las redacta, dando así criterios generales, abstractos e impersonales.

En la actualidad tenemos un caso de conflictos normativos en nuestro orden jurídico, se centra en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, específicamente entre los artículos 44.1 h) y el 101.1 h), los cuales hacen alusión a la forma de cómo el consejo general, órgano máximo de dirección del Instituto Nacional Electoral designará a los consejeros electorales de los consejos locales.

A continuación se transcriben las partes de la redacción de los respectivos artículos que entran en conflicto normativo:

Artículo 44

1. El consejo general tiene las siguientes atribuciones:

a) ...

h) Designar por mayoría absoluta, a más tardar el 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los consejeros electorales del propio consejo general, a los consejeros electorales de los consejos locales;

Artículo 101

1. Para la elección del consejero presidente y los consejeros electorales de los organismos públicos locales, se observará lo siguiente:

a) ...

h) El consejo general del instituto designará por mayoría de ocho votos al consejero presidente y a los consejeros electorales de los organismos públicos locales, especificando el periodo para el que son designados, y

El problema se centra en que a una misma autoridad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se le determina nombrar al consejero presidente y a los consejeros electorales de los organismos públicos locales, pero como se aprecia, en el artículo 44 se le ordena al mencionado consejo general hacer las designaciones correspondientes a través de la mayoría absoluta; en cambio, el artículo 101 determina que los mismos nombramientos se harán por mayoría de ocho votos.

En este caso, la nueva ley electoral que sustituyó al Código Federal de Instituciones Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 36, numeral 1, especifica que el consejo general se integra por un consejero presidente, diez consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo.

Para efectos de las decisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, solamente cuentan los votos de los consejeros. En este sentido el número se circunscribe a once.

En atención a todo lo anterior apreciamos las siguientes inconsistencias entre artículos.

Inconsistencias entre los artículos 44 y 101 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

44.1 h)

Le instruye al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) Designar por mayoría absoluta a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.

La mayoría absoluta es aquella que requiere la mitad más uno de los votantes.

En este sentido, como son 11 los votantes, la mitad está representada con sólo 6 consejeros.

.

101.1 h)

Le instruye al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) Designar por mayoría de ocho votos a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.

El artículo es tajante, exige 8 consejeros a favor para designar a los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales.

La inconsistencia de modo concreto es que dos disposiciones normativas contenidas en la misma norma exigen votaciones diferentes para una idéntica designación, esto sin duda representará un problema severo de interpretación y de ser el caso de costos políticos que pueden redundar en la no integración de los órganos de dirección de los organismos públicos locales.

Por todo lo anterior, la presente iniciativa provee una posible solución, la cual consiste en unificar criterios en ocho votos, pues entre mayor sea el número a favor de la designación de los respectivos consejeros locales se entiende mayor legitimidad a favor de los mismos, lo cual es imperativo para la consolidación de un órgano electoral que realiza labores políticas. El mayor número de votos a favor de las designaciones evita las suspicacias en la constitución de los cuerpos colegiados.

Por lo anteriormente expuesto, someto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por virtud del cual se modifica el inciso H) del numeral 1, del artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo Único. Se modifica el inciso h), del numeral 1, del artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como a continuación se aprecia.

Artículo 44

2. El consejo general tiene las siguientes atribuciones:

a) ...

h) Designar por mayoría de ocho votos, a más tardar el 30 de septiembre del año anterior al de la elección, de entre las propuestas que al efecto hagan el consejero presidente y los consejeros electorales del propio consejo general, a los consejeros electorales de los consejos locales;

i) ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL Y LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Martha Edith Vital Vera, integrante del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas décadas tanto a nivel mundial como en nuestra sociedad se ha presentado un incremento sostenido en el envejecimiento de la población, lo cual se puede observar en el aumento progresivo de las expectativas de vida de cada persona. Con el paso del tiempo las personas de la tercera edad consideran que se convierten en una carga para las familias ya que como consecuencia de su ciclo vital no tienen la capacidad física y psíquica para realizar sus actividades cotidianas, padecen enfermedades, son discriminados y maltratados. Derivado de ello uno de los principales problemas que enfrentan los adultos mayores es el abandono por parte de sus familiares y la comunidad al ser considerados poco productivos, se les presta menos atención y menos cuidados y se deja a un lado el valor que tienen para la sociedad cuando todavía son sujetos socialmente activos de los cuales se debe aprovechar su experiencia y sabiduría.

a) Panorama mundial y nacional del adulto mayor

La población de adultos mayores está creciendo considerablemente, de acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad casi 700 millones de personas son mayores de 60 años y se calcula que para 2050, las personas de 60 años o más serán 2 mil millones, esto es, más del 20 por ciento de la población mundial.

En el país, según cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a nivel nacional, de los 112.3 millones de habitantes, 10 millones 55 mil 379 son personas adultas mayores, lo que representa 9.0 por ciento, es decir, casi 1 de cada 10 habitantes del país. De éstos, 4 millones 679 mil 538 son hombres; y 5 millones 375 mil 841, mujeres.

Las entidades federativas con los mayores montos de población de 60 y más años de edad son el estado de México (1 millón 137 mil 647), el Distrito Federal (1 millón 3 mil 648), Veracruz (798 mil 557), Jalisco (671 mil 323) y Puebla (514 mil 436). Las cinco entidades agrupan 4.1 millones de adultos mayores, en otras palabras, poco más de 40.0 por ciento de dicha población. Las entidades con menos población de adultos mayores son Baja California Sur (42 mil 114), Colima (58 mil 728), Quintana Roo (63 mil 965) y Campeche (67 mil 879). Todos ellos corren el riesgo de desempleo, abandono, negación de oportunidades y derechos fundamentales.

Sin embargo, las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población (Conapo) señalan que para 2020 en México habrá 14 millones de adultos mayores que representarán 12.1 por ciento de los habitantes.

Con lo anterior es muy claro que es necesario prestar mayor atención a las necesidades particulares y a problemas de las personas de edad las cuales van aumentando considerablemente. No obstante, es igualmente importante la contribución esencial que la mayoría de los hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad si se respetan sus derechos.

b) Los derechos de los adultos mayores en el ámbito internacional y nacional

Los derechos humanos son inherentes al ser humano y por ello toda persona tiene la posibilidad de gozarlos sin ninguna distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, edad, u otra condición y las garantías de estos derechos son establecidas por diversos instrumentos que protegen a los individuos contra actos que vulneran sus libertades fundamentales.

Si bien es cierto que hasta estos días los derechos de los adultos mayores no han sido reconocidos específicamente en una convención o tratado concreto dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, como ha ocurrido con otros grupos particulares, diversos instrumentos contienen numerosos derechos para los adultos mayores, se aplican y protegen a las personas de edad de la misma manera que se aplican al resto de las personas.

Respecto a la normativa internacional en primer lugar destaca la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” en la cual se plasman ciertos derechos fundamentales extensivos a las personas mayores, entre ellos está el derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación por cualquier condición y el derecho a condiciones de vida adecuada. Un desarrollo más amplio se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el artículo 9o. señala: “Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. Con ello se reconoce el derecho a la seguridad social.

Si bien es cierto que se hace referencia implícita a los derechos de los adultos mayores, la comunidad internacional comenzó a hacer énfasis en la situación de las personas de edad en el “Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento”, en el cual se insta a actuar en asuntos como la salud y la nutrición, la protección de los consumidores de edad, la vivienda, el ambiente, la familia, el bienestar social, la seguridad de ingreso y el empleo, la educación, la recopilación y análisis de datos derivados de investigaciones.

Por otro lado, en 1991 la Asamblea General adoptó los Principios de las Naciones Unidas a favor de las Personas de Edad, donde se enumeran 18 derechos de las personas de edad relacionados con la independencia, la participación, los cuidados, la autorrealización y la dignidad.

Finalmente, destacan la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, en ambos documentos los gobiernos se comprometieron a diseñar y ejecutar medidas para enfrentar los retos que plantea el envejecimiento; además, se propusieron más de un centenar de recomendaciones sobre tres temas prioritarios: i) personas de edad y el desarrollo; ii) fomento de la salud y el bienestar en la vejez; y iii) la creación de un entorno propicio y favorable para ellos.

A escala regional, la Convención Americana de Derechos Humanos incluye en el artículo 1o. la edad como “otra condición social” objeto de discriminación que debe ser erradicada. No obstante, también comprende algunas disposiciones particulares sobre el derecho a la vida y en el artículo 4o. establece específicamente la no imposición de la pena de muerte para los mayores de 70 años.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) señala medidas específicas dirigidas a las personas mayores; el artículo 9o. menciona: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa...” El artículo 17, sobre la protección a los ancianos, señala: “Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad...”

En todos los instrumentos normativos en que se establecen los derechos de las personas mayores, ya sea directamente o por extensión, se reconoce que no sólo se les debe proporcionar protección y cuidados, sino también se debe asegurar su participación en la sociedad.

Ahora bien, es importante puntualizar que la titularidad de los derechos en el ámbito nacional tiene como referente los acuerdos y normas internacionales sobre derechos humanos establecidos en los tratados, convenciones y pactos que se han suscrito.

Por tanto, las personas adultas mayores al igual que todas las personas en el territorio nacional, tienen reconocidos los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, esto de acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011.

Así, el artículo 1o., párrafo quinto, de la Carta Magna señala: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad...” De la misma forma, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación establece en el artículo 4o.: “Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta ley”, con lo cual se reafirma que no podrán llevarse a cabo conductas discriminatorias contra las personas por razón de su edad, incluidas las personas adultas mayores.

Un avance significativo es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual se publicó el 25 de junio de 2002 y tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública nacional en la materia, de los principios, los objetivos, los programas, las responsabilidades y los instrumentos de la administración pública federal, de las entidades federativas y municipios, así como del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Como se ha señalado, si bien es cierto que no hay un instrumento jurídico internacional específico para los adultos mayores, sus derechos se han protegido y se hace mención implícita en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de manera más detallada en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, así como en otras disposiciones específicas como los Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad. Los adultos mayores al igual que todas las personas están resguardados jurídicamente en la Carta Magna y por ordenamientos jurídicos que de ella se derivan en cuanto a derechos fundamentales como el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a un nivel de vida adecuado y sin discriminación por ningún motivo.

c) Problemas del adulto mayor: situación actual

En el país, el problema más apremiante para el bienestar de las personas de edad es la pobreza, incluida la frecuente precariedad de sus condiciones de vida. La carencia de una vivienda, la malnutrición, las enfermedades crónicas sin tratar, la falta de acceso al agua potable, medicamentos y tratamientos a precios altos y la inseguridad de sus ingresos son tan solo unos pocos de los problemas más críticos relacionados con los derechos humanos a los cuales se enfrentan cada día un gran número de personas mayores.

En este contexto, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012 (Coneval), 43.2 por ciento de la población de 60 años y más padece pobreza multidimensional. En total, siete de cada diez adultos mayores (72 por ciento) padece vulnerabilidad social, es decir, presenta por lo menos alguna de las siguientes carencias sociales: rezago educativo, no tiene acceso a los servicios de salud, tampoco tiene acceso a la seguridad social, presenta deficiencias en la calidad y los espacios de la vivienda, así como en los servicios básicos en la misma y carece de acceso a la alimentación.

Por otra parte, uno de cada dos adultos mayores (49.4 por ciento) son vulnerables por ingresos, es decir, su ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. Esta proporción se compone por 43.2 por ciento de adultos mayores que también son vulnerables por carencias sociales y 6.2 por ciento que solamente es vulnerable por ingresos pero no presenta carencias sociales.

Según la intensidad y profundidad de la pobreza multidimensional, se estimó que 10 por ciento de los adultos de 60 y más años se encuentra en pobreza multidimensional extrema, es decir, pertenecen a hogares que aún al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada y presentan al menos tres carencias sociales de las seis incluidas en el cálculo del Índice de privación social. En conjunto, ocho de cada 10 adultos mayores presenta algún tipo de vulnerabilidad ya sea en sus derechos sociales o su ingreso.

Otro problema persistente es la estigmatización y discriminación, una queja habitual de las personas de edad es el rechazo para un empleo o para otras oportunidades laborales, cuando la edad viene definida además por otras dimensiones que conforman la identidad en las distintas sociedades, como el sexo, la raza y la etnia, la religión, la discapacidad, la nacionalidad, la salud o las condiciones socioeconómicas, la discriminación es múltiple, y por consiguiente hay una repercusión para el disfrute de todos los derechos humanos.

Al respecto, según los Resultados sobre personas adultas mayores de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010, en el país, 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, 40.3 por ciento describe como sus problemas principales los económicos, 37.3 por ciento la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9 por ciento los laborales, estas cifras muestran los altos niveles de exclusión, de falta de reconocimiento y de obstaculización de derechos y oportunidades fundamentales para tener una vida digna y satisfactoria independientemente de la edad.

Por otra parte se encuentra la incidencia y la repercusión de la violencia y los abusos en la calidad de vida y la salud de las personas de edad. Muchos adultos mayores son maltratados cuando su situación se hace más vulnerable. La OMS destaca que ellos se enfrentan a diversas situaciones que les impiden realizar sus actividades como habitualmente lo hacían, tales como las alteraciones en la movilidad, la presencia de dolor, enfermedades crónicas o la experiencia de alguna pérdida (familiar, salud, independencia, entre otros), las cuales pueden causar aislamiento, soledad y angustia. La edad avanzada de este sector propicia diversos deterioros en la salud, algunos de los cuales provocan discapacidad. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 refleja que del total de personas con discapacidad, 51.4 por ciento tiene 60 años o más.

En mayor proporción, se presentan dificultades para caminar, moverse, subir o bajar (71.9 por ciento); siguen las deficiencias para ver incluso usando lentes (32.1 por ciento), y para oír aun usando aparato auditivo (21.8 por ciento). De las causas por discapacidad el 1.5 por ciento es de nacimiento, 35.5 por ciento por enfermedad, 10.4 por ciento por accidente, 50.9 por ciento por la edad y 1.7 por ciento por otra causa.

Como consecuencia de lo anterior, los adultos mayores suelen ser maltratados ya sea por familiares o por personal que está a sus cuidados; de acuerdo a informes del Instituto Nacional de Geriatría, en nuestro país hasta 18 de cada 100 adultos mayores padece algún tipo de violencia o maltrato, acciones que son ejercidas, principalmente por los propios familiares de los ancianos. Los adultos mayores son pellizcados, los empujan, si los bañan les pegan con lo que tienen en la mano; son un sinnúmero de acciones que se reflejan en el cuerpo de la persona, con hematomas, fracturas y múltiples síntomas que implican la fuerza por parte de ese responsable o familiar. El 85 por ciento de la violencia hacia los ancianos es ejercida por los familiares, de los cuales 60 por ciento son los hijos, seguidos por el cónyuge u otro familiar; mientras que el 15 por ciento de las agresiones la ejercen cuidadores, vecinos o personas con algún tipo de vínculo o de convivencia con los ancianos.

Respecto a la violencia en la mujer adulta mayor, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, de las mujeres alguna vez unidas de 60 y más años, 45 por ciento declaró haber sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o ex pareja (a lo largo de su vida), de igual forma el 18 por ciento declaró haber padecido agresiones por parte de otros familiares distintos a su pareja o ex pareja, en estos casos los principales agresores fueron los hijos (43.3 por ciento) e hijas (37.3 por ciento). Como se aprecia, los adultos mayores padecen múltiples problemas derivados de su edad; la pobreza, la discriminación y el maltrato son tan solo un reflejo de la realidad de miles de adultos en todo el país.

d) El abandono del adulto mayor, los cuidados y la importancia de los lazos afectivos de la familia en la vejez

Como se mencionó, uno de los principales problemas que enfrentan los adultos mayores es el maltrato y este es definido como “cualquier acto u omisión que tenga como resultado un daño, que vulnere o ponga en peligro la integridad física o psíquica, así como el principio de autonomía y respeto de sus derechos fundamentales, el cual puede ocurrir en el medio familiar, comunitario o institucional”. Hay diferentes tipos de maltrato en el adulto mayor y es frecuente que no se presente un único tipo de abuso, sino que tienden a traslapar varios en la misma persona: maltrato físico, psicológico o emocional, financiero, sexual, negligencia y abandono. Este último es una dinámica que se vive a diario y tiene consecuencias sobre la persona como ser social y problemas que afectan directamente sus emociones, salud y sentimientos.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, “Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad”, una persona adulta mayor en estado de abandono “es una persona que presenta cualquiera de las siguientes características: carencia de familia, rechazo familiar, maltrato físico, psicológico y carencia de recursos económicos”.

Regularmente, las familias que viven con un adulto mayor suelen desarrollar diferentes sentimientos con el paso del tiempo ya que presentan diversos problemas motores, psíquicos y de orientación, por lo que necesitan ayuda para realizar sus actividades cotidianas, circunstancia que los lleva a un estado de dependencia y a ser considerados una carga para las familias y por consiguiente son abandonados.

Son innumerables las historias de abandono por parte de los familiares, generalmente son segregados en su propio hogar, son enviados a instituciones públicas y privadas que se dedican al apoyo y cuidado de adultos, se les lleva a casa de otros familiares y en el peor de los casos se les deja en hospitales donde son internados por padecimientos mínimos, los familiares se desentienden de ellos casi de inmediato, ya que no los visitan, no están pendientes de su evolución y muchas ocasiones no dejan datos correctos para localizarlos, se les deja solos y son abandonados en un momento en que requieren de apoyo y asistencia.

Otro motivo por el cual son abandonados es porque el adulto mayor ha cumplido con su vida laboral útil y para sus familiares es considerado como no productivo en términos económicos, transformándose en una carga para la familia.

La dimensión más dramática de esta marginación es la falta de relaciones humanas que hace sufrir al adulto mayor, no sólo por el alejamiento, sino por la soledad, el aislamiento y falta de afectividad, siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una familia.

La familia es la principal fuente de ajuste sociopsicológico en el proceso de envejecimiento ya que es el medio que ofrece mayores posibilidades de apoyo y seguridad; los familiares suelen olvidarse del adulto mayor cuando ellos tienen una gran importancia en su vida ya que pueden motivarlos, amarlos y hacerlos sentir bien. Sin embargo, cuando el adulto mayor es abandonado se rompen los lazos afectivos ocasionando un quiebre dentro de una familia al igual que en el adulto mayor, la comunicación se interrumpe cortando toda relación e interacción.

El abandono de sectores vulnerables pone en riesgo su vida y su salud y el Código Penal Federal señala el abandono de personas como un delito, al respecto en el artículo 335 establece: “Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido”; no obstante, se limita al abandono de un niño o una persona enferma por lo que se considera necesario agregar el supuesto de abandono al adulto mayor considerando que el abandono vulnera y pone en peligro su integridad física y psíquica, así como sus derechos fundamentales tanto en el medio familiar, comunitario e institucional, de esta manera se le estaría brindando mayor protección a sus derechos humanos.

Por otra parte, el deterioro físico derivado del proceso natural del envejecimiento, asociado a la presencia de una o más enfermedades y al estilo de vida del individuo puede provocar que los adultos mayores no puedan realizar por sí mismos las actividades más elementales de la vida diaria.

Algunas de las actividades cotidianas en las que el adulto mayor encuentra dificultad para realizar son: subir y bajar escaleras, realizar su aseo personal, vestirse, salir de casa, moverse, asear su hogar, comer, entre otras. Además, existen diversos factores por los cuales es necesario que el adulto mayor tenga cuidados. En primer lugar están los factores físicos asociados con la edad que se dan cuando el adulto mayor se ve imposibilitado para realizar actividades que solían ser cotidianas y sencillas, tales como: el deterioro natural del cuerpo por envejecimiento, enfermedades degenerativas y disminución o pérdida total de las habilidades motrices, visuales o auditivas. En segundo lugar se encuentran los factores psicológicos generados por la depresión, trastornos del ánimo y alteraciones de la memoria. Por último, los factores sociales como los escasos recursos económicos y una vivienda inadecuada para su desarrollo hacen necesario el cuidado del adulto mayor por parte de la familia, la comunidad y las instituciones.

La Asamblea General de Naciones Unidas, en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, señala como principio fundamental el de “cuidados” y establece que “las personas de edad deberán... poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad... tener acceso a servicios de atención de salud que les ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad... tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado y deberán tener acceso a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro”.

Con lo anterior se considera fundamental establecer en la “Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores” el principio de “cuidado” como principio rector en la observación y aplicación de la citada ley. El artículo 4 señala que son principios rectores los siguientes:

I. Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo personal y comunitario;

II. Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se promoverá su presencia e intervención;

III. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia;

IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta ley; y

V. Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores.

Con ello se estima necesario agregar el principio de cuidados con el cual en todo momento se garantice a las personas adultas mayores el derecho a la atención integral por parte de la familia, los establecimientos de asistencia social e instituciones de salud los cuales ayudarán a mantener un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional en el adulto mayor.

Lo anterior nos muestra que los adultos mayores son un sector vulnerable derivado principalmente de la discriminación por razones de edad, regularmente quedan en estado de indefensión y abandono por parte de sus familiares al ser considerados “una carga” por ello se considera necesario que se señale en el Código Penal Federal el delito de abandono a adultos mayores para garantizarles mayor protección. Así mismo se estima necesario que en el caso de que el adulto mayor necesite ser atendido especialmente en instituciones salud o en establecimientos de asistencia social ya sean públicos o privados no se deje abandonado y sea obligación de los familiares atender sus necesidades psicoafectivas, esto debido a que lafamilia es la principal fuente de ajuste sociopsicológico en el proceso de envejecimiento y porque es el medio que ofrece mayores posibilidades de apoyo y seguridad al adulto mayor y cuando estos lazos afectivos se rompen provocan sentimientos de tristeza y depresión los cuales llevan a situaciones irreversibles. Además, es significativa la contribución esencial de experiencia y sabiduría que la mayoría de los hombres y las mujeres de edad pueden seguir haciendo al funcionamiento de la sociedad si se respetan y protegen sus derechos humanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Artículo Primero. Del Código Penal Federal, se reforma el artículo 335, para quedar como sigue:

Artículo Segundo.De la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se adiciona la fracción IV del artículo 4o., recorriendo la actual, y se adiciona la fracción IV del artículo 9o., para quedar como sigue:

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 ONU (2014). Día Internacional de las Personas de Edad. Extraído de http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/, octubre de 2014.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014). Perfil sociodemográfico de adultos mayores.México: Inegi, página 10.

3 Consejo Nacional de Población (2006). Proyecciones de la población de México 2005-2050.México: Conapo, página 21.

4 Es importante señalar que se han presentado iniciativas para lograr una declaración sobre los derechos de las personas mayores, presentadas formalmente o discutidas como documentos en los organismos de Naciones Unidas y sus respectivos órganos especializados. Entre ellas están las siguientes: a) Declaración de los derechos de la vejez, propuesta por la Argentina en 1948; b) Declaración sobre los derechos y responsabilidades de las personas de edad, propuesta por la Federación Internacional de la Vejez y la República Dominicana en 1991; c) Declaración de Interdependencia, propuesta por la República Dominicana en 1999; y d) Carta por una sociedad para todas las edades, propuesta por la American Association of Retired Persons, de Estados Unidos, 1999. Extraído de S. Huenchuan y L. Rodríguez-Piñero, “Envejecimiento y derechos humanos: situación y perspectivas de protección”, serie Documentos de Proyectos, número 353 (LC/W 353), Santiago de Chile, Cepal, 2010.

5 Asamblea General de Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos. Extraído de http://www.un.org/es/documents/udhr/, octubre de 2014.

6 Asamblea General de Naciones Unidas (1966). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Extraído de http://www.cinu.mx/onu/documentos/pacto-internacional-de-derecho/, octubre de 2014.

7 Es el primer instrumento internacional sobre el tema que contiene una base para la formulación de políticas y programas sobre el envejecimiento. Fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1982 (resolución 37/51), habiendo sido adoptado antes en el mismo año en la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizada en Viena, Austria. Para mayor información consultar “Vienna International Plan of action on aging”, disponible en http://www.un.org/es/globalissues/ ageing/docs/vipaa.pdf

8 Asamblea General de Naciones Unidas (1991). Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad. Extraído de http://www. un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/46/91, octubre de 2014.

9 Fue aprobado por la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, que se realizó en Madrid entre el 8 y el 12 de abril de 2002. En ella, los países adoptaron los dos documentos clave señalados. Para mayor información consultar “Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002”. Disponible en http://undesadspd.org/Portals/0/ageing/ documents/Fulltext-SP.pdf

10 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Extraído de http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Hu manos.pdf, octubre de 2014.

11 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (1988). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Extraído de http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html, octubre de 2014.

12 Línea de bienestar es el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades (alimentarias y no alimentarias).

13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad. México: Inegi, página 11.

14 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2011). Resultados sobre personas adultas mayores de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) 2010. México: Conapred.

15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013). Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. México: Inegi, páginas 3-8.

16 Wong A. (2014). “Sufre de bullying 18 por ciento de los adultos mayores: Salud”. Extraído de http://www.milenio.com/politica/Sufre-bullying-adultos-mayores-Salud_0_31256875 5.html, octubre de 2014.

17 El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre los diferentes tipos de violencia que sufren las mujeres de 15 y más años en los ámbitos del hogar, escolar, laboral y social; así como las consecuencias físicas y emocionales que padecen las mujeres violentadas por su cónyuge.

18 Secretaría de Salud (2013). Detección y manejo del maltrato en el adulto mayor. México: Cenetec, páginas 4 y 5.

19 Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal (2006). Manual de cuidados generales para el adulto mayor disfuncional o dependiente. México: IAAM, página 15.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputada Martha Edith Vital Vera (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

«Iniciativa que reforma el artículo 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Fernando Bribiesca Sahagún, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado federal Fernando Bribiesca Sahagún, miembro del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

La iniciativa propone sustentar en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente la labor de integración de indicadores que realiza el Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales dada la importancia que tiene en la determinación de la situación del medio ambiente de nuestro país, con el propósito de sustentar la elaboración de indicadores que parten del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala en su artículo 22 que la Dirección General de Estadística e Información Ambiental tendrá como atribución, en su fracción III:

“Desarrollar y actualizar el sistema nacional de indicadores ambientales, con la participación que corresponda, en su caso, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, así como elaborar periódicamente informes públicos, tomando en cuenta la interacción de las actividades humanas con el estado del medio ambiente y con las respuestas políticas y acciones de la sociedad;”

El respaldo que tenga en la ley este tipo de reglamentos y las atribuciones que facultan a sus órganos internos, permitirá abonar a tener una mejor certeza en la actuación de cada una de las áreas que la conforman, además de generar mayores mecanismos de seguimiento y evaluación de las acciones que en medio ambiente se llevan a cabo.

Los indicadores son cada vez más utilizados por la influencia que tienen en la toma de decisiones; en el tema de medio amiente nos sirven para mejorar el ciclo de formación de políticas públicas incorporando el conocimiento del medio ambiente en la fase de evaluación y análisis que hace falta consolidar en México.

Argumentación

La Semarnat tiene bajo su responsabilidad el desarrollo y actualización del Sistema Nacional de Indicadores Ambientales (Sina) que forma parte del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales (SNIARN). La información que se genera permite conocer el estado del medio ambiente y de los recursos  naturales del país, así como de proporcionar un marco de referencia para la toma de decisiones en materia de medio ambiente.

Actualmente el Sina se basa en cerca de 115 indicadores que cubren los temas prioritarios de la agenda ambiental nacional y se complementa con alrededor de 450 variables que aportan información de contexto y permiten una mejor interpretación de los indicadores.

La Agencia Europea de Medio Ambiente mediante diversas publicaciones destaca que los indicadores ambientales permiten tener un proceso de seguimiento de la evolución de las políticas ambientales, así como de la integración de aspectos ambientales en las diferentes políticas sectoriales. Por un lado, conforma un seguimiento a los objetivos planteados por el Estado en cuanto al medio ambiente; por otro lado, conlleva difundir resultados de los responsables en la materia hacia los ciudadanos.

La OCDE expresa que existen tres objetivos principales en la elaboración de indicadores ambientales, a saber: a) evaluar el progreso ambiental; b) integrar mejor las preocupaciones ambientales en las políticas sectoriales; c) integrar mejor las preocupaciones ambientales en la política económica.

En la actualidad, muchos de los datos que se muestran de medio ambiente hacen ver el esfuerzo que se tiene por la obtención de los mismos, sin embargo, la mayoría no cuenta con una presentación adecuada ni análisis de los mismos que permita conformar una herramienta integral de información. Un sistema de indicadores, consistente y estable, permite detectar problemáticas en temas específicos y representativos, tal como es el caso del Sina que ofrece un conjunto de indicadores clave sobre los principales tópicos del país.

Sustentar en la ley la generación del sistema de indicadores, es de tal relevancia, ya que para la elaboración de los mismos implica una revisión de las propuestas desarrolladas por otros organismos. De igual forma, establecer las áreas de estudio que se requieren enfocar relacionadas al medio ambiente con la obtención de variables de mayor importancia, además de la formación de propuestas que son revisadas por expertos y analizadas para que cumpla con su verdadero propósito de evaluación y seguimiento para la adecuada información y toma de decisiones en este importante rubro.

La primera Jornada de Información Ambiental 2013 sobre indicadores ambientales organizado por la CEPAL con apoyo del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, nos exponen que en la mayoría de los países la información ambiental se encuentra dispersa en distintas instituciones y servicios, además de tener diversos formatos con los que cada área toma sus decisiones. Ello deriva de la necesidad de generar indicadores ambientales que permitan tener información consolidada y relevante para mejorar las políticas públicas y la toma de decisiones de los organismos públicos. En México, observamos una instrumentación ordenada y clara de la metodología y uso de indicadores por parte del Sina, por lo que hace necesario dar el respaldo necesario en la ley.

El Sina, integra indicadores internacionales que recomiendan la iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible (ILAC), los indicadores de Desarrollo del Milenio y los indicadores ambientales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esta conjunción de indicadores suma y aporta al Sistema Nacional de Indicadores Ambientales de la Semarnat, cuyo objetivo es dar una visión clara de los cambios y situación actual del ambiente y los recursos naturales del país, así como de las presiones que los afectan y las respuestas institucionales encaminadas a su conservación, recuperación y uso sustentable, por lo que consideramos debe ser consolidado en el país para estar en la vanguardia en la generación de indicadores en la región y de utilidad en la toma de decisiones locales.

Nuestro país se encuentra en una constante innovación por su posición estratégica a nivel regional y nacional, por lo que se ha de tender, por recomendación de la  OCDE sobre el tema, a:

• Intensificar los esfuerzos por mejorar la calidad y relevancia de los datos y de los sistemas de información.

• Mayor desarrollo y uso de los indicadores ambientales para el análisis de las actuaciones en el medio ambiente.

• Establecer indicadores del progreso experimentado en la implantación de políticas ambientales.

• Realizar de forma sistemática una comparación de los resultados alcanzados en relación con los objetivos de las políticas ambientales en relación con los compromisos internacionales.

Así mismo, es de suma importancia que los estados y municipios tengan a bien reforzar su participación en la generación de indicadores que nutran la información del Sistema Nacional de Información Ambiental y la Protección al Medio Ambiente con el objeto de tener una radiografía más exacta del estado del medio ambiente del país y, con ello, poder tener elementos de análisis más precisos para que los diferentes órdenes de gobierno puedan tomar decisiones y crear políticas ambientales más adecuadas a la situación en la que viven.

Fundamento Legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento

Decreto por el que se reforma el artículo 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, a fin de que el Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales genere los indicadores necesarios que permitan determinar la situación del medio ambiente del país

Artículo Único. Se reforma el artículo 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 159 BIS.La Secretaría desarrollará un Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir información ambiental nacional, por medio de la generación de indicadores que permitan determinar la situación del medio ambiente del país, que estará disponible para su consulta y que se coordinará y complementará con el Sistema de Cuentas Nacionales a cargo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

...

...

Los estados, los municipios y el Distrito Federal, participarán con la Secretaría en la integración del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, a través la generación de indicadores que permitan determinar la situación ambiental de su área geográfica.

Artículos Transitorios

Artículo Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Agencia Europea del Medio Ambiente. Consulta electrónica disponible en la página: http://www.eea.europa.eu/es

2 CEPAL, Serie Manuales, número16, sobre iniciativas relevantes cooperativas. Disponible en la página: http://www.cepal.org/publicaciones/xml/8/9708/lcl1607e_2.pdf

3 Primera Jornada de Información Ambiental: Avances y Desafíos hacia una Gobernanza Ambiental. Disponible en: http://www.cepal.org/ cgi-bin/getProd.asp?xml=/rio20/noticias/noticias/3/51573/P51573 .xml&xsl=/rio20/tpl/p1f.xsl&base=/rio20/tpl/top-bottom-10.xsl

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Fernando Bribiesca Sahagún (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que adiciona el artículo 234 Bis al Código Penal Federal, a cargo del diputado José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del PRD

José Luis Esquivel Zalpa, en mi carácter de diputado federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 1o. y 3o., párrafo 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso de la Unión, me permito someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que crea y adiciona el artículo 234 Bis al Código Penal Federal al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Antecedentes

Que a partir de la reforma constitucional de 2008, en materia de seguridad y justicia, se dio un giro conceptual de gran envergadura en materia penal, para poder transitar de un sistema de tipo inquisitorio, en los ámbitos federal y estatales, hacia un sistema de justicia penal de tipo oral, acusatorio, garantista, donde se impongan y equilibren los derechos de las víctimas y los imputados. Particularmente en lo que se refiere a la aplicación del principio de presunción de inocencia.

En esta nueva redacción de la Constitución, el artículo 20º apartado B fracción I se establece que “entre los derechos de toda persona imputada” está el de “que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”.

Igualmente, la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, se enumera, dentro de los principios generales del proceso penal que “la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora”, es decir al Ministerio Público, por lo que el acusado no es quien tiene que demostrar su inocencia sino que es la representación social la que debe acreditar su culpabilidad.

En el mismo sentido, el recientemente aprobado Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 130 señala que la “carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal”.

Principio de presunción de inocencia

El principio de presunción de inocencia está plasmado como derecho y garantía procesal, tanto constitucionalmente como en acuerdos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y se encuentra entre los derechos que conforman la esfera del debido proceso y su aplicación determina el funcionamiento, justo o injusto, del sistema penal.

Este principio aparece plasmado en el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, según la cual “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Asimismo la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José establece en el artículo 8 que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. E igualmente este derecho y garantía procesal se encuentra asentado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Obligaciones internacionales todas, que el Estado Mexicano se obligó a cumplir al momento de ratificarlos conforme a lo dispuesto por el artículo 133º de nuestra Constitución en donde se establece que la “Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.”

Por su parte el 1o. de la Carta Magna señala que “las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Ahora bien, sobre el tema que nos ocupa, es decir el uso a sabiendas de moneda falsa, la legislación imperante es este momento ha quedado rezagada del acontecer mundial y nacional, dejando de aplicar el principio de inocencia que debe regir nuestra proceso penal.

El tipo penal de falsificación de moneda

Actualmente el Código Penal Federal estipula en su artículo 234 primer párrafo que al que cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.

Asimismo, este artículo, en su tercer párrafo, menciona que comete el delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes, y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta trescientos días multa.

Sin embargo, el mismo artículo, en su párrafo cuarto estípula que la pena señalada en el primer párrafo de este artículo, de cinco a doce años, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada.

El elemento normativo del delito

La introducción del vocablo “a sabiendas” dentro del último párrafo del artículo 234 del Código Penal Federal se refiere a un elemento normativo del delito y que está sujeta a la valoración o interpretación de la autoridad que aplica la norma. Es decir, en cada caso el juez respectivo es el que deberá valorar si el acusado efectivamente tenía conocimiento o no de que estaba usando moneda falsa.

Que esta “valoración” que realiza el juez de la causa ha devenido en un contrasentido mismo de la norma penal y ha traído como consecuencia un cúmulo de injusticias y sentencias condenatorias que resultan en un viacrucis para quienes han sido víctimas pasivas en la obtención de un billete falso y sin saberlo hacen uso del mismo.

En este sentido es claro que la pena cinco a doce años de prisión que actualmente es impuesta a quien use moneda “a sabiendas” de que es falsa, resulta a todas luces excesiva y desproporcionada puesto que cualquier persona puede ser víctima de la obtención de un billete falso y de utilizarlo sin estar al tanto de su falsificación.

Realidad e injusticia

Así pues, considerando que la falsificación de moneda es un delito federal que incluye la producción, almacenamiento, distribución y uso premeditato de moneda falsa, que representa un agravio para la sociedad en su conjunto, dada la inseguridad en la circulación monetaria que genera la introducción de dinero falso, y que el Estado debe combatirlo con toda la fuerza institucional que sea capaz, tanto en razón del impacto desestabilizador que tiene en la economía nacional y como por el daño al peculio de las personas, se hace necesario adaptar la norma penal a la siempre cambiante realidad social a fin de combatir este flagelo y evitar la aplicación injusta de penas privativas de libertad a quienes no son responsables de conductas delincuenciales.

Actualmente la ciudadanía es doblemente victimizada por el delito de falsificación de moneda: Por un lado, es blanco de grupos delincuenciales que cambian dinero malo por bueno, y por otra parte es víctima de una norma anacrónica que prácticamente obliga a las personas a convertirse en peritos en identificación de moneda falsa, so pena presuponer el uso premeditado de moneda falsa, a quien por desgracia ha sido engañado y dañado en su patrimonio.

Es por esto que el legislador debe precisar el elemento normativo del tipo penal de falsificación de moneda, en su modalidad de uso, “a sabiendas” para evitar que el ciudadano común sea sometido a un procedimiento penal y encarcelado por el solo hecho de no ser un perito que pueda reconocer a simple vista el circulante falsificado.

Para esto, es necesario considerar la existencia de factores externos que propician el auge en la falsificación de circulante y su uso por parte de los ciudadanos inocentes:

Primero, el vertiginoso e imparable avance de la tecnología. La accesibilidad a bajo costo de equipos de alta calidad y exactitud en fotografía digital, así como en la reproducción de imágenes a color mediante impresoras láser, con las que puede fotografiarse, copiarse e imprimirse casi cualquier cosa, haciéndolas aparecer como piezas originales, tiene como consecuencia, en este caso, una imposibilidad material y humana para que un ciudadano cualquiera distinga entre un billete verdadero y uno falso.

En segundo lugar tenemos la extensa y variada venta de papel y polímeros de todo tipo, de distintos metrajes, grados de consistencia y sin ningún tipo de control, lo que ha permitido a los grupos delincuenciales obtener materiales muy similares a los utilizados en la producción legal de billetes y monedas de circulación diaria.

En tercer término tenemos la falta de impulso a campañas de prevención, extensas y permanentes, que permitan a los ciudadanos identificar a simple vista y de manera sencilla si un billete es verdadero o falso.

Y por último, la diversidad de lugares y operaciones comerciales que se realizan en la sociedad moderna, y que son aprovechadas por la delincuencia para la introducción de moneda falsa en todas las esferas y estratos del acontecer diario como son taxis, tianguis, centros comerciales, tiendas de conveniencia, oficinas públicas y privadas, mercados públicos, compras al menudeo o mayoreo, incluso en ventanillas bancarias y cajeros automáticos en donde el propio Banco de México ha establecido un protocolo en caso de que un ciudadano se percate de que ha recibido dinero falso por parte de un banco.

Todo esto ha traído como consecuencia que ciudadanos comunes y corrientes sean acusados del delito de falsificación de moneda, en su modalidad de hacer uso de manera premeditada o a sabiendas, y condenados a penas de prisión excesivas, desproporcionadas y que atentan contra los derechos humanos de las personas, que oscilan entre los 5 y los 12 años de prisión.

Baste observar el sonado caso de Esperanza Reyes Aguillón quien fue comprar una libreta y al pagarla con un billete de 100 pesos que resultó ser falso, por lo cual estuvo presa incluso en las Islas Marías. Esperanza, es una mujer que no concluyó la primaria y no sabe escribir ni leer, tiene una niña de 10 y un niño de siete años, es gente humilde que se dedicaba a ser sirvienta, no tenía seguridad social ni ningún derecho respecto a salario o prestaciones y sin embargo cumplía una pena de cinco años de prisión por intentar utilizar un billete falso en una papelería de su natal San Luis Potosí.

Esperanza Reyes Aguillón, fue detenida por primera vez el 11 de marzo de 2011, cuando la encargada de una papelería la acusó ante las autoridades de pagar una libreta con un billete falso. Tres días después quedó libre. No obstante, el proceso en su contra continuó y el 8 de mayo de 2012 fue reaprehendida y trasladada al Centro de Readaptación Social La Pila, luego de que un juez la sentenciara a cinco años de prisión.

Durante su detención, Esperanza Reyes Aguillón estuvo presa en tres cárceles. En noviembre de 2012 fue traslada por tres meses, y sin previo aviso a su abogado de oficio y familia, al penal federal El Rincón, de Tepic, Nayarit, donde estuvo incomunicada; enseguida fue llevada a las Islas Marías.

Otro ejemplo de las injusticias que se cometen al consideras que se obra “a sabiendas” o de manera premeditada en el intercambio de moneda falsa es el caso del señor David Herrera Martínez originario de Guadalajara, de 47 años de edad, quien adquirió un sombrero de paja de 70 pesos y pagó con un billete de 500 pesos, que recibió por la mañana presuntamente de un cliente que le compró mariscos, fue por este simple hecho fue ingresado a un penal de máxima seguridad. De nada sirvió que explicara que ese billete se lo dio un cliente que le compró mariscos por la mañana.

El 30 de noviembre de 2011, el juez quinto de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco lo sentenció a 5 años de prisión, pena que purga en el centro penitenciario de “Puente Grande”, un penal de máxima seguridad. El 4 octubre de 2012, el segundo Tribunal Colegiado en materia penal, con sede en Jalisco, confirmó la sentencia. El tribunal federal estimó que era irrelevante que el sentenciado declaró que no sabía que se trataba de un billete falso.

Por último es necesario ser congruentes con la reciente aprobación, por parte de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde esta conducta, es decir el delito de falsificación de moneda ya no es considerada como causal de prisión preventiva.

Las razones anteriores y ejemplos que se vierten bastan para darnos cuenta que la norma penal debe ser modificada y son sustento basto y suficiente para proponer la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que crea y adiciona el artículo 234 Bis al Código Penal Federal.

Artículo Único. Se crea y adiciona el artículo 234 BIS al Código Penal Federal para quedar como sigue:

234 Bis. Se impondrá de seis meses a dos años de prisión o multa hasta por 10 veces el monto de la moneda utilizada, a quien haga uso o distribuya moneda falsa a que alude el artículo 234, cuando no se trate de delincuencia organizada, quien realice la conducto no sea coautor o coparticipe de la falsificación y por las circunstancias especiales pueda establecerse que se trata de un hecho culposo ejecutado para la realización de un pago u operación lícita.

Artículos Transitorios

Primero. La presente modificación entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase al Ejecutivo Federal para sus efectos Constitucionales y Legales.

México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2014.— Diputado José Luis Esquivel Zalpa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CODIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Crystal Tovar Aragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Exposición de Motivos

Derivado de la necesidad de abrir espacios de participación juvenil, y de comunicación entre el sector joven y el Poder Legislativo, se convocó de manera nacional del 1 de octubre al 29 de noviembre de 2013, a jóvenes entre 18 y 29 años de edad a participar en iniciativa Joven-Es por México, convocatoria realizada por la honorable Cámara de Diputados a través de la Comisión de Juventud y el Instituto Nacional Electoral, así como por diferentes instituciones públicas y académicas federales. En dicha convocatoria resultó como ganadora María de Jesús Navarro Sánchez, en la categoría A, en la temática Acceso a la Justicia, así pues en respuesta al compromiso y obligación que le fue otorgada a la Comisión de Juventud, y en mi calidad de secretaria de dicha comisión, presento ante ustedes de manera íntegra la siguiente iniciativa:

Para comenzar, se da una pequeña introducción sobre lo que es el aborto, actualmente el Código Penal Federal lo define como: “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Sin embargo, los neurólogos difieren sobre esta definición y sostienen que una persona vive a partir de que se registre actividad cerebral en ella, es decir, que la ausencia de actividad cerebral aunque siga latiendo el corazón, es razón suficiente para que se considere que una persona haya muerto (Ejemplo muerte cerebral o estado vegetativo).

Estudios científicos arrojan que durante los primeros 3 meses de embarazo que equivalen a 12 semanas de gestación no hay indicios de tal actividad en el embrión ni en el feto, para que exista un ser humano pleno es necesaria la presencia y la actividad del cerebro. Se identifica el surgimiento de la vida cerebral fetal con el inicio de la vida de una persona, la vida cerebral fetal ha sido definida como la capacidad de la corteza cerebral de empezar a desarrollar la conciencia, y otras funciones reconocidas como consecuencia de la formación de circuitos de las células nerviosas. Este proceso comienza a producirse entre las 24 y 26 semanas del embarazo, aunque muchas personas prefieren marcar el comienzo a las 20 semanas. Siendo uno de los argumentos que recomiendan que la interrupción del embarazo puede realizarse únicamente antes de las 12 semanas de gestación.

Siendo el aborto es un problema social, de salud pública y de derechos humanos, pues constituye una causa de muerte materna por sus implicaciones para la salud materna, la Organización Mundial de la Salud, como organismo internacional se ha dedicado a la investigación sobre estos temas y ha definido la mortalidad materna como “la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o dentro de la cuarentena, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, o parto, pero no por causas accidentales”, por otra parte define la morbilidad materna como “las complicaciones o enfermedades que se producen durante la gestación, que afectan la integridad y salud física o psicológica de la mujer, en ocasiones de forma permanente”.

La morbimortalidad materna, es reflejo de los problemas estructurales de falta de protección de la salud, tanto en el acceso como en la atención en los servicios de salud del Estado, así como de la discriminación que afecta a las mujeres, siendo las mujeres pobres e indígenas que residen en zonas rurales, quienes sufren esta situación, lo que constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres. Ya que según dicho organismo el riesgo de morir por la realización de un aborto en países en donde está penalizado es de 1 muerte por cada 250 intervenciones, y en los países donde está permitido es de 1 muerte por cada 3700 intervenciones.

Existen cifras que constatan, que desde que se permitió el aborto inducido en la ciudad de México, ha disminuido considerablemente la tasa anual de su práctica, según datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE.

En este contexto se relata la historia de Ana de Michoacán, una joven entusiasta de 19 años de edad que se encuentra estudiando el 3 grado de la licenciatura, en el transcurso de su vida como estudiante conoció a un joven guapo y educado de nombre Yair, quien la cautivó y se enamoraron, era la primera vez que ambos se enamoraban, pasaban horas conversando juntos y nunca se cansaban, el tiempo se les hacía corto cuando convivían. En una noche Yair invitó a Ana a su departamento a una cena romántica con velas, rosas, vino y música, Ana le inquietaba estar sola con él porque lo amaba y fue inevitable que esa noche se entregaran el uno al otro, por primera vez conocían el amor y así pasaron juntos la noche y muchas más; posteriormente siguieron con su vida de novios y estudiantes.

Hasta que se enteraron de que Ana estaba embarazada, a los dos se les cerró el mundo pues solo eran estudiantes, sus papás los mantenían y además soñaban con terminar su carrera y ser alguien en la vida, Ana no dormía pensando en lo que pasaría si sus papás y los de su novio se enteraban, pues se enfrentarían a ciertas limitantes que traen consigo las obligaciones de la maternidad y la paternidad, como la necesidad de abandonar sus estudios y sin posibilidades de progresar por el desempleo que hay y su inexperiencia para trabajar, así ella optó por interrumpir su embarazo, pensó en tomarse las famosas pastillas abortivas pues apenas tenía once semanas de gestación, pero se atemorizó porque son peligrosas sin supervisión médica y todos los doctores a los que consultó se negaron a ayudarle, pensó en acudir a una clínica clandestina pero la idea de arriesgar su vida la atemorizaba aún más, el tener que ir a parar a un hospital donde seguro la denunciarían la ponía a temblar, se sentía impotente porque no podía decidir sobre su cuerpo y no tenía dinero para acudir a una clínica particular, imagina el grado de desesperación de Ana al sentirse vulnerable por no encontrar alternativas seguras para ella, estuvo al borde de cometer una locura, afortunadamente el aborto inducido ya era legal en la capital del país, su novio pudo conseguir un préstamo y Ana pudo practicarse una interrupción legal sin complicaciones y sin arriesgar su vida. (Basada en un hecho real).

Como el caso de Ana se presentan millones en toda la República, es una injusticia que se les criminalice por una decisión a la cual se ven orillada a tomar, y se añade que muchas de estas mujeres son indígenas o viven en zonas marginadas, mujeres de escasos recursos que optan por acudir con parteras o comadronas porque no les queda de otra, arriesgando su vida en condiciones insalubres. En el caso de las mujeres que se dedican a la prostitución por ser víctimas de comercio carnal o porque no encuentran otra forma de salir adelante; o en esas adolecentes que por su inmadurez se embarazan a corta edad, o sencillamente en las amas de casa o madres solteras que ya tienen varios hijos y no pueden mantenerlos se les pudiera juzgar, o cuestionar sus conductas, pero no frenarlas.

El acceso del aborto en México se ha convertido en un tema de justicia social pues éste depende del lugar de residencia y de las condiciones económicas de las mujeres, ya que aquellas que tienen recursos económicos pueden viajar al Distrito Federal para practicárselo, en cambio las mujeres de escasos recursos y las que viven en zonas marginadas no, pues la práctica del aborto en clínicas y hospitales privados oscila en precios de 3 mil 500 a 8 mil pesos; también el hecho de que cada entidad federativa establece distintas causas por las que se debe castigar el aborto, así como la variación de sanciones dependiendo de la región en que se viva, genera una situación de discriminación jurídica.

Éste es pues un problema latente en la sociedad en que vivimos, el hecho de que el aborto inducido sea legal en el Distrito Federal, ayuda parcialmente, pero no mitiga del todo la problemática; ya que según datos de la Organización de Naciones Unidas, en México el número de mujeres fallecidas a causa de los abortos es de mil a mil 500 cada año, 2 cada día en promedio; así el aborto está registrado de acuerdo con datos del sector salud del gobierno federal como la sexta causa de muerte materna en el país.

A lo largo de la historia se ha demostrado que el prohibir el aborto, penalizándolo, no ha disminuido ni erradicado su práctica, al contrario la ha agravado, puesto que aun así las mujeres siguen abortando de manera clandestina o insegura, poniendo en riesgo su vida y su integridad corporal, por ello se propone como alternativa una reforma que legalice o despenalice el aborto inducido en el Código Penal Federal antes de las 12 semanas de gestación, como pauta para que los demás estados que conforman la federación lo armonicen en sus respectivos Códigos Penales. La propuesta impacta a la población juvenil de quince a veintinueve años de edad, y me refiero no solo a las mujeres jóvenes, sino también a los hombres debido a que juegan un papel importante en el proceso sexual y reproductivo, las y los jóvenes representan un total de 36.2 millones en todo el territorio nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

Aunque se hace referencia a las mujeres quienes por su condición biológica son de alguna manera las protagonistas del embarazo, entre las edades que tienen las mujeres que abortan son: el 74.7 por ciento son mujeres jóvenes de 15 quince a 29 veintinueve años de edad, de las cuales, 47.8 por ciento son de 18 a 24 años, 22.2 por ciento son de 25 a 29 años y 4.7 por ciento son de 15 a 17 años; entre ellas estudiantes, empleadas, o amas de casa, que deciden no tener un hijo por diversas causas como: económicas, buscando dar una mejor educación y futuro a sus hijos; y por problemas conyugales, entre otras.

Sin dejar de considerar a los adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años de edad, quienes de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, el 23 por ciento inician una vida sexual activa de manera precoz y sin protección, incrementando así los riesgos de adquirir una enfermedad de transmisión sexual o de sufrir un embarazo no deseado.

Como ya lo mencioné el objetivo de la propuesta es plantear que se modifique  la figura del aborto del Código Penal Federal, en virtud de que éste actualmente solo en el Distrito Federal está legalizado, lo que constituye un avance en el reconocimiento a los derechos de las mujeres, sin embargo, esta es una problemática que aqueja también al resto de las entidades federativas de nuestro país, así como zonas rurales y marginales, por lo que es necesario reformar el Código Penal Federal, que es de aplicación en toda la República, como precedente para abrir la puerta a que los demás estados adecúen su legislación penal.

Considerando que esta problemática es a nivel nacional, no solo de uno o dos estados de la república, la cual se pretende solucionar con la legalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación en el Código Penal Federal, para disminuir las tasas de mortalidad materna en nuestro país por prácticas de abortos clandestinos; además se pretende que se garanticen el derechos sexuales y reproductivos de las mujeres consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos: Derecho libertad de decidir sobre su cuerpo, contemplado en el artículo 1o. Derecho a la protección de la salud, garantizándole los métodos seguros y de calidad para practicarse un ILE (Artículo 4 p3), Derechos reproductivos y de planificación familiar, es decir, el derecho básico de las personas a decidir sobre el número y esparcimiento de los hijos (artículo 4o. p2), Derecho a la no discriminación al tomar la decisión de tener hijos o no tenerlos (artículo 1 p5), Derecho a la integridad personal, a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 22), Derecho a la privacidad (artículo 6o.).

Por otro lado, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los Derechos Humanos de las mujeres como lo establece el artículo 1o. constitucional y los tratados internacionales firmados y ratificados por México, tutelando así el valor jurídico supremo de la Carta Magna; de igual manera todas las constituciones locales, leyes generales, leyes federales, leyes locales y sus reglamentos deben actuar conforme a lo previsto en ella, atendiendo a lo que establece el artículo 40 Constitucional que le otorga autonomía a los estados para expedir sus leyes internas, siempre y cuando no contravengan a las disposiciones constitucionales.

En este tenor y como sustento jurídico se encuentra el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad CNDH contra Legalización del Aborto en el DF 147/2007 (2008), mediante sentencia que determina la constitucionalidad de la reforma al Código Penal del Distrito Federal sobre la despenalización de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, con base en la protección de los derechos humanos de las mujeres en especial a la no discriminación.

Cabe mencionar que el despenalizar el aborto en el Código Penal Federal, no es del todo la solución sino también el hecho de que se establezcan políticas públicas en materia de salud, a fin de que se garanticen el acceso a la información médica y orientación psicológica de las personas que requieran este tipo de servicios en los hospitales públicos, para que puedan considerar los pros y los contras de practicarse un aborto inducido, y en caso de optar por éste como última instancia, el análisis de las consecuencias que trae consigo y así poder tomar una decisión informada, segura y responsable.

Por último ya se han vertido los argumentos en favor de que se legalice el aborto en todo el país, lo que constituye un tema muy amplio y complejo, una reforma al Código Penal Federal resolvería en parte, lo que se precisa es la ineficacia de los ordenamientos penales actuales al penalizar el aborto en las 32 entidades, ya que la sociedad, en los hechos, la ha despenalizado desde hace tiempo, pues hay muy pocos juicios por esta causa, en comparación con la frecuencia en que se practican. Considerando que no hay necesidad de mantener estas leyes, que además de no cumplirse, constituyen una grave afectación a los derechos humanos de las mujeres. Sería un gran avance que los todos los estados de la republica dieran paso a la legalización de la interrupción del embarazo, para permitir a las mujeres el acceso a que se practique en condiciones seguras, y por ende garantizar los derechos sexuales y reproductivos, ya observados en la Constitución Federal.

Por lo expuesto y fundado, la suscrita, diputada federal Crystal Tovar Aragón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo único: Se reforma el capítulo VI, Aborto. Libro Segundo. Titulo Decimonoveno Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal del Código Penal Federal. Para que quedar como sigue:

Capítulo VIAborto

Artículo 329. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.

Artículo 330. Se impondrá de seis meses a un año de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de gestación. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.

Artículo 331. Aborto forzado es la interrupción del embarazo, en cualquier momento de la preñez, sin el consentimiento de la mujer embarazada. Al que hiciere abortar a una mujer por cualquier medio sin su consentimiento, se le impondrán de cinco a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral, se impondrán de ocho a diez años de prisión.

Artículo 332. Cuando el aborto sea resultado de la conducta culposa de la mujer, se investigarán las causas que lo provocaron y el juez determinará si se impone o no sanción.

Artículo 333. Si el aborto o aborto forzado lo causare un médico, cirujano, enfermero o practicante, además de las sanciones que le correspondan conforme a este capítulo, se le suspenderá en el ejercicio de su  profesión u oficio por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.

Artículo 334. No se impondrá sanción:

I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación;

II. Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora;

III. Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para  diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que  puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada;

En cualquiera de estos casos, los médicos tendrán la  obligación de proporcionar a la mujer embarazada, información objetiva, veraz,  suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos; así como de los apoyos y alternativas existentes, para que la mujer embarazada pueda tomar la decisión de manera libre, informada y responsable.

Transitorios

Primero: el presente decreto entrará en vigor a los 120 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: la Cámara de Diputados deberá expedir las reformas pertinentes a la Ley General de Salud, para que se garanticen métodos seguros de acceso a la interrupción legal del embarazo en instituciones públicas de salud, en un plazo de tres meses a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

Tercero: el gobierno deberá establecer políticas públicas y acciones encaminadas a proporcionar asesoría médica profesional de manera gratuita, a las mujeres que consideren practicarse un aborto inducido, otorgando información necesaria para la toma decisiones de manera responsable. Así como apoyo psicológico en caso de ser necesario después de la interrupción del embarazo.

Cuarto: el gobierno establecerá políticas públicas tendientes a la información y capacitación de personal médico que labora en instituciones de salud pública sobre el proceso de interrupción legal del embarazo.

Quinto: se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas:

1 Cámara de Diputados. (2013). Código Penal Federal. Recuperado de [http://www.diputados.gob.mx]

2 Toracena, Rosario. Miradas sobre el aborto. Publicado por GIRE. Recuperado de

http://www.gire.org.mx/ index.php?option=com_zoo&task=item& item_id11&Itemid=1127&lang=es

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censo de Población y Vivienda. Cuestionario Básico. Consulta interactiva de datos. México, Inegi, 2012.

4 Alan Guttmacher Institute, Population Council y el Colegio de México (2006). Estimaciones del aborto inducido en México ¿Qué ha cambiado entre 1990 y 2006? En perspectivas Internacionales en Salud Sexual y Reproductiva, número especial de 2009, páginas 4 a 15. Recuperado de http://www.guttmacher.org/pubs/journals/3500409s.pdf

5 Instituto Nacional de Salud Pública. (2012). Encuesta Nacional de Salud. Recuperado de http://ensanut.insp.mx/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf

6 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2014). Recuperado de http://www.diputados.gob.mx

7 GIRE. (2013). Omisión e indiferencia: derechos reproductivos en México. Recuperado de http://www.gire.org.mx/ index.php?option=com_zoo&task=item& item_id=86&category_id=18& Itemid=1127&lang=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2014.— Diputada Crystal Tovar Aragón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION DE LOS DESPACHADORES DE GASOLINA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred a implantar acciones para prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina, a cargo del diputado Gerardo Francisco Liceaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Gerardo Liceaga Arteaga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, que tiene como objetivo exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implantar acciones a fin de prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina, con base en las siguientes

Consideraciones

Uno de los gremios de trabajadores más vulnerables del país son las personas que laboran en las gasolineras como despachadores.

Hombres, mujeres y hasta menores de edad son empleados por los franquiciatarios de Petróleos Mexicanos, quienes están sujetos en muchas ocasiones a jornadas de trabajo desiguales, injustas y poco, muy poco retribuidas. La mayoría de las veces estas personas únicamente tienen como sueldo las propinas que los automovilistas les damos por cargarnos gasolina pero la explotación por parte de sus patrones llega al extremo de reducirlas en caso de que no vendan durante el día otro tipo de productos como aceites y lubricantes.

Carecen de seguridad social a pesar del peligro que implica el desempeño de sus actividades, no se alimentan bien, tienen escasa educación, las posibilidades de capacitación y de otro tipo de oportunidades son muy reducidas o inexistentes y poca es la atención que les dispensamos a sus derechos humanos.

Desde hace varios años, los mexicanos nos hemos propuesto acciones para eliminar la discriminación, pero no hemos tenido el cuidado de legislar para cuidar a este núcleo de compatriotas que sufren de marginación extrema.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación desde su creación a partir de la promulgación de la Ley para prevenir y eliminar la Discriminación ha tenido la responsabilidad de establecer acciones conducentes para alcanzar dicho objeto, en base a la fracción II del artículo 17 de la ley referida, pero considero que es el momento de orientar sus tareas a velar por abatir la discriminación que se vive a diario en las gasolineras del país.

Por ello propongo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación incluya en sus programas de trabajo la atención del personal de las gasolineras para contar con datos fidedignos respecto a su situación salarial, conocer con certeza los riesgos de trabajo a que se enfrentan, saber si cuentan con el respaldo de los empresarios para que sean atendidos en casos de enfermedades y maternidad, invalidez, si tienen seguro de vida, de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, si cuentan con acceso a guardería y prestaciones social.

Asimismo, es importante que el Conapred indague cuáles son las jornadas a que están sometidos estos trabajadores y en qué condiciones higiénicas desempeñan su trabajo, si son respetados sus derechos humanos, si tienen algún apoyo para alimentación y vivienda, en fin, la realidad como lo señalo en esta exposición de motivos es alarmante y algo tenemos que hacer los legisladores para que se atienda por parte de las autoridades federales correspondientes.

Basta platicar con cualquier despachador de gasolina para saber que sufren condiciones de discriminación y desigualdad que tienen que ser atendidas con urgencia. El Estado tiene la obligación de procurar que los derechos humanos sean respetados, protegidos y garantizados.

Necesitamos que en las gasolineras del país exista igualdad de trato para los despachadores, lo que equivale e eliminar distinciones o exclusiones arbitrarias que están prohibidas por el principio de igualdad y no discriminación.

El reconocimiento de los derechos humanos en el artículo 1o. de la Constitución General de la República y el reconocimiento de los tratados internacionales suscritos por México nos obligan a preocuparnos y ocuparnos por resolver las injustas condiciones en que laboran los despachadores de las gasolineras.

Por lo manifestado someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a implantar acciones a fin de prevenir y eliminar la discriminación de los despachadores de gasolina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Gerardo Liceaga Arteaga (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE SINALOA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Semarnat a tomar medidas que garanticen la seguridad de los habitantes de Sinaloa y la protección del ambiente en las zonas mineras, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El que se suscribe, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, por los cuales se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Medio Ambiente a tomar medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de Sinaloa y la adecuada protección del ambiente en las zonas mineras del estado; de la misma forma, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a fin de que realice las verificaciones necesarias en las instalaciones mineras de Sinaloa para garantizar que se cumplen las normas de protección del ambiente y garantizar que las actividades que realizan no afectan la salud de la población.

Y por último, se exhorta se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa a realizar las verificaciones y tome las acciones necesarias para coordinarse con los tres niveles de gobierno a fin de garantizar la seguridad de la población que se encuentra en las zonas mineras de la entidad y que, de la misma forma, se auxilie a los afectados por el derrame registrado en el municipio de Concordia el 16 de octubre de 2014, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. La Profepa dio a conocer que se atiende un derrame de aproximadamente 10 mil 800 toneladas de residuos químicos, de la presa de la mina Dos Señores, en Concordia, Sinaloa y que podría haber contaminado el río Pánuco. Los jales mineros son los apilamientos de rocas molidas que quedan después que los minerales de interés, como plomo, zinc, cobre y plata, han sido extraídos de las rocas que los contienen, y de este material es el derrame que se está presentando en el agua.

Segunda. Aunque la Profepa señaló que hasta el momento desconoce la composición de los residuos, indicó que el material recorrió una distancia de 900 metros sobre el talud hacia terrenos fuera del depósito de lixiviados.

Tercera. Que la Profepa indicó que inspectores federales se trasladaron al lugar de la fuga para realizar el primer balance, a fin de verificar los daños ambientales ocasionados por el siniestro, ocurrido al filo de las siete de la mañana y reportado por el representante legal de la empresa casi tres horas después por vía telefónica.

Cuarta. Que los reportes preliminares obtenidos la noche del jueves señalan que el escurrimiento de los residuos mineros ocurrió por el descoronamiento de la presa de jales, por lo que fue necesaria la construcción de cuatro represos de emergencia para contener el escurrimiento.

Quinta. De acuerdo con medios locales, la corona de la represa de la mina Dos Señores tronó a consecuencia de las lluvias registradas en la zona serrana.

Sexta. Testimonios del personal de la planta establecen que el desbordamiento de la presa de jales escurrió directamente al arroyo Las Charcas, que a 100 metros desemboca con el río Pánuco.

Séptima. Que Protección Civil estatal alertó a los pobladores de las comunidades de Chupaderos, Magistral, San Lorenzo y Cacalotán que no utilicen el agua de este afluente y retiren al ganado de la zona. Por ello la población teme una situación similar a la que se vive en Sonora.

Octava. Concordia, Elota, Cosalá, San Ignacio han tenido problemas serios de contaminación a causa de las mineras, y poco se ha hecho por parte de la autoridades estatales y federales por ello.

Novena. Algunas granjas acuícolas cada año están perdiendo su producción debido a filtraciones en el agua de sus presas y que al final esa agua alimenta los estanques lo que termina por acabar con toda la larva por intoxicación.

Décima. El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, dijo que se tomarán medidas para proteger a la población y recordó que después del derrame de químicos de la mina de Sonora, ya había recomendado a la Profepa, Semarnat y Conagua revisar la operación de todas las minas de Sinaloa y las de Durango que desembocan en aguas de Sinaloa, esto para evitar accidentes.

Undécima. Luego del derrame de alrededor de 10 mil 800 toneladas de jales en la mina Dos Señores, en las inmediaciones de Pánuco, Concordia, el alcalde Alfredo Vizcarra Díaz, dio declaraciones informando que se están realizando los estudios correspondientes para determinar los daños en el arroyo que corre por la región dada la magnitud de los materiales que se introdujeron al agua, hizo un llamado a los habitantes desde las comunidades de la Guásima hasta los Ciruelos a seguir las recomendaciones que se emitieron, principalmente por Protección Civil, para evitar daños en la salud, entre las que destacan evitar el uso para consumo o baño del agua del mencionado arroyo.

Duodécima. En Sinaloa hay 38 minas, las cuales deben de ser inspeccionadas, además de revisar un total de mil 440 títulos a fin de conocer si estos yacimientos están operando en condiciones adecuadas. La actividad minera es una de las actividades económicas que aporta anualmente al producto interno bruto de Sinaloa, hasta ahora se tienen 16 millones de pesos según cifras del secretario de Desarrollo Económico, Aarón Rivas. Esto quiere decir que el valor del Producto Interno Bruto en Sinaloa está oscilando en los 65 mil millones de pesos, por debajo de la media nacional y en el mes de noviembre se abrirá una nueva industria minera, donde se invertirán 40 millones de dólares en el municipio de El Rosario que generará 150 empleos pero puede provocar también cambios al ambiente como en Cosalá, por lo que las medidas de seguridad deben ser sumamente claras.

Por todo lo anterior, en este trabajo legislativo solicito que de forma puntual y expedita se realice una investigación urgente a fondo en las mineras de Sinaloa es para evitar un desastre ecológico como el acontecido en Sonora, principalmente en el área de Concordia y se informe a esta soberanía del estado que guarda la región en estos momentos y se tomen las medidas de seguridad y en su caso de emergencia para salvaguardar a la población y el ambiente.

En virtud de lo expuesto, solicito a esta soberanía que se apruebe los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Medio Ambiente a tomar medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de Sinaloa y la adecuada protección del ambiente en las zonas mineras del estado.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruya a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fin de que realice las verificaciones necesarias en las instalaciones mineras de Sinaloa para garantizar que se cumplen las normas de protección del ambiente y garantizar que las actividades que efectúan no afecten la salud de la población.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa a realizar las verificaciones y tomar las acciones necesarias para coordinarse con los tres niveles de gobierno a fin de garantizar la seguridad de la población que se encuentra en las zonas mineras de la entidad y que, de la misma forma, se auxilie a los afectados por el derrame registrado en Concordia el 16 de octubre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

REVISION MINUCIOSA DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Condusef a realizar una revisión minuciosa sobre las irregularidades y el funcionamiento de las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal por Oaxaca, Roberto López Rosado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la proposición con punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

El pasado 3 de julio del presente año, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informaron que 120 sociedades financieras de objeto múltiple, Sofomes, están en posibilidad de ser reguladas con la llegada de la reforma financiera, la cual posibilita a una Sofomes no regulada migrar a la regulación y supervisión de las autoridades, siempre y cuando tengan un vínculo patrimonial con algún intermediario autorizado. La evolución de las Sofomes, ENR, ha sido muy dinámica en los últimos años, pues de 38 sociedades que se dieron de alta en 2006 –año en que empezó a operar esta nueva figura–, a la fecha existen 3 mil 657, de las cuales 2 mil 715 están dadas de alta debidamente, con el objetivo fundamental de otorgar crédito al consumo, a la vivienda, a las Pymes, al arrendamiento financiero y el factoraje. En total cuentan con un capital social de poco más de 8 mil 500 millones de pesos.

Cabe aclarar que las Sofomes son entidades financieras que, a través de la obtención de recursos mediante el fondeo en instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda, otorgan crédito al público de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero y factoraje. Una Sofomes, a diferencia de las casas de empeño, no puede captar recursos del público y no requiere de la autorización del gobierno federal para constituirse. Estas entidades financieras gozan de las mismas ventajas fiscales y procesales que tenían al ser arrendadoras y empresas de factoraje, adicionándoseles algunas ventajas civiles al ser empresas mercantiles.

Por tanto, las Sofomes son instituciones financieras no reguladas o no convencionales sin fines de lucro, que no sólo están presentes sino que han demostrado que las pequeñas y medianas empresas rurales son sujetos de crédito viables, siempre y cuando se les apliquen políticas y condiciones adaptadas a sus sistemas de producción.

En su mayoría, son las familias campesinas las que buscan el servicio de una Sofomes para requerir créditos adecuados y espacios para poder ahorrar. Sin embargo, según informa la Condusef tiene detectadas 40 cláusulas abusivas en los contratos de adhesión de 27 sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, Sofomes, ENR, de acuerdo con el Buró de Entidades Financieras. Entre los ejercicios abusivos más comunes que se observan en los créditos de nómina otorgados por las Sofomes, ENR, se encuentra el cobro de intereses moratorios y comisión por pago tardío, no pago, cobranza o cualquier otro concepto equivalente.

También dan por vencido anticipadamente el crédito si el cliente se atrasa con otros préstamos en la institución, y establecen que si la empresa para la que labora el acreditado no paga al acreditante, la obligación de pago seguirá siendo del acreditado, a pesar de que el descuento ya se haya hecho a su nómina.

Aunque estas cláusulas abusivas están plasmadas en el Buró de Entidades Financieras, que presenta información correspondiente al primer semestre del año, la Condusef destaca que éstas fueron detectadas en los ejercicios de evaluación en materia de transparencia financiera de 2013, previo a la entrada en vigor de la reforma financiera.

Las Sofomes que más cláusulas abusivas manejan en sus contratos son: Su Servicio Financiero, Serfimex Capital, Finactiv, Value Arrendadora, Fomepade, Attendo, Quincena Simple, Financiera Apóyate, Ako Credit y Cibago Capital. Estas empresas están enfocadas a ofrecer crédito simple, para auto, de nómina y de actividad empresarial.

Ante las irregularidades mencionadas, la Condusef ha establecido líneas de acción de acuerdo a la reforma financiera aprobada este año, la cual menciona que no debe ajustarse el monto de las multas que aplique a los intermediarios financieros no bancarios que incurran en alguna mala práctica conforme a su tamaño o sector al que pertenecen, sin embargo, algunos representantes de dichas instituciones levantan la voz en contra de esta medida, tal como Manuel Duarte Ramírez, representante de la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, que argumenta que la diferenciación de multas no es cuestión de la CONDUSEF sino del trabajo legislativo, además de recalcar que al momento de que se planteó la reforma financiera, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni el Congreso de la Unión tomaron en cuenta las necesidades de los actores de las finanzas populares, como son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos.

La vulnerabilidad del usuario ante éstas sociedades no reguladas aumenta, es por ello que la Condusef implanta medidas para Sofomes que ya están en operación, tales como: 1) registrar sus contratos de adhesión en el Registro de Comisiones para que puedan ofertar sus productos a mercado abierto; 2) dar de alta las comisiones que cobran en el Registro de Comisiones (Reco) y, 3) en su caso, asistir a las juntas de conciliación para desahogar las controversias que presenten los usuarios en contra de ellas.

Inclusive, aun cuando no se encuentren realizando operaciones de crédito, deben de cumplir con determinadas obligaciones como: 1) Inscribirse en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros; 2) Constituir la Unidad Especializada, y 3) Rendir el informe trimestral de consultas y reclamaciones, entre otras.

Al no cumplir con algunas de las obligaciones anteriores, es motivo, de que el número de sanciones impuestas a las Sofomes, ENR, haya aumentado. Tan sólo en el año 2011, se impusieron mil 126 multas, lo cual equivale a 29.5 millones de pesos. A 563 entidades por incumplir la Ley de Condusef y a otras 161 por faltar a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Por tanto, se reitera, independientemente de que su nombre señala “que no son reguladas”, tienen múltiples obligaciones con la Condusef, frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de lavado de dinero y con el Sistema de Administración Tributaria en cuanto a sus obligaciones fiscales.

Por tal motivo se exhorta a la Condusef vigilar con más atención el funcionamiento hacia las Sociedades no Reguladas con el fin de detener el incremento de índices de abuso y así hacer cumplir la Ley que protege al consumidor; así como contar con un proceso más estricto para el registro de una nueva Sofomes y establecer multas justas, en caso de que éstas incumplan con algún estatuto que la Condusef señala.

Punto de Acuerdo

Único.Con el fin de regularizar el funcionamiento de las Sofomes se exhorta al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros poner a disposición de los ciudadanos en su portal de internet las irregularidades y funcionamiento de las sociedades Financieras de Objeto Múltiple, con el objetivo de evitar abusos por falta de información clara y veraz hacia los usuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, DF, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Roberto López Rosado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CARTERA VENCIDA QUE TIENEN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la problemática de cartera vencida que tienen los productores agropecuarios con la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Héctor Narcia Álvarez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Héctor Narcia Álvarez, diputado a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cartera vencida del sector agropecuario

La cartera vencida y el escaso financiamiento a las actividades agropecuarias impiden que la recuperación económica llegue al campo. A pesar de los importantes esfuerzos realizados durante los últimos años para impulsar el desarrollo del sector agrícola, éste sigue presentando un grave rezago económico y social. Ello se refleja en baja productividad del sector, pobreza extrema, abandono de tierras, hambre, inseguridad y desesperanza.

En la última década, los productores del campo vieron fuertemente disminuidos sus ingresos, producto de la falta de una política de apoyo eficaz que llenara el vacío que dejó la desaparición de instituciones como Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), Fertilizantes Mexicanos, SA (Fertimex), Financiera Rural (Banrural), Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera SA (Anagsa), Bodegas Rurales Conasupo SA de CV (Boruconsa) y Ferrocarriles Nacionales, entre otras. También ha sido este el periodo en que el Tratado de Libre Comercio tuvo su mayor impacto.

Actualmente, los pequeños productores del campo enfrentan una creciente incapacidad para hacer frente a sus obligaciones crediticias. Esto es resultado no sólo de la caída de los precios agrícolas, el aumento de los costos de producción, el lento desplazamiento de las cosechas –afectado por las importaciones excesivas- y el retraso en la entrega de los incentivos gubernamentales, sino también de las muy desfavorables condiciones climatológicas que han afectado a nuestro país.

El estancamiento de la producción es un reflejo de ello, lo que queda evidenciado con las siguientes cifras: según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), de 1999 a 2012 las importaciones de maíz crecieron 98 por ciento en volumen y 488 por ciento en valor, las de trigo 66 por ciento y 312 por ciento, las de arroz 61 por ciento y 202 por ciento y las de frijol 257 por ciento y 488 por ciento. Sin dejar de ser el principal importador de leche en polvo a nivel mundial, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA), México aumentó en 44 por ciento el volumen de las importaciones de ese producto de 2002 a 2010. El desmedido ingreso de esos y otros bienes del exterior –aun de países con los que no tenemos tratado de libre comercio-, ha representado para nuestros productores nacionales una competencia desleal por el nivel de subsidios que tienen los de afuera. Baste decir que el ingreso de granos como el maíz y el sorgo, que hemos visto en los últimos años de países como Argentina, Sudáfrica y Brasil, entre otros, han sido de gran impacto porque sus productores agropecuarios cuentan con grandes estímulos, sobre todo en financiamientos con tasas de interés muy competitivas, como las de Brasil, donde ese nivel es de tres puntos porcentuales al año.

Un hecho que afectó tremendamente a los productores mexicanos fue el decreto de la Secretaría de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2008, mediante el cual se modificó la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, dejando las importaciones de maíz blanco (harinero), aun las provenientes de terceros países, exentas de impuesto de importación, lo que inundó el mercado de ese producto y evitó el desplazamiento de las cosechas nacionales y el estancamiento de los precios de ese grano. Ese y otros decretos similares, motivaron a esta honorable Cámara a aprobar diversos puntos de acuerdo, a efecto de frenar las importaciones de diversos bienes; entre esos, destacan los siguientes:

• Del 18 de octubre de 2012, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que cierre la importación de frijol, procedente de Estados Unidos de América.

• Del 26 de noviembre de 2013, el punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a gravar con una tasa de 20 por ciento la importación de limón persa.

• Del 4 de febrero de 2014, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que regule de manera urgente la importación de manzana.

• Del 25 de junio de 2014, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para dar una solución inmediata al cierre de frontera por la importación de papa.

Como antecedente adicional de la problemática antes mencionada, está el punto de acuerdo del Senado de la República de fecha 10 de octubre de 2013, en el que se solicitaba la eliminación del decreto antes referido.

En México, a pesar de que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobada en 2001, contempla en sus artículos del 116 al 123, la creación del Sistema Nacional de Financiamiento Rural, para que los productores de todos los estratos, y sus organizaciones económicas, y las empresas sociales, puedan disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles, y puedan desarrollar exitosamente sus actividades económicas, sólo 8 por ciento de los productores tiene acceso a financiamiento y éste sigue siendo inoportuno y caro, en comparación con el de los países con los que mantenemos intercambio comercial. No debe dejarse de lado el esfuerzo realizado por las unidades de producción para aportar garantías líquidas hasta por 30 por ciento del monto financiado, recursos con los que no contaban y que tuvieron que conseguir con terceros, en su mayoría agiotistas, a tasas de interés del orden de 10 por ciento mensual, lo que les provocó un doble daño.

Asimismo, aunque en la misma ley, entre los artículos del 124 al 133, se resalta la necesidad de que los productores cuenten con apoyos parciales para cubrir el costo de las primas del servicio de seguro agrícola y de mercado, los niveles de cobertura han sido insuficientes hasta para solventar el pago de los adeudos contraídos con la banca. Las empresas aseguradoras se limitaron a vender primas de seguro muy básicas, con las que se cubría el requisito de tener un seguro para recibir el crédito, pero que no protegían las inversiones realizadas con recursos propios y prestados.

Es destacable también que la falta de maquinaria, equipo agrícola, capacitación, asistencia técnica e infraestructura comercial, aunada a la insuficiente difusión y adopción por los productores de los esquemas de coberturas de precio y agricultura por contrato, los severos fenómenos climatológicos de los últimos años y la falta de políticas públicas eficaces, no sólo han mermado la capitalización del campo, sino que lo han llevado a la bancarrota.

Más grave es el hecho de que el patrimonio de las familias rurales y las unidades de producción se ha disminuido considerablemente, derivado de la afectación de sus garantías líquidas, prendarias e hipotecarias. Las adjudicaciones, embargos y remates de esos pocos recursos, constituyen un auténtico despojo de los pocos medios de supervivencia de miles, amén del registro –discriminatorio- que se hace de los deudores en el Buró de Crédito.

Los productores que con el afán de competir y subsistir sin apoyo alguno, en un mercado globalizado, deben superar esa crisis y contar con una solución que les permita reactivar su actividad y dejar de padecer el acoso y humillación de que son objeto por parte de los intermediarios financieros y sus despachos de cobranza.

Esto, que pudiéramos llamar la tragedia económica del sector agropecuario, no sólo ha generado cartera vencida, sino que ha ocasionado un clima de incertidumbre y desconfianza, corre el riesgo de ampliar la senda de desestabilización social e inseguridad por la que transitan otros sectores de la sociedad.

De 2003 a marzo de 2014, la cartera vencida que se ha generado en el sector asciende a 6,152,767,771.00 (seis mil ciento cincuenta y dos millones, setecientos sesenta y siete mil, setecientos setenta y un pesos), incluyendo capital, intereses ordinarios e intereses moratorios; a esta cantidad hay que adicionar 75,228,690.16 (setenta y cinco millones, doscientos veintiocho mil, seiscientos noventa pesos 16/100) por concepto de trámites judiciales y honorarios de abogados externos, para hacer un monto total vencido de 6,227,996,461.10 (seis mil doscientos veintisiete millones, novecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y un pesos 10/100).Se anexa información correspondiente.

De ese total, 5,274,084,255.16 (cinco mil doscientos setenta y cuatro millones de pesos, ochenta y cuatro mil, doscientos cincuenta y cinco pesos 16/100) corresponden a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), integrados de la siguiente manera: 4,311,806,510.84 (cuatro mil trescientos once millones, ochocientos seis mil, quinientos diez pesos 84/100) corresponden a capital; 91,904,940.32 (ciento noventa y un millones, novecientos cuatro mil, novecientos cuarenta pesos 32/100) corresponden a intereses vencidos y 770,372,804 (setecientos setenta millones, trescientos setenta y dos mil, ochocientos cuatro pesos 00/100) corresponden a intereses moratorios. Los créditos vencidos en FIRA ascienden a 38 mil en 990 municipios.

Respecto de la Financiera Nacional, esta institución reporta una cartera total vencida por la cantidad de 953,912,205.90 (Novecientos cincuenta y tres millones, novecientos doce mil, doscientos cinco pesos 90/100), desglosada como sigue: 781,400,000.00 (Setecientos ochenta y un millones, cuatrocientos mil pesos 00/100), corresponden a capital; 37,000,000.00 (Treinta y siete millones de pesos 00/100), a intereses ordinarios; 60,300,000.00 (Sesenta millones, trescientos mil pesos 00/100) de intereses moratorios; 55,721,558.59 (Cincuenta y cinco millones, setecientos veintiún mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 59/100), a gastos por juicios y 19,507,131.57 (Diecinueve millones, quinientos siete mil, ciento treinta y un pesos 57/100) por pago de honorarios a abogados externos. Los créditos vencidos en Financiera Nacional son 8 mil 277.

Al no poder cumplir con sus compromisos, los productores deudores enfrentan también serios problemas para obtener nuevos financiamientos. De esta manera, la falta de capacidad de pago de los productores, aunada a las dificultades para acceder a nuevos recursos para ser invertidos en proyectos rentables, genera un círculo vicioso que impide impulsar el crecimiento de este sector.

La problemática antes expuesta requiere una atención urgente que resuelva de una vez por todas la condición de miles de pequeños y medianos productores. En nuestro país tenemos como antecedente el esfuerzo de las instituciones para resolver problemáticas similares, tal como el Programa de Apoyo Financiero al Sector Agropecuario y Pesquero (Finape), implementado por el presidente Ernesto Zedillo en 1996.

Por todo lo anterior, como integrante del Partido Verde Ecologista de México, se pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición de obvia y urgente resolución, con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se mandata a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Sistemas de Riego, a la elaboración de una propuesta que busque la solución urgente y de fondo al problema que presentan los productores del sector agropecuario de los diferentes estados y regiones del país, particularmente los de granos, y otros cultivos básicos y estratégicos, y de los pequeños y medianos ganaderos, respecto de los créditos de avío y refaccionarios (incluidos los de maquinaria agrícola) que están en cartera vencida o legal con la Financiera Nacional y con los intermediarios financieros fondeados por FIRA, buscando, entre otras cosas, la suspensión definitiva de todo tipo de juicio en su contra y su exención del buró de crédito.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sume a la atención inmediata de esa problemática y elabore una propuesta que permita la reactivación del financiamiento para los pequeños y medianos productores agropecuarios del país, particularmente para aquellos que hoy están en cartera vencida o legal.

El trabajo que como diputados podamos hacer, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, beneficiaría a más de 46 mil productores y sus familias; conllevaría la generación de empleos y permitiría la reconstrucción del tejido social y económico en el medio rural y el aprovechamiento unidades de producción y la amplia experiencia de los hombres y mujeres del campo, todo lo cual favorezca el aumento de la producción de alimentos, el logro de la soberanía y seguridad alimentaria y la disminución de la marginación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Héctor Narcia Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública, para dictamen.

TERMINAR CON EL CONFLICTO ENTRE LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN MIXTEPEC Y SANTO DOMINGO YOSOÑAMA

«Proposición conn punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob y al gobernador de Oaxaca a terminar con el conflicto entre las comunidades de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Monreal Ávila, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La comunidad de San Juan Mixtepec en el Distrito de Juxtlahuaca, estado de Oaxaca, cuenta con resolución presidencial de reconocimiento y titulación de bienes comunales con fecha de 10 de marzo de 1967, cuenta con títulos primordiales que datan del año 1595, posee una superficie total reconocida de treinta y ocho mil cuatro hectáreas, dos áreas y tiene un número total de 2125 comuneros.

Por otra parte la comunidad agraria de Santo Domingo Yosoñama fue creada legalmente mediante sentencia de 8 de marzo de 1995, dictada en el expediente agrario 55/1994, del hoy Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, cuenta con una superficie reconocida de doce mil doscientos ochenta y dos hectáreas y tiene 994 comuneros.

Desde hace más de 20 años, las comunidades de San Juan Mixtepec y Santo Domingo Yosoñama han mantenido un conflicto por la propiedad y posesión de más de mil setecientas hectáreas de tierra; jurídicamente las tierras en comento le pertenecen a la comunidad de San Juan Mixtepec, lo cual se encuentra debidamente acreditado en el expediente 246/1996 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46 adscrito a Huajuapan de León, Oaxaca.

Lamentablemente este conflicto ha dejado de ser agrario y se ha convertido en un asunto social y político, esto debido a que la comunidad de Santo Domingo Yosoñama rechaza la sentencia donde se solicita la devolución de las tierras, y no solo esto, sino que también se ha negado a que se realice la inspección por las diversas instancias, para comprobar hay familias que se encuentran viviendo en los terrenos, como así lo han expresado.

En 2008 las autoridades realizaron el deslinde de terreno en compañía de la fuerza pública, para poder garantizar la protección pero al momento de que las autoridades se ausentaron, los pobladores de Santo Domingo quitaron los señalamientos.

Los comuneros han acudido a los diversos niveles de gobierno, en varias ocasiones, solicitando la instauración de Bases de Operaciones Mixtas, en el 2010 se llegó a un acuerdo con el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Gobernación y el Gobierno del Estado para que se gestionara la presencia de Seguridad Pública dentro de una de las zonas para con esto, poder disminuir los hechos delictivos, lamentablemente este convenio solo duro un par de semanas, por lo que, en el mes de julio de 2014 la comunidad acudió nuevamente en busca del apoyo del Gobierno Estatal para su intervención, en esta ocasión se pactó un acuerdo más amplio en el que se convenía la instauración de una base militar para la protección del municipio en comento, que hasta la fecha no se ha cumplimentado, pese a que la comunidad entregó las tierras que las autoridades les requirieron en calidad de comodato, esto para la construcción de la base militar.

Los actos delictivos han continuado, no se ha podido poner fin a este conflicto, debido a la falta de cooperación entre las comunidades, que por dicho de algunos, y debido a la presencia del movimiento denominado Antorcha Campesina.

Resulta imperiosa la intervención inmediata y expedita por parte de las autoridades para terminar con este conflicto, ¿Cuántos muertos más se necesitan para poner solución al conflicto? A la fecha han sucedido 17 homicidios, entre ellos el de 15 civiles y 2 policías ministeriales, y al menos 20 heridos, sin contar las casas, autos y cultivos que han sido quemados, y el temor al que se enfrentan día a día los pobladores de la comunidad.

La situación de San Juan Mixtepec se ha vuelto lamentable, ya que las escuelas han cerrado por el temor a que los menores sean víctimas de esta organización, se ha dejado de cultivar la tierra, en general viven en una constante zozobra.

El acceso principal del palacio municipal se encuentra bloqueado por el Movimiento Antorcha Campesina justificando que es para “resolver el conflicto agrario”, problema que ya cuenta con un respaldo judicial, pero que se niegan a cumplimentar.

Si el objetivo fuera conseguir un acercamiento entre las comunidades, ya se hubiera llevado a cabo, ya que a lo largo de los años se ha propuesto, al parecer la comunidad de Santo Domingo en ningún momento se ha prestado para tal efecto porque este tema va más allá de la posesión de la tierra, esto es un conflicto social de dimensión extraordinaria.

Por lo anteriormente expuesto propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, para coadyuvar a la solución del conflicto entre las comunidades de Santo Domingo Yosoñama y de San Juan Mixtepec, así como también dar formal cumplimiento con lo que se estableció en el acuerdo de 15 de julio del 2014 para instrumentar un plan óptimo de seguridad en ambas comunidades.

Segundo.Se exhorta al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca de Juárez para coadyuvar a la solución del conflicto entre las comunidades de Santo Domingo Yosoñama y de San Juan Mixtepec, así como también dar formal cumplimiento con lo que se estableció en el acuerdo de 15 de julio del 2014 para instrumentar un plan óptimo de seguridad en ambas comunidades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

AUDITORIA FINANCIERA A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso local a realizar por su órgano de fiscalización una extensiva auditoría financiera a la Universidad Autónoma de Baja California, a cargo del diputado Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), es una de las universidades de mayor prestigio académico, que nos enorgullece a todos los baja californianos. Esta institución reúne entre licenciaturas, especialidades y posgrados, a cerca de 60 mil estudiantes, los cuales reciben en sus aulas educación de primera calidad.

Si bien, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es una institución pública de educación superior, ésta no se encuentra bajo el control de la administración del estado y posee completa autoridad legal para llevar a cabo sus funciones centrales: investigación, difusión cultural y servicio a la comunidad. Como lo define la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California (LOUABC), esta universidad es una institución de servicio público, descentralizada de la administración del estado y con plena capacidad jurídica.

Por efecto del artículo 19 de la misma LOUABC, para su funcionamiento y administración, el Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California está encomendado a la Junta de Gobierno; el Consejo Universitario; el Rector; el Patronato Universitario; los Directores de facultades, escuelas e institutos y el Consejos Técnicos y de Investigación.

La Junta de Gobierno (JG), es un órgano colegiado integrado por once notables, que deben de haberse distinguido en su especialidad, haber demostrado interés en asuntos universitarios o de índole cultural, y gozar de estimación general como persona honorable y prudente.

Dentro de las facultades que la propia LOUABC en su artículo 22, fracción I, le confiere a está JG, se tiene la de nombrar al rector de esta casa de estudios, que es la máxima autoridad administrativa de la misma.

El próximo relevo de la rectoría se dará a principios del año venidero, motivo por el cual el 20 de octubre del año en curso, la JG emitió la convocatoria para la elección del que será el próximo rector para el periodo 2015-2019. Y aun cuando arrancan los trabajos del 3 al 5 de noviembre con la recepción de solicitudes de los interesados en ocupar tan honroso puesto, será hasta el 27 de enero de 2015 cuando tome posesión quien resulte electo.

Para lo anterior, por primera vez en su historia, en los distintos campus de la UABC se han llevado a cabo foros de opinión, en los que académicos, estudiantes y trabajadores de la institución, vertieron sus opiniones sobre varios temas que atañen al buen funcionamiento de esta su universidad, entre estos temas se dieron los referentes a delinear el perfil del nuevo rector o rectora, la comunidad universitaria presentó sus propuestas sobre a quién quieren como su rector.

Es de señalarse que tradicionalmente, la elección del rector sucedía la primera semana de noviembre de cada cuatro años, pero en la elección de 2011 la división en la Junta de Gobierno retrasó el proceso de selección, entre las causas que la opinión pública le atribuyó al empantanamiento de la designación, fue el de la injerencias de agentes externos a la UABC, que buscaban imponer a su candidato.

Dada la importancia que tiene para la vida de una entidad federativa su principal universidad pública, es entendible pero no justificable, que los funcionarios estatales y el mismo gobernador quieran influir en la elección del rector, pero esto no es sano para la institución académica en cuestión. Si bien el puesto de rector es un puesto hasta cierto punto político, también es cierto, que la designación del mismo debe de atender a otros criterios que rebasan el ámbito de la política y se suscriben en el ámbito de lo académico y la propia “vida” de la institución educativa.

En otro orden de ideas, la transparencia es una característica que distingue a las sociedades democráticas, en lo general, México aspira a ser un país democrático, donde este principio se respete, en lo particular, los bajacalifornianos deseamos que la transparencia sea un punto nodal que prevalezca en todos los actos de las instituciones que reciben recursos del erario público.

Máxime cuando la sociedad está cuestionando si en determinada institución se está administrando de manera correcta, apegada a la normatividad aplicable con respecto al manejo de los recursos económicos que la sociedad le entregó.

Esto viene a colación porque actualmente la sociedad bajacaliforniana y la comunidad universitaria cuestionan la correcta aplicación de los recursos entregados a la UABC. Por dar tan sólo un ejemplo, es sabido que con los fondos de la institución la actual administración especuló en la bolsa de valores, lo que podría contradecir la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, del Estado de Baja California.

Se estima que fueron 150 millones de pesos los que el rector, puso en manos de la Bolsa de Valores tan solo durante el 2012, lo que va contra el artículo 19 de la Ley antes citada, que ordena depositar todas las entradas en efectivo en cuentas bancarias, “procurando obtener los mejores rendimientos financieros”. Este y otros asuntos que se vienen dando desde hace años, donde no queda claro el manejo de los recursos económicos de la UABC, tienen que ser investigados.

Dentro de la transparencia podemos enmarcar la rendición de cuentas claras, el saber en qué se ocuparon los recursos económicos, de tal forma que, una auditoría financiera es un ejercicio sano, que beneficia a todos, al que recibe la administración de la institución auditada, ya que se le entrega con certeza del estado que con respecto a la normatividad aplicable guardan las finanzas, al que entrega lo beneficia porque evidencia la honradez y eficiencia de su quehacer como funcionario, y a la sociedad, porque nos da certidumbre en lo referente a la correcta aplicación del dinero que entregamos a la institución auditada.

El que un órgano especializado y por ley facultado para realizar auditorías, como lo es el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (OFSBC), de ninguna manera constituye una violación a la autonomía universitaria.

La autonomía universitaria no debe de confundirse con extraterritorialidad jurídica, la autonomía tiene su razón de ser en la libertad de catedra que debe de gozar los profesores para su buen desempeño, en la posibilidad de razonar y debatir con libertad de opinión en las aulas sobre los temas propios de las materias impartidas, y es más, de debatir y razonar sobre temas políticos y de interés para la vida del estado, del país y de la sociedad, es decir, es una autonomía académica, que permite en el ámbito universitario el intercambio de ideas y la construcción del conocimiento, pero de ninguna manera es un fuero para extraerse de la jurisdicción, del imperio de la ley.

Por otra parte, el OFSBC cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones; cuyas atribuciones y responsabilidades se desarrollan conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, reguladas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y por la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 37 Fracción VII de la Constitución estatal, así como lo dispuesto por los Artículos 98 y 100 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, el OFSBC cuenta con las atribuciones para fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y particulares, cuando manejen recursos de origen público; así como de emitir opinión jurídica respecto a iniciativas y reformas a leyes, acuerdos y decretos en materia hacendaria, que le sean solicitadas por el Congreso del Estado o sus Comisiones.

Por lo anterior, queda claro que el OFSBC es la instancia óptima para auditar los recursos económicos entregados a la UABC, sin que esto represente una intromisión en la vida académica o autonomía de nuestra máxima casa de estudios del Estado de Baja California.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado a la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, a fin que a través de sus facultades instruya al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, para que realice una extensiva auditoría financiera, a la Universidad Autónoma de Baja California que abarque cuando menos los últimos cinco años.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado al gobernador del estado de Baja California, para que se abstenga de intervenir, ya sea de forma personal, o por medio de algún propio, en la elección del Rector de la Universidad Autónoma de Baja California.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con todo respeto hacia la autonomía universitaria, hace una atenta solicitud a los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California, a fin que no se presten a influencias externas a esta prestigiada institución educativa y voten en conciencia por la persona que a su parecer sea la más indicada para ocupar la Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Jaime Bonilla Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

CAPACITACION A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar programas de apoyo y capacitación a los pequeños agricultores en cuanto a las formas de cultivo, riego y sustentabilidad ambiental, a cargo de la diputada Cristina Olvera Barrios, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Cristina Olvera Barrios, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII; 6o., fracción I; 62, numeral 2 y 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, instituido con la finalidad de concientizar a los pueblos sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.

Cuando se habla de alimentación, necesariamente se alude a la nutrición; por ello, es conveniente definir el concepto de nutrición que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo.

Una buena nutrición es la base para la salud, el bienestar, el desarrollo físico, cognitivo y la productividad económica del ser humano.

La problemática del hambre afecta a más de 805 millones de personas alrededor del mundo y en México, deja en promedio a 8 mil 500 personas muertas por deficiencias nutricionales anualmente, señalan cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el mapa del hambre realizado por la FAO para este año, una de cada nueve personas en todo el mundo padecía subalimentación crónica o hambre, entre el 2012 y 2014. Es decir, no disponían de suficiente comida para llevar una vida activa y sana y pese a que la cifra se ha reducido en 100 millones durante la última década, aún implica un problema de grandes dimensiones.

En su informe más reciente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señaló que en 2010 un 25 por ciento de la población mexicana, es decir, 28 millones de personas, tenían un acceso deficiente a la alimentación por falta de capacidad tanto económica como social.

De acuerdo con la organización Oxfam, a pesar de que México se encuentra entre las principales economías globales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta hambre y 18.2 por ciento de la población se encuentra en pobreza alimentaria, además de que existe una creciente dependencia en la importación de alimentos.

Entre los años 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales, es decir, 23.4 por día, según datos del Inegi.

Por su parte, la FAO señaló que aproximadamente 20 millones de habitantes consumen la mitad o menos de los requerimientos mínimos nutricionales que, deben ser entre 2 mil 600 y 3 mil calorías diarias, y un porcentaje importante sólo ingiere entre 35 y 40 gramos de proteínas, cuando se recomienda de 70 a 80 gramos.

Aunado a ello, el ranking nacional de nutrición infantil (RANNI) dio a conocer que en México hay 1.5 millones de niños que sufren desnutrición crónica y dos millones más padecen anemia.

México enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario. Ante dicha situación el gobierno Federal ha puesto en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el propósito de combatir el problema con recursos económicos y comedores para las comunidades más pobres del país, mismo que actualmente beneficia a 3.5 millones de personas.

Si bien esta Cruzada significa un gran avance en el combate a la pobreza extrema alimentaria, es necesaria una estrategia integral que vaya más allá de sólo entregar alimentos; de lo contrario, se corre el riesgo de que estos esfuerzos no se conviertan en un cambio verdadero, que no exista una mejora del sistema alimentario y que todo quede en un nivel de asistencialismo.

Se requiere que las estrategias y actividades aplicables a los programas, se realicen desde una visión integral que incluya la producción, distribución y acceso de alimentos suficientes y de calidad para la población, es decir, que dichos alimentos contengan los nutrientes esenciales para revertir la profunda desnutrición y lograr el desarrollo físico, cognitivo y la productividad económica de los mexicanos.

El tema alrededor del que gira el Día Mundial de la Alimentación este año es “la agricultura familiar: Alimentar al mundo, cuidar el planeta”,  y se refiere a todas aquellas actividades agrícolas, pesqueras, forestales, y acuícolas, que están operadas, gestionadas y dependen principalmente de la mano de obra de una familia.

De igual modo se destaca la importancia de los pequeños agricultores para la erradicación del hambre, así como para el desarrollo sustentable y calidad de vida de las comunidades rurales en las que se desenvuelven.

La agricultura familiar es una forma de organización predominante tanto en países en desarrollo como en primermundistas ,de ahí su importancia en la seguridad alimentaria global, así como su contribución a la protección de la biodiversidad agrícola y el uso sostenible de recursos naturales.

En México está compuesta por unidades de producción dedicadas a la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca artesanal, acuacultura o una combinación de dos o más de éstas.

En el ámbito rural del país existen, según datos censales, poco más de 5 millones de unidades de producción agropecuaria o forestal, de las cuales 3.8 aprovechan el recurso tierra para cultivar especies vegetales a fin de proveer de alimentos a la población.

Del total de unidades agrícolas que desarrollan las actividades sólo con mano de obra familiar, 1 millón (35.7 por ciento), destinaban toda la producción al consumo familiar y el restante 64.3 por ciento comercializaba parte o la totalidad de la producción obtenida.

Dichas cifras demuestran que las agricultoras y agricultores familiares son quienes producen la mayor parte de los alimentos de consumo local e impulsan sus economías.

Sin embargo, también este tipo de producción de baja intensidad llega a generar graves daños al suelo, cuando no se tiene el conocimiento necesario para cultivarlo de forma sostenible, con el aporte de materia orgánica, rotación o asociación de cultivos y protección contra la erosión.

Si bien los cambios climáticos provocan severos daños al suelo, también la actividad humana ha generado una acelerada degradación de los recursos naturales, erosión del suelo, deforestación, desertificación, contaminación y pérdida de la diversidad biológica.

En este contexto, la única manera de evitar la destrucción de los recursos naturales es mediante el control de la erosión y el mantenimiento de la fertilidad del suelo, el correcto aprovechamiento del agua y la conservación de los bosques, ya que de lo contrarioel suelo se degrada y se agota, erosionado y sin nutrientes las cosechas son cada año más pobres.

Para controlar la erosión y la pérdida de fertilidad, existen técnicas de agricultura sostenible; por ello la necesidad de que se brinde capacitación a las unidades agrícolas familiares a fin de fomentar el desarrollo rural sostenible.

De esta manera se puede alcanzar un sistema de agricultura que alimente al suelo, produzca altos rendimientos y preserve los recursos naturales al hacer uso de un modelo de desarrollo rural realmente sustentable.

En Nueva Alianzasabemos que nuestro país requiere incrementar la producción de alimentos de forma sustentable a fin de garantizar el abasto y la seguridad alimentaria nacional que permita dejar atrás el hambre y la desnutrición crónica que viven millones de mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar programas de apoyo a los pequeños agricultores, con el fin de impulsar la agricultura familiar sustentable, que permita combatir y erradicar el hambre alcanzando la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición de los mexicanos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a brindar capacitación a las unidades agrícolas familiares en cuanto a las formas de cultivo, riego y sustentabilidad ambiental, a fin de evitar que por ignorancia, se empleen métodos inadecuados que contribuyan a la deforestación causando graves daños ambientales.

Notas:

1 Sin embargo.mx.  Día Mundial de la Alimentación, México cumple meta de la FAO en reducción de hambre, pero crisis continua. http://www.sinembargo.mx/16-10-2014/1143908   Consultado 18 de octubre de 2014

2 Sin embargo.mx.  Día Mundial de la Alimentación, México cumple meta de la FAO en reducción de hambre, pero crisis continua. http://www.sinembargo.mx/16-10-2014/1143908   Consultado 18 de octubre de 2014

3 La Jornada. Uno de cada 4 mexicanos padece hambre: Oxfam. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/16/mexico-enfrenta-crisis-en-sistema -alimentario-oxfam-9376.html Consultado 18 de octubre de 2014

4 Sin embargo.mx.  Día Mundial de la Alimentación, México cumple meta de la FAO en reducción de hambre, pero crisis continua. http://www.sinembargo.mx/16-10-2014/1143908   Consultado 18 de octubre de 2014

5 Sin embargo.mx.  Día Mundial de la Alimentación, México cumple meta de la FAO en reducción de hambre, pero crisis continua. http://www.sinembargo.mx/16-10-2014/1143908   Consultado 18 de octubre de 2014

6 Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Alimentación, INEGI.http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadi sticas/2014/alimentacion0.pdf  Consultado 18 de octubre de 2014

7 Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Alimentación, INEGI.http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadi sticas/2014/alimentacion0.pdf  Consultado 18 de octubre de 2014

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputada Cristina Olvera Barrios (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

CAMPAÑAS DE SALUD VISUAL, CON EL OBJETIVO DE PREVENIR EL GLAUCOMA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la secretaria de Salud a fortalecer las campañas de salud visual para prevenir el glaucoma, a cargo del diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Juan Isidro del Bosque Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a este pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas de salud visual, con el objetivo de prevenir el glaucoma, con base en las siguientes

Consideraciones

El glaucoma es un problema de salud asociado a un aumento de la presión intraocular, el cual, casi no provoca síntomas, por lo que es considerado por los especialistas como un enemigo silencioso, por ello en la mayoría de los casos su detección se da cuando ya está muy avanzado el problema. El glaucoma o tensión ocular es un aumento de la presión intraocular por falta de drenaje del humor acuoso, que produce lesiones en el nervio óptico con problemas en la visión, ocasionando ceguera. Si este problema no es detectado a tiempo, el aumento de presión puede afectar al nervio óptico produciendo un deterioro progresivo del campo visual, por consiguiente una disminución de la visión.

La forma más común de glaucoma se llama glaucoma primario de ángulo abierto, este se produce cuando la red trabecular del ojo gradualmente se vuelve menos eficiente en drenar líquido, a medida que esto sucede, la presión intraocular se eleva ocasionando daños al nervio óptico. El glaucoma de ángulo cerrado o estrecho, es menos común, este tipo ocurre cuando el ángulo de drenaje de los ojos se bloquea, a diferencia del glaucoma de ángulo abierto, la presión intraocular sube muy rápido, esta presión aumenta cuando el iris bloquea el ángulo de drenaje parcial o totalmente.

Según los especialistas, el glaucoma de ángulo abierto no tiene síntomas en sus primeras etapas y la visión se mantiene normal, a medida que el daño al nervio óptico es mayor, comienzan a presentarse manchas negras en el campo de visión, estas manchas no se notan hasta que son grandes, por lo cual, en este escenario el daño producido es significativo en el nervio óptico, y si todas las fibras del nervio óptico mueren se produce ceguera.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad es la segunda causa de ceguera a nivel internacional. El Colegio Mexicano de Glaucoma, ha calificado este padecimiento como una enfermedad catastrófica, porque tiene un alto impacto en la salud de la población. La Asociación Mundial de Glaucoma propone hacer conciencia a través de propaganda dirigida al público, con el objetivo de lograr que exista una conciencia de una revisión visual.

En nuestro país, se han hecho esfuerzos significativos para prevenir el glaucoma, pero en razón de ser una enfermedad ocular sin sintomatología, estos esfuerzos aún resultan insuficientes, por lo que el sector salud, debe mantenerse en alerta, debido al incremento en las estadísticas de personas con esta enfermedad, situación que merece atención de las autoridades. Aunque se tienen mecanismos para detectar a tiempo este padecimiento, la falta de cultura para ir al oftalmólogo más lo costoso de los estudios y el tratamiento, se convierten en obstáculos que impiden prevenirla entre los mexicanos.

La sociedad de Oftalmólogos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, señala que existen en México, 1.25 millones de personas con glaucoma, es decir, aproximadamente 1.3 por ciento de la población la padece, aunque menos de 50 por ciento no lo sabe, además estiman que existen 50 mil personas ciegas. Esta enfermedad afecta de manera frecuente a pacientes mayores de 40 años aunque hay algunos casos que pueden aparecer desde el nacimiento.

Resulta trascendental, promover campañas de prevención y detección oportuna al público en general, enfatizándola a las personas mayores de 40 años, que si empieza a ver mal acuda de inmediato al médico especialista para realizarse un diagnóstico, así como conocer si existen antecedentes de familiares con glaucoma.

Las autoridades del sector salud deben redoblar esfuerzos para difundir las consecuencias de esta enfermedad para los ojos y hacer accesibles los tratamientos a la población, ya que, un frasco de gotas podría costar hasta mil 600 pesos y perdura un mes, por lo que una persona con un salario mínimo o menos le es imposible pagarlo.

Además de dirigir campañas al público en general, es fundamental que al interior del sector salud del país se desarrollen campañas, acciones, y programas de promoción de la salud visual, así como diagnóstico de manuales para una eficaz atención a pacientes, así como los dirigidos a la capacitación a médicos. En México existen 165 mil médicos, de los cuales solo 4 mil 500 tiene la especialidad de oftalmólogos, sin embargo, sólo existen 78 especialistas en glaucoma en el Colegio Mexicano de Glaucoma, es decir, existe en México, un glaucomatólogo por cada millón y medio de habitantes, por ello, es imperante implementar una capacitación para su detección.

Es importante que las autoridades del sector salud, al momento de diseñar la campaña de difusión, prevención y detección, hagan saber a la población que las lesiones que se producen no son reversibles, como ocurre con las cataratas que tienen como alternativa la cirugía, por lo que es imprescindible que los ciudadanos se lleven a cabo un chequeo por lo menos una vez al año de los ojos para evitar ceguera.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las campañas e implementar un programa de promoción de Salud Visual en las entidades federativas, con el objetivo de prevención y detección oportuna del Glaucoma.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar, desarrollar e implementar programas de capacitación a los especialistas en oftalmología, con el objetivo de fortalecer y promover la especialidad en glaucomatología.

Tercero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los manuales de atención a pacientes que padecen glaucoma.

México, DF, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Juan Isidro del Bosque Márquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

VIRUS DEL EBOLA, INGRESE A TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar acciones para evitar que algún portador del virus del ébola ingrese en territorio nacional, a cargo del diputado Juan Jesús Aquino Calvo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62, numerales 2 y 3; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias, en materia de sanidad internacional, a fin de evitar que alguna persona que migre a nuestro país y que pueda ser portador del virus del ébola, ingrese a territorio nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La enfermedad por virus de ébola es ocasionada por el virus ébola que fue identificado por primera vez en 1976 en una aldea de la República Democrática del Congo, cerca del rio Ébola de donde proviene su nombre.

Es causada por cuatro subtipos: Bundibugyo, Zaire, Sudan, y Taï Forest. Se caracteriza por presencia de fiebre, debilidad intensa, cefalea, mialgias y dolor de garganta, vómito, diarrea, exantema, disfunción renal y hepática, hemorragias y alta letalidad.

Es transmitida por el contacto con secreciones de animales o personas infectadas. Tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días, en el cual las personas con el virus no son infectantes.

El diagnóstico debe basarse en la clínica, el antecedente epidemiológico de viaje y las técnicas de laboratorio específicas.

No existe tratamiento específico ni vacuna, el manejo de los casos se circunscribe a terapia de soporte, consistente en equilibrio de líquidos, monitoreo de saturación de oxígeno y presión arterial.

El 26 de marzo de 2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre la ocurrencia de un brote de fiebre hemorrágica de ébola en Guinea, con ocurrencia de 86 casos sospechosos, de los que once habían sido confirmados mediante PCR por el Instituto Pasteur de Lyon (Francia) y Dakar (Senegal), y por el Instituto de Medicina Tropical Bernhard-Nocht de Hamburgo (Alemania). El número de defunciones notificadas era de 62 (tasa de letalidad del 72 por ciento). Entre los fallecidos había cuatro profesionales sanitarios. Los casos eran residentes de los distritos del sudeste del país: Guékédou, Macenta y Kissidougou. Asimismo se investigaba sobre casos notificados en Liberia y Sierra Leona, a lo largo de la frontera con Guinea.

El 30 de marzo de 2014 Liberia notificó la ocurrencia de siete casos sospechosos con dos casos confirmados a EVE en personas que habían viajado a Guinea, en tanto que Sierra Leona notificó la ocurrencia de dos casos sospechosos, ambos fallecidos y con antecedente también de viaje a Guinea.

Las investigaciones retrospectivas señalaron que el brote inició el seis de diciembre del 2013 en un menor de la provincia de Guékédou, Guinea.

A partir del 1 de abril y de conformidad con la décima edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades, se utiliza la denominación de enfermedad por virus del ébola, en vez de fiebre hemorrágica del ébola.

Al 15 de octubre de 2014 la OMS notifica un total de 8,997 casos con 4,493 defunciones, tasa de letalidad de 49.9 por ciento en la región de África Occidental causados por el subtipo Zaire (EBOV)

El país mayormente afectado es Liberia con 4,249 casos y 2,458 defunciones, seguido por Sierra Leona con 3,252 casos y 1,183 defunciones, Guinea con 1,472 casos y 843 defunciones, Nigeria con 20 casos y 8 defunciones, Senegal con un caso que visitó Liberia, España con 1 caso confirmado y Estados Unidos con dos casos confirmados y una defunción.

El 1 de octubre del presente año los CDC de Atlanta, E.U.A. identificaron el primer caso importado en paciente proveniente de Liberia. Hasta el momento se han confirmado dos casos confirmados secundarios al caso importado, ambos son trabajadores de la salud.

Ahora bien, de los 361 ciudadanos africanos indocumentados que han sido asegurados en México por el Instituto Nacional de Migración (INM) en los primeros ocho meses de este año, 25 provienen de cinco de los seis países afectados por el virus del ébola: 13, de Guinea; cinco de Nigeria; cuatro de Senegal, dos de Sierra Leona y uno de la República Democrática del Congo, de acuerdo con cifras del propio organismo federal.

Agentes migratorios en Chiapas señalan que existe gran riesgo de un brote de la epidemia en México y otros países de la región, pues alrededor de 60 por ciento de estos indocumentados llega a América en barcos cargueros, vía Panamá, Colombia y Brasil, sin pasar por los mínimos controles de vigilancia sanitaria e ingresan a territorio mexicano por los numerosos pasos subrepticios que existen en los 900 kilómetros de frontera que comparten México y Guatemala. Se tiene conocimiento que en las garitas internacionales de ambos países no se han tomado medidas para brindar atención especial a los ciudadanos de África, quienes son asegurados por no acreditar su situación migratoria; además, mientras son retornados a sus países de origen son recluidos en las estaciones migratorias junto con otros indocumentados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, aunque la mayor parte de los migrantes oriundos de las naciones en riesgo por ébola fue asegurada en Chiapas, hubo también casos en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo e incluso en el Distrito Federal.

Además, indica el reporte, 21 africanos fueron detectados en México en los últimos cinco meses; es decir, después de que se activó la emergencia en África.

Agentes migratorios han asegurado que antes de ingresar a territorio nacional, en su camino hacia Estados Unidos, los africanos indocumentados pernoctan en casas de seguridad, hoteles y posadas cercanas a la frontera con México, donde son recogidos por los traficantes, quienes los trasladan hacia el centro de Chiapas o los límites con Oaxaca.

Desde 2012, el INM comenzó a alertar del crecimiento en el flujo de africanos que arriban a la frontera sur en un intento por llegar a Estados Unidos.

Las cifras del INM indican que tan sólo de enero a agosto 190 somalíes fueron asegurados en México.

Informes del Instituto Nacional de Migración de Honduras señalaron que la distancia que recorre un indocumentado de Etiopia o de Accra (Ghana), a las costas de Sudámerica va de los 5 a 9 mil kilómetros de distancia.

El Departamento de Migración de Honduras revela que los africanos que llegan a las costas de Colombia, por ejemplo, deben ser trasladados hasta Ipiales, una ciudad del departamento de Nariño, para luego trasladarse vía terrestre hasta Medellín, donde son concentrados en casas de seguridad para continuar su camino hacia puntos del Caribe y de ahí tomar barcazas hacia Colón, Panamá.

A partir de Panamá, los africanos saltan vía terrestre de Costa Rica a Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.

Expertos en el tema, consideran que debido a este flujo de indocumentados africanos existe un riesgo significativo si no se establecen protocolos de vigilancia sanitaria en la frontera sur del país.

Es por ello que, se debe exhortar a la Secretaria de Salud, para implementar cercos en materia fitosanitaria con personal especializado para evaluar la condición de los productos alimenticios, las bebidas, el forraje y todo aquello que sea un foco rojo de contagio, a fin detectar aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos, ya que es fundamental que cuando las personas originarias de los países infectados ingresen en las estaciones del INM se mantengan protocolos preventivos para evitar un posible contagio a través de una oportuna valoración sanitaria.

Asimismo, se debe extremar los controles en materia de salud en zonas portuarias, debido a las escasas o nulas medidas que en ellas existen, pues el transporte marítimo es el más utilizado por los africanos en su travesía hacia Estados Unidos; por lo que, someto a la consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.El pleno de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar las acciones necesarias, en materia de sanidad internacional, a fin de evitar que alguna persona que migre a nuestro país y que pueda ser portador del virus del ébola, ingrese al territorio nacional; constituyéndose en un riesgo de que se disemine la epidemia entre la población mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Juan Jesús Aquino Calvo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

DIFUNDA LAS IRREGULARIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS DE EMPEÑO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Profeco a difundir en su portal de Internet las irregularidades y el funcionamiento de las casas de empeño, a cargo del diputado Roberto López Rosado, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal por Oaxaca, Roberto López Rosado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

El 16 de enero de 2013, la Secretaría de Economía dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ejecutará un programa de verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan al público contratos de mutuo interés y garantía prendaria (casas de empeño) debido a que en los últimos 25 años se incrementó el número de casas de empeño y se estima que existen seis mil 500 instituciones de este tipo en el país y no siempre con el fin de solidaridad social ni apoyo a quien más lo necesita.

El servicio que prestan las casas de empeño está asociado con los consumidores que buscan liquidez inmediata y, en muchos casos, por situaciones no previstas. Por ello, antes de empeñar, es necesario saber que las casas de empeño están reguladas por la NOM-179-SCFI-2007, “Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria”; y que, además, la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) protege a los consumidores que acuden con estos proveedores.

Las casas de empeño deben tener registrado el contrato ante la Profeco, excepto las instituciones de asistencia privada, que no tienen esta obligación. Además, la Profeco, en el ámbito de sus atribuciones, a fin de proteger los derechos de los consumidores y promover su acceso a servicios bajo condiciones de equidad, lleva a cabo acciones de verificación y vigilancia en este sector como parte de su Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Casas de Empeño, potenciándose mediante mecanismos de autorregulación y corresponsabilidad.

Sin embargo, lamentablemente en los últimos años han proliferado arbitrariedades, abuso e injusticias que se han aprovechado de la necesidad e ignorancia de los usuarios, a quienes obligan a suscribir contratos leoninos con altas tasas de interés.

Por tal motivo es de suma importancia, para beneficio del usuario, que la Profeco, por una parte realice un registro público en el cual se deberán inscribir sin excepción alguna las casas de empeño, para poder obtener una mejor regulación de éstas y, por otra parte contar con los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes y por su naturaleza, los derechos derivados de esta inscripción son intransmisibles, ya que la operación de una casa de empeño sin la inscripción en el Registro de Casas de Empeño se considerará como infracción particularmente grave y se sancionará con multas. En caso de incurrir en algún tipo de infracción, las casas de empeño deberán ser acreedoras de multas que van de 617.41 a 2 millones 414 mil 759.14 pesos.

Entre otras disposiciones, el decreto añade requisitos para la obtención del registro para operar como casa de empeño, tales como nombre, denominación o razón social de la casa de empeño y, en su caso, del representante legal.

Las casas de empeño tienen la obligación de registrar en la Profeco el contrato que dan al consumidor a firmar, para que tenga la seguridad de que no tiene cláusulas abusivas.

Tras la reforma de la Ley Federal de Protección al Consumidor se pretende que las casas de empeño cumplan la normatividad para su operación, de lo contrario no podrán operar, por tal motivo éstas deben registrar sus contratos ante la Profeco y brindar información clara y visible a los usuarios, entre otras obligaciones con el fin de reducir y frenar los niveles de injusticia y abuso a los que son sometidos la mayoría de las personas debido a susnecesidades y muchas veces a su ignorancia en cuanto los términos y cláusulas del contrato.

Del mismo modo, y en apoyo del usuario y de la protección de sus intereses y patrimonio se implantó el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Casas de Empeño, el cual inició operaciones por primera vez el pasado 20 de mayo del año en curso en Querétaro. Dicho programa tiene por objetivo verificar que se proporcione en todo momento a los consumidores, de manera clara y veraz, los elementos informativos para una adecuada transacción comercial y evitar que se afecte o pueda afectar el patrimonio y economía de una colectividad de consumidores.

Gracias a este tipo de acciones la Profeco ha logrado suspender la actividad comercial de 764 casas de empeño en todo el país de enero a agosto, 633 más que en el mismo lapso de 2013, así mismo se infraccionaron a 802 establecimientos por incumplir la LFPC.

Sin embargo, las irregularidades siguen presentes en muchos de los establecimientos de este tipo de servicio, contratos de mutuo interés y garantía prendaria, tales como no exhibir el precio por gramo para el empeño de metales preciosos; contratos con domicilio diferente al del establecimiento; no exhibir requisitos para el desempeño de la prenda, cantidad de refrendos a que tiene derecho el consumidor, requisitos y condiciones para el refrendo y procedimiento para la comercialización de la prenda; y no contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco, entre otras irregularidades.

Por tal motivo se exhorta a la Profeco seguir en la misma línea de acción en cada uno de los estados de la república, por consecuente aplicar la ley a cada establecimiento existente para regular su funcionamiento y así cumplan el objetivo principal para el cual fueron creadas: liquidez inmediata sin fines de lucro, garantía prendaria y, sobre todo, solidaridad social.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la procuradora federal del Consumidor a poner a disposición de los ciudadanos en su portal de internet las irregularidades y el funcionamiento de las casas de empeño, con la intención de regularizar el funcionamiento y reglamentación de éstas y ser más rigurosos y estrictos al momento de registrar un nuevo establecimiento de este tipo, para no dar lugar a injusticias y abusos contra los usuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, DF, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Roberto López Rosado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA, AL SISTEMA LAGUNAR DE CATAZAJA, CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y de la Conanp a decretar como área natural protegida, en la categoría de área de protección de la flora y la fauna, el sistema lagunar de Catazajá, Chiapas, a cargo de la diputada Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del PVEM

Lourdes Adriana López Moreno, diputada por el primer distrito electoral federal de Chiapas a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ambas instituciones del gobierno federal, a decretar como área natural protegida, en la categoría de área de protección de la flora y la fauna, al sistema lagunar de Catazajá, Chiapas, al tenor de las siguientes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el Título Segundo, Capítulo I, establece las disposiciones relativas a biodiversidad en áreas naturales protegidas, regulando su establecimiento, tipos y características, así como los aspectos relacionados con las declaratorias para el establecimiento, administración y vigilancia de dichas áreas.

El artículo 45 de la citada ley, referente al objeto del establecimiento de las áreas naturales protegidas en México, es para la conservación, preservación, protección y salvaguarda de los elementos constitutivos de biocenosis y ecosistemas. México es un país cuya conformación biogeográfica lo hace megadiverso en términos del número de especies de flora y fauna que coexisten en los distintos tipos de bosques y ecosistemas naturales dentro de sus fronteras. Cerca del 12 por ciento de la biodiversidad del planeta se encuentra dentro de las fronteras de nuestro país.

Chiapas es el segundo estado en biodiversidad, sólo después de Oaxaca, y en este territorio del sureste mexicano existe un gran número de especies de mamíferos que se encuentran en distintas categorías de protección para su conservación.

A partir de 1993, con la construcción de un dique artificial en zonas inundables del norte de Chiapas, se creó la ahora cuenca semiendorreica del sistema lagunar de Catazajá, el cual cuenta con alrededor de 16 mil hectáreas, y es un ecosistema complejo de humedales tropicales reconocido por su alto nivel de endemismo y su fauna altamente especializada.

La laguna de Catazajá pertenece al sistema lagunar del mismo nombre, se ubica en la cuenca del río Usumacinta, en donde escurre aproximadamente un tercio del agua dulce superficial de México; proporciona una amplia gama de servicios ambientales, ya que por su ubicación en la zona de confluencia (también llamada delta continental) de los ríos Grijalva y Usumacinta, capta, retiene y aporta grandes volúmenes de agua.

El denominado Sistema Lagunar de Catazajá es una zona compartida por Chiapas y de Tabasco por su hidrografía, y es parte de una importante interconexión de corredores biológicos entre la reserva de la biósfera pantanos de Centla y el río Usumacinta hasta el Golfo de México, además forma parte de la región terrestre prioritaria 143, determinada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y de la región hidrológica prioritaria 92, río Lacantún y tributarios.

Actualmente, existen reportadas 134 especies de aves en la zona, de las cuales 22 por ciento se encuentran bajo protección por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Ley General de Vida Silvestre, y se encuentran en la lista roja de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, Cites.

Este sistema lagunar es fundamental para el paso y estadía de aves migratorias, las cuales son más de la tercera parte de las especies de aves registradas en el Sistema Lagunar de Catazajá, sin embargo, a través de distintos estudios, se ha determinado la presencia deen su subespecie así como el uso de los afluentes a la laguna por esta subespecie, como sus zonas de alimentación.

La especie se encuentra protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Ley General de Vida Silvestre, también está dentro de la categoría de Vulnerable C1, en la lista roja de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Por estas razones, existe ya un Programa de Acción para la Conservación de la Especie Trichechus manatus(PACE-Manatí 2010).

Es a través de ecosondas y radiocollares, que se ha detectado la existencia de un gran movimiento de manatíes en distintas épocas del año.

En el año 2007, este Sistema Lagunar fue decretado por el gobierno de Chiapas como área natural protegida en su categoría de zona sujeta a conservación ecológica, con una superficie de 41,058.77 (cuarenta y un mil cincuenta y ocho punto setenta y siete hectáreas) reconocidas en su decreto.

La conservación del manatí en la región, no sólo es una premisa a nivel nacional para la conservación de la diversidad biológica, sino que a su vez, se vuelve una oportunidad económica para la población y un área de oportunidad para la investigación de mamíferos marinos. Es necesario alinear instrumentos financieros y políticos de los tres órdenes de gobierno para contribuir a la recuperación de esta especie.

En este orden de ideas, el artículo 54 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece que las áreas de protección de la flora y la fauna: “se constituirán en los lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres.”

Del citado artículo se prevé que “en dichas áreas podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la preservación, repoblación, propagación, aclimatación, refugio, investigación y aprovechamiento sustentable de las especies mencionadas, así como las relativas a educación y difusión en la materia.”

Igualmente, el artículo en comento señala que bajo esta categoría de protección “podrá autorizarse el aprovechamiento de los recursos naturales a las comunidades que ahí habiten en el momento de la expedición de la declaratoria respectiva, o que resulte posible según los estudios que se realicen, el que deberá sujetarse a las normas oficiales mexicanas y usos del suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria.”

Por lo anterior expuesto y fundado, sometemos a consideración del honorable pleno de la comisión permanente esta proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a decretar como área natural protegida en la categoría de área de protección de la flora y la fauna, al Sistema Lagunar de Catazajá, Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputada Lourdes Adriana López Moreno (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y EL PATRIMONIO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO INDIGENA POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO ZACUALPAN Y DE BIOS IGUANA, AC

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador y al titular de la PGJE de Colima a garantizar y salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan y de Bios Iguana, AC, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Como en varios estados del país, habitantes de ejidos e indígenas han protestado durante meses en Jalisco y Colima en contra de proyectos mineros que han causado infinidad de estragos en sus localidades, ya que según sus declaraciones

A lo largo de los años los intereses mineros han desencadenado en sus poblaciones un ambiente de asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas de muerte, hostigamiento, intimidación, sobornos, así como la contaminación de afluentes de agua, y destrucción de caminos.

También han padecido la pérdida de la biodiversidad y tierras de cultivo, brote de enfermedades, división dentro de las familias y fractura de su tejido social.

En un comunicado conjunto, representantes de las comunidades de Zacualpan y Canoas (Colima) y las de Coconal, Mameyito, Puertecito de las Parotas, Los Potros, Puertecito de las Lajas, Llanito de la Marina, Loma Colorada y Tequesquitlán (Jalisco), apoyados de miembros del grupo ambientalista Bios Iguana, AC; manifestaron que “para lograr sus objetivos las empresas mineras corrompen autoridades y contratan sicarios para intimidarlos y despojarnos violenta y sanguinariamente de nuestros territorios”.

Por ejemplo, es necesario destacar que, en febrero pasado y tras una resolución del Tribunal Unitario Agrario 38, se rechazó un proyecto de mina de oro y se declaró a Zacualpan, Colima como un “territorio libre de minería”; sin embargo, poco tiempo después se incrementó la violencia en contra del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan (CIDTZ) por parte del grupo priísta que apoya a Carlos Guzmán Teodoro, expresidente de Bienes Comunales, por lo que las comunidades exigieron al gobierno del estado y al municipal que dejaran de dar protección a dicho grupo y frenaran los ataques de violencia. Asimismo,

Representantes del ejido de Canoas denunciaron que a pesar de que no existe permiso de cambio de uso de suelo por parte del ayuntamiento de Manzanillo para el proyecto “extracción de mineral de fierro yacimiento Eva”, de Pacific Group, SA, y de que el ejido tampoco ha otorgado el permiso social, la empresa insiste en instalarse a como dé lugar, e incluso abrió un camino por el ejido de Arrayanal y destruyó gran cantidad de árboles. Asimismo, pese a que la Profepa clausuró los trabajos de la mina, las máquinas se quedaron adentro haciendo perforaciones, mientras que las autoridades de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional han obstaculizado el registro de los documentos mediante los cuales la asamblea ejidal se pronunció ya en dos ocasiones contra la instalación de proyectos mineros en su territorio.

Al respecto, 40 organizaciones tanto nacionales como internacionales, mediante un documento dirigido al gobernador Mario Anguiano Moreno, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Congreso de Colima, al presidente municipal de Comala y a la delegada estatal de la Procuraduría Agraria, han solicitado seguridad para los integrantes del CIDTZ y de Bios Iguana, A. C., por ello

Demandaron que el gobierno de Colima de manera inmediata “deje de promover la impunidad” y acate las resoluciones del Tribunal.

“Igualmente solicitamos se aplique todo el peso de la ley contra quienes fomentan la violencia y puntualmente se investigue y en su caso procese a Carlos Guzmán (expresidente de Bienes Comunales) y sus seguidores, quienes han ocasionado lesiones físicas contra niñas y niños, mujeres y hombres de todas las edades de la comunidad de Zacualpan”, exigieron.

De manera desafortunada, es conocido que este tipo de hechos ocurren de manera reiterada y ponen en riesgo a las personas que, bajo una preocupación legítima, se oponen a los proyectos de grandes empresas, por lo que resulta urgente que el gobierno mexicano en sus tres niveles de gobierno tome las medidas necesarias para velar por los derechos e integridad de los manifestantes, en este caso de los comuneros e indígenas de Colima.

Por ello y, atendiendo a la preocupación manifiesta en párrafos anteriores, presentamos a esta H. Asamblea los siguientes resolutivos con

Puntos de Acuerdo

Primero.La honorable Cámara de Diputados exhortana Mario Anguiano Moreno, gobernador constitucional del estado de Colima, a que garantice, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a salvaguardar la integridad y el patrimonio de los integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan (CIDTZ) y de Bios Iguana, AC.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima a investigar los presuntos casos de intimidación en contra de integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio Zacualpan (CIDTZ) y de Bios Iguana, AC, por parte de Carlos Guzmán Teodoro, expresidente de Bienes Comunales, y sus seguidores.

Notas:

1 Proceso, “Comunidades de Jalisco y Colima rechazan proyectos mineros”, [en línea], México. Dirección URL: http://www.proceso.com. mx/?p=381845

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Proceso, “Exigen seguridad para activistas que repudian proyecto minero en Colima”,  [en línea], México. Dirección URL: http://www.proceso.com.mx/?p=385526

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28  días del mes de octubre de 2014.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

IMPULSAR SUS PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS DE LA COORDINADORA DE AUTORIDADES LOCALES DEL PARTIDO DEL TRABAJO AC

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conafor a implantar un programa específico para impulsar sus proyectos y actividades en los municipios que agrupa la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada federal Magdalena Núñez Monreal, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y miembro del grupo de diputadas y diputados municipalistas, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a implementar un programa específico para impulsar sus proyectos y actividades en los municipios que agrupa la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las aspiraciones de la Constitución de mil novecientos diecisiete fue procurar la autonomía municipal. Sin embargo y a pesar de las reformas al artículo 115 constitucional que se han realizado desde entonces por el Constituyente Permanente encaminadas a tan importante propósito, en la realidad política de la vida municipal el centralismo continúa imperando y aun se pretende impulsar el desarrollo municipal desde el ámbito del gobierno federal, con el apoyo paternalista de los gobiernos locales, obstruyendo la posibilidad de contribuir a un auténtico federalismo.

La reforma constitucional del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve al artículo 115 de la Constitución Federal, propició el reconocimiento expreso del municipio como ámbito de gobierno, aumentando de manera preponderante sus atribuciones.

Con anterioridad a la reforma referida, los ayuntamientos no podían hacer una aportación normativa propia que respondiera a sus distintas necesidades y realidad social, fue a partir de la misma que se fortaleció y consolida el ámbito municipal, reconociéndose a los ayuntamientos de manera expresa el carácter de órganos de gobierno, al sustituir el término “administrado” por “gobernado” en la fracción I.

Se consolidó su facultad reglamentaria en los temas referidos en la fracción II, además de la limitación del contenido de las leyes estatales sobre cuestiones municipales.

En la fracción III se contiene un reconocimiento de competencias exclusivas en materia de servicios y funciones públicas, sustituyéndose el concurso del Estado en dicha competencia por la posibilidad de celebrar convenios para la asunción de una función o servicio público por parte del Estado, cuando medie solicitud del ayuntamiento, así como el incremento del catálogo de funciones y servicios, además de la posibilidad de coordinación intermunicipal para estos temas, existiendo incluso la posibilidad de asociación entre municipios de diversos Estados.

Se amplió la facultad de iniciativa en lo referente a tributos relacionados con la propiedad inmobiliaria en la fracción IV, limitando los supuestos de exención determinados constitucionalmente respecto de las contribuciones municipales.

En lo concerniente al catálogo de facultades que en el sistema constitucional de concurrencia regula la fracción V del artículo 115, además de las facultades con las que ya gozaban en materia de aprobación y administración de los planes de desarrollo urbano, se adicionó la de participar en la formulación de planes de desarrollo regional, así como la obligación de la federación y del estado de asegurar la participación de los municipios en ésta; autorizar el uso del suelo adicionalmente a las facultades de control y vigilancia que ya tenía; participar en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento de zonas de reservas ecológicas, además de sus facultades de creación y administración de éstas; intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquéllos afecten su ámbito territorial y celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

Además la transmisión del mando de la policía preventiva municipal del Gobernador al presidente municipal, quien sólo acatará las órdenes del primero en los casos que aquél juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, así como la habilitación al reglamento municipal en esta materia en la fracción VII.

De esta manera, se amplió de manera importante la esfera de atribuciones de los municipios.

Actualmente, los municipios están facultados para emitir bandos de policía y gobierno, una nueva categoría de reglamentos que les permiten fungir con sus nuevas facultades, en la medida en la que ahora les corresponde normar lo relativo a la organización y funcionamiento interno del Municipio, en lo que atañe a las cuestiones  específicas, y están dotados de competencia para emitir circulares y disposiciones administrativas de observancia general.

El Tribunal Pleno se ha pronunciado en el sentido de que existe un orden jurídico cuando un órgano de gobierno cuenta con asignaciones competenciales propias derivadas de la Constitución federal que, por lo general, son excluyentes entre sí, contando con autonomía para su ejercicio.

Este reconocimiento a un orden jurídico propio del Municipio, de ninguna manera soslaya su relación con los otros órdenes  jurídicos, lo que significa que el municipio está sujeto al orden nacional, es decir, debe respetar la Constitución federal, los tratados internacionales, y las leyes federales, así como las Constituciones y leyes estatales.

Pero de la misma manera los órdenes de gobierno federal y estatal, deben reconocer la existencia del orden municipal y en consecuencia contribuir a su desarrollo, por lo tanto, desde mi punto de vista, es responsabilidad de la administración pública centralizada y paraestatal, tanto en el orden federal como estatal, así como de los propios órganos constitucionales autónomos, establecer los mecanismos necesarios en el ámbito de su competencia para transferir al municipio facultades, junto con los recursos necesarios, para que el gobierno municipal pueda ponerlos al servicio de la sociedad y de esta manera fortalecer el ámbito competencial del Municipio.

Lo anterior se desprende del análisis de la controversia constitucional 14/2001, cuyo engrose solicito se tenga por reproducido como si a la  letra se insertase, en el momento en que se proceda a la elaboración del dictamen correspondiente, ya que en ella se sostuvo que la autonomía municipal se constituye por un conjunto de atribuciones, por una delimitación orgánica y por un cúmulo de recursos, para el mejor ejercicio de las funciones que le corresponden.

Derivado de lo anteriormente expuesto considero que las entidades paraestatales de la administración pública federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento, deben contribuir al fortalecimiento del municipio.

La Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado que tiene como objetivo desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación  y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable.

Por su parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 8º señala que a los municipios corresponden, entre otras, las siguientes facultades:

I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;

II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados;

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado;

IV. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;

V. La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal;

VII. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;

VIII. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;

IX. La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley;

X. La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial;

XI. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XII. La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en materias y supuestas a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;

XIII. La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia ambiental;

XIV. La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial;

XV. La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente;

XVI. La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y

XVII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados.

Asimismo, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el primer párrafo del artículo 8º consigna que “La Federación, las Entidades Federativas y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la integración y funcionamiento del Servicio Nacional Forestal, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la atención eficiente y concertada del sector forestal.”

Mientras que en su artículo 15 hace referencia a las atribuciones de los Municipios en la materia:

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política forestal del municipio;

II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las Leyes locales en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente reservadas a la Federación o a los Estados;

III. Apoyar a la Federación y al Gobierno de la Entidad, en la consolidación del Servicio Nacional Forestal;

IV. Participar en el ámbito de sus atribuciones, en el establecimiento de sistemas y esquemas de ventanilla única de atención eficiente para los usuarios del sector;

V. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Municipal Forestal y de Suelos, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Estatal Forestal y de Suelos e incorporar su contenido al Sistema Estatal de Información Forestal;

VI. Participar, en coordinación con la Federación en la zonificación forestal, comprendiendo las áreas forestales permanentes de su ámbito territorial;

VII. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal:

VIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal;

IX. Expedir, previo a su instalación las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de almacenamiento o transformación de materias primas forestales en el ámbito de su competencia, considerando los criterios de política forestal establecidos en esta Ley;

X. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de conformidad con esta Ley y los lineamientos de la política forestal del país;

XI. Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil;

XII. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;

XIII. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas;

XIV. Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno de la Entidad, acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia;

XV. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas forestales del municipio;

XVI. Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable;

XVII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con los gobiernos federal y de las entidades federativas, en la vigilancia forestal en el municipio;

XVIII. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;

XIX. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate a la extracción ilegal y a la tala clandestina con la Federación y el gobierno de la entidad;

XX. Regular y vigilar la disposición final de residuos provenientes de la extracción de materias primas forestales en los términos establecidos en esta Ley, y

XXI. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos.

Durante la presente anualidad, el Partido del Trabajo impulsó la conformación de la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, que agrupa a los municipios en los que dicho instituto político es gobierno y que a la fecha suman 56, los cuales requieren el apoyo de la Comisión Nacional Forestal, de ahí que la impetrante de la presente proposición considera indispensable que la Comisión Nacional Forestal, con base en sus atribuciones a las que me he referido, establezca un programa específico que permita a las autoridades municipales integradas en la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, impulsar en sus circunscripciones las acciones que lleva a efecto dicho organismo descentralizado, en el entendido de que la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC, al haberse constituido representa una instancia para coadyuvar con la administración pública centralizada y paraestatal en la instrumentación de sus proyectos y actividades.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Comisión Nacional Forestal a implementar un programa específico para impulsar sus proyectos y actividades en los municipios que agrupa la Coordinadora de Autoridades Locales del Partido del Trabajo, AC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputada Magdalena Núñez Monreal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

PREVENIR QUE LA ENFERMEDAD DEL EBOLA LLEGUE A MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar acciones para prevenir que el ébola llegue a México, a cargo de la diputada Leonor Romero Sevilla, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Leonor Romero Sevilla, diputada a la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo federal a que implemente las acciones necesarias para prevenir que le enfermedad del ébola llegue a México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en humanos y primates (monos, gorila y chimpancé), causada por el virus del ébola, descubierto en 1976 por el doctor David Finkes, cuando se presentaron varios casos de fiebre hemorrágica en Zaire y Sudán. El nombre del virus se debe al río Ébola, situado en Zaire.

Que los brotes de enfermedad por el virus del ébola (EVE) tienen una tasa de letalidad que puede llegar a 90 por ciento.

Que el virus es transmitido al ser humano por animales salvajes y se propaga en las poblaciones humanas de persona a persona.

Que a la fecha no hay tratamiento específico ni vacuna para las personas ni los animales.

Se han registrado brotes de la enfermedad principalmente en África occidental, sin embargo la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya tiene registrado un caso de ébola transmitido de persona a persona en España y casos de ébola en Nigeria, Senegal y Estados Unidos.

Al 31 de agosto de 2014, los ministerios de salud de Guinea, Liberia y Sierra Leona habían notificado 3 mil 685 casos confirmados, probables o posibles y mil 841 muertes en el actual brote de EVE.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describió, el pasado 13 de octubre, el brote actual de ébola como “la más severa y grave emergencia sanitaria vista en los tiempos modernos”, al 8 de octubre de 2014 se confirman que ya son 8 mil 376 la cantidad de personas infectadas por el virus del ébola, de las cuales desafortunadamente se han presentado 4 mil 24 defunciones.

En Estados Unidos de Norteamérica, en particular en el estado de Texas, se presentó el primer paciente diagnosticado de ébola, de nombre Thomas Eric Duncan, quien murió en las últimas horas del 8 de octubre de 2014, en un hospital de Dallas, en Texas.

Duncan, nacido en Liberia, se contagió del virus en ese país y su enfermedad se manifestó estando en los Estados Unidos, por lo que fue hospitalizado, y su estado empeoró en los últimos días, falleciendo a las 7:51 horas, tiempo local, al “sucumbir a una enfermedad maliciosa, el ébola”, según el reporte médico del hospital Presbiteriano de Dallas.

Este caso es una prueba de la existencia del riesgo latente de una posible introducción del virus a territorio nacional.

Por lo anterior someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que realice las acciones necesarias en materia de salud pública, para prevenir la introducción del virus del ébola en el territorio nacional. Asimismo para que informe oportunamente a la población nacional acerca de las medidas preventivas que se están llevando a cabo y que toda persona debe realizar para identificar síntomas de la enfermedad, poniendo a disposición de la población un número telefónico gratuito de consulta médica para denuncia de presuntos casos, a fin de que los mismos no acudan a los centros de salud y evitar así la posible dispersión del virus.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputada Leonor Romero Sevilla (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACION E INFORMACION DEL VIRUS DEL EBOLA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Relaciones Exteriores a realizar una campaña de concienciación e información sobre el virus del ébola, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el año 1976, fecha en que se empezaron a conocer los primeros casos del virus del ébola en los países de Sudán y en la República Democrática del Congo del continente africano, se han realizado estudios de su comportamiento y evolución entre los seres vivos. Dichos estudios han demostrado la presencia de diversas formas del virus tanto en animales como en los humanos, sin que hasta la fecha exista una cura o vacuna que pueda controlar la enfermedad, y que en un 90 por ciento de los casos representa un daño irreversible causando la muerte de los infectados por dicho virus, según la OMS.

El virus del ébola, antes conocido como fiebre hemorrágica del ébola, debe su nombre a que su segundo caso acaecido en la ciudad de Yambuku de la República del Congo, fue cerca del río ébola. Este se transmite a través del contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de animales infectados y para el caso de los humanos, de la misma forma por contacto directo.

Los más de cientos de casos registrados en África han alertado a la comunidad internacional y obligado a la Organización Mundial de la Salud para actualizar el informe que contiene las recomendaciones acerca de cómo evitar la infección cuando se proporciona asistencia médica a pacientes del virus de ébola presunta o confirmada (Interim infection control recommendations for care of patients with suspected or confirmed Filovirus [ébola, Marburg] haemorrhagic fever). Acciones como el uso de equipo de protección personal, extrema higiene, evitar herramientas punzocortantes y agujas o controles ambientales, son las múltiples sugerencias que informa la OMS, además de la alerta a los Estados miembros de prever mecanismos y procedimientos de aislamiento, tratamiento y control del virus y personas infectadas.

México ha tenido experiencia reciente ante epidemias ocurridas dentro del país como lo fue durante el año 2009, con la aparición del virus de la influenza AH1N1, que obligó al Estado mexicano a emprender una campaña de prevención, información y utilizar las múltiples estructuras de salud de los tres niveles de gobierno para atender, asistir y controlar la problemática. A pesar de que se criticó la tardía respuesta del gobierno federal para atender oportunamente la enfermedad así como se cuestionó la escaza investigación en la que se invirtió para conocer y controlar la enfermedad, nuevamente estamos ante un escenario actual con el virus del ébola, situación que el Ejecutivo federal está menospreciando y dejando de lado.

Las medidas adoptadas ante la actual situación de emergencia por el virus del ébola no son suficientes. La Secretaría de Salud ha comentado que el país está preparado ante un posible caso de ébola, a través de procedimientos de control y tratamiento que ya están plenamente identificados. En una nota publicada el día 7 de octubre del presente año en el periódico El Universal, se realizó una entrevista con el Director de General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, quien explicó que nuestro país está preparado ante una emergencia que pudiese presentarse. Éste explica que se tiene un plan de emergencia en el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación, instalaciones que cuentan habitaciones de alto nivel de bioseguridad, con personal previamente capacitado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Además, añade que ya se cuentan con acciones diseñadas para la repatriación de mexicanos y zonas de aislamiento similares a otros países como Estados Unidos o España, donde en ambos ya se han detectado casos aislados del virus.

Incluso, recientemente se había alertado de un trabajador ghanés que fue internado hace seis días en el hospital general de Ciudad del Carmen en Campeche, a quien se le practicaron los estudios propios para detectar un posible caso de ébola sin ser positivo. De acuerdo con el secretario de Salud de ese estado, se debió a un rumor por parte de un camillero del hospital a través de una red social quien además descartó cualquier enfermedad contraída. Es por ello que resulta necesario perfeccionar los procedimientos de comunicación e información a la sociedad mexicana donde la Secretaría de Salud en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, den a conocer de manera clara, simple y oportuna sobre qué es el virus del ébola, sus causas, antecedentes, síntomas y la preparación de México ante un posible caso que ocurra en el país.

El llamado que se hace a las autoridades competentes, es en la visión de prevenir cualquier situación que atente contra la población mexicana, pudiendo ser de carácter urgente dado que los países antes mencionados, para el caso del vecino del norte, representa uno de los flujos migratorios más grandes del mundo, y en menor cantidad, pero no por ello menos importante, el flujo de personas que se sostiene con el país ibérico, por lo que sobran razones de que se tomen acciones que hagan fluir la información entre la sociedad mexicana e impedir en la mayor medida de lo posible las falsas alertas y asimismo los posibles contagios, que según el responsable de la lucha contra el ébola en Estados Unidos, Thomas Frieden, puede convertirse en la próxima pandemia, similar al sida, de no ser controlada pronto.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus facultades realicen una campaña de concientización e información a la sociedad mexicana del virus de ébola, así como den a conocer los planes de prevención, atención, contingencia y vigilancia a pacientes que en su caso contraigan dicha enfermedad.

Notas:

1 Centro de Prensa OMS. Enfermedad por el virus del ébola. Nota descriptiva número 103, abril de 2014. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/

2 http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/mexico-listo-ante-posi ble-emergencia-por-el-ebola-219142.html

3 El ébola puede convertirse en una “pandemia como el Sida”, Pablo Pardo; El Mundo, 10 de octubre de 2014. http://www.elmundo.es/salud/2014/10/10/5437b3fb268e3ee80a8b4575.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días del mes de octubre de 2014.— Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

IMPLEMENTAR LA CAMPAÑA “AGOSTO MES EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES”

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a diseñar e implantar la campaña Agosto, Mes en Beneficio de los Adultos Mayores, a cargo de la diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito, del PVEM, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, María del Rosario de Fátima Pariente Gavito y Carla Alicia Padilla Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Dulce María Muñiz Martínez y María Esther Garza Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Elizabeth Vargas Martín del Campo y Martha Leticia Sosa Govea, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Francisco Tomás Rodríguez Martínez y Josefina Salinas Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, diputados federales de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente en México la población mayor de 60 años supera los 10.9 millones de habitantes, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Lo anterior impacta de forma directa en el cambio de la pirámide poblacional; mientras que la cifra de nacimientos comenzó a registrar un descenso, el envejecimiento de la población registró una alza importante pues de acuerdo a sus proyecciones para el año 2050 la cantidad de personas que sobrepasen el umbral de los 60 años de edad, serán el 30 por ciento de la población total, ello debido entre otras razones a la ampliación en la cobertura de los sistemas de salud y sistemas de abasto de alimentos más eficientes; por lo que la esperanza de vida se elevó de los 40 - 50 años de edad, a los 75 años de vida promedio; lo que sin duda refleja que la población mexicana se encuentra en un proceso de envejecimiento.

De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, a partir de esta etapa, las personas se caracterizan por el declive de las funciones orgánicas y psicológicas, la pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas son solo algunos de los ejemplos que hacen evidente la necesidad de crear e implementar acciones especialmente dirigidas a este sector poblacional.

Ello marca una clara evidencia de la importancia de contar con políticas públicas eficientes que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de las personas adultas mayores, para ello el gobierno federal cuenta con instituciones encargadas de ejecutar dichas políticas de manera óptima.

Sin embargo, hoy en día muchos adultos mayores se enfrentan con constantes obstáculos que los privan de la posibilidad de vivir de manera independiente, debido a dificultades tales como: movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales o físicos que les impiden realizar actividades tan cotidianas como usar el teléfono, hacer compras en comercios, ser independiente en asuntos económicos, usar medios de transporte público y realizar trámites y gestiones, por mencionar algunos, de modo que, además de ser beneficiados por distintos programas, requieren de la asistencia para poder acceder a ellos.

Es por ello que consideramos indispensable y urgente auxiliar a este sector vulnerable para garantizar la participación e inclusión de los mismos a sus derechos humanos.

Verbigracias de las manifestaciones respecto de la necesidad de auxiliar a los Adultos Mayores son:

I. Jubilación. Se presenta una problemática que se ha repetido de forma sistemática por circunstancias de errores administrativos en el nombre o apellido, fecha de nacimiento, existencia de distintos números de seguridad social; lo que ha generado que no coincida el tiempo que llevan cotizando con su registro actual. Para esto, es necesario corregir la información con los datos y la documentación correspondiente. Actualmente para realizar dichas correcciones es necesario acudir de forma personal a las ventanillas de las instituciones para realizar los trámites; representando para los adultos mayores

a. que acuden la exposición de su salud e integridad, debido a las horas de espera y a las diversas ocasiones que deberán acudir a las instituciones para informarse sobre el resolutivo de su trámite.

II. Documentos que acreditan la Identidad. Son requisitos básicos para realizar diversos trámites en dependencias públicas o privadas. Entre estos documentos se encuentran: Acta de nacimiento, Clave Única de Registro Nacional de Población, Credencial del Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional, Pasaporte.

a. La inconsistencia más común que se presenta en estos documentos es la falta de un nombre o apellido, o en su caso la información inexacta. Asimismo se encuentran errores relativos a la fecha de nacimiento o lugar de origen.

III. Para solucionar estas anomalías, es necesario realizar una corrección de datos; en algunas circunstancias los lleva a acudir al lugar de origen, por lo que se requiere autonomía para poder viajar y solvencia siendo estos puntos los que representan un problema para los adultos mayores, que dependen de familiares o bien de apoyos del gobierno.

IV. Sin embargo el tiempo de espera y los gastos que pueden implicar generan una problemática de acceso a programas o derechos de los adultos mayores. Es por ello y con el ánimo de fortalecer las instancias correspondientes, se establezca la creación de una vinculación institucional que permita la verificación y corrección de datos de manera accesible, tal como lo establece la propia Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en su artículo quinto, beneficiando a un gran número de adultos mayores que padecen de situaciones en las que es necesario corregir información de sus documentación; el acotar los tiempo y distancia en la corrección de datos dará acceso a un derecho legal reconocido en el artículo 123 de nuestra Constitución y leyes de la materia.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de que celebre un “Convenio Marco de Concertación de Acciones” con las Autoridades e Instituciones en la materia que determine pertinentes, a efecto de que se diseñen e implementen la campaña denominada “Agosto: Mes en Beneficio de los Adultos Mayores”, a través de la cual anualmente se impulsen mecanismos facilitadores de inclusión a los diferentes programas de atención, pues consideramos que debido a su condición de grupo vulnerable, las personas adultas mayores no sólo tienen derecho a ser titulares de garantías, sino a ser beneficiados con derechos especiales por parte del Estado quien deberá facilitar el acceso a los mismos.

Nota:

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Proyecciones de la población de México, 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de octubre de 2014.— Diputados: María del Rosario de Fátima Pariente Gavito (rúbrica), Carla Alicia Padilla Ramos (rúbrica), Dulce María Muñiz Martínez (rúbrica), María Esther Garza Moreno (rúbrica), Elizabeth Vargas Martín del Campo (rúbrica), Martha Leticia Sosa Govea, Francisco Tomás Rodríguez Martínez (rúbrica), Josefina Salinas Pérez (rúbrica), José Angelino Caamal Mena (rúbrica), Rosa Elia Romero Guzmán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

INVESTIGACION SOBRE EL CASO DE LOS ESTUDIANTES DE LA UPEMOR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Morelos a emprender medidas sobre la escalada de violencia en la entidad e investigar respecto al caso de los estudiantes de la Upemor atacados por un grupo armado en Jiutepec, suscrita por los diputados Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento Ciudadano de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

Durante la segunda semana del mes de septiembre un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) efectuaron una reunión para festejar sus logros deportivos, obtenidos en una justa de voleibol en el estado de Coahuila, realizada unos días antes, en la que participaron como representantes del estado de Morelos.

Rentaron una casa con alberca y jardín entre los fraccionamientos habitacionales San Gaspar y Las Fuentes, mismos que se ubican a menos de 600 metros de la base local de la Policía de Mando Único Coordinado, en el municipio de Jiutepec.

A esta reunión asistieron tanto estudiantes de la Upemor, como de otras universidades, a la hora de la comida, en donde jugaron una “cascarita” de voleibol antes de comer e ingresar a la alberca, tal como lo habían planeado inicialmente.

Entre los asistentes también se encontraban algunas integrantes de la selección femenil de voleibol de la Upemor, que en agosto pasado ganaron el Campeonato Estatal de Voleibol Femenil de Clubes 2014, en su categoría de segunda división, hecho que también les permitió representar a Morelos en Coahuila, del 12 al 16 de septiembre de este año.

Este grupo de estudiantes es conocido en sus universidades por mantener buenos promedios y ser asiduos a los estudios y el deporte. Testigos que acudieron a la reunión de los muchachos, aclaran que el ambiente era tan sano que dos padres de familia que acompañaron a su hijo, decidieron retirarse cuando vieron que la celebración no tenía tintes de ser una “borrachera” o de ser un evento desenfrenado.

El grupo era de unas 30 personas aproximadamente, entre las que se encontraban ocho mujeres, todas y todos universitarios de entre 19 y 22 años.

Aproximadamente a las 17:30 horas, los jóvenes fueron sorprendidos por un grupo de entre seis y siente sujetos que comenzaron a saltar una barda de la casa alquilada hacia el jardín, sometiendo de inmediato a los estudiantes, a quienes les ordenaron arrodillarse, mientras que obligaban a algunos a cubrirse el rostro con sus camisetas y a otros les ordenaron desnudarse.

A las mujeres les ordenaron despojarse de su ropa, pero algunas se resistieron y en represalia fueron severamente golpeadas.

Posteriormente les robaron sus pertenencias y entonces eligieron a dos estudiantes para abusar sexualmente de ellas. Después de gritos, llantos y voces de súplica para que no se concretara la violación de sus compañeras, una de ellas logró evitar la violación, aunque fue castigada con una golpiza severa que terminó por fracturarle el tabique nasal. Algunos jóvenes que pretendieron interceder por sus compañeras también fueron severamente golpeados.

La mayoría de los muchachos fueron llevados al hospital José G. Parres de Cuernavaca, donde de acuerdo con los reportes clínicos, registraban golpes producidos, aparentemente, con cachas de pistola.

Una vez recuperados de sus lesiones físicas, acudieron a presentar la denuncia ante la fiscalía del estado, pero ninguno de ellos pudo describir a los autores del robo y el abuso sexual a sus compañeras, porque los atacantes siempre ocultaron su rostro con capuchas.

Aparentemente, la escena de los hechos fue alterada y las investigaciones en criminalística de campo son endebles para identificar a los responsables de la agresión sexual.

La Upemor ha acompañado a las y los estudiantes desde que sucedieron los hechos, tanto en el proceso legal, como con atención psicológica y acompañamiento cuando así lo requieren los jóvenes. Las víctimas han solicitado, de manera expresa, que no se publiquen sus nombres, para su protección; y aunque las autoridades responsables de la investigación afirman que el caso sigue vigente, reportan que el avance es lento debido a que los elementos que se tienen son insuficientes para identificar a los responsables.

Jiutepec, localizado en la zona centro del estado de Morelos, ha alcanzado notoriedad en los últimos años por los elevados índices delictivos y violentos que ha alcanzado, cifras que desde 2009 a la fecha, no han podido ser disminuidas.

En el periodo de 2009 a 2012, diversos grupos delictivos se acentuaron en la entidad, como el cártel del Pacífico Sur (CPS), una célula de los hermanos Beltrán Leyva desintegrada luego de su autoría en el homicidio de siete personas, entre ellos Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia.

También formó parte de ese grupo Edgar N, El Ponchis, un adolescente acusado de homicidio y que después de tres años de prisión en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes fue repatriado a Estados Unidos en atención a su nacionalidad.

La segunda semana de este mes la Policía Federal localizó y cercó en la colonia Naranjos —clasificada de alta peligrosidad por las autoridades— al supuesto líder del cártel Guerreros Unidos, señalados como responsables de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero.

La versión oficial dice que Benjamín Mondragón Pereda, El Benjamón, se disparó en la cabeza después de negociar la salida de una mujer que lo acompañaba en el momento de su localización.

Como puede apreciarse, la presencia de la Policía de Mando Único, misma que se encuentra en 24 de los 33 municipios del estado, ha sido deficiente y poco efectiva en el combate contra la delincuencia.

En septiembre, un grupo de víctimas de la violencia se entrevistó con el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, para pedirle el envío de la Gendarmería Nacional ante el crecimiento de los delitos en la zona oriente.

En respuesta, el comisionado de Seguridad en Morelos, Alberto Capella, consideró que los ediles que piden a la Gendarmería Nacional son ignorantes porque en el estado hay coordinación con las fuerzas federales y castrenses.

Sin embargo, los jóvenes ultrajados son un ejemplo de la inseguridad y la desconfianza. Varios padres de familia y los propios muchachos renunciaron a continuar con la denuncia para evitar el escarnio, la doble victimización de las chicas ultrajadas, o represalias por parte de los autores materiales.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Morelos a emprender las acciones necesarias para brindar la seguridad pública y la procuración de justicia, en torno a la escalada de violencia en dicha entidad.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría del Estado de Morelos a realizar una investigación completa e imparcial del caso de los estudiantes de la Upemor que fueron atacados por un grupo armado en el municipio de Jiutepec, Morelos.

Tercero.Exhortar al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a otorgar medidas precautorias y emitir recomendación respecto a dicho caso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Ricardo Mejía Berdeja (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESION

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Quintana Roo a realizar diversas acciones en materia de libertad de expresión, a cargo de la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en la fracción II del numeral 1, y numeral 2 todos del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Las condiciones democráticas del México de hoy exigen, sin duda alguna y sin reparo, de las garantías por parte del estado a la libre expresión y manifestación de las ideas. Pero también, debe ser parte sustancial de una nueva cultura política la responsabilidad de hablar con la verdad, de propiciar ambientes de mayor respeto en la búsqueda del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones que la sustentan.

Lamentablemente hoy existen en nuestro sistema político voces y actitudes irresponsables; unas escudadas en su fuero constitucional, en el ejercicio del poder, y otras que utilizan su capacidad de influencia mediática para, escudados en la libertad de expresión, hacer señalamientos infundados con el fin de dañar a las personas, a los adversarios políticos y a las instituciones del Estado mexicano.

Acción Nacional quiere apelar a la responsabilidad de quienes tienen el mandato constitucional de servir al pueblo y no de servirse de él. Apelamos a la responsabilidad de quienes ostentan un encargo público; responsabilidad para consolidar nuestra democracia, para hacer de la palabra un instrumento para la búsqueda de la verdad. Responsabilidad por parte de los actores políticos para edificar un México diferente, donde las insinuaciones o especulaciones no priven como verdades absolutas, donde se construyan nuevos ambientes de diálogo en pro de la patria y no en detrimento de la sociedad.

Y nos referimos a las acciones que ha llevado a cabo en últimas fechas el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Basta citar dos casos que atentan profundamente en contra de la libertad de expresión.

Los acontecimientos señalados por la revista Luces del siglo, en Quintana Roo, la cual ha denunciado que han sido víctimas de “robos dirigidos, persecuciones, agresiones contra reporteros y reporteras y repartidores del semanario”, y que a las opiniones disidentes y opositores se les somete a un régimen de terrorismo político-fiscal, por el simple hecho de atreverse a criticar o disentir de lo que piense el gobernador.

La estrategia para coartar, someter y acallar las opiniones críticas a su administración es la de fabricar campañas de desprestigio, así lo afirman los directivos de esa revista, que aseguran, ha sido objeto del trabajo sucio ejecutado durante un mes por parte del periódico Respuesta con fotomontajes y caricaturas grotescas de miembros del semanario, acompañadas con información dolosa, afirman los miembros de Luces del siglo, que son acusados de extorsionadores, defraudadores y vendedores de droga, los ejemplares de Respuesta fueron distribuidos en las colonias, zonas habitacionales del entorno laboral para desprestigiar a los directivos de Luces del siglo.

Esta estrategia gubernamental de ataque a las opiniones críticas ha incluida la clonación del semanario en 40 ediciones digitales y 8 impresas. En los ejemplares se sustituye el contenido real de la publicación, la cual es de crítica al gobierno del estado, con boletines y noticias que favorecen a la administración estatal; además de artículos para descalificar a los opositores del Ejecutivo estatal.

La situación es tan grave que el juez cuarto de distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido, al otorgar una suspensión provisional de amparo, ha ordenado al gobernador Borge Angulo abstenerse de elaborar y difundir las portadas y ejemplares falsos de la revista, a rendir un informe donde aclare “si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, pudiendo agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión”, así también se ordena por el juez que “cese la transmisión de mensajes difamatorios, denostativos o acusatorios” en contra del medio.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente jurisprudencia:

“Libertad de expresión y derecho a la información. Concepto de interés público de las expresiones, informaciones, ideas y opiniones sobre funcionarios y candidatos.

La jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que las expresiones e informaciones atinentes a los funcionarios públicos, a particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, y a candidatos a ocupar cargos públicos, gozan de un mayor grado de protección. Tales personas, en razón de la naturaleza pública de las funciones que cumplen, están sujetas a un tipo diferente de protección de su reputación o de su honra frente a las demás personas, y correlativamente, deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica. Ahora bien, a fin de determinar si cierta expresión sobre algún funcionario o candidato a ocupar un cargo público tiene relevancia pública no se requiere que un determinado porcentaje de la población concentre su atención en la controversia o que los líderes de opinión se refieran a ella, pues el mero hecho de que la expresión esté relacionada con el control ciudadano sobre su desempeño hace la información relevante.

Amparo directo en revisión 3123/2013. María Eugenia Olavarría Patiño. 7 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Luz Helena Orozco y Villa.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

Como podemos observar, estas denostaciones y calumnias por medio de supuestas publicaciones periodísticas, no se limitan al periodismo crítico. Incluyen también a partidos políticos y a representantes populares. El pasquín Razón QR, elaborado desde las oficinas gubernamentales en donde no se incluye responsable de la publicación o redactor de las notas, no sólo realiza el culto a la personalidad del gobernador Roberto Borge Angulo, sino además fomenta la guerra sucia rebajando el debate político con notas que rayan en la vulgaridad, la misoginia y en la violación de las leyes.

Acción Nacional siempre, como lo ha hecho hasta ahora, defenderá la libertad de expresión de todos los ciudadanos, bajo el entendido de que es la única forma en que se pueden construir nuevos ambientes en la convivencia pública. La libertad de expresión debe ser ejercida no sólo como un derecho, sino como una virtud democrática. Cuando se restringe la libertad de expresión, por el motivo que sea, se deteriora el orden y el respeto, y eso es algo que la sociedad mexicana no puede permitirse. Es necesario que el Estado mexicano proteja a como dé lugar esa libertad que tanto esfuerzo y lucha ha costado a los mexicanos.

Y también queremos que todos los esfuerzos que desde el Poder Legislativo se han hecho para proteger la seguridad, la integridad y la dignidad de las mujeres sea una realidad en todos y cada uno de los rincones del país. Por ello evitar la violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades contra ellas es un imperativo, además para los tres órdenes de gobierno.

Nuestra norma fundamental es clara en señalar la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas y cada una de las y los mexicanos, y específicamente en el tema de violencia contra las mujeres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la obligación de los gobiernos federal, local y municipal, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Por tanto, es nuestra obligación que desde este Congreso de la Unión se promueva la protección y respeto del derecho de las mujeres a vivir con paz, con tranquilidad y a garantizarles el pleno respeto a su dignidad humana.

En otro criterio de la Suprema Corte de Justica de la Nación encontramos que:

“Daño al patrimonio moral de las personas. Se puede causar con notas periodísticas que sobrepasan los límites del libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática (Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal).

Atendiendo a lo previsto por el artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecinueve de mayo de dos mil seis, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, su objeto o finalidad es regular el daño al patrimonio moral de personajes de la vida nacional o servidores públicos, derivado exclusivamente del abuso del derecho a la información o de libertad de expresión. Por consiguiente, la responsabilidad civil por daño al patrimonio moral de las personas que se reclame al amparo de la referida ley debe, necesariamente, tener su origen en la utilización de medios informativos, a través de los cuales se ejerza tal libertad de expresión. Ahora bien, conforme a la citada ley, se considera que la información que den los periodistas debe ser de interés público y no debe sobrepasar ciertos límites, esto es, no debe ir en contra de la reputación de persona alguna, aun y cuando ésta sea un personaje de la vida nacional o bien un servidor público, pues el derecho de información no debe ser totalitario, sino que debe tener como sustento dos condiciones, a saber: que esa información sea de interés general o en beneficio de la sociedad democrática. Ello en virtud de que la finalidad de una nota periodística es informar al público en general sobre hechos de interés general. En consecuencia, las expresiones denostatorias que se realicen en un medio informativo en contra de determinada persona sin ese propósito, es decir, que no conllevan la finalidad de informar, sino sólo el de dirimir conflictos personales entre el autor de la nota periodística y la persona a la que se hace referencia en la misma, se deben considerar como insultantes, vejatorias e innecesarias en el ejercicio de la libertad de expresión, porque sobrepasan los límites de libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, al no tener la intención de hacer del conocimiento un hecho de interés general, ni sirven a las personas para la toma de decisiones que enriquezcan la convivencia o participación democrática.

Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Amparo directo 474/2010. Miguel Lerma Candelaria. 28 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Laura Ivón Nájera Flores.”

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados, lamentamos que la democracia, que tanto trabajo ha costado consolidar a nivel nacional, no sea una práctica común a nivel local. Es inaudito que haya entidades como Quintana Roo, donde los derechos humanos y las libertades ciudadanas sean vulnerados de forma tan evidente y que el oprobio se haya convertido en lo habitual y cotidiano.

Pero más grave es que estas acciones sean dirigidas en contra de mujeres quintanarroenses que por su actividad política o periodística, se vean inmiscuidas en publicaciones denostativas, que dañan su imagen pública, su integridad moral y que de alguna u otra manera, forman opinión pública negativa en su contra.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, licenciado Roberto Borge Angulo, a respetar los derechos humanos e implementar las acciones necesarias que permitan el correcto ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación, vigilar su estricto cumplimiento, así como a acatar la resolución del juez cuarto de distrito de Quintana Roo, Ricardo de Jesús Vázquez Carballido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

FORO PARA DISCUTIR LA PROPUESTA SOBRE LA POLITICA DE RECUPERACION DEL SALARIO MINIMO EN MEXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la Conasami a organizar con instituciones públicas y privadas, académicas, sociales y demás que consideren necesarias un foro de análisis sobre la propuesta relativa a la política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante la ceremonia de conmemoración del 1 de mayo de 2014, el actual jefe del gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, expuso la situación actual que sufre el salario mínimo, tema que se ha dejado rezagado por las autoridades federales y ha perdido su principal naturaleza que es cubrir las necesidades básicas de las familias mexicanas. Este tema fue acompañado de una propuesta coherente para recuperar su valor en beneficio de la sociedad mexicana, a través de un estudio serio y profesional que explica las causas, las acciones a tomar a corto, mediano y largo plazo y las autoridades involucradas y sus facultades para poner en marcha gradualmente así como las posibles consecuencias debidamente monitoreadas y controladas para evitar problemas futuros.

Este problema histórico se debe a la pérdida del poder adquisitivo del salario de hasta un 75 por ciento de su valor, en comparación con otros países en igualdad de economías y circunstancias. Tan sólo podemos observar el reporte de la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo Económicos de 2013, donde se muestra a México como el único país de América Latina con salarios estáticos y que los gobiernos que han transitado no han realizado nada para recuperar su valor. Aunado a ello, el Informe Mundial de Salarios Mínimos de la Organización Internacional del Trabajo señala que México está por debajo de los niveles de mercado, aún para los trabajadores no calificados.

El caso atípico de México puede obedecer a circunstancias diversas que se han dejado de obedecer, empezando por la omisión clara al mandato constitucional. El artículo 123 de la Constitución establece en su fracción VI que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y proveer a la educación obligatoria de los hijos”. Ante esta clara omisión el Estado mexicano no ha cumplido con el mandato de la Carta Magna, ni tampoco ha operado con equidad en el sentido de intervenir en el reparto de la riqueza. El claro rezago sólo ha castigado al propio salario y ha sido utilizado únicamente como instrumento de control de la inflación, usado como una simple base para calcular medidas, cuentas y multas.

Aunado a ello, el salario mínimo no ha crecido conforme a la productividad del país como sucede en otros Estados del mundo. Una nación crece y los salarios deberían crecer conforme a la productividad generada, no conforme a la inflación como sucede en nuestro país. Existen casos de éxito como los países de Chile y Uruguay donde se crearon leyes y se implementaron políticas públicas tendientes a recuperar el salario mínimo de dichos estados. A través de una colaboración y coordinación de los diversos niveles de gobierno en conjunto con Sindicatos y empresas privadas, se pudo consolidar este aumento en beneficio de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida y su ingreso. Su impacto tanto social como económico ha mejorado notablemente y disminuido el umbral de pobreza.

En México cerca de 7 millones de personas en el país alrededor del 13 por ciento de la población, percibe el salario mínimo conforme a la ley. Es a este sector a quien se puede beneficiar pero necesita de un debate en el que se involucren los diversos órganos de gobierno y entidades públicas y privadas, expertos, académicos o profesionales en el tema que expongan las ventajas y desventajas de esta propuesta, su viabilidad y las posibles acciones a tomar en su caso. No es necesario politizar ni usarlo como estandarte electoral para someterlo a discusión. Es un tema que requiere de la urgente intervención del Estado para analizarlo en la búsqueda de  alternativas para una solución que permita no solo el aumento en el salario mínimo por el aumento mismo, sino una adecuada redistribución de la riqueza que permita no solo un mayor flujo de bienes y capital en la economía, también el aminoramiento de algunas actividades que derivan, en primera instancia, del bajo nivel adquisitivo de la población y en segunda, de la falta de oportunidades de desarrollo, como lo es la delincuencia y en mayor escala el crimen organizado.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene la obligación de velar lo establecido en el artículo 123 de nuestra Constitución, así como en el articulo 557 de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) a través del Consejo de Representantes, tiene la facultad de practicar investigaciones y estudios que juzguen convenientes en torno al salario mínimo. En este sentido, el principio de máxima publicidad y transparencia de las actividades que realizan el Estado deben darse a conocer a la sociedad mexicana de tal forma que se encuentren debidamente informados y sepan de todos los aspectos técnicos, legales, administrativos y sociales de un tema de gran trascendencia y relevancia para todos los mexicanos. Es por ello que se pide a ambos órganos se coadyuven con universidades, académicos, profesionales o peritos en el tema y otras instituciones, de la colaboración de los sectores públicos y privados, de empresas, asociaciones, cámaras, sindicatos y demás organismos nacionales e internacionales para que se lleve a cabo un foro o simposio donde se den a conocer estudios serios de la factibilidad de esta política de recuperación del salario mínimo propuesta por el Jefe de Gobierno. Se abra un debate donde confluyan los diversos actores políticos y sociales involucrados con el tema y se otorguen propuestas concretas, realizables y se desarrolle un plan o proyecto que permita la consolidación del salario mínimo del país.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social así como a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que en colaboración con diversas instituciones públicas y privadas, académicas, sociales y demás que consideren necesarias, organicen un foro de discusión e intercambio de conocimientos y experiencias para discutir la propuesta planteada por el jefe del gobierno del Distrito Federal en torno a la “Política de Recuperación del Salario Mínimo en México y en el Distrito Federal”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

PROTEGER A LOS PRODUCTORES NACIONALES DE CAÑA DE AZUCAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a actuar de inmediato por la SE, la SRE y la Sagarpa para establecer una represalia contra la importación de alta fructosa e iniciar acciones más efectivas a fin de proteger a los productores nacionales de caña de azúcar, a cargo del diputado Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Juan Bueno Torio, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional integrante de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a la atención de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestros productores de la industria de la caña de azúcar enfrentan una grave amenaza frente a la resolución preliminar del Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés) en marzo de este año, al establecer aranceles entre 2.99 y 17.01 por ciento a las exportaciones de azúcar producida en México, derivada de la demanda que interpuso la industria azucarera norteamericana al determinar que nuestro país sobrepasó el límite de apoyos a la producción del edulcorante.

En días recientes las instancias mencionadas están resolviendo un incremento más en los aranceles de este sector, por supuestamente exportar azúcar subsidiada y comercializar a precios de dumping azúcar mexicana. Lo que lleva prácticamente a cerrar las exportaciones a Estados Unidos hasta el mes de marzo, debido a las negociaciones bilaterales que se esperaría lograr.

Los efectos de las cuotas compensatorias en la zafra nacional son múltiples:

En primer lugar, un aumento del precio del azúcar de Estados Unidos y la disminución en México, al impedir la exportación de los excedentes esperados, que se estiman en 1 millón 600 mil toneladas de azúcar, toda vez que se calcula que la zafra 2014-2015 arroje una producción de 6 millones de toneladas de azúcar, ya que nuestro consumo apenas alcanza 4.3 millones de toneladas.

En segundo lugar, una pérdida de competitividad en nuestra industria por los precios bajos, al significar una reducción del precio de referencia de la zafra en el ciclo 2014-2015 de por lo menos 10 por ciento, llevando el precio de la caña a un valor inferior al del costo de producción.

Por tercer año consecutivo, los productores enfrentarían rentabilidad nula o negativa, con pérdidas por tres mil millones de pesos para los productores del país.

En tercer lugar, al no poder vender nuestros excedentes de azúcar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se fuerza a los productores a canalizar el excedente de azúcar al mercado mundial, donde los precios son mucho menores al que se puede vender para recuperar la inversión realizada, recortándose de manera importante los flujos económicos por la exportación a ese mercado.

Con esta medida de Estados Unidos de América se espera que hasta abril empiece a fluir el azúcar mexicana a las refinerías estadounidenses, por lo que se verían presionados los precios internos del azúcar durante la zafra que inicia con una clara tendencia de precios a la baja, lo que pudiera generar reacciones de los productores de caña de azúcar.

En cuarto lugar, la aceptación del gobierno mexicano de asumir que se ratificarán los aranceles compensatorios al azúcar mexicana y luego se suspenderá su aplicación, es perjudicial para esta industria que genera 440 mil empleos directos, para la cadena agroindustrial de la caña de azúcar y para el resto de la economía en nuestro país. Además de que implica seguir negociando de forma desequilibrada a través de medidas unilaterales, transgredir la Ley de Competencia Económica y violentar el espíritu y modelo económico del Tratado de Libre Comercio.

En quinto lugar, no resolver este conflicto comercial de manera urgente vía un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos para establecer el libre acceso del mercado de edulcorantes, azúcar de parte nuestra y fructosa por parte de ellos, preservando los derechos de México en el TLCAN, y tratar de resolverlo en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es tardado y llevaría a disminuir las exportaciones de azúcar mexicana a los Estados Unidos, afectando negativamente a esta industria.

En su caso, es mejor para México cerrar las fronteras a la alta fructosa proveniente de los Estados Unidos, pues se estaría atendiendo nuestro mercado interno con azúcar producida en nuestro país, nos llevaría a tener precios más firmes, acordes a los precios y costos de producción en un mayor mercado interno y considerando las 500 mil toneladas de fructosa producidas en nuestro país.

Como se advierte, de continuar los aranceles a la azúcar mexicana en los Estados Unidos, el problema tendrá sin duda un impacto severo en la industria azucarera mexicana de carácter económico y político, pero sobre todo de consecuencias funestas en el desarrollo social de las regiones productoras de caña de azúcar en nuestro país.

En este sentido, urge que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, tome medidas inmediatas, aplicando una represalia contra la importación de fructosa y asuma con visión de estadista los elementos que tiene a su alcance a fin de equilibrar nuestra relación comercial con Estados Unidos a través de adoptar una estrategia de carácter represivo, en contra de la alta fructosa que importamos de aquel país, mediante aranceles al jarabe de maíz importado; es evidente que tenemos elementos para establecer que están incurriendo en prácticas desleales, toda vez que es claramente conocido y comprobable que el maíz del país vecino es altamente subsidiado y con ello como materia prima para la elaboración de la fructosa, está desplazando 1 millón 600 mil toneladas equivalentes al mismo volumen de azúcar mexicana a la que le han impuesto aranceles.

Es imperativo proteger los derechos comerciales de México ante las instancias internacionales y beneficiar a la cadena productiva de la caña de azúcar, a la economía nacional y al tiempo, apoyar a las familias mexicanas que contribuyen a esta actividad.

Por todo lo anterior expuesto, compañeras y compañeros legisladores, les pido que sumemos nuestro voto a favor, para que aprobemos este punto de acuerdo que sometemos a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al Ejecutivo federal a través de las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a tomar medidas urgentes para defender el interés nacional en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la Organización Mundial de Comercio, y proteger a los productores mexicanos de caña de azúcar y a miles de familias que dependen de esta actividad, a través de aplicar, de forma inmediata y conforme a la normatividad vigente, las represalias, cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda, tanto provisionales como definitivas, a las importaciones del jarabe de maíz alto en fructosa que proviene de Estados Unidos de América.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado Juan Bueno Torio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

REACTIVAR LA AFLUENCIA TURISTICA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a realizar acciones para reactivar la afluencia turística en Baja California Sur, a cargo de la diputada Karen Quiroga Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Karen Quiroga Anguiano, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado mes de septiembre, durante la primera quincena, uno de los Estados con mayor afluencia turística en el país recibió el embate del huracán Odile, considerado dentro de la  categoría 3 en escala Saffir-Simpson, de acuerdo con los expertos. Como ya sabemos el primer golpe en tierra fue en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, y el cual no dejo de afectar gravemente a los otros cuatro municipios de dicha entidad, dejando en estado de emergencia a la totalidad de la entidad, con daños por más de 12 mil  millones de pesos, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

La sociedad mexicana y algunas instituciones de gobierno, entre ellos ésta H. Cámara de Diputados, comprometidos  con la ayuda en este tipo de desastres, instaló diversos puntos de acopio para auxiliar con diversos víveres y enseres de uso cotidiano, logrando recabar más de 52 mil 500 despensas, 27 mil cobertores y colchonetas, 150 mil litros de agua entre otros, algunos de ellos siguen operando, tratando de acrecentar esta cifra.

Otra de las acciones importantes que no se dejó de hacer, y que se caracteriza en este tipo de desastres es la movilización del ejército militar mediante el Plan DNIII-E, para auxilio en lugares y situaciones en desastre, se habilitó también un puente aéreo llevado a cabo también por la Sedena y la Policía Federal, ayudando a trasladar a cientos de personas, entre turistas nacionales y extranjeros, sin dejar de lado a residentes del Estado que perdieron todo y que quedaron varados en este desastre natural.

El Fondo Nacional de Desastres puso en marcha más de 4 mil 333.6 millones de pesos para buscar la reactivación de la zona afectada para que se realicen las reparaciones y la pronta recuperación económica y social del estado; representando una buena cantidad, pero no suficiente para la totalidad de los daños que se reportan, principalmente en el sector vivienda, el sector Salud, la red carretera, pero principalmente el Turismo, donde el Fonatur estimo que los daños ascienden a los 693.9 millones de pesos; en una entidad donde el 74.2 por ciento de la población ocupada, a finales de 2012 se dedicaba a actividades terciarias.

Baja California Sur es un estado en crecimiento y requiere de una pronta coordinación de los tres niveles de gobierno para reactivar su economía, en especial su promoción turística como ocurrió en su momento con Quintana Roo y sus principales centros turísticos como Cancún o Isla Mujeres, que fueron azotados por el huracán Wilma en el año de 2005.

Esta coordinación requiere que se redoblen esfuerzos para reconstruir las áreas afectadas de tal forma que se reactive todas las actividades económicas, pero principalmente el turismo, que en el año 2011 la Secretaría de Turismo de Baja California Sur registró una derrama económica de más de 617.8 millones de dólares y cada año recibe miles de turistas nacionales y extranjeros que buscan disfrutar de sus bellas playas, sus monumentos naturales e incluso, el avistamiento de las ballenas en alguna temporada del año, y que crece cada vez más.

En este sentido, la afluencia económica que circula en la región es importante para dar un impulso mayor de reconstrucción a las zonas afectadas, a través de facilidades crediticias, exenciones fiscales y la creación de trabajos temporales y fijos para los habitantes del estado, acciones que ahora ha implementado el Ejecutivo Federal, sin embargo se requiere forzosamente de la colaboración de la Secretaría de Turismo Federal con la estatal a fin de implementar un plan que atraiga nuevamente la derrama económica en la región, a través de campañas a nivel nacional e internacional.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo para que en el ámbito de sus facultades, realice actividades de promoción a nivel nacional e internacional para reactivar la afluencia turística en Baja California Sur.

Notas:

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/12/danos-por-huracan-odile-alcanza-1 2-mil-mdp-calculan-aseguradoras-2251.html

2 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/09/20/982757

3 http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/danos-a-bcs-por-odile-ascienden-a-mil-8 63-millones-de-pesos.html

4 Ibídem.

5 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integrac ion/estd_perspect/bcs/Pers-bcs.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputada Karen Quiroga Anguiano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

PROMUEVA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL “PROGRAMA DE ATENCION A JORNALEROS AGRICOLAS”

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la titular de la Sedesol a implantar acciones que promuevan la eficiencia y eficacia del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, con base en los siguientes

Antecedentes

A. El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) tiene como fin contribuir a la protección social de los jornaleros agrícolas y los integrantes de su hogar. Otorga a la población jornalera agrícola apoyos directos y acceso a servicios básicos y vivienda, promueve acciones para el desarrollo de sus capacidades. Al estar comprendidos en su grupo de intervención mujeres y hombres de 16 años o más que laboran como jornaleros, así como los integrantes de su hogar, el PAJA dota de apoyos alimenticios a los niños y niñas, estímulos para la asistencia y permanencia escolar, un apoyo económico al arribo, apoyos para infraestructura, servicios de acompañamiento, acciones de promoción y participación social, apoyos especiales para contingencias, acciones para potenciar el desarrollo y apoyos para infraestructura. Promueve la investigación sobre los jornaleros agrícolas.

B. El PAJA tiene cobertura nacional en lugares con presencia de población jornalera, denominada “regiones de atención jornalera”. Cuenta con un catálogo de los municipios que forman las regiones de atención jornalera.

Las regiones de atención jornalera se dividen de manera geográfica en grupos de localidades denominados “subregiones de atención jornalera”, que constituyen la unidad mínima de planeación para los apoyos que el programa entrega a la población agrícola jornalera.

C. Los apoyos y requisitos del PAJA son los siguientes:

1. Apoyos directos a la población jornalera agrícola

a)Apoyos alimenticios a las niñas y los niños. Hasta dos alimentos diarios por una cantidad máxima de 480 pesos mensuales para niñas y niños menores de 14 años.

b) Estímulos para la asistencia y permanencia escolar. Una cantidad mensual de acuerdo con el nivel escolar (a hogares que no reciben apoyo del programa Oportunidades): 170 pesos para preescolar, de 170 a 339 pesos para primaria y en secundaria de 493 a 550 pesos para hombres y de 524 a 637 para mujeres.

• Tener menos de 18 años.

• Estar inscrito en una institución de educación preescolar, primaria, secundaria o equivalente.

c) Apoyo económico al arribo. Se otorgará un apoyo económico de 800 pesos, hasta 3 veces al año al jefe o jefa del hogar jornalero que notifique su arribo en las mesas de atención del programa, ubicadas en los lugares de destino de la población jornalera.

Para los casos b) y c) también es necesario nombrar, por hogar, una o un representante mayor de 16 años (preferentemente mujer) para que reciba los apoyos correspondientes, quien deberá acreditar su identidad y edad.

En los tres casos es necesario

• Ser integrante de un hogar con al menos una o un jornalero agrícola.

• Proporcionar la información necesaria para el llenado del cuestionario único de información socioeconómica y su cuestionario complementario.

• Encontrarse en unidades de trabajo para la entrega de estos apoyos directos.

2. Acciones para el desarrollo de la población jornalera agrícola

a) Servicios de acompañamiento a la población jornalera agrícola. Las y los jornaleros y sus familias reciben apoyos temporales de alojamiento, alimentación y almacenamiento de pertenencias, además de orientación e información de interés para la población jornalera, en coordinación con las instituciones competentes.

b)Acciones de promoción y participación social. Las y los jornaleros reciben y participan en sesiones de orientación, grupos de crecimiento, jornadas informativas, diagnósticos comunitarios participativos, jornadas informativas y talleres de promoción social con temas como derechos humanos, migración, hábitos saludables, saneamiento básico y contraloría social entre otros.

c) Acciones para potenciar el desarrollo. Los integrantes del hogar jornalero podrán acceder a apoyos o servicios que brindan otros programas, siempre y cuando exista un acuerdo previo con las instituciones u organizaciones.

d) Apoyos especiales para contingencias. Pago de transportación de regreso a su lugar de origen, servicios médicos y gastos funerarios para la o el jornalero agrícola migrante y sus acompañantes, en caso de percance durante el tránsito migratorio. Este apoyo no sustituye las obligaciones del patrón respectivo si la contingencia ocurre durante la jornada laboral.

En los casos a), b) y c) es necesario estar en una Unidad de trabajo donde se otorgue el tipo de apoyo. En los cuatro casos se debe formar parte de un hogar con al menos una o un jornalero agrícola.

3. Acceso a servicios y vivienda

a) Apoyos para servicios básicos. Subsidios para la construcción, rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de vivienda para atender a la población jornalera en las Subregiones de Atención Jornalera. Se podrán ejecutar proyectos en los siguientes rubros:

• Desarrollo infantil: Centros de atención y educación infantil, ludotecas, guarderías y estancias, entre otros.

• Atención a la salud: Unidades de atención médica de primer nivel fijas o móviles.

• Espacios para la estancia temporal: Albergues y vivienda temporal, entre otros.

• Instalaciones para la atención de la población jornalera agrícola: Sedes de atención.

• De atención, alojamiento temporal e información, incluyendo unidades de servicios integrales y sedes de atención permanentes, entre otros.

D. En cuanto al presupuesto asignado y ejercido por el PAJA, se observa que en los últimos años se ha ido incrementando, como se muestra a continuación:

Consideraciones

1. El informe de la evaluación específica de desempeño 2012-2013 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) señala que “la dificultad para definir a las poblaciones, provocado por la movilidad inherente al trabajo de la población jornalera agrícola no ha permitido la condición de evaluaciones de impacto, por lo que no se conocen los efectos atribuibles” a él.

2. Asimismo, el informe del Coneval revela que el PAJA atiende a un grupo de población altamente vulnerable que por sus características de movilidad se ubica al margen de las oportunidades de desarrollo. Su objetivo es contribuir a la protección social de los jornaleros agrícolas y los integrantes de su hogar; para lograrlo entregó apoyos económicos para el desarrollo de capacidades (asistencia escolar); apoyos para la infraestructura; brindó servicios de acompañamiento y acciones que permiten el desarrollo de habilidades personales en beneficio de la población jornalera, entre otros. Uno de los retos más importantes que tiene el programa es la identificación de la población beneficiaria. Ante esta problemática el PAJA ha realizado un esfuerzo por actualizar la cuantificación de sus poblaciones potencial y objetivo.

El PAJA otorga múltiples apoyos tanto a los jornaleros agrícolas como a los integrantes de sus hogares. Algunos de estos apoyos buscan desincentivar el trabajo infantil agrícola (como los alimentarios y apoyos a la permanencia escolar). De hecho, el PAJA revisa los contenidos nutricionales que brinda a la población infantil y regula la entrega de los mismos. Existe evidencia internacional de la efectividad de estos apoyos en reducir la vulnerabilidad de la población.

El programa desarrolló mecanismos para mejorar la coordinación interinstitucional con otros programas de la Sedesol, como Oportunidades, Programa 70 y más, y el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. Es pertinente continuar con estos esfuerzos de coordinación interinstitucional con vistas a lograr sinergias con los programas de otras dependencias y evitar duplicidades.

El tema cobra particular relevancia porque se vincula con la “transportabilidad” de beneficios de otros programas federales. Es decir, una parte importante de los apoyos dirigidos a jornaleros por PAJA se deben a que no pueden acceder a programas como Oportunidades por su condición de migrantes temporales.

En el caso particular de la acción de promoción a la investigación sobre jornaleros agrícolas podría ser más eficiente promover sinergias con programas especializados en la promoción de la investigación. Un aspecto susceptible de mejora interinstitucional se refiere a la elaboración de un calendario de evaluación para el PAJA que incluya la factibilidad de realizar una evaluación de impacto.

Al respecto, se considera que la pertinencia de esta evaluación dependerá de definir qué objetivos se incluirán, ya que por un lado, algunos componentes buscan romper con la trampa intergeneracional de la pobreza, mientras que otros tienen un carácter compensatorio.

El programa trabaja en la definición de temas por tratar en un posible calendario de evaluación.

3. Por otra parte, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 indica que al cierre de 2013 se erogó un presupuesto de 273.6 millones de pesos, cifra que representó un menor ejercicio presupuestario por 27.3 millones de pesos respecto al aprobado de 300.9 millones de pesos autorizados al programa en el rubro de subsidios.

En el ejercicio de 2013 con este presupuesto se brindaron

- Estímulos o becas a 18 mil 454 para la asistencia y permanencia escolar de niños y niñas hijos de jornaleros que cumplen con la asistencia regular al aula, lo que representó un porcentaje de cumplimiento de 45.5 por ciento respecto de la meta aprobada y modificada de 40 mil 575 personas.

- Apoyos al arribo para el jefe o jefa del hogar jornalero que notifica su condición de migrante en las sedes de atención del Programa de 800 pesos por hogar en un máximo de tres ocasiones durante el ejercicio fiscal. Al finalizar el ejercicio de 2013, los hogares que recibieron este apoyo ascendieron a 25 mil 772, lo que equivale a un cumplimiento de 94.6 por ciento respecto a la meta aprobada y modificada de 27 mil 245 hogares.

- Apoyos alimenticios a niños y niñas menores de 14 años de edad que consisten en hasta dos alimentos diarios preparados por un monto máximo de 480 pesos mensuales, al beneficiar a 49 mil 173 niños y niñas, lo que implicó un porcentaje de cumplimiento de 241.6 por ciento con relación a la meta aprobada y modificada de 20 mil 353 personas.

4. Que los programas de subsidios del ramo administrativo 20, “Desarrollo social”, entre ellos, el PAJA, se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la declaratoria de zonas de atención prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas.

5. Que el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno Federal podrán apoyar en la instauración de la Cruzada contra el Hambre, la cual es una estrategia de inclusión y bienestar social, implantada a partir de un proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento de los objetivos consistentes en cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y comercialización y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

6. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

Por lo fundado y motivado se solicita que sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente a la secretaria de Desarrollo Social, ciudadana Rosario Robles Berlanga, a implantar las acciones que promuevan la eficiencia y eficacia del Programa Atención a Jornaleros Agrícolas, toda vez que en 2013 presentó un subejercicio por 29.3 millones de pesos y el apoyo que brindó por el concepto de estímulos o becas no cumplió la meta establecida, pues quedó en 45 por ciento.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la secretaria de Desarrollo Social a definir puntualmente la población beneficiaria del Programa Atención a Jornaleros Agrícolas, a fin de que puedan realizarse evaluaciones de impacto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

RECURSOS DETECTADOS COMO PROBABLES RECUPERACIONES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semar a difundir las acciones realizadas para atender las observaciones de la ASF respecto a recursos detectados como probables recuperaciones, a cargo del diputado José Luis Muñoz Soria, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputados, José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez, Guillermo Sánchez Torres y Ángel Cedillo Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los artículos 3o., fracción XIX; 6o., numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y III; y, 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes y consideraciones

1. De la Cuenta Pública de 2012, la Auditoría Superior de la Federación con el objetivo de fiscalizar la gestión financiera para verificar que la adquisición de helicópteros, aeronaves, equipo militar y otras operaciones por arrendamiento financiero se autorizaron, ejercieron y registraron conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, llevó a cabo la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-13100-02-0367, a la Secretaría de Marina.

2. Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación emitió dictamen con salvedad, detectando entre otros los resultados que se refieren principalmente a lo siguiente:

a) Una inadecuada programación de los recursos, lo que generó economías que se destinaron a otros rubros de gasto;

b) Falta de evidencia documental que soporte los estudios de costo–eficiencia para la adquisición de aeronaves;

c) Inadecuada programación de las adquisiciones;

d) Falta de mecanismos de control a efecto de verificar que los montos que cubre Banobras a los proveedores por el arrendamiento financiero, se correspondan con los montos programados y con las fechas de las entregas;

e) Entrega extemporánea de las garantías de cumplimiento de anticipos;

f) Cesión de derechos de crédito en la adquisición de aeronaves a una institución financiera de la banca comercial, no obstante que en las justificaciones para los arrendamientos financieros se señaló que por tratarse de aeronaves militares era indispensable que la propiedad de las mismas fuera de la nación.

3. Cabe señalar que de la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-22100-02-0528, la Auditoría Superior de la Federación determinó recuperaciones por 20.9 millones de pesos, de los cuales 1.1 millones de pesos fueron operados, y 19.9 millones de pesos corresponden a recuperaciones probables; asimismo, 12 observaciones, de las cuales 3 fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe. Las 9 restantes generaron: 10 recomendaciones, 2 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 1 pliego de observaciones.

4. Respecto a lo anterior, se detecta que de las acciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, a la fecha se identifica que no se han aclarado ni recuperado los 19.9 millones de pesos, de los cuales se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal y por ende falta de atender una acción, misma que se describe a continuación.

Acciones

12-0-13100-02-0367-06-001 Pliego de Observaciones.

Concepto

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal por un monto de 19 millones 857 mil 530.88 pesos por concepto de recursos disponibles en la cuenta bancaria del Agregado Naval en Washington, DC, del cual no se proporcionó evidencia de que los recursos se encontraran comprometidos o bien de su reintegro a la Tesorería de la Federación.

Estado en que se encuentra

No atendida.

5. Adicionalmente, se destaca que el presupuesto asignado y ejercido de la Secretaría de Marina en los últimos tres años ha presentado variaciones y sobre ejercicios con respecto al presupuesto aprobado, como se muestra en la tabla siguiente:

   Fuente:Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

6. El artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que los recursos económicos se administrarán con eficiencia y eficacia economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior.

7. Los artículos 1 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género, y que los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

8. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en su artículo 7, fracción IX, indica que la información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación. En el caso del Ejecutivo federal, dicha información será proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto; asimismo la fracción XVII; señala que con excepción de la información reservada o confidencial, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, la información deutilidad o que se considere relevante, además de la que con base a la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

También se proporcionará la información a que se refiere el artículo anterior en su segundo párrafo la cual deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado, solicito sean aprobados de urgente y obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhortarespetuosamente al titular de la Secretaría de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, haga del conocimiento público las acciones que ha realizado a fin de atender las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, respecto a los 19.9 millones de pesos detectados como recuperaciones probables, de los cuales se presume un probable daño y/o perjuicio a la hacienda pública federal, derivadas de la auditoría financiera y de cumplimiento número 12-0-13100-02-0367, correspondiente a la “Adquisición de helicópteros, aeronaves, equipo militar y otras operaciones por arrendamiento financiero”.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, a efecto de que haga del conocimiento público, las causas del sobre ejercicio con respecto a su presupuesto autorizado, que ha presentado de 2011, 2012 y 2013 por mil 782.30; mil 727.50 y 2 mil 72.30 millones de pesos, respectivamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014— Diputado José Luis Muñoz Soria (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Marina, para dictamen.

VELAR POR EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE MIGRANTE NO ACOMPAÑADO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía respalda y adopta como propia la declaración AP/1-CCLXI-2014, del Parlamento Centroamericano, para instar a las autoridades migratorias de Estados Unidos de América a velar por el interés superior de los niños y los adolescentes migrantes no acompañados de ser entregados a sus familiares, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del PRD, y suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscribimos, diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Loretta Ortiz Ahlf, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Martha Berenice Álvarez Tovar y José Alejando Llanas Alba del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y Raymundo King de la Rosa y Eloy Cantú Segovia del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6 y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo a fin de que este órgano legislativo respalde y adopte como propia, en lo conducente, la declaración AP/1-CCLXI-2014 del Parlamento Centroamericano, para instar a las autoridades migratorias de Estados Unidos de América a velar por el interés superior del niño, niña o adolescente migrante no acompañado, de ser entregados a sus familiares”.

En las últimas décadas han crecido en volumen y complejidad fenómenos migratorios asociados a la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, de regiones y países que no han garantizado el bienestar a sus connacionales.

Uno de estos fenómenos, especialmente preocupante, que ha venido aumentando de manera exponencial, es la migración de niñas, niños y adolescentes que viajan sin la compañía de sus padres, tutores o personas que les representen legalmente y les brinde protección hacia Estados Unidos, desde México y los países centroamericanos.

El fenómeno escaló hasta ser calificado hace unos meses como “crisis humanitaria” por organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos, haciendo que la protección de estos menores se convirtiera en tema de primer orden de la agenda regional, involucrando a los gobiernos de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador, que compartimos regionalmente estos fenómenos y sus consecuencias, así como a organizaciones civiles y parlamentarias y organismo multilaterales.

En este marco, el Parlamento Centroamericano, en la Sesión de Asamblea Plenaria celebrada el 28 de agosto de 2014 en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, la Declaración AP/1-CCLXI-2014, para instar a las autoridades migratorias de Estados Unidos de América, a velar por el interés superior del niño, niña o adolescente migrante no acompañado, de ser entregados a sus familiares, considerando, entre otras cosas:

• “Que es reconocido que la migración ha generado la fractura del núcleo familiar tradicional, creando nuevos esquemas familiares monoparentales, de abuela o abuelos y nietos, de tíos y sobrinos, sin que se haya renunciado a la reunificación familiar de padres e hijos;

• Que la posibilidad de que los hijos volvieran a vivir al lado de sus padres, ha generado en los últimos dos años un inesperado e impensable éxodo de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, que saliendo principalmente desde El Salvador, Guatemala y Honduras cruzan las fronteras e ingresan a los Estados Unidos de América, migración que ha alcanzado la cifra de cuarenta y siete mil menores de edad interceptados y detenidos por las autoridades fronterizas de Estados Unidos de América en los últimos ocho meses;

• Que existen múltiples denuncias sobre que las autoridades migratorias en Estados Unidos de América han excedido el periodo de detención a menores de edad que no debe pasar las setenta y dos horas; así como las denuncias por la falta de un trato digno y respetuoso de los Derechos Humanos, durante la detención o en los albergues de estancia;

• Que en la reciente visita a Guatemala el Vicepresidente de Estados Unidos de América, Joe Biden, advirtió que ‘todos los menores que han ingresado ilegalmente serán deportados’, lo que amenaza con frustrar las esperanzas de reunificación familiar para los menores de edad que han arriesgado tanto por buscar a su madre y/o padre; advertencia oficial, a pesar de que existen mecanismos previstos en la Oficina de Reasentamiento y Refugiados. La que se encarga de comunicar con los familiares al momento de identificar a los menores de edad y tramitar la reunificación familiar;

• La inmensa complejidad de este problema ya que, además de la falta de oportunidades en educación, salud, empleo, recreación, deporte, arte y cultura para la niñez y juventud en su país de origen, el trayecto que transitan los menores no acompañados que migran hacia la frontera de Estados Unidos de América, coincide con los municipios atravesados por la ruta del narcotráfico, situación que rebasa las capacidades de las instituciones responsables del control migratorio y la seguridad de cada país;

Por lo que con base a las facultades que le otorga el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano en sus artículos 5 y 10, y en los artículos 42 y 112 de su Reglamento Interno, hizo la siguiente declaración:

1. Instar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América a velar por el interés superior del niño, niña o adolescente migrante no acompañado, de ser entregados a sus familiares;

2. Que la situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, que son interceptados y detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos de América, ha generado una crisis humanitaria que debe ser atendida en el marco del respeto a los derechos humanos, con espíritu de tolerancia, el respeto a procesos de coparticipación y cultura de solidaridad;

3. Exhortar a la colaboración ente países emisores y receptores de estos menores migrantes no acompañados, para que las autoridades en Estados Unidos de América y en los países de Centroamérica divulguen y den a conocer, de manera masiva, todos los mecanismos existentes en la Oficinas de Reasentamiento y Refugiados y otras oficina en los Estados unidos de América, para lograrla comunicación con los familiares, realizar los trámites correspondientes y obtener la reunificación familiar para estos menores de edad que ya están en Estados Unidos de América, y así evitar la deportación;

4. Instar a los países emisores de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, a informar ampliamente sobre los riesgos y peligros a que se exponen los menores no acompañados en el trayecto hacia la frontera de Estados Unidos de América;

5. Solicitar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, a consolidar y ampliar los servicios consulares en el Estado de Arizona de Estados Unidos de América, coordinado y apoyándose recíprocamente, principalmente entre las sedes de los Estados de El Salvador, Honduras y Guatemala, para que contribuyan a lograr contacto de los familiares con los menores de edad recién llegados, y así facilitar y acelerar el proceso de reunificación familiar;

6. Que reconociendo la profunda complejidad y las responsabilidades nacionales ante las causas y consecuencias de la migración en general y con mayor urgencia ante el éxodo de niñas, niños y adolescentes, exhorta a los gobiernos de la Región a realizar los máximos esfuerzos para generar mayores oportunidades y mejor calidad de vida para la población;

7. Exhortar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de Integración Centroamericana –SICA-, que gestione ayuda económica ante la comunidad internacional, para impulsar la generación de oportunidades para el desarrollo integral de la niñez y juventud Centroamericana;

8. Manifestar la profunda preocupación por los riesgos que corren los menores migrantes no acompañados, al ser conducidos por la ruta del narcotráfico, instando a los Estados productores y consumidores de drogas y estupefacientes, en el marco de la corresponsabilidad, a enfrentar el complejo problema del narcotráfico;

9. Enviar la presente declaración a la Embajadas de Estados Unidos de América en El Salvador, Guatemala y Honduras, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana –SICA-, a las instancias miembro del Consejo Parlamentario Regional para la Migraciones –COPAREM-, a la Secretaría General de la –OEA- y del -SICA-.”

En México este fenómeno tiene especial relevancia, en virtud de que por su historia, ubicación y realidad económica, cultural y sociodemográfica, es territorio de origen, tránsito, destino y retorno de estos niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, que por miles dejan sus hogares para emprender viajes peligrosos en busca de sustento; reunificación familiar o huyen de la violencia intrafamiliar o social, en posición de que sean violentados sus derechos humanos y susceptibles de convertirse en víctimas de la delincuencia organizada que los somete a todo tipo de explotación o, aprovechándose de su inimputabilidad, los utiliza para la comisión de delitos.

De acuerdo a la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional Estados Unidos, tan sólo este año entre enero y mayo, llegaron a su territorio y fueron arrestados 46 mil 188 menores de edad sin compañía, de los cuales el 25 por ciento, 11 mil 577 son mexicanos.

En 2013 fueron 13 mil 188 las niñas, niños y adolescentes mexicanos los que cruzaron la frontera para después ser deportados. En promedio: mil 99 por mes, 36 por día, y los centroamericanos 20 mil 805. En conjunto fueron 33 mil 993, por lo que la proporción de mexicanos fue de 38.8 por ciento: cuatro de cada diez.

Cifras de la ONU, otros organismos internacionales y autoridades del país vecino, arrojan una proyectos para llegar a fines de este año a una cifra entre 70 y 80 mil menores migrantes no acompañados, que en sí mismo rebasa las capacidades de atención de ambos países y pone en puerta el riesgo de una crisis humanitaria

Hay que resaltar que Estados Unidos expidió en diciembre de 2008 Ley sobre Protección de las Víctimas de Trata de Personas, que prohíbe la repatriación inmediata de niños, niñas y adolescentes sin compañía; ordena entrevistar a cada uno para evaluar que no sea víctima potencial; que no tenga posibilidad de solicitar asilo y que voluntariamente pueda y quiera regresar a su hogar en su país de origen para, en función de ello decidir si es repatriado o permanece bajo protección, establece estándares para su cuidado, custodia y prevenir su explotación; medidas para su repatriación segura mediante programas y convenios y procedimientos amigables para la solicitud de asilo.

En estas condiciones, una vez detenidos en los Estados Unidos los menores centroamericanos, por Ley deben ser trasladados con personal de la Oficina de Refugiados, donde deben ser cuidados y encaminados a encontrarse con sus familias.

Sin embargo, en el caso de los niños mexicanos, por Ley no gozan de estas garantías, y son deportado inmediatamente y entregados al Instituto Nacional de Migración, que tiene obligación de colocarlos en refugios temporales del DIF mientras sus familiares son contactados, y si su estancia se prolonga, son asignados en una red de albergues de migrantes para menores de edad.

Para México, proteger a las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados es una obligación constitucional establecida en los artículos 1o., 2o. B VIII, 4o., 29 y 73 XIX P., y confirmando estas disposiciones el poder Judicial de la Federación, en diferentes instancias, ha establecido la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de actuar conforme a lo establecido por los tratados internacionales en la materia de los que México es parte, atendiendo siempre al principio del Interés Superior de la Infancia.

En consonancia con las disposiciones en los instrumentos internacionales, con la Constitución y con las resoluciones judiciales antes citadas, la Ley de Migración de mayo de 2011, considera el respeto a los derechos humanos de los migrantes como eje de la política migratoria; establece mecanismos para garantizar que les sean respetados con independencia de su situación migratoria y nacionalidad –en congruencia con el trato que exigimos para nuestros connacionales en el exterior– y avanza en armonizar la legislación, con los instrumentos internacionales en la materia de que México es parte.

Dicha ley fue un paso muy importante, aunque insuficiente, para enfrentar un fenómeno que impacta de múltiples maneras a la infancia; con graves consecuencias para su bienestar. Como en el caso de los Estados Unidos, faltan políticas públicas que hagan efectivos estos principios y personal capacitado que los concreten, son muy endebles las políticas y la normatividad que regula los derechos de las niñas, los niños y adolescentes migrantes sin compañía, y no es precisa la responsabilidad de las dependencias que asumen su custodia una vez que son deportados de los Estados Unidos.

Como es claro, se trata de una problemática común a todos los países de la región, en la que México, como país de origen, tránsito y retorno de niños migrantes nacionales y extranjeros no acompañados, es actor principalísimo, sin contar con que el Congreso de la Unión, y esta Cámara de Diputados en lo particular, es parte integrante del Consejo Parlamentario Regional para la Migraciones.

En virtud de lo anterior y de las facultades de que estoy investida como miembro de esta Cámara, propongo a Ustedes la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo:

Único: La Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, respalda y adopta como propia, en lo conducente, la “declaración AP/1-CCLXI-2014 del Parlamento Centroamericano, para instar a las autoridades migratorias de los Estados Unidos de América a velar por el interés superior del niño, niña o adolescente migrante no acompañado, de ser entregados a sus familiares” aprobada en la sesión de asamblea plenaria, celebrada el 28 de agosto de 2014, en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputados: Amalia Dolores García Medina, Loretta Ortiz Ahlf, Martha Berenice Álvarez Tovar, Raymundo King de la Rosa, Eloy Cantú Segovia, José Alejandro Llanas Alba (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

CANCER DE PROSTATA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar y emitir por distintas dependencias lineamientos específicos para la prevención, la detección temprana, la curación y el tratamiento paliativo del cáncer, especialmente de próstata, a cargo de la diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La  suscrita, diputada Yesenia Nolasco Ramírez, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración los presentes puntos de acuerdo conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país el derecho a la salud está sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en los artículos 2o. y 4o. que  a la letra señalan:

Artículo 2. La nación mexicana es única e  indivisible...

A...

B...

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

Artículo 4. El varón y la mujer son iguales ante la ley...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta constitución.

Sin embargo, México, según la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), tiene en el cáncer la tercera causa de muerte y estima que cada año se detectan 128 mil casos nuevos, basado en datos de la Secretaría de Salud (SSA), particularmente de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS).

Que a pesar de los esfuerzos institucionales de las dependencias de salud, en materia de diagnóstico  y atención, muchos mexicanos mueren por esta causa. En 2012, del total de defunciones, 13 por ciento se  debieron a algún tumor y de éstas, 93.5 por ciento por neoplasias malignas.

Que según dio a conocer la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.

Que este padecimiento cobra la vida de casi 80 mil mexicanos al año y es la tercera causa de muerte, después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.

Entre los años 2003 y 2012, fallecieron 702 mil 909 personas a causa de distintos tipos de tumores y neoplasias, las cifras suelen ser poca favorables debido a que en nuestro país contamos con pocos aparatos para su detección y tratamiento.

Que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud Pública, contamos en México con sólo 3.4 equipos por millón de habitantes; el promedio de los países de la OCDE es de 20 equipos por cada millón.

Que en  2011, se contaba con 267 mastógrafos en el sector público, una disponibilidad de 9.3 equipos por cada millón de mujeres mayores de 25 años.

Que como es de notarse en las estadísticas, el cáncer es un problema de salud pública, afectando  a personas de todas las edades y condiciones.

Que la misma OMS ha señalado que en dos décadas se producirán al año unos 22 millones de casos nuevos de cáncer, 8 millones más que en 2012.

En el 2030, se estima fallecerán a causa del cáncer 12 millones de personas en el mundo, prácticamente el número de personas que habita el Distrito Federal, según la fundación luz de vida.

Sin embargo, detectado de manera temprana, es posible prevenir hasta un 30 por ciento de los casos de cáncer con las estrategias adecuadas, y cada vez son más los pacientes con cáncer que pueden ser tratados de manera efectiva y curados.

Que una de las principales desventajas es que en México, el 60 por ciento de los casos son detectados en etapas avanzadas, según lo dio a conocer Laura Suchil, jefa del departamento de Vinculación Institucional del Instituto Nacional de Cancerología.

Que para 2008, el cáncer de próstata se colocó como el tipo de cáncer de mayor prevalencia en todo el país, según cifras de Globocan.

Que lo grave del cáncer de próstata radica en que entre el 70 y 80 por ciento de los pacientes buscan tratamiento en etapas avanzadas, ya que es una enfermedad silenciosa que no muestra manifestaciones en sus inicios.

Estos hechos ubican el cáncer de próstata como el de mayor tasa de mortalidad entre la población masculina adulta, tan solo en el Distrito Federal, mueren por esta causa 450 personas en promedio al año.

Que según lo dieron a conocer las instituciones de salud de México, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), se registran 120 mil muertes a causa de cáncer al año, es decir 333 decesos por día y 14 por hora.

El IMSS dio a conocer que el cáncer de próstata ha aumentado de dos a tres veces y cada año cobra la vida de cinco mil 500 hombres.

Que en 2001 a 2006 existió en nuestro país un Programa de Acción para la Prevención y control del Cáncer de Próstata,  integrado  en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, cuya estrategia era  “enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades”.

Que el programa surge luego de identificar que en las primeras etapas de la enfermedad, el cáncer se limita a la próstata y no suele ser mortal; las acciones de detección oportuna son una herramienta que permite incorporar al paciente al tratamiento radical a tiempo, e impide la progresión de la enfermedad.

Prevenir o retardar la aparición de cáncer de próstata, mediante acciones de promoción de la salud, la detección y el tratamiento oportuno de la enfermedad, con el propósito de disminuir la mortalidad por esta causa y elevar la calidad de vida en los pacientes con hipertrofia prostática y cáncer de próstata.

Garantizar el tratamiento, como mínimo, en el 90 por ciento de los casos detectados de cáncer de próstata.

El cáncer de próstata afecta más a los adultos mayores. En el 2009, el 9.3 por ciento de los pacientes con dicho padecimiento tenía entre 70 a 74 años de edad, mientras que el 19.7 por ciento era mayor de 80 años, según el Inegi.

Que en materia de igualdad de género, es preciso ampliar las campañas de prevención contra el cáncer, por lo cual la presente proposición sigue el compromiso de ser incluyentes y promover que en las campañas de prevención se circunscriba el cáncer de próstata.

Es necesario captar la atención de la población masculina  realizando  una serie de actividades, un símil con las campañas contra el cáncer de mama, iniciando con  acciones  fuertes de información y concientización.

Que durante todo el mes de octubre, se tiene prevista la campaña contra el cáncer de mama, en el cual  aparece el “color de rosa”, en favor de la prevención, detección y oportuno tratamiento, regidos por la constitución política, es necesario respetar el protocolo de igualdad y equidad de género e impulsar paralelamente acciones en favor de la detección prematura del cáncer de próstata.

Derivado de que el cáncer de próstata es uno de los padecimientos que muestra una tendencia creciente con consecuencias mortales en miles de casos, presento ante esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo.

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que a través de Secretaría de Salud (SSA), se emitan lineamientos específicos a nivel nacional para la prevención, detección temprana, curación y tratamiento paliativo, del cáncer, especialmente del cáncer de próstata.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Salud (SSA), se promueva un programa de difusión a nivel nacional para sensibilizar a la población mayor de 40 años con antecedentes de riesgo y 45 años sin antecedentes de riesgo a realizarse pruebas de detección temprana de cáncer, en especial de cáncer de próstata.

Notas:

1 www.diputados.gob.mx

2 www.inegi.org.mx

3 www.who.int/topics/

4 www.excelsior.com.mx/

5 www.cinu.mx/

6 www.spps.gob.mx/

7 Globocan es un organismo cuya función es proporcionar estimaciones contemporáneas de la incidencia  de la mortalidad y la prevalencia de los principales tipos de cáncer a nivel nacional para 184 países del mundo.

8 www.sinembargo.mx

9 www.salud.gob.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.— Diputada Yesenia Nolasco Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.